El señor PRESIDENTE: Pasamos a dictaminar el Proyecto de Ley de
creación y crecimiento de empresas. En primer lugar, enumero, a
continuación, las enmiendas presentadas, por orden de menor a mayor. A
este proyecto de ley se han presentado ciento dos enmiendas, que se
distribuyen de la siguiente forma. Enmiendas números 1 a 13, del señor
Muñoz Lagares y del señor Sánchez López, del Grupo Parlamentario
Democrático (Ciudadanos, Agrupación de Electores «Teruel Existe» y
Partido Regionalista de Cantabria).

Enmiendas números 14 y 15, del Grupo Parlamentario Esquerra
Republicana-Euskal Herria Bildu.

Enmiendas números 16 y 17, del señor Martínez Urionabarrenetxea, del
Grupo Parlamentario Izquierda Confederal (Adelante Andalucía, Més per
Mallorca, Más Madrid, Compromís, Geroa Bai y Agrupación Socialista
Gomera).

Enmiendas números 18 a 43, de la señora Castellví Auví y del señor
Cleries i Gonzàlez, del Grupo Parlamentario Nacionalista en el Senado
Junts per Catalunya-Coalición Canaria/Partido Nacionalista canario.

Enmiendas números 44 a 75, del Grupo Parlamentario Popular en el
Senado.

Enmiendas números 76 a 78, del Grupo Parlamentario Esquerra
Republicana-Euskal Herria Bildu.

Enmiendas números 79 y 80, del Grupo Parlamentario Socialista.

Y enmiendas números 81 a 102, del Grupo Parlamentario Vasco en el
Senado.

De las anteriores, han sido objeto de corrección de errores las
siguientes: la enmienda número 14, del Grupo Parlamentario Esquerra
Republicana-Euskal Herria Bildu; las enmiendas números 16 y 17, del señor
Martínez Urionabarrenetxea, del Grupo de Izquierda Confederal; y la
número 80, del Grupo Parlamentario Socialista.

Por otra parte, el Gobierno comunicó a la Cámara el pasado día 3 de
agosto, al amparo de lo previsto en el artículo 134.6 de la Constitución
y el artículo 151 del Reglamento del Senado, que no da su conformidad a
la tramitación de las enmiendas números 9 a 12, del señor Muñoz Lagares y
del señor Sánchez López, del Grupo Parlamentario Democrático, ni a las
números 64, 69 y 71 a 73, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.
En consecuencia, dichas enmiendas no serán objeto de debate.

La ponencia designada en relación con este proyecto de ley ha
acordado por mayoría proponer a la Comisión de Asuntos Económicos y
Transformación Digital que se mantenga en sus propios términos el texto
remitido por el Congreso de los Diputados. Asimismo, ha acordado
introducir diversas correcciones técnicas, terminológicas y gramaticales
que no tienen la naturaleza de enmiendas a los efectos de lo dispuesto en
el artículo 90.2 de la Constitución.

Pasamos al debate de las enmiendas. Primero haremos la defensa de las
enmiendas, teniendo, en primer lugar, la opción de defender las
individuales y, a continuación, las de los grupos parlamentarios, por
orden de menor a mayor, por un tiempo de diez minutos.

Corresponde la defensa de las enmiendas números 1 a 8 y 13, del señor
Muñoz Lagares y del señor Sánchez López, que no están. El señor Egea
tampoco está. Por tanto, no se defienden.

Defensa de las enmiendas números 16 y 17, del señor Martínez
Urionabarrenetxea, del Grupo Parlamentario Izquierda Confederal. Tampoco
está. (El señor Furriol Fornells pide la palabra).

El señor FURRIOL FORNELLS: Deseo intervenir en este turno para pedir
a la Mesa y a los servicios de la Cámara que coordinen mejor los horarios
de las reuniones. Yo acabo de llegar tarde porque vengo de la sesión de
la Comisión de Justicia que se está celebrando desde las 12:30 horas. El
señor Martínez está ahora también en esa comisión. Pido la flexibilidad
de la Mesa para que pueda intervenir, aunque haya pasado su turno. Debe
estar terminando su intervención en estos momentos, pero tienen que
votar. Yo he tenido que salir sin votar. Por tanto, si puede mejorarse la
organización, mejor.

El señor PRESIDENTE: Gracias.

Tenemos un tiempo para la defensa de las enmiendas y luego vendrá la
intervención de los portavoces. Si están presentes van a tener la
opción.

Defensa de las enmiendas números 18 a 43, de la señora Castellví Auví
y del señor Cleries i Gonzàlez, del Grupo Parlamentario Nacionalista en
el Senado Junts per Cataluña-Coalición Canaria/Partido Nacionalista
Canario. Tiene la palabra, señora Castellví.

La señora CASTELLVÍ AUVÍ: Gracias, presidente.

Antes de nada, veo que a todos nos han ido bien las vacaciones y esta
desconexión. Deseo que empecemos bien el curso político.

Como saben, Junts ha presentado veintiséis enmiendas para las que,
evidentemente, pedimos su aprobación, que son las números 18 a 43.

En nuestras enmiendas 20 a 31, que son once, proponemos dotar de un
nuevo régimen sancionador al proyecto de ley, estableciendo medidas de
lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. La enmienda 14,
del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, también viene a sugerir
más o menos lo mismo. La letrada nos hizo un informe donde nos sugería la
inclusión en el proyecto de ley de un artículo 8 bis que encabezara el
capítulo IV, relativo a medidas contra la morosidad, y nos proponía la
adición de una nueva reorganización en la ley que incluyera un título
relativo a infracciones y sanciones. En Junts estamos de acuerdo con la
letrada y ya le hemos transmitido un escrito para solventar esta
sugerencia.

La enmienda número 42 ofrece un marco abierto de interoperabilidad y
puede dar cabida a la realidad actual de facturación electrónica que
tenemos. Esta enmienda da cobertura al formato de factura EdiFact,
estándar de facturación utilizado por más de 15 000 empresas. Nuestra
enmienda menciona también de forma no restrictiva otros formatos de
facturación electrónica, haciendo énfasis en la necesidad de utilizar
estándares globales. La enmienda 80, del Grupo Parlamentario Socialista,
va por el mismo camino. Vamos a ver si podemos llegar a acuerdos y
acabamos de hacer una transaccional o apoyamos cada uno la enmienda por
separado porque, como saben, Aecoc, esta organización, que agrupa 33 000
empresas, pide el apoyo a estas dos enmiendas, la 42 y la 80.

En el caso de que no se respetara la realidad de facturación
electrónica que existe hoy, las empresas se verían abocadas a realizar
unas inversiones muy importantes para adaptarse a los requerimientos de
la legislación en un momento que, como todos sabemos, es muy complicado,
y sin que esta inversión supusiera ningún hecho diferencial con la forma
de trabajar que tienen actualmente con sus interlocutores
comerciales.

No me voy a alargar más. Por estos motivos, les pido la aprobación en
el Pleno de nuestras veintiséis enmiendas. Ya sé que esto es muy difícil,
pero lo intento, especialmente por la enmienda 42, para que podamos
trabajar en el desarrollo e implantación de un marco abierto de
facturación electrónica, pero reconociendo también la realidad de factura
electrónica que tenemos actualmente.

También pido la aprobación de las once enmiendas, de la 20 a la 31,
donde proponemos establecer, tal como he dicho, medidas de lucha contra
la morosidad en las operaciones comerciales.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Senador Urionabarrenetxea, tiene la palabra para la defensa de sus
enmiendas.

El señor MARTÍNEZ URIONABARRENETXEA: Gracias, presidente. Y gracias
también por la comprensión de senadoras y senadores por permitirme
intervenir ahora.

El Grupo Democrático me había pedido que diera sus enmiendas por
defendidas. No sé si entra dentro del protocolo, porque si las doy por
defendidas no sé si luego las defienden ellos o no, o me toca a
defenderlas a mí, y sería todo un todo un logro conseguir que un miembro
de Geroa Bai defendiera enmiendas de Ciudadanos, pero en fin...

Dicho esto, efectivamente, las enmiendas de Geroa Bai buscan hacer
real la exigencia del pago de las facturas en las operaciones comerciales
en un plazo razonable y vigente legalmente, que es el de 60 días; hacer
real lo que hoy en España es un mero brindis al sol, porque los partidos
mayoritarios, entiendo, no quieren implantar un régimen sancionador que
sirva para que las grandes empresas no se beneficien del incumplimiento
de una ley sancionada por las Cortes Generales hace ya ocho largos años y
que, desde luego, se ha demostrado bastante ineficaz.

Por eso, proponemos un sistema similar al de Francia, que obliga a
los auditores a trasladar a la Administración las facturas que se pagan
fuera de plazo y poder abrir así, de oficio, un expediente sancionador, y
eso con sanciones que tengan efecto disuasor para el incumplidor. Estamos
convencidos de que tenemos que lograr que no salga a cuenta incumplir la
ley, y eso solo se consigue, además de con otras medidas, con un régimen
sancionador y con multas importantes.

Nuestra propuesta, entendemos, permitiría aumentar los recursos
públicos y poder destinar el dinero de esas sanciones a dar oxígeno a las
pequeñas y medianas empresas, asfixiadas por la morosidad de las grandes,
que es el remate a los sobrecostes que les suponen los precios de la
energía y de las materias primas en este momento.

Nuevamente, gracias por permitirme hablar fuera de turno.

El señor PRESIDENTE: Gracias.

Seguimos con el orden previsto. A continuación, en defensa de las
enmiendas números 81 a 102, tiene la palabra el señor
Uribe-Etxebarria.

El señor URIBE-ETXEBARRIA APALATEGUI: Eskerrik asko, presidente
jauna. Arratxalde on guztioi.

Voy a intervenir con bastante brevedad. En efecto, hemos presentado
enmiendas, concretamente de la número 81 a la 102, como usted bien ha
señalado, presidente, y de una manera muy breve quiero decir que algunas
de ellas son de carácter técnico, incluso terminológico, en la medida en
que lo que proponemos es sustituir la denominación «Secretaría para la
unidad de mercado» por la de «Conferencia sectorial para la mejora
regulatoria y el clima de negocios», que consideramos corresponde mejor
al objeto y al contenido de esta ley. Como digo, es una cuestión
terminológica o de expresión, aunque también tenemos algunas enmiendas
relacionadas con el contenido y las funciones de esta conferencia
sectorial, que en algunos casos consideramos que excede en todo caso lo
que constituye la naturaleza propia de una conferencia sectorial.

También presentamos una enmienda con relación a la base jurídica de
la disposición final cuarta. Otra enmienda considera a las comunidades
autónomas como autoridad. Y otras son sobre el TAE, etcétera.

Lo único que quiero anunciar, tras este breve repaso de nuestras
enmiendas, es que nuestro grupo tiene la pretensión de elevar todas las
enmiendas presentadas al Pleno.

Eskerrik asko.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Para la defensa de las enmiendas números 14, 15 y 76 a 78, del Grupo
Parlamentario Esquerra Republicana-EH Bildu, tiene la palabra el señor
Furriol.

El señor FURRIOL FORNELLS: Gracias, presidente.

Nosotros hemos presentado solo cinco enmiendas porque se hizo un
trabajo riguroso y de consenso en el Congreso, y por tanto, como ya
hablaremos en otro turno, la ley nos parece bastante satisfactoria y
consensuada. Sin embargo, hemos mantenido dos enmiendas que no fueron
aprobadas en el Congreso, que son la 14 y la 15, sobre el plazo de pago a
proveedores, a lo que también se ha referido el senador Koldo Martínez y
la senadora Castellví, y también había enmiendas de Ciudadanos.

Entendemos que debería existir un régimen sancionador para el
incumplimiento de la obligación de pago de las deudas dentro de plazo;
por tanto, lo mantendremos en el Pleno. Compartimos el argumento que nos
han comentado, y es verdad, de que la ley contiene ya otras medidas para
incentivar el pago dentro de los plazos legalmente establecidos. Pensamos
que probablemente dichas medidas van a tener un efecto positivo en la
reducción de la morosidad, pero ello no obsta para que consideremos que
sigue siendo necesario reforzar las medidas ya contempladas para reducir
la morosidad incorporando un régimen sancionador para el incumplimiento
de los plazos de pago. Esperamos que se aprueben y también que sea
innecesaria la necesidad de su aplicación. Pero es fundamental que la
morosidad en el pago no siga siendo una herramienta de financiación de
las grandes empresas en perjuicio de pymes y autónomos, y no solo en
perjuicio de su crecimiento y de su productividad, sino incluso de su
supervivencia. Y más vale que aprobemos ahora un régimen sancionador,
aunque pueda parecer innecesario, que que nos arrepintamos más adelante
de no haberlo hecho.

Otras dos enmiendas, las números 76 y 77, se refieren los apartados 2
y 3 del artículo 15 de la Ley de apoyo a los emprendedores y a su
internalización, enmiendas que tocan ámbitos de derechos lingüísticos tan
básicos como que los modelos simplificados normalizados de estatutos y
apoderamientos, además de constar en lengua castellana en los puntos de
atención al emprendedor, consten también en las otras lenguas oficiales
del Estado, que merecen —dicen, pero practican poco— especial
respeto y protección. Igualmente, en lo referente a los documentos
extranjeros que se presenten en los registros, la ley prevé su traducción
al castellano, pero queremos hacer constar que pueda presentarse también
una traducción en otra lengua oficial en el territorio del registro
mercantil de que se trate.

Finalmente, con nuestra quinta enmienda, la 78, pretendemos modificar
el redactado de la disposición adicional octava, sobre la inscripción de
sociedades civiles en el Registro Mercantil, en dos sentidos: uno, para
que la inscripción de las sociedades civiles, a la que no nos oponemos,
no suponga, de hecho, una ignorancia o ninguneo de la legislación sobre
sociedades civiles vigentes en territorios con competencias en derecho
civil y ello derive, vía interpretación centralizada, en una
uniformización de dicha regulación sobre sociedades civiles, que puede
ser diversa.

Por otro lado, introducir que la inscripción no sea obligatoria, sino
que sea potestativa, porque hay muchas sociedades civiles a las que no
les aporta nada la inscripción en el registro, y tampoco les importa nada
a los operadores jurídicos que estén o no estén inscritas. Yo creo que la
obligación de inscripción en el Registro Mercantil conllevaría costes
innecesarios e inútiles para la mayoría de las sociedades civiles, y la
consecuencia, que no está clara, es que existirían, en el devenir de
sociedades irregulares, las sociedades que no se inscribiesen.

La inscripción de sociedades civiles en el registro puede tener, sin
duda, efectos positivos para algunas de ellas, para muchas, aunque no
para su mayoría, pero obligarlas a todas a su inscripción registral
supone matar moscas a cañonazos, y esto es un disparate. Además, no se
establece un plazo para la inscripción de las sociedades civiles ya
existentes ni una disposición transitoria sobre el régimen legal de las
ya constituidas, lo que supondría un caos, pasando a ser potestativa la
inscripción en el Registro Mercantil, lo que podrán solicitar aquellas
sociedades que consideren que la inscripción registral las beneficia por
los motivos que sea, por ejemplo, que aporta publicidad formal a la
propia sociedad y a quienes se relacionan con ella, como clientes,
proveedores o bancos, y que quieran tener certeza sobre la existencia de
la propia sociedad y también sobre los poderes, los cargos
representativos, etcétera.

Serán principal y precisamente dichas ventajas de la inscripción lo
que provocará que muchas sociedades civiles acaben optando por
solicitarla y que, en cambio, otras muchas, sin duda la inmensa mayoría,
no lo hagan mientras nada aporte a las propias sociedades o a los
operadores jurídicos que se relacionan con estas. Solo quiero añadir que
la inscripción potestativa no es una institución extraña a nuestro
sistema mercantil, pues así, por ejemplo, en el artículo 19 del Código de
Comercio se expone la inscripción potestativa en el Registro Mercantil
para los empresarios individuales. Esta inscripción no es un requisito,
ya que en este caso no tiene un carácter constitutivo ni confiere
capacidad jurídica; no obstante, aquellas empresas endeudadas que
consideren que la inscripción les beneficia, que les aporta algo, optarán
por solicitarla, y ello sin que los que no la hagan sean irregulares,
secretas o clandestinas ni queden al margen de la ley. Nuestra propuesta
es que sea lo mismo para las sociedades civiles.

Nada más. Solo quiero reiterar nuestra disposición a los grupos para
seguir negociando con objeto de mejorar el proyecto de ley.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Furriol.

Para la defensa de las enmiendas números 44 a 63, 65 a 68, 70, 74
y 75, del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Pérez
Coronado.

El señor PÉREZ CORONADO: Muchas gracias, presidente.

Buenos días, señorías. Se trae a esta Cámara un proyecto de ley que,
por supuesto, ya únicamente atendiendo a su nombre, genera grandes
expectativas, fundamentalmente al sector empresarial y a los autónomos en
nuestro país. El nombre es muy bueno, es la Ley de creación y crecimiento
de empresas. Con este título uno puede tener la sensación de que el
Gobierno, por fin, va a dar un cambio de rumbo radical sobre su
demostrada capacidad, que ya ha demostrado durante estos años, para minar
y perjudicar al sector y al tejido empresarial.

Y es que parecía que con este proyecto de ley iba a existir una
mínima sensibilidad por un tejido empresarial al que no solo le han
perjudicado factores exógenos, sino también factores endógenos, que es
tener un Gobierno como el que está sufriendo ahora mismo nuestro tejido
empresarial, sumado a esos factores exógenos, que pueden ser el COVID-19
o esa espiral inflacionista, gobernando de espaldas siempre hacia
nuestros empresarios y hacia quien realmente genera riqueza en nuestro
país. Pero es que no estamos ante un acto de penitencia del Gobierno
hacia nuestras empresas, tampoco hacia la voluntad de generar un entorno
para favorecer su creación y su crecimiento y el desarrollo del tejido
empresarial, es que con esta ley, desgraciadamente, nos encontramos ante
una campaña de marketing del Gobierno a costa de nuestros empresarios y
de nuestros autónomos. Si estuvieran realmente preocupados por nuestro
sector empresarial se hubieran preocupado más del contenido que del
continente. Es decir, a lo mejor la ley no se llamaría de creación y
crecimiento empresarial, sino que tendría otro nombre menos
marquetiniano, pero tendría un contenido mucho más ambicioso y mucho
mejor que el que presentan ahora.

Con estos mimbres, mi compañero Carlos Floriano y yo hemos tenido que
hacer enmiendas a un proyecto de ley que ya de inicio salía muy flojo por
parte del Gobierno, y cuando los mimbres son de mala calidad, la cesta
que vamos a hacer, desde luego, no es la mejor, y los mimbres con los que
hemos contado mi compañero y yo para la creación y crecimiento
empresarial no han sido los mejores, y eso se deriva de esa propuesta tan
pobre que hacía el Gobierno respecto a esta ley.

Hemos presentado finalmente 32 enmiendas, de las cuales se han
vetado 5, nuevamente 5 vetos por parte del Gobierno, 5 hurtos al debate
parlamentario respecto a propuestas que hacía este Grupo Parlamentario
Popular, y es que ya nos tiene acostumbrados el Gobierno a este tipo de
vetos. Además, nosotros queríamos salvar la clásica excusa del Gobierno
de la nación para hacer vetos a nuestras propuestas, que son propuestas
que fundamentalmente van orientadas a reducir la presión fiscal, a
reducir el infierno fiscal en el que se encuentran nuestros autónomos y
empresas. Hacia ahí era donde se orientaban estas enmiendas que nos ha
vetado el Gobierno.

Nosotros proponíamos que se emplazase al día 1 de enero de 2023 para
la entrada en vigor de estas enmiendas. Pues aun con esas, han hurtado no
solo a este grupo parlamentario, sino a todos los grupos parlamentarios,
del debate de esas propuestas. Propuestas tan interesantes —las que
se han vetado— como los vales de comida para autónomos, de tal
forma que el autónomo pudiese deducirse de forma directa estos vales de
comida, tal y como lo conocemos en los empleados. También han vetado
propuestas tan interesantes como exenciones a aquellos fondos de
inversión que capitalicen las pymes, porque si hay un gran problema es
fundamentalmente la bancarización que existe a la hora de la solicitud de
fondos por parte de nuestras pequeñas y medianas empresas, que
tradicionalmente recurren al crédito bancario. Nosotros proponíamos
exenciones a favor de esas capitalizaciones, de esa financiación de
proyectos, y eso mismo nos ha vetado el Gobierno. Pero el problema no es
que el Gobierno haya vetado el fondo, sino que ha vetado directamente el
debate, y ahí se están rompiendo realmente todas las reglas
parlamentarias y democráticas, y, desde luego, en este grupo no lo vamos
a tolerar.

Sí se han mantenido bastantes enmiendas de las que presentamos. Esto
ha sido un esfuerzo de escucha activa de todos los sectores implicados y
de todos los que se han querido poner en contacto con nosotros. Creo que
son enmiendas realmente interesantes, que buscan fundamentalmente seis
objetivos. Uno de ellos sería la agilización de los procesos
administrativos, es decir, dar mayor fluidez, mayor agilidad a esos
trámites burocráticos para que el empresario y el autónomo solo se
preocupe de lo que se tiene que preocupar, que es de generar ingresos.
También hemos presentado enmiendas orientadas a la lucha contra la
morosidad y, además, las que se nos han vetado, sobre reducir la
tributación de empresas y autónomos. También hemos presentado enmiendas
para generar una mayor trasparencia tanto por parte de las empresas,
registradores, notarios, etcétera, como también por parte del Estado a la
hora de constituir un tipo TAE de referencia, porque no existe hoy en día
un tipo TAE de referencia en el momento en que entra en curso un impago.
Además, hemos presentado enmiendas para facilitar la financiación de las
pymes y otras para avanzar en la unidad de mercado.

Son enmiendas que creo que sí harían más competitivo nuestro sector
empresarial. Es cierto que la ley, de inicio, nace floja, y por muchas
enmiendas que presentemos, como decía, con unos malos mimbres nunca vamos
a construir el mejor cesto, pero hemos hecho todo lo que hemos podido por
enmendar una ley que, desde luego, no es tan ambiciosa como la que
realmente nuestro sector empresarial requeriría, no es tan ambiciosa como
la ley en la que el Partido Popular trabajaría. Aun así, esperamos que
estas enmiendas se voten a favor, sobre todo por el objeto y por lo que
persiguen.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.

Para la defensa de las enmiendas números 79 y 80, del Grupo
Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Villar.

La señora VILLAR LECHÓN: Gracias, presidente.

Feliz vuelta de vacaciones a todos. Qué mejor manera que volver al
trabajo con esta ley crea y crece de nuestras empresas. En España, las
pymes y los trabajadores autónomos constituyen más del 99 % del tejido
productivo, representan algo más del 64 % del empleo y algo más del 61 %
del valor añadido bruto. Su relevancia implica que cualquier política
orientada a la mejora del posicionamiento económico, social o
medioambiental de nuestro país debe tomar en consideración de forma
prioritaria a las pymes.

La evidencia apunta a que las empresas españolas grandes tienen un
nivel de competitividad similar al de otras economías avanzadas, pero la
realidad empresarial en nuestro país se caracteriza por el protagonismo
de empresas de pequeño tamaño. Las pymes, además, representan una mayor
debilidad estructural respecto a las empresas de mayor tamaño, como la
menor productividad, menor capacidad exportadora, baja inversión en
innovación, baja digitalización, reducida capacidad para generar empleo
estable, entre otras, por lo que adaptar la regulación para facilitar su
crecimiento es algo esencial para mejorar su competitividad real.

España ha aprobado el Plan de recuperación, transformación y
resiliencia, a través del que se pretende no solo recuperar la economía
española de los efectos de la pandemia, sino relanzarla con ambiciosos
objetivos de modernización, para ponerla en óptima situación de cara a
afrontar los desafíos del futuro. La ley modifica la regulación existente
para poder crear una sociedad de responsabilidad limitada con un capital
social de un euro, e introduce reformas para facilitar e impulsar la
constitución de estas de forma rápida, ágil y telemática a través del
Centro de información y red de creación de empresas.

La promoción del uso de la factura electrónica en operaciones entre
empresas y autónomos es una medida imprescindible que trata de reducir
costes de transacción y facilitar la trasparencia en el tráfico
mercantil. Se trata, además, de una medida clave para poder atajar de
manera eficaz la morosidad en las operaciones comerciales. Por tanto,
señorías, la reforma es especialmente importante en el actual contexto
económico, puesto que este tipo de instrumentos de reestructuración,
eficientes y ágiles, contribuirán a minimizar los impactos sobre el
tejido productivo y al mantenimiento de empresas y negocios
viables.

Por esto, el Grupo Parlamentario Socialista propone dos enmiendas de
modificación. Una de ellas hace un reconocimiento a la figura de las
sociedades de beneficio e interés común. Se considera adecuado que el
desarrollo reglamentario de esta figura incluya los criterios que han de
cumplir estas empresas y que la metodología de valoración de cumplimiento
de sus objetivos sociales y medioambientales se precise en el reglamento.
Y otra enmienda también de modificación, ya que en el futuro pueden
aparecer nuevas formas de sintaxis, fruto del desarrollo tecnológico en
la materia que sean de uso generalizado, por lo que resulta aconsejable
modificar ligeramente la redacción para que el reglamento incluya al
menos la lista de sintaxis que recoge la decisión de ejecución de la
Unión Europea, pero que no quede supeditada a esta únicamente.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Pasaríamos al turno en contra, a expensas de la
presencia del representante del Grupo Democrático.

Hay opción de turno en contra por tiempo de diez minutos. Tiene la
palabra el señor Blanco.

El señor BLANCO ÁNGEL: Seré muy breve, porque entiendo que el turno
en contra podría entenderse que es contra el dictamen de la ponencia en
realidad, aunque normalmente hablamos en relación con las enmiendas.
Simplemente queremos manifestar nuestra postura en relación con las
enmiendas.

En este sentido, quiero decir que en la ponencia no hemos admitido
ninguna, ni otros grupos tampoco, porque hemos considerado mejor dotarnos
de estos días que tenemos hasta el Pleno para poder buscar determinados
acuerdos y buscar las transaccionales a las que sea posible llegar. En
todo caso, y pese a que esto ha sido así, sí que me gustaría anticipar
brevemente nuestra postura en relación con algunas enmiendas para ya
iniciar de alguna manera también hoy ese debate que tenemos de aquí al
Pleno.

En ese sentido, quiero manifestar que nosotros, en principio, nos
opondremos a aquellas enmiendas que ya hayan sido presentadas en el
Congreso, en primer lugar, porque nos parece reproducir un debate que ya
se produjo en su día y donde consideramos que quedó dilucidado, por
decirlo de alguna manera, y por eso no vamos a entrar en enmiendas que ya
han sido rechazadas en su momento. También quiero anunciar, porque ha
sido una constante por parte de algunos grupos, que en principio —y
digo siempre en principio, porque lógicamente estos van a ser días de
discusión—, nuestra postura es no aceptar las que tienen que ver
con un régimen sancionador por entender que un régimen sancionador de
carácter general, es decir, multisectorial, no es adecuado, no es lo que
necesitan las empresas en este momento, sino que defendemos un modelo
basado en especificidades en relación con la morosidad, de acuerdo con
los sectores. De hecho, algunos ya existen, como el del transporte
recientemente, también el del comercio minorista, para la cadena
alimentaria o el tema de alimentación. Creemos que es un sistema más
razonable, y no quiero alargarme más porque tendremos tiempo de hablar de
esto.

Y también, lógicamente, las relacionadas con los vetos que han sido
legítimamente presentados por el Gobierno, y tengo que recordarlo, de
acuerdo tanto con el artículo 134.6 de la Constitución como con el
artículo 151 del Reglamento del Senado. El Gobierno tiene derecho, de
acuerdo con estos artículos, que nos remiten nada menos que a la
Constitución española, como acabo de decir, de presentar determinados
vetos. Imagino que los grupos que no estén de acuerdo tendrán posibilidad
de recurso. No sé, porque no es mi especialidad, si en este caso tendrá
que ser ante el Constitucional, pero, evidentemente, alguna posibilidad
de recurso tendrán si no estuviesen conformes. Quiero dilucidar esto de
acuerdo también con el artículo 151, ya que, si no me equivoco, es
competencia del presidente del Senado en una primera instancia.

Lo que quiero decir es que son vetos legítimos, recogidos en la
legislación, y nosotros, lógicamente, esas enmiendas y aquellas que,
aunque no hayan sido explícitamente vetadas, se derivan de estas, tampoco
las aceptaríamos en este proceso.

Nada más, porque, como digo, en este plazo que tenemos es nuestra
voluntad ver las posibilidades que, dicho esto, nos ofrecen las enmiendas
presentadas por los distintos grupos para transaccionar o llegar a algún
acuerdo.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.

Pasamos al turno de portavoces de los diferentes grupos
parlamentarios, por orden de menor a mayor, en este caso por un tiempo de
cinco minutos.

Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra la señora
Goñi.

La señora GOÑI SARRIES: Gracias, presidente.

Todos sabemos que más del 90 % de nuestro tejido empresarial está
formado por pequeñas y medianas empresas, y todos apoyamos a las pymes.
El problema es que normalmente lo único que ofrecemos a las pymes son
buenas palabras, y lo que hay que hacer es apoyar su crecimiento. Las
pymes son menos productivas que las empresas de mayor tamaño. No tienen
recursos suficientes para exportar, para innovar, para pagar mayores
salarios, y no son capaces de resistir, de igual forma que las empresas
más grandes, a los cambios de mercado o a las crisis económicas.

Debemos eliminar los obstáculos regulatorios que existen y que
dificultan su crecimiento. Hay que facilitar sus condiciones de
crecimiento, porque esa es la principal necesidad de nuestro sistema
productivo.

Este proyecto de ley podría haber dado la vuelta al panorama
empresarial español, pero se ha quedado en una oportunidad perdida, en
una más. Esta ley está más pensada para que las empresas estén al
servicio de las administraciones y no las administraciones al servicio de
las empresas. Para mí es obvio que el objetivo real era cumplir el hito
exigido por los fondos europeos Next Generation, y no se ha aprovechado
esta oportunidad para hacer una regulación eficaz ante el problema de
creación y crecimiento de empresas. Debería haberse aprovechado para
reducir burocracia, trabas y para mejorar más aún las condiciones de
acceso a la financiación, pero se han centrado solo en mejorar esa
capacidad de financiación, sin que haya una auténtica reducción de trabas
administrativas y de trámites; la eterna losa que tenemos en España.
Quiero creer sinceramente que se van a crear muchas empresas gracias a
esta ley, pero dudo sobre cuántas empresas españolas van a poder crecer
gracias a ella. Esta ley, prácticamente, no incluye medidas determinantes
que favorezcan ese crecimiento empresarial, y repito que ese es nuestro
principal problema: el crecimiento, no la creación de empresas. Si
hablamos de morosidad, la ley incluye reformas, pero se centra demasiado
en la morosidad privada y olvida que muchas pymes son más dependientes de
la morosidad pública. Deberíamos proteger a esas empresas que no están
pagando en plazo a sus proveedores, porque es la Administración quien no
les está pagando en plazo a ellas. Esta ley no alcanza sus objetivos de
reducir burocracia, trabas y mejorar las condiciones de acceso a la
financiación. Se ha quedado cortísima.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.

Como no está presente el senador en representación del Grupo
Parlamentario Democrático, pasamos a la siguiente intervención.

Por el Grupo Parlamentario Izquierda Confederal, el señor Martínez
Urionabarrenetxea tiene la palabra.

El señor MARTÍNEZ URIONABARRENETXEA: Gracias, presidente.

Como he dicho en mi primera intervención, llevamos la friolera de
ocho años desde que se aprobó la Ley contra la morosidad, que trasponía
una directiva europea, y el resultado es que no solo no hemos avanzado en
la equiparación de España con el resto de Europa, sino que realmente
vamos para atrás, como los cangrejos.

Según la estimación que ha realizado la Plataforma Multisectorial
contra la Morosidad, los balances de la CNMV ponen de manifiesto que
en 2020 la morosidad de las compañías del IBEX alcanzó
los 58 427 millones de euros, aumentando en quince días el tiempo de
liquidaciones respecto a 2019, pasando de 176 a 191 días. Si se tienen
también en cuenta los datos agregados del resto del mercado continuo, el
importe de las facturas en cartera por encima de los plazos que marca la
ley es
de 81 786 millones de euros. Si, no me he equivocado en un cero: 82 000
millones de euros que no circulan como debieran y que lastran la economía
del país, ya que ese dinero no llega a tiempo a los proveedores por la
acción pirata e ilegal de las grandes empresas que se financian a costa
de las pequeñas y medianas. Y mientras, el régimen sancionador sigue
atascado en el Congreso con una acción claramente obstruccionista que
favorece… ¿a quién? Pues a las grandes corporaciones, cómo no.
Porque en España hay una tendencia clara a no hacer cumplir la ley cuando
ello beneficia a las grandes corporaciones. Las grandes empresas vuelven
a ser las entidades que más tardan en saldar sus deudas; de hecho, solo
el 20 % de estas organizaciones paga dentro del plazo legal, un 38 % lo
hace entre los 60 y los 90 días y el 42 % más allá de los 90 días.

Tenemos en este momento la oportunidad en el Senado de evitar esta
pesadilla que amenaza con provocar el cierre de 600 000 empresas,
ahogadas por los precios de la energía y las materias primas. Las
enmiendas que Geroa Bai defiende, como he dicho, buscan sancionar a
quienes de manera injustificada incumplen los plazos legales de pago, y,
además, hacerlo de forma que las administraciones competentes puedan
iniciar de oficio procedimientos sancionadores con la información de las
facturas abonadas fuera de plazo que les trasladen los auditores. Solo
así, haciéndolo de oficio, se podrá poner fin a esta práctica ilegal, ya
que los pequeños no denuncian atemorizados por el riesgo claro de perder
contratos. Esto se hace ya desde hace tiempo en Francia, que además de
exigir a los auditores que trasladen la información sobre las facturas
pagadas fuera de plazo, sanciona con multas de hasta 2 millones de euros
estas infracciones; multas que alcanzan incluso los 4 millones si la
empresa se reitera en el incumplimiento de la ley.

Si conseguimos aprobar esta enmienda, que prevé sancionar con aplicar
el tipo legal de demora previsto en la ley, que a fecha de hoy es
del 8 %, y si tenemos en cuenta que solo en el caso de las empresas
cotizadas hay 82 000 millones en facturas pagadas fuera de plazo, es
obvio que la mera exigencia de cumplimiento de la ley generaría a las
arcas públicas el dinero suficiente para coadyuvar a salir de esta crisis
a las pequeñas y medianas empresas, que, como bien saben ustedes, están
pasándolas canutas y evitaría la tentación de las grandes de seguir
financiándose a costa de sus proveedores, el eslabón más débil de la
cadena. Conseguiríamos con ello que España dejara de ser diferente y que,
como en el resto de Europa, se haga cumplir la ley, aunque no guste a las
grandes empresas, y quizás tampoco a alguno de los partidos
mayoritarios.

Estoy seguro de que un Gobierno progresista, cuya vicepresidenta
segunda alienta las movilizaciones sindicales contra la patronal, no
rechazará las enmiendas que varios grupos presentes en el Senado hemos
presentado con un único fin: que la ley se cumpla y que se evite que los
grandes sigan abusando de los pequeños.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.

Por el Grupo Parlamentario Nacionalista en el Senado Junts per
Catalunya-Coalición Canaria/Partido Nacionalista Canario, tiene la
palabra la senadora Castellví.

La señora CASTELLVÍ AUVÍ: Gracias, presidente.

Esta ley podría —y digo podría— ayudar a mejorar la
competitividad del tejido empresarial, especialmente en los colectivos de
las pymes y autónomos, ya que se trata de una ley que pretende dar
impulso al crecimiento empresarial. Para ello, la ley propone una serie
de medidas para agilizar la creación de empresas, mejorar la regulación y
eliminación de obstáculos al desarrollo de actividades económicas,
reducir la morosidad comercial, mejorar el acceso a la financiación,
regular la facturación electrónica para poder trabajar y mejorar de forma
colaborativa la gestión de la cadena de suministro. Pero he empezado
diciendo que esta ley podría mejorar, ya que, como ha dicho el Grupo
Parlamentario Socialista, ya no van a admitir las enmiendas dirigidas al
régimen sancionador para luchar contra la morosidad; nosotros ya hemos
presentado once. Por lo tanto, ya veremos cómo podría mejorar esta
ley.

Esperamos mejorar esta ley pensando en las grandes empresas, pero aún
más en el conjunto tan importante de pymes y autónomos, y para ello,
acepten las enmiendas que hemos presentado muchos grupos del Senado para
afrontar esta morosidad y para mejorar la facturación electrónica.
Podemos llegar a un acuerdo, si no es con una transaccional, al menos que
todos los grupos voten a favor de nuestra enmienda 42. Me permito también
el lujo de pedir que voten a favor de la enmienda número 80, del Grupo
Parlamentario Socialista, ya que ambas van en el mismo sentido.

Nada más que añadir. Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.

El señor Uribe-Etxebarria no interviene.

Por el Grupo Parlamentario Esquerra Republicana, tiene la palabra el
señor Furriol.

El señor FURRIOL FORNELLS: Gracias, señor presidente.

Intervendré brevemente. Solo quiero comentar que la ley que hoy
debatimos prevé algunas medidas para desencallar la burocracia para la
creación y el crecimiento de la actividad económica, y nada más. Tampoco
estaría de más que, aparte de pensar en la creación y el crecimiento, se
pensase en el mantenimiento de empresas. En este sentido, resultaría de
mucha utilidad que se aprobasen medidas sancionadoras contra la morosidad
que sufren más del 90 % de las empresas de este país, que son pequeñas y
medianas, y no tienen instrumentos para exigir con eficacia el
cumplimiento de los plazos de pago.

Y quiero comentar que no me sonroja compartir la intervención del
senador Pablo Pérez en el sentido de que las reformas sustantivas son muy
modestas en comparación con el pomposo título de la norma, que es la Ley
de creación y crecimiento de empresas. Ello no significa una crítica a lo
que se va a aprobar, sino que la crítica es a lo que quedaría pendiente
de aprobar, porque lo que se aprueba es necesario, aunque no es
suficiente, y, en todo caso, no es una ley de impulso a la actividad
económica, pero sí que podría conllevar a ello.

No vamos a hablar de una piedra filosofal si no va acompañada de
otras muchas iniciativas, públicas y privadas, que supongan
verdaderamente medidas de impulso a la economía, y en este caso, solo en
este caso, con la existencia de otras medidas de impulso a la economía,
esta ley contribuirá modestamente como lubricante de ellas; de nada
servirá si no se adoptan con valentía medidas contundentes en el ámbito
económico y en el ámbito social, y si no se remueven los déficits
estructurales endémicos de la economía española, de los que nos acordamos
solo cuando llueve, o cuando no llueve, o cuando llueve demasiado, sin
entrar ahora en el análisis de dichos déficits estructurales ni tampoco
en los problemas económicos de la crisis gravísima que parece que se
avecina.

En contextos como el actual, estamos de acuerdo en que la elaboración
de una ley para favorecer la creación y el crecimiento de empresas tiene
que considerarse una buena idea, que es absolutamente necesaria, pero son
necesarias muchas más buenas ideas y muchas más leyes y decisiones,
aunque no sean legislativas. Es una buena idea, nuevamente trabajada con
precipitación y apresuramiento, que tan malos consejeros son para
alcanzar un buen resultado, sin perjuicio de lo cual hay que reconocer el
esfuerzo que se ha efectuado en el Congreso, muy apreciable, teniendo en
cuenta las prisas con las que también han tenido que trabajar.

Nada más. Ya veremos si en el tiempo que queda hasta el martes o el
miércoles próximo podemos mejorar esta modesta ley, que de nada servirá
sin la existencia de decisiones y leyes verdaderamente de impulso a la
economía.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor
Floriano.

El señor FLORIANO CORRALES: Muchas gracias, señor presidente.

Hay dos aspectos en el contexto de esta comisión en los que
estaríamos plenamente de acuerdo. Fíjense, me anticipo a decir lo de un
acuerdo unánime. El primer aspecto que todos compartimos es que uno de
los problemas estructurales de nuestro sistema productivo es el tamaño de
nuestras empresas, su dimensión. En el contexto de esta comisión todos
somos muy conscientes de que la dimensión de nuestra empresa le resta
productividad, y de ahí se deriva una falta de competitividad que se
puede resolver.

El segundo aspecto en el que creo que podríamos tener un acuerdo
unánime, o casi unánime, es respondernos con sinceridad a la pregunta de
si esta norma resuelve los problemas más importantes que impiden el
crecimiento de nuestras empresas. Y creo que todos podríamos decir que
no. Esta norma no resta —por decirlo en términos
aritméticos—, pero lo que suma es muy pequeño. No restamos cosas
que tenemos todos en la cabeza y que impiden el crecimiento de la empresa
española, el llamado síndrome del trabajador número diez, el del número
cuarenta y nueve, algunas cuestiones fiscales, escalones fiscales,
etcétera. Todos sabemos que eso habría sido una verdadera norma que
hubiera resuelto un problema, insisto, estructural del sistema productivo
español. Y por eso creo que perdemos una oportunidad.

Pero también les quiero decir desde el principio, como ya pusimos de
manifiesto, como ha puesto de manifiesto mi compañero Pablo Pérez
Coronado, que nosotros hemos apoyado esta norma y el dictamen, y lo hemos
apoyado porque no resta, sino que creemos que supone un paso, aunque
fuese mínimo. Y lo es por algo que ya dijo el Consejo Económico y Social.
Si ustedes leen el informe del Consejo Económico y Social, en sus
páginas 11 y 12 ya señalaba cómo la norma se centra básicamente en
remover los obstáculos o en intentar remover alguno de los obstáculos que
impiden la creación, pero no el crecimiento. Y la creación de empresas
—ya lo ha dicho algún otro portavoz— no es el problema de
nuestro sector productivo —a pesar de algunas cuestiones que están
extendidas en la opinión pública—, sino que el problema es la
mortalidad de nuestras empresas, mortalidad que viene acompañada o que es
consecuencia, entre otros aspectos, de la imposibilidad de tener la
competitividad suficiente derivada del tamaño y, por tanto, de la
creación de economías de escala que permitan su pervivencia más allá de
algunos años.

Por eso, señorías, creo que perdemos una oportunidad para resolver
esos problemas, pero, en todo caso, el Grupo Parlamentario Popular va a
apoyar o apoya, como ustedes saben, desde el principio esta norma, más
aún después de haber transaccionado algunas enmiendas con ustedes, más
aún de que hayan aceptado algunas de nuestras enmiendas. Y estamos
disgustados, señorías, lo tengo que manifestar, por que después de los
pronunciamientos del Tribunal Constitucional se siga haciendo, desde mi
punto de vista, un uso abusivo del veto a algunas de las enmiendas que
hemos presentado.

Con todo y con ello, señorías, subrayo que el Grupo Parlamentario
Popular va a hacer caso omiso de la preocupación que nos produce el hecho
de que no nos dejen debatir algunas cosas que consideramos importantes
para la empresa española porque creemos que debe prevalecer el sentido de
apoyar aquello que es mejor que lo que tenemos, y hay algunos aspectos en
la creación de las empresas que puede entenderse que lo facilitan,
aunque, insisto, se queda muy corto en esos pasos adelante.

Nada más y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor
Nacarino.

El señor NACARINO MURIEL: Muchas gracias, señor presidente.

Buenos días, señorías. Creo, sinceramente, que debo comenzar mi
intervención destacando lo necesario y ventajoso que es el proyecto de
ley de creación y crecimiento empresarial, a pesar de que el Grupo
Popular siga manifestando su frivolidades y vayan en contra de todo,
aunque sean aspectos muy positivos para familias, pymes y autónomos, y a
lo que también añado, y recomiendo a algunos otros portavoces por lo que
han expuesto, que vuelvan a leer el proyecto de ley y verán cómo cambian
de opinión en cuanto a lo que han manifestado.

Es un proyecto de ley que ha sido muy trabajado desde que empezó su
tramitación parlamentaria, con un amplio periodo de escucha de todas las
asociaciones, colectivos y sectores implicados, y que ahora, en el
Senado, trabajamos para mejorar desde un punto de vista proporcionado y
equilibrado, sin perder en ningún momento su objetivo principal, que es
nada más y nada menos que impulsar el emprendimiento y contribuir al
crecimiento empresarial de nuestro país, porque es preciso recordar y
recalcar, pese a que algunos no les guste, que el proyecto de ley crea y
crece es para el Gobierno de España y para el Grupo Parlamentario
Socialista una de las reformas más importantes que contempla el Plan de
recuperación, transformación y resiliencia y que impulsa nuestro tejido
productivo principal, como son las pequeñas y medianas empresas.

Con este proyecto de ley se consiguen cuatro aspectos clave que me
gustaría pasar a resumir. El primero de ellos es agilizar la creación de
empresas.

Para ello no solo se abaratan los costes de constitución permitiendo
crear una sociedad de responsabilidad limitada desde un euro, que
permitirá por tanto a los socios fundadores disponer de mayores recursos
en su etapa inicial de constitución, sino que también simplifica
enormemente los trámites necesarios, las trabas administrativas, reduce
plazos, reduce los costes registrales, los costes notariales, promoviendo
para ello la constitución vía telemática mediante la creación de la
ventanilla única del Centro de Información y Red de Creación de Empresas
(Circe) y el uso del documento único electrónico.

El segundo aspecto clave de este proyecto de ley es que favorece el
crecimiento de las empresas. ¿Cómo? Por un lado, elimina barreras y
obstáculos a las actividades económicas, garantizando la unidad de
mercado, reforzando los mecanismos de cooperación entre las diferentes
administraciones públicas y reforzando los mecanismos de protección de
empresas y consumidores. Todo ello bajo un paraguas, un único paraguas
que es la Conferencia Sectorial para la mejora regulatoria y el clima de
negocios, creada por este proyecto de ley a tal efecto como garantía de
cumplimiento. Otro formato de favorecimiento de crecimiento empresarial
que contempla este proyecto de ley es establecer un nuevo régimen
jurídico para las plataformas de financiación participativa, siendo
necesario para ello adaptar a nuestra legislación todo el régimen
jurídico establecido en el Reglamento de la Unión Europea. Se dota por
tanto a estas plataformas de una mayor flexibilidad para que puedan
prestar sus servicios de forma libre en toda Europa, reforzando, por
supuesto, la protección de los inversores minoristas y creando vehículos
que agrupen a los inversores, reduciendo así los costes de gestión.

El tercero y también importante aspecto clave es que impulsa y mejora
la inversión colectiva y de capital riesgo. Es obvio que con ello se
pretende mejorar la dinamización del sector para que sume al conjunto de
la economía española dando prioridad en el proyecto de ley a la
protección del inversor y en especial al inversor particular. Este
proyecto de ley amplía también las figuras reconocidas para fondos
cerrados. Incluye estructuras de amplia trayectoria en otros países de
nuestro entorno, como son los fondos de deuda, que contribuyen a aliviar
la situación de endeudamiento que tienen algunas empresas, especialmente
desde la pandemia. Por otro lado, también permite la inversión en
entidades financieras con un alto componente tecnológico como una medida
de impulso claro a la industria de capital riesgo. Y, por último, un
aspecto clave muy importante es que extiende el uso obligatorio de la
factura electrónica y establece nuevas medidas para luchar contra la
morosidad, porque algunos portavoces han expuesto su preocupación sobre
ello y espero que mis próximas palabras resuelvan sus dudas y les
muestren la posición del Grupo Socialista al respecto.

Todos conocemos, y así lo hemos expuesto, que la morosidad en los
pagos afecta principalmente a las pequeñas y medianas empresas,
generándoles grandes problemas de financiación, de inversión y, por
tanto, de mantenimiento de su actividad. Eso lo tenemos todos muy claro.
Por ello, este proyecto de ley quiere atajar el problema de la morosidad
de una forma diferente, de una forma innovadora, que impida que la
morosidad en los pagos se traduzca realmente en el problema que suponen
los impagos para las pequeñas y medianas empresas. Por eso el texto
contempla varias medidas. La primera: implantar la factura electrónica en
todas aquellas operaciones comerciales entre empresarios y profesionales
para no solo reducir los costes de transacción, sino también para
facilitar el acceso a la información verídica sobre plazos de pago entre
empresas. Segunda medida: creación del Observatorio estatal de la
morosidad privada, que se encargará de realizar un seguimiento específico
de cómo evolucionan esos datos de pago de forma transparente,
promocionando así las buenas prácticas. Tercera importante medida:
incentiva que las empresas cumplan con los plazos de pago comprometidos
como requisito imprescindible para que puedan acceder a subvenciones
públicas. Y cuarta medida importante para la lucha contra la morosidad:
se refuerza la normativa en materia de contratación pública para
garantizar que los adjudicatarios de los contratos de las
administraciones públicas deben estar al corriente de pago en tiempo y
forma con sus contratistas. Algunos portavoces han expuesto que les
gustaría seguir el régimen sancionador que se establece en Francia y los
datos demuestran que ese régimen sancionador, los datos de morosidad que
aplica Francia son muy parecidos, prácticamente iguales a los que hoy día
tiene España. Por tanto, a nuestro entender no corregiría la lucha contra
la morosidad que debemos acometer.

En definitiva, señorías, el Grupo Parlamentario Socialista considera
que este proyecto de ley es un buen texto, es una buena oportunidad que
favorece y fortalece nuestro tejido productivo e impulsa la creación de
empresas. Creo que, sinceramente, la mayoría de los grupos parlamentarios
aquí presentes lo consideramos así y por eso estudiaremos con mayor
detenimiento de aquí al Pleno las enmiendas presentadas para poder tejer
los acuerdos necesarios a fin de mejorar su contenido.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Gracias.

Sin más, procedemos a la votación del informe de la ponencia.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 26;
abstenciones, 2.

El señor PRESIDENTE: El resultado es favorable al informe.

Los miembros de la comisión o senadores que habiendo defendido
enmiendas discrepen del acuerdo de la comisión por no haber aceptado esta
una enmienda, podrán presentar votos particulares y defenderlos ante el
Pleno. En caso de introducirse cualquier modificación, los senadores
podrán convertir en enmienda, y, en su caso, en voto particular, el texto
anterior del proyecto de ley.

La presentación de los votos particulares se deberá hacer no más
tarde del día siguiente a aquel en que termine la deliberación en
comisión a través de la aplicación de votos particulares.

En consecuencia, queda dictaminado por la Comisión de Asuntos
Económicos y Transformación Digital el Proyecto de Ley de creación y
crecimiento de empresas.

En cuanto a la designación del miembro de la comisión que llevará a
cabo la presentación de este dictamen ante el Pleno del Senado, como en
anteriores ocasiones, seré yo mismo como presidente de la comisión.

Señorías, se levanta la sesión.

Eran las catorce horas y siete minutos.