El señor presidente lee el título que figura en el
orden del día.

El señor PRESIDENTE: Conforme al acuerdo de la Mesa
del Senado de 11 de febrero de 2022, procede ratificar la Ponencia que
informa el proyecto de ley que ahora tramitamos.

Dicha ponencia está integrada por tres miembros del
Grupo Parlamentario Socialista, dos del Grupo Popular y uno más por cada
uno de los demás grupos. Los ponentes en concreto son: por el Grupo
Parlamentario Socialista, Santiago José Castellà Surribas, María Jesús
Serrano Jiménez y Francisco Antonio Blanco Ángel; por el Grupo
Parlamentario Popular en el Senado, doña Esther Basilia del Brío González
y don Juan Pablo Martín Martín; por el Grupo Parlamentario Esquerra
Republicana-Euskal Herria Bildu, don Josep María Reniu Vilamala; por el
Grupo Parlamentario Vasco en el Senado, doña María Mercedes Garmendia
Bereciartu; por el Grupo Parlamentario de Izquierda Confederal (Més per
Mallorca, Más Madrid, Compromís, Geroa Bai y Agrupación Socialista
Gomera), don Carles Mulet García; por el Grupo Parlamentario Nacionalista
en el Senado Junts Per Catalunya-Coalición Canaria/Partido Nacionalista
Canario, don Josep Maria Cervera Pinart; por el Grupo Parlamentario
Democrático (Ciudadanos, Agrupación de Electores «Teruel Existe» y
Partido Regionalista de Cantabria), don Joaquín Vicente Egea Serrano; y
por el Grupo Parlamentario Mixto, don Clemente Sánchez-Garnica
Gómez.

¿Se puede ratificar por asentimiento?
(Asentimiento).

El señor presidente lee el título que figura en el
orden del día.

El señor PRESIDENTE: Paso a enumerar las enmiendas
presentadas. No se ha presentado ninguna propuesta de veto a este
proyecto de ley, pero sí un total de setenta y cinco enmiendas; en
concreto, las siguientes enmiendas por cada uno de los grupos
parlamentarios de menor a mayor: por el Grupo Parlamentario Mixto, las
enmiendas 30 a 59, formuladas por el señor Marín Gascón y las señoras
Merelo Palomares y Rodríguez de Millán Parro; por el Grupo Parlamentario
Democrático, las enmiendas 3 a 29, formuladas por el señor Sánchez López;
por el Grupo Parlamentario Esquerra Republicana-Euskal Herria Bildu, las
enmiendas 1 y 2, formuladas por la señora Cortès Gès y el señor Reniu
Vilamala; y por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado, las
enmiendas 60 a 75.

Informe de la ponencia. La ponencia designada para
este proyecto de ley ha emitido el siguiente informe, que es el mismo
texto que procedía del Congreso y que se mantiene.

Respecto al debate de las enmiendas, en primer
lugar, se procederá al debate de las individuales por orden de
presentación y, a continuación, a las de los grupos de menor a mayor. Por
tanto, procedemos al debate de las enmiendas por este orden. El tiempo es
de un minuto por enmienda, con un máximo de diez minutos por autor, en
caso de haber presentado diez o más. Tras la defensa de esas enmiendas,
se abrirá un turno en contra de cinco minutos para quien desee hacer uso
de este y, finalmente, se abrirá un turno de portavoces por tiempo
también de cinco minutos. Al finalizar dicho debate de las enmiendas, se
pasará a votar el texto propuesto por la ponencia.

En primer lugar, para la defensa de las
enmiendas 30 a 59, tiene la palabra el senador Sánchez-Garnica por un
tiempo máximo de diez minutos.

El señor SÁNCHEZ-GARNICA GÓMEZ: No voy a usar todo
el tiempo que amablemente me da la Presidencia. Doy por defendidas las
enmiendas formuladas por Vox, del Grupo Mixto.

El señor PRESIDENTE: Interviene la senadora Martín
Larred.

La señora MARTÍN LARRED: Buenos días. Gracias,
presidente.

Doy por defendidas las enmiendas. Lamentablemente,
tengo varias comisiones esta mañana y me tengo que marchar.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Interviene ahora el senador
Reniu Vilamala, de Esquerra Republicana.

El señor RENIU VILAMALA: Bon dia. Gràcies,
president.

Obviamente, vamos a mantener nuestras enmiendas,
que no son más que una misma enmienda que venía viva del trámite en el
Congreso, ofreciendo una posibilidad de eliminar la parte de la eficacia
en el control del gasto de las Fuerzas Armadas.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Por último, interviene la
portavoz del Grupo Popular, la senadora Esther del Brío.

La señora DEL BRÍO GONZÁLEZ: Muchas gracias,
presidente. Buenos días a todos.

En relación con la ley que nos ocupa hoy, yo creo
que la primera valoración que debemos hacer es que es una ley, por
decirlo de alguna forma, que parece que llega como un trámite
administrativo más; una ley, la verdad, que tiene muy poca pasión y,
sobre todo, muy poca actualidad. Si tuviera que decir un adjetivo sobre
ella, diría sobre todo que no es una ley que corresponda al siglo XXI, ni
tampoco es una ley que recoja los trabajos parlamentarios que hemos hecho
todos los grupos juntos en esta misma comisión, por ejemplo, a través de
la Ponencia de la transformación digital de las administraciones
públicas.

Por tanto, la mayor parte de las enmiendas que
presentamos en el Grupo Parlamentario Popular, que son dieciséis, de
la 60 a la 75, tratan de darle un poco de vida, de realidad y de
actualidad a esta ley. Yo, por una parte, diría que siempre está bien
pensar que un Gobierno socialista se plantee —yo creo que casi por
primera vez— aplicar criterios de coste-beneficio en su gestión
pública. Entonces, por un lado, parecería una buena noticia. También
parecería una buena noticia que se aumente la transparencia, más aún
cuando es el Gobierno de la democracia que más advertencias está
recibiendo desde el Consejo de Transparencia por incumplimientos
varios.

Desde luego, es necesario rendir cuentas ante la
sociedad y, tristemente, han coincidido las fechas y todos conocemos la
situación que estamos viviendo ahora mismo con la Ley del sí es sí y las
implicaciones que de repente una ley tiene sobre la regulación. Sin ir
más lejos, hace muy pocos días en el Pleno del Senado yo precisamente
comentaba, no al Grupo Socialista, sino a Izquierda Confederal me parece
recordar, que tenemos que ser muy conscientes de las consecuencias que
tienen las políticas que nosotros defendemos. En esa situación,
concretamente, se defendía a un grupo de deportistas de base frente a las
consecuencias que está teniendo la aplicación del salario mínimo
interprofesional; una subida que la propia Izquierda Confederal había
defendido.

Por tanto, es muy importante la ley de la que
estamos hablando. Por eso, yo creo que se debe mejorar, y todavía estamos
a tiempo hasta el próximo Pleno para que el Grupo Socialista acepte
alguna de las enmiendas que nosotros presentamos, porque yo creo que sí
tenemos la responsabilidad y la obligación de hacer una buena ley para
que esta luego se aplique con las consecuencias debidas.

Nosotros, entre otras cosas, pedimos, por ejemplo,
que en el caso de algunas leyes se hiciesen pruebas experimentales
—lo que sería la economía de laboratorio—, precisamente para
conocer las implicaciones que tienen sin llegar a encontrarnos con que
los errores de nuestras leyes las tengan que sufrir los ciudadanos en sus
propias carnes. También pedimos, como les comentaba antes, ese esfuerzo
para que la digitalización de la Administración pública se traslade a la
ley y no solamente hablemos de crear un portal virtual donde volcar
alguna información. Al final, con la transaccional que se quiere proponer
en el Grupo Socialista para incluir bien el papel del Tribunal de Cuentas
y la Airef, también se avanza en esa línea, pero nosotros hemos puesto
enmiendas muy concretas para resolver esa situación.

Nosotros entendemos que hay leyes que no se pueden
aplicar sin que haya una valoración realmente de sus consecuencias, y en
esa valoración tienen que entrar, lógicamente, organismos independientes.
Algunas de esas leyes son, por ejemplo, las que rompen los consensos
internacionales. Está muy bien ser innovadores, y debemos serlo, pero a
veces —y lo estamos viendo cada día con el Gobierno actual—
resulta que estas innovaciones muchas veces son contrarias al sentido
común. Por tanto, debemos tener mucho cuidado, es más, por eso estamos
aquí como senadores y senadoras.

Por tanto, sí que me gustaría, y creo que el
portavoz socialista está abierto a ello, que aceptasen nuestras
enmiendas; ojalá, de verdad, que nos las aceptasen, aunque hoy parece que
no. Nosotros, desde luego, vamos a dejar nuestras enmiendas vivas, porque
esperamos que alguna sea aceptada.

Voy a finalizar —la verdad es que yo pensaba
hablar diez minutos, pero nos han bajado el tiempo de intervención a
cinco sin que haya habido mucho debate previo—, precisamente, como
empecé, al final cuando hablamos de evaluación de políticas públicas y de
eficiencia introducimos elementos económicos, y los economistas han
avanzado mucho y han hecho grandes bienes por la gestión pública. Y un
economista muy conocido, como Milton Friedman, dijo en su día que, cuando
valoramos una política pública, no tenemos que valorar ni los deseos que
tenemos ni las intenciones que tenemos cuando aplicamos esa ley, sino que
tenemos que valorar las consecuencias reales de esas leyes sobre la
realidad y, por lo tanto, sobre la convivencia de nuestros
ciudadanos.

Eso nos lleva también a pedir que el Gobierno sea
responsable, y si nosotros nos encontramos con que existen ya informes y
valoraciones de organismos independientes y el propio Gobierno los
esconde, como nos dicen que ha ocurrido con los informes que valoraban la
subida del salario mínimo interprofesional, pues están mintiendo,
primero, a ellos mismos y, desde luego, a toda una nación. En segundo
lugar, si pedimos que esas evaluaciones correspondan a organismos
independientes, se le da un buen papel al INE. Nosotros, en el Grupo
Parlamentario Popular, llevamos toda la legislatura queriendo que el INE,
el Instituto Nacional de Estadística, tenga ese peso en la gestión de la
pandemia, en la gestión de distintos datos estadísticos que se estaban
produciendo. ¿Y qué nos hemos encontrado? Como hemos puesto la lupa
encima del INE, lo que ha hecho el Gobierno ha sido reducir la
independencia del INE, y no parece que esas medidas vayan a favor de
lograr una buena valoración de las políticas públicas.

Entonces, tomémonos esto en serio y empecemos por
hacer una buena ley, la mejor ley posible en esta comisión, y, a partir
de entonces, a quien correspondan las responsabilidades de Gobierno, que
cumpla con su parte.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, senadora.

No hemos reducido el tiempo, tienen diez minutos
por grupo.

La señora DEL BRÍO GONZÁLEZ: Ha dicho cinco
minutos.

El señor PRESIDENTE: No, ¿cuándo he dicho yo cinco?
He dicho diez: un minuto por enmienda con un máximo de diez minutos.

La señora DEL BRÍO GONZÁLEZ: Pues lo siento, pero
yo, desde luego, he oído cinco. Pero ya no tiene sentido volver a
intervenir.

El señor PRESIDENTE: Para turno en contra, tiene la
palabra el senador Blanco.

El señor BLANCO ÁNGEL: Buenos días.

Yo, en primer lugar, querría agradecer el clima de
colaboración que ha habido ya en el Congreso entre los distintos grupos
políticos para la tramitación de esta ley que, más allá de las lecturas
que podamos hacer de mayor o menor ambición sobre esta, creo que todos la
hemos considerado positivamente, y se nota, incluso en algunos cambios
que están todavía pendientes de introducir.

Dicho esto, inevitablemente, tengo también que
hacer algún comentario en relación con las reflexiones que ha hecho la
portavoz del Grupo Popular, pero, como digo, agradeciendo el clima de
trabajo y de entendimiento en todo caso. Tiene que ver con sus menciones
a los asuntos económicos y la valoración del análisis coste-beneficio y
lo conveniente que era que el Partido Socialista entrase —por
decirlo de alguna manera— dentro de esa dinámica.

Yo lo que le quiero decir, quizá doblemente aludido
como socialista y también como economista y profesor de Hacienda pública,
es que el Partido Socialista sí que está en el análisis coste-beneficio y
que nuestra principal diferencia en este sentido es saber cuáles son los
beneficios que incluimos en la fórmula, ya que tradicionalmente existen
una serie de beneficios, que podríamos llamar sociales, de lo que se
llaman normalmente externalidades positivas, que tienen muchos tipos de
características, incluidos, por ejemplo, algunos imponderables, como
cuánto valoramos la cohesión social o la igualdad de una sociedad, por no
hablar ya de repercusiones medioambientales y de otro tipo de beneficios,
que podríamos llamar sociales, que seguramente no son tan atribuibles a
un colectivo o grupo de interés concreto, pero que sí lo son a la
sociedad en su conjunto, a la que el Partido Socialista ha sido siempre
mucho más proclive a incluir en estos análisis coste-beneficio. El hecho
de incluirlos no quiere decir que lo rechacemos, sino que hacemos una
aproximación más compleja y más social de estos.

Dicho eso, yo creo que sí se trata de una ley
ambiciosa, y se trata de una ley ambiciosa y fundamental para
institucionalizar, como dice el propio título, no solamente la evaluación
de políticas públicas, sino yo diría incluso una mayor calidad de nuestra
democracia. Es una ley que no solo debe ayudar a los gestores y a los
políticos a una mejor gestión o a una mejor implantación de políticas,
gracias a una evaluación objetiva de estas, de sus resultados, de su
eficacia, de su eficiencia, etcétera, de toda una serie de
consideraciones y criterios que la propia ley enumera y que deben ser
tenidos en cuenta —y esto es algo muy importante y que seguramente
ha sido poco debatido en el discurrir de la tramitación de esta
ley—, sino también a los ciudadanos a entender y valorar mejor la
acción de los propios políticos, algo fundamental en una democracia que
con los años y con el paso de la transición se ha ido haciendo más
compleja.

Ya no se trata solo —que también— de
decidir si somos más partidarios de la dictadura o de la democracia, si
queremos o no queremos entrar en la OTAN o si estamos más a favor de la
monarquía o de la república, Evidentemente, la ideología sigue teniendo
un peso, pero cada vez la política se ha hecho más compleja, entenderla
es más difícil y el ciudadano, afortunadamente, tiene la necesidad de
entrar en la evaluación de las políticas, de ver sus implicaciones en
determinados asuntos, de ver su eficacia, de ver cómo se gasta el dinero
público y de poder hacer esto no exclusivamente a través de la opinión
publicada, que con todo el respeto siempre es susceptible de tener
sesgos, sino como consecuencia de determinados indicadores objetivos
elaborados ex ante, publicados ex post y al alcance de todos los
ciudadanos, ahorrándoles tiempo y dándoles objetividad en la evaluación
de los distintos políticos.

Por lo tanto, es una ley que, a mi entender, en un
momento de auge de los populismos y de la demagogia viene precisamente a
poner negro sobre blanco el trabajo hecho por los distintos políticos,
por los distintos grupos, por los distintos ministerios, en definitiva,
por los representantes públicos, y cómo gastan su dinero. Es una ley, por
lo tanto, fundamental para institucionalizar no solo la evaluación de las
políticas públicas, sino, como decía al principio, una mejor democracia,
y en ese sentido difícilmente se puede hablar de mayor ambición en alguna
de las leyes que normalmente tramitamos.

Dicho esto, quiero acabar como empecé, agradeciendo
a todos los grupos su disposición a la negociación, una negociación que
ya se produjo en el Congreso y a lo largo de la cual se introdujeron
numerosas enmiendas y se tuvieron en cuenta los puntos de otros grupos.
Ya en la ponencia celebrada en el Congreso se aceptaron seis enmiendas y
ocho transaccionales de diferentes grupos y en la reunión posterior de la
comisión se aceptaron otras tres enmiendas y se acordaron otras doce
transaccionales. Por lo tanto, es una ley que llega muy trabajada al
Senado fruto del consenso y de la colaboración de todos los grupos, algo
que quiero agradecer nuevamente. Después del dictamen de esta comisión,
espero que tengamos todavía unos días de aquí al Pleno para valorar
posibles enmiendas y distintos puntos de vista.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Blanco.

Pasamos ahora al turno de portavoces, en el que
cada portavoz dispondrá de cinco minutos. Por el Grupo Parlamentario
Mixto, tiene la palabra el senador Sánchez-Garnica.

El señor SÁNCHEZ-GARNICA GÓMEZ: Gracias,
presidente.

Señorías, el grupo del que forma parte el Partido
Aragonés anuncia ya el voto favorable a una ley que es innovadora, quizá
demasiado teórica y académica, con un lenguaje que se escapa un poco de
lo habitual, pero que, como bien ha dicho el portavoz del Grupo
Socialista, es una ley trabajada. Nosotros planteamos que desde el punto
de vista de la técnica legislativa hay que ser muy precisos en la labor
importantísima de aprobar leyes, porque estas en definitiva son un
instrumento para que luego su eficacia pueda llegar a los ciudadanos a
través de su desarrollo reglamentario, y en este caso creemos que la
buena voluntad del texto, muy bien explicado en el preámbulo de la norma
que vamos a intentar aprobar, se verá con su aplicación. Hay una
equiparación clara con la Airef para intentar conseguir objetivos
parecidos, aunque se puede correr el riesgo de que se burocratice más
todavía, más de lo que está ya, la Administración General del Estado,
pero es absolutamente necesario evaluar y considerar la pertinencia en
cada caso de políticas públicas, siempre que lógicamente la acción
política no se vea interferida, porque es fundamental que cada
organización pueda tener sus prioridades. Pero creo que es una ley que si
se aplica bien puede ser útil, puede ser necesaria, puede ser eficaz y,
como tantas otras leyes que venimos aprobando en los últimos tiempos, va
a depender de su aplicación.

En consecuencia, nosotros, con estas reflexiones,
que no son críticas, anunciamos nuestro voto favorable.

El señor PRESIDENTE: Gracias, senador
Sánchez-Garnica.

El Grupo Parlamentario Democrático no está.

El Grupo Parlamentario de Izquierda Confederal
tampoco está.

Por el Grupo Parlamentario Nacionalista en el
Senado, tiene la palabra el señor Cervera.

El señor CERVERA PINART: Gracias, presidente. No
haremos uso del turno.

El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario
Vasco, tiene la palabra la señora Garmendia.

La señora GARMENDIA BERECIARTU: Gracias. Tampoco
haremos uso del turno.

El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario
Esquerra Republicana, tiene la palabra el señor Reniu. (La señora Callau
Miñarro pide la palabra).

Sí, senadora.

La señora CALLAU MIÑARRO: Perdone, el señor Reniu
ha salido un momento, vendrá enseguida.

El señor PRESIDENTE: Puede intervenir cuando
vuelva.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la
palabra el senador Martín.

El señor MARTÍN MARTÍN: Muchas gracias, señor
presidente.

Señorías, el Grupo Parlamentario Popular en el
Senado anticipa su abstención al Proyecto de Ley de institucionalización
de la evaluación de las políticas públicas de la Administración General
del Estado. El Partido Popular considera que la evaluación previa y
posterior de las políticas públicas es un instrumento imprescindible para
mejorar la puesta en marcha y la consecución de buenos resultados a
partir de las iniciativas del Poder Ejecutivo, para poder contar con unas
políticas más eficaces, así como para una vez implementadas rendir
cuentas ante los ciudadanos. Para tomar buenas decisiones sobre políticas
públicas, es necesario evaluarlas y ser capaces de anticipar en lo
posible sus efectos y finalmente medir bien sus impactos. Y no somos unos
recién llegados a esta convicción, por los Gobiernos del Partido Popular,
tanto a través de la Ley orgánica de creación de la Airef como de la Ley
de transparencia y acceso a la información pública y buen gobierno, se
introdujeron grandes avances en eficacia y eficiencia de la acción
pública. No solo lo decimos ahora, no solo lo hicimos entonces nosotros,
sino que la OCDE, la Unión Europea y por supuesto varias comunidades
autónomas ya se han preocupado e incluso han legislado sobre esta materia
en su ámbito competencial.

En la Administración General del Estado existen ya
unidades de diferente naturaleza que tienen competencias relacionadas con
la evaluación, pero nuestro grupo parlamentario apuesta por establecer
una metodología común para el conjunto de las políticas públicas con
carácter transversal, que abarque todos los sectores y que sirva para la
finalidad esencial de que las acciones gubernamentales tengan un impacto
real sobre la mejora de la vida de los ciudadanos. Es algo que además nos
parece absolutamente necesario en estos momentos en los que,
paradójicamente, vemos falta de transparencia en la acción del Gobierno
de España; por ejemplo, unos días los ministros niegan estar valorando la
supresión del delito de sedición del Código Penal y a los pocos días se
registra dicha iniciativa en el Congreso, suponemos que después de
haberla negociado durante mucho tiempo con sus potenciales beneficiarios.
Hablamos de un Gobierno que, tras el velo de la información clasificada,
por ejemplo, niega transparencia sobre los viajes y agenda del
presidente; de un Gobierno que además en sus propuestas normativas abusa
del decreto ley, eludiendo el trámite normal y sosegado de las Cámaras,
el diálogo y las aportaciones de la sociedad civil, así como los informes
de los órganos consultivos que en muchas ocasiones directamente no se
piden o cuando se hace y no le dejan en buen lugar directamente se hace
caso omiso. Por tanto, nos parece muy necesario que haya reflexión sobre
estas cuestiones para evitar absolutos despropósitos, como los efectos
tangibles sobre la vida de las personas que pueden acabar teniendo normas
como la conocida Ley del sí es sí. ¿Quién asumirá entonces los efectos de
leyes deficientemente redactadas? ¿A quién le echaremos la culpa
entonces?

Todos estos precedentes, toda esta trayectoria de
furtivismo en los procedimientos normativos, nos llevan a concluir que
este Gobierno no cree realmente en el texto que ha traído a esta Cámara y
que la sistematización de la evaluación de las políticas públicas que
pretende introducir esta norma no casa con esa tendencia autoritaria y
opaca de un Gobierno presente en muchas de sus actuaciones. Lamentamos no
poder apoyar este texto porque una vez más se trae a la Cámara
legislativa un proyecto de ley por vía de urgencia que carece de la más
elemental técnica jurídica, del más básico de los sentidos de eficacia y
eficiencia administrativa; carece de coherencia funcional, carece de un
carácter básico extensivo a otras administraciones públicas distintas de
la AGE, no contempla un desarrollo reglamentario posterior y tiene como
motivación gubernamental no la convicción de lo necesario, sino la
imposición de la Unión Europea en el marco del Plan de recuperación,
transformación y resiliencia, concretamente en el componente 11,
hito 146. Llegan con retraso, de forma precipitada; llegan forzados por
Europa, obligados por un calendario de compromisos que exige aprobar esta
norma en el cuarto trimestre de 2022 sea como sea. Además, sus
antecedentes respecto a la valoración de las opiniones de entidades
evaluadoras independientes —sin ir más lejos, lo hemos visto en los
Presupuestos Generales del Estado de 2023 o en sus últimas propuestas
fiscales—, como son la Airef, el Banco de España, el Banco Central
Europeo, etcétera, no nos permiten ser optimistas. Tampoco nos lo permite
el hecho de que para tramitar este proyecto de ley se haya obviado el
informe del Consejo de Estado; dice mucho en su favor del supuesto ánimo
evaluador ex ante de las normas. En definitiva, no hay casi nada en este
proyecto que permita cambiar de opinión respecto a la escasa credibilidad
del Gobierno sobre la materia, ni que permita esperar que la nueva
evaluación de políticas públicas vaya a ser de mejor calidad que la ya
existente.

Otro aspecto que nos preocupa es que un texto tan
alambicado como este, que se somete a debate, acabe sirviendo no solo
para ayudar a la toma de decisiones, sino para justificar ante la opinión
pública decisiones ya tomadas por los Gobiernos. Pero también hay otros
aspectos que nos llaman la atención, por ejemplo, no creemos que esa
remisión genérica al mecanismo rural de garantía que contempla esta norma
aporte ninguna novedad concreta a los millones de españoles que vivimos
en el mundo rural. Este, una vez más, vuelve a ser el Gobierno de los
eslóganes vacíos en materia de lucha contra la despoblación y reto
demográfico, y les garantizo que los municipios de menos de 5000
habitantes de este país no hemos visto ni un solo avance que nos permita
creer de verdad que somos una prioridad para el señor Sánchez. Si a esto
se reduce la apuesta por el orgullo rural, creo que muchos de sus propios
alcaldes quedarán muy decepcionados, más aún después de escuchar a la
señora ministra de Política Territorial en la última sesión de control al
Gobierno en el Senado.

En resumen, consideramos que es necesario
estructurar el sistema público de evaluación de políticas, pero no de
cualquier manera, no así, no a través de un proyecto de ley que carece
del suficiente diálogo previo, que por enésima vez llega por la vía de
urgencia, con un contenido más genérico y lleno de términos y
procedimientos confusos que de contenido jurídico, un texto que abre la
puerta a la subjetividad permanente, aspecto este que es enemigo de una
rigurosa evaluación de las políticas públicas y que con el antecedente de
la Ley de reducción de la temporalidad, que también pasó por esta
comisión y que está generando un auténtico caos en su despliegue
práctico, mucho nos tememos que puede ser un caso parecido. Ya lo hicimos
durante la tramitación de aquella norma y lo volvemos a hacer ahora:
advertimos de que se está generando una norma de muy difícil aplicación
práctica, ¿les suena? Desde luego, si este es el camino que en su
génesis, redacción, tramitación parlamentaria y aprobación va a seguir el
Proyecto de Ley de la Función Pública, del que tanto se ha hablado
durante los últimos tres años y que, según dijo la secretaria de Estado
de Función Pública en su última comparecencia en esta comisión, pronto
llegará a las Cortes, nos quedamos profundamente preocupados en relación
con el texto que pueda acabar llegando a esta Cámara. Muchas gracias.
(Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Martín.

Turno ahora para el Grupo Parlamentario Socialista.
Tiene la palabra el senador Castellà.

El señor CASTELLÀ SURRIBAS: Nos hemos saltado al
Grupo Esquerra Republica, que no estaba presente.

El señor PRESIDENTE: Sí, pero el senador Reniu me
ha indicado por señas que no iba a intervenir.

El señor CASTELLÀ SURRIBAS: Perfecto.

Muchas gracias, presidente.

Señorías, esta es una ley que pretende ordenar lo
que está disperso. Se vienen haciendo evaluaciones de políticas públicas
desde diferentes ministerios y esta ley inicia, como dice su propio
nombre, la institucionalización de estas evaluaciones, de tal manera que
a partir de ahora todas las políticas públicas tendrán que someterse a
este control sobre su eficacia y el impacto que causan, pudiéndose
corregir muchas de las que no estén obteniendo los resultados que estaban
previstos. Efectivamente, es un texto muy académico, yo creo que muy
riguroso, que explicita con mucho detalle, porque se trata de ordenar un
panorama que en el conjunto de la Administración General del Estado
estaba muy disperso, y, por lo tanto, se estandarizada, se normaliza la
metodología y las formas de poder evaluar las políticas públicas. Además,
la ley ha sido largamente trabajada en el Instituto Nacional de
Administraciones Públicas y en las instancias vinculadas al ministerio,
consensuada con muchos de los grupos; es importante recordar que solo
tuvo un voto en contra en el Congreso, de Foro Asturias, es decir, 191
diputados apoyaron esta ley, que contó efectivamente con la abstención en
su momento del Grupo Popular por los motivos que nos han expuesto. Creo,
y lo quiero agradecer, que entre todos hemos hecho un trabajo riguroso y
que con las setenta y cinco enmiendas presentadas lo que se pretende es
continuar con los trabajos llevados a cabo en el Congreso, continuar en
el Senado este debate, y vamos a tener oportunidad de ello en el Pleno.
Quiero también, como ha hecho el anterior interviniente del Grupo
Socialista, agradecer a los grupos las aportaciones que han hecho, en
especial algunas de las enmiendas referidas al artículo 32 y presentadas
por el Grupo Popular; debemos estudiarlas y mirarlas, porque en ese mundo
de la digitalización de las administraciones públicas las posibilidades
que se abren de futuro y que empezamos a intuir son muy
interesantes.

Acabo con esta idea, y es que a partir de ahora,
con la aprobación de esta ley, todas las normas, todas las políticas
públicas que se realicen en la Administración del Estado tendrán que
valorar el impacto que causan, teniendo muy presente el impacto en
igualdad de género, que es una aplicación constante que en el Grupo
Socialista hemos querido imbuir a toda la legislación. También me parece
muy importante resaltar el impacto que tendrán sobre el mundo rural y
sobre la despoblación, el impacto intergeneracional pensando a largo
plazo en las próximas generaciones —que tendrán que ser las
beneficiarias de la herencia que les dejemos—, especialmente, en
los más desfavorecidos, en corregir las desigualdades, en poder tener un
impacto real evaluable científicamente que nos lleve finalmente a tener
mejores políticas públicas, más transparentes, más participadas y, sobre
todo, siendo conscientes de cómo invertimos nuestro dinero, nuestros
impuestos, en transformar la realidad.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Gracias, senador
Castellà.

Antes de la votación del texto propuesto por la
ponencia en su informe, el letrado comprobará las asistencias.

El señor letrado comprueba la existencia de
cuórum.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

Pasamos entonces a la votación del informe.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
votos a favor, 15; abstenciones, 12.

El señor PRESIDENTE: Por tanto, declaro que ha
quedado dictaminado el Proyecto de Ley de institucionalización de la
evaluación de las políticas públicas en la Administración General del
Estado.

Se recuerda que los senadores que hayan defendido
enmiendas y discrepen del acuerdo de la comisión de no aceptarlas podrán
formular en el plazo de veinticuatro horas voto particular para su
defensa ante el Pleno, conforme al artículo 117 del Reglamento del
Senado.

Por último, y para terminar, procede la designación
del miembro de la comisión que llevará a cabo la presentación de este
dictamen ante el Pleno del Senado. (El señor Castellà Surribas pide la
palabra).

Sí, señoría.

El señor CASTELLÀ SURRIBAS: Lo habitual es que sea
el presidente de la comisión, y yo pediría a todos los grupos que, si no
hay inconveniente, sigamos con esta práctica habitual.

El señor PRESIDENTE: Si no hay inconveniente,
asumiré yo esa labor.

¿Alguna propuesta más sobre el tema?
(Rumores).

El señor LETRADO: Perdón, pero es que he hecho el
cómputo de votos y me salen 27.

El señor PRESIDENTE: ¿Y el que falta?

El señor LETRADO: Claro, me falta el de la senadora
del Grupo Vasco. ¿Usted, senadora, ha votado?

La señora GARMENDIA BERECIARTU: Sí, yo he votado a
favor.

El señor CASTELLÀ SURRIBAS: Son 16 votos a
favor.

El señor LETRADO: Entonces, son 12 abstenciones
y 16 a favor.

El señor PRESIDENTE: Sí, perdón. Rectifico. No se
había tenido en cuenta un voto. Repetimos la votación.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
votos a favor, 16; abstenciones, 12.

El señor PRESIDENTE: Ahora sí.

Se levanta la sesión.

Eran las diez horas y cuarenta minutos.