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DS. Cortes Generales, Comisiones Mixtas, núm. 123, de 29/03/2022
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CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES GENERALES
COMISIONES MIXTAS
Año 2022 XIV LEGISLATURA Núm. 123
DE RELACIONES CON EL DEFENSOR DEL PUEBLO
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. VICENTE TIRADO OCHOA
Sesión núm. 11
celebrada el martes,
29 de marzo de 2022
ORDEN DEL DÍA:
Celebración de la siguiente comparecencia del Defensor del Pueblo:
PRESENTACIÓN DEL INFORME DEL DEFENSOR DEL PUEBLO CORRESPONDIENTE A LA GESTIÓN REALIZADA DURANTE EL AÑO 2021 (Número de expediente del Senado 780/000004 y número de expediente del Congreso de los Diputados 260/000004).
Autor: DEFENSOR DEL PUEBLO ... (Página2)
Se abre la sesión a las diez horas y cuatro minutos.
El señor PRESIDENTE: Muy buenos días a todos. Se abre la sesión de esta Comisión Mixta Congreso-Senado de Relaciones con el Defensor del Pueblo que vamos a celebrar.
Lo primero que hacemos es dar la bienvenida a don Ángel Gabilondo, defensor del pueblo, que yo creo que va a ser la primera vez que expondrá el informe anual, el que corresponde al año 2021.
Sin más preámbulos, explico muy brevemente cómo será la ordenación de las intervenciones: una vez que el defensor haya expuesto su informe, se ha acordado un máximo de quince minutos por grupo como máximo. Posteriormente, tendremos una
réplica de dos o tres minutos, no más, y finalizará de nuevo el defensor del pueblo, por si quiere decir algo sobre esa pequeña réplica de los grupos. Empezarán los grupos de menor a mayor y, como hay muchas sustituciones, daré la palabra al
portavoz de cada grupo parlamentario.
Tiene la palabra el defensor del pueblo, para exponernos el informe del año 2021.
El señor DEFENSOR DEL PUEBLO (Gabilondo Pujol): Buenos días. Muchas gracias, señor presidente y señores miembros de la Mesa. Muchas gracias, señorías.
El informe que hoy presento a sus señorías da cuenta a las Cortes Generales, a través de la comisión mixta, de la gestión realizada por la institución del Defensor del Pueblo en el año 2021 en cumplimiento de lo requerido por la Constitución
y la ley orgánica que la regula.
Como bien saben, tomé posesión el 18 de noviembre de 2021 en el Congreso de los Diputados. La voluntad de realizar este informe en la fecha más próxima posible a la finalización del periodo de tiempo a que se refiere, una vez las cámaras
han retomado el periodo ordinario de sesiones, responde al interés de dar continuidad al carácter institucional de las labores realizadas bajo la responsabilidad como defensor de don Francisco Miguel Fernández Marugán, tareas y actuaciones que
responden a la casi totalidad de este período y que hemos de agradecer. Desde este reconocimiento, ha de tenerse en cuenta que los 29 401 expedientes tramitados y las 32 974 personas atendidas telefónicamente, así como las investigaciones de
oficio, solicitudes de interposición de recursos de inconstitucionalidad y amparo, y las 2231 resoluciones formuladas a las diferentes administraciones se corresponden con este período de tiempo. Como es tradicional, el informe es una radiografía
de la realidad social de España, que muestra no solo el estado de la Administración, sino, aún más, del conjunto de la sociedad.
El presente informe da respuesta a varias cuestiones: por un lado, al cumplimiento de las obligaciones que tiene encomendadas el Defensor del Pueblo; por otro, es un ejercicio de comunicación a la ciudadanía de lo realizado durante el
periodo de año que contempla, formulado ante las Cortes Generales, que son la representación de la voluntad popular democráticamente expresada en las urnas; además, es una toma de posición que responde a la defensa de los derechos fundamentales
recogidos en nuestra Constitución, en definitiva, de los derechos humanos. Por tanto, no es una mera memoria recopilatoria de actuaciones ni se trata de un informe burocrático al margen de la realidad de la situación o de la coyuntura en la que nos
encontramos.
Como saben sus señorías, el Defensor del Pueblo es en España la institución nacional de derechos humanos, así reconocida formalmente por Naciones Unidas, y buena prueba de su actividad en el citado sentido es su vinculación a las relaciones
internacionales de condena de la invasión rusa de Ucrania y a las medidas cautelares declaradas por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos del Consejo de Europa, y, a su vez, a las declaraciones de federaciones de ombudsman, de las que forma parte
el Defensor del Pueblo de España, condenando la agresión por constituir una violación de la legalidad internacional. Hoy, nos encontramos ante una crisis humanitaria de primera magnitud, que conlleva atender su repercusión en los derechos humanos
de millones de personas afectadas y a trabajar por facilitarles el refugio y la ayuda que precisan.
Esta presentación, señorías, se realiza ante esta Comisión Mixta Congreso-Senado encargada de relacionarse con el Defensor del Pueblo y, por tanto, busca ser un acto concreto de información y de comunicación institucional en cumplimiento de
lo dispuesto y de la responsabilidad que ello supone. Como dijo el primer defensor del pueblo, don Joaquín Ruiz-Giménez, al comienzo del primer informe anual a las Cortes Generales, el de 1983 -hace casi cuarenta años-, se trata de someterlo a la
superior reflexión de los grupos parlamentarios, y de hacerlo -como señalan sus palabras- con tanto respeto como agradecimiento y confianza de quienes integramos la institución del Defensor del Pueblo.
Lo acaecido durante el pasado 2021 puede decirse que ha venido marcado por las secuelas del impacto de la COVID-19, iniciada en 2020, y sus gravísimas repercusiones sociales y económicas, de alcance mundial. La incidencia de la pandemia en
todos los ámbitos de la sociedad ha sido extraordinaria, produciendo no pocas veces una modificación, una traslación o incluso una cierta paralización de otros muchos proyectos, medidas o protocolos puestos en marcha, y no solo por su repercusión en
la salud pública. Ello ha afectado de un modo significativo a la percepción respecto al funcionamiento de la Administración pública que tiene la sociedad española. Al desplazarse los intereses y las necesidades a ámbitos bien concretos, ha podido
incidir en un debilitamiento o pérdida de calidad de múltiples servicios. La pandemia ha sido la gran razón y, en algunos casos, un argumento aducido para justificar aspectos que han de ser atendidos más adecuadamente.
Pues bien, señorías, tras estas consideraciones generales, procederé ahora a exponerles resumidamente aquellos aspectos del informe anual de 2021 que, en mi opinión, resultan más significativos.
Singularmente, resalta el campo de la sanidad por lo que se refiere al número de quejas recibidas en esta materia: 2245, el 8,2 % del total, entre individuales y colectivas. En ellas se ha puesto en evidencia el cuestionamiento por parte
de diversos colectivos ciudadanos de determinadas políticas y medidas administrativas de salud pública. Algunos ejemplos de lo señalado hacen referencia a la reducción de la asistencia sanitaria presencial en los centros de salud, al aumento de las
listas de espera, a la restricción en el acompañamiento a los ingresados en hospitales y en el acceso a las residencias de mayores, a las dificultades en la instauración del certificado COVID de la Unión Europea o en el elevado precio de las PCR.
En este contexto, el Defensor envió una batería de recomendaciones al Ministerio de Sanidad. Una parte de ellas fue admitida. Así, se asumió la recomendación del Defensor del Pueblo para que se reconociese como enfermedad profesional la COVID-19
en el grupo de trabajadores del sector sanitario, en lugar de tratarlo como un accidente laboral. La institución también inició actuaciones con las comunidades autónomas para conocer el alcance de la saturación en los centros de atención primaria
por la acumulación de tareas asistenciales y de vigilancia epidemiológica, que debían asumir por ser este un indicador idóneo para hacer el seguimiento de la calidad del servicio prestado. El Defensor del Pueblo mostró su interés por el impacto de
la pandemia en la salud mental en la espera de que la aprobación de la nueva estrategia de salud mental del Sistema Nacional de Salud promueva planes de acción que, de forma eficaz, atiendan a las necesidades menos cubiertas en las administraciones
autonómicas en esta materia.
En todo caso, debe destacarse muy positivamente la masiva campaña de vacunación contra la COVID-19, que ha obtenido grandes resultados en la lucha y contención del virus. El presente año 2022, y con la confianza en la superación de la
pandemia, será el momento de comprobar con las distintas administraciones, especialmente las autonómicas, hasta qué punto se están adoptando planes y medidas concretas y efectivas que permitan un verdadero proceso de normalización de la atención
sanitaria en todos sus niveles, incidiendo en aquellos aspectos y servicios cuya debilidad se ha hecho más evidente en esta crisis.
En 2021 se han producido verdaderas situaciones de emergencia social, con el correspondiente incremento de la demanda de asistencia, de recursos asistenciales, lo que ha conllevado un denodado esfuerzo de gestión, no siempre con los
resultados deseados. Los reiterados escritos ante el Defensor del Pueblo por las situaciones de mayor desamparo, lamentablemente asentadas en algunos sectores, a lo que han de añadirse las penurias sobrevenidas, hacen imprescindible una valoración
de las quejas desde una perspectiva que cabe calificar de pobreza o de riesgo de pobreza en todos los sentidos de esta palabra. En este campo de actuación, caben destacar cuatro cuestiones. En primer lugar, la atención residencial de personas
mayores, dependientes o con discapacidad. En lo que se refiere a la atención residencial a mayores, después de la dura experiencia vivida por la incidencia en ellas de la COVID-19, existe un antes y un después. La dolorosa experiencia de la
asistencia residencial a mayores, a pesar de la respuesta de los profesionales, ratifica la urgente necesidad de que se replantee y, en todo caso, se revise el modelo residencial: la necesidad de un incremento de recursos humanos, la mejora de las
condiciones laborales, la coordinación sociosanitaria eficaz y un mayor seguimiento y control por parte de las administraciones públicas, algo reiteradamente subrayado por el Defensor del Pueblo. En última instancia, ello supone replantear a fondo
la política de los cuidados, mediante un refuerzo de las garantías que asegure siempre unos cuidados respetuosos y dignos. El consejo territorial estatal ha iniciado ya los trabajos para revisar aspectos fundamentales del funcionamiento de los
centros residenciales. En todo
caso, la institución hará un seguimiento en el presente año, 2022, de los acuerdos que se materialicen en las nuevas disposiciones normativas, que esperamos que adopten las diferentes administraciones, para comprobar si con ellas se está
reforzando de manera efectiva la calidad de este servicio y, con ello, los derechos básicos de los usuarios.
La pandemia también ha incidido en los retrasos en la tramitación de las solicitudes de valoración de las personas con discapacidad, y en 2021 fueron numerosas las quejas por demoras en expedientes gestionados ante el Principado de Asturias,
Andalucía, Canarias, Cataluña, Comunidad de Madrid, Región de Murcia, Cantabria y Castilla-La Mancha.
La crisis pandémica ha implicado una verdadera emergencia social para muchas personas, incrementando la demanda de asistencia en las diferentes redes de recursos sociales que organizan y gestionan las distintas administraciones. En este
contexto, el ingreso mínimo vital, aprobado a finales de 2020, está llamado a ser un importante elemento redistributivo y de cohesión social, pero el Defensor del Pueblo ha intervenido ante la complejidad de su regulación, unida a un déficit
estructural de recursos humanos que afecta a la Seguridad Social para su tramitación. Aunque se han hecho múltiples esfuerzos para solventar los problemas de gestión, se han producido retrasos en la tramitación o resolución de los expedientes,
muchos de ellos relacionados con el proceso de acreditación de requisitos económicos o familiares. En muchos casos, familias en situación de exclusión social o en riesgo de estarlo han permanecido meses sin percibir prestación alguna. De todas
formas, la institución aprecia que se hayan incluido por la Administración varias de sus sugerencias para ampliar el ámbito de posibles beneficiarios. El Defensor del Pueblo considera que es preciso armonizar las rentas mínimas de las comunidades
autónomas con el ingreso mínimo vital para cumplir una labor de complemento o de mejora y garantizar una adaptación de ambas prestaciones, a fin de que los hogares más vulnerables no se vean desprotegidos.
Señorías, en 2021 el Defensor ha abierto de oficio dos actuaciones referidas a circunstancias de explotación o abusos sexuales sufridos por menores tutelados acogidos en centros de protección. Así, se mantienen abiertas las que tienen que
ver con el Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (Baleares) y otra con la consejería competente de la Comunidad de Madrid. Ambas instituciones han respondido al Defensor del Pueblo. En ambos casos, la institución está interesada, entre otros
aspectos, en que se desarrollen y apliquen de forma eficaz en los centros de protección de menores los protocolos. Esto es lo que nos importa: que se apliquen los protocolos de prevención y detección temprana que contempla la nueva Ley de
protección integral de la infancia frente a la violencia, que, como saben, es de junio de 2021. Además, recibimos la queja sobre menores tutelados en la comunidad valenciana. Este caso ya lo había investigado e informado el Síndic de Greuges de la
comunidad autónoma, además de encontrarse en curso un procedimiento judicial.
Lamentablemente, respecto a la Seguridad Social y el desempleo, aún no se ha dado solución al problema de acceso presencial o telefónico a las oficinas gestoras, a pesar de las medidas adoptadas. Esto ha generado una gran insatisfacción
entre los ciudadanos, que han presentado numerosas quejas. Esta preocupación, lejos de remitir, se incrementa, mientras que las razones de emergencia sanitaria van quedando poco a poco atrás en el tiempo. Sin dejar de constatar las ventajas que
ofrece una ágil tramitación electrónica de los expedientes, es necesario que las administraciones de la Seguridad Social garanticen el acceso de todos los ciudadanos a los trámites administrativos, mediante la promoción de soluciones operativas,
particularmente, para las personas de edad avanzada o con menos medios o conocimiento para el uso de las nuevas tecnologías.
En 2021 un número significativo de las quejas que ha recibido la institución sobre la educación hacían referencia a los problemas ocasionados por la pandemia. Las familias han planteado dudas por los protocolos COVID, los sistemas de
ventilación en los colegios, el absentismo escolar de menores vulnerables y las dificultades de la educación no presencial, entre otros asuntos. La institución ha realizado actuaciones con las administraciones educativas para evitar que la crisis
sanitaria tuviese un impacto negativo en la educación.
También, un año más, han continuado las quejas por las dificultades en los procesos de admisión en determinados centros, la falta de recursos para atender al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, las barreras de
accesibilidad, las demoras en las obras de construcción y mantenimiento en algunos centros docentes, así como las dificultades para acceder a ayudas y becas. En este sentido, y ya al comienzo del presente año 2022, se ha publicado una resolución de
la Secretaría de Estado de Educación que reconoce la singularidad de la escolarización en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, en línea con lo recomendado reiteradamente por el Defensor, por la que se aceptan otros
documentos como medio de prueba para acreditar la residencia más allá del empadronamiento. Con esta resolución, el derecho a la escolarización de estos niños y niñas residentes en Ceuta y Melilla queda garantizado como factor clave del
derecho a la educación.
La ampliación de la oferta educativa pública en el primer ciclo de educación infantil también forma parte de diversas consideraciones. La tasa de escolaridad es un parámetro que permite valorar las posibilidades de conciliación, ya que un
niño no escolarizado en estas edades requiere de cuidados que le debe dispensar algún familiar, que habitualmente es la madre. Por ello, resulta imprescindible ampliar la oferta pública de estos servicios educativos para avanzar en la conciliación
de la vida laboral y familiar, especialmente en las zonas rurales, en las que el sistema público tiene un mayor peso que el privado debido al retraimiento de la oferta privada.
Singularmente, se han dirigido a la institución personas que muestran su disconformidad con los proyectos educativos implantados en los centros docentes sostenidos con fondos públicos en las comunidades autónomas de Valencia, Cataluña e
Illes Balears; solicitan que la lengua castellana sea utilizada de forma proporcional y equitativa en todas las etapas de la enseñanza obligatoria. En esta materia, a finales de 2021, iniciamos una actuación de oficio ante la Consejería de
Educación de la Generalitat de Catalunya para conocer cómo estaba protegiendo a un menor de Canet de Mar, Barcelona, y a su familia ante la presión social y política a la que estaban siendo sometidos tras haber reclamado clases en castellano. El
pasado 25 de marzo, la Generalitat comunicó al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que los cambios legislativos que tiene en marcha garantizarán una presencia adecuada del castellano en las aulas. Queda por ver qué señala el tribunal al
respecto.
Otra cuestión importante está relacionada con la formación profesional. La institución considera que la formación profesional es clave para reducir el abandono escolar y mejorar la empleabilidad de los jóvenes, al ofrecer opciones más
variadas, tanto de formación como de empleo. La institución lleva años recibiendo quejas de personas que muestran su preocupación por las dificultades para acceder a estos estudios. En 2021, iniciamos actuaciones de oficio ante las consejerías de
Educación de la Comunidad de Madrid y de la Generalitat de Catalunya para obtener datos oficiales sobre el número de plazas ofertadas para cursar estudios de formación profesional y las previsiones para adecuar la actual oferta a la creciente
demanda.
Por último, en el ámbito universitario, los problemas para la convalidación y homologación de títulos han vuelto a protagonizar quejas, junto con las dificultades en materia de calificación y evaluación, y cuestiones relativas a becas y
ayudas. Un cierto colapso en la tramitación de los expedientes de homologación y declaración de equivalencia de títulos universitarios ha sido también objeto de abundantes quejas, más de 500 en 2021. Por tanto, es necesario que el Ministerio de
Universidades aborde una profunda modificación normativa, especialmente, en cuanto al procedimiento de tramitación de los expedientes, a fin de simplificarlo y agilizarlo, tal y como venimos solicitando.
En este informe, se ha optado por denominar un capítulo Violencia contra las mujeres, al ser la expresión utilizada por la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y por el Convenio de Estambul.
Se refiere a todos aquellos actos de violencia cometidos contra las mujeres por el hecho de serlo e incluye aquellos que constituyen violencia de género conforme a la legislación española. Esa violencia constituye un delito contrario a derechos
fundamentales tan básicos como la vida, la integridad física y moral, la libertad y, por supuesto, la igualdad entre hombres y mujeres. Basta recordar que, en 2021, han sido asesinadas cuarenta y tres mujeres y siete niños y, además, treinta
menores se han quedado huérfanos de madre. En este informe del Defensor del Pueblo, insistimos en que esta no es una cuestión legal que se rinde mecánica y burocráticamente, sino que es una llamada a la reflexión sobre problemas reales, sobre
conflictos reales de personas reales, cuyos derechos fundamentales no son garantizados o no lo son plenamente por los poderes públicos.
Durante 2021, se incrementaron las quejas de víctimas de violencia de género relacionadas con procesos de guarda, custodia y regímenes de visitas. Ante este incremento de quejas, el Defensor considera que son imprescindibles intervenciones
específicas para salvaguardar sus derechos. Además, abogamos por mejorar la detección de riesgos en los que se encuentran las víctimas, por ejemplo, también en los puntos de encuentro familiar, y facilitarles el acceso a los recursos disponibles,
desde la intervención de emergencia hasta la integración social.
La dificultad de acceso a la vivienda es otro de los asuntos que ha suscitado un importante número de quejas. Estas han hecho referencia, sobre todo, a la adjudicación de vivienda pública protegida y a las ayudas al alquiler del Plan
estatal de vivienda. El parque público de viviendas sociales es exiguo y no da
respuesta a todas las demandas que reúnen los requisitos. Las listas de espera para acceder a una vivienda se prolongan en el tiempo y ofrecen pocas alternativas. Por otra parte, los procedimientos de adjudicación de viviendas han de ser
más ágiles y transparentes. Las convocatorias de ayudas económicas destinadas al pago de alquiler, vinculadas al Plan estatal de vivienda, se resuelven con meses de retraso respecto al plazo establecido, no hay una cuantía suficiente y los
requisitos no siempre son fáciles de cumplir.
En relación con los desahucios de familias vulnerables, el Defensor del Pueblo comprueba que han intervenido los servicios sociales municipales y los órganos autonómicos en materia de vivienda para buscar soluciones habitacionales a las
familias afectadas en los casos que han sido objeto de queja ante esta institución.
En lo relativo a la actividad económica, en 2021 se recibieron numerosas quejas que evidencian la insuficiencia de los servicios de reclamaciones de las entidades reguladoras, como el Banco de España o la Dirección General de Seguros y
Fondos de Pensiones. En la institución, hemos seguido con interés el proceso normativo para la creación de un nuevo organismo: la autoridad de protección del cliente financiero, con el que se espera lograr una mejora de la tramitación y resolución
de las reclamaciones de los ciudadanos.
Otro asunto sobre el que se ha continuado trabajando en 2021 ha sido el problema que afecta a los ciudadanos extranjeros, que ven obstaculizada la apertura o el mantenimiento de cuentas bancarias por no disponer aún de la tarjeta de
identificación de extranjeros.
El año pasado también se recibieron quejas sobre el servicio eléctrico, particularmente, en cuanto a los problemas en el suministro, la facturación, la arbitrariedad en los consumos estimados o el reconocimiento de la condición de
beneficiario del bono social eléctrico y del bono social térmico. Asimismo, la opacidad del modelo de factura eléctrica, que reciben millones de usuarios acogidos al precio voluntario para el pequeño consumidor, motivó una actuación de la
institución que aún continúa en trámite. En la actualidad, los consumidores conocen el precio total de la energía que pagan en sus facturas, pero ignoran qué parte del precio pagan en relación con cada uno de los tramos horarios actualmente
vigentes: punta, llano y valle. Consideramos necesario que la factura sea más clara al respecto.
También fueron frecuentes las quejas por cortes en el suministro eléctrico, que afectan especialmente a colectivos vulnerables, como personas de avanzada edad, enfermos o menores. En este contexto, destacan las actuaciones realizadas por la
falta de suministro eléctrico en la Cañada Real. La institución comenzó 2021 instando a la Comunidad de Madrid y a la Delegación del Gobierno a solucionar la falta de luz en la Cañada Real Galiana. A pesar de la dramática situación -y de la
insistencia del entonces defensor del pueblo- que afrontan esta situación más de 4000 personas que habitan los sectores 5 y 6, muchos de ellos menores o mayores y personas vulnerables, las administraciones no han sido capaces de solucionar este
problema. A finales de año, y tras una reunión con el Comisionado del Gobierno de la Comunidad de Madrid para la Cañada Real, se advirtió de que la situación tiene ya dimensiones de urgencia humanitaria y se ha reiterado la solicitud de abordar una
solución con celeridad.
La institución promovió también una modificación normativa para aplicar a las mascarillas el tipo más bajo posible del IVA, incluso el 0 %, mientras siguiesen siendo obligatorias para la población. En este sentido, también se solicitó bajar
el gravamen de los geles hidroalcohólicos, en tanto se siguiese recomendando su uso.
Otra actuación destacada fue el expediente abierto de oficio ante el Servicio Público de Empleo Estatal, SEPE, y la Agencia Tributaria para conocer las medidas previstas a fin de evitar que los errores que acumuló el SEPE con los abonos a
trabajadores en ERTE supusieran una penalización fiscal para esos ciudadanos en la campaña de la renta de 2020. En este sentido, hemos actuado de oficio para plantearnos la necesidad de afrontar los problemas que el impacto de las nuevas
tecnologías tiene sobre colectivos con dificultades para acceder a ellas, por razones diversas: a veces, económicas, a veces estructurales e, incluso, sociológicas. No todos los ciudadanos tienen acceso a internet ni capacidad de adaptación a los
continuos cambios tecnológicos y, por ello, ven mermados sus derechos frente a quienes tienen una mayor capacidad de adaptación al entorno digital.
El empleo público arrastra desde 2010 falta de reposición. El envejecimiento de plantillas y su proximidad a la edad de jubilación, unido al retraso de las convocatorias tanto de selección como de provisión de plazas, contribuye a una
importante falta de cobertura de vacantes. Asimismo, se ha puesto de manifiesto una significativa demora en el nombramiento de aquellos que han superado los procesos
selectivos, factores que han contribuido a la temporalidad del personal y a la escasez de medios humanos. La situación se ha visto especialmente señalada en el sector sanitario, donde ha sido una evidencia la infradotación de personal,
fundamentalmente, de los servicios de urgencias hospitalarios y de la atención primaria.
Otra cuestión que el Defensor del Pueblo viene manifestando en informes anteriores es su preocupación por las elevadas tasas de temporalidad de los empleados públicos. Esta institución reiteró la necesidad de abordar la situación de
quienes, como consecuencia de ese marco normativo insuficiente y de la inadecuada planificación de los recursos humanos, venían padeciendo desde hace años las consecuencias de la temporalidad. La crisis sanitaria ha empeorado esta situación. Así,
se han recibido quejas por retrasos en la convocatoria de procesos o personas que plantean que no han podido presentarse a exámenes por estar contagiadas el día de la prueba. A juicio de la institución, debería realizarse una valoración de los
hechos específica e individualizada por parte de los órganos de selección.
Por otro lado, como señalamos, la escasez de recursos humanos y el limitado acceso de la ciudadanía a la atención presencial para el acceso a determinados servicios públicos debido a la pandemia, ha tratado de paliarse mediante la
utilización de la Administración electrónica. La dispersión tecnológica aplicada por las distintas administraciones y la dificultad que el uso de las nuevas tecnologías supone para ciertos perfiles -en especial, para las personas de mayor edad-
también han generado quejas.
La Ley de Presupuestos Generales del Estado para el ejercicio 2021 supuso un punto de inflexión al incrementar notablemente las tasas de reposición en el empleo público: en un 110 % en sectores prioritarios y en un 100 % en los restantes.
A corregir esa temporalidad se dirigió, igualmente, la aprobación por el Gobierno del Real Decreto Ley 14/2021, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, y la aplicación y desarrollo de la Ley
20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público.
En relación con el medio ambiente, el incremento de fenómenos meteorológicos extremos y la creciente exigencia por la calidad del medioambiente formaron parte del debate público y de muchas quejas recibidas, junto con el impacto de las
instalaciones eólicas y fotovoltaicas en los espacios protegidos; particularmente, reclamaron una mayor protección de los espacios naturales, como en el caso del Mar Menor, en Murcia. El Defensor del Pueblo mostró su preocupación por su
degradación ambiental y se dirigió a la Consejería de Medio Ambiente de la Región de Murcia y al Ministerio para la Transición Ecológica a fin de conocer las actuaciones que estaban llevando a cabo para la restauración del Mar Menor, y las que
preveían realizar en un futuro.
La sequía que estamos sufriendo desde hace años está agravando los conflictos por el reparto del agua entre los distintos usos, como el abastecimiento de agua potable o para riesgo. En este contexto, la institución reinició actuaciones
relativas a la afección de masas de aguas subterráneas de Doñana. Por otra parte, el Defensor también instó a aplicar un plan de protección del Delta del Ebro que permita corregir los efectos derivados del cambio climático y de la alteración de los
procesos biológicos como consecuencia de la acción del hombre.
La contaminación procedente de instalaciones industriales o del tráfico también protagonizaron actuaciones destacadas en algunas ciudades como Gijón y Madrid. Así, se pidió al Ayuntamiento de Madrid que revisase la regulación de la
ordenación de movilidad sostenible que había aprobado, para evitar una rebaja de la protección de la calidad del aire en la ciudad. En tal sentido, se urgió al consistorio madrileño a que estableciese cuanto antes las medidas de seguimiento,
control y evaluación contempladas en la nueva ordenanza de movilidad, para que se pueda analizar la evolución de los niveles de contaminación en las zonas de especial protección y comprobar el alcance general de la entrada en vigor de las
modificaciones efectuadas.
Otra actuación destacada fue la relativa a la comercialización en España de plaguicidas. El Defensor formuló resoluciones para mejorar la transparencia, publicidad y motivación de las resoluciones administrativas por las que se conceden
permisos para utilizar pesticidas prohibidos en la Unión Europea. La institución considera necesario que la Administración ejerza un mayor control sobre el uso de este tipo de productos.
Por último, el ejercicio eficaz de las potestades locales en el control del ruido, el urbanismo y la dotación de servicios públicos locales mínimos y obligatorios también fue objeto de diversas quejas. La pasividad de algunos ayuntamientos
y la inhibición de sus potestades son las irregularidades que se detectan con más frecuencia en las quejas dirigidas al Defensor del Pueblo, que inciden de manera directa en el medio ambiente urbano, en el uso y disfrute de la vivienda en
condiciones dignas, en el descanso y
en la convivencia. No pocas administraciones locales incurren en deficiencias a la hora de controlar el ruido procedente de un amplio rango de focos en las ciudades, como las actividades económicas, especialmente las de hostelería; los
vehículos y actividades de transporte urbano; las instalaciones deportivas; las fiestas populares; los conciertos; los comportamientos vecinales e, incluso, molestias generadas por animales modestia domésticos. En esta dirección vienen las
quejas.
Estas situaciones que los ciudadanos exponen ante esta institución no representan, en principio, problemas ambientales a gran escala, pero afectan, además de a la contaminación acústica, a los derechos a la intimidad, al derecho a la
inviolabilidad de domicilio, al derecho a la salud y, sobre todo, a la convivencia. Tampoco los ayuntamientos y entes locales ejercen siempre con la eficacia y celeridad deseables las potestades que les corresponden. Por ello, es nuestra
obligación recordar sus obligaciones respecto al otorgamiento de licencias urbanísticas y la inspección, sanción, legalización o reversión de las infracciones; a la exigencia a los propietarios del deber de conservación o las obligaciones relativas
a la dotación y funcionamiento de los servicios públicos mínimos y obligatorios: alumbrado público, abastecimiento domiciliario de agua potable, alcantarillado, pavimentación de las vías públicas y la recogida de residuos.
En la respuesta de las administraciones públicas a los movimientos migratorios es necesario realizar un refuerzo de los servicios públicos que atienden a los sistemas generales de acogida humanitaria de personas que entran irregularmente en
España, como se ha puesto de manifiesto en 2021 con las experiencias en Canarias y Ceuta. En particular, en el caso de Ceuta se produjeron, además, una serie de devoluciones en frontera de menores que, a juicio de esta institución, no respetaban el
procedimiento previsto en la legislación de extranjería -señalado también en el derecho internacional- y que hubieron de ser suspendidas por el Ministerio del Interior, lo que fue ratificado posteriormente por los tribunales. En este mismo
apartado, los casos susceptibles de protección internacional, asilo o refugio, que no se detectan con agilidad suficiente dentro de la cantidad ingente de personas que entran irregularmente en nuestro país, con dificultad de acceso incluso a los
procedimientos legalmente previstos. Asimismo, la estancia en España de menores extranjeros no acompañados, con las dificultades específicas que padecen de desprotección general, falta de integración, acceso, en su caso, a la protección
internacional, de regularidad documental al cumplir los 18 años e, incluso, de detección de indicios de que pudieran ser víctimas de trata.
Un año más, en función del número de quejas recibidas, los asuntos que más han afectado a las personas extranjeras residentes en España han sido las demoras en los trámites para la obtención de sus tarjetas de identidad, citas para solicitar
la protección internacional y, una vez formalizada esta solicitud, la tardanza para la realización de entrevistas o para la obtención de la documentación que acredita tal condición.
Durante 2021, llegaron de manera irregular a España 41 945 personas; de ellas, 22 316 a Canarias. El Defensor ha continuado prestando atención especial a la situación migratoria de esta región, con nuevas visitas a instalaciones de
recepción, atención y acogida de personas extranjeras en los meses de abril y noviembre. A principios de año, la institución presentó el estudio monográfico La migración en Canarias. Quiero aprovechar esta ocasión para tener un recuerdo singular a
los habitantes de La Palma. Estamos muy atentos a las medidas tomadas tras la erupción del volcán Cumbre Vieja, que, como saben, tuvo lugar el 19 de septiembre y estuvo activo durante ochenta y cinco días. Sé que todos expresamos nuestra
solidaridad con ellos y también trabajaremos para atender al cumplimiento de las medidas que se adopten a raíz de los sucesos.
A mediados del mes de mayo, numerosas personas accedieron de manera irregular a Ceuta. La situación de los más de 1000 menores que en esos días entraron en esa ciudad autónoma preocupó especialmente al Defensor, que, desde el primer
momento, estuvo pendiente, especialmente de las condiciones en las que se realizaba la acogida de estos niños y niñas. El 13 de agosto, tras tener conocimiento de la expulsión a Marruecos de más de cincuenta menores, la institución formuló un
recordatorio de deberes legales al Ministerio del Interior ese mismo día para que cesara esa actuación, pues, a su juicio, podría contravenir el procedimiento previsto legalmente. El asunto fue objeto de procedimientos judiciales que suspendieron
las devoluciones, coincidiendo con el criterio expuesto por la institución. El Defensor suspendió las actuaciones iniciales al estar judicializadas. Posteriormente, cincuenta y siete de los menores que fueron devueltos a Marruecos presentaron
queja en la institución. Sobre este asunto, el Defensor mantiene abiertas actuaciones.
En octubre de 2021, se aprobó una reforma del Reglamento de extranjería para facilitar el tránsito de los menores tutelados a la edad adulta de forma adecuada. Esta reforma recogía el criterio de la institución, que, en marzo de 2020,
recomendó al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones la modificación del Reglamento de extranjería, que regula el régimen jurídico de los menores extranjeros no acompañados, para mejorar su documentación y garantizarles todos los
derechos que les corresponden como niños y niñas. En 2021, también se dirigieron cuatro recomendaciones al Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 para mejorar la protección de los menores extranjeros no acompañados, que fueron aceptadas e
incluidas en el borrador de la estrategia integral para la atención a niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados, cuyos trabajos continúan en la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia. También se han desarrollado actuaciones
relacionadas con la necesidad de erradicar las identificaciones policiales basadas en perfiles étnicos y raciales o con la incoación de expedientes sancionadores a personas extranjeras en situación irregular que son progenitores de menores
españoles.
El Defensor del Pueblo ha hecho recomendaciones relativas al colectivo LGTBI, que han sido tenidas en cuenta, para que la documentación administrativa sea adecuada a la diversidad sexual y afectiva de estas personas; por ejemplo, han sido
tenidas en cuenta por la Consejería de Educación de Murcia. También ha hecho recomendaciones para lograr la adopción de medidas y protocolos formativos para las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, a fin de evitar agresiones LGTBI-fóbicas.
No obstante, cabe recordar que, en determinados procedimientos sancionadores, como ha sido un caso de la Comunidad de Madrid en lo relativo a las terapias para curar la homosexualidad, está administración consideró que las pruebas remitidas para
abrir expediente sancionador se obtuvieron sin consentimiento.
En relación con seguridad y justicia, es muy importante el número de quejas que se reciben en el Defensor del Pueblo sobre los registros civiles:1638 en el año 2021, que son la punta del iceberg de un problema estructural grave. Se estima
en 300 000 el número de personas pendientes de algún tipo de decisión, sobre todo de la obtención de la nacionalidad por residencia, en particular por personas cuya lengua materna es el español. Se han adoptado medidas importantes, pero
insuficientes en los últimos dos años. Tras los sucesos ocurridos en Linares, Jaén, en los que se produjeron cargas policiales en las que varias personas resultaron heridas por el uso de munición por parte de la policía, la institución volvió a
recomendar elaborar una normativa complementaria a la existente sobre la utilización de material antidisturbios.
En materia de tráfico, se han detectado irregularidades en la tramitación de denuncias, imputando sanciones a conductores que no tenían relación con los hechos denunciados. En las quejas recibidas, los interesados habían presentado
recursos, pero la administración se había limitado a dictar resoluciones genéricas. El Defensor inició actuaciones, comprobando las irregularidades denunciadas por estas personas y concluyó estos expedientes cuando las administraciones revocaron de
oficio las resoluciones dictadas.
El Defensor valora muy positivamente la aprobación de la Ley orgánica de protección integral de la infancia y adolescencia frente a la violencia, en junio de 2021, que incorporó recomendaciones de la institución para mejorar la protección de
los menores víctimas de violencia machista. La nueva norma incluye la imposición de la pena de privación de la patria potestad a los penados por homicidio o por asesinato por violencia de género. Además, modifica el Código Civil para restringir el
régimen de visitas a los padres condenados por violencia de género o su suspensión durante la sustanciación del proceso. También refuerza el ejercicio del derecho de los niños, niñas y adolescentes a ser escuchados y tenidos en cuenta en los
procedimientos sobre guarda y custodia que les afecten, así como en los procesos judiciales penales en los que sean víctimas, cuando tengan la suficiente madurez. Otra modificación importante recogida en la citada norma, y que fue recomendada por
el Defensor del Pueblo, fue la abolición del uso de contenciones mecánicas en los centros de internación para menores infractores, los CIME.
En relación con la defensa de los derechos de las víctimas del terrorismo, en 2021, la institución se reunió en la sede de Madrid del Parlamento Europeo con miembros de la Comisión de Peticiones a fin de recabar información sobre los
crímenes no resueltos de ETA. En opinión de la institución, las soluciones se deben abordar desde dos perspectivas: la justicia -juzgar- y la verdad -conocer-. El derecho penal y el sistema judicial han de facilitar los enjuiciamientos y los
poderes públicos deben ofrecer a las familias la información disponible, y seguir trabajando para aclarar todos los crímenes no resueltos.
El compromiso político de reformar la Ley Orgánica de seguridad ciudadana obliga a mencionar la importancia capital de esta ley para el adecuado equilibrio entre libertad y seguridad en un Estado
democrático. El Defensor reitera lo que viene sosteniendo en este asunto: que es necesaria la reforma de esta ley y que, en tanto no se reforme, debe interpretarse en el sentido más favorable a la libertad de los ciudadanos; que la
reforma debe incluir el más amplio ejercicio de los derechos de reunión y manifestación, y que los registros corporales externos en la calle deben practicarse reforzando las garantías administrativas y judiciales. La comunidad internacional acogió
en 2020, con motivo del examen periódico universal de España del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, algunas observaciones del Defensor del Pueblo para la reforma de esta ley.
El Defensor del Pueblo supervisa las prisiones con especial dedicación, por la vulnerabilidad intrínseca de toda persona privada de libertad y por el derecho que tienen a dirigirse al Defensor del Pueblo. Se han recibido en este ámbito 833
quejas en 2021. Las más frecuentes fueron las relativas a aspectos higiénicos, sanitarios, alimenticios, traslados, comunicaciones, permisos, separación interior, clasificación y malos tratos. Por tanto, ahí está el asunto relativo a las quejas y
las tareas que han de hacerse en la prevención del suicidio; en los sistemas de videovigilancia; la aplicación de medios coercitivos y la elaboración de partes de lesiones; la correcta identificación de los funcionarios; la comunicación de los
presos; la situación de las mujeres; el cumplimiento de las condenas en primer grado; los traslados y conducciones; las personas con enfermedad mental o con discapacidad intelectual; la situación de los funcionarios, o la sanidad penitenciaria.
En relación con la actividad del Mecanismo Nacional de Prevención de la tortura, el MNP, en 2021 realizó 72 visitas a lugares de privación de libertad y 7 actuaciones no presenciales. Asimismo, formuló 899 resoluciones, 255 recomendaciones,
618 sugerencias y 26 recordatorios de deberes legales para mejorar las condiciones de vida de las personas privadas de libertad. En todo caso, deseamos resaltar algo que se ha hecho más patente todavía con ocasión de la pandemia: que la Ley de
cohesión y de calidad del Sistema Nacional de la Salud, que es de 2003, determina la necesidad de la transferencia de la sanidad penitenciaria a los sistemas de las comunidades autónomas, y queremos señalar, una vez más, el incumplimiento en gran
medida al respecto. Además, se ha continuado trabajando en el proyecto Cárceles y género, iniciado en 2018, en cuyo marco el personal del Mecanismo Nacional de Prevención de la tortura realiza visitas a lugares de privación de libertad, atendiendo
específicamente a la situación de las mujeres. De todo ello daré cuenta detallada en el informe específico que habrá de presentarse próximamente en esta comisión.
Para finalizar, me permito destacar brevemente una referencia a la actividad internacional que desarrolla la institución del Defensor del Pueblo. En el anexo E, que está a su disposición en la web de la institución, se informa sobre la
cooperación internacional, las reuniones internacionales y las visitas y encuentros desarrollados en 2021. Como institución nacional de derechos humanos, se ha seguido manteniendo un diálogo constructivo y continuado con nuestros interlocutores
internacionales -ONU, Consejo de Europa y Unión Europea-, de cara a hacer frente a las resistencias y dificultades en el ejercicio de los derechos humanos. En el marco de colaboración con el sistema de Naciones Unidas, se asistió a la reunión anual
de la Alianza Global de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos, GANHRI, sobre el Plan de acción global sobre defensores de derechos. Destaco que, a pesar de las restricciones por la pandemia, la institución ha estado muy activa y presente en
todos los encuentros que la Federación Iberoamericana del Ombudsman, FIO, ha venido realizando y ha participado en sus pronunciamientos, así como en otras redes del Ombudsman, como el Instituto Internacional o la Asociación del Mediterráneo. No
podemos dejar de recordar aquí la situación de nuestras homólogas: la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de Afganistán, Shahrazad Adbar, y Lyudmyla Denisova, comisionada para los derechos humanos de Ucrania, a quienes hemos tenido
ocasión de dirigirnos.
Señorías, estas palabras finales van en la dirección de subrayar que es obvio que vivimos en una época convulsa, en la que se enlazan sucesivas crisis que nos plantean a todas las sociedades retos continuos. A la crisis económica iniciada
en 2008 siguió la irrupción de la pandemia en febrero de 2020, que introdujo una emergencia sanitaria, con numerosas víctimas mortales, secuelas sanitarias y devastadoras consecuencias económicas, laborales, sociales, incluso afectivas. Y cuando
parecía que empezábamos a domeñarla, la invasión de Ucrania por parte de Rusia ha vuelto a alterar los cimientos del orden internacional, con repercusión en todos los países. Ante este panorama, conceptos como justicia, libertad y seguridad, junto
a principios como la convivencia democrática y un orden económico social justo, que configuran el ideario colectivo que compartimos como miembros de una comunidad política amparada en nuestra ley fundamental, sufren un embate que debemos afrontar.
Los valores de libertad, igualdad, justicia y pluralismo político, que se consagran como valores superiores del ordenamiento
jurídico en el artículo 1 de nuestra Constitución, no pueden ignorarse ni eludirse para resolver las controversias que se suscitan de forma reiterada y continua en nuestra sociedad. Estos valores y principios son los que fundamentan nuestro
Estado social y democrático de derecho que nos dimos en 1978, pero en el texto constitucional se recogen otros, entre los que cabe destacar: la dignidad humana, el espíritu de apertura y de tolerancia, el respeto a la libertad de los demás, la
diversidad ideológica y cultural, la solidaridad, la justicia social y la cohesión territorial, que delimitan el ámbito de actuación de todos los poderes del Estado y las conductas de la ciudadanía, que son la base del orden político y de la paz
social. A su vez, estos principios y valores sustentan y sirven de guía para la actividad que desarrolla una institución como el Defensor del Pueblo, a la que nuestra Constitución atribuye la defensa de los derechos fundamentales comprendidos en
ella.
Las cuestiones que acabo de exponerles sucintamente a sus señorías, entre otras más, que son las que se recogen en este informe anual de 2021, las hemos abordado dentro de los valores y principios que les he puesto de manifiesto, a fin de
responder a las necesidades de la ciudadanía.
Pero para las personas que se dirigen al defensor con sus quejas es muy importante saber que no están solas, que hay caminos y que, además, esta institución las escucha, las atiende y las traslada a los poderes públicos con el fin de que se
adopten las medidas oportunas para su solución. El informe anual procura ser un fiel reflejo de cuanto ha conocido esta institución y de las resoluciones que hemos dictado. Siempre, en la medida en que ha sido posible y procedente, no solo
buscamos soluciones individuales, sino que intentamos extraer consecuencias de carácter general que pueden ser de aplicación para la ciudadanía en su conjunto. Como corresponde a nuestra labor de Defensor del Pueblo, hemos formulado a las
administraciones lo que señala la ley: advertencias, recomendaciones, recordatorios de sus deberes legales y sugerencias para la adopción de nuevas medidas y mejorar así la gestión de las administraciones públicas.
En definitiva, los informes anuales suponen un instrumento privilegiado que permite conocer cuáles son los problemas que los ciudadanos plantean y cuáles las carencias en la actuación de nuestros poderes públicos que estiman que deben ser
prioritariamente atendidas. Pero el trabajo que realizamos desde el Defensor del Pueblo es muchas veces solo un paso; un paso que deseamos clave en una tarea más amplia, pues esta institución no está llamada a zanjar directamente los problemas que
se le plantean, pero aspira siempre a ser un agente eficaz en los intentos de solución y en su adecuado planteamiento. Y este es el sentido de la comparecencia ante sus señorías que responde al encargo de relaciones que nos reclama la ley.
Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias a cuantos han contribuido a lo que este informe es y significa y, muy en concreto, insisto, a don Francisco Fernández Marugán. Muchas gracias por su consideración. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor don Ángel Gabilondo, defensor del Pueblo, por la exposición que ha hecho del informe anual de la Defensoría del año 2021.
A continuación, pasamos a su debate. Daré la palabra, en primer lugar, por el Grupo Parlamentario Mixto, al senador Argüeso. (Pausa). No está presente.
Pasamos, entonces, al Grupo Parlamentario Vasco en el Senado. Tiene la palabra la señora Garmendia.
La señora GARMENDIA BERECIARTU: Muchas gracias, señor presidente.
Bienvenido, señor Gabilondo, egun on. Nos ha presentado usted el informe de la gestión realizada en el año 2021, en el que se detallan en cada una de las líneas de actuación aquellos aspectos más destacados. En uno de los anexos incluye
una lista de recomendaciones y sugerencias. Asimismo, recoge una lista de recordatorios y advertencias. Llama la atención que, en el año 2022, como usted muy bien ha dicho, cuarenta años después del inicio de funcionamiento de la institución, esta
tenga que realizar advertencias y recordatorios. Parece que el Defensor del Pueblo se encuentra con obstáculos para realizar su labor. No sé si usted coincidirá con esta impresión que tengo. (El señor vicepresidente, Sancho Íñiguez, ocupa la
Presidencia).
Con el informe del 2021 en la mano, comparándolo con el del 2020, en su opinión, ¿en qué tareas se ha avanzado, es decir, en qué áreas se ha mejorado la actividad de la Administración y cuáles han empeorado teniendo en cuenta, por supuesto,
el efecto de la pandemia en la actividad del sector público? En el informe del 2021, en el área de medio ambiente, dos de las actuaciones más destacadas este año han sido las referidas a la constatación de la comercialización de plaguicidas que
incluyen en su
composición sustancias activas prohibidas o no autorizadas en la Unión Europea, y a la información que la Administración pública estatal no suministra a la ciudadanía. Mi pregunta va en el sentido de si lo que se indica en ese informe va a
ser una constatación de hechos o se va a profundizar no solo en la comercialización de estos plaguicidas en concreto, sino en la de productos que tengan sustancias prohibidas por la Unión Europea.
Por otro lado, usted ha hecho referencia a la crisis humanitaria consecuencia de la guerra de Ucrania. Es un problema del 2022, pero me gustaría hacerle una pregunta en referencia al sistema de acogida y de protección en general centrándome
en las personas que llegan de Ucrania. La directiva europea aprobada para dar la cobertura de protección temporal a las personas ucranianas habla de la obtención de derechos en cualquier lugar europeo. Teniendo en cuenta este reconocimiento sería
una contradicción aplicar las actuales reglas del sistema estatal de acogida, ya que las personas ucranianas deberían tener los mismos derechos en cualquier lugar europeo y, también, el derecho a decidir dónde quieren empezar su proceso de
integración social. Sin embargo, las personas que llegan al Estado apoyadas por vínculos anteriores, bien por ser niños de Chernóbil o por tener familia o vivienda en el Estado, pueden ver cómo el sistema les obliga a desarrollar ese proceso de
integración lejos de los que pueden ser su amparo y ayuda en este difícil proceso, si no quieren quedar fuera de las ayudas que les reconoce el sistema. ¿Cree usted que se debe modificar el sistema estatal de acogida para que se cumpla
adecuadamente su función? Dentro del plan de este año, ¿tiene prevista alguna línea de actuación en relación con estos refugiados?
Señor Gabilondo, tal y como indica en el apartado de la presentación del informe de 2021, anuncia que va a establecer un nuevo modelo de informe con una diferente estructura y orientación. ¿Puede usted adelantarnos cuál es su planteamiento
al respecto? Mi última pregunta está relacionada con el programa de actuación para 2022. ¿Puede avanzarnos si va a ser continuista o va a iniciar alguna línea de investigación específica y diferente en lo que se refiere a la creación de una
comisión independiente presidida por usted, con el fin de elaborar un informe sobre las denuncias por abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia católica y el papel de los poderes públicos, que fue acordado recientemente en el Congreso? Mi pregunta
concreta es si tiene usted diseñado el planteamiento de trabajo, si nos puede adelantar algo al respecto.
Eskerrik asko, Gabilondo jauna.
El señor VICEPRESIDENTE (Sancho Íñiguez): Gracias, señora Garmendia.
Señorías, ¿por el Grupo Plural va a intervenir algún senador del Grupo Parlamentario Nacionalista en el Senado? (Pausa). ¿El señor diputado Miquel i Valentí va a intervenir? (Pausa).
Por el Grupo Democrático, el senador Muñoz Lagares tiene la palabra.
El señor MUÑOZ LAGARES: Muchas gracias, presidente.
Bienvenido la Cámara Alta del Senado, señor defensor. En primer lugar, quería agradecer la labor realizada por parte del actual defensor del Pueblo y todo su equipo y, de igual forma, dar las gracias al señor Fernández Marugán, que también
ha sido partícipe de este informe el año pasado. Como bien sabemos, estos informes del Defensor del Pueblo son una radiografía de la sociedad española, de cuáles son los asuntos que más preocupan a los ciudadanos, a los que, ante la falta de
respuesta de las administraciones competentes, no les queda otra que recurrir a la figura del Defensor del Pueblo para velar por los derechos fundamentales recogidos en el título I de la Constitución española.
Quisiera empezar analizando los datos estadísticos reflejados en el presente informe anual de 2021. Se observa que en el pasado año 2021 se ha incrementado en 995 el número de quejas dirigidas al Defensor del Pueblo con respecto a 2020, un
3,5 % más, así como un 12,5 % más de visitas en la web oficial. Hemos pasado de las 20 215 quejas en 2019 a las 29 015 del pasado año 2021, un 43,5 % más en dos años. Es un fiel reflejo de cómo la presente crisis ha hecho estragos en la población;
una crisis motivada por la pandemia de COVID-19 que ha tensionado tanto a la Administración como a la población en general. Nos preocupa la efectividad de las actuaciones y resoluciones del Defensor del Pueblo. En concreto, me refiero a lo
acontecido, por ejemplo, en el Mar Menor, aunque podríamos poner muchísimos más ejemplos. Tal y como se menciona en el informe, ya en el 2018 se instruyó por parte de su institución una investigación por la aparición de peces muertos en el Mar
Menor, y aquello no se materializó en nada, continuando la degradación y la contaminación de sus aguas en un paraje singular y especialmente delicado. Cuatro años después seguimos en una situación crítica, con una Administración estatal y
autonómica con competencias para ello que no encara el problema con la diligencia adecuada ante la
agonía de una albufera única. Respecto a este tema se indica que por parte del defensor del Pueblo aún se continúa y se prosigue con las actuaciones con la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente del Gobierno
murciano, y que se sigue solicitando que se complementen algunos de los datos suministrados. Lamento la reiteración, pero hay situaciones urgentes ante las que no podemos esperar; actuaciones que se eternizan y para las que, seguramente, cuando
llegue la solución, sea demasiado tarde. Este es un claro ejemplo, tal y como he comentado anteriormente; seguramente tendremos muchos más casos de actuaciones de esta institución que se alargan año tras año, sin conseguir que las administraciones
competentes actúen.
Especialmente llamativo es el caso de las administraciones estatales, autonómicas y locales que directamente entorpecen la labor y, más aún, que incluso no aceptan las resoluciones, sugerencias o recomendaciones del defensor del Pueblo. Si
analizamos las recomendaciones de esta institución, las aceptadas en 2020 fueron el 68 % y, en cambio, el pasado año 2021, solo se aceptaron el 32 % de las recomendaciones. Y las sugerencias presentan cifras similares; el año pasado solo se
aceptaron un 28,4 % de las sugerencias que su institución ha planteado. ¿Cómo es posible que solo sean aceptadas 3 de cada 10 recomendaciones o sugerencias realizadas por este comisionado de las Cortes Generales? ¿Qué valoración hace usted al
respecto? ¿Qué explicación encuentra a que se hayan reducido del 68 % al 32,5 % las recomendaciones aceptadas en 2021? ¿Se ha planteado desarrollar algún tipo de mecanismo por parte de esa institución para visualizar y, si me permite decirlo
coloquialmente, sonrojar a estas administraciones que no solo no cooperan, sino que directamente ni aceptan las recomendaciones y sugerencias?
También quisiera hacer una mención a los colectivos de funcionarios de prisiones. Su informe va en la misma línea que nuestro grupo político, Ciudadanos, que siempre hemos defendido, en reiteradas ocasiones, que estos profesionales puedan
acceder a más cursos de formación y prácticas, además de mejorar las dotaciones, el número de efectivos y equipamiento. De igual modo, entendemos, tal y como se explica en el informe, que invertir en cursos de prevención y respuesta ante
situaciones conflictivas, de habilidades frente a conflictos y pacificación, logrará una mejor convivencia de las personas que tienen privada su libertad, además de dar una mayor seguridad a estos colectivos de funcionarios.
Otro tema de actualidad del pasado año, y ante el que entendemos que este defensor del Pueblo no se ha posicionado con la determinación que debiera -le hago una crítica constructiva-, es el caso de los derechos pisoteados de un menor y su
familia en la ciudad de Canet de Mar. Hablamos del derecho a que su hijo tuviera, al menos, un 25 % del tiempo lectivo escolar en lengua castellana; petición, además, avalada tanto por el Tribunal Constitucional como por el Tribunal Supremo. En
su informe se indica que, con fecha 23 de diciembre, se realiza una actuación informativa dirigida al departamento de Educación de la Generalitat de Catalunya, y que dicho departamento informa que no tiene constancia ni de este caso ni -parece ser-
del medio centenar de denuncias presentadas por familias en el pasado mes de diciembre. Acaba de comunicar también que la Consejería de Educación de la Generalitat de Catalunya, con fecha 25 de marzo, ha hecho un comunicado que dice que va a
garantizar que se cumpla la sentencia del Tribunal Supremo. ¿Da usted alguna credibilidad a este anuncio? Porque es noticia en el periódico El Español de hoy mismo, 29 de marzo, que los padres denuncian que no se cumple el 25 % de enseñanza en
castellano en su primera jornada en Cataluña. Es decir, la Generalitat de Catalunya sigue lanzando balones fuera y no cumpliendo la sentencia del Tribunal Supremo. ¿No considera que la respuesta dada es insultante y que, incluso, es un desprecio a
esta institución y a este alto comisionado de las Cortes Generales? ¿Se va a contentar el Defensor del Pueblo con esta no respuesta de la Administración autonómica? ¿Se han vuelto a pedir aclaraciones y datos estableciendo un plazo concreto y
cerrado que no alargue más esta situación? Sobre todo, le ruego que su departamento priorice y que no se ponga de perfil, sino que ponga toda la maquinaria pesada de esta institución para revertir esta situación y que se cumplan las sentencias y la
doctrina del Tribunal Supremo que avalan este derecho, y no solo en los centros educativos de Cataluña sino en cualquier otra comunidad con lenguas cooficiales, como es el caso de Baleares, donde también se empieza a escuchar que hay reclamaciones y
peticiones por parte de padres. A Ciudadanos nos preocupa que se pisoteen los derechos de miles de niños y de sus familias. Confiamos en que este defensor del Pueblo afronte con toda determinación, arrojo y sin ambigüedades este serio problema que
afecta a las libertades y derechos individuales.
Por otro lado, quisiera indicar cómo crecen los delitos de odio y discriminación a las personas por razón de sexo, con un 43 % más; por antigitanismo, con un 57 % más; y por odio contra las personas con algún tipo de discapacidad -como
portavoz de la Comisión de Discapacidad, es uno de los puntos que más me preocupa-, con cerca de un 70 % más respecto al año anterior, todo ello según datos del
Ministerio del Interior. He estado hojeando el informe, y no sé si no ha habido ninguna reclamación o no he sido capaz de localizarlo, pero echo en falta algún tipo de queja o reclamación por estos delitos de odio hacia las personas con
discapacidad. Hay que estar muy atentos porque es un tema alarmante.
Ya para concluir, observo en la memoria que se ha aumentado en un 15 % el presupuesto del pasado año 2021. ¿Podría indicarnos dónde ha tenido un mayor reflejo ese aumento de la partida presupuestaria o dónde se va a canalizar ese mayor
porcentaje de presupuesto?
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Sancho Íñiguez): Muchas gracias, señor Muñoz.
Por el Grupo Parlamentario Republicano, tiene la palabra la diputada señora Carvalho, por tiempo de diez minutos, y, a continuación, el señor Reniu, por cinco minutos, según han transmitido a la Mesa.
La señora CARVALHO DANTAS: Moltes gràcies, senyor president.
Moltes gràcies, señor defensor del Pueblo, por venir a esta casa. Sobre todo, muchísimas gracias a todo el equipo de profesionales que hacen posible en la Defensoría del Pueblo el trabajo del alto comisionado de las Cortes Generales del
Estado español; profesionales que hacen posible la defensa de los derechos fundamentales y de las libertades públicas de la ciudadanía mediante la supervisión de la actividad de las administraciones públicas españolas. El Grupo Parlamentario
Republicano reitera su agradecimiento a todas y a todos los profesionales de la Defensoría del Pueblo.
Los derechos fundamentales son los más estrictamente relacionados con la dignidad humana, suponen el pilar básico de todo ordenamiento jurídico de cualquier Estado democrático y de derecho. Son básicos e inalienables y están garantizados en
las constituciones de los distintos países y Estados. Como digo, son los derechos más básicos e inalienables que posee la ciudadanía, garantizan el desarrollo de los proyectos vitales de la ciudadanía. Se componen tanto de derechos positivos como
negativos; tienen carácter estatal y están redactados y consagrados en las constituciones de los Estados, pues corresponden a los derechos de la ciudadanía. Pero ¿por qué hago esta introducción, señor defensor del Pueblo, y por qué hago tanto
hincapié en la palabra ciudadanía? Porque en España hay medio millón de personas o más a quienes el Estado no considera ciudadanía. Son personas sin papeles, son personas que tienen una condición administrativa irregular, desgraciadamente, y que
no serán tomadas en cuenta. Este medio millón de personas no serán tomadas en cuenta por la Administración, muy posiblemente, aunque formen parte de los 29 401 expedientes, de las 29 015 quejas, de las 182 investigaciones de oficio y solicitudes de
interposición de recursos de inconstitucionalidad y de los 204 recursos de amparo presentados el año pasado a la Defensoría del Pueblo. Desgraciadamente, estas personas no son consideradas ciudadanos y ciudadanas, aunque consten -doy fe de ello- en
este informe cada año. Pues bien, en España, como digo siempre, las personas migrantes son lo último de lo último de lo último de lo último, y así podría estar todo el día, y eso queda reflejado en el informe del Defensor del Pueblo de cada año.
Yo llevo dos años aquí y siempre digo lo mismo; estudio bastante estos informes y las parlamentarias saben que yo soy una gran defensora del trabajo del Defensor del Pueblo. Soy una gran lectora de todos los informes y subinformes que hacen
ustedes, y en ellos queda reflejado que las migraciones son lo último de lo último y de lo último de cara a las administraciones públicas.
El punto 4 de este informe es el que menos se cumple, señor defensor, y hay ejemplos de ello en muchísimas resoluciones suyas enviadas a las administraciones del Estado que no fueron realizadas, algunas ni siquiera contestadas o que solo
fueron aceptadas parcialmente. Doy algunos ejemplos, como las recomendaciones al Ministerio del Interior, en concreto a la Jefatura Superior de la Policía; por ejemplo, en el caso de Melilla, en el mes de junio, sobre el acceso a la mayoría de
edad de los menores tutelados con la correspondiente tarjeta de identidad de extranjeros; o como las recomendaciones de organismos internacionales y al Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 sobre las políticas de protección a los menores
extranjeros no acompañados; o como las recomendaciones al Ministerio del Interior y a la Dirección General de la Policía, en enero del año pasado, sobre el operativo de repatriación, vuelo Frontex, con destino a diversos países, en este caso era
básicamente para garantizar la asistencia médica COVID de esas personas; o como las recomendaciones al Ministerio del Interior y a la Dirección General de la Policía sobre vuelos operativos o vuelos de repatriación -que nosotras llamamos vuelos de
la vergüenza-, para la creación de un expediente que incluya los protocolos y archivos digitalizados; en otras palabras, básicamente para que las personas migrantes sean tratadas como seres humanos y no como objetos. O también como sus
recomendaciones al Ministerio del Interior y a la Secretaría de Estado de Seguridad, en julio de 2021, sobre la visita que hizo usted al CIE de Madrid, a la Oficina Central de
Detenidos Extranjeros, en este caso para que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado informaran de su expulsión a las personas extranjeras. En otras palabras, señor defensor, que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado
cumplieran tanto la legislación internacional como la legislación española. O, igualmente, como sus recomendaciones al Ministerio del Interior y a la Secretaría de Estado de Seguridad, sobre la visita al CIE de Madrid y a la Oficina Central de
Detenidos Extranjeros, para que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, aparte de informar de la expulsión, informen a los médicos de las personas afectadas por la COVID, personas enfermas. O, finalmente, como todas las resoluciones
adoptadas tras visitar Canarias. Hay un uniforme suyo muy importante al respecto que ha mencionado antes, el informe sobre las personas migrantes en Canarias; y también sobre algo tan básico como la determinación de la edad. Usted también ha
estado muy encima de ello. En definitiva, hay centeneras de recomendaciones suyas que, desgraciadamente, como son personas consideradas no ciudadanas para el Estado español, no serán cumplidas. Me gustaría saber cuánto han hecho las
administraciones tras, por ejemplo, la publicación del monográfico del Defensor del Pueblo sobre las migraciones en Canarias. Esta duda no queda cien por cien resuelta en su informe.
Quiero resaltar una recurrente, y es que el Defensor del Pueblo acaba de volver a remitir una resolución a la Dirección General de la Policía, también a la Dirección General de Política Exterior y a la Tesorería de la Seguridad Social, para
que garanticen los derechos de los solicitantes de asilo pendientes de recurso. Sobre este tema le tengo que decir, señor defensor, que nuestro grupo parlamentario ha defendido una PNL, que no fue aprobada; ha formulado una pregunta oral al
ministro y también preguntas escritas, pero sin éxito. Ojalá las administraciones le escuchen a usted y lo consiga.
Para dar la palabra a mi compañero, acabaré diciendo que me sorprende mucho -ya sé que Madrid es una comunidad autónoma inmensa- la cantidad de quejas que hay aquí cada año, que supera con creces a las de otras comunidades autónomas. Me
sorprende mucho. Quiero hacerle una pregunta bastante retórica acerca de los 6361 expedientes de esta comunidad -por cierto, una comunidad que usted quería gobernar- contra los 3517 de Andalucía, los 2856 de la Comunidad Valenciana y los 2815 de
Cataluña. Ya sé que es una pregunta que no tiene nada que ver objetivamente con su informe, pero ¿me podría explicar de alguna manera, aunque sea filosóficamente, este número de Madrid? Yo se lo agradecería. (El señor presidente ocupa la
Presidencia).
Nuevamente, mi grupo parlamentario le reitera las gracias a usted como defensor del Pueblo y a todo el equipo que ha hecho posible este informe. Espero que el año que viene conste en el informe de 2022 la expulsión del denunciante de
corrupción Mohamed Benhlima, y aquí estaremos para hablar.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
A continuación, tiene la palabra su compañero por el tiempo que le resta.
El señor RENIU VILAMALA: Muchísimas gracias, presidente.
Bon dia, senyor defensor del poble. Bienvenido a esta casa. Dada la premura, voy a pasar directamente a hacer las observaciones en el ámbito sectorial del informe que nos presenta aquí, básicamente sobre unos epígrafes que hemos analizado
del anterior informe y del que hoy nos presenta. En lo relativo a la Administración de Justicia, quiero señalar que seguimos un año más sin ninguna referencia a la existencia de quejas o, mejor dicho, casi la ausencia, sobre el uso del catalán en
las resoluciones de la Administración de Justicia. Igualmente, se repiten los vergonzosos problemas del Registro Civil, en especial, por la nula capacidad de revertir el colapso generado en la tramitación de la nacionalidad y de los permisos de
residencia para extranjeros.
En lo que se refiere a educación, voy a plantear varias cuestiones. La primera hace referencia a la acreditación de la monoparentalidad en los procesos de admisión escolar. Interesante incorporación, pero aun siendo necesario, nuestro
grupo parlamentario estima que el conjunto de las administraciones públicas debería avanzar mucho más en la equiparación de las familias monoparentales con las numerosas, a las que, curiosamente, olvida citar el defensor en el informe al exponer, no
obstante, la necesidad de modificar la Ley de protección de las familias numerosas; me estoy refiriendo, por ejemplo, a la página 316.
En segundo lugar, debemos manifestar nuestro absoluto estupor y enérgica queja ante las afirmaciones vertidas en las páginas 223 a 225 sobre el modelo lingüístico en Cataluña. ¿Desde cuándo la institución del Defensor del Pueblo fundamenta
sus afirmaciones en informaciones publicadas y no en referencias veraces? ¿Confunde intencionadamente el Defensor del Pueblo lo que sucede en las redes sociales, fuera
del centro, con el trato y la protección que recibe el alumnado de la Escola Turó del Drac por parte de los profesionales de la educación? Por desgracia, son demasiadas las situaciones amplificadas por autoridades, partidos políticos y
medios de comunicación, que han contribuido a convertir el sistema educativo catalán en un campo de batalla política y partidista, sin que les haya importado un comino los intereses de los menores. ¿Recuerda el defensor del Pueblo lo acaecido en
Sant Andreu de la Barca? El problema se sitúa en que, a partir de una actuación de oficio abierta sobre un caso particular, el defensor del Pueblo formula una petición de modificación estructural del modelo lingüístico para el conjunto del sistema
educativo catalán. No podemos estar más en desacuerdo con esta desafortunada actuación del defensor del Pueblo. Si lo desconoce, le animamos encarecidamente a que revise el excelente informe de este mismo mes de marzo del Síndic de Greuges sobre
el particular. Recuerden, además, sus señorías, que no es opinable, que la Constitución española no habla de lenguas vehiculares, por lo que el Tribunal Constitucional no debía integrar la Constitución en este punto en su Sentencia 31/2010. El
Tribunal Constitucional no solo legisló, sino que lo hizo al más alto nivel; hizo de constituyente sin tener la legitimación democrática necesaria para hacerlo, pero eso parece que no importe. ¿Será porque se trata del catalán?
En tercer lugar, no podemos dejar de lado, desgraciadamente, la evidente inoperancia de las actuaciones realizadas desde hace tiempo por el Defensor del Pueblo en lo que se refiere a la nefasta homologación de títulos universitarios
extranjeros. En su intervención ha hablado de un cierto colapso; creo que es un eufemismo para describir una situación que dura más de seis años. Mas allá de que esto merecería un informe de oficio monográfico, díganos, y muy especialmente
dígaselo al movimiento Psicólogos y Psicólogas Migrantes, al movimiento Odontos Homologantes y a todos los afectados qué debemos esperar. La frase de la página 239 es demoledora -abro comillas-: 'La absoluta falta de información por parte del
ministerio sobre las previsiones de resolución de sus expedientes, que en numerosos casos superan los tres años de demora' -cierro comillas-. Se afirma la existencia de un informe remitido a la Secretaría de Estado de Presupuestos. ¿Nos lo podría
remitir? De esperpento es el caso puntual de los odontólogos, páginas 241 y 242, sin ningún tipo de solución frente a un comportamiento que estimamos como mínimo corporativista, tal y como se afirma en la página 242. Señor defensor, con todos los
respetos, no es suficiente con reseñar que se tiene conocimiento de la preparación de un nuevo decreto de homologación, por favor.
En cuanto a comunicaciones y transportes, no parece tampoco que el defensor del Pueblo atendiera nuestra observación de hace un año sobre el proceso de un cierto desmantelamiento encubierto de oficinas de Correos en pequeños municipios, ya
sea reduciendo drásticamente el horario de atención presencial o directamente cerrando oficinas y concentrándolas en núcleos con mayor volumen poblacional. Creo que es un análisis algo limitado. En relación con el voto por correo -y con esto voy
terminando-, nos indica que ha solicitado un informe a Correos. ¿Lo ha recibido ya? En cuanto a cercanías, parece que solo el núcleo de Málaga merezca la atención. Si lo desea, repase las reiteradas preguntas orales, escritas, mociones y
peticiones de informes realizadas por nuestro grupo parlamentario al respecto, en especial sobre la línea R-3.
Finalmente, en cuanto a Función pública y empleo público -termino, presidente, de verdad; en medio minuto-, coincidimos con la observación al respecto sobre la tasa de reposición, así como en la excesiva temporalidad; cuestión que en un
escenario de futuras jubilaciones supondrá una dramática descapitalización de buena parte de las administraciones públicas. Dos detalles sobre lo señalado: uno, la carencia de secretarios e interventores, en especial en municipios pequeños; y,
dos, la jubilación de una parte más que significativa del profesorado universitario en los próximos cinco y diez años.
Muchísimas gracias por su atención.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señorías.
Una vez que se ha excusado la representante del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, ¿hay algún senador por este grupo que quiera participar? (Pausa).
Como nadie va a intervenir, pasamos a continuación al Grupo Parlamentario Vox. Tiene la palabra el diputado señor Utrilla.
El señor UTRILLA CANO: Muchas gracias, presidente.
Buenos días a todas sus señorías. Gracias, señor Gabilondo, y bienvenido de nuevo a esta sede parlamentaria. En primer lugar, quiero denunciar en esta comisión una cuestión; la actual Comisión Mixta Congreso-Senado se creó en abril de
1992, con el objeto de debatir lo máximo posible con el defensor del
Pueblo no solo a la hora de presentar sus informes, sino también en momentos de interés, como el actual, que son altamente importantes. Parece que hay grupos que no tienen interés en que podamos presentar iniciativas o en que usted, señor
defensor del Pueblo, comparezca de forma más habitual.
Dicho esto, le preguntaré sobre uno de los puntos que ha comentado en su exposición, comentaré otros que se recogen en el informe, pero que usted, obviamente, por falta de tiempo, no ha podido mencionar, y también comentaré algunos puntos de
su actuación desde que lleva en la institución. En primer lugar, nos congratula que trate el tema de la salud mental como una de las partes importantes de su informe, ya que sin duda se deben impulsar medidas concretas que mejoren este ámbito.
Como se recoge en su informe, hoy día, aún no se conoce el contenido oficial de la nueva Estrategia de salud mental, aunque confiamos en que con su aprobación se promuevan planes de acción que atiendan eficazmente a las necesidades menos cubiertas
por otras administraciones sanitarias. El informe advierte de las terribles consecuencias que ha tenido la interrupción de la atención presencial, absolutamente indispensable en ciertos tratamientos terapéuticos, como con la aparición y desarrollo
de trastornos de entidad variable durante la COVID-19. Destaca su informe que, entre las quejas recibidas a este respecto, figura la sensación de abandono que relatan los pacientes.
En segundo lugar, su institución muestra su preocupación ante el aumento exponencial de fallecimientos por suicidio, un tema importantísimo y gravísimo en España al que se le está dando absolutamente de lado. A usted le preocupa
especialmente su incremento en los centros penitenciarios, donde han pasado de 43, en 2019, a 51, en 2020. Pero yo le diría algo más, señor defensor, las profesiones que más tasa de suicidios tienen en España son las fuerzas y cuerpos de seguridad
del Estado, la Guardia Civil y la Policía. El año pasado 34 agentes perdieron la vida, eso implica que uno de nuestros agentes se suicida cada once días. La cifra es demoledora. La tasa de suicidios en España es del 8,31 por cada 100 000
habitantes; en el caso de la Policía y la Guardia Civil, asciende al 23,2, el triple exactamente. El incremento en 2021 fue del 54 %. Esto supone lo que decía antes, que cada muy poquitos días se quita la vida un agente y, además, con la gravedad
de que muchos de ellos son jóvenes, ya que la mitad no llega a cuarenta años.
También tengo especial interés en comentar el tema de las energías renovables, que ahora está tan en el candelero por razones obvias, por la pobreza energética que tantas personas están sufriendo en España. Usted nos muestra su preocupación
sobre los efectos del cambio climático y la necesidad de llevar a cabo sin demora la transición energética, y cita textualmente: 'desde un modelo basado en combustibles fósiles a otro basado en fuentes de energías renovables, como la solar o
eólica'. Señor defensor, una de las causas fundamentales de la pobreza energética que estamos sufriendo es el frenético ritmo que la nueva religión climática nos quiere imponer. Todos deseamos un respeto por el medio ambiente y la defensa de la
naturaleza, pero la celeridad o la cadencia con la que se haga es fundamental. Debemos tener un ritmo que permita a las personas vivir, ganarse el pan, poder calentarse, y hoy eso que estoy diciendo es imposible en España para muchísimas personas.
Hace unos días, en la Comisión sobre Seguridad Vial, vivíamos el esperpento de escuchar cómo el Grupo Parlamentario de Unidas Podemos exigía la inmediata puesta en funcionamiento de las zonas de exclusión de alta contaminación en los centros de las
ciudades de más de 50 000 habitantes. Eso, que puede ser deseable en un futuro, ahora mismo sería una catástrofe para miles y miles de españoles que no podrían pagar el transporte ni muchos sus negocios.
Me gustaría comentar también el asunto del menor de Canet de Mar. Lo siento, pero voy a destacar que, a nuestro entender, su respuesta fue lenta y tibia, señor defensor del Pueblo. Usted llegó a decir cosas como que no hemos conocido
todavía todo lo que hay que conocer para tomar una resolución; o cosas como que era prematuro actuar de oficio al principio. Sinceramente, creo que usted no quiso incomodar a la Generalidad, porque ya en ese momento el consejero de Educación de la
Generalidad había enviado una misiva a los centros para decir que incumplieran la sentencia del Tribunal Superior de Justicia. Yo le pido, por favor, que sea valiente porque en su puesto no caben las medias tintas. Usted mismo ha dicho que hace
unos días ha contestado la Generalidad con una ambigua frase -algún portavoz ya se lo ha indicado-; exactamente que se ocupará de que haya una proporción adecuada. El problema es qué considera adecuado la Generalidad para el porcentaje de español
allí. La sentencia del Tribunal Superior de Justicia era clarísima, así que no caben dudas ni medias tintas.
Me gustaría también hablar del tema de Melilla. Esto es verdad que no está en su informe, pero usted consiguió poner en pie de guerra a los miembros del instituto armado de la Guardia Civil después de que señalara como desproporcionada la
respuesta de los agentes que custodiaban nuestra frontera sur en
Melilla. Señor Gabilondo, lo siento, pero le tengo que decir que me parece que es cruel, de verdad, e indigno tratar así a nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Si usted cree que no es así, me lo indica. Yo estuve allí al
día siguiente, después de esta invasión migratoria que sufrió la ciudad. Y, sinceramente, le cuento lo que relataban los agentes a los que visitamos; que fue dantesca la situación, que les mandaron pelear como gladiadores, cuerpo a cuerpo. Son
expresiones exactamente textuales de lo que nos decían, con el hándicap de estar en una inferioridad numérica de 30 a 1, contra una turba de violentos asaltantes que les agredían con palos, cadenas, piedras y ganchos afilados, que provocaron que 50
de ellos tuvieran que pasar por el hospital. No fueron pequeñas heridas, fueron heridas de gravedad; y todavía tienen que soportar que su institución diga que hay que velar por los derechos, en lugar de instar al Gobierno a dotar de medios
materiales y humanos, que es lo que deberíamos exigir, que el Gobierno les dote de medios materiales y humanos. No fue la única puñalada que recibieron nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. A continuación, el ministro Marlaska dijo
que era una falsedad decir que ellos no contaban con los medios humanos y materiales para controlar esa frontera. Le aseguro que cualquiera que pueda ver las imágenes en las que se ve a lo que tuvieron que enfrentarse nuestra Policía y Guardia
Civil, no tendría ninguna duda de lo que sufrieron en ese momento. Yo desde aquí felicito tanto a la Policía como a la Guardia Civil por su profesionalidad y valentía, y les digo que estamos orgullosos de ellos y que muy pronto tendrán el
reconocimiento que merecen.
Otro tema que usted menciona y sobre el que también quería hacer hincapié es el de las víctimas de ETA. Usted ha dicho textualmente en su exposición que el compromiso es trabajar para esclarecer los asesinatos. Ha sido una frase textual
que ha dicho, pero usted sabe que ahora mismo no es lo que está ocurriendo; ahora mismo lo que está ocurriendo es que se está trabajando prácticamente nada en ese tema. Nos dice su informe que los derechos de la verdad y de la justicia -lo ha
mencionado usted en su exposición- con las víctimas de ETA no están completamente satisfechos, pues hay centenares de asesinatos sin resolver. Señor Gabilondo, las víctimas están siendo humilladas por el presidente de este Gobierno y el blanqueo de
Bildu que está llevando a cabo. Los homenajes a los etarras son una vergüenza que deberían abochornar a este Gobierno si conocieran lo que es la palabra dignidad. La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo visitó Madrid entre el 3 y el 5 de
noviembre del 2021 para mantener entrevistas con jueces y fiscales -usted también creo que se reunió con ellos-, gracias a la petición presentada por la Asociación Dignidad y Justicia, que denunciaba el incumplimiento de España en su deber de llevar
a cabo una investigación oficial eficaz e independiente de los 379 asesinatos de ETA sin resolver. Señorías, esto es más del 40 % de los asesinatos que perpetró la banda terrorista ETA. Se dice pronto. La izquierda de este país se empecina en
blanquear a Bildu, en decirnos que ETA se ha acabado, que ya no mata y que hay que pasar página. Señores, no lo vamos a consentir y vamos a luchar con todas nuestras fuerzas para que algún día se pueda juzgar a los asesinos y se pudran en la
cárcel. Señor Gabilondo, esto es muy fácil: ni un solo beneficio ni acercamiento para los que no ayuden a esclarecer los asesinatos sin resolver, ni un solo beneficio mientras se produzcan homenajes a etarras. Así de fácil.
Además, quería resaltar otro punto, el tema de la atención médica, importantísimo. De esto podríamos hablar muchísimo, pero es que no hay prácticamente tiempo. Usted indica en el informe que algunos profesionales se han dirigido a usted
con extrema preocupación por la excesiva carga asistencial que soportan, lo que perjudica la calidad y hasta la seguridad de la atención que prestan a sus pacientes, además de incrementar el riesgo de su propia salud laboral. Por cierto, la tercera
profesión que más suicidios tiene en España después de Policía y Guardia Civil son los profesionales sanitarios.
También en el informe usted habla del voto rogado. Lamentablemente, la reforma de la Ley electoral de hace diez años fue un auténtico fracaso, un despropósito mayúsculo que hizo imposible ejercer el voto a miles de españoles y que produce
un agravio comparativo con los residentes en España. Hay que garantizar el voto de los ciudadanos españoles residentes en el extranjero. Este desastre de ley ha sido una verdadera limitación del derecho de sufragio que padecen en la actualidad los
españoles emigrados; la participación ha ido descendiendo desde un 30 % hasta un 10,6 % en las últimas elecciones generales. Y recordemos que hay casi tres millones de españoles residiendo en el extranjero, seguramente más, porque muchos de ellos
no están empadronados. Y déjenme que les dé unos datos de las últimas elecciones en Castilla y León. Allí solicitaron el voto tan solo un 2,83 %; de los 151 000 electores repartidos por el mundo, por supuesto, de Castilla y León, solicitaron el
voto CERA 4277, es decir, un 2,83 %, pero, finalmente, de los 4277 posibles, solo votaron 2836, esto es el 1,87 % de los castellanos y leoneses residentes en el extranjero. No se ruborizan, señorías, pero esto tiene un nombre: no hay democracia
para los residentes en el extranjero. Este cambio legislativo llega tarde, aún está parado aquí en el Senado y
no entiendo por qué habiéndose aprobado en el Congreso hace ya más de un año; sigue parada aquí en trámite de enmiendas esta ley que es absolutamente necesaria.
También querría hablar de los recursos de inconstitucionalidad porque, precisamente, en cuanto a los estados de alarma, según indica usted en su informe -ya sé que en este periodo no estaba usted como defensor del Pueblo, pero sí es ahora
mismo el responsable de lo que se publique-: se recibieron diversas solicitudes de interposición de recurso de inconstitucionalidad contra el segundo estado de alarma en todo el territorio nacional. La realidad es que 617 ciudadanos solicitaron
este recurso contra el estado de alarma, un récord histórico que tuvo como respuesta el carpetazo de la institución que dirigía su predecesor. El relato que cuentan es que tradicionalmente el Defensor del Pueblo -esto se recoge en su informe
textualmente- ha venido manteniendo el criterio de no acreditar la legitimación que le confiere una serie de artículos de la Constitución, que, por supuesto, no voy a repetirles. El Defensor del Pueblo, a pesar de la tradición contraria, decidió en
su momento pronunciarse excepcionalmente en cuanto al fondo con respecto al primer estado de alarma; es decir, salió en defensa del Gobierno para decir que era legítimo el estado de alarma. Gracias a Vox, que interpuso el recurso ante el Tribunal
Constitucional, finalmente nos dio la razón mucho tiempo después, cuando ya era atemporal; pero, desde luego, me parece que eso fue dar carpetazo a todos los españoles que lo pidieron, insisto, más de 600 personas.
Más cosas que quiero decirle -y voy terminando, presidente-; se recoge también en uno de los puntos de su informe que hay administraciones que no le están contestando, señor defensor del Pueblo: el Ministerio de Hacienda y Función Pública,
el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Universidades. Este Gobierno no tiene recato en subir presupuestos ni en gastar dinero a espuertas en gastos superfluos, como los 21 000 millones del Ministerio de Igualdad, como tampoco tiene recato en
subir el presupuesto de su institución un 25 % entre 2021 y 2022 y, sin embargo, no le responde a usted a los requerimientos que le hace. Por cierto, señor defensor del Pueblo, y esto debe hacérselo mirar, también en su informe se recoge que el
tiempo de respuesta a la ciudadanía ha aumentado de 25 a 30 días. Teniendo en cuenta que ha incrementado usted, bueno, usted no, su institución, un 25 % el presupuesto, desde luego deberían examinarlo porque quizás lo que tienen que hacer es
renunciar a este aumento presupuestario.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.
A continuación, pasamos a dar la palabra a los portavoces del Grupo Parlamentario Popular, que también nos han comunicado que van a dividir su intervención. En primer lugar, tiene la palabra el portavoz en esta comisión y senador, el señor
Landaluce.
El señor LANDALUCE CALLEJA: Muchas gracias, presidente.
Buenos días, señorías. Bienvenido, señor defensor del Pueblo; gracias por el informe del año 2021, a usted y a todo su equipo. Nos hubiera gustado que el Grupo Socialista y el Grupo Parlamentario de Podemos no hubiese bloqueado que usted
hablase hoy aquí también, aparte de este informe -ya lo ha hecho en otras ocasiones-, de temas de actualidad y de cómo trabaja la Defensoría en los problemas que sufren los ciudadanos, en lugar de relatar algo que ha ocurrido en el pasado y que solo
nos puede servir para reflexionar y tener una idea de lo acontecido en el año 2021, ejercicio en el que usted ha estado solamente unas semanas. El cargo que usted ocupa -lo ha dicho usted al final de su intervención- requiere un gran compromiso,
ser imparcial, ser independiente y luchar por los intereses de los ciudadanos, ya sea a través de la queja o bien a través de actuar de oficio. En el Grupo Popular pensamos que el defensor debe tener la actitud que no parecer que está conchabado
-entre comillas- con los partidos que sustentan al Gobierno, en vez de estar del lado de los problemas que sufren los ciudadanos.
Vamos a entrar a valorar el informe que usted hoy nos presenta. Señor defensor del Pueblo, cada vez que gobierna el Partido Socialista suben las quejas ciudadanas. Aquí tenemos en este documento que les muestro cómo evolucionan el total de
las quejas, las actuaciones de oficio y los recursos ante el Tribunal Constitucional. No lo digo yo, lo dicen las estadísticas, estas estadísticas que acabo de mostrar y que usted ha recogido en su informe. Son las quejas, son las actuaciones de
oficio y son los recursos ante el Tribunal Constitucional de los últimos casi tres años que llevan gobernando el Partido Socialista y Podemos y ya le adelanto que, si seguimos la tendencia de los datos que tenemos en este trimestre de este año 2022,
vamos a superar incluso al 2021.
Entrando en lo mollar de la cuestión en materia sanitaria, la Defensoría comenta en el informe, y leo textualmente, que, en base al número de quejas, se nota que las circunstancias de emergencia sanitaria en relación con la COVID-19 aún
persisten en el año 2020. Estamos totalmente de acuerdo con usted,
señor defensor; este Gobierno no ha sabido acometer bien la crisis sanitaria. En lo más grueso, nos avisaban de la comunidad asiática, y el Gobierno miraba para otro lado, no se creía que venía la pandemia; avisaban al Gobierno de
posibles rebrotes de la pandemia, y el Gobierno miraba para otro lado, como si nada ocurriese a su alrededor; solicitamos entonces -y seguimos solicitando- las cifras de fallecidos por la pandemia; el presidente Sánchez y el Gobierno tienen la
obligación de darnos los datos. Este doloroso tema es uno de los que usted debe seguir investigando en profundidad. Si pedimos que se trate el asunto de la COVID-19, de las vacunas, de las quejas al respecto y la presentación de esas demandas ante
los tribunales de justicia, para que el defensor explique esas quejas; los partidos que sustentan al Gobierno utilizan su mayoría para negarse o retrasar lo máximo posible su comparecencia. Es muy serio, señorías, lo que estamos hablando.
Entrando en el informe, si hablamos de centros penitenciarios -también lo abordan en el informe del Mecanismo nacional de prevención de la tortura- sí nos gustaría valorar el número de casos de fallecimiento por suicidio -lo acaba de
comentar otro de los intervinientes-, que ascendió a 51, que es la cifra más alta desde el año 2016, pero también, desgraciadamente, es algo que está ocurriendo en la sociedad y que sufren personas que no están en centros penitenciarios. El número
de suicidios está siendo terrible, más terrible que nunca. Otro de los puntos del informe que trata usted es la latente necesidad -además, el Partido Popular lo apoya- de medios tanto humanos como materiales en las cárceles, en los centros
penitenciarios. Tenemos que ayudar entre todos a los funcionarios de prisiones, ahí tenemos todos un papel importante; necesitamos que se incremente el número de funcionarios; necesitamos que se les dote de medios materiales para garantizar su
seguridad y también la de los internos; y, por supuesto, es fundamental que se les declare agentes de la autoridad.
Y si hablamos de funcionarios, una cosa de mi tierra, los funcionarios del Campo de Gibraltar; señor defensor del Pueblo, le pedimos que se preocupe, que se interese por que nuestra tierra sea declarada una zona de especial singularidad.
¿Por qué? Porque en nuestra comarca, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, los funcionarios de prisiones, jueces, fiscales, Salvamento Marítimo y Vigilancia Aduanera tienen que recibir de alguna forma mayores emolumentos o méritos en
ascensos, un plus por ejercer su labor en la comarca, porque allí se trabaja más que en otras zonas, de una forma más especializada, y esto es necesario que de alguna manera se prime. Le pido encarecidamente, señor defensor, que presente esta
propuesta, que la estudie, es una petición de la sociedad campogibraltareña por entero.
Hablando de migraciones, en este asunto es importante señalar la actuación del Ministerio del Interior en la devolución de menores no acompañados a Marruecos. Nosotros hicimos una serie de recomendaciones y, al final, no se han cumplido
algunas de ellas, pero entendemos que tenemos que hacerlo siempre cumpliendo la ley. Y, además, no solo hay que visitar los CIE, no solo hay que visitar las cárceles, también hay que visitar los centros de mayores.
En el tema de educación, me va a permitir que me centre en dos aspectos principalmente. El primero, la nueva Ley de educación llamada Ley Celaá, esa que premia a los que menos esfuerzo hacen y que lo único que busca conseguir es lo
contrario de lo que marca la Constitución española y la sensatez. Y el segundo aspecto de la educación es el adoctrinamiento que los estudiantes catalanes están recibiendo; ha sido el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña quien ha exigido al
departamento de Educación catalán que adopte las medidas necesarias para garantizar al menos un 25 % de las clases en castellano, y nos parece pertinente, porque consideramos intolerable que se sigan dando casos como el del niño de Canet. Hemos
podido comprobar que no se trata solo de un caso aislado, sino que están trascendiendo más casos igual que el del niño de Canet de Mar.
En cuanto a políticas sociales, quizás sean las más numerosas, sobre todo, tras la crisis económica derivada de la pandemia de la COVID-19. Quiero señalar principalmente que estamos de acuerdo en que hay que revisar el modelo de atención
residencial, así como en incrementar la inspección en los servicios a los más necesitados de todos nosotros, a nuestros mayores, y también a las personas que están en situación de dependencia, así como en hacer un esfuerzo máximo para ayudar a las
personas que se encuentran en riesgo de pobreza o exclusión social. Cada vez más los ayuntamientos, las diputaciones y las mancomunidades ayudan aumentando la cantidad con que dotan las ayudas sociales, pero es necesario que el Gobierno central, a
través del ingreso mínimo vital, haga llegar un aumento de estos ingresos porque son muy pocos los expedientes aprobados. En concreto, en Cádiz, a octubre de 2021, tenemos 54 000 expedientes, 50 000 tramitados y aprobados solamente un 34 %.
En comunicación y transporte, señor defensor, me voy a centrar solamente en las infraestructuras ferroviarias. Le pedimos colaboración, al igual que hicimos con su antecesor, para que se preocupe de la calidad de los trenes que van de
Madrid a Algeciras. Venga a Algeciras, yo le invito, por favor, pero venga en tren. En el tema de la infraestructura ferroviaria, para la red transeuropea de transportes hay dos corredores que son fundamentales, el atlántico y el mediterráneo, los
dos vertebran España y deben hacerlo de una manera armónica para mejorar y dar más posibilidades de crear riqueza y empleo en esa España vacía. Hablar de los corredores atlántico y mediterráneo es también hablar del ramal central; el principio y
el final de ellos es Algeciras. Necesitamos que el principal puerto de España y del Mediterráneo, Algeciras -y no solo son mis palabras, sino de todos los agentes económicos, de toda la sociedad campogibraltareña, de los sindicatos, de las
plataformas-, tenga unas infraestructuras ferroviarias acordes con los tiempos en los que vivimos. Le pido su compromiso con la comarca del Campo de Gibraltar, que necesita de estas infraestructuras para poder luchar contra la situación negativa
del brexit, del paro, de crisis y de falta de infraestructuras.
Por último, quiero decir a la señora Cavalho Dantas que no hay Defensor del Pueblo en la Comunidad de Madrid. Tal vez si sumásemos las quejas que se presentan al Síndic de Greuges en Cataluña y al Defensor del Pueblo de España, seguramente
serían muchas más las quejas por una gestión de las administraciones que deja mucho que desear.
Muchas gracias. Le cedo la palabra mi compañero.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el señor Celso Delgado.
El señor DELGADO ARCE: Muchas gracias, señor presidente.
Señor Gabilondo, señora Jiménez-Becerril, señora Bárcena, efectivamente, el informe que nos plantea el defensor se define como un acto de información y de comunicación, pero también nos debe mover a la reflexión y a la acción. Y en estos
pocos minutos haré justamente esto, partiendo de la base de que comparto lo que se dijo anteriormente de que quizás sería el momento de plantearse para épocas futuras un nuevo formato de informe con una estructura más acorde a los tiempos en que
vivimos.
El año enjuiciado, el 2021, es un año lleno de dificultades, marcado todavía por las secuelas de la pandemia y también por la recuperación. Y, en relación con el área de Administración de Justicia, que es la que mayor número de quejas
plantea, se constata una vez más que siguen persistiendo esos problemas de dilación en la Administración de Justicia, esas tasas de congestión, que están en muchos casos vinculadas a circunstancias estructurales, que, no por repetidas en los
informes, debemos pasar por alto. Y hay coincidencia en la preocupación que supone ese número tan importante de expedientes -creo que usted dio el número concreto- que están en el Registro Civil paralizados y que acredita que es imprescindible
dotar a este instrumento de más medios si queremos ser eficaces.
En relación con el área de Ciudadanía y Seguridad Pública, quiero reiterar la necesidad que tenemos de seguir trabajando en la Defensoría en esta área de dar satisfacción al derecho a la verdad y a la justicia de las víctimas. Es cierto que
ha de hacerse en las dos perspectivas, la que corresponde al Poder Judicial, que es la de juzgar, pero también la de tratar de llegar al fondo de unos crímenes sin resolver que avergüenzan todavía a nuestra sociedad. Y no debemos olvidarnos para
nada de estas víctimas.
También me gusta, señor defensor, la reflexión que se hace en el informe sobre el dolor y la humillación que supone para las víctimas la realización de actos públicos de homenaje a terroristas, que no solamente contraviene la ley, sino las
más elementales normas de convivencia y de humanidad.
En relación con los estados de alarma y de excepción que fueron declarados inconstitucionales en el año 2021, le digo, señor defensor, lo que le dije al señor Fernández Marugán en el informe del año pasado en el Congreso: 'creo que deberían
ustedes replantearse el criterio en relación con asuntos que llegan a solicitudes de recurso. Esa política de no recurro si hay otros que ya lo hacen'. Creo que el defensor debe tener autonomía para tomar decisiones en relación con cada tema, con
independencia de que haya otros sujetos activos legitimados para interponerlos. No cuestiono lo que se hizo en este caso, porque ya el Tribunal Constitucional lo dejó sentado y creo que debe ser una lección para todos.
En relación con la violencia contra las mujeres, jamás debemos dejarnos de referir a este tema, como hace el informe del defensor: 43 mujeres asesinadas es un número inferior al de años anteriores, pero son 43 mujeres y más menores
asesinados. Y hay una reflexión en su informe, señor defensor: el número de denuncias sigue siendo muy bajo. Se mantiene la tendencia de los últimos años de evitar la denuncia por miedo a una mayor represalia sobre ellas o sobre sus hijos. Solo
9 de las 43 víctimas habían interpuesto
denuncia contra su agresor, aunque la ayuda no llegó a tiempo para ellas. Creo que este mensaje nos debe mover a todos a la reflexión, a los poderes públicos, a los parlamentarios, al conjunto de la sociedad.
Quisiera referirme en el poquísimo tiempo que me queda al área de Medio Ambiente. El área de Medio Ambiente nos preocupa a todos y se aborda desde distintas perspectivas. Como ya dije en la visita que tuve el honor de hacer a su
institución, el tema de la contaminación acústica está vinculada, señor defensor, al derecho al descanso y al derecho a la salud. Hoy mismo, cuando viajaba hacia Madrid, he entrado en Internet para ver las denuncias y otros actos por ruido y
quebranto del derecho al descanso solo de este fin de semana. La problemática en Ciudad Vella, en Barcelona, en Salamanca, en A Coruña, en Ourense, en Pontevedra, en Granada, en Bilbao, en Jaén, en Valencia, en Toledo, en Burgos, nos tiene que
llamar a la reflexión y les insto a que se tomen esto como un tema monográfico de cara a un análisis en profundidad del problema. Usted, señor Gabilondo, acaba de decir: 'La Defensoría se revela como un agente eficaz en determinadas situaciones'.
Y es cierto. En algunos temas, como este, el hartazgo de la ciudadanía en toda España en relación con la inacción de los poderes municipales, que tienen una competencia, o de los poderes estatales, que también la tienen, o bien porque se ven
impotentes por falta de medios o bien porque hacen dejación de sus funciones, está colocando a millones de españoles -porque no hablo de miles, sino de millones de españoles- en situaciones de una incomodidad que no se puede ni se debe soportar.
Creo que el defensor, como agente eficaz que es, puede hacer una buena labor. Se toca aquí en el informe y estoy seguro de que la Adjuntía Segunda, que aborda estos temas, se va a ocupar de ello.
Termino diciéndole que todos los temas de empleo, de tramitación administrativa, de Seguridad Social, nos preocupan, como muchos otros más, y procuraré, en su presentación ante el Pleno del Congreso, referirme con más detalle a todos ellos.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.
A continuación, y como último grupo en intervenir en esta ronda, tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Socialista, el diputado Sánchez Escobar.
El señor SÁNCHEZ ESCOBAR: Gracias, señor presidente. Buenos días a todas y a todos.
En primer lugar, quiero agradecer al señor Gabilondo su intervención, presentándonos un informe detallado y claro de las quejas, inquietudes e información solicitada por la ciudadanía en el ejercicio 2021. También quiero señalar nuestro
agradecimiento al anterior defensor del pueblo, el señor Fernández Marugán, y a todo su equipo, por su contribución a este informe.
En el día de hoy me gustaría que todas y todos hiciésemos una reflexión de lo que está sucediendo en Ucrania, donde la población está sufriendo de manera gratuita el ataque del descerebrado señor Putin, una guerra que está destruyendo a todo
un país y a sus gentes. En el Grupo Socialista queremos remarcar el no a la guerra, no a la destrucción de familias, no a sesgar la vida de niños inocentes, que ven cómo destrozan su familia y les roban su felicidad. Sin duda, esta guerra está
afectando a nuestro país y a toda Europa, lo que, sumado a la pandemia, repercute y agrava las actuaciones que tienen que ver con la atención a la emergencia social. Por tanto, tenemos por delante dos retos muy importantes: vencer los efectos de
la pandemia y vencer los efectos que esta maldita guerra nos trae, ante lo cual el presidente Sánchez acaba de anunciar 16 000 millones para combatir los efectos de la guerra, así como lograr la excepción ibérica para frenar los precios de la
energía.
Señorías del Grupo Popular y señorías de Vox, sabemos que con ustedes no podemos contar. Que España no puede contar con ustedes para la recuperación de nuestro país. No lo hicieron cuando más lo necesitaba España y no lo hacen ahora que el
problema se agrava aún más, jaleando a parte de la ciudadanía a que se eche a la calle por todo tipo de protestas, especialmente Vox. Sinceramente, no sé si ustedes son conscientes del daño que hacen a España. Señorías del Grupo Popular, ahora
tienen otra nueva oportunidad de ayudar a nuestro país.
En cuanto al informe que hoy nos presenta el señor Gabilondo, destacaré varios temas de vital importancia que aclaran qué ha hecho y que está haciendo este Gobierno con ellos. En cuanto a sanidad, simplemente enumeraré una serie de datos
constatables y reales. Señorías, a 29 de diciembre de 2021, 38 millones de personas en nuestro país estaban vacunadas, lo que supone que 9 de cada 10 personas de más de 12 años cuentan con la pauta completa, es decir, por entonces, las dos dosis.
Y esto, gracias al éxito colectivo, pues es un éxito de nuestros conciudadanos y de los excepcionales profesionales
sanitarios con los que cuenta nuestro país, apoyados en todo momento por el Ministerio de Sanidad, el Gobierno de España y la Unión Europea.
El Gobierno reconoce la COVID como enfermedad profesional para los sanitarios. Ante la saturación en los centros de atención primaria, como consecuencia de la acumulación de tareas asistenciales y de vigilancia epidemiológica -que ya ha
comentado el defensor-, el Gobierno crea el Plan de Acción de Atención Primaria y Comunitaria 2022-2023.
En cuanto a salud mental, el Gobierno crea el Plan de Acción 2021-2024 de salud mental y COVID-19, como estrategia de salud mental del Sistema Nacional de Salud, para atender a las necesidades menos cubiertas en todas las administraciones
autonómicas y que estas lo desarrollen. También se aprueba la Ley Orgánica de regulación de la eutanasia para introducir el derecho a la muerte digna en la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud.
En cuanto a la educación, también he de decirles que el informe señala la importancia de la formación profesional para una transformación global del sistema; para responder a las expectativas y a las aspiraciones de cualificación
profesional de las personas a lo largo de su vida y a las competencias demandadas por el mundo laboral y los sectores productivos. Es por esto por lo que el Gobierno lleva al Congreso la Ley Orgánica de ordenación e integración de la formación
profesional, que se acaba de aprobar aquí en el Senado, para reducir el empleo, por ejemplo, juvenil, con el rechazo del Grupo Popular y la abstención de Vox. Este es el interés que tienen algunos patriotas por el proyecto de país.
Señorías, se dotan 125 millones de euros en ayudas para formación de trabajadores; de ellos, 6,1 millones son para la creación de 3281 plazas que irán destinadas a ocho comunidades que previamente las habían solicitado.
En el ámbito universitario, hay aumento de financiación para becas y ayudas, garantizando el derecho a la educación. Más de 2000 millones de euros para 850 000 alumnos y alumnas; 128 millones más, en definitiva, que en el ejercicio
anterior. Nuevas ayudas a estudiantes con necesidades específicas, como la del trastorno del espectro autista, ya incluida en el ejercicio 2020-2021, y, que, además, seguirán aumentando en distintos colectivos.
Se suprime el requisito de la acreditación por parte de algunas autoridades educativas de que el rendimiento académico del solicitante está directamente relacionado con la violencia sufrida, no siendo, por tanto, necesaria la acreditación
para obtener la beca. El objetivo, señorías, de las becas y ayudas al estudio es garantizar el derecho a la educación de todas las personas, no solo el acceso, sino también la permanencia en el sistema educativo.
La entrada en vigor de la Ley de Educación, Lomloe, cambia definitivamente el sistema para conseguir, entre otros objetivos, la sostenibilidad de los centros, la investigación, la innovación educativa, la igualdad efectiva entre hombres y
mujeres, la enseñanza de la evolución de la democracia, etcétera. Además, se aprobó la LOSU, la Ley Orgánica del Sistema Universitario, así como la Ley de convivencia universitaria, derogando el reglamento de 1954.
En cuanto a la vivienda, señorías, todos los españoles tenemos derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Hay que señalar que la derecha durante sus años de Gobierno aminoró la inversión en políticas públicas de vivienda hasta
niveles mínimos. Tanto el Gobierno estatal como los autonómicos del Partido Popular liquidaron, enajenaron y privatizaron el parque público de viviendas. Ante esto, el Gobierno de Pedro Sánchez se pone a trabajar de inmediato para revertir esta
terrible herencia que la derecha nos había legado en forma de lanzamientos hipotecarios, desahucios, ocupaciones ilegales, cortes de suministros básicos, subidas del precio del alquiler, y falta de vivienda pública accesible y asequible, máxime tras
sufrir la crisis económica y sanitaria de la COVID-19, desplegando este Gobierno una batería de medidas de choque para paliar los efectos negativos de la crisis sanitaria en materia de vivienda. Y cito algunas de ellas: protección de los deudores
hipotecarios en situación de vulnerabilidad; suspensión de todos los procedimientos de desahucio y los lanzamientos para hogares vulnerables sin alternativa habitacional; ayudas directas para el alquiler de hasta 900 euros para los colectivos
vulnerables; plan de vivienda asequible hasta 100 000 viviendas. Señorías, todo esto, a pesar de la avalancha y volumen de solicitudes en esos momentos. El Gobierno seguirá trabajando a través de la nueva ley de vivienda, consolidando el quinto
pilar del Estado del bienestar, con una ley rigurosa, sólida, compacta y transversal, respondiendo, además, a las necesidades de las personas y los hogares con más dificultades, como los jóvenes, que han visto limitada su capacidad de poder
emanciparse, favoreciendo el acceso a la vivienda a precios asequibles, combatiendo la especulación inmobiliaria, protegiendo a los inquilinos, facilitando a
los pequeños propietarios, y, al mismo tiempo, exigiendo a los grandes propietarios la necesaria corresponsabilidad en la garantía del derecho a la vivienda.
Dentro de la política social y de empleo destacaría la reforma laboral, consensuada con sindicatos y empresarios por primera vez en la historia democrática de nuestro país, que modifica el Estatuto de los Trabajadores en sus aspectos
centrales, referidos a estabilidad en el empleo, subcontratación, ERTE y negociación colectiva, aunque el Partido Popular y Vox no lo valoren. Señorías, no solo ha sido la reforma laboral, están los planes de igualdad de las empresas para conseguir
la equiparación salarial entre mujeres y hombres, los ERTE, que han facilitado a las empresas una reducción considerable de sus costes laborables y al trabajador poder tener una suspensión de su trabajo, pero sin perder su empleo.
Evidentemente, hay una ostensible diferencia entre la manera de hacer las cosas. Mientras el Partido Popular, ante la crisis económica en 2012, directamente aplicaba los ERE, con lo que perdía tanto la empresa como el empleado, este
Gobierno ayuda a las dos partes para no dejar a nadie desprotegido. Los ERTE han llegado para quedarse, como herramienta importante en la relación laboral entre empresas y trabajadores en momentos de dificultades, de manera, lógicamente, temporal.
En 2021 también se aprobó una nueva subida del salario mínimo interprofesional a 965 euros mensuales, que actualmente está en 1000 euros. Es decir, desde que está gobernando Pedro Sánchez el salario mínimo interprofesional ha subido un 33,5 %, de
735 a 1000 euros, siguiendo la senda marcada por la comisión asesora para el análisis del salario mínimo interprofesional.
También tenemos la regulación del trabajo a distancia, que garantiza los derechos de las personas que se dedican al reparto a través de plataformas digitales. El impulso de las políticas activas de empleo permitirá dar un acompañamiento
personalizado y eficaz en los servicios públicos de empleo. El Plan Estratégico de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social permitirá modernizar y transformar el organismo autónomo y mejorar su eficacia. Se pone a disposición de las empresas la
herramienta de igualdad retributiva. Se ratifica la Carta Social Europea revisada y el procedimiento de reclamaciones colectivas. En la Unión Europea se ha impulsado el mecanismo social de alertas para detectar los desequilibrios sociales y
también la Directiva de salarios mínimos.
En lo social hay que destacar en el ejercicio de 2021 la aprobación de la ley que garantiza el poder adquisitivo de las pensiones a través de un mecanismo estable de revalorización de las pensiones, vinculado al IPC, y garantizando la
sostenibilidad del sistema público. Las personas jóvenes contarán también con un ambicioso plan de Garantía Juvenil Plus, y la puesta en marcha del complemento de brecha de género en las pensiones, sustituyendo al de maternidad, recibiéndose a
partir del primer hijo, a diferencia del anterior, y este, asociado al progenitor que acredite un perjuicio en su carrera profesional en los periodos posteriores a tener un hijo o una hija.
En cuanto al ingreso mínimo vital, que comentaba el defensor un poquitín de pasada, hay que decir que es un compromiso que adquirió el presidente Sánchez, precisamente en mi tierra, aunque el dato pueda ser irrelevante, concretamente, en
Mérida, en el año 2014, y que sucesivamente ha sido recogido en nuestro programa electoral. Esto lo digo por hacer un poco de memoria, por si se les había olvidado. El Gobierno de España cumple con las recomendaciones del Consejo de la Unión
Europea, mejorando la cobertura y eficacia de los sistemas de renta mínima garantizada y el apoyo a las familias, blindando y ampliando nuestro Estado del bienestar y protegiendo socialmente a todas y a todos. El IMV será permanente, dado que la
situación es estructural, y se ha duplicado el gasto, ya que la suma de todas las rentas mínimas autonómicas asciende a 1500 millones de euros. Y, ahora, con el ingreso mínimo vital, se suman otros 3000 millones anualmente. No es una prestación,
sino una política de inclusión para necesidades básicas, que ha sido consensuada con todas y todos y que sigue abierta a las modificaciones que sean necesarias, como la incorporación de un complemento de ayuda para la infancia, un complemento que va
de 0 a 18 años. Son lógicas las quejas que hayan podido llegar, pero también hay que entender que la avalancha de solicitudes presentadas colapsó el sistema ante tantísima demanda, máxime porque no es una cantidad fija ni igual para cada
solicitante -se reconocieron hasta catorce tipologías de hogar-, además de la falta de funcionarios, que tampoco el Gobierno del Partido Popular hizo nada por su reposición. En mayo de 2020 se aprobó como real decreto y en diciembre de 2021 ya
venía recogido en el BOE. Aun así, hay que destacar que en el ejercicio 2021 se llegó a la cifra de 824 441 beneficiarios. Y este Gobierno seguirá trabajando en la mejora del ingreso mínimo vital.
También hay que destacar la Ley Orgánica para la protección integral de la infancia y la adolescencia frente a la violencia, la firma del nuevo dictamen del Pacto de Estado frente a la violencia de género y la creación de centros de atención
integral de 24 horas a víctimas de violencia de género. El plan de choque
2021-2023 en dependencia, con una inversión de 600 millones para 2021 a través de los Presupuestos Generales del Estado. Se crea un nuevo complemento de pensiones vinculado a la maternidad y paternidad con la ampliación de 12 a 16 semanas.
El bono social térmico para compensar los gastos térmicos ocasionados a los consumidores más vulnerables por el uso de la calefacción y el agua caliente o cocina. Concretamente, este bono social estaba en 92 euros en el ejercicio 2021 y ahora está
en 125,60 euros para 2022.
En cuanto a La Palma, a la que ha hecho alusión el defensor, se adoptaron y se siguen adoptando las medidas necesarias para paliar los daños sufridos y promover la reconstrucción de la isla, que ya va siendo una realidad. Como ejemplo, los
ERTE destinados a hacer frente a la erupción del volcán de Cumbre Vieja en La Palma se han transformado de manera automática y estarán vigentes hasta el 30 de junio de 2022.
Respecto a las quejas derivadas de la situación de personas inmigrantes que llegaron a Ceuta, yo creo que esto ya lo hablamos. Además, se debatió en comisión en un monográfico sobre la migración de Canarias valorar las actuaciones llevadas
a cabo por el Ministerio del Interior, que actuó siempre en pleno respeto a la legalidad.
El retorno de los menores a su país de origen encuentra su marco jurídico en el acuerdo entre el Reino de España y Marruecos. Sobre la cooperación en el ámbito de la prevención de la inmigración ilegal de menores no acompañados, su
protección y su retorno concertado, es evidente que, ante los movimientos y los flujos migratorios, es necesaria una estrategia preventiva ante una reactiva, para que los flujos migratorios sean regulares, seguros y ordenados, en línea con lo
dispuesto en el Pacto mundial sobre migraciones y en el nuevo Pacto europeo sobre inmigración y asilo, que actualmente se debate en el seno de la Unión Europea.
En cuanto a la situación de protección de los menores extranjeros no acompañados, hay que destacar la aprobación de la reforma del Reglamento de Extranjería, que facilita el tránsito de estos menores a la edad adulta de forma adecuada, donde
se tuvieron en cuenta las recomendaciones del defensor para mejorar el reglamento en el régimen jurídico de estos menores.
Por último, hay que resaltar que se han desarrollado distintas medidas en aras de mejorar la calidad y atención en los procedimientos de protección internacional, disponiendo la priorización de las solicitudes de protección internacional
para Canarias, Ceuta y Melilla y Afganistán.
Señor Gabilondo, este es el trabajo que está haciendo el Gobierno con equidad, igualdad y solidaridad.
Muchas gracias. (Varias señorías del Grupo Parlamentario Socialista golpean repetidamente su mesa con la palma de la mano).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
A continuación, le daremos de nuevo la palabra al defensor del pueblo, don Ángel Gabilondo.
El señor DEFENSOR DEL PUEBLO (Gabilondo Pujol): Muchas gracias, como se suele decir, por el tono general de las intervenciones. No esperaba de sus señorías otra cosa que esto, por lo que alabar el tono parecería como poner en cuestión que
iban a tener otro. Yo sé que ustedes, que son los representantes de la ciudadanía, se expresan de este modo y lo agradezco porque me permite también mantener ese mismo tono para poder conversar con ustedes acerca de las propuestas, indicaciones,
sugerencias y también las críticas que han hecho. Así que, gracias a los portavoces, a los grupos que han intervenido y a quienes no han tomado la palabra. Hay algunos asuntos que se repiten, aunque procuraré hacer caso a todo lo que se ha
señalado.
En primer lugar, a nosotros nos gustaría también, como a ustedes, que muchas veces se nos hiciera más caso, pero somos conscientes de cuál es la función del Defensor del Pueblo. No somos jueces; no somos una tercera Cámara; no somos otro
Gobierno; no somos una alternativa, ni estamos para quitar ni poner gobiernos. En cierto modo, como ven -lo digo con alguna sorna-, somos poca cosa; sin embargo, en algunas de mucha importancia, no solo porque estamos constitucionalmente
refrendados en nuestra existencia, sino porque la competencia de lo que hemos de hacer es de una enorme responsabilidad e importancia. En ese tono voy a responderles no con afán de grandilocuencia, sino con afán de estar a la altura de lo que se
supone que es la institución a la que yo ahora mismo represento al tomar la palabra. Por tanto, hay otros avatares y otros debates que me interesan, y siempre me han interesado, y que tienen que ver también con distintas visiones sociales,
políticas, ideológicas, de concepción del mundo, incluso ciertas posiciones legítimas. Ustedes son representantes de la ciudadanía -estamos en las Cortes Generales, hoy en el Senado-, y es lógico que hagan valer sus relaciones políticas, pero
quiero que
comprendan también que no es mi labor entrar en ellas ni debatir sobre cuáles son o dejan de ser mis preferencias políticas. Es más, por mentalidad, por posición y por convicción mi prioridad es la defensa de los derechos y la atención a
los problemas de la ciudadanía y, sinceramente, desde esa convicción les hablo.
Si nos preguntaran si tenemos mucho éxito, si nos hacen mucho más caso del que nos gustaría, como he dicho, uno siempre quiere que le hagan más caso, pero también es verdad que nos prestan mucha atención. Cuando uno recibe una indicación
del Defensor del Pueblo, la toma en consideración. Ya hemos señalado -ustedes la tienen- la relación para quienes la ley es muy dura en la terminología que emplea, hostil o entorpecedora; hemos hecho un listado que figura como anexo, que, repito,
tienen ustedes, en el que se puede ver qué instituciones tienen más dificultades o no han respondido. Yo tengo un punto de comprensión en algunos casos. Muchas veces hay ayuntamientos -no se ha dicho antes- que no tienen ni siquiera un secretario
para dar una respuesta adecuada. No creo que deba entenderse que todas las respuestas que no dan obedecen a una falta de voluntad. Igual soy bienintencionado en la lectura, pero ha de contestarse; nosotros estamos requiriendo que se haga, y el
hecho de que aparezca en un listado -y que aparezca además aquí, en la representación de los ciudadanos- es una muestra clara de que no se está tratando de obviar ese silencio, ya que se está exponiendo claramente en su presencia. Comprendo que es
más llamativo cuando se refiere a instituciones concretas. También estamos tratando de buscar su respuesta. No estamos solo para reñir y perseguir; estamos también para conseguir mejorar y resolver los problemas de la ciudadanía. Por eso,
tratamos de lograr una respuesta. No nos satisface que no la den para, así, poderles llamar la atención -yo no disfruto de esta manera tan perversa-, lo que queremos es que respondan.
Nosotros tenemos éxito en algunos casos -casos muy importantes-, como la protección de los consumidores de gas, la protección social para sanitarios afectados por COVID, las contenciones mecánicas, la violencia vicaria, las mejoras de
documentación de menores extranjeros, como el caso Itziar Prats, así como la escolarización de menores en Melilla. Es decir, tenemos un listado que nos hace pensar que en situaciones complejas se logran a veces resultados muy importantes. Y no se
debe a nuestra genialidad, sino a que se argumenta y muchas veces se pregunta. Esto lo quiero decir en primer lugar. Muchas veces nos dirigimos a las instituciones simplemente pidiendo información o recordándoles cuáles son sus obligaciones. El
hecho de que pidamos información o recordemos las obligaciones enseguida se interpreta como que estamos contraviniendo lo que hacen o que estamos más bien faltando al respeto de lo que hacen. No; si se pide información es porque se precisa para
tomar una posición, no se está denunciando; o no tenemos suficiente información porque otros nos la piden. Quiero recordarles que a nosotros nos escriben. No es que nosotros nos levantemos por la mañana y digamos: vamos a ver qué cosas nos
parece que tienen que importarles a los ciudadanos. Hay actuaciones de oficio, tenemos que ser proactivos, tenemos que ser preventivos, pero esas 30 000 denuncias han venido a nosotros. Alguno dirá: pues, parece mentira que haya tan pocas sobre
esto; debería haber más sobre este asunto. Hay que tener mucho cuidado a la hora de presumir cuáles son las verdaderas inquietudes de la ciudadanía. Por eso, he dicho que tiene el carácter de ser un termómetro o una expresión de la situación
general de la ciudadanía.
Si uno quiere -y creo que hace bien en querer- saber cuál es la eficacia de la institución, nosotros hemos hecho 2231 resoluciones, de las cuales se han aceptado 513 y se han rechazado 185 y hay 784 sobre las que todavía no nos han dado una
respuesta suficiente. Mientras no nos la den, mantenemos el asunto abierto, y hay plazos. El resto, 239, se encuentran en estudio, pendientes de recibir más información. No todas nuestras actuaciones acaban en una resolución. Hay veces que
solucionamos algo simplemente con interesarnos o por preguntar por el asunto, no es necesario nada más. Otras veces, aunque no admitamos por no ser nuestra competencia ciertas quejas o no haya nada reprochable en la administración, orientamos al
ciudadano sobre cómo y dónde puede presentar su queja. Cuando se acepta o no una queja, no se está diciendo simplemente: no, váyase usted. También explicamos por qué y mostramos hacia dónde para orientar su queja. Hay personas que nos dicen que
han tenido un conflicto entre particulares, que lo han perdido, y se vienen a quejar al Defensor del Pueblo. Nosotros no podemos hacer mucho al respecto, pero les explicamos por qué.
También hay que recordar que nuestras actuaciones no son vinculantes. Es la ley; estamos cumpliendo la ley. Se nos viene un poco a decir: a ver si usted aprieta un poco más y vincula más sus resoluciones. No es un problema de
determinación, sino de argumentación. No somos tribunales de justicia, como he dicho. Igual puede parecer pobre que seamos los encargados de convencer y persuadir a las administraciones, o que sea pobre escuchar a los ciudadanos que acuden a
nosotros. Pero no, no
sentimos una frustración. Les quiero recordar que son ustedes, ustedes, la máxima representación de la ciudadanía, los que en sus acciones, actuaciones y legislaciones tienen que afrontar las reformas o las propuestas para abordar esos
problemas. Yo no les paso a ustedes ninguna bola, ni les culpo de nada; simplemente les estoy diciendo que queremos que la comisión se relaciones con nosotros. Lo que queremos es relacionarnos y, por tanto, buscar las mejores soluciones.
La portavoz del Grupo Parlamentario Vasco, María Mercedes Garmendia, me pide que señale aspectos a mejorar. Son muchos. Es verdad que todos en España tenemos que mejorar en lealtad institucional y en la política de la cogobernanza. Todos
sabemos que hay obstáculos, y uno son las administraciones, que obrando de buena fe y haciendo ciertas cosas, a veces entienden nuestra presencia como una incomodidad porque más bien señalan en qué aspectos o ámbitos se ha de incidir más o no se
está obrando adecuadamente. El propio Gobierno también puede sentir, y siente, que nosotros le generamos esa incomodidad.
Sobre la autorización de plaguicidas con sustancias prohibidas por la Unión Europea, nosotros le hemos manifestado al ministerio que no se considera adecuada la normativa y hemos formulado sugerencias al respecto. Además, pedimos acceso a
la información sobre estas autorizaciones a las asociaciones ecologistas y que se elimine su consideración de información confidencial. Yo estoy muy de acuerdo en que se haga no solo en este tema. A veces son asuntos puntuales, que tienen el
carácter de referencia, los que permiten tener una visión más global. Se deben cumplir todas las recomendaciones europeas al respecto.
Aparte de que diga algunas cosas concretas, luego haré algunas consideraciones sobre temas que veo que se reiteran.
Agradezco a la diputada de Esquerra Republicana su análisis en relación con la población migrante y sus circunstancias vitales. No puedo expresar hasta qué punto nosotros lo sentimos, vivimos y trabajamos en ello, ni hasta qué punto nos
preocupa todo lo que tiene que ver con cómo se ejerce el derecho de asilo o a quiénes se les reconoce la protección para que sean consideradas personas refugiadas o qué personas están solicitando protección internacional, que es una percepción más
amplia que abarca el derecho de asilo y la protección subsidiaria. Creo que a veces debe otorgarse al menos un permiso por razones humanitarias, y sabemos lo difícil que es solicitar protección internacional porque en España ha subido el número de
solicitudes: en 2021 hubo 65 404 solicitantes. Ellos tienen derecho, una vez que acceden a puestos fronterizos, a ser escuchados, pero a veces es difícil hasta obtener cita previa -lo hemos señalado en nuestros informes- para poder trabajar o para
tener esa protección internacional. Tenemos quejas de oficinas concretas, de Barcelona, Valladolid, Valencia, Bilbao, porque parece que es muy difícil obtener una cita para manifestar la intención de solicitar esto. Y hay quejas por deficiencias
en la realización de entrevistas, o por demoras en recibir la documentación, la tarjeta roja, o por las bajas forzadas en la Seguridad Social a personas trabajadoras que están pendientes de recursos administrativos, o por retrasos en los trámites de
agrupación familiar. Nosotros también hemos actuado de oficio en relación con los menores residentes en los centros que no acceden ni son informados del procedimiento. En el año 2021 se recibieron más de 400 quejas relacionadas con el derecho de
asilo y en 2022 ya llevamos 214. No puedo sino reconocer su buena voluntad -no pongo yo notas de buena voluntad- y que, efectivamente, hay un asunto sobre el que tenemos que pensar y en el que tenemos que trabajar.
No quiero seguir por esa línea, pero como algunos han preguntado también qué ocurre para compararlo con los ucranianos, es verdad que se ha habilitado una vía de cita especial y que para algunos esto puede plantear problemas en relación con
la igualdad -porque hay personas que esperan esas citas desde hace meses-, pero esto está ocurriendo porque hay un procedimiento acelerado y excepcional en el Real Decreto 1325/2003, sobre el régimen de protección temporal en caso de afluencia
masiva de personas desplazadas, que es la situación actual. Es decir, se les va a conceder una protección temporal que implica permiso de residencia y de trabajo. Parece que se han concedido unas 10 000 solicitudes en un tiempo récord. Pero hacen
bien en recordarnos que hay miles de personas esperando que también merecen protección. No lo olvidamos, pero tampoco criticamos que se reciba a quienes llegan en esta situación tan difícil. Es un modelo de acogida, a nuestro juicio, que necesita
una revisión, una adaptación a los nuevos contextos, y la secretaría de Estado trabaja en varios puntos a los que vamos a hacer seguimiento: mejorar recursos, dotación, sistema de gestión, adaptación en caso de recepción masiva, etcétera. Todo
esto lo digo para ratificar la razón de su preocupación.
Con respecto a las quejas, pregunta usted qué pasa en Madrid que hay tantas quejas. Ha dicho -y me ha hecho gracia-: aunque sea, haga una reflexión filosófica, como diciendo: si no sabe qué decir,
háganos un discurso filosófico. Sé que lo ha dicho con mucho afecto; yo también lo recreo así. Es verdad que en Madrid hay 6426 quejas, en Andalucía, 3538. El portavoz del Grupo Popular ha dicho que es muy importante también tener en
cuenta si hay o no defensor en una comunidad a la hora de considerar los datos, porque es un factor importante. Hay que acumular las quejas que se han hecho en un lugar u otro. También es interesante, si uno mira los datos -aquí tengo el listado
de quejas de todas las comunidades y, además, en qué sectores y cuántas ha habido en cada uno de los sectores-, que en Madrid, por ejemplo, hay muchas de migraciones y muchas de asuntos de Interior. Con esto quiero señalar que en Madrid, por ser la
comunidad que es, están todos los grandes organismos del Estado; muchas ONG y asociaciones tienen su sede aquí. Y, muchas veces, quejas que afectan a otras comunidades autónomas se presentan aquí en Madrid. Yo no quiero salir en defensa de nada,
pero sí quiero informar claramente, porque es cierto, que hay muchas quejas en sanidad, en empleo público, en Administración de Justicia, en Seguridad Social y en empleo. También aquí hay, como ha dicho, muchos funcionarios del Estado que tienen
conocimientos más específicos para hacer, en ciertos puntos, quejas más cualificadas. No quiero entrar a comprometer a la Comunidad de Madrid ni tampoco entrar a defender a una comunidad que se defiende sola, pero sí quiero que se tengan en cuenta
todos estos elementos a la hora de saber que estos datos también pueden reflejar cómo es una sociedad o la percepción que tienen los ciudadanos del funcionamiento de los servicios públicos; todo esto también puede influir. Dejo ese asunto por
ahora.
¿Cómo va a ser el nuevo informe? Lo que le puedo decir es que contemplará lo que tiene que ver con las familias monoparentales, que, en general, suelen ser familias con una mujer al frente. A mí me parece -y es una percepción particular,
ya que me preguntan que qué me parece- que es razonable que se empiece a pensar en las familias monoparentales, pero esa no es una razón para no pensar en las familias numerosas; se trata de entender que hay una pluralidad de formas de familia y
que las monoparentales con una mujer al frente son especialmente vulnerables. Y yo veo con buenos ojos -y, desde luego, trabajaremos en recomendaciones en ese sentido- que se atienda y se dé respuesta a lo que ahí se plantea razonablemente.
En relación con el voto por correo, hemos tenido solo dos quejas. ¿Que tendríamos que haber tenido más, que parece mentira? Pues, por ahora, no voy a reñir a los ciudadanos porque presenten pocas quejas. Solo hemos tenido dos; una fue un
error humano y la otra por un problema de poca relevancia. Esto no zanja la importancia de la cuestión planteada, pero explica por qué nosotros no hemos hecho una actuación singular sobre un asunto en el que teníamos dos quejas de este tipo. Son
asuntos en los que, si tenemos que profundizar, lo haremos; si nuestros técnicos tienen mejor información, se la haremos llegar. Con esto quiero señalar que, si en algún caso, las preguntas que aquí se plantean precisan información extra,
estaremos encantados de poder darles toda la información que se requiera sobre eso.
También me parece importante -aunque dejo para más adelante algunas cosas- la cuestión de por qué el aumento del 15 % del presupuesto. El presupuesto lo hace el Congreso de los Diputados; eso es lo primero que es importante saber, y allí
tienen ustedes su lugar debate para hablar sobre ello. Eso no quiere decir que no se pueda preguntar aquí, pero yo no he hecho un presupuesto sin más para nosotros; digo la cantidad. Es verdad que luego tenemos una distribución que tengo aquí
explicada, pero hoy, en principio no era un punto para tratar porque, como saben ustedes, el presupuesto se pasa a las Mesas del Congreso y Senado, que son las que tienen que aprobarlo y dar el visto bueno para su ejecución. Pero, sí, tengo que
decirles que el aumento se hizo para un plan de modernización y transformación digital de la Defensoría del Pueblo, y ese plan me parece extraordinario e imprescindible si queremos responder con claridad y con celeridad. A veces tardamos más en
responder porque tardamos mucho en recibir la respuesta de las personas a quienes nos dirigimos y eso afecta a la respuesta que damos. Además, ese plan fue informado y presentado ante los servicios técnicos del Congreso de los Diputados y del
Senado explicando por qué se requería esa cantidad, y esa cantidad se nos dio.
El representante de Ciudadanos -está en el Grupo Democrático, pero es miembro de Ciudadanos- ha hecho referencia a algunas quejas especialmente llamativas en relación con las personas LGTBI. ¿Sabe lo que pasa a veces? Que muchas denuncias
no vienen al Defensor porque están judicializadas. No todo lo que ocurre viene al Defensor porque, al estar judicializado, se dirigen explícitamente allí, hay un procedimiento judicial y, por tanto, en riguroso cumplimiento de la ley, nosotros
debemos inhibirnos en la actuación. Y esto es lo que exactamente hacemos. Como habrá visto, el capítulo 5 del informe está dedicado a la igualdad de trato y recoge los asuntos que tienen que ver con la discriminación de todo tipo. A mí me
satisface enormemente que sienta y exprese esa empatía hacia la persecución de esos delitos de odio que parecen decisivos.
Repito que, como algunos asuntos han sido mencionados en varias intervenciones, los responderé conjuntamente. Algunos llaman al suicidio la plaga silenciosa de una sociedad. Ha sido muy silenciosa e incluso estigmatizadora en algunos
casos. Hay un cierto silencio, incluso ha habido un gran debate social sobre si era mejor guardar silencio sobre esto o no; algunos piensan que sí y otros que no, que lo que hace falta es afrontar el problema. Es síntoma de una sociedad, pero yo
no llego a tanto como echar la culpa a los gobiernos sobre que el suicidio es síntoma de nuestra sociedad. No puedo sino expresar dolor y solidaridad con ellos y también decir que en ausencia a veces de estadísticas -por lo menos públicas-, tenemos
que ampliar y mejorar claramente los datos, que tienen que ser más transparentes; ojalá lo sean cada vez más para abordar prácticas específicas. Habría que analizar todas las formas de vida para poder pensar por qué, como decía usted, en la
Guardia Civil y en la Policía hay ese índice de suicidios; como ocurre también con los sanitarios o en ciertos ámbitos. Efectivamente, eso da muchísimo que pensar y tendremos que ver cuáles son las condiciones de vida, de trabajo, la presión en la
que desarrollan su actividad.
También quiero señalar algún asunto que tiene que ver con la Policía y la Guardia Civil, ya que han sido mencionados. No sé si hace falta que yo exprese todo nuestro respeto y agradecimiento a la Policía y a la Guardia Civil por todas sus
actuaciones e intervenciones. Me sumo también a las solicitudes de mejora de todos sus procedimientos, de todos sus protocolos, de todos esos materiales y requerimientos. Si el ministerio considera que son suficiente, y hay un sector de la
sociedad que considera que no, nosotros podemos insistir en esa mejora. Pero ¿por qué digo esto? Por una razón muy sencilla, porque creo, sinceramente, que no es justo que se muestre una cierta percepción de que ha habido alguna puesta en cuestión
de la actuación de la Policía. No, nosotros en el caso de una agresión en la valla de Melilla, que ha sido evidente, lo que hacemos es preguntar, porque, en apariencia, hay una actuación desproporcionada, y preguntamos en espera de una respuesta.
Como me lo ha preguntado ahora -ya sé que es una actuación de marzo-, yo también quiero ser leal con su pregunta. Nosotros le hicimos esa pregunta el 4 de marzo con el recordatorio de los deberes legales. Estamos a 29 de marzo y aún no se ha
recibido respuesta, pero se recibirá. No preguntamos sobre toda la actuación de la Policía en Melilla porque no hemos estado en el lugar, no tenemos información directa, no lo conocemos exactamente, aunque vamos a ir en cuanto podamos. Lo que sí
hice fue llamar a la directora general de la Guardia Civil y le pregunté por el estado de los heridos de la Guardia Civil y, lo puedo decir públicamente, me dio a entender... bueno, no quiero decir lo que dicen los demás; yo digo lo que digo yo, y
ya está. Lo hice y me quedé más tranquilo al oír la respuesta con respecto al estado de salud de los policías. Con respecto a la persona que en las imágenes que veíamos recibía un trato aparentemente desproporcionado, lo que hicimos fue
interesarnos por él y preguntar y recordar deberes. Pero ¿con eso estamos poniendo en cuestión a las fuerzas de seguridad? Pues, no; lo único que les quiero decir es que los agentes saben cuáles son sus obligaciones en las actuaciones, y hasta
qué punto y cómo deben respetar a los demás.
Con respecto a asuntos que tienen que ver con las víctimas del terrorismo, la institución se ha pronunciado sobre los 379 asesinatos de ETA sin resolver, pidiendo a los poderes públicos que ofrezcan la información disponible a las familias y
al sistema judicial que facilite los enjuiciamientos. Esto es lo que hemos hecho; además, en 2016 la institución presentó un informe monográfico porque recibió una encomienda sobre los derechos de las víctimas de ETA. Se abordaron también ahí los
temas de los crímenes no resueltos, que la enseñanza de la historia del terrorismo llegara a las aulas, es decir, había una serie de recomendaciones.
Sobre los actos de homenaje a terroristas, la información que yo recibo es que han descendido claramente, lo cual no quiere decir que pueda hacerse alguno o que con que haya solo uno ya baste. De hecho, en el informe anual hemos señalado
que, además del reproche moral que merecen esos homenajes, son contrarios a lo dispuesto en la Ley de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo, que señala que las Administraciones públicas prevendrán y evitarán la
realización de actos efectuados en público que entrañen descrédito, menosprecio o humillación de las víctimas o de sus familias; exaltación del terrorismo; homenaje o concesión pública de distinciones a los terroristas. Esto viene en la ley; por
tanto, lo que le puedo decir es que lo comparto y que, en cierto modo, seguiremos trabajando para que se cumpla la ley y para que se aclaren esos crímenes. Esto es lo que puedo decir, pero con la fuerza que pueda tener el discurso que he hecho al
principio sobre cuál es nuestra capacidad, nuestra voluntad y nuestra posición al respecto.
También quisiera referirme -y perdonen que me extienda, pero es que ustedes me han preguntado sobre ello- al tema de Canet de Mar, que tiene que ver con un niño o niña. Hay quien dice que nos guiamos por informaciones periodísticas, y, sí,
cuando nosotros vemos que hay una cierta alarma periodística lo que
hacemos es preguntar. ¿O es que se pueden saber ciertas cosas sin preguntar? Y hay quién dirá que sí, porque se ha hecho un escrito, pero es que ustedes mismos ponen en cuestión ciertos escritos o estudios que han hecho unos y otros. Por
tanto, lo que nosotros hacemos es preguntar. Yo recibí al padre de esa persona y escuché con atención lo que dijo. Él mismo, en una nota que ha publicado estos días, ha señalado que fue recibido con hospitalidad y con atención, y habla bien del
Defensor del Pueblo. Él es el que habla bien del Defensor del Pueblo. Y nosotros, preocupados por esto, por lo que oíamos, por determinadas expresiones sociales y políticas, lo que hicimos fue interesarnos y escribir al Departamento de Educación,
al honorable consejero y decirle que nos diera información sobre qué había ocurrido, si efectivamente se había producido este señalamiento, o como quiera llamarse, y que, si conocía algunos casos en los que pudo producirse esto, que nos lo
comunicara. De paso dijimos que había una sentencia reciente, y lo digo porque la petición de que se diera castellano y todo esto es muy debatible; como digo, esto venía avalado por una sentencia reciente del tanto por ciento que ha de impartirse
en castellano. Yo no entro en este asunto; el deber de conocerlo y el derecho a usarlo está en la Constitución, pero lo que sí señalo es que, una vez que nosotros nos hemos dirigido al consejero, este nos contesta a través de una Secretaría
General. Yo le escribo a él y nos contesta una Secretaría General. Y en su escrito señala que ha estado en contacto directo con el centro y que está afectado por las medidas cautelares dictadas por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en
relación con su proyecto lingüístico, porque el centro se ha visto sometido, a raíz de este hecho -y cito- 'a una presión mediática poco habitual'. Esto es lo que señala. Yo preguntaba por la presión psicosocial y política, y él contesta -e
insisto, yo lo respeto- hablando de una presión mediática poco habitual. Y contesta, además, que, como ya le dijeron al Sindic de Greuges, 'desde el Departamento no tienen constancia de ninguna acción o situación en el entorno educativo que haya
alterado la convivencia en la comunidad educativa del centro'. Esto es lo que él contesta. Perfecto.
Le he vuelto a escribir -lo digo para los que dicen eso de la tibieza- y le he vuelto a decir, primero, que espero que me pueda contestar a las preguntas que le hacía y señalar, además, si conoce algún otro caso. Este asunto está ahí
abierto. No hay más ni menos, pero estamos, como he hablado aquí, a la espera de que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña atienda las objeciones o alegaciones que hayan podido hacer y ver qué decisión toma, porque a él le corresponde no
solo dictar sentencia, sino también su cumplimiento, es decir, emprender las acciones para ejecutarla. Es lo que le corresponde a ese tribunal que será, en su caso, el que dirá lo que ha de hacerse. Y ahí estamos; pero lo que sí puedo decirles es
que hay un debate, pero este es un debate político sobre si es mejor un sistema de porcentajes o si es mejor trabajar en relación con la autonomía de los centros para garantizar la enseñanza. Ya hay un cierto debate sobre esto y hay incluso
respuestas que dicen que los centros tienen que garantizar el aprendizaje en las dos lenguas y que se deberán tomar las medidas adecuadas. Eso está señalado también por el Sindic de Greuges. Y hasta aquí puedo decir.
En cuanto al estado de alarma -no sé si con mis intervenciones estoy vaciando la sala, pero creo que debo contestar a algunas de las cosas que se han dicho-, lo que sí puedo decir es que la institución entendió, tras analizar detenidamente
el asunto, que no era procedente presentar un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Ese es un derecho que tenemos, y aunque no me refiero a esta situación en concreto - está claro que ha habido una resolución que ha dado razón y que
podría objetarse desde el punto de vista constitucional-, a nosotros se nos insta muchas veces para que vayamos al Tribunal Constitucional, pero a veces no vamos no porque haya otras instancias que lo hacen, sino porque consideramos que, con
independencia de que esto nos guste más o menos, no encontramos razones para acudir al Tribunal Constitucional. No es lo mismo que algo te parezca mal a que sea inconstitucional; son cosas distintas. El 3 de septiembre mi predecesor en el cargo
firmó una resolución explicando por qué no recurría el estado de alarma, que lleva publicada en la web de la institución desde entonces. Es una resolución muy detallada; el argumento principal fue que se limitaron derechos, pero no se
suspendieron. La institución apuntó que el Gobierno, declarando el estado de alarma, y el Congreso de los Diputados, aprobando distintas prórrogas, buscaban salvar vidas y preservar la salud del mayor número de personas. En julio de 2021 el
Tribunal Constitucional estimó parcialmente el recurso de inconstitucionalidad planteado, como ha dicho usted, por Vox, y fueron declaradas inconstitucionales algunas medidas tomadas durante el estado de alarma. A nosotros no nos corresponde ahora
valorar la decisión del alto tribunal. Lo que sí hizo el Defensor, tras conocer la sentencia, fue formular una consulta a todas las administraciones competentes, al Ministerio del Interior, a las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno y a las
comunidades autónomas con competencias en materia de seguridad ciudadana para que informaran de los criterios que iban a seguir respecto al ejercicio de su potestad correspondiente. Así es como se planteó el asunto. Nosotros, la
institución, con toda su competencia, que la tiene, y mucha, y con toda su buena fe, que la tiene, y mucha, entendió esto y dijo esto; pero el Tribunal Constitucional dijo otra cosa, y estas cosas pasan a veces, y así estamos y en eso
estamos, en el cumplimiento de lo que el alto tribunal ha venido a decir.
En cuanto a otro tipo de asuntos, ya me he referido a la crisis de la guerra de Ucrania. Yo también tengo interés en conocer la respuesta a la pregunta de cómo va a ser el nuevo modelo de informe. No quiero abrir expectativas, pero sí
quiero decir que ya nos pareció que era excesivamente extenso; también se lo parecía al anterior equipo, y de hecho se ha reducido en casi trescientas páginas respecto al tamaño de otros informes.
Nosotros buscaremos la fórmula para que sea lo más directo, lo más claro y lo más operativo, y si ustedes nos pueden sugerir algo, muy especialmente los que tienen más experiencia o son portavoces, lo recibiremos con mucho gusto. Lo vamos a
analizar para que también sea eficiente para ustedes y les permita, con celeridad, poder dar respuesta a lo que ha de hacerse.
No entro ahora en la respuesta a cuál es el planteamiento de trabajo al que hemos sido encomendados en esta comisión. Yo lo único que digo es que es una encomienda que nos hacen las Cortes, y esa encomienda es, subrayo, para que el Defensor
del Pueblo forme una comisión que asesore para la realización de un informe, con tres objetivos: uno, recopilar una serie de hechos y datos; dos, buscar la reparación de las víctimas; y tres, tomar las medidas o anunciar las que puedan servir
para evitar que vuelva a producirse algo similar. Es el marco que me han dado ustedes, y se lo quiero decir. Es una encomienda que recibo de ustedes. Yo solo puedo decir, como ya supondrán, que lo haré con respeto y reconocimiento de todos y,
desde luego, con la prioridad de atender a las víctimas. No se trata de formar un tribunal ni de hacer un juicio ni, por tanto, hace falta que haya abogados defensores; basta con que haya personas que vayan a la búsqueda de los hechos y de los
derechos. Si me permito decir esto es porque es la primera vez que estoy delante de ustedes, que son quienes me han hecho a mí la encomienda. Si la he entendido mal, díganmelo.
Señor Landaluce, usted ha hecho una vinculación entre las quejas y las crisis sociales y políticas. No digo que no influyan -mucho influyen-, pero creo que tenemos que hacerlo, y usted sé que lo hace, con cuidado, porque en España se
comparten Gobiernos de múltiples fórmulas y hay pluralidad en la presente legislatura. Por tanto, atribuir al Gobierno central una vinculación tan directa con el número de quejas... No digo que usted lo haya hecho, digo que yo no soy partidario de
que se haga. Con Gobiernos muy variados y muy plurales en muchas comunidades autónomas, tendríamos que buscar el análisis de por qué, habiendo comunidades gobernadas por populares, socialistas, nacionalistas, gobiernos de coalición, etcétera, ha
aumentado el número de quejas. También me han dicho que parece que aumentan en estos tres últimos meses, y supongo que no será por mí (Risas), aunque igual sí, porque me han dicho que cuando hay un cambio defensor se abren una serie de
expectativas. Pero no me voy a atribuir eso. Yo creo que hay muchos problemas, estamos viviendo un tiempo de problemas, es verdad. Hay una cierta conciencia -y el Gobierno también la tiene, y lo vemos por las medidas y anuncios que se hacen- de
que estamos en una situación que requiere lo mejor de todos nosotros, y por eso yo les convoco a eso, a que saquemos lo mejor de todos nosotros para que podamos afrontar esto realmente en serio.
Hay que actualizar el informe anual, como ha dicho, y le agradezco también la objetividad cuando alude a problemas estructurales en la administración de la justicia. Yo creo que todas las administraciones tienen que hacer un esfuerzo grande
en la dotación de medios materiales y humanos para esa administración.
Y sobre el planteamiento de los sujetos legitimados para interponer recursos y la mayor autonomía, tomamos nota de esa propuesta.
A mí lo de hacer un informe monográfico sobre el ruido me parece interesante. Quizá podríamos actualizar el informe de 2022 sobre contaminación acústica. Creo que los informes de la institución son un referente y conforman un relato
fidedigno de cómo evoluciona el país, pero no puede imaginarse la cantidad de peticiones que recibimos para hacer informes monográficos. Esto quiere decir que hay asuntos que ya se van unificando y mostrando como problemas que merecen una
explicación. De hecho, le voy a poner un ejemplo: las tutelas. Los casos de tutela traen consecuencias no deseadas y sobreexplotación. Hemos hablado de una, dos o tres comunidades que han sido aquí citadas, pero habría que mirar si realmente
esto ocurre en más comunidades o si ocurre en casi todas en mayor o menor medida. Que no parezca, porque algunos lo interpretan así, que cada vez que te refieres a una comunidad hay una especie de político, es decir, por qué a esta y no a la mía, y
por qué a la otra y no a esta. La tutela
es un tema decisivo, y probablemente hay que hacer un informe global. Le pongo este ejemplo para que quede claro que, efectivamente, hay muchísimos asuntos que merecen consideración a este respecto.
En cuanto a la homologación de títulos, yo comparto el mismo estupor, qué quiere que le diga. Hay un cierto colapso -déjeme hablar así, ya que la vida me hizo ser ministro de Educación-, pero este es un problema de hace años, un problema
grave y un problema con consecuencias muy importantes para las personas porque, a veces, no pueden ejercer, no pueden competir, no pueden desarrollar su vida porque la titulación tarda en ser reconocida. Lo hago mío. También se ha pedido un
informe monográfico sobre esto, así que lo apuntaremos en la lista de informes monográficos, y no lo digo con ironía, porque es verdad, yo también siento eso mismo, y no puedo decir mucho más sobre esto.
Perdonen si no les contesto a muchas de las cosas que han dicho.
Usted habla, señor Landaluce, de asuntos que tienen que ver expresamente con la zona en la que usted vive, de la que, además, es usted alcalde, y no es una zona cualquiera. Esto es evidente, por todo, y señala que se tenga especial
consideración con quienes trabajan o son empleados públicos allí. No es a mí a quien corresponde que se haga o deje de hacerse, pero yo no quiero dejar de reconocer las dificultades que entraña el servicio en ciertos ámbitos o lugares determinados.
Por lo que se refiere a las infraestructuras ferroviarias, un poco las conozco. Es verdad que quizá puede estudiarse lo del tren a Algeciras, pero permítame que yo no me meta a hacer de velador de una comunidad o de alcalde bis, porque
usted conoce perfectamente, mejor que nadie, lo que hay ahí y lo que debe hacerse. Yo solo puedo desearle lo mejor, y me parece muy digno que usted haga valer esa singularidad de la zona en la que está y las dificultades en que se encuentra. Por
eso yo lo recibo así.
Nosotros no estamos del lado de los problemas, no estamos conchabados con ningún Gobierno ni con ningún partido. Alguno lo creerá o no, pero en esta misma mesa estamos sentados las adjuntas, Teresa Jiménez-Becerril y Patricia Bárcena, y yo,
y si cada uno actuara en defensa de lo que simbólicamente son los grupos a los que pertenece, no podríamos ni trabajar. Nosotros nos sobreponemos también. Ni somos ya candidatos ni somos ya diputados ni somos ya activistas. Ahora somos miembros
de la Defensoría del Pueblo, y le aseguro que trabajamos buscando el máximo consenso posible una y otra vez. Ni se me ocurre -y ahora voy a decir otra cosa- ni me dejarían, para que queden más tranquilos, porque si algo no quiero ser es partidista
y sectario, ya que creo que ese es uno de los grandes males institucionales que puede haber en nuestro país. Siempre alejados de ese partidismo y de ese sectarismo.
Siento ser descortés con las preguntas que no he contestado. Luego me dirán que no he dicho nada de..., pero como ahora hay una réplica, estoy a su disposición.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor defensor del pueblo.
A continuación, pasaremos a una réplica de los distintos grupos que quieran hacer uso de ella -no es obligatorio hacerla- por un máximo de dos o tres minutos. Tendrán la palabra aquellos diputados y senadores que lo deseen. Saben de la
generosidad del presidente, a nadie le he llamado la atención y les dejaré que intervengan.
Empezamos por el Grupo Parlamentario Vasco. Tiene la palabra la senadora Garmendia.
La señora GARMENDIA BERECIARTU: Simplemente, y con mucha brevedad, quiero dar las gracias al señor Gabilondo porque ha contestado la mayoría de mis preguntas. Se ha visto el esfuerzo que usted ha realizado y se agradece mucho.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: ¿Por el Grupo Parlamentario Plural? (Pausa). No hay nadie. Perfecto.
Por el Grupo Democrático, senador Muñoz Lagares.
El señor MUÑOZ LAGARES: Sí.
Solamente quiero agradecer la comparecencia del señor defensor del pueblo, así como dar las gracias a todo su equipo y a las adjuntas.
Nada más.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Por el Grupo Republicano, tiene la palabra el señor Reniu.
El señor RENIU VILAMALA: Graciès, president.
Seré muy breve e intentaré no llegar a los dos minutos. Cuestiones telegráficas. En cuanto a lo que señalaba el defensor del pueblo sobre el futuro de informe, etcétera, quiero incidir no solo en los monográficos, sino en una cuestión que
no le he mencionado anteriormente. El año pasado solicitamos que las estadísticas incorporaran perspectiva de género, es decir, quién presenta a fin de cuentas las quejas, porque creemos que es un elemento interesante que arroja luz, al menos desde
un punto de vista sociológico y politológico, de cómo va evolucionando la situación.
Una segunda cuestión. Nos ha parecido algo surrealista, por utilizar un término, digamos, generalista, que tuviera que casi disculparse por haber actuado en Melilla. Creemos que no es el caso, y en cualquier caso, valga la redundancia,
siguen sin respuesta los recordatorios del deber legal de 4 de marzo al Ministerio del Interior, la Secretaría de Estado de Seguridad, para respetar el derecho a la integridad física y moral de los migrantes sin que nadie pueda ser sometido a malos
tratos, vejaciones, tratos inhumanos o degradantes y que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado se identifiquen siempre.
Finalmente, y con esto termino, una pequeña nota, porque no quiero entrar en el debate. Hablaba usted del caso del modelo lingüístico en Cataluña y de que es un debate político. Yo le digo que no debería serlo, pero sí tenemos formaciones
que se han dedicado sistemáticamente a nacer y crecer a partir de convertir esa situación en un debate político.
Por lo demás, reitero mi agradecimiento y la disposición de nuestro grupo parlamentario.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Vox, tiene la palabra el señor Utrilla.
El señor UTRILLA CANO: Muchas gracias, presidente.
Intentaré ser muy rápido. Señor Gabilondo, cuando yo le decía lo del presupuesto se lo decía ligado a que en el informe que nos presenta hoy aquí se ha retrasado la primera respuesta a los ciudadanos de 25 a 30 días, es decir, que nos choca
y sorprende que, habiendo aumentado el presupuesto y, como dice usted, profundizado en la digitalización de su institución, haya mayor retraso este año en las respuestas,
Respecto a la Policía -y también otro portavoz lo ha comentado y usted mismo dice que han preguntado-, claro, señor Gabilondo, mi grupo parlamentario echa en falta que usted no sienta cierta empatía por la Policía y la Guardia Civil allí
cuando 50 de ellos resultaron gravemente heridos y cuando les mandamos a proteger nuestras fronteras -porque les manda el Ministerio de Interior, no les manda nadie más- sin medios, es decir, sin poder utilizar pelotas de goma, sin poder utilizar
cañones de agua, sin poder utilizar gases lacrimógenos cuando son atacados por una avalancha de personas muy agresivas. ¿Qué les pedimos? ¿Qué les dejen pasar? ¿Qué les identifiquen? ¿Saben ustedes que lo que llevan las manos, por ejemplo esa
persona que bajó de la valla, eran unos ganchos afilados y que muchos de nuestros policías tuvieron heridas graves y cortes importantes con esos ganchos? ¿Cómo quieren que les reciban? Le pido a usted empatía en el sentido de que usted también
podría preguntar al ministerio si nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado tienen medios suficientes para estar allí, porque me parece también muy importante saber si realmente nuestra Policía y Guardia Civil están suficientemente dotados
allí. Eso es lo que le quería indicar.
Agradezco también su presencia aquí a la señora Bárcena y a la señora Jiménez Becerril.
Respecto al estado de alarma, señor Gabilondo, no pasa nada. En ese momento la institución del Defensor del Pueblo se equivocó al no llevarlo al Tribunal Constitucional, porque luego el Tribunal Constitucional nos dio la razón.
Efectivamente, se equivocó, se puso del lado del Gobierno en lugar de ponerse del lado de los ciudadanos, de más de 600 ciudadanos que se lo pidieron. Cometió un gravísimo error. Usted dice que fue un error, y yo creo que fue fruto del partidismo
o de la subjetividad que tenía su predecesor.
Por último, no quiero despedirme sin contestar al portavoz socialista, que nos ha echado en cara -disculpe que se lo diga-, con una tremenda osadía, que no les apoyásemos durante la pandemia. Pero ¿no se ha enterado usted de que,
efectivamente, el más alto tribunal de este país ha declarado inconstitucional el secuestro que hizo este Gobierno de los españoles? (Rumores). ¿Cómo que no? ¿Me dice usted que no con el dedo, de verdad? ¿No saben que fue declarado ilegal el
estado de alarma que su Gobierno declaró? ¡Y todavía dicen que no les apoyamos! ¡Claro que no les apoyamos! Totalmente de acuerdo con usted, portavoz socialista, no cuentan con nosotros; los que cuentan son los españoles para sacarles a ustedes de
aquí cuanto antes.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por parte del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Landaluce.
El señor LANDALUCE CALLEJA: Gracias, presidente.
Señor defensor, acaba de tener una respuesta parlamentaria en la cual se recoge que el bono social eléctrico -ese escudo social- en el año 2019 ha tenido mayor número que en el 2020, es decir, hay 85 000 personas beneficiadas menos con el
bono social eléctrico, y esto nos preocupa, porque la situación que estamos padeciendo ahora es peor todavía que la que teníamos en el año 2019. Si en el año 2019 eran 1 300 000 españoles; en el año 2021, 1 218 000, es decir, 85 000 menos, querría
saber si tienen información de cómo está ya en el primer trimestre del año 2022.
Quiero instarle a que siga vigilando para que no haya esa presión sobre el niño de Canet de Mar y muchos otros niños, porque se está produciendo una persecución idiomática en Cataluña.
Seguiré diciéndole que en el tema de Ucrania, seguramente, deberán tener más actividad, porque el problema es tan grave tan grave que nos está desbordando y nos desbordará aún más.
En el tema de la autoridad de protección del cliente financiero, le pregunto si entiende que esto nos va a ayudar, es decir, si esta figura que se ha creado va a ayudar a que los clientes de la banca, las personas mayores, estén mejor
atendidas porque están ahora mismo desorientadas con las nuevas decisiones de la banca, lo cual les hace sentirse desprotegidos en esas relaciones porque no tienen esos conocimientos telemáticos.
Hay que seguir trabajando en el tema de la defensa de los derechos de las víctimas del terrorismo. Tal vez hoy siga siendo necesario tener ese compromiso tan fuerte en ese estudio como se hizo en el 2016, porque, desgraciadamente, no se han
resuelto los problemas.
Por último, le invito a Algeciras de nuevo, le invito a que venga en tren y verá que tenemos el peor tren de media distancia que existe en España, peor que el de Extremadura, que ya, gracias a Dios, lo arreglaron. Venga a nuestra tierra, ya
que su presencia en el Campo de Gibraltar seguro que nos ayuda a reclamar más y mejor nuestras justas reivindicaciones.
Nada más. Muchas gracias, señor presidente; gracias, señor defensor, gracias señorías.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por último, por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el diputado señor Sánchez Escobar.
El señor SÁNCHEZ ESCOBAR: Gracias, señor presidente.
Señor Gabilondo, como ha podido comprobar en las extensas intervenciones de los distintos grupos, se puede apreciar la diferencia que tenemos en los distintos puntos tratados. Por parte del Grupo Parlamentario Socialista no es de agrado
rivalizar tanto en esta comisión, pues entiendo que debe estar para otra cosa, que no es más que para recoger las cuestiones que a usted le planteen los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país y, lógicamente, todo aquello que usted nos exponga a
modo de reflexiones y recomendaciones en beneficio de la ciudadanía para, desde nuestra posición, intentar enmendar y mejorar todo aquello que así lo necesite.
Sin embargo, es difícil mantener este equilibrio cuando oímos ciertas afirmaciones por parte de la derecha y ultraderecha -a las que no les pongo nombre porque ya se pueden imaginar a quiénes me refiero-, falsedades tras falsedades, insultos
tras insultos en momentos tan delicados en los que Europa está unida, primero, ante la pandemia y, después, ante la devastadora guerra iniciada por Putin.
Señorías del Partido Popular y Vox, ¿acaso ustedes no se han enterado de que estamos en guerra? Y, sí, digo que estamos porque sus efectos están sacudiendo la economía de Europa entera y, por supuesto, la de España. Sin embargo, la Unión
Europea está unida, así como los partidos de la oposición de cada país. Aquí, en España, tenemos la excepción del Partido Popular y de Vox.
Señorías del Partido Popular y Vox, Europa y España tienen un plan, y no es otro que salir adelante juntos, unidos, para sacarnos de la difícil situación en la que nos encontramos; y luego están ustedes, que desde que se inició esta
legislatura no han aportado ni un solo plan para mejorar la vida de la gente, evidentemente, porque no lo tienen, o quizá sí lo tienen. Supongo que a ustedes las españolas y los españoles les dan igual con tal de derrocar a este Gobierno de
coalición, que está trabajando desde el minuto uno por mejorar la vida de la gente, como he explicado en mi anterior intervención; un Gobierno que está trabajando en las peores condiciones que se han conocido en nuestra historia -pandemia, volcán,
guerra, sequía- y que, además, tiene enfrente a dos partidos políticos, Partido Popular y Vox, que votan en contra de todas las iniciativas de mejora y recuperación para la ciudadanía. ¿Y ustedes dicen
estar al lado de la ciudadanía? Señorías de la derecha, ustedes históricamente han estado al lado de ustedes, no del progreso social, votando no al divorcio, matrimonio entre personas del mismo sexo, Ley de cambio registral de personas
trans, igualdad, Ley antitabaco, eutanasia, reforma laboral, ingreso mínimo vital, cadena alimentaria... Si quieren, sigo enumerando lo que se preocupan ustedes por la ciudadanía. A nuestros conciudadanos siempre les quedará el PSOE para mejorar
sus vidas.
Señor Gabilondo, siempre tendrá al Grupo Parlamentario Socialista para mejorar la vida de la gente.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
De nuevo tiene la palabra el defensor del pueblo, para contestarles a su réplica.
El señor DEFENSOR DEL PUEBLO (Gabilondo Pujol): Muchas gracias de nuevo. Nuevas gracias.
Es verdad que se nos habla del estudio con perspectiva de género, pero yo también creo que sería bueno -a veces lo he pedido- con perspectiva de edad también, porque es cierto que desde que se modificó la Ley de Protección de Datos se quitó
una especie de plantilla donde se añadían una serie de datos, y quizá hay que pensarlo respetando eso. A mí me parece importante porque también me preocupa lo de la edad. A veces yo pregunto si las personas jóvenes se acercan a nosotros. Estamos
recibiendo quejas de personas jóvenes, pero me dicen que no tenemos posibilidad en este momento de hacerlo.
Del mismo modo que ahora no le estoy pidiendo disculpas, sino que le estoy dando explicaciones, antes he hecho lo mismo: no le estaba pidiendo disculpas, le estaba dando explicaciones. Creo que explicarse no es nada indigno, al menos me
parece a mí, y por eso estaba explicando lo sucedido, y ahora mismo hago otro tanto. Me parece muy pertinente lo que señala usted, ya se lo digo, pero nuevamente no expido certificados de pertinencia. Usted ha dicho lo que cree y vamos a estudiar
eso porque me parece importante que se pueda hacer.
Es verdad que el número de quejas también ha aumentado y que tardamos un poco más en contestar, pero se trata de un contexto también difícil. La pandemia ha sido difícil para todos, incluso para trabajar en instituciones, y no sé si otras
también se habrán resentido. Es verdad que cinco días son muchos para quien espera una respuesta, pero esperamos mejorar y activarlo para que no ocurra, pero téngase en cuenta también que, si aumenta el número de quejas, puede afectar al número de
respuestas.
También ocurre otra cosa que es importante, y es que dependemos un poco de cuándo nos contestan a nosotros -es verdad también que eso es importante-, y es cierto que algunas no se cierran, sino que se mantienen abiertas. En la dinámica del
trabajo de la institución, entre un informe y otro, hay muchas que siguen vivas y, por tanto, cabalgan de un año a otro, es decir, hay una continuidad institucional. Habrán notado que todo lo que he dicho aquí ha sido para expresar agradecimiento
al anterior defensor, pero ni por una vez -ni se me ocurre- me he escudado en decir que yo no he sido. No tengo esa desfachatez institucional, sino un gran respeto institucional. El Defensor del Pueblo continúa institucionalmente, con
independencia de quién sea la persona que se ocupa de este asunto, y hacen bien en reconocer que este es el informe que nosotros presentamos, la institución; por tanto, ahí radica esa continuidad. Otro tanto digo con el trabajo realizado, con las
peticiones o quejas. Lo importante es el enorme esfuerzo que se hace para comunicar las resoluciones. También hemos mejorado en eso, y se les ha olvidado citar: se han acelerado los procesos, pasando de 37 a 35 días. Dos son pocos días, ya lo
sé. Antes también he dicho que cinco no son muchos, pues dos sé que son pocos. Sí, tendremos cuidado y trabajaremos para hacerlo mucho mejor.
De nuevo, tampoco quiero que se expidan certificados de empatía con la Policía. Yo siento toda la empatía que siente un defensor del pueblo, un ciudadano español, con la Policía, y, por tanto, no tengo nada que objetarme a mí mismo ni la
institución a sí misma sobre eso, en absoluto; es más, desde aquí expreso todo mi reconocimiento a su labor, pero ¿esto quiere decir que no podamos, en un momento determinado, señalar actuaciones inadecuadas, pedir que cumplan la ley, requerirles
que sigan los protocolos señalados, pedir la modificación de la Ley de seguridad ciudadana, que está pidiéndose también en Europa, en algunos puntos, para la identificación de los que actúan, para que a la hora de hacer cacheos se hagan en las
condiciones adecuadas? Todo esto va a favor de la Policía -no en contra-, de una policía como la que tenemos, la que queremos: democrática y bien dotada desde el punto de vista de todos los materiales que requiere para su labor. Si en algún
sentido se observa, se necesita o se señala que hace falta más -aquí se ha señalado que es así-, lo pediremos, pero no quisiera que el resultado de la comparecencia de ahora fuera que al Defensor del Pueblo la policía le da lo mismo. ¿De dónde sale
esto?
Además, si hay actuaciones que ellos consideran correctas, es muy fácil: basta con que nos lo diga el director general de la Policía o la directora de la Guardia Civil, porque nosotros nos hemos dirigido a ellos. Lo que pedimos es que nos
informen y ya está, porque nosotros también tenemos que informar luego en otras instituciones de, por ejemplo, los mecanismos de prevención de la tortura. Yo tengo que dar cuenta ante las instituciones europeas de lo que se ha hecho y cómo se hace.
Por tanto, quiero ser exigente porque conmigo lo van a ser, es decir, con todos los españoles.
Yo no he llegado a decir la palabra error respecto al estado de alarma. Usted ha dicho que he reconocido que es un error. Yo no he dicho esa palabra. Me cuido mucho de pronunciar esa palabra. Ni siquiera les he dicho a ustedes que es un
error lo que me ha preguntado nadie. Simplemente, lo que he dicho es que se entendió de buena fe y con toda competencia que era mejor un asunto que otro, y hay todavía ciudadanos que piensan eso. Lo que se hizo ya lo sé, y, si hay una sentencia,
perfecto: lo que se hace es acatarla. Pero no se hizo la resolución por ponerse del lado del Gobierno. Este análisis no es justo con los argumentos que se esgrimieron, que son consistentes; pueden ser inadecuados, pueden parecer improcedentes,
pueden parecer a un alto tribunal más consistentes o menos -por cierto, este también tuvo sus debates, luego no fueron tan inconsistentes, al menos algunos argumentos-, pero no se hacen para defender o no defender a un Gobierno. No creo que esto
defienda más o menos a un Gobierno. El Gobierno hace las actuaciones según considera y luego asume las consecuencias de sus decisiones. Este es el caso.
En cuanto al bono eléctrico, vamos a ver qué ocurre en el primer trimestre de 2022. Yo no tengo información en este momento, pero se la podremos procurar.
Nosotros sí estamos preocupados por todo lo que tiene que ver con las facturas de la luz, y, de hecho, hay un ruido social muy grande con esto. Nosotros estamos considerando si no tendremos que hacer una actuación sobre esto en concreto.
Tampoco nos gusta, en medio de ciertas convulsiones, que parezca como que estás interviniendo en el proceso político, como si quisieras compartir, interferir en los procesos y debates que son muy importantes políticamente.
Seguro que con el tema de Ucrania va a haber mucha más actividad. Esperamos recibir muchísimas quejas sobre esto, además de peticiones. Y habrá que prepararse seriamente, recibir buena información y ver cómo ha de hacerse. Nosotros somos
partidarios de que la acogida sea muy organizada, que se haga institucionalmente, que se haga con procedimiento. Si no, todo es muy complicado, como nos señalaban en una población a la que llegaron 50 niños en un autobús con otras personas y donde
tenían una escuela para 30. La buena voluntad es imprescindible. Sin ella, estamos perdidos. Pero solo con ella también estamos perdidos. A ver si entendemos que lo que hacen falta son instituciones, mediaciones y procedimientos.
Sobre la autoridad cliente financiero, creemos que puede ayudar. De hecho, estamos también haciendo un estudio en relación con lo que tiene que ver con todo el sistema financiero. Hemos encargado un estudio, que esperamos tener en el plazo
máximo de dos meses, para ver qué es lo que puede hacerse exactamente. Yo tengo una absoluta preocupación -y perdonen que hable en primera persona, porque esta preocupación la comparte la comisión, y estoy seguro de que también la Defensoría- sobre
lo que ocurre en relación con la transición a las nuevas tecnologías. Estamos muy a favor de la transición a las nuevas tecnologías, pero estamos a favor de que se haga una transición, no un salto a las nuevas tecnologías sin hacer esa transición
defendiendo los derechos, atendiendo a la realidad, comprendiendo a quienes no tienen medios para eso, o son muy vulnerables, o pertenecen a ámbitos rurales, o son personas de edad, o son personas que no desean ese salto. Hagamos ese salto bien,
pero sin que sea un salto, sino con una transición. Hemos hecho actuaciones en todas las direcciones dirigidas a las administraciones públicas para que favorezcan todo esto a través de una mayor presencialidad, a través de unos mecanismos que
garanticen sus servicios a la Seguridad Social y a todos. Porque hay una conciencia social muy grande de que aquí hay un problema serio. Y ese problema serio hay que abordarlo.
Con respecto a lo de los bancos, lo que les puedo decir es que nosotros entendimos que, dado que no nos podíamos dirigir a entidades bancarias particularmente, nos dirigimos al Banco de España, con una actuación de oficio al Banco de España,
pidiéndole que, como supervisor, como encargado un poco de regular las entidades financieras, actuara. Y, bueno, el señor -porque es un señor- gobernador nos ha contestado con una carta sobre esto diciendo que, tal y como le pedimos, nos remite
información y que comparte la relevancia del problema apuntado, la necesidad de abordar medidas dirigidas a asegurar la inclusión financiera de los colectivos afectados y que, como resultado de la reciente actualización del protocolo estratégico
para reforzar el compromiso social y sostenible de la banca, el 21 de febrero el
Banco de España completará la labor de seguimiento del cumplimiento de las medidas incluidas en dicho protocolo; que va a elaborar un informe anual de seguimiento de la situación; de las medidas adoptadas para garantizar el acceso de la
población española a los servicios bancarios; y que me remitirá ese informe. Lo que quiero decirles es que el gobernador del Banco de España no ha entendido insensato que nos hayamos dirigido a él, sino que nos da una respuesta en una dirección.
Se ha señalado la cuestión de los derechos de las víctimas de ETA. Yo ya he mostrado también nuestro compromiso. Tampoco sería justo ignorar los procesos, los pasos que se han dado ni decir que no ha ocurrido nada en España en relación con
ETA y las víctimas de ETA. Sí que ha ocurrido. Pero lo que queremos es, como se ha señalado, que se aclaren estos crímenes cometidos y que no se haga exaltación de los que los han cometido. ¿Les parece bien?
Con respecto al Campo de Gibraltar, pues encantado. Ojalá que pueda ir y ojalá que pueda conocer realmente qué es lo que allí ocurre.
Muchísimas gracias, de verdad. Lamento extenderme, pero la culpa la tienen sus preguntas, que me provocan responder. (Risas).
Muchas gracias, presidente. Muchas gracias a la Mesa. Muchas gracias a todos. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Pues muchas gracias al defensor del pueblo y a todo su equipo.
El señor DEFENSOR DEL PUEBLO (Gabilondo Pujol): Perdón.
El señor PRESIDENTE: Sí.
El señor DEFENSOR DEL PUEBLO (Gabilondo Pujol): Quería decir solo media frase que he olvidado.
El señor PRESIDENTE: Adelante, adelante.
El señor DEFENSOR DEL PUEBLO (Gabilondo Pujol): Tenía aquí un apunte, señor portavoz del Grupo Socialista, a quien agradezco su intervención, por supuesto, y quiero insistir en que el ingreso mínimo vital me parece extraordinario. Lo digo
por si ha parecido que dudaba de esto. Pero usted ha señalado, con razón, que es extraordinario. Lo que hace falta es la gestión, y es ahí donde está el problema, por lo que trabajaremos en mejorar la gestión en todos los ámbitos y solicitaremos
que se haga. Me parecía injusto, dado que usted ha hecho una intervención de carácter más general, no dar cuenta también de que valoro su intervención.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias al defensor, a las adjuntas y a todo su equipo por haber presentado este informe del año 2021.
Y, por supuesto, quiero agradecer el talante y el tono de todos y cada uno de los portavoces.
Muchas gracias a todas sus señorías por esta mañana de trabajo.
Se levanta la sesión.
Eran las trece horas y cuarenta minutos.