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DS. Cortes Generales, Comisiones Mixtas, núm. 134, de 19/05/2022
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DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES GENERALES
COMISIONES MIXTAS
Año 2022 XIV LEGISLATURA Núm. 134
PARA LAS RELACIONES CON EL TRIBUNAL DE CUENTAS
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. SANTOS CERDÁN LEÓN
Sesión núm. 14
celebrada el jueves,
19 de mayo de 2022
en el Palacio del Congreso de los Diputados
ORDEN DEL DÍA:
Retirada del orden del día:
Comparecencia de la señora presidenta del Tribunal de Cuentas (Chicano Jávega), para informar sobre:
Bloque I:
- Moción relativa a las medidas para promover la rendición de las cuentas generales y la reducción de los plazos de rendición de cuentas en el sector público local. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000134 y número de
expediente del Senado 773/000011) ... (Página3)
Debate y votación de las propuestas de resolución:
Bloque I:
- Informe de fiscalización sobre la evolución económico financiera, patrimonial y presupuestaria del sistema de la Seguridad Social y su situación a 31 de diciembre de 2018. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000064 y
número de expediente del Senado 771/000063) ... (Página3)
- Informe de fiscalización de la contratación celebrada por las entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social, adscritos a la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, ejercicio 2018. (Número de expediente del Congreso de
los Diputados 251/000082 y número de expediente del Senado 771/000081) ... (Página4)
- Informe de fiscalización de la contratación celebrada por el Instituto de Mayores y Servicios Sociales, ejercicio 2019. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000131 y número de expediente del Senado 771/000130) ...
Bloque II:
- Informe de fiscalización sobre la gestión y control de los pagos efectuados al personal de las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social, ejercicio 2017. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000055 y número de
expediente del Senado 771/000053) ... (Página5)
- Informe de fiscalización relativa al seguimiento de las actividades realizadas por la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social en relación con las actuaciones y cumplimiento de la normativa en vigor por las mutuas
colaboradoras con la Seguridad Social en el proceso de segregación de los servicios de prevención ajenos. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000077 y número de expediente del Senado 771/000077) ...
Bloque III:
- Informe de fiscalización de los procedimientos de gestión y control de los deudores por prestaciones del Instituto de Mayores y Servicios Sociales, ejercicio 2016. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000012 y número de
expediente del Senado 771/000012) ... (Página8)
- Informe de fiscalización sobre los procedimientos de gestión y control relativos a los recargos aplicados por la falta de adopción de medidas de seguridad e higiene en el trabajo, ejercicio 2016. (Número de expediente del Congreso de los
Diputados 251/000019 y número de expediente del Senado 771/000019) ... (Página8)
- Informe de fiscalización operativa sobre la Formación Profesional del Instituto Social de la Marina, ejercicio 2018. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000111 y número de expediente del Senado 771/000111) ...
Comparecencia de la señora presidenta del Tribunal de Cuentas (Chicano Jávega), para informar sobre (continuación):
Bloque II:
- Informe de fiscalización de la Mancomunidad de Los Alcores para la gestión de los residuos sólidos urbanos, ejercicios 2017 a 2019. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000133 y número de expediente del Senado
771/000132) ... (Página9)
- Informe de fiscalización de la promoción y gestión de la vivienda de protección pública en los ayuntamientos de Murcia, Cartagena y Lorca, ejercicio 2018. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000090 y número de
expediente del Senado 771/000090) ... (Página9)
- Informe de fiscalización de inmuebles en los que no se desarrolla ninguna actividad y de obras públicas paralizadas en las entidades locales de la Región de Murcia. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000091 y número
de expediente del Senado 771/000091) ... (Página9)
- Informe de fiscalización de inmuebles en los que no se desarrolla ninguna actividad y de obras públicas paralizadas en las entidades locales de Castilla-La Mancha. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000095 y número de
expediente del Senado 771/000101) ... (Página9)
Bloque III:
- Informe de fiscalización del grado de implementación de los modelos de prevención de delitos y de comportamientos contrarios a la ética en las sociedades mercantiles estatales en el ejercicio 2018. (Número de expediente del Congreso de
los Diputados 251/000083 y número de expediente del Senado 771/000085) ... (Página17)
- Informe de fiscalización operativa de la igualdad entre mujeres y hombres en el desarrollo de la carrera profesional del personal del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, ejercicios 2017 a 2019. (Número de
expediente del Congreso de los Diputados 251/000126 y número de expediente del Senado 771/000127) ... (Página17)
Se abre la sesión a las diez de la mañana.
RETIRADA DEL ORDEN DEL DÍA:
COMPARECENCIA DE LA SEÑORA PRESIDENTA DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (CHICANO JÁVEGA), PARA INFORMAR SOBRE:
BLOQUE I:
- MOCIÓN RELATIVA A LAS MEDIDAS PARA PROMOVER LA RENDICIÓN DE LAS CUENTAS GENERALES Y LA REDUCCIÓN DE LOS PLAZOS DE RENDICIÓN DE CUENTAS EN EL SECTOR PÚBLICO LOCAL. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000134 y número de
expediente del Senado 773/000011).
El señor PRESIDENTE: Buenos días. Vamos a dar comienzo a la sesión de hoy, 19 de mayo.
Con carácter previo, se somete a la Comisión la propuesta de estudio del punto 9 del orden del día de la presente sesión, bloque I, que se refiere a la moción relativa a las medidas para promover la rendición de cuentas generales y la
reducción de los plazos de rendición de cuentas en el sector público local. Es a propuesta de la presidenta del Tribunal de Cuentas. Les faltaba determinar algunos informes y cuando estén los pasaremos. ¿Se aprueba? (Asentimiento).
Queda aprobado.
DEBATE Y VOTACIÓN DE LAS PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN:
BLOQUE I:
- INFORME DE FISCALIZACIÓN SOBRE LA EVOLUCIÓN ECONÓMICO FINANCIERA, PATRIMONIAL Y PRESUPUESTARIA DEL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y SU SITUACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2018. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000064 y
número de expediente del Senado 771/000063).
El señor PRESIDENTE: A continuación, pasamos a tramitar los puntos 1 a 8, que corresponden al debate y las votaciones de los informes de fiscalización que figuran en el orden del día.
Procedemos a las votaciones.
Bloque I. Votación correspondiente al informe de fiscalización sobre la evolución económico financiera, patrimonial y presupuestaria del sistema de la Seguridad Social y su situación a 31 de diciembre de 2018.
Propuestas de resolución presentadas por el Grupo Parlamentario VOX. Votamos la número 1.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 31; a favor, 4; en contra, 20; abstenciones, 7.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos a continuación las números 2 y 3.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 31; a favor, 14; en contra, 17.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
A continuación, pasamos a votar las resoluciones del Grupo Parlamentario Popular. Votamos la número 4.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 31; a favor, 14; en contra, 17.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos a continuación la número 5.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 32; a favor, 12; en contra, 17; abstenciones, 3.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos a continuación la número 6, del Grupo Popular.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 32; a favor, 29; abstenciones, 3.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Votamos a continuación las números 7, 8 y 9.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 32; a favor, 15; en contra, 17.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos a continuación las resoluciones del Grupo Parlamentario Socialista. La número 10.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 32; a favor, 17; abstenciones, 15.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Votamos a continuación la número 11.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 32; a favor, 29; abstenciones, 3.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN CELEBRADA POR LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL, ADSCRITOS A LA SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL, EJERCICIO 2018. (Número de expediente del Congreso de
los Diputados 251/000082 y número de expediente del Senado 771/000081).
El señor PRESIDENTE: A continuación, pasamos a la votación correspondiente al informe de fiscalización de la contratación celebrada por las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social, adscritos a la Secretaría de Estado
de la Seguridad Social, ejercicio 2018.
Propuestas de resolución presentadas por el Grupo Parlamentario VOX, de la número 1 a la 5. Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 32; a favor, 16; en contra, 16.
El señor PRESIDENTE: Se produce un empate. Voto ponderado. Son 272 votos en contra frente a 251 a favor. Por tanto, queda rechazada.
Pasamos a votar las resoluciones del Grupo Parlamentario Popular de la 7 a la 11.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 30; a favor, 29; abstenciones, 1.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
A continuación, votamos las del Grupo Parlamentario Socialista, de la número 12 a la 16. Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 31; a favor, 31.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN CELEBRADA POR EL INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES, EJERCICIO 2019. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000131 y número de expediente del Senado 771/000130).
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la votación correspondiente al informe de fiscalización de la contratación celebrada por el Instituto de Mayores y Servicios Sociales, ejercicio 2019.
Propuestas de resolución presentadas por el Grupo Parlamentario VOX, de la número 1 a la 5.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 31; a favor, 15; en contra, 16.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos las del Grupo Parlamentario Popular, de la número 6 a la 10.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 31; a favor, 31.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Votamos las del Grupo Parlamentario Socialista, de la número 11 a la 15.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 31; a favor, 31.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
BLOQUE II:
- INFORME DE FISCALIZACIÓN SOBRE LA GESTIÓN Y CONTROL DE LOS PAGOS EFECTUADOS AL PERSONAL DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL, EJERCICIO 2017. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000055 y número de
expediente del Senado 771/000053).
El señor PRESIDENTE: Pasamos al bloque II. Votación correspondiente al informe de fiscalización sobre la gestión y control de los pagos efectuados al personal de las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social, ejercicio 2017.
Propuestas de resolución presentadas por el Grupo Parlamentario VOX, de la número 1 a la 7.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 31; a favor, 15; en contra, 16.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
A continuación votamos las del Grupo Parlamentario Popular. Votamos la número 8.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 31; a favor, 31.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Votamos la número 9.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 31; a favor, 15; en contra, 16.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos la número 10.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 31; a favor, 15; en contra, 16.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos la número 11.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 31; a favor, 31.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Votamos la número 12.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 31; a favor, 15; en contra, 16.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos la número 13.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 31; a favor, 31.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Votamos la número 14.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 31; a favor, 15; en contra, 16.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos la número 15.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 31; a favor, 15; en contra, 16.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos la número 16.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 31; a favor, 12; en contra, 16, abstenciones, 3.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos las números 17 y 18.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 31; a favor, 31.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Votamos la número 19.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 31; a favor, 15; en contra, 16.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos la número 20.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 31; a favor, 13; en contra, 18.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos la número 21.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 31; a favor, 15; en contra, 16.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos la número 22.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 31; a favor, 12; en contra, 16; abstenciones, 3.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
A continuación, votamos las del Grupo Parlamentario Socialista. Votamos de la número 23 a la 25.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 31; a favor, 28; abstenciones, 3.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
- INFORME DE FISCALIZACIÓN RELATIVA AL SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN RELACIÓN CON LAS ACTUACIONES Y CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA EN VIGOR POR LAS MUTUAS
COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL EN EL PROCESO DE SEGREGACIÓN DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN AJENOS. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000077 y número de expediente del Senado 771/000077).
El señor PRESIDENTE: A continuación, votación correspondiente al informe de fiscalización relativa al seguimiento de las actividades realizadas por la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social en relación con las actuaciones y
cumplimiento de la normativa en vigor por las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social en el proceso de segregación de los servicios de prevención ajenos.
Propuestas de resolución presentadas por el Grupo parlamentario VOX, la número 1.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 32; a favor, 15; en contra, 17.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
A continuación, votamos las del Grupo Parlamentario Popular, de la número 2 a la 4.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 32; a favor, 32.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Votamos la del Grupo Parlamentario Socialista, la número 5.
Comienza la votación (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 32; a favor, 32.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
BLOQUE III:
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN Y CONTROL DE LOS DEUDORES POR PRESTACIONES DEL INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES, EJERCICIO 2016. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000012 y número de
expediente del Senado 771/000012).
El señor PRESIDENTE: Votamos el bloque III, votación correspondiente al informe de fiscalización de los procedimientos de gestión y control de los deudores por prestaciones del Instituto de Mayores y Servicios Sociales, ejercicio 2016.
Resoluciones presentadas por el Grupo Parlamentario VOX, de la número 1 a la 12.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 32; a favor, 15; en contra, 17.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos las del Grupo Parlamentario Popular, la número 13.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 32; a favor, 15; en contra, 17.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos las del Grupo Parlamentario Socialista, de la número 14 a la 27.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 32; a favor, 29; abstenciones, 3.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
- INFORME DE FISCALIZACIÓN SOBRE LOS PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN Y CONTROL RELATIVOS A LOS RECARGOS APLICADOS POR LA FALTA DE ADOPCIÓN DE MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO, EJERCICIO 2016. (Número de expediente del Congreso de los
Diputados 251/000019 y número de expediente del Senado 771/000019).
El señor PRESIDENTE: Votación correspondiente al informe de fiscalización sobre los procedimientos de gestión y control relativos a los recargos aplicados por falta de adopción de medidas de seguridad e higiene en el trabajo, ejercicio
2016.
Resoluciones presentadas por el Grupo Parlamentario VOX, de la número 1 a la 6.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 32; a favor, 16; en contra, 16.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
La señora MUÑOZ DALDA: ¿Se repite la votación?
El señor PRESIDENTE: No se repite la votación.
La señora MUÑOZ DALDA: Sí, se repite y luego el voto ponderado.
El señor PRESIDENTE: En las comisiones no.
Pasamos a votar la resolución del Grupo Parlamentario Popular, la número 7.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 32; a favor, 32.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Votamos las del Grupo Parlamentario Socialista, de la número 8 a la 13.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 32; a favor, 29; abstenciones, 3.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
- INFORME DE FISCALIZACIÓN OPERATIVA SOBRE LA FORMACIÓN PROFESIONAL DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA, EJERCICIO 2018. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000111 y número de expediente del Senado 771/000111).
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la votación correspondiente al informe de fiscalización operativa sobre la Formación Profesional del Instituto Social de la Marina, ejercicio 2018.
Propuestas de resolución presentadas por el Grupo Parlamentario VOX. Votamos de la número 1 a la 5.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 32; a favor, 15; en contra, 17.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos la número 6, del Grupo Parlamentario Popular.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 32; a favor, 32.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Votamos la del Grupo Parlamentario Socialista, número 7.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 32; a favor, 32.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Finalizadas las votaciones, suspendemos la sesión de la Comisión unos minutos para que se incorpore la presidenta del Tribunal de Cuentas. (Pausa).
COMPARECENCIA DE LA SEÑORA PRESIDENTA DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (CHICANO JÁVEGA), PARA INFORMAR SOBRE LOS SIGUIENTES EXTREMOS. (CONTINUACIÓN):
BLOQUE II:
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA MANCOMUNIDAD DE LOS ALCORES PARA LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS, EJERCICIOS 2017 A 2019. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000133 y número de expediente del Senado
771/000132).
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA PROMOCIÓN Y GESTIÓN DE LA VIVIENDA DE PROTECCIÓN PÚBLICA EN LOS AYUNTAMIENTOS DE MURCIA, CARTAGENA Y LORCA, EJERCICIO 2018. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000090 y número de
expediente del Senado 771/000090).
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE INMUEBLES EN LOS QUE NO SE DESARROLLA NINGUNA ACTIVIDAD Y DE OBRAS PÚBLICAS PARALIZADAS EN LAS ENTIDADES LOCALES DE LA REGIÓN DE MURCIA. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000091 y número
de expediente del Senado 771/000091).
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE INMUEBLES EN LOS QUE NO SE DESARROLLA NINGUNA ACTIVIDAD Y DE OBRAS PÚBLICAS PARALIZADAS EN LAS ENTIDADES LOCALES DE CASTILLA-LA MANCHA. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000095 y número de
expediente del Senado 771/000101).
El señor PRESIDENTE: Reanudamos la Comisión.
Damos la bienvenida, en este caso, a la presidenta del Tribunal de Cuentas, doña Enriqueta, que comparece para informar sobre los siguientes extremos que figuran en el punto noveno del orden del día, que están repartidos en dos bloques.
Debate correspondiente al bloque II: Informe de fiscalización de la Mancomunidad de los Alcores para gestionar los residuos sólidos urbanos, ejercicio 2017 a 2019; informe de fiscalización de la promoción y gestión de la vivienda de
protección pública en los ayuntamientos de Murcia, Cartagena y Lorca, ejercicio
2018; informe de fiscalización de inmuebles en los que no se desarrolla ninguna actividad y de obras públicas paralizadas en las entidades locales de la Región de Murcia; informe de fiscalización de inmuebles en los que no se desarrolla
ninguna actividad y de obras públicas paralizadas en las entidades locales de Castilla-La Mancha.
Para explicar los informes, tiene la palabra la señora presidenta del Tribunal de Cuentas.
La señora PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Chicano Jávega): Buenos días.
En primer lugar, quiero agradecer a los señores portavoces de los grupos que aceptaran que pospusiéramos la moción relativa a las medidas para resolver los temas de rendición de cuentas. Y les explico que el motivo fue porque, con ocasión
del debate en el pleno del tribunal de la memoria correspondiente al año pasado, se observó un número muy elevado de falta de rendiciones de cuentas en las entidades locales, muy desproporcionado respecto al resto de organismos. Entonces, los
nuevos consejeros querían abundar en los términos en que estaba propuesta la moción e incluso hacer un anexo en el que figurarán las comunidades autónomas con las entidades locales que tienen un alto nivel de rendición de cuentas. Ese fue el motivo
por el que pedimos que se pospusiera este punto; por tanto, muchísimas gracias por aceptar la propuesta.
Paso al primer informe del bloque II, de la Mancomunidad de Los Alcores, que supone el ámbito subjetivo de la fiscalización. Fue creada en 1982, por acuerdo de la Junta de Andalucía, para prestar servicio en la eliminación de desechos y
residuos sólidos urbanos generados en los términos municipales que integran la comunidad, que son Alcalá de Guadaíra, Carmona, Dos Hermanas, Mairena del Alcor, Sevilla y El Viso de Alcor. El ámbito objetivo, a lo que dedicamos la fiscalización, son
los sistemas y procedimientos en la gestión económico-administrativos de la mancomunidad, los convenios que la comunidad celebra con otras entidades, la situación contable y presupuestaria, la contratación pública y la selección y contratación de
las retribuciones y del personal. He de decirles que ha habido importantes limitaciones para el estudio y la fiscalización de esta mancomunidad en varios aspectos. En relación con el objetivo de evaluar los sistemas relativos a la gestión
económico-financiera, porque no se ha aportado parte de la documentación solicitada, imprescindible para hacer el análisis. Otro motivo ha sido que el puesto de secretario interventor, que está desempeñado por acumulación de otro puesto, ha estado
vacante durante mucho tiempo. De hecho, ha estado vacante y además se ha ocupado sucesivamente por personas diferentes, lo cual ha dificultado todas las labores de control. Y también porque, a la hora de valorar las prestaciones, en ningún momento
se nos ha facilitado un estudio de costes. La mayoría de los ayuntamientos que componen la mancomunidad abonan la facturación por el servicio de tratamiento de residuos directamente a la empresa concesionaria, en vez de a la mancomunidad. En
general, no hay rendición de cuentas.
Las principales conclusiones las pueden casi deducir de lo que acabo de manifestar. La mancomunidad ha incumplido sistemáticamente desde 2006 la obligación de rendir cuentas y remitir información contractual relativa al control interno y
modificó sus estatutos, sin cumplir con los trámites preceptivos, que ni siquiera están adaptados a la Ley de Autonomía Local de Andalucía. En cuanto a los procedimientos de control interno, no están adaptados a lo establecido para el control
interno en el decreto de 28 de abril de 2017. También se da la circunstancia de la vacante permanente o mal resuelta interinidad de la Secretaría de Intervención que he señalado. La mancomunidad no tiene presupuestos desde los ejercicios 2014 a
2019, desarrollando su actividad con los presupuestos de 2013. La mayor parte de la gestión relativa a la contratación es bastante deficiente, porque acuden de una forma muy generalizada al procedimiento de adjudicación directa mediante contratos
menores y verbales. En cuanto a la gestión del personal, también se detecta una falta de adecuada identificación de las necesidades que hay que cubrir y, por supuesto, no hay una planificación de la incorporación de los recursos humanos. El único
documento que hemos podido tener a disposición ha sido la plantilla que figuraba con los puestos de 2013, que fueron los últimos aprobados, porque han funcionado con presupuestos prorrogados desde 2013. En cuanto a la prestación de servicios en el
periodo fiscalizado, se ha prestado el servicio de tratamiento y eliminación de residuos, que es el objeto con el que se constituyó la mancomunidad, y además otros servicios, entre los que se encuentra el servicio de limpieza viaria, cosa que no
está prevista en el estatuto de la entidad, con lo cual antes de empezar a prestar este servicio deberían de haber modificado los estatutos. Igualmente, han prestado servicios a otros municipios que no están incluidos en la mancomunidad. Esta
gestiona el pago de la cuantía correspondiente a dos ayuntamientos, Mairena del Alcor y Alcalá de Guadaíra, mientras que los otros ayuntamientos que forman parte de la mancomunidad realizan
directamente el pago a la concesionaria. Este pago directo de los municipios representa el 90 % del total de la facturación del servicio. Por supuesto, después del relato que acabo de hacer, incumple los requisitos de publicidad activa
establecidos en la ley de transparencia. Lo cierto es que el mero cumplimiento de las obligaciones que prevé la normativa sería lo único aconsejable para superar todas las deficiencias, porque todo lo que se incumple está previsto normativamente.
No obstante, se formulan algunas recomendaciones que se dirigen a los responsables de la mancomunidad para superar las debilidades y deficiencias puestas de manifiesto y mejorar la gestión de los servicios.
Con esto he terminado este informe. Si es posible, después, en el debate, aclaramos o informamos sobre los extremos que les interesen.
El siguiente informe correspondiente a este bloque es el de la promoción y gestión de la vivienda de protección pública en los ayuntamientos de Murcia, Cartagena y Lorca en el ejercicio 2018. Como ven por el título, el ámbito subjetivo está
constituido por los ayuntamientos de Murcia, Cartagena y Lorca, incluyendo tanto los servicios municipales implicados en la planificación y control de las políticas de vivienda como en las entidades públicas de vivienda que incluyen la realización
de actuaciones de promoción y gestión de viviendas públicas. El ámbito objetivo son las políticas públicas de vivienda que se desarrollen al amparo de la competencia municipal del artículo 25 de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local y la
gestión del patrimonio público del suelo. Al ser tres municipios, es una fiscalización de carácter horizontal y también es operativa y de cumplimiento con objetivos generales de analizar el diseño de las políticas públicas dirigidas a facilitar el
acceso a una vivienda adecuada y digna, así como la aplicación de estas políticas y evaluar el impacto en relación con la previsión de los resultados que se definen en los planes. Otro objetivo es examinar los procedimientos aplicados por los
ayuntamientos para la promoción de vivienda protegida y la utilización del patrimonio público del suelo, evaluar los sistemas y procedimientos de registro, protección, control y conservación del parque municipal de viviendas protegidas y verificar
la legalidad de los procedimientos de venta o alquiler.
Las principales conclusiones referidas a estos objetivos generales son las siguientes. Con respecto al diseño y aplicación de políticas públicas, los resultados que da la fiscalización manifiestan que las actuaciones en materia de vivienda
desarrolladas por los tres niveles de Administración -local, autonómica y estatal- se orientan al fomento del alquiler, frente a la concesión de ayudas para adquisición de viviendas libres o protegidas. Sin embargo, ninguno de los planes de
alquiler implementados en los ayuntamientos fiscalizados ha conseguido los objetivos que tenía previstos y quedan alejados de las estimaciones iniciales. Los tres ayuntamientos han llevado intervenciones, por supuesto, en el marco de la competencia
propia de promoción y gestión de la vivienda pública, y, sin embargo, ninguno lo ha hecho mediante el instrumento adecuado, que es la elaboración de un plan de vivienda y la implementación de una política pública global. Los ayuntamientos de Murcia
y Cartagena realizaron actuaciones parciales en relación con la demanda de vivienda, ejecutaron directamente actuaciones vinculadas con las personas en riesgo de exclusión social y pusieron en marcha planes piloto para el fomento del alquiler
privado. En el Ayuntamiento de Lorca las intervenciones se centraron en la reconstrucción de la ciudad como consecuencia de los terremotos del año 2000. Con respecto a los otros objetivos, los referidos a la promoción de vivienda protegida y
utilización del patrimonio público afectado, así como la legalidad de los procedimientos y contabilización y registro del patrimonio, únicamente en 2018 el Ayuntamiento de Murcia registraba de forma separada los bienes integrantes y su patrimonio
público de suelo en el inventario general de bienes. En ninguno de los tres ayuntamientos se reflejaban adecuadamente los bienes del patrimonio público del suelo en los correspondientes saldos contables. No se ha podido realizar la conciliación
entre inventarios y la contabilidad porque ambas aplicaciones no están vinculadas ni se tiene detalle de los bienes. En los tres ayuntamientos analizados se puso de manifiesto un deficiente control del destino aplicado al patrimonio público del
suelo y de la legalidad de las operaciones a los fines de interés social que establece la legislación urbanística. Y con respecto a los procedimientos de registro, protección, control y conservación del parque municipal de viviendas y a la
verificación de su adecuación a la legalidad de los procedimientos, se ha puesto de manifiesto una insuficiente disponibilidad de viviendas para atender a los colectivos más necesitados, así como deficiencias en su control. Se formulan
recomendaciones dirigidas principalmente al fortalecimiento de la colaboración y cooperación entre las administraciones, que entendemos que deberían contribuir de forma conjunta al diseño e implantación de políticas públicas que favorezcan el
desarrollo de planes de alquiler de viviendas públicas y privadas e incentivar la salida al mercado de viviendas desocupadas. Se pone énfasis en los trabajos que deberían realizar los ayuntamientos fiscalizados para conocer las necesidades
habitacionales en su municipio y se
recomienda a los ayuntamientos fiscalizados coordinar las actuaciones en los servicios encargados de la gestión del patrimonio y de la contabilidad, garantizando que sea homogéneo el inventario de bienes y derechos y los saldos
correspondientes.
A continuación, puesto que en un principio estuvo previsto realizarlos de forma conjunta, aunque después se tomó la decisión de hacer dos informes separados, presento conjuntamente, salvo que no les parezca bien, los dos informes siguientes,
que están referidos a la Región de Murcia y Castilla-La Mancha en relación con la fiscalización de inmuebles en los que no se desarrolla ninguna actividad y tienen obras públicas paralizadas. ¿No hay problema en ello, señorías? (Denegaciones).
Gracias.
Estos informes, que ya digo que finalmente se aprobaron de manera separada, fueron aprobados en 2020 en dos plenos sucesivos. El origen de este informe se encuentra en los resultados que se observaron en un informe del periodo 2014-2015
sobre patrimonio inmobiliario de diputaciones provinciales, cabildos y consejos insulares, que se presentó ante esta Comisión en 2018. El ámbito objetivo de ambas fiscalizaciones lo constituye la gestión económico-financiera llevada a cabo por los
ayuntamientos en relación con el patrimonio inmobiliario de titularidad municipal en el que no se desarrollaba ninguna actividad o con obras en curso paralizadas y por su situación contable. También integran este ámbito objetivo las actividades o
las actuaciones que desarrollan las entidades relacionadas con el arrendamiento de inmuebles para el desarrollo de su gestión ordinaria y la prestación de sus servicios en relación con la existencia del patrimonio inmobiliario sin uso. El ámbito
subjetivo está constituido por las entidades locales de cada una de las dos regiones de más de cinco mil habitantes; en total se han fiscalizado 112 entidades locales: 37 de la comunidad de Murcia y 75 de la de Castilla-La Mancha. Y el ámbito
temporal abarca desde el 1 de enero de 2017 hasta el 30 de junio de 2019. Ambas se han configurado como horizontales y también cuentan con características propias de las financieras en la medida que se ha verificado la situación contable. En
síntesis, estas dos fiscalizaciones tienen objetivos específicos coincidentes, que son comprobar la existencia en los ayuntamientos de edificaciones sin uso, examinar las causas por las que se encuentran sin uso y los costes de mantenimiento,
analizar las obras públicas paralizadas y sus repercusiones económico-presupuestarias relacionándolo con la prestación obligatoria de servicios públicos, verificar la correcta contabilización del patrimonio y valorar la existencia de inmuebles
arrendados por las entidades para el desarrollo de su gestión ordinaria en la prestación de servicios.
Sobre la rendición de cuentas, a la fecha de finalización de los trabajos de fiscalización un 12 % de entidades no habían rendido su cuenta general y además hay retrasos significativos en otras varias entidades. En cuanto a los principales
resultados, un 16 % de los inventarios de bienes de estos municipios están desactualizados o no contienen la totalidad de la información exigida, lo que ha supuesto una limitación para la gestión de su patrimonio, además de un incumplimiento
normativo. Todos los ayuntamientos incumplieron los plazos establecidos para la aprobación y rectificación de sus inventarios y su contenido, y también en este caso se da una situación de eficacia limitada respecto a la exposición de los
inventarios porque no hay interconexión entre las aplicaciones contables empleadas, cosa que afecta a más de la mitad de los ayuntamientos auditados.
Con relación a los inmuebles en los que no se realiza ninguna actividad, los informes identifican un total de 253 inmuebles sin uso en las dos comunidades. Aproximadamente en un tercio de los casos, en un 30 % en Murcia y en un 34 % en
Castilla-La Mancha, estos inmuebles no están inscritos en el Registro de la Propiedad. Además, en un porcentaje similar, 29 % y 33 % respectivamente, los inmuebles nunca llegaron a utilizarse, y en el 70 % de los casos se incumplieron las
obligaciones de registro contable de estos bienes. En muchas ocasiones las incorporaciones de los inmuebles al patrimonio municipal se produjeron sin estar enmarcadas en un proyecto en que se determinaran las necesidades públicas a satisfacer ni
los medios ni los plazos de ejecución de las actuaciones previstas. Esta ausencia de planificación ha dado lugar a que la falta de uso se justificara en la inadecuación al destino previsto, el estado de deterioro del inmueble o incluso no ser
necesarios para el desarrollo de su actividad. En más de las tres cuartas partes de los casos, un 78 % en la Región de Murcia y un 87 % en Castilla-La Mancha, los ayuntamientos titulares de estos bienes no adoptaron ni planes ni medidas para poner
en funcionamiento, enajenar o modificar esta situación.
También se ha analizado la existencia de inmuebles con un uso ocasional, no permanente; en total, unos veinte inmuebles. En algunos de estos casos no hay inscripción en el Registro de la Propiedad, en otros casos no están incluidos en el
inventario de bienes y en la mayoría de los casos no hay registro contable. Ese apartado concluye con el análisis de varios supuestos en los que las entidades locales arrendaron bienes inmuebles aun cuando disponían de edificaciones en las que no
se desarrollaba
ninguna actividad. En la mitad de los casos, tanto en Castilla-La Mancha como en Murcia, estos arrendamientos se realizaron sin acreditar necesidad de contratación ni selección de inmuebles. Además, en ninguno de estos casos los
ayuntamientos realizaron en las fases preparatorias de los contratos estudios suficientes en los que se analizara si los bienes disponibles podían destinarse a estas funciones, evaluando los posibles costes de adaptación en relación con los precios
de alquiler.
Por lo que respecta a las obras públicas paralizadas, se han identificado un conjunto de treinta y nueve obras públicas paralizadas. El importe de adjudicación total de esas obras ascendió a cerca de 73 millones de euros y los recursos
invertidos paralizados ascendieron a un conjunto de 44,5 millones. Las causas que se arguyen en unos casos son imputables a la Administración y en otros casos al contratista, en otros casos ni a unos ni a otros y en algún caso no son identificadas
y yo soy incapaz de saber cuál es esa causa. En la mayoría de los casos el origen en las paralizaciones fue la falta de recursos de los ayuntamientos para continuar con la ejecución de obra, y el periodo medio de paralización superó los cuatro años
y medio en Murcia y los siete años y medio en Castilla-La Mancha. Y, en cuanto a las consecuencias de estas paralizaciones en relación con la prestación de los servicios, en la mayoría de los casos las entidades informaron de que los servicios que
se iban a prestar en las obras paralizadas se prestaron en otras instalaciones municipales, aunque en seis ayuntamientos esta paralización trajo consigo la no prestación de las actividades previstas. Solo en once casos se han reanudado y se han
terminado las obras paralizadas.
Se ha de hacer una mención especial del informe relativo a la Región de Murcia, en el que se destaca que las causas fundamentales de suspensión de estas obras fueron la falta de abono de las certificaciones o las demoras en los pagos por
parte de los ayuntamientos, pero ello es a pesar de que los expedientes contaban con el informe favorable de la Intervención sobre la existencia de crédito adecuado y suficiente, y en algunos casos se ha constatado que las entidades recibieron
financiación autonómica. En varios casos no se aplicó la financiación a los fines previstos y no se justificaron ni liquidaron en plazo subvenciones ante la entidad concedente. En la mayoría de los casos la comunidad autónoma no estableció
controles sobre la aplicación de las subvenciones concedidas. Finalmente, en lo relativo a las obligaciones de transparencia, una buena parte de ellas carecen de portal web de transparencia, otras tantas no tienen publicada información relativa a
los bienes inmuebles y otras tantas publican informes desactualizados.
Para cualquiera de las situaciones se han recogido en los informes algunas recomendaciones, que les destaco. Los ayuntamientos deberían destinar los medios necesarios para dotarse de inventarios de bienes con información actualizada y
sistemas informáticos de registro integrados con los sistemas de contabilidad. También tendrían que tener un control exhaustivo sobre la situación registral de sus inmuebles, de manera que detecten prácticamente de forma automática la falta de
inscripción registral. Las incorporaciones de inmuebles en los patrimonios municipales deberían formar parte de proyectos en los que quedaran debidamente determinadas las necesidades públicas a satisfacer, los medios que se van a emplear y los
plazos de ejecución. También se deberían adoptar medidas para poner en funcionamiento, enajenar o modificar la situación de los inmuebles que sigan sin uso. En el caso de arrendamiento de bienes inmuebles por municipios que disponen de inmuebles
sin uso, los contratos de arrendamiento deberían estar precedidos de informes suficientes para analizar si los inmuebles disponibles paralizados podrían destinarse a las funciones previstas, en vez de arrendar unos nuevos. Las entidades deberían
establecer protocolos de revisión de sus portales de transparencia, y, para el caso de la Región de Murcia, que establecieran mecanismos de control de las subvenciones que se conceden a los ayuntamientos para financiar las obras.
Por mi parte, ya he terminado. Tengo que decirles que el fiscal ha pedido información por indicios para proceder o no a la apertura de procedimientos en algunos de los casos que se contemplan en el informe; se lo digo porque sé que eso les
deja tranquilos. Entonces, aun a costa de ir un poco deprisa, el bloque II lo acabo de terminar.
El señor PRESIDENTE: Gracias, presidenta.
A continuación para fijar posición por el Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra la señora Cañizares.
La señora CAÑIZARES PACHECO: Gracias, presidente. Buenos días, señora presidenta. Muchísimas gracias por su exposición.
Creo que estos informes producen estupor, ya que no se pueden producir más incumplimientos desde el punto de vista formal. No obstante, me centraría en el primero de ellos, en el relativo a Los Alcores, porque, junto a los incumplimientos
formales en todos los ámbitos, lo que más me preocupa es la falta de prestación o la prestación inadecuada de esos servicios a los ciudadanos. Es decir, resulta flagrante, respecto a esta entidad que se dedicaba a la recogida de residuos, que las
calles de estos municipios de la mancomunidad estuvieran sucias, como denunciaron los propios ciudadanos. Ya no se trata solo del incumplimiento formal de obligaciones con respecto a la Administración y la rendición de cuentas, un tema muy
importante, sino también del incumplimiento en la prestación del servicio al ciudadano. Por tanto, a los ciudadanos les exigimos un esfuerzo, le exigimos que paguen tasas por recogida de basuras, y luego se ven recompensados sin la prestación del
servicio. Por eso, al respecto quiero destacar que nosotros, desde el Grupo Municipal de VOX en el Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra, uno de los ayuntamientos incluidos en esta mancomunidad, ya en octubre de 2020, es decir, un año antes de la
publicación de este informe por parte del Tribunal de Cuentas, exigimos a su alcaldesa que dicho ayuntamiento saliera de la misma a consecuencia de las irregularidades que detectábamos en la prestación del servicio con respecto a las partidas
presupuestarias que al mismo se destinaban. Ya exigimos entonces, antes de que se llevara a cabo esta fiscalización, que al menos se realizase una auditoría externa en esta mancomunidad a fin de dilucidar el destino de esas ingentes cantidades
pagadas por el ayuntamiento, además de en referencia a la gestión llevada a cabo y la labor del personal que prestaba sus servicios, ya que, efectivamente, consideramos inadmisible que, una vez que se destinan estos recursos de los ciudadanos a la
prestación de este servicio, se tenga una ciudad sucia y no se presten los servicios de manera adecuada. Por otra parte, tampoco se puede tolerar la falta de transparencia, como también se denuncia en el informe; yo he accedido a su página web, y
en ella no se dice absolutamente nada. Por tanto, falta de transparencia, de información y de explicaciones por parte de la entidad. Y, por último, si vamos a la hemeroteca, algunos sindicatos incluso llegaron a denunciar el comportamiento
antisindical que se producía en esta mancomunidad, así como un déficit de democracia, lo que creo que también es muy importante.
Con relación al resto de los informes, en cuanto a la gestión de vivienda de protección pública poniéndola en relación con los informes relativos a los inmuebles que carecen de uso o están paralizados, creo que los ciudadanos deberían
conocer estos atropellos a sus recursos por parte de los gestores públicos, esa desidia referente a tener inmuebles disponibles para prestar un servicio cuando estamos denunciando en el informe de gestión de vivienda de protección pública que
ninguno de los planes de alquiler implementados en los ayuntamientos fiscalizados ha logrado sus objetivos y la disponibilidad de vivienda para atender a los colectivos más necesitados es insuficiente. Efectivamente, si hay recursos ociosos, como
inmuebles a los que no se da ningún uso y que además están costando dinero a la Administración y, por ende, nos están costando dinero a los ciudadanos porque se tienen que mantener, los gestores públicos tendrían que ver si se pueden enajenar o
vender, como recomienda el tribunal, o si se puede llegar a un entendimiento, a una colaboración público-privada a fin de lograr darlos un uso y realmente poder dedicarlos a los ciudadanos. Y es que volvemos a lo mismo, que estos recursos son de la
Administración pero, en definitiva, salen de los impuestos que pagan los ciudadanos. Lo que no puede ser es que continuamente estemos exigiendo a los ciudadanos que paguen más impuestos porque tenemos una presión fiscal menor que en otros países de
Europa, como hoy por hoy dice el Gobierno, y luego nos encontremos con estas situaciones. Desde luego, si los ciudadanos asistiesen a esta Comisión y viesen los atropellos que se producen a sus recursos, otro gallo cantaría.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Cañizares.
A continuación, por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Suárez.
El señor SUÁREZ LAMATA: Buenos días, señora presidenta. Gracias por la exposición de estos informes.
Como usted mismo indicaba, el primero, sobre todo, es atípico. Me voy a quedar con lo positivo. Afortunadamente, en la Administración local no sucede lo que vemos en este informe, porque es difícil ver tal cantidad de incumplimientos en
una auditoría de una entidad local.
Usted ha relatado -entiendo que tiene poco tiempo- la cantidad de problemas que tiene, pero le quiero hacer unas reflexiones. Este es un modelo de gestión que yo me atrevería a calificar de cortijo -ya digo que quedan pocos-, y quiero
recordar también que está compuesto por algún ayuntamiento que casi es un icono en Andalucía o era un icono -se ha jubilado el alcalde recientemente, el señor Toscano-
para el Partido Socialista o incluso para el actual presidente del Gobierno. Pero la reflexión, más allá de la anécdota a la que quiero ir, es cómo es posible que, sabiéndose lo que se sabía, porque usted ha incidido dos veces en la vacante
del secretario interventor, haya estado vacante, ¿por qué ha estado vacante tantos años esta plaza? Yo se lo contesto: porque era pública y notoria la presión a la que se somete al funcionario, que evidentemente no quiere ir, y que nadie reaccione
y se pregunte por qué nadie quiere ir a una plaza en esta mancomunidad; es evidente que algo pasa ahí, como pasa en la Cámara de Cuentas de Andalucía, que tampoco escuchó nunca que era una mancomunidad.
Algunas de las cuestiones que se relatan en el informe se han podido leer en los medios de comunicación, sobre todo la no rendición de cuentas, y eso me lleva a hacerle otra pregunta, otra reflexión. Muy bien, no se han remitido las
cuentas, no se remiten los documentos, y le pregunto: ¿ha habido multas coercitivas por el incumplimiento reiterado de esas obligaciones constitucionales? Por otra parte, me gustaría saber quién ha pagado esas multas, si las ha habido. Y le
pregunto a usted, como presidenta del Tribunal de Cuentas -que yo creo que no, ya se lo digo, le anticipo mi posición- si tienen ustedes mecanismos suficientes para hacer cumplir al final el objetivo último, que es que se rindan las cuentas, porque
a alguien le pueden imponer doscientas multas, pero si al final no rinden las cuentas -esta es la reflexión que le hago- a lo mejor se ahorra más en el camino de lo que supondría un proceso penal o un proceso de responsabilidad contable. Creo que
hablo con conocimiento de causa, porque alguna de estas situaciones las he conocido bastante de cerca y no tienen un pase, sobre todo el tema de la contratación verbal, que está prohibida.
En definitiva, no voy a ahondar. Sí me gustaría que incidiera un poco en las cuestiones de la Fiscalía, porque a pesar de la gravedad de la cuestión, analizándolo fríamente, estoy convencido de que la Fiscalía, tal y como están configuradas
las normas, no ha podido ir tan lejos como quizás algunos en esta sala estén imaginando.
Respecto a los otros informes, me quedo con algo positivo. Son informes de auditoría operativa, que creo que es a lo que tiene que tender el Tribunal de Cuentas, a hacer efectivo el cumplimiento del artículo 31.2 de la Constitución, la
equidistribución de los recursos y principios de eficiencia y economía. En ese sentido, y eso es lo positivo que le veo a estos informes, se avanza de forma importante. Sí le hago una consideración: me parece muy bien el informe de viviendas
sociales porque da una perspectiva de lo que está pasando, pero creo -y esta es una cuestión que le planteo- si no debería haber una coordinación con los OCEX, para que también los OCEX hicieran un análisis de lo que está sucediendo en cada
comunidad autónoma; creo que eso sería todavía más indicativo. Además, abundando en los principios de eficiencia y economía de auditoría operativa -usted acaba de hablar de memoria anual, y ya no me queda tiempo-, espero que en esta etapa se
cumpla el artículo 136.2 con el famoso informe anual -no es la primera ni la quinta vez que hablo de esta cuestión en esta sala- que creo que el Tribunal de Cuentas debería recuperar. Hace dos comisiones se aprobó una moción a instancia de este
grupo parlamentario en la que se pedía que se recuperase ese informe, que es uno de los dos pilares básicos que cerraba el sistema de fiscalización que nuestros constituyentes se dieron.
Y, como se acaba el tiempo, nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Suárez.
A continuación, por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Retuerto Rodríguez.
La señora RETUERTO RODRÍGUEZ: Muchas gracias, presidente.
Me gustaría, en primer lugar, reconocer el ingente y magnífico trabajo que se realiza en este organismo, a su presidenta y a todo su equipo.
Me voy a centrar fundamentalmente en los informes relativos a la Región de Murcia, teniendo en cuenta que estamos hablando del ámbito de fiscalización de treinta y siete entidades locales de más de cinco mil habitantes y de un ámbito
temporal que va de enero de 2017 a junio de 2019 en la Región de Murcia. Por un lado, tenemos el informe de fiscalización de la promoción y gestión de la vivienda de protección pública en los ayuntamientos de Murcia, Cartagena y Lorca en el
ejercicio 2018 y, por otro lado, el informe de fiscalización de inmuebles en los que no se desarrolla ninguna actividad y de obras públicas paralizadas en las entidades locales de la Región de Murcia.
Señorías, hablar de la Región de Murcia tras veintisiete años de gobiernos del Partido Popular es hablar de la nefasta gestión realizada en el ámbito de la vivienda pública y de la optimización del suelo público, atendiendo a principios
básicos como es la sostenibilidad medioambiental, la igualdad de género y la igualdad de oportunidades. En el periodo de 2016 a 2019, el Gobierno de la Comunidad Autónoma de
la Región de Murcia no desarrolló ni una política de promoción pública de viviendas protegidas; eso sí, centró toda su actuación en las líneas de ayudas del Plan estatal de vivienda. Es decir, los sucesivos gobiernos del Partido Popular en
la Región de Murcia no han hecho una política autonómica propia en materia de vivienda y se han nutrido de los planes estatales y de la financiación que llega del Gobierno de España. El Gobierno del señor López Miras incumple reiteradamente la Ley
de Vivienda, que exige que se elabore un plan en esta materia y que sea revisado cada cuatro años.
El artículo 5 de la Ley de la Vivienda de la Región de Murcia atribuye a la comunidad autónoma la competencia para el fomento y la promoción de la construcción de viviendas protegidas que sean necesarias en función de la demanda, con el fin
de contribuir a garantizar la efectividad del derecho a la vivienda. Pues bien, durante los ejercicios fiscalizados por este Tribunal de Cuentas, el Gobierno de la Región de Murcia no ha desarrollado ningún plan regional ni realizó promociones
públicas de viviendas protegidas. Durante el periodo de esta fiscalización, el año 2018, ninguno de los tres ayuntamientos ha logrado los objetivos que se habían previsto y ninguno de los tres ayuntamientos analizados -Lorca, Cartagena y Murcia- ha
llevado a cabo el objetivo de promoción y gestión de la vivienda de protección pública a través de la elaboración de un plan de vivienda. Me consta que en la actualidad tanto el ayuntamiento de Lorca como el de Murcia están trabajando para cambiar
esta realidad heredada y revertir la situación.
Y, en referencia al segundo informe, el objetivo número 1 del Plan Estratégico del Tribunal de Cuentas 2018-2021 es contribuir al buen gobierno y a la mejora de la actividad económico-financiera del sector público, un objetivo que resulta
transversal al anterior, que es el examen del cumplimiento de la normativa en materia de transparencia de la información pública. Pues bien, de nuevo aquí los sucesivos gobiernos del Partido Popular en la Región de Murcia vuelven a suspender, ya
que si algo distingue al Partido Popular en la Región de Murcia en estos veintisiete años ha sido la falta de transparencia. Hablamos de obras paralizadas, con recursos invertidos y paralizados que ascienden a más de veinte millones de euros.
Tenemos algunos ejemplos que dan fe de la mala gestión. Les voy a citar algunos para que lo tengan en su memoria: el Hotel Peninsular, en Cartagena, que fue adquirido por el ayuntamiento en 2017 por un precio de más de 500 000 euros y, a día de
hoy, el inmueble continúa cerrado y sin uso; la Ciudad de Contenidos Digitales, también en la ciudad de Cartagena, donde la comunidad autónoma inició la construcción, pero abandonó la ejecución de todo el proyecto, que, a día de hoy, sigue
abandonado; y el más sangrante para todos los ciudadanos de la Región de Murcia, el Teatro Auditorio del Puerto Lumbreras. La obra se recepcionó en 2011 y nunca entró en funcionamiento; actualmente, está incurso en un procedimiento judicial en el
Tribunal Superior de Justicia de Murcia por posibles delitos de prevaricación continuada, fraude contra la Administración de Justicia, falsedad en documento oficial y malversación de caudales públicos. Este hecho supuso la salida del que fuera
presidente de la Región de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, en 2017, por su imputación.
En definitiva, señorías, y para concluir precisamente con las recomendaciones que se hacen desde este Tribunal de Cuentas, pero además para atender al cumplimiento de la normativa que recoge nuestro ordenamiento jurídico y que regula el
principio de transparencia a la que han de ajustarse las entidades públicas, que, a mi juicio, debe ser el principio rector de cualquier Administración pública. Y, con respecto a los otros dos informes, me remito a las recomendaciones que se hacen
desde el Tribunal de Cuentas.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Retuerto.
A continuación, tiene la palabra la señora presidenta del Tribunal de Cuentas.
La señora PRESIDENTA DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Chicano Jávega): Gracias, presidente.
No tengo mucho más que añadir. Si acaso, a la señora Cañizares, que habla de un ayuntamiento en concreto de los que integran la mancomunidad, creo que el problema aquí está -y creo que lo he descrito- en que efectivamente empezaron a hacer
limpieza en algunos sitios, pero fuera de sus estatutos, porque ellos están para gestión. Realmente, se constituyó la mancomunidad para gestión de residuos sólidos urbanos y basuras, era algo que empezaron a hacer supongo que a raíz de algunas
actuaciones municipales o algo parecido, pero eso sí que exigía una modificación de estatutos. Pero vamos, nada que decirle, todos hemos visto cómo es la situación de esta mancomunidad.
En cuanto al señor Suárez Lamata, que hace algunas reflexiones, le voy a contestar más a una reflexión que usted solamente atribuye a un factor, que no digo yo que no exista porque no lo puedo asegurar, pero sí le digo que nos encontramos
muchas intervenciones de pueblos pequeños en vacancia,
pero por una situación: no es tanto por la presión, aunque lo sea - yo no lo puedo afirmar ni lo puedo desmentir-, sino porque suelen ser destinos de salida muy mal pagados, que normalmente hacen traslados inmediatos a otros municipios y
llega otro que le pasa lo mismo. Nosotros, una vez en un municipio de estos muy pequeños, hace ya muchos años, lo que propusimos -no a las entidades locales, sino a los ministerios- fue que hicieran servicios comunes para varios municipios, que
tuvieran una atención continuada y directa, un interventor que se ocupara de los municipios que hicieran falta, porque realmente en estos municipios siempre están vacantes, o sea, se suceden seis o siete interventores en el transcurso de dos años,
con lo cual, el control sufre mucho.
En cuanto al fiscal, tengo que decirle que el fiscal sí ha solicitado documentación para proceder a la apertura, y de hecho se han abierto diligencias preliminares. De esta información no tengo ningún inconveniente en darles cuenta una vez
que se produzca el fallo por una razón, porque no puedo poner en entredicho, antes de juzgar, cuál es la situación que va a tener quien esté sometido a un procedimiento de ese tipo, tanto a favor como en contra. Una vez que esté, no hay ningún
inconveniente porque además es público; se lo puedo traer yo directamente o lo pueden ver cuando salgan las sentencias, pero, mientras está en proceso y no hay fallo, no. Lo que les adelanto es que hay actuaciones preliminares y diligencias
previas abiertas.
Tengo que decirle que no sé por qué no ha habido multas coercitivas. Las habido en otras ocasiones, pero en esta no ha habido. Seguramente, no es el mejor sistema para conseguir la rendición de cuentas, como se ha visto, porque sí ha
habido muchos expedientes de multas coercitivas, se ponen con cierta frecuencia, pero en esa moción que traeremos en breve tendremos la oportunidad quizá de reflexionar entre todos qué otros puntos se pueden añadir porque, como bien conoce el señor
Suárez Lamata, el Tribunal tiene los medios que tiene, no me refiero a recursos humanos, sino a recursos jurídicos y de otro tipo para llegar hasta donde podemos llegar. Por ejemplo, algo que ya está previsto en la legislación y que deberíamos
activar -me estoy adelantando al debate de la moción- sería disminuir porcentualmente o no sé cómo, ya se vería, la participación en tributos a los que no rindan cuentas. Esto está previsto, pero no me consta que se haya hecho nunca; eso ya no le
corresponde al tribunal, le corresponde a quien le corresponda. Seguramente son temas que hay que reflexionar más en profundidad y ver qué impulso se les puede dar para que se pongan en marcha mecanismos que ya están ideados y previstos.
Estoy con usted en lo del informe anual, no le puedo decir otra cosa; estoy con usted en que hay algunos compromisos de la ley que son los que son, y volveremos a ello. En cuanto a la colaboración con OCEX, también estoy segura de que es
un buen sistema. Como ya saben, tenemos una colaboración muy estrecha con los órganos de control externo de las comunidades autónomas; tengo que decirles que es cada vez más estrecha y que cada vez más comunidades autónomas están por hacer un
trabajo conjunto en muchas cosas. Esta es una de las que tenemos relacionadas para hacer trabajos transversales de todos, en la que proponemos unos objetivos comunes y cada uno trabaja en su ámbito.
Y quiero dar las gracias por las reflexiones que ha hecho la señora Retuerto.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora presidenta.
BLOQUE III:
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DEL GRADO DE IMPLEMENTACIÓN DE LOS MODELOS DE PREVENCIÓN DE DELITOS Y DE COMPORTAMIENTOS CONTRARIOS A LA ÉTICA EN LAS SOCIEDADES MERCANTILES ESTATALES EN EL EJERCICIO 2018. (Número de expediente del Congreso de
los Diputados 251/000083 y número de expediente del Senado 771/000085).
- INFORME DE FISCALIZACIÓN OPERATIVA DE LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES EN EL DESARROLLO DE LA CARRERA PROFESIONAL DEL PERSONAL DEL MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN, EJERCICIOS 2017 A 2019. (Número de
expediente del Congreso de los Diputados 251/000126 y número de expediente del Senado 771/000127).
El señor PRESIDENTE: Pasamos al bloque III. Informe de fiscalización del grado de implementación de los modelos de prevención de delitos y de comportamientos contrarios a la ética en las sociedades mercantiles estatales en el ejercicio
2018 e informe de fiscalización operativa de la igualdad entre hombres y mujeres en el desarrollo de la carrera profesional del personal del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, ejercicios 2017 a 2019.
Para dar explicación sobre los informes, tiene la palabra la señora presidenta.
La señora PRESIDENTA DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Chicano Jávega): Gracias, presidente.
El primero de los informes es el grado de implementación de los modelos de prevención de delitos y de comportamientos contrarios a la ética en las sociedades mercantiles en el ejercicio 2018. Lo que se ha visto en esta fiscalización han
sido los modelos de organización y gestión de programas o sistemas destinados a garantizar los principios éticos relacionados con la integridad en el funcionamiento del sector público, incluidos los que prevengan o minimicen el riesgo de que se
cometan delitos de acuerdo con lo previsto en el artículo 31 bis del Código Penal. Este artículo que introdujo la Ley Orgánica de 2010 prevé la responsabilidad penal de las personas jurídicas por los delitos cometidos en su nombre o por cuenta de
ellas, y desde la modificación operada en 2015 se señala que, en los casos de delitos cometidos por los representantes legales o por personas autorizadas para tomar decisiones en su nombre, la persona jurídica quedará exenta de responsabilidad si se
hubieran adoptado y ejecutado modelos de organización y gestión que incluyan la vigilancia y control idóneos para prevenir los delitos o para reducir significativamente el riesgo de su comisión.
Creo que este es el artículo o la norma que se incluye en nuestro ordenamiento jurídico para parte del sector público, el denominado compliance del sector privado. No vamos a hablar del compliance, tengo mis criterios al respecto, pero,
como no son los que tengo que exponer hoy aquí, les voy a decir que esta fiscalización se hace precisamente para ver de qué manera las empresas públicas, a las que sí hay que aplicarles las normas del Código Penal que acabo de leer o que serían
responsables sus agentes, sus directores, exdirectivos, etcétera, están implementando estos programas. No la efectividad, que no la estamos viendo, porque además la norma es relativamente nueva, sino ver cómo se han implementado los sistemas de
prevención de riesgos de delito penal y los códigos éticos.
Se han examinado treinta sociedades estatales no financieras. Los criterios de selección han sido que se tratara de empresas que no tuvieran la condición de empresas de reducida dimensión, estuvieran en funcionamiento, no estuvieran en fase
de liquidación y que desarrollaran principalmente su actividad en el ámbito nacional. Está referido al ejercicio 2018. Los objetivos específicos han sido, precisamente, evaluar el grado de implantación de estos procedimientos internos para
garantizar la integridad en el funcionamiento de cada una de las sociedades fiscalizadas; otro objetivo, evaluar el grado de implantación de modelos o sistemas para la prevención de delitos cometidos por los representantes de cada sociedad,
comprobar que la información incluida en el portal de transparencia y los canales de solicitud de información de terceros interesados, que establece por cada sociedad, cumplen con lo previsto en la ley de transparencia. Esto se ha hecho en línea
con el Objetivo de Desarrollo Sostenible 16 de la Agenda 2030, de paz, justicia e instituciones sólidas. Como ya les he dicho, no se ha verificado el funcionamiento efectivo de los sistemas, sino comprobar si se han puesto o no en marcha.
En cuanto a los resultados sobre el objetivo que les acabo de mencionar de implantación de los sistemas, destaca que, en general, las sociedades fiscalizadas han avanzado en implementar modelos o sistemas de prevención de riesgos penales que
buscan evitar, por supuesto, su responsabilidad penal y sistemas de ética. Hay muchas similitudes entre la implantación de los dos sistemas. En catorce sociedades se ha establecido un sistema, por un lado, de prevención de riesgos penales y, por
otro lado, los códigos éticos, mientras que en otras se opta por incluir los sistemas éticos dentro de los sistemas de prevención de riesgos penales.
En lo relativo a los sistemas de prevención de riesgos penales, prácticamente todas las sociedades analizadas, veintinueve de treinta, tenían aprobado su plan de prevención de responsabilidades penales y, si no lo tenían implantado, lo
tenían en algún grado de avance. En el propio informe está definido el grado de avance de la implantación. Y, en cuanto a los códigos o sistemas éticos, veintisiete de las treinta sociedades analizadas también contaban con códigos éticos.
Con respecto a elementos comunes de ambos sistemas, con carácter general, la planificación estratégica de las sociedades no incluye objetivos relacionados con estos tipos de sistemas, más allá de previsiones de elaboración o aprobación en su
momento o se reflejan en los planes de formación. Los sistemas previenen la existencia de mecanismos de vigilancia, que normalmente adoptan la forma de órgano de vigilancia, dependiente orgánicamente del consejo de administración de la sociedad o
de la entidad matriz del grupo. Esto está en línea absolutamente con lo que se hace en el ámbito privado, que se residencia en los órganos directivos de la empresa, el llamado compliance jurídico.
En todos los casos son órganos internos compuestos por personal de nivel directivo o de un nivel inferior, aunque nunca hay representantes de mandos intermedios ni de trabajadores. Todas las sociedades recogen un canal para denunciar, para
alertar o para consultar. Estos canales están todos operativos en la fecha de la fiscalización, salvo en dos sociedades que son EBHI y SENASA -por si lo quieren saber- y en el 75 % de los casos se prevé, incluso, que esos canales fueran utilizados
por terceras personas ajenas a la empresa. Casi todas los canales cuentan con una regulación interna que detallaba los pasos a seguir para la tramitación de las denuncias o de las consultas presentadas.
Como conclusiones, se ha observado la falta de representación en los órganos de vigilancia de los cargos medios, la ausencia de normas de funcionamiento y la dificultad para garantizar la confidencialidad del denunciante. Todo esto ha
supuesto una merma en la confianza en estos canales, siendo seguramente la causa de una muy escasa utilización de los mismos. Se han hecho encuestas durante la fiscalización y se observa una desconfianza para la mayor parte de los trabajadores de
los canales de denuncias.
En lo relativo al régimen sancionador, los sistemas analizados prevén la aplicación de sanciones por comportamientos contrarios a ellos, si bien suelen remitir la sanción a la normativa laboral. Este hecho tiene importancia porque esa
técnica de remisión normativa adolece de una falta de mención expresa al plan de prevención de riesgos penales y al código ético, quedando en la práctica fuera de la normativa de estos dos mecanismos el régimen sancionador.
El informe recoge, también, y quizá por las características de este y por la novedad de un informe de ese tipo o por la novedad de la exigibilidad normativa para la empresa pública, buenas prácticas observadas, destacando dos empresas, que
son AENA y las sociedades del grupo Renfe, que incorporan en sus sistemas integrados de gestión y control de riesgos los sistemas de prevención de riesgos penales.
Sobre el contenido material de estos sistemas, la mayoría de las empresas recogen los riesgos a nivel de tipo delictivo, mientras que otras pocas detallan la mayoría de los comportamientos delictivos ligados con la actividad o con la gestión
interna de cada sociedad.
En cuanto a los códigos o los sistemas éticos, recogen los principios éticos que han sido análisis específico de la fiscalización: integridad, independencia, objetividad, competencia, comportamiento profesional, confidencialidad y
transparencia. Normalmente estos principios se han plasmado en comportamientos en el propio código o en conductas que los desarrollan, si bien no siempre están ligados a la actividad concreta que desarrollan los trabajadores a los que están
destinados. Es decir, tanto la exigencia de los principios de los códigos éticos como la descripción de los riesgos penales se suelen hacer con carácter general y no muy adaptado a cada puesto de trabajo, que quizá sería lo más efectivo.
Con referencia a las obligaciones de publicidad activa, la mayoría de las páginas web que hemos visto de las entidades tienen un acceso fácil para la presentación de solicitudes de información, aunque la mayoría de las sociedades no cuentan
con un procedimiento escrito para la tramitación interna de estas solicitudes. El informe recomienda un gran número de propuestas, unas que son comunes a la regulación o a la implantación de los dos sistemas y, otra, a cada uno de ellos. Se
considera necesario que las sociedades mercantiles realicen acciones orientadas al fomento de esta cultura ética y de cumplimiento, que incorporen en su planificación estratégica los objetivos previstos para los sistemas de prevención de riesgos
penales y de ética, a la vez que programen o que diseñen indicadores que permitan evaluar su consecución; que integren los riesgos en materia penal y de ética y los controles para mitigarlos en los sistemas y procesos en los cuales gestionan y
controlan su actividad.
Con relación a los órganos de vigilancia, sugiere que los miembros que los componen representen, en la medida posible, a todos los que trabajan en la sociedad, teniendo, por supuesto, garantizado que en la composición se incluyan miembros
con capacidad técnica y jurídica adecuada.
En relación con los canales de alerta y denuncia, se recomienda la difusión periódica a todos los posibles usuarios de explicaciones sobre su funcionamiento, de las medidas adoptadas para garantizar la confidencialidad y de las normas
internas que regulan estos aspectos o la unificación de canales en las sociedades en las que existan distintos canales de queja, de denuncia, etcétera. Aquí se ha observado que se dejan de utilizar porque producen confusión. Se sugiere la
inclusión expresa de los planes de prevención en los planes de prevención de un procedimiento para obtener información relevante para la revisión sobre los sistemas de riesgos e impactos en controles en el personal directamente implicado en la
ejecución de los procesos, procedimientos y controles. Se propone que las sociedades mercantiles incluyan en sus planes de prevención el mayor detalle posible de los comportamientos relacionados con su actividad que puedan suponer un riesgo de
infracción penal. Se considera pertinente que el proceso de elaboración y revisión de los códigos de ética sea inclusivo, teniendo en cuenta las aportaciones de todos
los destinatarios; también, que estos códigos incluyan, con el mayor detalle posible, los tipos de comportamientos contrarios a la ética que se den o se puedan dar en la práctica en la actividad de la sociedad que los implantan; que se
valore la incorporación de mecanismos dinámicos para actualizar y renovar la relación de conductas prohibidas, incluyendo en el proceso la participación de expertos independientes. Y se sugiere incluir en los códigos estudios que identifiquen los
riesgos de incumplimiento, su probabilidad, su impacto y los controles que mitigan esta situación.
Finalmente, en materia de transparencia, la aprobación y aplicación de procedimientos escritos, que regulen la tramitación de las quejas o las solicitudes de información y, en los casos en los que estos procedimientos estén ya aprobados, que
las sociedades mercantiles los publiquen en el sitio web en el que se ubica el buzón para presentar las solicitudes.
Paso al informe de la fiscalización operativa de la igualdad entre mujeres y hombres en el desarrollo de la carrera profesional del personal del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, ejercicios 2017 a 2019. (Apoya
su intervención en una presentación digital). Se ha definido como una fiscalización operativa, cuyo objetivo es analizar la eficacia de las medidas adoptadas para propiciar la igualdad entre mujeres y hombres por el Ministerio de Asuntos
Exteriores, Unión Europea y Cooperación. Para alcanzar los objetivos que nos propusimos para esta fiscalización, se han aplicado las siguientes técnicas: para evaluar la eficacia de las medidas adoptadas, el Tribunal de Cuentas mantuvo reuniones
con asociaciones profesionales de la carrera diplomática y entrevistas en profundidad con personal diplomático. Asimismo, realizó una encuesta dirigida a todo el personal al servicio del ministerio. Se obtuvieron 546 respuestas válidas, lo que
supone un 24 % de los cuestionarios remitidos y, para un nivel de confianza del 95 %, la encuesta tiene un margen de error de más menos 3,66. Tengo que decirles que estos resultados son un éxito en los programas de fiscalización. Dado el contexto
de la pandemia, esta fiscalización se desarrolló a distancia. El primer hecho que nos llamó la atención fue la presencia menor de mujeres en Exteriores en comparación con el resto de administraciones públicas. Un 44 % del personal funcionario que
en enero de 2019 prestaba sus servicios en Exteriores eran mujeres, mientras que las mujeres funcionarias suponen, en el conjunto de administraciones, un 56 % y, en el total de ministerios y organismos autónomos, un 53 %. El grupo funcionario más
numeroso en Exteriores es el A1, correspondiente a los técnicos superiores, dentro de los cuales destaca especialmente el de la carrera diplomática. Para el conjunto de ministerios y organismos autónomos la presencia de mujeres en el grupo A1
supone un 49 %. En Exteriores, las mujeres son el 30 % del personal del grupo A1. En la carrera diplomática son el 25 %.
Para analizar la eficacia de la aplicación de la normativa que se trataba en materia de igualdad, se revisó su aplicación en Exteriores y se constató que la Unidad de Igualdad, que prevé el artículo 77 de la ley orgánica de igualdad, se
integró en la subdirección de personal y se nombró titular a quien ostentaba el cargo de subdirector general adjunto de personal. Solo a partir de enero de 2020, yo creo que con nosotros ya allí -y allí quiero decir haciendo la fiscalización-, se
constituyó formalmente la Unidad de Igualdad, aunque el nombramiento de la persona responsable se demoró hasta el 2021. No ha existido un plan sistemático de actuación de la Unidad de Igualdad ni se han emitido el informe anual de actividad ni el
de políticas de género previstos en la normativa. Tampoco se ha remitido a los ministerios con competencia en Función pública ni en trabajo y asuntos sociales la información relativa a la aplicación efectiva del principio de igualdad establecida en
la ley. Se ha constatado por parte del ministerio que tiene competencias en Función pública que no se han dictado pautas o instrucciones que regulen la remisión de esa información. En definitiva, no podemos afirmar que el Ministerio de Asuntos
Exteriores haya tenido funcionando de forma efectiva y sostenida en el tiempo una Unidad de Igualdad que haya desempeñado, efectivamente, sus funciones.
En relación con la disponibilidad de información estadística, en el curso de los trabajos se constató que el Boletín Estadístico del Personal al Servicio de Administraciones Públicas dejó de publicarse en enero de 2019 y se incorporó la
información a un fichero de microdatos, que carece de un índice con el contenido que tiene y que requiere cualificación informática para su extracción. En la práctica, es dificultoso acceder a esta información por ese sistema.
El conocimiento de las medidas de apoyo a víctimas de violencia de género en el personal de Exteriores es del 61 % para el conjunto del personal, aunque es especialmente llamativo que, entre el personal que no pertenece a la carrera
diplomática, las normas que se aplican contra la violencia de género son conocidas por el 43 % de las mujeres y por el 52 % de los hombres, mientras que el personal que pertenece a la carrera diplomática, tanto hombres como mujeres, declaran
porcentajes de
cumplimiento superiores al 80 %. La explicación la queremos ver en que los miembros de la carrera diplomática tienen unos cursos especiales en los que se incluye esta materia como objeto de formación y, para el resto del personal, no.
Exteriores dictó una orden en el 2019 con instrucciones para promover la presencia equilibrada de mujeres y hombres en las intervenciones en las que participe Exteriores, aunque parece que no hemos detectado un seguimiento de esta
instrucción, lo que nos ha impedido evaluar su cumplimiento y su incidencia en la mejora del equilibrio en la presencia de mujeres y hombres. La ley orgánica de igualdad, como saben, obliga a aplicar el principio de presencia equilibrada en el
nombramiento de personas titulares de los órganos directivos de la Administración General y de los organismos públicos, y la ley también establece una presencia mínima del 40 %, de uno o de otro sexo, para que se considere presencia equilibrada.
Durante el período fiscalizado la designación de órganos directivos en Exteriores no ha respetado el criterio de presencia equilibrada y, aunque desde hace años existen categorías en las que se puede observar una mejoría o un aumento en la presencia
de mujeres, no podemos todavía asegurar que sea una tendencia a la consolidación del objetivo de presencia equilibrada.
En cuanto a la brecha salarial, Eurostat define la brecha salarial de género no ajustada como la diferencia entre el salario bruto de los hombres y el de las mujeres, expresado como porcentaje del salario bruto por hora de los hombres. Y,
en el caso de Exteriores, la jornada que predomina es la jornada laboral completa, por lo que la utilización del salario bruto mensual, y no por hora trabajada, no introduce distorsión a la hora de intentar hacer la definición de brecha salarial.
En definitiva, se ha calculado la brecha salarial utilizando el salario bruto mensual de las personas que trabajaron completo un mes, el mes de noviembre de 2019. Se ha calculado la brecha salarial a partir de la totalidad de las compensaciones
monetarias regulares incorporadas en las nóminas, que efectivamente perciben las mujeres y los hombres adscritos a Exteriores, independientemente de la denominación y del tratamiento fiscal que tengan los diferentes conceptos. Aquí, es importante
señalar que para el personal en el exterior es muy relevante el módulo que perciben para compensar el nivel de vida y que incluye una compensación por vivienda que puede ser monetaria o en especie. El módulo es una compensación muy relevante, hasta
el punto que hace que la compensación bruta media del personal en el exterior sea aproximadamente cuatro veces a la del personal en el interior. Con estos criterios, una primera cifra es que la brecha salarial no ajustada es el 37 % para el
conjunto del personal de Exteriores. Sin embargo, si se distingue entre el personal en el interior y el personal en el exterior, que es el que percibe el módulo, la brecha salarial para las mujeres en el interior es del 8,8 % y del 25,8 para las
que están destinadas en el exterior. Esto sucede en todas las categorías profesionales excepto en el personal laboral, en el que el salario medio de las mujeres es superior al de los hombres por las categorías que ostentan.
El análisis del personal al servicio de Exteriores pone de manifiesto la relevancia del perteneciente a la carrera diplomática. Como ya he dicho, el grupo A1 es el más numeroso, supone el 40 % del personal de Exteriores, y en la carrera
diplomática los A1 son el 80 %. Además, el personal diplomático en el exterior es el 55 % del total del personal en el exterior y el 95 % de los A1 que están en el exterior. En consecuencia, nos suscitó mucho interés analizar la brecha salarial de
la carrera diplomática. Un análisis detallado de la brecha salarial del personal funcionario pone de relieve que la principal brecha se produce precisamente en la carrera diplomática. En este cuerpo es del 10 % tanto en el personal destinado en el
interior como en el de exterior; en el resto de grupos funcionariales está más atenuada. Las mujeres suponen el 25 % del total del personal diplomático y su incorporación ha sido relativamente reciente. Así, mientras que las mujeres suponen casi
el 40 % del personal diplomático con dos trienios o menos, no llegan al 10 % de mujeres las que tienen más de diez trienios. Con todos estos datos disponibles no se ha podido contrastar que la brecha se haya reducido por las incorporaciones más
recientes y, desde luego, donde no existe o donde no se ha apreciado la brecha es en las mujeres sin trienios reconocidos, pero las calculadas para las mujeres con uno y dos trienios reconocidos son del 39 y del 26 %, respectivamente.
Ya saben que el tema del cálculo de la brecha salarial es un tema complicado, objeto de muchas críticas de carácter técnico y con diferentes maneras de calcularlo, sobre todo utilizando los salarios medios. Por eso, se ha completado con el
análisis de presencia de mujeres en los cuartiles de retribuciones. Habría equilibrio retributivo si la presencia de mujeres en cada cuartil fuera similar a su presencia media en cada grupo analizado. La presencia media en el conjunto del personal
al servicio de Exteriores es del 44 %, sin embargo, las mujeres representan el 55 % en el cuartil con retribuciones más bajas -el 1- y en el de retribuciones medias bajas. Solo el 21 % del cuartil que recoge las retribuciones más altas corresponde
a mujeres. Si se analiza solo el personal destinado en el exterior, las mujeres son
el 35 % del total de este personal; ahora bien, el 55 % de las personas que reciben retribuciones más bajas, mientras que solo el 16 % de quienes reciben las retribuciones más altas. Complementariamente, se ha calculado un índice de
presencia relativa de las mujeres en los cuartiles: 1, peores retribuciones y 4, mejores retribuciones. El análisis realizado ha ratificado que existe sobrepresencia de las mujeres en el cuartil de peores retribuciones y una infrarrepresentación
en el de mejores retribuciones. Este desajuste es especialmente relevante para las mujeres diplomáticas, sean jefas de misión o no.
Tomando como referencia las principales causas de la brecha salarial identificadas por el Consejo de Europa, se ha analizado la captación y el acceso a la carrera diplomática, los sistemas de promoción, la eficacia de las medidas de
conciliación, la transparencia retributiva en la convocatoria de empleos públicos y la formación en igualdad para mujeres y hombres. Como se ha señalado, las mujeres suponen el 25,4 % del total del personal diplomático. Su incorporación a la
carrera ha sido relativamente tardía y, desde luego, bastante lenta. Entre 1985 y 2019 hubo 33 convocatorias para el acceso a la carrera diplomática, solo en 9 -que es un 27 % del total de las convocatorias- más del 40 % del total de las personas
aprobadas fueron mujeres. Sin embargo, no se han apreciado indicios de prácticas que pudieran causar perjuicios durante los procesos selectivos. Además, en 2020 Exteriores formó a tribunales para eliminar sesgos inconscientes. Debe señalarse que
el Ministerio de Función Pública ha desarrollado acciones de captación de talento, aunque no ha planificado acciones específicas dirigidas a la captación de mujeres en los cuerpos funcionariales en los que se encuentran infrarrepresentadas.
Finalmente, debe indicarse que se ha constatado que no se elaboran los informes de impacto de género que exige la ley para la aprobación de la convocatoria de pruebas selectivas.
La asignación de destino del personal diplomático se realiza siempre por el procedimiento de libre designación, pero puede requerir el informe no vinculante de la Junta de la Carrera Diplomática, lo que tradicionalmente se llama el bombo, o
ser excluidos del requisito del informe, que son los puestos que denominan de asterisco. Los nombramientos de embajador o embajadora corresponden al Consejo de Ministros y pueden ser realizados incluso entre personas que no pertenezcan a la
carrera. La encuesta realizada al personal de Exteriores ha puesto de manifiesto que más del 80 % del personal diplomático considera que el sexo del candidato no tiene incidencia en los puestos que requieren informe de la Junta. Por el contrario,
el 68 % de las mujeres considera que el hecho de ser mujer reduce las posibilidades de ser nombrada embajadora, mientras que el 76 % de los hombres considera que el hecho de ser mujer favorece el acceso al puesto de embajadora. Ante la pregunta de
cómo incide el hecho de ser mujer en las posibilidades de acceder al puesto de embajador, el 62 % de las mujeres creen que lo favorecen mientras que el 58 % de los hombres que lo perjudica. Estas percepciones tan asimétricas alertan de posibles
debilidades en la información objetiva de la que dispone el personal diplomático para valorar la situación de mujeres y hombres en la carrera diplomática.
Ya he dicho la importancia que tiene el módulo -es decir, las compensaciones económicas al personal expatriado- en la brecha salarial. Tanto la Comisión Europea como la normativa española consideran la transparencia retributiva un
instrumento para corregir las brechas salariales. Durante los trabajos de fiscalización se constató que la información sobre el módulo aplicable a cada uno de los destinos no es fácilmente accesible para las personas que quieran valorar si se
presentan o no se presentan a un determinado destino. La razón es que la convocatoria para puestos diplomáticos no aporta información acerca del módulo aplicable, por lo que es necesario que las personas soliciten explícitamente información acerca
del puesto en el que tenga interés.
A la hora de elegir destino las mujeres diplomáticas sin hijos y los hombres diplomáticos sin hijos aplican criterios similares; sin embargo, para el 74 % de las mujeres diplomáticas con hijos el primer criterio es el hecho de que la
familia pueda acompañarla. Ese criterio es el primero para el 47 % de los hombres. La antigüedad también marca diferencias en la relevancia que se concede al hecho de que la familia pueda acompañar en el destino al personal diplomático. Así, para
el 80 % de las mujeres y hombres con tres trienios o menos -jóvenes-, el acompañamiento de la familia es el primer criterio. En el otro extremo, la familia es el primer criterio para el 32 % de los hombres con más de siete trienios reconocidos, y
el 55 % de las mujeres con la misma antigüedad. Si la familia, especialmente el hecho de tener hijos, es un criterio tan relevante a la hora de elegir destino es esencial conocer la eficacia de las medidas de conciliación que se han adoptado. El
39 % del personal de Exteriores desconoce las medidas de conciliación disponibles y solo el 38 % ha solicitado medidas de conciliación. Ahora bien, el 93 % de las mujeres diplomáticas y el 75 % de las que no lo son y que se han acogido a medidas de
conciliación consideran que el disfrute de estas medidas no es neutro para el desarrollo profesional. Esta percepción
difiere significativamente de la que expresan los hombres. Ahondando en esta cuestión, un 72 % de las mujeres diplomáticas que se han acogido a medidas de conciliación considera que en la práctica se penaliza a quienes las disfrutan. Esta
percepción es significativamente diferente a la que manifiestan los hombres que se han acogido a medidas de conciliación. En ese sentido, debe señalarse que el ministerio no ha adoptado un criterio definitivo acerca de la valoración de los periodos
de excedencia por cuidados de hijos y ascendientes en el cómputo de permanencia, máximos y mínimos en los destinos, a los efectos de su incidencia en los procesos posteriores de asignación de destino.
Las recomendaciones de este informe se dirigen al Ministerio de Asuntos Exteriores y al de Función Pública. Al de Exteriores se le sugiere que dote adecuadamente la Unidad de Igualdad para que desempeñe bien sus funciones y para que pueda
realizar un adecuado seguimiento de la instrucción de presencia equilibrada. También se le recomienda que mejore la difusión de las medidas de conciliación, así como que fije un criterio acerca del cómputo de los periodos de excedencia para cuidado
de hijos y de dependientes para que se puedan aplicar a los periodos de estancia. Se recomienda a Exteriores que refuerce la transparencia salarial y haga públicos los módulos aplicables a los destinos ofertados en las convocatorias y que se
desarrolle una efectiva comunicación interna para dar a conocer la situación real de las mujeres en el ministerio, así como las políticas correctoras que se vayan adoptando. Finalmente, se dirigen recomendaciones al Ministerio de Función Pública
para que dicte instrucciones acerca de los contenidos mínimos de los informes previstos en la ley orgánica de igualdad, y que publique de forma accesible la información estadística acerca de la situación de las mujeres en la Administración y, en
particular, la brecha salarial. Finalmente, se recomienda que las actuaciones de captación del talento incorporen acciones dirigidas a fomentar la presencia de mujeres en procesos selectivos de los cuerpos en los que todavía están
infrarrepresentadas. Lamento tantos porcentajes, pero es que en este caso son significativos.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora presidenta.
A continuación, para fijar posición y formular cuantas preguntas estime, tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario VOX, el señor Aizcorbe.
El señor AIZCORBE TORRA: Muchas gracias, señor presidente.
Muchas gracias, señora presidenta, por su presencia una vez más aquí, en esta Comisión, a la que viene con dos fiscalizaciones un poco neutras, digamos, un poco de aquella forma. (La señora presidenta del Tribunal de Cuentas, Chicano
Jávega: ¿De aquella forma?). Cuando digo de aquella forma me refiero a que no tienen el cariz económico habitual del Tribunal de Cuentas.
Escuchándole a usted y viendo los informes, estaba pensando en aquello de la mujer del César en el primero, en el tema del cumplimiento de prevención de riesgos penales. Recordaba de mi infancia -tanto en San Sebastián como en Barcelona-
cuando iba con mi padre y mis hermanos en el coche -lo recordarán, yo lo viví- y veíamos a aquellos guardias urbanos que estaban en el centro de un cruce, que iban con el salacot famoso y que dirigían la circulación de forma ágil. Cuando estudié
Derecho descubrí que era un acto administrativo, tanto eso como la luz roja o la luz verde de un semáforo, y bueno, pues aquel hombre no paraba de hacer actos administrativos. Recordaba también que en Navidades, cuando uno pasaba cerca de aquel
guardia urbano que estaba subido a una peana, había multitud de regalos que los propios conductores, e incluso peatones, le iban dejando a lo largo del día. Tengo el recuerdo de que cada día mirábamos y decíamos: anda, le han regalado no sé qué.
De eso hay miles de fotografías de otros tiempos en las que aparecen. Bien, ese guardia urbano ahora estaría absolutamente imputado por cohecho impropio por todas las botellas y por todos los regalos que había recibido. Realmente, ¿aquel guardia
urbano estaba haciendo o cometiendo alguna irregularidad? No, había un agradecimiento de los que pasaban por allí y del vecindario a su labor y a su tarea. Por eso, quiero tirar por elevación. Vamos a una sociedad en la que debemos ponernos y
autoimponernos controles, controles incluso éticos en lo que usted ha manifestado de adecuación a la norma de 2015 -la modificación del Código Penal-, donde tenemos que vestir a la mujer del César para que primero exista la prevención, de modo que
no haya delitos en la actuación empresarial -en este caso, de empresas públicas- y para que exista un comportamiento ético en las empresas. Es curioso que el comportamiento ético se ha ido modificando en muchos de los informes de las distintas
empresas. Debe significar que la ética va cambiando. Se dan los datos del cumplimiento o no cumplimiento, y es bueno que el cumplimiento de dichas normas éticas vaya
también aparejado a los procedimientos de gestión. Poco más podemos decir de este informe, que es muy descriptivo.
En cuanto al otro, en cuanto a la brecha salarial, pues obviamente en todo el informe hay una clave, que es el tema de los módulos, que es donde puede existir la diferencia por desconocimiento o por falta de información de qué repercusión
económica tiene. En el propio informe hay varios datos que dicen: no se aprecian indicios de prácticas que pudieran perjudicar a las mujeres durante el proceso selectivo en la carrera diplomática. Con lo cual ab initio no existe una
discriminación inicial de esas personas, sean hombres o mujeres. Asimismo: el análisis de los años de servicio requeridos para acceder a la categoría y la estancia mínima, no permite afirmar que la aplicación de los criterios exigidos para acceder
a las diferentes categorías perjudique a las mujeres. Con lo cual no hay problema de acceso y no hay problema de acceso a la categoría. Más del 80 % del personal diplomático considera que el sexo del candidato no tiene incidencia. Es un
porcentaje elevado, y estamos hablando de encuestas, no de hechos reales.
Señor presidente, quince segundos y acabo. Hay un tema que habla de que aproximadamente la mitad de las mujeres y de los hombres han renunciado a solicitar algún destino a lo largo de su vida profesional por las condiciones familiares,
siendo el 73 % de las mujeres y el 55 de los hombres; 74 y 47 posteriormente. Se intuye en algún párrafo de la anterior presidenta, que es quien firma el informe, que eso podría ser un indicio de desigualdad o de que hay que intentar que esos
porcentajes se restablezcan. Personalmente, yo entiendo que si se dan todos los requisitos de acceso a la carrera, si está bien informado el tema de los salarios y si alguien elige libremente estar con la familia en vez de desarrollar más
profusamente su vida profesional, no estamos ante una desigualdad sino ante una elección, y esa elección es la que hay que cuidar en todas las categorías y profesiones de nuestra sociedad para que no exista más que la brecha salarial, la diferencia
de brechas salariales, aquello de la brecha maternal porque, seguramente, las mujeres al ser madres se produce esa descompensación.
Acabo. Lo que no me gusta nada es que, como siempre, se hable de que hay que dotar de mayores recursos tanto al órgano de seguimiento de cumplimientos normativos como al órgano para que haya igualdad, igualdad que, como vemos, en esencia
existe.
Nada más. Muchas gracias, señor presidente. Disculpe la demora.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Aizcorbe.
He decidido dejarle casi dos minutos porque solo hay tres turnos de palabra y, evidentemente, los informes son bastante amplios, por lo que no voy a ser tajante con los tiempos. A continuación tiene la palabra, por el Grupo Popular, el
señor Ledesma.
El señor LEDESMA MARTÍN: Muchas gracias, presidente.
Presidenta, como siempre, bienvenida. Es un placer escucharla hablar de unos informes que, además, ha hecho de forma detallada, concisa, que nos ha hecho entender mucho más la situación. Además, presidenta, nos parece todo un acierto la
decisión del Tribunal de fiscalizar el grado de implementación de los modelos de prevención de delitos y de comportamientos contrarios a la ética en las sociedades mercantiles estatales en esos años 2017 y 2018, que son objeto de este informe.
Además, como un instrumento de prevención de los casos de corrupción y abusos de poder que puedan surgir en esas sociedades. Esa es la forma de luchar contra la corrupción y no faltando a la presunción de inocencia, como muchas veces se hace;
sobre todo, a veces se hace un análisis partidista en vez de buscar un análisis global, como ha hecho el anterior portavoz del Partido Socialista en el informe anterior. Se fijó en Murcia cuando en Castilla-La Mancha había muchas más
irregularidades que en la propia Murcia. Pero, bueno, eso es lo que ahora mismo tenemos en la política.
Entendemos que esta regulación implica que las sociedades integradas o participadas mayoritariamente por capital público, a través de sus representantes legales, deberán dar estricto cumplimiento de la obligación de implementar los sistemas
de control de cumplimiento normativo y de prevención del delito, con el fin de intentar evitar que la sociedad incurra en contingencias de tipo penal y sus administradores en riesgo de seria responsabilidad personal. Para los que hemos tenido
responsabilidad en algunas administraciones, incluso locales, y hemos participado en sociedades, realmente, es un alivio que se implemente este tipo de fiscalización.
A la vista de lo anterior, es necesario, por lo tanto, implementar un modelo de organización y gestión que incluya las medidas de vigilancia y control idóneas para prevenir delitos cuyos requisitos están establecidos en la ley y que, además,
yo creo que son fundamentales: la creación de ese órgano con poderes autónomos de iniciativa y control para la supervisión del funcionamiento y cumplimiento del
modelo de prevención implantado; la identificación, ese mapa de riesgo delictivo de las actividades de las empresas en cuyo ámbito pueden ser cometidos los delitos que deben ser prevenidos; e implementar protocolos o procedimientos que
concreten el proceso de formación de la voluntad de las personas jurídicas de adopción de decisiones y de ejecución de las mismas con relación a aquello. También, entiendo, la puesta en funcionamiento de este modelo de gestión de los recursos
financieros adecuados para impedir la comisión de delitos que deben ser prevenidos y, a su vez, la obligación de informar de posibles riesgos o incumplimientos al organismo encargado de vigilar el funcionamiento y observancia de modelos de
prevención. Esto es lo que dice la ley. Yo creo que es significativo que de las treinta sociedades fiscalizadas por el tribunal, dentro del plazo legal fijado, se emita una opinión mayoritariamente favorable. Eso es positivo y eso quiere decir
que la ley se está cumpliendo. Por lo tanto, nos quedamos con esa parte positiva, que las sociedades fiscalizadas, en general, se han esforzado en implementar los modelos y sistemas de protección con respecto a los delitos de responsabilidad penal,
y hacemos, como no puede ser de otra forma, nuestras recomendaciones para implementar o profundizar en la implementación de los sistemas de prevención de riesgos penales y de ética. Además, también las recomendaciones que se hacen de forma común,
tanto a la prevención de riesgos penales y de ética como las que afectan solo a la ética o al penal, tal como se recoge en el informe.
Con respecto a la fiscalización operativa de la igualdad entre hombres y mujeres en el desarrollo de la carrera profesional y personal, quedamos enterados de lo que dice ese informe. Yo creo que el objetivo de todos es erradicar esa
desigualdad, esa brecha salarial entre hombres y mujeres que creemos que es un asunto prioritario. Yo creo que, en un mundo de prosperidad e igualdad, ese es el camino que tenemos que seguir. Debemos, yo creo que también hay que decirlo, estar
orgullosos de lo que hemos logrado y seguir trabajando para que esa igualdad llegue a todos los ámbitos. Hombres y mujeres juntos yo creo que conseguiremos que, en un futuro, seamos mucho más igualitarios. Nos quedamos tranquilos con lo que ha
comentado también el portavoz de VOX de que no se ve, no hay una discriminación a la hora de decidir el puesto, y esa es la opinión mayoritaria. Por lo tanto, aceptamos las conclusiones y las recomendaciones del tribunal.
Simplemente -ya finalizo, presidente, y le doy gracias por el tiempo de más que tengo-, sobre el primer informe, me gustaría preguntar a la presidenta, ya que creemos que es fundamental, si piensa el Tribunal de Cuentas ampliar no solo al
ámbito nacional, sino al ámbito de las comunidades autónomas, incluso de las corporaciones locales, la fiscalización de implementar esos recursos a esas sociedades. Creemos que es fundamental que se vaya ampliando. Es verdad, usted bien lo ha
dicho, que se han centrado en las sociedades estatales y que, además, tienen un capital social y un número de personal bastante amplio. Nada más.
Muchas gracias, presidente. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muy bien. Gracias, señor Ledesma.
A continuación, por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Hurtado.
El señor HURTADO ZURERA: Gracias, presidente.
Quiero felicitar al Tribunal de Cuentas y a su presidenta por estos dos informes especialmente constructivos sobre dos realidades, sobre dos problemas que existen en este país: desigualdad entre hombre y mujer, y los delitos unidos a la
corrupción.
Con respecto al informe de la igualdad, responde a cumplir con la ley. No se trata de otra cosa. Se trata de cumplir la ley, la Ley 3/2007, una ley orgánica de igualdad. El informe pone de manifiesto unas realidades que hay quien se
empeña en negar, el negacionismo en este país por parte de la ultraderecha y, en parte también, de la derecha española de que existe brecha salarial, señorías. Lo dice el informe: en el Ministerio de Asuntos Exteriores las mujeres ganan un 37 %
menos y las embajadoras ganan un 13 % menos que los embajadores. Eso es un hecho científico que aporta este informe. Existe brecha salarial. ¡Claro que existe brecha salarial! Y ustedes se encargan de negar la brecha salarial. Hay que poner los
medios y los recursos públicos necesarios para luchar contra la brecha salarial y destinarlos de la mejor manera para garantizar la igualdad.
El informe dice clarísimamente que solamente el 21 % de los puestos más retribuidos están copados por mujeres. Es una evidencia, los puestos más retribuidos para los hombres y los puestos menos retribuidos para las mujeres. ¿Cómo dudan
ustedes de esa evidencia constatada en este informe? Además, el informe habla de una evolución, de que hay que avanzar y mejorar. En 1984 había un 7 % de mujeres en el Cuerpo Diplomático y en el 2019, un 25 % mujeres, y este Gobierno está haciendo
lo posible
para que, como mínimo, llegue al 50 %, que es lo que dice la ley: equilibrio entre mujeres y hombres en los puestos de alta dirección. ¿Cómo dudan ustedes de esa evidencia? Por tanto, nosotros aplaudimos el hecho de dar fe de algo que
sabemos y que constatamos diariamente porque tenemos una enorme preocupación y compromiso en reducir esta brecha entre mujeres y hombres. Totalmente de acuerdo en que hay que seguir difundiendo las medidas de conciliación desconocidas; en que hay
que eliminar los efectos negativos que tienen quienes se acogen a estas medidas de conciliación, principalmente mujeres, pero también hombres; en que hay que dotar a la unidad de igualdad. Lo establece la ley y lo está haciendo posible este
Gobierno. Dios mío, si algún día llegan la derecha y la ultraderecha, me imagino dónde van a ir a parar las unidades de igualdad en este país. Eso lo tienen que conocer las mujeres de este país ¿Qué harían estos señores y señoras con las unidades
de igualdad que establece la ley que hay que implantar? Por tanto, totalmente de acuerdo, aplaudimos y apoyamos todas y cada una de las recomendaciones de este informe.
El segundo informe: prevención de delitos. Señoría, eso es corrupción. Hay que prevenir la corrupción. En este país seguimos asociando corrupción a coches de alta gama y a yates, y tendríamos que asociar corrupción a suicidio y a muerte.
Recientemente ha habido un informe: catorce muertos y suicidados en la trama Gürtel. La ciudadanía tiene que saber que la corrupción te lleva a lo peor, a lo más degradante, incluso, a muchos, al suicidio. ¿Que hay que apoyar los planes de
prevención de delitos penales? Evidentemente, entre otras cosas, porque lo establece la ley, siempre y cuando se quieran eximir las sociedades de la responsabilidad penal. Es obligatorio para las sociedades mercantiles públicas. ¿Qué harán estos
señores y señoras, si llegan al poder algún día, con la aplicación de estos planes de prevención, de estos códigos éticos? Esto no es un chascarrillo, señorías. La cultura ética es fundamental, necesaria en este país para evitar la corrupción.
Cultura ética, no cachondeo, no gracieta, como me ha sonado la intervención de VOX. Cultura ética. Por tanto, totalmente de acuerdo. Se está avanzando sustancialmente. De las treinta sociedades, prácticamente la totalidad tienen estos planes de
prevención. En cuanto a los códigos éticos, faltan tres. Tienen que integrarlos en sus planes de gestión. Yo quiero poner especial énfasis en que hay que identificar en el plan de prevención los riesgos de cada uno de los puestos de trabajo que
existen, y hay que dar a conocer esos riesgos. Luego, en los códigos éticos, exactamente igual. Hay que dar a conocer los riesgos en el código ético de cada una de las actividades que se desarrollan, especialmente en el ámbito público, pero
también en el ámbito privado. Los órganos de vigilancia. Fundamental, establecen las recomendaciones que sean colegiados que representen a la totalidad. Los cauces de quejas, de petición de información y, en definitiva, de denuncias que estén
claramente establecidos, que se les dé la confidencialidad necesaria, que estén explicitados los procedimientos por escrito y que haya garantías de que todos, asumiendo una cultura ética, contribuyamos a la prevención de delitos. Por tanto,
aplaudimos en el Grupo Socialista este trabajo, este magnífico trabajo de colaboración, constructivo, del Tribunal de Cuentas, que nos pone claridad sobre dos graves problemas que sufrimos en este país: desigualdad entre mujeres y hombres y,
evidentemente, riesgo de delito y de corrupción.
Gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Hurtado.
Tiene la palabra la señora presidenta del Tribunal de Cuentas.
La señora PRESIDENTA DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Chicano Jávega): Muchas gracias a todos, señorías.
Voy a empezar por dar una explicación al señor Aizcorbe sobre un tema que ha visto que me ha sorprendido porque lo ha repetido él de aquella manera. Realmente, no hemos salido de los dictados de nuestra ley al hacer estos informes. No son
informes ectópicos que no tengamos que hacer porque no tengan, a lo mejor -que lo tienen-, el carácter financiero o contable que tengan otros. Como usted muy bien sabe, con la modificación de la ley de partidos del 2015, se modificó la Ley del
Tribunal de Cuentas y se incluyó que, en cada fiscalización, diéramos cuenta de cómo se estaba realizando la gestión, añadiendo, a los ya sabidos y tradicionales criterios de eficacia, eficiencia, y economía, los de transparencia, igualdad de género
y sostenibilidad. Con lo cual, nosotros actuamos justo dentro del marco que tenemos, aunque no tengan un carácter financiero. Por otra parte, también le adelanto que estamos trabajando en lo que llamamos informes integrados que se hacen en toda
Europa ya, por cierto. Se trata de dar valor, también en los informes y en los controles externos, a lo no financiero, pero que incide en las políticas públicas, en los efectos en los ciudadanos, etcétera, etcétera.
Dentro de nada empezarán a ver llegar informes de esos que llamamos integrados, y es que los tribunales de cuentas, como todos los órganos cuya misión es cumplir con la sociedad y que la sociedad obtenga la garantía, la seguridad, la
confianza de que hay alguien que está velando por estas cosas, tienen que adaptarse a los tiempos y responder a las preguntas de la sociedad. No son las mismas preguntas -y usted hoy lo ha dicho con su ejemplo- ni las mismas respuestas de la
sociedad hace cuarenta años ni hace veinte que ahora, y no lo serán pasado mañana. O espabilamos o dejamos de servir a la sociedad; así de claro. Ese es nuestro criterio. Por eso, quiero que se quede usted tranquilo de que no son fiscalizaciones
que hacemos así por hacer algo distinto; lo hacemos porque estamos llamados a ello y porque nos parece que también contribuye a la buena gobernanza, que al final es lo que nosotros pretendemos.
Estoy de acuerdo también con usted en que ahora tampoco se dan discriminaciones ab initio en muchísimas cosas. Cuando yo terminé la carrera no podía ser jueza, por ejemplo. Y ahora, si no lo soy, es porque no soy capaz de sacar una
oposición -bueno, ya no me admitirían por edad, supongo-. Es verdad que se han resuelto muchos problemas que existían antes. Afortunadamente, hemos avanzado muchísimo en el acceso a la educación, que es lo fundamental, en el acceso a la Función
pública y en el acceso a todo, pero nosotras seguimos conviviendo con nuestra condición de mujeres -gustosamente quiero decir, si no fuera gustosamente, peor para nosotras porque es la que tenemos-. Y no puede suceder o no debe suceder, no porque
lo diga yo, no porque yo sea activista de un determinado movimiento o no lo sea, sino porque los artículos 14 y 9.2 en la Constitución nos obligan a ello. Tenemos un artículo 14 que dice que los españoles somos iguales ante la ley, y un 9.2 que
dice que los poderes públicos removerán los obstáculos para que esto pueda ser así. Luego, además, tenemos leyes concretas. Quiero decir que eso lo harán, en mayor o menor grado, unos y otras, y otras y unos, pero mientras que la ley sea la que es
y la Constitución sea la que es, los poderes públicos tienen que remover obstáculos para que las igualdades no sean ab initio y se tuerzan por el camino, sino buscar procedimientos para que eso se pueda corregir. ¿Cómo? Yo no tengo todas las
respuestas, ¡ojalá las tuviera! Hay algunos sistemas, como contar el tiempo que has estado en una situación en la que no has podido acceder a una carrera diplomática para que puedas acceder en otro momento. Sistemas hay, lo que pasa es que tiene
que haber voluntad, y yo creo que la ley exige que el gobernante tenga la voluntad de remover esos obstáculos. Esa es mi opinión, ese es mi criterio, pero le digo que con estricto cumplimiento de la ley y de la Constitución.
Las elecciones libres no son tan libres cuando están condicionadas. Realmente, tú eliges una cosa en vez de otra y somos tan iguales cuando tenemos la misma capacidad de elección. A mí me dicen: es que las mujeres que se dedican a la
prostitución lo hacen en libertad. Digo: seguramente lo harán en libertad, no lo voy a dudar si usted lo dice, pero tienen que tener la misma libertad que yo para elegir ser presidenta del tribunal o estar en prostitución. Si no tenemos la misma
libertad -que no la tenemos, porque yo he tenido unas posibilidades que otras mujeres no han tenido-, no es lo mismo. O sea, las elecciones no son tan libres cuando hay condicionantes. Es más libre quien tiene más opciones y menos libre quien
tiene menos opciones, así de claro. Pero es un tema en el que nos salimos de la ley, así que lo dejamos para una conversación de café.
En cuanto a lo que ha dicho el señor Ledesma, efectivamente, yo creo que son dos fiscalizaciones positivas que contribuyen, en efecto, a lo que llamamos esa buena gobernanza. Yo creo que deben tener ustedes claro que el sector privado, que
es el que está haciendo un business del tema de la compliance -¡porque pueden!, no tengo nada que decir del business que hacen con el tema de la compliance-, realmente está copiando nuestros sistemas de control. La Administración pública tiene
cincuenta controles, otra cosa es que nos los saltemos. Es lo de siempre, el que quiere saltarse un control es al que no pillas. Para que se quede tranquilo en el deseo que ha manifestado de que extendamos las fiscalizaciones, en el plan de
fiscalizaciones para el 2022 están incluidas la prevención del fraude en sociedades de ámbito local y autonómico en el marco de la fiscalización de la recuperación y resiliencia. O sea, que eso ya está incluido ahí.
Señor Hurtado, muchísimas gracias por sus palabras. Y creo que hasta el día 28.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, presidenta.
Despedimos a la presidenta. Gracias por la explicación de los informes.
Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión.
Eran las doce y veinticinco minutos de la tarde.