El señor VICEPRESIDENTE (Pérez García): A
continuación, procederemos a cubrir la vacante de la Presidencia de esta
comisión y, conforme a la práctica de la Cámara, si existiera una única
candidatura, procederíamos a aprobarla —así lo sugiero— por
asentimiento. En consecuencia, pregunto al Grupo Parlamentario Socialista
si hay una propuesta por su parte.

El señor FERNÁNDEZ LEICEAGA: Señor presidente,
nosotros proponemos al senador Manuel Escarda como presidente de esta
comisión.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Pérez García): Muchas
gracias.

Ha sido propuesto el senador Manuel Escarda. (El
señor Furriol Fornells pide la palabra).

Señor Furriol, tiene la palabra.

El señor FURRIOL FORNELLS: Nosotros no
participaremos en la votación, como es habitual.

El señor VICEPRESIDENTE (Pérez García): Si no hay
ninguna otra propuesta y sus señorías están de acuerdo, vamos a someterla
a votación.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
votos a favor, 26.

El señor VICEPRESIDENTE (Pérez García): Queda
aprobada la candidatura. El senador Furriol ya ha manifestado que no
participan en la votación y así quedará consignado en el acta. En
consecuencia, ha resultado elegido presidente de la comisión el senador
Manuel Escarda.

Querido compañero, te pido que te incorpores a la
Presidencia y te deseo los mejores éxitos en tu trayectoria.
(Aplausos.— Pausa).

El señor PRESIDENTE: Buenas tardes a todos y a
todas. Gracias por la confianza depositada en mí.

El señor PRESIDENTE: Continuamos con el siguiente
punto del orden del día de la comisión, cuyo objetivo es la ratificación
de la ponencia del Proyecto de Ley General de Telecomunicaciones. De
conformidad con el Acuerdo de la Mesa del Senado de 11 de febrero
de 2020, procede ratificar la ponencia de este proyecto de ley con la
siguiente composición: por parte del Grupo Parlamentario Socialista, tres
ponentes; el senador don Francisco Antonio Blanco Ángel, la senadora doña
Olivia María Delgado Oval y doña Ana Isabel Villar Lechón. Por parte del
Grupo Parlamentario Popular en el Senado, dos ponentes; los senadores don
José Luis González La Mola y don Javier Puente Redondo. Al resto de
grupos parlamentarios les correspondería la designación de un ponente,
siendo estos los siguientes: por el Grupo Parlamentario Esquerra
Republicana-EH Bildu, el senador don Pau Furriol Fornells; por el Grupo
Parlamentario Vasco en el Senado, el senador don Luis Jesús
Uribe-Etxebarria Apalategui; por el Grupo Parlamentario de Izquierda
Confederal (Adelante Andalucía, Més per Mallorca, Más Madrid, Compromís,
Geroa Bai y Agrupación Socialista Gomera), el senador don Koldo Martínez
Urionabarrenetxea; por el Grupo Parlamentario Nacionalista en el Senado
Junts per Catalunya-Coalición Canaria/Partido Nacionalista Canario, la
senadora doña Assumpció Castellví Auví; por el Grupo Parlamentario
Democrático (Ciudadanos, Agrupación de Electores «Teruel Existe» y
Partido Regionalista de Cantabria), el senador don Joaquín Vicente Egea
Serrano; por el Grupo Parlamentario Mixto, la senadora doña Ruth Goñi
Sarries.

¿Está de acuerdo la comisión? (Asentimiento).

Queda ratificada la ponencia.

El señor PRESIDENTE: Procedemos a continuación a
dictaminar el Proyecto de Ley General de Telecomunicaciones. En primer
lugar, pasamos a enumerar las enmiendas presentadas, por orden de menor a
mayor. A este Proyecto de Ley se han presentado 125 enmiendas, que se
distribuyen de la siguiente forma: enmiendas números 1 a 6, del señor
Egea Serrano y de la señora Martín Larred, del Grupo Parlamentario
Democrático. Enmiendas números 7 a 28, del señor Muñoz Lagares, de la
señora Ponce Gallardo y del señor Sánchez López, del Grupo Parlamentario
Democrático. Enmiendas números 29 a 41, del Grupo Parlamentario Popular
en el Senado. Enmiendas números 42 a 44, del señor Mulet García, del
Grupo Parlamentario de Izquierda Confederal. Enmiendas números 45 a 60,
del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado. Enmiendas números 61 a 78, de
la señora Castellví Auví y del señor Cleries i Gonzàlez, del Grupo
Parlamentario Nacionalista en el Senado Junts per Catalunya-Coalición
Canaria/Partido Nacionalista Canario. Enmienda número 79, del Grupo
Parlamentario Popular en el Senado. Enmiendas números 80 a 87, de los
señores González-Robatto Perote y Marín Gascón, y de la señora Merelo
Palomares, del Grupo Parlamentario Mixto. Enmiendas números 88 a 125, del
Grupo Parlamentario Esquerra Republicana-EH Bildu. De las anteriores han
sido retiradas las enmiendas números 72, del Grupo Parlamentario
Nacionalista en el Senado, y 99, del Grupo Parlamentario Esquerra
Republicana-Euskal Herria Bildu.

La ponencia designada en relación con este Proyecto
de Ley ha acordado proponer a la Comisión de Asuntos Económicos y
Transformación Digital que se mantenga en sus propios términos el texto
remitido por el Congreso de los Diputados.

Pasamos al debate de las enmiendas. En la defensa
de las enmiendas se sustanciarán en primer lugar las individuales y, a
continuación, las de los grupos parlamentarios por orden de menor a
mayor, por un tiempo máximo de diez minutos. Calculo que la votación no
se efectuará antes de las dos de la tarde.

Empezamos por la defensa de las enmiendas
números 80 a 87, de los señores González-Robatto Perote, Marín Gascón y
la señora Merelo Palomares.

La señora GOÑI SARRIES: Las doy por
defendidas.

El señor PRESIDENTE: De acuerdo.

Pasamos a la defensa de las enmiendas números 1
a 6, del señor Egea Serrano y de la señora Martín Larred, del Grupo
Parlamentario Democrático.

Tiene la palabra el señor Egea.

El señor EGEA SERRANO: Gracias, señor
presidente.

Como bien ha dicho, hemos presentado seis enmiendas
a este proyecto de ley. En la primera de ellas pedimos elevar la
velocidad mínima a 100 Mbps simétricos. Esto es algo que hace tiempo que
se lleva debatiendo no solo en esta Cámara, sino también en el Congreso
de los Diputados. Quiero recordar que, en junio de 2021, y a propuesta de
una moción precisamente presentada por mi grupo, por la Agrupación de
Electores «Teruel Existe», ya se aprobó en el Congreso de los Diputados
una moción con un punto para establecer el Plan 100/30/30, y ese 100
hacía referencia a la velocidad mínima que deberían tener las
telecomunicaciones en todo el Estado español, en todo el territorio
nacional. Hace tres meses —creo recordar—, en esta misma
Cámara se aprobó la toma en consideración de una modificación de la ley,
presentada por el señor Mulet, del Grupo de Izquierda Confederal, en la
que se pedía precisamente esto: elevar la velocidad mínima a 100 Mbps. Y
esta toma en consideración me parece recordar que fue aprobada por una
inmensa mayoría de los miembros de esta Cámara. Por lo tanto, no
entendemos que el proyecto de ley baje la velocidad mínima a 30 Mbps. Nos
olvidamos de que ha desaparecido algo tan básico —para aquellos que
aspiramos a tener unas telecomunicaciones en el medio rural acordes con
los tiempos en los que estamos viviendo— como es la palabra
simétricos en relación con esa velocidad. La simetría, señorías, implica
que la velocidad es tanto de bajada como de subida. Las
telecomunicaciones no solo son para el ocio, no solo son para trabajar
con comercio electrónico y/o recibir correos y pedidos electrónicos, sino
que nos tiene que permitir realizar trabajos importantes desde el medio
rural y, para eso, necesitamos unas redes de telecomunicaciones que
permitan estas velocidades de subida de datos.

Otra de nuestras enmiendas, en este caso la
número 2, lo que pretende es que se pueda hacer un uso compartido del
ancho de banda en caso de necesidad por parte de las administraciones, ya
sean locales, provinciales o autonómicas; que puedan aprovecharse de ese
ancho de banda, pues sabemos que, en ocasiones, las operadoras no lo
ocupan en su totalidad. Esto les podría permitir —en casos de
emergencia, en casos extremos en los que les haga falta a las
administraciones tener canales propios para emitir información—
disponer de estas redes de telecomunicación de la empresa privada, que se
ceda parte de ese espectro para que pueda ser usado en estos casos.

En la tercera enmienda solicitamos una cosa que
debería ser normal, y es que cuando se produzca un salto tecnológico,
cuando veamos en nuestros pueblos y ciudades cambios en la distribución
de las señales, que se retire todo lo que tenga que ver con la tecnología
anterior. No sería de recibo tener ahora colgando en nuestras fachadas
cajas de la antigua telefonía de cobre. Esto que puede ser algo normal y
habitual en las grandes ciudades, no sucede en los pueblos pequeños, en
las zonas rurales, en las pequeñas y medianas ciudades —que no
reciben, por así decirlo, esa mirada de cariño—, allí las empresas
de telecomunicaciones no lo hacen, si no se les obliga. Estamos hablando
de pueblos en los que, en muchos casos, las redes se llevan a través de
edificios que son declarados como Bien de Interés Cultural, de edificios
reseñables, edificios en los que, cuando se llevó a cabo en su día el
despliegue de las telecomunicaciones, se hizo de una manera ordenada,
aplicando las normas que había cuando se implantaron. Lo que pedimos
ahora es que, cuando todas estas instalaciones quedan obsoletas, se
obligue a estas empresas a no dejar vestigios del pasado en nuestras
fachadas y retirarlas de nuestros edificios.

Una segunda cosa que también nos afecta muchísimo
—aunque a lo mejor a ustedes les parece extraño o raro— es
que, cuando se producen averías continuadas en el tiempo o que tardan
mucho tiempo en resolverse, qué menos que sea el alcalde de la ciudad
afectada por esta avería el interlocutor con la empresa de
telecomunicaciones, y que sea la empresa de telecomunicaciones la
obligada a establecer ese canal para que el alcalde, al que luego cada
uno de los ciudadanos va a preguntar por qué no tiene teléfono, tenga la
información de primera mano de la compañía. Y, también, que se establezca
algún tipo de sanción para estos fallos reiterativos que sufrimos en
nuestros pueblos porque, muchas veces, las tecnologías que se aplican, si
no son obsoletas, sí que son viejas o ya han cumplido su vida útil en
otros territorios y viven una segunda oportunidad en nuestro medio rural,
por lo que fallan más de lo habitual. Por lo tanto, que se establezca una
corresponsabilidad. Normalmente decimos en nuestros pueblos que no
queremos ser más, pero, por supuesto, ser menos no resta derechos. Por
tanto, queremos tener comunicaciones y telecomunicaciones acordes al
siglo XXI, que es en el que vivimos.

Por último, una cosa que sí que nos ha extrañado
muchísimo es que, cuando se habla del impulso de políticas en derechos
digitales, se haya obviado a las entidades locales. Se habla del
Gobierno, en colaboración con las comunidades autónomas, y se obvia a las
entidades locales. En zonas y comunidades tan grandes como la mía, con
provincias tan grandes y con tantas poblaciones —en Teruel
tenemos 264 pueblos muy dispersos—, qué menos que contar con las
entidades locales para la realización de todos estos cursos de
alfabetización digital, que entendemos que son necesarios y los
ayuntamientos cuentan ya con los mecanismos para hacerlos posible. Quiero
recordar aquí la extensa red de escuelas de adultos y la posibilidad de
que esas escuelas pudieran alfabetizar no solo a nuestros mayores, sino
también a toda esa inmigración que estamos recibiendo ahora. Las escuelas
de adultos son las que están haciendo una labor extraordinaria y no solo
en acoger y enseñar nuestros idiomas a los inmigrantes; debemos darles la
oportunidad de que alfabeticen a toda esta gente que nos viene de fuera y
que no conoce las tecnologías que nosotros estamos acostumbrados a
utilizar y que, además —es curioso—, cada vez se nos obliga a
utilizar más. Vemos cómo cierran más bancos, cómo la Administración es
más digital y, sin embargo, nadie va a nuestros pueblos a enseñar a
nuestros mayores, y no solo a nuestros mayores, sino a gente de mediana
edad que tiene una relación difícil con la tecnología —dejémoslo
ahí—, quizá porque no han tenido ese proceso de aprendizaje que
tuvimos todos. Y qué menos que en este proceso de aprendizaje, como dice
la disposición adicional decimosexta, se tenga en cuenta también a las
entidades locales.

Muchísimas gracias, señor presidente. Espero que,
si no hoy, de aquí al Pleno, el grupo del Gobierno tenga a bien dialogar,
llegar a consensos, de los que tanto se habla, llegar a acuerdos y
conseguir entre todos una ley mejor, que es a lo que todos
aspiramos.

Muchísimas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Egea.

A continuación, para la defensa de las enmiendas
números 7 a 28, del señor Muñoz Lagares, la señora Ponce Gallardo y el
señor Sánchez López, del Grupo Parlamentario Democrático, tiene la
palabra el señor Egea.

El señor EGEA SERRANO: Solo quiero decir que las
doy por defendidas.

El señor PRESIDENTE: Gracias.

A continuación, pasamos a la defensa de las
enmiendas 61 a 78 —excepto la 72, que ha sido retirada—, de
la señora Castellví Auví y del señor Cleries, del Grupo Parlamentario
Nacionalista.

Tiene la palabra, señora Castellví.

La señora CASTELLVÍ AUVÍ: Muchas gracias.

Como muy bien ha dicho, han quedado diecisiete
enmiendas, que voy a resumir muy rápidamente. Se refieren a la velocidad
de la línea, a blindar las competencias de las comunidades autónomas y
también la autonomía de los ayuntamientos; es decir, las competencias
locales. Esperamos que las miren con mucho cariño; acepten alguna y
lleguemos a algún acuerdo desde hoy hasta el día del Pleno.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora
Castellví.

A continuación, para la defensa de las enmiendas 42
a 44, del señor Mulet García, tiene la palabra el señor Martínez.

El señor MARTÍNEZ URIONABARRENETXEA: Gracias,
presidente.

Señorías, mi grupo ha presentado tres enmiendas. La
enmienda 42 pretende fijar la velocidad mínima en 100 Mbps, y establece
una revisión periódica bianual por la Secretaría de Estado de
Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, que deberá emitir un
informe que servirá de base para poder modificar la velocidad mínima cada
dos años mediante real decreto, porque la velocidad mínima de acceso a
Internet en el Estado se fijó en 10 Mbps —una velocidad totalmente
insuficiente, al menos a día de hoy— en la Ley de
telecomunicaciones de 2014, que es la que está todavía en vigor; un
mínimo, que es verdad que es revisable al alza por real decreto, pero
desde 2014 ningún Gobierno lo ha revisado.

En noviembre del año pasado, todos los grupos del
Senado —excepto el Grupo Socialista, que se abstuvo— votamos
a favor de una moción para garantizar una velocidad de acceso de, al
menos, 100 Mbps a toda la ciudadanía. Además, el presidente Pedro Sánchez
anunció en el Mobile World Congress de este año que llevaría Internet a
todos los ciudadanos a una velocidad mínima de 100 Mbps. No obstante, la
propuesta que ha llegado al Senado establece la velocidad mínima en 10 y
no en 100 Mbps, incumpliendo tanto el anuncio del presidente del Gobierno
como el acuerdo adoptado en el Senado.

Por otro lado, la enmienda número 44 introduce los
servicios de vídeo lineales en alta definición porque, al no estar
contemplados en el catálogo mínimo de servicios, realmente se mantiene la
actual situación y se seguirá discriminando a la ciudadanía de zonas
rurales al impedirles o, por lo menos, no facilitarles el acceso que
todas las demás personas tenemos a RTVE Play, Netflix, HBO,
etcétera.

Por último, nuestra enmienda 43 pretende impulsar
la radiodifusión sonora digital terrestre porque España, a diferencia de
los países de nuestro entorno europeo, no está digitalizando la radio. La
última legislación aprobada para impulsar esta digitalización data
de 2011. Desde entonces, ninguno de los agentes involucrados ha hecho
absolutamente nada y, por lo tanto, el Estado acumula ya más de una
década de retraso en esta área. Recuerdo que, en noviembre de 2020, en el
debate de una moción que presentó mi grupo, la senadora socialista
Fernández Molina, para justificar el voto negativo de su grupo a aquella
moción, afirmó textualmente que había que utilizar otra estrategia para
impulsar la radio digital en España, y que el esfuerzo legislativo debía
llevarse a cabo, no en una ley de medidas urgentes, sino a través de la
próxima Ley general de telecomunicaciones, noviembre de 2020. Desde
entonces, el Gobierno no ha hecho absolutamente nada y, además, nos traen
un proyecto de ley que tampoco incluye ninguna medida para impulsar la
radiodifusión sonora digital terrestre.

Señorías, la escalada en el precio de la
electricidad obliga a redoblar esfuerzos para maximizar la eficiencia
energética, y emitir en digital en vez de en frecuencia modulada, produce
ahorros de entre el 70 y el 90 %. También quiero decir que todos los
coches que se venden o alquilan en la Unión Europea, desde el 21 de
diciembre de 2020 incluyen un receptor de radio digital, tal y como se
recoge en la Directiva europea 2018/1972, de 11 de diciembre. Según las
últimas cifras disponibles de WorldDAB, el 91 % de los coches vendidos en
España durante 2021 incorporan también receptor de radio digital. Estamos
hablando de más de un millón de vehículos. Por lo tanto, presentamos esta
enmienda porque creemos que España, el Estado, debe abordar urgentemente
la digitalización de la radio. Y voy a decir algo más, y es que el futuro
de la radio depende de ello.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.

Para la defensa de las enmiendas números 45 a 60,
tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Vasco, el senador
Uribe-Etxebarria Apalategui.

El señor URIBE-ETXEBARRIA APALATEGUI: Eskerrik
asko, presidente jauna. Arratsalde on guztioi. Buenas tardes.

En la tramitación de este proyecto de ley en el
Congreso, el Grupo Vasco ha presentado unas 26 enmiendas con el objetivo,
lógicamente, de mejorar el texto; 5 enmiendas en el trámite en el
Congreso han podido ser transaccionadas con el Gobierno, pero,
evidentemente, quedan pendientes toda una serie de enmiendas que nos
parecen de mucho calado, porque tratan básicamente de ajustar la ley y su
contenido al reparto competencial existente entre el Estado y las
comunidades autónomas. Creo que todos confesamos que este es un Estado
ampliamente descentralizado, pero, para que esta idea sea real y, sobre
todo, creíble, esta aseveración debe venir avalada por los hechos y, en
este caso, hechos legislativos y tener voluntad política para ello,
porque el Estatuto de Autonomía de Gernika, como el resto de los
estatutos o la propia Constitución, son ley, y la ley hay que cumplirla,
según se nos dice una y otra vez. Por eso, nuestras enmiendas piden que
se tenga en cuenta a las autoridades autonómicas en el ámbito de la
protección de datos. Además, avalamos toda esta tesis que estoy
manteniendo con una sentencia del Tribunal Constitucional del año 2018,
que establecía que el control de la actuación autonómica por parte del
Estado vulnera los artículos 2 y 137 de la Constitución, pues —dice
la sentencia— no se ajusta al principio de autonomía la previsión
de este tipo de controles genéricos o indeterminados que impliquen
—esto es muy importante— una dependencia jerárquica de las
comunidades autónomas respecto a la Administración estatal.

También hablamos, evidentemente, de cooperación,
porque es la base para tener en cuenta que las autoridades autonómicas
tienen también competencias en todo este ámbito del que se ocupa la ley;
cooperación que está, lógicamente, alejada y es contraria a la
imposición.

Quizá la máxima importancia de nuestro conjunto de
enmiendas se centra en la seguridad de las redes y de los sistemas. Esto
fue objeto de un real decreto ley allá por el año 2018. Nosotros apoyamos
la convalidación del real decreto ley porque había una promesa de
tramitarlo vía ley. Sin embargo, se disolvieron las Cámaras y no hubo
posibilidad. Por tanto, lo traemos a colación aquí con esta ley. Cuando
hablo de seguridad de las redes y de los sistemas y de las competencias
autonómicas me refiero a que, si el proyecto de ley se aplicara tal cual,
eso significaría que sobre todas las redes y servicios de información
autonómicos se deja en manos del Estado la supervisión y el régimen
sancionador. No es posible dejar en manos del Estado esta capacidad de
supervisión y sancionadora. Y para que se den cuenta de una manera más
clara, si cabe, del porqué de la oposición de mi grupo a este precepto,
la ley prevé que la supervisión y la capacidad de sanción en última
instancia recaiga sobre el Centro Nacional de Inteligencia, CNI, a través
del Centro Criptológico, que es un centro que se integra dentro del CNI.
En fin, no sé si debo abundar mucho más, señor presidente, en justificar
lo que acabo de decir para mostrar nuestra oposición, porque consideramos
que el control que se pretende ejercer sobre cualquier actividad de las
administraciones públicas, incluidas las autonómicas, no es acorde con el
principio de autonomía institucional que deben tener y tienen las
comunidades autónomas. Y no se justifica tampoco en la trasposición de la
directiva europea NIS, que, por cierto, no incluye en su ámbito a las
administraciones públicas, genéricamente hablando. Por tanto, no resulta
necesario ni proporcional a los efectos de salvaguardar la coordinación
de las medidas de seguridad de las redes y sistemas de información entre
las administraciones públicas: Para este objetivo, quizá cabe, en su
caso, arbitrar —y a eso, evidentemente, no nos oponemos— los
ordinarios mecanismos de cooperación y coordinación ya contemplados en el
ordenamiento.

Nosotros tenemos un texto que podemos proponer a
cualquier grupo que lo desee, que engloba de alguna manera todas estas
ideas y se refiere a varias de las enmiendas que hemos presentado. Ese
texto viene a decir que las comunidades autónomas que dispongan de
policía propia para la protección de personas y bienes y para el
mantenimiento del orden público podrán desarrollar sobre las
infraestructuras, redes y sistemas de información referidos al ámbito de
su administración y sector público, las facultades y equipos de respuesta
a los incidentes y gestión de riesgos que se prevén en los artículos 10
y 12 de este proyecto de ley, por supuesto, sin perjuicio de los
mecanismos de coordinación que se pudieran establecer. Es decir, estamos
hablando de competencias autonómicas; estamos hablando, en este caso y en
lo que a mi grupo se refiere, de la Ertzaintza, que es estatutariamente
—y, por tanto, se supone que constitucionalmente— una policía
integral. Y si es una policía integral, hay que respetar su ámbito
competencial y su capacidad de actuación, sin perjuicio, insisto, de las
coordinaciones, que no nos oponemos, ni mucho menos, a establecer al
efecto. Pero no nos parece ni política ni materialmente aceptable y
admisible que, sobre las redes y sistemas autonómicos, tenga una
capacidad de observación e, incluso, ni más ni menos que de sanción, el
CNI.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.

Para la defensa de las enmiendas números 88 a 125
—excepto la número 99, que ha sido retirada—, del Grupo
Parlamentario de Esquerra Republicana-Euskal Herria Bildu, tiene la
palabra el senador Furriol.

El señor FURRIOL FORNELLS: Gracias,
presidente.

Son muchas enmiendas y no me referiré a ellas
individualmente, pero sí insistir, porque se ha comentado antes en la
ponencia, en que todas ellas responden a los siguientes tres ejes:
introducir mejoras técnicas en el proyecto; incidir en la mejora de la
defensa de los derechos de consumidores y usuarios —y esto abarca
aspectos tan comentados en muchas reuniones como reducir la brecha
digital, ya sea por razón de formación, por falta de recursos económicos
o en territorios despoblados o de difícil acceso—, entre los que
nosotros también incluimos los derechos lingüísticos; y el reconocimiento
de las competencias de las comunidades autónomas y entidades locales.
Hablo de reconocimiento, no de reclamación o reivindicación de nuevas
competencias, sino que se asuma cuáles son las existentes y no se ignore
y atropelle a las administraciones autonómicas y locales como si no
existiesen.

Superar las brechas comentadas, además de suponer
una universalización real servicio, contribuiría a mejorar la
conciliación laboral, personal y familiar y también a fomentar o, por lo
menos, no desincentivar la población en zonas despobladas o de difícil
acceso.

Nuestro grupo va a mantener todas las enmiendas, va
a dar apoyo a todas las enmiendas que respondan a estos principios, e
intentaremos llegar a transacciones que espero que puedan fructificar, en
definitiva, en una mejora de la ley.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.

Por último, para la defensa de las enmiendas
números 29 a 41 y 79, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, tiene
la palabra el senador González La Mola.

El señor GONZÁLEZ LA MOLA: Buenas tardes. Muchas
gracias, presidente.

Yo haré también una muy breve defensa de las
enmiendas. En primer lugar, quería hacer referencia a que, una vez más,
como viene siendo habitual en esta legislatura, acudimos a un
procedimiento de urgencia para sacar adelante una ley. No entendemos por
qué hay que aplicar un procedimiento de urgencia para aprobar esta ley.
Esto provoca que tengamos —creo que se ha dicho antes también en la
ponencia— muy poco tiempo para poder llegar a acuerdos que permitan
sacar adelante las enmiendas. Por tanto, en primer lugar, quería
manifestar mi desacuerdo con estos procedimientos que se vienen aplicando
demasiadas veces en esta legislatura. Parece que esta Cámara, en lugar de
ser una Cámara de segunda lectura, es una Cámara de lectura rápida por lo
que viene ocurriendo.

Dicho esto, nosotros hemos presentado 14 enmiendas
con 4 objetivos muy claros. Por una parte, las presentamos con la idea de
mejorar y facilitar el despliegue de las redes, sobre todo en entornos
rurales, para poder llevar adelante el servicio universal. Es decir, nos
parece fundamental eliminar algún tipo de traba que hemos visto en el
despliegue de las redes en todo este entorno. En segundo lugar, una parte
fundamental, y que ya se tuvo que desarrollar con el anterior servicio
universal del servicio telefónico básico, son las enmiendas relativas a
la financiación de la prestación del servicio universal, con un mecanismo
de compensación, en condiciones de transparencia, con cargo a fondos
públicos y a favor de los operadores que presten el servicio universal.
Las enmiendas de financiación nos parecen muy importantes. Al tercer
objetivo se dirige otro grupo de enmiendas, 30, 31 y 32, con el fin de
eliminar las trabas administrativas, de cara también a agilizar el uso de
los fondos europeos y que no se nos pasen los plazos. Son enmiendas en
las que queremos hacer especial hincapié para la correcta utilización de
los fondos europeos. Y, por último, presentamos otro grupo de enmiendas
que son fundamentalmente mejoras y ventajas para el consumidor, tanto en
aspectos informativos —algunos ya se han mencionado aquí—
como en toda el área contractual con la empresa.

Si me permiten, para terminar, contaré una pequeña
anécdota. Yo, por motivos profesionales, estuve en Telefónica y viví la
Ley de telecomunicaciones del año 1998, cuando en España se empezó a
abrir la libre competencia en el mundo de las telecomunicaciones. Y en
Telefónica la estrategia más clara para llevar adelante ese desarrollo
era cambiar solamente una palabra: abonado por cliente. Nosotros nos
dedicamos durante muchos años a intentar cambiar la palabra abonado por
la palabra cliente, que parece que tiene otras implicaciones de relación
entre la empresa y el usuario final. Pues bien, en esta ley se sigue
hablando de abonados y no de clientes; y creo que en algún momento habría
que empezar a hablar de clientes y dejar atrás el término abonado.

Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor González.

Hay un tiempo de diez minutos para el turno en
contra. Tiene la palabra la senadora Villar Lechón.

La señora VILLAR LECHÓN: Gracias, presidente.

Señorías, este proyecto de ley traspone al
ordenamiento jurídico español la Directiva europea 2018/1972, del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2018, por la que
se establece el código europeo de las comunicaciones electrónicas, se
regula el régimen general de las telecomunicaciones, se compendia la
normativa vigente, y se actualizan aquellos aspectos que han sufrido
importantes modificaciones desde la aprobación de la vigente Ley 9/2014,
de 9 de mayo, general de telecomunicaciones; una ley que también tuvo un
importante consenso en aquel momento. Con esta ley que hoy tramitamos se
sientan las bases para el despliegue de las redes de muy alta
capacidad.

Tengo que decir que, como en el caso de la
anterior, esta es una ley de consenso. De hecho, de las 238 enmiendas
presentadas en el Congreso, 27 fueron aceptadas, 49 fueron
transaccionadas en fase de ponencia y 28 transaccionadas en comisión; es
decir, que el 43 % de las propuestas han sido incorporadas de una o de
otra manera, mejorando sustancialmente el texto inicial. Esto, señorías,
es fruto del diálogo sincero y de la forma en que entendemos la política
porque, señorías, yo vengo del mundo rural y conozco muy bien los
problemas que tenemos y la necesidad de anteponer los intereses de los
ciudadanos a cualquier otra cuestión. Por eso comparto que esta ley
fomentará e impulsará de forma decidida el establecimiento de nuevas
redes, y esto, sin duda, va a ser palanca de vertebración territorial,
que puede ayudar a la fijación de población en el territorio combatiendo
la despoblación en el medio rural. El despliegue de estas redes en el
entorno rural es necesario en los territorios con gran dispersión
poblacional y complicada orografía, resulta imprescindible para
posibilitar un adecuado desarrollo económico y fomentar la creación de
empleo. Créanme, soy la primera interesada en que en Villalengua, el
municipio en el que vivo y en el que soy alcaldesa, mis vecinos y las
personas dependientes, sobre todo nuestros mayores, puedan aprovechar las
ventajas de los nuevos servicios vinculados a la digitalización. Que las
personas no tengan que desplazarse por obligación a un hospital que les
queda a cientos de kilómetros cuando pueden tener una primera consulta
online con especialistas de primer nivel, estén donde estén; y que, si
los jóvenes que se han ido quieren volver, tengan la oportunidad de
teletrabajar porque hay que entender que, hoy día, ha cambiado mucho
nuestro modo de vida. Esto, señorías, será posible porque esta ley
agilizará más aun los despliegues y porque los servicios serán
asequibles, ya que en esta ley se establece la obligación de prestar
servicios a la población con criterios de precio asequible. Además, se
establece la obligación de la universalización del servicio de
comunicaciones mediante el impulso del 5G. En definitiva, este servicio
universal lo será independientemente de la localización geográfica. Será
adecuado y suficiente y con una calidad determinada, así como con un
precio razonable, y se ajustará a las nuevas realidades y a las
necesidades de la ciudadanía y del sector. La reforma de la Ley General
de Telecomunicaciones está prevista en el Plan de recuperación,
transformación y resiliencia, en concreto, en el componente
conectividad 5G y ciberseguridad, que prevé una inversión de 4000
millones de euros para extender la conectividad al cien por cien de la
población de nuestro país, impulsando el desarrollo del 5G, así como el
ecosistema de ciberseguridad.

Quisiera, para finalizar, agradecer a todos los
grupos su trabajo, tanto en el Congreso como en el Senado, porque me
consta que todos hemos estado trabajando esta ley desde que fue remitida
del Congreso. Y también quiero destacar el tono del debate, dialogante y
muy respetuoso. Por todo ello, nuestro grupo mantiene la postura
explicada en la ponencia en cuanto a las enmiendas presentadas, ya que es
un texto muy consensuado y muy bien desarrollado.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora
Villar.

Pasamos al turno de portavoces de los grupos
parlamentarios por orden de menor a mayor, por un tiempo de cinco
minutos.

Por el Grupo Parlamentario Mixto, la señora Goñi
tiene la palabra.

La señora GOÑI SARRIES: Gracias.

Esta ley tiene como objetivo principal simplificar,
agilizar y eliminar trabas, como dice la propia directiva europea;
facilitar esa inversión en infraestructuras de telecomunicación, pero la
directiva europea se traspone con cuatro años de retraso, lo que quiere
decir que ya llegamos tarde. Me gustaría decir, como todos mis
compañeros, que, como siempre pasa últimamente, han llegado las prisas y
hay que tramitar, una vez más, una ley con urgencia. Llegamos tarde, muy
tarde, a esta Ley General de Telecomunicaciones, porque regula
despliegues de 5G que ya han comenzado a desarrollar compañías privadas
en España, pero estas redes son esenciales para el desarrollo económico y
social de este país; así, aunque lo hagamos de forma urgente, es
absolutamente necesario hacerlo. Esas infraestructuras de comunicaciones
móviles son la base de la economía y de la sociedad para las próximas
décadas. Los hábitos y la tecnología han cambiado drásticamente en los
últimos diez años, y aunque esto es una realidad en todas las ciudades
españolas, no es una realidad para la España despoblada; no disponen de
las infraestructuras básicas necesarias, de las que sí disponemos el
resto de los españoles. Las razones: la excesiva burocracia y las trabas
administrativas; para llevar la fibra a un pueblo escondido del mundo
rural hay que atravesar carreteras comarcales, autonómicas, nacionales, y
para cada uno de esos trámites a veces hay que esperar dos años. Esta ley
ayudará a cerrar esa brecha digital entre lo urbano y lo rural, y será
una buena herramienta contra la despoblación. Esta ley también contempla
un asunto que considero importante, como es la cooperación entre el
sector público y privado para desplegar esas infraestructuras públicas,
el acceso a la electricidad, las canalizaciones municipales, el uso del
mobiliario urbano y dar el empuje definitivo al despliegue 5G.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Goñi.

Por el Grupo Parlamentario Democrático, señor Egea,
tiene la palabra.

El señor EGEA SERRANO: Gracias, señor
presidente.

Señora Villar, no tengo el placer de conocer su
pueblo, pero le puedo asegurar que, con 30 Mbps de bajada, como aseguran,
difícilmente podrán tener consultas médicas. A veces pensamos que las
redes tienen una capacidad que no es real; no es solo la cuestión de
llevar Internet a las localidades, sino la calidad de Internet. Creemos
que hoy día hay opciones vía radio y vía satelitales que nos pueden
ayudar para cosas como el correo electrónico, como acceder a ciertos
servicios digitales, pero no sirven para cosas tan importantes como la
salud, donde se necesitan anchos de banda y velocidades mayores. No creo
que ningún médico sea capaz hoy día de diagnosticar, ni siquiera de ver
una radiografía con las velocidades que llegan a muchos pueblos. Llama la
atención que diga que la ambición del Gobierno es crear redes de muy alta
capacidad, cuando vemos que hay soluciones de 30 Mbps, que le puedo decir
que no serán de muy alta capacidad. O sea, no es solo llevar Internet, y
eso choca también muchísimo —como bien ha dicho el compañero
Koldo— con esas ambiciones de llevar Internet de banda ancha de 100
Mbps a todo el territorio. Se trata de saber si lo que se quiere es decir
que se va a llevar Internet y ya veremos qué Internet llevamos, porque
esto sería un paso atrás en esa ambición de llevar redes de alta
capacidad. Señorías, si hablamos de redes de alta capacidad y de 100 Mbps
simétricos, estamos hablando de llevar fibra óptica a todos los pueblos.
Se lleva la luz a todos los pueblos con postes, y hay muchos postes que
atraviesan nuestras carreteras y nuestras montañas que serían vehículos
para poder llevar cables de fibra óptica.

Esta mañana comentaba con el compañero Javier
Puente que, en su comunidad, Cantabria, ha sido el propio Gobierno
cántabro el que ha tirado fibra a todo el territorio, y luego ese
Gobierno es el que ha alquilado la fibra, pero ha sido el Gobierno el que
ha hecho el esfuerzo de tirar fibra hasta el último pueblo. Y lo digo no
porque me lo hayan dicho, sino porque lo he visto. Me llama la atención
el esfuerzo que ha hecho el Gobierno cántabro para llevar fibra óptica,
incluso a la última casa del último pueblo, aunque estuviera a 2
kilómetros del centro, porque cuando se quiere, se puede.

Entonces, no me parece justo, por decirlo así,
aspirar solo a 30 Mbps de bajada; aspiremos a lo que la tecnología nos
permite hoy. Hace unos años tener un Giga en el móvil nos parecía una
barbaridad, y hoy día todo el mundo tiene datos ilimitados. Las
tecnologías de la información y sus necesidades de capacidad van mucho
más rápidas de lo que a veces somos capaces de gestionar y legislar.
Vayamos una vez, si es posible, por delante y legislemos a mayores; que
sea la tecnología la que se tenga que adecuar y que sean las compañías
las que tengan que proveer los servicios que están ofreciendo a ciudades
y a capitales de provincia para todo el territorio, que tampoco estamos
pidiendo tanto, estamos pidiendo que se tire fibra. El Gobierno saca
planes PEBA todos los años; marquémonos los 100 Mbps.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Egea.

Por el Grupo Nacionalista en el Senado, señora
Castellví, tiene la palabra.

La señora CASTELLVÍ AUVÍ: Voy a ser muy breve.
Simplemente diré que sabemos que las telecomunicaciones actualmente son
un elemento de transformación digital, un elemento de transformación
económica y un elemento de transformación social, es la base hoy día. Por
lo tanto, esta ley es de suma importancia.

Vuelvo a pedir que blindemos las competencias de
las comunidades autónomas y de los ayuntamientos. Esperamos que el Senado
no sea solo un mero trámite, sino que nos podamos sentar a hablar y si,
en el transcurso del trámite administrativo podemos incluir algunas de
las enmiendas, perfecto; si no, las incluiremos en el dictamen del
Pleno.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.

Por el Grupo de Izquierda Confederal, tiene la
palabra el señor Martínez.

El señor MARTÍNEZ URIONABARRENETXEA: Gracias,
presidente.

Lo he expresado en la reunión de la ponencia, pero,
en nombre de mi grupo, por un lado, lamento la tardanza en traernos esta
ley al Senado y, por otro lado, aunque parezca una contradicción, lamento
también la urgencia de la tramitación de esta ley en la Cámara. Es una
ley necesaria, es una ley que podía encarar y enfrentar situaciones
realmente antiguas, viejunas, de la realidad del Estado, y tenemos la
sensación de que la forma en la que se va a dar respuesta a estas
situaciones no va a ser la que un Estado democrático del siglo XXI
requiere, no va a ser la que la ciudadanía de un Estado democrático del
siglo XXI necesita. Yo pediría a todos los grupos políticos, empezando
por el presidente del Gobierno hasta el último —déjenme que utilice
la expresión— mono de este Senado, que podría ser yo, que evitemos
hacer promesas grandilocuentes que luego no se van a convertir en
realidades. Esto no lleva más que a la desafección de la ciudadanía con
respecto a la política, que a veces también se convierte en desafección
incluso de las personas, de los ciudadanos y ciudadanas que, en
temporadas concretas de nuestra vida, nos dedicamos también a la
política, porque esta urgencia en la tramitación de las leyes nos hace
sentirnos muchas veces como convidados de piedra. La democracia funciona
mal cuando hay muchos convidados de piedra y cuando hay muchas personas
engañadas. Dedicamos horas y horas desde las fuerzas progresistas y de
izquierda a analizar por qué están aumentando los grupos de ultraderecha
en el Estado y en Europa, y seguramente no le dedicamos a esto que estoy
diciendo el tiempo y la reflexión suficientes como para encontrar en ello
una de las causas del desgraciado crecimiento de la ultraderecha en
España.

El senador Egea mencionaba la telemedicina. Yo
estoy totalmente de acuerdo con él. Recuerdo cuando en Navarra empezamos
a hablar de hacer dermatología por telemedicina, y algunas fuerzas se
echaban las manos a la cabeza como diciendo: eso es imposible.
Efectivamente, es imposible si no se ponen los medios; 100 Mbps es lo
menos que se puede tener. Pasemos de las palabras a los hechos. Dennos
tiempo; el tiempo es necesario para un debate democrático, un debate que
necesariamente tiene que ser sosegado y prudente. Es todo lo que tengo
que decir respecto de la tramitación de esta ley.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Martínez.

Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra
el señor Uribe-Etxebarria.

El señor URIBE-ETXEBARRIA APALATEGUI: Eskerrik
asko, presidente jauna.

Labur, labur; con concisión. Evidentemente,
nosotros estamos muy de acuerdo —y creo que la portavoz socialista
lo ha descrito— con los objetivos generales de la ley, que es una
trasposición de una directiva que entró en vigor en diciembre de 2018, y
que tenía que haber sido traspuesta al ordenamiento interno del Estado
español el 21 de diciembre, día de Santo Tomás, de 2020; hay un retraso.
Insisto, con los objetivos generales nosotros estamos de acuerdo. Nuestro
punto de discrepancia se refiere a la vulneración que, desde nuestro
punto de vista, hace el proyecto de ley de las competencias autonómicas,
y que va a un esquema no solo de drenar —y es lo que yo más
conozco— el Estatuto de Gernika, sino de establecer un esquema de
imposición en lugar de un esquema de coordinación. Usted hablaba de que
es fruto del consenso, etcétera, y, a veces, igual nosotros no utilizamos
muy adecuadamente algunos términos, quizá tampoco hay que confundir la
cantidad con la calidad. Por esa regla de tres, nosotros hemos
presentado 26 enmiendas y hemos transaccionado 5, pero si vamos a la
calidad o vamos al contenido o vamos al nervio de esta ley, ya he
expuesto antes un poco cuál sería nuestra pretensión, teniendo en cuenta,
insisto, el Estatuto de Gernika y las competencias que confiere a
Euskadi, a la comunidad autónoma de Euskadi, el Estatuto de Gernika.






A
partir de ahí, nos quedan una serie de días, y yo me atrevo a pedir al
Grupo Socialista que tampoco tenga excesiva prisa —se ha hablado de
la urgencia del trámite en esta Cámara— y que dé pie y abra una
ventana para el diálogo y para, no voy a decir el consenso, yo diría
quizá el máximo consenso.

Eskerrik asko.

El señor PRESIDENTE: Gracias.

A continuación, por el Grupo Parlamentario de
Esquerra Republicana, tiene la palabra el señor Furriol.

El señor FURRIOL FORNELLS: Gracias,
presidente.

Nada que añadir a lo que ya he expuesto con
anterioridad, únicamente insistiría en nuestra disposición a apoyar
enmiendas de cualquier otro grupo que respondan a los criterios
anunciados y en nuestra disposición a transaccionar para que se puedan
aprobar. Insisto también en la queja expuesta por otros grupos en
relación con el trámite de urgencia, que entendemos que es un desprecio a
la institución, a la función del Senado y a los senadores, pues no pasa
nada porque la ley entre en vigor una semana o diez días más tarde.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la
palabra el señor Puente.

El señor PUENTE REDONDO: Muchísimas gracias,
presidente.

En primer lugar, quiero dar las gracias a la
anterior presidenta y desearle suerte en sus nuevas responsabilidades. Y
aprovecho para dar la bienvenida y desearle suerte al presidente, cuenta
con nuestro apoyo para que así sea.

En primer lugar, reitero la queja por ese trámite
de urgencia en una ley que consideramos tan importante. Creo que se
debería haber dejado más tiempo de cara a, como hemos hablado con el
resto de los grupos, poder llegar a acuerdos, poder llegar a consensos y
mejorar el texto de esta ley. El martes tuve la ocasión de intervenir con
la nueva secretaria de Estado de Defensa, y le comentaba que en el
Partido Popular vemos la defensa como una política de Estado, y la
trasformación digital también la vemos así. Creo que tiene que ser una
política de Estado en la que debemos estar todos de acuerdo, debemos
llegar a pactos, y así lo hemos demostrado en las diferentes leyes de
transformación digital que se han tramitado aquí, salvo en una, que ha
sido la Ley rider, que tiene un importante componente tecnológico, en la
que no se nos escuchó, no se hizo caso a las propuestas que hicimos, no
se llegó a un acuerdo y estamos viendo los resultados ahora; las quejas
que hay por parte de las empresas, las quejas que hay por parte de los
trabajadores, e incluso los repartidores prefieren ser autónomos y está
teniendo problemas esta ley. Por eso les invito a que tengan en cuenta
nuestras propuestas.

Volviendo a la Ley de telecomunicaciones, en
el 2014 se aprobó una ley con cerca de un 95 % de consenso. En aquella
ocasión se aprobó por el Partido Popular que estaba en el Gobierno, se
apoyó por parte del Grupo Socialista, también con muchas enmiendas
transaccionales, y en aquel momento por Convergència i Unió, que eran los
que estaban. Creo que eso generó una seguridad jurídica y, gracias a esa
seguridad jurídica, los operadores han realizado inversiones, se ha
creado empleo, se ha desarrollado nuestro país tecnológicamente, y
podemos decir con orgullo que somos el país con un mayor despliegue en
cuanto a kilómetros de fibra óptica y un buen despliegue de ancho de
banda en todo el territorio español.

Con la trasposición de esta normativa europea, fue
reconocido por parte de Europa que se utilizaba nuestra ley como uno de
los puntos de partida para legislar a nivel europeo, reconociendo todo lo
bueno que tuvo aquella ley. Así, se han introducido, por ejemplo, medidas
relacionadas con las ICT, con la coordinación de obras civiles, con la
restauración de obras civiles o relacionadas con la reducción de trámites
administrativos. Ese fue un punto de partida motivado por ese consenso,
por esa buena ley que se creó en su momento, y es la línea a seguir en la
ley que estamos tramitando actualmente, que tiene el espíritu y más
del 90 % del contenido de esa Ley del 2014 con las trasposiciones que
hicimos de normas de la Unión Europea, basadas también en gran parte en
el espíritu de aquella ley; por ello creo que debemos ir en esa línea de
facilitar las inversiones. Además, debemos eliminar esas trabas
administrativas relacionadas con los fondos europeos, porque tienen unos
plazos de ejecución.

Dicho lo cual, nosotros vamos a apoyar esta ley,
vamos a votar a favor de esta ley, porque así lo hemos dicho en las
diferentes intervenciones que hemos hecho en las comparecencias del
secretario de Estado, en la ley de presupuestos, etcétera: que el
Gobierno y el partido que sustenta al Gobierno van a contar con nuestro
apoyo en todos los temas relacionados con la transformación digital,
siempre y cuando se tengan en cuenta también nuestras opiniones y no haya
locuras.

En esta ley no hay locuras —para nada, ya
digo que estamos de acuerdo—, pero sí hemos presentado una serie de
enmiendas y, en aras de ese consenso del que estamos haciendo gala todos,
nos gustaría que se tuvieran en cuenta. Son enmiendas relacionadas, sobre
todo, con el despliegue en los entornos rurales. Con la ley anterior se
consiguió que las ciudades tengan un buen ancho de banda, tengan todas
fibra óptica, y aquí comparto con los compañeros de otros grupos la
necesidad de llegar a esos entornos rurales con una fibra óptica. No hace
falta garantizar por ley equis megabits de velocidad, porque, si
facilitamos el despliegue y llegamos a todos los sitios con fibra óptica,
lo vamos a tener más que de sobra. Esas son las líneas principales de
nuestras enmiendas y nos gustaría contar con su apoyo. Y si no contamos
con ese apoyo, como han dicho otros grupos parlamentarios, vamos a
intentar tener una negociación para mejorarlo.

Yo creo que estamos ante una ley que es una
oportunidad de oro para el despliegue de banda ancha en los entornos
rurales, porque la digitalización permite el desarrollo, una mayor
competitividad para las empresas, la creación de empleo en los entornos
rurales, dar una formación, llegar con una buena sanidad y ofrecer unos
servicios tan necesarios en ese entorno rural —para que no exista
esa despoblación, que creemos que es un problema—, de cara a crear
nuevos empleos y servicios. Con una buena conexión a internet, cualquier
joven o cualquier persona puede tener acceso a sesiones formativas en
cualquier universidad del mundo o puede hacer llegar desde su casa, en un
pueblo, sus productos, sus servicios o aquello que ofrezca.

Por ello —concluyo ya, presidente—, y
yo creo que con una clara determinación política, al potenciar internet,
no solamente luchamos contra el paro juvenil, sino que también fomentamos
las oportunidades en los pueblos pequeños y avanzamos en esa necesidad de
llegar con un buen ancho de banda, como decimos, a esos entornos rurales.
Por eso pido ese consenso. Nos gustaría que se aprobasen algunas de estas
enmiendas, que, como se ha reflejado también, mejorarían la ley y
votaremos a favor de la ponencia y a favor de la ley, pero nos gustaría
esa aprobación.

Muchísimas gracias, presidente. Muchas gracias,
señorías.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor
Blanco.

El señor BLANCO ÁNGEL: Muchas gracias, presidente,
y enhorabuena por su nombramiento.

Yo voy a iniciar mi intervención donde la dejó el
señor Puente. Es cierto que la Ley General de telecomunicaciones de 2014
gozó de un amplísimo consenso, un 95 % de los votos, como él dijo,
después de un trabajo previo. Y es una ley que fue exitosa: nos ha
permitido un despliegue de la fibra en el entorno del 95 % en España, muy
superior a la media europea; generar un sector que factura 28 000
millones de euros, más del 3 % del PIB; 466 000 empleos... En definitiva,
una ley que fue iniciativa del Partido Popular, que contó con la
aportación del resto de grupos, y que fue una ley muy positiva.

Pero han pasado ocho años y necesitamos cambiar esa
ley, necesitamos hacer una serie de reformas, necesitamos una nueva ley
general de telecomunicaciones y, básicamente, por tres razones
—algunas ya se han comentado aquí—. La primera de ellas, por
la necesidad perentoria de incorporar la directiva europea, el Código
Europeo de las Comunicaciones Electrónicas, que, lógicamente, va
recogiendo los cambios que se han producido, una serie de directivas
europeas y otros cambios regulatorios que se han producido desde 2014 y
que es necesario incorporar a nuestro sistema jurídico.

En segundo lugar —y no menos importante, algo
que quizá sea una pista de la urgencia de esta ley—, porque ha sido
comprometida dentro del Plan de recuperación y resiliencia con la Unión
Europea y necesitamos aprobar esta ley también para disponer de los
fondos europeos, para una correcta y rápida gestión de los fondos
europeos.

Y, en tercer lugar —no nos olvidemos de los
objetivos finales, que son los importantes—, porque las
telecomunicaciones son un sector fundamental, un sector transversal para
la mejora de la productividad en el resto de los sectores económicos. Por
lo tanto, en un momento en el que estamos planteándonos una
transformación ecológica y digital de la economía, esta ley de
telecomunicaciones, la mejora de las telecomunicaciones, el despliegue de
las redes de muy alta capacidad, el 5G, etcétera, son absolutamente
fundamentales para avanzar en ese proceso de digitalización e, incluso,
de transformación ecológica. Porque, si bien es cierto que las
telecomunicaciones y una buena red de fibra, de 5G, etcétera, permiten
cuestiones que ya se han comentado aquí, como la telemedicina; el
teletrabajo; la enseñanza online; el procesamiento en nube —que
también resulta bastante más eficiente—; el Internet de las cosas,
con las implicaciones industriales que esto tiene, por ejemplo, para la
industria 4.0; la automoción conectada, que también es uno de los retos
que estamos viendo que vienen a futuro; también, incluso, para la
eficiencia energética es fundamental —durante esta pandemia vimos
cómo unas buenas telecomunicaciones, en distintos ámbitos de trabajo nos
han permitido descongestionar el transporte, reducir emisiones,
etcétera—, pero, asimismo, la gestión inteligente de redes
eléctricas, etcétera.

Las telecomunicaciones son fundamentales para todos
estos objetivos y todos estos objetivos, de una u otra manera, vienen
recogidos en esta ley, medidas concretas que les van a dar posibilidades:
el despliegue, como decíamos, de la fibra o el 5G; la ampliación de la
protección de los derechos de usuario, reforzando las obligaciones de
transparencia, regulando los paquetes de ofertas; la actualización de la
normativa sobre el servicio universal, que también es muy importante; las
nuevas medidas en materia de seguridad, destinadas a evitar determinados
riesgos; la racionalización, adjudicación y gestión del dominio público
radioeléctrico, introduciendo medidas que faciliten el uso compartido del
espectro por operadores móviles; reforzar el funcionamiento del 112, la
posibilidad de que se establezcan tarifas únicas..., no me quiero
alargar. En definitiva, toda una serie de medidas que son imprescindibles
por las tres razones que exponía al principio.

Agradezco la disposición del resto de los grupos.
Yo creo que la disposición del PSOE es la misma: lo fue en 2014, cuando
estábamos en la oposición, y, lógicamente, lo será mucho más ahora que
estamos en el Gobierno. Es una voluntad de consenso y de avanzar en todas
estas cuestiones.

Gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

Vamos a pasar a la votación del informe de la
ponencia. (El señor Uribe-Etxebarria Apalategui pide la palabra).

El señor PRESIDENTE: ¿Sí, señoría?

El señor URIBE-ETXEBARRIA APALATEGUI: Presidente,
si me lo permite, tengo una pequeña duda. ¿Cuál es el orden de las
votaciones o cómo se vota esto? Estoy un poquito despistado.
Discúlpeme.

El señor PRESIDENTE: Se vota el informe de la
ponencia. En una única votación se aprueba o no se aprueba.

Pasamos, por tanto, a la votación del informe de la
ponencia.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
votos a favor, 26; abstenciones, 2.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.

Los miembros de la comisión o senadores que,
habiendo defendido enmiendas, discrepen del acuerdo de la comisión por no
haberlas aceptado, podrán presentar votos particulares y defenderlos ante
el Pleno. En caso de introducirse cualquier modificación, los senadores
podrán convertir en enmienda y, en su caso, en voto particular, el texto
anterior del proyecto de ley. La presentación de los votos particulares
se deberá hacer no más tarde del día siguiente a aquel en que termine la
deliberación en comisión a través de la aplicación de votos particulares
—a partir de hoy, mañana termina el plazo—.

En consecuencia, queda dictaminado por la Comisión
de Asuntos Económicos y Transformación Digital el Proyecto de Ley General
de Telecomunicaciones.

Por último, hay que designar al miembro de la
comisión que llevará a cabo la presentación de este dictamen ante el
Pleno del Senado, que lo haré en mi persona.

Muchas gracias por la asistencia.

Se levanta la sesión.

Eran las catorce horas y diez minutos.