El señor PRESIDENTE: Siguiente punto del orden del
día: Designación de la Ponencia en relación con la propuesta de reforma
del Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia.

A pesar de que en estos momentos la única enmienda
que había presentada ha sido retirada, vamos a proceder a la designación
de la ponencia ya que el plazo de presentación de enmiendas está abierto
hasta el día 18. No obstante, en el caso de que no se presentara ninguna
enmienda, el texto se remitiría directamente al Pleno.

Respecto del número de integrantes de la ponencia y
de conformidad con los precedentes de legislaturas anteriores, se propone
la siguiente composición: dos representantes del Grupo Parlamentario
Socialista, más la coordinación, que recaería en la Presidencia, dos del
Grupo Parlamentario Popular en el Senado y un senador o senadora en
representación de cada uno de los restantes grupos parlamentarios,
debiendo tener en cuenta, en todo caso, que la adopción de acuerdos en
las ponencias se realizará mediante el sistema de voto ponderado en
función del número de miembros que cada grupo parlamentario tenga en la
comisión.

¿Asiente la comisión a esta propuesta?
(Asentimiento).

Los grupos parlamentarios han propuesto a las
siguientes señorías: el Grupo Parlamentario Socialista, a Lurdes Retuerto
Rodríguez y a Xoaquín María Fernández Leiceaga. El Grupo Parlamentario
Popular, a Violante Tomás Olivares y Francisco Martín Bernabé Pérez. El
Grupo Parlamentario Esquerra Republicana-Euskal Herría Bildu no ha
designado a ningún representante. ¿No sé si eso significa que renuncia?
(La señora Cortès Gès: Sí). Renuncia. De acuerdo. El Grupo Parlamentario
Vasco en el Senado, a María Isabel Vaquero Montero. El Grupo
Parlamentario Ciudadanos, a Miguel Sánchez, López. El Grupo Parlamentario
Izquierda Confederal, a Pilar González Modino. El Grupo Parlamentario
Nacionalista en el Senado Junts per Catalunya-Coalición Canaria/Partido
Nacionalista Canario, a Josep Lluís Cleries i Gonzàlez. El Grupo
Parlamentario Mixto, a Alberto Catalán Higueras.

¿Asiente la comisión a esta propuesta?
(Asentimiento).

Quedan designados, en consecuencia, los senadores y
las senadoras propuestos como miembros de la ponencia, que ha de informar
la propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía de la Región de
Murcia.

El señor PRESIDENTE: Seguidamente pasamos al
siguiente punto del orden del día, relativo al debate y votación de
mociones.

Antes de iniciar el debate, quiero recordar a los
presentes algunos extremos que ustedes ya conocen. Los tiempos de
palabra, según lo acordado en la reunión de Mesa y Portavoces del
pasado 6 de noviembre, serán de diez minutos para la defensa de la
moción; tres minutos para la defensa de las enmiendas en caso de que se
hayan presentado; un minuto para aceptar o rechazar las enmiendas; cinco
minutos para los representantes de las comunidades autónomas; tres
minutos para los senadores y las senadoras inscritos en el registro de
oradores; y cinco minutos para los portavoces de los grupos
parlamentarios. Estos últimos, los portavoces de los grupos
parlamentarios, intervendrán por orden inverso a la importancia numérica
de su grupo parlamentario; esto es, de menor a mayor.

Las votaciones de las mociones se producirán al
término del debate, nunca antes de las veinte horas. Por cierto, excuso
decirles, se lo imaginarán, que las intervenciones se harán desde el
escaño.

Acto seguido, podemos pasar al debate de las
mociones incluidas en el orden del día: Moción del Grupo Parlamentario
Nacionalista en el Senado Junts per Catalunya-Coalición Canaria/ Partido
Nacionalista Canario, por la que se insta al Gobierno a convocar a la
Comisión Mixta de Transferencias entre la Comunidad Autónoma de Canarias
y el Estado a fin de iniciar el proceso de desarrollo y transferencia de
competencias previsto en su nuevo estatuto de autonomía. Se han
presentado en plazo tres enmiendas a esta moción de los grupos
parlamentarios Mixto, Popular en el Senado y Socialista,
respectivamente.

Procede entonces en primer lugar la defensa de la
moción por el portavoz del Grupo Parlamentario Nacionalista en el Senado,
por un tiempo máximo de diez minutos.

Cuando quiera.

El señor CLAVIJO BATLLE: Muchas gracias, señor
presidente. Senadoras, senadores, muy buenas tardes a todos y a
todas.

En noviembre de 2018, en esta Cámara se dio luz
verde al Estatuto de Autonomía de Canarias y a su régimen económico y
fiscal. Este estatuto de autonomía, que ha tenido varios intentos
frustrados a lo largo de la historia hasta su culminación, con el trabajo
de distintos compañeros, portavoces del Partido Socialista, del Partido
Popular, de Coalición Canaria/PNC en su momento y al que se unieron en su
tramo final diputados y diputadas de Podemos y de Ciudadanos, nació con
el espíritu de cohesionar un territorio de por sí ya fragmentado y
alejado del territorio. Insisto, fueron muchos años de trabajo, que
culminó con una amplia mayoría en esta Cámara y en el Congreso de los
Diputados, y que permitió que se diese luz verde a un estatuto de
autonomía que reflejaba los anhelos de autogobierno de nuestra tierra: el
reconocimiento del mar interior, el reconocimiento de La Graciosa como
octava isla, el reconocimiento de las transferencias de distintas
competencias que hasta ahora estaban siendo desempeñadas por la
Administración del Estado; en definitiva, un estatuto con el que una
amplísima mayoría de Canarias nos sentíamos cómodos.

En enero de 2019, el Consejo de Gobierno de
Canarias acuerda solicitar a la entonces ministra Meritxell Batet que en
la Comisión Mixta de Transferencias se empiece a trabajar sobre la
delegación o transferencia de las distintas competencias, algunas tan
importantes como, por ejemplo, la sanidad exterior, que ahora con la
COVID-19 se está revelando relevante en nuestros puertos y aeropuertos a
la hora de poder controlar una pandemia. También conseguimos, con el
trabajo conjunto de todos, blindar nuestro régimen económico y fiscal en
el estatuto y tener un capítulo íntegro dedicado a ello, algo relevante e
importante en estos momentos en los que se está tramitando la Ley de
Presupuestos Generales del Estado del 2021 en el Congreso y que
próximamente vendrá a esta Cámara, donde se reconocen nuestro
condicionante como archipiélago alejado del territorio continental y que
tiene que tener compensaciones para su equiparación. En definitiva, se
trata de una herramienta fundamental de justicia, de derecho, para poder
desarrollar nuestro autogobierno y para poder tener unas administraciones
públicas y unas competencias y, en su desempeño, poder dar satisfacción a
lo que quieren los más de 2 200 000 canarios, que es tener unas
administraciones que respondan a los retos, a los anhelos y a las
circunstancias en todo momento y máxime, insisto, en los que nos está
tocando vivir.

El objeto de esta moción no es romper ese amplio
consenso con el que se pudo desarrollar ese estatuto. Voy a nombrar a
Juan Carlos Alemán, insigne socialista, que peleó muchísimo, tristemente
fallecido; Pedro José Miguel Ruano; Paulino Rivero, en su momento; el
actual presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres; Asier Antona, en su
momento; Pablo Matos o José Manuel Soria; Casimiro Curbelo, en la fase
final, como diputado por la Agrupación Socialista Gomera. Es decir,
distintos colores políticos y distintas sensibilidades fuimos capaces de
ponernos de acuerdo en esa Cámara para poder alcanzar este texto. Por
tanto, insisto, no es objeto de esta moción minar esa unidad o ese
espíritu de consenso que siempre inspiró el Estatuto de Autonomía de
Canarias, pero consideramos imprescindible que se pongan las pilas y que
se empiece a desarrollar. Hay tres enmiendas presentadas, todas con
distintos matices. Sé que el Grupo Socialista tiene a lo mejor la presión
del propio ministerio, pero en aras de no romper esa unidad, el estatuto
tiene que ser algo de todos; no puede ser de un grupo político, ni unos
podemos defenderlo más que otros, tenemos que desarrollarlo juntos
porque, insisto, es para 2 200 000 canarios. Y hemos conseguido entre
todos llegar a una enmienda transaccional que no rompe el espíritu.

Pero no quiero dejar de decir aquí que eso tampoco
va a valer como excusa en el futuro para seguir dilatando la tarea que
necesariamente tiene que hacer el Gobierno de España y el Gobierno de
Canarias. Tenemos el compromiso del Grupo Socialista para fijar un
calendario, se tendrá que poner fecha para la comisión mixta y
desarrollar. Y con esa unidad tendremos que trabajar entre todos para que
se empiecen a delegar, a transferir esas competencias e ir dotando de
instrumentos a la Comunidad Autónoma de Canarias para poder desempeñarlas
y dar una respuesta mucho más ágil y eficaz a los ciudadanos a algo que
en la actualidad ya se está dando. Les pongo un ejemplo: costas. Se
pueden conveniar las competencias y tenemos atascados cientos de
proyectos en Canarias, con lo importante que son para el desarrollo de
nuestra economía y para nuestro principal sector económico que es el
turismo.

Por eso no quiero dejar de dar las gracias
públicamente por el esfuerzo que han hecho para llegar a esta
transaccional, así como a otros grupos que evidentemente no son canarios
por el respeto que han tenido respecto al desarrollo del Estatuto de
Canarias. Espero y deseo que este gesto que hemos hecho entre todos de
consenso no signifique para el Gobierno de España ni para el de Canarias
—que me consta que está deseando poder desarrollar ese
estatuto— que esto se siga dilatando en el tiempo, porque si no,
nos haríamos un flaco favor a todos.

Muchísimas gracias y buenas tardes,
presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

A continuación, en defensa de la enmienda del Grupo
Parlamentario Mixto, tiene la palabra, por un tiempo máximo de tres
minutos, el senador Chinea.

El señor CHINEA CORREA: Gracias, presidente.

Señorías, conmemoramos el segundo aniversario del
nuevo Estatuto de Autonomía de Canarias sin que paradójicamente tengamos
nada que celebrar.

El nuevo estatuto que aprobamos en Canarias, con la
esperanza de que nos otorgase esas herramientas necesarias para los
desafíos a los que nos enfrentamos en este siglo, permanece casi dormido,
sin que se hayan dado pasos importantes para su desarrollo. Además del
nuevo sistema electoral, que estrenamos por cierto en los comicios
de 2019, de la eliminación de los aforamientos o de la potestad del
presidente de dictar normas con rango de ley, poco o nada se sabe del
resto de los nuevos preceptos del estatuto de autonomía. Tanto es así que
el Gobierno, en los presupuestos que presentó hace una semana, ni cumple
el Estatuto de Autonomía de Canarias ni respeta lo que establece su
régimen económico y fiscal. No obstante, en la Agrupación Socialista
Gomera confiamos en que el recorrido que les resta a las cuentas para el
próximo año sirva ahora para cumplir con los fueros canarios y para
cumplir con Canarias.

Señorías, los canarios y las canarias no
entenderían que en medio de una crisis sanitaria, económica y social sin
precedentes, el Gobierno no cumpliese con nuestros derechos
fundamentales. La iniciativa que hoy defiende el senador Clavijo plantea
una propuesta que es fundamental para el desarrollo de nuestro estatuto:
la convocatoria de la Comisión Mixta de Transferencias para activar el
proceso de negociación entre el Estado y la comunidad autónoma, que se
defina cuanto antes un calendario, así como contenidos o previsiones
sobre aquellas materias que se deben, sí o sí, transferir a Canarias. Y
en una respuesta del Gobierno al propio senador proponente de la moción,
publicada hace nada más y nada menos que un mes, el ministerio que
preside, por cierto, la canaria Carolina Darias, señala lo siguiente, y
cito textualmente: «El Gobierno está dispuesto a mantener abiertos los
canales de interlocución para atender los planteamientos, peticiones y
consultas que desee formular la comunidad autónoma. A través de este
canal, la comunidad autónoma puede plantear el traspaso de diversas
materias, cuya visibilidad y contenido serían objeto de análisis conjunto
en función de la existencia de base competencial suficiente». Ni una sola
palabra sobre si esas consultas ya se han iniciado y ni una sola línea
sobre la apertura oficial de las negociaciones. Lamentablemente, esa
parece ser una constante en la acción del Gobierno, que en numerosas
ocasiones expresa su deseo de impulsar proyectos pero que se niega a
fijar plazos ni fechas concretas. Por eso he presentado una enmienda en
la que se solicita que la Comisión Mixta de Transferencias sea convocada
antes de que acabe el presente año 2020; una petición generosa, si se me
permite, si tenemos en cuenta que el estatuto, señorías, se aprobó nada
menos que hace dos años y la iniciativa que hoy se debate se registró en
diciembre de 2019.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

A continuación tiene la palabra, en defensa de la
enmienda del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, su portavoz.

El señor ANTONA GÓMEZ: Gracias, señor presidente.
Muy buenas tardes.

Efectivamente, como bien decía el proponente de
esta moción, hace dos años se aprobaba en el Senado el estatuto de
autonomía, y una de las grandes noticias, uno de los grandes paradigmas
de esa aprobación del estatuto de autonomía era que se anclaba nuestro
régimen económico y fiscal en el estatuto de autonomía. Por tanto, valoro
la moción que hoy trae para su debate el senador Clavijo a esta
comisión.

Esta es la enmienda que en nombre de mi grupo he
presentado en el sentido de apoyar y fortalecer nuestro régimen económico
y fiscal, que es el verdadero instrumento, la verdadera herramienta que
tenemos los canarios para desarrollarnos económica y socialmente, pues
esté presente también en esta Comisión de Transferencias y en esta
moción, y en el sentido de apoyar y fortalecer el régimen económico y
fiscal; y que ahora que estamos en el marco del debate del proyecto de
Presupuestos Generales del Estado, que tengamos muy presente el REF
porque teniendo al régimen económico y fiscal presente en el debate
presupuestario, a Canarias le iría muchísimo mejor.

Por tanto, pienso que eso es lo importante en el
debate de hoy, que el Gobierno de España sea sensible con Canarias, que
el Gobierno de España tenga a Canarias en la Mesa del Consejo de
Ministros como la tuvo el Partido Popular cuando gobernó, y ahí están los
datos. En el año 2018 hubo una serie de compromisos, en torno a 1400
millones de euros en partidas nominales pactados con Canarias, y en este
proyecto de presupuestos han desaparecido, las han borrado de un plumazo.
Y eso es incumplir con el régimen económico y fiscal.

Por eso, pedimos en esta enmienda que se cumpla con
Canarias. Y cumplir con Canarias es cumplir con nuestro régimen económico
y fiscal. Porque han desaparecido partidas tan importantes como el Plan
contra la pobreza, la actuación de costa, la actuación en educación
infantil de 0 a 3 años, el convenio para la rehabilitación e
infraestructura de equipamientos de zonas turísticas, la agenda digital,
es decir, una serie de compromisos presupuestarios que contrajo el
Partido Popular y que el Gobierno del Partido Socialista ha
eliminado.

Por tanto, señor presidente, creo que es oportuno
haber presentado esta enmienda. Cumplir con nuestro régimen económico y
fiscal es cumplir también con el Estatuto de Autonomía de Canarias.

Y acabo con la disposición adicional cuarta, La
Comisión Mixta de Transferencias. Dice tal cual en el punto 2: «Las
transferencias de servicios a la Comunidad Autónoma de Canarias tendrán
por objeto bloques materiales y orgánicos completos y deberán prever los
medios personales, financieros y materiales necesarios para su normal
funcionamiento teniendo en cuenta que en la asignación de medios el
coeficiente de aplicación por habitante no podrá ser para Canarias
inferior a la media estatal.» Esto es cumplir con el REF en la inversión
media estatal y en el coste de la doble insularidad, que también recoge
esta disposición.

Por todo ello, espero también contar con su apoyo y
que esta enmienda se pueda incorporar al texto de la moción.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

A continuación, tiene la palabra, para defender la
enmienda del Grupo Parlamentario Socialista, por un tiempo máximo de tres
minutos, el portavoz designado.

El señor MORALES QUESADA: Gracias, presidente.

Toda la ciudadanía de Canarias celebramos, como
bien se ha dicho, en 2018, y después de un arduo trabajo de todo el
Parlamento, agentes sociales y económicos, la culminación y aprobación en
esta Cámara del nuevo Estatuto de Autonomía de Canarias, un documento que
nos integra a todos. En este estatuto se reconocen y se recogen las
nuevas competencias que tiene la comunidad, un estatuto que fue aprobado
por unanimidad. Entre estas competencias, que ya tiene la comunidad
autónoma desde que entró en vigor el estatuto de autonomía, se encuentran
las competencias legislativas, que no precisan de ningún traspaso al ser
asumidas automáticamente por la comunidad autónoma con la entrada en
vigor de sus estatutos, y las competencias que serán asumidas cuando se
traspasen a las mismas los servicios y medios necesarios para
ejercerlas.

Para asumir las competencias es necesario elaborar
el catálogo de traspaso de funciones y servicios pendientes. Para esto
existe un protocolo de actuación que viene a ser lo que ya ha iniciado el
Gobierno de Canarias: el presidente ha solicitado los informes
correspondientes a cada una de las consejerías para ordenar las
prioridades competenciales y, definidas estas, se inician las
negociaciones correspondientes a las diferentes comisiones bilaterales de
cooperación. Posteriormente se hará la valoración interna en cada
ministerio, que debe consensuar las funciones, los medios materiales,
personales y económicos a traspasar, y se abre así la negociación en
ponencias técnicas, representados la comunidad autónoma y los diversos
ministerios, en la que se determinan los distintos acuerdos de traspaso.
Y, finalmente, manifestada la conformidad de ambas administraciones de
ambos gobiernos, la adopción final del acuerdo de traspaso se produce
formalmente en la reunión de la Comisión Mixta de Transferencias.

Por todo lo expuesto, el Grupo Socialista presenta,
en vez de la enmienda de sustitución que está en la Mesa, una enmienda
transaccional acordada por los diferentes grupos que viene a decir: «La
Comisión insta al Gobierno de Canarias y al de España a impulsar la
implantación de nuevas competencias, tal y como recoge el estatuto de
autonomía, mediante un calendario fijado para el desarrollo de esas
nuevas competencias y, tras ello, se convoque a la mayor brevedad posible
la Comisión Mixta de Transferencias entre la Comunidad Autónoma de
Canarias y el Estado, establecida en la disposición adicional cuarta del
Estatuto de Autonomía de Canarias, a fin de iniciar el proceso de
desarrollo y transferencia de competencias previsto en el nuevo Estatuto
de Autonomía de Canarias.»

Gracias, presidente. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

En este punto correspondería preguntar al portavoz
si acepta o rechaza las enmiendas, pero está claro que va a haber una
transaccional.

Pasamos al turno de intervención de los portavoces
de los grupos parlamentarios, de menor a mayor, por un tiempo máximo de
cinco minutos cada uno.

En primer lugar, tiene la palabra el senador
Chinea, por el Grupo Parlamentario Mixto.

El señor CHINEA CORREA: Gracias, presidente.

En primer lugar, quiero agradecer ese acuerdo
transaccional al que hemos llegado diferentes fuerzas políticas para que
se convoque a la mayor brevedad esa Comisión Mixta de Transferencias que
tanto necesitamos en Canarias.

Mi partido, como no podría ser de otra manera, va a
apoyar esta moción porque lo que en ella se plantea es un cometido que
exige nuestro estatuto y que, lamentablemente, por motivos que
desconocemos, no ha comenzado a desarrollarse. No entendemos ni
compartimos la pasividad ni la demora en la articulación de un proceso
que se ha anunciado en varias ocasiones y que a día de hoy sigue sin
concretarse.

Señorías, existen transferencias que permanecen en
manos del Gobierno del Estado que deben ser traspasadas a la comunidad
autónoma cuanto antes. Es incomprensible que, por ejemplo, las
competencias en materia de costas sigan formando parte de las
obligaciones del Estado, y es intolerable que en un archipiélago con
miles de kilómetros de costa permanezcan atascados miles de proyectos por
la lentitud y desconocimiento de una realidad que muchos funcionarios
dependientes del Estado se niegan a ver. Y no podemos ser cómplices dando
largas injustificadas. Hablamos, señorías, de proyectos que se encuentran
pendientes, como es el caso de la pregunta que planteé hace varios meses
a la ministra de Transición Ecológica sobre el litoral de Alojera, en el
municipio de Vallehermoso, en la isla de La Gomera. No es justo que
nosotros, en la isla de La Gomera, tengamos las manos atadas a la espera
de una respuesta que casi nunca llega y, señorías, cuando lo hace, en
muchas ocasiones llega tarde.

Señorías, esta iniciativa no tendría ni siquiera
que debatirse porque lo que propone es que ambos gobiernos cumplan sus
obligaciones, simplemente eso, y dudo sinceramente que ningún senador o
senadora que se encuentra aquí presente se oponga el cumplimiento de uno
de los ejes principales que nosotros consideramos nuestra Carta Magna en
Canarias.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

A continuación, tiene la palabra el representante
del Grupo Parlamentario Nacionalista en el Senado Junts per
Catalunya-Coalición Canaria/Partido Nacionalista Canario.

El señor CLAVIJO BATLLE: Gracias, presidente.

Voy a intervenir brevemente porque creo que en mi
primera intervención ha quedado todo resumido.

Quiero agradecer al Grupo Mixto, a la Agrupación
Socialista Gomera, al senador Fabián Chinea, y a Asier Antona, del Grupo
Popular, su generosidad con las enmiendas y su gesto en la búsqueda de un
acuerdo para que no se rompa ese espíritu, y también al Partido
Socialista, al senador Ramón Morales, y también a su portavoz, su
esfuerzo, que me consta —luego tienen que pelear con sus
ministerios para conseguir alcanzar esos acuerdos—, y también su
generosidad. Es importante mantener ese espíritu de consenso en nuestra
Carta Magna. No podemos hacer las normas solo para una parte de la
sociedad o que tengan colores, creo que regulan el anhelo de un pueblo de
autogobernarse. Por tanto, de nuevo quiero agradecer ese gesto y, desde
luego, espero y deseo que entre todos presionemos para que se pongan
manos a la obra con esas transferencias.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador.

A continuación, tiene la palabra la representante
del Grupo Parlamentario Izquierda Confederal (Adelante Andalucía, Més per
Mallorca, Más Madrid, Compromís, Geroa Bai y Catalunya en Comú
Podem).

La señora GONZÁLEZ MODINO: Gracias,
presidente.

En nombre de mi grupo, me congratulo por que se
haya alcanzado un acuerdo en beneficio de las ciudadanas y ciudadanos de
Canarias. Dos razones fundamentales: una, la propia composición de mi
grupo, del Grupo Izquierda Confederal. Como saben sus señorías, somos
seis senadores y senadoras, todos de designación autonómica, con lo cual
tenemos una especial sensibilidad con las cuestiones que provienen de los
territorios y con el necesario entendimiento entre ejecutivos, entre el
Ejecutivo canario y el Ejecutivo central en este caso. Y la otra razón es
más personal: es mi condición de andaluza. Probablemente ha sido a mi
pueblo, al pueblo andaluz al que más trabajo o, al menos, al que tanto
trabajo, como el que más, le ha costado la autonomía. Hasta en tres
ocasiones, señorías, las andaluzas y los andaluces refrendaron su deseo
de autonomía. A ningún otro pueblo le preguntaron por qué vía quería
acceder a la autonomía, a los andaluces, sí: el 28 de febrero de 1980. En
octubre de 1981 votamos el primer estatuto y en febrero de 2007, el
segundo estatuto. Toda esa trayectoria, todo ese bagaje de Andalucía en
favor de la autonomía nos hace tener una especial sensibilidad hacia
estas cuestiones que plantean representantes de otros territorios en
beneficio de su propia autonomía.

No podemos más que mostrar nuestra satisfacción por
haber alcanzado un acuerdo y desear que sea lo mejor para las ciudadanas
y ciudadanos de Canarias, que lleguen las transferencias y que lleguen
bien dotadas —que eso es fundamental, no solo las competencias sino
también los recursos— para poder ejecutar esas competencias y
prestar servicios. Y poco más.

Naturalmente vamos a votar a favor.

Gracias, presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

A continuación, tiene la palabra el representante
del Grupo Parlamentario Ciudadanos.

El señor HERVÍAS CHIROSA: Gracias, presidente.

En Ciudadanos somos conscientes de la necesidad de
cumplir con lo aprobado y con lo que marca el Estatuto de Autonomía de
Canarias; un estatuto que, como bien se ha dicho, fue aprobado hace un
par de años. Por cierto, el debate que se realizó entonces en el Congreso
fue un debate totalmente cerrado. Por poner un ejemplo: de todas las
enmiendas que presentó Ciudadanos en su día, el 70 % fueron totalmente
rechazadas, enmiendas de regeneración política, de transparencia, en
definitiva, buscando que ese texto fuera mucho más completo y adaptado a
la realidad de la coyuntura actual que vivimos.

En Ciudadanos, insisto, entendemos esa necesidad de
que se tiene que cumplir, de que se tiene que llevar a cabo, pero sí es
cierto que nos preocupa que nuevamente la cesión de determinadas
competencias se convierta en duplicidades, como se ha visto en otras
comunidades autónomas, a veces hasta triplicidades que se crean porque no
está totalmente marcada y escrita esa realidad del hasta dónde llegan las
competencias a un punto u otro.

Por tanto, Ciudadanos nos vamos a abstener en esta
moción por esa esa duda de si realmente se va a poner en marcha para
mejorar y marcar unas competencias mucho más eficientes que puedan
aportar soluciones reales al conjunto de los canarios o, en cambio, si lo
que se va a buscar es crear más chiringuitos, destinar los recursos a
aquello que realmente no es necesario, lo que va a quitar recursos en
políticas sociales y recursos para mejorar el día a día de los
canarios.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

A continuación, tiene la palabra, por el Grupo
Parlamentario Vasco en el Senado, la senadora Vaquero.

La señora VAQUERO MONTERO: Muchas gracias,
presidente.

Intervengo simplemente para decir que vamos a
apoyar el acuerdo que se ha alcanzado hoy.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.

¿Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Euskal
Herria Bildu? ¿Senadora Cortés? (Denegaciones).

Por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado,
tiene la palabra su representante.

El señor ANTONA GÓMEZ: Gracias, señor
presidente.

Me alegro enormemente de la voluntad de acuerdo que
ha existido en las anteriores intervenciones respecto de las enmiendas.
Creo que ese es el espíritu que se reflejó hace dos años también en el
Senado cuando se aprobó el estatuto de autonomía y es el espíritu que
tiene que reinar cuando hay asuntos de este calado con Canarias.

Hace dos años dábamos un paso de gigante con la
reforma del estatuto de autonomía, una reforma que, como bien dijo el
senador Clavijo, implicó a todos los partidos políticos, también a toda
la sociedad, y por eso discrepo con el portavoz de Ciudadanos. Si ha
habido un nivel de participación ha sido precisamente en el debate sobre
la reforma del estatuto de autonomía; una reforma que supuso, entre otras
cosas —para mí una noticia muy importante— blindar nuestro
régimen económico y fiscal en el estatuto de autonomía, por tanto, es ley
orgánica de obligado cumplimiento y se lo digo también a los senadores y
senadoras del Partido Socialista. El REF no es un capricho, es de
obligado cumplimiento, como así lo hizo el Partido Popular, insisto, en
el año 2018. Supuso también, como aquí se ha dicho, reforma electoral,
también el final de los aforamientos, el reconocimiento de La Graciosa
como octava isla, se amplían y desarrollan los servicios públicos
fundamentales. Y otra noticia que para mí como palmero es clave: el
reconocimiento de la doble insularidad, el reconocimiento del coste de la
doble insularidad: no es lo mismo la prestación de un servicio en la isla
de Tenerife, de Gran Canaria, que hacerlo en La Graciosa, en Lanzarote,
en Fuerteventura, en El Hierro, en La Gomera o en La Palma. Por tanto,
este hecho también es importante.

Todo este desarrollo de autogobierno está regulado
en el propio estatuto de autonomía, y la disposición adicional cuarta
regula esa Comisión Mixta de Transferencias. Además añade que hay que dar
cumplida cuenta al Parlamento de Canarias de esos trabajos.

Por tanto, señorías, si en el estatuto de
autonomía, después de un debate, hubo un consenso amplio de todos los
partidos políticos, insisto, también de la sociedad, creo que no tiene
que ser menos que hoy tengamos también un amplio consenso para que esa
Comisión Mixta de Transferencias entre la Comunidad Autónoma de Canarias
y el Estado se produzca y se produzca cuanto antes. Hay una enmienda del
senador de la Agrupación Socialista Gomera para que se haga antes de
final de año, el proponente de la moción también ha sido flexible para
que se haga en el menor tiempo posible. Porque es importante que hablemos
de transferencias.

Pero —lo he dicho muchas veces a lo largo de
mi intervención en este tema— no solo hay que pedir más
competencias, sino ser más competentes en las competencias que tenemos.
Hay competencias transferidas al ámbito de la Comunidad Autónoma de
Canarias —no es el debate ahora— que creo que tenemos que
valorar si la estamos cumpliendo con eficiencia o eficacia como merecen
los ciudadanos. Repito, es otro debate que no viene ahora a cuento en
esta moción.

Lo que sí tengo que decirles es que las
transferencias no solo tienen que ir acompañadas por un título, por un
decreto de transferencias, sino también por las fichas financieras
suficientes para poder ejecutar esa gestión de transferencias. De nada
sirve que podamos transferir una bolsa de transferencias a la Comunidad
Autónoma Canaria si después el Estado, el Gobierno de España, no las
apoya financieramente.

Por tanto, nosotros apoyamos evidentemente esta
moción. Creemos que es importante que se tengan en cuenta nuestras
singularidades en el debate presupuestario y también en el reparto de los
fondos europeos porque nosotros somos una región diferenciada del resto
de las regiones en el ámbito europeo; somos la única región de Europa que
está con nombres y apellidos en el Tratado de la Unión Europea como
región ultraperiférica. Por tanto, creo que el Gobierno de España tiene
que ser sensible a todas estas cuestiones.

Por eso, insisto, y con esto acabo, la enmienda de
mi grupo habla de fortalecimiento y de tener en cuenta el régimen
económico y fiscal. Yo dudo mucho, lo digo aquí, a pesar de la buena
voluntad, que el Gobierno de España vaya a cumplir con Canarias en el
proyecto de presupuestos, porque ya el proyecto nos ha enseñado la patita
de por dónde va el Gobierno de España, eliminando partidas muy
importantes para el desarrollo económico y social de Canarias. Sí fue un
compromiso del Partido Popular, cumplió con Canarias. Los mejores
presupuestos de la historia de Canarias fueron los del Partido Popular, y
de eso no hay duda, lo reconoce todo el mundo en Canarias. Lamento mucho
que Canarias, como sí lo fue con el Partido Popular, ya no sea una
cuestión de Estado, ya no está en el centro de la agenda del ministro, ya
no está en el centro de las decisiones de la agenda del Gobierno de
España como sí estuvo con el Partido Popular.

Por tanto, valoro y agradezco la moción de
Coalición Canaria, del senador Clavijo, el apoyo de todas las enmiendas y
que el debate se haya producido en el ámbito de la concordia. Creo que
así tiene que ser cuando hablamos de Canarias y en defensa de los
intereses de los ciudadanos a los que representamos.

Nada más.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

A continuación, tiene la palabra el representante
del Grupo Parlamentario Socialista.

El señor MORALES QUESADA: Gracias, presidente.

Yo también agradezco que se haya llegado a un
consenso, pero no debemos perder de vista quién tiene la competencia
cuando se habla de traspaso de competencias, valga la redundancia, porque
estamos hablando de dos gobiernos. Como expliqué en mi anterior
intervención, debe quedar claro que quien tiene la competencia en este
asunto es el Gobierno legítimo de Canarias y el presidente es el que
tiene que priorizar sobre los traspasos de competencias que considere y
el momento y los tiempos que consideren los gobiernos, porque estamos
hablando de acuerdo entre gobiernos. Y aunque aquí se haya dicho lo
contrario, ya se empezaron a hacer los trámites. Es más, esta moción se
registra en esta Cámara el 13 de diciembre y el Gobierno de Canarias
llevó a su Consejo de Gobierno el 14 de noviembre de 2019 este documento:
Informe al Gobierno sobre los traspasos pendientes para el pleno
desarrollo del autogobierno conforme a la reforma del Estatuto de
Autonomía de Canarias, documento que entregó el presidente del Gobierno a
cada uno de sus consejeros para que empezara a hacer el trabajo en cada
una de las consejerías. Es más, el 20 de noviembre comparece en el Pleno
del Parlamento de Canarias el consejero de Administraciones Públicas,
Justicia y Seguridad para dar cuenta de este informe al Parlamento y del
trabajo que se estaba realizando ya con el Gobierno de España al
respecto. El presidente del Gobierno de Canarias, a los tres meses de
tomar posesión, ya empezó a dar los primeros pasos, porque es un
compromiso del pacto de Gobierno de Canarias aunque las circunstancias
sobrevenidas por la pandemia, que también hay que tenerlas en cuenta,
quizás hayan hecho que ahora haya otras prioridades.

Yo, señor Clavijo, le voy a decir una cosa con todo
el cariño del mundo: le invito a que de una vez se quite la chaqueta de
presidente, además, en este asunto que estamos debatiendo su chaqueta
está impoluta y sin arrugas. Usted estuvo siete meses de presidente desde
que se aprobó en esta casa el estatuto, y hasta que se celebraron las
elecciones, no hay nada registrado ni solicitado ni nada iniciado. Por lo
tanto, yo creo que aquí no debemos pretender hacer como senador lo que no
hemos hecho como presidente.

Lo que se pretendía con esta moción inicial era
empezar la casa por el tejado. Ya les he reflejado en mi defensa de las
enmiendas cuáles son los pasos a seguir. Convocar la Comisión Mixta de
Transferencias sin tener todo el trabajo previo realizado, permítame la
broma, es como decía el personaje de José Mota: Si hay que ir se va, pero
ir para nada es tontería. Entonces hay que hacer un trabajo previo para
luego llegar a culminarlo.

Agradezco que aquí las iniciativas que se presentan
sean constructivas y no un enfrentamiento con el Gobierno del Estado. Sí
es verdad que no se entiende que se presenten este tipo de mociones y una
semana antes en el Congreso de los Diputados se presenten enmiendas a la
totalidad a los Presupuestos Generales del Estado. Y, señor Antona, no es
creíble la enmienda que usted está presentando aquí cuando el proyecto de
presupuestos, al que su partido presenta una enmienda a la totalidad y ha
anunciado además el voto en contra, recoge el REF de Canarias en un 90 %.
Lo que no podemos hacer es mezclar cuentas.

Y para que vea que somos transparentes, le voy a
decir las cuatro partidas que no están reflejadas en el actual
presupuesto: las partidas a la banda ancha, al I+D+i, a los fondos de
pobreza y a la internacionalización, que vienen a ser unos 100 millones,
que serán enmendados, y estoy seguro de que se corregirán esas
cantidades. Su partido anuncia un voto negativo a un presupuesto que
destina a Canarias 1350 millones de euros, 27 millones más que los
magníficos presupuestos del señor Montoro, con lo cual creo que tiene que
mirar de nuevo los números. Y le doy algunos datos: además de las
partidas del REF, hay 361 millones en inversión real; para el fondo de
compensación 58 millones; 263 millones en transferencias de capital; 553
millones en subvención al transporte. Y además, lo importante: son unos
presupuestos sociales porque la revalorización de las pensiones afectará
a 376 000 pensionistas canarios. Hay 600 millones para dependencia; 42
millones en el Plan integral de empleo; 42 millones en el Plan de choque
por el empleo joven, del cual se van a beneficiar 40 200 jóvenes
canarios; y 15 millones en el Plan de choque para la formación
profesional y empleabilidad.

Por lo tanto, espero, señor Antona, que cuando los
presupuestos lleguen a esta Cámara, se cumpla con el REF y se cumpla con
los canarios y las canarias, y espero que usted convenza a sus compañeros
de que voten a favor y no voten en contra porque si no, lo que aquí se
presenta es papel mojado.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: A continuación, pasamos al
siguiente punto: Moción del Grupo Parlamentario Mixto por la que se
acuerda la creación en el seno de la Comisión general de las comunidades
autónomas de una ponencia de estudio que aborde las modificaciones que
deberán incluirse en el Reglamento de la Cámara para dinamizar su
actividad política e institucional.

Se ha presentado en plazo una enmienda a esta
moción del mismo Grupo Parlamentario Mixto.

Procede en primer lugar la defensa de la moción por
el portavoz del Grupo Parlamentario Mixto, por un tiempo máximo de diez
minutos, incluyendo la defensa de la enmienda presentada por el propio
grupo parlamentario.

Según ha tenido noticia esta Presidencia, se van a
repartir el tiempo entre los senadores Sánchez-Garnica y Catalán
Higueras.

Cuando quieran.

El señor SÁNCHEZ-GARNICA GÓMEZ: Señor presidente,
señorías, la moción conjunta formulada va dirigida y afecta a todos los
grupos parlamentarios de esta Cámara. Se trata de provocar y retomar un
debate pendiente que nos permita reflexionar sobre el papel de esta
Cámara, sobre sus funciones, sobre su futuro y, en definitiva, sobre la
manera de encajarla en el engranaje del Estado, y ello, señorías, con una
doble finalidad: porque se lo debemos a los ciudadanos y ciudadanas que
cada vez en mayor número dudan sobre la eficacia y utilidad de esta
Cámara y porque tenemos la obligación y la responsabilidad de afrontar un
debate necesario, pertinente y oportuno precisamente para despejar
cualquier duda sobre la finalidad y utilidad del Senado y también para
lograr de una vez integrar a las comunidades autónomas en el Estado,
facilitando con ello la cohesión territorial.

Como decía Rodríguez Zapatero en el debate de
investidura celebrado el 15 de abril de 2004, es imprescindible abordar
la reforma del Senado. Todos coincidimos en la necesidad de reforzar la
cohesión y la vertebración de España y en defender la identidad del
autogobierno y la participación de las comunidades autónomas en una tarea
común, y ese espacio corresponde al Senado, y hay que facilitar que lo
pueda llevar a cabo. Por su parte, el señor García-Escudero, entonces
portavoz del Partido Popular, en la sesión plenaria celebrada el día 13
de septiembre de 2011, instó al señor Zapatero a que las dos grandes
fuerzas políticas llegaran a un acuerdo en la próxima legislatura a fin
de modificar el funcionamiento y las tareas de la Cámara Alta.

La doctrina de manera mayoritaria ha apostado por
la reforma del Senado, también el Consejo de Estado, que en su dictamen
de febrero de 2005 afirmó, entre otras muchas cosas, que no era necesaria
la reforma constitucional para la reforma del Senado.

La reforma del Senado, señorías, bien merece ser
calificada como el clásico de nunca acabar, muchos intentos y pocas
consecuencias, sin embargo, la complejidad, diversidad y pluralidad de
nuestro Estado exige ajustar la finalidad del artículo 69.1 de nuestra
Constitución a la realidad actual, y el Senado, señorías, puede
desempeñar un papel fundamental y útil en esa tarea. Debe ser el espacio
institucional para la defensa de la identidad, autogobierno y
participación de las comunidades autónomas, reforzando la cohesión y
colaboración en una tarea común, facilitando, en consecuencia, la
cogobernanza del Gobierno central y los gobiernos autonómicos.

No deberíamos permitir que el Senado, en los
momentos en los que tenemos que vivir, sea una Cámara accesoria o
prescindible, como se ha demostrado con la negativa del Congreso de los
Diputados a atender el acuerdo de la Mesa del Senado sobre la creación de
una comisión mixta para la reconstrucción social y económica. Debe ser
fundamental para tratar sobre el llamado problema territorial y también
para la ineludible reforma y mejora de la financiación autonómica y
local, o para el perentorio reequilibrio territorial de España con la
revisión de criterios y políticas que dan respuestas a la reclamación en
pie de igualdad para la España vaciada. También el Senado debe jugar un
papel importante en las conferencias sectoriales.

Es necesario por lo tanto avanzar para convertir
esta Cámara en un lugar común de debate y puesta en común de las
políticas territoriales.

La cuestión del papel del Senado, señorías, sigue
siendo una cuestión pendiente. Hay una oportunidad para que el Senado
pueda jugar un papel muy importante en la España actual. Tenemos material
suficiente, estudios diversos y un dictamen del Consejo de Estado sin
aplicar. Solo hace falta voluntad política. Retomemos el trabajo iniciado
en 2006 y culminemos la tarea pendiente, los españoles nos lo
agradecerán. Como decía el clásico, y con esto termino la primera parte,
«hay que vacunarse contra el escepticismo, contra la pasividad, contra la
desilusión y contra la conformidad resignada. España es lucha, y la lucha
no es la simple queja, sino la aportación cotidiana de esfuerzos por lo
que creemos con la paciencia necesaria para saber esperar
trabajando.»

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

El señor CATALÁN HIGUERAS: Muchas gracias, señor
presidente. Señorías, muy buenas tardes.

Miren, mucho se ha debatido a lo largo de los años
sobre el Senado y sus funciones, pero realmente poco se ha hecho. Varios
han sido ya los intentos de reforma sin que ninguno de ellos haya
prosperado. Evidentemente, la falta de voluntad política e incluso
también de acuerdo siguen haciendo de la reforma del Senado una auténtica
quimera.

La mayoría de la doctrina promulgada es partidaria
de esta reforma porque considera que el Senado actual no tiene razón de
existir. Es necesario por ello, además de continuar abordando cuestiones
prioritarias en este momento como es la crisis sanitaria y económica,
consecuencia de la COVID-19, retomar internamente el debate sobre la
función política de control e impulso de la acción de gobierno, las
pertinentes modificaciones reglamentarias, la función del Senado en la
estructura institucional del Estado y sobre su diseño constitucional y en
su papel de futuro. Y lo es ahora más que nunca, señorías, si
consideramos que los procesos y procedimientos para la toma de decisiones
ante la grave crisis actual provocada, como decía, por la pandemia del
COVID-19 han supuesto, directa o indirectamente, poner en cuestión e
incluso minusvalorar la función del Senado. La prueba más evidente ha
sido la creación en el Congreso de los Diputados de la Comisión para la
reconstrucción social y económica, o las convocatorias de las propias
comisiones de salud en el Congreso y el nulo papel desempeñado por la
Comisión de Sanidad aquí, en el Senado, o la vía muerta en la que parece
ser que se encuentra una comisión mixta planteada hace unas semanas en el
Senado para la reactivación del país. Otro ejemplo es la falta de
actividad en esta misma Comisión General de Comunidades Autónomas en
todos estos meses de pandemia: solo una convocatoria con la presencia de
las comunidades autónomas y con una estrategia también de algunos
partidos políticos para que no tuviese la repercusión que debía tener; o
la no convocatoria del debate de la situación del Estado de las
autonomías, recogido en el propio Reglamento de la Cámara y que se debía
realizar todos los años y ya lleva varios años sin hacerse. Ejemplos
todos ellos, señorías, que han relegado y obviado desde nuestro punto de
vista el papel del Senado.

La Cámara que se dice de representación territorial
ni siquiera ha actuado como espacio de intercambio de propuestas y
alternativas cuando la gestión de la crisis ha estado fundamentalmente en
las comunidades autónomas españolas. Incluso en los últimos actos
institucionales de las Cortes Generales, como la apertura de legislatura,
la celebración del Día de la Constitución, el homenaje a las víctimas del
terrorismo, etcétera, no se ha tenido en cuenta a una de las dos cámaras
que constituyen la Cortes Generales. Son actos que quizás se debieran ir
alternando entre las dos Cámaras.

En suma, el Senado sigue siendo puramente accesorio
en un momento histórico cuando podría haber ejercido una tarea desde
nuestro punto de vista notable y muy útil. Con todo ello, de no
corregirse la deriva presente, continuación, por cierto, de las últimas
décadas, de convertirla en una Cámara de segunda lectura, creemos
sinceramente que caerá el dudoso honor de ser la muestra más real de la
razón para la desconfianza social en instituciones prescindibles.

Por todo ello, de nosotros depende en primer lugar
que esta situación continúe o no. Debemos ser los componentes del Senado
los primeros que pongamos solución a la situación actual. Es
incomprensible que propuestas de modificación del reglamento lleven sin
tramitarse meses y meses —alguna de ellas viene a poner límites a
los fraudes reglamentarios— y que, además, las tramitaciones de
estas iniciativas de los grupos debieran tramitarse ya. Otras ya no
dependerán, es evidente, exclusivamente de nuestra voluntad, pero creo
sinceramente que opinión y criterio podemos tener. De ahí la propuesta de
cinco formaciones políticas diferentes que se han puesto de acuerdo en
que se debe modificar el Reglamento de la Cámara para hacer el trabajo en
el Senado desde nuestro punto de vista, y sin ningún tipo de crítica, más
ágil, participativo, objetivo y representativo. Junto a ello reclaman los
cambios precisos para que el Senado, de verdad, sea una Cámara de
representación territorial.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

A continuación, en el turno de intervención de los
portavoces de los grupos parlamentarios, intervienen en primer lugar los
dos representantes del Grupo Parlamentario Mixto que se van a repartir el
tiempo.

La señora Martín Larred tiene la palabra.

La señora MARTÍN LARRED: Buenas tardes. Gracias,
presidente. Seré breve.

No tengo mucho más que añadir que mis compañeros
con los que he presentado la moción. Simplemente quiero puntualizar que
en el estado actual de clima de crispación, el Senado debería ser una
Cámara de sosiego y debate, no debe ser una extensión de lo que ocurre en
el Congreso, y si queremos que no se convierta en algo prescindible,
nosotros mismos debemos marcar diferencia. Como Cámara territorial debe
volcarse en solventar los acusados grados de despoblación que existen en
el país y, junto a las comunidades autónomas, trabajar para lograr el
reequilibrio territorial y cohesionado, que es lo que ahora todos y todas
necesitamos.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

Senador Chinea, tiene la palabra.

El señor CHINEA CORREA: Gracias, presidente.

Señorías, la reforma del Senado es una constante en
la inmensa mayoría de los programas electorales y en todas las
declaraciones de intenciones, pero, senadores y senadoras que han formado
parte de esta Cámara, si analizamos los discursos de los presidentes y
presidentas de esta Cámara, en casi todos se hace referencia a la
intención de reformar el Senado. Lamentablemente, el deseo de una reforma
se ha quedado siempre en eso, en un deseo.

Una segunda Cámara como esta solo tiene sentido
como Cámara de representación territorial y es un cometido que le asigna
la propia Constitución española. Sin embargo, el Senado no es una Cámara
de representación territorial ni en su composición ni en sus funciones, y
todos los intentos que se han impulsado para acometer su reforma han
quedado en eso, en simples retoques del Reglamento. La pregunta que todos
nos planteamos, cuarenta años después, es cuál es el motivo por el que no
se acomete una reforma que todos deseamos. Una pregunta sin respuesta
porque los dos actores principales de la democracia de este país, es
decir, aquellos dos partidos que han tenido la oportunidad de hacerlo, se
niegan a reconocer su culpa y responsabilidad para acometer una reforma
que exige muchísima valentía.

Si el Senado fuese una auténtica Cámara de
representación territorial, su papel hubiese sido decisivo en la gestión
de la actual pandemia del coronavirus, en la que el Estado y las
comunidades autónomas han tenido que trabajar conjuntamente con
incontables fricciones y discrepancias, que han debatido en conferencias
de presidentes a puerta cerrada y sin la participación de las fuerzas
políticas, una opción que en las Cortes Generales solo es posible,
señorías, en esta Comisión General de las Comunidades Autónomas.

Nunca entenderé el desprecio que se hizo a esta
Cámara con la creación de una comisión reservada única y exclusivamente
al Congreso de los Diputados, obviando que existe un órgano en las Cortes
Generales, uno solo, señorías, esta comisión, que permite el diálogo a
tres bandas; una comisión que se creó mientras que aquí, en el Senado, se
acumulaban las iniciativas presentadas por diferentes grupos que hubiesen
permitido visibilizar el papel de una Cámara de representación
territorial clave en la gestión de una pandemia grave. Optaron sin
embargo por mostrar un circo, si se me permite, señorías, con insultos,
con desplantes y con mucha mala educación, que solo contribuyó a fomentar
la creciente desafección política que hay en este país. Esta comisión en
la que estamos presentes debería haber servido, señorías, cuanto menos,
de cauce para que las comunidades autónomas, a través de sus gobiernos,
se hicieran oír en una Cámara que en verdad todavía no les representa.
Para ello, señorías, solo se requería voluntad política, nada más, así de
simple, voluntad política, y no se quiso.

El debate sobre el Estado de las autonomías, que
tendría que celebrarse anualmente, es otro síntoma de falta de voluntad
política, y cuando se ha celebrado, se ha utilizado más como un foro para
la contienda partidista que como un lugar de encuentro y cooperación
entre el Gobierno del Estado y los gobiernos autonómicos de este país. No
se celebra, señorías, desde el año 2005, hace quince años, ¿y saben
ustedes qué se acordó tras aquel debate? Se aprobó una moción mediante la
que se acordó constituir una simple ponencia para estudiar las
modificaciones necesarias para integrar adecuadamente la Cámara
territorial en el desarrollo del Estado de las autonomías definido por la
Constitución española, reformándola para ello en lo referido a la
composición y atribuciones del Senado, recabando la colaboración del
Gobierno y las comunidades autónomas, así como el asesoramiento de
expertos en la materia. Es decir, señorías, lo mismo quince años después
pedimos los firmantes de esta iniciativa. Desde entonces se han
constituido distintas ponencias y todas ellas sin ningún resultado, se
han quedado en simples buenas intenciones.

Somos conscientes de que una reforma del Senado
tendría costes, señorías, cuanto menos haría el procedimiento legislativo
mucho más complejo y podría dar lugar a una Cámara menos confortable para
el Gobierno, que dificultaría la gobernabilidad en este país. Pese a
ello, señorías, merece la pena asumir esos costes si queremos que esta
Cámara cumpla con el papel que le corresponda y que le asigna nuestra
Constitución, y espero que esa ponencia, en el caso de aprobarse, dé los
resultados que no se obtuvieron en tantos intentos fallidos durante
tantos años.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

A continuación, tiene la palabra el representante
del Grupo Nacionalista en el Senado Junts per Catalunya-Coalición
Canaria/Partido Nacionalista Canario. (Denegaciones).

Seguidamente, tiene la palabra la representante del
Grupo Parlamentario Izquierda Confederal, la señora González Modino.

La señora GONZÁLEZ MODINO: Gracias,
presidente.

Había una máxima en la escuela del racionalismo
arquitectónico del siglo XX, que ha quedado convertida en un eslogan y
que decía: «La forma sigue a la función». La forma sería el Reglamento,
pero la cuestión fundamental es la función; la función de esta Cámara, la
función del Senado.

Nos ha interesado mucho la moción que plantea el
Grupo Mixto, y la hemos leído con atención y con interés. Es evidente que
es el Estado autonómico el que da sentido a la propia existencia del
Senado, Cámara de representación territorial, según dejaron escrito los
constituyentes. ¿Qué ocurre? Que esta función de representación
territorial no ha venido cumpliéndose de modo fidedigno durante todos
estos años que llevamos de democracia recuperada, y probablemente es el
momento de hacer de nuevo una reflexión o de compartir algunas de las
reflexiones previas, como las que se han citado del Consejo de Estado, y
de adecuar no solo el Reglamento sino la propia Constitución, o de
adecuar el Senado y su propio Reglamento a la función prevista en la
propia Constitución, insisto: representación territorial.

El sistema bicameral que existe en el Estado
español está vinculado a un pseudofederalismo, como es el Estado
autonómico, y se trata, dice la propia página web del Senado, de dar
entrada en el Parlamento central a la voz e intereses de las entidades
territoriales para de este modo conseguir una integración y coordinación
mayores entre los poderes centrales y los poderes autonómicos. En
definitiva, hablamos del reparto del poder, señorías, y nos parece que es
el momento idóneo para hacer esta reflexión.

Con respecto a la casuística que se explica en la
exposición de motivos, el Grupo Izquierda Confederal, por esa
peculiaridad que les citaba anteriormente, fue uno de los que pidió que
la comisión de regeneración fuera una comisión mixta entre el Congreso de
los Diputados y el Senado, porque entendíamos que había una
representación territorial diferente a la que existe en la Cámara Baja,
en el Congreso de los Diputados, y que redundaría en beneficio de la
coordinación imprescindible de los poderes autonómicos y central que el
Senado estuviera incluido en esa comisión. No se tuvo en cuenta y queda
ahí probablemente como un error. En cualquier caso, pensamos que es el
momento idóneo para plantear cuestiones fundamentales en el Senado, como
la financiación autonómica, este sería el sitio natural para hablar de
esas cuestiones, de financiación autonómica de las comunidades del
régimen común, evidentemente.

Nosotros vamos a dar apoyo a esta moción, no tanto
por la agilidad del día a día, sino por la necesidad de definir la propia
función de la Cámara. En cuanto a la agilidad del día a día, no sé si nos
van a tocar dos o tres preguntas más a cada uno o si nos vamos a repartir
los tiempos de otra manera, pero entendemos que la reforma que plantea el
Grupo Mixto no es de ese tipo, sino que se trata de una reforma en
profundidad de la propia función que corresponde a esta Cámara. En ese
sentido tenemos interés y en ese sentido vamos a apoyar la
iniciativa.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

A continuación, tiene la palabra el representante
del Grupo Parlamentario Ciudadanos.

El señor HERVÍAS CHIROSA: Gracias, presidente.

Es evidente que todos los grupos siempre estamos de
acuerdo en la necesidad de reformar las funciones del Senado. En cada
campaña electoral todos los partidos se dan golpes de pecho reclamando
esa necesidad, ese cambió, esa reforma necesaria del Senado; algunos
hasta hemos indicado en ocasiones que, si no funciona, quizá habría que
cerrarlo y así lo hemos solicitado en Ciudadanos. En cambio, en la
exposición de motivos de la moción no se concreta bien, desde mi punto de
vista, porque parece que se está hablando más de un cambio de
funcionamiento de la Cámara que de una reforma general. Se debería tratar
de lo que es el Senado y de lo que realmente consideramos que sería
óptimo, idóneo, y que todas las formaciones políticas nos pusiésemos de
acuerdo para realizar esa reforma, que tendría que tocar aspectos de la
Constitución y de determinadas leyes para hacer una reforma de calado
real y no poner parches; para poner parches, ya está la Junta de
Portavoces, que se ponen de acuerdo —a veces hasta con amplios
consensos— en algunos cambios del Reglamento, y ya está en ese
aspecto funcional.

Por tanto, en Ciudadanos entendemos la buena
voluntad de la parte proponente de esta moción y apoyamos la necesidad de
esa reforma que necesita nuestra Cámara, pero creo que falta un poco de
concreción a la hora de establecerla en esta moción y por eso nos
abstendremos en la votación. A pesar de ello, insisto en que Ciudadanos
apoya la reforma del Senado y en que es necesario establecer ese consenso
entre todos los partidos para poder reformar esta Cámara, pero
consideramos que esta moción no tiene el espíritu de la reforma que se
tendría que poner encima de la mesa.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

A continuación, por el Grupo Parlamentario Vasco en
el Senado, tiene la palabra la senadora Rosa Peral.

La señora PERAL DÍEZ: Muchas gracias,
presidente.

El Grupo Mixto presenta una moción para la creación
en el seno de la Comisión General de Comunidades Autónomas de una
ponencia de estudio que estudie las modificaciones que deban abordarse en
el Reglamento de la Cámara para dinamizar su actividad política e
institucional. Desde el punto de vista procedimental y reglamentario,
entendemos que la comisión habilitada específicamente para abordar la
reforma del Reglamento del Senado no es la Comisión General de las
Comunidades Autónomas sino la Comisión de Reglamento, ya que así lo dice
expresamente el artículo 196 del Reglamento del Senado: La Comisión de
Reglamento es la competente para el estudio y dictamen de las propuestas
de modificación del Reglamento del Senado. Es más, más allá de la
capacidad genérica de ejercer la iniciativa legislativa recogida en el
apartado s) del artículo 56 del Reglamento del Senado, relativo a las
funciones de la Comisión General de las Comunidades Autónomas, no se
vislumbra entre ellas alguna que acoja con claridad la propuesta de la
moción. Además, la Comisión de Reglamento ostenta una función no
genérica, sino específica para ello. Luego entendemos que, en principio,
parece que habría de ser la Comisión de Reglamento la que tendría que
abordar el estudio, en su caso, a través de la correspondiente ponencia
de la propuesta de reforma del Reglamento aludida en la moción.

Del mismo modo, parece que debería ser la Comisión
Constitucional del Senado la que abordara a través de una ponencia el
estudio informe de la reforma de la Constitución aludida y, además,
habría que seguir el propio procedimiento legislativo establecido en el
Reglamento del Senado en orden a iniciar una modificación constitucional,
como se recoge en el artículo 152 y siguientes del Reglamento del
Senado.

En todo caso, no parece que tenga mucho sentido
abordar, primero, las modificaciones a introducir en el Reglamento del
Senado y luego la reforma constitucional derivada de dichas
modificaciones con el objetivo que indican en su moción: dinamizar su
actividad política e institucional. Es más, la exposición de motivos
parece que conduce a una reforma constitucional de carácter estructural
que aborde un replanteamiento del Poder Legislativo de las Cortes
Generales, Congreso y Senado, en orden a acomodar real y efectivamente el
funcionamiento del Senado a su función constitucional como Cámara
territorial de un Estado autonómico. Así lo traslada el texto de la
moción, cuando señala que es necesario, por ello, retomar internamente el
debate sobre la función política de control e impulso de la acción de
gobierno, las pertinentes modificaciones reglamentarias, la función del
Senado en la estructura institucional del Estado y sobre su diseño
constitucional y su papel en el futuro. Sin embargo, el apartado
declarativo de la moción se queda en una reforma del Senado para
dinamizar su actividad política institucional, lo cual no parece muy
coherente. ¿De qué se trata? ¿De reformar de raíz el Senado para
configurarlo realmente como la Cámara territorial prevista en la
Constitución o simplemente de dinamizar su actividad política e
institucional, como si con esta actividad se asumiera la función de
Cámara de las comunidades autónomas?

Otro punto es la conveniencia o no de dicha
reforma. Ciertamente es extendida en amplios sectores políticos y
doctrinales la opinión favorable a la necesidad de abordar la reforma del
Senado, nadie lo duda, como también lo es que en su actual funcionamiento
y dinámica resulta claramente cuestionable hasta su mera existencia. Por
tanto, requiere de un debate de mayor calado que una moción. Ahora bien,
la cuestión de fondo no se sitúa, a nuestro entender, en su actual
configuración y regulación reglamentaria únicamente, sino en la nula
voluntad de los partidos mayoritarios de dotar a la Cámara de contenido
real y efectivo desde la maximización de todas sus potencialidades. Si
verdaderamente hubiera una voluntad política real, el Senado dispone de
espacios de reflexión, decisión y proposición legislativa, así como de
fórmulas de control del Gobierno como para asumir y desarrollar
plenamente su vocación y designio constitucional en tanto Cámara
territorial y de control gubernamental. La misma Comisión General de
Comunidades Autónomas es un buen ejemplo de ello: una comisión con
amplias funciones y presencia en el ámbito autonómico del Gobierno, de la
Administración General del Estado y de las fuerzas políticas, que podría
abordar todos los grandes retos del Estado autonómico y de su
funcionamiento, pero la herramienta no se utiliza; está, pero sin
activación alguna.

Tampoco nos olvidamos de su papel principal en la
aplicación del 155 de la Constitución o en la designación de parte de los
miembros del Consejo General del Poder Judicial, sin olvidar la
tramitación de los Presupuestos Generales del Estado. Es decir, que el
Senado dispone de amplias capacidades, atribuciones, foros y fórmulas de
reflexión, decisión y control del Gobierno, como para erigirse sin
modificación reglamentaria alguna, en una referencia política de primer
orden. Sin embargo, ninguno de los grandes partidos, que además tienen
vocación de Gobierno, quiere despertar el funcionamiento del Senado.
Podríamos entenderlo de un partido como EAJ-PNV que defiende la
bilateralidad de Euskadi con el Estado frente a un café para todos, pero
del PSOE y del PP, no; parece que ya tienen bastante con el Congreso y no
tienen ningún interés en tener un congreso dos. Luego estamos más ante
una cuestión de voluntad política que de configuración u organización del
Senado.

No apoyaremos, por tanto, esta moción.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

A continuación, tiene la palabra el representante
del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Euskal Herria Bildu.

El señor MARTÍ DEULOFEU: Gracias, presidente.

En nombre del Grupo Parlamentario Esquerra
Republicana de Catalunya-Euskal Herria Bildu les anuncio que vamos a
votar en contra de la moción.

Los motivos ya los ha explicado extensamente la
compañera del Grupo Parlamentario Vasco, y es que nos parece que por una
cuestión formal los debates sobre el estudio de la reforma de las
funciones del Senado se deben producir en la Comisión de Reglamento, y
tampoco vamos a entrar a valorar las cuestiones de fondo expuestas en la
exposición de motivos de la moción.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

A continuación, tiene la palabra el representante
del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

El señor BARREIRO FERNÁNDEZ: Gracias, señor
presidente.

Señorías, yo voy a empezar defendiendo el papel del
Senado, porque las intervenciones que se han llevado a cabo hasta este
momento, todas ellas, han cuestionado ese papel. Con esto no quiero decir
que sea especialmente complaciente y que no se pueda mejorar, porque sí
creo que se debe mejorar y se debe trabajar en esa dirección, pero a mí
me parece que es acertado el modelo que el constituyente eligió en su día
para configurar nuestro Estado; es decir, el que España sea un Estado
bicameral y, por lo tanto, que existan dos cámaras, una de ellas con una
función claramente definida, la que nos ocupa —aunque las dos,
obviamente—, en una doble dirección: por una parte, su carácter de
Cámara territorial y, por otra parte, su papel de Cámara de segunda
lectura. En relación a este punto, creo que el Senado ha cumplido a la
perfección ese papel ya que ha posibilitado que en España, a lo largo de
todos estos años, se haya mejorado de una forma clara el marco y el
cuerpo legislativo de nuestro país, y, además, el Senado ha adoptado
decisiones importantes y trascendentales, y que se adoptaban por única
vez en nuestro país, como la ya conocida aplicación del artículo 155
—y aquí incluso nombrada hace un momento— para preservar algo
fundamental, que le exige la Constitución al Senado, como es la unidad de
nuestro país. Por lo tanto, en ese aspecto yo creo que no hay nada que
objetar al papel del Senado. La segunda función que le corresponde al
Senado es la de actuar como cámara de representación territorial. Yo
creo, y mi grupo cree y defiende, que esa función debe ser mejorada
porque no se ha llevado a cabo con todas las posibilidades que el propio
Reglamento del Senado permite en este momento.

Ahora bien, ¿qué es lo que se nos plantea aquí?
Coincido en buena medida con las intenciones que han explicado en su
defensa los autores de la propia moción, pero mi grupo no puede estar de
acuerdo con la fórmula que se plantea. ¿Por qué? Primero, por una
cuestión de temporalidad, de oportunidad, de prioridades; es decir, con
lo que está viviendo nuestro país, con la mayor tragedia que se ha vivido
nunca en España después de la Guerra Civil, ¿les parece que la prioridad
que en este momento manifiesten los senadores, a raíz de esta moción, sea
crear una estructura añadida a la que ya tiene el Senado para que nos
sentemos a hablar y a estudiar esa posible reforma? No me parece que esa
sea la principal actividad. Pero la segunda, y muy relacionada con esta,
tiene que ver con si nosotros tenemos instrumentos en este momento para
modificar aquellos aspectos reglamentarios que sean necesarios y que
abunden en reforzar ese carácter territorial. Para mí la respuesta es
claramente sí, sí, y aquí se ha hablado de muchos intentos, pero
curiosamente nadie se ha referido al último, y me llama poderosamente la
atención. Aquí se ha desarrollado una ponencia para la reforma del
Senado, que efectivamente se creó en la Comisión de Reglamento, después
de su aprobación en el Pleno, que creo que ha trabajado con un nivel de
consenso muy aceptable desde mayo del año 2012 hasta septiembre del
año 2015, en la que se han celebrado más de 25 reuniones, en la que han
participado representantes del cuerpo académico, representantes del
cuerpo institucional; es decir, todo aquello que entendíamos que podía
aportar y que podía dar ideas en todos los campos acerca de las
posibilidades de reforma del Senado. Eso se ha hecho, insisto, y con un
nivel de consenso importante.

Por lo tanto, ¿a qué conclusión quiero llegar? Que
yo creo que son perfectamente conocidos, que están perfectamente
identificados aquellos aspectos reglamentarios sobre los que es necesario
actuar para profundizar en ese aspecto de reforzar el carácter
territorial. Si eso es así, y nosotros creemos que es así, ¿por qué no
actuamos directamente sobre ese tema? ¿Por qué los grupos no hacemos ya
propuestas de impulso directamente vinculadas sobre esas cuestiones, sin
la necesidad de crear una estructura que difícilmente tendría una
explicación, creo yo, para el conjunto de la sociedad española, porque si
algo se criticaba era precisamente eso? Si se crea una nueva ponencia
para la reforma parecerá que todo lo que se ha hecho anteriormente no ha
servido para nada, y esto no es verdad; esto no es verdad.

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando.

El señor BARREIRO FERNÁNDEZ: Termino ya, señor
presidente.

Hay documentos que puede ser que no tengan carácter
de oficialidad, pero son documentos de trabajo importantes sobre los que
ya podemos arrancar y partir. Por lo tanto —y termino ya, y gracias
por su generosidad, señor presidente—, les invito a que partiendo
de esa información, partiendo de las voluntades políticas de cada grupo
—aunque nosotros no somos partidarios de una modificación
constitucional, y menos en este momento, para abordar una reforma del
Senado—, consigamos el objetivo en el que todos coincidimos, que es
reforzar el carácter de Cámara territorial del propio Senado.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la
palabra su representante.

El señor RODRÍGUEZ ESQUERDO: Muchas gracias, señor
presidente.

Señorías, como senadores tenemos la obligación de
repensar el papel del Senado en nuestro sistema constitucional, sobre
todo en un Estado de bicameralismo asimétrico, tal y como lo configura la
Constitución de 1978. Tenemos una segunda obligación, la de reconocer a
nuestro Senado como una institución mixta dentro de ese bicameralismo, y
una tercera obligación, la necesidad de especializar funcionalmente a
esta Cámara consagrada en la Constitución como regional. Por ello, los
socialistas defendemos desde hace muchos años la necesidad de que la
Cámara Alta desempeñe un papel esencial, incluso más allá de lo
territorial, estableciéndose como órgano de integración, de codecisión, y
que promueva la solidaridad; y aquí tenemos la ineludible reforma de la
financiación autonómica y local, de la que alguna señoría ha hablado
antes, o la llamada España vaciada, que también puede ser vinculada a
esta Cámara, o la de cerrar el proceso autonómico, situando a las
comunidades autónomas como órganos decisorios del propio Estado, dentro
de una evidente estabilidad del sistema constitucional.

En 1996, señorías, el Grupo Parlamentario
Socialista ya trabajó y participó en aquel famoso, si me permiten la
expresión, documento de los siete puntos, y se han dado datos de la
última ponencia existente en esta Cámara. Hasta la fecha, ha habido
complejas normas, preacuerdos, puntos de encuentro, puntos de
desencuentro, incluso informes de la Secretaría General de la Cámara y de
los propios grupos parlamentarios integrantes de la ponencia creada al
efecto, e incluso el Tribunal Constitucional y el Consejo de Estado, han
documentado las necesidades de reforma de esta Cámara. Pero también se ha
señalado siempre la dificultad teórico-práctica de llevar a cabo un
estudio separado de las reformas del Reglamento del Senado de aquellas
que requieran una modificación constitucional. Por tanto, en el Grupo
Socialista consideramos que se debe hacer un estudio integral de las
mejoras que se consideren necesarias y después implementar el instrumento
jurídico a utilizar.

En este sentido, senador Sánchez-Garnica y senador
Catalán, del contenido de su exposición de motivos se puede desprender
que sería mejor suprimir el Senado. ¿Para qué un sistema bicameral? ¿Para
qué una Cámara, según su exposición de motivos, que no tiene razón de
existir? Lo dicen ustedes y afirman que los ciudadanos no la iban a echar
de menos. Incluso en algún medio de comunicación de Aragón se ha dicho
textualmente: Caerá definitivamente en un dudoso honor de ser la muestra
más acabada de la razón para la desconfianza social en instituciones
prescindibles y superfluas. Señor Sánchez-Garnica y señor Catalán,
nosotros no compartimos esas críticas y no nos resignamos ante el
desprecio de algunos a esta Cámara Alta.

En 2004, con el Gobierno de José Luis Rodríguez
Zapatero, se establecieron tres escenarios posibles de reforma en esta
Cámara. Con la llegada del Gobierno de Mariano Rajoy, es verdad, con la
mayoría absoluta del Partido Popular en esta Cámara, el senador Barreiro
lo señalaba antes, se trabajó en una ponencia, pero luego se guardó en un
cajón bajo siete llaves. Los socialistas considerábamos entonces —y
lo consideramos ahora— que la reforma del Senado es necesaria. Sin
embargo, como le decía, no solo como un reconocimiento de Cámara
territorial, que ya lo es, y el mejor ejemplo de ello es esta Comisión
General de las Comunidades Autónomas, que creo que tiene 23 funciones,
todas referenciadas al ámbito autonómico y al Estado de las autonomías.
Nosotros lo consideramos cuando les decimos que esta Cámara puede ir más
lejos, que esta Cámara tiene futuro, que el sistema bicameral tiene
futuro y que no es bueno ni positivo —que no se debe poner negro
sobre blanco—, que quizá no se debiera decir textualmente lo que en
la moción aparece: Habrá llegado el momento de plantearse la decisión de
supresión. No son palabras mías, son palabras de los proponentes.

Señorías, los socialistas no queremos caer en el
derrotismo político que genera pesimismo ciudadano. Ustedes proponen la
creación de una ponencia para modificar el Reglamento de la Cámara y para
dinamizar la actividad política e institucional, y el Grupo Socialista
está de acuerdo con eso. En su texto inicial hablaban de que fuera esta
Cámara, pero ha sido enmendado por ustedes y viene a señalar que sea el
Senado el que determine dónde se estudie esa ponencia. Nosotros
consideramos que en esta Cámara existe una Comisión de Reglamento y
creemos que ahí es donde debe evaluarse esta reforma; y que este nuevo
intento no solo se quede en el carácter territorial. En este sentido,
antes citaba la cofinanciación, la despoblación, la cogobernanza, la
cooperación y la solidaridad. Pues hagámoslo, y no seamos nosotros
mismos, los senadores, los que denigremos al Senado. Pongámoslo en valor;
pongamos en valor el bicameralismo para favorecer un debate de todas las
iniciativas, para favorecer la reflexión y el entendimiento, y no
provoquemos nosotros mismos, insisto, que sobrevuele la intención de
eliminar el Senado.

Acabo, señor presidente. Hay que dinamizar su
actividad, reconocer el verdadero valor del Senado, y consideramos que el
mejor lugar para ello, así como para el debate y la reflexión de esa
ponencia, como digo, es la Comisión de Reglamento. Por tanto, si la
constitución de esta ponencia y de este estudio se realizan como estamos
proponiendo —estamos seguros de que el Grupo Mixto así lo
entenderá—, aceptaríamos esta moción después de su
autoenmienda.

Por nuestra parte existe toda la voluntad política,
pero se me ocurre una pregunta para acabar la intervención. ¿Tendrán
todos ustedes el valor político de llevar a la práctica esa modificación
del Senado?

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Gracias.

El señor PRESIDENTE: Pasamos a la siguiente moción,
presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, por la que se insta al
Gobierno al impulso en cada comunidad autónoma de una educación pública,
igualitaria y correctamente financiada. Se han presentado en plazo diez
enmiendas a esta moción: una del Grupo Parlamentario Mixto; una del Grupo
Parlamentario Nacionalista en el Senado Junts per Catalunya-Coalición
Canaria/Partido Nacionalista Canario; una del Grupo Parlamentario
Izquierda Confederal; cuatro del Grupo Parlamentario Ciudadanos, y tres
del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado.

Para la defensa de la moción, tiene la palabra la
portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, por un tiempo máximo de diez
minutos.

La señora DE PABLO DÁVILA: Señor presidente,
intervengo con carácter previo para informarle de que acabamos de
entregar a la letrada una enmienda transaccional, firmada por los cinco
grupos parlamentarios, pero apoyada —y les doy las gracias de
antemano a los grupos que la han firmado, aunque no sea suya— por
el Grupo Nacionalista y por Izquierda Confederal. Por tanto, entiendo que
estos grupos retirarán las enmiendas que habían presentado —aunque
espero que lo digan ellos—, y que procede la inclusión de esos
apartados en los términos expuestos en la moción del Grupo
Socialista.

El señor PRESIDENTE: De acuerdo.

En este momento tiene la palabra la representante
del Grupo Socialista y en el siguiente turno irán interviniendo los
representantes de los distintos grupos para indicar si defienden la
enmienda transaccional o sus propias enmiendas.

La señora DE PABLO DÁVILA: Gracias, presidente. Era
para informar a todos sobre cómo podrían ser los términos del
debate.

La moción que hoy traemos los socialistas a esta
Cámara refleja nuestra defensa y creencia en un sistema de cogobernanza
entre las diferentes administraciones con cada territorio, su Gobierno,
con las comunidades autónomas y el desarrollo de políticas públicas y el
Estado de bienestar.

En materia educativa inciden competencias tanto del
Estado como de las comunidades autónomas. Corresponde al Estado, en
virtud del artículo 149.1.30 de la Constitución, la competencia para
dictar las normas básicas y el desarrollo del artículo 27 de la
Constitución española, que debe entenderse en el sentido de que incumbe
al Estado la función de definir los principios normativos generales y
uniformes de ordenación de las materias enunciadas en el citado artículo.
Y por ello me refiero, como es conocido, a la sentencia del Tribunal
Constitucional, de 27 de junio de 1985.

Señorías, el virus y las crisis derivadas de esta
pandemia mundial nos han puesto muy a prueba a todos los representantes
públicos y gobernantes. Algunos, sinceramente, se han comportado como
aprovechateguis u oportunistas, pero los socialistas entendemos que la
gran mayoría han actuado con determinación para mitigar los efectos de
tan adversa situación. España y los diferentes países, como vemos en
nuestros vecinos europeos, van tomando medidas en función de criterios
sanitarios y epidemiológicos, compatibilizándolas con el funcionamiento
de la economía. Sin embargo, es difícil equilibrar la situación entre
economía y salud. A pesar de una situación tan abrupta y dura como esta
en tan corto tiempo, las administraciones públicas deben remangarse y
adoptar todas las decisiones y políticas públicas garantes de la cohesión
social y de la amortiguación de los efectos. Prueba de lo complicado de
la situación actual son los aumentos de desempleo en todo el mundo, la
desigualdad y la interrupción de la cohesión social. Esto, evidentemente,
tiene un efecto perverso y peligroso en algunos sectores de la sociedad
más propensos a la marginalidad.

Hace un par de semanas, todos pudimos ver cómo
diferentes colectivos extremistas intentaban sacar provecho de este
descontento con pequeñas protestas callejeras, y violentas, que se
produjeron en numerosas ciudades de este país y con gente muy joven. Un
Estado social y democrático de derecho, como es el nuestro, tiene la
obligación moral y ética de encauzar estas tensiones; en algunos casos,
tensiones interesadas y dirigidas por tendencias a desestabilizar nuestro
sistema democrático.

Las competencias del desarrollo normativo y de la
ejecución de las normas, también en materia educativa, evidentemente,
están compartidas. Y, aunque el shock actual por la pandemia mundial
afecta al presupuesto y a la gestión de la propia competencia educativa,
esto no hace sino reforzar la idea, a juicio de los socialistas, de lo
importante que es ese rol que le toca jugar a cada una de estas
administraciones públicas en esta materia. La educación juega, por tanto,
un papel trascendental y fundamental para mantener una sociedad
equilibrada, crítica, democrática, responsable, y que se sepa desenvolver
en la esfera de lo público, que es lo que es de todos y de todas.

En este ámbito, nuestro entorno se muestra
claramente a favor de impulsar una educación libre, gratuita, universal e
igualitaria. Resulta pertinente recordar que el derecho a la educación
incorpora un contenido primario de derecho, de libertad, a partir del
cual se debe entender el mandato prestacional a los poderes públicos
encaminado a promover las condiciones para que esa libertad sea real y
efectiva, como marca y establece el artículo 9.2 de la Constitución
española.

La educación en valores democráticos se presenta de
este modo como un elemento clave, tanto para conjurar el ruido y la
confusión constante de la atmósfera pública, como para que la ciudadanía
esté preparada para lidiar frente al discurso del odio y de la
desinformación. El esfuerzo de los poderes públicos debe centrarse más
que en acallar y rebatir el odio o la desinformación en algo más
provechoso y sostenible, como es robustecer una ciudadanía informada,
crítica, plural, tolerante y resiliente frente a las tentaciones del
populismo o del desahogo violento, como hemos visto recientemente. Es
algo tan sencillo como hacer una defensa férrea, entre todos los
demócratas, de la educación en valores; es decir, de la defensa de la
libertad, de la igualdad y de la democracia. De hecho, a través de una
educación en valores se potencia y afianza una cultura y una forma de ser
y de comportarse basada en el respeto a los demás, en la inclusión y las
ideas democráticas y solidarias. No olvidemos en este punto el aspecto
presupuestario. Hay que asegurar, como recomienda el Consejo de Europa,
una financiación y unos recursos suficientes que garanticen el desarrollo
de todo lo expuesto anteriormente.

Por tanto, también en este caso, son las
comunidades autónomas, como competentes en esta materia, las que deben
articularlo como piedra angular en sus proyectos presupuestarios. Las
comunidades autónomas han asumido en sus respectivos estatutos de
autonomía competencias de desarrollo legislativo y ejecución en materia
de enseñanza en toda su extensión, niveles y grados, modalidades y
especialidades en el ámbito de sus respectivas competencias. Las
inversiones que realizan cada autonomía y el conjunto del Estado deben
actualizarse a la realidad actual y armonizarse con nuestro entorno
europeo. Es cierto que la gran recesión de 2008 y la posterior crisis de
deuda europea, fue muy perjudicial para estos objetivos. Por tanto, es
momento de actuar aprovechando los nuevos cimientos que nuestra economía
y sociedad van a vivir tras esta crisis.

Tal y como recoge nuestra propuesta, se deben
implementar desde cada comunidad autónoma, como solicita el Consejo de
Europa, todos los recursos que sean necesarios, en aras de conseguir una
educación basada en la equidad y en la capacidad inclusiva del sistema.
Es obligatorio garantizar la cohesión social, y solo de la mano de una
armonización de intereses y con principios tales como los de un Estado
social y democrático de derecho y avanzado, se irán reduciendo las
brechas sociales.

Voy terminando. Las comunidades autónomas son
actores claves para conseguirlo. Hay que potenciar y afianzar la
inclusión, la libertad, la democracia, la solidaridad, así como una
cultura y una forma de ser y de comportarse basada en el respeto a los
demás. Hay que fomentar, tanto en la educación primaria como en la
secundaria, la educación en valores cívicos y éticos, tal como prevé el
proyecto de reforma de la Ley Orgánica de Educación que se está
tramitando en el Congreso de los Diputados. Hay que prestar atención al
conocimiento y al respeto de los derechos humanos y de la infancia, a los
recogidos en la Constitución española, a la educación para el desarrollo
sostenible y la ciudadanía mundial, a la igualdad de mujeres y hombres y
al valor del respeto a la diversidad, fomentando el espíritu crítico y la
cultura de la paz y la no violencia.

Termino. Se trata, por tanto, en el ámbito
educativo, de aprender a aprender sin dejar a nadie atrás, como eje
transversal del sistema y como fundamento básico de nuestro Estado social
y democrático de derecho.

Gracias, presidente. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

Aunque la portavoz del Grupo Socialista ya ha
anunciado la existencia de un acuerdo entre grupos, a pesar de todo,
vamos a mantener el orden anunciado y daré la oportunidad a los distintos
grupos para que se pronuncien. Disponen de tres minutos, si los quieren
utilizar, para ver si mantienen enmiendas, si las defienden, si las
quieren explicar o lo que estimen oportuno.

Tiene la palabra el representante del Grupo
Parlamentario Mixto que ha presentado una enmienda.

El señor CATALÁN HIGUERAS: Muchas gracias, señor
presidente.

Por supuesto que sí, porque seguimos manteniendo
nuestra enmienda, como sabe la portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista.

Hablar hoy de educación es hacer referencia a
muchas de las cuestiones recogidas en la propia moción, pero también a
otras, pues no sería justo dejar fuera unos derechos que vienen
amparados, nada más y nada menos, que en la Constitución española, en
tratados internacionales, y que además están abordando cuestiones
vinculadas con los derechos humanos. Por lo tanto, una vez que España es
uno de los países que ha firmado estos tratados internacionales, tiene
también la obligación de cumplirlos.

Por eso, en Unión del Pueblo Navarro tenemos que
reafirmarnos en el derecho y la libertad de los padres a la hora de
elegir la educación que quieren para sus hijos y también para que reciban
la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias
convicciones, tal y como recoge y establece el propio artículo 27 de la
Constitución española. Y se lo dice alguien, por cierto, que escolariza a
sus hijos en centros públicos.

Asimismo, desde la consideración de que el
castellano es la lengua oficial de nuestro país y que todos los españoles
tienen el deber de conocerla y también el derecho de usarla, como recoge
el artículo 3 de la Constitución, y su consideración como lengua
vehicular en el sistema educativo español, nosotros proponemos que las
administraciones públicas garanticen al alumnado en todo el territorio
nacional el derecho a recibir las enseñanzas en dicha lengua. Las
enseñanzas en lenguas cooficiales, en aquellas otras comunidades
autónomas en las que son cooficiales, o en parte de aquellas comunidades
en que también lo son, se realizarán de acuerdo, como no puede ser de
otra manera, con los estatutos de autonomía —en el caso de Navarra,
con la Ley Orgánica de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de
Navarra—, y con la normativa lingüística específica de cada
comunidad.

Señorías, estos derechos de los padres, como decía,
están acogidos y amparados en la propia Constitución española, y nada
menos que en el apartado dedicado a los derechos fundamentales y las
libertades públicas de los españoles; pero también en tratados
internacionales, como la Declaración Universal de los Derechos Humanos,
en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en el primer
protocolo del Convenio Europeo de Derechos Humanos y en la resolución
sobre la libertad de enseñanza en la Comunidad Europea.

Ya finalizo, señor presidente, pero es que no
quiero dejar de lado a los centros de educación especial, que, desde
nuestro punto de vista, no pueden ser cuestionados pues realizan una
magnífica labor que no se puede obviar. Así como tampoco los centros de
educación diferenciada; el propio Tribunal Constitucional ha dejado claro
que dicha educación no tiene nada que ver con la discriminación y que se
trata de un modelo pedagógico, como se da en otros países también de
nuestro entorno, y que es válido siempre que no suponga una desigualdad
en ningún ámbito.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

A continuación, tiene la palabra el representante
del Grupo Parlamentario Nacionalista en el Senado Junts per
Catalunya-Coalición Canaria/Partido Nacionalista Canario, que dispone de
tres minutos.

El señor CLAVIJO BATLLE: Muchas gracias, señor
presidente.

En este caso, dentro de la transaccional que ha
propuesto el Grupo Socialista está recogida nuestra enmienda, que tiene
como objetivo que se declare de carácter universal, no obligatoria, la
enseñanza de 0 a 3 años, y que poco a poco se vaya tendiendo a esa
gratuidad.

Quiero agradecer a la portavoz del Grupo Socialista
la gentileza de haber recogido la enmienda. Y aprovecho la ocasión para
decir que siempre que puedo intento llegar a acuerdos y ser correcto en
el debate. Parece que algunos compañeros de su bancada, después de llegar
a acuerdos, se dedican a dar golpes, y quiero que sepan que yo también sé
hacerlo, señora portavoz.

Muchísimas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.

A continuación, tiene la palabra el representante
del Grupo Parlamentario Izquierda Unida, si quiere intervenir.
(Denegaciones del señor Martínez Urionabarrenetxea). ¿No?... Perdón,
perdón. Imperdonable.

El señor MARTÍNEZ URIONABARRENETXEA: Gracias, señor
presidente.

Efectivamente, no somos el Grupo de Izquierda Unida
y no tenemos a ninguna compañera presente de Izquierda Unida, soplando...
(La señora González Modino: En el cogote). Exactamente: en el
cogote.

Nosotros habíamos presentado una enmienda porque
realmente nos llamaba muchísimo la atención, nos chocaba instar al
Gobierno a implementar desde cada comunidad autónoma, como si el Gobierno
estuviera gobernando en cada comunidad autónoma, cuando es evidente que
no es así. Por eso, planteamos una enmienda en la que pretendíamos, de
alguna manera, que el Gobierno central garantizara con los fondos
suficientes la implementación desde cada comunidad autónoma, de todos los
recursos necesarios, etcétera. Pero, lógicamente, lo que pretendíamos
también con esta redacción, era garantizar que se respetara el ámbito
competencial.

Por eso, presentamos la enmienda en Navarra, como
ustedes bien saben. Es verdad que en este momento nos están llegando
fondos desde el Estado para paliar las dificultades derivadas de la
COVID; llegan a Hacienda y la Consejería de Hacienda provee a educación,
salud, derechos sociales etcétera.

Quiero agradecer, lógicamente, a la senadora De
Pablo y al senador Clavijo que hayamos transaccionado esta enmienda,
aunque, como siempre que se llega a consensos, todos dejamos pelos en la
gatera. Nosotros habíamos defendido la consecución de una educación laica
basada en la equidad y hemos optado, en bien del consenso, por una
educación aconfesional.

En la exposición de motivos de la moción se dice
que nuestro entorno se muestra claramente a favor de impulsar una
educación libre, gratuita, universal e igualitaria. Nosotros estamos
convencidos de que habría que añadir laica, porque esto se liga con la
asignatura que hasta ahora solo cursaban las y los niños y niñas que no
elegían religión, Educación en valores, que, al parecer, en la nueva ley
pasa a ser transversal y obligatoria y deja de ser asignatura espejo de
religión.

Nosotros compartimos que el derecho de un
estudiante o de una estudiante a recibir formación religiosa no debe
convertirse en una obligación para quienes no opten por esa formación,
como impuso la LOMCE. La nota de religión no debe contar para becas o
para el expediente. Por lo que hemos visto, la LOMLOE plantea una
asignatura o contenido transversal de educación en valores cívicos y
éticos para todos; es decir, la ética cívica de una sociedad democrática,
la ética de mínimos de la mayoría social, una asignatura que consideramos
fundamental para la convivencia en libertad.

Estamos encantados con haber presentado y firmado
esta enmienda transaccional.

Muchas gracias, presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

Reitero a los portavoces mis disculpas, no sé en
qué estaría yo pensando.

A continuación, tiene la palabra el representante
del Grupo Parlamentario Ciudadanos.

El señor HERVÍAS CHIROSA: Gracias, presidente.

Ciudadanos ha presentado cuatro enmiendas de
modificación porque consideramos que enriquecen la moción y que ponen en
valor lo que creemos —o nos gustaría creer— que está buscando
el Partido Socialista: la libertad educativa, la calidad y la capacidad
inclusiva, al fin y al cabo, del sistema.

Por eso, hemos querido modificar cuatro puntos en
los que nos centramos en esa parte de los valores éticos, y de acuerdo
con la Comisión Europea, las reformas integrales que desde Europa también
marcan el sistema educativo, además, alcanzado muchas veces con amplio
consenso social y político. También hemos propuesto integrar una
modificación en el punto 2, que persigue erradicar las desigualdades
regionales existentes hoy en día en nuestro país. Por otro lado,
consideramos de vital importancia, aunque en las últimas semanas estamos
viendo que para el Gobierno no lo es, la protección de nuestra lengua
común, del castellano, de modo que no sea una lengua extranjera en
nuestro propio país, sino que sea la lengua común de todos los españoles,
que se pueda estudiar y que sea vehicular en el conjunto del país; es
algo de sentido común y totalmente normal. Y, finalmente, en el último
punto, hemos propuesto un redactado alternativo para impulsar los
conocimientos y el respeto a todos los principios constitucionales y del
Estado de derecho y, en especial, a los derechos humanos y de la
infancia.

En definitiva, son cuatro enmiendas que
consideramos que enriquecen la moción y que nos gustaría, lógicamente,
que el Grupo Socialista las tuviera en cuenta en esta moción.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.

A continuación, tiene la palabra la representante
del Grupo Parlamentario Vasco.

La señora PERAL DÍEZ: Muchas gracias,
presidente.

No conocíamos el texto de la enmienda transaccional
hasta hace un momento. Lo acabamos de leer, pero no sabíamos si alguna de
nuestras enmiendas había sido aceptada, ya que el Grupo Socialista no se
ha puesto en contacto con mi grupo para analizar nuestras enmiendas ni
buscar nuestro apoyo, por lo que haré la defensa de las enmiendas que
tenía prevista.

La enseñanza y la formación dotan a las personas a
lo largo de toda su vida de los conocimientos, capacidades y competencias
que les permiten crecer y actuar sobre su situación al ampliar sus
perspectivas, equipándolas favorablemente para sus vidas futuras,
sentando los cimientos de la ciudadanía activa y de los valores
democráticos y fomentando la inclusión, la equidad y la igualdad, tal y
como se recoge en el informe conjunto de 2015 del Consejo y de la
Comisión Europea sobre la aplicación del marco estratégico para la
cooperación europea en el ámbito de la educación y la formación. Sin
embargo, la educación es una competencia transferida a las comunidades
autónomas, en nuestro caso es competencia de la Comunidad Autónoma del
País Vasco la enseñanza en toda su extensión, niveles y grados,
modalidades y especialidades, sin perjuicio del artículo 27 de la
Constitución y leyes orgánicas que lo desarrollen, así como de las
facultades que atribuye al Estado su artículo 149.1.30 y de la Alta
Inspección necesaria. Por tanto, es a ellas a las que corresponde el
desarrollo de una educación que cimente los valores democráticos.

En estos últimos meses no hemos hecho más que
escuchar, tanto a la ministra de Educación como al ministro de
Universidades, que en todas las acciones y decisiones que han ido tomando
se ha tenido un respeto escrupuloso a las competencias en materia de
educación de las comunidades autónomas. Sin embargo, en cada propuesta,
moción o iniciativa legislativa, en asuntos relacionados con la educación
o la sanidad, tenemos que estar recordando estas competencias ante lo que
consideramos invasión competencial.

Las comunidades autónomas ya saben leer lo que dice
el Consejo de Europa y tienen como referencia la Carta del Consejo de
Europa sobre Educación para la Ciudadanía Democrática y la Educación en
Derechos Humanos. Por estos motivos, incluimos en el punto 1 de nuestra
enmienda ese respeto competencial. Vemos que al menos este respeto
competencial sí lo han incluido.

No estamos de acuerdo con el punto 2 de su moción.
No entendemos que la cohesión territorial que pretenden conseguir a
través de la educación garantice un balance positivo sobre no sé sabe qué
asunto y un futuro más justo para las generaciones venideras.

El punto 4 de su moción se refiere de manera casi
literal a distintos artículos de la LOMLOE. Nos parece que se está
buscando la aprobación en esta Cámara de parte de esa ley orgánica que se
ha debatido en la ponencia de la Comisión de Educación y Formación
Profesional del Congreso y que esta semana va al Pleno del Congreso para
la votación del informe. En ese sentido, no tenemos más que ver el
contenido de las distintas enmiendas presentadas a esta moción, que no
hacen sino llevarnos a un debate en cierto modo repetitivo, ya que lo
tendremos nuevamente en esta Cámara cuando debatamos sobre este informe y
las enmiendas que cada grupo quiera presentar en la Comisión de
Educación. Aun así, estamos de acuerdo con gran parte de ese punto 4 y,
por eso, en la moción que hemos presentado hemos unido los puntos 3 y 4,
evitando la repetición de ideas en una única enmienda.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

Tiene la palabra la portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista, para la aceptación o rechazo de las
enmiendas.

La señora DE PABLO DÁVILA: Gracias,
presidente.

Señor Catalán, como sabe porque lo he hablado antes
con usted, no podemos aceptar su enmienda porque la diferencia ideológica
es de tal calibre que su propuesta, su enmienda, entra en contradicción
totalmente con la moción de este grupo y, sobre todo, con la enmienda
transaccional que se ha pactado entre varios grupos.

Esta portavoz y este grupo quieren agradecer,
efectivamente, la voluntad de consenso y de diálogo del señor Clavijo y
del senador Martínez. Además, he de pedir disculpas a la portavoz del
PNV, a la senadora Peral, y al senador Hervías, de Ciudadanos, por algo
que me van a entender todos. A nosotros nos han llegado las enmiendas
esta mañana, prácticamente a las 12 de la mañana. Yo sí me puse en
contacto con la portavoz del Grupo Nacionalista Vasco y me anunció que
presentaría unas enmiendas. Sin embargo, dado que todos tenemos muy poco
tiempo, estos grupos tienen que entender que intente negociar con
aquellas fórmulas o con aquellas enmiendas que, por tener más cercanía
ideológica o, a lo mejor, menores discrepancias respecto a la moción
original es más fácil conseguir un amplio consenso. En ese sentido, no
quiero que el señor Catalán, la senadora Peral o el senador de Ciudadanos
entiendan que la falta de contacto se debe a ningún desinterés, sino
simplemente a una economía procesal y de tiempo, porque pretendíamos
sacar esta moción adelante, como es lógico.

Dicho eso, compartimos muchas de las cosas que
dicen, pero entran en contradicción otras muchas, como suprimir todo el
punto 2 o la refundición de los puntos 3 y 4, que creemos que quita
auténticas líneas esenciales o nucleares de la moción. Por tanto,
lógicamente, tal como he explicado, compartimos los criterios que han
expresado el senador Clavijo y el senador Martínez y les agradecemos su
voluntad de consenso. Como ha dicho el señor Martínez, todos nos hemos
dejado algún pelo en la gatera, pero también es verdad que creemos que el
texto final ha salido enriquecido, porque tres grupos o tres cabezas o
varios senadores, evidentemente, piensan más completo que uno.

En cuanto al resto, lamento que no podamos aceptar
ninguna de las enmiendas presentadas, pero es que algunas, como la del
senador Hervías —y termino—, afirman algo que no es cierto, y
es que el castellano no se va a tratar como si fuera una lengua
extranjera en nuestro sistema educativo. Además, tiene razón la senadora
del PNV en que se está debatiendo y se han debatido todas las enmiendas
con dictamen positivo en la Ley de Educación, en el Congreso de los
Diputados, y lo que ustedes están planteando es un debate ideológico
sobre una premisa absolutamente errónea. Todos los españoles del Estado
español tienen la obligación y el derecho a conocer el castellano y eso
no entra en contradicción con la supresión que se ha producido en la ley
de educación. Se respetan las enmiendas, siempre y cuando se basen en
hechos o en cuestiones demostrables y objetivas; sin embargo, si lo que
se quiere es hacer ruido para establecer un relato falso, como es que los
socialistas nos hemos cargado el respeto al español o la importancia del
español en otras comunidades autónomas, simplemente, no es cierto y no
solamente no se puede admitir, sino que lo rechazamos profundamente.

Esa es nuestra posición. Gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

Por el turno de intervención de los senadores y
senadoras inscritos en el registro de oradores, tiene la palabra, en
primer lugar, por tres minutos, el senador Koldo Martínez
Urionabarrenetxea. (Denegaciones).

En ese caso, tiene la palabra el senador Jacobo
González-Robatto Perote.

El señor GONZÁLEZ-ROBATTO PEROTE: Gracias,
presidente.

Qué hipocresía la del Grupo Socialista trayendo
aquí esta moción. Después de leer la exposición de motivos no sé cómo no
se les cae la cara de vergüenza con el atentado contra la educación que
ustedes pretenden con la ley Celaá.

Un país no es rico porque tenga recursos naturales,
un país es rico porque tiene educación; la educación es la auténtica
herramienta para acabar con la desigualdad, con la marginalidad, y es la
mayor balanza de equilibrio que tiene una sociedad. Cuando un pueblo
tiene educación un pueblo es rico y ustedes lo único que pretenden es
igualar en la ignorancia, no fomentar el conocimiento, la crítica, el
desarrollo propio; están quitando las mejores herramientas a las clases
más desfavorecidas. Ustedes dividen en 17 sistemas desiguales la
educación, haciendo que sea diferente en Navarra que en Andalucía, en
Murcia que en Galicia. Solo crean desigualdades con el fallido sistema de
las comunidades. Parten de una base desigual, y por tanto es una base
injusta y a los hechos me remito. Ustedes atentan contra el castellano
cediendo ante la xenofobia nacionalista de los grupos de extrema
izquierda catalana; ustedes ceden ante lo que se sabe que es bueno para
la ciudadanía.

En realidad, esto ya se veía venir ante la
pasividad del PSOE y del PP, y ahora lo que pasa es que la ley oficializa
la discriminación de los niños castellanohablantes al privarles del
asidero legal para reclamar su derecho a recibir al menos una parte de la
educación en español.

Ustedes arremeten contra la concertada; ustedes han
prescindido de la sociedad civil; ustedes van a cerrar las escuelas de
educación especial, a pesar de que las asociaciones de padres afectados
se han manifestado abiertamente en contra. ¿Cómo pretende el Gobierno que
un profesor que carece de formación en la atención a discapacitados
atienda a las necesidades de niños con discapacidades severas mientras da
clase simultáneamente a otros 30? En realidad, su ley lo que busca es
reservar el privilegio de una educación de calidad solo para aquellos
alumnos que puedan permitirse pagar una escuela privada, entre ellos gran
parte de sus hijos. La educación es la base de la equidad. No priven a
los ciudadanos de ella.

Gracias, presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

A continuación, en el turno de intervención de los
portavoces de los grupos parlamentarios, de menor a mayor, tienen cinco
minutos cada uno de ustedes.

Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra
el senador Catalán.

El señor CATALÁN HIGUERAS: Muchas gracias, señor
presidente.

Es evidente que para Unión del Pueblo Navarro
siempre que se hable de educación deberemos defender lo mismo: que para
nosotros es fundamental el derecho de los padres a elegir la educación
que quieren para sus hijos. Es una cuestión que nosotros hemos defendido
por activa y por pasiva y que seguiremos defendiendo, porque consideramos
que la libertad es lo mejor. La educación representa libertad, en ningún
caso, imposición. Por eso, nosotros consideramos inadmisible lo que está
aconteciendo con la tramitación del proyecto de ley, lo que ha pasado en
el Congreso y mucho nos tememos que pase también en el Senado. Desde
nuestro punto de vista, hasta hoy no cabe mayor despropósito porque,
además de tratarse de manera acelerada, se está haciendo, desde nuestro
punto de vista, sin la participación de los agentes de la comunidad
educativa, sin el rigor, la transparencia y la objetividad que debiera
caracterizar una ley de esta naturaleza. La tramitación, por lo tanto, en
el Congreso, y esperemos que no sea así en el Senado, es un auténtico
atropello. Así, señorías, no se tramita ninguna ley y menos aún una ley
educativa, porque no hay ni diálogo ni consenso y creemos, sinceramente,
que basar toda la acción en materia de política educativa en la oposición
no es bueno para la sociedad y, por lo tanto, nosotros lo dejamos muy
claro. Ahora ya nadie habla de pactos educativos, ahora se apuesta única
y exclusivamente por el sectarismo puro y duro.

Sin embargo, señorías, el despropósito no acaba ahí
tampoco, es que además la Ley de educación, lamentablemente, se ha
convertido en moneda de cambio de intereses espurios. Por cierto,
hablando de educación y enseñanza concertada, llama poderosamente la
atención que muchos de aquellos que critican y cuestionan los centros
concertados, a la hora de escolarizar a sus hijos lo hacen en los propios
centros concertados y desde nuestro punto de vista eso es una hipocresía.
Y, vuelvo a insistir, se lo dice alguien que escolariza a sus tres hijos
en centros públicos.

Señorías, que políticamente interesa al
independentismo anular el castellano como lengua vehicular en los centros
escolares, pues el Gobierno lo asume y esa es la realidad en algunas
comunidades autónomas; que para la consecución de sus objetivos
secesionistas precisan de la inmersión lingüística en una de las dos
lenguas de su comunidad que no sea el castellano, pues el Gobierno lo
asume; que se pisotean los derechos lingüísticos de los
castellanohablantes, pues el Gobierno lo asume. Gracias a la dejación del
Gobierno, lo que era un derecho de los españoles a ser educados en su
lengua materna ha pasado a ser una obligación, la de aprender una de sus
dos lenguas de la comunidad, siempre que no sea el castellano.

Señorías, si un español en su propio país no puede
ser educado en la lengua oficial es que algo falla; desde nuestro punto
de vista, algo está pervertido. El Gobierno no puede utilizar la
educación para facilitar la consecución de los objetivos secesionistas,
todo parece que le da igual, todo les sirve para mantenerse en el poder.
Enrique IV, Rey de Francia y de Navarra, dijo aquella frase célebre,
París bien vale una misa, y parece ser que a este Gobierno por el sillón
bien le parece la sumisión al independentismo.

En Navarra padecimos en su día, en la legislatura
pasada, un Gobierno nacionalista que se obsesionó con la educación y que
quiso imponer una lengua determinada, en este caso el euskera, en una
comunidad que no es bilingüe 100 %, por mucho que a algunos no les guste.
La realidad es que Navarra no es una comunidad bilingüe como pueda ser
Galicia, País Vasco, Cataluña, Valencia o Baleares, no, en Navarra la
lengua oficial es el castellano, y en una parte de la comunidad, es
cooficial también el euskera. Por tanto, lo que no se puede es pretender
imponer a todos los navarros una lengua de solo una parte. Pero es que,
además, señorías, esto no lo ha dicho Unión del Pueblo Navarro; en la
anterior legislatura también lo decía el propio Partido Socialista y
coincidíamos en la defensa de la libertad, en el derecho de los padres,
en la libertad de los alumnos y en que no podía ser cómo castigó el
Gobierno a la escuela pública en castellano, que escolariza al mayor
número de alumnos con necesidades educativas. Vuelvo a insistir en que lo
denunció en su día el Partido Socialista, de la mano de Unión del Pueblo
Navarro.

Por lo tanto, independientemente de las ideologías
de unos y de otros, la realidad es la que es, y en algunas cuestiones
concretas podremos ponernos de acuerdo y, sobre todo, cuando estamos
hablando de libertad y de derechos y cuando estamos cuestionando la
imposición y el sectarismo.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

A continuación, por el Grupo Parlamentario
Nacionalista en el Senado Junts per Catalunya-Coalición Canaria/Partido
Nacionalista Canario, tiene la palabra su representante.

El señor CLAVIJO BATLLE: Gracias. Buenas
tardes.

Intervendré brevemente porque ya la portavoz del
Grupo Socialista nos ha anunciado la aceptación de esa enmienda.

Quiero reiterar mi agradecimiento porque creemos
que para una comunidad autónoma como la canaria el ir avanzando y
profundizando en la escolarización de 0 a 3 años es fundamental para la
igualdad de oportunidades y si, además, es pública y se va tendiendo a la
gratuidad, adaptada a los momentos que nos está tocando vivir, no solo
favorecerá la conciliación laboral, sino que va a favorecer las
facultades y las capacidades de aprendizaje.

En definitiva, creo que aquí estamos todos de
acuerdo en que el canal de la educación es fundamental para igualar a
todas las personas; una enseñanza pública, gratuita y de calidad da
igualdad de oportunidades, independientemente de donde te haya tocado
nacer. Por lo tanto, quiero agradecerle esa aceptación.

Desde luego, más allá del debate que se pueda
producir, que creo que no es típico o propio de esta comisión, ya
tendremos ocasión de debatir en estas Cámara el proyecto legislativo. En
cualquier caso, sí quiero apostar claramente porque a la hora de
transferir o de hacer gratuita la enseñanza de 0 a 3 años se tengan en
cuenta las condiciones de insularidad de la Comunidad Autónoma de
Canarias. Es un anhelo y un deseo porque no es lo mismo para un
territorio continental o para una isla capitalina, como hemos dicho hoy,
que para una isla no capitalina. En este sentido, en muchas ocasiones hay
que mantener las aulas y colegios con una sola línea o, en algunas
ocasiones, hasta las escuelas unitarias, porque la población está
dispersa, porque la población en algunas islas es muy pequeña y eso
lastra el futuro de los niños, que no solo tiene que ver con el hogar o
las capacidades económicas de los hogares donde nacen, sino también con
el territorio en el que lo hacen. Por eso, quiero dejarlo dicho aquí y
agradecer nuevamente la voluntad de llegar a este acuerdo.

Muchas gracias y buenas tardes.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias,

Por el Grupo Parlamentario Izquierda Confederal,
tiene la palabra el senador Koldo Martínez.

El señor MARTÍNEZ URIONABARRENETXEA: Gracias, señor
presidente.

Antes de nada, quiero empezar pidiéndole disculpas
porque quizás no hemos sido capaces de explicar bien que yo iba a
defender esta moción.

La verdad es que cuanto más oigo hablar en este
Senado a algunos senadores más cuenta me doy de que es absolutamente
necesaria la asignatura de educación en valores cívicos y éticos. En
concreto, acabo de escuchar al senador de Unión del Pueblo Navarro hablar
de imposición, de sectarismo, y tengo la sensación de que no ha entendido
que democracia es suma de votos —en relación, lógicamente, con los
razonamientos que cada organización defiende—, diálogo, negociación
y acuerdo; por tanto, diálogo, negociación y acuerdos, pero en democracia
a veces llegan al Gobierno unos y otras veces otros. La derecha en el
Estado y, desde luego, en Navarra no ha terminado de entender qué es la
democracia. Por lo tanto, aunque no pensaba hablar, me veo obligado a
decir que la educación en valores éticos y cívicos es absolutamente
necesaria, incluso para algunos senadores que trabajan y que defienden
sus ideas, mejor o peor, en este Senado.

Imposición. Dice que en Navarra se ha impuesto el
euskera. Desde luego, no será por lo que este senador ha aprendido.
Alguna vez le he oído decir egun on, pero no sé ni si sabe decir buenas
noches en euskera. La imposición no es más que una fake news, una mentira
que no por mucho repetir se convierte en verdad. En Navarra, quienes
querían y quienes quieren estudiar en euskera estudian en euskera;
incluso en este momento, con el Gobierno de coalición, Geroa Bai y el
Partido Socialista tenemos un pequeño problema porque en determinada zona
de la parte mixta de Navarra el departamento de Educación no está
facilitando su aprendizaje a familias que quieren que sus niños aprendan
en euskera, y esto está ocurriendo hoy. Por lo tanto, imposición, cero.
Yo entiendo que la derecha tiene muchos fantasmas, tiene muchos miedos a
la realidad cambiante de Navarra; a una Navarra que ha dejado de ser tan
conservadora, tan de derechas, tan de putica y misica, y se ha convertido
en una sociedad moderna, contemporánea, democrática, plural, que
reivindica a todas y cada una de sus personas y a sus dos lenguas
propias, que son el castellano y el euskera.

Es cierto que el euskera en estos momentos no es
lengua oficial en toda Navarra, pero les voy a recordar que, en la
legislatura pasada, cuarenta y cuatro municipios de la zona no vascófona
—tenían muy pocos derechos lingüísticos, gracias a la entonces
llamada Ley del vascuence y ahora Ley del euskera— pidieron pasar,
por mayoría democrática en sus ayuntamientos, a la zona mixta, con más
derechos lingüísticos, y Unión del Pueblo Navarro —tan
democráticos, ellos— se opuso. En Navarra tenemos una ley que
concede mayores o menores derechos lingüísticos según el código postal, y
esto es una situación absolutamente anormal en la Europa de 2020.

Vamos a votar a favor de esta enmienda
transaccional porque creemos en la democracia, porque creemos en la
libertad y, sobre todo, porque creemos en los valores éticos y cívicos
sobre los que se asienta la convivencia en pluralidad.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

A continuación, tiene la palabra el representante
del Grupo Parlamentario Ciudadanos.

El señor HERVÍAS CHIROSA: Gracias, presidente.

LOECE, LODE, LOGSE, LOPEG, LOCE, LOE, LOMCE, y
ahora LOMLOE; hasta nueve contrarreformas educativas se han llevado a
cabo con Gobiernos del PP y del PSOE, más pendientes de hacer una
educación a medida de sus ideologías que pensando en el bien común y en
el futuro de los españoles. Por eso, en Ciudadanos siempre hemos hecho
hincapié en la necesidad de que haya un pacto nacional por la educación,
un pacto de gran consenso en el que todos los partidos políticos nos
pongamos de acuerdo y logremos por fin un pacto educativo con vistas a
una generación y no a cuatro años. Pero, nuevamente, no cogen nuestra
mano tendida y tanto la izquierda como la derecha prefieren hacer una ley
para cuatro años, pensado en intereses personales y partidistas y no en
el futuro de los españoles.

La portavoz del Grupo Socialista ha hablado de la
lengua vehicular, del castellano, y ha manifestado que no está por la
labor de hacer un debate ideológico; es que esto no es un debate
ideológico, es un tema de justicia, de igualdad. Al fin y al cabo, es un
tema de derechos constitucionales que debe tener el conjunto de los
españoles en el ámbito educativo. Y se lo puedo explicar en primera
persona porque lo he vivido, he sido educado en Cataluña y,
efectivamente, hay una imposición de un idioma y una discriminación y una
persecución a otro idioma, y eso es una realidad. Yo he cursado la
asignatura de castellano solamente dos horas a la semana y me la
impartían en catalán, durante años, pero como la alta inspección del
Estado no puede actuar porque no se les deja, pues nos callamos. ¿Por
qué? Porque hacen falta los votos después para Moncloa, y eso pasó en el
año 1996, con el pacto del Majestic, con el Partido Popular, pero también
pasó con el Pacto del Tinell, en el año 2003, con el Partido Socialista y
Esquerra Republicana. Esa es la realidad, la historia está ahí; los
hechos están ahí y son demostrables. Los que lo hemos vivido en primera
persona conocemos la realidad y la problemática existente con el idioma,
con la lengua en Cataluña. Es una realidad, es un hecho. Lo he vivido yo.
Yo he conocido gente a la que se le ha multado por rotular en su tienda
en castellano únicamente. Le decían: no, tienes que rotular en catalán.
He visto las denuncias, y eso lo ha hecho el Partido Socialista, porque
la ley establece que se tiene que rotular, al menos, en catalán. Y si lo
rotulas en castellano, que es la lengua oficial el Estado, les dicen que
así no —lo dice así: al menos, en catalán— y te ponen una
multa, y eso yo lo he visto. He visto cómo la persona ha tenido que
pagar, he visto en primera persona cómo ha sufrido esas inspecciones,
también en la hostelería. Es una realidad existente. Y ustedes pueden
mirar hacia otro lado, lo entiendo. Ustedes eligen a otros compañeros de
viaje porque, ideológicamente, están más cercanos a Bildu que a
Ciudadanos. Lo entiendo, pero explíquenselo a sus votantes y no digan una
cosa en Extremadura, en Andalucía o en Castilla-La Mancha y otra en
Cataluña, en Euskadi o en Navarra. Sean coherentes, sean sensatos y digan
la verdad.

En definitiva, lamento que el Partido Socialista
esté nuevamente en las tesis de aquellos que no defienden la igualdad, de
aquellos que no defienden la libertad y de aquellos que, en definitiva,
no defienden el Estado de derecho ni nuestros valores constitucionales y,
por tanto, nuestros valores democráticos. Porque no hay nada más
retrógrado, no hay nada más de derecha, más arcaico y más antiguo que ir
de la mano de los nacionalistas y de los separatistas.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

A continuación, tiene la palabra el representante
del Grupo Parlamentario Vasco.

La señora PERAL DÍEZ: Muchas gracias,
presidente.

Señora De Pablo, la economía procesal de un grupo
con más de cien senadores y senadoras no es la misma que la de un grupo
con diez. Aun así, en nuestro grupo siempre tenemos tiempo para debatir y
alcanzar acuerdos hasta el último minuto, y más en este tema, con el
objetivo del máximo consenso posible. Usted sabe que hemos votado a favor
del informe de la ponencia sobre la LOMLOE, ¿verdad?, porque la educación
es una prioridad para EAJ-PNV. La educación se enfrenta al reto
demográfico, al reto tecnológico-digital y al desarrollo sostenible, sin
olvidar diversos retos que apuntan a objetivos más exigentes, centrados
en la calidad educativa, la cohesión social y la lucha contra las
desigualdades, que den respuesta a la diversidad, interculturalidad, y
avancen hacia la excelencia.

Reconocemos el papel que desempeña la educación
como motor principal para la consecución de los objetivos de desarrollo
sostenible, y en concreto el objetivo 4 para garantizar una educación
inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de
aprendizaje durante toda la vida para todas las personas. Se deben
fomentar competencias y valores que conduzcan a un crecimiento sostenible
e integrador y a una convivencia pacífica. Estamos inmersos en una
pandemia en la que las personas jóvenes no parecen sufrirla, desde el
punto de vista sanitario, con la misma gravedad que el resto de la
sociedad. Eso, unido a su forma de enfrentarse a la vida, hace que estén
en el foco de transmisión de la enfermedad y también en las protestas.
Esto último no es algo exclusivo de esta pandemia, ya que los jóvenes han
sido siempre más reivindicativos y muchas veces el motor de los cambios
que se han producido en la sociedad a través de los años. Durante la
crisis económica iniciada en 2008, se determinó que los movimientos de
protesta demostraban que las sociedades europeas, y en particular su
juventud, tan castigada por la crisis social, estaba expresando su
descontento general hacia la situación que se estaba viviendo y hacia el
tipo de soluciones que los representantes políticos estaban aplicando
contra la crisis. Se trataba de movimientos que rechazaban la adopción de
medidas de austeridad extremadamente serias, de ajuste económico en una
Europa del sur donde más del 20 % de los jóvenes menores de 30 años se
encontraba en paro. Es algo similar a lo que está ocurriendo
actualmente.

Es, por tanto, clave profundizar en un trabajo de
divulgación, de cultura democrática entre los jóvenes, que abogue por la
no violencia y el respeto a la diversidad. La Carta del Consejo de Europa
sobre la educación para la ciudadanía democrática y la educación en
derechos humanos dice que un elemento fundamental de toda educación para
la ciudadanía democrática y los derechos humanos es la promoción de la
cohesión social, del diálogo intercultural y de la conciencia del valor,
de la diversidad y la igualdad, incluida la igualdad entre hombres y
mujeres. Para ello, es esencial adquirir los conocimientos, las actitudes
personales y sociales y la comprensión que permita reducir los
conflictos, apreciar y comprender mejor las diferencias entre creencias y
grupos étnicos, establecer un respeto mutuo por la dignidad humana y los
valores compartidos, fomentar el diálogo y promover la no violencia para
la resolución de los problemas y los conflictos. Pero también dice que el
aprendizaje en materia de educación para la ciudadanía democrática y de
educación en derechos humanos es un proceso que dura toda la vida. La
eficacia de este aprendizaje pasa por la movilización de un gran número
de actores, entre los que se encuentran los responsables de las
políticas, los profesionales de la educación, los y las estudiantes,
padres y madres, las instituciones pedagógicas, las autoridades
educativas, el funcionariado, organizaciones no gubernamentales,
organizaciones juveniles, los medios de comunicación y la sociedad en
general.

Por lo tanto, una sociedad democrática no puede
lograrse únicamente desde la perspectiva de la educación, sino que es
necesaria la colaboración de diferentes agentes involucrados. Además,
cuando por cualquier circunstancia el equilibrio convivencial se ha
perdido, la política debe orientarse a recuperarlo hasta donde sea
posible y razonable, poniendo las bases para encauzar una convivencia
democrática y conciliada en el futuro, y para configurar una cohesión de
base en torno a la dignidad humana y los derechos humanos. Toda sociedad
democrática tiene el mandato de fomentar e impulsar en su ciudadanía una
cultura profunda de conocimiento y respeto a los derechos humanos y a la
paz. En el caso específico de la sociedad vasca, a esta demanda
contemporáneo-universal se une la especificidad de una sociedad lastrada
por la persistencia de la violencia de motivación política. En Euskadi,
llevamos ya varios años trabajando en estas materias mediante el
desarrollo de los distintos planes de paz y convivencia, en los que se
recoge el impulso de líneas de actuación en el ámbito de la educación
formal, de la juventud, de la cultura y de la educación no formal, entre
otros.

Termino. Como clase política debemos dar ejemplo de
convivencia, respeto a la pluralidad y respeto a las demás personas, y no
solo con declaraciones de intenciones generales, como incluyen en su
moción. En este momento —y entendemos que lo que quieren reflejar
es el propósito de cumplir con la Carta del Consejo de Europa sobre la
educación para la ciudadanía democrática y la educación en derechos
humanos, con la que estamos completamente de acuerdo—, se está
debatiendo la Ley de educación en el Congreso y próximamente llegará al
Senado, por lo que no apoyaremos esta moción.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.

A continuación, tiene la palabra el representante
del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana-Euskal Herria Bildu.

La señora CORTÈS GÈS: Gracias, presidente.

Podemos estar a favor de esta moción, en cuanto a
que la educación juega un papel trascendental y que se debe impulsar una
educación pública, gratuita, universal e igualitaria. También es
importante que las comunidades autónomas inviertan en educación,
efectivamente, y esto es lo que ha hecho y lo que está haciendo el
Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya. La partida
presupuestaria en educación en Cataluña, en 2020, fue de 5672 millones de
euros, un 17,6 % más respecto a los últimos presupuestos de 2017, es
decir, los penúltimos aprobados, y además se incrementa por encima de los
presupuestos de 2010, antes de la crisis económica. El Departament
d’Educació de la Generalitat de Catalunya ha hecho, y está
haciendo, un esfuerzo inmenso para hacer frente a la pandemia, y aun así,
siempre se podría hacer mejor y todo podría ser mejor. Esto es lo que
está realizando el Departament d’






Educació en cuanto a la economía.
Pero tenemos que tener en cuenta, además del esfuerzo presupuestario
aprobado, el sobreesfuerzo en tiempo de pandemia, y quizá también
deberíamos preguntarnos cuál ha sido y cuál debería ser el papel del
Gobierno del Estado en este sobreesfuerzo que se está imponiendo en
Cataluña para poder llegar a cubrir todas las necesidades que tenemos en
este momento.

Por otra parte, déjenme decirles que esta moción
supone una clara invasión competencial de primer grado, desde el punto
uno al cuatro. Todo lo que propone la moción se está haciendo ya en
Cataluña. Hablan de implementar todos los recursos necesarios, algo que
ya estamos haciendo, evidentemente, y más. En cuanto a que trabajen
conjuntamente el Gobierno y comunidades autónomas, la Generalitat de
Catalunya tiene competencias en este aspecto. Por lo tanto, ¿qué vamos a
hacer? Si se trata de garantizar la cohesión social y fomentar los
valores cívicos éticos, pues se viene haciendo a diario en las escuelas
catalanas. Por lo tanto, esta moción a nosotros no nos aporta nada nuevo.
No contiene ninguna innovación. Podemos votarla a favor, nos podemos
abstener, pero, sinceramente, no aporta nada nuevo, ninguna innovación
que en este momento no se esté haciendo ya en Cataluña, y además, repito,
es una invasión competencial de primer grado.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Cortès.

A continuación tiene la palabra el representante
del Grupo Parlamentario Popular.

La señora GONZÁLEZ GARCÍA: Gracias,
presidente.

Señorías, la iniciativa que hoy debatimos fue
registrada en esta Cámara el pasado día 6 de noviembre, es decir, hace
diez días, cuando ya se estaba tramitando en el Congreso de los Diputados
la modificación de la Ley de educación; por cierto, una ley que no gusta
a casi nadie, excepto a ustedes y a sus socios más radicales. Entendemos
que esta ley habrá que debatirla en el Senado, y será precisamente aquí
cuando tengamos que analizar con mayor profundidad todos esos temas de
los que hoy hemos hablado, porque hasta ahora esta ley ha sido elaborada
sin ningún tipo de consenso. La ley no ha contado con las comunidades
autónomas, no ha contado con la comunidad educativa ni con los grupos
parlamentarios; es una ley, que al igual que la iniciativa que hoy se
debate, desprende ideología, sectarismo, imposición y muy pocas ganas de
llegar a acuerdos por consenso.

En esta moción se habla de todo y no se concreta
nada. En primer lugar, quiero señalar que la competencia en materia de
educación es de ámbito estatal, si bien su gestión está transferida a las
comunidades autónomas. Por ello, el ministerio no puede ni debe renunciar
a las competencias que la Constitución española le atribuye. El Gobierno
de España y, por tanto, el Ministerio de Educación tienen que garantizar
la cohesión y la vertebración del sistema educativo, la igualdad de
oportunidades y la libertad de los padres para elegir la educación que
quieren para sus hijos, con independencia del lugar donde residan, y esto
difícilmente se puede conseguir a través de la imposición y el sectarismo
que ustedes practican.

Me gustaría recordarles que la Constitución
española estableció los principios y las bases fundamentales de nuestro
sistema educativo. Los dos pilares del modelo constitucional educativo,
proclamados en el artículo 27.1, son el derecho a la educación y la
libertad de enseñanza, y ustedes con esta moción los están limitando o,
mejor dicho, se los están cargando. Desde el año 1985, en este país han
convivido la enseñanza pública y la enseñanza concertada con un modelo
educativo que puso en marcha el Partido Socialista y que ha permitido a
las familias elegir la educación que quieren para sus hijos. Es cierto
que aquel Partido Socialista nada tiene que ver con el actual. Aquel
Partido Socialista tenía una visión de Estado, y el de ahora ha cruzado
muchas líneas rojas y prefiere vender España a cambio de mantenerse en el
poder. Están empeñados en eliminar la educación concertada y no se dan
cuenta de que las escuelas públicas no tienen capacidad para garantizar
lo que establece la Constitución. La educación concertada complementa y
potencia la calidad del sistema educativo público. Pero es que, además,
nuestra sociedad es diversa y plural, y los poderes públicos tienen la
obligación de garantizar, tal y como establece la Constitución, el
derecho de todos a la educación, a la educación con mayúsculas, sin
coletillas y sin adjetivos.

El Gobierno de España tiene que garantizar la
libertad de la enseñanza y el derecho que tienen los padres a elegir el
tipo de educación y el centro que quieren para sus hijos. Impulsemos, por
tanto, la educación en libertad, que cada familia elija el modelo que
quiere; no limitemos los derechos de los españoles, proporcionemos los
medios y los recursos que sean necesarios para el acceso universal a una
educación de calidad. Y a partir de ahí, hablemos de igualdad de
oportunidades para todos, de equidad, de una educación inclusiva, de una
educación en valores, pero no de manera interesada. Igualdad de
oportunidades es posibilitar que cualquier ciudadano español, con
independencia de la comunidad autónoma donde resida, pueda recibir una
enseñanza en castellano, que es la lengua oficial del Estado, y todos los
españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla.

Creemos un fondo de cohesión territorial para
asegurar que el derecho a la educación sea ejercido en condiciones
básicas de igualdad en todo el territorio nacional. Equidad es hablar de
justicia social a través de becas para quienes lo necesiten.

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, por favor,
señoría.

La señora GONZÁLEZ GARCÍA: Voy terminando, señor
presidente.

Tenemos que prestar una educación de calidad al
alcance de todos. Hablar de educación inclusiva es garantizar la
existencia, la calidad y la gratuidad de los centros de educación
especial en cualquiera de los centros sostenidos con fondos públicos,
como garantes de la libertad de elección. Este es nuestro modelo, y
podría seguir comentándoles más cuestiones.

En el Grupo Popular defendemos el derecho a una
educación de calidad, en libertad y con equidad en todas las comunidades
autónomas, y esta moción no lo hace.

Por tanto, votaremos en contra. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

A continuación, tiene la palabra el representante
del Grupo Parlamentario Socialista.

La señora DE PABLO DÁVILA: Gracias, señor
presidente.

No me va a ser posible, evidentemente, contestar a
todos los intervinientes, pero sí quiero señalarle al señor
González-Robbato, y siento que no esté, que lo que nosotros hemos
planteado aquí es precisamente todo lo contrario de lo que él ha
manifestado en su intervención. Hemos hablado de cumplir el mandato del
Consejo de Europa en una educación por la no violencia, por la igualdad
entre hombres y mujeres, por la diversidad, por el respeto al distinto.
Eso es lo que se debatía aquí, pero algunos grupos han traído el debate
de la ley de educación, y ya habrá tiempo. En realidad, lo que nosotros
estamos haciendo, señora González —las dos, que somos
riojanas—, es cumplir lo que ustedes no hicieron. El Consejo de
Europa nos lleva diciendo que somos de los pocos países europeos que no
tenemos una asignatura educando en valores, de los pocos, y había que
hacerlo, y ustedes hasta 2018 no hicieron nada en ese sentido. Y lo
siento, pero lo único que hemos hecho es cumplir un mandato del Consejo
de Europa, porque además creemos profundamente en él.

Señor González-Robatto, a mí, cuando me insultan,
lo que digo es: la verdad, qué bien hubiera venido esta asignatura de
educación en valores y cuánto dinero desperdiciado en colegios privados
en algunas personas de esta Cámara, sinceramente. (Aplausos).

Señor Catalán, sabe que le aprecio muchísimo, pero
no comparto ideológicamente absolutamente nada de su enmienda en cuanto a
la religión. Tiene usted un problema, y es que yo soy riojana, y da la
casualidad de que lo que estamos defendiendo como riojanos es que en La
Rioja sea patrimonio de la humanidad el castellano; y da la casualidad de
que en la Conferencia de Presidentes defendemos que La Rioja se convierta
en la primera comisión delegada del reto demográfico, así lo dijo el
Gobierno, y se convierta en la capital digital de español en el mundo.
Fíjese si tenemos interés, amor y respeto por el castellano, pero es que
no estábamos hablando de la Ley de educación, estábamos hablando de
valores, aunque parece que algunos no lo han entendido. O sea, apoyen
ustedes esa propuesta del Gobierno y hagan a La Rioja la capital digital
mundial del castellano, que verá qué bien nos vamos a entender.

Señor Clavijo, le reitero las gracias porque creo
que en esta moción haber acordado una enmienda transaccional, firmada por
Coalición Canaria, por Geroa Bai y por el Grupo Socialista, dice mucho de
lo que hemos hablado hoy aquí: de diálogo, consenso, del respeto a la
diversidad y de la no violencia.

En cuanto al señor Hervías, señoría, cada uno
escoge sus compañeros de viaje, nosotros los nuestros y ustedes los
suyos, y por eso cohabitan con Vox y allá se las entiendan. Desde luego,
no compartimos nada de lo que están diciendo, pero usted tendrá que
enfrentarse a sus propias contradicciones. Si nosotros no decimos con
quién, decimos el qué, y el qué es el respeto a una educación en valores,
como mandata el Consejo de Europa, y a la diversidad, ya debatiremos la
ley de educación. Ustedes viajan con Vox y nosotros viajamos con la gente
que defiende nuestros postulados: una educación pública, universal y
gratuita, la igualdad entre hombres y mujeres, no violencia y el respeto
a la diversidad. (Aplausos).

Señora Peral, lo siento sinceramente, porque si
hubiéramos tenido más tiempo seguro que habríamos podido llegar a puntos
de consenso, porque comparto gran parte de lo que ha dicho, lo que no
comparto es la enmienda que suprimía la mayor parte de nuestra moción, y
lo siento.

En cuanto a la señora Cortès, me alegro de que
estén ustedes tan bien en Cataluña. Yo tengo una hija que vive en
Tarragona y está feliz, y doy fe de que nada de lo que ha dicho el señor
Hervías es cierto. En Cataluña conviven muy bien los catalanoparlantes
con los no catalanoparlantes en la mayor parte de los sitios, sin ningún
problema.

Y voy al final, señora González. Usted es riojana,
como yo, y nos conocemos desde hace tiempo. Es que a ustedes les da
igual, manzanas traigo y te contesto con peras. Nosotros no estamos
hablando en estos momentos de la Ley de educación, estamos hablando de
una moción que garantice la educación en valores y el mandato del Consejo
de Europa. El problema que tienen, ¿sabe cuál es? Que nosotros jamás
pondremos en riesgo la educación concertada; de hecho, fue un presidente
socialista, como ha señalado, Felipe González, quien la financió. El
problema es que ustedes y sus compañeros de viaje sí que ponen en riesgo
la educación pública, universal, gratuita e igualitaria, que es el
ascensor social para la igualdad de oportunidades, con el sectarismo que
ustedes plantean, con una educación para quien pueda pagársela y restando
recursos a la educación universal gratuita. Con nosotros nunca estará en
riesgo la concertada, con ustedes cada día que hablan se ve claramente en
riesgo la educación pública que defendemos.

Gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora.

El señor PRESIDENTE: Señorías, pasamos al siguiente
punto. Moción del Grupo Parlamentario Popular en el Senado por la que
insta al Gobierno a crear la agencia nacional para la recuperación como
organismo independiente encargado de seleccionar y coordinar la
distribución de los fondos de recuperación procedentes de la Unión
Europea para salir de la situación de crisis provocada por la
pandemia.

Se han presentado en plazo dos enmiendas a esta
moción, de los grupos parlamentarios Izquierda Confederal y Esquerra
Republicana-Euskal Herria Bildu, respectivamente.

En primer lugar, para la defensa de la moción,
tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Senado
por un tiempo máximo de diez minutos.

El señor MONAGO TERRAZA: Muchas gracias,
presidente.

Esta moción nace de una propuesta de nuestro
presidente, Pablo Casado, para crear un ente que se encargue de gestionar
y supervisar los proyectos en los que se van a invertir 140 000 millones
de euros de fondos europeos destinados a la recuperación. Tras dos horas
de encuentro con el presidente del Gobierno el 2 de septiembre, nuestro
presidente hizo una propuesta muy pertinente a sabiendas de cómo ha
actuado y actúa el actual Gobierno de España. No queremos que haya un uso
clientelar del dinero que entregará Bruselas a España, pero, sobre todo,
deseamos que haya una gestión eficaz después de ver cómo ha sido de
calamitosa la gestión de la COVID y las negativas repercusiones para la
economía española.

Esta propuesta ha sido dada conocer también a los
veintisiete embajadores de la Unión Europea en un encuentro y a distintos
altos representantes, entre otros, la presidenta de la Comisión Europea,
Ursula von der Leyen. Ya hemos dicho que su proyecto de Presupuestos
Generales del Estado para 2021 contiene varias des. D de depresión,
déficit, deuda, desempleo, despilfarro y disparo de impuestos, y no
queremos que en el reparto de los fondos europeos haya la de, de
discrecionalidad, discriminación y desperdicio.

No le ocultamos que estamos preocupados. Dijo el 1
de agosto el señor Sánchez a los presidentes autonómicos, en el plenario
de la XXI Conferencia de Presidentes, que sería él mismo el encargado de
liderar la gestión del Fondo de recuperación de la Unión Europea para
hacer frente a la crisis del coronavirus, y que lo haría a través de una
comisión interministerial que, por supuesto, presidiría él mismo; para
otras comisiones interministeriales, como la que gestiona la COVID, no ha
estado en primera línea el presidente del Gobierno de España, pero para
repartir los fondos, sí. Y dijo también que crearía una unidad de
seguimiento del Fondo de recuperación en el gabinete de Presidencia del
Gobierno, todo muy imparcial.

Cuando se trata de paliar los efectos de la COVID
se delega en las comunidades autónomas la responsabilidad, y por delegar,
se ha delegado hasta el carácter de autoridad delegada en un estado de
alarma. Ahora, cuando se trata del dinero, ahí no hay nada que delegar,
parece como si el mensaje fuera el dinero mío y lo reparto yo. Y nosotros
entendemos que esto no debe ser así.

Podrán decirnos que habrá colaboración público
privada a través de un grupo de alto nivel, que habrá colaboración
multinivel en varios foros con las comunidades autónomas, pero la
realidad a día de hoy es que el dinero cuando llegue se repartirá desde
la Moncloa. Incluso hemos podido leer que participarán las entidades
locales, es decir, que van a participar aquellos a los que el actual
Gobierno de coalición intentó quitar sus ahorros, algo que tuvimos que
frenar un amplio abanico de fuerzas políticas en el Congreso de los
Diputados. ¿Cómo pensar que van a participar aquellos a los que
intentaron expropiar sus remanentes?

Los fondos del mecanismo de recuperación y
resiliencia tienen un objetivo: apoyar las inversiones y reformas
públicas y contribuir a la cohesión económica, social y territorial de la
Unión Europea. Son fondos para ayudar a España a hacer frente a los
efectos económicos y sociales de la pandemia de la COVID. Son fondos para
garantizar que nuestra economía emprenda la transición ecológica y
digital para ser más sostenible y resiliente. Y no son fondos para pagar
peajes, apoyo presupuestario ni para contentar a los socios del Gobierno.
Constituye este fondo el principal instrumento del paquete de
recuperación de 750 000 millones de euros en Europa y pretende que
hagamos una Europa más unida, no una Europa que tenga una España rota por
cesiones y peajes territoriales. La clave del reparto para los
años 2021 y 2022 tendrá en cuenta en cada Estado miembro, según la
Comisión Europea, la población, la inversa del producto interior bruto
per cápita y la tasa de desempleo relativa a los últimos cinco años.
¿Esos son los criterios que baraja el presidente del Gobierno? Mucho nos
tememos que no. Para recibir estos fondos, España habrá de elaborar un
plan nacional de recuperación y resiliencia que establezca su programa de
reformas e inversiones hasta 2026, incluidos los objetivos, las metas y
también los costes estimados, y es ahí donde tiene plena pertinencia
aprobar un ente independiente donde expertos independientes nos tracen
objetivos y metas alejada de la ocurrencia o de la discriminación
territorial.

El Gobierno de España actual ha sufrido algunos
reveses en los últimos tiempos y últimamente, como saben sus señorías, le
enmiendan mucho la plana, porque se equivoca en sus previsiones. La Airef
le ha hecho una enmienda a la totalidad, su presidenta ha advertido días
pasados en el Congreso que las previsiones que manejan para los
Presupuestos Generales del Estado de 2021 descansan, dice ella, en
supuestos que desgraciadamente parecen más bien lejanos. Señala también
que el impacto del Plan de recuperación que prepara el Gobierno presenta
incógnitas, que no se conocen proyectos ni medidas concretas y que prevé
un desfase de seis puntos del PIB, unos 9000 millones de euros menos de
recaudación, que podrían ser 18 000 millones de euros en un escenario
pesimista. ¿Y ustedes solos van a determinar el destino del dinero de los
fondos europeos? En el Partido Popular queremos que no se vuelvan a
equivocar, porque tal vez sea esta la última vez que nos lo podamos
permitir.

El Banco de España ha editado una guía de ideas
para el diseño del fondo de recuperación de Europa. (El señor
vicepresidente, Moscoso González, ocupa la Presidencia). La comparto con
ustedes, porque tal vez no la conozcan. Señala que este fondo es un
instrumento que debe ser eficiente, regido por el principio de un uso
adecuado y proporcional de los recursos públicos; solidario, haciendo
especialmente accesibles sus recursos a aquellos que más lo necesiten;
equilibrado, eliminando riesgos de transferencias permanentes inducidos
por comportamientos oportunistas —dice el Banco de España— de
sus miembros; y con una condicionalidad en el uso de sus recursos ligado
a los propios objetivos de la estrategia de la recuperación, con especial
énfasis en potenciar las palancas de crecimiento. Si es una estrategia a
medio y largo plazo, ¿por qué se cierran a crear un organismo
independiente que lo gestione? A medio y largo plazo hay alternancia del
Gobierno, por tanto, se debe huir, como dice el Banco de España, del
comportamiento oportunista.

Sé que últimamente tampoco les gusta lo que dice el
Banco de España, después de la enmienda a la totalidad, como la Airef,
planteada a sus presupuestos al declarar el gobernador que no se cree ni
el estado de ingresos ni el estado de gastos. Comparte el máximo
responsable del considerado mejor servicio de estudios económicos del
país que el Gobierno de España no atina en su planificación. Le enmienda
la plana la Airef, le enmienda la plana el Banco de España y si siguen
por el mismo camino se la enmendara, una vez más, la Comisión Europea,
como hicieron a propósito del intento de manipulación de la justicia
española.

Por ello, señorías, el Gobierno de España debe ser
en este caso modesto, debe dejarse ayudar, debe velar por la
independencia de un organismo, de un ente, de una agencia que distribuya
unos fondos que son vitales para el presente, pero, sobre todo, para el
futuro de España. Porque del buen uso de esos fondos, señorías, no solo
vamos a poder recuperar la economía española, sino en estos momentos
vamos a poder garantizar también la vida y las esperanzas de muchos
paisanos.

Muchísimas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Moscoso González): Muchas
gracias, señor Monago.

Para la defensa de la enmienda del Grupo
Parlamentario Izquierda Confederal, por un tiempo máximo tres minutos,
interviene el señor Martínez.

El señor MARTÍNEZ URIONABARRENETXEA: Muchas
gracias, señor presidente.

Ha habido alguien que cuando ha visto nuestra
enmienda, que es una enmienda de sustitución, me ha dicho: Hombre, Koldo,
si en vez de sustitución la planteáis como de adición, porque realmente
hemos adicionado «con la participación de las comunidades autónomas y la
Federación Española de Municipios y Provincias», igual el Partido Popular
hasta la aceptaría. Pero, claro, quien me decía esto no se ha dado cuenta
de que nosotros añadíamos otra cosa, cambiábamos la agencia nacional por
la agencia interinstitucional para la recuperación. ¿Y por qué? Porque yo
soy senador autonómico por Navarra; Navarra es una comunidad foral que
tiene su hacienda propia, que recoge sus impuestos y los reinvierte, y,
excepto en momentos tan excepcionales como la crisis de la COVID, nunca
tiene a papá Estado para solucionar los problemas de finanzas. Nosotros
recogemos y nosotros gastamos sin recurrir a ninguna otra agencia por
encima de Navarra. Y, además, formamos parte de una eurorregión, junto
con la Comunidad Autónoma del País Vasco y junto con Nueva Aquitania; una
región transfronteriza con presencia en Europa, y para nosotros era muy
importante recalcar estas dos cuestiones. Primero, Navarra tiene Hacienda
propia y, por lo tanto, debería tener el derecho a participar
directamente en todas las decisiones que se tomen en Europa en relación
con las finanzas europeas. Europa tiene veintisiete Estados y cuatro
haciendas más que esos veintisiete, es decir, treinta y una, que son
Navarra. Guipúzcoa, Álava y Vizcaya. Este es un hecho innegable que vamos
a repetir una y otra vez hasta que todo el mundo lo entienda. Pero
insisto en que aparte de esa foralidad, que forma parte de nuestra
identidad, somos y formamos parte de esa eurorregión, de esa región
transfronteriza que tanto bien está haciendo a las tres comunidades que
estamos implicadas en ella: Nueva Aquitania, Comunidad Autónoma Vasca y
Navarra.

Por lo tanto, no es una enmienda de adición, es una
enmienda de sustitución. Reivindicamos con esta enmienda nuestra
identidad foral, reivindicamos nuestra presencia en los órganos europeos
pertinentes, en todos aquellos en los que se tomen decisiones sobre el
devenir financiero de Europa, y dentro de Europa de Navarra. Y, desde
luego, insistimos en que tiene que hacerse con la participación de las
comunidades autónomas y la Federación Española de Municipios y
Provincias, porque cuando no se dice parece que queda implícito, pero,
desgraciadamente no siempre es así, ni siquiera cuando se hace explícito
que estas decisiones se tomarán con la participación de las comunidades
autónomas y las entidades locales.

Por eso hemos presentado esta enmienda de
sustitución, y voy a decir la verdad, me gustaría mucho que el Partido
Popular la aceptara; si la aceptara, lógicamente, votaríamos a
favor.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Moscoso González): Para la
defensa de la enmienda del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana, por
un máximo de tres minutos, tiene la palabra la señora Cortès.

La señora CORTÈS GÈS: Gracias, presidente.

Nosotros hemos presentado una enmienda de
sustitución, solo una. De hecho, esta moción solo tiene un punto y hemos
presentado la enmienda de sustitución del punto uno, en la cual decimos
que la Comisión General de Comunidades Autónomas insta al Gobierno a
destinar el 75 % de los fondos de recuperación europea a las comunidades
autónomas para que sean ellas, las comunidades autónomas, quienes lo
destinen a proyectos sociales, en tanto que son competencias autonómicas
y para tomar las medidas más adecuadas en función de la realidad de cada
territorio.

Además, podemos decir que las comunidades autónomas
son quienes conocen más sus territorios. Por lo tanto, no voy a decir
nada más porque está muy claro lo que estamos pidiendo, que se sustituya
este punto de instar al Gobierno a crear una agencia nacional para la
recuperación. Porque, fíjense, vamos creando agencias y demás, pero
nosotros queremos avanzar y para ello pedimos que se destine este 75 % de
los fondos de recuperación a las comunidades autónomas.

No sabemos si nos han aceptado o no la enmienda
porque nadie se ha puesto en contacto con nosotros para hablar justamente
de las dos últimas mociones, pero bueno ahí las dejamos.

Gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Moscoso González): Muchas
gracias, señora Cortès.

Para la aceptación o rechazo de la enmienda
presentada, tiene la palabra el autor de la moción, el Grupo Popular, por
tiempo de un minuto.

El señor MONAGO TERRAZA: Muchas gracias.

En primer lugar, quiero decirles que lamento no
haberme podido ponerme en contacto con ustedes, pero vengo de Extremadura
y estas enmiendas se han presentado a las doce y ocho minutos, y ya
conocen las buenas comunicaciones que tenemos; a esa hora yo estaba
desplazándome, así que cuando me lo han comunicado no me ha sido posible
acercarme a ustedes para hablarlo, y bien que lo lamento. En cualquier
caso, les pido disculpas por ese hecho y asumo la responsabilidad.

Miren, no podemos admitir las dos enmiendas porque
son enmiendas de sustitución que lo que vienen es a cambiar completamente
la enmienda. No hacen matices o aclaraciones, no, son dos cuestiones
completamente distintas. En cuanto a la enmienda de sustitución de
Esquerra Republicana-EH Bildu, ustedes hablan de la distribución de los
fondos, el 75 % a las comunidades autónomas, pero es que cómo distribuir
los fondos sería una moción. Yo lo que planteo en nombre de mi grupo es
el marco, es la entidad, el organismo, la agencia que tiene que ser
independiente para valorar y, en todo caso, proponer la distribución de
los fondos. Son dos cosas completamente distintas, ustedes han ido a la
letra tal vez excesivamente pequeña del porcentaje, a cómo se tiene que
asignar, cosa que yo respeto, evidentemente, pero no comparto como
aprobación de una enmienda de sustitución en esos términos.

Respecto al Grupo Parlamentario Izquierda
Confederal, creo que no me he debido explicar muy bien. No está el
senador interviniente. (La senadora González Modino le indica que ha
salido a hablar por teléfono). ¿Ha salido a hablar por teléfono? Pues le
hablo a la compañera de su grupo para que se lo traslade. Aquí no se está
hablando de la identidad del pueblo navarro, aquí no se está hablando de
una afrenta contra un territorio, aquí se está hablando de cómo repartir
un dinero que llegará de Europa con cargo a deuda pública europea, es
decir, dinero que vamos a pagar entre todos los españoles en el futuro, y
con qué criterios se va a gestionar.

El señor VICEPRESIDENTE (Moscoso González): Señor
Monago, debe de ir finalizando.

El señor MONAGO TERRAZA: Ya termino. No estamos
hablando de que tiene que haber, como nosotros tenemos, una foralidad y
nosotros lo repartimos, no, estamos hablando de un marco, y en ese
sentido la enmienda de sustitución habla de la participación de las
comunidades autónomas y de la FEMP, faltan los agentes sociales, las
diputaciones y la colaboración público-privada. Por lo tanto, creo que la
enmienda de sustitución empobrece la propuesta que hacemos.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Moscoso González): Muchas
gracias, señor Monago.

Comienza el turno de intervención de los portavoces
de los grupos parlamentarios de menor a mayor con un tiempo de cinco
minutos cada uno.

Tiene uso de la palabra, por el Grupo Parlamentario
Mixto, el señor Catalán.

El señor CATALÁN HIGUERAS: Muchas gracias, señor
presidente.

Evidentemente, yo no pretendo en la tarde de hoy ni
en mi vida ni en la actividad política dar clases ni de ética ni de
comportamiento ni de valores ni de democracia a nadie, lo que llama
poderosamente la atención es que otros lo pretendan hacer, y eso en
ningún caso lo aceptaremos.

Es evidente que se dice que la democracia es
respetar las mayorías y las normas y las leyes establecidas, por supuesto
que sí, las que nos gustan y las que no nos gustan, por eso algún
portavoz, y lamento que no esté en este momento en la sala, hacía
críticas a una ley determinada y decía que no tienen mayoría suficiente
para cambiarla. Lo han intentado incluso más durante la legislatura
pasada y los votos del Partido Socialista y de Unión del Pueblo Navarro
lo impidieron. Democracia es que el Gobierno anterior, el cuatripartito
nacionalista, no haya podido reeditar su mayoría porque así lo decidieron
los ciudadanos de Navarra. Democrático será el actual Gobierno, lo que
algunos cuestionamos son los compañeros y quienes lo han hecho posible,
que siguen sin condenar los atentados de ETA.

También me gustaría decir a la portavoz del Grupo
Socialista que las diferencias ideológicas, y sabe el aprecio que le
tengo, son evidentes, pero no tenga ninguna duda de que en materia de
política educativa coincido más con su compañero de partido que la está
liderando en Navarra que con sus propios socios de Gobierno.

En relación con la moción, señorías, la apoyaremos
porque el Gobierno ha demostrado en más de una ocasión que no es de fiar.
Nos tienen acostumbrados a que diga una cosa y haga la contraria. Por
ello, apoyaremos que sea un organismo independiente quien gestione las
ayudas europeas, porque hemos comprobado que en la gestión de la pandemia
el Gobierno ni ha liderado ni ha coordinado absolutamente nada, y menos
aún lo va a hacer a la hora de establecer ese marco al que se refería el
portavoz del Grupo Popular.

Por lo tanto, si la gestión en la pandemia ha sido
nefasta, si el Gobierno ha ido siempre por detrás de la pandemia, si los
propios médicos españoles han denunciado la incapacidad manifiesta y
prolongada del Gobierno a la hora de cubrir estas necesidades y esta
crisis sanitaria, incluso le ha pedido que ponga en marcha un comité de
expertos independientes, es lógico que a la hora de poner en marcha
también una cuestión tan importante como es la reactivación del país a
través de los fondos europeos y el establecimiento de los marcos
pertinentes, no se pueda confiar en el Gobierno.

La reactivación del país es algo, como decía, muy
serio para dejarlo exclusivamente en manos de este Gobierno. No es solo
cuestión de pedir ayudas a las instituciones europeas para hacer frente a
la crisis sanitaria y económica que padecemos, sino que también hay que
gestionarla, señorías; no es cuestión de plantear proyectos, hay que
desarrollarlos bien y justificar adecuadamente todos los expedientes.
Tenemos experiencias negativas, en más de una ocasión se han generado
problemas e incumplimientos con las propias instituciones europeas. Hoy
se reunía el presidente del Gobierno con representantes de los sindicatos
y de la patronal para constituir la mesa del diálogo social para la
recuperación, la transformación y la resiliencia. Durante estos días los
propios empresarios le han exigido al Gobierno y le han demandado cambios
normativos para acelerar los procedimientos y poder canalizar
adecuadamente y con agilidad los recursos dirigidos hacia el sector
privado. Es evidente, también, que la relación sector privado-sector
público es fundamental si queremos que esta cuestión pueda salir con
éxito adelante. Lo que es evidente también, señorías, es que tenemos un
gran reto por delante, las cosas hay que hacerlas bien y este Gobierno,
lamentándolo mucho, no es muy de fiar.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Moscoso González): Muchas
gracias, señor Catalán.

Por el Grupo Parlamentario Izquierda Confederal,
hace uso de la palabra la señora González, por un tiempo máximo de cinco
minutos.

El señor GONZÁLEZ MODINO: gracias, presidente.

El Grupo Popular nos trae dos mociones a esta
comisión que inicialmente eran una y se evidencia cierta contradicción
entre una y la otra. Por un lado, en esta piden la creación de una
agencia nacional que supervise lo que vayan a hacer las comunidades
autónomas, y en la que viene a continuación lo que piden es diálogo con
las comunidades autónomas. Una tiene una visión centralista y la otra
tiene una visión periférica. No sabemos a cuál de las dos almas atenernos
en este caso.

Esta moción, en concreto, propone la creación de
una agencia nacional para la recuperación que seleccione y coordine la
distribución de los fondos. En la exposición de motivos dicen que la
proponen para gestionarlos de forma eficiente y que no se invierta en
economía improductiva. Hombre, no me negará que esto revela cierta
desconfianza y también cierto paternalismo a la hora de ver cómo se van a
distribuir estos fondos. Proponen —y ha dicho bien el senador
Monago que la idea original la expuso el presidente del Partido Popular,
el señor Casado— que la agencia sea independiente para evitar
discrecionalidad y clientelismo —ahí es nada—, cuente con
respaldo parlamentario y sea dirigida por una persona independiente.

Sobre esto de los independientes yo quisiera
matizar alguna cosa. Los independientes, los expertos, estas cosas que se
ponen así tan de moda de repente en el discurso político es una tentación
de la tecnocracia. La política democrática reside en los fines y los
expertos residen en los medios, básicamente, su cualificación reside en
los medios; a la política se accede por elección democrática y a la
categoría de expertos por los méritos que una persona acumula o atesora.
No se pueden invertir los fines y los medios. En historia se llamó
despotismo ilustrado: todo para el pueblo, pero sin contar con el pueblo.
A nosotros no nos gusta esa posición de que independientes y expertos
estén por encima de los poderes democráticos del Estado. Al presidente
del Gobierno, al que usted ha mencionado, habrá que pedirle
responsabilidades, naturalmente, y lo haremos, pero no partimos de la
desconfianza de que quien ha sido elegido democráticamente sea peor que
un presunto o presunta persona experta.

El Partido Popular propone que los recursos se
gestionen, insisto, con un prisma centralista. Mire, a Andalucía no le ha
venido bien el centralismo, casi nunca, difícilmente se han entendido
desde un prisma centralista las dificultades de nuestro pueblo, ni se han
gestionado los recursos ni se han tomado decisiones para que nuestras
grandes potencialidades fueran útiles para resolver nuestros problemas.
Pretender que desde una visión centralista se supervise a dónde van a
parar los fondos de todos los territorios es una idea que no podemos
compartir, señoría. Además, nos gustaría que se eliminara esa forma tan
paternalista y patrimonialista con la que se refieren a las periferias
del Estado, a las comunidades autónomas, que también son Estado.

Señorías, nosotros queremos que los fondos se
gestionen lo más pegados al territorio posible, porque en el propio
territorio es donde mejor se conocen las necesidades del tejido
productivo, las potencialidades por las que hay que apostar a la hora de
lograr la mayor eficiencia en el reparto y en el uso de estos fondos. ¿En
qué querríamos que se invirtieran los fondos de recuperación en Andalucía
en concreto? Es una definición muy sencilla, que los fondos se gestionen
teniendo en cuenta la necesidad de un cambio de modelo productivo para
que, de una vez por todas, salgamos del furgón de cola de todos los
rankings socioeconómicos que compartimos junto a Extremadura,
lamentablemente, señor Monago.

Andalucía puede ser una potencia en energías
limpias y alternativas, en agroindustria, en ciencia. Las condiciones
naturales y sociales de nuestra comunidad abren posibilidades que
queremos aprovechar, que debemos aprovechar, y es el Partido Popular
quien gobierna en Andalucía, por lo que sería a quien le tocará
probablemente gestionar este reparto de fondos. Por eso, frente al modelo
tradicional que se ha venido implantando hasta ahora en el sistema
económico andaluz, que es enladrillar todo el litoral, la economía
extractiva, la industria contaminante y un sector de servicios precarios,
nosotros queremos que estos fondos se utilicen realmente para un cambio
de modelo productivo, para un desarrollo endógeno y sostenible, y dudamos
seriamente que una agencia pretendidamente independiente y desde Madrid,
en cuanto a Gobierno central, vaya a cumplir con estos objetivos.

Evidentemente, con estos argumentos y puesto que no
han aceptado la enmienda de mi compañero, el senador Martínez
Urionabarrenetxea, vamos a votar en contra de la moción.

Gracias, presidente.

El señor VICEPRESIDENTE (Moscoso González): Muchas
gracias, señora González.

Tiene uso de la palabra, por el Grupo Parlamentario
de Ciudadanos, el señor Hervías.

El señor HERVÍAS CHIROSA: Simplemente quiero decir
que en Ciudadanos votaremos a favor de la moción.

El señor VICEPRESIDENTE (Moscoso González): Muchas
gracias, señor Hervías.

Hace uso de la palabra, por el Grupo Parlamentario
Vasco en el Senado, la señora Vaquero.

La señora VAQUERO MONTERO: Mila esker, presidente
jauna. Arratsalde on.

Se trae a debate a esta comisión una moción que
insta al Gobierno a crear una agencia nacional para la recuperación como
organismo independiente, encargada de seleccionar y coordinar la
distribución de los fondos. La propuesta parte de la desconfianza que
genera el modo en el que se pueden repartir los fondos, algo que
podríamos compartir en parte, y no se centra en los criterios de reparto,
lo que, a nuestro entender, sería lo fundamental.

Mozioak beraz, alde batetik oposizioko alderdi
nagusiak gobernuan dagoen koalizioarekiko duen mesfidantza du oinarri.
Eta mesfidantza horri aurre egiteko Agentzia Nazional independiente baten
sorrera eskatzen du. Eta guk galdetzen dugu, nork aukeratzen du Agentzia,
zer irizpideen pean? Alderdi politikook aukeratu behar baditugu Agentzia
honen partaide direnak ez al dute aukeratutakoek independientza galtzen?
Instituzioek aukeratzen badituzte? Eta ez al dute independiente diren
horiek ideologiarik edo interesik? Nor edo nortzuk izango dira kideak?
Instituzioetako ordezkariak izango dira? Enpresetakoak,
unibertsitatekoak, erakunde sozialak, sindikatoak…? Ze erakunderen
menpean egongo dira? Nola funtzionatuko dute? Egia esan ezer gutxi
argitzen da Aldedi Popularrak egiten duen plateamenduan. Ez al da
egokiagoa Europak markatzen dituen helburuen baitan… eta hauek
lortzeko proiektuak aukeratzeko irizpide egokienak adostea? Ez al da
egokiagoa irizpideak partekatzea eta prozesua transparentea izatea?

Alderdi Popularrak gaurko batzorderako aukeztutako
bi mozioek talka egiten dute beraien artean eta aurretik Izquierda
Confederaleko bozeramaileak ere berdin esaten du; lehenengo honek
Agentzia independiente bat eskatzen du, eta bigarrena instituzioen arteko
elkarrizketan oinarritzen da. Beharbada, biak elkarrekin ulergarriagoak
izan daitezke, baina tira.

Ez dugu mozio honen aurrean emandakinik aurkeztu,
bi arrazoi nagusiengatik: lehenik, Agentzia independienteak baino,
banaketarako ezarriko diren irizpideak argiak eta transparenteak izan
daitezela eskatzen dugu. Bigarrenik, Agentzia sortzeko garaia pasa da,
beranduegi da. Bestalde, Kontrolerako bi mekanismo izango dira: Europa
Batuko Batzorde Mixtoa eta Europak ezarriko duen kontrola. Beraz, botere
legislatiboak kontrola egiteko aukera izango du. Argi gelditzen ez dena
zera da, legegilea proposatzaile izateko izango dituen aukerak, edo
Sanchez Presidenteak esan bezala, bere gabineteak zuzenean kontrolatuko
duen gaia izango den.

Eta bestalde Europak ez du edozer proiektu
babestuko. Egiten duen esfortzu ekonomikoa emankorra izan dadin eskatuko
du, eta soilik ezarritako helburuak lortzeko bideratutako proiektu
eginkorrak babestuko ditu. Bestalde, Europak Espainiako gobernuak Planean
aurkezten dituen proiektuak monitarizatuko ditu hiruhilabean behin.
Beraz, estatuak ez baldin badu Europak dion konfidantza gutxia galdu nahi
ez luke Alderdi Popularrak aurreikusten duen Plan «partidistarik» onartu
beharko.

Por lo tanto, la moción, por un lado, lo que
muestra es la desconfianza que tiene el principal partido de la oposición
con la coalición que está en el Gobierno, y para hacer frente a esa
desconfianza lo que pide es la creación de una agencia nacional
independiente, y nosotros nos preguntamos: ¿quién escoge a esa agencia?,
¿en virtud de qué criterios? Si somos los partidos políticos los que
tenemos que escoger a los miembros de esa agencia, entonces, esas
personas perderían la independencia; si son las instituciones las que
eligen a esas personas, ¿esas personas independientes acaso no tienen
ideologías ni intereses? ¿Quién o quiénes serán los miembros,
representantes de instituciones, del mundo empresarial, del mundo
académico, organismos sociales, sindicatos? ¿Quién dirigirá esa agencia y
cómo va a funcionar? En el planteamiento que hace el Grupo Popular apenas
se explica nada. ¿No sería más adecuado hacerlo en el marco de los
objetivos que fija Europa y, para conseguir esos objetivos, acordar los
criterios más adecuados para adoptar los proyectos? ¿No sería más
adecuado compartir los criterios y que el proceso fuese
transparente?

El Grupo Popular ha presentado dos mociones en esta
sesión de hoy, dos mociones contrapuestas, y creo que la portavoz de
Izquierda Confederal lo ha dicho también. Esta primera moción insta a la
creación de una agencia independiente, y la segunda, se basa en el debate
interinstitucional. Pues yo creo que quizá de manera conjunta se puedan
entender mejor, no lo sé.

En cualquier caso, no hemos presentado enmiendas
por dos motivos. Primero, porque más que una agencia independiente lo que
necesitamos son unos criterios de reparto transparentes y claros y,
segundo, nos parece que es demasiado tarde para crear esa agencia.
Además, habrá dos mecanismos de control: por un lado, la Comisión Mixta
para la Unión Europea y, por otra parte, el control ejercido directamente
por Europa. Por lo tanto, el legislativo podrá ejercer el control, lo que
no nos queda claro es si el poder legislativo va a poder ser proponente o
si bien será algo que va a controlar directamente el gabinete del
presidente Sánchez.

En cualquier caso, Europa tampoco va a valorar ni
apoyar cualquier proyecto, lo que quiere es que se haga un esfuerzo
económico viable y que dé sus frutos, y solo apoyará aquellos proyectos
viables y encaminados a conseguir los objetivos fijados. Por otro lado,
Europa va a monitorizar esos planes que presenta el Gobierno de España
cada tres meses, por lo tanto, si el Estado no quiere perder la poca
confianza que ha depositado en él Europa, creo que no debería aprobar
ningún plan partidista.

Y nosotros, ¿qué le exigimos al Gobierno? Que
presente a Europa un plan bien pensado y con capacidad para combinar los
diferentes instrumentos y fondos. Un plan seriamente argumentado,
establecido sobre la base de unos criterios claros y transparentes, con
capacidad de absorción de los fondos y que no pase como con los fondos
estructurales, que ni se aprovechó toda su financiación ni fueron
estructurales. Le pedimos que sean proyectos tractores que verdaderamente
contribuyan a la transformación del modelo productivo con la colaboración
público-privada y que sean ejecutables a corto y medio plazo.

Para todo esto, tal y como recordó el senador de mi
grupo Luke Uribe-Etxebarria, le pedimos al Gobierno central que cuente
con el ecosistema institucional, empresarial y tecnológico vasco.

Horregatik, mozioaren aurka bozkatuko dugu.

Mila esker.

Por supuesto, dicho lo dicho, votaremos en contra
de la moción.

Gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Moscoso González): Muchas
gracias, señora Vaquero

Por el Grupo Parlamentario Esquerra
Republicana-Euskal Herria Bildu, tiene la palabra la señora Cortès.

La señora CORTÈS GÈS: Gracias, presidente.

Nosotros, como he dicho antes, hemos presentado una
enmienda a esta moción que, por lo visto, se ha rechazado. (El señor
presidente ocupa la Presidencia). Pues bien, esta moción insta al
Gobierno a crear una agencia nacional para la recuperación y verán, quien
conoce las necesidades de Cataluña es Cataluña. ¿Recuerdan ustedes las
lluvias de millones de Mariano Rajoy para invertir en Cataluña? ¿Las
recuerdan? Nosotros sí. ¿Saben en qué quedaron todas estas lluvias de
millones que sirvieron para hacerse propaganda personal? Pues quedaron en
agua de borrajas, quedaron en nada, quedaron en cero.

Y así, en Cataluña las inversiones del Estado son
invisibles. Aunque haya promesas y partidas en el presupuesto, las
inversiones no se ejecutan y las partidas presupuestarias, tampoco. Por
ejemplo, ustedes saben perfectamente, y lo voy a repetir, que las
Rodalies de Catalunya están en un estado lamentable desde hace años por
falta de inversión de los distintos gobiernos del Estado. Y así llevamos
años y años, sufriendo los distintos gobiernos que van pasando por el
Estado sin que haya inversión en infraestructuras ni en nada en
Cataluña.

En Cataluña nosotros sabemos perfectamente cuáles
son las necesidades y no necesitamos que nadie nos tutele, no necesitamos
que nadie nos coordine, porque somos capaces de tutelar nosotros mismos,
de coordinar nosotros mismos y de gestionar nosotros mismos los fondos
europeos para Cataluña. No necesitamos que ustedes nos los gestionen, nos
los coordinen o nos los tutoricen. En la enmienda pedimos que sea
Cataluña quien seleccione, coordine, gestione, tutorice o tutele
—lo que ustedes quieran— los fondos europeos para Cataluña,
porque quien conoce Cataluña es Cataluña. Conocemos perfectamente la
experiencia que nos ha llevado hasta aquí, a esta falta de inversión por
parte de los gobiernos del Estado. Por lo tanto, nosotros vamos a votar
en contra de esta moción.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

A continuación, tiene la palabra el representante
del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, el señor Monago.

El señor MONAGO TERRAZA: Muchas gracias,
presidente.

Los fondos de recuperación no son un botín, son un
instrumento a compartir, a compartir con el conjunto del Estado español,
y por eso yo creo que no podemos permitir un asalto a los fondos europeos
para actuar, como les decía anteriormente, a capricho y sin
proporcionalidad. Fíjense, en Italia, Giuseppe Conte ha nombrado a un
grupo de expertos para que elaboren el plan de reconstrucción, un grupo
de sabios, y aquí se pretende que sea un grupo de listos —ya ha
dicho la señora Calviño que descarta la vía italiana—. (Aplausos).
Pero no se preocupen porque sean independientes, no es una quiebra de la
democracia. La Agencia española de la energía, el Consejo de Seguridad
Nuclear, la Airef, el Banco de España o la Comisión Nacional del Mercado
de Valores son independientes en su criterio. Habría que abolirlos todos
y asumir nosotros, que estamos muy bien formados, evidentemente, todas
esas competencias de organismos independientes que están desplegando su
eficacia en España desde hace mucho tiempo. Nosotros proponemos que sea
una autoridad independiente. ¿Por qué? Porque creo que es posible, a uso
y semejanza de muchos organismos que ya están en España. ¿Que esté sujeta
a control parlamentario? Sí. ¿Que esté sujeta al control de la
Intervención General del Estado? Sí. ¿Al Tribunal de Cuentas? Sí. Y creo
que lanzaríamos el mensaje nítido a la sociedad española de trabajar
unidos, todos, de manera dialogada, pero con un clavo del abanico que nos
falta en esta rivalidad política que en ocasiones llevamos hacia los
extremos en Cámaras de representación, como pueden ser el Senado o el
Congreso. Ese organismo para la recuperación tendría un consejo rector en
el que participarían, evidentemente, las administraciones públicas, las
comunidades autónomas. Claro que sí. Y los entes locales. Claro que sí.
Incluso la Comisión Europea, como observadora. ¿Cómo no va a participar
la Comisión Europea, si es la que va a definir lo que va a llegar a cada
Estado? Pero esa autoridad tendría plena independencia orgánica y
funcional en el desarrollo de su actividad, porque este no es un dinero
que llega al PSOE para que distribuya el PSOE a través de su Gobierno. Es
para España y para los españoles, para el corto plazo, el medio plazo y
el largo plazo (Aplausos); y es mucho dinero para que lo maneje
subjetivamente una parte solo de la representación de los españoles.

Eso es lo que pretendemos con ese organismo. Por
tanto, entre sus funciones estaría determinar las prioridades de
inversión a las que deben destinarse los fondos europeos. O la propuesta
o determinación de los criterios de reparto entre las distintas
administraciones territoriales. O la convocatoria, gestión y resolución
de los procedimientos de concurrencia competitiva de aquellos proyectos
que fueran competencia del Estado. O el control de los proyectos
ejecutados por otras administraciones territoriales. Y eso no contradice
lo que dice la propia Comisión Europea de cara a un control periódico y
efectivo del cumplimiento de los objetivos de desarrollo que se van a
implementar.

Los ciudadanos nos piden soluciones, nos piden
unidad, y si aprobaran las medidas que les proponemos los españoles
estarían realmente muy orgulloso de todos nosotros. Y también
esperanzados, porque creo que hace falta arrojar mensajes de esperanza al
conjunto de la sociedad española. Yo sé que al Gobierno se le ha puesto
difícil el camino hablando con algunos socios que se ha buscado para
aprobar los Presupuestos Generales del Estado. Yo les pediría que no
cometan los mismos errores en la gestión de un fondo que va a ser clave,
no solo para nosotros, sino también para las próximas generaciones. Si
apoyan nuestra moción, no duden de que pasaremos un examen de calidad
democrática. Pasaremos un examen de calidad democrática en el reparto de
los fondos; por cierto, algo que nos va a exigir la Unión Europea.

Muchas gracias, señorías. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la
palabra su representante.

La señora BERENGUER LLORENS: Muchas gracias, señor
presidente. Buenas tardes. Bona vesprada a tots i a totes.

Una agencia nacional para la recuperación
independiente para seleccionar y coordinar los recursos, para evitar
malas elecciones que permitan evitar discrecionalidad y clientelismo.
Palabras del señor Casado. Usted ha añadido: y desperdicio. Y ha añadido,
además, aludiendo a la esperanza, que España está rota. Señores del PP,
no sé muy bien de lo que están hablando. Miren, señorías, se ha trabajado
muchísimo en el Gobierno para conseguir estos fondos europeos; muchos han
colaborado —partidos, empresas— y otros se han dedicado a
torpedear la imagen de España. El señor Casado intentó erosionar al
Gobierno y, en definitiva, a España, ante los embajadores de la Unión
Europea mostrando su desconfianza con el Ejecutivo para gestionar
los 140 000 millones de euros. Además, lo reflejó después en un tuit, por
si había alguna duda. No es la primera vez que cuestionan el Estado de
derecho de España. Primero decían que el estado de alarma era un ataque a
las libertades civiles, en plena negociación de los fondos europeos.
Intentaron que España no tuviera un acceso en buenas condiciones a las
ayudas europeas. Y ahora, como no lo consiguieron —ni tan siquiera
los embajadores les recogieron su propuesta de esta agencia
independiente—, vuelven aquí con la llamada agencia independiente.






Miren, dejen ya de denostar la política. ¿Independiente? A los
independientes se les nombra, no nacen así; y no son ni subjetivos ni
nada. A los independientes se les nombra. Dejen ya de generar dudas en el
Gobierno. España necesita credibilidad y partidos que entiendan de
gobernabilidad y de responsabilidad política con la ciudadanía. Que
ustedes hablen demasiado alto de cómo se hace la gestión de lo
público… ¡Uf! Déjenme que les diga esto. Por tanto, no consideramos
necesaria esta agencia nacional independiente para la recuperación porque
ya existen órganos dentro de las administraciones central y autonómicas
involucradas con cualificación, capacidad y experiencia de gestión. Les
explico.

El Consejo Europeo ha acordado el Next Generation
EU, un conjunto de medidas destinadas a hacer frente a los efectos de
esta crisis sin precedentes a través del marco financiero
plurianual 2021-2027. Estos fondos, que ascienden a 750 000 millones de
euros, financiarán las actuaciones del Mecanismo de recuperación y
resiliencia, del React Europa, Horizonte Europa, Invest Europa, etcétera.
Respecto al Mecanismo para la recuperación y resiliencia, sus ámbitos de
actuación son los relacionados con la cohesión económica, social y
territorial, la transición ecológica y digital, la salud, la
competitividad, la productividad y la educación y las capacidades, la
investigación y la innovación, el crecimiento inteligente, sostenible e
inclusivo, y el empleo, la inversión y la estabilidad de los sistemas
financieros, con 312 500 millones de euros para ayudas no reembolsables
y 360 000 millones en préstamos. Para ello, los Estados miembros deben
presentar un plan de recuperación con inversiones a siete años y las
reformas para acometerlos en cuatro. El Gobierno de España presentó el 7
de octubre la guía de ejecución de cerca de 72 000 millones de euros
entre los años 2021 y 2023, cumpliendo las prioridades de los fondos de
recuperación, la inversión verde, con más de un 37 %, y la
digitalización, con cerca de un 33 %. La transferencia de fondos a cada
Estado miembro se efectuará en base al cumplimiento de objetivos,
garantizando que la ayuda financiera se concentre en los primeros años,
asegurando el importe comprometido antes del 31 de diciembre de 2023. Más
concretamente, de los 12 436 millones que a España le corresponden en el
marco del React Europa, 10 000 se destinarán en el 2021-2022 a sufragar
actuaciones de los programas operativos de las comunidades autónomas,
y 2346 se destinarán al programa POPE, programa operativo plurirregional,
para adquirir las vacunas para el país y el reforzamiento de la atención
primaria, ejecutado por las comunidades autónomas. En este momento está
en estudio la elección de los criterios que garanticen la equidad y la
eficiencia y que atiendan a los sectores económicos y territorios más
dañados debido a la pandemia, que aseguren la cogobernanza eficaz con
reformas legales y administrativas que permitan la agilidad en la
absorción de fondos y el control de la gestión, todo ello mediante la
comisión interministerial, que ustedes han nombrado, presidida por el
presidente del Gobierno, y todos los ministros de las áreas afectadas, y
una unidad de seguimiento de los fondos en el Gabinete de Presidencia. Si
conocen ustedes a algún alcalde —por lo que han comentado—
que no quiera estar presente en una comisión para ver dónde se realizan
las inversiones, nos lo presentan; yo tendría el gusto —alcalde o
alcaldesa, por supuesto—. Se potenciará una colaboración específica
con las comunidades autónomas mediante una conferencia sectorial de
fondos europeos y se incluirá esta discusión de los fondos en todos los
debates habituales de las conferencias de presidentes autonómicos. Se
facilitará la interlocución continua con todas las empresas que
participen…

El señor PRESIDENTE: Señoría, debería ir
terminando.

La señora BERENGUER LLORENS: Termino, señor
presidente.

En el presupuesto se adelantan 27 000 millones que
permitirán acelerar la ejecución de ellos. Por tanto, señorías, tenemos
seguridad y experiencia y queremos celeridad y responsabilidad.
Participen, colaboren, y aprueben el presupuesto, que es lo que se espera
de ustedes, por el bien de España y de las personas.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

El señor PRESIDENTE: Pasamos ya a la última moción,
presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado, por la que se
insta al Gobierno a impulsar un amplio diálogo con las administraciones
territoriales para conseguir impulsar la transición ecológica, la
digitalización y la reindustrialización y atraer inversión privada para
el desarrollo de los distintos programas que sirvan para dinamizar el
crecimiento de la economía española y el empleo.

Se han presentado en plazo dos enmiendas a esta
moción de los grupos parlamentarios Esquerra Republicana-Euskal Herria
Bildu y Socialista.

En primer lugar, para la defensa de la moción,
tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Senado, por un tiempo máximo de diez minutos.

El señor IMBRODA ORTIZ: Gracias, señor
presidente.

En esta segunda moción que el Grupo Popular ha
presentado esta tarde vamos a hablar otra vez de los fondos europeos,
como mi compañero Monago ha mencionado antes a través de nuestra
pretensión de que se cree una agencia independiente para que ejecute esos
fondos, para que asesore; una agencia independiente plenamente
democrática, porque sería nombrada por los poderes democráticos,
evidentemente. Pero antes de seguir hablando quisiera decirles que el
Partido Socialista no puede dar ninguna lección —ninguna,
ninguna— de mala gestión y de dudas en gestión del Partido Popular.
Nunca, nunca. El Partido Popular ha gestionado muchísimo mejor y más
honestamente que el Partido Socialista los fondos, así que ninguna duda;
ninguna duda. (Aplausos.— Rumores). El Partido Popular ha apoyado
en Europa la creación de este fondo. Nuestros europarlamentarios han
estado apoyando, nuestro presidente, Pablo Casado, ha estado apoyando. Lo
que pasa es que ustedes también deben de saber que fiarse mucho de
ustedes en Europa no se fían. Esa es la verdad, y entonces a ustedes los
dedos se les hacen huéspedes. Pero esa es la verdad: no se fían mucho de
ustedes. Y nosotros tampoco nos fiamos, pero además en pruebas evidentes,
en hechos ya constatados.

¿Por qué pretendemos esta tarde con dos mociones
sacar, hablar y pelear para la gestión y que se hable de los fondos
europeos, de esos 140 000 millones de euros que van a venir a España, 70
y 70? Porque lo que están haciendo hasta ahora mismo es oscurantismo,
nada de participación. Porque ustedes presumen de mucho diálogo, pero
¿dónde está el diálogo? Desde mayo, desde que el Consejo Europeo los
aprobó, están ustedes de vez en cuando reuniéndose con las comunidades
autónomas y las ciudades autónomas, y lo único que sabemos hasta este
momento es que se creó una comisión interministerial, como bien ha dicho
mi compañero Monago, y un comité de seguimiento en La Moncloa. Los dos en
el Gobierno. Pero también tenemos la promesa del señor Sánchez, del
presidente Sánchez, de que la ministra de Hacienda iba a convocar una
conferencia inmediatamente para las comunidades autónomas y las ciudades
autónomas para hablar de esto y ver los criterios de reparto, etcétera,
conferencia que no se ha convocado. Hubo un Consejo de Política Fiscal y
Financiera hace poco, y tampoco se habló nada de estos fondos. Entonces,
sabemos lo que dice la prensa, o muchas veces a golpe de tuit. Por eso no
nos fiamos mucho. Además, queremos que ese diálogo sea de verdad, porque
Europa da estos fondos para complementar, para acompañar las políticas
económicas, las políticas sociales, las políticas de reformas que tiene
que hacer el Gobierno para que realmente valgan para algo. Porque si
realmente estos fondos son para cubrir las malas políticas del Gobierno,
no haremos nada, haremos un pan como unas tortas. No haremos nada. Por
eso hay que hablar, y ese diálogo también nos lo impone Europa, pero no
solamente con los grupos políticos, sino con los sectores socioeconómicos
de la sociedad. Hoy acabamos de oír de una reunión, por fin, con los
empresarios y los agentes sociales y económicos. Hace dos días los
empresarios estaban diciéndole a ustedes o al Gobierno nacional que hay
que eliminar trabas administrativas, que hay que simplificar y agilizar;
y es que, si no, va a pasar lo que ha pasado con los fondos
estructurales. Por ejemplo, de los fondos estructurales este año se han
dejado de ejecutar 15 000 millones de euros. Y aquellos fondos tenían una
cosa buena: que también se aplicaba la fórmula N+3, y con estos no la
hay. Además, tenemos la posibilidad de 70 000 millones para hacer
proyectos —antes de abril— para los próximos tres años, y hay
que ponerse manos a la obra. Y no se dialoga. Ahora mismo no se sabe
cuáles son los criterios de reparto. ¿Es el desempleo? ¿Es el PIB? ¿Es la
población? ¿Es la presión migratoria, que también habrá que tener en
cuenta? Y quiero romper una lanza a favor del pueblo canario, que está
sufriéndola inmisericordemente en estos momentos. Y ya está bien de
aguantar, ya está bien.

Bien, si estos fondos no se administran ni se
gestionan con celeridad, con agilidad, y además compartidos en cuanto al
diseño, no van a valer para nada. Decía antes, y a las pruebas me remito,
que todavía no se han reunido con las comunidades autónomas para resolver
algo sobre estas dudas. Por cierto, el Gobierno cree que con estos
dineros, que con estos primeros 27 000 millones de euros, la economía de
España va a crecer un 4,8, casi un 5 %, que esto va a sumar para que
crezca, y según el Banco de España, que no es nada sospechoso, no va a
tener una repercusión más allá del 0,8. ¿Por qué es esto? Porque han
hecho ustedes unos presupuestos inflados de gastos, inflados de ingresos,
que no se van a cumplir. Por lo tanto, con estos fondos europeos de
recuperación hay que tener mucho cuidado para que realmente tengan el
efecto y el valor para los que Europa los ha diseñado. Pero de momento
las cosas van regular. Ustedes saben que en el presupuesto de este año
—por eso no nos fiamos— de esa partida de 26 000 o 27 000
millones hay 10 500, aproximadamente, regionalizados ya para las
comunidades autónomas; ya están regionalizados. Bueno, pues ya no es
el 50 % que había prometido Sánchez, es el 40. De momento es el 40. ¿Y
qué va a pasar con el otro 10 %? Porque no está ahí.

Y en cuanto a Canarias, quiero hacer una
apreciación. Este Gobierno, o este presidente, va a estar mucho más
tiempo con los presupuestos del señor Montero, del Partido Popular, que
con los de la señora Montero (Varios señores senadores: Montoro).
Montoro, perdón. Si Montoro puso 1273 millones de euros —1273
millones de euros—, ahora ustedes le han quitado 216 millones de
euros. Ustedes se van a quedar en 1057 —revisen el
presupuesto—, así que no saquen pecho con esto de Canarias,
metiéndose con el señor Montoro, que lo hizo tan bien, tan bien, que
todavía seguimos viviendo de ellos.

Nosotros no nos fiamos, y queremos que eso se
determine y se determine claramente. Y ese diálogo no ha sido porque no
ha querido el Gobierno. Además, con una tasa de paro del 20 %, con un
desplome de recaudación de 72 000 millones, con un crecimiento que va a
ser escaso para el año 2021, todavía el Partido Popular se preocupa mucho
más. Rectifiquen, reúnanse con las comunidades autónomas y las ciudades
autónomas y con los agentes sociales y económicos y diseñen entre todos
cómo vamos a gastar estos fondos. Si no lo hacemos así, vamos a fracasar.
Y si además existe la duda y la veleidad por parte del Gobierno, que con
su falta absoluta de rigor y coherencia da bandazos y puede además pactar
lo que tenga que pactar, muchas veces por intereses inconfesables, con
cargo a esto, como ustedes comprenderán, nosotros dudamos de que esa
cohesión nacional, ese principio territorial de cohesión nacional que hay
que llevar a cabo, se pueda llevar.

Así que estas dos mociones están bien traídas por
la preocupación. No nos fiamos, y además el Gobierno no ha hecho nada
todavía con las comunidades autónomas para que resuelvan, ejecuten y
programen. Estamos llegando a diciembre, y tenemos hasta el veintitantos
de abril, hasta final de abril, para presentar el proyecto de transición
ecológica, de transición digital, y, por supuesto, también ese eje
fundamental que es la cohesión territorial nacional y la solidaridad. Por
eso, señores, traigo aquí esta moción de mi grupo, y deseo que la apoyen
porque así estaremos apoyando a toda la Administración territorial. No
hace falta hablar de descender a ayuntamientos, a entidades locales,
etcétera. Estamos hablando de la Administración territorial en su
conjunto.

Y, señor presidente de la comisión, lo tiene usted
ahora fácil para hacer valer el papel de esta comisión, por ejemplo,
trabajando también al hilo de estos fondos europeos.

Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.

Para la defensa de la enmienda del Grupo
Parlamentario Esquerra Republicana-Euskal Herria Bildu, por un tiempo
máximo de tres minutos, tiene la palabra la senadora Cortès.

La señora CORTÈS GÈS: Gracias, presidente.

Hemos presentado una enmienda de sustitución del
punto uno, punto único de esta moción del Grupo Popular. Voy a leerla
también: La Comisión General de las Comunidades Autónomas insta al
Gobierno a destinar el 75 % de los fondos de recuperación europea a las
comunidades autónomas, para que sean ellas quienes los destinen a
proyectos sociales, en tanto que son competencias autonómicas, y para
tomar las medidas más adecuadas en función de la realidad de cada
territorio.

Digo exactamente lo mismo que he dicho en la
anterior moción y en la anterior enmienda que hemos presentado. No
sabemos si la han aceptado o no. Entendemos que, habiendo rechazado la
primera enmienda, que es exacta a la segunda, también van a rechazar esta
enmienda de sustitución.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.

Para la defensa de la enmienda del Grupo
Parlamentario Socialista, por un tiempo máximo de tres minutos, tiene la
palabra su representante.

La señora LÓPEZ MARTÍN: Gracias, señor presidente.
Buenas tardes, señorías.

El Grupo Socialista ha presentado una enmienda de
sustitución a la moción presentada por el Grupo Popular. Tampoco hemos
recibido ningún tipo de contestación sobre si la aceptarán o no, pero
creo que van a tener que darnos explicaciones sobradas de por qué no la
aceptan. Y se lo voy a explicar claramente. Ustedes presentan una moción
cuya parte dispositiva dice que se inste al Gobierno, que la Comisión
General de las Comunidades Autónomas inste al Gobierno. La nuestra dice
que se inste al Gobierno, que se inste a las comunidades autónomas y, por
ende, también a las entidades locales, dado que se encuentran dentro de
la conferencia sectorial, que también participaría. Además, ustedes dicen
que se inste el Gobierno a que se genere un amplio diálogo, y no dicen ni
sobre qué ni para qué ni de qué ni de qué no. El Grupo Socialista, en su
enmienda de sustitución, dice que se inste a un diálogo en el marco del
Plan de recuperación y resiliencia presentado por el presidente el día 7
de octubre. Ustedes, además, dicen que para promover la transición
ecológica, digitalización y reindustrialización. Nosotros a esos tres
puntos añadimos la cohesión territorial. También ustedes hablan en su
moción sobre la duda, sobre el temor que tienen a que no se haga con
criterios objetivos, a que se haga sin discriminación. Bien, eso ya lo
dice la ley, es ponerlo negro sobre blanco, ya se sabe que es así. Desde
luego, a mi grupo no se le habría ocurrido pensar que se pueda hacer de
otra manera que no sea de forma absolutamente adecuada a la legalidad,
entre otras cosas, porque la Comisión Europea va a estar muy atenta a
ello. A ustedes sí se les ha ocurrido pensar que se podría hacer así. A
nosotros, no, con lo cual es que no estamos acostumbrados a hacerlo de
esa manera. Asimismo, nosotros añadimos en nuestra enmienda de
sustitución que participe el conjunto de las administraciones
territoriales y del sector privado para la gestión de esos 72 000
millones de euros que van a venir de la Comisión Europea.

Por tanto, creo que su moción queda manifiestamente
mejorada por nuestra enmienda, con la que ampliamos en todo momento,
además de tener claro, el marco en el que se debe establecer ese diálogo:
Gobierno, comunidades autónomas y entidades locales, nosotros, en el
marco de recuperación. Creo que van a tener que explicarnos muy
claramente por qué no la admiten, si es que no lo hacen, porque aún no lo
sabemos.

Por nuestra parte, nada más. Muchas gracias.
(Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.

El representante del Grupo Parlamentario Popular
dispone de un minuto para manifestar si acepta o rechaza las enmiendas
presentadas.

El señor IMBRODA ORTIZ: Gracias, señor
presidente.

Empiezo por el final. Ustedes hablan de instar al
Gobierno nacional y a las comunidades autónomas para reforzar el diálogo.
Pero no, vamos a instar al Gobierno, porque las comunidades quieren. El
que no ha querido tener diálogo ha sido el Gobierno, que las ha reunido
otra vez y ha sido un monólogo, no un diálogo. Por tanto, está clarísimo
el sentido de nuestra moción: instar al Gobierno para que empiece por
hacer caso a las comunidades autónomas y descienda al detalle, en el que
no ha entrado. Que le quede claro.

Y nosotros hablamos de discriminación, no hablamos
de ilegalidades —supongo que ustedes no van a cometer
ilegalidades—. Pero para eso ya están los tribunales de justicia.
Nosotros, digo, hablamos de discriminación. Y, por supuesto, de
discriminación territorial, porque, como he dicho antes, no nos fiamos de
que el Gobierno necesite votos para cualquier cosa y esté haciendo un
ferrocarril en un sitio en un momento dado o un eje digital avanzado en
otro. No nos fiamos. Por eso hablamos de discriminación, que no creemos
que se evite. Creo que está ya muy explicado. Apóyennos, y vamos a
dirigirnos al Gobierno de la nación para que apoyen el diálogo con las
comunidades autónomas, en algunas de las cuales también están ustedes
gobernando.

Y a Esquerra Republicana, evidentemente, también le
voy a decir que no. Ustedes dicen aquí que se inste al Gobierno a
destinar el 75 % de los fondos a las comunidades. ¿Y por qué no el 80 o
el 90, por poner una cifra al alza? A mí me parece que esto es un mercado
persa, no me parece serio.

Gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias.

En el turno de intervención de los portavoces de
los grupos parlamentarios, de menor a mayor, tiene la palabra, en primer
lugar, por tiempo de cinco minutos, el representante del Grupo
Parlamentario Mixto, el señor Catalán.

El señor CATALÁN HIGUERAS: Muchas gracias, señor
presidente.

Hemos venido denunciando que para afrontar la
pandemia que estamos padeciendo el Gobierno de España no estaba liderando
ni coordinando las acciones a realizar. Hemos denunciado que fue un
error, por ejemplo, establecer un mando único para la adquisición de
material sanitario, como lo fue posteriormente delegar todas las
responsabilidades en las propias comunidades autónomas. Es evidente
también que estamos en un país descentralizado, en un Estado de las
autonomías, que, como estamos comprobando en la pandemia, tiene
prácticamente transferidos todos los servicios y todas las competencias a
las comunidades autónomas. Por eso ahora volvemos a plantear lo mismo que
dijimos en su día: el Gobierno debe actuar desde la lealtad, la verdad,
el diálogo y el consenso con las comunidades autónomas. Es lo que
establecen el sentido común y la responsabilidad, y además no se
entendería de otra forma. Junto a ello, y si creemos en el principio
básico, también europeo, de la subsidiariedad, debiéramos tener claro que
las comunidades autónomas han tenido que hacer un análisis pormenorizado
de las necesidades que piensan precisar y que precisan sus regiones y,
sobre todo, valorar adecuadamente que los proyectos presentados para ser
financiados ante la Unión Europea vayan en la línea marcada también por
las instituciones europeas.

En el caso de Navarra, el Gobierno y las
principales formaciones de la comunidad apostamos por el desarrollo de
infraestructuras que hagan posible ese desarrollo económico que permita
un reequilibrio territorial justo y el asentamiento de la población en
toda la comunidad, no solamente en las ciudades o en las grandes
capitales o en la gran capital Pamplona, sino también en el norte, en el
sur, en el este y en el oeste. En nuestro caso la apuesta es decidida por
el Canal de Navarra, que llevará agua del Pirineo de la comunidad a
prácticamente tres cuartas partes de Navarra y garantizará el
abastecimiento en cantidad y calidad adecuadas, no solamente para el
abastecimiento industrial, agrícola y ganadero, sino fundamentalmente
para el humano. Junto a ello está el desarrollo del tren de alta
velocidad, obras ya comenzadas pero que al ritmo actual tardarían
décadas, décadas y más décadas en ser una realidad. Esta infraestructura
permitirá —al menos, así lo consideramos nosotros— que
Navarra esté conectada a través de una vía de alta capacidad con el resto
de España y también con la frontera francesa y que pueda transportar no
solamente viajeros sino también mercancías. Se ha demostrado que sin vías
de comunicación el desarrollo se limita de una manera también
notable.

También el Gobierno ha apostado por la industria
agroalimentaria —algo fundamental en nuestra comunidad—, las
energías renovables y otros proyectos. Desde nuestro punto de vista sería
incomprensible que el Gobierno de España no respetase las prioridades
establecidas por Navarra, en nuestro caso, o también las decisiones
tomadas por otras comunidades autónomas. El conocimiento del terreno, de
las necesidades de sus habitantes y los proyectos estratégicos son un
factor fundamental a tener en cuenta. También es cierto, como decía, que
será responsabilidad de todos que dichos proyectos cubran los objetivos
marcados por las instituciones europeas para contar con la
correspondiente financiación. Ahí es donde quizás el Gobierno, desde la
objetividad y lealtad que le debiera caracterizar y que se le debe
exigir, podrá aportar su opinión. No estamos, señorías, ante el Plan E de
Zapatero, que tantas muestras de insensatez evidenció.

Señorías, hay mucho en juego; por tanto, el diálogo
entre el Gobierno y las comunidades autónomas, independientemente del
signo político de cada uno, debe ser una constante. El consenso debe ser
prácticamente de obligado cumplimiento; la lealtad, desde nuestro punto
de vista, indiscutible; y la eficacia y eficiencia, la norma. En caso
contrario, señorías, habrá que pedir responsabilidades. Hay demasiado en
juego como para andar también con discrepancias entre los partidos
políticos, independientemente del partido que los gobierne, y también del
Gobierno central.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

Le correspondería el turno al Grupo Parlamentario
Nacionalista, pero no está el senador Clavijo.

Por tanto, tiene la palabra la señora González
Modino, por el Grupo Parlamentario Izquierda Confederal.
(Denegaciones).

En ese caso, tiene la palabra el senador Hervías,
por el Grupo Parlamentario Ciudadanos.

El señor HERVÍAS CHIROSA: Intervengo simplemente
para indicar que votaremos a favor de la moción.

El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario
Vasco, tiene la palabra la senadora Isabel Vaquero.

La señora VAQUERO MONTERO: Arratsalde on
berriro.

Un conocido columnista escribió en agosto, tras la
Cumbre de Presidentes en San Millán, que si se empieza a hablar de
reparto antes de definir las principales prioridades se puede acabar
generando el fenómeno tómbola, que en los años ochenta y noventa acompañó
la gestión de los fondos de cohesión europeos, básicamente destinados a
infraestructuras en las que se apostó por poner estaciones de AVE en
capitales de provincia que ni siquiera eran ejes prioritarios europeos;
ejes transeuropeos que, por cierto, hoy siguen sin finalizarse. Pero esta
es una discusión, la de la planificación de las infraestructuras del
transporte, y, sobre todo, la de la ejecución ferroviaria, que dejaremos
pendiente para otra ocasión.

En la moción del Grupo Popular se habla de evitar
la discriminación y, a su vez, se pide que se empleen criterios objetivos
que respondan a los criterios establecidos por la Unión Europea, es
decir, para impulsar la transición ecológica, la digitalización y la
reindustrialización, y atraigan la inversión privada. Estos fondos
parecen ser la panacea que lo cura todo, y no es así. Seamos realistas:
serán, si se utilizan bien, muy importantes en la recuperación
socioeconómica, pero también van a exigir cambios estructurales en el
sistema actual. Una discusión centrada únicamente en el reparto
territorial de los fondos, por el peligro que dice que corre el portavoz
del Grupo Popular, puede desdibujar el debate sobre las prioridades,
sobre la calidad de los proyectos que deben formar parte del plan que se
tiene que presentar en Europa. Entendemos que sería más oportuno saber
cómo van a ser la colaboración público-privada y los mecanismos de
evaluación de los proyectos, proyectos que verdaderamente contribuyan a
la transformación del modelo productivo y sean ejecutables a corto o
medio plazo.

Se ha perdido una oportunidad de ser más claros en
los criterios y condiciones de reparto en los Presupuestos Generales del
Estado, donde se habla de proyectos tractores, pero únicamente se marcan
líneas generales de grandes cifras y con un mecanismo de reparto con una
preasignación por ministerios y otra por comunidades autónomas y entes
locales, sin fijar los criterios aplicables a la gestión de los créditos
vinculados a dichos fondos para poder garantizar la consecución de los
objetivos previstos en ellos. Así se recoge en la quinta regla de los
principios generales recogidos en el artículo 7 del articulado del
anteproyecto de la Ley de Presupuestos Generales cuando se dice que el
Gobierno fijará los criterios aplicables a la gestión de los créditos
vinculados a dicho plan a fin de garantizar la consecución de los
objetivos previstos en el mismo. Pero no se dice cuáles son los criterios
aplicables, y toda esta falta de transparencia genera una desconfianza y
una incertidumbre que —volviendo a la moción anterior—
tampoco se hubiera solucionado en sí con la creación de una agencia
independiente.

El Gobierno del Estado tiene que reformar la
estructura económica para asegurar el crecimiento, y para ello estos
fondos serán de gran ayuda, pero se necesitará más. Los fondos van a
estar condicionados a reformas que forman parte del semestre europeo, y
sobre estas reformas habrá que hablar también y no alegarlas y
justificarlas porque nos lo pide Europa, cuando son reformas necesarias,
si es que se quiere ser un Estado cohesionado y avanzado socialmente.
Entre estas carencias, la presupuestaria. Faltan ingresos. España recauda
el 37,41 % del PIB; la eurozona, el 41 %. Pero el gran problema está en
la deuda; según los datos del Banco de España, el 110 % del PIB. No se
han aprovechado los años de bonanza para corregir estos errores, y eso
también merma la credibilidad de los socios europeos. Tras la pandemia
España tendrá mucho endeudamiento —se estima que sea en torno
al 123 %— y muchos problemas estructurales que eran previos a la
pandemia y que los fondos no van a solucionar, y entretenernos con el
debate de la territorialidad tampoco los va a solucionar.

España no es un modelo de rigor presupuestario para
los socios europeos. Por poner un ejemplo, desde 2017 todos los
presupuestos se han presentado fuera de plazo, y los últimos aprobados
son los del ejercicio 2018. Europa va a pedir seriedad y nuestro grupo
también va a pedir seriedad. Por eso hemos retirado nuestra enmienda,
entendiendo que el acuerdo sobre los fondos no puede ser un añadido de
enmiendas a una moción y que se necesita abordar este debate con mayor
rigor, pero tampoco se trata de presentar una moción por presentarla y no
intentar negociar con ningún grupo político.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

A continuación, por el Grupo Parlamentario Esquerra
Republicana-Euskal Herria Bildu, tiene la palabra la senadora
Cortès.

La señora CORTÈS GÈS: Gracias, presidente.

En la anterior moción el Grupo Popular instaba al
Gobierno a crear una agencia nacional para la recuperación, es decir, el
primer paso para no hacer nada. Y en esta moción quiere impulsar un
amplio diálogo con las administraciones territoriales, evitando
discriminaciones a la hora de aprobar los distintos proyectos presentados
por ellas, etcétera. Ustedes en esta moción ya dan por hecho que se va a
discriminar a algunas comunidades autónomas y que ustedes van a
garantizar criterios objetivos, que serán ustedes los garantes de los
criterios objetivos. Pues miren, justamente el Partido Popular no es
quien pueda garantizar confianza, no es garantía de confianza, y lo han
demostrado a lo largo de su historia, siendo, como he dicho ya muchas
veces y en anteriores ocasiones, el partido más corrupto de Europa.
(Protestas.— Rumores). Y ahora, como no están en el Gobierno,
pretenden estar en el control de los fondos europeos. ¿Por qué será? No
lo sabemos.

Entendemos que estén preocupados, lo entendemos. Y
entendemos que duden, porque, como bien saben, piensa el ladrón que todos
son de su condición. (Rumores). Antes el senador Imbroda nos ha dicho que
estos fondos se tienen que repartir con celeridad, con agilidad. Pues
verá, señor Imbroda, crear agencias no es la manera más ágil para poner
en marcha estos fondos. (Rumores). Y también nos ha dicho que hay que
tener mucho cuidado con ellos. Por supuesto, y por eso les repetimos que
quien tiene que gestionar, coordinar e impulsar la transición ecológica,
la digitalización y la reindustrialización, y además atraer inversión en
Cataluña, es el Govern de la Generalitat (Rumores), que es quien conoce
las necesidades de Cataluña y quien está en contacto con todos los
agentes sindicales, responsables sociales, culturales, empresariales,
etcétera, para decidir los proyectos, para dinamizar la economía catalana
y el empleo. Y, evidentemente, si se utilizan bien, serán de buena ayuda.
Pero sepan que nosotros no tenemos ninguna confianza en que ustedes estén
gestionando, controlando y coordinando los fondos europeos.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

A continuación, tiene la palabra, por el Grupo
Parlamentario Popular en el Senado, el senador Imbroda.

El señor IMBRODA ORTIZ: Gracias, presidente.

Voy a tener que empezar por el final. La señora
senadora de Esquerra Republicana —¿no?— ha dicho que nosotros
somos el partido más corrupto de Europa. Yo creo que no se ha mirado al
espejo, seguramente no se habrá mirado al espejo. Si me está hablando de
Cataluña, del Govern y compañía, ¡hombre!, creo que hay que tener mucho
cinismo, por no decirle otra cosa más gruesa, para venir aquí a decir
esto. Que diga usted esto no se compadece con una realidad que está
institucionalizada allí, en los aledaños del Govern catalán.
(Rumores).

Y no me hable usted de comunidades gobernadas por
el Partido Socialista, porque, entonces, si hablamos de cifras, sería
apabullante. Hablamos de cientos de millones de euros, y están ustedes
metidos con la Gürtel, que al final son cuatro habas comparado con la que
han liado por ahí. (Fuertes rumores.— Aplausos). ¡Qué me dicen
ustedes, hombre! ¡Qué me dicen ustedes! Eso es lo que hay. (Fuertes
rumores). Y yo sí me fiaría de los criterios objetivos del Partido
Popular para gestionar, porque además gestionamos bien. Usted sabe que
cada vez que gobernamos nos encontramos una crisis creada por la
incompetencia del Partido Socialista y su socio, y al final tenemos que
venir a sacar las castañas del fuego. (Rumores). Próximamente también
vendremos a sacar las castañas del fuego. Es nuestro sino, qué le vamos a
hacer. Levantaremos el país de nuevo.

Y, señora del PNV, se lo he dicho antes,
evidentemente. ¿Cuál es el afán de esta moción? El afán de esta moción es
que el Gobierno se baje del pedestal y que dialogue con las comunidades
autónomas, que dialogue, que se fijen cuáles son los criterios de
reparto, qué trabas administrativas van a quitar, cómo van a agilizar,
cómo van a flexibilizar, cómo van a acompañar realmente a las medidas
económicas y de reforma presupuestaria que tenían que haber tomado desde
aquí y que no han tomado. Porque estos fondos están para acompañar a un
despliegue mucho mayor, si no, no van a valer para nada. Y a la vista del
presupuesto que ustedes han presentado, realmente esto va a ser para
tapar agujeros, tal como se ve venir, con un crecimiento del 2,6, que se
va a quedar en el 0,8 de estos fondos en el presupuesto de este año, con
el 20 %, con 3 700 000 parados, con una deuda pública desbocada. Las
cifras son espeluznantes. ¿Cómo nos vamos a fiar? No nos podemos fiar. No
nos podemos fiar de cómo gestionan ustedes. Y, luego, con los compañeros
de viaje, claro. Estamos hartos de ver gestiones de su Gobierno, de
nuestro Gobierno —es de todos—, y los acuerdos que toman, que
realmente lo único que hacen es beneficiar a unos sectores muy concretos,
muy concretos. Realmente no se está mirando para nada lo que son los
principios de cohesión nacional o territorial —se está
haciendo—, y esos antecedentes que hay encima de la mesa nos
obligan a tomar estas cautelas. Pero solamente queremos de verdad que se
dialogue y que haya diálogo también con los agentes sociales y
económicos, con los empresarios, con los sindicatos, con todos. Y, por
supuesto, con los ayuntamientos, con las diputaciones, con los cabildos.
Hay que hablar, todo el mundo tiene que hablar, porque son 140 000
millones de euros, pero también vendrá 1,08 millones de euros para el
presupuesto financiero de los próximos años, del que también habrá que
hablar. Y también hay otro plan que han sacado con cargo al presupuesto
de los fondos de cohesión para el futuro inmediato para apoyar la
resiliencia, para apoyar la recuperación de nuestra economía y, sobre
todo, que la solidaridad llegue a todos los ciudadanos.

Por todas estas cosas, esta moción era para que la
aprobaran, para que votaran que sí. Lo único que decimos es que se inste
al Gobierno nacional a que hable con las comunidades autónomas. Ustedes
aquí, que son muchas veces autonomistas cien por cien, no sé por qué
ponen tantas pegas cuando nosotros lo que estamos diciendo es que se
dialogue, que se le dé valor a las comunidades, que están pegadas al
terreno, que son la Administración más inmediata a sus vecinos, a la
gente que está allí y que, por supuesto, lo van a hacer bien y se van a
fijar en los tres grandes ejes. Y lo van a cumplir; tienen que cumplirlo
y lo están haciendo. Y, además, sin discriminar a ninguna por razón de su
pertenencia ideológica. Ellas lo van a hacer bien. Dialoguen con las
comunidades autónomas. El Gobierno hasta ahora no ha dialogado y nos
quejamos de eso. Por tanto, nosotros planteamos la agencia para que
sirviera también como un órgano que empujara mucho más la ejecución de
esto, pero, por supuesto, con todas las cautelas y todos los controles
parlamentarios y democráticos que dice la ley.

Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

A continuación tiene la palabra, por el Grupo
Parlamentario Socialista, el senador Mogo Zarzo.

El señor MOGO ZARO:






Gracias, señor presidente.

Hombre, señor Imbroda, que usted nos venga a hablar
aquí de confianza en el Partido Popular después de las portadas de este
fin de semana… Ni confianza en el Ministerio del Interior, que es
lo más grave. (Aplausos). Le quiero hacer dos matices. Primero, el
acuerdo europeo fue de julio, no de mayo —creí entenderle que era
de mayo—. Y, segundo, perdóneme, pero me lo ha puesto ahí: usted ha
dicho que son cuatro habas, usted ha llamado cuatro habas de corrupción,
una cosa sin importancia, a que a unos metros del despacho del presidente
del Partido Popular se cobraran mordidas de contratos públicos en
beneficio... (Rumores). Lo dictaminarán los jueces, ya han empezado a
hacerlo. (Un señor senador: ¡ERE!) Tienen ustedes la piel muy fina.
Escuchen a los demás, como yo les he escuchado a ustedes. (Un señor
senador: Griñán y Chaves). Tienen ustedes la piel muy fina. Pero no venga
usted aquí a alardear o a minimizar la corrupción; por lo menos asuma. Es
lo que debía asumir.

Segundo... (Rumores), Sí, sí; la piel finísima, muy
fina. (Un señor senador: ¡Chaves!) No van a conseguir que me calle. El
acuerdo europeo del mes de julio fue un éxito de España, también del
Gobierno de España, aunque ustedes hayan pretendido minimizarlo. La
verdad es que tiene, no sé si gracia, pero sí su aquel, que ustedes lo
presenten, incluso en la exposición de motivos, como si hubiera caído del
cielo, como si la participación del presidente del Gobierno hubiera sido
mínima. Incluso alguien del Partido Popular en algún momento ha llegado a
decir que era un acuerdo de los conservadores europeos. Bueno, el acuerdo
es inédito; es inédito porque tiene un enfoque socialdemócrata, porque
frente a la contracción del gasto plantea por primera vez en la Unión
Europea una expansión del gasto y, en segundo lugar, por el volumen. Por
tanto, no lo lleven tan mal. No traigan aquí mociones, señor Imbroda, que
no pretenden colaborar. No es verdad. Todos sabemos que aquí hay una
cuestión política de fondo, que ustedes siguen queriendo poner palos en
las ruedas. Le niego la bondad de su moción, tal como usted nos ha
querido presentar. Ustedes tratan de trasladar recelos, desconfianza. Y
ha llegado a decir que el señor Casado ha apoyado por Europa el acuerdo.
¿A los embajadores europeos? ¿Ha ido allí, a la residencia de un
embajador, a trasladarles desconfianza, en lugar de apoyarlo? ¿Su
portavoz en el Parlamento Europeo, la señora Monserrat, escribiendo
cartas maledicentes? En fin, constantemente, en las declaraciones
elegidas ustedes han tratado de poner en cuestión la confianza, pero no
en el Gobierno, porque detrás del Gobierno, igual que del éxito del
Gobierno, no está solo el presidente Sánchez, está España. (Aplausos). A
veces, cuando les oigo, pienso que ustedes estaban deseando un éxito de
lo que se llamaban países frugales. Pero no solo fue un éxito político el
acuerdo, que mal que les pese no surgió evanescentemente sino que tiene
una concreción política evidente que se llama el presidente del Gobierno,
sino que ya se ha puesto en marcha un plan de recuperación. Y usted dice
que no dialoga con las comunidades autónomas, pero ya se ha anunciado...
(Rumores). Si quieren, sigan ustedes dando ejemplo de respeto a los
demás, como cuando nosotros les hemos escuchado a ustedes. (Aplausos). La
presidenta de la Comisión Europea ha participado en una conferencia de
presidentes porque se crea una conferencia sectorial para los fondos de
recuperación, porque se crea una estructura política que ya se está
poniendo en marcha. Por tanto, no digan que no existe el diálogo; existe
y es concreto. Además, los fondos y los criterios, que es otra cosa a la
que acuden ustedes en su moción, son todos fondos en verde, en digital,
en cohesión y en igualdad. Usted sabe.

Para acabar, ¿no pueden hacer un acto, una parada,
un respiro en su estrategia de bloqueo? ¿No tiene límite? ¿No pueden
hacer un paréntesis y dedicarse a sumar en lugar de restar? Son ustedes
los que están perdiendo la oportunidad —acabo, señor
presidente—. Acaban de perder la oportunidad de romper el hilo que
les unía a aquel PP de Aznar, que hablaba de que éramos un país de
pedigüeños, un Gobierno de pedigüeños. ¿Se acuerda? Pues estamos
exactamente en lo mismo. Bloqueo y confusión. Eso es lo que nos aporta el
Partido Popular.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.

Como les he anunciado, se votará a las ocho.

El señor IMBRODA ORTIZ: Presidente, si estamos
todos podríamos votar ahora.

El señor PRESIDENTE: Un segundo, porque hace un
momento no estaban todos. (Pausa).

Bien, como parece que ahora, efectivamente, están
presentes todos los señores senadores —en el momento en el que me
lo ha pedido faltaban dos precisamente de su grupo—, podemos
proceder, si les parece, a la votación.

Antes de empezar la votación, la letrada me informa
de que los grupos parlamentarios han comunicado sus sustituciones y los
grupos están al completo, salvo el Grupo Nacionalista, que en esta sesión
solamente contará con un representante al no haber sido sustituido el
señor Cleries, y el Grupo Ciudadanos, que en la votación no sustituirá al
señor Sánchez López.

Vamos a proceder, pues, a la votación.

El señor PRESIDENTE: En primer lugar, moción del
Grupo Parlamentario Nacionalista en el Senado Junts per
Catalunya-Coalición Canaria/Partido Nacionalista Canario, por la que se
insta al Gobierno a convocar a la Comisión Mixta de Transferencias entre
la Comunidad Autónoma de Canarias y el Estado a fin de iniciar el proceso
de desarrollo y transferencia de competencias previsto en su nuevo
estatuto de autonomía.

Se somete a votación en los términos del texto
transaccional acordado en el debate.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
votos a favor, 51; abstenciones, 5.

El señor PRESIDENTE: Por consiguiente, queda
aprobada la moción.

El señor PRESIDENTE: Segunda moción, del Grupo
Parlamentario Mixto, por la que se acuerda la creación en el seno de la
Comisión General de las Comunidades autónomas, de una ponencia de estudio
que aborde las modificaciones que deberán incluirse en el Reglamento de
la Cámara para dinamizar su actividad política e institucional.

Se somete a votación tras la incorporación de la
autoenmienda aceptada en el debate.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
votos a favor, 29; en contra, 26; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Por consiguiente, queda
aprobada la moción.

El señor PRESIDENTE: Tercera moción, del Grupo
Parlamentario Socialista, por la que se insta al Gobierno al impulso en
cada comunidad autónoma de una educación pública igualitaria y
correctamente financiada.

Se somete a votación en los términos del texto
transaccional acordado en el debate.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
votos a favor, 27; en contra, 24; abstenciones, 5.

El señor PRESIDENTE: Por consiguiente, queda
aprobada la moción. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: En cuarto lugar, moción del
Grupo Parlamentario Popular en el Senado, por la que se insta al Gobierno
a crear la agencia nacional para la recuperación como organismo
independiente encargado de seleccionar y coordinar la distribución de los
fondos de recuperación procedentes de la Unión Europea para salir de la
situación de crisis provocada por la pandemia.

Se somete a votación en sus propios términos.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
votos a favor, 23; en contra, 33.

El señor PRESIDENTE: Por consiguiente, queda
rechazada la moción.

El señor PRESIDENTE: Quinta y última moción, del
Grupo Parlamentario Popular en el Senado, por la que se insta al Gobierno
a impulsar un amplio diálogo con las administraciones territoriales para
conseguir impulsar la transición ecológica, la digitalización y la
reindustrialización y atraer inversión privada para el desarrollo de los
distintos programas que sirvan para dinamizar el crecimiento de la
economía española y del empleo.

Se somete a votación en sus propios términos.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
votos a favor, 23; en contra, 32; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Por consiguiente, queda
rechazada la moción.

Señorías, sin más, se levanta la sesión.

Eran las veinte horas.