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DS. Cortes Generales, Comisiones Mixtas, núm. 149, de 29/09/2022
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CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES GENERALES
COMISIONES MIXTAS
Año 2022 XIV LEGISLATURA Núm. 149
PARA LA UNIÓN EUROPEA
PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª SUSANA SUMELZO JORDÁN
Sesión núm. 48
celebrada el jueves,
29 de septiembre de 2022
en el Palacio del Congreso de los Diputados
ORDEN DEL DÍA:
Comparecencia del señor comisario europeo responsable de Justicia (Reynders), para tratar sobre el Informe relativo al Estado de Derecho de 2022 y sus recomendaciones. Por acuerdo de la Comisión Mixta para la Unión Europea. (Número de
expediente del Congreso de los Diputados 219/000890 y número de expediente del Senado 713/001157) ... (Página2)
Debate sobre control de subsidiariedad de iniciativas legislativas de la Unión Europea:
- Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a las indicaciones geográfica de vinos, bebidas espirituosas y productos agrícolas y a los regímenes de calidad de los productos agrícolas de la Unión Europea, por el
que se modifican los Reglamentos (UE) número 1308/2013, (UE) 2017/1001 y (UE) 2019/787 y se deroga el Reglamento (UE) número 1151/2012 (COM (2022) 134 final) (COM (2022) 134 final anexos 1 a 3) (2022/0089 (COD)) (SEC (2022) 197 final) (SWD (2022)
135 final Parts 1,2) (SWD (2022) 136 final). (Número de expediente del Congreso de los Diputados 282/000181 y número de expediente del Senado 574/000163) ... (Página15)
- Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre las normas de calidad y seguridad de las sustancias de origen humano destinadas a su aplicación en el ser humano y por el que se derogan las Directivas 2002/98/CE y
2004/23/CE (Texto pertinente a efectos del EEE) (COM (2022) 338 final) (2022/0219 (COD)) (SEC (2022) 304 final) (SWD (2022) 189 final) (SWD (2022) 190 final) (SWD (2022) 191 final). (Número de expediente del Congreso de los Diputados 282/000182 y
número de expediente del Senado 574/000164) ... (Página16)
- Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establecen normas para prevenir y combatir el abuso sexual de los menores (Texto pertinente a efectos del EEE) (COM (2022) 209 final) (COM (2022) 209 final anexos)
(2022/0155 (COD)) (SEC (2022) 209 final) (SWD (2022) 209 final) (SWD (2022) 210 final) (SWD (2022) 191 final). (Número de expediente del Congreso de los Diputados 282/000183 y número de expediente del Senado 574/000165) ...
- Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece el refuerzo de la industria europea de defensa mediante la Ley de adquisición común (COM (2022) 349 final) (2022/0219 (COD)). (Número de expediente del
Congreso de los Diputados 282/000184 y número de expediente del Senado 574/000166) ... (Página19)
Se abre la sesión a las seis y cinco minutos de la tarde.
COMPARECENCIA DEL SEÑOR COMISARIO EUROPEO RESPONSABLE DE JUSTICIA (REYNDERS), PARA TRATAR SOBRE EL INFORME RELATIVO AL ESTADO DE DERECHO DE 2022 Y SUS RECOMENDACIONES. POR ACUERDO DE LA COMISIÓN MIXTA PARA LA UNIÓN EUROPEA. (Número de
expediente del Congreso de los Diputados 219/000890 y número de expediente del Senado 713/001157).
La señora PRESIDENTA: Buenas tardes. Comenzamos la sesión de la Comisión Mixta para la Unión Europea y lo hacemos con la celebración de la comparecencia del comisario europeo responsable de Justicia, el señor Didier Reynders, para tratar
sobre el Informe relativo al Estado de Derecho de 2022 y sus recomendaciones.
Bienvenido una vez más, señor Reynders, al Parlamento español, a la casa de todos los españoles. Le damos la bienvenida en nombre de todos los grupos parlamentarios y le agradecemos su presencia hoy aquí y su generosidad en su agenda -que
sabemos que la tenía muy ajustada y muy apretada- para venir a rendir cuentas sobre las cuestiones que son de su responsabilidad como comisario.
Sin más, tiene usted la palabra. Muchas gracias.
El señor COMISARIO EUROPEO RESPONSABLE DE JUSTICIA (Reynders) 1: (Realiza su intervención en francés). Muchísimas gracias, señora presidenta.
Señoras y señores diputados, quisiera darles las gracias por invitarme para que presente hoy la edición 2022 del Informe de la Comisión Europea sobre el Estado de Derecho. Soy consciente de que el Estado de derecho es un tema al que el
Parlamento español presta una atención especial. Ya presenté virtualmente en diciembre de 2020 las conclusiones del primer Informe anual sobre el Estado de Derecho ante su Parlamento. Como saben bien, este informe sobre el Estado de derecho es un
instrumento preventivo que tiene por fin contribuir a una mejor comprensión de la situación del Estado de derecho en los veintisiete Estados miembros. Lo que queremos lograr gracias a este informe es un diálogo exhaustivo sobre el Estado de derecho
en Europa y a nivel nacional para acompañar a los Estados miembros en las reformas necesarias. En julio de este año, la Comisión publicó la tercera edición del informe. El informe de este año incluye ciertas novedades, en especial que por primera
vez constan las recomendaciones específicas para cada uno de los Estados miembros. La Comisión pretende hacer un seguimiento de estas recomendaciones, y analizará a posteriori si se tienen en cuenta en los próximos informes sobre el Estado de
derecho.
Me centraré ahora en la situación del Estado de derecho en España. Permítanme, en primer lugar, que me centre en la situación del sistema judicial español. El informe subraya que la renovación de los miembros del Consejo General del Poder
Judicial está paralizada desde diciembre de 2018. En este contexto, hay voces que solicitan que el sistema de nombramientos del Consejo General del Poder Judicial se modifique de conformidad con los estándares europeos. En cuanto a esta situación
en concreto, la Comisión recomienda que se proceda de forma prioritaria a la renovación de los miembros del Consejo General y que, inmediatamente tras esta renovación, se inicie un procedimiento que tenga por fin adaptar las normas de nombramiento
aplicables. Los estándares europeos prevén, de hecho, que el Consejo General del Poder Judicial se componga por una mayoría de jueces y que estos sean elegidos por sus pares, es decir, por otros jueces. Esto es lo que figura, de hecho, en una
decisión del Comité de Ministros
1 Este Diario de Sesiones refleja una interpretación al castellano no autenticada de intervenciones realizadas de francés.
del Consejo de Europa de 2010. La Comisión ha transmitido este mismo mensaje a todos los Estados miembros.
En cuanto a la Fiscalía, el Informe de 2022 sobre el Estado de Derecho hace referencia a las modificaciones jurídicas adoptadas que tienen por fin incrementar la transparencia de las relaciones con el Gobierno. No obstante, existen
preocupaciones sobre el hecho de que la duración del mandato del fiscal general y la del propio Gobierno coincidan en el tiempo. La Comisión, por tanto, ha recomendado que se refuerce el estatus del fiscal general, sobre todo en lo que concierne a
este asunto de la coincidencia de los mandatos.
Respecto a la calidad del sistema judicial, el informe reconoce que se han logrado avances en diferentes ámbitos, como las medidas que facilitan el acceso a la justicia de las personas con discapacidad, la reforma en curso del Código de
procedimiento Penal, los trabajos que se están realizando con la ley sobre los derechos de defensa y el hecho de que la digitalización de la justicia esté avanzando. La duración de los procedimientos sigue siendo un reto, aunque evidentemente
existan ya una serie de trabajos que tienen por fin mejorar la eficacia del sistema judicial.
En relación con el marco de lucha contra la corrupción, el segundo ámbito analizado en cada uno de los capítulos nacionales del Informe sobre el Estado de Derecho, el informe constata que actualmente se está trabajando para la adopción de
una ley sobre la transparencia y la integridad de los grupos de interés. La Comisión recomienda a España que continúe con estos esfuerzos positivos, sobre todo creando un registro público obligatorio de los lobistas. El informe anual también
reconoce que se han aumentado los recursos para el Ministerio Público, para la Fiscalía. No obstante, las investigaciones y los procedimientos relativos a la corrupción de alto nivel siguen siendo preocupantes, teniendo en cuenta que los
procedimientos en la materia siguen siendo largos y complejos. La Comisión recomienda, por tanto, a España que preste una atención especial a estos asuntos.
En relación con la libertad y el pluralismo de los medios, se ha adoptado una ley sobre la comunicación audiovisual que atribuye nuevas competencias a la autoridad de regulación del sector audiovisual. En este contexto, la Comisión
recomienda que se dote a la autoridad de regulación de recursos suficientes para que esta pueda ejercer sus funciones. Además, se está trabajando para reforzar el acceso a la información. En especial, la Comisión recomienda a España que continúe
con sus trabajos de revisión de la Ley sobre Secretos Oficiales.
Por último, en cuanto al equilibrio de poderes -el último ámbito que hemos abordado en el informe-, los miembros de diferentes órganos constitucionales, entre ellos el mediador, ya han sido nombrados por el Parlamento, una vez que estos
órganos se han enfrentado a toda una serie de retrasos. Nos congratulamos por esta evolución positiva. Además, un cierto número de iniciativas que tienen como fin incrementar la participación del público en la elaboración de las políticas y
reforzar la cooperación entre la Administración pública y la sociedad civil se están llevando a cabo actualmente. La reforma de la ley sobre la seguridad ciudadana, que sigue suscitando preocupaciones incluso entre la sociedad civil, se está
analizando actualmente en el Parlamento, como bien saben.
Señoras y señores diputados, permítanme que concluya subrayando la importancia de los debates como este que vamos a celebrar hoy, ya que contribuyen a favorecer una auténtica cultura del Estado de derecho, y esto es precisamente lo que el
informe anual de la Comisión sobre el Estado de derecho desea fomentar. A nivel europeo se celebra habitualmente un debate político a nivel ministerial en el seno del Consejo a partir del informe sobre el Estado de derecho que permite a todos los
Estados miembros dialogar y aprender los unos de los otros. A nivel nacional, continuaré con el diálogo con los Parlamentos nacionales, tal y como estamos haciendo hoy con ustedes. La Comisión invita a los Estados miembros y a todos los actores
sobre el terreno a implicarse para superar todos los retos que figuran en el informe y, en particular, las recomendaciones de cada uno de los Estados miembros. Estamos listos para apoyar estos informes. Espero, además, que tengamos la ocasión en
el próximo informe de constatar las mejoras en la aplicación de las recomendaciones que acabo de mencionar brevemente.
Por supuesto, quedo a su entera disposición. Muchísimas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchísimas gracias, señor Reynders.
A continuación, tienen la palabra los portavoces de los diferentes grupos parlamentarios en un turno de cinco minutos máximo. Comenzamos por el portavoz del Grupo Parlamentario Mixto, el señor Sayas López.
El señor SAYAS LÓPEZ: Gracias, presidenta.
Buenas tardes, señorías.
En primer lugar quiero dar la bienvenida al comisario y agradecerle especialmente que nos haya dedicado tiempo para explicarnos las conclusiones de este informe sobre el Estado de derecho en España.
Yo comparto totalmente que debemos profundizar en más democracia y más separación de poderes. Por tanto, no hay ninguna razón para prolongar más tiempo una anomalía en la separación de poderes como es que a los jueces no los elijan los
jueces. Da igual que se haya hecho mal hasta ahora, habrá que empezar a hacerlo bien, y creo que empezar a hacerlo bien urge y que tiene que ser cuanto antes. Por tanto, rechazamos cualquier intento de dilación de este mecanismo de elección, que
debe cambiarse por parte del Gobierno.
Por otro lado, en cuanto a la materia de Estado de derecho, España tiene también un tema pendiente, que es la regulación de los indultos. Los indultos no pueden convertirse en un arma arbitraria y de uso político al servicio del Gobierno.
Vemos cómo en función de los socios parlamentarios que tiene el Gobierno de turno se usan para pagar peajes políticos o que en función de quién comete un delito contra la Hacienda pública, si es del partido que está en el Gobierno, pueden ser
indultados, y si no, no lo son. Creo que eso no puede ocurrir en un Estado de derecho como es España ni en la Unión Europea.
Muchísimas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Sayas.
Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, la señora Muñoz Vidal.
La señora MUÑOZ VIDAL: Gracias, presidenta.
Buenas tardes, comisario Reynders, bienvenido de nuevo a España.
Los liberales esperábamos su visita, y la esperábamos porque estamos preocupados por la deriva autoritaria que se está dando en algunos Estados europeos, actitudes que no caben en nuestra perspectiva de una Europa decididamente anclada en
los valores democráticos y liberales. Vemos con preocupación desde España esa deriva alimentada por el régimen de Vladimir Putin, y por eso saludamos el anuncio de nuevas sanciones, así como apostamos por eliminar el requisito de la unanimidad para
este tipo de materias, y por avanzar en la activación de mecanismos que permitan el cumplimiento del derecho europeo. Sobre estos aspectos, quisiera que nos informara, a poder ser.
Pero también hay un motivo por el que esperábamos esta visita: consideramos esencial que usted, como comisario de Justicia, tenga perfecto conocimiento del problema del Consejo General del Poder Judicial, el órgano de gobierno de este poder
del Estado español. Y que sepa que el problema se extiende al Poder Judicial, y que los liberales de Ciudadanos creemos que supone una verdadera merma en el normal funcionamiento de nuestro Estado de derecho. Señor Reynders, nuestro sistema legal
de elección del órgano de los jueces, efectivamente, permite la intervención del poder político en este proceso y que los representantes elegidos por los españoles puedan participar en el nombramiento de parte de los miembros del Consejo General del
Poder Judicial. Pero también debe usted saber que nuestro propio Tribunal Constitucional en julio de 1986 sentenció ya que la norma legal que permite que las Cortes designen a los miembros del Consejo General del Poder Judicial o a parte de ellos
-y cito literalmente- suponía correr un riesgo de frustrar la finalidad de la norma constitucional si las Cámaras -en este caso Congreso y Senado- a la hora de efectuar sus propuestas olvidan el objetivo perseguido y, actuando con criterios
admisibles en otros terrenos pero no en este, atienden solo a la división de fuerzas existentes en su propio seno y distribuyen los puestos a cubrir entre los distintos partidos en proporción a las fuerzas parlamentarias de estos. El Tribunal
Constitucional terminaba diciendo que la lógica del Estado obliga a mantener al margen de la lucha de partidos políticos ciertos ámbitos de poder y, entre ellos, y señaladamente, el Poder Judicial.
Por tanto, comisario, es más que evidente que estamos advertidos desde hace treinta y seis años de que sí, es posible y constitucional que el poder político designe a parte de los miembros del órgano del Poder Judicial; pero también de que
esa posibilidad sea un riesgo si no se interpreta correctamente y si no se hace bien. E interpretar incorrectamente y hacerlo mal es precisamente someter a este sistema de nombramiento a la mera distribución de los nombramientos entre los partidos,
en un acuerdo que no es más que un burdo amaño para repartirse los sillones de ese Consejo General. Y eso, señor Reynders, es exactamente lo que ha pasado, desgraciadamente, desde aquella sentencia y lo que sigue pasando a día de hoy. No es un
simple bloqueo de un partido en la oposición ante un Gobierno en minoría, teniendo en cuenta las mayorías reforzadas que se precisan. Estamos realmente ante una interpretación
inconstitucional de la ley cuando los dos grandes partidos -tanto Partido Socialista como Partido Popular- simplemente se atrincheran buscando un gobierno de los jueces afín a unos o a otros, sin respetar los principios y valores
democráticos propios de Europa y que España debe observar como Estado de derecho. No vale, en nuestra opinión, seguir forzando un sistema que se ha pervertido y que han corrompido PSOE y Partido Popular, y, por eso, creemos que no basta exigir que
se desbloquee hoy la designación de los miembros del Consejo General del Poder Judicial y seguir mañana con un modelo viciado y con un órgano de gobierno de los jueces contaminado por el apaño político, porque sabemos que después de ese desbloqueo
nada cambiará y todo seguirá igual.
Nuestra posición y la interpelación que le dirigimos como comisario de Justicia europeo, señor Reynders, es que se inste desde Europa de manera firme y decidida a España a modificar la ley si sus políticos ya han demostrado ser incapaces de
hacer un correcto uso de la norma, interpretándola de manera contraria a nuestra Constitución. Después de casi cuarenta años haciéndolo mal, ya es hora de que hagamos las cosas bien. Por eso queremos que cambie el procedimiento legal establecido,
para garantizar la independencia judicial en España y que los jueces sean los que decidan sobre su órgano de gobierno. Lo propusimos en 2015, con el respeto que nos merecen los estándares europeos en materia de independencia judicial y de
funcionamiento de las instituciones democráticas, y el resultado fue el rechazo por el actual Gobierno. Esto, señor Reynders, puede hacerse hoy y puede hacerse ya mismo, y no creemos que la Comisión deba ceder un ápice a la voluntad del actual
Gobierno de España de mantenernos en el problema si simplemente mantenemos el sistema actual. No podemos seguir conduciendo un coche viejo que contamina simplemente porque, de vez en cuando, cambiamos al conductor; es hora de cambiar ese coche por
uno que no siga contaminando. Por eso le pedimos su ayuda.
Gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Muñoz.
Les solicitaría que hablasen un poco más lento para que la intérprete pueda traducir convenientemente las intervenciones, y seremos un poco más generosos en el uso del tiempo, les permitiremos treinta segundos o incluso un minuto más si
hablan a la velocidad adecuada. Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra, señor Legarda.
El señor LEGARDA URIARTE: Muchas gracias, presidenta. Y muchas gracias también a nuestro invitado, el comisario.
Simplemente, más que una reflexión sobre el asunto que nos atañe y nos reúne, le iba a plantear al señor comisario una única cuestión: el modelo de consejos de magistratura no es un modelo generalizado en el ámbito de la Unión para designar
o gobernar al Poder Judicial, entonces, mi pregunta es por qué a aquellos países como el Estado español, que cogieron como modelo el modelo italiano de consejos de magistratura, se les exige una participación o una limitación al poder político o
unas condiciones que no se exigen a otros países de la Unión que no tienen consejos de magistratura, ni en la misma proporción a aquellos que los tienen. Bélgica tiene una designación en el consejo de magistraturas de un tercio de los de
procedencia judicial; en los países nórdicos y Alemania no existen consejos de magistratura, y tienen una incidencia reseñable el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo en el nombramiento del Poder Judicial, con limitaciones legales, lógicamente.
Entonces, ¿por qué se establecen como una categoría universal y abstracta los condicionantes que el Consejo reclama al Estado español cuando no se exigen a otros miembros o a otros Estados de la Unión?
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Legarda Uriarte.
Por el Grupo Parlamentario Plural, el señor Pagès i Massó.
El señor PAGÈS I MASSÓ: Bienvenido, señor Reynders.
Hablo en representación de Junts per Catalunya, el partido del president de la Generalitat de Catalunya en el exilio y también europarlamentario, Carles Puigdemont. Para nosotros es muy importante su comparecencia hoy porque para nosotros,
europeístas convencidos, nuestra única salvaguarda en un Estado que reprime derechos, muchas veces a través del propio Poder Judicial, es ser ciudadanos europeos, tener los derechos de los ciudadanos europeos y, por tanto, poder acudir a las
instituciones europeas.
Lo primero que quería comentarle en relación con el informe que hoy presenta es que se inserta en un proceso que incluye una previa consulta pública de entidades, organizaciones, etcétera. Precisamente, la sociedad civil de Cataluña,
decenas de entidades, la Asamblea Nacional Catalana, los partidos Esquerra, Junts per Catalunya, pero también Human Rights Watch y otros, aportaron informes e información, y también se aportaron los informes de la Asamblea Parlamentaria del Consejo
de Europa, el informe Cilevics sobre la persecución de los representantes políticos catalanes. Sorprendentemente, su informe ni menciona las denuncias de entidades y partidos sobre la represión policial y judicial en Cataluña ni tan siquiera recoge
los informes del Consejo de Europa.
Señor Reynders, usted sabe perfectamente que los tratados constitutivos de la Unión le obligan, en tanto que comisario europeo, a actuar con absoluta independencia, imparcialidad y neutralidad. Todo esto no es retórica, no hablamos de
formalidades accesorias; su independencia, neutralidad e imparcialidad, en tanto que comisario, son una garantía, y no menor, del Estado de derecho, el valor que precisamente usted tiene el encargo de defender. No parece que ayude mucho su
predilección por reunirse con eurodiputados y entidades de la extrema derecha españolista que destilan catalanofobia, como el diputado José Ramón Bauzá, o la entidad ultra Sociedad Civil Catalana, que ni tan siquiera estaba registrada cuando usted
la recibió. En cambio, usted se ha negado a reunirse con entidades que le pueden poner al día de la vulneración de derechos de la que es víctima la minoría nacional catalana y su movimiento independentista, como Òmnium o Plataforma per la Llengua;
y también se niega a reunirse con los europarlamentarios independentistas que ganaron las elecciones europeas en Cataluña con un millón de votos, con el president Puigdemont a la cabeza; por no hablar de las polémicas reuniones con eurodiputados
populares justo antes de venir aquí. Sinceramente, señor Reynders, lo que parece es que usted ha venido a esta fiesta como DJ contratado para pinchar los discos que le ha pedido el señor González Pons y el lobby jurídico del Estado español en las
instituciones europeas.
Nos resulta incomprensible el abismo entre la realidad del Estado de derecho en España y lo que refleja su informe, seguramente porque usted solo ha querido escuchar la versión oficial de la historia. Algunos ejemplos: España incumple el
61 % de las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos; lo dijo usted mismo hace dos semanas, y el informe lo recoge -me refiero al informe del señor Cilevics de junio pasado-. La Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa confirmó que
ni Turquía ni España han cumplido las recomendaciones para atajar la persecución de políticos por su ideología, entre las cuales está la revisión de los delitos de sedición y rebelión. Por cierto, el Consejo de Europa cita el escándalo del
espionaje masivo por razones ideológicas con el sistema Pegasus, el 'catalangate', e insta a la creación de una comisión parlamentaria que España se niega a constituir. Usted hace referencia al caso Pegasus, pero lo circunscribe al espionaje al
Gobierno, cuando lo relevante es que el Estado español, el CNI y la policía española, el Ministerio del Interior -dirigido antes por el señor Zoido y ahora por el señor Marlaska- han espiado a políticos, parlamentarios estatales, europarlamentarios,
activistas, abogados y periodistas por sus ideas.
Señor Reynders, no hace falta que le diga que el Estado español encubre una justicia y una Fiscalía parcial y politizada, escorada a la derecha, que añora el franquismo y que se erige en defensora de la Constitución, pero no la Constitución
de los derechos fundamentales, sino la Constitución de la España una. Una justicia que, con el ojo puesto en el enemigo, dicta resoluciones que inventan hechos y retuercen el derecho, como la sentencia que condenó a los líderes del proceso
independentista por sedición cuando lo único que hicieron, según la judicatura belga, la alemana o la del Reino Unido, fue ejercer derechos.
Problemas que ha generado el activismo judicial, esta guerra de los jueces: por ejemplo, la indebida intromisión en otros poderes del Estado, también en la representación parlamentaria. El Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas
acaba de dictaminar que España vulneró el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos al suspender a los legítimos representantes democráticos mediante acusaciones judiciales de golpe de Estado y de violencia que en ningún caso se dieron,
acusándolos sin existir ni una sentencia de por medio. Usted debe saber que el problema de España no es la independencia judicial, es la parcialidad y la politización de las cúpulas judiciales, no de los 5000 jueces, sino de las cúpulas. Se
entrometen en la legislación sobre el uso de las lenguas en la escuela; esta cúpula judicial intenta revertir o se permite revertir los indultos a los líderes políticos catalanes; condena al expresidente de Andalucía, señor Griñán, simplemente por
cumplir la ley autonómica andaluza. Los últimos ejemplos son la negativa de los jueces a cumplir la ley y nombrar a los magistrados que, por ley, debe nombrar del Tribunal Constitucional; o las declaraciones de su presidente, el señor Lesmes, que
en la inauguración del año judicial se permitió el lujo de advertir que no permitiría desjudicializar la
represión contra el independentismo. Opiniones políticas por parte de la judicatura, no, por favor, no más; que se dediquen a su trabajo.
Sobre el gobierno de los jueces...
La señora PRESIDENTA: Señor Pagès, ha transcurrido el tiempo establecido y el añadido. Le ruego que concluya.
El señor PAGÈS I MASSÓ: Voy concluyendo.
La señora PRESIDENTA: No. Debe concluir.
El señor PAGÈS I MASSÓ: Voy acabando, sí. Gracias.
Sobre el gobierno de los jueces, la solución no es que los jueces nombren a los jueces, y menos cuando estos son parciales y se dedican a hacer política; esto es una cuestión...
La señora PRESIDENTA: Señor Pagès, debe terminar.
El señor PAGÈS I MASSÓ: Sí. Termino.
Nos preocupa especialmente, señor Reynders -y aquí le insto a que me dé una explicación-, el doble estándar en la Unión Europea...
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Pagès.
El señor PAGÈS I MASSÓ: ... por favor, si nos puede explicar por qué se trata diferente a España de Hungría y Polonia.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario Republicano, tiene la palabra la señora Rosique i Saltor.
La señora ROSIQUE I SALTOR: Gracias, presidenta.
Buenas tardes, comisario. Bienvenido. Gracias por su comparecencia.
Esta comparecencia, en opinión de nuestro grupo parlamentario, resulta de especial interés puesto que la verdad es que a este Parlamento le cuesta asumir recomendaciones internacionales.
Hoy, todos los portavoces le dirán que están de acuerdo con usted, pero mañana, en cualquier moción, votarán en contra de asumir dichas recomendaciones. Esto suele pasar, suele pasar con recomendaciones del GRECO, de organismos de las
Naciones Unidas o del Consejo de Europa e incluso sucede con sentencias de tribunales internacionales. Sin ir demasiado lejos, la semana pasada tres cuartas partes de este Parlamento votaron en contra de hacer que el Gobierno cumpliese con la
resolución de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa del informe Cilevics y con un informe del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. En este Parlamento, la mayoría de los partidos en realidad no tienen intención de alguna de
aplicar cambios al Poder Judicial para fomentar su independencia y democratizar más el Estado. Esto debe también saberlo.
En este Estado, comisario, los jueces hacen interpretaciones tan propias de las leyes, que parece incluso que legislen y gobiernen más que el Poder Legislativo y que el Poder Ejecutivo. Cuando se aprueba una ley para regular los alquileres
en el Parlament de Catalunya, como no gusta a ciertos grandes propietarios, se lleva al Tribunal Constitucional. En vez de discutirlo en el Poder Legislativo, que es donde se debería discutir, se impone mediante Poder Judicial. Cuando un músico o
un periodista crítica a la monarquía, tiene consecuencias penales. En vez de generar un debate desde el respeto a la libertad de expresión se impone con multas, cárcel e incluso exilio. Cuando un periodista intenta cubrir noticias de política
migratoria, tales como la masacre en la valla de Melilla, recibe multas por ello. En vez de fomentar la libertad de prensa se impide el acceso a la información. Cuando se organiza un referéndum, como el del 1 de octubre de 2017 en Cataluña, se
abren causas judiciales sobre más de 3000 personas, haciendo una interpretación particular del delito de sedición, delito que ha sido desacreditado ya por varios jueces europeos. Y, por si fuera poco, a muchas de estas personas, un tribunal -que es
el llamado Tribunal de Cuentas- les asfixia económicamente sin garantías de independencia judicial. Cuando se pone en prisión preventiva a oponentes políticos, como los independentistas catalanes, se les alarga la causa judicial de forma
injustificada para así acentuar su dolor. Cuando se lleva a cabo un juicio como el de los presos
políticos catalanes se permite que haya una acusación particular que en varios casos como este resulta ser de la extrema derecha de VOX. Y solo con que ellos consideren que se les debe acusar de rebelión -aunque no exista violencia alguna-
ya se eleva la causa al Supremo y se les coarta su derecho a concurrir a unas elecciones. Cuando se publica que el Gobierno español espía como mínimo a sesenta independentistas vascos y catalanes mediante el programa Pegasus se acude a la Ley de
Secretos Oficiales para no tener que explicar que la mayoría de estos espionajes se hacen sin autoridad judicial y que se sigue espiando al president de la Generalitat de Catalunya, Pere Aragonès.
No se tienen en cuenta las recomendaciones internacionales o los informes, como el informe que usted hoy presenta del Estado de derecho. Y no lo hacen porque es más prioritario blindar su reputación y mantener el control de todas las
instituciones.
Permítanme acabar con dos preguntas que creemos importantes. Sabemos que usted ha enviado cartas a Hungría, Polonia, Grecia y España pidiendo explicaciones sobre su informe y nos consta que el único que todavía no ha contestado es España.
¿Cómo valora esa falta de respuesta por parte de España? Por otra parte, sabemos que muchos países alegan que no pueden dar explicaciones sobre el uso de los programas de espionaje por respeto a su seguridad nacional. ¿Qué opinión tiene al
respecto de ello? ¿Cree usted que esto permite avanzar en el trabajo que puede hacer la Comisión para defender a la ciudadanía europea?
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Rosique.
Por el Grupo Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, el señor Santiago Romero.
El señor SANTIAGO ROMERO: Gracias.
Señor comisario, la independencia judicial en España es el resultado de un mandato legal contenido en la Constitución y en la ley, y no depende de la forma de elección del Consejo General del Poder Judicial. La independencia judicial
depende del ejercicio de la potestad jurisdiccional por los jueces de forma independiente. Es decir, en España hay independencia judicial porque los jueces ponen las sentencias sin interferencias. En un Estado de derecho, todos tienen que cumplir
la ley, también los partidos políticos. El principio de legalidad prevalece sobre antojos. La ley solo puede cambiarse mediante los procedimientos legislativos previstos y atendiendo a mayorías parlamentarias, nunca mediante imposiciones de
minorías.
El Partido Popular se niega a cumplir la ley y la Constitución desde hace cuatro años. Dos veces en nuestra democracia ha existido un bloqueo en la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Siempre ha sido el Partido Popular quien
ha efectuado ese bloqueo. El primero de ellos fue tras la victoria del presidente José Luis Rodríguez Zapatero en 2004. El Partido Popular bloqueó la renovación del consejo cuando en el consejo elegido tenían mayoría absoluta por entender que el
resultado de esas elecciones -en las que ganó el presidente Zapatero- no era legítimo. Lo bloqueó dos años. Nunca se había llegado a la situación actual de cuatro años de bloqueo. También, curiosamente, hoy el Partido Popular entiende que el
actual Gobierno de España, con mayoría parlamentaria estable, no tiene legitimidad.
Cuando el PP ha estado en el Gobierno las renovaciones del consejo se han hecho máximo en tres meses. El debate, por tanto, en España no es la renovación del órgano del Poder Judicial, es el cumplimiento de la ley y de la Constitución, y el
respeto a la voluntad popular expresada en las urnas. Ahora nos encontramos ante otro incumplimiento de la Constitución y la ley ya que el consejo tiene que elegir a dos jueces para el Tribunal Constitucional; vocales del consejo -en su mayoría,
jueces- deciden incumplir la ley aprobada en el Congreso porque ellos opinan que la ley no es adecuada. El vocal Ballesteros, de la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura, defendió que los mandatos de plazos legales no le
vinculaban. Otros vocales, también conservadores, consideran inconstitucional la reforma que ha aprobado el Parlamento y, como discrepan de la norma, no la cumplen. El 27 de septiembre la prensa recogía declaraciones de vocales del consejo
utilizando como excusa su visita a España, señor Reynders, para continuar sin cumplir la ley y no designar a los dos magistrados que les correspondía. Curiosamente, esa posición de los vocales coincide con la posición de incumplimiento de la ley y
la Constitución que hace el Partido Popular.
El pretexto del Partido Popular para incumplir la ley es que reclama una reforma legal que no es apoyada por una mayoría parlamentaria; una coacción inaceptable en democracia, señor comisario.
En su agenda de reuniones he visto que solo ha tenido usted reunión con un partido político, con el Partido Popular, y solo con dos de las asociaciones profesionales de la magistratura, las de tendencia conservadora. Entiendo que usted ha
tenido que reunirse solo con estos actores porque en su opinión son los que vienen incumpliendo la ley, probablemente. Estaría bien que nos lo aclarara, porque estamos ante algo que se parece a un auténtico golpe de Estado blando, una actitud
sediciosa para impedir la aplicación de la ley: una clara coordinación entre el Partido Popular y el núcleo judicial conservador del Consejo General del Poder Judicial, que trabajan de forma coordinada para incumplir el mandato constitucional.
Por cierto, el actual procedimiento de renovación del consejo fue el que dejó aprobado el ministro de Justicia del Partido Popular, señor Ruiz- Gallardón, con la mayoría parlamentaria del Partido Popular en el año 2013.
Además, no es cierto que la elección del consejo en España se haga al margen de los jueces. Usted sabe que son las asociaciones las que recogen los avales necesarios sin los cuales el juez no puede presentarse para ser elegido vocal del
Consejo. Es decir, los jueces eligen a los jueces candidatos a ocupar doce de los veinte puestos. En Bélgica, como ya hemos hablado, el Consejo General del Poder Judicial solamente tiene un tercio de jueces; no creo que deje de ser independiente.
En todo caso, pretender que no intervenga la soberanía popular -y ya acabo- para elegir el órgano de un poder del Estado, de uno de los tres en que consiste la separación de poderes, es equivalente a defender un modelo corporativo donde sea solo un
cuerpo del Estado el que elija un poder del Estado. Eso tiene un nombre, lo más parecido es el sistema corporativo del fascismo italiano o del franquismo español.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra el señor Sánchez.
El señor SÁNCHEZ GARCÍA: Con la venia, señora presidente.
Señor comisario, buenas tardes y gracias por visitar este Parlamento y esta Comisión Mixta Unión Europea. Hablo en nombre del partido VOX, que es el tercer partido en representación parlamentaria, que cuenta con el 15 % del voto popular y
que en el Parlamento Europeo se integra en el Grupo de los Conservadores y Reformistas Europeos.
Nuestro partido no participa en ninguna refriega entre el Partido Popular y el Partido sobre la composición del Consejo General del Poder Judicial y, por consiguiente, creo poder decir con honradez intelectual que es el partido más
equilibrado en esta cuestión. La experiencia desde el año 1978, año de promulgación de la Constitución con la introducción de un modelo de gobierno del Poder Judicial a través de un consejo superior de la magistratura, se ha revelado
escandalosamente fracasada hoy. En realidad, ya lo era como experiencia en el derecho constitucional comparado porque se conocía la experiencia francesa y, sobre todo, la experiencia italiana de lotización entre partidos políticos de la composición
de ese Consejo. Pero, en fin, en España se adoptó esa decisión por error y, como se ha destacado aquí, es raro ese sistema en el conjunto de la Unión Europea y fuera de Europa también.
Pero la experiencia ha resultado fracasada porque se ha reproducido lo que ha sucedido en Italia y sigue sucediendo, a saber que dos partidos que han gobernado en un régimen de bipartidismo imperfecto se han repartido en razón de su
representación parlamentaria la capacidad de determinar la composición mayoritaria del Consejo, y en esta seguimos. Esta situación dura desde 1978, y el debate acerca de si doce vocales del Consejo General del Poder Judicial deben ser elegidos
directamente por los jueces y magistrados españoles o no, en virtud de la reforma que se introdujo en 1985 cuando se aprobó la Ley Orgánica del Poder Judicial -y que dio lugar a esa sentencia en el año 1986 del Tribunal Constitucional que se ha
citado- dura exactamente treinta y siete años, como usted puede comprobar. Luego no hemos avanzado nada y esto es una situación, como digo, de escarnio del orden político democrático porque, en definitiva, se trata de que los partidos políticos, en
una deriva, orientación o sesgo partitocrático, además de controlar el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo, desean controlar el Poder Judicial a través de su órgano de Gobierno. Es cierto que no a través de los órganos de la jurisdicción, pero
sí a través de su órgano de gobierno. Y de aquí estas disputas sin límite que duran, como digo, tantos años como treinta y siete, a contar desde el año 1985. Si añadimos siete más, estaríamos hablando de cuarenta y dos.
Su informe postula que efectivamente se proceda a renovar la composición del Consejo General del Poder Judicial toda vez que su mandato está vencido desde hace ya varios años, al tiempo que postula una reforma de la ley en el sentido de que,
efectivamente, doce vocales del Consejo, que son los de extracción judicial, sean elegidos por los miembros de la magistratura española. Nosotros no tenemos
objeción ni a lo uno ni a lo otro. Sí tenemos una objeción cualitativa en el orden. Lo que procede seriamente es que, primero, se reforme la ley y, después, en aplicación de la ley reformada, se elija el Consejo. Es decir, el orden de
estas dos medidas que usted propone no es indiferente, tiene un sentido cualitativo. Esta es nuestra postura.
En general, sobre el Consejo General del Poder Judicial le debo a usted decir que -aparte de ser, como digo, un sistema de gobierno de la judicatura que esencialmente se atiene al régimen disciplinario y al nombramiento de los titulares de
los órganos jurisdiccionales- no representa nada de particular si no fuera por la politización que han hecho de este órgano los partidos que han gobernado hasta el año 2019. Hay un problema adicional, y es que el Consejo General del Poder Judicial
-y esto no es una disposición de la Constitución, sino que es de la Ley Orgánica del Poder Judicial- designa no solamente a los titulares de los órganos de jurisdicción según un régimen reglado, sino que designa también a los magistrados del
Tribunal Supremo -nuestro tribunal de casación, nuestra corte de casación- y a altos cargos de la magistratura española, y esos nombramientos son discrecionales del Consejo, no se hacen con arreglo a un criterio reglado. Luego, la composición del
Consejo permite situar en las más altas magistraturas judiciales a personas afines a la mayoría que constituya el Consejo y esa mayoría se constituye con arreglo a la mayoría del partido que en el momento de la elección de los vocales sea el
mayoritario. Es decir, una politización clara, característica de lo que se llama el Estado de partidos.
La señora PRESIDENTA: Señor Sánchez, debe terminar.
El señor SÁNCHEZ GARCÍA: Por lo tanto, creo que su informe -compartiendo lo que he dicho, pero con esa adición de un orden necesariamente jerárquico en la ejecución de ambas propuestas, si es que España quisiera darle cumplimiento- además
debería incluir otras consideraciones muy serias que afectan a la independencia del Poder Judicial y a la separación de poderes.
Nada más.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Moreno Palanques.
El señor MORENO PALANQUES: Muchas gracias.
Bienvenido, señor comisario. Circula una anécdota por ahí entre los jueces que describe lo siguiente: En lo alto del estrado el juez, a la derecha el abogado, a la izquierda el fiscal, en el centro el banquillo de los acusados todavía
vacío y el juez diciendo que pase el condenado. ¿Se imagina el escenario? Nosotros también.
Usted, nosotros y casi todos los españoles queremos una justicia independiente, y digo casi todos los españoles porque hoy quiero hablarle de la renovación del Consejo General del Poder Judicial, como ha venido escuchando estos días. El
Gobierno sigue empeñado en hacer de esto un intercambio de cromos, y sigue sin importarle otra cosa de la justicia española que no sea intentar controlarla. Claro, uno puede pensar que esto es una especulación de la oposición, pero no lo es, y le
voy a decir por qué no. La clave de bóveda del sanchismo es la rendición de todas las instituciones del Estado ante el Gobierno; es más, es la rendición al interés personal del presidente del Gobierno, y a los hechos me remito. Subió a una
ministra a fiscal general del Estado en veinticuatro horas; olvídese de las normas europeas de independencia y autonomía de este órgano. Tras dejar la Fiscalía General se nombra de nuevo a alguien vinculado al PSOE, mano derecha de la anterior y
de acreditada parcialidad, y, al mismo tiempo, este último asciende a la primera a la máxima categoría del Ministerio Público, sin el apoyo de la mayoría del Consejo Fiscal que lo define como un auténtico despropósito. Es el mismo que nombra a
alguien de su confianza como número dos de la Fiscalía de la Audiencia Nacional sin experiencia en terrorismo, y la audiencia lo califica de absoluto desprecio. El intervencionismo del Gobierno en el Consejo le lleva a aprobar una ley que sabe que
es inconstitucional, pero no para adaptarla a los estándares europeos y adaptarse al Tratado de la Unión Europea, no, lo hace para arrebatarle su facultad para nombrar jueces, pero como el presidente necesitaba que se nombraran a dos miembros del
Tribunal Constitucional vuelve a cambiar la ley para permitirles, es más, para obligarles a que nombren a estos dos vocales.
Han intentado rebajar las mayorías parlamentarias para nombrar al Consejo, y yo le agradezco a usted su defensa de la independencia que hizo en ese momento paralizando ese intento. Hay quien ha criticado -se ha hecho aquí- que un
eurodiputado nuestro, responsable de justicia, se reuniera con usted. Lo raro no es eso, lo raro es que el Gobierno no hable con usted; eso es lo raro. Es insólito e
inaceptable que la ministra de Justicia española no acudiera al grupo de vigilancia del Parlamento Europeo que iba a hablar precisamente sobre los problemas del Consejo General del Poder Judicial y de la Fiscalía.
Usted podría pensar que el jefe del Gobierno intenta controlar solo a los jueces, pero no. No hay institución que se le escape. Como botón de muestra, ha reducido al CIS a un artefacto de propaganda. Como el Instituto Nacional de
Estadística no le daba las cifras que quería de inflación y de crecimiento cambió a su presidente. Al presidente de Radiotelevisión Española le ha bastado que le digan 'mejor dimites y, de esa forma, controlamos la televisión de cara al proceso
electoral', y han nombrado a alguien que los propios empleados de Radiotelevisión Española califican de chapuza histórica, los propios empleados de la casa. Prometió terminar con los indultos políticos y los ha utilizado para mantenerse en el
Gobierno. Y todo parece indicar que el mayor escándalo de corrupción y malversación de fondos públicos de la historia democrática española va a ser indultado también, entre otras cosas porque ya lo había decidido antes de que tuviéramos una
sentencia. Aquí las leyes las aprueba el Gobierno. Al Parlamento se mandan simplemente para, en una única votación y sin discusión, decir: Sí, sí, sí, señor. Así se han convertido 129 reales decretos leyes en leyes.
El Partido Popular sigue dispuesto a sentarse con el Gobierno a reformar -como pide su informe- y a renovar conjuntamente el Tribunal Constitucional y el Consejo General del Poder Judicial. Por cierto, 1200 veces ha infringido el Gobierno
las reglas de transparencia. Finalmente, Pegasus ha desaparecido de los medios de comunicación. A nosotros nos extraña. Que sepa que hay un proceso judicial en marcha y quiero preguntarle por el grado de importancia que usted le da a Pegasus.
Finalmente -acabo, presidenta-, la justicia no solo debe ser independiente, también debe parecer independiente. Para que eso sea así, la elección de quienes han de administrarla tiene que hacerse también de forma independiente. No queremos
que vuelva a repetirse lo de 'pase el condenado', al menos no antes de ser juzgado.
Muchísimas gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Moreno.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, el señor Pons Sampietro.
El señor PONS SAMPIETRO: Buenas tardes.
En primer lugar, muchas gracias, comisario, por su visita a España. Me gustaría empezar por el final de la frase de mi colega del Partido Popular. Es cierto, este grupo es un grupo de Gobierno y creemos que es muy importante no solo
parecer un partido de Estado y de Gobierno, sino también serlo. Por tanto, mi primera reflexión sería que una intervención de este tipo, como algunas de las intervenciones que hemos escuchado, dice muy poco en favor de lo que tiene que ser un
partido de Estado en el contexto actual que estamos viviendo. Sinceramente, es sorprendente. Creo que es muy interesante que usted haya podido escuchar todas las intervenciones en un Parlamento que es plural, diverso y democrático, porque se han
podido escuchar todas las voces y eso es síntoma de una excelente democracia, la democracia española.
Me gustaría hacer una reflexión porque hemos entrado mucho en un debate jurídico y yo creo que estamos en otro estadio. Estamos en otro estadio e intentaré explicarme si puedo, pero me gustaría contextualizar. La semana pasada estuvo aquí
la directora general del DG Recovery, la responsable de fondos europeos. Yo creo que vale la pena enmarcarlo ahí. Estamos en un país con una situación de crecimiento del 5,5 %, estamos en el tercer desembolso de los fondos, vamos a una velocidad
de crucero y, además, lo estamos haciendo con veinte millones de personas afiliadas a la Seguridad Social y con menos de tres millones de personas paradas. Estamos en un contexto económico sólido, reforzado por un país que tiene una estabilidad
política sólida, como también ha dicho el colega que forma parte de esta coalición. Por tanto, me gustaría hacer esta primera reflexión. A partir de aquí, si somos capaces de entender que estamos en este marco, podemos abrir la reflexión, hagamos
un poco de zoom out.
Entiendo y agradezco este informe sobre el Estado de derecho de 2022, efectivamente, tercera edición. Lo hemos leído y yo creo que se incluye en este marco de lo que se está llamando constitutional populism, de cómo se están utilizando las
instituciones en este momento de degradación democrática por populismos diversos. Von der Leyen dijo que estamos en un momento entre autocracia o democracias liberales y democracias iliberales. ¿Por qué voy a esto? Porque creo que es importante
en este contexto situar el debate que usted y otros partidos han mencionado. Esto no va de unos cumplen y otros no. Primero hay que cumplir la Constitución. Sorprende que algunos parece que no se acordan de que esto pasa por cumplir la
Constitución. La renovación del Consejo General del Poder Judicial no va de una voluntad o no ni tampoco va del sistema, esto va de que hay un boicot, como también se ha hecho durante
los últimos dos años en relación con los fondos de recuperación -un instrumento vital para la transformación de este país y pasar de la crisis-, que ha llevado a cabo el primer partido de la oposición; un boicot constante a la aplicación y
a la ejecución de estos fondos aquí, allá y en Bruselas, y no me extrañaría que también hubieran pasado por Moscú. Esto es lo que también se ha trasladado a la situación del Consejo General del Poder Judicial. Tenemos que terminar con los
discursos. Perdonen, pero el Consejo General del Poder Judicial está bloqueado desde hace cuatro años por los señores que están ahí enfrente y no hay equidistancia posible. Aquí se trata de cumplir la ley y nosotros somos los primeros en cumplir
la ley, los primeros en este Parlamento. Por tanto, aquí hay una situación de bloqueo por parte de una formación política que, sinceramente, se ve al escuchar de su grupo parlamentario una retahíla de excusas en la que están trabajando activamente
para que todo se bloquee.
Lo he querido relacionar con los fondos de recuperación porque para nosotros esto es una estrategia de acoso y derribo dentro de ese marco de constitucionalismo populista al que se están adscribiendo numerosos países de la Unión -esta semana
tenemos la semana italiana-, pero hay muchos otros.
Por tanto -y no me quiero extender-, creo que es una situación grave, gravísima, pero que el primer partido de la oposición podría desbloquearla esta tarde. Esto no es un problema del sistema, no es un problema de elección de los jueces,
no. El problema es que hay una estrategia política de acoso y derribo a un Gobierno que, como ha dicho el compañero de Unidas Podemos, desde el primer día ha sido considerado ilegítimo. Este grupo parlamentario repite que hubo unas elecciones y
los representantes que estamos aquí somos parte de esa ciudadanía que, al final, acaba eligiendo al gobierno de los jueces.
Termino. Ha salido un artículo de una persona que yo creo que es interesante, el señor Ekaizer, que le recomiendo que lea porque le dice a usted que no caiga en la tentación de acabar siendo rehén de algunas de las estrategias políticas de
este país.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Pons.
A continuación, el señor Reynders responderá a los portavoces de los grupos parlamentarios.
El señor COMISARIO EUROPEO RESPONSABLE DE JUSTICIA (Reynders) 2: (Realiza su intervención en francés).Muchísimas gracias, señora presidenta.
Señores y señoras diputados, en primer lugar, quiero recordarles que el objetivo de este tipo de encuentros es escuchar al conjunto de los grupos que están en el Parlamento; de hecho, lo hago habitualmente también en el Parlamento Europeo.
Allí voy a menudo, también a los parlamentos nacionales, escucho al conjunto de los grupos y me congratulo de que hoy de nuevo tengamos la ocasión de escuchar las diferentes posiciones, independientemente de las orientaciones políticas de unos
grupos y otros.
Algunas menciones. En primer lugar, en cuanto a la situación en Ucrania, desde el principio de la agresión rusa, lanzamos operaciones de apoyo a Ucrania. De hecho, quisiera recordarles que hemos puesto en marcha un régimen de sanciones
porque solicitamos a Rusia que respetase las normas internacionales que conciernen a la soberanía y la integridad territorial de Ucrania. Puesto que estas normas se están violando, se han puesto en marcha las sanciones de aplicación. Pero si
queremos ser creíbles en lo que afirmamos en la escena internacional, también tenemos que velar por aplicar las normas en el seno de la Unión Europea, y esto lo estamos haciendo con el informe sobre el Estado de derecho. Puedo decirles que,
evidentemente, como comisario de Justicia que soy, estamos llevando acciones específicas sobre la congelación para los oligarcas y la lucha contra los crímenes de guerra.
Me voy a salir un poco del marco de nuestro intercambio de hoy. Sí me centraré en estos asuntos, pero me voy a centrar también en lo que se ha dicho sobre la justicia, el tema central de la mayoría de las intervenciones. En primer lugar,
los jueces españoles, al igual que los jueces alemanes, polacos o italianos, son jueces europeos y, por tanto, a estos jueces europeos lo que les pedimos es que respeten el derecho de la Unión y también pedimos a los Estados que controlen que estos
jueces europeos cumplen con las condiciones fijadas en los tratados, suscritas por todos los Estados miembros, y también las condiciones de la Carta de Derechos Fundamentales. Es decir, que participen en una justicia independiente y que ofrezcan a
todos los ciudadanos el acceso a un juez independiente. No solicitamos en absoluto a los Estados miembros que tengan el mismo sistema judicial, simplemente les pedimos que respeten una serie de estándares europeos en materia de independencia del
sistema judicial e independencia e
2 Este Diario de Sesiones refleja una interpretación al castellano no autenticada de intervenciones realizadas en francés.
imparcialidad de los jueces de forma independiente. Estos criterios, además, están definidos por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Esto figura en el informe. Nos remitimos a las decisiones de este tribunal, así como a las
decisiones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que aporta aproximadamente las mismas conclusiones sobre el concepto de independencia de la justicia e independencia de los jueces de forma individual.
En el caso concreto de la situación española, lo que hemos analizado son las preocupaciones relacionadas con el bloqueo de la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Debo decirles que le prestamos la misma atención al conjunto de
los sistemas judiciales de los veintisiete Estados miembros. Lo que decimos es que si un Estado miembro decide poner en marcha un Consejo General del Poder Judicial o un consejo de la Magistratura -se llame como se llame-, hay que respetar una
serie de normas y entre estas normas destaca una -de hecho, se ha mencionado hoy-, la no aplicación de los principios en el conjunto de los Estados miembros. Estas normas, como he mencionado en mi introducción, proceden del Consejo de Europa. La
idea de que el Consejo General del Poder Judicial tenga que estar compuesto por una mayoría de jueces elegidos por sus pares, por otros jueces, no es una imposición de la Comisión Europea, sino que es una decisión del Comité de Ministros del Consejo
de Europa. Les recuerdo que España forma parte del Consejo de Europa, como el resto de Estados de la Unión Europea. Es una decisión que se tomó en 2010, no es una decisión nueva; simplemente pedimos que cuando se instala un Consejo General del
Poder Judicial tiene que respetar esta norma. Quisiera señalarles que lo que se está haciendo, por ejemplo, en el Gran Ducado de Luxemburgo con la revisión de la Constitución es transformar este Consejo para conseguir que esté compuesto por una
mayoría de jueces. También puedo citarles el caso de Italia, que acaba de reformar su sistema. No solo ha habido elecciones este mes en Italia, sino que también ha habido elecciones para el nombramiento de los jueces al Consejo General del Poder
Judicial. Seguiremos solicitando que las evoluciones vayan hacia este sentido y que se dé respuesta a los criterios que constan en la Unión Europea.
Me ha hablado también de las altas jurisdicciones de la Unión Europea; por ejemplo, el Tribunal de Derechos Humanos. Todo ello figura en decisiones de las que se hace parte al Consejo de Ministros. Creo que tenemos que prestar atención a
todo ello, pero en España la principal preocupación es el hecho de que no haya renovación del Consejo General del Poder Judicial, con las consecuencias que esto tiene para el funcionamiento del sistema judicial. Cada vez hay más plazas vacantes en
el Tribunal Supremo y, como consecuencia, es más difícil conseguir que haya fallos, decisiones judiciales; cada vez hay menos fallos, y se pueden poner muchos más ejemplos de otras consecuencias. Por tanto, en el informe instamos de forma
explícita, en primer lugar, a la renovación del Consejo. Evidentemente, hay una legislación que ya existe y a posteriori puede haber un procedimiento que se ponga en marcha para la reforma, respetando el ámbito de nombramiento de los jueces y
respetando también el criterio europeo que acabo de mencionar. Es cierto que hay muchos debates sobre la reforma, si se tiene que hacer antes la reforma. Constato que hay un bloqueo y también que hay una preocupación. La preocupación principal
por las conclusiones de este bloqueo es que no se pueden nombrar funciones en la magistratura española. Por tanto, es necesario la renovación. También he escuchado las menciones y me he reunido con la ministra de Justicia, con otros miembros del
Gobierno y mañana también tendré reuniones con responsables de grupos políticos. Estoy encantado de escucharles, pues lo que he escuchado se corresponde con la realidad: una voluntad de realizar esta renovación del Consejo General del Poder
Judicial y, por tanto, de lograr un procedimiento para organizar la reforma.
El punto siguiente es la puesta en marcha. Se ha mencionado que ha habido una serie de recomendaciones publicadas que después no se ponen en marcha. Quiero recordarles que es la primera vez que el informe contiene recomendaciones y,
evidentemente, vamos a hacer un seguimiento de la aplicación en el informe 2023, en la cuarta edición. Habrá, evidentemente, una evaluación de la aplicación de las recomendaciones que se han formulado, no solo las dos de la justicia en el caso de
España, sino el resto de las recomendaciones para los demás Estados miembros. Será, por tanto, un momento importante, quizá más importante para España, que coincidirá, además, con la Presidencia española del Consejo de la Unión Europea. Por tanto,
yo creo que vamos a prestar mucha atención a las reformas que se lleven a cabo en España en el momento que comience su Presidencia. También quiero decirles que si no hay un seguimiento sobre el respeto de las normas europeas, el informe es una
herramienta principal para el debate sobre el Estado de derecho. En el seno de la Comisión también tenemos otras herramientas a nuestra disposición: la elección en la Comisión. Cuando tenemos un problema más sistémico -algunos han mencionado
problemas importantes como, por ejemplo, los procedimientos contra Polonia o
Hungría-, podemos recurrir al Tribunal de Justicia con procedimientos de infracción y conseguir condenas financieras -de hecho, se hace a menudo- por el incumplimiento de las normas relacionadas con la independencia de la justicia. Esto ya
ha sucedido en el caso de Polonia. Hemos conseguido una multa de un millón de euros al día por el incumplimiento de la disciplina de los jueces polacos; esto representa más de 300 millones de euros que se van a reclamar a Polonia. Por tanto, hay
muchos ejemplos. Podemos recurrir al Tribunal y lo hacemos contra diferentes Estados miembros.
Se ha mencionado también el plan de recuperación. Otra elección para la Comisión es acudir al Consejo con otras recomendaciones específicas por Estado miembro. En el semestre europeo pedimos reformas de la justicia en estas
recomendaciones. Lo hacemos a través de los planes de recuperación y de resiliencia. Pedimos que en estos planes no solo haya inversiones para la transición digital y la transición verde, sino que también haya reformas procedentes del semestre
europeo, que se aplican a la justicia, a la lucha contra la corrupción. Si no, no hay pagos. Por eso hay una serie de reformas que se están llevando a cabo de manera más rápida gracias a la presión presupuestaria en una serie de Estados miembros.
Como saben, desde 2020 tenemos una herramienta particular, que es la condicionalidad, que nos permite vincular la concesión de los fondos europeos al respeto de las normas del Estado de derecho si hay vulneraciones del Estado de derecho que puedan
afectar a los procedimientos financieros. Es lo que hemos hecho en el caso de Hungría, por ejemplo. Por tanto, estén seguros de que vamos a seguir la evaluación de las reformas en los Estados miembros, por supuesto con el informe, pero también con
otras herramientas cuando sea necesario.
Por último -y me voy a centrar en diferentes preguntas-, podemos actuar respetando también en el seno de la Comisión el Estado de derecho. Con esto quiero decir que reaccionamos cuando la Unión Europea es competente. En la organización de
la justicia los Estados miembros son competentes, tienen que decidir la forma en la que tienen que organizar los tribunales, por ejemplo. No solicitamos que haya un sistema idéntico en todos los Estados miembros. Lo repito, simplemente se pide que
se cumpla con los compromisos que han adoptado los Estados en los tratados y en la Carta, es decir, el derecho de que todos los ciudadanos y todas las empresas u organizaciones tengan acceso a un juez independiente. Esto es lo que les pedimos, es
nuestra competencia.
En cuanto a la organización del sistema judicial, depende de cada uno de los Estados miembros. Igualmente, la organización del Estado, de forma amplia, depende de los Estados miembros. Yo sé que en España y en otros Estados hay debates
sobre la estructura unitaria, federal, regional y provincial de los Estados, es una competencia estatal. Nosotros no tenemos competencia. No podemos decirles cómo se tiene que organizar un Estado en las relaciones con las entidades regionales o
provinciales, independientemente del nombre que se le dé. Yo sé que hay mucho debate, sobre todo una serie de evoluciones en materia de autonomía regional o provincial, pero este es un problema constitucional español, como la organización de los
Estados federales en España, es un problema constitucional de los Estados miembros. No es un aspecto que dependa directamente de nuestra competencia. Asimismo, las penas que se pueden aplicar a una serie de delitos es una competencia nacional,
salvo cuando tengamos un asunto en el que podamos intervenir para acercar los diferentes puntos de vista.
Evidentemente, el debate que ha habido hoy sobre las gracias es un tema que puedo abordar con los ministros de Justicia. También puedo hablar de las condiciones de detención antes de la celebración del juicio, pero de nuevo esta es una
competencia nacional que intentamos armonizar. Por ejemplo, en este tema quisiéramos presentar recomendaciones de la Comisión, pero no es una herramienta jurídica que imponga reglas porque no tenemos la capacidad, salvo que los Estados miembros por
unanimidad cambiaran las competencias de la Unión en esta materia.
También se ha mencionado la libertad de prensa. Les invito a leer -o a releer en el caso de algunos de ustedes- el tercer capítulo de nuestro informe sobre los Estados miembros, y especialmente sobre España. Hay recomendaciones también
para reforzar el pluralismo de los medios, incluso en España, reforzar las herramientas y la independencia de las autoridades. También podemos desarrollar otras herramientas para intentar reforzar la independencia de los medios, el pluralismo. El
Parlamento Europeo y el Consejo tienen también la ocasión de abordar estos asuntos.
Asimismo, se ha mencionado el informe sobre Pegasus. Hemos reaccionado muy pronto, tanto sobre el uso de este programa espía, Pegasus, como sobre otro programa, Predator, en Grecia. Se ha escrito a cuatro Estados miembros, con los que
hemos tenido debates específicos. Les recuerdo que he mencionado a las autoridades españolas que deseamos recibir una respuesta detallada sobre la situación en España, cuáles son los procedimientos en curso, las normas aplicables en el uso de este
tipo de
programas, pero, independientemente del Estado, les recuerdo que la seguridad nacional es una competencia de los Estados miembros. Esto no quiere decir que no tengamos ninguna capacidad de acción. Cuando los Estados utilizan la excepción
de seguridad nacional para poner en marcha una serie de investigaciones, estas decisiones tienen que ser proporcionales con la situación y esas decisiones tienen que ser necesarias, tienen que cumplir con la necesidad de la proporcionalidad. Hay
elementos de derecho europeo que pueden entrar en marcha, como el reglamento sobre la protección de datos. Por tanto, tenemos capacidad de acción. Por eso hemos pedido a los diferentes Estados miembros que nos respondan exactamente sobre la
situación concreta en el país, tanto desde el punto de vista de la legislación existente como de su aplicación, las investigaciones parlamentarias o del Defensor del Pueblo, en el caso de todos estos asuntos, y veremos si hay una evolución que nos
permita poner en marcha a nivel europeo todas estas reformas.
Esto es lo que yo quería presentarles un poco grosso modo. Cuando es necesario conseguir mayorías que van más allá de las mayorías simples de las que disponen los gobiernos, yo sé que es más difícil poner en marcha las reformas. Lo sabemos
en la Unión Europea, que ciertas decisiones en el Consejo se tienen que tomar por unanimidad y que ciertas decisiones requieren la mayoría cualificada. Invito a los grupos, independientemente del grupo que sea, a que reflexionen sobre la necesidad
de poner en marcha un cierto número de estándares europeos, especialmente en el ámbito de la justicia.
Para concluir, quisiera decirles que le prestamos mucha atención a la organización de la justicia, porque la independencia, la imparcialidad, la eficacia de la justicia, son los elementos que necesita la protección, porque protegen los
derechos de los ciudadanos. Si no tenemos una justicia independiente, de calidad, imparcial, eficaz, que dé una decisión judicial en un plazo lógico, no hay una protección real de los derechos que figuran en los tratados, en la Carta de Derechos
Fundamentales o en su Constitución o en las demás constituciones europeas. Por tanto, invito a todos los grupos europeos para que consigan las reformas que permitan el refuerzo de la justicia, la imparcialidad de los sistemas judiciales, y
participen en todas estas reformas. Como he mencionado, en el caso del Consejo General del Poder Judicial, creo que es necesaria su renovación y que se ponga en marcha una reforma para cumplir con los estándares europeos en los próximos
nombramientos.
Señora presidenta, señoras y señores diputados, esto es lo que quería decirles para mencionar todos los asuntos que han salido en el debate. Evidentemente, yo sé que no están todos los temas. Tendríamos que centrarnos en todos los derechos
fundamentales. Y, por ejemplo, las fuerzas del orden es un asunto que no ha salido. Me he centrado en cuatro temas que ya he mencionado, pero, evidentemente, tenemos que centrarnos en la Carta de Derechos Fundamentales y lo vamos a hacer este año;
vamos a trabajar con los grupos de la sociedad civil y vamos a prestar atención a toda una serie de asuntos que no están ahora mismo en el informe.
Muchísimas gracias por este debate. Espero que, si tengo la ocasión de volver, pueda seguir debatiendo con ustedes el cuarto informe sobre el Estado de derecho, que quizá incluya menos recomendaciones, porque ya se han hecho las
aplicaciones que ahora mismo les estamos solicitando.
La señora PRESIDENTA: Muchísimas gracias, señor Reynders, por acompañarnos hoy a los diputados y senadores que somos miembros de esta Comisión para la Unión Europea.
Suspendemos la sesión dos minutos para continuar con el orden del día y despedir al señor Reynders. (Pausa).
DEBATE SOBRE CONTROL DE SUBSIDIARIEDAD DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS DE LA UNIÓN EUROPEA:
- PROPUESTA DE REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO RELATIVO A LAS INDICACIONES GEOGRÁFICA DE VINOS, BEBIDAS ESPIRITUOSAS Y PRODUCTOS AGRÍCOLAS Y A LOS REGÍMENES DE CALIDAD DE LOS PRODUCTOS AGRÍCOLAS DE LA UNIÓN EUROPEA, POR EL
QUE SE MODIFICAN LOS REGLAMENTOS (UE) NÚMERO 1308/2013, (UE) 2017/1001 Y (UE) 2019/787 Y SE DEROGA EL REGLAMENTO (UE) NÚMERO 1151/2012 (COM (2022) 134 FINAL) (COM (2022) 134 FINAL ANEXOS 1 A 3) (2022/0089 (COD)) (SEC (2022) 197 FINAL) (SWD (2022)
135 FINAL PARTS 1,2) (SWD (2022) 136 FINAL). (Número de expediente del Congreso 282/000181 y número de expediente del Senado 574/000163).
La señora PRESIDENTA: Se reanuda la sesión.
Comenzamos con el debate sobre control de subsidiariedad de las siguientes iniciativas legislativas de la Unión Europea. En primer lugar, y como punto número 2 del orden del día, la propuesta de reglamento del Parlamento Europeo y del
Consejo relativo a las indicaciones geográfica de vinos, bebidas espirituosas y productos agrícolas y a los regímenes de calidad de los productos agrícolas de la Unión Europea, por el que se modifican los reglamentos número 1308/2013 y 2019/787 y se
deroga el reglamento número 1151/2012.
Se ha recibido informe del Gobierno. Se ha presentado informe por el señor Gómez-Reino Varela, que no está presente, con lo cual daremos por defendido el informe. Creo que todos ustedes lo han recibido. ¿Algún grupo parlamentario quiere
intervenir en este punto del orden del día? (Pausa). Entiendo que puede darse por aprobado por asentimiento. (Asentimiento). Queda aprobado por asentimiento.
- PROPUESTA DE REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO SOBRE LAS NORMAS DE CALIDAD Y SEGURIDAD DE LAS SUSTANCIAS DE ORIGEN HUMANO DESTINADAS A SU APLICACIÓN EN EL SER HUMANO Y POR EL QUE SE DEROGAN LAS DIRECTIVAS 2002/98/CE Y
2004/23/CE (TEXTO PERTINENTE A EFECTOS DEL EEE) (COM (2022) 338 FINAL) (2022/0219 (COD)) (SEC (2022) 304 FINAL) (SWD (2022) 189 FINAL) (SWD (2022) 190 FINAL) (SWD (2022) 191 FINAL). (Número de expediente del Congreso 282/000182 y número de
expediente del Senado 574/000164).
La señora PRESIDENTA: Pasamos al punto número 3 del orden del día: Propuesta de reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre las normas de calidad y seguridad de las sustancias de origen humano destinadas a su aplicación en el ser
humano y por el que se derogan las Directivas 2002/98/CE y 2004/23/CE. Se ha recibido informe del Gobierno e interviene para presentarlo el señor Moreno Palanques en turno máximo de cinco minutos.
El señor MORENO PALANQUES: Muchísimas gracias, señora presidenta.
Efectivamente, es una propuesta de reglamento que modifica dos directivas. Se basa en el artículo 168.4 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y otorga a la Unión el mandato de determinar medidas que establezcan altos niveles de
calidad y seguridad de las sustancias de origen humano. Teníamos la directiva de la sangre de 2002, que en parte dio origen a lo que impulsó la Presidencia europea de entonces, con el Gobierno del Partido Popular, y la directiva sobre tejidos y
células de 2004, que han contribuido a garantizar la seguridad de millones de pacientes que han recibido transfusiones sanguíneas, trasplantes y también ciclos de reproducción asistida.
Cada año tenemos 25 millones de transfusiones -para demostrar la importancia que tiene el tema-, un millón de ciclos de reproducción asistida, 35 000 trasplantes de citoblastos, especialmente en el caso de leucemias, y cientos de miles de
tejidos de sustitución. Es obvio que lo que se aprobó hace veinte años no tiene en cuenta el estado actual de la ciencia y la técnica y hay que actualizarlo para tener en cuenta, precisamente, esos avances y solucionar algunas deficiencias que se
han puesto de manifiesto especialmente con la COVID-19.
La propuesta tiene por objeto, por lo tanto, subsanar esas deficiencias. Es parte también de la estrategia farmacéutica para Europa que se está desarrollando y forma parte del objetivo de la Unión para construir una Unión Europea de la
salud más fuerte. Establece vínculos con el ECDC, el Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades, que se pretende reforzar dentro de esa estrategia europea de la salud. Y en relación con el principio de subsidiariedad, es
obvio que hay enfermedades como el virus del Zika o la hepatitis B y D que constituyen amenazas transfronterizas cuando estamos trasladando tejidos o células de un país a otro. El aumento de esos intercambios transfronterizos de sustancias de
origen humano requiere una cooperación cada vez más estrecha para que sigan siendo rastreables, y luego hay ciertos conocimientos que son muy específicos y que no todos los Estados miembros tienen para poderlos aplicar. Al proporcionar un marco de
cooperación transfronteriza, las medidas a nivel de la Unión son la opción más indicada para abordar de forma eficaz esas cuestiones.
En cuanto a la proporcionalidad, se limita a aquellos aspectos que los Estados miembros no pueden lograr satisfactoriamente por sí solos. Exige a los centros de transfusión sanguínea y a los establecimientos de tejidos que cumplan con
normas de seguridad y calidad que han sido elaboradas por el ECDC y por la Dirección Europea para la Calidad de los Medicamentos y la Asistencia Sanitaria, que es un órgano del Consejo de Europa, y evita la necesidad de tener que reelaborar
directrices cada vez, garantizando un alto nivel de armonización si solamente seguimos, a través de lo que ahora introducimos como reglamento, las
normas que emanan precisamente de esos organismos. Aumentar el nivel de seguridad y calidad reduce la necesidad de controles transfronterizos y, por lo tanto, facilita el acceso a los pacientes. El reglamento es el instrumento más
adecuado, ya que es directamente aplicable, y esa armonización mínima era motivo clave antes de la reducción de la confianza entre los Estados miembros y ahora lo que se va a hacer es aumentarla para facilitar el transporte transfronterizo.
Por todos esos motivos, entendemos que la propuesta de reglamento es conforme al principio de subsidiariedad establecido en el vigente Tratado de la Unión Europea.
Muchísimas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Moreno. ¿Algún grupo parlamentario desea intervenir en este punto? (Pausa). ¿Podemos entenderlo aprobado por asentimiento? (Asentimiento). Queda aprobado por asentimiento.
- PROPUESTA DE REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO POR EL QUE SE ESTABLECEN NORMAS PARA PREVENIR Y COMBATIR EL ABUSO SEXUAL DE LOS MENORES (TEXTO PERTINENTE A EFECTOS DEL EEE) (COM (2022) 209 FINAL) (COM (2022) 209 FINAL ANEXOS)
(2022/0155 (COD)) (SEC (2022) 209 FINAL) (SWD (2022) 209 FINAL) (SWD (2022) 210 FINAL) (SWD (2022) 191 FINAL). (Número de expediente del Congreso 282/000183 y número de expediente del Senado 574/000165).
La señora PRESIDENTA: Pasamos al punto 4 del orden del día: Propuesta de reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establecen normas para prevenir y combatir el abuso sexual de los menores. Se ha recibido informe del
Gobierno e intervendrá para presentarlo la señora Mínguez Sierra.
La señora MÍNGUEZ SIERRA: Gracias, presidenta. Buenas tardes.
El objetivo de la propuesta de la Comisión Europea y el Parlamento Europeo para la creación de un nuevo reglamento es establecer un marco jurídico claro y armonizado para prevenir y combatir el abuso sexual de menores en línea; ofrecer
seguridad jurídica a los prestadores en cuanto a sus responsabilidades de evaluar y mitigar los riesgos y, en caso necesario, detectar, denunciar y eliminar tales abusos en sus servicios.
En el año 2010 se realizaron 23 000 denuncias ante las instituciones judiciales por abuso sexual a menores de la Unión Europea; en el año 2020 fueron más de un millón. La sociedad ha roto el tabú sobre estos crímenes y tenemos la
obligación social de ayudar y proteger a las víctimas. Uno de los ámbitos en los que esta lucha es más necesaria es en la regulación del mundo digital, debemos convertir a las empresas proveedoras de servicios digitales que operan en Europa en una
parte de la solución, obligándolas a detectar y denunciar ante las autoridades los abusos sexuales a menores en línea.
Los abusos y la explotación no conocen fronteras, las imágenes de los delitos cometidos en un país se distribuyen y se ven en todo el mundo, las víctimas rara vez denuncian. En muchos casos los abusos solo salen a la luz cuando los actos de
los perpetradores se detectan en línea. Los proveedores de servicios en línea desempeñan un papel esencial en la denuncia de estos abusos vía la autorregulación. Lamentablemente, el actual sistema de denuncias de forma voluntaria no es del todo
eficaz. Ha habido 21 700 000 denuncias en el mundo y 65 millones de imágenes y vídeos descubiertos, estas son las apabullantes cifras que la Comisión Europea detalla en su Informe para la lucha contra el abuso sexual infantil. Según el informe,
los Estados miembros de la Unión Europea somos el lugar de almacenaje del 60 % del material abusivo del mundo. De todas las denuncias, 20 millones provienen de Meta, matriz de Facebook e Instagram; 500 000 de Google y sus plataformas y el resto de
otras. Si nos guiásemos exclusivamente por estas cifras, podríamos llegar a la conclusión de que los abusadores se concentran en un determinado servicio. Lamentablemente, sabemos que no es el caso, que una empresa abarque el 95 % de las denuncias
voluntarias infiere que debemos actualizar nuestras herramientas en esa lucha.
Esta propuesta de legislación europea avanza en esa línea y consta de dos ejes centrales. Uno, imponer a las empresas obligaciones relativas a la detección, denuncia, eliminación y bloqueo del material conocido y nuevo de abuso sexual a
menores, así como del embaucamiento de menores, independientemente de la tecnología utilizada en los intercambios en línea, creando herramientas para esta tarea que deberán ser lo menos intrusivas posible, que usen la información estrictamente
necesaria y un desempeño siempre anónimo hasta que se detecte el material abusivo. Dos, establecer el Centro de
la Unión Europea sobre el abuso sexual de menores como una agencia descentralizada que creará, mantendrá y gestionará bases de datos de indicadores de abusos de menores en línea, que los prestadores deberán utilizar para cumplir las
obligaciones de detección y facilitará la cooperación y el intercambio de información y conocimientos especializados; en particular a efectos de prevención y elaboración de políticas basadas en pruebas.
El mundo digital y sus proveedores de servicios, que cuentan con oficinas en un país, servidores en otro y usuarios en todos, hacen ineficiente los requisitos ya impuestos por algunos Estados miembros de manera individual. Por consiguiente,
los requisitos nacionales marcados a estos agentes del mercado para hacer frente a los abusos sexuales contra los niños en línea aumentan la fragmentación del mercado único digital y suponen importantes costes de cumplimiento para los proveedores.
La naturaleza de estos crímenes justificará el rango comunitario de la medida. Los Estados miembros por sí solos no pueden combatir esta lacra, el fin de esta propuesta es garantizar la igualdad de condiciones de los proveedores de Internet en el
mercado único digital, en paralelo a la adopción de medidas que prevengan y combatan el abuso sexual infantil en línea.
Una actuación a nivel de la Unión Europea puede lograr el objetivo de eliminar los obstáculos al mercado único digital para todos los servicios en cuestión, aumentar la seguridad jurídica para los proveedores y reducir el coste del
cumplimiento, garantizando al mismo tiempo que los requisitos impuestos a los agentes del mercado para hacer frente al abuso sexual infantil en línea sean eficaces en virtud de su aplicabilidad uniforme en todo el territorio de la Unión Europea.
Por todos los motivos expuestos, la Comisión mixta, esta Comisión, entiende que la propuesta del reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establecen normas para prevenir y combatir el abuso sexual de los menores es
conforme al principio de subsidiariedad establecido en el vigente Tratado de la Unión Europea.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Mínguez.
¿Algún grupo parlamentario desea intervenir en este punto? (El señor Sánchez García pide la palabra).
Señor Sánchez.
El señor SÁNCHEZ GARCÍA: Sí, quería preguntarle a la ponente del informe si ella considera que este abuso sexual de menores en línea puede ser calificado como explotación sexual de menores y/o como delincuencia informática.
La señora PRESIDENTA: Señor Sánchez, creo que corresponde que haga alusión a su voto a favor o en contra del informe. No se trata de pedir explicaciones sobre la redacción del informe, el letrado nos podrá indicar.
El señor SÁNCHEZ GARCÍA: ¿No hay explicación? ¿No hay respuesta?
La señora PRESIDENTA: ¿Va a expresar su voto a favor o en contra del informe?
El señor SÁNCHEZ GARCÍA: Es que no lo entiendo, tengo duda de que se cumpla el artículo 83, párrafo segundo, del Tratado del Funcionamiento.
La señora PRESIDENTA: ¿Procedemos a la votación del mismo? ¿Tenemos quorum suficiente para votar?
El señor MORENO PALANQUES: Si me permite, presidenta. ¿Hay alguien que esté en contra antes de proceder a la votación, más allá de la aclaración que ha pedido su señoría el señor Sánchez? ¿Hay alguien que esté en contra?
La señora PRESIDENTA: Señor Sánchez, ¿desea que este informe se vote? (El señor Sánchez García: Me es indiferente). Si le es indiferente, ¿podemos aprobarlo por asentimiento? (Asentimiento).
Queda aprobado por asentimiento.
- PROPUESTA DE REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO POR EL QUE SE ESTABLECE EL REFUERZO DE LA INDUSTRIA EUROPEA DE DEFENSA MEDIANTE LA LEY DE ADQUISICIÓN COMÚN (COM (2022) 349 FINAL) (2022/0219 (COD)). (Número de expediente del
Congreso de los Diputados 282/000184 y número de expediente del Senado 574/000166).
La señora PRESIDENTA: Pasamos al punto quinto del orden del día, que es la propuesta del Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece el refuerzo de la industria europea de defensa mediante la Ley de Adquisición
Común. Se ha recibido informe del Gobierno e intervendrá para presentarlo el señor Sánchez García.
El señor SÁNCHEZ GARCÍA: Gracias.
La propuesta es relativa a la defensa, materia que no es de competencia compartida entre la Unión y los Estados miembros, ni siquiera es materia sobre la que la Unión Europea pueda llevar a cabo acciones de apoyo, coordinación o complemento
de la acción de los Estados miembros, de acuerdo con el artículo 6 del Tratado de Funcionamiento, que no es materia de competencia compartida del artículo 4. Por consiguiente, no es claro que deba ser examinada su conformidad con el principio de
subsidiariedad, siquiera.
La exposición de motivos y los considerandos de dicha propuesta son, al invocar al efecto el apoyo a la competitividad de la industria europea y el artículo 173.3 del Tratado de Funcionamiento, escasamente convincentes y aun contradictorios
con los también invocados refuerzos de las capacidades de defensa de Europa en vista de la agresión militar de Rusia contra Ucrania. Según los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión en la reunión celebrada en Versalles el 11 de marzo de 2022, la
reducción de los déficits financiero, industrial y de capacidad en materia de defensa y el restablecimiento urgente de la preparación en materia de defensa para el combate en la guerra de Ucrania en general y reabastecimiento de las existencias de
material en tal conflicto para la asistencia de la Unión Europea a Ucrania, con arreglo a la comunicación conjunta de la Comisión Europea y el Alto Representante el 18 de mayo de 2022.
Sabido lo anterior, la propuesta legislativa sobre la que se informa dispone que el llamado instrumento de corto plazo que crea para el refuerzo de la industria europea de defensa mediante la Ley de Adquisición Común, según dice el artículo
primero, se financie por importe de 500 millones de euros con cargo al presupuesto de la Unión Europea de 2022 a 2024, dentro del marco financiero plurianual, por lo que, uno, no parece que suponga una contribución adicional de los Estados miembros
al referido presupuesto -digo que no parece, yo no acabo de entenderlo-; y dos, que ello es sin perjuicio de la participación de los Estados miembros con carácter voluntario así como de otros, según dispone el artículo 5.
Por lo tanto, con arreglo a cuanto antecede y a un entendimiento amplio del principio de subsidiariedad, más allá del artículo 5.1 y 3 del Tratado de la Unión Europea, se podría concluir que la propuesta es conforme al principio de
subsidiariedad.
La señora PRESIDENTA: ¿Algún grupo parlamentario desea intervenir en este punto del orden del día? (El señor Moreno Palanques pide la palabra).
Señor Moreno.
El señor MORENO PALANQUES: Muchísimas gracias, señora presidenta, y muchísimas gracias, señor Sánchez, don José María.
No voy a entrar en el debate jurídico, especialmente porque a usted le caracteriza una profunda formación en esta materia y no voy a entrar en ese debate, pero sí me permitiré hacer algunas reflexiones.
Desde luego, comparto con usted la conclusión, sin ninguna duda, razón por la que, si toda la Comisión está de acuerdo, evidentemente, se aprobará y, probablemente como tal, no sale de esta Cámara. Sin embargo, permítame que discrepe de que
perfectamente este artículo 173.3 lo que pretende es facilitar, siendo un reglamento, por lo tanto, rapidísimamente para que no haya necesidad de trasponer por directivas. Al margen de la utilidad del mecanismo, lo que es de obligado cumplimiento
es como instrumento, pero no para participar, como usted muy bien ha dicho, es decir, es voluntario que se reunieran un mínimo de tres Estados miembros para poder hacer esa compra conjunta.
Teniendo en cuenta, si lo entiendo bien, después de haber leído la COM, que lo que estamos haciendo es intentar facilitar, cada uno como ha podido -España no es precisamente la que mejor parada ha salido ahí-, ese proceso a Ucrania. Por lo
tanto, nosotros hemos perdido -entre comillas- material militar. Ahora lo que la Unión Europea pretende -y voy acabando- es, número uno, facilitar a los Estados miembros que repongan ese material; dos, facilitar ese proceso; tres, incorporar
tecnología, investigación
e innovación, que la Unión Europea está haciendo propia, no de otros países, para incorporar en ese proceso. Al facilitar todo eso, lo que estamos haciendo no solamente es mejorar y preparar a la Unión Europea, no forzando a nadie a
hacerlo, pero sí que se pone una cantidad, los 500 millones de euros, y, por lo tanto, necesitamos reglamentación para hacerlo. Y lo que esperaría -y está bien, porque siempre se lo pedimos a la Unión Europea, por lo menos mi grupo- es que
coordinen; no que armonicen, porque, como muy bien usted ha dicho, no pueden armonizar en esta materia, dado que no es competencia suya, pero sí que coordinen, porque, si no, después de haber dado material bélico a Ucrania, podríamos entrar en una
carrera por reponer lo que teníamos -más moderno, probablemente-, como pasó con las mascarillas y con los respiradores: sálvese quien pueda, a ver quién compra más tanques o más drones o más misiles. Esa compra conjunta facilitada por la Unión
Europea -que se hizo con otro material de la COVID- creo que nos facilita a todos que, efectivamente, podamos avanzar en esa materia.
En todo caso, comparto con usted la conclusión y, por lo tanto, votaremos a favor del informe, teniendo en cuenta que es positivo, más allá de la exposición.
El señor SÁNCHEZ GARCÍA: ¿Puedo decir algo, señora presidente? Es un segundo.
Se ha recibido el informe del Gobierno...
La señora PRESIDENTA: Disculpe, señor Sánchez, no tiene la palabra.
El señor SÁNCHEZ GARCÍA: Perdón.
La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario Socialista, señor Pons.
El señor PONS SAMPIETRO: Intervengo muy brevemente para no extendernos, porque, si no, vamos a tener un segundo debate. Pero sí que coincido en la idea de que estamos en un proceso nuevo, un proceso de innovación, un proceso de
coordinación, y que, además, no tengo duda de que el principio de subsidiariedad se cumple.
No tengo inconveniente en votar a favor, aunque hay algunas de las expresiones que se vierten, como la idea de poco convincente o contradictorio, con las que no nos sentimos cómodos en este grupo.
La señora PRESIDENTA: Señor Sánchez.
El señor SÁNCHEZ GARCÍA: Gracias.
Quiero observar que se ha recibido el informe del Gobierno, lo que pasa es que se ha recibido una vez que yo había enviado el borrador -que lo he enviado muy tarde, por cierto-, de modo que esa parte, ese antecedente, habrá que corregirlo.
Aprovecho para decir que el informe no aclara nada; el informe tiene exactamente diez o doce líneas y no entra en ninguna de las cuestiones que se han mencionado aquí, y que yo creo que el informe, por lo menos, debería haber examinado.
Nada más.
La señora PRESIDENTA: ¿Se puede dar aprobado por asentimiento o quieren que lo sometamos a votación? (Asentimiento).
Queda aprobado por asentimiento.
Muchas gracias.
Se levanta la sesión.
Eran las siete y cuarenta y cinco minutos de la tarde.