El señor vicepresidente, Castellà Surribas, lee el
título que figura en el orden del día.

El señor VICEPRESIDENTE (Castellà Surribas): De
conformidad con el acuerdo de la Mesa del Senado de 11 de febrero
de 2020, procede ratificar la Ponencia de este proyecto de ley con la
siguiente composición: tres ponentes por el Grupo Parlamentario
Socialista, dos ponentes por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado
y un ponente por cada uno del resto de grupos parlamentarios. La relación
sería la siguiente: doña María Margarita Peregrina Adrio Taracido, del
Grupo Parlamentario Socialista; doña Estefanía Beltrán de Heredia
Arróniz, del Grupo Parlamentario Vasco; don Fernando Clavijo Batlle, del
Grupo Parlamentario Nacionalista; don Pablo Gómez Perpinyà, del Grupo
Parlamentario de Izquierda Confederal; don José Manuel Marín Gascón, del
Grupo Parlamentario Mixto; don Santiago Pérez García, del Grupo
Parlamentario Socialista; doña Salomé Pradas Ten, del Grupo Parlamentario
Popular; don Artemi Vicent Rallo Lombarte, del Grupo Parlamentario
Socialista; don Josep Maria Reniu Vilamala, del Grupo Parlamentario
Esquerra Republicana-Euskal Herria Bildu; doña Amelia Salanueva
Murguialday, del Grupo Parlamentario Popular, y don Miguel Sánchez López,
del Grupo Parlamentario Democrático.

¿Está de acuerdo la comisión? (Asentimiento).
¿Podemos ratificarla por asentimiento? (Asentimiento).

Queda ratificada.

El señor vicepresidente, Castellà Surribas, lee el
título que figura en el orden del día.

El señor VICEPRESIDENTE (Castellà Surribas): A este
proyecto de ley se han presentado cuatro propuestas de veto y quinientas
veintiún enmiendas, de las cuales han sido inadmitidas dos, las
números 63 y 376, por acuerdo de la Mesa de la Cámara de fecha 27 de
septiembre.

La propuesta de veto número 1 ha sido presentada
por el señor Sánchez López, del Grupo Parlamentario Democrático; la
propuesta de veto número 2, por el señor Marín Gascón y las señoras
Merelo Palomares y Rodríguez de Millán Parro, del Grupo Parlamentario
Mixto; la propuesta de veto número 3, por el señor Catalán Higueras, del
Grupo Parlamentario Mixto, y la propuesta de veto número 4, por el Grupo
Parlamentario Popular en el Senado.

Las enmiendas son las siguientes: las números 1
a 6, del señor Sánchez López, del Grupo Parlamentario Democrático; la
número 7, del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana-EH Bildu; las
números 8 a 59, del señor Reniu Vilamala, del Grupo Parlamentario
Esquerra RepublicanaEH Bildu; las números 60 a 63, de la señora Cortès
Gès y los señores Elejabarrieta Díaz y Reniu Vilamala, del Grupo
Parlamentario Esquerra Republicana-EH Bildu, los señores Cervera Pinart y
Cleries i Gonzàlez, del Grupo Parlamentario Nacionalista, y los señores
Mulet García y Vidal Matas, del Grupo Parlamentario de Izquierda
Confederal; las números 64 a 126 y 521, de los señores Cervera Pinart y
Cleries i Gonzàlez, del Grupo Parlamentario Nacionalista; la número 127,
del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado; las números 128 a 228, del
Grupo Parlamentario Popular en el Senado; las números 229 a 386, del
señor Martínez Urionabarrenetxea, del Grupo Parlamentario de Izquierda
Confederal; las números 387 a 473, del señor Mulet García, del Grupo
Parlamentario de Izquierda Confederal; las números 474 a 495, del señor
Vidal Matas, del Grupo Parlamentario de Izquierda Confederal; y las
números 496 a 520, del señor Gómez Perpinyà, del Grupo Parlamentario de
Izquierda Confederal.

La ponencia designada en relación con este proyecto
de ley ha emitido informe, donde acuerda introducir las enmiendas
técnicas propuestas por el letrado y el resto del texto remitido por el
Congreso.

A continuación, abriremos un turno para la defensa
de las propuestas de veto, que, conforme a lo acordado en la reunión de
la Mesa y Portavoces del pasado 23 de septiembre, será de diez minutos.
Si se solicitara un turno en contra, también será de diez minutos.
Concluido este turno en contra, se abrirá un turno de portavoces, también
por un tiempo de diez minutos. Si lo desean, pueden reservar la defensa
para el Pleno, pero tienen todo el derecho a intervenir. Por lo tanto,
abrimos un turno de defensa para las propuestas de veto de diez
minutos.

Para defender el veto número 1, señor Sánchez
López, del Grupo Parlamentario Democrático, tiene usted la palabra.

El señor SÁNCHEZ LÓPEZ: Gracias, presidente.

Con la venia, señorías, buenos días. No voy a
utilizar los diez minutos, ni siquiera uno, porque, por economía procesal
y por no reproducir el debate que luego vamos a tener en el Pleno, doy
por reproducido el veto. Obviamente, en caso de que no se aprobara, que
me temo que va a ser así, lo mantendría vivo para el Pleno.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Castellà Surribas): Muchas
gracias, señor Sánchez López.

Damos paso al veto número 2, del señor Marín Gascón
y las señoras Merelo Palomares y Rodríguez de Millán Parro, del Grupo
Parlamentario Mixto.

El señor MARÍN GASCÓN: Gracias, señor
presidente.

Lo damos por defendido y lo mantenemos vivo para el
Pleno.

El señor VICEPRESIDENTE (Castellà Surribas): Muchas
gracias, señor Marín Gascón.

Veto número 3, del señor Catalán Higueras, del
Grupo Parlamentario Mixto.

El señor MARÍN GASCÓN: Gracias, presidente.

Igualmente, el senador Catalán lo da por defendido
y lo mantiene para el Pleno.

El señor VICEPRESIDENTE (Castellà Surribas):
Gracias.

Finalmente, por el Grupo Parlamentario Popular en
el Senado, intervendrá la señora Salanueva.

La señora SALANUEVA MURGUIALDAY: Gracias,
presidente. Buenos días, señorías.

No voy a extenderme demasiado porque la verdad es
que el veto que hemos presentado es un veto extenso, que todos tienen la
oportunidad de leer. Pero, por lo menos, quiero hacer alguna
consideración sucinta al respecto.

Antes de referirme a ello y dedicarle el tiempo que
se merece, por lo menos, la posición general del Grupo Parlamentario
Popular en el Senado y la motivación que nos lleva a presentar este veto,
quiero aprovechar la oportunidad, en una ocasión tan solemne, en una ley
que, a nuestro juicio es importante, desgraciadamente importante en el
momento histórico en el que vivimos, en mi nombre y en nombre del Grupo
Parlamentario Popular, para reconocer la labor que los protagonistas de
la Transición realizaron para llevarnos a donde estamos hoy, a uno de los
momentos más prósperos, más pacíficos y que de más libertad disfrutamos
los españoles. Fue gracias a personas generosas que en el contexto
histórico en el que ellos vivieron —ellos y ellas, que también las
hubo— supieron dar lo mejor de sí mismos y dieron un paso
definitivo para que hoy disfrutemos, no solo de una transición a la
democracia ejemplar, sino también de un proyecto constitucional del que
nosotros, el Partido Popular, nos sentimos absolutamente orgullosos.

Quiero también hacer una mención expresa, un poco
como preliminar de esta ley, al veto que se ha practicado y se ha
sometido a las personas, o quizás para que no me llamen ustedes la
atención, el veto a las comparecencias solicitadas por el Grupo Popular
en el Senado. Solicitamos que se celebrara antes de dictaminar la ley la
comparecencia de personas protagonistas de la Transición, y no hemos
entendido cómo no se ha querido que comparecieran aquí. No era un
problema de plazos, sabemos que hay plazo suficiente para dictaminar la
ley hasta finales de este mes y no hemos encontrado una razón objetiva
que el grupo mayoritario, el Grupo Socialista, haya podido esgrimir para
que las comparecencias, a nuestro juicio de gran importancia, no hayan
podido debatirse y tramitarse en esta comisión.

Nos resulta a todas luces paradójico que en la
tramitación de una ley que precisamente pretende regular la memoria
histórica, regular la memoria democrática, como ustedes la llaman, no se
permita escuchar a quienes tienen una memoria real de lo vivido y
sucedido en la Transición, porque han sido protagonistas cualificados,
responsables directos, testigos del pacto para la concordia y convivencia
de los españoles, y tenemos la suerte de que están entre nosotros, de que
están vivos y dispuestos a participar en las instituciones, en el Senado,
y no solo para dar su opinión, contar sus vivencias y contextualizarlo,
sino también para someterse a las preguntas de sus señorías, de todos y
cada uno de los grupos parlamentarios, una grandeza a la que estas
personas estaban dispuestas, y nos resulta lamentable que no haya podido
ser así. ¿Qué daño les hace eso, señores del Partido Socialista? ¿Tanto
miedo tienen al diálogo y a escuchar opiniones que quizá no compartan,
incluso de personas, por cierto, cercanas a alguno de los partidos que
están aquí representados? Al Grupo Parlamentario Popular nos resulta,
desde luego, no inocente y no inocuo. Tiene gran importancia lo ocurrido
y esta es otra muestra más del talante de este Gobierno y de determinados
tics que se ponen de manifiesto, lamentablemente, en este proyecto de
ley; tics con tintes muy totalitarios.

A pesar de sus vetos y de los intentos de limitar
derechos, debemos decir que gozamos de un sistema democrático que
funciona y garantiza el ejercicio de los derechos fundamentales, como,
por ejemplo, el de libertad de expresión. Muchos de los comparecientes
cuya presencia habíamos solicitado en esta Cámara, y no solo ellos, sino
decenas de historiadores, de escritores, de periodistas, de políticos y
expolíticos de distinto signo llevan tiempo manifestando de maneras muy
diferentes y por vías también diferentes su oposición a la Ley de memoria
democrática y solicitando al Gobierno su retirada. Me bastaría con leer
cualquiera de los manifiestos o manifestaciones públicas de personas que
han suscrito su oposición y los motivos de esa oposición a esta ley, en
concreto suscritos por históricos del Partido Socialista, para que yo ya
diera por defendido el veto del Grupo Parlamentario Popular; no
necesitaría ni recurrir a los argumentos del Grupo Popular. Como digo,
con los manifiestos que firman ilustres socialistas, nosotros podríamos
perfectamente dar por concluido este debate y este turno de palabra:
Felipe González; expresidentes del Senado como Juan José Laborda, Javier
Rojo; exministros como Julián García Vargas; la directora de la Real
Academia de la Historia, Carmen Iglesias; el hijo del líder socialista
Fernando Múgica, asesinado por ETA; la exdiputada Carmela García-Moreno
de quien pedimos su presencia aquí. En el Grupo Parlamentario Popular
compartimos y pensamos igual que ellos. ¿En qué pensamos igual que ellos?
Pensamos que esta ley tergiversa el gran pacto constitucional del 78.
Igual que ellos, denunciamos —y lo han suscrito textualmente—
que el pacto con Bildu para aprobar la ley, al ser una expresión
actualizada de quienes en esa época utilizaban la violencia terrorista
como método sistemático de actuación con consecuencias dramáticas, sin
que haya condenado aquellos crímenes, es absolutamente rechazable. Al
igual que sus compañeros socialistas, compañeros de partido y también de
otros partidos, censuramos la creación de una comisión que estudie
vulneraciones de derechos humanos en el período 1978-1983 para revisar
actos jurídicos y políticos de dicho periodo democrático. Al igual que
sus compañeros, señorías del Grupo Socialista, rechazamos la pretensión
de imponer una verdad oficial y que se siembren sospechas sobre la
Transición.

Además, y así lo decimos también en el veto,
consideramos que el Proyecto de Ley de memoria democrática es innecesario
e inoportuno. Consideramos que este proyecto de ley tiene taras y vicios
sustantivos que le inhabilitan como ley verdaderamente democrática. Hay
una afectación directa a la libertad y a derechos fundamentales
garantizados por la Carta Magna. Consideramos que la imposición de una
verdad o historia oficial, de un pensamiento único es una muestra más,
por lo menos, de una actitud totalitaria, y, por supuesto, no podemos
aceptar las medidas para el adoctrinamiento social y escolar.

No solo es un insulto esta ley a las víctimas del
terrorismo de ETA, sino un insulto a todos los españoles. El trato a las
diferentes víctimas, también víctimas de la república y víctimas de ETA,
es un trato desigual. Respecto a las víctimas de ETA, quiero decir que
son víctimas en democracia, víctimas del terror que ha sesgado sus vidas
no en una contienda civil ni en una posguerra ni en una dictadura, son
víctimas producidas en democracia, que, a mi juicio, desde luego, tienen
una situación de exigencia de protección cualificada.

Este proyecto de ley, señorías, lo escriben los
representantes de los asesinos, secuestradores y extorsionadores que
tanto daño han hecho a la sociedad española, atacando la vida, la
libertad y la democracia. Se pretende condenar actos de enaltecimiento
franquista, pero llevamos mucho tiempo reivindicando la condena de
ensalzamiento y enaltecimiento del terrorismo con los ongi etorri y el
Gobierno no ha dado ni un solo paso, a pesar de los compromisos
adquiridos en sede parlamentaria. Sorprendente y lamentable.

El proyecto de ley supone un ataque frontal a
nuestro régimen constitucional, es un intento de deslegitimar la
Transición y el pacto entre españoles. Siembra sospechas sobre todo el
proceso que trajo la democracia y nuestro sistema de libertades y de
bienestar y pone en duda la legitimidad y el carácter democrático de la
Transición —hay quien la llama despectivamente el régimen
del 78— y también pone en duda la legitimidad de la propia
Constitución. Cuestiona también los años de democracia hasta el 83, en el
que la democracia en España estaba plenamente consolidada: se han
celebrado elecciones municipales, autonómicas, generales, se ha frenado
un intento de golpe de Estado, el del 23-F. Señores y señoras del Partido
Socialista, ¿acaso el Gobierno de Felipe González fue un gobierno
ilegítimo y heredero del franquismo? Identifica, a nuestro juicio, a la
derecha con el fascismo y a la izquierda y el nacionalismo con la
democracia; eso nos parece a todas luces indecente. La reconciliación que
vino con la Transición no se sustentó en un pacto basado en el olvido,
eso hay que dejarlo meridianamente claro, es un éxito colectivo, y los
españoles de esa generación, de esa década creyeron y entendieron que se
había acabado por fin y definitivamente con los dos bandos en España, que
ahora se reabren.

Por todo ello, señorías, y no me voy a extender
más, dando por reproducido, como digo, el contenido íntegro del veto que
hemos presentado y que defenderemos más profusamente en el próximo Pleno,
solicitamos el apoyo a este veto, porque ahora aún estamos a tiempo de
evitar semejante desatino.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor VICEPRESIDENTE (Castellà Surribas): Muchas
gracias, señora Salanueva.

Agotados los turnos en defensa de las propuestas de
veto, damos paso a los turnos en contra. Si algún grupo quiere hacer uso
de dicho turno debería manifestarlo ahora. De momento, tengo noticia del
Grupo Parlamentario Socialista. ¿Algún grupo más quiere hacer uso de él?
(Denegaciones).

Tiene la palabra la señora Adrio Taracido.

La señora ADRIO TARACIDO: Gracias,
presidente.

Señorías, permítanme que conteste conjuntamente a
los vetos números 1, 3 y 4. Todos, aunque cada uno con su propia
redacción y explicación, inciden en lo mismo. Estos tres vetos a este
Proyecto de Ley de memoria democrática manifiestan que se cuestionan
pilares básicos de nuestro sistema democrático, tales como el pacto
político de la Transición o el principio de irretroactividad de las
disposiciones sancionadoras previsto en el artículo 9.3 de la
Constitución. Alegan desigualdad entre las víctimas del terrorismo y las
del franquismo, lo que no es verdad. Como no puede ser de otra forma, la
Ley 29/2011, de 22 de septiembre, de reconocimiento y protección integral
a las víctimas del terrorismo les rinde homenaje, protege y ampara, y
prevé a lo largo de su articulado, y lo dice al principio de su
exposición de motivos: «Esta ley es un signo de reconocimiento y de
respeto, pero también de solidaridad debida. El apoyo integral que
persigue representa el esfuerzo compartido de reparación que las víctimas
y sus familias merecen, inspirados por los principios de memoria,
dignidad, justicia y verdad». Estos mismos principios son los que se
recogen en esta ley, principios de verdad, justicia, reparación y
garantía de no repetición.

La Ley de memoria democrática ensalza la Transición
y el pacto constitucional. Recoge en su exposición de motivos: «La
vigente Constitución se fundamentó en un amplio compromiso social y
político. Este consenso fue el espíritu de nuestra transición política y
ha sido la base de la época de mayor esplendor y prosperidad que ha
conocido nuestro país. La conquista y consolidación de la democracia en
España ha sido el logro histórico más significativo de la sociedad
española. El asentamiento de los principios y valores democráticos que
consagra la Constitución del 78 hace nuestra sociedad más fuerte y
constituye la más clara apuesta de convivencia en el futuro». Entre sus
objetivos destaca un doble propósito: fomentar el conocimiento de las
etapas democráticas de nuestra historia y también de aquellas figuras
individuales y colectivas que con grandes sacrificios fueron construyendo
progresivamente los nexos de cultura democrática que permitieron llegar a
los acuerdos de la Constitución del 78 y al actual Estado social y
democrático de derecho. Prueba de que esta ley ensalza la Transición y la
Constitución es que instaura el día 31 de octubre, fecha en que las
Cortes y el Senado aprobaron la Constitución del 78, para el homenaje a
todas las víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura como referencia de
conciliación y consenso.

En cuanto a la disposición adicional decimosexta,
tergiversan la realidad y hacen una interpretación torticera. La
propuesta de esta disposición ha sido de los dos partidos en el Gobierno,
para que fueran incluidas en ella personas que hayan sido víctimas a
consecuencia de defender la democracia, como el caso de Yolanda González,
entre otros.

Señorías del PP, Ciudadanos y UPN, son ustedes los
que entienden que ETA luchó por la democracia, pues les parece que
tendrían cabida en esta comisión técnica, no el Gobierno ni el PSOE, para
los que ETA no tiene cabida. Es falso que el ámbito temporal de la ley lo
extienda al 83. En su artículo 1.2 recoge expresamente el reconocimiento
a las víctimas durante el período comprendido entre el golpe de Estado
de 18 de julio del 36 y la dictadura franquista hasta la entrada en vigor
de la Constitución española del 78. Es una manipulación e interpretación
torticera tratar de confundir, extendiendo el ámbito temporal con lo
recogido en la disposición adicional decimosexta. La previsión de que se
designe por el Gobierno una comisión técnica cuyo alcance está limitado a
un estudio de posibles vulneraciones de derechos humanos que sufrieron
luchadores por la consolidación de la democracia es exclusivamente para
su reconocimiento y reparación; por ejemplo, el caso de Yolanda González.
Dicho crimen y otros similares obviamente fueron perseguidos ya por los
tribunales y el ordenamiento jurídico, pero sus víctimas habían quedado
huérfanas de reconocimiento de la democracia por la que lucharon.

También es falso que se desmerezca lo que significó
la Ley de amnistía del 77 y que no se tengan en cuenta principios
jurídicos básicos como la legalidad, la seguridad jurídica y la
retroactividad de normas no favorables. La exposición de motivos lo
recoge expresamente y, de hecho, todas las enmiendas que abogaban por la
derogación total o parcial de dicha ley han sido rechazadas de plano. Tal
como recoge el artículo 10.2 de la Constitución, la Ley de amnistía hay
que compatibilizarla con los avances del derecho internacional de los
derechos humanos. ¡Claro que hubo víctimas en un lado y en otro!, pero
unas han sido enterradas dignamente y con sus homenajes y
reconocimientos, y si algunas quedan sin encontrar, serán buscadas
también, tal como recoge el proyecto de ley.

Señorías del PP, el Gobierno redacta una ley y
ustedes a la contra, siempre de piñón fijo a la contra. Interpretan lo
que quieren. Quiero pensar que es una mala interpretación, pero es una
interpretación torticera y rebuscada. El PSOE ha defendido antes,
defiende ahora y defenderá en el futuro los principios constitucionales
recogidos en el artículo 9.3 de la Constitución. Prueba de ello es que
así lo ha hecho recientemente en el Congreso, rechazando las iniciativas
de derogación de la Ley de amnistía o la modificación del Código Penal
basándose en estos principios, que mantenemos. El derecho a la verdad es
compatible con la Ley de amnistía y las garantías procesales.

Señoría de UPN, esta ley no cuestiona la Ley de
amnistía ni la reconciliación; no hay revisionismo de la Transición,
siempre prevalece el derecho internacional de derechos humanos y es
compatible con la Ley de amnistía.

Señorías del PP, dicen que esta ley agita el
guerracivilismo. Lo que esta ley pretende es dar dignidad a las víctimas.
Creo, dicho con el máximo respeto, que los que lo agitan son sus
señorías. Dicen que esta ley es una autoenmienda del Partido Socialista a
la totalidad del espíritu de la Constitución del 78. Parece que no hemos
leído el mismo texto, pues realizan una interpretación torticera del
mismo y, como ya he dicho, esta ley recoge y ensalza la Constitución y se
basa en sus principios.

Señorías de Vox, que no, que no nos van a callar
otros cuarenta años, que no nos van a callar, que no van a escribir
ustedes la historia, la historia que a sangre y fuego han escrito y tanto
daño ha causado durante cuarenta años. Que no, señorías, que seguiremos
hablando; que los silencios son buenos y necesarios a veces para
reflexionar, pero los elegidos, no los impuestos. No nos van a callar.
Hay que hablar y explicar la verdad, que es lo que esta ley recoge. Y no
quiere decir que no recojamos la crueldad de una guerra civil. A los
autores que ustedes nombran ya los hemos leído. Echo de menos en esta
lista al hispanista Ian Gibson. Leen ustedes sesgadamente la historia y
nosotros la leemos, y gracias a esos libros la hemos sabido y también
gracias al recuerdo de personas vivas que nos la han enseñado. A mí me
han enseñado que la guerra es cruenta y que se hicieron barbaridades de
un lado y de otro, pero los vencedores, de los que les veo nostálgicos,
escribieron su historia durante cuarenta años. Se siguen ustedes
sintiendo vencedores y quieren que nosotros nos sintamos vencidos, pero
nosotros tenemos la verdad de la razón y la palabra, y nosotros no los
discriminamos a ustedes y les dejamos hablar. Las guerras sacan lo peor
de cada uno, lo malo es que en épocas de paz algunos sigan fomentando el
odio y la división.

En cuanto a conocer la historia, un reciente
estudio publicado por el diario El País revela el desconocimiento y las
lagunas educativas sobre la Guerra Civil y el franquismo entre la
población de 16 a 30 años, y ello hay que repararlo. La historia más
reciente tiene que ser conocida. Para que no se repitan los hechos hay
que conocer la historia, no la historia sesgada. Señorías de Vox, ustedes
están fomentando que se repita, pero no van a conseguir que les odiemos.
Esa es la diferencia. No es cierto que se pretenda establecer una verdad
oficial. El deber de memoria democrática se configura como un exhorto
destinado a evitar que las violaciones de derechos humanos que se
produjeron durante el golpe de Estado, la guerra y la Dictadura puedan
volver a repetirse, y tiene por objeto preservar en la memoria colectiva
los desastres de la guerra y de toda forma de totalitarismo. Esta ley
amplía la historia y la recuperación, salvaguarda y difusión de la
memoria democrática desde la Constitución de 1812; en la exposición de
motivos se recoge expresamente y se refiere a las constituciones
democráticas de 1812, 1869, 1931 y 1978.

Por último, señorías —y esto va dirigido a
todos los grupos—, me gustaría que se replantearan su voto y
apoyaran esta ley, que es buena para España, para todos los españoles, no
abre heridas, da dignidad y repara, completando las anteriores, no
rectificando. Votaremos en contra de los 4 vetos. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Castellà Surribas): Muchas
gracias, señora Adrio Taracido.

Procederemos a abrir ahora el turno de portavoces,
también por un tiempo de diez minutos, por el siguiente orden.

En primer lugar, tiene la palabra, por el Grupo
Parlamentario Mixto, el señor Marín Gascón.

El señor MARÍN GASCÓN: Gracias, señor presidente.
No vamos a intervenir.

El señor VICEPRESIDENTE (Castellà Surribas): Muchas
gracias.

Por el Grupo Parlamentario Democrático, tiene la
palabra el señor Sánchez López. (Denegaciones). Muchas gracias, señor
Sánchez López.

Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Confederal,
tiene la palabra el señor Gómez Perpinyà. (Denegaciones).

Por el Grupo Parlamentario Nacionalista, tiene la
palabra el señor Clavijo Batlle. (Denegaciones).

Por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado,
tiene la palabra la señora Beltrán de Heredia. (Denegaciones).

Por el Grupo Parlamentario Esquerra Republicana-EH
Bildu, tiene la palabra el señor Reniu. (Denegaciones).

Por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado, me
han notificado que intervendría la señora Pradas Ten. Adelante.

La señora PRADAS TEN: Señor presidente, muchísimas
gracias.

Quiero empezar contestando a la compañera del Grupo
Socialista, quien ha sacado a colación un clásico, el acusarnos de
guerracivilismo. Yo creo que no ha escuchado para nada, al menos con
atención, lo que ha manifestado mi compañera la señoría Amelia Salanueva;
no la ha escuchado. Usted ha sido quien ha hablado de vencedores y
vencidos. A ver si cuando hablan de guerracivilismo se miran ustedes al
espejo, señoría. (El señor presidente ocupa la Presidencia).

El Grupo Popular podría hacer hoy un discurso de
choque o de tono elevado, a la vista de lo que parece que quiere el Grupo
Socialista, pero no lo vamos a hacer. No lo vamos a hacer porque nosotros
sí respetamos a todos aquellos que forjaron los cimientos de nuestra aún
joven democracia. En el Partido Popular no vamos a caer en lo que buscan
el Partido Socialista y sus socios de Podemos, de Bildu y de Esquerra
Republicana, no; lo que buscan es enfrentar y no vamos a caer en esto. El
debate de hoy lo queremos hacer en memoria de todos los que hicieron
posible que hoy, señorías, estemos aquí: desde Fraga, pasando por Suárez,
por Felipe González, por Carrillo, pasando también por personajes
ilustres como Arias-Salgado o Soledad Becerril. A todos queremos
agradecer inmensamente su contribución en el tránsito hacia nuestra
democracia y nuestro Estado de derecho, a todos. De la época objeto de la
ley, con lo que nos queremos quedar es con el abrazo de concordia que se
dieron políticos de todas las siglas para mirar hacia delante, dejando
las luchas del pasado atrás a fin de contribuir a construir nuestra
democracia.

La Transición, señorías, fue realmente una
transición de transiciones, porque todos los partidos políticos hicieron
su propia transición, porque todos pusieron de su parte en la transición
hacia la democracia. Todos, absolutamente todos, arrimaron el hombro y
cedieron algo; todos abrieron debates en el seno de sus partidos durante
la Transición, y eso no hay nadie, absolutamente nadie, que pueda
reescribirlo o borrarlo, y menos aquellos que no se creen nuestra
democracia y nuestro Estado de derecho y la atacan continuadamente. Como
bien dijo Soledad Becerril, la Transición fue una sucesión de
inteligencia y generosidad. La Transición fue el proceso legitimador de
nuestra democracia, y lo que deberíamos hacer hoy es honrar y reconocer
su labor a todos los que la hicieron posible, darles las gracias y no
criminalizarles, como busca esta ley, que pretende dinamitar el ejemplar
proceso de concordia y reconciliación entre todos los españoles que
supuso la Transición. El Partido Popular no va a contribuir a reabrir
heridas ya cerradas, no lo vamos a hacer. Hoy debatimos una ley que
quiere atacar los fundamentos de la Transición y de la Constitución
de 1978 y por ello, y según ya ha anunciado nuestro presidente, Alberto
Núñez Feijóo, cuando gobernemos la derogaremos.

Con el texto que nos traen, el Gobierno ha perdido
una oportunidad extraordinaria para rendir homenaje a una generación
ejemplar. Todos conocemos a alguien que nos ha hablado de la Transición.
Yo tuve la suerte de que mi padre me hablara mucho de la Transición.
Ellos vivieron y sufrieron directamente la Guerra Civil; ellos fueron
capaces de superar sus diferencias, enterrar rencores y tragedias, todos,
y fueron capaces de lo más importante: perdonar para mirar al futuro con
el abrazo de la reconciliación. Con el proyecto de ley que hoy debatimos,
el Partido Socialista nos propone una ley sectaria, que sesga la historia
sobre la base de su principio de la verdad, no de la verdad histórica. ¿Y
por qué decimos que es una ley sectaria? Pues porque la ley se titula de
la memoria democrática, pero nos quieren imponer la memoria de solo unos,
no la memoria de todos. Como dijo Antonio Machado, ¿Tu verdad? No: la
verdad; y ven conmigo a buscarla. La tuya guárdatela.

Señorías, el único fin de esta ley es reescribir
nuestra historia reciente en un intento de imponer una interpretación
sectaria de la historia, con un ejercicio de ingeniería social
legislativa, y si hay algo que, si cabe, hace más sectaria y extravagante
—permítanme que lo diga así— esta ley, y que es el sumun de
la tergiversación y del sectarismo, es el ataque a la Transición y a
nuestra democracia que se recoge en la disposición adicional decimosexta,
incluida por expresa petición de Bildu; sí, por los herederos políticos
de ETA; por ellos, ni más ni menos, que han hecho que el Partido
Socialista acepte que se refleje en la ley que se extiendan sus efectos y
la sospecha de vulneración de derechos humanos ni más ni menos que hasta
el 31 de diciembre de 1983. Es una barbaridad, señorías, permítanme que
lo diga así; es una vergüenza y un ataque directo a nuestra democracia y
a nuestros presidentes democráticos Adolfo Suárez, Leopoldo Calvo-Sotelo
y Felipe González. ¿Cómo se puede traicionar tan indignamente a los
presidentes libremente elegidos por el pueblo español y que contribuyeron
a poner en marcha nuestra democracia? ¿Cómo? ¿No les avergüenza, señorías
socialistas, poner en duda al presidente socialista señor González por
expresa petición de Bildu? Imagino que a la gran mayoría de socialistas
aquí presentes les avergonzará, aunque no lo admitan en público.

A todo lo anterior, quiero añadir como motivo para
no apoyar esta ley, que el Partido Popular no va a contribuir a crear
debates inútiles para los españoles, no vamos a contribuir, porque lo
están pasando muy mal a nivel económico y social, con precios disparados,
sin que se busquen las convenientes soluciones desde el Gobierno, más
centrado en reabrir heridas, como hoy hemos podido comprobar, más
centrado en eso que en solucionar los problemas reales de los
españoles.

Por otra parte, quiero decir que en ningún momento
el Partido Socialista ha querido consensuar con el partido que lidera la
oposición, el Partido Popular, ningún aspecto de la ley. Nosotros, como
muestran nuestras enmiendas, estábamos dispuestos a acercar posturas en
lo relativo a establecer, cómo no, un marco jurídico para resolver la
necesaria y comprensible búsqueda y exhumación de los cuerpos de las
víctimas para devolverlos a sus familiares y para que puedan descansar en
paz. ¡Faltaría más! Pero ustedes no tienen ningún interés en recabar el
más amplio consenso que refleje la reconciliación entre los
españoles.

Voy finalizando. Reivindicamos la vigencia de la
Transición, del pacto constitucional de 1978 y del espíritu de concordia,
el espíritu de concordia que se refleja en el manifiesto de la Asociación
para la Defensa de los Valores de la Transición, suscrito también por la
Fundación Transición que preside Rafael Arias-Salgado. Mi compañera, la
senadora Salanueva, ya se ha referido a ello. Don Rafael Arias-Salgado
era una de las personas que solicitamos que compareciera ante esta
comisión y a quien el Grupo Socialista impidió comparecer con su veto. Ya
que no se les ha dejado comparecer en esta comisión a algunos de los
firmantes del manifiesto, paso a leer un extracto de su contenido: «No
aceptamos que el pacto constitucional sea objeto de una tergiversación
injusta y ajena a la verdad histórica. Tampoco aceptamos que se considere
como período sospechoso hasta diciembre de 1983, cuando ya se habían
celebrado el referéndum constitucional, tres elecciones generales, dos
municipales y varias autonómicas. Nos preocupa que esa sospecha sea fruto
de un pacto con Bildu, que aún no ha formulado una crítica a los crímenes
terroristas. La reconciliación fue una de las claves de la Transición, y
así quedó plasmado en la Constitución. Exigimos al Gobierno, a su
presidente y a los responsables de los grupos parlamentarios el
replanteamiento del Proyecto de Ley de memoria democrática, basado en el
consenso, por el bien de nuestra convivencia y el futuro de nuestra
democracia». Señorías, el Partido Popular también se suma a esta
petición. Y en este punto, me dirijo directamente a sus señorías del
Partido Socialista: retiren esta ley, todavía están a tiempo de hacerlo,
y vuelvan al consenso y a los valores de nuestra Transición. Estoy segura
de que, además, muchos de sus militantes estarían muy de acuerdo con la
retirada.

Finalizo. «Con la Constitución es posible lograr
una concordia civil llamada España, donde convivan ciudadanos que, por
tener diferentes opiniones, creencias o convicciones, se complementen
entre sí». Esto lo manifestó nuestro presidente Adolfo Suárez, quien
también afirmó que el mayor de los disparates es el enfrentamiento entre
españoles. Tomen nota, señorías.

Y para finalizar, anuncio que vamos a votar a favor
de todos los vetos, aunque no estemos de acuerdo con la literalidad
absoluta o íntegra de sus textos, pero sí con el fin, que, en todo caso,
es solicitar o pedir que no se apruebe la ley.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.

A continuación, por el Grupo Socialista, tiene la
palabra el senador Artemi Rallo.

El señor RALLO LOMBARTE: Gracias, presidente.

Señorías, la Ley de memoria democrática que hoy
debatimos es una ley oportuna y necesaria. Por eso, el Grupo Socialista
va a oponerse a los vetos que se han presentado, porque todos ellos están
preñados en mayor o menor intensidad de dosis de nostalgia, de
negacionismo y de oportunismo pseudoconstitucionalista. Hoy ha habido
grupos que nos han ahorrado con su intervención rememorar lo que reflejan
por escrito en sus vetos. La extrema derecha, desacomplejada en el relato
de su veto, no ha ahorrado expresiones ni argumentos que no fuesen
ofensivas, hirientes, insensibles e inhumanas, construyendo un relato
alternativo a la realidad, un relato en el que no hubo ni un golpe de
Estado ni represión ni muertos y sigue sin haber cunetas: puro
sectarismo, ese sí, sectarismo revanchista que nunca tuvieron los que
sufrieron represión, la España represaliada, la España olvidada, la del
exilio interior, la del exterior, la de las cunetas, la de los paredones.
Nunca hubo revancha ni rencor, y sigue sin haberlo. Si alguna vez esa
España buscó el desquite, lo encontró el 15 de junio de 1977, cuando
volvieron a abrirse las alamedas de la libertad y volvieron las urnas a
nuestro país, donde la fuerza de los votos dio paso definitivamente a la
fuerza de la razón. Son vetos, como decía, nostálgicos, negacionistas,
también vergonzantes y avergonzados.

La derecha, el Partido Popular, parecía en su veto
y en sus enmiendas apuntar maneras en otra dirección de lo que ha puesto
hoy aquí en evidencia. Parecía que había superado el negacionismo
completo, admitiendo, al menos, el dolor de las víctimas, el dolor de las
familias que buscan todavía hoy abrir fosas, exhumar a sus familiares y
darles una digna sepultura. Pero hoy hemos visto que su prioridad no es
esa, que esa actitud más o menos acomplejada que parecía deducirse de sus
enmiendas ha dado paso a un relato bien alternativo, porque los tres
vetos si algo hoy evidencian es una dosis infinita de oportunismo.

Los tres vetos, y en particular el del Grupo
Popular, se construyen sobre un relato realmente grosero y falaz respecto
de lo que es y representa la Ley de memoria democrática, con argumentos
—los hemos oído hoy aquí— que son pura falsedad, pura
mentira, y hoy aquí tiene que quedar meridianamente claro que es así. Son
argumentos simples, simplones. Esta ley —dicen— va contra la
transición, contra la Constitución y contra el Pacto constituyente; es
una ley que extiende su vigencia al periodo democrático; una ley que es
una concesión a los terroristas, a los herederos de los terroristas; una
ley que pretende legitimarlos ante la democracia con un claro desprecio
hacia las actuales víctimas. Ese es un relato, y permítame que se lo diga
alto y claro, ruin y mezquino; un relato con unas dosis muy intensas de
indignidad y de inhumanidad.

Se ha notado con el tiempo que a ustedes les
faltaba un relato a la hora de debatir los temas de memoria democrática;
se les veía incómodos porque era evidente que resultaba de una
insensibilidad inadmisible e inhumana negar a las víctimas y a sus
familiares lo que la mínima decencia obliga y exige: que pudieran
encontrar y enterrar dignamente a sus seres queridos. Como ese relato,
esa situación era de una incomodidad extraordinaria, de repente han
creído encontrar su tabla de salvación argumentativa en la tramitación de
esta ley y en los apoyos con los que va a surgir de esta Cámara; con un
argumento que se sostiene sobre esa supuesta equiparación de víctimas del
terrorismo y del franquismo —nada que ver— y con una supuesta
traición a esas víctimas, comprando un relato y dando contrapartidas a
Bildu, y por supuesto, traicionando, como aquí se ha dicho, a la
transición y al Pacto constituyente.

Mentira, señorías; una gran y burda mentira. ¿Y por
qué lo digo? Porque, más allá de las soflamas genéricas, hay que ir a la
ley y a su exposición de motivos: La vigente Constitución se fundamentó
en un amplio compromiso social y político. Este consenso fue el espíritu
de nuestra transición política y ha sido la base del mayor esplendor y
prosperidad que ha conocido nuestro país. Gloria a la Constitución en la
ley, porque esta ley proclama como día del recuerdo y del homenaje a las
víctimas el 31 de octubre, fecha en la que Congreso y Senado aprobaron la
Constitución. Porque los socialistas, ahora y siempre, vamos a defender
los valores constitucionales, los de la Constitución de 1978 y también
los de la Constitución de 1931, que vio truncada su vigencia por los
sables de los militares facciosos que en 1936 burlaron aquel Pacto
constitucional que, por cierto, habían jurado defender. Y ustedes afirman
que la Ley de memoria democrática, esta ley, va contra la amnistía, pero
niegan lo evidente: que la exposición de motivos proclama alto y claro
que la Ley de amnistía fue una reclamación histórica de la oposición
antifranquista; que el artículo segundo de esta ley reitera lo evidente,
y es que la Ley de amnistía es una ley que sigue en vigor, que nadie
deroga, que nadie matiza. Lo único que hace ese artículo es adicionar lo
evidente: que el artículo 10 de la Constitución, que el artículo 96 de la
Constitución, que ambos artículos obligan a interpretar todas las leyes
de nuestro ordenamiento jurídico conforme a las normas de derecho
internacional que regulan y consagran derechos fundamentales y libertades
públicas. Nada nuevo bajo el sol.

Y, señorías, insisto, no hay derogación de la Ley
de amnistía, todo lo contrario. Nosotros hemos defendido desde el
principio la vigencia de los principios consagrados en el artículo 9.3 de
la Constitución. Por supuesto que sí. Porque el Pacto constituyente
—y ya es cansino tener que reiterarlo—






es un pacto del que el
Partido Socialista es el eje vertebrador que le ha dado continuidad a lo
largo de cuarenta años. (Aplausos). Y ninguno de ustedes estaba aquí con
sus siglas hace cuarenta años, cuando el Partido Socialista estaba
defendiendo ese Pacto constitucional y hacía suya esa Constitución.

Por último, señorías, me voy a referir a la gran
falsedad, que esa revisión de la Constitución se concreta en una
referencia contenida en la disposición adicional decimosexta. Ustedes han
usado esta disposición adicional para hacer creer y proclamar a los
cuatro vientos, sin ir al texto de la norma, que los socialistas
extendemos el manto de duda incluso sobre los Gobiernos de la UCD o los
primeros Gobiernos socialistas presididos por Felipe González, porque
extendemos la vigencia de esta ley a cualquier vulneración de derecho que
llegara hasta el 31 de diciembre del año 1983, dando la impresión de que
con ella queríamos dar cobertura a la guerra sucia contra ETA y empañar
el recorrido del Pacto constituyente. Pues bien, voy a leerla; hay que
leerla. Ya está bien de mentiras. Voy a leer la disposición adicional
decimosexta para que no le quepa ninguna duda a quien nos pueda escuchar.
Dice así: El Gobierno, en el plazo de un año, designará una comisión
técnica que elabore un estudio sobre los supuestos de vulneración de
derechos humanos a personas por su lucha por la consolidación de la
democracia, los derechos fundamentales y los valores democráticos entre
la entrada en vigor de la Constitución del 78 y el 31 de diciembre
de 1983, que señala posibles vías de reconocimiento y reparación. Repito,
una comisión técnica elaborará un estudio sobre la vulneración de
derechos que hayan podido sufrir personas que lucharon por la
consolidación de la democracia y los derechos fundamentales. Pero,
señorías, ustedes llegan a la perversión de querer hacer creer a alguien
que ahí se incluye a los integrantes de bandas terroristas o de ETA. ¿A
alguien le quieren hacer creer que estamos hablando de eso? ¿Es ese su
argumento? Cuando es evidente que no es así, cuando es evidente que el
terrorismo aterrorizaba a España y se dirigía contra nuestra democracia.
Es evidente que esta disposición está planteada —y termino, señor
presidente-para recuperar la memoria de quienes lucharon todavía durante
ese período por la defensa de la democracia y los derechos, y que
sufrieron en sus carnes, en su integridad física, con daños contra su
propia vida, el terror a manos fundamentalmente de bandas de ultraderecha
y paramilitares. Eso y no otra cosa se recoge en esta ley.

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

El señor RALLO LOMBARTE: Termino, presidente.

Por lo tanto, basta ya de mentiras. Ni concesiones
a Bildu ni traición a las víctimas ni traición a la Transición ni
cuestionamiento de la Ley de amnistía ni ruptura del Pacto
constitucional. Todo lo contrario; esta es una ley que tiene que ser
orgullo para el país por lo que significa, por defender la verdad, la
justicia, la memoria y la reparación a todas las víctimas por pura
decencia.

Muchas gracias, presidente. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

Señorías, finalizadas estas intervenciones se
pasará a votar las propuestas de veto, cuya aprobación, como saben,
exigirá el voto favorable de dieciséis votos, que constituye la mayoría
absoluta de los miembros de esta comisión.

Se votará uno por uno por orden de presentación. Si
la comisión desestima los vetos, se pasará al debate de las
enmiendas.

El letrado ya me ha dicho que ha comprobado la
asistencia, y por tanto, pasamos a la votación del primer veto,
presentado por el señor Sánchez López, del Grupo Democrático.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
votos a favor, 12; en contra, 16; abstenciones, 2.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazado al no obtener
la mayoría absoluta.

Pasamos a la votación del segundo de los vetos
presentado por el señor Marín Gascón y la señoras Merelo Palomares y
Rodríguez de Millán Parro, del Grupo Mixto.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
votos a favor, 12; en contra, 16; abstenciones, 2.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazado al no haber
superado la mayoría de dieciséis votos.

Pasaríamos, pues, a la votación del tercer veto,
presentado por el señor Catalán Higueras.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
votos a favor, 13; en contra, 16; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: No prospera el veto.

Cuarta propuesta de veto, presentada por el Grupo
Parlamentario Popular.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
votos a favor, 13; en contra, 16; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la propuesta
de veto al no prosperar la mayoría exigida de dieciséis votos.

Dado que no ha prosperado ninguno de los vetos, se
abre un turno para la defensa de las enmiendas presentadas por un tiempo,
como establecimos en la Mesa y Junta de Portavoces, de diez minutos para
cada grupo.

Para la defensa de las enmiendas 1 a 6, presentadas
por el señor Sánchez López, del Grupo Democrático, tiene la palabra su
señoría.

El señor SÁNCHEZ LÓPEZ: Gracias, señor
presidente.

Al igual que hemos hecho con el veto, las damos por
defendidas y las mantenemos vivas para el Pleno.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Sánchez
López.

A continuación, para la defensa de las
enmiendas 229 a 375, y 376 a 386, tiene la palabra el señor Martínez por
tiempo de diez minutos.

Quiero recordarle que, como no es miembro de esta
comisión, puede defender sus enmiendas, pero no puede participar en el
turno de portavoces.

Muchas gracias. Cuando quiera, señor Martínez.

El señor MARTÍNEZ URIONABARRENETXEA: Gracias,
presidente.

Señorías, esta ley debería actuar como la
confirmación unánime de todos los grupos del Senado del rechazo total y
absoluto a la utilización de la violencia como vía para conseguir réditos
políticos. Por eso Geroa Bai ha presentado unas enmiendas que se basan en
nuestro deseo y en nuestra firme voluntad de no dejar a nadie atrás,
tampoco a ninguna víctima de violación de derechos humanos. Las basarnos
también en la asunción de los derechos reconocidos por las instituciones
internacionales a la verdad, justicia, reparación y garantías de no
repetición, para acabar de una vez por todas con la mentira, el silencio,
la ocultación y la desmemoria. No aceptamos el marco temporal de la
ley.

La aprobación de la Constitución en 1978 bien pudo
haber sido la fecha que ofreciera garantías de no repetición, en cuanto
que pudo haber supuesto un punto y final en toda una historia de
violaciones de derechos humanos, pero no fue así. Una vez aprobada la
Constitución, el Estado, el Gobierno, personas concretas dentro y
alrededor del Gobierno español, entonces del Partido Socialista —no
es descabellado pensar que, con el conocimiento y la connivencia de
algunas personas del entonces partido mayoritario en la oposición—,
impulsaron y utilizaron grupos y actos de violencia ilegal e ilegítima.
El último crimen del GAL sucedió el 20 de septiembre de 1989, cuando a un
cartero llamado José Antonio Cardosa le estalló, aunque no fuera dirigido
a él, un paquete bomba en Rentería en una campaña de atentados, muy
probablemente orquestada desde el Ministerio del Interior. O fue quizás
el último asesinato del GAL el de Josu Muguruza el 20 de noviembre de ese
mismo año. Por otra parte, el último crimen de ETA ocurrió en marzo
de 2010, un año antes de que anunciara el cese de su actividad
terrorista, y esto también forma parte de nuestra memoria por todo el
sufrimiento innecesario y baldío que dicha organización terrorista y sus
acólitos provocaron, y que no queremos ni debemos olvidar. Por otra
parte, el informe final sobre el proyecto de investigación de la tortura
y malos tratos en el País Vasco entre 1960 y 2014, elaborado por el
Instituto Vasco de Criminología de la Universidad pública vasca y el
Gobierno vasco, dirigido, entre otros, por el doctor Paco Etxeberria,
actualmente asesor del Gobierno del Estado en materia de memoria
histórica, aclara que el número total de denuncias de torturas
registradas, 4113, es inferior al real, y que los tres últimos casos son
de 2014. Y es que, como dice el informe, las víctimas de torturas y malos
tratos no han recibido el reconocimiento y la reparación debida, y está,
por tanto, en juego, la credibilidad del discurso democrático.

No entendemos, pues, que la ley fije 1978 como
fecha conclusiva de la memoria, aunque, tras negociar PSOE y Bildu, se
haya ampliado parcialmente hasta 1982 y, la verdad, no sabemos muy bien
por qué. Con esta ley —decía una dirigente de este último
grupo— el asesinato de Lasa y Zabala podría ser investigado; sí,
pero no el de Mikel Zabalza, decimos en Geroa Bai, ni tampoco los de
otras muchas víctimas, y ni lo entendemos ni lo damos por bueno.

Aplaudimos todo lo que la ley recoge respecto a los
juicios franquistas y el reconocimiento honorífico de las víctimas, pero
estas también tienen derecho a la reparación económica, algo que la ley
que hoy debatimos niega, y eso no es reparación. Nosotros hablamos de
reparación integral. Devolver a los partidos, sindicatos, ateneos,
etcétera, los locales incautados por los franquistas, o devolver obras de
arte a sus legítimos propietarios está muy bien, pero impedir que a las
familias se les devuelva lo único que tenían cuando les arrebataron a un
ser querido, por ejemplo, el único salario del que dependían cinco
personas, no es reparación; y sin auténtica reparación no hay auténtica
justicia.

Proponemos también que entre las víctimas
expresamente citadas en el artículo 3 se haga mención a los sacerdotes
asesinados por los golpistas, porque el comportamiento de la Iglesia
católica no fue uniforme en el Estado y hubo miembros de esta que
actuaron como debían y no como se les ordenaba. Y también proponemos que
consten también específicamente las personas torturadas y las que
sufrieron detenciones injustificadas.

En la búsqueda de la verdad la investigación de
todas las violaciones de derechos humanos debe contar con absoluta
libertad, sin dificultades externas añadidas ni cortapisas, y por eso es
necesario también el censo de víctimas y de victimarios. Las víctimas no
han sido fenómenos naturales; personas concretas las convirtieron en
víctimas, y es necesario conocerlas. Es preciso conocer a los
victimarios, a su cadena de mando y sus motivaciones. Sin este
conocimiento la verdad es media verdad, y la convivencia no puede seguir
construyéndose, como hasta ahora, sobre silencios y ocultamientos. La ley
debe contar con los instrumentos que en distintas comunidades autónomas
se han ido desarrollando mientras las instituciones y los Gobiernos del
Estado miraban para otro lado. Hablo, por ejemplo, del trabajo
desarrollado por el Gobierno de Navarra desde 2015, cuando Uxue Barkos,
de Geroa Bai, llegó a su Presidencia, en cuestiones como exhumaciones,
bancos de ADN, escuelas de memoria o incluso el reciente desarrollo de la
Ley foral de víctimas de abusos policiales. Hablo también de asociaciones
memorialistas, que han ido defendiendo la memoria, y a quienes quiero
agradecer su trabajo por la dignidad de las víctimas, y lo hago
mencionando explícitamente a dos que son especialmente queridas por mi:
Intxorta 1937, de Debagoiena, en Gipuzkoa, y Gogoan-Por una memoria
digna.

Otras enmiendas hacen referencia a los elementos
contrarios a la memoria, en concreto a edificios como el que tenemos en
Pamplona en honor de los caídos durante la contienda. El segundo edificio
más importante en el Estado en honor de los golpistas. Defendemos en
nuestras enmiendas que el destino de los edificios lo decidan las
autoridades competentes de la manera más democrática y conveniente, sin
que haya limitaciones para ejecutar dichas decisiones, y que sea su
destino el que sea, no puedan nunca más servir de soporte a actos de
ensalzamiento político o religioso de los golpistas y sus ideas, como así
ha sido en el edificio que menciono.

No tengo tiempo ahora para defender otras
enmiendas, pero, dado que la ley propone que se considere el Fuerte de
San Cristóbal como lugar de memoria histórica, proponemos que los
Presupuestos Generales del Estado de 2023 recojan la cantidad de 35
millones de euros para su reforma y puesta a punto. Sin esta dotación
presupuestaria, nombrarlo lugar de memoria no será más que un acto de
propaganda, un nuevo brindis al sol, palabrería vacua. Y lo hacemos dado
el estado actual del edificio y su ubicación. Y, más que palabras,
señorías, la memoria exige hechos y compromisos firmes, por parte de
todos y entre todos, de cara al futuro.

Señorías, puede que esta sea la última oportunidad
para la auténtica reconciliación. Si no avanzamos serena, pero firmemente
estaremos nuevamente ante una ocasión perdida más en el trabajo por
conseguir una gestión integral de la memoria, algo que nosotros
consideramos absolutamente necesario para una deseable convivencia real
entre personas dispuestas a conocer y a asumir la verdad sanadora; la
verdad sanadora que, como una purga, nos limpie, nos cure a todas y todos
y nos haga más libres y humanos, individual y colectivamente. Sin gestión
integral de la memoria, lo que hagamos será nuevamente un sucedáneo.

Por eso, porque decimos nunca más; nunca más a
aquellos y a estos horrores para nadie; nunca más en ningún lugar, hemos
presentado nuestras enmiendas, que no pretenden más que avanzar en la
gestión integral de la mirada, con mirada limpia y sana de cara a un
futuro compartido de paz y convivencia.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador.

A continuación, tiene la palabra para la defensa de
las enmiendas 496 a 520 el señor Gómez Perpinyà.

El señor GÓMEZ PERPINYÀ: Muchas gracias, señor
presidente.

Lo primero de todo quería dar por defendidas las
enmiendas de los senadores de mi grupo que hoy no están presentes.

En segundo lugar, no quiero perder la oportunidad
de hacer mención a algunas de las reflexiones que se han expresado en lo
que llevamos de mañana. Me ha llamado poderosamente la atención la
sensación de atropello que denunciaba el Grupo Popular en lo que tiene
que ver con el trámite de esta ley, cuando me van a permitir, señorías,
que les diga que lo que he percibido por su parte es un intento por
difundir bulos, mentiras, intoxicar en los medios de comunicación y
solicitar una serie de comparecencias con el único objetivo de torpedear
el trámite legislativo y sin ninguna intención de esclarecer algún
elemento que tenga que ver con la aprobación o no de esta ley. El ejemplo
más claro lo tenemos hoy. (Rumores). Ustedes se han apuntado a la conga
de los vetos...

El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden silencio, se
lo ruego, porque no se oye.

El señor GÓMEZ PERPINYÀ: Gracias, presidente.

Ustedes hoy se han apuntado a la conga de los vetos
con independencia de quién los haya presentado y de su contenido. A mí me
parece algo insólito. No sé si ustedes están acostumbrados a esta forma
de proceder, pero uno cuando está en contra, está en contra por algo, no
está en contra con independencia de los motivos que cada uno exprese.
Ustedes han votado a favor de todos los vetos con independencia de quién
los haya presentado y de los motivos que se hayan expresado. Esto dice
bastante de la actitud con la que se dice el primer partido de la
oposición en España acude a esta cita legislativa.

Tengo que decirles también que me inquieta
sobremanera que ustedes consideren una traición el hecho de observar el
respeto a los derechos humanos en un periodo histórico determinado. A mí
me parece que ustedes tergiversan de manera absoluta el acuerdo de la
Transición y hacen una interpretación en favor de una perspectiva, que,
por cierto, no ha sido la que ha tenido la derecha en este país toda la
vida; es la perspectiva que, desgraciadamente, tiene este Grupo Popular.
Creo que ustedes van a conseguir algo que parecía imposible, y es que
muchos demócratas en este país terminemos echando de menos al señor Pablo
Casado.

Por último, para terminar con este preámbulo,
discrepo de lo que ha dicho el portavoz del Grupo Socialista, porque el
problema de fondo es que, efectivamente, había mucha gente del Partido
Popular, muchos dirigentes del Partido Popular en el momento
constituyente, lo que pasa es que hoy no pueden reconocer dónde estaban
en aquel momento, pero estar sí que estaban; muchos de ellos sí que
estaban, quizás no todos, pero sí muchos.

Señorías, es importante el día de hoy; es un día
feliz, al menos para la mayor parte de los demócratas de este país.
Cincuenta años después del fin de la Dictadura, casi cincuenta años,
España va a atender las reclamaciones de Naciones Unidas y va a
garantizar el derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación. Esta
ley incluye cuestiones que son fundamentales y que seguramente tendríamos
que haberlas puesto sobre la mesa en nuestro país desde hace ya mucho
tiempo.

En primer lugar, se condena al golpe de Estado
de 1936 y la Dictadura. Se declara la nulidad de las condenas por causas
políticas. Se reconoce el derecho a las víctimas y sus familiares a la
verdad. Desde luego, se promueve la exhumación de más de 100 000 personas
que están enterradas en estos momentos en las cunetas. También se
reconoce el derecho al resarcimiento por los bienes robados por la
Dictadura y la reparación económica de las víctimas.

Señorías, esta ley —me ha sorprendido que el
Grupo Popular no haya señalado esta circunstancia porque quizá me parece
la mayor debilidad que tiene esta ley, no imputable por supuesto a sus
promotores— no es fruto de un acuerdo de país, de un acuerdo de
Estado, como les gusta a ustedes decir. Y no lo es por la sencilla razón
de que el Partido Popular no quiere divorciarse del que aún reconoce como
su pasado. Esto es lo más destacable de la posición que ustedes han
expresado en relación con esta ley. Les reconozco que me parece lógica su
posición, que no quieran sumarse a una ley que condena cuestiones que
ustedes, en su propia casa, no han sido capaces todavía de condenar. Es
muy difícil que cuando un partido en su foro interno no condena una serie
de actuaciones en la historia de España luego en las Cortes Generales
pueda tener una posición como la que yo creo que sería exigible a
cualquier demócrata, porque esto, señorías, no debería ser una cuestión
ni de izquierdas ni de derechas, debería ser una cuestión de defensa de
la democracia y, me atrevería a decir, señorías, de cierto
patriotismo.

Precisamente por esta circunstancia, señorías del
Grupo Socialista, ante la evidencia de que era y es imposible un acuerdo
con el que se dice el principal partido de la oposición, el Partido
Popular, me llama también la atención la escasa predisposición del Grupo
Socialista hasta la fecha —todavía tenemos margen para corregir
esta circunstancia— a incorporar enmiendas de los grupos de la
oposición en el trámite legislativo en el Senado. Yo quise entender de la
comparecencia del presidente del Gobierno hace poco tiempo en el Senado
que el Grupo Socialista había cambiado su percepción respecto de la
Cámara Alta y entendía que el Senado tenía que jugar un papel político
relevante en lo que nos queda de legislatura. De verdad que me lo creí.
Pero cuando empezamos a tramitar leyes y vemos que hay muchas
dificultades para llegar a acuerdos que son sencillos, que son, me
atrevería a decir, de sentido común, y que es difícil hacerlo en el
Senado, no así en el Congreso de los Diputados, saltan las alarmas.

Es indudable que esta ley no es perfecta,
probablemente ninguna lo sea, pero en esta en particular es importante
que intentemos aproximarnos a un cierto nivel de perfección. Por eso,
precisamente, las asociaciones memorialistas nos exigen ir un poquito más
allá. Esta ley no es perfecta y eso explica que haya muchísimas enmiendas
de muchísimos senadores, de muchísimos grupos que quieren mejorar esta
ley, inclusive de grupos que hemos votado a favor de la ley en el
Congreso de los Diputados precisamente porque tenemos un compromiso
político, no con el Gobierno de España, que en cierta medida también,
sino sobre todo con este objetivo político que era una cuenta pendiente
en nuestro país, y nos gustaría que pasara a la historia como uno de los
hitos relevantes de esta legislatura.

En Más Madrid hemos presentado veinticinco
enmiendas y estamos dispuestos y disponibles para el Gobierno de España y
para el principal partido de la coalición para negociarlas, para intentar
llegar a acuerdos y para que esta ley, en definitiva, sea una ley de
todos y todas.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.

A continuación, tiene la palabra el senador
Clavijo.

El señor CLAVIJO BATLLE: Buenos días,
presidente.

Quiero dar por defendidas las distintas enmiendas
de mi compañero José María Cervera, que es quien las ha presentado por
Junts per Cat. Hemos presentado sesenta, cuatro de ellas compartidas, de
las cuales una ha sido inadmitida. Quiero anunciar que vamos a presentar
un voto particular por la que ha sido inadmitida y posponemos el debate
para el Pleno.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador.

A continuación, tiene la palabra para la defensa de
las enmiendas 8 a 59 el senador Reniu.

La señora BELTRÁN DE HEREDIA ARRONIZ: Señor
presidente, por turno, corresponde al Grupo Vasco.

El señor PRESIDENTE: Si es tan amable, el señor
letrado lo va aclarar.

El señor LETRADO: En el turno de defensa, se
defienden primero las individuales, después las que son presentadas por
varios autores individuales y, finalmente, las de los grupos
parlamentarios, todo ello siempre de menor a mayor.

La señora BELTRÁN DE HEREDIA ARRONIZ: Muchas
gracias por la aclaración.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

Cuando quiera, señor Reniu.

El señor RENIU VILAMALA: Moltes gràcies,
president.

De hecho, no voy a extenderme demasiado, por lo que
su señoría del Partido Nacionalista Vasco podrá intervenir
rápidamente.

Señorías, permítanme empezar también con un
preámbulo y una obviedad. Esta Ley de memoria democrática no es en modo
alguno la ley de Esquerra Republicana. Lo saben ustedes, porque en el
trámite en el Congreso nuestra formación se abstuvo. Obviamente, no
impidió la tramitación; valoró la inclusión de algunos elementos, pero
consideramos que adolece de diversos aspectos que, como vamos a intentar
defender, nos hemos encargado de hacer evidentes con nuestras enmiendas.
Ello no es óbice para que, con la misma claridad, afirmemos que no
compartimos ninguno de los argumentos esgrimidos anteriormente en el
debate de los vetos, como así nos hemos encargado de demostrar con
nuestro voto en contra.

Las palabras clave son muy fáciles: verdad,
justicia, reparación y garantía de no repetición. Si estamos aquí, es
para garantizar eso; si estamos aquí, es porque el trabajo incansable de
las organizaciones memorialistas lo han hecho posible; si estamos aquí es
porque una parte importantísima de la sociedad española ha presionado
para que por fin se avanzara en la resolución y la garantía de la verdad,
la justicia, la reparación y la garantía de no repetición. Con algunos
elementos estamos de acuerdo, pero, como no puede ser de otra forma,
tenemos también observaciones importantes y de calado a realizar al texto
que se nos ha remitido por el Congreso de los Diputados. Las mejoras no
son ni cosméticas ni estilísticas, sino que atañen a cuestiones de fondo,
a cuestiones sustanciales, como la enmienda colectiva presentada con los
senadores de Junts per Catalunya, Compromís y Més per Mallorca, la
número 63, que propone la supresión del título de rey, que ha sido
inadmitida por la Mesa del Senado.

Es incomprensible la disparidad de criterios entre
el Congreso de los Diputados y el Senado, toda vez que allí se admitió y
se aceptó su tramitación. ¿Podrá alguien aclararnos dicha disparidad de
criterios en ambas Cámaras? ¿O es que estamos en una Cámara que practica
—esperemos que no— una suerte de control preventivo de
constitucionalidad? Si así fuera, tendríamos un problema. Y no lo
tendrían ustedes con una enmienda concreta de un grupo parlamentario
concreto que advoca por una cuestión, a nuestro criterio, necesaria e
indispensable, no, lo tendríamos porque, a fin de cuentas, se estaría
socavando —me ha faltado oírlo en las intervenciones
anteriores— ese marco constitucional —comillas— «que
nos dimos entre todos». Algunos no lo votamos por edad; otros no lo
votaron por voluntad.

En cualquier caso, la disonancia cognitiva entre
diferentes criterios para una cuestión tan relevante como la planteada en
la enmienda 63 merecería algún tipo de consideración o explicación.
Obviamente, son preguntas retóricas, puesto que se nos dirá que los
argumentos presentados en el texto que se nos ha remitido son los
correctos. Pero ni nos convence la decisión, ni dejaremos, en este caso
como republicanos convencidos que somos, de creer que ni la monarquía es
un regalo caído del cielo, ni aporta nada al funcionamiento del sistema
político, habida cuenta de la ejecutoria de ambos monarcas, sobre todo
desde que Franco designara al primero de ellos como su sucesor a título
de rey y jurara, ese, los principios generales del movimiento. A menudo
lo olvidamos.

Dicho esto, hemos presentado más de cincuenta
enmiendas propias al texto recibido del Congreso, así como cuatro
conjuntas con Junts per Catalunya, Compromís y Més per Mallorca, una de
las cuales es precisamente la número 63, que ha sido inadmitida.

No pasaré al detalle de cada una de ellas, ya
tendremos ocasión en el momento de su debate en el Pleno, pero les voy a
solicitar, como no podría ser de otra forma, que las tomen en
consideración, aunque no somos tan ingenuos. Imaginamos que se nos dirá
que la gran mayoría de enmiendas ya fueron objeto de debate en el
Congreso; que ese trabajo ya se realizó y que, por lo tanto, aquí son
sobreras o no tienen ningún tipo de relevancia puesto que... Claro que
sí; claro que sí.

Nosotros, mal que les pese, seguiremos defendiendo
el valor de una Cámara de segunda lectura como es esta. Si no lo creen
así, suprímase. Pero mientras sigamos presentes en una Cámara de segunda
lectura como es esta —fíjense que no les digo nada de
representación territorial porque tampoco acaban centrando la actividad
en ese ámbito—, nosotros vamos a seguir defendiendo la lógica
parlamentaria básica de poder enmendar los textos legislativos que se
reciben.

Finalmente, permítanme, con el mayor de los
respetos, la cordialidad, la apertura de miras y la voluntad negociadora
que nos caracteriza, recordarles a las señorías del Grupo Parlamentario
Socialista, como saben perfectamente, que no es nuestra ley. Y recuerden
también aquella máxima, que cada vez, y más en esta casa, cobra mayor
importancia en nuestro contexto, según la cual no negociar es
perder.

Muchísimas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador.

Las enmiendas presentadas por diversos senadores,
de la 60 a la 62, que también suscribe el señor Reniu, no sé si quiere
mantenerlas. Usted es el único de los enmendantes que está presente.

El señor RENIU VILAMALA: Graciès, president.

Obviamente, damos por defendidas las
enmiendas 60, 61 y 62 y mantenemos, como se ha señalado anteriormente,
las anteriores.

El señor PRESIDENTE: Aprovecho para preguntarle lo
mismo sobre la enmienda número 7.

El señor RENIU VILAMALA: También. Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

A continuación, para la defensa de la enmienda
número 127, del Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra la senadora
Beltrán.

La señora BELTRÁN DE HEREDIA ARRONIZ: Eskerrik
asko, presidente.

Basándonos en la negociación y el acuerdo que hemos
alcanzado con el Grupo Socialista respecto de esta ley, anuncio que vamos
a retirar la enmienda número 127.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora.

A continuación, para la defensa de las
enmiendas 128 a 228, tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Popular
la senadora Pradas.

La señora PRADAS TEN: Gracias, presidente.

Simplemente, para dar por reproducidas y defendidas
las enmiendas y anunciar que, en el caso muy probable de que decaigan y
sean inadmitidas, las mantendremos como voto particular en el Pleno.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora.

¿Algún grupo va a intervenir en contra de las
enmiendas? (El señor Pérez García pide la palabra).

Tiene la palabra, señor Pérez.

El señor PÉREZ GARCÍA: Muchas gracias, señor
presidente. Muy buenas tardes, señoras y señores senadores.

Me ha encargado el grupo que realice el estudio de
las enmiendas, que he intentado hacer lo más pormenorizadamente posible,
y al final de ese trabajo, que ha sido arduo, se me han ido formando
algunos estados de ánimo y formando criterio también. Ese criterio se ha
visto afianzado por algunas de las intervenciones que he oído hoy,
especialmente la de la representante del Grupo Popular.

En este tipo de debates se suelen hacer a veces
pequeñas confidencias de tipo personal a las que yo he sido siempre
bastante remiso. Quiero decirles que los canarios, cuando tenemos que
abandonar abruptamente nuestra tierra, tenemos una sensación de orfandad,
de abandonar nuestra patria —e interprétenlo como quieran porque yo
me siento español, muy particularmente de la España
constitucional—. Y esto lo tiene uno que vivir a los 20 años recién
cumplidos, perseguido por una brigada de pistoleros, la brigada
político-social, en aplicación del Real Decreto Ley 10/1975, de 26 de
agosto, de prevención del terrorismo, que sancionaba la propaganda contra
el propio decreto, en el que la Dictadura quebraba un tímido habeas
corpus que había ido estableciendo en las leyes fundamentales del reino.
No quiero profundizar en este asunto, pero entiendan que soy una persona
que ha vivido esta experiencia y algunas otras en las que no quiero ahora
detenerme. Por ejemplo, lo que ocurrió el día 23 F, cuando era muy
jovencito, profesor de universidad, y fui detenido por una dotación de la
entonces recién nombrada Policía Armada, cuya matrícula, cuyo jefe de
unidad podría relatar a sus señorías.

Me resulta durísimo intentar ponerme en el sitio de
las personas que han sufrido desapariciones, torturas, vejaciones a lo
largo de la guerra, cuyas víctimas están protegidas por esta ley
cualquiera que sea el bando en el que estuvieran alineadas, aunque
estuvieran en el lado contrario, en el lado malo, como decía la
recomendación de la Asamblea del Consejo de Europa, de 17 de marzo
de 2016. Esta ley las protege. Ocurre que, a partir de la instauración de
un régimen ilegal, en mi opinión, delincuente, que fue el régimen del
general Franco, todos los agravios y salvajadas que pudieron sufrir los
partidarios del llamado bando nacional, el de los alzados contra la
república, el de los militares felones, fue objeto de una memoria y de
una dignificación hasta el límite. Yo lo viví de niño, lo tengo en mi
memoria; a lo mejor alguna de sus señorías por su juventud no lo tiene,
pero queda un larguísimo periodo.

He estado leyendo estos días las resoluciones, por
ejemplo, del Parlamento Europeo de 2019. No es una resolución antigua, es
reciente, porque recientemente se están intensificando los movimientos de
revisión de los hechos históricos, y el Parlamento Europeo pone
especialmente la atención en lo grave que es la distorsión del hecho
histórico y lo imprescindible que es la memoria para la reconciliación.
Hay una parte de la ciudadanía española que tiene un profundo problema
—vital, familiar, afectivo— pendiente de satisfacer, y
tenemos que ponernos al lado de ellos.

He visto la legislación que se fue dictando a
partir de los inicios de la Transición y normalmente es legislación
limitada al periodo de la Guerra Civil, que es en el que quiere seguir
manteniéndose el Partido Popular. He oído relatos de la Transición y hoy
me he quedado un poco impactado cuando han empezado la loa de las figuras
prominentes —que lo merecen— por don Manuel Fraga, al que
respeto y respeto su memoria, pero sé quién fue y, sobre todo, sé que ni
él ni Alianza Popular —que son los padres espirituales de
ustedes— votaron a favor de la Constitución; no votaron a favor.
(Varias señorías golpean repetidamente su mesa con la palma de la mano).
Cuando les oigo, he tenido que buscar los cárteles del referéndum
constitucional: Alianza Popular, abstención.

He oído también decir, entre muchas
tergiversaciones y distorsión de los hechos históricos, que este proyecto
de ley lo han redactado los herederos de ETA. Se lo he oído decir a José
María Aznar; es más viejo que yo, no votó a favor de la Constitución y
cometió probablemente el acto más grave de toda esta historia
democrática, embarcar a nuestro país en una guerra ilegal y en contra de
la opinión mayoritaria de la sociedad española. (Varias señorías golpean
repetidamente su mesa con la palma de la mano). Parece que ETA tiene
herederos y los va a tener siempre, pero ¿no ha habido herederos del
franquismo? ¿Se han desvanecido?

En cuanto a las enmiendas que han presentado los
grupos que han apoyado el espíritu de esta ley, tengo que decir que esta
no es una ley que termine un proceso; todos los hitos han sido
relanzamiento, han contado con el aliento de reivindicación, de memoria,
de reparación y de no repetición, y tampoco hay que hablar en términos
super solemnes de ella; tiene los objetivos que tiene.

Les he visto plantear, por ejemplo, enmiendas sobre
persecución penal de los hechos que se acaben determinando en estas
declaraciones. La legislación española es perfectamente clara al respecto
y el proceso penal requiere exigencias de responsabilidad penal a quien
vive, porque la muerte extingue la responsabilidad penal. He visto
también exigencias de reparación económica. Se han ido dictando normas a
lo largo de toda la Transición, normas justas, positivas, pero esta ley,
en la disposición adicional quinta, establece la creación de una comisión
que va a estudiar este asunto y va a proponer medidas, haciendo un
balance de las que ya se hayan dictado. Y también han pedido la supresión
de esa disposición adicional —enmienda 129 del Grupo
Popular—.

Hablan también algunos de los grupos enmendantes de
la Ley de amnistía. La Ley de amnistía, en realidad, fue una ley de
libertad para los que estaban encarcelados, y los que habían cometido
crímenes impunes al socaire del franquismo la vieron como una ley de
punto final. Pero detrás de la Ley de amnistía esta la ley por
excelencia, nuestra Constitución, y el artículo 10.2 deja este asunto
resuelto, al menos según criterio de un modesto profesor de Derecho
Constitucional que ha ejercicio la docencia durante treinta años
efectivos. Deja este asunto resuelto, a expensas, básicamente, de la
interpretación que deben hacer los tribunales, que se deben a la
Constitución —el artículo 9 de la Constitución obliga a todos los
poderes del Estado— y a la Ley Orgánica del Poder Judicial,
artículo 4.

Hay discusiones competenciales, en algún caso, yo
creo que poco fundadas. El Estado tiene título más que sobrado para
dictar esta ley —artículo 149.1.1.ª—. Pero, además, el
artículo 15, apartado 1, dignidad integral de las personas, porque esa
dignidad se integra definitivamente en el estatuto de la ciudadanía
democrática.

Por lo demás, es una ley presidida por el espíritu
de cooperación entre las diferentes administraciones públicas, que debe
ejecutarse con arreglo a un criterio de lealtad constitucional. No serán
el Gobierno ni el Partido Socialista quienes no puedan presentar una
larga tradición de respaldo y de lealtad al modelo de convivencia que la
Constitución española ha fundado.

Finalmente, cuando uno ha tenido experiencia en la
labor legislativa y se ha dedicado por razones docentes al estudio de
estas cosas y ve un proyecto de ley y los vetos y enmiendas al
articulado, uno se pone a pensar qué va a significar —un ejercicio
de imaginación jurídica legislativa— la aplicación de esa ley a la
realidad. Y me he puesto a pensar qué va a ocurrir si prospera el veto
del Grupo Popular, ya no digo de Vox, que empieza su relato hablando de
que la Segunda República se autodestruyó. A partir de ahí, poco hay que
hablar.

El Grupo Popular presenta un montón de enmiendas
contrarias al derecho a la verdad, a la investigación; desdeña la
actividad, los reconocimientos de las asociaciones beneméritas,
asociaciones memorialistas; se resiste, mediante enmiendas de supresión,
a la retirada de símbolos de la Dictadura y del autoritarismo. Dictadura,
por cierto, esa sí, de connotaciones claramente totalitarias, aquella
dictadura entre cuyos primeros apoyos estaban los cardenales Plá y Deniel
y Gomá, que hablaban de bellum sacrum, una cosa terrible.

Pero, además —que para mí es
determinante—, pretenden que no se revisen ni revoquen recompensas
otorgadas por la Dictadura a personas involucradas en actividades o en
actos contra los derechos humanos; sobre todo esa revocación de los
títulos nobiliarios, entre los que están nada menos que el duque de Mola,
el director que, en su instrucción secreta, ordenó a los golpistas
emplear la violencia extrema; personajes como Saliquet y otros
importantísimos miembros de los alzados contra la legalidad de la Segunda
República. Y cuando uno se pone a pensar en qué ocurriría con todas esas
enmiendas si prosperaran y, en consecuencia, la ley las incorporara y se
aplicaran a la realidad, es que ustedes habrían reelaborado el relato
histórico, distorsión de los hechos, y lo habrían reelaborado, en el
fondo, para reivindicar, para legitimar —blanquear se dice—
la Dictadura y sus desmanes. (Varias señorías golpean repetidamente su
mesa con la palma de la mano).

He tenido que hacer ese ejercicio y lo he hecho,
por coherencia con los valores y los principios a los que pretendo
representar en este acto. Me ha venido mucho a la memoria una vieja
canción argentina que se titula Como la cigarra: Tantas veces me mataron,
tantas resucité. Y, ahora, las víctimas de la Dictadura resucitan
representadas con gran orgullo, con gran compasión por su sufrimiento,
por las personas que estamos continuando con este proceso de
restablecimiento, de reparación, defendiendo este proyecto de ley, que
hay que insertar en esa estela que arranca de la Transición, pero que
tiene todavía asuntos muy serios pendientes de resolver, de reparar.

Termino, no soy yo, no es el Grupo Socialista, es
el Parlamento Europeo el que, en 2019, insta a los gobiernos de los
Estados miembros explícitamente a fomentar la memoria en los estudios,
que es buena parte de lo que esta ley pretende y el Grupo Popular
pretende que no se apruebe. Me parece que esta ley está inserta en esa
estela, una estela que se reactiva no al final de la Segunda Guerra
Mundial, no a principios de este milenio, sino en 2019 por el Parlamento
Europeo, porque están aflorando formaciones políticas, con las que el
Partido Popular tiene lazos de cogobierno, y algunos editorialistas que
les dan a ustedes instrucciones o recogen las cosas que ustedes les
dicen, hablan ya de centroderecha en Italia. Recuerdo que al que llaman
ahora eufemísticamente centroderecha está integrado por un grupo heredero
directamente del Movimiento Social Italiano, los misinos de Giorgio
Almirante, cuya consigna era: Non rinnegare, non restaurare. Hay una cosa
que es evidente en esa consigna: hay gente que no reniega de la Dictadura
y que se niega, por activa o por pasiva, directa u oblicuamente, a
condenarla.

Muchas gracias, señorías. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

A continuación, tenemos el turno de portavoces, de
menor a mayor, que, como convinimos en la Mesa, será de cinco
minutos.

El primero de ellos es el Grupo Parlamentario
Mixto.

Tiene la palabra el señor Marín Gascón, cuando
quiera, por cinco minutos.

El señor MARÍN GASCÓN: Gracias, presidente. No
vamos a intervenir.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Marín
Gascón.

A continuación, tiene la palabra el Grupo
Democrático por cinco minutos. (Denegaciones). También rechaza su
turno.

Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Confederal,
tiene la palabra por cinco minutos el señor Gómez Perpinyà.

El señor GÓMEZ PERPINYÀ:






Muchas gracias, señor
presidente.

Señorías, mal que les pese al Grupo Popular, a Vox,
etcétera, esta no es una ley sobre el pasado: es una ley esencialmente
sobre el presente, que, fundamentalmente, mira al futuro; porque el dolor
de las víctimas sigue existiendo; porque todavía hay personas que están
buscando a sus familiares en las cunetas; porque aún se siguen esperando
exhumaciones que no han terminado de llegar. Y por todo ello, señorías,
es una ley que está pensada y que pretende garantizar justicia,
reconocimiento y reparación a todas las víctimas.

Señorías del Grupo Popular, parece de Perogrullo,
pero no es así en atención a las intervenciones que hemos escuchado esta
mañana. Otorgar derechos a unas víctimas no significa que otras los
pierdan. Yo creo que esta tesis es esencial; prácticamente con esta frase
creo que terminan desmontados todos sus argumentos y excusas para
intentar descabalgarse de la que entiendo que es una iniciativa de
sentido común. La democracia suma derechos, no los resta. Hoy vamos a
iniciar la aprobación de una ley en la que los hijos y los nietos de los
vencedores van a mantener íntegramente todos los derechos que tienen
garantizados. De lo que se trata es de que los hijos y los nietos de los
que nunca se rindieron, por una vez, puedan ser reparados y reconocidos
en todos sus derechos también. Quienes están en contra de esta ley,
señorías, esencialmente están en contra del principio más elemental de
justicia, que encarna con la tradición constitucional española, pero
especialmente con los principios más básicos de la democracia.

Personalmente, señorías del Grupo Popular, me
resulta repugnante la falta de empatía de la derecha hacia las víctimas.
La transición española, siguiendo el adjetivo utilizado por la portavoz
del Grupo Popular, efectivamente fue muy generosa; lo fue, por ejemplo,
con los herederos del franquismo, generosidad, por cierto, que no se ha
terminado en democracia. No hay que ir muy lejos, basta con acudir a las
iniciativas que ha aprobado el Partido Popular, su colega
Martínez-Almeida, en el Ayuntamiento de Madrid en esta misma legislatura:
ha recuperado para Madrid la calle general Millán-Astray, la calle Caídos
de la División Azul, la calle Hermanos García Noblejas y la calle del
Crucero Baleares, entre otras.

Señorías, se lo decía en la primera intervención y
se lo vuelvo a repetir en esta. Llevamos varias semanas de intoxicación
mediática, de declaraciones para generar confusión y manipulación, así
que yo creo que es muy importante dejar clara una cosa, que ya la ha
dicho alguno de los intervinientes que me han precedido en el turno de
palabra: esta no es una ley ni una discusión sobre las víctimas de ETA.
Tengan la decencia, señorías de la derecha, de no instrumentalizar una
vez más a las víctimas para sus intereses electorales ni de intentar
enfrentar a unas víctimas con otras.

El Partido Popular ha avisado de que derogará esta
ley; bueno, la derogará si consigue gobernar España, que eso está por
ver, señorías. Yo les voy a recordar algo que decía el señor Maroto.
Decía: No me temblarán las piernas para llegar a acuerdos con nadie. Y
creo que esto es bueno, ojalá sucediese en más foros. Esto es lo que
decía justo antes de irse a Sotosalbos. Es necesario hablar entre todos.
En este momento, excluir no está en la agenda. Yo reivindico las palabras
del señor Maroto sin que sirva de precedente.

Yo no pude votar la Constitución, lo que no me
excluye del debate sobre lo que fue el periodo constitucional. Yo supongo
que estarán de acuerdo con esta afirmación porque la mayoría de ustedes
probablemente tampoco votó esta Constitución. Y crecí escuchando que la
Transición había sido un proceso modélico en el que unos señores con
traje y con ideas diferentes se reunieron en un despacho para darse un
abrazo y que la democracia se la tenemos que agradecer a Juan Carlos I,
que hoy se esconde de todos los españoles, porque se le cae la cara de
vergüenza. Pero si la Transición fue tan modélica, tan intachable y tan
incuestionable como ustedes a veces dicen, ¿qué hacemos hoy discutiendo
en torno a esta ley? Si todo quedó resuelto en la Transición de manera
atemporal y universal por los siglos de los siglos, ¿qué hacemos hoy,
entonces, debatiendo sobre esto? Bueno, pues es muy sencillo, señorías.
Yo creo que hay que huir de los discursos maximalistas. Es evidente que
hay heridas que no se terminaron de cerrar. Han pasado cuarenta años,
gobiernos del Partido Socialista, gobiernos del Partido Popular, dos
crisis económicas, un 15-M, el desgaste del sistema de partidos, y hoy
damos un paso al frente para hacer justicia. ¿El último? Probablemente
no, pero uno que yo creo que es importante.

Señora portavoz del Grupo Popular, no solo hubo
víctimas durante el franquismo; naturalmente las hubo durante el
franquismo, pero también las hubo después. Hace pocos meses, el
historiador David Ballester identificó 134 víctimas que murieron por
excesos policiales durante la transición española, del 75 al año 82. Dice
literalmente: Mataban a un ciudadano cada veinte días. El mismo día que
yo nací, señoría, el 20 de noviembre de 1989, asesinaron en Madrid al
diputado de Herri Batasuna Josu Muguruza. Hace dos días, señoría, se
cumplieron cuarenta y siete años de los últimos fusilados del franquismo:
Jose Humberto Baena, José Luis Sánchez Bravo, Ramón García Sanz, Juan
Carlos Paredes Manot y Ángel Otaegui. Es evidente que hay heridas que
nunca se cerraron, aunque hace muchísimos años que llegamos tarde, y hay
víctimas que nunca van a poder alcanzar esa justicia que hoy
reivindicamos. Yo creo que vamos a dar este paso hacia adelante y vamos a
hacer justicia, aunque de verdad sea tarde.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Gómez
Perpinyà.

A continuación, por el Grupo Parlamentario Vasco,
tiene la palabra la señora senadora Beltrán de Heredia.

La señora BELTRÁN DE HEREDIA ARRONIZ: Gracias,
presidente.

La Ley 52/2007, de memoria histórica, siendo una
ley que supuso una palanca en el ordenamiento jurídico para el
reconocimiento de las víctimas de la Guerra Civil y también de la
dictadura franquista y para el impulso de políticas públicas de memoria,
también ha revelado a lo largo de estos años que tiene carencias; lo han
puesto de manifiesto distintas organizaciones memorialistas y también
organismos internacionales.

Con este Proyecto de Ley de memoria democrática que
estamos tramitando creemos que se da un paso más que, aunque,
efectivamente, se ha considerado en algunos aspectos insuficiente, supone
un avance en la mejora y en la superación de las carencias que se han
detectado en la Ley de 2007 para restaurar la memoria y la dignidad de
las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura franquista.

Se dan pasos importantes, como el compromiso que
asume el Estado en la búsqueda de las personas desaparecidas y la entrega
a sus familiares y también con la investigación y el estudio de
actuaciones de vulneración de derechos humanos ocurridas más allá del 78
y que aún están por resolver, en línea, por cierto, con lo que establecen
directivas europeas y también la Resolución 18/7 de 2011 del Consejo de
Derechos Humanos de Naciones Unidas, del mandato del relator especial
para la promoción de la verdad, justicia, reparación y garantías de no
repetición, que expresa concretamente, que se hace necesario que todo
gobierno democrático enfrente también con medidas legislativas aquellas
situaciones en las que se hayan producido violaciones de normas
internacionales de derechos humanos y violaciones graves del derecho
internacional humanitario.

Es esta una ley necesaria para reparar la
injusticia del olvido, de la ocultación de la verdad, que reconoce a
aquellas personas que defendieron la legalidad frente a la ilegalidad del
régimen franquista y de sus tribunales y resoluciones, reconociendo su
derecho a interponer recurso y obtener reparación. Es una ley —lo
quiero señalar— que mira a las mujeres, el papel tantas veces
olvidado de las mujeres en la defensa de la democracia y la libertad, que
visibiliza y reconoce el sufrimiento, las vejaciones, las violaciones,
las humillaciones que sufrieron por el hecho de ser mujeres, añadiendo
más dolor al dolor.

Valoramos positivamente que se reconozca el derecho
a la recuperación de los bienes expoliados durante la Guerra Civil, tanto
a particulares como a instituciones y partidos políticos, del mismo modo
que consideramos importante que se garantice el acceso a los fondos
documentales de archivos públicos y privados a las personas interesadas y
a sus herederos sobre los hechos acontecidos en el periodo que afecta a
la ley. Sin embargo, en este sentido, el Grupo Vasco tiene que seguir
insistiendo en que esperamos que con la modificación de la Ley 9/1968
—la conocida como Ley de secretos oficiales— que contempla la
disposición adicional sexta de esta ley se levante ese denso muro de
oscurantismo y ocultación sobre tantas actuaciones de los poderes
públicos pendientes de esclarecer y que están privando a las víctimas del
derecho a la verdad.

No quiero terminar sin poner de manifiesto el
reconocimiento que hace la ley a la labor realizada por las entidades
locales y por las comunidades autónomas en la construcción de la memoria
democrática y la necesidad de establecer mecanismos de colaboración desde
el absoluto respeto al ámbito competencial.

Con la aprobación de esta ley, con el trámite que
hoy superamos en esta comisión, damos un paso más para preservar y
mantener la memoria, para fomentar el reconocimiento y la reparación y
para la no repetición. Creemos que es una ley necesaria, que es una ley
oportuna para dignificar la memoria de quienes lucharon por la libertad y
la democracia, de aquellos que fueron víctimas olvidadas y represaliadas
durante la Guerra Civil y la Dictadura, incluso en años posteriores.
Fueron expoliadas, perseguidas, enjuiciadas sin ningún tipo de garantía,
condenadas por motivos ideológicos, mientras que otras fueron encumbradas
con honores. Quien hoy niega la necesidad de esta ley está negando el
derecho a la verdad.

Eskerrik asko.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora
Beltrán de Heredia.

A continuación, por el Grupo Parlamentario Esquerra
Republicana-Euskal Herria Bildu, tiene la palabra el señor Reniu por un
tiempo de cinco minutos.

Cuando quiera, senador.

El señor RENIU VILAMALA: Gràcies, president.

Nuestra intervención va a ser muy breve porque,
básicamente, ya hemos señalado lo que nos interesaba destacar en la
anterior intervención, pero quisiera volver sobre los cuatro conceptos
clave: verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición; esa es
la clave.

Garantía de no repetición entiendo que es el
objetivo que tenemos todos, pero luego, cuando uno se para a analizar los
conceptos de verdad, justicia y reparación, aquí empiezan a chirriar
diferentes posiciones. Empecemos por la verdad. Parece que a algunos
grupos parlamentarios les provoca sarpullidos que profundicemos en la
búsqueda de la verdad, pero es que la búsqueda de la verdad es
indispensable para conseguir justicia, es indispensable para que esa
justicia se torne en reparación y, por lo tanto, esa búsqueda de la
verdad no es un elemento que debiera dividirnos, sino que debería ser el
elemento que nos aglutinara. La verdad en todos los ámbitos; en los
ámbitos de aquellos que tuvieron que estar callados porque o no podían
hablar por estar muertos en cunetas o no podían hablar porque si
levantaban la voz eran aún más represaliados, fuesen mujeres, fuesen
lesbianas, fuesen homosexuales, fuesen anarquistas, fuesen comunistas,
fuesen socialistas, fuesen republicanos, fuesen demócratas.

Por lo tanto, algunas afirmaciones y algunos de los
párrafos de los textos de veto o de las enmiendas provocan
—permítanme que se lo diga con estas palabras— repulsa, por
no decir asco, que no lo diré. Por lo tanto, es indispensable buscar la
verdad si realmente se creen un elemento que, en nuestra modesta opinión,
es una falacia, como es ese pacto maravilloso y chiripitifláutico de la
Transición. Mucho se ha hablado de que el caso español es un ejemplo en
el que mirarse los diferentes Estados de la antigua Unión Soviética en su
transición a la democracia o incluso Latinoamérica, pero una transición
básicamente consta de seis fases que se van solapando entre ellas.

La primera es un elemento de crisis que provoca la
caída, y aquí la crisis la provocó la muerte en la cama del dictador. Un
segundo elemento es la sustitución del personal político anterior y de su
simbología. Algo no hemos hecho bien cuando casi cincuenta años después
seguimos encontrando no solo las referencias, por ejemplo, que ha
señalado el compañero de Más Madrid, sino otras en múltiples puntos de la
geografía del Estado español. Y ya no les hablo del personal político,
porque básicamente las élites políticas, militares y judiciales de la
alta Administración mantuvieron sin ningún tipo de problema su posición y
se convirtieron ipso facto en feroces guardianes de la democracia
—comillas— «que nos hemos dado entre todos». Esa es la parte
que me gusta porque prácticamente la mitad de la población española no
votó la Constitución y una parte importante, como ya se ha señalado y
como dije anteriormente, tampoco la votó por voluntad, unos por edad y
los otros por carencia de voluntad. La tercera fase es la sustitución de
la legalidad y la legitimidad, y eso se produjo entre élites. Por lo
tanto, ¿dónde está ese carácter tan fantástico de ese texto? Y finalmente
hay tres consensos básicos que, en nuestra opinión, no se han cerrado y
que esta ley puede ayudar a completar de manera relevante en algunos
casos, como son el consenso sobre el pasado, el consenso sobre el
presente y el consenso sobre el futuro.

En el consenso sobre el pasado, no hemos tenido
nunca una verdadera búsqueda de la verdad, de la asunción de
responsabilidades y de la exigencia de rendición de cuentas. Y si no
tenemos eso, no podemos hablar de reparación. Y aunque en la ley se
avanza, no se atina a asumir por parte del Estado todo lo que implica esa
reparación. Nos referimos también a la reparación patrimonial; no solo a
un papel que establezca, por ejemplo, la nulidad de un juicio sumarísimo,
sino a la restauración económica y patrimonial de ciudadanos, pero
también de organizaciones políticas —sin ir más lejos, la formación
a la que represento ha sido la más represaliada de todo el
periodo—, también de los ateneos, también de las cooperativas, y
también de otras asociaciones y otros entes equivalentes a ellos.

Por lo tanto, señorías, si de verdad nos creemos
que lo que estamos haciendo vale la pena —y yo creo que sí—;
si de verdad nos creemos que las personas que deben recibir el resultado
de nuestro trabajo son el conjunto de la ciudadanía, por favor, al menos
moderen algunos de los argumentos falaces, vacíos y casi insultantes que
hemos oído hoy. Obviamente, cada uno es libre de proferir sus opiniones,
faltaría más, pero también lo es dejar claro que algunos de esos
argumentos no ya a nosotros, sino a una parte importante de la
ciudadanía, le pueden herir no solo su sensibilidad, sino su memoria, que
sería lo más peligroso.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador
Reniu.

A continuación, tiene la palabra el Grupo
Popular.

Señora Pradas, cuando quiera.

La señora PRADAS TEN: Como habíamos advertido
previamente, nosotros no vamos a hacer uso de la palabra. Simplemente,
nos ratificamos en lo ya manifestado en las dos intervenciones
anteriores.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

Por último, por el Grupo Parlamentario Socialista,
tiene la palabra el senador Rallo por tiempo de cinco minutos.

Cuando quiera.

El señor RALLO LOMBARTE: Muchas gracias,
presidente.

Creo que ya ha quedado claro a lo largo del debate
de hoy que ni traición a los valores de la Transición ni derogación de la
Ley de amnistía ni ruptura del Pacto constitucional. Ese es un relato
falaz que la derecha ha enarbolado. Lo único cierto es que España es una
democracia avanzada y moderna, que la Constitución de 1978 es ejemplo de
compromiso, consenso y concordia, y que la Transición fue la historia de
un éxito en la que los socialistas tuvimos un papel decisivo.

En este contexto era y es lógico que la
recuperación de la memoria histórica fuera y sea un imperativo moral.
(Rumores).

El señor PRESIDENTE: Les ruego a sus señorías que
guarden silencio, por favor.

El señor RALLO LOMBARTE: De ahí que en 2007 una
ley, la Ley de memoria histórica, supusiese un salto significativo para
lograr el objetivo de dignificación y de dignidad histórica, una ley puro
Zapatero. Pero para llevar a la práctica dicha ley, se necesitaba
esfuerzo, políticas y recursos, y todos recordamos la frase de Rajoy: «Ni
un euro para la memoria democrática».

Desde 2007 han pasado muchas cosas en este país:
hemos visto muchas misas y hemos seguido viendo muchas manifestaciones
el 20 de noviembre; hemos visto atentar contra monumentos de referencias
históricas, como las de Largo Caballero o Indalecio Prieto; y hemos visto
retirar por el ayuntamiento de la capital de nuestro país un memorial a
los fusilados por el franquismo en el cementerio de la Almudena. Hemos
visto cosas que necesitan y necesitaban respuesta y que necesitaban una
nueva norma, una nueva ley, la que hoy debatimos y esperamos que se
apruebe. Una ley que, con el permiso de quien, a buen seguro, es su autor
—de su puño y letra—, el secretario de Estado de Memoria
Democrática —a quien quiero hoy saludar, porque nos acompaña en
este debate—, se denomina de memoria democrática y que yo casi me
atrevería a rebautizar. Esta ley viene a sustituir la Ley de memoria
histórica y me atrevería a rebautizarla precisamente con el nombre de ley
histórica de la memoria. La Ley de memoria histórica da su relevo a la
ley histórica de la memoria democrática; una ley decisiva, necesaria y
oportuna que va a confirmar el objetivo de los principios de verdad,
memoria, justicia, reparación y no repetición.

Es una ley —es fundamental repetirlo y
recordarlo— que pone en el centro de toda su razón de ser a las
víctimas; a las víctimas de la Guerra Civil y a las víctimas del
franquismo. Una ley que aporta novedades decisivas para la recuperación
de la dignidad como país, como la declaración de la ilegitimidad e
ilegalidad de los tribunales franquistas y de las condenas; la
declaración de fechas oficiales de referencia, como el 30 de octubre, Día
de las víctimas, o el 8 de mayo, Día del exilio; una ley que incorpora
nuevos supuestos de adquisición de la nacionalidad española; una ley que
recupera la memoria de las mujeres, que durante la Guerra Civil, el
franquismo y la Transición también desempeñaron un papel fundamental.
Pero una ley que, insisto, coloca a las víctimas en el centro y que
mandata a los poderes públicos a liderar la búsqueda de los
desaparecidos, la apertura de fosas, con un plan de exhumaciones, con un
mapa de fosas, con un banco nacional de ADN de las víctimas; una ley
fundamental para la reparación integral.

Y una ley que no solo es para dignificar y
garantizar esos derechos a las víctimas, sino que es un ley para
recuperar y difundir la memoria; para investigar académicamente e
investigar jurídicamente; resignificar centros de infausta memoria,
retirar símbolos, distinciones y condecoraciones, que lo hemos visto y ya
se ha dicho, indignas; supresión de títulos nobiliarios
ignominiosos.

Señorías, hoy ha quedado claro que ese relato que
la derecha ha querido construir para oponerse, envalentonada, a esta Ley
de memoria democrática ya no tiene nada en que se sustente, porque esta
ley es un imperativo moral para reparar el daño individual y el daño
colectivo, para dignificar la memoria y la historia de nuestro país; para
neutralizar el olvido y evitar la repetición; y lo que es fundamental,
señorías, para formar futuras generaciones en derechos y en valores, y
recuperar la dignidad y la decencia de nuestro país.

En la aprobación de la ley esperamos contar con el
apoyo mayoritario de toda esta Cámara, como ya lo tuvo en el Congreso
hace pocos meses.

Muchas gracias, presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador
Rallo.

Finalizadas estas intervenciones, se pasará a la
votación del Informe de la Ponencia. Las enmiendas defendidas solo serán
sometidas a votación en el supuesto de que el referido informe fuera
rechazado.

Por lo tanto, procedemos a la votación del informe
de la ponencia.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
a favor, 16; en contra, 13.

El señor PRESIDENTE: En consecuencia, queda
dictaminado el Proyecto de Ley de memoria democrática. (Aplausos).

Antes de levantar la sesión, les recuerdo a los
portavoces que, para mantener las enmiendas defendidas y no aprobadas
para el debate en el Pleno de la Cámara, deben presentar escritos de
votos particulares no más tarde de mañana.

Seguidamente, se designa a un miembro de la
Comisión que llevará a cabo la presentación del dictamen ante el
Pleno.

El señor RALLO LOMBARTE: El Grupo Socialista tiene
el placer de proponer al presidente de la Comisión para que presente el
dictamen.

El señor PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción sobre la
cuestión? (Pausa). Muchas gracias por la confianza.

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la
sesión.

Muchas gracias por su asistencia.

Eran las trece y cuarenta y cinco minutos.