CORTES GENERALES


DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES GENERALES


COMISIONES MIXTAS

Año 2022 XIV LEGISLATURA Núm. 138

DE RELACIONES CON EL DEFENSOR DEL PUEBLO

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. VICENTE TIRADO OCHOA

Sesión núm. 13

celebrada el lunes,

20 de junio de 2022

en el Palacio del Congreso de los Diputados

ORDEN DEL DÍA:


Comparecencia del señor Defensor del Pueblo (Gabilondo Pujol), a petición propia para dar cuenta del trabajo desarrollado hasta la fecha para la elaboración de un Informe sobre las denuncias por abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia
católica y el papel de los poderes públicos, que le ha sido encomendado por el Congreso de los Diputados. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 212/002235 y número de expediente del Senado 713/001124) ... href='#(Página2)'>(Página2)

Página 2

Se abre la sesión a las cinco de la tarde.


El señor PRESIDENTE: Buenas tardes.


Se abre la sesión en esta sala Constitucional del Congreso de los Diputados y procedemos a tramitar el único punto del orden del día, que no es otro que la celebración de la comparecencia del defensor del pueblo, a petición propia, para dar
cuenta del trabajo desarrollado hasta la fecha para la elaboración de un informe sobre las denuncias por abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia católica y el papel de los poderes públicos, que le ha sido encomendado por el Congreso de los
Diputados.


Lo primero que quiero hacer es dar la bienvenida a su casa al defensor del pueblo como Alto Comisionado del Congreso y del Senado. Después de darle la bienvenida al defensor y a las dos adjuntas, y también a los miembros de la Mesa y al
letrado, quiero decir que primero le daré la palabra al defensor para que nos informe de lo que estime pertinente, que una vez que el defensor termine daré la palabra a todos y cada uno de los grupos de menor a mayor que quieran intervenir por un
tiempo prudencial de diez minutos -saben que la Presidencia siempre es flexible, pero, como máximo, tendrán diez minutos- y que, posteriormente, volveré a dar la palabra al defensor del pueblo para que pueda contestar a aquellas preguntas que sus
señorías le hayan realizado o para cualquier otra intervención que quiera hacer. Cada uno de los grupos que quieran intervenir tendrá una réplica de dos minutos y cerrará el defensor del Pueblo. Esta será la metodología del trabajo de esta
Comisión.


Sin más dilación, tiene la palabra el defensor del pueblo.


El señor DEFENSOR DEL PUEBLO (Gabilondo Pujol): Buenas tardes. Muchas gracias.


Señor presidente, miembros de la Mesa, señoras y señores portavoces de los grupos parlamentarios, señorías y miembros de la Comisión mixta, es evidente que estamos ante una cuestión bien delicada. En general, los asuntos que se debaten en
sede parlamentaria lo son, pero hemos de reconocer que esta cuestión afecta de modo muy radical a valores implicados en los principios, a convicciones y a otros factores que inciden de modo crucial en la experiencia de la ciudadanía y, en general,
de toda la sociedad. Esto agudiza aún más la percepción de que hemos de proceder, como siempre ha de hacerse, con rigor, con seriedad, con determinación y con responsabilidad.


La proposición no de ley aprobada por el Congreso de los Diputados con una amplísima mayoría encomienda al Defensor del Pueblo la creación de una comisión independiente para elaborar un informe sobre las denuncias por abusos sexuales en el
ámbito de la Iglesia católica y el papel de los poderes públicos. Esta legitimidad de origen, basada en la representación de la voluntad popular, la voluntad de los ciudadanos, tiene como propósito remitir el informe que ha de realizarse para
entregarlo al Legislativo y al Ejecutivo para que procedan, en su caso, de acuerdo con las conclusiones, sugerencias y propuestas realizadas al efecto. Se trata, por tanto, de un asunto que parte del Parlamento y que, a través de un informe
realizado por el Alto Comisionado de las Cortes, habrá de retornar al Parlamento.


El hecho de que se trate de una encomienda subraya el carácter de encargo o de petición para realizar una determinada tarea, frente a la noción de mandato que prescribe en su artículo 6 nuestra ley orgánica reguladora, mostrando así el
vínculo permanente, cooperativo y la matriz que enlaza la acción del Defensor del Pueblo con las Cortes Generales. En esta singular ocasión la encomienda es una llamada a la sociedad y a las instituciones desde el dolor y la experiencia de las
víctimas y de quienes vienen acompañándolas, con lo que el encargo genera condiciones de posibilidad para afrontar su situación, sin pretender apropiarse de lo que ha supuesto y supone para ellas ni de tratar de minusvalorar su repercusión y
alcance.


Debemos analizar también lo realizado en otros países, aprender de ellos y aprender de lo ya investigado en nuestro país por medios de comunicación, como el informe hecho llegar por el diario El País al papa Francisco sobre este asunto y
otro bien reciente, entre otros análisis e informes importantes realizados por el diario, o la meritoria labor de medios locales en condiciones complejas, el trabajo singular de muchos periodistas, de actores de la sociedad civil y de otras
instancias, equipos e instituciones y los documentales, las series con carácter divulgativo y las investigaciones académicas y universitarias. En concreto, hemos solicitado al diario El País que nos facilite la información de que disponga y que
considere relevante para los trabajos que hemos de acometer.


En el Defensor del Pueblo hemos avanzado lo suficiente como para dar cuenta del resultado de esta primera fase de la tarea. Como ya saben sus señorías, mi compromiso es comparecer ante esta Comisión para informar del trabajo y de las
decisiones adoptadas sobre la encomienda, así como -subrayo- para escuchar cuantas propuestas tengan ustedes como autores de la iniciativa que ha dado como resultado

Página 3

esta encomienda, y ello ha de comprenderse en el sentido de aportar indicaciones y sugerencias y de colaborar con el trabajo. Entiendo que su contribución, señorías, es decisiva mediante el diálogo y el debate en esta Comisión mixta, por lo
que también les solicito ayuda e implicación.


Como ustedes saben, el Defensor del Pueblo está reconocida por las Naciones Unidas como la institución nacional de derechos humanos en nuestro país y es, por tanto, también, desde esa función desde la que reclama la colaboración de todas las
instituciones, tanto públicas como privadas, para dar respuesta a la demanda de la sociedad a través de su órgano de representación popular. Debemos situar en el centro de nuestro trabajo a las víctimas porque ellas son, como he señalado, el eje
fundamental de nuestra actuación. Por tanto, abrimos un proceso de escucha activa, tanto si se dirigen al Defensor de forma individual como si lo hacen de forma organizada y articulada mediante asociaciones.


Esta encomienda la asumimos, por tanto, sin ningún apriorismo y como una gran oportunidad de estudiar lo que ha sucedido y de lograr recabar en un informe propuestas, medidas, cambios e iniciativas que logren reparar a las víctimas, así como
de avanzar en todas aquellas modificaciones que impidan que algo así vuelva a suceder, porque ningún país puede quedarse paralizado y menos aún puede avanzar sin reflexionar sobre cómo se ha tratado a sus menores. Ninguna institución, ni pública ni
privada, puede mirar a otro lado si ha tenido conocimiento de tan graves situaciones. Se trata de asumir como una muestra de madurez y de reflexión el hecho de que una sociedad se enfrenta a esto, a los abusos y las agresiones sexuales contra la
infancia. Estos abusos se dan en varios contextos, es cierto, pero es la Iglesia uno especialmente significativo, entre otras razones por el sentido y el carácter de la institución, y esto lo digo, precisamente, desde el respeto.


Plantearse a qué se ha debido, qué ha podido fallar o cómo mejorar es una obligación de la responsabilidad democrática. No hemos de dejar de cuestionarnos cómo se ha llegado a esta situación, a qué causas ha obedecido, qué efectos y
repercusión ha tenido, produciendo efectivamente víctimas, victimarios, pederastas, personas e instituciones, que han de asumir su responsabilidad, y cómo se ha llegado a la convicción de que es imprescindible afrontarla. En este sentido interviene
el Defensor del Pueblo por encargo del Congreso y en coherencia con el trabajo de esta institución en el área de derechos humanos. Se trata de cumplir con los objetivos formales según dicho mandato, pero sin caer en un frío protocolo. Es
imprescindible contactar con las víctimas para conocer la verdad y para contrarrestar la injusticia. Solo a partir del reconocimiento de sus testimonios se puede propiciar una adecuada interpretación de lo sucedido, de ahí que no pueda realizarse
el informe sin ellas. El cuidado que debemos poner hace, como se ha demostrado en otros países, que el proceso mismo pueda ser reparador para las víctimas y para la sociedad, que tiene para con ellas una obligación de solidaridad, y más que ello y
más que eso. A pesar de tratarse siempre de asuntos individuales y personales, hemos de entender que ese lamento, el lamento que es más que eso, ha de resonar en qué podemos hacer y qué pueden hacer con ese dolor las víctimas, y ello plantea retos
decisivos al pensar en el trabajo que debe realizarse. Pero no ha de ignorarse la singularidad de cada víctima y su vivencia individual como factor clave para una verdadera escucha. Este es el elemento fundamental: lograr que se escuche la voz de
las víctimas a través de un organismo público, lo que vivieron, lo que necesitan y lo que ha supuesto en sus vidas.


Esto obliga al Defensor del Pueblo a concebir los procedimientos, el modo de actuar y la estructuración del trabajo de acuerdo con sus planteamientos, asesorado por una comisión independiente con el objetivo de elaborar un informe que
contenga conclusiones y recomendaciones las cuales, como ustedes conocen, se presentarán a las Cortes Generales y al Gobierno de España, a fin de que se adopten las medidas que se consideren necesarias en todos los ámbitos.


Es voluntad de esta institución trabajar con la debida transparencia, respetando a la vez los silencios, el espacio y el tiempo con la discreción que requiere la consideración para con las víctimas y con la confidencialidad que exige el
caso. Las víctimas son merecedoras del derecho a la verdad, la justicia y la reparación.


Es imprescindible el respeto y la escucha a quienes por abusos han venido a ser víctimas, a quienes -y no son pocos casos- han vivido una vida profundamente marcada por dichos abusos, con gravísimas consecuencias, y a quienes con su dignidad
son el centro de lo que haya de hacerse en esta encomienda, sin considerarlas nunca un medio para la elaboración de un informe, sino estimando clave su dolor y su palabra. Las víctimas están en el centro de cuanto hablamos y se tiene la
determinación de ofrecer respuesta a la situación en que se encuentran. Si el Congreso de los Diputados encomienda al Defensor del Pueblo esta tarea o este encargo de elaborar un informe sobre las denuncias por abusos sexuales en el ámbito de la
Iglesia católica y el papel de los poderes públicos, queda subrayado como objetivos, en

Página 4

primer lugar, contribuir a la determinación de estos hechos y responsabilidades; en segundo lugar, la reparación de las víctimas, también por parte de la institución en la que han sucedido los hechos y de sus representantes, y, en tercer
lugar, la planificación de las políticas públicas orientadas a la prevención y atención de los casos de abusos sexuales sobre las niñas, los niños y los adolescentes.


Finalmente, como he dicho, este informe habrá de presentarse ante el Pleno del Congreso de los Diputados para un debate con la participación de los grupos parlamentarios a fin de que ellos, es decir, ustedes, adopten las iniciativas que
consideren convenientes según las conclusiones, las sugerencias e indicaciones o recomendaciones expuestas. Esta encomienda se realizó el 10 de marzo de 2022 y en ella se señaló que durante el desarrollo de los trabajos el Defensor del Pueblo
informaría a la Comisión Mixta de Relaciones con el Defensor del Pueblo de los avances del trabajo encomendado por los cauces reglamentarios pertinentes. Pues en esta situación estamos y esta es la razón por la que a principios de este mes de junio
pedí comparecer por voluntad propia. Les agradezco el hecho de que haya sido posible. Se trata, por tanto, de ver en el día de hoy qué avances se han producido en el trabajo encomendado. Obviamente, se trata de que esta encomienda no paralice la
acción de las tareas que corresponden al Defensor del Pueblo en el desarrollo de su labor ordinaria. Estos últimos tres meses ha habido alrededor de 8000 quejas y más de 7000 llamadas telefónicas, así que lo que hemos hecho ha sido, para empezar,
proseguir trabajando dando respuesta a las demandas ciudadanas, abriendo actuaciones de oficio, elaborando informes y presentándolos en sede parlamentaria y dando cuenta también de los trabajos relativos a la defensa de los derechos constitucionales
y a los que se derivan de ser Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, el MNP.


Contábamos con una encomienda configurada como una idea, pero necesitábamos un proyecto. Si pretendíamos ser eficientes en la tarea a realizar había que pasar de una idea a un proyecto y esto constituía un desafío mucho mayor, pues habíamos
de dotarnos de personas, de medios, de procedimientos, de recursos, de cronograma y de toda la estructura de trabajo para propiciar que las víctimas se sintieran escuchadas y reconocidas y encontraran cauces que respetaran las decisiones y
necesidades que cada quien expresara, consciente de su singularidad y diferencia, y es lo que hemos concebido y procurado. Entendemos que el mejor modo de llevar a cabo esta tarea pasaría por diferenciar tres ámbitos de actuación: uno, una
comisión asesora de expertos; dos, un foro de diálogo con las asociaciones de víctimas y, tres, una unidad técnica dedicada a la atención a las víctimas y de apoyo a la investigación. Las tareas de la encomienda, que desgloso -si es la
determinación de los hechos y de las responsabilidades-, en primer lugar, significan: a) el estudio de la vulneración de derechos de las personas víctimas de abusos sexuales en el ámbito descrito y la concreción de medidas reparadoras; b) detectar
y reconocer las estructuras de oportunidad y el carácter organizativo que han facilitado las acciones individuales de abuso; c) determinar los hábitos y contextos; d) explicitar las características, ámbitos y condiciones en que se han producido
esas situaciones; e) conocer los efectos de los hechos en las víctimas y el impacto de estos abusos en ellas y en su entorno familiar y social; f) analizar los tipos de respuesta, una vez conocido el abuso, de las instituciones eclesiásticas y los
poderes públicos, y g) señalar la ocultación de los hechos, las denuncias silenciadas o el encubrimiento por parte de la institución en la que han sucedido. En segundo lugar, hablando de la reparación de las víctimas: a) proponer los
procedimientos y ámbitos de actuación, teniendo en cuenta las necesidades expresadas por las víctimas y de acuerdo con las posibilidades legales existentes, o qué cabría sugerir de acuerdo con estas posibilidades, o qué cabría modificar; b) ofrecer
canales de escucha y reparación abiertos ante el posible conocimiento de ulteriores nuevos casos; c) establecer programas de justicia restaurativa; d) analizar la viabilidad de la responsabilidad civil, responsabilidad social subsidiaria y no solo
penal, y e) ofrecer desde los poderes públicos una respuesta no solo jurídica, sino también social a las víctimas. En tercer lugar, la planificación de las políticas públicas para la prevención y atención a las víctimas. A partir del conocimiento
de las causas y de lo sucedido, adoptar las medidas en todos los ámbitos a fin de impulsar y proponer las medidas de prevención, formación, difusión e investigación de lo ocurrido con el objeto de establecer protocolos concretos al respecto para
evitar que esto pueda suceder de nuevo.


La comisión asesora determinará las prioridades y los modos de trabajar, de acuerdo con los objetivos de la encomienda. No se trata de constituir un tribunal -la comisión asesora no es un tribunal-, ni de llegar a elaborar unas sentencias,
pero el informe será un primer paso al conocimiento, reconocimiento y a la reparación como obligación del Estado para con las víctimas y como obligación de toda la sociedad para con ellas.

Página 5

Estimamos que la comisión habría de ser, además de independiente, abierta y plural y que debiera dar cuenta también de lo que la propia sociedad representa, a fin de lograr un informe que no fuera sesgado, ni ideológicamente ni en ningún
sentido, sino que estuviera centrado en los objetivos señalados e, insisto, en la dignidad y respeto a la justicia y reparación a las víctimas. Su conformación ha buscado -alejado de cualquier otro efecto- reunir a personas, acreditadas en su labor
y en su disciplina, pertinentes para el trabajo que ha de realizarse, según los objetivos señalados. Ello nos condujo a iniciar una serie de conversaciones, entrevistas y reuniones -solo cuento las que han sido externas, más de treinta- con
diversos organismos y con distintas instituciones, asociaciones y personas que, por su labor profesional, por su ocupación o desempeño, han obtenido experiencia, conocimiento e implicación y, en su caso, competencias en asuntos decisivos para
definir acertadamente lo que habría de realizarse. Desde el primer momento consideré que si la Iglesia católica participaba explícitamente en el proceso asesorando junto a otros expertos, profesionales competentes con experiencia, con una formación
que pudiera aportar perspectivas necesarias y diversas, el informe resultaría más fecundo y podría tener un mayor alcance, algo que, sin embargo, otras personas consultadas ponían y ponen en cuestión. Tras diferentes conversaciones con el
secretario general de la Conferencia Episcopal, don Luis Argüello, y finalmente con el presidente de la misma, el cardenal don Juan José Omella, la Iglesia católica, como institución, desestimó formar parte de la comisión asesora, señalando que ello
no supondría dejar de colaborar siempre dentro de la ley, expresión que, siendo innecesaria -por supuesto, siempre dentro de la ley- por presupuesta, parece indicar alguna circunstancia de los límites de esa colaboración. Ello no supone por nuestra
parte excluir la tarea realizada y la experiencia vivida en diversos ámbitos en el seno de la propia Iglesia y de personas dispuestas a aportarla dentro de la comisión o a ella a través de sus comparecencias.


Por otra parte, me reuní también con el presidente de la Conferencia Española de Religiosos, de la CONFER, Don Jesús Díaz Sariego, quien ha mostrado, asimismo, la voluntad de colaborar, y ha señalado: Estamos a la espera, en coordinación
con la Conferencia Episcopal, de lo que el Defensor del Pueblo pueda solicitarnos para esclarecer los abusos en el seno de la Iglesia. Queda por ver y queda por definir, por tanto, en qué términos concretos se dará esta colaboración. También
nosotros estamos a la espera.


A la par, diversas asociaciones de víctimas mostraban sus preocupaciones y sus prioridades, contando con todo un itinerario de actuaciones que merecen nuestro reconocimiento, y cuyas voces han de encontrar un espacio para hacer valer sus
buenas razones; todo ello desde una diversidad de perspectivas que coinciden en situar a las víctimas en el corazón de las decisiones que han de adoptarse al respecto.


El trabajo se va a desarrollar con un equipo de asesoramiento independiente a la comisión asesora. La comisión estará compuesta por veinte personas -luego podemos comentar por qué tantas o tan pocas- y diecisiete de ellas son asesores
externos. También formarán parte de la comisión la institución Defensor del Pueblo, la adjunta primera, la adjunta segunda y yo mismo como presidente de la misma y como titular de la institución, tal y como señala la encomienda. Esta presencia de
doña Teresa Jiménez-Becerril y doña Patricia Bárcena ratifica aún más el compromiso de toda la institución, la implicación de la misma y la búsqueda de un informe de pluralidad y de consenso institucional; es por lo que vamos a trabajar.


Estas diecisiete personas, como digo, pertenecen al ámbito profesional o académico, con experiencia en la atención a las víctimas, con conocimientos en victimología o en el ámbito jurídico, en derecho penal, en derecho administrativo, en
derecho canónico y en derecho constitucional o son especialistas en derechos humanos. Además, hay profesionales que han dedicado su vida a la docencia, a los jóvenes o han escrito o estudiado sobre las consecuencias de traumas infantiles en la vida
adulta. Estos expertos tienen, a nuestro juicio, a mi juicio, capacidades acreditadas para el estudio académico y científico y competencia profesional para abordar los espacios que entendemos en esta primera fase del trabajo que hay que explorar.


Se trata de las siguientes personas mencionadas por orden alfabético: Xabier Arzoz Santisteban, catedrático de Derecho Administrativo de la UNED y titular de la Cátedra Jean Monnet de integración a través de los derechos fundamentales de la
Unión Europea, quien también ha sido letrado del Tribunal Constitucional; Olga Belmonte García, profesora de Filosofía en la Universidad Complutense de Madrid, autora de Víctimas e ilesos, ensayo sobre la resistencia ética; Leticia de la Hoz,
abogada del Colegio de Gijón y abogada rotal por la Nunciatura Apostólica, miembro de Justice Initiative, respuesta europea a los casos de abusos contra la infancia; Miguel García-Baró López, miembro de número de la Real Academia

Página 6

de Ciencias Morales y Políticas, catedrático de Filosofía de la Universidad Pontificia de Comillas, coordinador del Proyecto Repara de la Archidiócesis de Madrid; Juan Carlos González Martín, licenciado en Derecho y Filosofía y miembro de
Eshmá, organización para el acompañamiento a supervivientes de abusos sexuales, quien ha asesorado a instituciones religiosas en la implantación de entornos seguros, protocolos y políticas institucionales de prevención; Araceli Medrano Samaniego,
psicoterapeuta especializada en víctimas de abusos sexuales y víctimas de violencia de género, doctora en Psicología por la Universidad del País Vasco y profesora del máster en intervención y mediación familiar de la Universidad de Deusto; Lourdes
Menacho Vega, presidenta del Consejo General de Colegios de Educadoras y Educadores Sociales y experta universitaria en la acción socioeducativa con infancia, adolescencia y juventud en acogimiento residencial por la Universidad de Málaga; Paula
Merelo Romojaro, autora del libro Adultos vulnerados en la Iglesia, licenciada en Ciencias Biológicas por la Universidad Complutense de Madrid y profesora de enseñanza secundaria; María Elena Olmos Ortega, catedrática de Derecho Eclesiástico del
Estado, secretaria general de la Universidad pública de Valencia, doctora en Derecho por la Universidad de Valencia, licenciada en Derecho Canónico por la Universidad Pontificia de Salamanca y expresidenta de la Asociación Española de Canonistas;
Noemí Pereda, profesora titular de victimología de la Universitat de Barcelona y directora del grupo de investigación en victimización infantil y adolescente de dicha universidad y experta asesora de la Oficina Regional de la OMS en Europa en
estudio de violencia contra la infancia en España; María Jesús Raimundo, fiscal de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado, quien también ha sido letrada en el gabinete técnico del Tribunal Supremo; Julián Carlos Ríos, profesor de
Derecho Penal en la Universidad Pontificia de Comillas, criminológico, abogado penalista y mediador en procesos de justicia restaurativa en delitos de terrorismo y en abusos sexuales en el seno de la Iglesia católica; Alejandro Saiz Arnáiz,
catedrático de Derecho Constitucional de la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona, quien ha sido también juez ad hoc del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y miembro del Consejo de Administración de la Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión
Europea; José María Tamarit, catedrático de Derecho Penal de la Universitat Oberta de Catalunya y de la Universidad de Lleida, investigador principal de proyectos relacionados con abusos sexuales en instituciones religiosas y coordinador y coautor
de Abusos sexuales en la Iglesia católica: análisis del problema y de la respuesta jurídica e institucional; Gema Barona, profesora de Victimología y Política Criminal de la Universidad del País Vasco y codirectora del posgrado Trabajar con
víctimas de experiencias traumáticas de esta universidad, doctora en Derecho, diplomada en Criminología y máster en Sociología Jurídica y miembro del Comité Ejecutivo de la Sociedad Mundial de Victimología; María Vilches Fernández, fiscal y letrada
de igualdad y violencia de género del Consejo General del Poder Judicial, licenciada en Derecho y Ciencias Políticas y de la Administración por la Universidad Autónoma de Madrid, quien ha sido también asesora del Ministerio de Justicia, y Ana Laura
Zugaza Aizpuru, diplomada en Magisterio y licenciada en Psicología y en Teología y profesora del IES Bertendona de Bilbao, quien ha dedicado su vida a la educación y ha sido también miembro del Consejo Diocesano de Bilbao y miembro de la Asociación
de Teólogas Españolas.


A todas estas personas agradezco su implicación y disponibilidad para un trabajo de tanta responsabilidad y cuyo sentido se basa, en gran parte, en el hecho de compartir un espacio común desde posiciones profesionales distintas, que, en
principio, no tienen por qué ser similares. Resulta gratificante comprobar su generosa determinación, conscientes de la importancia de esta labor para las víctimas, para toda la sociedad y también para la Iglesia católica y los poderes públicos y
subrayo y también para la Iglesia católica y los poderes públicos.


La comisión asesora, compuesta por un equipo independiente de profesionales en aquellas materias que se han reconocido como primordiales, nos vinculará con otros especialistas que realizarán también aportaciones a los trabajos. La elección
se ha hecho, como digo, tras muchísimas y múltiples entrevistas con expertos, asociaciones de víctimas, miembros de la propia Iglesia, instituciones del Estado y representantes de diversas organizaciones de la sociedad civil. No obstante, a la
propia comisión asesora le corresponderá definir, encauzar, debatir y proponer cuáles son los modos de actuación y los ámbitos en que afrontar esta tarea. De modo que la propuesta inicial se verá enriquecida con esta aportación y colaboración, más
aún como intérpretes y garantes de una labor rigurosa y responsable. Es más, esta comisión tiene la flexibilidad suficiente para, en su caso, incorporar puntualmente otros especialistas si la realización del informe o del trabajo lo requiere.


El foro de asociaciones se concibe como un espacio en el que los representantes de las asociaciones de víctimas, entre ellas o con la persona o personas de la comisión que se determine, compartan sus

Página 7

experiencias y posiciones. Así, se podrá llegar a aglutinar una serie de indicaciones o recomendaciones que, a través de la comisión de asesoramiento, cabría incorporar al informe final. La experiencia de estas asociaciones, los procesos
de articulación de las víctimas que señalan la encomienda parlamentaria y su compromiso e implicación merecen ser atendidos y considerados de manera singular si se trata de efectuar un informe realista y comprometido con ellas. El Defensor del
Pueblo invitará a estas asociaciones de víctimas a diferentes sesiones de trabajo donde se les escuchará. Para ello, a lo largo del proceso de análisis y estudio que llevará a cabo la comisión se concertarán diferentes encuentros donde puedan
reunirse representantes de las asociaciones que deseen participar y aportar su experiencia y conocimiento. La comisión, a su vez, fijará días de reuniones de trabajo a las que podrán acudir las asociaciones de víctimas; contamos con su presencia
como participantes activos de las conclusiones a las que se llegue en la comisión. En estas jornadas de trabajo estarán presentes diversos miembros de la comisión y yo mismo, como Defensor del Pueblo, a fin de fomentar un diálogo y elaborar un
documento que recoja los puntos principales que se trasladen a la comisión.


En relación con la unidad técnica, consideramos imprescindible crear una unidad técnica de atención a las víctimas e investigación en el propio seno del Defensor del Pueblo. No nos parece adecuado que la institución, que ahora se ocupa de
diversas áreas y con un trabajo muy definido, sea la que ahora, de una u otra manera, sin personas especializadas en aquello que ha de hacerse, vaya a ocuparse esporádicamente de lo que hay que hacer. Se trata de crear una unidad técnica que
contará con un coordinador de equipo, que estará vinculado a la comisión asesora y tendrá funciones de apoyo a las labores de la comisión, y estará integrada por profesionales de la psicología, la criminología y del derecho. Atenderán y escucharán
a las personas que acuden a presentar su caso y se encargarán de elaborar los estudios que consideren oportunos y que contribuyan a conocer la realidad de los abusos sexuales relacionados con la Iglesia católica. Las personas que compongan la
unidad técnica lo harán contratados específicamente para esta labor concreta. Estará dotada de medios materiales y humanos que garanticen que el trabajo pueda realizarse con la discreción y privacidad requerida, sin interferir en el funcionamiento
ordinario ni en la actividad habitual de la institución.


La unidad técnica de atención a las víctimas va a desarrollar dos líneas de trabajo: un procedimiento de escucha activa a las víctimas y un procedimiento de estudio y de recogida de información. El procedimiento de escucha activa tiene
como finalidad facilitar a las víctimas de abuso sexual un espacio donde puedan expresar libremente su experiencia. Las víctimas serán invitadas a dirigirse a esta unidad mediante un teléfono gratuito, correo electrónico o por cualquier otro cauce
de comunicación que se requiera, respetando la confidencialidad de los datos aportados. Se ofrecerá también la posibilidad de presentar su testimonio presencialmente ante los profesionales de la unidad técnica en Madrid. Si en ese momento la
persona no desea hacerlo, se le animará a contactar con la unidad más adelante. A las víctimas que deseen ofrecer su testimonio, la unidad técnica les solicitará información, documentación que acredite hechos y sus efectos; se les invitará a que
lo hagan por correo electrónico u otro medio habilitado, y se les citará a una entrevista en el formato que lo deseen y si así lo desean. Hemos de seguir el ritmo también de las necesidades y de los deseos de las propias víctimas, que no debe
estandarizarse como un prototipo homogéneo.


La unidad técnica citará a las personas solicitantes para que expongan los hechos, siguiendo determinados criterios, con absoluto respeto a sus preferencias y a sus deseos. Si la víctima fuera una persona mayor de edad y la unidad
comprobase que se trata de un presunto delito, se le facilitará orientación jurídica para que pudiera presentar denuncia o dirigirse al Ministerio Fiscal. No se trata en absoluto, como he dicho, de que las víctimas sean un medio para un informe.
Su palabra tiene sentido en sí misma y su escucha será con voluntad de que pueda hacerse en un contexto de respeto y de confianza. La unidad también estará abierta a atender cuantas cuestiones lleguen de otro tipo de instituciones, organismos,
entidades o personas que estén interesadas en participar en este proceso. Esta unidad estará formada por profesionales en la escucha que, además, estará dirigida o coordinada por una persona con experiencia en este tipo de actuaciones. La escucha
seria, respetuosa y rigurosa se efectuará en un contexto de dignidad hacia las víctimas, lo cual ya podría tener en algún caso un efecto reparador.


La información se recopilará de modo que los testimonios vengan a ser una fuente fidedigna de trabajo y de las conclusiones del equipo. Se trata de analizar lo sucedido a partir de los relatos de las víctimas. Por otro lado, se colaborará
con instituciones públicas y privadas que puedan tener o custodiar documentos de interés para el trabajo encomendado. A fin de lograr una investigación exhaustiva, los expertos establecerán el procedimiento de elaboración del informe, así como la
estructura, conclusiones

Página 8

y recomendaciones que realizar. La unidad ofrecerá un canal de contacto directo a las víctimas y se creará un registro propio independiente del sistema de quejas de la institución Defensor del Pueblo a fin de tratar esta información de
manera específica, individualizada y rigurosa, con la debida confidencialidad de los casos. Quiero subrayar la idea de que esta unidad de trabajo tratará con el máximo cuidado, respeto y confidencialidad cada caso, pero esta unidad tiene un
objetivo claro: recabar datos para evaluar lo sucedido y proponer a la comisión asesora información al respecto. No se trata de una unidad de terapia para las víctimas; se trata de no revictimizarlas, se trata de una recogida de datos e
información para el trabajo que el Parlamento nos ha encomendado.


Quería señalar otros asuntos -ya en la línea de ir acabando-, algunos asuntos relevantes, imprescindibles para poder llevar a cabo la tarea. Para dar cumplimiento en materia de financiación a lo indicado en la proposición no de ley y contar
con los recursos necesarios para realizar el trabajo, el Defensor del Pueblo se ha dirigido a los órganos de gobierno de las Cortes Generales, como fue sugerido por la presidenta a las Mesas del Congreso y del Senado, mediante una solicitud de
autorización con cargo al remanente, es decir, como ustedes saben, el presupuesto no utilizado de ejercicios anteriores en poder de las Cortes Generales. Los miembros de la unidad técnica serán contratados por la institución para la tarea que se
les ha asignado.


Quería referirme también a que la institución considera que la unidad técnica debe disponer de un espacio de trabajo que reúna las mejores condiciones de idoneidad para el cometido encomendado, que es previsible suponga la celebración de
numerosas entrevistas con víctimas de abusos que quieran presentar su testimonio y la participación de asociaciones de víctimas. Con tal fin, se ha procedido a arrendar y a acondicionar unas instalaciones donde en los próximos días comenzarán a
trabajar los técnicos contratados. Esta oficina se encuentra en las inmediaciones de las dependencias del Defensor del Pueblo.


Quería señalar también que el tratamiento ordenado y seguro de la información -la información que va a ser recopilada y el tratamiento de esta- exige organizar y sistematizar los procesos garantizando la máxima seguridad. El área de
infraestructuras del Defensor del Pueblo ha diseñado un plan estratégico que define las líneas de actuación a seguir, proporcionando orden y claridad a la hora de recoger y archivar la información para que pueda ser procesada. Los ejes estratégicos
de este plan serán la información y la participación, las fichas de los testimonios con bases de datos, el proceso de investigación/verificación y la guía de actuación.


En relación con la información y participación, se va a habilitar una sección, una pestaña en la web institucional del Defensor del Pueblo, que recoja información relevante sobre la comisión asesora. Los contenidos de esta sección se irán
actualizando según las necesidades de la comisión. Lo más relevante será el apartado de participación, donde las personas que deseen aportar su testimonio van a encontrar diversos canales para hacerlo: teléfono, correo electrónico, correo postal o
formulario web.


Bases de datos y fichas de testimonios. La elevada sensibilidad de la información gestionada aconseja que toda esa información esté en un espacio seguro de información, solo accesible para los miembros de la comisión asesora. Toda la
información de este espacio estará cifrada con mecanismos de auditoría detallada y sistemas de prevención de fugas de información. Se creará una estructura normalizada de la información que facilite el estudio y análisis de los testimonios. La
información que se recopile sobre la encomienda tendrá un tratamiento exclusivo y diferenciado del resto de la documentación que en su actividad ordinaria gestiona la institución Defensor del Pueblo. Está previsto, en el caso de tener que tratar
grandes volúmenes de archivos en papel, implementar proyectos que faciliten la extracción de la información relevante mediante sistemas de OCR inteligente y descubrimiento de entidades y la categorización e indexación automática de las imágenes de
los documentos. En el proceso de investigación y verificación se desarrollará un prototipo de guion normalizado de información para la grabación de testimonios. Para la guía de actuación se contará con herramientas de análisis de información que
faciliten identificar patrones y monitorizar el cumplimiento de los estándares definidos para la verificación de los testimonios, identificar escenarios en los que deba priorizarse la realización de entrevistas, facilitar el análisis de los casos en
función de distintas variables y casuística, facilitar la visión global de los testimonios y su seguimiento, así como la elaboración de informes segmentados desde cualquier prisma posible. En definitiva, se trata de hacer propuestas realistas para
evitar que vuelva a ocurrir algo similar.


De este modo queda claro qué se va a hacer y por qué. No se trata de llevar a cabo revanchas o venganzas. Vamos a estudiar con rigor y objetividad lo sucedido, pero con un profundo respeto por las

Página 9

víctimas y su dignidad. Gran parte del trabajo se ha de basar en sus propios relatos. Por tanto, se les escuchará para que contribuyan a las propuestas que se presenten en el informe, para, entre otras cosas, prevenir que vuelva a suceder.
No podemos ni debemos dar a la conversación con las víctimas un tono asistencial, sino un aire de participación. No hemos de hacerlas sentir actores pasivos para un informe. Debemos involucrarlas en las propuestas y en los estudios. Nuestra
voluntad es escuchar a todos aquellos que tengan algo que decir al respecto, y se ha de encontrar un espacio al que dirigirse para ellas y para ellos. Se trataría, entonces, de definir el objetivo de acercamiento: poner una denuncia, dar
información, quejarse, poder manifestarse en un espacio de confianza y de expectativa. En función de ello, se redirigirá a uno u otro miembro de la comisión, a una u otra sección de la oficina del defensor o a la unidad técnica.


Señorías, entendemos que entre todos podemos desempeñar una gran labor, impulsando, recomendando e instando a la participación de los poderes públicos para promover un reconocimiento institucional y social a las víctimas, favoreciendo su
dignidad y su reparación y procurando la asunción de la responsabilidad personal e institucional de quienes llegaron a hacer que fueran víctimas. Así, nuestra tarea tendrá sentido y, así, responderemos adecuadamente a la encomienda que las Cortes
Generales nos hace.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Gracias, defensor.


Terminada la primera intervención de don Ángel Gabilondo, procedemos a las intervenciones de los portavoces de la Comisión en el siguiente orden. En primer lugar, tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV),
doña Mercedes Garmendia.


La señora GARMENDIA BERECIARTU: Gracias, señor presidente.


Muchísimas gracias, señor Gabilondo. Ha sido una información muy bien recibida. Lo que usted nos ha dado realmente ha sido un bombardeo de información y yo se lo agradezco, porque, si usted se acuerda, en la presentación del informe de
2021, que fue hace pocas semanas, le solicité información y parece ser que en ese momento no era oportuno facilitarla. Semanas después viene con toda la información, lo cual es de agradecer. Efectivamente, la información ha sido exhaustiva. Usted
nos ha dado cuenta de la creación de la comisión, de los miembros de la comisión, de los trabajos que van a realizar, de los foros de las asociaciones, de la unidad técnica y de cómo va a trabajar esta unidad técnica de atención a las víctimas,
también del plan de la estrategia con sus ejes.


Un punto importante que puede retrasar o de alguna manera hacer que no sea tan efectivo el trabajo del Defensor del Pueblo es que la Iglesia no haya querido participar en esta comisión. Quizá usted me pueda decir si esta denegación de
participación, aunque ellos digan que tienen voluntad de colaborar, puede en cierta manera disminuir la consecución de los objetivos. No obstante, parece que aquí va a participar mucha gente. Me gustaría saber cuál es el planning que tienen
ustedes establecido para estos trabajos, cuándo van a comenzar a realizarse estos trabajos, qué tiempo tienen ustedes previsto para realizar esta tarea y cómo van a ir ustedes dando cuenta a las Cortes de los avances realizados en los trabajos que
ustedes vayan efectuando, porque, efectivamente, son complejos, ya que dependemos en gran medida, tal y como usted nos ha contado, de las propias víctimas, de que las propias víctimas quieran contar todo aquello que les ha ocurrido, que es muy duro
y muy difícil. Para ello, van a contratar ustedes a personal especializado, y me gustaría saber cuánto personal y si ya saben ustedes el presupuesto con el que van a contar.


Muchísimas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.


A continuación, tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Democrático, don José Luis Muñoz Lagares.


El señor MUÑOZ LAGARES: Gracias, presidente.


Quiero agradecer la comparecencia del Defensor del Pueblo, presente aquí hoy, para informarnos sobre la elaboración del informe de un material tan sensible, de un material que afecta tanto a las libertades individuales como a los derechos
fundamentales de muchas personas. Después de su comparecencia de hoy y después de esta pequeña información que no han suministrado, me surgen muchas más dudas y me gustaría saber si dispone de un cronograma de actuación, el número de casos que van
a ser objeto de estudio y qué procedimiento, qué protocolo y qué forma de actuar va a haber por

Página 10

parte de su comisionado y por parte de esta comisión asesora de veinte personas de la que nos ha informado, aunque no ha nombrado a los que forman parte de ella. Ha comentado que se va a invitar a una serie de asociaciones de víctimas.
¿Cuántas? ¿Cuáles son? También nos surgen dudas sobre la composición de la unidad técnica. Ha dicho que hay un coordinador del equipo. ¿A cuántas personas se va a contratar y qué roles van a tener? Y coincido con la intervención anterior,
también me gustaría conocer el presupuesto estimado. Ya sabemos que muchas veces se crean comisiones para dar solución o conocer de un asunto, pero no hay nada como crear una comisión para no saber nada, para que se quede en el olvido. ¿Hay plazos
establecidos de inicio, desarrollo y término cerrados para tener lo antes posible esas conclusiones? Inicialmente, esas son las dudas que quiero plantear.


Muchas gracias, defensor.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.


Pasamos al Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Común Podem-Galicia en Común. ¿Va a intervenir algún senador del Grupo Parlamentario de Izquierda Confederal del Senado? (Denegaciones). En ese caso, tiene la palabra la
diputada doña Martina Velarde.


El señor VELARDE GÓMEZ: Muchas gracias, presidente.


Gracias también, señor Gabilondo, por informarnos de los avances que se han producido tras la encomienda. Por lo que he entendido, lo ejes de trabajo van a ser el estudio de los casos para la reparación, el foro con víctimas y la atención a
las víctimas; esos son los ejes de trabajo, además del informe. Tengo que decir que no me sorprende que, cuando usted se puso en contacto con la Iglesia católica, con la Conferencia Episcopal, para que participara en el proceso, desestimasen
formar parte de esa comisión asesora y que, evidentemente, vuelvan una vez más a no colaborar. Eso nos preocupa, nos preocupa mucho. Esto no es un tema de católicos o del catolicismo, no. Creo que los católicos deberían ser los primeros
interesados en descubrir lo que ha pasado y, además, en quitar esa losa de encima a la propia Iglesia.


Tengo que recordar que fueron el Congreso y nuestro grupo los que impulsamos y presentamos la solicitud de una comisión de investigación para conocer toda la verdad sobre la pederastia en la Iglesia católica y depurar las responsabilidades
para abrir un proceso de reparación a todas las víctimas, porque tienen que saber que el Estado de derecho y las instituciones y, cómo no, también el Congreso están de su lado. La propuesta la hicimos, y por eso también estamos aquí, porque nace de
las propias denuncias que se han ido publicando en los medios de comunicación durante estos últimos años, pero también de manera más reciente, y porque hemos visto cómo se ha evolucionado en otros países europeos, cosa que no está pasando en nuestro
país. En Francia -lo voy a recordar- fue la propia Conferencia Episcopal quien encargó una comisión de investigación independiente, en la que se detectaron más de doscientos mil casos; se dice pronto: doscientos mil casos. Y, en contraste con
esta realidad, la Iglesia católica española se ha negado sistemáticamente a abrir un proceso para conocer toda la verdad.


Voy a recordar que el papa Francisco ya en 2019 estableció el deber general de toda la Iglesia católica de cooperar con la justicia, con las instituciones y prohibía -además, explícitamente- la imposición del silencio a las víctimas de
abuso. También establecía que era necesario eliminar ese secreto pontificio en los casos de abuso de menores por parte de miembros del clero atendiendo a una de las reivindicaciones de las víctimas más solicitada durante todos estos años.
Asimismo, hemos tenido que ver cómo en nuestro país -que, como digo, sigue a la cola del resto de países- lamentablemente muchos responsables de la Iglesia se han escandalizado por cuestiones como el hecho de que se imparta educación sexual en las
escuelas, cuando en realidad esa educación sexual sirve justamente para que no ocurran este tipo de hechos y para que los niños sepan detectar cuándo están siendo víctimas de un abuso. Hemos tenido que ver cómo se escandalizaba, por ejemplo, el
obispo de mi provincia, de Córdoba, el señor Demetrio, hablando de aquelarre químico cuando se refiere a niños o niñas que nacen vía in vitro o cómo hablaba de las familias solamente como la unión de un hombre y de una mujer. Son cuestiones que
escandalizan al señor obispo de mi provincia y también a la Iglesia católica, que, sin embargo, parecen no escandalizarse por los miles y miles de casos de abusos sexuales.


Creo que nadie de los que estamos aquí, ni el Congreso ni tampoco la defensoría del Pueblo, podemos permitirnos que en 2022 siga habiendo tanta opacidad y vulneración de los derechos de la infancia, por lo que todos y todas hemos de
enfrentarnos a esta realidad, por muy dolorosa que sea, y que sea investigada y explicada con todas las garantías. Hemos dado un paso muy importante desde el Congreso con la ley de protección de infancia, llamada comúnmente ley Rhodes, que
establece que es necesario investigar

Página 11

los casos de abuso y también tomar decisiones políticas. Decía el defensor que tendríamos que hacerlo y llevar al Pleno el informe y, desde ahí, tomar decisiones políticas. Desde el Gobierno ya hemos promovido esta ley de la infancia, de
protección de los niños, de las niñas y de los adolescentes desde una perspectiva integral, que es esencial para abordar toda la dimensión de esta realidad, donde se incluyen medidas muy muy importantes para la erradicación de las violencias contra
niños, contra niñas y contra adolescentes. Como digo, desde mi grupo, junto con otros, hemos impulsado esa comisión de investigación.


Ahora ha habido una encomienda al Defensor del Pueblo y a mí me gustaría preguntarle, a la vista de cómo se ha evolucionado en esta cuestión en otros países -porque nosotros estamos a la cola- si cree que en algún momento la Iglesia católica
o la Conferencia Episcopal van a colaborar de una u otra forma con usted, con esa comisión asesora y, si no es así, cuáles son los pasos que se van a dar por parte del Defensor del Pueblo. También quiero preguntarle si cree que se debe revisar la
cuestión del secreto de confesión, es decir, si debería dejar de servir como un escudo o si se deberían implantar o endurecer los mecanismos de control en esta cuestión. Esto me preocupa porque usted ha manifestado que ha tenido contacto con
plataformas y con asociaciones de víctimas, y cuando hablamos con las víctimas -y mi compañero Jaume Asens ha estado trabajando mucho tiempo con ellos y con ellas- lo que trasladan es su preocupación de que no exista esa obligación de cooperación o
colaboración por parte de la Iglesia, al igual que no se garantiza el que se puedan obtener los documentos necesarios para llevar a cabo la investigación con total garantía. Por tanto, quiero saber de qué manera se podrá conseguir la obligación de
cooperar y también que se garantice la obtención de documentos. Hay una investigación liderada por un juez irlandés que tiene esa potestad para citar a los testigos, a las congregaciones y a otros responsables, y cuando se le pregunta sobre lo que
vamos a hacer aquí, en España, con respecto a la encomienda del Defensor del Pueblo, dice que es complicado en el sentido de que hay fórmulas por las que será difícil llamar a declarar, pero que se podrían hacer cuando haya un testigo que dé un paso
al frente y cuente su historia, algo que no podemos hacer aquí porque no somos jueces y no puede haber una sentencia, que es una complicación añadida. Por tanto, me gustaría saber si hay algún mecanismo, alguna opción sobre las potestades que tenga
la defensoría del Pueblo y este Congreso para permitir que haya una reparación efectiva a las víctimas.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


A continuación, tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Plural, su señoría Sergi Miquel.


El señor MIQUEL I VALENTÍ: Gracias, presidente.


Defensor, gracias por su comparecencia. Tomo la palabra, en primer lugar, para agradecerle su asistencia hoy aquí cumpliendo con lo que se le ha pedido. Nosotros, señor defensor, apostamos por pedirle a usted desde esta Cámara el impulso
de esta línea de investigación y no por la vía de crear una comisión de investigación en sí en esta Cámara, porque creíamos que eso pondría el foco de forma excesiva sobre las víctimas, que era lo que deberíamos evitar. Por eso nos ponemos a su
disposición para cualquier actuación que vaya en esta línea. Usted ha puesto mucho énfasis en esta cuestión, y lo celebramos. Además, como le digo, estamos dispuestos a ayudarle en cualquier cuestión que se nos pida desde su institución. Y
lamentamos esa postura poco afortunada, desde nuestro punto de vista, por parte de la Iglesia católica de no implicarse hasta donde creemos que debería hacerlo como primeros interesados en esclarecer esta cuestión.


Nada más. Como he dicho, le agradecemos su asistencia hoy aquí y nos ponemos a su disposición para cualquier otra comparecencia que podamos celebrar.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra el diputado don Julio Utrilla.


El señor UTRILLA CANO: Muchas gracias, presidente.


Con su permiso, presidente, compartiremos la intervención mi compañero Pablo Calvo y yo.


Bienvenido, señor Defensor del Pueblo, una vez más, a la sede de la soberanía nacional. Señor defensor, la verdad es que de su exposición podríamos decir que suscribimos gran parte de lo que dice, porque todo nos ha parecido muy razonable,
además de bastante bien estructurado y muy bien explicado. Sinceramente, nos parece de todo punto pertinente. Es verdad que nuestra queja -y lo expresaré a lo

Página 12

largo de mi intervención- es que entendemos que el tema de los abusos a menores se debería hacer extensible a otros organismos y otras entidades. Voy a hacer algo que quizás no deberíamos hacer o no debería ser más que una anomalía, pero
explicaré la postura de mi grupo respecto de todo esto, porque el deporte nacional es etiquetarnos de forma falsaria. Por supuesto que, venga de donde venga, el abuso hacia los menores nos parece algo absolutamente deplorable y repugnante, sin
hacer ninguna distinción por razón de raza, sexo, ideas, religión o del puesto que ocupen las personas que lo hacen, y sobre ellos debe caer todo el peso de la ley, ocupen el puesto que ocupen y estén en la institución en la que estén. Vaya eso por
delante. Creo que todos los que estamos aquí lo compartimos y, por supuesto, mi grupo parlamentario también. Asimismo, todo nuestro apoyo a las víctimas que han sufrido de forma tan dolorosa esa soledad y ese daño en sus vidas, posiblemente ya
irreparable.


Aquí hay dos formas de enfocar todo esto. Hay una parte judicial, evidentemente, y todos los organismos judiciales del país deben actuar para -como he dicho- que caiga todo el peso de la ley sobre las personas que han cometido estos abusos.
Y también hay una parte política, que yo creo que es en la que estamos aquí, en hacer esta reflexión. No obstante, llama la atención que el Congreso de los Diputados le encargue esto a usted, cuando en el artículo 54 de la Constitución se recoge
que el Defensor del Pueblo se encarga de velar por los derechos fundamentales de los ciudadanos en cuanto a las administraciones del Estado, y la Iglesia no lo es.


Creo, señor defensor, que estamos perdiendo una oportunidad de que su organismo muestre su independencia y sea capaz de salirse de la senda que su predecesor marcó, quien claramente estuvo vinculado al Gobierno y fue defensor de todas sus
decisiones. Salió en defensa de las decisiones del Gobierno en muchísimos casos, y recuerdo especialmente el de la no vacunación de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en Cataluña, sobre lo cual no actuó de oficio, y recuerdo los estados
de alarma, cuando tampoco lo hizo a pesar de la innumerable cantidad de personas -un récord histórico- que se dirigieron a su institución. Sinceramente, creo que esta era una ocasión para haber puesto de acuerdo a todo el mundo y actuar -usted lo
puede hacer de oficio- en contra de los abusos a menores en todos los organismos del Estado; no solo en la Iglesia, sino en todos los ámbitos, como los educativos, y en todos los organismos donde se trate con menores y adolescentes. Aunque no sé
si usted o todos nosotros habríamos puesto a todo el mundo de acuerdo, porque la realidad es que la izquierda de este país tanto en el Congreso, como en las Cortes Valencianas, como en el Parlamento balear se ha negado a investigar los abusos a
menores en comisiones; en el caso de Valencia, los del exmarido de la señora Oltra, y en Baleares, respecto a la prostitución de menores tuteladas, y, sinceramente, lamentamos que sea así. Ellos aplauden esta investigación a la Iglesia, pero,
cuando llega el momento, se niegan a hacerlo de otras instituciones.


Hay imágenes que se quedan grabadas en la retina de las personas. Yo tengo dos: una, cuando la víctima de los abusos por parte del exmarido de la señora Oltra en Valencia entró esposada, engrilletada y acompañada de la policía a declarar;
era la víctima y entró esposada. Esa es una imagen de las que se quedan grabadas en la retina. Hasta la responsable del tribunal pidió disculpas por tamaña barbaridad, fue algo terrorífico; de hecho, no recibió asesoramiento como víctima del
delito en ningún momento. Y la otra de esas imágenes es la de la señora Oltra este fin de semana pegando saltos y bailando tras su imputación. Son dos imágenes terribles desde mi punto de vista, y, solo por el mero hecho de lo duro que ha
resultado todo esto, cuando su exmarido ha sido condenado y su homólogo en la Comunidad Valenciana, señor defensor, dijo claramente que desde la consejería de la señora Oltra se había obstaculizado toda la investigación, usted debería actuar de
oficio ante esta situación. Sin embargo, a pesar de todo ello, la señora Mónica Oltra sigue en su puesto a día de hoy, su partido político cierra filas con ella y el líder de la Comunidad Valenciana, Ximo Puig, no la ha depuesto. Señorías, el
fanatismo feminista, por el que muchos abogan en esta sede de la soberanía nacional, se vuelve, como sumisión al poder, en indiferencia cuando los casos les afectan a ustedes. Ocultan, tapan y esconden para que los suyos no sean salpicados. Esto,
señorías, es una vergüenza.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


A continuación tiene la palabra su compañero, don Pablo Calvo.


El señor CALVO LISTE: Gracias, presidente. Gracias, señor Gabilondo, por su comparecencia.


La investigación de cualquier abuso debe tener como objetivo su resarcimiento, el castigo de los responsables y el estudio de su prevención, todo ello bajo las premisas de legalidad, igualdad y no

Página 13

discriminación. Sin embargo, señor Gabilondo, su actuación en este asunto es nuevamente decepcionante, y le voy a decir por qué.


Como acaba de expresar mi compañero, entre las funciones del Defensor está la de supervisión de la actividad de la Administración, conforme al artículo 54, sin sujeción a ningún mandato imperativo, sin instrucciones de autoridad alguna y
desempeñando sus funciones con autonomía y según su criterio. ¿Qué ha ocurrido aquí, señor defensor? La Iglesia católica no es parte de la Administración española: esto lo sabe usted por sus propios conocimientos y también porque usted ha pasado
por la propia Iglesia católica; usted formó parte de los Hermanos del Sagrado Corazón y debe saber que esto no es así. Entonces, ¿por qué no ha rehusado el encargo de las Cortes, cuando se circunscribe solo al entorno católico y además es
claramente incompetente para poder ejercitar este tipo de actuaciones? No tiene la obligación de investigar lo que le pide el Congreso. ¿Por qué no aprovecha y abre una investigación sobre los abusos sexuales, especialmente sobre la pederastia, en
los ámbitos de las administraciones públicas?


Según ha expuesto, el centro de su trabajo son las víctimas y dice que el defensor está allí donde hay un abuso o una violación de derechos, y yo le digo que conforme con todo ello pero que deben ser todos y cada uno de los abusos, que no
podemos parcelarlo. No nos creemos su objetividad: puede actuar de oficio y no lo hace. La aceptación de esta comisión de investigación le tiñe a usted de sectarismo. Le voy a dar un dato de la Fundación ANAR de un estudio realizado en 2021.
Esta fundación desvela que los abusos sexuales a menores cometidos por sacerdotes representan un 0,2 % del total. El abuso sexual es un problema que tiene lugar fundamentalmente en el círculo familiar, 49,2 %, y en menor medida en el entorno de
confianza. ¿Por qué se investiga entonces a la Iglesia, y no se hace con carácter general, de modo que se abarque a todas y cada una de las víctimas de abuso?


La Fiscal General del Estado, que todos sabemos de quién depende, en un arrebato de preocupación por los menores ordenó la recopilación de denuncias y querellas relacionadas con la Iglesia católica. El resultado fue muy parecido al de la
Fundación ANAR: un 0,5 %, y un 0,2 % si se considera la última década; todos ellos delitos sexuales sobre menores que tienen que ver con entornos católicos. Mucho nos tememos que se está haciendo una campaña de desprestigio de la Iglesia con la
ayuda de medios de comunicación, empeñados en asociar a los católicos con la pederastia, y la creación de esta comisión no es más que un eslabón de la cadena de criminalización. Como ha dicho mi compañero, se está escondiendo a otras víctimas de
abusos en instituciones tutelares dependientes de la Administración en Valencia, Baleares, Madrid, Canarias, en definitiva en toda España, pero no en entornos donde las tasas son mucho más altas, como clubes deportivos, asociaciones juveniles,
espectáculos, etcétera.


La investigación circunscrita exclusivamente al ámbito eclesiástico puede traer resultados distorsionados, que perjudicarían a la mayoría de las víctimas de abusos de menores, como son las niñas. Como usted sabe, en el entorno eclesial la
mayoría son chicos abusados por varones. Literalmente, eso hace invisible a las niñas, y ese es el problema de los estudios parciales. El Estado, no el Defensor, debería abrir una comisión para investigar todos los casos y con todas las víctimas.
Esto hizo el Bundestag alemán en 2015 y todavía continúa abierta.


No obstante, no por ello se debe ignorar lo ocurrido en la Iglesia. Estos comportamientos criminales deben ser juzgados por los jueces, como así lo han venido haciendo conforme a las leyes penales: juzgar y ejecutar lo juzgado, que
corresponde al Poder Judicial, y no al Legislativo, aunque ya sé que a la izquierda esto de la división de poderes le resulta muy difícil. Una comisión para perseguir a una etnia o religión está fuera del Estado de derecho y la Constitución. El
acuerdo discrimina a todos los católicos, lo que vulnera el derecho recogido en el artículo 14 de la Constitución y en el artículo 9.3, que impide a los poderes públicos tomar decisiones arbitrarias y sin motivos suficientes, lo que ha traído como
consecuencia el primer recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional presentado por una organización el pasado viernes, 17 de junio.


El Tribunal Constitucional considera la discriminación como un tratamiento jurídico manifiesta e injustificadamente diferenciado y desfavorable de unas personas respecto de otras y como impacto adverso que carece de justificación.
Igualmente, el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de las Naciones Unidas ve discriminación cuando un grupo étnico o religioso recibe un tratamiento diferente de los poderes públicos a través de sus agentes. El encargado al
Defensor del Pueblo se opone a la neutralidad religiosa del Estado español. Según la Ley Orgánica de Libertad Religiosa de 1985, las creencias religiosas no constituirán motivo de desigualdad o discriminación ante las leyes, cosa que sí sucede en
esta investigación al relacionar religiosidad con abusos.

Página 14

Y le quiero decir al portavoz de Podemos que la Iglesia española ya tiene establecida una comisión en cada diócesis. Además, ha decidido encargar una auditoría interna a un despacho de abogados de Madrid, que prepara un informe, algo que ya
se ha hecho en otros lugares, como en Francia, con el informe Sauvé, y el encargado por el Arzobispado de Munich.


Recemos por los que han sufrido abusos, recemos también por las almas de los abusadores, y, si se empeñan en no abordar el grave problema que suponen los abusos sexuales en menores, la necesidad de reparación, su prevención y evitación
futura en todos y cada uno de los ámbitos, muy pronto también tendremos que rezar por ustedes.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


En nombre y representación del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el diputado Celso Delgado.


El señor DELGADO ARCE: Señor presidente; señor Defensor del Pueblo, señor Gabilondo; señora Jiménez-Becerril y señora Bárcenas, adjuntas al defensor; señorías, buenas tardes.


Efectivamente, el pasado 10 de marzo el Pleno del Congreso, por una amplísima mayoría de 286 votos a favor, 51 en contra y 2 abstenciones, se pronunció a favor de realizar una encomienda al Defensor del Pueblo para que constituyese una
comisión independiente, que a su vez tenía el encargo de elaborar un informe sobre las denuncias por abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia católica y el papel de los poderes públicos. En el acuerdo se definía que esta Comisión debería estar
formada por personas expertas y que el objetivo era contribuir a la determinación de hechos y responsabilidades, a la reparación de las víctimas y a la planificación de políticas públicas para intentar que estas conductas se pudieran prevenir y se
detengan los abusos sexuales a niños, niñas y adolescentes. El Grupo Parlamentario Popular votó a favor de esta encomienda porque consideraba que era necesario respaldarla, si bien, como es conocido, antes planteó en ese debate una enmienda que
pretendía que esa investigación, esa comisión independiente no se restringiera a un ámbito, el de la Iglesia católica, sino que además entrase en el conjunto de la sociedad, donde desgraciadamente se produce este tipo de delitos y conductas
execrables, que normalmente son aquellos ámbitos en los que hay contacto de personas adultas con menores, es decir, desde el ámbito familiar hasta el ámbito educativo, ámbitos deportivos, ámbitos de ocio; en fin, sería muy extenso. Sin embargo,
eso no sucedió, y otros pensaban que era mejor crear una comisión de investigación parlamentaria, cosa que nosotros consideramos que era un desacierto. Ahora, lo que le queremos decir, señor defensor, es que nosotros vamos a dejarle trabajar y
confiar en que, como comisionado de las Cortes Generales, cumpla con este objetivo tan serio y sensible, como expresa la palabra delicada con la que ha iniciado su intervención.


Nos gustaría que toda esta información que hoy nos suministra en el marco de lo que hemos aprobado todos, esos avances que usted ha denominado primera fase los hubiésemos conocido antes. ¿Por qué? Porque entonces hubiéramos tenido una
mayor capacidad de interlocución con usted respeto a las personas que nos propone, la metodología o la unidad técnica del consejo asesor. Sin embargo, no ha sucedido así aunque no se lo digo como un reproche, lo que impide que nosotros podamos
entrar en profundidad en los temas en este breve debate. No obstante, lo que sí quiero que quede bastante claro es que nosotros reiteramos nuestra confianza y la necesidad de que se investiguen estos hechos, que esta Comisión haga su trabajo,
considerando, a nuestro juicio, que la Defensoría es un órgano válido para la investigación de estos casos, más allá de cuestiones de naturaleza jurídica que otros puedan plantear y que nosotros respetamos.


La Iglesia católica no ha permanecido de brazos cruzados con relación a este problema, y no lo ha hecho con relación al surgimiento de esta comisión. Lleva muchos años luchando contra esta lacra desde distintos ámbitos, y lo ha reforzado
porque es la primera interesada en que estos hechos execrables no se produzcan. En su ámbito ha iniciado actuaciones muy importantes desde el Vaticano, el Dicasterio para la Doctrina de la Fe, pero también desde España. Frente a aquellos que
intentan mencionar una desidia por parte de la Iglesia, nada más lejos de la realidad, porque en España ya hay nada nada menos que 202 oficinas, entre diócesis y las diferentes congregaciones de una iglesia que es muy amplia y muy heterogénea, que
están trabajando en ello. Muchas de esas congregaciones tienen oficinas en diferentes lugares del territorio nacional y cuentan con algunas experiencias. Así, me alegra ver que, por ejemplo, uno de esos expertos ha sido incluido en la comisión,
precisamente de la Archidiócesis de Madrid, con el proyecto Repara, mediante el que se está atendiendo a las víctimas de estos abusos desde la perspectiva

Página 15

de una justicia restaurativa, con escucha activa a las víctimas y en condiciones de respeto y garantismo para la víctima pero también para el acusado, para el victimario, haciendo valer la presunción de inocencia, que, desde luego, todos los
que creemos en el mundo del derecho siempre hemos de tener presente.


Creemos que es también de valorar -se ha dicho en la última intervención- la hoja de encargo, la auditoría que la Conferencia Episcopal Española ha pedido a uno de los bufetes más prestigiosos de este país para que en el plazo de doce meses
haga un mapa sobre cuál es la realidad en nuestro país, se investigue y se escuche a las víctimas. Creemos que esto acredita que la Iglesia católica está en una situación de colaboración activa. Y, en cuanto a que usted haya aludido a que en unas
primeras conversaciones mantenidas con el secretario general de la Conferencia Episcopal le haya dicho lo que le ha dicho, entiendo que en el futuro esa colaboración se seguirá desarrollando y plasmando, porque usted ha expresado voluntad de seguir
profundizando en colaborar con todo el mundo. Y también me gustaría hacer referencia a esa misma actitud que se ha podido ver cuando el diario El País, que realizó una investigación sobre estos hechos en varias etapas, la semana pasada trasladó
unos informes a la propia Iglesia católica, la cual lo primero que hizo fue trasladarlos a la Fiscalía General del Estado por si alguno de los hechos no hubiera prescrito y trasladarlos al Dicasterio para la Doctrina de la Fe y a todos aquellos que
tuvieran que intervenir en este tema. Creemos que esa es una actitud positiva y que debe valorarse.


Pero, sobre todo, la atención aquí hay que prestársela a las víctimas, y por ello, señor Gabilondo, con relación a la comisión asesora de expertos que usted nos propone, que va a determinar las prioridades y los métodos, usted ha dicho que
no es un tribunal, y es así, porque no es un órgano de investigación judicial ni puede pretenderse que esta sea una causa general a la Iglesia católica, como usted ha expresado ya en varias ocasiones y como creo que nadie de nosotros podría
compartir. Ha de ser independiente, abierta y plural: son sus palabras. Y nada tenemos que decir en una primera visualización de los nombres -algunos nos suenan, a otras personas no tenemos el gusto de conocerlas-, aunque sí nos llama la atención
la presencia de dos integrantes de la carrera fiscal. Por una parte, ha citado usted a una fiscal de la secretaría técnica, a la señora Raimundo, de quien ya le digo que personalmente no la conozco y que solo me refiero a su condición de fiscal, y
ha citado también a otra fiscal de la oficina del Consejo del Poder Judicial, la señora Vilches, a quien tampoco tengo el gusto de conocer, pero sobre quienes le pregunto si tiene sentido que en una comisión de expertos asesores esté una
representación del Ministerio Fiscal. ¿Ha pedido la Fiscalía General del Estado que haya representantes de esa institución en esta comisión asesora de expertos? ¿Le han dado recomendaciones o indicaciones sobre cómo debe de funcionar? ¿No cree
que quizás podría ser más conveniente que estas personas que trabajan en instituciones fundamentales, en poderes del Estado, no debieran estar en un órgano asesor de expertos, sin perjuicio de que, como es lógico y normal, todas las instituciones,
incluidos el Poder Judicial, la Fiscalía General del Estado y estas mismas Cortes Generales, siempre están a disposición de todo aquello que el Defensor del Pueblo demanda? Es una reflexión que le formulo, y me gustaría tener una respuesta al
respecto.


En relación con esta unidad técnica que va a llevar a cabo ese procedimiento necesario de escucha activa con las víctimas, me gustaría preguntarle si, en el caso de que acudiera a esa unidad una víctima relatando un suceso de abusos de
menores en el que el victimario, el causante del abuso no perteneciera a la Iglesia católica ni a alguna de las instituciones vinculadas a la Iglesia católica, sino que perteneciese a otro ámbito, sería atendida y escuchada, puesto que es cierto que
esta nueva comisión ha despertado el interés general, resulta algo novedoso y habrá muchas otras personas afectadas por esas horribles conductas que pudieran acudir a ella. Me gustaría saber qué actitud tendrían, si es que se lo han planteado,
porque creo que eso va a suceder, dado que en otras instituciones ya existentes para la atención y reparación de las víctimas ya se está produciendo ese fenómeno.


Finalmente, como ya se ha apuntado, sabemos que esta es una tarea ardua y compleja. ¿Tienen alguna previsión sobre el tiempo que podrá llevarles la realización de estos trabajos?


Por el momento nada más, señor Gabilondo. Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.


A continuación y para terminar el turno de intervención de los distintos grupos parlamentarios, en representación del Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra don Juan Cuatrecasas.


El señor CUATRECASAS ASUA: Gracias, presidente.


Señorías, antes de comenzar, deseo dar la bienvenida a esta sede parlamentaria, órgano constitucional que representa al pueblo español, al Defensor del Pueblo, don Ángel Gabilondo, y a los dos miembros de

Página 16

su equipo, doña Teresa y doña Patricia, y agradecerle la forma y el fondo de su exposición sobre este asunto, que entraña gran responsabilidad y debe ser tratado por todas y todos con grandes dosis de empatía y sensibilidad. No sería
necesario decirlo, pero, a juzgar por el contenido de una de las intervenciones, creo necesario recalcar esta condición ineludible, con el respeto que todas las víctimas y supervivientes de pederastia en el ámbito eclesiástico merecen y que desde
este Grupo Parlamentario Socialista volvemos a reivindicar una vez más.


En lo que se refiere a las actuaciones expuestas en su intervención de hoy, que forman parte de la labor de la institución que dirige en relación con el mandato que le hizo el Congreso de Diputados, este Grupo Parlamentario Socialista valora
en modo muy positivo la información que nos ha trasladado. En ese sentido, ponemos en valor el ejercicio de transparencia y compromiso con esta Comisión y las Cortes Generales. Demostración de ello es su comparecencia de hoy, tal y como se
reflejaba en la PNL aprobada en el pasado mes de marzo, con el amplio consenso de la gran mayoría de los grupos políticos de nuestro arco parlamentario. La figura del Defensor del Pueblo, siendo un alto comisionado para las Cortes Generales, es
también una institución estatal para la defensa de los derechos humanos, un órgano constitucional, y con rigor y responsabilidad optó por aceptar un mandato surgido de la legitimidad de origen democrático que le trasladó el Congreso de Diputados.
Casi recién llegado al cargo -en noviembre de 2021-, en marzo de 2022 recibe esta encomienda, que empiezan a rodar, como usted mismo acaba de explicar con detalle, tras algunos meses de dedicación en aras de sentar las bases del trabajo a
desarrollar con unos objetivos evidentes.


Con respeto a las normas que emanan de nuestra Constitución y nuestro sistema jurídico, sin concesiones a liturgias estériles y cantos de sirena, la perspectiva es más que halagüeña, muy positiva y así lo defendimos y seguimos haciéndolo,
sin compartir críticas cimentadas en terrenos mal abonados, estériles y propiciados otra vez por demiurgos con exceso de imaginación. Desde este Grupo Socialista compartimos el apoyo a las víctimas mediante cauces efectivos de reconocimiento,
reparación y acompañamiento; vamos a seguir trabajando para que a través de las reivindicaciones de víctimas y supervivientes de abusos sexuales y de los expertos académicos, sanitarios y facultativos se pueda llegar al objetivo de justicia y
verdad, reparando los daños, pero también buscando implementar medidas de prevención a través de políticas destinadas a que estos delitos no vuelvan a producirse. El Gobierno de Pedro Sánchez, como demuestran hechos, y no solo palabras, desde la
sesión de investidura en enero de 2020 dejó la evidencia en la intención de abordar con eficacia y responsabilidad política el grave problema de la violencia contra la infancia y la adolescencia, y así se hizo mediante la aprobación por mayoría de
los grupos del Congreso de Diputados en junio de 2021 de la Ley integral de protección a la infancia y a la adolescencia, pionera a nivel internacional, de lo que puedo dar fe, señorías, a título personal, ya que durante mi asistencia en calidad de
observador a un congreso contra el maltrato a la infancia desarrollado en Berna en octubre de 2021 fui requerido por asociaciones y académicos de otros países europeos -entre ellos Finlandia, Suecia, Alemania y Francia- para que les entregara el
texto de la ley en aras de que les sirviera de modelo. El Gobierno de España está comprometido con la verdad en lo que respecta a la violencia sexual y el hecho ineludible de que todos los procesos que se inicien deben tener en cuenta la opinión de
las víctimas y los supervivientes y, desde luego, su protección de la exposición pública si así lo desean. La iniciativa del Defensor del Pueblo, apoyado por una comisión experta independiente y potentes equipos de trabajo, y la acción del Congreso
de los Diputados son para este Grupo Socialista las mejores y más efectivas vías, a la par que eficaces, para lograr conclusiones en aras a la verdad, la justicia, el reconocimiento, la reparación y el acompañamiento.


Me van a permitir que utilice en este punto de mi intervención unas palabras de la excelente escritora y periodista argentina Leila Guerriero, quien en su artículo Plegarias, publicado en El País el 26 de enero de 2020, decía que las
negaciones, cada una de ellas, hacen que las víctimas de abusos se sumerjan en el infierno de la resurrección de aquel espanto. Y es que, si existen enemigos reconocibles y profundamente dañinos para las víctimas y supervivientes de estos delitos,
esos son la negación, el silencio y la impunidad. Hablo de tres factores que durante décadas fueron piedras arrojadizas que parte de la jerarquía eclesiástica, las congregaciones y la prelatura utilizaron, como siguen empleando de modo vil y ruin
frente a los daños, secuelas e integridad de las víctimas, quienes desde la soledad en el desierto empezaron a salir de una realidad oculta y un silencio forzoso para relatar sus testimonios, tapados por una manta de encubrimiento y a veces hasta de
complicidad. Y no es una opinión personal: el jesuita Hans Zollner, presidente del Instituto de Antropología y Estudios Interdisciplinares sobre Protección y Dignidad Humana, de la Universidad Pontificia Gregoriana, afirmaba en una reciente
entrevista que los obispos saben que no

Página 17

han hecho lo que tenían que hacer. Y añadía: 'La realidad es que tenemos que ofrecer una reparación justa, aunque la justicia nunca será completa'. Por si fuera poco, el oficial de la Congregación para la Doctrina de la Fe, monseñor Jordi
Bertomeu, explicaba en 2020 que 'reconocer con humildad que hemos fallado y que toda esta crisis es una oportunidad para hacer las cosas bien es el inicio de la solución del problema'. Si incluyo estas dos declaraciones en mi intervención es para
demostrar que no toda la Iglesia muestra desidia o negación con respecto a esta realidad acerca de los abusos sexuales a menores en su seno.


Refiero ahora las palabras de Leonor, entonces una niña, hoy ya adulta, superviviente de abusos: 'Las niñas y niños agredidos por la Iglesia católica somos memoria histórica que trata de silenciarse en este país como parte de una realidad
que pretende ser negada'; negación por parte de quienes aún a día de hoy siguen minimizando el daño y los porcentajes; crueldad abrasiva e inaceptable silencio de muchas víctimas, incapaces de denunciar por miedo a cómo serán tratadas y aceptadas
socialmente y por no conocer los pasos a seguir, porque, además, entre otras cuestiones, los casos de abusos y agresiones sexuales generan culpabilidad en las víctimas, además de la impunidad de los delincuentes, que durante décadas han estado
amparados por una cortina de encubrimiento. No debemos dejar de mencionar una vez más que si hoy estamos aquí reunidos y reunidas celebrando esta sesión y este debate es gracias en primer lugar, escrito con letras de tesón y tenaz valentía e
implicación, a todas esas víctimas, que llevan muchos años de labor y aporte sereno, con ayuda de facultativos y facultativas, abogados y letradas, profesionales de la sanidad, asociaciones de víctimas y, por supuesto, algunos medios de
comunicación, que siempre les sirvieron de altavoz en un litigio desigual que hoy empieza a salir de la oscuridad para lograr cierto rayo de luz, aunque todavía debe acabar de forjarse, con mayor intensidad y brillo, porque este es el inicio del fin
del silencio, la negación y la impunidad. Todas y todos, también los diputados y las diputadas, tenemos la obligación de dar amparo, reconocimiento y reparación a los niños y niñas -algunos ya adultos- que un día fueron objeto de estos delitos de
pederastia. No debemos ser contemplativos, sino propositivos desde el respeto profundo, con empatía y comprensión innegociables, porque ellas y ellos sufrieron el peso de estos delitos contra su integridad física y emocional en pleno proceso de
forja de sus personalidades, con lo que ello conlleva de gravedad lógica e indiscutible.


Hablamos, en fin, señorías, no ya de delitos, sino también de ataques gravísimos contra los derechos humanos, los de la infancia y la adolescencia, y de una cuestión de salud pública.


La desembocadura de este río de dolor, soledad e incomprensión no puede demorarse por más tiempo, porque es mucha la dilación y porque el océano donde desaguar angustia, aflicción y los efectos de los trastornos por estrés postraumático debe
ser cuanto antes una realidad irrebatible. Lo que suponen de interferencia en el desarrollo evolutivo de la infancia y puede dejar unas secuelas que no siempre remiten con el paso del tiempo debe tener por parte de la Iglesia como institución y,
por supuesto, de los poderes públicos un tratamiento inmediato y exento de matices ideológicos. Es parte de nuestra respuesta, ingrediente de nuestra responsabilidad y, desde luego, una obligación irrenunciable.


Es evidente para este Grupo Socialista que en esta labor que se está desplegando hay un objetivo: realizar un análisis sobre todo lo que las víctimas y supervivientes sufrieron, sobre las carencias que tuvieron, sobre por qué motivos no
fueron reparados, acompañados y reconocidos públicamente y cuáles son las responsabilidades que faltan por depurar, una labor que deberá tener una prolongación efectiva y positiva en el mismo instante en que el informe finalice, abriendo el paraguas
de protección, prevención y provención, que en muchas medidas a implementar es lógico que repercutirá también en otros ámbitos en donde se dan delitos de abusos y agresiones sexuales.


En el Grupo Socialista vemos con muy buenos ojos el modelo de trabajo planteado por Ángel Gabilondo y su equipo, y, en concreto, nos gusta mucho la idea de que las víctimas y supervivientes tengan un ámbito presencial, más allá de sus
importantes testimonios y comparecencias, en un foro de asociaciones, porque la escucha de sus criterios y argumentos tiene mucho que aportar en la condición y empaque del informe. Además, y como ha recalcado el defensor, es importante destacar que
se va a hablar con escrupulosa fidelidad y absoluto respeto por la protección de datos, con el derecho a la intimidad de todas las víctimas y con la sensibilidad inaplazable que esta problemática social requiere en su tratamiento.


Acabo ya, presidente. Defensor del Pueblo, en el Grupo Socialista no podemos sino ofrecerle toda nuestra ayuda y colaboración en esta labor, haciendo votos para que el objetivo se cumpla con todas las garantías de éxito que estos seres
humanos merecen. Ello repercutirá en beneficio no solo de ellas y ellos, sino de toda la sociedad civil, de nuestro Estado social y democrático de derecho y, por supuesto, de la

Página 18

institución religiosa en cuyo seno ocurrieron los hechos delictivos. Es una labor que, forjada entre obligación y responsabilidad, traerá dignidad, la ansiada y deseada por ellas y ellos, porque, como bien refirió el papa Francisco en una
de sus primeras intervenciones, nunca más el poder ni el dinero por encima de la dignidad humana.


Le voy a trasladar, por último, una pregunta: ¿Cuál es la disposición a colaborar, hasta este momento, de las instituciones y organismos a los que se está dirigiendo para recabar datos e información sobre los hechos?


Gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


Una vez que han finalizado las intervenciones de los distintos portavoces de los grupos parlamentarios, pasamos de nuevo a dar la palabra a don Ángel Gabilondo Pujol, Defensor del Pueblo, para que pueda contestar a las distintas preguntas
que ustedes han realizado.


Suya es la palabra, señor defensor.


El señor DEFENSOR DEL PUEBLO (Gabilondo Pujol): Muchísimas gracias por sus palabras, porque ponen en evidencia la complejidad del asunto en el que estamos y porque ponen en evidencia que cuanto más cuidamos todos los espacios de lo que
decimos y hablamos con más sensatez y moderación, lejos de la crispación a la que a veces nuestras propias convicciones nos pueden llevar, encontramos más espacios para alcanzar una salida conjunta. El peligro, una vez más, puede ser que esto se
convierta en una especie de debate escorado entre un juicio a la Iglesia, sí o no, si es necesario en este momento someterla a algún tipo de prueba de estrés, y yo, sinceramente, no estoy en esa cosa, ni creo que tampoco el Congreso está para esa
cosa. Estamos en otro asunto, en un asunto mucho más serio, en un asunto que concierne, realmente, a la salud social, a la salud de nuestra sociedad y también a la salud de nuestras instituciones. Precisamente, desde el respeto a la Iglesia -lo he
subrayado-, creo que puede pedírsele una ejemplaridad extraordinaria respecto a estos asuntos que tienen que ver con las relaciones con los demás y también con las relaciones con aquellos que están en situación de más indefensión. Así que tomen
nota -yo así lo recibo- de que si hay que fijarse en este momento en lo que ha sucedido en la Iglesia, no es por un afán persecutorio de una institución, sino por un reconocimiento de una institución a la que, precisamente, se le puede pedir una
ejemplaridad extraordinaria en lo que tiene que ver con el cuidado de las conciencias, con el cuidado del espíritu, con el cuidado de las vidas y de los cuerpos de los más jóvenes.


Yo no estoy para poner nota a la encomienda que se me ha dado. Lo que sí puedo decir es que no me sorprende que la representación popular reunida, puestos a abordar el asunto de los abusos sexuales, entienda que es bueno empezar por mirar
aquella que ha de ser una referencia. Entendería más esa preocupación por quienes no tienen esa valoración que yo hago de la Iglesia. Dirían: bueno, ¿por qué nos vamos a ocupar más de la Iglesia que de los demás? Es que yo creo que cuando se
está hablando de lo que se está hablando, la Iglesia misma -si estoy equivocado, lo veremos con los hechos- tiene conciencia de que tiene necesidad de abordar este asunto de verdad, porque en ello se juega mucho su verdadero sentido y su verdadero
ser. Y ahora viene una pregunta. Cuando usted dice la Iglesia, ¿a quién se refiere? Y yo también la puedo devolver: ¿Y a quién se refieren ustedes cuando hablan de la Iglesia? Porque, desde luego, la Iglesia es plural, compleja, hasta donde yo
sé, con posiciones muy diversas, y por eso la que se ha negado a formar parte de esta comisión -lo he dicho con cuidado- es la Iglesia institucional, pero luego he matizado, porque la Iglesia institucional tiene también muchos rostros y entre esos
rostros está la CONFER, la conferencia de religiosos de la enseñanza, formada -creo- por casi quinientas congregaciones, religiosos y religiosas, muchas de ellas de la enseñanza, donde, presuntamente, han ocurrido muchos de los casos. Es que a
veces ponemos las conclusiones antes de empezar la investigación y yo soy partidario de que las conclusiones vengan al final, si es posible. Como ya llegamos un poco después de otros -nunca diré tarde-, ya se ha investigado tanto, se ha trabajado
tanto y tenemos tanta información, nos cuesta contener el afán de resolver con resoluciones, pero yo les pido paciencia -yo la tendré- para que no lleguemos a las conclusiones antes de hacer lo que tenemos que hacer.


La CONFER, la Conferencia Española de Religiosos, que ha dicho que sí, ha mostrado su afán de colaborar, ha hecho un comunicado el 17 de junio de 2022 -no hace mucho, el 17 de junio de 2022- en el que, como he dicho, muestra su voluntad de
colaborar -luego hablamos de qué es colaborar, que esto también tiene su asunto- y cuando ha recibido el nuevo informe al que se ha referido el portavoz del

Página 19

Partido Popular, don Celso Luis Delgado, ha dicho: La CONFER lamenta estos nuevos casos que se ofrecen en el informe. Nos sentimos profundamente identificados con el dolor de las víctimas. Lamentamos no haber actuado correctamente y haber
menoscabado su confianza. Esto está en la página oficial de la CONFER, donde pueden ustedes encontrar qué declaración ha hecho en relación con ese nuevo documento que ha recibido. Ahora, si la conferencia de religiosos de la enseñanza ya no es la
Iglesia, entonces ya empezamos con más líos, porque si la Iglesia, finalmente, solo es la comunión de los obispos, que es la Conferencia Episcopal, entonces ya tenemos unos cuantos líos. ¿Cuál es la Iglesia, la Conferencia Episcopal o la CONFER?
Tampoco es exacto decir lo que yo digo -lo sé- porque también, como la CONFER dice, trabajan coordinadamente con la Conferencia Episcopal, pero leyendo cosas, veo por ahí que hay más iglesia que se pronuncia sobre estas cosas. Se pronuncian los
cristianos de base, que también existen, que no son exactamente institucionales y que ven con muy buenos ojos que se esté haciendo este tipo de actuaciones. Y se pronuncian muchos cristianos que están en nuestra comisión -a nadie se le ha pedido el
carné de ser o dejar de ser católico para estar en la comisión, ya que es una comisión abierta y plural y a nadie se le pone ni se le excluye por serlo- y que también están dispuestos a aportar desde su experiencia para poder abordar estos hechos.


Se ha citado -se lo agradezco de nuevo a Celso Delgado- que repara. Pues muy bien. Supongo que algún obispo ha dado el visto bueno para que eso pueda suceder. Por eso, no digamos que no utilicemos el nombre de la Iglesia en vano porque
cada uno, en una sociedad como la nuestra, puede utilizar el nombre de la Iglesia como todos los demás nombres institucionales, con respeto, pero no demos por supuesto que la Iglesia no va a colaborar. Yo no puedo dar eso por supuesto. Sí puedo
dar por supuesto que de una u otra manera me han ido llevando a la orilla del río para decirme, finalmente, que no iban a participar y yo -cuando digo yo, digo el Defensor del Pueblo- he pagado también el precio que hay que pagar -con mucho gusto-,
político, de pedir que la Iglesia participara mientras muchas instancias e instituciones decían dónde va usted, ni se le ocurra eso de ninguna manera. La respuesta ha sido no a muy última hora. Perfecto, pues si la Iglesia ha dicho que no va a
participar, que no participe; si la Iglesia institucional ha dicho que no va a participar, que no participe, pero, desde luego, de ahí yo no deduzco que la Iglesia no vaya a colaborar.


¿Qué tipo de colaboración puede hacer? Se señala -yo también lo comprendo- con claridad -y agradezco que se señale con claridad- que no está claro qué actitud se va a tener en esa participación. Lo señalaba usted. Lo que sí está claro es
que algunos señalan que si no se tiene poder coercitivo sobre la Iglesia, de coerción sobre la Iglesia, esto no va a ser posible. El Defensor del Pueblo será un insensato que quiere hacer cosas, pero si no tiene poder de coerción... Bueno, en
general no suelo trabajar con medios de coerción, ya lo aviso. Sé que hay algunos que creen que si no hay medios de coerción, ya no hay nada más, que es lo único que existe, pero quiero decir algo y es que hay una cosa que se llama el concordato.
El concordato no es un acuerdo entre el Gobierno y la Iglesia -he oído a alguno decir eso, que es un acuerdo entre el Gobierno y la Iglesia-, sino un acuerdo entre dos Estados: el Estado español y el Estado vaticano. Es un acuerdo internacional
que incluye, entre otros asuntos, que no se pueden abrir los archivos de la Iglesia. También quiero avisar, por si alguno lo supone, que yo no escribí ese texto ni ninguno de los aquí presentes en general, pero ese es un asunto con el que nos
tenemos que topar. Por eso, más que la coerción, parece que el camino más adecuado sería lograr la implicación y la convicción. Se nos ha dicho que si sobre casos que se están investigando se desea información, la Iglesia nos la ofrecerá. Algunos
dicen: ves, ya está colaborando. Otros dicen: ves, solo colabora si ya tienes tú los casos, no te da nuevos. Bueno, el debate está abierto y servido. ¿Qué significa? Pues que hay que trabajar seriamente con un procedimiento y un método de
trabajo, y es el que nosotros queremos y vamos a poner. ¿Por qué? Porque lo contrario es no tomarse en serio a las víctimas y hacer de esto otro tipo de reyertas que son interesantes, pero que no son fecundas para lo que nos interesa, que es
también la reparación de las víctimas. Hay muchas formas de reparación, muchas, y muy distintas. Y como hemos mirado todo lo que ha ocurrido en otros países y qué resoluciones hay -en algunos hay hasta cuatrocientas resoluciones y muchas formas de
reparación distintas, diferentes-, vamos a buscar cuáles son pertinentes para podérselas proponer a ustedes, pero lo haremos después de hacer el estudio que hemos de hacer. Yo quiero pensar que la Iglesia colaborará; probablemente, no todo lo que
algunos quieren, pero quiero pensar en eso. Al menos déjenmelo pensar ahora que empezamos. Déjenmelo pensar.


Obviamente, no deben pensar igual quienes han llevado este asunto al Tribunal Constitucional. Es más, comprendo que haya también un debate sobre si hubiera sido más interesante, más importante

Página 20

y más ajustado que se investigara a todo tipo de víctimas. Así se expresan y así se ha expresado desde el Grupo VOX don Pablo Calvo -me parece que ha sido él-, con unos argumentos que más o menos tenían que ver con los que han sido
presentados recientemente en un escrito de amparo al Tribunal Constitucional, donde se habla así. Desde luego, no creo que la Iglesia sea un grupo étnico -me lo parece con toda claridad- y, por tanto, no se está haciendo ningún tipo de persecución
étnica ni nada por el estilo a la Iglesia. Es más, es muy probable -lo estoy ahora imaginando- que entre las conclusiones a las que pudiéramos llegar está el hecho de que es muy necesario investigar en España los abusos sexuales en una mayor
dimensión, en una mayor universalidad. Es muy probable que sea necesario y es muy probable que lo pongamos incluso en una conclusión. Es probable, es muy probable, porque tenemos mucha información de que en el ámbito familiar, en el ámbito
deportivo y en ciertos ámbitos institucionales donde hay confianza y donde hay poder, donde hay tratamiento de conciencia, se producen situaciones de dominio, de abuso y de abuso sexual. Es muy probable. Pero también conozco muchos casos de
paralización por elevación. Vamos a investigar este caso; no, vamos a investigar toda la ciudad; no, mejor todo el mundo, mejor todo el universo, y mientras tanto ese caso no se ha investigado.


Yo creo que en este momento hay una propuesta realista y viable que hemos de hacer, pero se nos pregunta: si viene alguien abusado que no es de la Iglesia, ¿qué van a hacer? ¿Le vamos a decir: no, se ha equivocado usted de ventanilla? No
vamos a decir eso. Nosotros vamos a acoger al que venga, como hacemos con todos los que vienen, tantas miles de quejas que vienen y que ya nos escriben ahora mismo. Vamos a acoger y en todo caso a orientar, orientar en qué dirección se debe ir, si
se debe ir a la Fiscalía. Muchas veces no podemos recibir algunos tipos de quejas que se hacen porque, simplemente, no tenemos la competencia para hacerlo, pero procuramos señalar en qué dirección se puede ir. No vamos a desconsiderar a las
personas abusadas pensando que si no son de la Iglesia no merecen nuestro respeto y nuestra atención, pero déjese que ahora nos centremos en la encomienda que hemos recibido. Hemos recibido encomienda y algunos de los argumentos que se han empleado
aquí esta tarde, en mi opinión, son argumentos del debate que ya tuvo lugar. Ustedes me han hecho esa encomienda, ustedes. Yo no se la he pedido, ustedes me han encomendado a mí que la haga. Gracias; digo gracias. Les aseguro que para esta
encomienda que me han hecho ustedes tuvieron un debate y debatieron, votaron y decidieron, y una vez que decidieron comprendo que ahora vuelvan a traer los argumentos: me hubiera gustado más que hubiera sido otra cosa, yo ya dije que hubiera sido
mejor de otra manera, yo ya enmendé, yo ya propuse... Pues muy bien, pero ustedes son -y yo soy- el Congreso de los Diputados, las Cortes Generales. Somos las Cortes Generales. Yo soy un Alto Comisionado de las Cortes Generales. Hemos decidido
esto. Ah, pues no deberíamos haberlo decidido. ¿Pero de qué estamos hablando? Cuando hemos decidido, amigos y amigas demócratas, hemos decidido y una vez que hemos decidido, asumimos las consecuencias de lo que hemos decidido. ¿Que podría
haberse hecho de otra manera? No lo sé. Ustedes debatieron, estudiaron y decidieron que fuera así. ¿Que quizá pudiera haberse hecho para todos? Es probable, no lo sé.


He querido entender que hay razones para pedir a la Iglesia una actitud singularmente valiosa desde el punto de vista de la ejemplaridad, de la ética y del respeto a los derechos humanos. No es por nada más, no es afán de perseguir a nadie.
Y también les digo otra cosa, que la Organización de las Naciones Unidas ha declarado al Defensor del Pueblo institución nacional de derechos humanos y que, por tanto, se ha aludido con razón al artículo que en la ley se refiere a cuáles son las
atribuciones del Defensor del Pueblo, pero es que nosotros somos más cosas de las que dice la ley sobre el Defensor del Pueblo. Además de ser aquellos que se ocupan de los derechos fundamentales del título I de la Constitución, a cuyo fin
supervisamos la Administración con el fin de la defensa de los derechos fundamentales, somos -podría no ser así- la institución nacional de derechos humanos. Ese además es muy importante porque podría haber estado en un ministerio o podían haberlo
puesto en una institución creada a tal efecto, pero la Organización de Naciones Unidas decidió que fuera el Defensor del Pueblo. Por tanto, yo me veo en la obligación de defender los derechos humanos de niños, niñas, jóvenes y adolescentes, de
todos y de todas, y no veo que esté haciendo una cosa rarísima al aceptar esta encomienda.


Se dice que debería haber rechazado, no haber aceptado. En fin, yo agradezco esa valoración que se hace. Quizá no comparto el adjetivo que se dice, porque no lo he rechazado como soy, pero no importa, tampoco importa. A ver si ahora va a
resultar que por encontrar un acuerdo, nos acabamos molestando porque te digan un calificativo. Sí les puedo decir que me parece evidente que se puede y se debe trabajar con las competencias que tenemos. Además, somos también el Mecanismo Nacional
de Prevención de la Tortura, MNPT, y esta competencia también nos permite tener alguna experiencia en algunas cosas.

Página 21

Hemos hecho muchos informes y también hemos tenido otras encomiendas. Por ejemplo, hicimos un informe sobre la encomienda de las víctimas de ETA. Se hizo el informe, se hizo la encomienda y se entregó a las Cortes y con eso hará cada uno
lo que buenamente desee. Nosotros no vamos a hacer otra cosa que un informe para traérselo a ustedes. Cuando lo tengan aquí, pueden reabrir el debate, recomponer de nuevo los problemas y volverse a plantear si lo que hay que hacer es universalizar
el asunto y encargárselo a quien haga falta. De ustedes sale y a ustedes volverá, solo que volverá tras un estudio, un informe, y tras hacer consideraciones, reflexiones y propuestas para que puedan trabajar.


Estoy saltando el orden de intervención para poder dar alguna coherencia, si soy capaz, a lo que se dice. Me preguntan sobre dos personas en concreto que están en la comisión, la señora Raimundo y la señora Vilches. Lo pregunta usted, don
Celso Delgado. Nosotros, en general, con todas las organizaciones con las que hay muchas quejas tratamos de buscar soluciones a las quejas y nos escribimos. Nosotros nos carteamos y carteamos quiere decir que mandamos escritos a todas las
instituciones sobre las que hay quejas. Es más, es habitual que haya una persona de enlace entre instituciones para facilitar la solución de los problemas, que es lo que queremos, resolver a los ciudadanos los problemas. En concreto, con la
Fiscalía y el Consejo General del Poder Judicial hay dos personas que trabajan, que hacen de enlace entre nuestras instituciones y que en este momento son las mismas que están en esta comisión. ¿Por qué? Porque puede ocurrir, a la vista de lo que
nos encontremos, que luego haya que proceder también a una actuación judicial o hablar con algún fiscal para ver cómo se puede intervenir, y para eso hace falta oficio, hace falta conocer y saber qué hay que hacer. Nosotros hemos entendido que es
bueno que haya personas que tengan esa competencia para decirnos cómo hemos de proceder judicialmente.


¿Que si hemos recibido indicaciones? Nosotros recibimos indicaciones de todo el mundo, como pueden saber, como han podido ver esta misma tarde, de todo el mundo. Otra cosa es que nosotros no estamos sujetos a mandato imperativo alguno y,
por tanto, tampoco recibimos ninguna indicación como un mandato imperativo. ¿Que hayan podido hacer informes distintas instituciones y nos los hayan mandado? Pues sí. La verdad es que tengo ahora mismo el despacho lleno de informes de todo tipo
de asociaciones, algunas han sido citadas esta tarde; son material de trabajo, pero no son mandato imperativo. A nosotros nadie nos dice lo que hemos de hacer y no porque seamos muy importantes o muy autosuficientes, sino porque respetamos lo que
significa ser Defensor del Pueblo.


También les quería decir, con respecto al tiempo de trabajo, que, obviamente, el tiempo de trabajo depende bastante del número de personas que se acerquen al Defensor del Pueblo. Por ejemplo, los irlandeses estaban convencidos de que en año
y medio lo acababan, y tardaron seis años; no será porque no tuvieron recursos, que parece que tuvieron muchísimos recursos. Otros hicieran otra cosa: fijarse un plazo y, llegado ese plazo, presentar el informe y ya está. Esa es otra
posibilidad, decir: bueno, a los doce meses nosotros traemos el informe que hayamos sido capaces de hacer. Pero también es un poco violento no escuchar a víctimas que quieren hacer valer su voz o a instituciones y asociaciones que quieren
presentarse, y por eso me van a permitir que yo no les pueda dar el tiempo fijado y tasado. Lo que sí les puedo decir que puede ocurrir, al menos tal y como está fijado, es que en un año y medio finalice la legislatura. El trabajo podría ir
incluso más allá porque la institución tiene un mandato que va más allá de la legislatura. No estamos sujetos a una legislatura, pero sí les puedo decir que la contratación de las personas que trabajan en la unidad técnica en principio va a ser de
un año y que ese contrato puede ser renovable en su caso. Si dentro de un año nosotros ya tenemos un informe para traerles aquí, con mucho gusto lo haremos, pero yo no les puedo asegurar que eso sea así; no me pidan que se lo asegure, comprendan
que no les puedo asegurar eso.


¿Cuándo va a empezar esto a ponerse en marcha? Nuestra idea es hacer una primera convocatoria de constitución de la comisión a primeros de julio. Yo tengo una fecha prevista, pero no quiero ser tan insensato de decirles esa fecha para que
luego sea el día anterior y me digan: Usted mintió en sede parlamentaria, porque aquí esto va a esa velocidad. Les puedo decir que los primeros días de julio. En ese momento abriremos también los buzones, el teléfono y la página donde puedan ya
presentarse las víctimas y nos pondremos a trabajar inmediatamente. Está en nuestra voluntad hacerlo así. ¿Cuántas personas van a estar en la unidad técnica? Es verdad que son contratados y que progresivamente podría ir creciendo. Desde luego,
va a haber dos personas de asistencia técnica que hacen labores administrativas, va a haber un coordinador y puede haber siete u ocho personas para entrevistar. Vamos a ir viendo cómo van las cosas según los requerimientos que puedan hacernos las
personas que vengan a acercarse al Defensor del Pueblo.

Página 22

Me preguntan también cómo voy a dar cuenta al Congreso. Pues como me ha dicho el Congreso que dé cuenta: a través de esta Comisión. Y respecto a cuándo voy a venir la próxima vez -no creo que nadie tenga ansiedad por saber cuándo voy a
venir la próxima vez-, he visto que hemos necesitado tres meses para poner esto en marcha. Por supuesto, con esto no digo que vayamos a venir dentro de tres meses; vendremos periódicamente, con una periodicidad que no será muy larga ni muy grande.
Yo les iré informando de lo que tenga y de lo que sepa, de todo lo que se pueda contar.


Me preguntan por las asociaciones, cuántas y cuáles. Igual se sorprenden si les digo que no hay muchas asociaciones de víctimas de abusos de la Iglesia que reciban ese nombre como tal. Yo convoco a todas las asociaciones, y ya veremos qué
dice -esto es fundamental- el consejo asesor, porque yo me tomo en serio lo de que el consejo es asesor. Entonces, me van a permitir una cosa que es evidente, que no puedo llevar todo cerrado al consejo asesor, sino que tengo que asesorarme con el
consejo asesor -esto es la pescadilla que se muerde la cola- para tomar algunas decisiones. Por eso, cuando esté el consejo asesor, ya me asesoraré de qué debo hacer sobre algunas preguntas concretas que hay aquí. ¿O es que ellos van a estar de
adorno? ¿Es que son nombres para estar de adorno? Ninguno de esos nombres es para estar de adorno, ni ninguno de ustedes. Así que veremos cómo puede hacerse esto. Y estamos preparando también los protocolos, porque es muy importante que quien
coja los teléfonos, quien conteste a cada uno de los que se acerquen allí tenga cierta cualificación y siga cierto protocolo, porque hay mucha sensibilidad y mucho dolor. Las víctimas han vivido experiencias muy diferentes. Algunos tienen mucha
necesidad de relatarlo públicamente; otros tienen experiencias dolorosas y silenciosas, que hay que escuchar y respetar.


El presupuesto. Pues miren, aquí tengo la carta dirigida a la presidenta del Congreso sobre, exactamente, cómo proceder. Y lo que se nos dijo sobre el presupuesto es que lo normal es que se fuera utilizando nuestro propio presupuesto,
manteniendo aisladamente las cantidades que se inviertan en esta investigación, y luego, en su caso, ir solicitando remanentes. No hemos hecho un presupuesto de equis millones de euros, como se hace en algún sitio. No; lo veremos según se vaya
gastando y de acuerdo con esos remanentes, dando cuenta pública y aprobando el presupuesto cada vez por ustedes, que son los que aprueban el presupuesto, las Mesas del Congreso y del Senado.


Con respecto a si la Iglesia va a colaborar o no, es verdad que Martina Velarde me decía que ellos optaron más por la comisión de investigación y que tiene dudas sobre la colaboración de la Iglesia. Yo entiendo que puedan existir muchas
suspicacias, pero mi obligación como Defensor del Pueblo es no dudar de la buena voluntad de quienes se acercan aquí. Y, desde luego, si señalan que van a colaborar, lo que sí voy a hacer es trabajar para que se definan esas líneas de colaboración.


Otra pregunta es si hay algún mecanismo para lograr reparaciones. Yo creo que para la reparación lo que ya hay es toda una escuela de la reparación. Hay mucha gente, muchas instancias trabajando en proyectos. Es verdad que se ha dicho, y
con razón, que también en el seno de la propia Iglesia se han abierto mecanismos para esa reparación, pero yo quiero decir que esta es una institución pública y la dimensión de lo que ha de hacerse ha de ser y será pública, y nuestros informes
tendrán, por tanto, repercusión pública, no será simplemente una reparación particular, salvo en los casos en los que cada uno pueda hacer valer sus necesidades, como un respeto mayor a la intimidad.


No me considero un sectario. Ya tengo edad para que me hayan dicho de todo, como nos pasa a muchos de los que estamos aquí -lo siento, no todos somos especialmente jóvenes-, pero esa no es la palabra que me va a mí. A mí me han dicho otra
cosa: que era demasiado contemporizador con las ideas de los otros, que tengo demasiada tendencia a los consensos y a los acuerdos. A mí me han llamado la atención por ser poco incisivo a la hora de separar y muy llamado a la concordia. Si de
repente ahora soy un sectario, tengo que dejar que me lo miren. (Risas). No, yo sé que se dice en el sentido de que aceptar esto es una obra de sectarismo. No; no es ninguna obra de sectarismo, es una obra de servicio público. Soy un servidor
público, así me siento. Estoy orgullosísimo de servir a una instancia que es la representación de la voluntad popular, como son las Cortes Generales; el Parlamento me ha hecho una encomienda y lo haremos lo mejor que podamos, sin necesidad de
desprestigiar a nadie.


Quizá en este primer momento no me voy a extender más. Sí diré que comparto que la Iglesia católica, con independencia de algunas dimensiones más o menos institucionales, es o debe ser la primera interesada en que esto se haga bien y se
haga seriamente. Los beneficios sociales y los beneficios para aquellos que se digan o se consideren creyentes también son grandes. No se deja de defender una institución si se escinde, se distingue, se separa y se pide reparación a quienes no han
procedido adecuadamente. Por tanto, yo creo que la Iglesia es la primera interesada en que eso vaya bien.

Página 23

En cuanto a la alusión que se ha hecho a un bufete de abogados, yo respeto los caminos que se tomen. Eso es un encargo oficial de la Iglesia, de la Conferencia Episcopal; nosotros tenemos el encargo del Parlamento. Cada uno hará su
camino. Respetamos totalmente el camino que haya de hacerse, pero me parece que no está mal que una institución pública se ocupe de estos asuntos.


Con respecto al portavoz del Grupo Socialista, quiero decir que no solo entiendo que sus palabras nacen de alguna emoción o de alguna experiencia, sino también de un compromiso. Agradezco su disposición a colaborar, como se ha señalado en
líneas generales hasta este momento. Comprendo también las susceptibilidades que todos podemos tener respecto a qué es lo que nos puede esperar en este camino, pero creo que si nos vemos cada cierto tiempo y vamos presentando los resultados de lo
que hacemos, entre todos también podremos hacernos indicaciones o sugerencias para mejorar la orientación de lo que estamos haciendo y, en su caso, con los asesores, hacer una labor más adecuada.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor defensor.


A continuación, vamos a abrir un breve turno de réplica para los distintos grupos parlamentarios que quieran intervenir; como ustedes saben, es de dos minutos para cada uno de ellos. Empezamos por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado
(EAJ-PNV), con la senadora Mercedes Garmendia. (El señor Defensor del Pueblo, Gabilondo Pujol, pide la palabra). Un momento, señoría.


El señor DEFENSOR DEL PUEBLO (Gabilondo Pujol): En la réplica posterior contestaré -porque ahora me he despistado- sobre los casos de explotación sexual de menores tutelados, algo que me ha sido preguntado. Perdón.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


Tiene la palabra la senadora del Grupo del PNV.


La señora GARMENDIA BERECIARTU: Gracias, señor presidente.


Señor Gabilondo, no tenga usted ninguna duda, mi grupo parlamentario sabe perfectamente cuál es su cometido, tanto en el Congreso como en el Senado. Efectivamente, esta es una de las iniciativas a las que se llegó a raíz de que mi grupo
parlamentario en el Congreso tuviera la iniciativa que luego se aprobó por mayoría. Efectivamente, tanto en el Congreso como en el Senado las decisiones se toman por mayoría o no se toman, y eso es lo que viene aquí y lo que nosotros hemos pedido
que haga usted. No lo dude, sabemos cuál es nuestro cometido y tenemos más o menos claro cuál es el suyo también. (El señor Defensor del Pueblo, Gabilondo Pujol: No me refería a usted en ningún momento). Bueno, yo hablo por mí, por supuesto,
pero creo que la mayoría de los grupos políticos sabemos cuál es nuestra misión.


Y sí me hubiera gustado un poquito más de concreción. Es importante porque el cometido que tienen ustedes entre manos es trascendental, por lo que considero esencial saber por lo menos con qué presupuesto se empieza, con qué personal se
empieza, cuándo se va a comenzar exactamente y cada cuánto tiempo se va a venir aquí. Creo que es muy importante porque, ya le digo, el cometido es de gran envergadura. No se puede concretar más, pero sí me hubiera gustado saber por qué optan
ustedes, si por la decisión de oír a todos, dure lo que dure la investigación, o por poner un plazo fijo a esa investigación y en ese plazo poder llegar a una decisión o a algunas determinaciones.


No sé si me podría usted concretar un poquito más. Si no, muchísimas gracias por su intervención.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


A continuación, tiene la palabra, si lo desea, el Grupo Parlamentario Plural. (Pausa).


Al no intervenir el portavoz del Grupo Parlamentario Plural, pasamos al Grupo Parlamentario Democrático. Tiene la palabra don José Luis Muñoz Lagares.


El señor MUÑOZ LAGARES: Gracias, presidente.


Solamente quiero agradecer esta primera toma de contacto con el Defensor del Pueblo en este asunto tan vital y tan importante para la sociedad y que no debemos olvidar, al igual que quiero agradecer la comparecencia de las adjuntas aquí
presentes.


Coincido en que me gustaría que se hubiera concretado un poco más, pero se trata de una primera toma de contacto y seguramente en las siguientes sesiones periódicas, que usted mismo se ha comprometido a realizar, iremos profundizando en el
tema.


Gracias.

Página 24

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


Por parte del Grupo Parlamentario Podemos, tiene la palabra doña Martina Velarde.


La señora VELARDE GÓMEZ: Gracias, presidente, y gracias al señor Gabilondo, Defensor del Pueblo, por la explicación.


Estoy de acuerdo, y lo he dicho desde el principio, con el Defensor del Pueblo en que esto no es una cuestión de católicos o no católicos, de gente que pertenezca a la Iglesia o que no pertenezca, sino que son los propios católicos y la
gente que pertenece a la Iglesia quienes deberían ser los primeros interesados en que se llegue a la verdad, en que se haga justicia y se repare a las víctimas, en esto no debería haber ninguna duda. Yo antes he aludido a cómo ha evolucionado
nuestro país y cómo lo han hecho otros países respecto a esta cuestión. Estamos hablando de la diferencia de nuestro país en las dos últimas décadas respecto a otras macroinvestigaciones que se han sucedido en otros países, como puede ser Bélgica,
o la investigación con un Gran Jurado en Pensilvania, o cómo se creó una comisión en el Gobierno australiano, o cómo han abordado el tema las autoridades irlandesas y la Iglesia, que han puesto en marcha investigaciones y han creado organismos
específicos para acabar con esta lacra, o cómo en Alemania incluso estas investigaciones las han dirigido la Conferencia Episcopal y algunas diócesis. Ojalá estuviese España a la altura en ese sentido, porque vamos a la cola. Eso es lo único que
estaba diciendo, que en España hay una queja por parte de las víctimas de abusos, que denuncian un hermetismo continuado y la pasividad de los obispos, que ni siquiera han comunicado los datos del número de posibles víctimas, y que la Iglesia
española tampoco ha abierto sus archivos, como han hecho en Francia, a pesar de que los medios de comunicación han ido contabilizando muchísimas víctimas de abuso.


Con respecto a la intervención de las señorías de VOX, quiero decir que estos no son hechos aislados, sino que son cientos de miles las personas víctimas de abuso en todo el mundo. Son años y años de total impunidad, años en los que se han
ocultado estos hechos y no se han traído nunca a las instituciones, cuando en otros países ya se ha hablado del 'yo sí te creo' -eso que a ustedes no les gusta nada con las mujeres- y tu país te cree. Ustedes vienen aquí, como siempre, a sacar
otros temas, a no hablar de una cosa tan importante como esta, pero creo que lo que han hecho hoy es una falta de respeto a las víctimas de abusos sexuales por parte de la Iglesia, porque estamos aquí para hablar de eso, porque para eso se le ha
encomendado al Defensor del Pueblo este informe y para eso hay veinte personas trabajando en ese informe que va a venir al Congreso. Así que, por favor, dejen el politiqueo para otro día, porque este tema es muy duro. Dejen también de hablar todo
el día de presunción de inocencia porque ahora son ustedes los que están vulnerando la presunción de inocencia. Parece que ustedes solo piden la presunción de inocencia...


El señor PRESIDENTE: Señoría, le hemos concedido más de un 50 % de su intervención. Se lo digo para que vaya terminando.


La señora VELARDE GÓMEZ: Termino. Las señorías de VOX solo hablan de presunción de inocencia cuando la cosa tiene que ver con maltratadores, con violadores que sean blancos, hombres y españoles. Esa es la única presunción de inocencia de
la que hablan ustedes. Creo que no deberían hablar de esto porque tampoco vamos a hablar de aquí de otro tema sobre el que ustedes tienen mucho que callar y que tiene que ver con su exlíder de Lleida, que está condenado, y con sentencia ratificada
por el Tribunal Supremo -por eso no hablo de presunción de inocencia-, a catorce años por abusos sexuales en una fundación de tutelados y discapacitados. Así pues, un poco de respeto a esta Comisión y un poco de respeto a las víctimas de abusos
sexuales de la Iglesia, que es para lo que estamos aquí, que es para lo que está la Comisión y que es para lo que todos y todas hemos encomendado al señor Defensor del Pueblo que traiga ese informe.


Gracias.


El señor PRESIDENTE: Por parte del Grupo Parlamentario VOX tiene la palabra su portavoz, don Julio Utrilla.


El señor UTRILLA CANO: Muchas gracias, señor presidente, y gracias, Defensor del Pueblo, por contestarme luego a las preguntas sobre el abuso a menores tutelados.


Señora portavoz de Podemos, nosotros no hemos hablado en ningún momento de casos aislados; lo dice usted, exclusivamente usted. Precisamente porque no son casos aislados, nos gustaría que el

Página 25

Defensor del Pueblo lo ampliase lo máximo posible, y ahora explicaré por qué, pero desde luego nosotros no hemos hablado de casos aislados. Yo sé que usted se pone muy nerviosa porque tiene relación directa con la izquierda de Valencia para
estos temas, y le pone nerviosa que traigamos un caso aquí donde, evidentemente, no hay presunción de inocencia porque el exmarido de la vicepresidente de la Generalidad de Valencia ha sido condenado a cinco años de cárcel, señoría. Recuérdelo,
aquí no hay presunción de inocencia sino una condena, y hay una imputación a la vicepresidente de la Generalidad de Valencia por una posible ocultación de datos y por obstaculizar la investigación. Y hay presunción de inocencia, pero, desde luego,
el Defensor del Pueblo valenciano ha sido muy claro en que hubo ocultación de datos y hubo obstaculización. Creo que es un tema importante.


Señor Gabilondo, casi nada que discutir con usted; con usted es muy difícil discutir porque nos da la razón en todo lo que dice. Se está diciendo que es un tema importantísimo y que habría que ampliarlo. ¿Usted se imagina que haya abusos
a menores en el deporte y decidiésemos, por ejemplo, estudiar exclusivamente a la federación de judo, en la cual ha habido a veces abusos? ¿No nos quedaríamos cojos? Usted lo ha dicho. Ha dicho que es importante transformar la conciencia de esta
sociedad porque esto es algo que afecta realmente a la sociedad en sí, y estamos de acuerdo, estamos de acuerdo con la mayoría de sus palabras, pero ¿por qué lo circunscribimos solo a la Iglesia? Es lo que le decimos, que actúe de oficio y que
trate de ampliarlo lo máximo posible porque si no, no conseguiremos solventar este problema ni reparar a las víctimas porque habrá muchas víctimas que se quedarán por el camino. Ampliémoslo a todos los abusos porque -y usted lo ha vuelto a decir y
nos ha vuelto a dar la razón- en todos los ámbitos donde hay cierta jerarquía y donde hay menores, efectivamente se han podido producir abusos. Hagámoslo, ampliémoslo y seguro que todos nos quedaremos más tranquilos.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.


Por parte del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra su portavoz, don Celso Delgado.


El señor DELGADO ARCE: Gracias, presidente, señorías.


Señor Defensor del Pueblo, usted comparece en la Comisión para dar cuenta de los avances en el trabajo encomendado y nosotros recibimos su información. Usted comienza su intervención diciendo que acepta y quiere escuchar propuestas,
indicaciones y sugerencias, y es lo que hacemos. Sin embargo, su respuesta la ha planteado en un tono en el que se notaba incomodidad en relación con lo que se planteaba. (El señor Defensor del Pueblo, Gabilondo Pujol, hace signos negativos). Sí,
incomodidad y, en cierta medida, un poco de enfado y diciéndonos expresiones como: a mí nadie me tiene que decir lo que tenemos que hacer, a nosotros nadie nos tiene que decir lo que hacer o no hacer. Nosotros no le decimos lo que tiene que hacer,
nosotros le expresamos nuestra opinión en relación con los temas que usted hoy mismo nos traslada con inmediatez e intentamos darle una opinión. Nuestro grupo ha apoyado la Comisión, quiere que esta Comisión realice su trabajo, que usted realice su
trabajo, que cumpla con la encomienda, y le damos nuestra opinión.


Usted ha hecho unas reflexiones en torno a la Iglesia. Yo ya he dicho en mi intervención que la Iglesia no es algo homogéneo, que es algo muy complejo, como lo es el conjunto de la sociedad, como lo puede ser incluso esta institución, y no
acabo de entender por qué usted quiere plantear hoy una diferencia dentro de la Iglesia, pareciendo dar a entender que unos piensan de una manera y otros piensan de otra. Ha leído el comunicado de la CONFER y ha citado solo un párrafo, pero en el
siguiente párrafo -porque yo también tengo este comunicado- las congregaciones religiosas dicen: Estamos a la espera, en coordinación con la Conferencia Episcopal Española, de lo que el Defensor pueda solicitarnos en términos de colaboración para
esclarecer los abusos en el seno de la Iglesia. Y dice después: Las congregaciones religiosas están trabajando para favorecer el trabajo encomendado al gabinete Cremades & Calvo Sotelo y que pueda llevar a cabo su labor de auditoría contando con
la colaboración estrecha de las mismas. Es decir, se colabora; no presente usted una realidad como que la Confederación Española de Religiosos está enfrentada a la Conferencia Episcopal Española. Si no lo ha querido decir, lo ha dado a entender.


Y tampoco minimice el hecho de que la Conferencia Episcopal encargue una auditoría independiente a un prestigioso bufete precisamente para investigar estos hechos tan execrables. No tiene usted por qué aplaudirlo, pero tampoco minimizarlo
como un hecho que sea absolutamente indiferente, porque realmente no lo es.


Yo le pregunto en relación con la presencia en esa Comisión no de dos personas, sino de dos personas que responden a una institución. Usted me da una explicación respecto a que están ahí porque lo

Página 26

considera oportuno. Pues no haré más valoraciones, pero en todo caso no nos diga que usted manda muchas cartas y que le contestan. Eso ya lo sabemos, la Defensoría del Pueblo es una institución que tiene una interlocución enorme con todas
las administraciones e instituciones. Usted recibe cartas y las manda, y esa interlocución no se priva por el hecho de no estar en el consejo asesor. Usted ha decidido que estén en el consejo asesor, pues es una decisión que usted toma. Con esto
no prejuzgo que su trabajo vaya a ser bueno o malo, pero sí le quiero decir que nosotros, señor defensor, seguimos apostando por su independencia y por que haga la encomienda en los términos que le han sido planteado. Y deseamos que, cuando lo
tenga a bien, vuelva a comparecer con ese informe y, si es posible, nos lo avance un poquito antes para que el debate sea más interesante y más constructivo.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


Para finalizar las intervenciones de los grupos políticos tiene la palabra el portavoz del Grupo Socialista, don Juan Cuatrecasas.


El señor CUATRECASAS ASUA: Gracias, presidente.


Tras agradecer de nuevo la presencia y la respuesta a la pregunta que se le ha formulado, deseo hacer no un panegírico -y pido que no lo entiendan así-, pero sí un reconocimiento. No es un secreto, y no pretendo que hoy lo sea -y además
creo oportuno citar el apunte y que ustedes por una vez lo permitan-, que, además de diputado del Grupo Socialista, soy padre de una víctima y superviviente, además de miembro fundador de una asociación de la que fui presidente durante unos años.
Si lo menciono es por el hecho de transmitirles que, desde mi experiencia, mediante esos dos aspectos de mi vida he aprendido mucho, tanto o más que en mi condición de diputado, y que los seres humanos que he conocido enclavados en esta dura
vivencia física y emocional son hombres y mujeres dotados de una profunda empatía, de paciencia ilimitada, de un valor humanista digno de aplauso y admiración, y que, a pesar de las lógicas diferencias propias del ser humano, forman un grupo
heterogéneo en detalles pero homogéneo en sus justas reivindicaciones. Haberlos conocido, atendido y mostrado cercanía ha sido en todo este tiempo un regalo para mí, porque de sus testimonios, ideas, revelaciones y tenacidad surge constantemente
una alta dosis de aprendizaje personal, porque para mí son todos, ellos y ellas, un ejemplo de vida. Porque el camino a sanar parece muy inclinado donde estoy parada, pero soy una guerrera, citando a Jennifer Rood Bedford, una de las múltiples
víctimas del médico del equipo de gimnasia femenino de los Estados Unidos, juzgado y sentenciado en 2018. Les puedo asegurar que, con múltiples dificultades y sometidos y sometidas durante décadas a una especie de conspiración de silencio, la
resiliencia de estos niños y niñas, muchos de ellos adultos en el presente, es más que digna de admiración. No existen palabras ni calificativos suficientemente clarividentes para explicar lo que vivieron ellos y ellas, señorías; no las hay. Una
de las más fieles sería el terror, un terror continuado ante una serie de acciones agresivas por parte de un adulto, de un sacerdote, un religioso, que ellos en parte no alcanzaban a entender en toda su extensión. Son guerreros y guerreras que
aprendieron a llorar por algo, pero también a defenderlo; guerreras y guerreros que han demostrado que Martin Luther King no estaba equivocado cuando defendía que si ayudo a una sola persona a tener esperanza, no habré vivido en vano. Así han
funcionado las víctimas de abusos de la Iglesia en todo este tiempo de soledad frente a la adversidad: ayudándose y apoyándose unas a otras, sin desmayo. Y créanme si les digo que, además, sin deseo de odio o venganza, porque en el ánimo de todas
ellas solo hay un deseo: el reconocimiento y la reparación. Lo de las acusaciones de anticlericalismo, de sectarismo y, la última, impertinente, de racismo queda a la suerte de las mentes más interesadas y retorcidas, las de los encubridores.


Gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


Tiene de nuevo la palabra el defensor del pueblo.


El señor DEFENSOR DEL PUEBLO (Gabilondo Pujol): La verdad es que no estoy incómodo. Si parece que estoy incómodo, me lo tengo que mirar; lo que sí estoy es un poco concernido por la situación. No quisiera, señor Delgado, que traduzca mis
palabras a expresiones coloquiales del tipo: a mí nadie me tiene que decir lo que tengo que hacer. Yo no he estado haciendo más que defender algo que la ley señala: que el Defensor del Pueblo no está sujeto a mandato imperativo alguno. Y lo digo
para que tengan ustedes la tranquilidad de que ninguno de los que están en la Comisión, sean de una institución o de otra, van a trabajar produciendo desde esas instituciones ningún tipo de mandato. No me estoy

Página 27

refiriendo a que ustedes no me puedan decir a mí lo que consideren que deben decirme. ¡Pues solo faltaba! No sé si no me explico bien, pero lo que estaba es subrayando la independencia de la institución del Defensor del Pueblo para explicar
por qué habiendo dos personas que pueden estar trabajando aquí o allá, esto no supone de ninguna manera, aunque se hagan los informes que se hagan, que esto va a entenderse como un mandato imperativo. Si ha sonado de otra manera, me he explicado
mal y lo siento, pero yo no he querido decir eso, ni creo que he dicho esas palabras. También se dice que escribo cartas y recibo cartas... Es que cuando se reduce una intervención que tiene argumentos a una frase aislada, no me siento bien
considerado. No me siento bien considerado cuando lo hacen, pero no pasa nada, supongo que a usted le pasa lo mismo con lo que yo decía. Lo que quiero decir es que es normal la relación de la institución del Defensor del Pueblo con otras muchas
instituciones, y me he referido a la voluntad de llegar a los casos, de llegar a los archivos, de buscar cómo intervenir para poder llegar al fondo de la cuestión. La Fiscalía ha hecho un informe con unos casos estadísticamente considerados, pero
probablemente podemos también tratar de buscar si hay más denuncias que no han avanzado, si hay más casos. Para eso, nosotros también necesitamos asesoría para poder proceder, porque no somos grandes expertos en el ámbito judicial como para saber
cómo desenvolvernos. Yo necesito asesoría, y por eso están ahí. A una persona como usted, que no le voy a poner nota, pero siempre me ha parecido muy dialogante, lamento que le haya podido parecer que mi intervención era algo incisiva.


Con respecto a tratar de mostrar una falta de unidad en la Iglesia, no, no. Yo lo que estaba tratando era de mostrar una cosa que creo que a la Iglesia le gusta, que es su no homogeneidad; es decir, es una institución heterogénea donde hay
muchos modos de ser buen católico. Esto va para los que creen que solo hay un modo de ser buen católico, que además suele coincidir con el modo que ellos dicen. Entonces, yo lo que estoy señalando con estas apreciaciones no es tanto que esté
dividida o no -qué derecho tengo yo a hablar de eso-, lo que estoy diciendo es que la posición no es homogénea. Además, el presidente de la Conferencia Episcopal le podrá explicar bien -ya sé que no le hace falta- si lo que le estoy diciendo yo es
así o no. Le podrá explicar bien hasta qué punto es una posición unánime. Sabe perfectamente que también hay división y hay formas de obrar de distintos obispos, yo eso lo comprendo. Hablo de la heterogeneidad, no de la falta de unidad.


Usted me dice: se ha olvidado de citar una frase. Le voy a decir una cosa, esa frase la he citado hoy en el discurso. En la página 9 de lo que yo tengo aquí pone: Por otra parte, el presidente de la Conferencia Española de Religiosos,
CONFER, don Jesús Díaz Sariego, ha mostrado asimismo la voluntad de colaborar, y ha señalado: Estamos a la espera, en coordinación con la Conferencia Episcopal, de lo que el Defensor del Pueblo pueda solicitarnos para esclarecer los abusos en el
seno de la Iglesia.


Por otra parte, cuando estoy diciendo que el encargo a un bufete merece mi respeto no estoy minusvalorando eso, estoy distinguiendo entre lo que significa un encargo hecho por la Iglesia católica, que respeto -¡solo faltaba!- de lo que es un
encargo hecho por el Congreso de los Diputados, por la representación de la voluntad popular, de los ciudadanos que les han elegido libremente a ustedes para representar a todos los ciudadanos y han hecho una encomienda. Yo me debo a eso. ¿Que
otras instituciones hacen investigaciones y la Iglesia lo hace? Me parece bien. Además, yo conozco hasta qué punto también en el seno de distintas congregaciones se han iniciado procesos muy serios para abordar esta cuestión. Lo que yo he añadido
a eso es la palabra público, que es la palabra de esta institución en la que nosotros y ellos tienen el derecho de hacerlo público o no, pero yo tengo la obligación de hacerlo público con respeto a la voluntad de cada uno que intervenga o deje de
intervenir.


Comparto que a veces es necesario concretar más. Yo también quiero concretar más, pero también quiero tomarme en serio la comisión asesora. Seguro que ustedes han estado en alguna comisión asesora, y seguro que no hay nada más molesto en
una comisión asesora que llegar allí a sancionar lo que ya han decidido otros. Pero es que yo me tomo en serio la comisión asesora, y la comisión asesora tendrá que decir si es mejor hacer o ir a todos o ir a plazo fijo, y decir: mira, en un año
lo que podamos, y fuera. O igual es mejor decir: en un año sacamos hasta donde hemos llegado, pero seguimos, porque no queremos dejar a nadie. Hay que tener mucho cuidado con las prisas. Si algo me han dicho todas las personas que han hecho
otros informes es que el enemigo mayor de esto es la precipitación. Con esto yo no estoy diciendo que vamos para largo, no, no; yo les digo que en un año tendremos algo. Si les parece suficiente, lo dejamos, pero igual no les parece suficiente y
podemos ir más.


La señora Velarde hablaba de distintas acciones en otros países. Efectivamente, lo que hemos hecho es un estudio. Todos los informes internacionales que se han hecho, absolutamente todos, son espectaculares; es espectacular la pluralidad
de modos de hacer. En unos ha intervenido la Iglesia,

Página 28

en otros no ha intervenido. Unos los han hecho para todo tipo de abusos, otros solo para ciertos abusos. En unos han gastado millones de euros, en otros 200 000 euros. En unos lo que han hecho es una investigación para seis meses y ya
está, en otros para un año. En alguno se ha hecho por seis expertos de distintas profesiones y para todo un país. Las conclusiones australianas son espectaculares, pero entran en terrenos -usted ha entrado en alguno de ellos- como el secreto de
confesión y cosas muy serias. Sinceramente, yo no estoy en condiciones ni creo que vayamos a llegar a esos extremos -tampoco les quiero desanimar- ni que vayamos a dar recomendaciones sobre cómo debe administrar los sacramentos la Iglesia católica;
hasta ahí no creo que lleguemos; pero sí puedo decirles que sí que lo he visto, está en las conclusiones australianas. Y hay más cosas todavía. En fin, sí me parece importante tener en cuenta los informes internacionales, porque llegamos no digo
tarde, pero sí un poco tarde. Vamos a ver si hemos aprendido algo de lo que han hecho los demás.


Con respecto a las actuaciones de oficio, nosotros no podemos hacer actuaciones de oficio en todo lo que se nos ocurra, aunque nos guste. Puedo decir algunos ejemplos. Desde que yo -perdonen que hable de mí, porque el Defensor del Pueblo
se llama igual que la institución, qué le vamos a hacer-, desde que el Defensor del Pueblo está ocupado -no está ocupado, yo estoy en este sitio- por mí hemos hecho 112 actuaciones de oficio, 112. No se puede decir que no hagamos actuaciones de
oficio, han sido 112. Pero hay una cosa que sabemos con toda claridad: que si el asunto está judicializado nosotros no podemos intervenir. Eso es así. (El señor Utrilla Cano: Sí puede, es el Defensor). Eso es exactamente así y, por tanto, en
un caso que ha sido citado, el caso de Valencia, es verdad que hubo una solicitud de intervención, además, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. Nosotros dijimos que sigue incurso en un procedimiento judicial, y lo que se nos dice a
nosotros es que tenemos que esperar a que se resuelva el asunto judicialmente. No somos jueces, no somos otra instancia de jueces, no somos una tercera cámara, no somos unos juzgados de emergencia. Por otra parte, está el Sindic valenciano -que ha
sido citado también- investigando los protocolos de detección de la comunidad, y ahí hay un principio de cooperación y coordinación con el Sindic valenciano que nos lleva a no actuar cuando está actuando uno en la propia comunidad autónoma.


No obstante, sí hemos hecho alguna cosa que sí podíamos hacer, por ejemplo, el pasado 25 de mayo iniciamos una actuación de oficio con todas las administraciones competentes en materia de servicios sociales de todas las comunidades
autónomas, además de con el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, para conocer los posibles casos de explotación sexual de menores tutelados que se hubieran detectado en cada territorio, así como las medidas específicas de protección
adoptadas con respecto a los afectados. Hemos hecho una actuación de oficio para todo el territorio nacional, para todas las comunidades autónomas, en todo lo que tiene que ver con los abusos a menores en centros tutelados. Esta investigación está
en curso y estamos recibiendo ya contestación de algunas comunidades.


¿Qué estaba haciendo antes la institución? Pues ya inició actuaciones en 2020 y a principios de 2022 ante el Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales y ante la Consejería de Familia, Juventud y Política Social de la Comunidad de Madrid tras
conocer casos de menores tutelados por estas comunidades que habían sido, presuntamente, víctimas de abusos o explotación sexual. Y eso está en curso, abierto. Con esto le quiero decir que es verdad que no hacemos algunas cosas y otras sí, pero es
verdad que las que hacemos son las que creemos que corresponden a nuestra función, y las que a veces se nos piden no podemos hacerlas por estar incursos en asuntos ya juzgados o que están juzgándose, por lo que no podemos intervenir. No se tome
esto, por tanto, como una pasividad o falta de acción, sino como una distinción del tipo de acciones que nos corresponde hacer.


Nuevamente, procuraremos concretar más, señor Muñoz Lagares; a mí me parecía que había concretado mucho. Es más, al principio me parecía que habían dicho: gracias por la gran información que hemos recibido. Pero según se han ido animando
las cosas, ya parecía poca. Y esto es buena señal, porque hemos visto, probablemente también en esta reunión, los flecos de asuntos que aún nos quedan por rellenar y por cumplir, y expectativas que tienen que ver. Económicamente yo diría: lo que
haga falta; es decir, si para hacer la investigación necesitamos recursos, yo estoy seguro de que la Mesa del Congreso y del Senado nos dará los recursos para hacerla, pero tendremos que decir para qué es y tendremos que hacer un plan específico
para que sea. Así que, señora Garmendia, espero y confío en que ese dilema entre: o ir a todos o a plazo fijo pueda dirimirse, y que haya el presupuesto necesario para que, sea en un caso o sea en el otro, puedan hacerse bien las cosas.


Con respecto a la intervención del señor Cuatrecasas, es verdad que uno puede confundirse si identifica su intervención simplemente con una presentación emotiva, que ese componente lo tiene, pero

Página 29

lo que es evidente es que ahí hay muchísimos argumentos y muchísima posición, muchísima determinación y muchísimo compromiso con respecto a aquello que está señalando, y me parecería trivializar su posición el que se considere que habla
desde un corazón doliente por una situación duramente sufrida. Me parece que el esfuerzo de hacer de eso, como ha hecho, un paso al espacio del compromiso argumentado es un paso que yo le reconozco, aquí, públicamente, en su intervención. Yo
-repito- no estoy para poner nota a lo que dicen los demás.


Muchas gracias por todo. Solo lamento que por las cosas de la conversación, a veces, haya parecido menos delicado de lo que me gustaría ser para responder a algunos asuntos, pero también agradezco haber tenido esta oportunidad de poder
-espero- aclarar que nada más lejos de mi voluntad que no dejarme decir por los demás o creerme que me lo sé todo sin escuchar. Solo quería salvar la autonomía de la institución del Defensor del Pueblo para que sepan que, desde la libertad, haremos
con todo nuestro compromiso y conciencia lo que creamos que es mejor, y también con su ayuda y sus indicaciones. Me llevo unas cuantas para la defensoría. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Para finalizar, además de darle las gracias al Defensor del Pueblo, a sus adjuntas y, por supuesto, a todo el equipo que le acompaña, quiero agradecer también el respeto, el decoro y la sensibilidad que han tenido todos
y cada uno de los portavoces en sus intervenciones.


Sin nada más que tratar, se levanta la sesión.


Eran las siete y cuarenta y cinco minutos de la tarde.