El señor PRESIDENTE: El primer punto del orden del
día es la ratificación de la Ponencia de la Proposición de Ley por la que
se modifica la Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil.

De conformidad con el acuerdo de la Mesa del Senado
de 11 de febrero de 2020, procede ratificar la ponencia de esta
proposición de ley con la siguiente composición: doña Laura Castel, don
Josep Maria Cervera, don Imanol Landa, don Fernando López, doña María
Teresa Martín, don Carles Mulet, don José María Oleaga, doña María
Victoria de Pablo, don Luis Rogelio Rodríguez-Comendador, don Miguel
Sánchez y don Clemente Sánchez-Garnica.

¿Están de acuerdo los miembros de la comisión?
(Asentimiento). Se da por ratificada.

El señor PRESIDENTE: Pasamos al último punto del
orden del día, el Dictamen de la Proposición de Ley por la que se
modifica la Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil.

A esta proposición de ley se han presentado
veintitrés enmiendas y el informe de la ponencia dice lo siguiente: En
relación con las enmiendas número 11, del senador Chinea Correa, 12 y 13
del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, 15 a 19, 21 y 22 del Grupo
Parlamentario de Esquerra Republicana-EH Bildu, manifiesta la
conveniencia de que el Gobierno estudie más detalladamente su contenido a
efectos de su posible inclusión en una futura iniciativa legislativa. Sin
perjuicio de lo anterior, la ponencia acuerda por mayoría proponer a la
Comisión de Justicia que se mantenga en sus propios términos el texto
remitido por el Congreso de los Diputados.

A continuación, iniciamos el turno de defensa de
las enmiendas, por un tiempo de cinco minutos por enmendante.

Para la defensa de las enmiendas 1 a 10, de los
señores González-Robatto y Marín Gascón, y de la señora Merelo, tiene la
palabra el señor González-Robatto.

El señor GONZÁLEZ-ROBATTO PEROTE: Gracias, señor
presidente.

Señorías, hemos presentado diez enmiendas a esta
proposición de ley: cuatro de sustitución, dos de modificación, dos de
supresión y dos de adición. Dado el tiempo de que dispongo, voy a resumir
la justificación de nuestras enmiendas. La primera, de sustitución, en
coherencia con las enmiendas subsiguientes, indica que dicha exposición
de motivos debe indicar lo siguiente: la Ley 20/2011, de 21 de julio, del
Registro Civil, implica la implementación de un nuevo modelo de Registro
Civil único para toda España, informatizado, accesible electrónicamente,
cuya llevanza corresponderá a funcionarios públicos distintos de aquellos
que integran el Poder Judicial del Estado y con una estructura
organizativa formada por una oficina central, oficinas generales y
oficinas consulares, que conlleva la reestructuración de la organización
actual del Registro Civil en todo el territorio nacional.

A partir de abril de 2015, el Ministerio de
Justicia decidió revisar la reforma del Registro Civil con el objetivo de
alcanzar un consenso que cuente con los apoyos necesarios tanto de los
afectados como de los trabajadores, los sindicatos y los partidos
políticos, reafirmándose así la voluntad de mejorar la gestión del
Registro Civil para conseguir un servicio público de calidad, gratuito y
cercano a los ciudadanos. En la actualidad este cambio se justifica en el
sentido de redefinir algunos aspectos de la ley para preservar la
naturaleza del Registro Civil como un servicio público y gratuito;
además, garantizar el acceso a todos los ciudadanos con una red de
oficinas dotada de servicios electrónicos y adecuadamente capilarizada en
todo el territorio nacional a través de la provincia, para proporcionar
la necesaria cercanía de los usuarios del servicio registral; aprovechar
la experiencia de los empleados públicos a cargo de su llevanza para la
implementación del nuevo modelo del Registro Civil y su culminación en la
fecha de entrada en vigor, y muy especialmente respetar de forma
escrupulosa y completa sus derechos y sus expectativas profesionales
durante el período de implementación del nuevo registro, y una vez
concluido este. A la vez se debe recoger en el texto de la ley la
modificación del sistema introducida por la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del procedimiento administrativo común de las administraciones
públicas.

En la segunda enmienda se propone la introducción
de un nuevo párrafo al artículo 2, que se refiere al apartado 1 del
artículo 7 de la Ley 20/2011, de 21 de julio. Todo el personal de las
oficinas del Registro Civil ha de disponer de certificado electrónico
avanzado para realizar las funciones propias de su puesto de trabajo, así
como las funciones por delegación legal que le correspondan.

En la enmienda número 3, de modificación, se
propone la modificación del artículo único 6 en lo que se refiere al
apartado 1 del artículo 22 de la citada ley. La provincia es la unidad
territorial básica de organización territorial del Estado y permite
dimensionar de una forma razonable y proporcionada la prestación de
servicios públicos. La ley ha de garantizar que todas las provincias
españolas cuenten con al menos una oficina general del Registro Civil. De
igual manera, por su especialidad insular, debe existir al menos una en
aquellas islas que actualmente cuenten con una oficina principal de
Registro Civil. Por otra parte, entendemos que un registro civil
completamente informatizado y telemático no necesita contar con oficinas
en cada partido judicial ni tampoco con oficinas delegadas en los
juzgados de paz. Es más, sería deseable que, antes de crear más oficinas
generales del Registro Civil, en las mínimas establecidas se analizara
con criterios técnicos la necesidad real de que las oficinas pudieran
existir a la vista de la tecnologización de los procedimientos.

En la enmienda número 4, de modificación al
artículo único 17, referido a la disposición adicional primera de la
citada ley, se considera necesario aclarar la ubicación de las nuevas
oficinas generales del Registro Civil, que será la misma que en la
actualidad ocupe la correspondiente sede del Registro Civil.

La enmienda número 5, de sustitución al artículo
único 18, referido a la citada ley, tiene por objeto desligar los cuerpos
generales de funcionarios de Justicia del cuerpo superior de letrados de
la Administración de Justicia. En ese sentido, los letrados de la
Administración de Justicia son los directores de las oficinas judiciales
donde los funcionarios regulados en el libro VI de la Ley Orgánica del
Poder Judicial desarrollan su trabajo diario. Por ello no existe
explicación lógica alguna que permita entender por qué se propone que en
las oficinas generales del Registro Civil sigan sirviendo en exclusividad
los funcionarios de los cuerpos de gestión, tramitación y auxilio, y que
no se aplique la misma regla para el de letrados, dado que todos ellos
conforman un equipo inseparable e indisoluble con la necesaria formación
profesional para gestionar los registros civiles. Así, abrir plazas de
encargado a otros cuerpos que carecen de la formación y de la experiencia
necesaria no sería una decisión acertada ni sostenible. Debemos señalar
que la dependencia de los encargados respecto a la Dirección General de
seguridad jurídica y fe pública ha de ser funcional y no jerárquica. Como
los integrantes del Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia,
estos funcionarios deben seguir sometidos a la jerarquía que nace lo
previsto en el capítulo tercero del título II del libro V de la Ley
Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.

La enmienda número 6 propone la supresión del
artículo único 20 de la proposición de la citada ley. La redacción
propuesta solo añade al texto original de la disposición adicional:
«… o transferidas en medios materiales de Administración de
Justicia»; es decir, que se abre la puerta a comunidades autónomas que no
tengan competencias ejecutivas en la materia dispongan sobre los medios
informáticos.

La enmienda número 7, introduce dos nuevos párrafos
al artículo único. La enmienda pretende aprovechar todas las
funcionalidades del sistema Inforeg, evitando así que el ciudadano deba
desplazarse hasta la oficina del Registro Civil de inspección, así como
dar continuidad a la validez de los libros de familia hasta su total
sustitución.

En la enmienda número 8 se propone la sustitución
al artículo único 23 de la citada ley. La sustitución propuesta suspende
sine die la entrada en vigor de la informatización del Registro Civil. Es
necesario que se establezca un plazo máximo de seis meses para el
comienzo de tal informatización. En otro caso, la redacción propuesta
supondría que la imprescindible informatización del Registro, paralizada
desde 2011, quedara exclusivamente al albur del Ministerio de
Justicia.

La enmienda número 9 es de sustitución al artículo
único 25 referido en la citada ley. Resulta necesario, en primer lugar,
recoger en la ley la desaparición de los órganos judiciales que
actualmente ejercen competencias exclusivas del Registro Civil, así como
diferenciar el régimen aplicable en las oficinas judiciales que continúan
bajo la forma de oficina del Registro Civil de acuerdo con la nueva
normativa. Además, se reputa necesario clarificar la normativa aplicable
a la redistribución y reordenación de efectivos.

En la enmienda número 10 —esta ya es la
última— es de sustitución al artículo único 31 de la proposición de
ley. La redacción propuesta por la disposición final séptima permite a
todas las comunidades autónomas ostentar un elevado control sobre la
provisión de medios personales y sobre la relación de puestos de trabajo
en los registros. Ello permitirá a las comunidades tomar el Registro
Civil de ámbito nacional y competencia del Estado como si de un
chiringuito autonómico más se tratase. Ello será especialmente nocivo en
comunidades gobernadas por el nacionalismo actual o incipiente. Asimismo
la confusa redacción empleada no mejora en absoluto el texto anterior, y
por ello se propone su supresión.

Gracias, presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

Para la defensa de la enmienda número 11, tiene la
palabra el señor Chinea Correa.

El señor CHINEA CORREA: Gracias, señor presidente.
Buenos días, señorías.

La enmienda que presenta mi partido, la Agrupación
Socialista Gomera, es muy sencilla y consiste en que, si los padres lo
solicitan de mutuo acuerdo en la inscripción del nacimiento de ese niño,
de esa niña, adoptado o adaptada, nacido fuera de este país, conste como
lugar de nacimiento el municipio del progenitor o de los progenitores. El
objetivo es garantizar, como exponemos en la enmienda, el derecho a la
intimidad de la filiación adoptiva. Señorías, lo hacemos a partir de la
observación, reiterada por la Dirección General de los Registros y del
Notariado, de que una de las circunstancias reveladora de una filiación
adoptiva puede ser la relativa al lugar de nacimiento, especialmente
cuando este ha acaecido en un país remoto.

Insisto, señorías, en dos aspectos fundamentales:
en primer lugar, el mutuo acuerdo de los padres y, en segundo lugar, la
necesidad de evitar también cualquier discriminación entre los hijos e
hijas por razón de filiación o procedimiento adoptivo.

Por ello, espero contar con el apoyo de los grupos
de esta Cámara para que la enmienda sea incorporada al texto que hoy
debatimos y que representa una oportunidad para los padres y madres que
han venido reivindicando esta propuesta que hoy ponemos sobre la mesa
para su debate.

Por último, me gustaría señalar que en aras de lo
estipulado en la ponencia celebrada, quiero dejar constancia de que esta
Cámara no puede seguir siendo utilizada para tramitaciones exprés, en las
que no se acepta ninguna enmienda de las que proponemos aquí. Señorías,
si queremos dignificar esta Cámara lo primero que tenemos que hacer es
respetarla.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Para la defensa de la
enmienda 14, tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario
Ciudadanos.

El señor SÁNCHEZ LÓPEZ: Muchas gracias, señor
presidente. Buenos días.

Rápidamente, diré que se trata de una enmienda que
propone la modificación de la disposición adicional segunda, que quedaría
redactada del siguiente modo: En la forma y con los requisitos que
reglamentariamente se determinen, las plazas de encargados del Registro
Civil se proveerán entre letrados de la Administración de Justicia. La
convocatoria y resolución de los concursos para proveer las plazas
corresponderá al Ministerio de Justicia. El encargado del Registro Civil
recibirá la formación específica que determine el Ministerio de Justicia.
En todo caso, el ejercicio de esta función de Justicia se considerará
como situación de servicio activo en dicho cuerpo. El régimen de
sustituciones de los encargados del Registro Civil será el que se prevé
reglamentariamente para los letrados de la Administración de Justicia. En
todo caso, de manera preferente, los encargados destinados en una misma
oficina se sustituirán entre ellos. Y, por último, los encargados del
Registro Civil en el ejercicio de sus funciones como tales actuarán bajo
la dependencia jerárquica de la Dirección General de Seguridad Jurídica y
Fe Pública. El incumplimiento o la inobservancia de las instrucciones,
resoluciones y circulares emitidas por la misma se considerará falta
disciplinaria conforme a lo tipificado reglamentariamente.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor
Sánchez.

Para la defensa de las enmiendas 15 a 23 del Grupo
de Esquerra Republicana, tiene la palabra la senadora Castel.

La señora CASTEL FORT: Las doy por defendidas,
gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.

Para la defensa de las enmiendas 12 y 13 del Grupo
Parlamentario Popular, tiene la palabra el senador
Rodríguez-Comendador.

El señor RODRÍGUEZ-COMENDADOR PÉREZ: Con la venia,
presidente. Buenos días, señorías.

En orden a contribuir a la mejora del texto, el
Grupo Parlamentario Popular ha presentado dos enmiendas de modificación
que se refieren a la disposición adicional segunda y a la disposición
transitoria décima. En cuanto a la enmienda de modificación de la
disposición adicional segunda, el Grupo Popular quiere expresar que no se
concreta en la ley el principio jurisprudencial de a igual trabajo, igual
retribución. Por eso, en el apartado 5 de la disposición adicional
segunda decimos: el encargado del Registro Civil recibirá una retribución
adecuada a su función y, para ello, se establece un complemento
específico de penosidad, que será regulado convenientemente y entrará en
vigor al mismo tiempo que la presente ley. Es obvio, señorías, que no se
puede defender que para una misma función haya una retribución distinta.
Por tanto, si un juez obtiene una retribución por prestar un servicio y
ese servicio lo presta también un letrado de la Administración de
Justicia, lo razonable es que tenga la misma retribución que tenía el
juez encargado. Por tanto, en el régimen retributivo de la Función
Pública, como en cualquier otro ámbito de la vida, debería de ser una
obligación la aplicación del artículo 14 de nuestra Carta Magna, que
textualmente dice que «Los españoles son iguales ante la ley, sin que
pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza,
sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia
personal o social». De dicho artículo se deriva el principio
jurisprudencial que establece que al mismo trabajo le corresponde la
misma retribución.

Por otra parte, la enmienda de modificación que
hemos presentado a la disposición transitoria décima quedaría redactada
de la siguiente forma: Los jueces y magistrados que al momento de la
entrada en servicio efectiva de las aplicaciones informáticas que
permitan el funcionamiento del Registro Civil de forma íntegramente
electrónica conforme a las previsiones de esta ley, se encuentren
prestando servicios con destino definitivo como encargados de los
registros civiles exclusivos y del Registro Civil central, podrán optar
por mantenerse ejerciendo dichas funciones en situación de servicios
especiales en la carrera judicial. Estas plazas se declararán a
extinguir, pero mantendrán transitoriamente las mismas retribuciones que
se estuvieran percibiendo antes de cambiar a la situación de servicios
especiales y se amortizaran cuando cesen los titulares que las ocupasen.
Aquellos jueces que no desearan o no pudieran permanecer en esas
funciones, quedaran en la situación que se prevea en la Ley Orgánica del
Poder Judicial. ¿Por qué defendemos esta modificación? Porque entendemos
que se trata del reconocimiento de una situación ad personam, de forma
que se va a extinguir. El nuevo sistema organizativo, si prospera, se
implantaría en un plazo francamente breve. Por tanto, se aprovecha la
experiencia de los actuales encargados de los registros exclusivos y
central, que han venido demostrando su trabajo, profesionalidad y su buen
hacer a lo largo del tiempo, lo que les hace, además, merecedores de la
continuidad, al menos, hasta la finalización de su actividad, y de esta
manera se respeta su estatus, toda vez que no se produce propiamente una
supresión del juzgado o reconversión de orden jurisdiccional, que serían
los únicos supuestos que contempla el artículo 349 de la Ley Orgánica del
Poder Judicial. Esta situación es análoga, señorías, a la que se ha
establecido en los supuestos de amortización de plazas que se transforman
en diversos ámbitos de la Administración. Por tanto, no estamos
solicitando algo extraordinario ni fuera de lo que es propio dentro del
sistema de la Administración del Estado.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

Pasamos al turno en contra.

Por tiempo de diez minutos, tiene la palabra el
senador López Gil, del Grupo Parlamentario Socialista.

El señor LÓPEZ GIL: Muchas gracias,
presidente.

La verdad es que nos encontramos hoy ante una
modificación de mucha trascendencia, por muchas razones, pero, entre
otras, porque hablamos de una de esas reformas pendientes de la justicia.
Y aunque será mi compañera, Victoria de Pablo, quien exponga en el turno
de portavoces las bondades de esta modificación de la ley, me gustaría
decirles en relación con las enmiendas que no descubro nada si les digo
que estamos ante una ley que tiene un largo recorrido, porque ha costado
muchos años alcanzar un acuerdo sólido sobre qué modelo de Registro Civil
queremos. Por ello, y porque creo que todas sus señorías han sabido
reconocer también esa importancia, quiero darles las gracias, quiero
mostrar el agradecimiento de mi grupo parlamentario a todas y a todos los
que han trabajado con seriedad y con rigor durante la tramitación de esta
modificación, cediendo en su posturas, sabiendo escuchar, desde el
diálogo siempre entre todas las fuerzas políticas, pero, también, con la
fuerza de la voluntad negociadora mostrada desde el principio por el
Ministerio de Justicia, quizá solo enturbiada por alguno de los
comentarios, ciertamente estridentes —como casi siempre— y
vacíos de certeza que hemos podido escuchar en la mañana de hoy.

Como saben, esta es una ley que contenía un período
transitorio, de vacío legal, que finaliza el día 30, y que ha tenido en
vilo a los trabajadores y a los vecinos de muchos municipios. En este
sentido, estoy convencido que, igual que me ha ocurrido a mí, ustedes han
recibido muchas llamadas y multitud de correos electrónicos de
trabajadores y alcaldes que estaban muy preocupados porque distintos
medios informaban que iban a cerrar los juzgados de paz de sus
municipios. Así que, más allá de las lógicas discrepancias, estarán de
acuerdo que si este es un texto cabal, en mi opinión, una muy buena
modificación de la ley, es, también, un ejercicio de responsabilidad y de
seguridad jurídica que pone fin a ese periodo de vacío legal y, también,
a la preocupación de los vecinos, los trabajadores y representantes
públicos de estos municipios. Además, por fin entra en vigor un modelo de
Registro Civil moderno, justo y equitativo, que es previsor y organizado,
que garantiza un servicio público muy importante para la ciudadanía, que
da solución a los problemas que teníamos enquistados y que encarna
correctamente un futuro que será cada vez más digital, pero no pone en
riesgo la persistencia de esa atención en los pequeños municipios.

Es precisamente por seguridad jurídica en relación
con la inminencia del vencimiento de ese periodo transitorio, del vacío
legal, lo que nos impide aceptar alguna de las enmiendas que nos parecen
razonables e, incluso, positivas y enriquecedoras, pero hemos trasladado
a todos los portavoces que incorporaremos en la ponencia una
recomendación al Gobierno para que estudie la posibilidad de incorporar
alguna de ellas en los textos legales que se aprobarán o tramitarán
próximamente en esta Cámara.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

Iniciamos, a continuación, el turno de
portavoces.

Por un tiempo máximo de cinco minutos, tiene la
palabra el señor Sánchez-Garnica Gómez, del Grupo Parlamentario
Mixto.

El señor SÁNCHEZ-GARNICA GÓMEZ: Señor presidente,
señorías, estamos ante un proyecto de ley que pretende afrontar la
necesidad de actualizar y dar eficacia a un servicio público esencial
como es el del Registro Civil. Se trata de un texto que abarca muchos
aspectos necesarios para ese fin y, sobre todo, el mantenimiento de su
implantación en todo el territorio nacional, única manera de fijar
población y atender a los ciudadanos vivan donde vivan.

Además, es una ley que permite un amplio consenso,
fundamentalmente porque después de mucho tiempo parece que estamos en
general de acuerdo con el modelo, como ha dicho muy bien el portavoz del
Partido Socialista.

Podría mejorarse el texto con las enmiendas
presentadas, que, desde nuestro modesto punto de vista, son bastante
razonables y bastantes lógicas, pero como viene siendo práctica habitual
en los últimos tiempos, la urgencia en su aprobación y entrada en vigor
no permiten ese necesario sosiego para un debate sereno y tranquilo.
Tenemos que insistir en la importancia de esta Cámara, que tiene entre
sus funciones la de doble lectura, que no es una función de mero trámite.
Tenemos que volver a reiterar, una vez más, la necesidad de respetar las
funciones de esta Cámara; en definitiva, de respetar la función
institucional del Senado.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la
palabra el señor Sánchez.

El señor SÁNCHEZ LÓPEZ: Gracias, señor
presidente.

Nosotros vamos a votar en el Pleno a favor de esta
proposición de ley porque nos parece positiva, pero que nos parezca
positiva no quiere decir que nos haya gustado el trámite ni que nos guste
el texto íntegro.

Además, tenemos que afear y quejarnos —y creo
que este es el órgano para hacerlo— de que esto haya pasado por
aquí corre que te pillo, con una tramitación exprés, como tantas, después
de diez años; después de diez años, se hace en un cuarto de hora. Además,
no se ha aceptado ni una sola enmienda.

El portavoz del Grupo Socialista —por quien
tengo un tremendo respeto— ha hablado literalmente, porque he
tomado nota, de ceder en sus posturas, de voluntad negociadora o de
voluntad de consenso. ¡Pero si no han aceptado ni una sola enmienda, ni
una, cero! ¿Voluntad de consenso? El movimiento se demuestra andando. Es
verdad que en el informe que acabo de firmar hacen una recomendación para
que, en ulterior momento, se admitan algunas de las enmiendas, pero creo
que ya se podrían haber admitido aquí y no haría falta tanta
celeridad.

Dicho esto, al final y a pesar de las quejas
oportunas que estamos expresando ahora mismo, vamos a terminar votando a
favor.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

Por el Grupo Nacionalista en el Senado, tiene la
palabra el señor Cervera Pinart.

El señor CERVERA PINART: Gracias, presidente.

No haremos uso del turno.

El señor PRESIDENTE: Gracias.

Por el Grupo de Izquierda Confederal, tiene la
palabra el señor Mulet.

El señor MULET GARCÍA: Gracias.

Nuestro grupo mantendrá viva la enmienda para el
Pleno.

Nos gustaría que nuestra labor aquí fuera útil para
algo. Al igual que al resto de señorías —no sé si alguna de sus
señorías se ha quedado en Madrid desde que acabó el Pleno—, mi
desplazamiento le ha costado a la Administración pública más de 100
euros, para que venga hoy a esta comisión; y me imagino que para la gente
que viene de fuera, como, por ejemplo, mi compañero, que viene de las
islas, será mucho más caro. Por tanto, casi treinta personas nos hemos
desplazado hasta aquí absolutamente para nada, porque estamos en una
dinámica en la que el Senado no sirve más que para cumplir trámites, y
eso es una falta de respeto gravísima para la gente que nos está pagando
el salario.

Quiero recordar que hay grupos políticos que están
en esta Cámara y no están en el Congreso, que han sido elegidos por los
ciudadanos para que legislen, no para que vengan aquí a pasearse ni a
hacer turismo, y a estas personas se les está vetando continuamente su
capacidad de legislar. En mi grupo, por ejemplo, de siete partidos
políticos, hay cuatro que no están en el Congreso, y a estos partidos,
sistemáticamente, se les niega la capacidad de legislar. Por tanto, no sé
qué estamos haciendo aquí. En teoría, era una Cámara de segunda lectura,
pero cuando hacemos la segunda lectura se nos dice que no, que hay mucha
prisa y que no se puede modificar una sola coma de lo que nos llega del
Congreso. Creo que esto es una falta grave de respeto a los ciudadanos
que nos han escogido y que nos pagan el salario, porque si no tenemos
capacidad para modificar leyes como esta, leyes que suponen avances,
estamos aquí perdiendo absolutamente el tiempo. Además, las enmiendas
también suponen avances, las presentan representantes de la gente del
pueblo, y un partido con un solo senador tiene la misma legitimidad que
uno que tenga ciento cincuenta. Me parece una falta de respeto muy grande
que esta sea la norma de la Casa, porque ley que entra aquí, ley que se
tiene que aprobar urgentemente. No nos sirve de nada que luego se haga
una recomendación diciendo lo buenas que son estas enmiendas y en la que
pidan al Gobierno que, en futuras reformas, tenga la bondad, ahora sí, de
incorporarlas, porque eso tampoco es garantía absolutamente de nada. Si
una enmienda tiene sentido, tiene sentido hoy y se tiene que aprobar hoy,
y no podemos estar siempre con estas prisas. Esta tramitación se inició
en septiembre, por lo que ha habido tiempo de sobra. Qué más da un mes,
qué más da una semana, han tenido tiempo, y es que, por esta regla de
tres, estaremos en las mismas con absolutamente cualquier ley que venga
aquí. Lo hemos visto con leyes muy importantes, como la Ley de
presupuestos, que es la más importante que tenemos, o la Ley de
eutanasia. Todas las leyes vienen aquí pero no nos dejan modificar ni una
sola coma, y eso me parece una falta de respeto. Para eso, disolvamos
esta Cámara y, seguramente, los ciudadanos se ahorrarán unos salarios y
unos gastos, como son los de nuestros desplazamientos. Creo que así vamos
muy mal, vamos fatal.

A pesar de ello, es un pequeño avance. No podemos
estar en contra de lo que dice la ley, pero pensamos que se puede
mejorar, aunque el Partido Socialista no quiera que se pueda modificar ni
mejorar nada.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor
Mulet.

Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra
el señor Landa.

El señor LANDA JÁUREGUI: Gracias, señor presidente.
Eskerrik asko. Egun on. Buenos días a todos y a todas.

Abordamos una nueva reforma parcial de la Ley del
Registro Civil, una ley que se encuentra en la sexta vacatio legis
respecto de algunos de sus contenidos, que son precisamente aquellos más
controvertidos, a los que se pretende conferir, mediante esta reforma,
una solución satisfactoria y consensuada en lo posible. El esfuerzo
desarrollado en este sentido en su tramitación inicial en el Congreso ha
sido considerable a nuestro entender, y así el texto remitido desde la
Cámara Baja goza de un respaldo amplio que nosotros valoramos
positivamente.

Conforme señaló mi grupo en esta tramitación
previa, aunque con salvedades, estamos ante un modelo de Registro Civil
que, en gran medida, es compartido por el Partido Nacionalista Vasco; un
modelo desjudicializado que, sin embargo, mantiene este servicio en el
ámbito de la Administración de Justicia en cuanto a los medios
materiales, económicos y humanos, con personal de los cuerpos generales
de funcionarios de la Administración de Justicia y con respeto a sus
derechos y expectativas; un registro único, pero de llevanza
descentralizada; un registro moderno y accesible a toda la ciudadanía, y
un registro concebido como un servicio público esencial y gratuito que
despeja toda intención privatizadora.

Compartiendo, por tanto, la filosofía y perfiles de
la propuesta, hay que reseñar que inicialmente eran importantes las
diferencias que nos alejaban de ella, sobre todo desde la perspectiva del
autogobierno, en concreto de la competencia ostentada por la Comunidad
Autónoma de Euskadi en relación con la gestión de los medios humanos,
materiales y económicos para la Administración de Justicia; una
competencia cuyas facultades veíamos recortadas respecto de las que se
venían desarrollando hasta el momento en la gestión del Registro Civil en
diferentes ámbitos. Por tanto, estos, entre otros, han sido los
principales en los que nuestro grupo ha centrado fundamentalmente su
labor en el Congreso, con la presentación de las correspondientes
enmiendas y su posterior negociación.

Finalmente el proceso transaccional llevado a cabo
ha desembocado en un texto razonable que hoy se aborda en esta Cámara y
que, aunque no nos satisface plenamente —algo por otra parte lógico
en todo proceso negociador— responde a un esfuerzo que mi grupo
valora, de ahí el respaldo a la propuesta y la no presentación de
enmiendas en esta Cámara.

Por todo ello y porque la inmensa mayoría de las
enmiendas ya han sido abordadas y resueltas en la tramitación previa del
Congreso, salvo dos, una del Grupo Popular, que técnicamente no
compartimos, y otra de la Agrupación Socialista Gomera que, si bien es
cierto que compartimos en su finalidad, consideramos que se aborda en la
práctica mediante la instrucción de la Dirección General de Registros y
del Notariado de fecha 1 de julio de 2004 sobre constancia registral de
la adopción, sin perjuicio de las propuestas que para su elevación a
texto legal se estudien y propongan por el ministerio a tenor de lo
dispuesto en la ponencia. Por todo ello, decía, vamos a respetar el texto
tal cual llega del Congreso.

Sí queremos mencionar la enmienda número 23, de
Esquerra Republicana-EH Bildu, por considerar que la cuestión objeto de
esta requiere y merece un análisis en profundidad que va más allá del
escaso margen conferido al efecto por una enmienda. Asimismo, quisiera en
todo caso subrayar el ataque manifiesto que, respecto al ámbito
competencial atribuido a las comunidades autónomas en esta materia, se
desprende del 50 % de las propuestas formuladas a modo de enmiendas por
Vox, que choca directa y evidentemente contra nuestro ADN político, así
como nuestra discrepancia técnica con el resto de sus enmiendas. También
la enmienda de Ciudadanos propone la eliminación de facto de la
participación de las comunidades autónomas en la gestión aludida en ella,
cuestión que evidentemente no compartimos.

Eskerrik asko. Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor
Landa.

A continuación tiene la palabra, por Esquerra
Republicana, la señora Castel.

La señora CASTEL FORT: Gràcies, president.

Intervengo solo para manifestar nuestro
posicionamiento en contra de las enmiendas de Vox, lo cual no creo que
sea ninguna sorpresa.

Nosotros vamos a mantener vivas como votos
particulares las enmiendas que hemos presentado.

Respecto a lo dicho por el compañero, el senador
Mulet, estamos totalmente de acuerdo. Es cierto que en esta Cámara al
final nos tomamos las cosas con mucha prisa, de modo que no da tiempo a
reflexionar ni a que se acepten enmiendas casi nunca y, aunque el talante
es muy zapateril y todos somos muy guais, lo cierto es que nosotros
también lo somos poniendo este aceite necesario para no bloquear. En todo
caso, sí nos gustaría que, a partir de ahora, se aceptaran algunas de
nuestras enmiendas, porque, si no, al final va a ser cierto que solo
somos unos gestores que visamos el trabajo que viene del Congreso, y eso
tampoco se corresponde con la función política que tenemos de
representación de nuestras demarcaciones territoriales y que da un plus
de legitimidad a nuestra representatividad.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

Tiene la palabra el Grupo Popular.

La señora MARTÍN POZO: Muchas gracias, presidente.
Buenos días.

Señorías, esta proposición de ley llega a esta
Cámara con un amplio consenso, no solo en cuanto a su necesidad, sino
también en cuanto a su contenido. Agradecemos —porque siempre es de
agradecer— la voluntad de consenso y negociación del grupo
proponente durante su tramitación en el Congreso, que esperamos se
mantenga en esta Cámara pese a las prisas.

Mayoritariamente todos los grupos estamos de
acuerdo con el modelo de Registro Civil que queremos para la ciudadanía y
que se recoge en esta modificación de la Ley 20/2011, si bien hay algunos
matices que entendemos mejorables, y de ahí el sentido de las dos
enmiendas presentadas por mi grupo y defendidas convenientemente por mi
compañero, el senador Rodríguez-Comendador.

Este año se cumplen 150 años del Registro Civil, un
instrumento imprescindible para dar fe, publicidad registral y seguridad
jurídica a todos los hechos relativos al Registro Civil de las personas,
pero que con el discurrir de los años precisaba de una modificación para
acomodarlo a la nueva realidad social y tecnológica de la España moderna
y constitucional en la que nos encontramos. Esta compleja tarea, iniciada
en el 2011 con la ley que ahora se modifica, ha sufrido ya alguna
modificación antes de la entrada en vigor, que también se ha visto
prorrogada en varias ocasiones.

La modificación que ahora nos ocupa cumple con los
objetivos defendidos por el Partido Popular en cuanto se mantiene el
Registro Civil como un servicio público, gratuito y moderno, adaptado a
las nuevas tecnologías que conforman nuestra vida cotidiana. Pero lo que
es más importante, y que se hace tanto en esta ley como en la
complementaria que viene a modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial,
es el mantenimiento de este servicio público en el territorio, en los
núcleos de población más pequeños y despoblados a través de las oficinas
colaboradoras del Registro Civil, los puntos de acceso a ayuntamientos
que se suman así a las oficinas generales central y consulares. Esta fue
una apuesta fuerte de mi grupo en la proposición de ley que presentó el
Grupo Popular en diciembre de 2019, que ha servido de base —con
carácter general— en la proposición de ley que nos ocupa. El
mantenimiento de este servicio público en el territorio ha sido una clara
línea roja que no estábamos dispuestos a traspasar, conocedores de la
realidad de nuestros pueblos y entendiendo que es fundamental para estos
poder recibir de forma presencial o telemática solicitudes o formularios
propios del Registro Civil, expedir certificaciones de los asientos
registrales, así como facilitar a los ciudadanos la información que
soliciten al respecto.

Otra de las cuestiones que preocupan a mi grupo ha
sido y sigue siendo lograr el reconocimiento de la labor de los letrados
de la Administración de Justicia, que van a tener que sumar estas labores
de registro a las jurisdiccionales que ya tienen atribuidas;
reconocimiento que no se puede hacer de otra manera más que a través de
la revisión de sus retribuciones. Y digo que sigue siendo una de nuestras
preocupaciones porque, pese a que ya en el trámite del Congreso se avanzó
—lo que invitaba al optimismo— tras la intervención del grupo
proponente rechazando la enmienda, pese a esa recomendación, debemos
seguir insistiendo en el tema y apelando al consenso para que, desde este
momento hasta la votación, se pueda recoger en el texto de la ley tanto
esta enmienda como la otra de mi grupo, relativa a la situación de los
jueces exclusivos —los que están afectados— que tomaron
posesión de su plaza con posterioridad a la aprobación de la modificación
del 2011. Por otra parte, ya les indico que mantendremos vivas estas
enmiendas como voto particular para su debate y posterior votación en el
Pleno.

Ambas enmiendas son adecuadas, son necesarias, son
razonables y son justas, algo que también ha reconocido el portavoz del
Partido Socialista, pero, pese a ello, no se aceptan con el pretexto de
que la ley tiene que entrar en vigor el 30 de abril. Permítame que le
diga que su no inclusión por falta de tiempo es una excusa de mal
pagador. Señorías del Partido Socialista, siguen con su modus operandi de
vetar y coartar el debate sosegado en las iniciativas legislativas en
esta Cámara. Cuando no utilizan el trámite de urgencia para las
iniciativas legislativas, las traen a esta Cámara sin tiempo material y
con plazos perentorios para una correcta tramitación y un correcto
debate. Nos preguntamos por qué no se habilitó a tiempo una nueva
prórroga para la entrada en vigor de la reforma. Hubiera dado tiempo a la
incorporación de estas enmiendas, a enriquecer el texto de la ley y a
dignificar así, como han dicho otros compañeros, la función de esta
Cámara como Cámara de segunda lectura.

Pese a ello vamos a votar a favor del informe de la
ponencia al incluirse esta recomendación para que el ministerio estudie
detenidamente la inclusión de las enmiendas que, como ya he dicho,
mantenemos vivas, y con la esperanza, señorías, de que hasta la
finalización del trámite parlamentario se puedan incluir de alguna manera
estas reivindicaciones de dos colectivos esenciales en este ámbito.
Apelamos nuevamente al consenso porque, aunque está la recomendación para
incluirse en una posterior modificación legislativa, ya nos pasa casi
como a santo Tomás: ver para creer. Apelamos al consenso y llamamos a la
responsabilidad al Grupo Socialista.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

Por el Grupo Socialista, tiene la palabra la señora
De Pablo.

La señora DE PABLO DÁVILA: Gracias, presidente.
Señorías, buenos días.

La verdad es que yo iba a comenzar mostrando
también el agradecimiento de mi grupo por el tono, las formas y por el
amplio consenso, pero lo voy a dejar solo en el amplio consenso porque
hay una cosa muy clara y es que esta ley ha venido ampliamente negociada,
durante mucho tiempo, desde el Congreso de los Diputados, y si hay una
ley en la que se justifica que tengamos prisa y que no habilitemos ningún
otro tipo de prórroga es precisamente esta, cuya prórroga finaliza el 30
de abril gracias a la incompetencia del Partido Popular, que desde 2014
hasta el 2018 fue absolutamente incapaz de sacar adelante un modelo de
Registro Civil público y gratuito.

En ese sentido quiero hacer extensivo el
agradecimiento a la voluntad de consenso constructivo de todos los grupos
parlamentarios, que es lo que ha permitido que venga aquí un modelo de
registro sólido, que es lo que garantiza su perdurabilidad.

Al senador González-Robatto —siento que no
esté presente—, a la vista de sus alegaciones, evidentemente no le
voy a dar las gracias porque parece que le gusta más la Ley de 1957, y
por algo será. Siento que no esté porque se lo hubiera dicho exactamente
igual.

Al resto de los grupos, muchas gracias, pero sí
tengo que señalar algo y es que aprobar esta ley ahora, antes del 30 de
abril, era un ejercicio de responsabilidad. Se respeta a esta Cámara,
senador Sánchez-Garnica. Si hay algún supuesto justificado para priorizar
lo más importante es precisamente en esta ley, quizá mucho más que en
algunas otras.

Señor Mulet, le exijo el mismo respeto que nosotros
le tenemos. En este sentido, no sé si no habrá una mayor falta de respeto
por su parte, hacia los servicios de la Cámara y al Gobierno, al colapsar
con 14 000 preguntas —de las cuales 13 990 a veces son
insustanciales—, que la falta de respeto que usted alega porque
hemos tenido que priorizar y aprobar una ley antes del 30 de abril, tal y
como está marcado por la normativa. Los senadores socialistas nos tomamos
muy en serio nuestro trabajo; nos preparamos los temas; nos leemos todas
sus preguntas, lo cual tiene ya mucho mérito, sobre todo con preguntas
como la de la política de evacuación de los zombis, pero creo que debemos
ser serios y rigurosos en cuanto a cuándo pisar el acelerador. Aquí y
ahora lo hemos tenido que pisar, y en algún momento tendremos que parar
las negociaciones.

Por tanto, dejando al margen estas fugaces
veleidades privatizadoras que ha tenido en los últimos años este modelo
de registro o las reformas legislativas, me reconocerán que ni los
ciudadanos ni los operadores jurídicos entenderían una nueva prórroga,
que, con la vacatio legis de 2011 y las sucesivas prórrogas del Partido
Popular, se prolongara hasta los diez años sin haber entrado en vigor,
sufriendo, además, unos vaivenes drásticos sobre el modelo de Registro
Civil administrativo, gubernativo, que la verdad es que solo han servido
para generar desconcierto e inseguridad en los ciudadanos. Todos
recordamos muchos titulares sobre si iban a ser los registros
mercantiles, si iba a seguir siendo el judicial o si iban a ser en los
ayuntamientos.

Por tanto, dejando al margen las fugaces veleidades
privatizadoras, yo sí quiero reconocer que desde hace varios años se ha
hecho un esfuerzo por parte de todas las fuerzas políticas para
establecer una reforma del modelo de Registro Civil que diera respuesta a
las necesidades de una sociedad digitalizada y del siglo XXI. Al final,
el resultado es un buen texto, como ha dicho el senador Landa; es verdad
que todo se puede perfeccionar, como sucede cuando le damos una vuelta
más a una demanda e incluso a una sentencia, señor De Rosa —porque
aquí la mayoría somos juristas— y cada vez que se relee se vuelve a
añadir algo o se vuelve a cambiar algo, pero en algún momento tiene que
entrar esa demanda en el juzgado y dar por finalizado el tema.

La respuesta es que es un buen modelo de Registro
Civil que da respuesta a las necesidades de una sociedad moderna y
digitalizada del siglo XXI. La verdad es que es una ley importante porque
es una institución, la institución registral, trascendental con más
de 150 años, y debemos reconocer que la creación de los registros de
personas, propiedades y bienes constituye uno de los pilares básicos del
principio de seguridad jurídica. Es, por tanto, un pilar fundamental de
la arquitectura de nuestro Estado de Derecho. Esta es, pues, una ley
importante. Posiblemente no sea una ley mediática, no sea una ley que
provoque grandes titulares en los medios de comunicación, pero sí es una
ley que da respuesta a problemas que se encontraban enquistados desde
hace seis años y que afronta con solvencia los retos de un futuro cada
vez más digital.

Para los socialistas, además, era fundamental que
el nuevo modelo de Registro Civil único para toda España no solamente
fuera moderno, justo, organizado y equitativo, como se ha dicho, que
engarzara perfectamente con la agenda 2030 del Ministerio de Justicia,
que lo hace, sino que era esencial, y este modelo lo garantiza, que
naciera bajo los principios de un Registro Civil orientado a las personas
y de carácter público, gratuito y gestionado por empleados públicos
—señora Martín Pozo, ¡qué amnesia tiene usted con lo de público,
gratuito y orientado a las personas!—; un Registro Civil
desjudicializado; un registro consciente de su trascendencia, pero sobre
todo que perfila de forma cuidadosa el imprescindible marco de
colaboración entre las comunidades autónomas y el Estado, para que
participen en el diseño, medios y ejecución de la prestación en virtud de
la atribución de competencias, y dentro de la estrategia de
cogobernanza.

Y termino, señor presidente, señalando dos cosas
importantes. Dada su complejidad, la implantación tiene que ser
necesariamente gradual y, sobre la base del principio de transparencia,
rendirá cuentas de su evolución a las Cortes Generales. Y hay dos
características que son el ADN del Partido Socialista: en primer lugar,
que es un modelo que respeta los derechos adquiridos de los trabajadores
y que garantiza la continuidad de todos los puestos de trabajo, y, en
segundo lugar, que es un modelo equitativo que garantiza la cohesión y la
igualdad, una ley fundamental para la España rural, y esta era una
prioridad para los socialistas, asegurando su cercanía dado nuestro
carácter netamente municipalista.

Termino. Señorías, ayer en el Congreso se aprobó,
fruto de un intenso trabajo y con un amplio consenso, la Ley integral de
protección de la infancia contra la violencia. Confío en que esta ley,
también de indudable trascendencia y que acompaña a las personas a lo
largo de su vida, desde que nacen hasta su fallecimiento, se apruebe
fruto de ese mismo espíritu constructivo y olvidando las salidas de pata
de banco que hoy hemos escuchado, porque eso, señorías, es lo que nos
están exigiendo más que nunca los ciudadanos: que cuando hagamos
política, las personas, sus problemas, sus necesidades sean siempre los
protagonistas de nuestra actuación.

Gracias por su tolerancia, presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

Antes de someter a votación el texto propuesto por
la ponencia ruego a sus señorías que hagan públicas las sustituciones.
(Pausa).

Muchas gracias.

A continuación sometemos a votación el texto
propuesto por la ponencia.

Efectuada la votación, fue aprobada por
unanimidad.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado por 29 votos a
favor.

Ha sido dictaminada por la Comisión de Justicia la
Proposición de Ley por la que se modifica la Ley 20/2011, de 21 de julio,
del Registro Civil.

Antes de cerrar la sesión procede, como ustedes
saben, designar al miembro de la comisión que llevará a cabo la
presentación del dictamen de la ponencia ante el Pleno.

El señor OLEAGA ZALVIDEA: El Grupo Socialista
propone que sea el propio presidente de la comisión, que es quien nos
representa a todos y a todas.

El señor PRESIDENTE: ¿Están todos de acuerdo?
(Asentimiento).

Pues así queda aprobado.

Se levanta la sesión.

Eran las trece horas.