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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 74, de 28/01/2021
cve: DSCD-14-PL-74
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CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE
Año 2021 XIV LEGISLATURA Núm. 74
PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª MERITXELL BATET LAMAÑA
Sesión plenaria núm. 70 (extraordinaria)
celebrada el jueves,
28 de enero de 2021
ORDEN DEL DÍA:
Convalidación o derogación de reales decretos-leyes:
- Real Decreto-ley 38/2020, de 29 de diciembre, por el que se adoptan medidas de adaptación a la situación de Estado tercero del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte tras la finalización del periodo transitorio previsto en el
Acuerdo sobre la retirada del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte de la Unión Europea y de la Comunidad Europea de la Energía Atómica, de 31 de enero de 2020. ('BOE' núm. 340, de 30 de diciembre de 2020). (Número de expediente
130/000038) ... (Página5)
- Real Decreto-ley 36/2020, de 22 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. ('BOE' núm. 341, de 31
de diciembre de 2020). (Corrección de errores en BOE núm. 22, de 26 de enero de 2021). (Número de expediente 130/000040) ... (Página18)
- Real Decreto-ley 35/2020, de 22 de diciembre, de medidas urgentes de apoyo al sector turístico, la hostelería y el comercio y en materia tributaria. ('BOE' núm. 334, de 23 de diciembre de 2020). (Número de expediente 130/000036) ...
- Real Decreto-ley 37/2020, de 22 de diciembre, de medidas urgentes para hacer frente a las situaciones de vulnerabilidad social y económica en el ámbito de la vivienda y en materia de transportes. ('BOE' núm. 334, de 23 de diciembre de
2020). (Número de expediente 130/000037) ... (Página54)
- Real Decreto-ley 39/2020, de 29 de diciembre, de medidas financieras de apoyo social y económico y de cumplimiento de la ejecución de sentencias. ('BOE' núm. 340, de 30 de diciembre de 2020). (Número de expediente 130/000039) ...
Debates de totalidad de iniciativas legislativas:
- Proposición de ley orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, para el establecimiento del régimen jurídico aplicable al Consejo General del Poder Judicial en funciones. 'BOCG. Congreso de
los Diputados', serie B, número 137-1, de 9 de diciembre de 2020. (Número de expediente 122/000109) ... (Página85)
Convalidación o derogación de reales decretos-leyes. (Votación) ... (Página100)
Debates de totalidad de iniciativas legislativas. (Votación) ... (Página102)
SUMARIO
Se abre la sesión a las nueve de la mañana.
Convalidación o derogación de reales decretos-leyes ... (Página5)
Real Decreto-ley 38/2020, de 29 de diciembre, por el que se adoptan medidas de adaptación a la situación de Estado tercero del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte tras la finalización del periodo transitorio previsto en el
Acuerdo sobre la retirada del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte de la Unión Europea y de la Comunidad Europea de la Energía Atómica, de 31 de enero de 2020 ... (Página5)
La señora ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación (González Laya) expone a la Cámara las razones que han llevado al Gobierno a la promulgación del real decreto-ley de referencia.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Martínez Oblanca y Mazón Ramos, y la señora Oramas González-Moro, del Grupo Parlamentario Mixto; las señoras Sagastizabal Unzetabarrenetxea, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV);
Martín Llaguno, del Grupo Parlamentario Ciudadanos, e Illamola Dausà, del Grupo Parlamentario Plural; los señores Pisarello Prados, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, y Sánchez García, del Grupo
Parlamentario VOX; la señora Martínez Ferro, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, y el señor Pons Sampietro, del Grupo Parlamentario Socialista.
Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia ...
La señora vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática (Calvo Poyato) expone a la Cámara las razones que han llevado al Gobierno a la promulgación del real decreto-ley de
referencia.
En turno en contra de la convalidación interviene la señora Rodríguez Herrer, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Martínez Oblanca, Mazón Ramos y Sayas López, y las señoras Oramas González-Moro y Vehí Cantenys, del Grupo Parlamentario Mixto; el señor Matute García de Jalón, del Grupo
Parlamentario Euskal Herria Bildu; las señoras Sagastizabal Unzetabarrenetxea, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), y Muñoz Vidal, del Grupo Parlamentario Ciudadanos; los señores Rego Candamil y Errejón Galván, y la señora Borràs Castanyer,
del Grupo Parlamentario Plural; y los señores Rufián Romero, del Grupo Parlamentario
Republicano; Honrubia Hurtado, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común; Espinosa de los Monteros de Simón, el Grupo Parlamentario VOX, y Casares Hontañón, del Grupo Parlamentario Socialista.
Real Decreto-ley 35/2020, de 22 de diciembre, de medidas urgentes de apoyo al sector turístico, la hostelería y el comercio y en materia tributaria ... (Página38)
La señora ministra de Industria, Comercio y Turismo (Maroto Illera) expone a la Cámara las razones que han llevado al Gobierno a la promulgación del real decreto-ley de referencia.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Martínez Oblanca, Mazón Ramos y García Adanero, y la señora Oramas González-Moro, del Grupo Parlamentario Mixto; las señoras Sagastizabal Unzetabarrenetxea, del Grupo Parlamentario
Vasco (EAJ-PNV), y Martínez Granados, del Grupo Parlamentario Ciudadanos; los señores Rego Candamil, Baldoví Roda y Bel Accensi, del Grupo Parlamentario Plural; y Capdevila i Esteve, del Grupo Parlamentario Republicano; las señoras Jover Díaz,
del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, y Rueda Perelló, del Grupo Parlamentario VOX; el señor Almodóbar Barceló, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, y la señora López Zamora, del Grupo
Parlamentario Socialista.
Real Decreto-ley 37/2020, de 22 de diciembre, de medidas urgentes para hacer frente a las situaciones de vulnerabilidad social y económica en el ámbito de la vivienda y en materia de transportes ... (Página54)
El señor ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Ábalos Meco) expone a la Cámara las razones que han llevado al Gobierno a la promulgación del real decreto-ley de referencia.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Martínez Oblanca y Mazón Ramos, y la señora Vehí Cantenys, del Grupo Parlamentario Mixto; los señores Matute García de Jalón, del Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu, y Legarda
Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); la señora Giménez Giménez, del Grupo Parlamentario Ciudadanos; los señores Rego Candamil y Bel Accensi, del Grupo Parlamentario Plural; el señor Eritja Ciuró, del Grupo Parlamentario Republicano;
la señora Garrido Gutiérrez y el señor Mayoral Perales, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común; la señora Olona Choclán, del Grupo Parlamentario VOX; y los señores Garcés Sanagustín, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, y Ramos Esteban, del Grupo Parlamentario Socialista.
Real Decreto-ley 39/2020, de 29 de diciembre, de medidas financieras de apoyo social y económico y de cumplimiento de la ejecución de sentencias ... (Página71)
La señora ministra de Hacienda (Montero Cuadrado) expone a la Cámara las razones que han llevado al Gobierno a la promulgación del real decreto-ley de referencia.
En turno de fijación de posiciones intervienen las señoras Oramas González-Moro, del Grupo Parlamentario Mixto; Sagastizabal Unzetabarrenetxea, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), y Martínez Granados, del Grupo Parlamentario
Ciudadanos; los señores Baldoví Roda y Bel Accensi, del Grupo Parlamentario Plural; Salvador i Duch, del Grupo Parlamentario Republicano, y Guijarro García, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común; y
las señoras Cañizares Pacheco, del Grupo Parlamentario VOX; Prohens Rigo, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, y Mínguez García, del Grupo Parlamentario Socialista.
Debates de totalidad de iniciativas legislativas ... (Página85)
Proposición de ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, para el establecimiento del régimen jurídico aplicable al Consejo General del Poder Judicial en funciones ...
En defensa de las enmiendas a la totalidad de texto alternativo intervienen los señores Bal Francés, del Grupo Parlamentario Ciudadanos; Alonso-Cuevillas i Sayrol, del Grupo Parlamentario Plural, y Baldoví Roda y Rego Candamil, en turno de
fijación de posición, del mismo grupo; Ortega Smith-Molina, del Grupo Parlamentario VOX, y Rojas García, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Mazón Ramos y García Adanero y la señora Vehí Cantenys, del Grupo Parlamentario Mixto; y los señores Legarda Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Asens Llodrà, del
Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, y Aranda Vargas, del Grupo Parlamentario Socialista.
Convalidación o derogación de reales decretos-leyes. (Votación) ... (Página100)
Sometida a votación la convalidación del Real Decreto-ley 38/2020, de 29 de diciembre, por el que se adoptan medidas de adaptación a la situación de Estado tercero del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte tras la finalización del
periodo transitorio previsto en el Acuerdo sobre la retirada del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte de la Unión Europea y de la Comunidad Europea de la Energía Atómica, de 31 de enero de 2020, se aprueba por 105 votos a favor más 221
votos telemáticos, 326; y 21 abstenciones con voto telemático.
Sometida a votación su tramitación como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia, se aprueba por 64 votos a favor más 185 votos telemáticos, 249; 40 en contra más 54 votos telemáticos, 94; y 1 abstención más 4 votos telemáticos, 5.
Sometida a votación la convalidación del Real Decreto-ley 36/2020, de 22 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y
Resiliencia, se aprueba por 64 votos a favor más 106 votos telemáticos,170; 40 en contra más 86 votos telemáticos, 126; y 1 abstención más 51 votos telemáticos, 52.
Sometida a votación su tramitación como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia, se aprueba por 105 votos a favor más 241 votos telemáticos, 346; 1 voto telemático en contra y 1 abstención con voto telemático.
Sometida a votación la convalidación del Real Decreto-ley 35/2020, de 22 de diciembre, de medidas urgentes de apoyo al sector turístico, la hostelería y el comercio y en materia tributaria, se aprueba por 105 votos a favor más 183 votos
telemáticos, 288; 5 votos telemáticos en contra y 54 abstenciones con voto telemático.
Sometida a votación su tramitación como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia, se aprueba por 105 votos a favor más 240 votos telemáticos, 345; 1 voto telemático en contra y 2 abstenciones con voto telemático.
Sometida a votación la convalidación del Real Decreto-ley 37/2020, de 22 de diciembre, de medidas urgentes para hacer frente a las situaciones de vulnerabilidad social y económica en el ámbito de la vivienda y en materia de transportes, se
aprueba por 65 votos a favor más 133 votos telemáticos, 198; 40 en contra más 106 votos telemáticos, 146; y 4 abstenciones con voto telemático.
Sometida a votación su tramitación como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia, se aprueba por 105 votos a favor más 239 votos telemáticos, 344; 2 votos telemáticos en contra y 2 abstenciones con voto telemático.
Sometida a votación la convalidación del Real Decreto-ley 39/2020, de 29 de diciembre, de medidas financieras de apoyo social y económico y de cumplimiento de la ejecución de sentencias, se aprueba por 105 votos a favor más 209 votos
telemáticos, 314; 17 votos telemáticos en contra y 16 abstenciones con voto telemático.
Sometida a votación su tramitación como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia, se aprueba por 105 votos a favor más 235 votos telemáticos, 340; 5 votos telemáticos en contra y 2 abstenciones con voto telemático.
Debates de totalidad de iniciativas legislativas. (Votación) ... (Página102)
Se someten a votación separada las enmiendas a la totalidad de texto alternativo presentadas a la proposición de ley orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, para el establecimiento del
régimen jurídico aplicable al Consejo General del Poder Judicial en funciones.
Sometida a votación la enmienda a la totalidad de texto alternativo presentada por el Grupo Parlamentario VOX, se rechaza por 1 voto a favor más 67 votos telemáticos, 68; 104 en contra más 174 votos telemáticos, 278; y 1 abstención con
voto telemático.
Sometida a votación la enmienda a la totalidad de texto alternativo presentada por el Grupo Parlamentario Plural, señor Alonso-Cuevillas i Sayrol, se rechaza por 1 voto a favor más 8 votos telemáticos, 9; 103 en contra más 220 votos
telemáticos, 323, y 15 abstenciones con voto telemático.
Sometida a votación la enmienda a la totalidad de texto alternativo presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, se rechaza por 40 votos a favor más 63 votos telemáticos, 103; 65 en contra más 179 votos telemáticos, 244, y 1 abstención
con voto telemático.
Sometida a votación la enmienda a la totalidad de texto alternativo presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, se rechaza por 40 votos a favor más 65 votos telemáticos, 105; 65 en contra más 177 votos telemáticos, 242, y
1 abstención con voto telemático.
Se levanta la sesión a las seis y treinta minutos de la tarde.
Se abre la sesión a las nueve de la mañana.
CONVALIDACIÓN O DEROGACIÓN DE REALES DECRETOS-LEYES:
- REAL DECRETO-LEY 38/2020, DE 29 DE DICIEMBRE, POR EL QUE SE ADOPTAN MEDIDAS DE ADAPTACIÓN A LA SITUACIÓN DE ESTADO TERCERO DEL REINO UNIDO DE GRAN BRETAÑA E IRLANDA DEL NORTE TRAS LA FINALIZACIÓN DEL PERIODO TRANSITORIO PREVISTO EN EL
ACUERDO SOBRE LA RETIRADA DEL REINO UNIDO DE GRAN BRETAÑA E IRLANDA DEL NORTE DE LA UNIÓN EUROPEA Y DE LA COMUNIDAD EUROPEA DE LA ENERGÍA ATÓMICA, DE 31 DE ENERO DE 2020. (Número de expediente 130/000038).
La señora PRESIDENTA: Muy buenos días, señorías. Se abre la sesión.
Comenzamos con el primer punto del orden del día, correspondiente a la convalidación o derogación de reales decretos-leyes. En primer lugar, corresponde el debate sobre la convalidación o derogación del Real Decreto-ley 38/2020, de 29 de
diciembre, por el que se adoptan medidas de adaptación a la situación de Estado tercero del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, tras la finalización del periodo transitorio previsto en el Acuerdo sobre la retirada del Reino Unido de
Gran Bretaña e Irlanda del Norte de la Unión Europea y de la Comunidad Europea de la Energía Atómica, de 31 de enero de 2020.
Para presentar el real decreto-ley, tiene la palabra, en nombre del Gobierno, la señora ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación.
La señora MINISTRA DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN (González Laya): Muchas gracias, presidenta.
Señorías, comparezco hoy ante esta Cámara para solicitar la convalidación del Real Decreto-ley 38/2020, por el que se adoptan medidas de adaptación a la situación de Estado tercero del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, tras la
finalización del periodo transitorio previsto en el Acuerdo de retirada del Reino Unido. El Reino Unido dejó de ser un Estado miembro de la Unión Europea y pasó a tener consideración de tercer país el 31 de enero de 2020. Ello se produjo tras la
ratificación del Acuerdo sobre la retirada del Reino Unido de la Unión Europea y de la Comunidad Europea de la Energía Atómica. Dicho acuerdo tenía como principal objetivo garantizar una retirada ordenada del Reino Unido y proporcionar seguridad
jurídica a ciudadanos, operadores económicos y administraciones de la Unión Europea y del Reino Unido. El acuerdo preveía un período transitorio desde su entrada en vigor y hasta el 31 de diciembre de 2020. La razón de ese periodo era ofrecer un
plazo de adaptación a la nueva situación. También pretendía proporcionar un marco de estabilidad para la negociación de un acuerdo sobre la relación futura entre el Reino Unido y la Unión Europea. Las negociaciones de dicho acuerdo, como ustedes
bien saben, concluyeron el 24 de diciembre, alcanzándose un compromiso sobre un acuerdo de comercio y cooperación, en primer lugar; un segundo acuerdo sobre seguridad de la información, y un tercer acuerdo sobre cooperación nuclear civil. Los tres
acuerdos son objeto de aplicación provisional desde el 1 de enero de este año, y están en estos momentos pendientes de ratificación por parte del Parlamento Europeo.
Del significado de estos acuerdos y de su relevancia para los intereses nacionales de nuestro país el Gobierno ha querido tener debidamente informadas a las Cámaras, por lo que comparecí el pasado 20 de enero ante la Comisión Mixta para la
Unión Europea. El Gobierno ha impulsado durante este año la actividad necesaria para asegurar la adecuada preparación ante el fin del periodo de transición y la retirada definitiva del Reino Unido. Se utilizó para ello un sistema de coordinación
interministerial y con las administraciones territoriales, a través de la Comisión Interministerial para el Seguimiento de la Retirada del Reino Unido de la Unión Europea, y también a través de la Conferencia de Asuntos Relacionados con la Unión
Europea. Como resultado de esta actividad se adoptó un conjunto amplio de medidas en tres ámbitos principales: normativo, logístico y de comunicación. Las medidas de carácter normativo son las que ahora nos ocupan y quedaron recogidas en este
Real Decreto-ley 38/2020, de 29 de diciembre. Se trata de medidas de adaptación, dentro del ámbito de competencias del Estado, imprescindibles para facilitar una transición a la nueva situación. Su objetivo es contrarrestar, en la medida de lo
posible, los efectos indeseados del fin del periodo transitorio. Busca también tutelar los intereses de ciudadanos y operadores económicos que ejercieron sus derechos al amparo de las libertades conferidas por los tratados. En su mayor parte se
trata de medidas temporales y basadas en el principio de reciprocidad. Me gustaría subrayar que varias de estas medidas servirán también para dar una respuesta provisional a los problemas prácticos que la retirada del Reino Unido planteará en lo
relativo a Gibraltar. Relaciones profesionales y laborales, asistencia sanitaria y acceso a la universidad, actividades económicas y servicios aeroportuarios son sus principales capítulos sustantivos. Son aspectos que han requerido de una
regulación específica en el contexto que les he descrito anteriormente y a los que me voy a referir a continuación.
En primer lugar, el presente decreto recoge una sección específica para profesiones y para función pública, que regula las normas aplicables al acceso y mantenimiento de la condición de empleados públicos de los nacionales del Reino Unido al
servicio de las administraciones públicas españolas. Se abordan diversas situaciones relacionadas con el ejercicio y el acceso de profesiones para las que se haya obtenido o quiera obtenerse el reconocimiento de cualificaciones profesionales,
sujetando el régimen recogido al principio de reciprocidad en la mayoría de los supuestos. Se prevé que los nacionales del Reino Unido que ejercen de forma permanente una profesión, para cuyo acceso y ejercicio se exija ser nacional de un Estado
miembro, puedan continuar ejerciéndola sin trámites adicionales. En esta sección se aborda también la situación de los nacionales del Reino Unido que hubieran accedido a la condición de empleados públicos en España, previéndose que mantengan su
condición de funcionarios.
La sección sobre relaciones laborales da la debida regulación al régimen transitorio aplicable en relación con los trabajadores desplazados temporalmente, en el marco de una prestación de servicios, y a los comités de empresa europeos en
empresas o grupos de empresas de dimensión comunitaria. En materia de desplazamiento de trabajadores, se prevé que los trabajadores desplazados a España por una empresa establecida en el Reino Unido antes del 31 de diciembre podrán, a partir del 1
de enero de 2021,
permanecer en España y continuar prestando sus servicios sin la obtención de una previa autorización para residir y trabajar, siempre y cuando el Reino Unido conceda un tratamiento similar a los trabajadores desplazados en el Reino Unido por
una empresa establecida en España. Se regula, por otra parte, el ejercicio de actividades de investigación e innovación, permitiendo a los nacionales del Reino Unido que a 31 de diciembre de 2020 estén ejerciendo en España estas actividades poder
continuar ejerciéndolas en los mismos términos en que lo tengan reconocido, siempre y cuando se reconozca un tratamiento recíproco a los nacionales españoles por parte de las autoridades británicas competentes.
La regulación sobre Seguridad Social contiene las reglas para la determinación de la legislación aplicable. Esto permitirá a España seguir aplicando estas mismas reglas a aquellas personas sujetas a la legislación de la Seguridad Social
británica, siempre que Reino Unido actúe con reciprocidad con respecto a aquellas personas que están sujetas a la legislación de la Seguridad Social española.
En cuanto a las prestaciones por desempleo se prevén medidas que tienen como objeto que los nacionales del Reino Unido puedan acceder a las prestaciones por desempleo por los periodos cotizados hasta el 31 de diciembre del 2020 en cualquier
Estado miembro de la Unión Europea, siempre que las últimas cotizaciones se hayan realizado en España y se mantenga el derecho a residir legalmente en España. Se prevé igualmente que los nacionales de la Unión Europea puedan acceder a las
prestaciones por desempleo por los periodos cotizados en el Reino Unido antes de la finalización del período transitorio, siempre que las últimas cotizaciones se hayan realizado en España. Se han incluido, por otra parte, medidas específicas
dirigidas a preservar los derechos en materia de prestaciones por desempleo de los ciudadanos de la Unión Europea con residencia en España que se trasladen diariamente a trabajar a Gibraltar, es decir, para los trabajadores transfronterizos.
En segundo lugar, cuestiones relativas a la prestación de asistencia sanitaria y al acceso a la universidad. En materia de asistencia sanitaria se prevé un régimen basado en dos principios básicos: la continuidad y la reciprocidad. Se
establece que España continuará prestando asistencia sanitaria hasta el 30 de junio del 2021 en los mismos términos y con las mismas condiciones establecidas con anterioridad al 1 de enero del 2021, siempre y cuando el Reino Unido garantice estas
mismas condiciones a aquellas personas que tengan derecho a recibir asistencia sanitaria con cargo a España, y siempre y cuando reembolsé a España los gastos derivados de su asistencia sanitaria prestada por el Sistema Nacional de Salud español.
En lo relativo al acceso a la universidad se prevé que los alumnos y alumnas procedentes de los sistemas educativos del Reino Unido puedan seguir acogiéndose a los procedimientos de acceso a la universidad española para los cursos 2021-2022,
en los mismos términos previstos para los alumnos procedentes de sistemas educativos de Estados miembros de la Unión Europea. La regulación que se ha dado a las actividades económicas en este decreto recoge tres secciones: servicios financieros,
procedimientos de contratación pública y autorizaciones y licencias. Por una parte, se establece un marco para garantizar la continuidad de los contratos de servicios financieros prestados en España por entidades financieras establecidas en el
Reino Unido, y suscritos con anterioridad al 1 de enero del 2021. Eso es para reforzar la seguridad jurídica y la protección de clientes y consumidores, y también para evitar cualquier riesgo de la estabilidad financiera. Se regula también la
situación en que quedan los operadores económicos del Reino Unido en lo que se refiere a procedimientos de contratación pública. Es nuevamente una cuestión de seguridad jurídica y para no perjudicar a operadores económicos que participaron en
procedimientos de contratación pública iniciados de manera previa a la finalización del período transitorio.
En tercer lugar, en esta sección económica se regula el régimen aplicable a distintas autorizaciones y licencias. Se prevén medidas relativas a permisos de conducción, autorizaciones de importación y exportación para material de defensa y
productos y tecnologías de doble uso, autorizaciones de transferencia de armas y de traslado de residuos.
Por último, se establecen en este decreto disposiciones necesarias en el ámbito de los servicios aeroportuarios. En concreto, se ha previsto la continuidad del régimen tarifario aplicable actualmente a los pasajeros con destino al Reino
Unido, hasta que los usuarios de los aeropuertos y el gestor de las infraestructuras decidan lo contrario. De no haberse introducido estas disposiciones, el fin del período transitorio hubiera significado un cambio automático en las tarifas
aplicables, sin que dicho cambio hubiera sido objeto de consulta y acuerdo entre las partes interesadas. Con la medida adoptada se pretende graduar el efecto de este cambio y minimizar su impacto negativo sobre la llegada de pasajeros británicos a
España, sobre las compañías aéreas y sobre los usuarios de los transportes.
Este es, en síntesis, señorías, el contenido del decreto que el Gobierno ha considerado necesario aprobar para hacer frente a una situación excepcional, como ha sido la salida definitiva del Reino Unido de la Unión Europea. Señorías, la
pérdida de un Estado miembro por parte de la Unión Europea no es la situación ideal que hubiésemos deseado, pero es necesario hacer frente a ella con el mayor grado posible de seguridad jurídica para nuestros ciudadanos y nuestras empresas. Tanto
Europa como España deben ahora construir una relación nueva con el Reino Unido, vamos a navegar en este contexto en el que el Reino Unido seguirá siendo un socio relevante y con el que tendremos relaciones estrechas. Y para garantizar un inicio
ordenado de esa fase respetuoso de nuestros intereses es para lo que el Gobierno ha adoptado todas las disposiciones necesarias al ritmo que han exigido las circunstancias, y para las cuales hoy solicito la convalidación de esta Cámara.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora ministra. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
En turno de fijación de posiciones interviene, por el Grupo Parlamentario Mixto, en primer lugar, el señor Martínez Oblanca.
El señor MARTÍNEZ OBLANCA: Muchas gracias, señora presidenta.
Buenos días, señora ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. Hace algo más de cuatro años -con el primer anuncio de las intenciones del Reino Unido de abandonar la Unión Europea- en las Cortes Generales se constituyó una
ponencia para analizar las causas y los efectos del brexit. Aquí en el Congreso compareció en varias ocasiones el señor Michel Barnier, negociador jefe de la Unión Europea, que nos tuvo muy al corriente de las vicisitudes con sus homólogos
británicos que, como es sabido, pusieron múltiples obstáculos, hasta el punto de que el acuerdo comercial suscrito in extremis el pasado 24 de diciembre no dejó margen temporal para que los eurodiputados pudieran ya no digo votar, sino opinar. En
España es muy probable que esta precipitación también nos aboque a dificultades en asuntos clave para nuestro inmediato futuro. Ahí quedan las dudas que se han planteado respecto a la colonia de Gibraltar o la incertidumbre que supone el tijeretazo
diferido de las cuotas pesqueras, que en el caso de la flota del Cantábrico -y singularmente para Asturias- tiene visos preocupantes, o las incertidumbres añadidas respecto a la nueva PAC a las que se van a ver sometidos los agroganaderos, y ya
hemos visto como precedente el calvario de nuestros transportistas, claves en la cadena alimentaria, tras la entrada en vigor del acuerdo.
Señora González Laya, el Gobierno asegura que estará vigilante para que no se produzcan situaciones de competencia desleal en cuanto a la normativa que pueda decidir el Reino Unido para su agricultura, pesca y alimentación en el futuro. Con
el voto favorable a la convalidación de este real decreto-ley le solicito, en nombre de Foro, una singular atención a estos temas y también a todos los relativos a los derechos de los trabajadores españoles y a la defensa de los intereses de
nuestras empresas en el Reino Unido.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Martínez Oblanca. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el mismo grupo parlamentario, tiene la palabra el señor Mazón Ramos.
El señor MAZÓN RAMOS: Buenos días. Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, al final ha habido in extremis acuerdo entre el Reino Unido y la Unión Europea, pero también ha habido una ruptura en los flujos comerciales al establecerse unos procedimientos a los que no estábamos acostumbrados. Y estos
procedimientos implican más control documental y físico de mercancías del Reino Unido, y tenemos con él un intercambio comercial muy elevado, por lo que creo que debería mantenerse más allá del propio brexit. Pero una cosa es tener exigencia en
cuanto a los controles y otra muy diferente no evitar las trabas en sectores dependientes de las exportaciones y las importaciones, que además no disponen de alternativas para mantener el negocio. Por lo tanto, tienen que ponerse medidas, medios
materiales y humanos, para mantener el nivel de intercambio y que no se vea perjudicado por estos nuevos procedimientos. Los controles aduaneros y paraaduaneros han de responder a nuestros propios intereses sin perjuicio de la legalidad, pero la
mercancía no puede quedar paralizada en la frontera durante días en espera de inspecciones y despachos, como está ocurriendo con importaciones en muchos
de los puertos españoles. En particular, en el puerto de Santander los controles de productos fitosanitarios de consumo humano son manifiestamente mejorables, y yo creo que esto ocurrirá en la mayoría de los puertos españoles. Ha habido
semirremolques con mercancía refrigerada esperando hasta diez días, algo que es inadmisible; y si esto no se corrige, los transportistas van a buscar otras alternativas que van a llevar a un encarecimiento de nuestros productos.
Este real decreto establece medidas razonables en relación con el brexit en muchas áreas, como el empleo público, las profesiones, los títulos, las relaciones laborales, Seguridad Social, pero se está comprobando la necesidad de corregir
muchas cosas. Algunas ya se están corrigiendo a petición de las administraciones que concurren en los controles, pero lo que realmente está representando un problema es el servicio de inspección en frontera de sanidad exterior, y si esto no se
corrige y en determinados procedimientos no se toman medidas en cuestiones de recursos, vamos a tener un brexit agravado por nuestra propia inacción.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Mazón. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Finalmente, por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra la señora Oramas González-Moro.
La señora ORAMAS GONZÁLEZ-MORO: Gracias, señora presidenta.
Señora ministra, señores diputados, el tema del brexit es fundamental para Canarias. De los 14 millones de turistas que recibe Canarias, 5 millones son británicos; tenemos seis aeropuertos internacionales, tenemos dos puertos de interés
general; el 80 % de las exportaciones de Canarias son al Reino Unido y el tráfico es directo. Nosotros, desde luego, vamos a apoyar el proyecto, pero creemos que es muy importante, señora ministra, que en los próximos días se corrijan varias cosas
y, sobre todo, que se empiece ya porque si no, en el mes de octubre se va a bloquear Canarias, que además es cuando empieza nuestra temporada alta turística, y se concretan en dos materias.
En el decreto se especifica la creación de 54 plazas para el tema portuario. Canarias tiene dos puertos: Tenerife y Gran Canaria; tenemos vacantes en plantilla que incluso con la oferta pública de empleo que se hizo, que no ha empezado,
no cubren ni las bajas que se han generado, y no se trata solo de policía portuaria y personal que depende de las autoridades portuarias, Canarias necesita incrementar las plantillas de sanidad exterior y control fitosanitario, que es fundamental,
pero no está previsto. Segundo, en materia de aduana, y tercero, en los dos puertos de Guardia Civil, porque si no, vamos a tener un bloqueo de las importaciones que vienen de Reino Unido, que son fundamentales en Canarias.
Segunda cuestión, aeropuertos. Tenemos seis aeropuertos con vuelos directos que vienen de Reino Unido, excepto La Gomera y El Hierro todos los demás, y tenemos un déficit de casi 500 efectivos entre policías nacionales y guardias civiles.
Se tiene que iniciar ya el poder cubrir las vacantes, más las necesidades nuevas que se tienen; usted piense una cosa: de los diez aeropuertos de mayor volumen de España, cinco son canarios; el de Gando, que es el número dos o tres de España,
tiene el mismo número de guardias civiles que el de Alicante, que es el número 35, y es que los policías nacionales controlarán los 5 millones de pasajeros, pero los guardias civiles tienen que controlar el tema de equipaje, pero en Lanzarote, en
Fuerteventura, en Tenerife norte, en Tenerife sur y en Gran Canaria.
Yo voy a apoyar el decreto. Tenemos pendiente discutir también el futuro de Air Europa y de Iberia, porque es fundamental para Canarias. Hay problemas de oligopolio, el 85 % de los vuelos y de la conexión con Canarias, el plan de
contingencia todavía no está definitivamente aprobado y es el 90 % de las conexiones con Canarias. En cualquier caso, yo sí le pido que las plazas que se van a necesitar en octubre con la situación que hemos tenido de cero turístico y de suministro
y de exportaciones de Canarias lo tengan en cuenta, y traigan un decreto para la creación de esas plazas en los próximos meses.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Oramas. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario Vasco EAJ-PNV tiene la palabra la señora Sagastizabal Unzetabarrenetxea.
La señora SAGASTIZABAL UNZETABARRENETXEA: Buenos días. Gracias, presidenta.
Tras un arduo periodo de negociaciones por fin llegó el acuerdo del brexit, un pacto negociado para la salida de Reino Unido del espacio comunitario, una salida, como bien ha dicho la ministra, cuya principal consecuencia es una nueva y
diferente relación entre Reino Unido y el espacio comunitario, un pacto en
el que aún quedaban aspectos secundarios, detalles por concretar, y que no son otros que los acuerdos particulares que Gran Bretaña debe formar con cada país de la Unión Europea, y aquí en el caso de España, y como respuesta a este contexto
en el que había un vacío regulatorio, el pasado 29 de diciembre se aprobó el Real Decreto-ley 38/2020 por el que se adoptan medidas de adaptación a la situación de Estado tercero del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, tras la
finalización del periodo transitorio previsto en el previo acuerdo del brexit de 31 de enero de 2020, y que hoy se trae aquí para su convalidación. Un decreto que, pese a que la mayoría de las medidas son adaptaciones legislativas posbrexit,
también recoge la prórroga del salario mínimo interprofesional que poco tiene que ver con la retirada del Reino Unido de Europa, una prórroga, además, adoptada sobre la base de la apertura de un periodo de transición para permitir que los agentes
sociales puedan llegar a un acuerdo para la subida en torno a este tema. Un decreto cuyo impacto regulatorio es amplio y que abarca relaciones laborales, sanitarias, de Seguridad Social, financieras, y cuyo objetivo es minimizar de forma temporal y
en ámbitos limitados alguno de los efectos negativos producidos por la retirada del Reino Unido de la Unión Europea, así como de proteger los intereses de la ciudadanía y operadores económicos que puedan verse afectados como consecuencia del paso
del Reino Unido a ser un Estado tercero a todos los efectos. Por tanto, se trata de dar seguridad desde la perspectiva económica, desde la perspectiva de las relaciones sociales y de las personas, hacer una regulación transitoria porque hay
cuestiones que tienen que ser reguladas también directamente por la Unión Europea o tratados internacionales, y tratar de que no haya un vacío legal y que no se produzca una situación de caos.
Nosotros no vamos a hablar de los aspectos concretos del decreto porque ya usted lo ha hecho, señora ministra, solamente, dentro de las posiciones generales, destacar el objeto de la norma, su carácter temporal porque las medidas están
sujetas a un plazo de vigencia y, salvo prórroga por parte del Gobierno, la fecha de finalización es fija, y por otro lado, destacar el mecanismo de reciprocidad en que se basa la aplicación de las medidas. Es decir, que si en un plazo de dos meses
las autoridades británicas no conceden un tratamiento recíproco al que aquí se recoge hacia las personas físicas o jurídicas, de nacionalidad española en Reino Unido o en Gibraltar, este se daría por terminado. Las normas que se establecen, por
tanto, en este decreto, son razonables, abarcan muchas materias y muchos ámbitos, como hemos dicho, y nosotros por eso vamos a apoyar la convalidación de este decreto, porque la regla general que se establece en esta norma no es otra que la de
mantener los derechos nacidos bajo la situación anterior al brexit, eso sí, condicionada, como he dicho, a que el Reino Unido los mantenga en virtud de ese principio de reciprocidad.
Nada más y muchísimas gracias. Eskerrik asko.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Sagastizabal. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos tiene la palabra la señora Martín Llaguno.
La señora MARTÍN LLAGUNO: Señora presidenta, señorías, señora ministra, el pasado 29 de diciembre, con la incertidumbre de qué podía pasar, ustedes aprobaron una serie de medidas para reducir el impacto negativo de una salida del Reino
Unido y de Gibraltar de la Unión Europea. Tengo que decirles que la verdad es que lo hicieron en un contexto muy difícil, surrealista realmente, porque es surrealista que por culpa de algunos políticos, que fueron muy irresponsables, y del
populismo tengamos que ver cómo ha salido el Reino Unido de la Unión Europea, pero así es la democracia. Esto debería hacernos pensar acerca de la responsabilidad de nuestras acciones y de los mensajes que lanzamos a la opinión pública.
En cualquier caso, decía que en diciembre, después del acuerdo grande, el acuerdo de Nochebuena del brexit, y ante la duda y los problemas que se estaban teniendo con el acuerdo pequeño, el acuerdo bilateral para el tema de Gibraltar,
ustedes hicieron una serie de propuestas, un decreto que traen ahora para su convalidación. Entiendo que lo hicieron por dos cosas. En primer lugar, para paliar algunos flecos de lo que quedaba sin concretar en el acuerdo grande y, en segundo
lugar, para dar una salida al lío de Gibraltar porque no se había llegado a ningún acuerdo concreto. Lo cierto es que al día siguiente usted salió diciendo que habían llegado a un acuerdo con el Reino Unido para el tema de Gibraltar -ya le dije en
su comparecencia que, a mi juicio, vendió la piel del oso antes de cazarlo, pues todavía tiene que concretarse al final- y creo que lo hizo de manera triunfalista. En cualquier caso, vamos a apoyar este decreto, ya que creemos que es un mal menor.
Es algo que se tuvo que hacer y hay que tomar una serie de medidas sin dilación porque no hacerlo puede perjudicar muchísimo los intereses de España y
especialmente los de la gente que vive en el Campo de Gibraltar. No obstante, quiero dejar muy claro que hay dos cosas que no compartimos. En primer lugar, las formas y, en segundo lugar, algunas cuestiones de fondo. Voy a referirme
primero a las formas.
En el tema del brexit en general todo es una cuestión de Estado y, como es una cuestión de Estado, nosotros siempre le hemos exigido -y vamos a seguir exigiéndole- que consensúe lo máximo posible con todas las fuerzas políticas y que traiga
a debate lo máximo posible las cuestiones a esta Cámara. ¿Por qué? No se trata solamente de que vengan a informar o a convalidar un decreto, sino también de que pacten y trabajen con el resto de fuerzas políticas las medidas. ¿Por qué? Porque,
aunque su presidente no se lo crea, ustedes se irán -algún día se irán- y vendrán otros -no sabemos quiénes- que tendrán que seguir negociando cuestiones de este tipo en nombre de todo el Estado español. Nosotros creemos que el caso del brexit no
es una cuestión de un partido político, sino de todos los españoles.
Con respecto al fondo, coincidimos en que el dilema era susto o muerte. El dilema era susto o muerte. Ustedes han hecho una serie de adaptaciones normativas para capear las consecuencias nefastas del brexit y en eso estamos de acuerdo.
Hay que dar soluciones, como usted ha dicho, laborales, de Seguridad Social, de cobertura sanitaria, en materia de convalidación de títulos o en materia de seguridad para los servicios financieros urgentemente -el que no entienda esto es que no ha
entendido nada-, pero todas estas soluciones se someten a un plazo y a una condición y es que el Reino Unido tiene que cumplir. Aquí es donde nosotros le ponemos un pero, porque en el decreto que presentan no hay ni una sola medida para hacer
cumplir estos acuerdos y sobre todo no hay ningún plan B por si estos acuerdos en algún aspecto no se cumplieran. Se lo digo porque yo ya he registrado una pregunta parlamentaria sobre los problemas que estamos teniendo con la cobertura de
residentes británicos en la Comunidad Valenciana por el tema de los seguros. ¿Qué vamos a hacer? Son flecos que tienen que solucionar. Esto es un parche a corto plazo. ¿Qué va a suceder cuando esto pase? ¿Están ustedes ya trabajando, como les
han dicho otros portavoces, con el resto de fuerzas políticas para solventar los problemas?
Hay una cuestión muy importante. Ustedes plantean aquí algunas normas con las que yo coincido al cien por cien, como, por ejemplo, en el tema de los títulos universitarios, pero ¿qué va a pasar con sus compañeras de gabinete? Porque hay
leyes que han promulgado, como la Lomloe, que contradicen esta medida. Tendrá que hablar con todo su gabinete y explicar a algunos ministros que el tema de la internacionalización le corresponde a usted y que, por favor, no se metan en cuestiones
que pueden perjudicarnos.
Termino. Con relación a Gibraltar, ustedes han presentado -ya se lo dije- un acuerdo holístico y no es así porque todavía faltan cuestiones muy importantes que tendremos que debatir. Hay algunas cuestiones que nos preocupan, y le voy a
mencionar una. Sigue habiendo mucha inseguridad jurídica con respecto a una cuestión que tiene que ver con algo que se debate después, y es cómo se va a gestar y a concretar el tema de los fondos de cohesión. Nosotros maliciamos que vaya a pasar
algo parecido a lo que puede pasar con el fondo de reestructuración... (Rumores).
La señora PRESIDENTA: Señorías, por favor, guarden silencio.
La señora MARTÍN LLAGUNO: ... y nosotros vamos a estar muy vigilantes. Queremos transparencia, queremos que se cuente con nosotros, queremos que se implique a todas las instituciones y queremos, sobre todo, que los trabajadores y el Campo
de Gibraltar tengan los mecanismos suficientes para poder tener prosperidad.
Vamos a votar que sí, pero vamos a estar muy vigilantes para que todas las cuestiones que le he expuesto salgan adelante.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Martín. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario Plural, tiene la palabra la señora Illamola Dausà.
La señora ILLAMOLA DAUSÀ: Bon dia a tothom. Moltes gràcies, senyora presidenta.
Voy a repasar unas fechas. El 23 de junio de 2016 se celebró en Reino Unido un referéndum cuyo resultado fue dejar de ser Estado miembro de la Unión Europea. Fue una decisión libre y democrática, tomada por la mayoría de la ciudadanía de
un Estado y, por tanto, legítima. Podemos estar o no de acuerdo con ella, pero es lo que sucedió. En Reino Unido se permiten referéndums y se permite votar y
cambiar el statu quo, que puede existir desde hace más o menos años, y no hay problema. Por tanto, espero que pronto se celebre el segundo referéndum sobre la autodeterminación y la independencia de Escocia. Le voy a dar otras fechas: el
29 de marzo de 2017 el Reino Unido comunicó oficialmente que quería dejar de ser Estado miembro; el 31 de enero de 2020 dejó de ser Estado miembro, y el 1 de febrero de 2020, entró en vigor el acuerdo de retirada, vigente hasta el 31 de diciembre
de 2020.
¿Por qué las repaso? Porque el Gobierno de España ha tenido más de cuatro años para prepararse sin una extraordinaria y urgente necesidad. Podría haberse preparado tranquilamente, en lugar de acabar haciéndolo con un real decreto-ley. Es
cierto que estábamos todos pendientes de las negociaciones, de los acuerdos de retirada y de los acuerdos de futuras relaciones con la Unión Europea, como usted ha dicho, señora ministra. También ha dicho usted que España ha actuado -repito- al
ritmo que han exigido las circunstancias, y es cierto. Pero mientras estas circunstancias iban aconteciendo, paralelamente España se podía haber preparado, como hizo la Unión Europea, adoptando reglamentos de contingencia, o la Comisión Europea,
adoptando múltiples comunicaciones en las que instaba a los ciudadanos, a las empresas y a los Estados a prepararse de acuerdo con sus responsabilidades. Ustedes, el Gobierno, tenían mucha más información que nosotros sobre el estado de las
negociaciones, lideradas por Michel Barnier, y sobre los ámbitos competenciales que podrían pactarse en el acuerdo de retirada y el acuerdo de futuras relaciones. Por tanto, habrían podido preparase con tiempo y prever distintos escenarios,
distintas normas o distintas posibilidades. En lugar de ello, como se ha dicho, han adoptado, in extremis, seis días antes, un real decreto-ley, que hoy nos traen para su convalidación. Repito que, con estos antecedentes, podían haber actuado
antes, sin apurar al límite. Y lo tenían fácil, porque contaban con el Real Decreto-ley 5/2019, de Medidas de Contingencia, que fue aprobado y publicado, pero que nunca entró en vigor; ese sí que no lo aprobaron con el tiempo justo, sino un mes
antes de la retirada, sin las prórrogas previstas.
Por tanto, había dos reales decretos, el 5/2019 y el 38/2020, que ahora nos presentan y que es, más o menos, una actualización del que ya tenían; por lo que me ha parecido, han eliminado las partes que han quedado en los acuerdos de futuras
relaciones. Por tanto, si contaban con un real decreto, si el trabajo ya estaba hecho, no entendemos por qué han tardado tanto. Además, si este real decreto-ley que nos presentan tiene cuatro artículos que dicen que se adoptan, están en el real
decreto-ley, pero que no se aplicarán a no ser que no estén recogidos en el acuerdo de futuras relaciones, ¿por qué no han seguido estos dos modelos y no nos han traído este documento mucho antes? Podían haber seguido estos modelos y podían haber
legislado sin tanta urgencia en el último momento, tal como ya hicieron -ya se lo comenté en su comparecencia pasada, pero no nos entendimos- con ese tratado sobre participación en los procesos electorales, que sí que está adoptado, que sí que se
aplica, pero que tiene unas cláusulas desfasadas. Ante una pregunta que les presentamos, nos dijeron que arreglarían esas partes desfasadas, con un intercambio de notas, lo antes posible. Le reitero la pregunta que le hice por escrito la semana
pasada: ¿cuándo será 'lo antes posible' para arreglar un tratado desfasado?
En otro orden de cosas -usted no lo ha mencionado, pero sí lo ha hecho algún otro grupo parlamentario-, ¿me pueden explicar y aclarar por qué se incluye la disposición final primera y la disposición adicional sexta? La disposición adicional
sexta -ya lo han comentado- es el salario mínimo interprofesional, y la disposición final primera supone una modificación de la Ley de Navegación Aérea y no afecta, para nada, al Reino Unido, según lo que nos dice el real decreto-ley que van a
modificar. Por tanto, si este es un real decreto-ley para adaptarse a la situación de salida del Reino Unido, desde mi opinión, estas dos disposiciones aquí no tendrían que estar. Nosotros consideramos que esto no es un buen ejemplo de técnica
legislativa.
Le planteo ahora tres cuestiones concretas de puntos del acuerdo que sí hacen referencia al contenido del título. La primera hace referencia a las nuevas plazas, que ya se ha mencionado antes. En las autoridades portuarias, en el Real
Decreto-ley de 5/2019, eran 50, pero ahora son 56. Nos gustaría que nos explicar cómo han calculado este número, porque nos parece aleatorio. En el artículo 10.3 habla de la previsión acerca de trabajadores fronterizos en Gibraltar, y nos dice que
se mantendrá hasta el 31 de diciembre de 2022. Si finalmente hay acuerdo sobre Gibraltar, ¿este artículo se mantendrá o se modificara? Respecto al artículo 12, ¿por qué se da el mismo trato a los alumnos procedentes del sistema educativo del Reino
Unido al de los Estados miembros de la Unión Europea para el curso 20212022? Le hago esta pregunta porque en otras disposiciones del real decreto-ley sí que se habla del principio de reciprocidad, pero en este caso, en concreto, no lo hace, lo cual
nos ha sorprendido.
Votaremos a favor por responsabilidad, por seguridad jurídica con los ciudadanos y por los actores económicos, pero, evidentemente, no por el procedimiento seguido, que no nos parece el más adecuado.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Illamola. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores). Muchísimas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, tiene la palabra el señor Pisarello Prados.
El señor PISARELLO PRADOS: Gracias, presidenta.
Ministra, la verdad es que, repasando las posiciones neoliberales, xenófobas y populistas defendidas por el Gobierno de Boris Johnson antes y después del brexit, es mejor que tengamos este acuerdo, a no tener ningún acuerdo o a tener el
acuerdo que pretendía la derecha británica. En cambio, si uno piensa en las personas que peor lo están pasando con esta crisis, en los trabajadores pobres, las enfermeras, las médicas o las trabajadoras de la limpieza, mi opinión es que es
insuficiente. Una vez que el brexit ya es una realidad, yo creo que la principal tarea que tenemos que plantearnos es negarnos a asumir la nueva normalidad de una desigualdad y de una pobreza que son rampantes.
Es verdad que Europa reaccionó en un primer momento adoptando medidas inéditas, la compra centralizada de vacunas, los fondos de recuperación, la emisión directa de deuda por parte de la Comisión Europea, pero hay que reconocer que muchas de
estas medidas van a quedar diluidas si no somos capaces de regular los mercados y de poner algún tipo de límite a la obscena concentración de riqueza que se está produciendo durante la pandemia. Pensemos en la decisión de comprar centralizadamente
las vacunas. Esto fue un éxito político, pero al día siguiente nos dimos de bruces con la geopolítica neoliberal de las vacunas y ya teníamos a AstraZeneca y a otras grandes farmacéuticas incumpliendo los compromisos adquiridos, espetándonos a la
cara: Esto es el mercado capitalista, idiotas. Ahora, tenemos una situación de indignación generalizada y Suecia está diciendo que no va a pagar hasta que no se aclare lo que está ocurriendo.
Sin embargo, yo sigo pensando que el tema de fondo aquí es, como están pidiendo muchas iniciativas ciudadanas de ámbito europeo, que de una vez por todas las vacunas y los tratamientos médicos sean declarados bienes públicos globales y no
objetos de especulación. Lo hemos visto ahora con las grandes farmacéuticas y lo vimos hace unos días con las eléctricas, y nosotros vamos a seguir insistiendo en esto. Hay sectores estratégicos de la economía, la energía, la investigación y la
banca donde lo que necesitamos son empresas públicas controladas democráticamente, transparentes pero públicas, orientadas al interés general y no a la voracidad especulativa de unas pocas multinacionales. Está muy bien que este acuerdo con el
Reino Unido contribuya a frenar la carrera hacia abajo en materia social y medioambiental, pero lo único que va a evitar esa competencia desleal entre los territorios es reconocer que los derechos sociales y la progresividad fiscal son la auténtica
identidad de Europa en este momento, y eso no puede ser simplemente retórico.
Una Europa que se quiera social no les puede decir a los trabajadores pobres que les va a congelar el salario mínimo interprofesional, tiene que mejorarlo; no puede resignarse a que la mayoría de las pensiones en España sean de menos de
1000 euros, tiene que mejorarlas. Necesitamos gente joven que tenga trabajos decentes que permitan financiar pensiones dignas, y eso solamente se logra consiguiendo que los trabajadores puedan ver reforzada su capacidad de negociación colectiva
frente a la violencia del poder privado. Una Europa social no les puedes pedir a las familias que se confinen, si no las protege frente a los abusos en materia de alquiler de los grandes tenedores o de la gran banca. Una Europa que se quiera
social no puede contentarse con los fondos de recuperación que tenemos ahora, que fueron un éxito de los países del sur de Europa pero que van a resultar totalmente insuficientes en un contexto de recesión económica.
Necesitamos fondos más robustos después del brexit, no para engrosar los beneficios de Iberdrola, de Endesa, de Agbar, de las grandes empresas, pero sí para apuntalar a las pequeñas y medianas empresas, a los pequeños productores
agroecológicos, a las pymes. Necesitamos que el pacto de estabilidad no simplemente esté suspendido. El pacto de estabilidad ha quedado obsoleto, la filosofía monetarista y neoliberal que viene de Maastricht tiene que ser revisada urgentemente.
Necesitamos que el Banco Central Europeo pueda actuar como la Reserva Federal de los Estados Unidos, que ya con Biden ha dedicado un 7 % del producto interno bruto a impulsar el empleo digno y a combatir la pobreza. Necesitamos hacerle caso al
Parlamento Europeo después del brexit y batallar por una fiscalidad europea
común, combatir de verdad contra los paraísos fiscales, perseguir el gran fraude fiscal venga de quien venga, venga de los reyes eméritos o venga del señor Jeff Bezos y de los grandes multimillonarios y, sobre todo, tenemos que conseguir que
la deslealtad fiscal, el separatismo de los ricos que le gusta tanto a la señora Ayuso, sea declarado definitivamente una práctica ilegal en Europa.
Hace unas semanas se escuchaba a un eurodiputado de VOX -de esos a los que les gusta ladrar con lo del consenso progre-, que escenificaba la genuflexión ultra frente a Trump, elogiar a Trump antes de marcharse. Y no solamente lo elogiaba
por el asalto armado al Capitolio, por el rearme nuclear que ha impulsado en todo el mundo, no solamente pedía más bases militares patrióticamente en territorio español, sino que también lo defendía por promover grandes rebajas fiscales a los ricos,
por debilitar las regulaciones laborales y por debilitar las regulaciones medioambientales. Esto puede ser coherente -en esto la ultraderecha practica una genuflexión sin fronteras-, pero no es lo que necesita una Europa realmente moderna y
avanzada.
Si queremos una Europa social verde después del brexit, tenemos que hacer cosas como las que hizo Alemania en el año 2020, que consiguió que las renovables produzcan más electricidad que todas las fósiles juntas, que consiguió que la energía
solar produzca más que todo el carbón junto. Eso es tener, efectivamente, una Europa avanzada. En mi opinión, si queremos evitar nuevos brexit no podemos limitarnos a elogiar el statu quo. Hoy es más urgente que nunca construir una Europa
democrática y republicana, una red pública europea libre no solamente de los monarcas de Estado sino también de lo que Franklin Delano Roosevelt llamaba los grandes monarcas de mercado, y eso, señorías, me parece que no va a venir de las élites
europeas.
Esa Europa solo va a ser posible si la gente común, los pueblos de Europa, deciden luchar solidariamente para conseguirla, sin dejar que ningún señorito aprovechado y zascandil pretenda dividirlos por el origen o por el color de la piel.
Eso está pasando en algunos sitios. Ahí tenemos el ejemplo de los riders, que se están organizando para parar los abusos del capitalismo despótico de plataforma; ahí tenemos el caso de los sindicatos, que en diciembre se rebelaron contra los
abusos de Amazon. Las fuerzas progresistas, las fuerzas republicanas, necesitamos acompañar esas batallas y reforzar sus derechos. ¿Por qué? Porque nuestro europeísmo es simplemente un escalón para construir un internacionalismo popular. Por eso
tenemos que acompañar estas batallas por derecho, porque, como decía la poeta portuguesa Sophia de Mello, en esos pequeños jardines también anida un rumor de bosque.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Pisarello. (Pausa.-Una empleada del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra el señor Sánchez García. (Aplausos).
El señor SÁNCHEZ GARCÍA: Con la venia, señora presidente.
Señora ministra, yo no puedo darle las gracias porque haya usted leído en su intervención la exposición de motivos del real decreto-ley, ya presumíamos todos que usted sabía leer; pactar en el ámbito internacional, no presumimos, ya tenemos
constancia de que no sabe en absoluto, probablemente por su incompetencia natural y porque el Gobierno al que pertenece no sabe ejercer, como potencia soberana que es -en este momento contribuyente neto de la Unión Europea-, en las relaciones que
mantiene España con la Unión Europea y, desde la retirada del Reino Unido, con el Reino Unido en el ámbito bilateral, sin perjuicio de las competencias que sean exclusivas de la Unión Europea.
Este real decreto-ley, cuyo objeto usted ha expuesto, va a merecer nuestro voto favorable, en primer lugar, por una razón de política general o por una cuestión atinente a una postura política general en materia de Unión Europea. En contra
de lo que se dice, VOX no es un partido antiUnión Europea, sino que VOX es contrario a los abusos y desviaciones de la Unión Europea y, sobre todo, a ciertas tendencias que sofocan la soberanía de los Estados miembros. Tampoco compartimos, por
cierto, las críticas que se hicieron desde la Unión Europea al referéndum sobre el brexit que se celebró en el Reino Unido y, por tanto, las críticas al pueblo británico y a la soberanía británica. No sabemos con qué fundamento o legitimidad
democrática se hicieron aquellas críticas. Por el contrario, eran críticas muy contrarias a un elemental principio democrático, que no puede nunca ignorar la soberanía del pueblo, en este caso, expresada en un referéndum.
Este real decreto en síntesis regula algunas cuestiones para la hipótesis posbrexit, principalmente sin acuerdo, de una nueva relación comercial entre el Reino Unido y la Unión Europea, que es una hipótesis que no se va a verificar, porque
ese acuerdo ya se ha celebrado y está simplemente en este momento
sujeto a la autorización parlamentaria del Parlamento Europeo, no así del Parlamento británico, que ya lo ha aprobado.
Se hace sobre las bases siguientes. En primer lugar, hay unas materias cuya regulación tiene un alcance puramente temporal, precisamente sujeto a que haya un acuerdo para la relación posbrexit, que, como digo, ya se ha celebrado y entrará
en vigor. Por tanto, esa vocación temporal se confirma y esas materias, que son esencialmente las reguladas en los artículos 4, 9, 11 y 14.2, no van a tener efectos. Luego hay otras materias que están ajenas a esta limitación temporal, es decir,
que tienen una vocación definitiva, pero que como principio el real decreto condiciona a la reciprocidad de la práctica y la regulación por el Reino Unido, lo que nos parece razonable y sensato. Hay excepciones a esto y las podría mencionar
detalladamente una por una, aunque creo que no merece la pena. Son excepciones de materias que se regulan con carácter definitivo por el real decreto y que no están sujetas en su aplicación a la verificación o cumplimiento de la reciprocidad, tal y
como parece que es exigible al Reino Unido. Ninguna de ellas nos parece suficientemente grave como para determinar nuestro voto en contra. Asimismo, hay alguna regulación -como he dicho ya desde esta tribuna- verdaderamente extravagante en la
materia del brexit, como la prórroga interina del salario mínimo interprofesional o modificaciones de leyes como la de la navegación aérea. En fin, son unas cosas verdaderamente sorprendentes, pero, bueno, esto es una práctica muy extendida.
Hasta aquí mis comentarios atinentes a este decreto-ley y a las razones por las que vamos a apoyarlo. Sin embargo, señora ministra, esto no es lo más importante política y jurídicamente; aquí lo más importante y lo que verdaderamente
determina que nuestra oposición a este Gobierno sea también contundente en esta materia es el principio de acuerdo entre España y el Reino Unido sobre Gibraltar. Este principio de acuerdo pone de manifiesto que España no ha sabido ejercer sus
derechos en el seno de la Unión Europea, porque el acuerdo de nueva relación comercial entre el Reino Unido y la Unión Europea estaba sujeto a la unanimidad. Por lo tanto, España podría haber negociado con más firmeza y exigir un acuerdo sobre
Gibraltar pactado bilateralmente, y no necesariamente reflejado en un acuerdo que se ha de celebrar entre el Reino Unido y la Unión Europea, pero no lo ha hecho, lo cual es una postura de debilidad grave. El principio de acuerdo del que tenemos
conocimiento es un principio de acuerdo que solamente favorece a Gibraltar y al Reino Unido. No nos sorprende que el otro día en su comparecencia en la Comisión mixta de la Unión Europea usted diera expresamente las gracias a Picardo, probablemente
porque es quien ha escrito al acuerdo. No tiene otra explicación posible. No podemos reputar tan incompetente al Gobierno como para no saber negociar, de modo que el contenido de lo negociado solamente favorezca a Gibraltar. Esto es inconcebible.
Es claro que en la negociación con el Reino Unido a los efectos del establecimiento de la nueva relación comercial, la Unión Europea ha accedido a una exigencia del Reino Unido, que ha sido objeto de un acuerdo separado, pero cuyo contenido era por
parte del Reino Unido solicitar a la Unión Europea que impusiese a España políticamente el acuerdo sobre Gibraltar que el Reino Unido quería. Es decir, este principio de acuerdo es lo que se llama un negocio jurídico impuesto en una negociación
inadmisible para los intereses españoles. (Aplausos).
Concluyo. Esto llega a un extremo ridículo, a una paradoja que, además de paradoja, es contraproducente para los intereses españoles, que es la siguiente. Mientras el Reino Unido fue parte y Estado miembro de la Unión Europea, Gibraltar no
formaba parte de la unión aduanera desde el Acta de adhesión de 1973. Con este acuerdo va a formar parte de la unión aduanera, lo cual es una cosa insólita. No hay ningún territorio en esta situación. Segundo, mientras el Reino Unido estaba en la
Unión Europea, Gibraltar no formaba parte del espacio Schengen. Con motivo de este principio de acuerdo, y si verdaderamente se celebra un pacto en estos términos, Gibraltar pasará a ser parte del espacio Schengen, con lo que ello supone de
relajación del control en frontera...
La señora PRESIDENTA: Señor Sánchez, ha finalizado su tiempo.
El señor SÁNCHEZ GARCÍA: Concluyo, si me da un instante. Gracias.
... con lo que ello supone de relajación de una política de verja dura, que es la que debería determinar la posición de España y poner fin a esta situación lesiva para los intereses nacionales y la unidad nacional, y a la situación de
postración económica de la comarca del Campo de Gibraltar.
Muchas gracias. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Sánchez.
Por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, tiene la palabra la señora Martínez Ferro.
La señora MARTÍNEZ FERRO: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, ha pasado ya un mes desde la salida del Reino Unido de la Unión Europea, y el brexit, ministra, nos ha dejado tres lecciones que creo que es muy muy importante recordar, especialmente después de lo que se ha oído aquí esta mañana,
para evitar repetir, y es eso que se llama lecciones aprendidas: la primera es que la salida del Reino Unido de la Unión Europea es un error, un inmenso error; la segunda es que la negociación de los intereses europeos realizada por parte de la
Unión Europea ha sido un acierto, y la tercera es que la negociación de los intereses españoles por parte del Gobierno español ha sido un fracaso.
La primera es que la salida del Reino Unido de la Unión Europea es un error propiciado por un movimiento populista y demagógico que forzó la frustración de los ciudadanos para forzar un debate artificial, enmascarar la realidad y ocultar las
consecuencias negativas de un divorcio que iba a ser traumático, caprichoso y tremendamente caro. La principal consecuencia de este debate ficticio fue la división del Reino Unido en dos mitades prácticamente iguales. Dividir la sociedad para
ganar el poder suele ser el principal objetivo de todos los populismos: explotar las diferencias ficticias, crear incompatibilidades, enfrentar a los de la ciudad contra los del campo, a los jóvenes contra los mayores, a las mujeres contra los
hombres, a los pobres contra los ricos o a los ateos contra los creyentes; crear fronteras y barreras infranqueables que cercenan la libertad y poco a poco van ahondando en la capacidad de una sociedad para afrontar juntos el bien común. Y,
señorías, no estoy hablando de España, aunque bien podría. Esto, señora Illamola, es lo que ocurrió en el Reino Unido tras la convocatoria de un referéndum que, lejos de resolver un problema, lo creó. Es decir, el brexit, efectivamente es fruto de
una decisión adoptada por los británicos en el libre ejercicio de su soberanía y de su libertad y, por lo tanto, es una decisión totalmente legítima, pero eso no significa que, al menos en opinión de este grupo parlamentario, constituya un inmenso
error tanto para la Unión Europea como para el Reino Unido, un error que llega a la categoría de trauma, al menos para los que consideramos que el atlantismo es bueno y que el Reino Unido ha hecho mejor a la Unión Europea y también a los europeos.
Es un error que tiene consecuencias para España, porque, a pesar del contencioso histórico o territorial que mantenemos con Gran Bretaña desde 1713 respecto a Gibraltar, habíamos sabido fortalecer nuestros lazos comerciales, culturales, sociales e
históricos propios de dos países que se respetan y aprecian.
Señorías, la segunda lección que nos deja el brexit es que la Unión Europea ha negociado bien sus intereses, con fuerza, con persistencia, con constancia, con firmeza en sus principios y consciente, muy consciente de la ejemplaridad de su
cometido. El equipo negociador defendió desde el principio, desde el primer día del consejo extraordinario de noviembre de 2018, ante la cerrazón de la otra parte, incorporándolas a aquel acuerdo de salida, las prioridades de casi todos los países
-casi todos los que supieron negociarlo, claro-, y lo acabó y culminó esta Nochebuena con esos tres acuerdos suscritos. El equipo negociador y las instituciones europeas han sabido estar a la altura del reto y del momento histórico. Tanto Michel
Barnier como Ursula von der Leyen pueden estar orgullosos de su trabajo. Puede que no sea casualidad, señora ministra, que ambos sean de la familia popular europea, de la familia europea del Partido Popular, y por eso nosotros, al menos, queremos
darles a ellos y a sus equipos nuestro más sincero agradecimiento por perseverar en la tarea.
Y aquí viene, señorías, la tercera y triste lección, que tiene que ver con las sombras de los mandatos incumplidos, y, por desgracia, aquí toca hablar de nuestro Gobierno, de un presidente que realiza una negociación rendido y ausente. Su
dejación a la hora de defender los intereses comenzó la misma noche del acuerdo de salida de noviembre de 2018, cuando dejó a un lado esa locuacidad a la que nos tiene acostumbrados en algunas ocasiones, sobre todo cuando se trata de colocarse
medallas, y decidió aplicar un curioso método de negociación que él mismo denominó como silencio activo -hay que reconocer que en algunas cosas tiene mucha creatividad-. Esto en román paladino se llama callar, un silencio muy similar a cuando le
preguntan por el numero real de fallecidos, por la pésima gestión de la pandemia, por los amigos que le acompañan en el Falcon o por algunas otras cosas de las que no le gusta rendir cuentas. Es decir, mientras el resto de jefes de Estado y de
Gobierno discutían y negociaban los intereses, Sánchez esperaba pasivo el resultado de lo que otros se trabajaban, como si España no tuviese nada que decir, nada que defender y se conformaran con lo que otros la decidiesen y la ganasen. Ni
ganaderos ni pescadores ni estudiantes ni turistas ni camioneros merecieron ni su palabra ni su esfuerzo. Lo que es
peor, satisfecho del resultado, hizo lo mismo con la negociación de los fondos europeos. Hizo que el sudor, la batalla y la dedicación lo pusiesen otros, y luego él se ocupó de organizarse el pasillo de aplausos para tener una buena
celebración. Señorías, la salida del Reino Unido de la Unión Europea suponía un momento clave para España, un momento clave con respecto a Gibraltar. Representaba una oportunidad para avanzar en una negociación histórica de una soberanía sobre el
Peñón que llevamos reclamando hace más de trescientos años. El Gobierno del Partido Popular había dejado el toro en suerte para rematar la faena, y, sin embargo, a la pereza del presidente unimos la falta de ambición y todo acabó en una simple nota
al margen de un acuerdo que solamente beneficia a quien se lo trabaja, y siento decirles que no se lo ha trabajado España. De este modo, viendo lo que hemos visto y lo que vimos la semana pasada también en la comparecencia, uno, lamentablemente -y
lo digo, de verdad, con mucha más tristeza que alegría-, piensa que quizás hubiese resultado mejor que hubiese sido Michel Barnier quien hubiese negociado la soberanía española sobre Gibraltar, porque a lo mejor hubiésemos obtenido algo más. Y es
triste tener que decirles esto. (Aplausos).
El acuerdo que hoy se nos presenta es un trámite que nos dota de un marco legislativo temporal, adecuado y oportuno para paliar las consecuencias negativas de la salida del Reino Unido en tanto que se ratifican los acuerdos de relación
futura. Este acuerdo beneficia a los miles de británicos que residen en España y, en justa reciprocidad, a los miles de españoles que residen en Gran Bretaña. Es un acuerdo pertinente, que resuelve problemas prácticos en este ínterin, y, por esta
razón, la urgencia, no vamos a apoyar que se tramite como un proyecto de ley, pero sí vamos a apoyar el real decreto. Los alumnos, los trabajadores y los conductores lo necesitan ya. Por tanto, señoría, muchas gracias por esto. Pero no pediremos
que se tramite como proyecto de ley.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Martínez. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Pons Sampietro.
El señor PONS SAMPIETRO: Gracias, señora presidenta.
Gracias, ministra. Después de lo que acabamos de escuchar, pareciere que nos hubiesen hecho una goleada de 5 a 0, pero no.
Yo empezaría diciendo que los hechos alternativos no son buenos consejeros, porque parece que fue ayer -creo que vale la pena saber por qué convalidamos hoy este Real Decreto 38/2020-, hace cuatro años y medio -como ya se ha dicho-, cuando
hablábamos de un populismo galopante, con eslóganes que proclamaban que era tiempo de tomar el control, cuando el Reino Unido, efectivamente, pegó un volantazo histórico, que ha acabado dejando fuera de la unión aduanera y del mercado único más
grande del planeta a aquel país y también, por supuesto, fuera de un espacio de libertad, progreso y democracia nunca antes conocido en la historia moderna. Además, en estos últimos meses, mientras se negociaba el divorcio final, con un brexit duro
en el horizonte como medida de presión, la Unión Europea se ha enfrentado en paralelo a un desafío hasta ahora desconocido, la pandemia, y se podría haber caído en el desaliento, en el bloqueo por los fondos o en la desunión del laberinto de salida
que proponía el Reino Unido, y nada de eso ha sucedido. Europa ha seguido avanzando, con las realizaciones concretas que proclamó Schuman, uniéndonos de forma solidaria contra el virus, consiguiendo que el Reino Unido abandone la Unión firmando un
acuerdo pactado, y, por tanto, del doble desafío del brexit y la pandemia la Unión ha salido más social y más unida. Por cierto, en este mundo bipolar, tecnológica y geopolíticamente polarizado por Estados Unidos y China, Europa ha mostrado su
capacidad para ser una Europa potencia, con liderazgo y capaz de una respuesta global a las crisis globales, y ahí van los hechos alternativos que se decía anteriormente, y España, este Gobierno, su presidente, usted ministra y todo su equipo han
estado en el grupo de cabeza de esta Europa, más unida y más solidaria en estos meses tan complejos, y, por cierto también, en el preacuerdo que habido para Gibraltar.
Señorías, es en este -y no en otro que llega hoy a esta Cámara- Real Decreto-ley 38/2020, de adaptación a este nuevo marco, tras cuatro años de tsunami político, como se ha dicho, en el que se han enmarcado las negociaciones finales que han
dado lugar al acuerdo para la relación futura tras el acuerdo de retirada; negociaciones bajo la amenaza permanente de un brexit duro durante estos últimos meses, que al final se ha saldado con un acuerdo in extremis. Y esto vale la pena
recordarlo porque se ha de poner en valor lo conseguido -usted lo dijo la semana pasada en la Comisión-, porque sin acuerdo teníamos una reducción del PIB europeo seguro, una reducción de nuestras exportaciones, un futuro
menos esperanzador para el automóvil o para el sector agroalimentario y, por supuesto, si no hubiera habido un acuerdo, un tiempo complejo para el sector turístico o para el sector pesquero. Por tanto, con el acuerdo de relación futura
hemos evitado muchos de esos efectos nocivos, aunque bien es cierto que en el día a día la relación para los ciudadanos va a cambiar. Es difícil aún saber cómo va a evolucionar el brexit, pero lo que sí es claro es que hay un antes y un después en
la construcción y la integración europea. Y también sabemos que lo que empezó como un sentimiento ha acabado -y usted lo ha dicho- con un acuerdo de cooperación y comercio que es similar al que hay con Canadá o Japón, que se dice pronto, señorías,
y creo que es algo de lo que hemos de empezar a tomar conciencia. Por el camino, se han despeñado la unión aduanera, el mercado único y algo a lo que contribuyeron muchísimo los británicos: se modifica el libre movimiento de personas, vuelven los
controles fronterizos, se limitan las estancias y el derecho a instalarse y empezamos a ver lo que suponen estas nuevas reglas en los intercambios comerciales, como decía uno de los intervinientes que me han precedido.
Toca volver a empezar, como dice la película, volver a configurar la relación de los países miembros. Y ese volver a empezar, creo que se visualizó el pasado 29 de diciembre a nivel de la Unión, como a nivel de España, con la decisión del
Consejo de la Unión Europea sobre la firma del Acuerdo de comercio y cooperación entre los países miembros y Reino Unido y el mismo día el Real Decreto-ley 38/2020, decisiones independientes pero complementarias. Y, en relación con el decreto, creo
que lo que está claro es que el objetivo es adaptarse a nivel nacional lo más rápidamente posible a ese nuevo tiempo, que es fundamental para nuestro país por los fuertes lazos con el Reino Unido, que usted ha señalado, tanto en la interdependencia
económica como respecto al número de ciudadanos españoles que viven en el Reino Unido y viceversa, así como para nuestras empresas y operadores económicos, que tienen que competir con nuevas reglas del juego, y desde el sector financiero hasta el
agroalimentario, o para los ciudadanos, que van a ver cómo la libertad de movimiento y de residencia, entre otros aspectos, cambia. Por tanto, es una adaptación temporal, basada en el principio de reciprocidad, como ya se ha dicho, y que lleva la
firma y el trabajo conjunto de todos y cada uno de los ministerios para tutelar los intereses de los ciudadanos y los operadores económicos. Este decreto tutela en relación con el ejercicio de la profesión, en relación con los trabajadores
desplazados, en relación con las actividades de investigación e innovación, en relación con la reglas de la Seguridad Social, el acceso a las prestaciones por desempleo, el acceso a la universidad, la asistencia sanitaria, los servicios financieros,
la contratación pública o los servicios aeroportuarios, entre otros aspectos. Es un decreto, en definitiva, con carácter temporal para empezar a andar en este camino que nos ha impuesto el brexit.
Señorías, no quiero terminar sin citar a un europeísta y socialista como Manuel Marín, que seguro que nos pediría hoy más esfuerzo para una respuesta todavía más solidaria para esta Europa y, por supuesto, más trabajo para seguir haciendo
camino en la integración y construcción de una Europa potencia, con mayor autonomía estratégica y más unida ante los retos que tenemos por delante.
Muchísimas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Pons. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
- REAL DECRETO-LEY 36/2020, DE 30 DE DICIEMBRE, POR EL QUE SE APRUEBAN MEDIDAS URGENTES PARA LA MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y PARA LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA. (Número de expediente
130/000040).
La señora PRESIDENTA: Convalidación o derogación del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración pública y para la ejecución del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia.
Para presentar el real decreto-ley tiene la palabra, en nombre del Gobierno, la señora vicepresidenta primera y ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática.
La señora VICEPRESIDENTA PRIMERA, MINISTRA DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA (Calvo Poyato): Gracias, presidenta. Buenos días, señorías.
Comparezco en nombre del Gobierno, dado que el Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, afecta a diversas áreas y competencias distintas de varias carteras ministeriales, para explicitar a sus señorías y pedirles la convalidación de una
norma que aprueba medidas urgentes para la modernización
de nuestras administraciones públicas y poder ejecutar y hacer realidad los fondos que en Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia significan una esperanza extraordinaria para nuestro país. No voy abundar mucho, señorías, sobre lo
que ha significado la aparición en nuestras vidas y en todo el planeta de una enfermedad letal, de una crisis sanitaria traída por un virus desconocido y de una lucha titánica por proteger a sociedades que se sienten frágiles, inseguras y necesitan
la máxima protección de todos, de las instituciones, de la combinación de trabajo lo más perfecta posible de sus sectores público y privado y, naturalmente, del ejercicio de responsabilidad del conjunto del Estado. Se trata de una crisis sanitaria,
de una crisis social y, desgraciadamente, también de una contracción importante de la economía en todo el mundo, que afecta, como es lógico, a Europa y a nuestro país.
Las primeras respuestas intensas, urgentes han sido de carácter sanitario, si bien, junto a ellas, desde el primer momento, el Gobierno pero también el resto de las administraciones de nuestro país tratamos de tomar medidas en paralelo que
protegieran el tejido social y económico y que procuraran por una vez en nuestro país ante una situación crítica que nuestra economía no descendiera a los infiernos, para poder remontarla lo más pronto posible. Hemos puesto a disposición de esta
protección 200 000 millones de euros, cerca del 20 % de nuestro PIB; hemos cubierto mediante la figura de los ERTE a casi 3,5 millones de trabajadoras y trabajadores de nuestro país para proteger el empleo; hemos articulado por primera vez una
fórmula de protección mediante prestación extraordinaria a los trabajadores y trabajadoras por cuenta propia, que ha abarcado, también de manera inédita en nuestra historia, a casi un millón y medio de trabajadores autónomos, es decir, hemos
procurado hacer algo que no estaba en el registro del trabajo frente las crisis en nuestro país: atender a lo importante, a la salud pública, a la salud de cada uno de nosotros y nosotras y, al mismo tiempo, a la protección del empleo y la
economía.
Como todos sabemos -no merece la pena abundar en ello-, es una situación de carácter absolutamente global, que afecta también al conjunto de la Unión Europea y que también ha tenido una respuesta verdaderamente extraordinaria de la propia
Unión Europea. Las instituciones comunes han estado a la altura del reto al que nos enfrentábamos y nos seguimos enfrentando, y en esa tesitura, también por primera vez, se han ido acelerando respuestas que no conocíamos. Todo esto, señorías, ha
hecho que los cambios que las propias sociedades ya tenían puestos en marcha de manera natural -me refiero al avance de la digitalización de nuestras sociedades, me refiero a los retos verdaderamente inquietantes de sostenibilidad de nuestro
planeta, de toda la evolución necesaria de medidas protectoras en términos de cambio climático- también se hayan agudizado y que todo ello traiga como consecuencia desequilibrios en el principio más importante del funcionamiento de cualquier Estado
democrático, que es la igualdad, la lucha contra la exclusión y el trabajo solidario y justo sobre todas las medidas que en una crisis tienen que intensificarse con los valores constitucionales, por cuanto que nadie puede quedarse fuera de la
protección que el Estado debe prestar.
El 30 de julio los dirigentes de la Unión Europea, como sabemos, acordaron un Plan de recuperación para toda Europa, con un paquete de medidas nunca visto y que se materializaron en un marco financiero plurianual, desde 2021 a 2027, y la
puesta en marcha también del instrumento europeo de recuperación, por valor de 750 000 millones de euros, que significa una respuesta de cobertura solidaria y unida de Europa. No hace falta, señorías, que les diga que no solo se respondía a la
situación crítica, sino que también se fortalecía la propia Europa en un momento importante en el contexto. El 18 de diciembre del año pasado el propio Consejo y el Parlamento alcanzaron un acuerdo sobre este Mecanismo de Recuperación y
Resiliencia, que, dotado con 672 000 millones de euros, es el marco instrumental en el que toda Europa se va a mover, también nuestro país. Era la respuesta, solo recursos, y quedaba un tercer elemento importante, de carácter instrumental, que era
adecuar el trabajo interno de nuestras administraciones públicas para poder propiciar una ejecución rápida, efectiva y que alcance los objetivos protectores que todos necesitamos. Articular este plan y tener una presentación rápida en las
instituciones comunitarias necesita también de los cambios en el ámbito administrativo que trae este real decreto-ley de manera urgente, de manera rigurosa con nuestros exigentes estándares constitucionales y, naturalmente, con las garantías propias
del Estado de derecho que somos, cumpliendo todos y cada uno de los requisitos del artículo 86 de nuestra Constitución.
Sin duda, estamos ante el mayor reto de gestión que España nunca haya tenido, que lo hemos de convertir también en una extraordinaria puerta de futuro, avance y modernización de nuestro país, responsabilidad de todos por cuanto que afecta al
sector público pero también al privado y afecta a todas las instituciones, plurales ideológicamente de manera legítima, como así lo quiere el electorado de nuestro país. Los objetivos de este real decreto-ley, señorías, son: cumplir con la Unión
Europea para poder tener
el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, el establecimiento de las medidas especiales de agilización de la gestión administrativa, que necesitamos más que nunca, y, en tercer lugar, la incorporación de las directrices y medidas
generales de las que la propia Unión Europea nos dotará para la agilidad de todos los Estados miembros, también para el nuestro. Se trata de tener los instrumentos necesarios. Si en un primer momento se trató de convencer a la Unión Europea de
esta fórmula de respuesta inédita, ahora se trata de dotar a nuestro país para estar en las condiciones idóneas de hacerlo realidad. Esta es la responsabilidad, señorías, que tenemos todos por delante, que nos asegure que, mediante los mecanismos
que contiene el real decreto-ley, se aplican de manera efectiva y con total sujeción a la ley los fondos de los que vamos a disponer. Por eso, el real decreto-ley pone en marcha mecanismos que unen distintos esfuerzos de distintas administraciones
públicas, para que todo ello se pueda hacer también en un marco de potencia importante e inédito de colaboración de lo público y lo privado.
Este real decreto-ley, señorías, tiene 69 artículos, en doce capítulos, que se agrupan en cuatro títulos, que paso a señalarles. El primer título, disposiciones generales, es en el que pretendemos implementar de manera eficaz los proyectos
asignados en el plan de recuperación y los objetivos hacia los que se van a dirigir todos y cada uno de los diferentes planes que nuestro país va a tener, para el trabajo que nos va a ocupar, como su señorías pueden imaginar, mucho tiempo:
favorecer mecanismos innovadores, con equipos multidisciplinares que puedan tener enfoques técnicos y horizontales y sean comprensivos de la estructura territorial compleja de nuestro Estado, de tal manera que con todo ello se proteja la diversidad
de perspectiva ideológica en relación con la composición de cada uno de los Gobiernos locales, autonómicos y nacional, como así quiere el electorado, la ciudadanía de nuestro país; disponer de recursos que nos permitan impulsar con nuevas
tecnologías el trabajo que afrontamos, un gran reto, haciendo camino al andar, para disponer ya de una impronta importante de la utilización de la digitalización para afrontar este gran reto, y tener capacidades en las administraciones que nos
permitan evaluar el trabajo de evaluación y de conclusión a cada momento acerca de cómo vamos, cómo avanzamos, incluido, como es lógico, señorías, qué hay que rectificar y las posibles correcciones, para seguir avanzando siempre en la buena
dirección.
En el título II de este real decreto afrontamos las medidas de ámbito general. Con estas medidas, que se van a regir, como no puede ser de otra manera, por la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público, queremos posibilitar algunas
transformaciones, como, por ejemplo, la tramitación anticipada de los expedientes de convenios que vayan a ejecutarse en el ejercicio siguiente o en posteriores. Se trata de ayudar de una manera importante a tener por fases y secuencias temporales
un trabajo que, como sus señorías saben, está previsto hasta el marco del año 2026 y que necesitamos que tenga la envergadura y la planificación suficiente. También la posibilidad de recibir anticipos para todas las operaciones preparatorias que
resulten absolutamente necesarias para las actuaciones que estén financiadas con recursos públicos, hasta el límite incluso del 50 %. Se trata de trabajar con los sectores público y privado de manera muy eficiente y garantista, pero también de
forma que se estimule el trabajo de nuestro sector empresarial, de modo que el que existe, el que venga y el que necesitamos que se incorpore de manera novedosa tengan garantía de iniciar su andadura. Y hemos alargado la duración máxima de los
convenios administrativos para adaptarla también a las necesidades temporales que este plan tiene.
En el título III abordamos los instrumentos de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, lo que denominamos las estructuras de gobernanza y cogobernanza -nuestro título VIII nos obliga continuamente al desarrollo de
nuestro Estado único, de diversidad territorial-, para poder unificar también los esfuerzos. Habrá una comisión específica para la recuperación, transformación y resiliencia, que es de nueva creación, y un comité técnico que aborde el plan, la
ayuda, como órgano de asistencia y soporte continuo del trabajo de esta comisión. Esta comisión será presidida por el presidente del Gobierno y formarán parte de ella todos los ministerios. También dará apoyo a la autoridad responsable del
mecanismo del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y residirá en el Ministerio de Hacienda, que es el órgano central de desarrollo, de la ejecución y del conjunto del plan.
En otros niveles de trabajo y de auxilio de la comisión y del comité técnico que acabo de determinarles, estarán también las tareas de seguimiento de estas dos áreas. En primer lugar, con la posibilidad de creación de foros de participación
de grupos de alto nivel vinculados a la comisión y que permeen de manera continua opiniones técnicas fundadas de la pléyade de hombres y mujeres expertos en cada una de las áreas que nuestro país tiene en lo que denominamos sociedad civil. La
constitución de un foro de participación social en relación con el desarrollo del plan tiene el fin también de incidir y permear constantemente el seguimiento y la opinión radicalmente participativa de la ciudadanía acerca de cómo
avanzamos en una gran transformación de nuestro país que la desgracia de la pandemia, en este lado con un rostro menos triste, nos trae como posibilidades de esperanza y de futuro. La condición de autoridad responsable del Mecanismo de
Recuperación y Resiliencia recaerá también en el centro directivo del Ministerio de Hacienda. Por último, la autoridad de control del Plan de recuperación se atribuye en esta norma, como no podía ser de otra manera, de manera particularmente
querida por el Gobierno, a la Intervención General de la Administración del Estado, como les decía, señorías, con el rigor y el amparo de nuestras leyes y en un ejercicio de solvencia importante de nuestro Estado de derecho.
Se creará también una conferencia sectorial de este plan ad hoc, específica, que no tiene que ver con las conferencias sectoriales de cada una de las áreas de Gobierno, donde hay un trasvase cotidiano de trabajo con otras administraciones
públicas, a la que se van a incorporar todas las comunidades autónomas y también las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Será presidida por la ministra de Hacienda. Tiene como objetivo canalizar la gobernanza, la coparticipación de manera
multinivel de las administraciones, de manera territorial, y evitar mecanismos de duplicidad, que harían más lento el alcance de los objetivos que nos planteamos, que nos van a permitir también capacidad de proyectos que tengan el abordaje de varias
comunidades autónomas, de zonas diferentes de nuestros municipios, una fórmula de trabajo muy necesaria para nuestro propio modelo territorial. Es también muy importante, señorías, y lo destaco, la Intervención General de la Administración del
Estado, que tendrá la vigilancia de todas las actuaciones, el ejercicio del control de los fondos que se exija por la normativa europea, además, obviamente, de por nuestra propia legislación. La Intervención General del Estado asumirá la
coordinación de todos los controles asignados a cualquier otro órgano u organismo que dependa del Gobierno de la nación, de la Administración General. También asumirá las pasarelas de control con los Gobiernos autonómicos o locales, así como el
resultado necesario de la coordinación con otras instituciones comunitarias o nacionales. Es decir, será un control eficiente y un control panóptico de todo el trabajo que tengamos que abordar.
En el capítulo III del real decreto-ley se abordan los instrumentos de gestión pública. Para ello, elaboraremos un instrumento de planificación estratégica para esta gestión, la realización de una auditoría de emergencia de carga de trabajo
y de medios de los organismos intermedios o responsables de la ejecución. Dicho de otra manera, señorías, trabajaremos continuamente con la vigilancia y el control de los instrumentos intermedios que se generen en todas y cada una de las
situaciones nuevas para tener una vigilancia no solo en términos de estándar tradicional de trabajo de las administraciones públicas españolas, sino también de aquellos instrumentos nuevos que va a traer la realidad que nos espera. Las medidas de
organización de medios y recursos con relación, obviamente, al instrumento de planificación estratégica. También, las instrucciones precisas de gestión que deban dictarse por parte de los titulares de las subsecretarías de los ministerios o de los
órganos responsables que en cada materia vayan teniendo que abordar las diferentes líneas de desarrollo. Y, asimismo, las medidas de formación que vamos a necesitar, medidas de formación para la gestión pública que no solamente abarcan al capital
humano de los funcionarios y funcionarias de las administraciones públicas de la Administración General del Estado, sino también a las personas que se incorporen a un trabajo ingente que va a generar per se, es decir, por sí mismo, muchos puestos de
trabajo.
La sección 2.ª de este capítulo III aborda también -como acabo casi de adelantarles- la gestión de los recursos humanos. Será necesario contar no solo con el capital absolutamente técnico, solventísimo, de los funcionarios públicos de
nuestro país, particularmente con la responsabilidad y el buen hacer de los altos funcionarios de nuestro país, absolutamente preparados para el abordaje de una situación importante, sino también con el capital humano que mediante contratación se
incorpore a estas tareas.
La sección 3.ª, vinculada con la formación y el capital que necesitaremos, el que tenemos y el que venga de manera nueva, como es lógico, prevé la necesidad de contar con todos los mecanismos y medios de digitalización -como decía antes-
para abordar todas estas estrategias, todos los instrumentos; en definitiva, el desarrollo del plan en su conjunto.
Finalmente, el título IV recoge las especialidades de gestión que abordamos. En el capítulo I recoge las especialidades de gestión y de control presupuestario. En el capítulo II del título IV se abordan las especialidades en la tramitación
de los procedimientos; queremos evitar la sobrerregulación y las cargas administrativas insoportables para que nada de lo que nos podamos plantear entre en el terreno de la paralización, de la imposibilidad a la que a veces, con demasiada
frecuencia, se ven abocados los procedimientos administrativos. Para estos nuevos instrumentos o transformación de los existentes habrá también mecanismos constantes de evaluación y, por tanto, de vigilancia. El procedimiento de elaboración
de las normas adoptadas en el marco de la ejecución de estos fondos europeos tendrá el carácter de urgente a todos los efectos y con el alcance previsto -como sus señorías se están imaginando en este momento- en la Ley de gobierno. Se
declara también la aplicación de la tramitación de urgencia en el despacho prioritario, en los términos que están previstos en nuestra propia Ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, de los procedimientos que
impliquen la ejecución de gastos con cargo a estos fondos europeos.
El capítulo III de este título IV aborda también las especialidades en materia de contratación pública para cumplir - repito- con eficiencia los objetivos de esta colaboración necesaria.
En el capítulo IV de este título IV están las medidas de agilización de los convenios financiables con estos fondos, mientras que en el capítulo V abordamos las medidas de agilización de las subvenciones que se van a financiar con estos
fondos europeos.
El capítulo VI y último de este título IV aborda las especialidades en materia de evaluación ambiental respecto de cada uno de los proyectos que se financien con cargo a estos fondos. Trataremos, sin bajar ni uno solo de los rigores
necesarios de un país, como tantos otros, comprometido con todas las decisiones denominadas de justicia climática y los retos a los que el planeta se enfrenta, de conseguir una mayor agilidad, dentro de la seguridad jurídica, en los tiempos, en los
plazo, señorías, de los procedimientos de evaluación ambiental de muchos de los proyectos que con toda seguridad tendremos que abordar.
Por último, contemplamos los criterios de lo que desde el inicio advertí a sus señorías respecto al contenido de este real decreto-ley que conocen bien, los instrumentos de colaboración público-privada para la ejecución de dicho plan.
Señorías -para ir terminando-, tampoco voy a abundar demasiado en esta Cámara, que asume la gran responsabilidad de representar la soberanía nacional del conjunto de nuestro país, pero también las expectativas, los problemas y las esperanzas
que se tienen, nunca más que en este momento, en la política y en las instituciones públicas, puesto que se trata de transformar en realidad lo que ya ha sido un hito importante de la propia Unión Europea, transformar lo negativo que hemos tenido y
que seguimos teniendo en nuestras vidas en relación con la pandemia en una grandísima oportunidad de modernización de nuestro país. Dicho de otra manera, había muchas cuestiones pendientes que nunca imaginamos que las íbamos a poder abordar tan
pronto, con tantos recursos, con tanto entusiasmo en común. Este es el único lado positivo de lo que nos ha tocado vivir a todos.
Agradezco de manera extraordinaria a quienes nos lo han ido anunciando su comprensión y el apoyo a la convalidación de este real decreto-ley, que no lo es al Gobierno de España sino al país como tal, a las necesidades de la sociedad a la que
servimos como tal. Este real decreto-ley es el instrumento para hacer realidad los fondos de los que vamos a disponer. Este real decreto-ley no es todavía el que dirime los objetivos ni los recursos. Estar en contra de este real decreto-ley es
estar en contra del elemento inicial, que es el instrumento para poder hacerlo, independientemente de la calificación a la que seamos sometidos, cuando llegue su momento, por hacerlo bien o mal.
Señorías, solicito el voto favorable a este real decreto-ley, que es el instrumento para trabajar. Adelanto que por parte del Gobierno no hay ninguna objeción -al contrario- a que pueda ser tramitado como proyecto de ley para poder
mejorarlo y hacerlo mucho más perfecto con la colaboración de sus señorías, y doy las gracias a todos aquellos que como grupo o escaños unipersonales ya nos han adelantado, ya han adelantado al Gobierno que estarán con nosotros, que no es otra cosa
que, simplemente, estar en este momento con su país.
Gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora vicepresidenta. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Ha solicitado la utilización del turno en contra el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. Tiene la palabra, en representación de dicho grupo, la señora Rodríguez Herrer.
La señora RODRÍGUEZ HERRER: Gracias, presidenta.
Señorías, vicepresidenta, hoy debatimos un real decreto-ley peculiar y, permítanme que lo diga, preocupante. Lo anticipó el presidente del Gobierno en los primeros días de octubre del año pasado justificándolo en uno de los mantras
socialistas, el de simplificar procedimientos y quitar trabas en la ejecución de los fondos públicos. Se aprobó el 22 de diciembre y no se publicó hasta el día 31 de diciembre, apelándose a que forma parte del cuerpo legislativo presupuestario. El
texto tuvo su propio culebrón mediático, con un contenido que se filtró a la prensa afín y que supuso la protesta del vicepresidente
Iglesias, que quería formar parte del órgano de aprobación de los proyectos al más alto nivel; un lío gubernamental más en el que se ha acabado, como siempre, cediendo y configurando un consejo de ministros bis, en vez de una comisión
delegada bis, como se recogía en la versión filtrada. Es un real decreto-ley en el que más de la mitad de su contenido no necesitaba norma con rango de ley y que, con la excusa de la imperiosa necesidad de ejecutar rápidamente los fondos, se lleva
por delante una parte significativa de los mecanismos de seguridad de la gestión de los fondos públicos en España. De ahí la preocupación. Es un real decreto-ley que llama modernizar a la revisión de leyes administrativas aprobadas con luz y
taquígrafos, con tramitación reposada y debatida, con los múltiples informes que deben acompañar regulaciones de este tipo y que generaban seguridad jurídica no solo a los ciudadanos y las empresas interesadas en las diferentes partidas del gasto
público, sino también a los funcionarios y trabajadores públicos encargados de la tramitación de los expedientes respectivos. La relajación de los requisitos exigidos para tramitarlos o el acortamiento, de cumplimiento imposible, de algunos plazos,
como los de los informes medioambientales, conforman significativas áreas de riesgo para quienes se encargan de la cosa pública. Es un real decreto-ley que, en aras de la introducción en lo público de principios de eficacia y gestión por objetivos,
da una vuelta a la regulación de los consorcios, de los convenios, de las subvenciones, de los contratos y, junto con la rehabilitación de las agencias, incorporada a la Ley de presupuestos en contra del criterio de los letrados de esta Cámara,
vuelve a redacciones anteriores de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas que hubo que ordenar en el año 2015.
¡Qué poco les gusta, señorías socialistas, que se les corrijan sus ocurrencias! Y algunas lo eran, dada su ineficacia comprobada. Parece que tienen un solo objetivo: volver al inicio, y si es eludiendo los debates propios de un Estado
democrático, mejor que mejor. Valga un ejemplo que la verdad, señorías, todavía no me explico, salvo que sea por una perversa intención de eludir los controles que tras la reforma permanecen: la creación del Fondo de restauración ecológica y
resiliencia, que clona a la Secretaría de Estado de Medio Ambiente, pues tiene competencias en todas y cada una de las áreas de este centro directivo. ¿Esto es modernidad o simplificación? ¿O será que así convierten créditos limitativos en no
vinculantes? Todo lo que van a hacer con él tiene todos los créditos que tiene la Secretaría de Estado del Fondo de Reconstrucción. Todo lo que van a hacer con un fondo que por su personalidad jurídica no tiene personal lo podrían hacer
directamente por la secretaría de Estado. Pero así lo deciden. Nosotros entendemos que un real decreto-ley no es el vehículo adecuado para hacer reformas como las que se contienen en este, y nuestro reproche, señora vicepresidenta, no se subsana
con la posterior tramitación de la norma como proyecto de ley, porque la reforma ya está en vigor y porque tenemos muy malos antecedentes. Solo uno de los reales decretos-leyes de los estados de alarma ha empezado a ser debatido, aunque aprobamos
que se hicieran todos por el procedimiento de urgencia. Por cierto, en este sentido tampoco vale que señalen que se están aprobando procedimientos extraordinarios para la más rápida y mejor ejecución del Plan de recuperación, pues, como recogen en
el artículo 1, se refieren a todas las actuaciones financiables con fondos europeos, con todos, no solo con el Instrumento Europeo de Recuperación, y en las disposiciones finales se incluyen reformas permanentes de la Ley de Régimen Jurídico, de la
de Evaluación Ambiental, de la Ley de Contratos y de la de Concesión de obras públicas, entre otras. Los españoles -porque los fondos son nuestros, vicepresidenta, no del Gobierno, tiene usted razón-, hemos sido beneficiados con más de 140 000
millones de euros. Europa nos los dará de acuerdo con el cumplimiento de unas reglas prefijadas que pueden hacer que, pese a la preasignación, los fondos puedan no hacerse efectivos. Se trata de que se cumplan los objetivos que Bruselas ha
determinado claramente. Se trata, en definitiva, de que recuperemos e incrementemos nuestro potencial de crecimiento y que se cree empleo sostenible en el tiempo. Las condiciones todos las conocemos: que se orienten las actuaciones hacia lo verde
y lo digital, y también que se cumplan las recomendaciones del semestre europeo. Es esencial acertar, como en la pandemia, aunque a ustedes en realidad les dé igual. Basta ver al candidato Illa, sin solución de continuidad del fracasado ministro
Illa, sin el más mínimo reproche ni rendición de cuentas.
Señorías, estamos inmersos en una crisis de la que, como recogió el martes el Fondo Monetario Internacional, nos va a costar mucho salir; una crisis de crecimiento, de deuda, de empleo. Acabamos de conocer los datos de la EPA, se han
perdido 755 000 empleos en el sector privado en el año 2020. Cualquiera puede entender lo importante que resulta la correcta selección y ejecución de los proyectos que se pretenden financiar. Pues bien, el Gobierno, ustedes, han decidido -y queda
plasmado en este real decreto-ley- que las decisiones se van a tomar en la Moncloa. El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia se va a aprobar por el Consejo de Ministros. Se dice que en el proceso de elaboración serán
oídas las comunidades autónomas, las entidades locales y las organizaciones empresariales y sindicales más representativas. No recogen, como dice el reglamento europeo, que también lo sean los partidos políticos; pero esa es otra historia.
Y esta casa, el Congreso, ¿no merecería la pena que opinara? No sé si mañana la vicepresidenta Calviño contará algo en concreto, pero este no es el procedimiento y, además, viene forzada por la votación del lunes en la Diputación Permanente.
Estamos a finales de enero y no conocemos el plan, no sabemos cuáles son los medios ni con qué efectivos y criterios se está conformando, y nos fuerzan ustedes con un real decreto-ley para agilizar no se sabe qué, porque lo que tenían que haber
hecho era empezar con lo principal hace mucho tiempo.
El plan marcará los objetivos, pero también incorporará reformas e inversiones que en buena medida se encuadrarán en lo que el real decreto-ley denomina Perte, que pueden ser individuales o una especie de paraguas en el que se incardinarán
los proyectos a financiar en los distintos ministerios, paso previo a todo lo demás. No se conoce cómo se determina que un proyecto o un conjunto de proyectos sean Perte, y eso que son generadores de beneficio. Solo se sabe que los declara como
tales -otra vez- el Consejo de Ministros, pero no queda claro si el proceso de selección es transparente, si se realiza en concurrencia competitiva o si el acuerdo es recurrible, que parece que no, otra cuestión trascendental en el proceso que no
queda nada clara y que puede presentar múltiples riesgos de ineficacia y litigiosidad. ¿No les parece que esto debería recogerse en un texto del que se dice que busca eficacia y eficiencia? Además, señorías, discrecionalidad, falta de
transparencia y concentración de las decisiones es un cóctel letal, propicio para el clientelismo y la corrupción; un riesgo más.
Por último, haré una referencia a lo que el real decreto-ley denomina estructuras de gobernanza. El real decreto-ley monta la gobernanza de los fondos mediante órganos colegiados. Usted lo ha dicho, la Comisión para dirigir y coordinar el
plan: el Consejo de Ministros en pleno, cuatro secretarios de Estado, la secretaría general de Fondos y el director del Gabinete Económico del presidente, recién elevado a la categoría de secretario general, que hace las veces de secretario. El
Comité técnico, como órgano de asistencia de la Comisión; foros de participación y grupos de alto nivel -uno de participación social- y, por último, la Conferencia sectorial, órgano de cooperación entre el Estado y las comunidades autónomas y
eventualmente -al menos sobre el papel- las corporaciones locales. Y el responsable del Departamento de Asuntos Económicos y G-20 del Gabinete de la Presidencia del Gobierno realizando -dice textualmente el real decreto-ley- el seguimiento del plan
para mantener informado de modo directo y continuo al presidente del Gobierno. Discúlpenme, sinceramente lo digo, no es por falta de respeto ni al órgano ni a su titular, ¿pero esto no les suena como a broma? ¿O, lo que es peor, como mero postureo
en toda esta parafernalia que han montado? (Aplausos). Por otra parte, nada de esto se ha puesto en marcha -que no se necesitaba el real decreto-ley para ello- y la semana pasada tuvo lugar la primera conferencia sectorial de comunidades autónomas
que terminó, ustedes lo saben, como el rosario de la aurora por falta de transparencia y, me temo, por muchas esperanzas frustradas, puede que por promesas incumplidas, porque se están anunciando y prometiendo por ahí cosas que ni permite la
normativa ni, como ustedes pusieron en ese reglamento que les tumbaron, están dispuestos a hacer. En fin, mucha parafernalia y mucha palabrería destinada a definir los principios de gestión, pero no procedimientos eficaces y seguros -por mucho que
impliquen a la Intervención General del Estado, que solo puede trabajar con la normativa en vigor y le están restando muchísima información-, entendiendo como tales los que garanticen el cumplimiento de los objetivos para los que se dan los fondos.
El 29 de julio pasado nuestro presidente demandó al presidente Sánchez la creación de una autoridad independiente para la gestión de los fondos europeos. El 2 de septiembre, en la Moncloa, volvió a realizar la petición y ofreció nuestro
apoyo para trabajar juntos en el Plan Nacional de Reformas y en la consecución de las recomendaciones del semestre europeo. El 15 de diciembre, en llamada telefónica, reiteró nuestra oferta. Y en todos los casos la callada por respuesta, y el real
decreto-ley lo conocimos por el BOE el 31 de diciembre. El tiempo ha pasado, los plazos son cortos; otros países empezaron después del verano y ustedes vienen ahora con un real decreto-ley que no solo no resuelve nada, sino que además lo complica
todo. Por eso, no vamos a apoyar su convalidación. Ustedes lo han querido, y lo que tienen que hacer es cumplir con su responsabilidad, ejecutar adecuadamente el servicio 50 de los presupuestos cumpliendo los objetivos a los que se dirigen los
fondos, cumplir con la normativa en vigor y llevar a cabo los deberes recogidos en las recomendaciones europeas sin hacer trampas en el solitario...
La señora PRESIDENTA: Señora Rodríguez, tiene que terminar.
La señora RODRÍGUEZ HERRER: Termino, presidenta.
... y sin dar espectáculos deplorables como el que vivimos la semana pasada.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Mucha gracias, señora Rodríguez. (Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
En turno de fijación de posiciones interviene en primer lugar, por el Grupo Parlamentario Mixto, el señor Martínez Oblanca.
El señor MARTÍNEZ OBLANCA: Muchas gracias, señora presidenta.
Buenos días, señora vicepresidenta. Este real decreto-ley confirma nuestros temores respecto a que el Gobierno pretende dotarse de medidas alejadas tanto del espíritu como de la letra del acuerdo de la Comisión Europea, de ahí que reitere
la necesidad de que España se dote de una autoridad independiente que gestione y articule los importantísimos recursos comunitarios Next Generation. Señora Calvo, siendo imprescindible, como usted ha remarcado acertadamente, el cumplimiento de los
objetivos que permitan alcanzar de forma efectiva el buen uso de 140 000 millones de euros para la transformación de la economía, en Foro discrepamos sin embargo de diversos instrumentos, procedimientos y mecanismos que se inventan con esta nueva
normativa de Gobierno y que presagian detrimento en el control y auguran parcialidad en el reparto de unos fondos concebidos para apoyar a las empresas y crear empleo a través de proyectos de valor estratégico. En consecuencia, votaré en contra de
la convalidación de este real decreto-ley.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Martínez Oblanca.
A continuación, tiene la palabra el señor Mazón Ramos.
El señor MAZÓN RAMOS: Muchas gracias, señora presidenta.
Cualquiera que conozca bien la Administración sabe que cumplir los plazos en cuanto a los fondos europeos es imposible si no se toman medidas como las de este real decreto-ley. Es más, muchas de estas y otras parecidas debían ser aplicables
a otros procedimientos y tener vocación de permanencia, porque, viendo lo que se tarda en aprobar los proyectos de ley, la figura del decreto-ley es imprescindible. Es cierto que las comunidades autónomas tienen competencias propias en materia de
finanzas, función pública, subvenciones, etcétera, pero por desgracia en Cantabria no tenemos, como ocurre en casi todas las comunidades autónomas, la figura del decreto-ley. Por eso quiero hacer un llamamiento aquí a los grupos políticos con
representación en Cantabria, especialmente al Partido Socialista, para que apoyen la semana que viene la enmienda que hemos presentado en la modificación del Estatuto de Cantabria para disponer de este instrumento. En estas circunstancias es cuando
se ve su utilidad. Luego no podemos protestar si las cosas no salen como deben.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Mazón. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
También por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Sayas López.
El señor SAYAS LÓPEZ: Gracias, presidenta. Intervendré desde el escaño.
Creo que todo el mundo en esta Cámara está totalmente a favor de que lleguen los fondos europeos, como no puede ser de otra manera. En lo que ya no estamos tan de acuerdo es en la forma en la que el Gobierno pretende gestionarlos. Porque
el decreto que hoy nos trae aquí el Gobierno se basa en la unilateralidad, y unos fondos que son claves para el futuro del país no pueden decidirse de manera unilateral por parte del Gobierno, sin consenso con las comunidades autónomas, sin consenso
de los expertos, sin autoridades independientes. Y es que, efectivamente, estamos hablando de un proyecto fundamental para España, y como es un proyecto fundamental para España cuesta mucho entender que el Gobierno no haya hecho el esfuerzo de
tratar de consensuar un texto de esta naturaleza antes de traerlo al Congreso. Lo que no se puede hacer es que el Gobierno traiga continuamente proyectos a este Parlamento considerando que el Congreso es un embudo que va a colar todo lo que tenga
marca Gobierno. Y es que aquí estamos para decidir el futuro de España, y el futuro de España solo será futuro si lo consensuamos entre todos. Los proyectos estratégicos los tenemos que hablar entre todos porque, de
manera unilateral, solo iremos al clientelismo y a los pagos políticos. Y España no puede permitirse esto con unos fondos que son cruciales para la reconstrucción económica de nuestro país.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Sayas.
Tiene la palabra la señora Oramas González-Moro.
La señora ORAMAS GONZÁLEZ-MORO: Gracias, señora presidenta.
Señora vicepresidenta, señorías, mi fuerza política, Coalición Canaria, va a apoyar la convalidación del real decreto por dos razones. Como recordará, en la primera reunión que hizo usted para este asunto todo el mundo estaba preocupado por
otras cosas, y esta diputada fue la que le planteó que, dada mi experiencia de alcaldesa, o se cambiaban la leyes de impacto, la Ley de contratos, el acceso temporal a la Función pública, o esto era imposible que saliera. Me acuerdo que me dijo
usted: Hoy mismo hemos tomado la decisión en Moncloa de crear un equipo para mirar esto. O sea, que lo voy a apoyar por eso, pero también porque se va a tramitar como proyecto de ley. Creo que hay una serie de carencias importantes.
Independientemente de mi opinión, pues creo que Hacienda e Intervención deberían llevar el control de los fondos, hay determinados aspectos, primero, por carga de trabajo y, segundo, por filosofía, que yo tenía entendido que iba a llevar el área del
Ministerio de Economía, y veo que no están ahí. Además, respecto al papel que tienen que jugar las comunidades autónomas y, sobre todo, las grandes ciudades, que deberían concurrir directamente, tendría que perfeccionarse la modificación de
determinadas normas en el ámbito autonómico, local y de los órganos de decisión, no solo de selección, sino de justificación y de convocatoria. En mi opinión, por ejemplo, sería muy importante hacer una reunión de determinados interventores de
grandes ciudades, seleccionados por la FEMP, para que pudieran agilizarlo. Hay una cosa que no queda determinada; el acceso a la Función pública para esos controles y en comisiones de servicio, que tiene que ser todavía más rápido y que no está
desarrollado dentro de este decreto. En cualquier caso, lo voy a convalidar.
Muchísimas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias a usted, señora Oramas. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Finalmente, por el mismo grupo parlamentario, tiene la palabra la señora Vehí Cantenys.
La señora VEHÍ CANTENYS: Gracias, presidenta.
Miren, tengo muy poco tiempo, así que voy a ser telegráfica. Nosotras también pensamos que se necesita una transformación estructural y que necesitamos poder imaginar un futuro verde, pero lo que conlleva el real decreto que ustedes nos han
traído hoy es totalmente contrario a todo esto. Nosotros pensamos que este real decreto agiliza los trámites para que la oligarquía política y económica española se quede con los fondos europeos. ¿Quién es la oligarquía política y económica
española? Agbar, Endesa, Repsol, Iberdrola. Han montado ustedes unos 'juegos del hambre' con normas diferenciales para cada cual; para los grandes, bajan el control de convenios, contrataciones a dedo, consorcios, sociedades de economía mixta;
de hecho, incluso habilitan para subir los contratos de suministros -entendemos que es para Endesa-; mientras que para las pequeñas y medianas empresas esto va a ser un lío burocrático para poder acceder a los Perte y al dinero.
Claro, con el poco tiempo que tenemos no le podemos decir mucho más, pero sí lanzarle tres preguntas, señora ministra. ¿Van a volver los hombres de negro para ver si aplicamos los condicionantes que nos pide la Unión Europea en materia de
pensiones y de reforma laboral? ¿Van a volver ustedes a rescatar a las grandes empresas como en el 2008 se hizo con los bancos? ¿Están a punto de hacer una gran oleada de privatizaciones como hizo el PSOE en los ochenta?
Muchísimas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Vehí. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu, tiene la palabra el señor Matute García de Jalón.
El señor MATUTE GARCÍA DE JALÓN: Gracias, presidenta.
Señorías, señora vicepresidenta, usted nos trae aquí hoy en nombre del Gobierno un real decreto que pretende establecer o delimitar los requisitos, las normas y los tiempos tanto en la Administración pública
como en el conjunto para la ejecución del Plan España Puede de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Seguramente no se puede abstraer ni usted ni nadie de esta Cámara a cuál es el sentir, cada vez mayor, de una parte importante de la
ciudadanía. Creemos que en este proceso ha faltado transparencia, que es tanto como decir que ha existido cierta opacidad. Porque no es normal que nos despertemos prácticamente cada día con noticias que nos señalan condiciones de la Unión Europea
que nadie más conoce. Así, un día vemos cómo señalan exigencias en torno al mercado laboral con la propia reforma laboral, su vigencia o no, la posibilidad de quitarla o no; otro día con las pensiones y la exigencia de elevación de los años de
cotización para poder obtener una pensión y la necesidad de reducirlas, y así día tras día. También falta transparencia cuando vemos -ya se ha señalado- cómo aparecen gráficos que señalan quiénes pueden ser las grandes empresas beneficiarias de
todas estas ayudas. Y la mayoría de la gente desconoce todo esto. Y también ha faltado cogobernanza. Ustedes estrenaron esta legislatura señalando la cogobernanza como uno de los pilares fundamentales de su acción política y, sin embargo, no es
difícil encontrar en un medio de comunicación la crítica de comunidad autónoma, de ayuntamientos o entidades locales de cualquier signo, que señalan que se sienten desinformadas y excluidas de un proceso participativo. Por tanto, creo que es ahí
donde hay que mejorar.
Usted hablaba de la tramitación como proyecto de ley, y creo que desde luego tienen muy bien marcado por la propia sociedad civil, por los agentes sociales pero también por las instituciones, dónde hay que mejorar. Y es verdad que es
urgente y vital que demos salida a esta situación, sea con este real decreto o con otro, porque los 140 000 millones de euros que la sociedad está esperando son absolutamente imprescindibles para poder afrontar con un mínimo de esperanza la enorme
crisis económica que todavía nos amenaza cada día con más virulencia. Supongo que al conjunto de las señorías de esta Cámara les pasará como a nosotros, que la realidad nos interpela, que la gente nos interpela y nos pregunta qué estamos haciendo
para que ellos no sigan sufriendo las consecuencias de esta crisis. A nosotros la realidad nos interpela hoy desde la Audiencia Nacional, donde los trabajadores de Alestis, una empresa del sector aeronáutico, están defendiendo sus puestos de
trabajo frente a un despido de la empresa -por cierto, participada por la SEPI y, por tanto, con capital público-, que ha decidido que en las plantas de Araba sobra gente. Nos interpelan desde las calles de Sestao y Barakaldo, donde los
trabajadores de PCB Aero Castings, ITP para que se me entienda mejor, están denunciando que la plantilla se ha visto reducida en un cuarto, el 25 % ha sido despedido de esa empresa. Esa es la realidad que nos interpela. Como seguramente se nos
interpela a todos y a todas cuando vemos informes como el de Intermón Oxfam, que señala que desde el inicio de la pandemia hasta ahora ha aumentado en 800 000 el número de personas por debajo del umbral de la pobreza, lo que determina que hay gente
que vive con menos de 5721 euros al año. Esa es la realidad que a nosotros nos interpela y para la que queremos ofrecer soluciones, porque también vemos que los ricos cada vez son más ricos, como vemos en ese mismo informe que los milmillonarios
españoles, probablemente muy patriotas, han incrementado su riqueza en 26 500 millones de euros mientras casi un millón más de personas han caído por la pendiente de la pobreza.
Pero nosotros estamos aquí para ser resolutivos y no solo declamativos, no solo para denunciar esta situación sino para intentar aportar soluciones. Lo dijimos en la investidura, lo hemos repetido en diferentes ocasiones y lo volvemos a
decir hoy aquí: nosotros queremos ser resolutivos y queremos ser decisivos para mejorar la vida de la gente. Esa ha sido nuestra posición durante todos estos días en los que se ha contactado con nosotros y nosotras, con la gente de Euskal Herria
Bildu, para ver cuál era el sentido de nuestro voto y ver si podíamos sumarnos a la convalidación de este real decreto. Creo que podemos afirmar desde esta tribuna que tenemos el compromiso de las fuerzas que sostienen al Gobierno para que se
modifique, en la fase de enmiendas, este real decreto en dos elementos fundamentales: en lo que tiene que ver con las garantías de transparencia y control para el seguimiento y ejecución de los proyectos y que estos se ajusten a los ejes del
programa, que es algo que plantea la sociedad civil a través de sus propias enmiendas; y que se aumente la financiación, la dotación presupuestaria, para los ayuntamientos, de modo que todos ellos tengan mayores capacidades para poder construir
economía real, para poder construir tejido social y para que las ciudades no se conviertan en espacios deshabitados. Esas son las dos exigencias que hemos trasladado en todo momento a las formaciones que sostienen al Gobierno. Creo que tenemos el
compromiso, si no que me corrijan quienes me van a suceder en el turno de la palabra, y por eso nosotros no vamos a bloquear este real decreto, pero sí queremos que estas dos cuestiones, la que tiene que ver con las garantías de transparencia y
control, que los proyectos sean accesibles y puedan ser auditables, y la relativa al aumento de la dotación de dinero para los ayuntamientos, se cumplan. Porque habrá quien diga que el independentismo consigue cosas para sí mismo y que solo
consigue cosas para su territorio, pero lo que hoy ha planteado aquí Euskal Herria Bildu creo que no hay ayuntamiento del Estado español, sea del color que sea, que no lo quiera o no lo pretenda tener, que son más recursos para destinar a
mejorar la vida de sus conciudadanos y conciudadanas.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Matute. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario Vasco EAJ-PNV, tiene la palabra la señora Sagastizabal Unzetabarrenetxea.
La señora SAGASTIZABAL UNZETABARRENETXEA: Gracias presidenta.
Egun on. Buenos días, vicepresidenta. Desde marzo de 2020, estamos viviendo una situación sanitaria y social completamente inédita producida por el COVID a nivel mundial; una pandemia que nos ha puesto a prueba, que paralizó la economía,
que ha supuesto un confinamiento en nuestros domicilios, restricciones de nuestra movilidad; en la que los Gobiernos han intentado encontrar un equilibrio en el binomio economía-salud para minimizar las consecuencias negativas, aunque no siempre
con éxito; una situación que nos ha abocado a una crisis económica de gran envergadura a nivel mundial y particularmente a nivel estatal y europeo. Sin embargo, la pandemia también nos ha llevado a una situación inédita que nada tiene que ver con
la respuesta europea de 2008, y que ha hecho que el Consejo Europeo haya acordado un paquete de financiación importantísimo para hacer frente de forma conjunta al impacto de la crisis, incrementar la resiliencia de los Estados miembros y construir
una economía verde y sostenible, del que España recibirá 140 000 millones de euros.
Europa nos ha brindado una nueva oportunidad, contamos con una financiación extraordinaria que va a exigir una estrategia, una planificación y una ejecución de los fondos también extraordinaria si no queremos perder ese dinero por el camino,
y que, además, va a poner a prueba la capacidad de las administraciones en cuanto a su gestión. Es en este contexto en el que el Gobierno ha aprobado el Real Decreto- ley 36/2020 que hoy se somete aquí a convalidación, que pone en marcha una serie
de medidas que, vinculadas a los proyectos que ejecuten el Plan de Recuperación, conlleven una mayor agilidad y eficacia en la materialización de dicho plan; asimismo, construye un esquema de gobernanza para diseñar, aprobar e implementar esas
acciones dirigidas a la ejecución de ese Plan de Recuperación. Un decreto que es el comienzo de un itinerario que van a tener que recorrer las distintas administraciones, los distintos niveles de Gobierno y el tejido empresarial, para poder obtener
financiación de estos fondos de recuperación y resiliencia en caso de que esos proyectos sean elegidos. Un itinerario aún desconocido que ha de concretarse en ese reglamento que se está discutiendo en una conferencia sectorial ad hoc, pero que no
ha estado exento de polémica.
Un decreto, vicepresidenta, y tengo que decirlo, que no nos gusta. Al Partido Nacionalista no le gusta por varios motivos; porque es un decreto que no se ha basado en el diálogo ni en el consenso; un decreto, además, que entendemos que
debería haber tenido una mayor complicidad con las comunidades autónomas y las entidades locales porque refleja una gestión centralizada y muy dependiente del Gobierno. El modelo de gestión de los fondos es ministerial y con una veintena de
ministerios, el reparto, la elección y la asignación de proyectos cuando menos va a ser complicada. Porque donde ustedes ven cogobernanza con las comunidades autónomas, nosotros vemos ausencia, porque las autoridades que definen, aprueban,
controlan, evalúan, reportan y adquieren la responsabilidad de la toma de decisiones relacionadas con este Plan de Recuperación se concentran en un único nivel institucional, el del Gobierno del Estado, con una estructura ad hoc y dejando la
participación de las comunidades autónomas tan solo a través de esa Conferencia Sectorial del Plan de Recuperación. Porque las medidas que se adoptan para agilizar y descongestionar la tramitación de los procedimientos se circunscriben en muchos
casos solo para la Administración del Estado, y esto a veces es difícil de encajar en tanto que las comunidades autónomas también van a tener necesidad de una agilidad y una flexibilidad en sus procedimientos, incluso en su organización de recursos
humanos, si quieren poder ejecutar esos proyectos.
Ya ven, reticencias, pero aun así somos conscientes de que nos estamos jugando la salida de la crisis, la recuperación de la economía, el futuro y la esperanza de una ciudadanía que ve en estos fondos, porque así se lo hemos hecho saber, una
tabla de salvación. Y es que, señorías, esto no solo va de recuperar la economía tras la pandemia sino de construir un tejido empresarial más resiliente y, desde luego, cambiar el modelo económico para que este puede afrontar con éxito los nuevos
retos futuros e incluso prevenir otras crisis. Es en esta clave en la que hoy mi grupo, el Grupo Vasco, se va a mover para justificar nuestra posición; en clave de responsabilidad, porque si hoy no se convalida este decreto, ¿qué mensaje
estaríamos dando a Europa y a la sociedad? Un mensaje erróneo, un mensaje de inestabilidad.
¿Estamos dispuestos a desaprovechar la oportunidad que se ha fraguado en Europa en un contexto actual, crucial, en el que nos estamos jugando la recepción de un importante paquete de ayudas económicas para salir de esta crisis social y
económica derivada del COVID? ¿Estamos dispuestos a no facilitar la flexibilización del modelo de gestión y la agilización de los procedimientos en las administraciones para la gestión de estos fondos, cuando sabemos que son factores claves para
evitar la pérdida y la devolución de ayudas, máxime cuando la mayoría de grupos parlamentarios aquí hemos criticado la baja ejecución de los fondos Feder precisamente por estas mismas causas, por tener una Administración obsoleta y unos mecanismos
rígidos y por falta de personal? Mientras hoy nosotros nos movemos en esta clave, veremos también en qué clave de responsabilidad se va a mover el resto de grupos parlamentarios en cuanto a la gestión futura de estos fondos.
Una vez más mi grupo se pone en clave de responsabilidad ante un decreto que no nos gusta, qué paradoja; y ustedes, señores del Gobierno, señores del PSOE, también debieran haberse movido con antelación y deben moverse en esa clave, pero no
solo hoy, sino en todas las normativas que vayan a regular porque la responsabilidad de que las cosas salgan y de que avancen es suya, del Gobierno y, sin embargo, a veces quieren hacerla recaer en el resto de grupos parlamentarios y, en particular,
también en mi grupo. Actúan ustedes muchas veces como si tuvieran mayoría absoluta cuando redactan las normas. No cuentan con nadie y luego a última hora pretenden que les apoyemos. Cambien su modus operandi, cambien de chip, dialoguen y acuerden
antes de traer los decretos, y solo así se evitarán los agobios y apuros del último momento. La estrategia y la planificación con anterioridad es clave también en política. Hoy una vez más les sacaremos las castañas del fuego, votaremos a favor, a
pesar de todas las reticencias, y esperando que todas estas reticencias de las que he hablado se puedan solventar vía proyecto de ley o vía reglamento en la conferencia sectorial. Señores del PSOE, nosotros sabemos que nos jugamos muchísimo, pero
no se puede pedir siempre a la misma parte que ceda porque la paciencia de mi grupo también tiene un límite.
Muchísimas gracias. Eskerrik asko.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Sagastizabal. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra la señora Muñoz Vidal.
La señora MUÑOZ VIDAL: Gracias, presidenta.
Señora vicepresidenta primera, señora Calvo, señorías, buenos días. Creo que ha quedado claro ya en esta tribuna, en este hemiciclo, que nos encontramos ante un real decreto-ley que puede que sea el más importante de esta legislatura,
porque debería ser la base sobre la que estructuremos el nuevo modelo de país. Los fondos europeos tienen que servir para dos cosas: para adaptar España a las nuevas necesidades de los ciudadanos y para ser el instrumento fundamental para salir de
esta crisis provocada por la pandemia. Europa ha demostrado estar a la altura: un paquete de ayudas histórico y emisión de deuda conjunta por primera vez en la historia, conseguidos con diálogo, negociación y consenso, lo mismo que queremos para
España. Todos sabemos que este paquete de ayudas es imprescindible, pero también sabemos todos que estas ayudas no son incondicionales. Tendremos que llevar a cabo una serie de reformas estructurales con unos objetivos muy claros. Debemos tener
claro cómo se gestiona el dinero y en qué se invierte.
Ciudadanos desde un primer momento ha apostado por eliminar las trabas burocráticas y agilizar todos los procesos, pero, claro, la agilidad no puede ser excusa para que el Gobierno no rinda cuentas. El dinero tiene que llegar cuanto antes a
familias, a autónomos y a empresas, pero también tiene que ir acompañado de un refuerzo de los mecanismos de control; mecanismos de control como los que proponíamos en nuestras enmiendas presentadas a los Presupuestos Generales del Estado y que
ustedes y sus socios vetaron. Es curioso que en este real decreto-ley veamos palabras como diálogo, consenso, transparencia y colaboración. Son palabras que hay que agradecer, pero ya sabemos que el papel lo aguanta todo. Si este real decreto-
ley, señora Calvo, es tan importante para España, ¿por qué no han buscado ese diálogo y ese consenso con el resto de fuerzas políticas? Sube usted a esta tribuna a hablar de diálogo y consenso y resulta que al final las decisiones relacionadas con
estos fondos las van a tomar en última instancia el presidente del Gobierno y el Consejo de Ministros. Dice que es una cuestión de Estado y no de Gobierno, pero ustedes a estos fondos quieren ponerles otra vez una pegatina y hacerse la foto, como
con las vacunas. Nosotros proponíamos en nuestras enmiendas a los presupuestos la creación de una oficina de reconstrucción y reformas que ejerciera con autonomía e independencia, que
emitiera recomendaciones vinculantes a las administraciones públicas en cuanto a la selección de proyectos, evaluación y seguimiento de forma totalmente pública y transparente. Sin embargo, ustedes nos traen un comité técnico que va a
preparar los papeles para la todopoderosa comisión en la que solo están los miembros del Gobierno. Al menos -y digo al menos- demos gracias porque se haya incorporado en uno de los artículos -el 22, creo recordar- una comparecencia trimestral ante
la Comisión Mixta para la Unión Europea, pero eso no es suficiente. Este real decreto tiene muchas agencias, comités y comisiones incluidas en el texto, pero, finalmente, es el organismo liderado por el Gobierno el que toma las últimas decisiones,
una concentración de poder en la Moncloa sin que se refuercen los mecanismos de control, que nos tememos que pueda acabar derivando en arbitrariedad. Lamentablemente, tenemos muy reciente el Plan E, señora Calvo. No nos lo podemos permitir; otro
Plan E, no.
Habla usted de responsabilidad, pero el Plan de Recuperación que enviaron la semana pasada a la Comisión Europea no tenía el consenso de las Cortes Generales, tal y como se acordó en los pactos en el seno de la Comisión para la
Reconstrucción. A día de hoy, seguimos sin conocer el contenido de ese paquete de reformas, todavía no lo han hecho público; igual están ustedes esperando el momento oportuno para darle publicidad y sacarle rédito electoral, o igual es que yo soy
una mal pensada. Su proceder nos está dejando claro el nivel de compromiso, de transparencia, de consenso y de rendición de cuentas de este Gobierno.
Señorías, se vuelven ustedes a equivocar de socios; unos socios que son la alternativa a lo que Ciudadanos les planteó. Unos socios como Esquerra y Bildu, que les apoyaron en la investidura, les apoyaron algunos reales decretos del estado
de alarma y apoyaron los presupuestos, pero les dejaron tirados en un estado de alarma y les dejan tirados ahora también. Se vuelven a equivocar de socios. Hace usted un llamamiento a la responsabilidad, pero la responsabilidad es suya, señora
Calvo, la responsabilidad es de este Gobierno. Eligen mal a sus socios, desde luego, porque creen que ustedes gobiernan en mayoría absoluta y lo hacen a golpe de decreto. Nos presentan decretos que pretenden que apoyemos sin la más mínima
negociación sí o sí y, sin embargo, habla usted de responsabilidad cuando los irresponsables, como le decía, son ustedes. Altura de miras debemos tener todos, la oposición, por supuesto, pero también el Gobierno, señora Calvo. No podemos apoyar
este decreto, no podemos votar a favor, pero si se convalida trabajaremos en su tramitación como proyecto de ley. Aquí vuelven a tener una mano tendida, una mano responsable y que trabaja por todos los españoles; es la mano de Ciudadanos desde el
primer momento de la pandemia. No vuelvan a equivocarse de socios. Seamos ejemplo de moderación, de buena gestión y de entendimiento porque esa es nuestra misión.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Muñoz. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario Plural, tiene la palabra, en primer lugar, el señor Rego Candamil.
El señor REGO CANDAMIL: Grazas, señora presidenta.
Señora vicepresidenta, el Gobierno justifica la necesidad de esta reforma administrativa en la actuación ágil, eficiente y moderna que se precisa para garantizar la absorción de un alto volumen de recursos que, teóricamente, acelerará la
recuperación del nivel de empleo y de la actividad económica. Sin embargo, una vez más el marcado sesgo centralizador que imprimen a todo este proceso, entre otras cuestiones negativas, contribuirá a una más lenta gestión de estos fondos. Si
quieren una gestión ágil, cambien de rumbo y opten por descentralizar e implicar a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos en la gestión de estos fondos. Ese el camino, y no lo decimos solo nosotros porque, ayer mismo, el Comité Europeo de
las Regiones y el Consejo de Municipios y Regiones de Europa alertaban de la exclusión de las comunidades y de los municipios de la preparación y gestión de los planes de recuperación e indicaban que pone en riesgo el éxito de la aplicación de estos
planes. Además, la eliminación de trámites administrativos, controles y el recorte de plazos tienen el evidente riesgo de que las inversiones y la selección de proyectos no cumplan con las garantías necesarias.
Hablan de remover obstáculos y burocracia, pero debe recordarse que las normas procedimentales que ahora se reforman son recientes y tenían precisamente como función establecer un procedimiento administrativo seguro, claro y con garantías.
Nos preocupa especialmente la reducción de plazos en materia de fiscalización y control y de evaluación ambiental de los proyectos, pues dificultará el conocimiento social y la articulación de respuestas ante los mismos. Y nos preocupa más aún -y
con esto finalizo- que todo ese entramado burocrático vaya orientado a que los principales beneficiarios de los fondos sean
las grandes empresas, incluidas las del IBEX 35, en vez del conjunto de la sociedad. En definitiva, no podemos apoyar este decreto.
Obrigado.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Rego. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
A continuación, tiene la palabra el señor Errejón Galván.
El señor ERREJÓN GALVÁN: Gracias, señora presidenta.
Señora vicepresidenta, sabe que a nosotros nos preocupan mucho algunos elementos de la gestión de los fondos europeos. Nos preocupa que hayamos ido conociendo aspectos por la prensa antes de que llegaran al Congreso. Nos preocupa que haya
cosas que conocieran antes en Bruselas o las grandes consultoras de que las conociéramos los representantes de la soberanía popular. Nos preocupa que pueda favorecer un proceso de oligarquización y de concentración en las grandes empresas porque
las pequeñas lo tengan mucho más difícil para acceder a los fondos europeos, cuando son las que más los necesitan y las que más necesitan transformar. Y nos preocupa mucho una posible rebaja de los controles en la adjudicación de los informes de
impacto medioambiental, de la transparencia y, por tanto, de la trazabilidad de adónde van los fondos, y también de la rendición de cuentas, que avancemos hacia una suerte de economía mixta sui generis, en la que lo público asume todos los riesgos y
los grandes de lo privado todos los beneficios. Nos parece que si el dinero va para los de siempre, para hacer lo de siempre, repetiremos los mismos errores del 2008, pero seguramente con palabras más bonitas. Por eso, les exhortamos a traer aquí,
al Congreso de los Diputados, el Plan de recuperación antes de que lo conozcan las grandes empresas y antes de que lo conozca Bruselas, básicamente porque a este Gobierno no lo han elegido Bruselas ni las grandes empresas, lo ha elegido el Congreso
de los Diputados y tiene que venir aquí antes de que lo conozcan otros o de que nos enteremos por la prensa.
Le hemos dicho muchas veces que nos parece que el Congreso tiene como misión hacer mejor al Gobierno y nos hemos comprometido siempre con esa tarea. Nosotros vamos a votar a favor de que pase este real decreto, y lo vamos a hacer, en primer
lugar, por responsabilidad con nuestro país y, en segundo lugar, porque humildemente creemos haber contribuido a que los fondos europeos ayuden a la transformación, a la innovación y a hacer una economía más justa y más al servicio de la vida.
Votaremos a favor tras haber llegado a un acuerdo para un proyecto piloto nacional que estudie con las empresas la implementación de una reducción de la jornada laboral que sea buena para la conciliación, que sea buena para el medio ambiente, que
sea buena para la salud y que aumente la productividad. Es nuestra contribución para reorientar la economía al servicio de la vida.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Errejón. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Finalmente, por el Grupo Parlamentario Plural, tiene la palabra la señora Borràs Castanyer.
La señora BORRÀS CASTANYER: Moltes grácies, senyora presidenta.
La pandemia, ciertamente, como nos recordaba la señora vicepresidenta, es un reto global, pero este Gobierno no puede estar orgulloso de su gestión local. Siendo, según la Johns Hopkins, el quinto país con más muertos por cada cien mil
habitantes, es evidente que no puede presumir de la gestión a nivel sanitario. Que el ministro de Sanidad abandone el barco la semana que se produce el mayor número de muertes desde la primera ola dice mucho de cuáles son sus prioridades.
Pero es que, desgraciadamente, la gestión económica de la crisis ha sido igual de nefasta: sin ayudas directas a los sectores más golpeados por la COVID, sin rebajas fiscales, sin el aplazamiento de impuestos que la economía y las familias
necesitan. Este es el Ejecutivo del segundo país de la OCDE con peores perspectivas de recuperación económica, y la prisa que ha tenido el Estado por cobrar impuestos o por subir las cuotas de los autónomos ha sido inversamente proporcional a la
celeridad en el pago de los centenares de miles de ERTE que todavía no se han cobrado. Nos podemos encontrar -como hace diez años- con que la incompetencia del Gobierno haga que la crisis económica sea más dura y más duradera en España que en los
países de su entorno. Una de las principales obligaciones de cualquier Estado es proteger a sus ciudadanos, y en esta materia el Gobierno ha fracasado estrepitosamente.
Este real decreto, que prepara el terreno para la llegada de unos fondos europeos, puede ser una gran oportunidad si se utilizan de manera racional. Pero desde Junts per Catalunya consideramos que esto es incompatible con una distribución
opaca y no competitiva, donde las principales beneficiadas serán las empresas del IBEX 35, que son las que menos lo necesitan, cuando son las pequeñas y medianas empresas las que más afectadas se han visto por la pandemia y que en Cataluña
representan más del 90 % del tejido empresarial. Así es que, mientras hay emprendedores que sufren como nunca, ustedes seguirán beneficiando a sus amigos de siempre.
Nos presentan un plan extremadamente centralizado y, en España, centralización raramente es sinónimo de eficiencia: Consejo de Ministros, comisión integrada por el presidente y el Ejecutivo, comité técnico, gabinete de Presidencia que haga
el seguimiento... Nos preocupa mucho este recorrido, muchísimo. Nos tememos que la adjudicación de los proyectos estratégicos para la recuperación pueda convertirse en un festival del favoritismo.
¿Les suena el control parlamentario? ¿Les suenan los estándares europeos? ¿Les suena el concepto de concurrencia competitiva? Si son fondos europeos deberían distribuirse y emplearse con criterios europeos. Si así fuera, por el Plan de
recuperación que hoy votamos Cataluña recibiría en torno a un 20 % de los 140 000 millones. Si se reparte de esta manera no competitiva, a la española, esta cantidad puede verse reducida a la mitad. Cuando es Madrid quien reparte, Cataluña suele
recibir migajas. Lo hemos visto con los presupuestos generales. Pedro Sánchez pactó una distribución territorializada de los fondos con los grupos que les dieron apoyo a los presupuestos y al estado de alarma y, una vez más, no ha cumplido.
Nuestro no de hoy, como los de entonces, es coherente con la acción ante un Gobierno que sistemáticamente incumple lo que promete para Cataluña. Desde el primer día denunciamos que no cumpliría. Todas sus promesas se evaporan; esta
también. Este real decreto es una muestra paradigmática del alto precio que paga Cataluña por su dependencia o su falta de independencia respecto de España.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Borràs. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario Republicano, tiene la palabra el señor Rufián Romero.
El señor RUFIÁN ROMERO: Muchas gracias. Buenos días a todas y a todos. Feliz año, porque creo que es el primer Pleno y a algunos de ustedes no les había visto.
Voy a intervenir brevemente, porque esta historia no tiene mucha historia, señora vicepresidenta. ¿De qué hablamos? Pues hablamos de un dineral; de un dineral pactado y acordado durante muchas horas en el corazón de Europa por los Estados
miembros y para los Estados miembros: 750 000 millones de euros, 140 000 para España; un dineral a cargo de la capacidad de deuda de la Comisión Europea, con los Estados miembros como garantía de pago y amortizado en el presupuesto ordinario de la
Unión. Hasta aquí, los hechos; incluso, hasta aquí, las buenas noticias. Vamos con las malas: ¿dónde está el truco?, ¿cuál es el truco? Porque, claro, esto es un dineral; tiene que haber truco. ¿A cambio de qué? ¿A cambio de qué es todo
esto? ¿140 000 millones de euros a cambio de qué?
Como es sabido, los Estados miembro deben elaborar y presentar un plan nacional de recuperación que enumere y argumente las necesidades, inversiones y reformas que justifiquen recibir ese dinero, un plan que debe ser aprobado por el Consejo
Europeo, un consejo dominado manu militari por el eje franco-alemán, y, si no, por Holanda, por Mark Rutte. ¿Merkel, Macron y Mark Rutte van a mirar por las pymes, por los autónomos? En definitiva, en el caso de Cataluña, ¿van a mirar por el 98,9
% de las empresas catalanas? Pensamos que no; de hecho, curiosos patriotas aquellos -en el caso de PP y VOX- que han votado con esta gente en Europa contra los intereses de estos fondos.
Hago una pregunta: estas políticas, estos planes, ¿van a ser restrictivos o expansivos? ¿Van a ser para las grandes empresas o para las pymes y trabajadores autónomos? Pensamos -repito- que será lo primero. Pero, ¿cuál es el plan del
Gobierno -del Gobierno más progresista de la historia de la humanidad, según ellos- frente a esto? Ponérselo aún más fácil a estos poderes fácticos. Leo, apartado 3.d): Los criterios a valorar para declarar un proyecto válido serán que sean
importantes tanto cuantitativa como cualitativamente, con un tamaño particularmente grande o que supongan un nivel de riesgo tecnológico o financiero elevado. ¿Dónde deja eso a las pymes y trabajadoras y trabajadores autónomos de este país, dónde
los deja? Nosotros consideramos que este real decreto está escrito para gente como Florentino Pérez y no para trabajadoras y trabajadores autónomos o para pymes, y creemos
que este país -al menos, el nuestro- está lleno de los segundos, no de los primeros, así que nos parece que obviarlos no solamente es absurdo sino que es lesivo.
Hace unos meses, en aquella especie de terapia de grupo que montaron ustedes, PSOE y PP, llamada Comisión de Reconstrucción, el menos socialista de todos ustedes pero el más sincero -no por honesto, sino por soberbio-, Josep Borrell,
respondía a una pregunta muy clara del Grupo Republicano que decía algo así como: ¿Qué supondrán todos estos millones? ¿Supondrán recortes, supondrán cesiones a las grandes empresas? Josep Borrell, más chulo que un ocho -como casi siempre-,
contestó literalmente: Usted no tiene ni idea de economía -hablaba de mí, me contestaba a mí-, nada es gratis. ¡Claro que las ayudas europeas supondrán cesiones!, ¡claro que supondrán recortes! Señorías del Gobierno, con el debido respeto, hay
quien se vende antes de que lo compren. No se vendan antes de tiempo.
Pero hay un problema añadido, aparte de darles la espalda a miles y miles de pymes: una terrible centralización. Ustedes vuelven a hacer un homenaje a Robespierre en la redacción de este real decreto. Hay cero cargos autonómicos,
municipales y locales con poder de decisión en los espacios de decisión de entrega y reparto de estos fondos. ¡Hombre!, quizá estaría bien escuchar a gente como Urkullu, Ximo Puig o Pere Aragonès en el reparto de estos fondos, por decir tres
nombres.
En definitiva, este real decreto está dictado y redactado por los lobbies y por las grandes patronales, jacobinos en lo competencial y neoliberales en lo económico. Repito, no se vendan antes de tiempo. Este real decreto, para nosotros,
desgraciadamente, saldrá, pero ojalá dejaran de hacer business y se pusieran a hacer política.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Rufián. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, tiene la palabra el señor Honrubia Hurtado.
El señor HONRUBIA HURTADO: Gracias, señora presidenta. Gracias, señora vicepresidenta, por las explicaciones.
A mediados de marzo del año pasado, cuando empezamos a ser conscientes del problema que iba a suponer verdaderamente esta pandemia, cuando supimos que las medidas que teníamos que tomar desde el punto de vista sanitario -confinamiento,
restricciones de la movilidad, cierre de negocios, etcétera- iban a traer asociada irremediablemente una crisis económica de gran envergadura que iba a poner muy difícil la situación a las personas trabajadoras, a las personas normales, cuando este
Gobierno tomó la decisión acertada de actuar de forma radicalmente diferente a como se había actuado en la crisis de 2008 y decidió impulsar un escudo social que protegiera los derechos de los trabajadores y las trabajadoras y que no dejara a nadie
atrás y no dejara a nadie tirado, todos, de alguna forma, miramos de reojo a Europa. La duda era razonable. Sabiendo la actuación que había tenido Europa en la crisis anterior, la crueldad con la que aplicó las políticas de austeridad y la falta
de empatía que tuvo con los países del sur de Europa y específicamente en situaciones tan dramáticas como la que sufrió Grecia, la duda sobre qué iba a hacer esta vez era normal, era razonable. Por eso, cuando supimos que se suspendió el Pacto de
Estabilidad, todos respiramos aliviados. Igualmente, cuando por fin, pese al intento de algunos países de boicotearlo y de que no se llevara a cabo, supimos que había un acuerdo para el reparto de los fondos de recuperación, igualmente todos nos
alegramos y respiramos aliviados. Europa había entendido que había que afrontar la crisis de una manera diferente a como se hizo en 2008, y esa era una buena noticia para todos y para todas. Bueno, no para todos y no para todas, porque, como bien
sabemos, los representantes del partido holandés en esta Cámara hicieron todo lo posible para que ese acuerdo no se llevara a cabo, e incluso cuando se cerró el acuerdo hicieron todo lo posible para que esos fondos no se gestionaran por el Gobierno
sino a través de cualquier otro organismo creado -supongo- a petición de ellos, con gente que ellos pusieran, para tener el control de algo que la ciudadanía no les ha otorgado, para tener el control sobre estos fondos.
Por eso creo que los partidos que estamos en el Gobierno tenemos la responsabilidad de afrontar este reto haciendo justamente lo contrario de lo que hubieran hecho ellos si estuvieran en el Gobierno. Todos sabemos lo que harían: captarían
estos fondos como un botín a repartir, fundamentalmente entre los amigotes, las grandes empresas y las multinacionales, que luego habitualmente han llenado, entre otras cosas, sus sobres y sus cajas en B. Nosotros tenemos que hacer justamente lo
contrario, tenemos que
garantizar que estos fondos lleguen a la ciudadanía a través de un uso correcto que sirva para lo que se supone que deben servir, la recuperación y la transformación económica.
Señorías del PP, les diría que no sé si no se han enterado ustedes de lo que ha pasado en este país en los últimos doce años, en concreto en el último año, porque cuando escucho al señor Pablo Casado en una conferencia esta misma semana en
Barcelona hablando de que habría que usar estos fondos de recuperación para más ladrillo, más cemento, la mochila austríaca o bajar más los impuestos a los ricos, realmente creo que no han entendido o no se han enterado de absolutamente nada. Si
algo hemos aprendido en esta pandemia, con todo el dolor y todo el sufrimiento que ha generado, es que creo que ha habido una serie de hechos que se han convertido en puro sentido común y que incluso ustedes van a tener que acabar aceptando, aunque
solo sea por puro y mero interés electoral. Uno, que cuando llegan situaciones como esta, cuando llegan situaciones mal dadas, son los servicios públicos, son los trabajadores y trabajadoras que están en primera línea, es el Estado del bienestar
que protege los derechos de la ciudadanía y da seguridad cuando hay incertidumbre e inestabilidad, quienes nos salvan. No es Florentino Pérez, no es Amancio Ortega, no es la colaboración público-privada, no es el mercado. No, son los trabajadores
y trabajadoras, es el sector público y es el Estado. Por tanto, nunca más unos servicios públicos mal financiados, unos servicios públicos debilitados y nunca más un Estado del bienestar incapaz de hacer frente a las necesidades de protección y
seguridad de nuestra ciudadanía.
Dos, que nuestra economía no puede seguir dependiendo del turismo, del ladrillo, de la especulación. No se puede, se ha demostrado que nos lleva a una posición de debilidad que, ante situaciones de este tipo, nos deja prácticamente a la
deriva, que tenemos la necesidad de hacer una transformación del sistema productivo para recuperar control y capacidad industrial, para fortalecer nuestros sectores estratégicos y para hacer una transformación, efectivamente, en clave ecológica,
verde y también en clave de innovación y apuesta por la investigación y el desarrollo, la ciencia y la educación. Eso es lo que tenemos que hacer con estos fondos europeos. Por último, creo que también es bastante evidente que no se puede tener un
modelo político en el cual se hacen políticas para beneficiar a las grandes empresas, que eso puede ser muy bueno para engrasar las puertas giratorias que luego muchos de ustedes usarán, pero que, desde luego, no es bueno para el Estado y no es
bueno para la sociedad. Por tanto, tenemos la obligación de utilizar estos fondos para hacer justamente lo contrario de lo que ustedes harían y para utilizarlos para lo que supuestamente deben servir, que es la recuperación y la transformación.
Y sí, es verdad, el decreto ofrece algunas dudas. El representante de Euskal Herria Bildu ha citado dos, que nosotros asumimos perfectamente y entendemos. Hay más que se han citado por otros grupos políticos. Existen dudas en torno al
tema ambiental, sobre si se reducen algunos niveles de control e incluso sobre si se acortan plazos para que las organizaciones ecologistas puedan presentar enmiendas a determinados proyectos, que además no es algo que se agote en el tema
estructural de los fondos, sino que se convertirá en permanente. Hay dudas también desde el punto de vista de la gestión del personal, porque tenemos unas administraciones públicas que está debilitadas -todos lo sabemos-, que ya han tenido
problemas para gestionar algunas de las políticas que se han impulsado por el Gobierno a lo largo de esta pandemia. Por tanto, hay dudas sobre cómo van a afrontar esta situación y sobre si van a tener capacidad de atender todo lo que les demande
este trabajo y a la vez seguir atendiendo asuntos ordinarios. También se meten en algunos aspectos que tienen que ver con la negociación colectiva y que no se solventan. Por supuesto, también hay dudas sobre cómo se van a repartir los fondos y
sobre si se va a privilegiar a las grandes empresas o se va a repartir de forma más equitativa. En definitiva, hay dudas que entendemos que se van a tener que debatir y que se tendrán que solucionar a lo largo de su tramitación como proyecto de
ley. Y ahí a nosotros nos encontrarán trabajando para que, por un lado, se cumpla con los objetivos que se deben cumplir con estos fondos y, por otro, no se permita que se acaben convirtiendo en una especie de banquete para buitres, mientras el
resto de la sociedad se queda con las migajas. Por supuesto, vamos a ser todo lo cabezones y cabezonas que tengamos que ser, donde tengamos que serlo y cuando tengamos que serlo.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Honrubia. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra el señor Espinosa de los Monteros de Simón. (Aplausos).
El señor ESPINOSA DE LOS MONTEROS DE SIMÓN: Gracias, señora presidenta.
El año nuevo no llega sin sorpresas. Hoy hemos podido escuchar aquí al señor Errejón defendiendo la soberanía del pueblo español por encima de las multinacionales. Hemos escuchado al señor Rufián defendiendo la soberanía de España por
encima del eje franco-alemán que controla la Unión Europea y defendiendo a las pymes. Tengan ustedes cuidado que por ese camino se acaba en VOX y no si sé si sabríamos gestionar eso bien. (Risas y aplausos).
Señora vicepresidente, traen ustedes hoy a esta Cámara un real decreto-ley muy importante, obviamente, para el futuro de España, decisivo, incluso; una norma que determinará en buena manera el diseño, la ejecución, la administración de unos
fondos europeos que serán claves o que puede ser claves para la recuperación de España. Una gran oportunidad, porque, bien invertidos, estos fondos pueden convertirse en un estímulo para impulsar una urgente recuperación y afrontar los principales
retos de nuestra economía, pero, mal invertidos, nos pueden devolver a aquellos años no tan lejanos, que usted recordará bien, en los que la inversión pública se convirtió en un sinónimo de derroche, de propaganda y de beneficencia, peor incluso de
lo que venimos viendo habitualmente con el gasto público improductivo.
Señorías, España no puede permitirse una nueva equivocación que nos condene a un nuevo fracaso, porque los españoles ya sabemos lo que viene después. No nos olvidamos de que el PlanE de Zapatero fue seguido por una congelación de las
pensiones, la bajada de sueldo a los funcionarios y el mayor plan de ajuste de nuestra historia, los auténticos recortes. (Aplausos). Hasta tal punto no nos olvidamos, que a principios de esta misma legislatura ya les advertimos de que ustedes
acabarían igual que ZP. Pues bien, ya llevan usted dos de tres en este primer año. Pese a que la ministra de Hacienda me lo negó no tres veces, como en la Biblia, sino cuatro, ya ha subido los impuestos; el ministro de la Seguridad Social ya ha
anunciado una bajada de la pensiones y el recorte a los empleados públicos no tardará mucho en llegar, y si no, al tiempo. Precisamente por todo ello, señora vicepresidente, y porque forma usted parte de un Gobierno totalmente irresponsable,
invertir bien los fondos europeos es incluso más importante ahora que entonces. Lo es, desde luego, desde el punto de vista cuantitativo. España, el país que porcentualmente menos fondos europeos ha logrado ejecutar en estos últimos años, se
enfrenta al enorme reto de diseñar, asignar y ejecutar ahora fondos por valor de 150 000 millones de euros, un reto mayúsculo teniendo en cuenta que de 2014 a 2020 apenas hemos sido capaces de certificar 20 000 millones.
Pero, sobre todo, la gestión de estos fondos es importantísima por el delicadísimo momento en el que llega. El impacto del coronavirus en nuestra economía sigue siendo devastador, pese a la propaganda oficial, y a muchas empresas, autónomos
y comerciantes se les ha vuelto a obligar a bajar la persiana de su negocio. Este es el enésimo golpe a nuestro tejido productivo. Sectores enteros, desde la industria del automóvil, al turismo o a la hostelería, agonizan y nos miran hoy con la
esperanza de que esos recursos de Europa les permitan siquiera sobrevivir. Sigue siendo prioritario mantener vivo lo que queda de nuestras empresas y no podemos iniciar una recuperación al margen de nuestro tejido productivo, cuya supervivencia
sigue siendo o debería ser el primer objetivo de nuestra política económica.
Primero, ustedes llegaron tarde; después, impulsaron medidas erróneas y carentes de la agilidad y contundencia necesarias para evitar la destrucción de empresas y empleo, y cuando parecía que era imposible empeorar la situación, fueron
ustedes el único Gobierno de toda Europa que decidió aumentar los impuestos. Consecuencia: somos el país que más empresas ha destruido, el que más empleo ha perdido y el que mayor deterioro económico ha sufrido. Pero ustedes viven en una burbuja
tan ajena a la realidad de los españoles que el ministro Escrivá llegó a afirmar esta semana que apenas se había destruido empleo estructural. Pues mire, hoy mismo los datos del cuarto trimestre de la EPA publicados indican que cerramos el año 2020
con 750 000 empleos destruidos -supongo que no serán estructurales para el ministro-, y eso sin contar con los 750 000 españoles actualmente en un ERTE. No sé si les parece ya suficiente.
Viven ustedes al margen del país, y lo vuelven a demostrar con este real decreto-ley en el que se olvidan de la realidad en la que viven cientos de miles de comerciantes, de pequeños autónomos, de pequeños empresarios que agonizan, señora
vicepresidente; personas, empleadores y empleados, que podrían tener en estos fondos su última oportunidad. Pero, en lugar de apoyar a nuestros empresarios y a nuestros creadores de empleo, este Gobierno quiere crear otros empresarios distintos,
eso sí, sin tener ni noticia de lo difícil que es crear una empresa. Pero ustedes quieren crear una nueva clase empresarial, en palabras del vicepresidente Iglesias. Falta decir 'empresarios de los suyos', unos nuevos empresarios del BOE que serán
ungidos a través de lo que este real decreto llama Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica, PERTE, que rima con ERTE. No podía ser más desafortunado
el nombre. La dirección de la economía no será fruto desde ahora de la libre elección de los agentes económicos, sino que se dirigirá desde el Consejo de Ministros.
El pasado 7 de octubre, el presidente Sánchez presentó el Plan de recuperación. Se trataba, en teoría, de un proyecto de país con un impacto para varias generaciones al que el Gobierno debería haber tratado de incorporar las aportaciones de
los distintos grupos de esta Cámara. Pero, como es habitual ya en este Gobierno, lo hizo desde la Moncloa, lo hizo sin contar con nadie y con un oscurantismo inaceptable, absolutamente al margen de instituciones como esta, que representa la
soberanía nacional, y sin diálogo alguno con partidos de la oposición. Él quiere ser el que mande y quiere mandar en todo. Por eso, la arquitectura para la gestión de estos fondos configurados al margen de esta Cámara ha privado a todos los grupos
de cualquier tipo de participación y este real decreto-ley, como todos, también entró en vigor sin haberse negociado previamente en esta Cámara. Se dio continuidad a ese rodillo legislativo al que nos tienen acostumbrados, con el que han abusado
del real decreto en estos últimos meses.
La administración de estos fondos se ha articulado de una forma tan partidista que no guarda los estándares mínimos ni de ética ni de estética. La coordinación del Plan de recuperación se hace depender directamente del gabinete del
presidente del Gobierno, y se articula una especie de administración paralela, capaz de decidir al margen de los procedimientos ordinarios. Se trataba de dotar al mecanismo de procedimientos transparentes, ágiles y objetivos para salvar empresas y
empleos y abordar los retos del país. Sin embargo, lo que nos están presentando hoy son los fundamentos de la mayor red clientelar de la historia de España. Las consultoras políticas, pobladas de ex altos cargos socialistas, ya están celebrando en
abierto, sin ningún tipo de rubor, el maná que les va a caer del gabinete del presidente. Señora vicepresidenta, solo desde el sectarismo más extremo se puede convertir una oportunidad histórica para España como esta en una herramienta clientelar
al servicio de un partido político. VOX, obviamente, está a favor de que esos fondos lleguen a nuestras empresas, no como dádiva, no como gracia de este Gobierno, sino como compensación, como indemnización por lo que les hemos hecho sufrir entre
todos, pero no podemos ser cómplices de un sistema diseñado para apuntalar a una red clientelar al servicio de su casa partidista.
Por desgracia, hasta los pronósticos más ominosos que hemos lanzado en esta Cámara se han cumplido con ustedes con absoluta precisión. Así que hoy, 28 de enero de 2021, tomen nota ustedes y los nuevos agraciados de la gestión del reparto
del botín, porque hoy lo volvemos a avisar: este mecanismo tan opaco es el camino más corto a la corrupción. Y nosotros estaremos vigilantes. Los españoles no se merecen menos.
Muchas gracias. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie).
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Espinosa de los Monteros. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores). Gracias.
Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Casares Hontañón.
El señor CASARES HONTAÑÓN: Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias también, vicepresidenta primera del Gobierno.
Señorías, hoy estamos asistiendo a un debate en el que ya casi nada nos sorprende, por lo que hemos escuchado en esta tribuna del Congreso de los Diputados. Quiero responder a algunas afirmaciones y, sobre todo, situar la responsabilidad de
lo que tenemos hoy entre manos. Señor Rufián -no está ahora en el hemiciclo-, le pregunto si SEAT es una multinacional o son los miles de trabajadores a los que da empleo en Cataluña. (Aplausos). Porque este plan también va a permitir la
transformación de la industria del automóvil en este país. Cuánta irresponsabilidad por una campaña electoral, señor Rufián.
Señorías, este país y su ciudadanía merecen una oposición responsable, a la altura del sufrimiento de millones de ciudadanos, y no la que ustedes están haciendo continuamente en esta Cámara. Estamos en un momento trascendental, estamos
diseñando hoy la España de las próximas generaciones y poniendo a prueba la capacidad de adaptación de todo un país a un tiempo que necesariamente será distinto. La democracia, pero también la historia, han demostrado que uno es útil gobernando,
pero que también lo puede ser desde la oposición, señorías del Partido Popular. Sé que en demasiadas ocasiones en esta legislatura ha sido difícil que ustedes entendieran esto, porque demasiadas veces en esta legislatura han hecho todo lo posible
para que le fuera mal a su país, pero todavía es más difícil de comprender todo su papel en las relaciones con la Unión Europea. Se opusieron a la participación de España en el programa SURE, con el que estamos financiando miles de puestos de
trabajo como los ERTE. Intentaron
por todos los medios que Europa no dispusiera de los 140 000 millones de euros que van a llegar a España para ayudarnos en la recuperación económica. Pero no contentos con esto, intentaron también que se pusieran después durísimas
condiciones a esos fondos y, a su vez, han hecho todo lo posible, señorías del Partido Popular, para que no se aprobasen los Presupuestos Generales del Estado para 2021, que permiten canalizar estos fondos. Y ahora, no contentos con todo eso,
señorías, ¡el Partido Popular va a votar que no a la convalidación de este real decreto-ley que va a permitir que estos fondos se canalicen, y que podamos tener una tramitación ágil y cumplir con Europa! Eso es lo que están haciendo ustedes hoy,
señorías del Partido Popular, que es tanto como decir su enorme irresponsabilidad con este país y con los hombres y mujeres de España. (Aplausos.-Gestos negativos de la señora Rodríguez Herrer). Sí, señorías, esa es la realidad y no lo que hoy han
intentado vendernos en su discurso sobre sus dudas sobre la tramitación de este proyecto de ley. Porque ustedes son los mismos que han dicho que iban a poner la letra a una música que sonaba bien, la de los fondos europeos, y lo que están poniendo
es la letra de una novela negra, la novela más negra de la historia de este país que es su oposición a esta Cámara, señorías. El mismo Partido Popular que llega a decir que con los fondos europeos hay que pagar los daños del temporal que hemos
sufrido, especialmente por cierto por su irresponsabilidad en Madrid. ¡No saben de qué van los fondos europeos, señorías del Partido Popular! Esa es su irresponsabilidad también con este país. (Aplausos). Sí, señorías, les da igual todo, están
utilizando las circunstancias más excepcionales que hemos vivido como país y como democracia para el único fin que tienen, que es derrotar a este Gobierno. Son ustedes, en definitiva, unos antipatriotas. (Protestas de la señora Rodríguez Herrer).
Han hecho la oposición más desleal, más irresponsable, más injusta y más doliente que se recuerda en ningún rincón de Europa. Y han hecho aquí además hoy un esfuerzo más de soberbia con el único fin de perjudicar a este Gobierno, señorías. Hoy
tenían una oportunidad -no sé si la última- de arrimar el hombro y van y dicen que no y vuelven ustedes a fallar a su país. No lo olviden, porque los hombres y mujeres de este país no lo van a olvidar, señorías del Partido Popular. (Aplausos). Y
lo aquí debatimos, señorías, es la convalidación de este real decreto-ley que es una oportunidad de país, una oportunidad para abordar la crisis desde una perspectiva común europea con este Plan de recuperación, una oportunidad para poner en marcha
la mayor movilización de recursos que se recuerda, una oportunidad para desarrollar inversiones y reformas estructurales, una oportunidad para recuperar el empleo y la actividad económica perdida, señorías. En definitiva, una oportunidad para ganar
y construir el futuro.
La crisis ha sido devastadora, la pandemia se ha llevado por delante la vida de demasiadas personas y ha causado un dolor inmenso. Por eso la importancia de un Plan como el de Recuperación, Transformación y Resiliencia que nos va a permitir
avanzar en esa recuperación verde, digital, inclusiva y social. Y para ello es fundamental que aprobemos hoy este real decreto, que va a agilizar y nos va a permitir todos los trámites administrativos para que se puedan ejecutar esos fondos
europeos, señorías. Porque hoy lo que votamos aquí no es el reparto de los fondos europeos, lo que estamos votando es la ejecución de los fondos europeos, que se puedan ejecutar y además con garantías. Por eso, especialmente quiero dar hoy las
gracias a todos los partidos políticos de esta Cámara que han entendido el mensaje y la importancia del momento histórico que estamos viviendo. Quiero dar las gracias especialmente al señor Matute (rumores) y garantizarle el compromiso de este
grupo parlamentario con las propuestas que además compartimos, que es que tengamos y acordemos mejoras para una mayor transparencia -¡señorías del Partido Popular!- y para que los ayuntamientos también cuenten en los fondos europeos. (Aplausos).
¿O también están en contra de eso, señorías del Partido Popular, de que los ayuntamientos de este país participen de los fondos europeos? ¿También, señorías del Partido Popular? Y gracias asimismo especialmente al señor Errejón, con el que vamos a
compartir ese proyecto para aumentar la productividad de las empresas en un momento y además en el marco del diálogo social. Porque eso es lo que ha acordado hoy este grupo parlamentario, eso es lo que hemos acordado hoy para mirar al futuro,
señorías. Y hoy esa oportunidad no es con este grupo parlamentario, no es con el Gobierno, es con la historia de España.
Muchísimas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Casares. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
- REAL DECRETO-LEY 35/2020, DE 22 DE DICIEMBRE, DE MEDIDAS URGENTES DE APOYO AL SECTOR TURÍSTICO, LA HOSTELERÍA Y EL COMERCIO Y EN MATERIA TRIBUTARIA. (Número de expediente 130/000036).
La señora PRESIDENTA: Pasamos a debatir el tercer punto del orden del día, convalidación o derogación del Real Decreto-ley 35/2020, de 22 de diciembre, de medidas urgentes de apoyo al sector turístico, la hostelería y el comercio y en
materia tributaria. Para presentar el real decreto-ley, tiene la palabra, en nombre del Gobierno, la señora ministra de Industria, Comercio y Turismo.
La señora MINISTRA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO (Maroto Illera): Gracias, presidenta.
Señorías, comparezco hoy ante el Pleno del Congreso de los Diputados para defender la convalidación del Real Decreto-ley 35/2020, de 22 de diciembre, de medidas urgentes de apoyo al sector turístico, la hostelería y el comercio y en materia
tributaria, un decreto que contiene un nuevo paquete de medidas que refuerzan las ya aprobadas desde el inicio de la pandemia, y cuya finalidad es aliviar la situación de empresas y autónomos de estas actividades y atender sus costes fijos, entre
otros, los salarios, arrendamiento o pago de impuestos, así como cotizaciones sociales, que permitan mantener su viabilidad y que no se vean abocados al cierre. Un apoyo que hemos coordinado con el resto de administraciones públicas en la
conferencia sectorial celebrada el pasado 28 de diciembre, que ha dado lugar a una respuesta conjunta de todas las administraciones que nos permite proteger a más empresas, autónomos y trabajadores del sector turístico, la hostelería y el comercio,
ya que son muchas las comunidades autónomas y municipios que en este momento están aprobando medidas en forma de ayudas directas que complementan -como digo- las medidas recogidas en este real decreto-ley. (El señor vicepresidente, Rodríguez Gómez
de Celis, ocupa la Presidencia).
Como sus señorías conocen, las medidas adoptadas para contener la pandemia han reducido sustancialmente las relaciones personales y la movilidad, tanto nacional como internacional, y los efectos han sido demoledores en nuestro sector
turístico y comercial, como lo han sido en el resto del mundo. Sin duda 2020 será recordado como el peor año que se ha registrado en la historia del turismo, la hostelería y el comercio, por ello las medidas recogidas en este real decreto-ley que
hoy debatimos son tan importantes, porque les da a estos sectores seguridad, porque les da certidumbre para afrontar las difíciles semanas que aún quedan para volver a doblegar la curva y controlar la pandemia. El inicio del proceso de vacunación,
sin duda, ofrece un horizonte de esperanza, empezamos a ver la luz al final del túnel, pero mientras recorremos ese túnel, las empresas y los trabajadores necesitan de una red de protección que garantice su supervivencia. Este paquete adicional de
medidas que hoy debatimos viene a sumarse a una ambiciosa red de seguridad que el Gobierno ha desplegado desde el inicio de la pandemia, y que este Parlamento ha apoyado de forma mayoritaria; una red para proteger el tejido productivo, el empleo,
pero también las rentas familiares frente a la crisis económica y social causada por la pandemia de la COVID-19.
Los sucesivos paquetes de medidas que se han puesto en marcha han permitido afrontar, en primer lugar, la fase más crítica, cuando se produjo una paralización casi total de la actividad económica como consecuencia del confinamiento de la
población para frenar los contagios. En segundo lugar, esta red ha ido atendiendo también al levantamiento de las restricciones y permitiendo poner en marcha la reactividad de la actividad económica y la recuperación gradual del empleo en un
entorno todavía de elevada incertidumbre como consecuencia de la evolución de la pandemia. Me gustaría destacar de esta ambiciosa red de seguridad algunas medidas, en particular la línea de avales del ICO, que hasta el momento ha permitido
movilizar más de 42 500 millones de financiación para las empresas del sector del turismo, de la hostelería y del comercio, que ha beneficiado a más de 260 000 empresas, sobre todo pymes y autónomos. El apoyo extraordinario de los expedientes de
regulación de empleo temporal, que nos ha permitido proteger más de un millón de puestos de trabajo en el sector turístico y comercial en el pico más alto en el mes de abril, y que actualmente protege a 473 000 trabajadores, con un coste de 8500
millones de euros, o la prestación extraordinaria para autónomos, que actualmente reciben más de 154 000 beneficiarios del sector del turismo, del comercio y de la hostelería, con un coste de 880 millones de euros. Estas medidas sin duda, señorías,
suponen un extraordinario esfuerzo de recursos públicos que ha evitado una destrucción masiva de empleo, pero, sobre todo, que ha incentivado la incorporación de trabajadores a sus puestos de trabajo conforme se iba normalizando la situación,
protegiendo, además, a quienes se han visto más afectados por la evolución negativa de la pandemia.
Sin duda, el reciente acuerdo social de prórroga de ERTE y de la prestación extraordinaria de autónomos hasta finales de mayo ofrece estabilidad y ofrece certidumbre a las empresas y a los
trabajadores, y me gustaría destacar el importante papel que está jugando el diálogo social, un diálogo social que está trabajando por el interés general y al servicio de la sociedad española. Esta prórroga supone una ayuda directa a los
sectores de la hostelería del comercio y del turismo de en torno a 4000 millones de euros hasta finales de mayo.
Señorías, desde el Gobierno hemos hecho un extraordinario esfuerzo para apoyar al sector turístico, a la hostelería y al comercio, destinando más de 62 000 millones de euros, lo que demuestra, sin duda, nuestro compromiso con la viabilidad
de estos sectores. Como les decía, todas estas actuaciones nos han permitido proteger una base sólida de tejido empresarial y económico, amortiguando el impacto negativo de la pandemia y evitando efectos estructurales más profundos y permanentes
que hubieran podido poner en riesgo su recuperación. Gracias a estas medidas, que siguen todavía hoy en vigor, la economía española ha demostrado una gran capacidad de recuperación, como prueba más evidente fue la evolución del PIB durante el
tercer trimestre de este año, con un crecimiento que sorprendió por haberse producido, además, en un contexto complicado, todavía con ausencia de turismo internacional y con rebrotes, recordarán, importantes en algunos territorios de nuestro país.
Además, las medidas para proteger a empresas y trabajadores están teniendo una adaptación continua para estar acompasadas a las cambiantes circunstancias de la evolución de la pandemia, y es desde esta perspectiva de actualización y adaptación
permanente de las respuestas que vamos dando a las necesidades de nuestro tejido productivo y en este marco, como decía, donde se justifica la presentación del real decreto-ley que hoy debatimos.
El objetivo fundamental es seguir garantizando la efectividad de la red de seguridad de cara a los próximos meses, hasta que el proceso de vacunación logre, por fin, que dejemos atrás la extraordinaria situación generada por la pandemia. En
concreto, el real decreto-ley que hoy traemos a convalidación moviliza un total de 4220 millones de euros para reforzar la hostelería, el comercio y el turismo con las siguientes actuaciones. En primer lugar, se aprueban medidas dirigidas a
arrendamientos de locales de negocio. En el caso de que el arrendador sea un gran tenedor de diez o más locales, si las partes no llegaran a un acuerdo, el arrendatario que sea pyme o autónomo podrá optar a dos alternativas. Por un lado, la
reducción del 50 % de la renta arrendataria durante el tiempo que dure el estado de alarma, sus prórrogas y hasta un máximo de cuatro meses adicionales, a contar desde la finalización del estado alarma, o bien a una moratoria en el pago de la renta
arrendataria durante el tiempo también que dure el estado de alarma, sus prórrogas y hasta un máximo de cuatro meses adicionales, a contar desde la finalización del estado de alarma. Este pago aplazado de las rentas se podrá realizar durante un
periodo de dos años, a contar desde la finalización de la moratoria. El número potencial de locales beneficiarios de esta medida supondría en torno a 190 000, corresponderían 33 000 a locales del sector turístico y 173 000 a locales comerciales.
Para el resto de arrendadores de locales comerciales se establece un incentivo fiscal, un incentivo con el que se pretende que las personas físicas que alquilen locales en los cuales se desarrollan actividades económicas vinculadas al
turismo, la hostelería o el comercio, acuerden voluntariamente rebajas en la renta arrendaticia correspondiente a los meses de enero, febrero y marzo de 2021, permitiendo computar un gasto deducible para el cálculo del rendimiento del capital
inmobiliario y la cuantía de la rebaja de la renta acordada durante tales meses. Este incentivo, señorías, tiene un coste estimado de 324 millones de euros, y permite reducir hasta el 100 % de cualquier alquiler mensual en el caso de que el
arrendador rebaje toda la renta. Se estima que 323 701 arrendadores se están beneficiando de esta medida.
En segundo lugar, se adoptan también medidas en el ámbito de la liquidez y la solvencia. Se crea un nuevo tramo específico dentro de la línea de avales ICO para pymes y autónomos del sector turístico, la hostelería y actividades anexas,
dotado de 500 millones de euros y con una garantía del Estado de hasta el 90 %. Es una línea que permitirá obtener financiación a empresas muy afectadas por el COVID-19, como las agencias de viajes, el transporte discrecional o el sector alojativo,
al incrementarse en 10 puntos, como decía la garantía, de aval público. Por otro lado, las agencias de viajes y los operadores turísticos y servicios de reserva podrán utilizar la financiación avalada por el ICO para la devolución de los anticipos
a clientes por viajes combinados y derechos de resarcimiento.
En este bloque me van a permitir que haga una referencia a la ampliación del periodo de carencia en los préstamos avalados por las líneas ICO y las sociedades de garantía recíproca de las distintas comunidades autónomas, con el
reafianzamiento de Cersa, así como del periodo de amortización, una medida, señorías, que fue aprobada el 24 de noviembre en el Consejo de Ministros. Esta medida, como decía, de ampliación de las carencias y de los plazos de amortización de los
préstamos ICO beneficia a
más de 256 000 empresas del sector turístico, la hostelería y el comercio, y se impone sin duda una reducción del esfuerzo financiero como consecuencia de este aplazamiento en la devolución del principal y los intereses de los préstamos
avalados por el Estado.
En tercer lugar, se establecen medidas de carácter tributario. En concreto, se aprueba un nuevo aplazamiento de deudas tributarias durante seis meses, con tres meses de carencia en intereses, previa solicitud y también de deudas tributarias
correspondientes a declaraciones, liquidaciones y autoliquidaciones cuyo plazo de presentación e ingreso sea del 1 de abril al 30 de abril de 2021, ambos inclusive, de modo que, en lugar de ingresar en abril, tendrán que ingresar las deudas en
octubre. De esta forma se evitan posibles tensiones de tesorería que puedan experimentar las pymes y los autónomos. El importe potencialmente aplazado ascendería a unos 2668 millones de euros, y el número total de personas beneficiadas por los
aplazamientos sería de unos 617 000 contribuyentes, de los cuales 92 000 pertenecen al sector de la hostelería y la restauración y 68 000 al comercio.
Otra medida tributaria que recoge la norma es el aumento de la reducción en la tributación por módulos en el IRPF, del 5 % actual al 20 % con carácter general. Sin embargo, para los sectores que se han visto más afectados por las medidas
adoptadas para combatir el COVID, como la hostelería, el comercio y el turismo, esta reducción en la tributación por módulos será del 35 %. Esta medida se aplicará, tanto en el cuarto pago fraccionado de 2020 como en el primer pago de 2021. De
hecho, las reducciones del 20 % con carácter general y del 35 % para el turismo, la hostelería y el comercio, también se aplicarán en la tributación del régimen simplificado del IVA correspondiente a la cuota devengada de 2020 y la primera cuota
trimestral de 2021. El importe estimado de esta reducción, señorías, en el IVA y en el IRPF ascendería en torno a 117 millones de euros y el número de beneficiarios en el ámbito del turismo y el comercio en torno a 132 000 contribuyentes.
Otras medidas tributarias recogidas en la norma incorporan la reducción en el número de periodos impositivos afectados por la renuncia del método de estimación objetiva del IRPF, la extensión prevista para las retribuciones en especie del
servicio de comedor de empresa, aplicable al consumo de comida, tanto del delivery como del take away, la deducibilidad de pérdidas por deterioro de los créditos derivadas de las posibles insolvencias de deudores y la reducción del plazo que las
cantidades adeudadas por los arrendatarios tengan la consideración de saldo de dudoso cobro.
En cuarto lugar, la norma incorpora medidas para fomentar el empleo. En particular, se extienden las exenciones previstas en la disposición adicional primera del Real Decreto-ley 30/2020, de medidas sociales en defensa del empleo a
determinados sectores económicos, en los siguientes subsectores, que pasan a ser sectores hiperprotegidos. Me estoy refiriendo al comercio al por mayor de bebidas, a los restaurantes y puestos de comida, a los establecimientos de bebidas y también
a las actividades de jardines botánicos, parques zoológicos y reservas naturales. Esta medida, señorías, se aplicará hasta finales de mayo tras el nuevo acuerdo social entre sindicatos y patronal para el conjunto de los sectores, como decía,
protegidos por los ERTE.
En el ámbito de la Seguridad Social, las empresas dedicadas a actividades encuadradas en los sectores del turismo, el comercio y la hostelería podrán aplicar una bonificación del 50 % de las cuotas de Seguridad Social para la contratación de
fijos discontinuos de abril a mayo. El coste de esta medida asciende a 73 millones de euros.
El último de los puntos incorporados en la norma establece una serie de medidas regulatorias que tienen que ver con la flexibilización de los requisitos para el mantenimiento de los incentivos regionales, que constituyen unas subvenciones
importantes a fondo perdido para paliar estos objetivos interterritoriales. Se estima que esta medida beneficiará en torno a 615 proyectos de inversión empresarial que se encuentran actualmente en vigor o en fase de mantenimiento del empleo e
inversiones, con una subvención asociada de más de 740 millones de euros, de los que el 40 % corresponde al sector turístico. Finalmente, dentro de este bloque de medidas, se establece también un régimen transitorio para las zonas de afluencia
turística para 2021.
Señorías, estas son las principales medidas recogidas en el Real Decreto-ley 35/2020, que someto a su consideración para que sea convalidado, porque, como he señalado, son muchas las empresas y muchos los trabajadores que se van a
beneficiar.
Como señalaba al principio de mi intervención, esta crisis ha golpeado de forma muy dura al turismo, a la hostelería y al comercio. Permítanme una reflexión importante que hemos aprendido de esta crisis sanitaria. Cuando logremos tener un
control eficaz de la pandemia, se producirá, sin duda, un fuerte repunte de la actividad económica, como así pudimos constatar en el tercer trimestre de 2020. Por ello, es
imprescindible convertir el proceso de vacunación en la mayor prioridad de este país. Sin salud no habrá recuperación. Por tanto, afrontamos 2021 con algunas certezas que nos permiten tener cierta esperanza y cierto optimismo sobre el
futuro. La primera, es el inicio del proceso de vacunación en muchos países, que ofrece un horizonte de esperanza para inmunizar a una mayoría de la población, que estará en condiciones de viajar con seguridad. La segunda es que sabemos que la
recuperación de la movilidad traerá consigo una rápida recuperación de la actividad turística y del comercio. España sigue siendo uno de los países preferidos para viajar, según las encuestas. Y la tercera certeza es que la Unión Europea,
señorías, ha dado una respuesta ejemplar a la crisis económica y social aprobando el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y dotando a España, además, de más de 140 000 millones de euros para abordar la transformación de la economía hacia la
sostenibilidad ambiental y la digitalización. No pretendo con ello trasladar autocomplacencia en mis palabras. Somos plenamente conscientes, señorías, de que son muchas las necesidades del turismo, de la hostelería y del comercio, y de sus
empresas y trabajadores, por ello seguimos trabajando con los sectores para adaptar la red de seguridad a la evolución de la pandemia, y así lo hemos hecho desde el inicio en marzo de 2020.
Finalizo, señorías, con una última reflexión. El Gobierno de España va a seguir tomando las medidas que sean necesarias para preservar la estructura productiva e iniciar la recuperación en las mejores condiciones posibles. Mientras llega
la tan ansiada recuperación, desde el Gobierno estamos trabajando en dos prioridades. En primer lugar, en reforzar el liderazgo de España en el seno de la Unión Europea, de la Organización Mundial del Turismo y de la OCDE para establecer criterios
comunes y homogéneos a nivel mundial, con el fin de garantizar la movilidad internacional de manera segura, uno de los mayores condicionantes para recuperar la actividad turística. Me gustaría destacar en este ámbito tres iniciativas que hemos
desarrollado. La primera es la Conferencia de La Palma, que celebramos el pasado 30 de noviembre, donde contamos con la colaboración de la Organización Mundial del Turismo y del Consejo Mundial del Turismo y Viajes. En ella nos comprometimos a
reforzar la colaboración público-privada para garantizar el reinicio de los viajes internacionales seguros, apostando por los test de origen, los corredores turísticos y el rastreo de contactos. La segunda iniciativa que lidera España en el ámbito
de la OCDE, y que anunció el presidente del Gobierno el pasado 14 de diciembre, es buscar, consensuar y homogeneizar la realización de pruebas de detección del COVID previas al desplazamiento, el establecimiento de umbrales de incidencia de
contagios a partir de los cuales deberían realizarse dichas pruebas, así como definir qué metodología debemos utilizar. También en el seno de la Unión Europea estamos trabajando, como saben, en un certificado de vacunación común. La vacunación es
clave y fundamental para reabrir fronteras de manera segura y estimular la recuperación del turismo. Este certificado ofrece a los Gobiernos la confianza para abrir sus fronteras de forma segura, pero también a los pasajeros la confianza para
viajar.
La segunda prioridad en la que este Gobierno está trabajando es la de reforzar las campañas de promoción turística que desarrolla Turespaña en los distintos mercados emisores. España debe ser reconocida como un destino seguro y para
recuperar la confianza de los turistas es fundamental que cuenten con toda la información sobre nuestros destinos. En este sentido, como saben, hemos puesto en marcha una nueva estrategia de comunicación llamada Travel Safe, con la que queremos
posicionar la marca turística España como un prescriptor de viajes seguros.
La última reflexión que compartimos -y con esto termino esta intervención- es que sin duda la evolución de la pandemia nos obliga a mantenernos muy alerta ante los cambios en las circunstancias y también ante las necesidades de nuestro
tejido productivo, así como a tomar decisiones y medidas en los plazos más rápidos posibles y con mayor eficacia. Este es el objetivo fundamental del real decreto-ley que, como en los anteriores, quiere seguir acompañando a nuestras empresas y
dando respuesta a sus problemas, minimizando los efectos de la crisis económica y sanitaria provocada por la pandemia. Quiero darlas gracias de una manera especial a todos los grupos parlamentarios que van a apoyar este real decreto-ley en unos
momentos, sin duda, muy complicados para el turismo, el comercio y la hostelería, estando al lado y acompañando a nuestras empresas y trabajadores. Dar un voto favorable a la convalidación de este real decreto-ley, señorías, es el mejor servicio
que podemos hacer por nuestro país.
Muchas gracias (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchísimas gracias, ministra. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
En turno de fijación de posiciones, interviene por el Grupo Parlamentario Mixto, en primer lugar, el señor Martínez Oblanca.
El señor MARTÍNEZ OBLANCA: Muchas gracias, señor presidente.
Buenos días, señora ministra de Industria, Comercio y Turismo. El real decreto-ley que usted acaba de explicar contiene medidas insuficientes para atender la catastrófica y asfixiante situación límite por la que atraviesan el sector
turístico, la hostelería y el comercio, todos efectivamente durísimamente golpeados. Una vez más, como ha venido sucediendo desde que se reconoció tardíamente la llegada del coronavirus, COVID19, el Gobierno va por detrás de los acontecimientos y
de las necesidades. Se dedicaron a hacer publirreportajes, pero nunca han atendido a tiempo la realidad de los hechos. Recordar ahora la masiva campaña publicitaria del 'Salimos más fuertes' resulta más que un sarcasmo, resulta un desprecio
mayúsculo para todos aquellos que viven muy angustiados en el día a día. Fíjese si llegaron tarde, que a usted su propio Gobierno la excluyó de la Comisión de Reconstrucción que se celebró aquí, en el Congreso de los Diputados.
Señora Maroto, los sectores y subsectores a los que van dirigidas las medidas que se contemplan en esta norma llevan toda la pandemia clamando desesperadamente por unos apoyos directos de emergencia económica, así como por exenciones o
rebajas fiscales. El Gobierno no ha escuchado ni antes ni ahora, y debería haber imitado lo que hacen otros países homólogos a España. Desde Foro Asturias creemos imprescindible que las restricciones sociales y los toques de queda se acompañen de
compensaciones directas para que el turismo, la hostelería, el comercio y todos los afectados puedan sobrevivir, porque se está pidiendo a la población que se quede en casa para frenar el contagio y eso conlleva una paralización económica que hay
que compensar adecuadamente a quien la sufre. Estas medidas son mejorables.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias.
A continuación, tiene la palabra el señor Mazón Ramos.
El señor MAZÓN RAMOS: Muchas gracias.
La posición de la Comunidad Autónoma de Cantabria ya se la hicieron saber a la ministra la consejera y la directora general de Turismo el pasado mes de diciembre. En realidad, las peticiones de Cantabria son mayoritariamente las que hace el
sector, porque son conocidas las peticiones de reducción de impuestos, subvenciones a fondo perdido y más agilidad, lo mismo en turismo que en hostelería y comercio. Dentro de sus competencias, la Comunidad Autónoma de Cantabria ha hecho un gran
esfuerzo económico, de los mayores de España en términos relativos, para compensar estas carencias. Pero lo que es común a todos, y también a todos los sectores, es la petición de más ayudas directas. Por supuesto, esto tiene dificultades, pero
las ventajas son muy grandes, ya que es la mejor manera de mantener el sistema productivo y las relaciones económicas, en general. Por otra parte, además, se reduce el riesgo de esa espada de Damocles que tiene el Gobierno con las peticiones de
responsabilidad patrimonial, porque hay que recordar que también cubre el funcionamiento normal de los servicios públicos, no solamente cuando haya dolo y negligencia. El Gobierno tiene que explorar más esta vía, es una vía muy potente y sencilla,
tiene muchas ventajas aunque sabemos que tiene inconvenientes. A pesar de todos los inconvenientes y de las carencias del decreto, nosotros votaremos a favor.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
A continuación, tiene la palabra el señor García Adanero.
El señor GARCÍA ADANERO: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, cuando un miembro del Gobierno dice que no va a caer en la autocomplacencia es porque, evidentemente, está siendo autocomplaciente, y ese es el problema. No hay nada más alejado de la realidad que este Gobierno actualmente.
Pensar que con estas medidas se soluciona el problema es desconocer totalmente lo que está pasando por ahí. La gente está desesperada. Si la Administración cierra un negocio, tienen que solucionar a esa persona su problema de vida automáticamente.
Aquí se reúnen cuatro en un despacho que dicen qué gran labor social estamos haciendo, lo presentan con grandes titulares y hablan de miles de millones, pero resulta que al que ha cerrado el bar en la esquina no le llega nada, a ese no le llega
nada. Ve el telediario, lee el periódico y oye la radio donde dicen que le van a dar 4000 o 40 000 euros. Lo que quieran, pero él cierra el bar y no le llega nada. ¿De qué vive entonces? Eso es lo que está pasando. Luego, para recibir la ayuda
necesita rellenar un gran taco de papeles, además de cumplir esto y lo otro y lo otro, y después ya le darán el dinero. Y, durante el día, ¿cómo vive?
Cuando llegue su hijo a casa y les diga que mañana tiene que llevar un libro al colegio, le pueden contestar que no, que dentro de tres meses, que el Gobierno igual les da una ayuda que parece que ha aprobado. Eso está pasando, no me estoy
inventando nada. Salgan a la calle, pregunten a las personas que cerraron el negocio y a ver qué les cuentan y ya verán como le cuentan esto mismo.
Por lo tanto, son necesarias ayudas directas e inmediatas, que la gente tiene derecho a vivir; que cuando a uno le cierran su medio de trabajo le tienes que dar la solución, para que siga viviendo mientras dura esto. Desde luego,
encomendarse a las vacunas, pues sí, esperemos que sí, pero, hasta que lleguen las vacunas, esas personas comen todos los días como los demás. Por lo tanto, menos publicidad y más ayudas directas.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Tiene la palabra la señora Oramas González-Moro.
La señora ORAMAS GONZÁLEZ-MORO: Gracias, señor presidente.
A las pequeñas y medianas empresas de este país, también a las grandes, cuando vino la pandemia se nos hizo creer que eso era un tema de tres meses. Después, cuando acabó la primera ola, salió el presidente diciendo: Ya hemos acabado,
hemos vencido al virus. La gente pidió créditos porque pensaba que podía volver a trabajar. Sin embargo, eso no ha sido así. Hay muchísima gente que no ha cobrado los ERTE, hay muchísima gente que no ha cobrado el cese de actividad, hay gente que
no se ha dado de alta y hay gente que no ha cobrado el ingreso mínimo vital. Y no solo eso, en este momento, después de todos los cierres que ha habido, las pymes sobre todo no necesitan créditos ni aplazamientos de impuestos; necesitan ayudas
directas. Todo está inventado, como hizo Italia, como hizo Francia, como hizo Alemania, como hizo Reino Unido y como ha hecho Estados Unidos. A ver si se dan cuenta de que no se van a poder pagar ni los créditos ni los aplazamientos, que la gente
no puede despedir al personal porque no tiene dinero para despedirlo. Cuando lleguen las ayudas, se habrá destruido el tejido empresarial, los puestos de trabajo. Si no se destruye el tejido empresarial, la economía se recuperará, pero si no hay
tejido empresarial, tardaremos el doble de años.
Nosotros vamos a apoyar esto. Para Canarias no sirve, porque esto tendría que ser hasta el 31 de diciembre del año que viene, o hasta octubre. Pero estaremos en la negociación porque hay sectores que se deben incluir, como determinadas
lavanderías y actividades agrícolas ligadas al sector del turismo.
Una tercera cuestión es que han aprovechado este decreto para cambiar la Ley del suelo y modificar las licencias y los informes de los ayuntamientos para los centros de inmigrantes en Canarias. Ayuntamientos socialistas y de mi partido que
no están en contra de que haya centros de inmigrantes, pero que creen que no reúnen las condiciones de habitabilidad ni son los sitios adecuados. Lo han traído de extranjis aquí, cuando eso se tiene que hacer en coordinación con las comunidades
autónomas y los ayuntamientos, no por decretazo. Estoy hablando de sitios que son indignos para acoger dignamente a esos seres humanos que vienen y, además, con el criterio en contra de los ayuntamientos. Han modificado la Ley del suelo con este
decreto, y lo han intentado ocultar, pero eso no se hace. Esperamos que se tramite como proyecto de ley. Nosotros lo vamos a apoyar, pero presentaremos enmiendas para que, de verdad, sirva a las pequeñas y medianas empresas de este país.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) tiene la palabra la señora Sagastizabal Unzetabarrenetxea.
La señora SAGASTIZABAL UNZETABARRENETXEA: Gracias, presidente. Gracias, ministra.
Hoy debatimos aquí acerca de la convalidación del Real Decreto-ley 35/2020, un decreto que nuevamente expone de forma detallada las razones de extraordinaria y urgente necesidad que justifican recurrir a este instrumento. En el actual
escenario, con una segunda declaración de estado de alarma a su prórroga y una tercera ola de contagios, creemos que son sus motivos suficientes que justifican esta extraordinaria y urgente necesidad para tomar medidas urgentes en los sectores más
castigados, si cabe, por la pandemia como consecuencia de las restricciones de la movilidad y toques de queda, como son turismo, hostelería y comercio.
Se trata de medidas que buscan aliviar la situación de empresas y autónomos, especialmente los relacionados con estas actividades a las que acabo de referirme, para permitir que puedan mantener su viabilidad y no se vean abocados al cierre
como consecuencia del COVID. Es verdad que este decreto está estructurado en cuatro capítulos, con dieciséis artículos, disposiciones adicionales y finales. Nosotros vamos a destacar todas aquellas medidas que nos parecen interesantes, que son
aquellas dirigidas a los arrendamientos de uso distinto del de vivienda, y que establecen medidas extraordinarias dirigidas a los arrendamientos de locales de negocio; medidas por las que se extienden medidas extraordinarias en materia de
cotización vinculadas a los expedientes de regulación temporal de empleo, prorrogados automáticamente hasta el 31 de enero de 2021 para determinadas actividades de los sectores turismo, hostelería y comercio que no fueron incluidos en el Real
Decreto-ley 30/2020, de Medidas Sociales.
Por otra parte, de las seis disposiciones adicionales que tiene este decreto nos gustaría destacar la quinta, porque se amplía el plazo de solicitud del subsidio especial por desempleo, pero también vemos que hay una serie de modificaciones
que a lo mejor no tienen tanto que ver con estos sectores, como puede ser -tal como acaba de decir la señora Oramas- la modificación del texto refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana, que sí afecta a las comunidades autónomas. También
se aprueban medidas de apoyo al sector cultural y de carácter tributario y se habla de los mecanismos de colaboración con otras administraciones por los que se establece el ingreso mínimo vital. Además, se establece un tipo impositivo de cero IVA
para las entregas, importaciones y adquisiciones intracomunitarias de productos sanitarios para diagnóstico in vitro del SARS-CoV-2 y para las entregas de vacunas autorizadas por la Comisión Europea.
Se trata de medidas -como he dicho- que entendemos necesarias, por eso, nuestro grupo va a votar a favor de la convalidación de este decreto-ley. Entendemos que hay que seguir adoptando cuantas medidas sean necesarias para paliar estas
consecuencias, pero también hay que asegurarnos de que esas ayudas finalmente lleguen, porque sí es verdad que parece que están tardando en llegar o que hay gente que incluso a fecha de hoy todavía no ha cobrado algunas.
También queremos dejar constancia de que, a pesar de que hemos dicho que se justifica la extraordinaria y urgente necesidad, estamos viendo que hay un uso demasiado abusivo de la figura del real decreto-ley, porque se ha convertido ya en un
uso reiterado y en un medio de legislar, y no lo digo solamente por este decreto sino por otros. Además, se han aprobado numerosos decretos COVID, normas que reforman normas, que a su vez reforman otras anteriores, y esto al final da lugar a un
caos regulatorio e incluso genera incertidumbre. Autónomos, empresas, trabajadores y trabajadoras asisten a un continuo galimatías, y es que desconocen muchas veces lo que les es de aplicación. Creo que eso tenemos que intentar cambiarlo entre
todos. Son decretos que además en muchos casos se han de tramitar como proyecto de ley y siguen sin tramitarse, siguen en hibernación y siguen retrasando la posibilidad de hacer modificaciones a los mismos, todo ello sin mencionar las consecuencias
que estas modificaciones podrían traer en tanto en cuanto estos decretos ya están desplegando sus efectos. Intentando que estas salvedades se puedan recoger en otros decretos posteriores e incluso en la tramitación como proyecto de ley, nosotros
vamos a votar a favor de este decreto.
Gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra la señora Martínez Granados.
La señora MARTÍNEZ GRANADOS: Gracias, presidente.
Señorías, ministra, el sector turístico y el sector hostelero de este país no puede más, pronto hará un año que comenzó esta pandemia que tanto nos ha quitado. Nuestros sanitarios están desfallecidos y los ciudadanos desbordados con
sentimientos encontrados. Por un lado, quieren mirar al futuro con esperanza porque ya tenemos una vacuna, aunque con muchísimos problemas para llegar a todos los territorios -hay muchos sanitarios que no van a poder ponerse su segunda dosis en el
tiempo que necesitan, y esto es muy importante-, y por otro lado, se encuentran con una deficiente gestión por parte de este Gobierno, ya que muchas veces llega tarde y otras veces no llega. Al final los ciudadanos se encuentran con que la persona
responsable de la sanidad en nuestro país antepone ser candidato a las elecciones catalanas y además hace uso de su propio ministerio para empezar la campaña. Así los ciudadanos lo único que ven es que el Gobierno está a otra cosa.
Desde mi grupo parlamentario y desde el primer día de esta crisis sanitaria y económica que estamos viviendo hemos trabajado para proponer medidas para salvar vidas y salvar empleos y hemos tomado decisiones muy difíciles, pensando
únicamente en eso, en salvar vidas y en salvar empleos. Sepan ustedes, señorías, ministra, que lo vamos a seguir haciendo. Este Gobierno repite una y otra vez que no va a dejar a nadie atrás, pero eso no es cierto, se ha dejado atrás al sector
turístico y al sector de la hostelería, que ya miran al abismo del cierre con terror y desesperación. Esas son las palabras que definen las circunstancias que están viviendo estos dos sectores tan importantes para nuestro país. Nuestros hosteleros
tuvieron que cerrar sus negocios en el confinamiento. Para poder volver tuvieron que invertir muchísimo dinero que no tenían para poder adoptar las medidas de prevención contra el COVID, pero, además, cuando han abierto lo han hecho a pérdidas.
Ministra, necesitan ayuda del Gobierno. Tenemos que decir que el Gobierno no ayuda de forma contundente. Sí que ha traído medidas, y las hemos aprobado en otros reales decretos, pero no son suficientes, se quedan muy cortas.
En septiembre, Ciudadanos presentó una interpelación urgente para valorar esa ausencia de medidas durante muchísima parte de la pandemia. En la moción consiguiente Ciudadanos propuso instar al Gobierno a presentar en el próximo trimestre un
plan urgente de ayuda al turismo y a sectores relacionados que contemplara ayudas específicas para el turismo, la hostelería, el comercio y otras actividades, por considerar que hasta ese momento eran insuficientes. Aunque más tarde de lo que nos
hubiera gustado, alegra saber que el Gobierno también llegó a esa conclusión y trajo este plan de refuerzo a la hostelería; un plan que, como he dicho, es insuficiente.
Como en Ciudadanos no vamos a abandonar a nuestros hosteleros, a nuestros comerciantes y a los empresarios turísticos, vamos a votar a favor de la convalidación de este real decreto-ley, pero, ministra, las medidas de este real decreto no
cubren para nada las necesidades reales que tienen estos dos sectores. Las moratorias y los aplazamientos son positivos porque dan un respiro temporal a miles de negocios faltos de liquidez, pero son en definitiva postergar el problema y no
solucionarlo. Lo que el sector turístico y hostelero necesita, y que ellos están reclamando desde hace mucho tiempo, son ayudas directas; necesitan un salvavidas, necesitan oxígeno. Habla de 62 000 millones de euros en medidas, pero ¿cuánto ha
llegado realmente, como ha dicho el compañero de Navarra Suma, a los bares, a los restaurantes, a los hoteles? Necesitan ayudas directas.
En Ciudadanos llevamos tiempo proponiendo medidas que ahora podrían mejorar este real decreto-ley: permitir el aplazamiento de la cuota de los autónomos con una caída en la facturación de sus negocios igual o superior al 40 %. Eso ya sería
suficiente. Ministra, ¿usted cree que un negocio que deja de facturar el 40 % de lo que facturaba al año anterior puede sobrevivir sin ayudas directas? También hemos propuesto un fondo específico de formación accesible a todos los trabajadores que
estén en ERTE, y establecer una tarifa plana de 60 euros para los autónomos que reanuden su actividad después de salir de esta crisis, porque cuando se reanuda una actividad se ha perdido mucho: se han perdido clientes, se han perdido proveedores,
se ha perdido capacidad de endeudamiento; es muy complicado. Y, por supuesto, se necesita también ayudas a fondo perdido. Eso es lo que necesitan; necesitan ayudas, porque abren a pérdidas. No puede ser, no llegan a final de mes. Hemos
solucionado el problema de los ERTE, pero cuando vuelvan, ¿a qué negocio van a volver? Así están, señora ministra.
En materia tributaria, además, la moratoria prevista en este real decreto podría haber sido mucho más ambiciosa, como en Ciudadanos hemos propuesto. En ese sentido acabamos de registrar una iniciativa parlamentaria que pide, entre otras
cosas, definir los beneficios de esta medida por el grado de la afectación de la crisis y no por el tamaño del negocio. No todas las empresas están afectadas de la misma manera. También proponemos extender el límite temporal de esta medida para
que abarque desde la declaración del último trimestre de 2020 hasta el primer semestre de 2021.
Por todo esto vamos a pedir que se tramite como proyecto de ley, porque en Ciudadanos vamos a seguir proponiéndolo una y otra vez hasta que lo consigamos. Lo propusimos hace muchos meses y vamos a seguir proponiendo este tipo de medidas
porque creemos firmemente que pueden ayudar mucho más al sector.
Ministra, creemos que ahora es el momento. Si esperamos mucho más no vamos a poder salvar a todos esos establecimientos. En hostelería se han cerrado un tercio de los establecimientos. Se han perdido inversiones familiares, hay personas
que se han endeudado. Se ha perdido un tercio de esas empresas; empresas que no van a volver porque no van a poder tener mecanismos para volver.
Ministra, desde aquí le vuelvo a tender la mano. Lo hemos hablado y vamos a seguir proponiendo todas las iniciativas que creamos que pueden aportar a este sector: al turismo, a la hostelería y al comercio.
Pero, ministra, piensen que las ayudas directas tendrán que llegar. Muchas comunidades autónomas han hecho un gran esfuerzo, entre ellas Andalucía, han ayudado a los autónomos y a las empresas turísticas, pero el Gobierno no puede delegar
otra vez en las comunidades autónomas las decisiones que tiene que tomar, porque no todas las comunidades autónomas pueden dar lo mismo a sus autónomos, a sus empresas turísticas. Es de justicia que desde el Gobierno central se tomen medidas para
todos los españoles por igual, para todos los empresarios hosteleros por igual. Lo peor es que todos sabemos que las ayudas directas van a tener que llegar o será un sector irrecuperable.
Gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
A continuación, por el Grupo Parlamentario Plural, tiene la palabra el señor Rego Candamil.
El señor REGO CANDAMIL: Grazas, señor presidente.
Señora ministra, al Gobierno se le da bien poner título -medidas urgentes de apoyo al sector turístico, la hostelería y el comercio-, pero por desgracia se queda en el titular, porque tiene poco contenido. La hostelería gallega vuelve a
estar desde ayer completamente cerrada y el comercio no esencial debe bajar la persiana a las seis de la tarde. Toda ayuda es buena, sí, pero las contempladas aquí no servirán para evitar que muchos de los que aún resisten deban cerrar
definitivamente. Aplazar o reducir el 50 % del alquiler, aplazamiento en las deudas tributarias, reducciones impositivas, bonificación de las cuotas empresariales está bien, pero ¿de qué servirán si tienen cero ingresos porque no pueden abrir sus
negocios? Con estas medidas, hostelería y pequeños comercios no resistirán la tercera ola de restricciones.
El sector demanda y necesita ayudas directas y a fondo perdido, tal y como reclamó el BNG desde el comienzo de la pandemia tanto al Gobierno español como al gallego, que también debe asumir su responsabilidad. Por eso, defendemos una
cobertura al 70 % de las pérdidas de establecimientos afectados por las restricciones, y con esta intención presentamos una enmienda para blindar en los Presupuestos Generales del estado una partida de 20 millones de euros para un plan de rescate a
la hostelería de Galiza que, lamentablemente, fue tumbada por los partidos del Gobierno. Aunque insuficiente, votaremos lógicamente a favor, pero aún están a tiempo de poner en marcha un verdadero plan de ayudas que permita la supervivencia del
sector.
Obrigado.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Tiene la palabra el señor Baldoví Roda.
El señor BALDOVÍ RODA: Moltes gràcies, senyor president.
Evidentemente, vamos a votar a favor de este decreto para unos sectores tan afectados, también en mi país, como la hostelería, el turismo, el comercio o las actividades culturales. Sin embargo, a veces el Gobierno me recuerda a ese cuento
que hemos escuchado muchas veces de Pedro y el lobo. Me refiero al decreto anterior, al de fondos europeos. Nos dicen que viene el lobo, que viene la derecha y que hay que aprobar esto y nos llaman un día antes, pero algún día se van a equivocar
porque no tienen mayoría, porque la mayoría se la damos los demás, se la damos a los que nos llaman el día antes.
El decreto anterior huele inequívocamente a recentralización y a merienda y cuchipanda de las grandes empresas del IBEX y de las consultoras. ¿Qué queremos en Compromís? Queremos, evidentemente, enmendarlo. Creemos que ese plan de
recuperación de los fondos europeos tiene que tener cuatro grandes pilares: primero, un escudo social como el que construimos el Gobierno del Botánico allí, que no deje a nadie atrás, que genere trabajo digno, de calidad y de cantidad; segundo,
una economía verde; tercero, la digitalización, no rescatar ni malgastar esos fondos en la vieja economía, y sobre todo, proximidad, control, que las comunidades autónomas y los ayuntamientos puedan participar. Son ellos los que conocen su
realidad, quienes hemos estado en la política municipal conocemos esa realidad. Por tanto, las decisiones no se tienen que tomar solamente en los despachos de Madrid, tiene que haber proximidad, porque si no acaban ganando los de siempre, los del
IBEX 35, que ya hace tiempo que sabían cómo iba a salir este decreto. Proximidad es eficacia y proximidad es democracia.
Votaremos a favor de este decreto, señora ministra. Nos parece insuficiente, pero nos parece que cualquier paso adelante es mejor que no dar ninguno. Votaremos también a favor del decreto decreto-ley
de los fondos europeos, pero lo haremos porque ha habido una promesa del Gobierno de que va a haber más control, más transparencia, más proximidad y de que los ayuntamientos y las comunidades autónomas van a tener también esa capacidad de
decisión.
Moltes gràcies, senyor president.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchísimas gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
También por el Grupo Parlamentario Plural, tiene la palabra, por último, el señor Bel Accensi.
El señor BEL ACCENSI: Muchas gracias, presidente.
Señora ministra, señorías, nosotros vamos a votar a favor de este real decreto-ley y, obviamente, a favor de la tramitación como proyecto de ley. ¿Que votemos a favor, señora ministra, significa que estamos de acuerdo con el contenido? Sí,
pero nos parece absolutamente insuficiente, y se lo digo sinceramente. Lo hemos venido reclamando constantemente. Algunas de estas medidas son cortas, cortísimas; algunas llegan tarde, tardísimo. Por tanto, son unas medidas que van a paliar un
poco la situación dramática que sufren todos estos sectores, pero en ningún caso son suficientes. Les pedimos, y se lo hemos pedido reiteradamente, que comparen lo que están haciendo otros Gobiernos en relación con determinados sectores. La
percepción que hay por parte de estos sectores es que el Gobierno del Estado traspasó la responsabilidad de tomar medidas de restricción en la actividad económica a las comunidades autónomas y que con esto se desentendió. Traspasó la
responsabilidad a las comunidades autónomas de que sean ellas las que deban financiar las situaciones que se generan como consecuencia de estas medidas, y esto es imposible, las comunidades autónomas no pueden hacerlo aunque quieran. Por tanto,
estas medidas de carácter tributario y de la Seguridad Social son absolutamente insuficientes. Por poner solo algunos ejemplos, en cuanto a los aplazamientos tributarios que se podrán hacer a partir del 1 de abril, ¿y los anteriores? Lo hemos
pedido en diferentes ocasiones. ¿Y los aplazamientos tributarios que superen los 30 000 euros? Todavía deberán tener un aval complementario. En estos momentos, con la situación que están padeciendo los autónomos y las pequeñas y medianas
empresas, ¿a usted le parece razonable que para aplazar 45 000 euros, 60 000 euros estas empresas y estos autónomos, que en la mayoría de las ocasiones no pueden hacer ni frente al pago de sus proveedores, tengan que ir al banco a a pedir un aval
bancario?
Por tanto, sean conscientes de que no están arreglando esta situación, sean conscientes de que los sectores no están satisfechos con esto. Por ello, en la tramitación parlamentaria vamos a presentar enmiendas. Pero, al ritmo que vamos, si
se aprueban, se van a aprobar cuando esto ya esté solucionado o, desgraciadamente, no tenga solución. Por tanto, rectifiquen y amplíen estas medidas. No obstante, repito, vamos a aprobar este real decreto-ley.
Muchísimas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario Republicano tiene la palabra el señor Capdevila i Esteve.
El señor CAPDEVILA I ESTEVE: Muchas gracias, señor presidente. Bon dia, diputades i diputats.
Me permito iniciar esta intervención compartiendo con ustedes lo que me parece un error conceptual, no semántico, no menor, creo que de calado, que se recoge en este real decreto-ley y en otros tantos y en todo el debate, como el de hoy, que
se ha suscitado en torno a cómo evitar el desastre económico que en la ralentización del flujo monetario han provocado las normas sanitarias para detener el contagio por el virus del COVID. Creo que no debemos hablar propiamente de paquetes de
ayudas. Señorías, las ayudas se dan para paliar un riesgo, y en todo caso creo que estamos hablando de lo que debiera ser propiamente compensaciones, compensaciones en gran medida insuficientes, compensaciones que impulsa el Gobierno del Estado
español para intentar reparar las pérdidas que sufren diversos, muchos sectores a causa de una normativa sanitaria producida por el Gobierno y refrendada por las Cortes -necesaria, imprescindible, orientada, como debe ser, al bien común-, y, por
tanto, quien sufre los efectos secundarios de la aplicación de esta norma debe ser compensado, no ayudado. Esta semana el Gobierno ha aprobado una extensión temporal de los ERTE, una buena noticia, como fue su implantación. Sin duda, se ha evitado
un colapso, aunque no haya suficiente para evitar la enorme crisis social que padecemos, entre otras cosas porque el Gobierno se ha olvidado de un muy amplio sector laboral, y me estoy refiriendo a
los trabajadores autónomos, que representan, como ya sea dicho, cerca de tres millones de personas, alrededor del 15 % de la ocupación total; un colectivo que está sufriendo más que ningún otro con las restricciones que la pandemia ha
obligado a adoptar, puesto que los cierres totales o temporales de la restauración, la hostelería, la cultura afectan mayoritariamente a autónomos. Una vez más su Gobierno olvida soberanamente, deja en la cuneta a los trabajadores autónomos, y,
para mayor choteo, les sube las cuotas. Los ERTE, según datos de la Moncloa, afectan a más de 750 000 personas, un 5 % de los trabajadores asalariados prepandemia, según datos INE. Pues bien, entre los autónomos, aquellos que han visto reducidos
sus ingresos más de un 70 % son cerca de un 30 %, según se desprende del mecanismo de compensación habilitado por la Generalitat. El Gobierno se ha olvidado de ellos, como si no existieran o en todo caso obligando a las comunidades autónomas a
atenderlos, con sus escasos recursos y sus crecientes necesidades de atender a la sanidad, que, recordémoslo, recaen exclusivamente sobre las comunidades autónomas; por cierto, en las medidas sobre alquileres, a remolque y por inspiración de la
honorable consellera Ester Capella. ¿Puede una sociedad exigir a una parte que se sacrifique, en beneficio de todos, y no compensarla? Insisto, compensarla, no ayudarla. Quienes ayudan a la sociedad entera son ellos. Es con ellos con quienes
tenemos una deuda moral enorme, y lo justo es que los compensemos por el sacrificio exigido impuesto.
Mire, ministra, lo dijimos desde el inicio de la pandemia: estas medidas son totalmente insuficientes, y se lo han repetido muchos de los intervinientes. El Govern de la Generalitat de Catalunya ha aprobado esta semana un nuevo paquete de
compensaciones directas por un valor de 618 millones de euros. Al final de cada párrafo usted cuantificaba: cuente, por favor, en cuántos se iguala o se superan 618 millones. Se trata de una nueva inyección de recursos, que se suma a los ya
desembolsados al final del pasado año. Esas son las compensaciones directas que reclama el sector. El Gobierno del Estado menosprecia la corresponsabilidad de las administraciones. Con todo y con grandes esfuerzos, la Generalitat apuesta por el
bienestar de los trabajadores y las trabajadoras y pone todas sus herramientas a trabajar para salvar la economía. Nos gustaría que el Gobierno del Estado tomara ejemplo y pusiera, como mínimo, un esfuerzo similar, proporcional al nuestro, porque
llegan ustedes tarde y llegan ustedes con poco. Cuando no se cumple con el principio de corresponsabilidad de las administraciones se produce una desviación de los costes de la pandemia hacia el tejido productivo, es decir, hacia la actividad
económica, de manera que se ahoga la capacidad de reacción de las empresas. Señorías, han dado al sector medidas tan alejadas de sus necesidades reales que únicamente han puesto en evidencia su falta de conocimiento y su poca implicación. Llegan
ustedes tarde y mal.
Por último, sepan ustedes que nuestro voto perseguirá el trámite de este real decreto-ley como proyecto de ley. Uno de los principales motivos es la inclusión de las actividades de juegos de azar y apuestas entre las medidas de apoyo;
medida extemporánea, colada de rondón en este real decreto y muy lejana de la urgente necesidad que debe amparar la evacuación del real decreto-ley. No es urgente ni mucho menos necesario el respaldo que ustedes pretenden dar al juego online.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchísimas gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, tiene la palabra la señora Jover Díaz.
La señora JOVER DÍAZ: Bon dia, president.
Señorías, este pasado mes de septiembre, el Instituto Elcano realizó un estudio sobre el posicionamiento de España como destino turístico entre treinta y tres países -la ministra lo conoce muy bien-, que constata que la marca turística
España sigue siendo de las más potentes y valoradas mundialmente y prevé una recuperación vigorosa una vez controlada la pandemia. No nos estamos enfrentando a una crisis de nuestro sector, sino a una crisis sanitaria que ha frenado la economía en
Europa y en el resto del mundo. El cierre de fronteras y el confinamiento obligado por la COVID-19 a nivel europeo ha supuesto la paralización de todo el sector hotelero, hostelero y comercial, en general. Pero, al contrario que a otros países de
la Unión Europea, la crisis ha encontrado a España en una situación económica con poca capacidad de respuesta, debido mayoritariamente a las políticas neoliberales ejercidas por el Partido Popular de Mariano Rajoy, que aumentó la deuda pública del
69,9 % en 2011 al 97,4 % en 2018, lo que provocó una caída continuada de los valores reales de los salarios, consecuencia de su reforma laboral -que hay que derogar ya-, con el consecuente empobrecimiento de los hogares, que disminuyeron su
capacidad de ahorro, pasando del 10,8 % en 2011 al 4,9 % en 2018, dejándolos sin capacidad de respuesta ante adversidades. A consecuencia de sus perjudiciales políticas de privatización, nuestros servicios públicos quedaron esquilmados, y
no puedo dejar de agradecer a los sanitarios el esfuerzo que están haciendo exponiendo sus cuerpos para cuidarnos.
No obstante, a pesar de la situación encontrada, este Gobierno progresista ha creado un escudo social para la protección de todos: trabajadores, autónomos, pymes, empresas. Los ERTE, prorrogados hasta el 31 de mayo, han demostrado ser la
mejor herramienta para salvaguardar empleos y evitar destrucción de empresas. Por primera vez, se han habilitado prestaciones para protección de autónomos, se ha inyectado liquidez a las empresas con líneas de financiación ICO, se ha reforzado el
sistema sanitario y se han creado nuevos derechos para los ciudadanos, como el ingreso mínimo vital, entre otras medidas. Esta batería de medidas del decreto ley es un paso más para rescatar uno de los principales motores de nuestra economía, el
turismo, un sector extremadamente dependiente de los vaivenes de mercado, este mercado al que tanto le gusta invocar a la derecha con el mantra de que es bueno que el mercado se regule solo, y, miren por dónde, ahora este Gobierno socialcomunista es
el que está saliendo a su rescate. Esperemos que sus señorías se conciencien de que, al igual que socializamos pérdidas, debe haber un mejor reparto de beneficios en un futuro.
Ninguna formación de esta Cámara que ponga por delante los intereses del país, y no los suyos propios, puede oponerse a estas medidas, como, por ejemplo, la reducción de costes fijos para locales de ocio, hostelería o comercio, que supone el
entendimiento entre arrendadores y arrendatarios con medidas que protegen a ambas partes, ya que prevén disminuciones de coste o aplazamientos para los arrendatarios y beneficios fiscales para los arrendadores o aumentan la liquidez, pudiendo
disponer de las finanzas depositadas, y contempla medidas de apoyo de ámbito laboral y social, bonificaciones entre el 75 % y el 85 % de las aportaciones empresariales a la Seguridad Social para empresas con ERTE por los trabajadores que reinicien
su actividad y protege a los trabajadores fijos discontinuos. Entre otras medidas fiscales, contempla el aplazamiento de deudas tributarias del primer trimestre de 2021 para dar liquidez a empresas y autónomos, aumenta hasta el 20 % la reducción
del rendimiento neto por módulos y modifica el ingreso mínimo vital, agilizando su gestión. Evidentemente, no da tiempo para el desglose de todas las medidas que contiene el decreto, pero seguramente sus señorías deben conocerlas, ya que no solo
favorecen al sector turístico, sino también a otros sectores, como el cultural, al que hay que mimar y proteger, porque la cultura no solo genera progreso, también nos convierte en ciudadanos libres.
Baleares y Canarias son las comunidades más afectadas por la situación. Las nuevas restricciones para frenar el virus en Baleares han supuesto un nuevo cierre del sector hostelero, con el que no podemos más que solidarizarnos y compartir su
preocupación. Sin duda, las medidas adoptadas hoy contribuirán a una mejor situación, pero seguiremos trabajando para la implantación de más medidas. El impacto sin precedentes que la pandemia ha supuesto debe convertirse en una oportunidad, una
oportunidad para el sector, reforzándolo ante los retos futuros, con una apuesta clara y contundente por la protección del medio ambiente y la lucha contra el cambio climático, pero también por la diversificación industrial y tecnológica, porque no
es sensato, como decimos en el mi tierra posar tots els ous al mateix cistell. Las ayudas Next Generation son una oportunidad única para impulsar esta transformación, apostando por la eficiencia energética, la disminución de la huella de carbono,
la economía circular y las construcciones sostenibles. Es necesaria una nueva visión, con una mejor redistribución de la riqueza y que considere que son sus trabajadores -kellys, camareras, cocineros- la mejor herramienta para conseguir una
industria útil no solo para recuperación económica, sino también como partícipe de una mayor justicia social, en definitiva, trabajar para que el país sea de todas y para todas, sin excluir a nadie.
Votaremos sí al decreto ley. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra la señora Rueda Perelló. (Aplausos de las señores y los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie).
La señora RUEDA PERELLÓ: Señora ministra, en su intervención ha hablado de la vacuna, vacuna que se retrasa porque no saben dónde están las dosis. Ha hablado de certidumbre. ¿Dónde está la certidumbre, cuando la prórroga de los ERTE
finaliza el 31 de mayo? ¿Dónde, cuando el artículo 7 habla de medidas que finalizan el 31 de enero, dentro de tres días? ¿Certidumbre, cuando cada quince días cada comunidad cambia las normas? Ha dicho diálogo social. De este decreto-ley los
representantes de
los autónomos dicen que conduce a más frustración, llega tarde, es escaso y ha tenido poca sensibilidad con el colectivo de los autónomos. Hostelería en Cataluña afirma que en materia de alquiler es un fracaso, no ha servido para nada, solo
para generar inseguridad jurídica en relación con el Real Decreto 34/2020 de la Generalitat; por cierto, Gobierno catalán que está poniendo al sector en una situación insostenible. Hostelería de España declara que es insuficiente, pues se aleja de
lo reivindicado. Le critican que no haya cumplido con el compromiso que usted contrajo con el sector en un plan de rescate que necesitan para sobrevivir y resistir y expresan que el Gobierno está haciendo una dejación de funciones, lo que supone
una sentencia de muerte de miles de negocios, y avisan de que podría desaparecer hasta el 40 % del sector. En este decreto-ley la rebaja de los alquileres solo puede aplicarse al 3 % de la hostelería. Habla de aplazamientos, pero el sector ve con
angustia la llegada de esas fechas. ¿Qué pasa con aquellos que no están en régimen de alquiler pero que pagan una hipoteca por su negocio? También han dejado fuera a muchas empresas del comercio en ERTE, en lo que se refiere a la exención de la
cuota de la Seguridad Social, y parecen obviar que las empresas no despiden por voluntad sino por necesidad. Olvidan que destinos con una fuerte dependencia de turistas extranjeros o turismo de congresos tardarán mucho en recuperarse, y hablo de
Madrid, Barcelona y Málaga, entre otros.
La ministra de Hacienda, que mintió en esta Cámara hasta en cuatro ocasiones cuando dijo que no subiría los impuestos y sí que los ha subido, dice de este decreto que el objetivo es facilitar liquidez. Mucha liquidez no ven los hosteleros
ni los comerciantes en el aplazamiento de las deudas, sobre todo porque las deudas se acumulan y no tienen ingresos debido a las prohibiciones y cierres. Hablan de miles de millones de euros y espero que este Gobierno los fiscalice para que lleguen
al sector, y no pase como en Andalucía, donde, bajo el Gobierno socialista, el dinero de los desempleados se gastó en cocaína y prostitutas. Y dice que las agencias de viajes podrán utilizar esta financiación, pero es que no pueden endeudarse más,
llevan diez meses sin facturar. Señora ministra, este decreto-ley es un fake, y lo es al más puro estilo Sánchez e Iglesias, porque son los reyes de la mentira. Habla de bondades, pero la realidad es que da la espalda a millones de españoles.
Usted conoce la previsión de cierre de cien mil establecimientos hosteleros y del 30 % del comercio, la desesperación de las agencias de viajes, de los guías turísticos, de los taxistas, de los hosteleros, del ocio nocturno. Señora Maroto, ha
hablado hoy de tomar decisiones con la mayor rapidez y eficacia. Diez meses para establecer planes de contingencia, y el sector necesita urgentemente prorrogar y flexibilizar los ERTE, la exoneración de cuotas de autónomos y Seguridad Social de los
empleados acogidos a un ERTE, la bajada del IVA y la congelación de los impuestos, así como indemnizaciones. Señora ministra, ¿qué modelo turístico están creando? ¿Es la destrucción de Canarias? Porque ya estamos viendo hoteles en zonas
turísticas llenos de inmigrantes ilegales con un todo incluido pagado por los españoles, a los que mandan a las colas del hambre. ¿O el que demoniza a un sector al que usted representa? ¿El de cierre de negocios, destrucción de empleo y de la
marca España como destino seguro? ¿El de los despidos y migajas? En VOX creemos que el trabajo es esencial, porque permite llevar el pan a casa para el sustento de la familia, y quieren pan, no migajas. (Aplausos).
España debe protegerse, pero no puede detenerse, porque eso provocaría graves consecuencias. Hay que proteger al trabajador, pero quien está en la uci es el tejido empresarial, ese que crea empleo y paga impuestos. Pero, claro, ¿cómo vamos
a esperar que luchen por la vida, cuando a ustedes lo que les gusta es apretar el botón de la muerte? Eutanasia al turismo, al comercio y a la hostelería, eso es lo que están haciendo. Este Gobierno parece que quiere al pueblo español dependiente,
sumiso y cautivo, pero los cincuenta y dos de VOX y los millones de españoles no lo vamos a permitir, así que dígale a Sánchez, ese que es tan bueno plagiando -lo sabemos por su tesis- que copie a países como Alemania y Francia con compensaciones
directas. Podemos hoy dice solidarizarse, pero es curioso, porque no paran de atacar al turismo, y lo ha dicho en la anterior intervención su representante al manifestar que nuestra economía no puede vivir del turismo. Curioso, cuando en 2019
aportaba el 12 % del PIB y el 12 % por ciento del empleo. Y esto va dirigido al Gobierno y a todas las comunidades donde gobiernan PP y Ciudadanos. Ninguna Administración pública tiene el derecho de prohibir ninguna actividad económica, cuando
encima no se les indemniza por expropiar el derecho a trabajar. (Aplausos). Dejen de humillarlos. No les ayudan ni les rescatan, son ustedes los que les están hundiendo.
Esta crisis ha puesto al Gobierno frente al espejo y en él vemos reflejada su negligencia. Calles vacías, comercios de toda la vida clausurados, en las persianas carteles de cerrado y esquelas por defunción, porque la situación es tan
difícil y tal el grado de incertidumbre que no pueden soportar la presión y sienten que no hay salida. Ahora riegan con 112 millones a sus medios de comunicación amigos,
pero para la hostelería, el comercio y el turismo no hay dinero. Para sus medios activistas, para el maquillaje para la Moncloa, para decir que el rosa cosifica y para sueldos de amigos en este Gobierno con más ministerios, para eso sí que
hay. Ya ven, es cuestión de prioridades, y ya sabemos cuál es la de este Gobierno, la de la mentira y la pobreza, antes que la verdad y la prosperidad. Por eso, ante esto, que llegue pronto a gobernar VOX, porque es lo único que nos queda para que
el sentido común y el buen hacer se impongan en las instituciones y para que España vuelva a ser una gran nación.
Gracias. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchísimas gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, tiene la palabra el señor Almodóbar Barceló.
El señor ALMODÓBAR BARCELÓ: Muchas gracias, presidente.
Señora ministra, señorías, sean mis primeras palabras de apoyo y solidaridad a todo el sector turístico español, con nuestros hoteleros, hosteleros, comerciantes, campings, apartamentos turísticos, agentes de viajes, alquiler de vehículos,
turismo de interior, turismo activo, de nieve, parques temáticos, transporte de viajeros, cruceros, sector del taxi y toda la oferta de ocio, con sus trabajadores y nuestros magníficos destinos. Lo están pasando mal. Son una parte fundamental e
imprescindible, que ha contribuido al éxito turístico de España, y, si se le protege, podrán contribuir de manera capital a la recuperación. (Aplausos). Así lo entendemos en el Partido Popular y así lo hemos plasmado con la presentación de hasta
dieciséis proposiciones no de ley, la mayoría de ellas rechazadas, por desgracia, por parte del bloque que apoya al Gobierno, Gobierno les ha despreciado y demonizado injustamente, cuando, por ejemplo, según los datos oficiales, solo el 2,3 % de los
contagios se han detectado en la hostelería, la alternativa controlada y segura a otro tipo de reuniones sociales.
Señorías, el turismo español está al límite de su resistencia. Señora Maroto, ¿de verdad que esto es todo de lo que es capaz de traer aquí el Gobierno del que era el país más competitivo del mundo, de la segunda potencia turística mundial,
para apoyar a su turismo? Este decreto debería ir acompañado de ayudas directas destinadas a la supervivencia de nuestro turismo, como han hecho otros. Tras el primer Estado de alarma, el sector pidió auxilio y ustedes tardaron ochenta días y seis
prórrogas del mismo en presentar algo, siempre lleno de marketing de la factoría Moncloa, pero insuficiente y errático, tal y como lo calificó todo el sector. Señora ministra, ustedes -particularmente, usted- les oyen, sí, pero no les escuchan.
Llegó el peor verano de nuestra historia turística y mientras nuestros empresarios, los pocos que con mucho coraje abrieron sus establecimientos para intentar salvar la temporada, y los destinos hacían un enorme esfuerzo e inversión para adaptarse a
todas las medidas para ofrecer seguridad a sus visitantes, ustedes se fueron de vacaciones. Entremedias las tan reclamadas ayudas sin llegar, más de 160 países imponiendo restricciones, el misterioso cese de una secretaria de Estado de Turismo con
destino a la OMT, ¿o no?, y el nombramiento de un nuevo secretario de Estado de Turismo, imputado desde hace cuatro meses por un presunto delito de corrupción. Además, hace unas semanas, tras una tensa espera y de varias semanas más, con
discusiones y tiras y afloja dentro del propio Gobierno, anunciaron este plan que hoy nos traen aquí, nuevamente insuficiente y deficiente. Y no es que lo diga el Partido Popular, que también, es que así ha sido calificado por absolutamente todo el
sector turístico español, como insuficiente, irreal, lleno de propaganda mediática y falto de contenido. Mire, (muestra varios recortes de prensa), los hosteleros, los hoteleros, las agencias de viajes, los comerciantes, los cámpines de España, el
transporte en autobús, los apartamentos turísticos, Excel Tours o la Mesa del Turismo. Han abandonado a todos. Miren, 200 000 comercios minoristas han bajado su persiana forzosamente desde marzo 2020; diez meses después del cierre, el 40 % de los
hoteles no ha podido reabrir; 85 000 negocios de hostelería han apagado sus fogones y cerrados sus barras para siempre; más del 60 % de las agencias de viajes permanecen cerradas, muchas no podrán volver a abrir. Y siguen sin enterarse; es que
han ido y van alargándolo todo, esperando que las reservas y el paso del tiempo hagan olvidar su insolvencia. Nunca antes España había visto tanta incapacidad en el banco azul. Los datos de hoy son un claro ejemplo.
Señora ministra, ¿ha pisado usted las calles de nuestros destinos turísticos? ¿Ha paseado usted por las calles más comerciales de nuestras ciudades? ¿Es que no han visto ustedes en los medios de comunicación las lágrimas de muchísimos
hosteleros que han cerrado sus bares y restaurantes para siempre? ¿Es que no son capaces ustedes de sentir un mínimo de empatía hacia ellos? A lo largo de los
últimos meses las principales reivindicaciones del sector se han venido centrando de manera preferente en que se incorporen ayudas directas. Y es que España, hasta la fecha, donde el turismo representa, o representaba, más del 13 % del PIB,
es el único país -el que era el más competitivo del mundo- sin esas ayudas directas ¿Por qué no quieren ustedes dar ayudas directas? Mire, en Francia, el turismo representa el 7,4 % del PIB: plan de 18 000 millones de euros, ayudas directas,
incentivos al consumo, medidas de carácter fiscal. Grecia, 6,8 % del PIB: 25 000 millones de euros, ayudas directas, rebajas fiscales, incentivos al consumo. Italia, 5,9 % del PIB: 5000 millones al sector. Alemania, 4,4 % del PIB: 25 000
millones. Y la lista continúa, pero España siempre a la cola. Por cierto, hasta catorce países europeos han reducido el IVA turístico y no les ha ido mal. En España, su ministra dice que bajar el IVA solo mejora la cuenta de resultados de las
empresas. ¿Se equivocan todos y aciertan ustedes? Miren, con ERTE y con ICO no se salva al sector; unos ERTE que muchos siguen sin cobrar y unos ICO que ustedes venden como ayudas, pero que son préstamos que las empresas tendrán que pagar, y la
mayoría llevan prácticamente un año sin ingresos. El turismo ha pasado a representar el 4 % del PIB frente al 13 % que supuso en 2019. Han hecho una clara dejación de funciones. Como se ayuda a un sector al que se mantiene cerrado o con
restricciones es quitándole impuestos, inyectándole dinero para que aguante; restándole gastos a quien no tenga ingresos. En nuestras iniciativas les hemos propuesto todo y las han rechazado, y vamos a seguir proponiendo. Llámennos si quieren, y
nos sentamos. El pasado lunes el presidente Casado presentó un plan de rescate de la economía productiva para inyectar ayudas directas a las empresas que les ayuden a subsistir. Ustedes no tienen hoja de ruta; ni la han tenido ni la tienen en lo
sanitario, ni la han tenido ni la tienen en lo económico.
Ustedes son el Gobierno de España, tienen la obligación de ayudar al sector turístico, no trasladen el problema a las comunidades autónomas y los ayuntamientos, que bastante están haciendo ante su dejación de funciones. Ustedes quieren
criterios comunes fuera, pero aquí diecisiete distintos. La lluvia de millones acompañada de fuegos artificiales no podrá tapar su incapacidad, señora ministra. Ya no engañan a nadie, y menos al sector turístico. ¿Acaso con esa falta de interés
por el sector más importante de nuestra economía pretenden ustedes una limpieza sectorial? Porque, si es así, evidenciaría claramente que para el Gobierno el turismo no es un sector que aporte valor. Si es que lo han maltratado. Ya lo dijo el
señor Ábalos el 16 de marzo del año pasado: el turismo es una actividad que tenemos que sacrificar; el señor Garzón; el doctor Simón; su pasividad y falta de liderazgo, señora ministra; el propio presidente Sánchez culpando al turismo de que
España sea el país con más fallecidos por COVID. Si es que incluso el otro día hizo unas declaraciones que pusieron en alerta a los mercados internacionales; el presidente del Gobierno de España les ha hecho la mejor campaña turística a nuestros
competidores. Pero el sector turístico nunca se rinde; quiere y va a trabajar muy duro para volver a situar a España como líder turístico mundial. La pregunta es si ustedes quieren y van a hacerlo. Hoy, el sector turístico español está más unido
que nunca. Siéntense con ellos, no solo los oigan, escúchenlos. Rolls Royce es una gran marca, hace buenos coches, pero si al volante ponemos a un mal conductor, que no lo trata con respeto, con cariño y delicadeza, corremos el riesgo de romper el
coche o estrellarlo. España es una grandísima marca, con un sector turístico excepcional, el mejor, pero al volante del Gobierno tenemos unos nefastos conductores.
Se lo pido antes de terminar, señora ministra, complementen lo poco que han hecho con ayudas directas para nuestro turismo ya. Está en juego España.
Muchas gracias (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchísimas gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la señora López Zamora.
La señora LÓPEZ ZAMORA: Gracias, presidente.
Señorías, señora Rueda, tengo que darle la razón en algo, porque después de la situación surrealista que estamos viviendo en este país, con una pandemia, con Filomena y con un terremoto, lo único que le falta es ¡que gobierne VOX!
(Aplausos).
Muchas gracias, ministra, por su explicación y puesta en marcha de este real decreto, que contiene medidas -como bien ha expuesto- dirigidas al pago de arrendamientos para dar solvencia y liquidez; medidas tributarias, laborales y de
Seguridad Social, y regulatorias, todas ellas con la prioridad de seguir ayudando a grandes empresas, autónomos, pymes y a la clase trabajadora de los sectores de hostelería, comercio y turismo de nuestro país.
Esta es la primera vez que intervengo en esta tribuna y para mí es una gran responsabilidad poner voz a mi grupo parlamentario en este tan importante real decreto, un real decreto que pone en marcha medidas urgentes, necesarias y que van en
la dirección correcta para crear los incentivos adecuados para que la recuperación sea justa y eficaz, tejiendo así una red de protección que no deje a nadie atrás.
El martes se aprobó en el Consejo de Ministros la prórroga de los ERTE y la extensión de las diferentes ayudas puestas en marcha para autónomos, dando así certidumbre a empresas, trabajadores y trabajadoras que, debido a las nuevas
restricciones necesarias para hacer frente a la pandemia, sufren una caída de sus ingresos. Además, es importante señalar que estas restricciones afectan especialmente a los sectores a los que hace referencia este decreto. No me equivoco al
afirmar que todos conocemos alguna empresa, trabajador o trabajadora que están sufriendo las consecuencias de estas restricciones y, pese a las diferencias que tengamos, estoy convencida de que todos somos conscientes de que estas medidas son
necesarias. Por ello, nuestra respuesta debe ser inmediata. Es el momento oportuno para demostrar nuestra responsabilidad y beneficiar a estos sectores con las ambiciosas medidas que contempla este decreto, medidas por valor superior a los 4200
millones de euros. Lo que no es nada oportuno es precisamente el oportunismo de algunos partidos de la oposición. Sí, señorías del Partido Popular, oportunismo, demagogia e irresponsabilidad. Oportunismo porque son capaces de jugar con la difícil
situación de estos sectores sin reconocer que el Gobierno ya ha movilizado 51 500 millones de euros de ayudas públicas para proteger al sector turístico y comercial. (Aplausos). Demagogia porque cuando gobernaron durante la anterior crisis no
hicieron nada para proteger, por ejemplo, al comercio, que es el sector en el que yo estaba y del que yo vengo. Pero no hace falta retroceder a 2012, díganme qué están haciendo ahora en las comunidades donde gobiernan Si quieren, yo les puedo hacer
una comparación. Señora Martínez -que ahora mismo no la veo- y señor Almodóbar, por ejemplo, en Castilla y León, donde gobiernan conjuntamente Partido Popular y Ciudadanos, han puesto unas ayudas por 17 millones de euros, mientras que en
Castilla-La Mancha, que tiene una población más o menos similar -lo podríamos comparar-, que gobierna el Partido Socialista, tenemos unas ayudas ya puestas en marcha de 150 millones de euros; 17 millones el Partido Popular y Ciudadanos; y 150
millones el Partido Socialista. (Aplausos). Y, tercero, irresponsabilidad. Fíjense, han puesto como ejemplo a países europeos y se les ha olvidado poner de ejemplo a las comunidades donde gobierna el Partido Popular, señorías, comunidades que
tienen competencias en materia de turismo y comercio, y por tanto tienen competencias para poner en marcha las ayudas directas que están solicitando. Para ello, el Gobierno de Pedro Sánchez ha facilitado fondos a las comunidades autónomas para que
puedan poner en marcha estos mecanismos; por ejemplo, el programa React-EU, dotado con 10 000 millones de euros. Madrid ha recibido casi 1300 millones de euros. ¿Qué ha hecho la Comunidad de Madrid? ¿Qué ha hecho la señora Ayuso con ese dinero?
En vez de construir macrohospitales infradotados de recursos y con sobrecostes podrían haber reforzado la sanidad pública o, por ejemplo, elaborar propuestas de ayudas a la hostelería y al comercio. (Aplausos.-Un señor diputado pronuncia palabras
que no se perciben).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Un momento, por favor.
Señorías, les ruego silencio, como ha habido en toda la sesión. Les ruego el mismo silencio que para sus portavoces guarda el resto de la Cámara; por favor.
La señora LÓPEZ ZAMORA: También les puedo hablar de Valencia, donde ya hay 400 000 millones para ayudas -también les puedo hablar de Valencia-; Gobierno socialista. (Aplausos).
Pero, volviendo a lo de antes, a lo de los hospitales, vamos a hacer un matiz más porque -no se nos olvide-, pese a haber gastado esto, seguís recurriendo a la sanidad privada, cosa que a nadie va a sorprender porque ese es su modelo.
(Protestas.-Varios señores diputados pronuncian palabras que no se perciben). Comprendo que con estos datos sea difícil poner como ejemplo su gestión...
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Un momento, por favor.
Señorías, les ruego silencio. Señora Hoyo, le ruego silencio, por favor.
Continué.
La señora LÓPEZ ZAMORA: Gracias, presidente.
Imagino que es difícil poner como ejemplo las comunidades donde gobiernan, por ello para ustedes la única opción en su intervención es el oportunismo y la demagogia, porque -no nos engañemos- eso es lo que ustedes han venido a hacer hoy
aquí, a tapar su ineficaz gestión en las comunidades
donde gobiernan, porque les repito que comercio interior y turismo son competencias autonómicas y locales. Pero díganselo al alcalde de Madrid, que está más pendiente de borrar un mural feminista, arrastrado por sus socios de la
ultraderecha, que de poner en marcha ayudas que beneficien a la hostelería y al comercio. (Aplausos).
Señorías de la derecha, les doy la bienvenida a la socialdemocracia, porque si algo nos ha enseñado esta pandemia es precisamente que su teoría liberal no es válida (rumores) y no permite proteger a las empresas que tanto dicen defender
ustedes, y es que su modelo no cree en las ayudas que tanto reclaman, no cree que el Estado tenga que intervenir, por ello les reitero que les doy la bienvenida y espero que esta demostración empírica les haga abandonar sus políticas trasnochadas
que siempre benefician a los mismos. Como socialista, me siento muy orgullosa de las medidas puestas en marcha por los diferentes Gobiernos progresistas, pero siempre siendo conscientes de la importancia de la cogobernanza para complementar
adecuadamente estas medidas y que lleguen a quien realmente lo necesita. Y, por supuesto, me gustaría reconocer a quienes con gran esfuerzo siguen levantando la persiana cada día, a la verdadera España que madruga, y mandarles un mensaje claro
desde aquí, desde esta tribuna: el Grupo Parlamentario Socialista seguirá trabajando para protegerlos.
Termino, señor presidente. La primera vez que me senté en mi escaño, en julio de 2019, sentí un gran orgullo y la tremenda responsabilidad de defender y trabajar para poder cambiar la vida de los que representamos aquí, pero he de reconocer
que aquí también he sentido vergüenza con algunas intervenciones populistas que atendían a claros intereses partidistas; hoy he visto algunas de ellas. Solo espero que hoy el sector del comercio, la hostelería y el turismo no tengan que sentir esa
vergüenza porque algunos partidos no apoyen este necesario real decreto. Por último, me gustaría dar las gracias a todos los grupos parlamentarios que van a apoyar este necesario real decreto, en especial al PNV. Muchísimas gracias por apoyar este
real decreto, por esa interlocución que hemos tenido, y muchísimas gracias también por apoyar el anterior real decreto. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchísimas gracias. (Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
- REAL DECRETO-LEY 37/2020, DE 22 DE DICIEMBRE, DE MEDIDAS URGENTES PARA HACER FRENTE A LAS SITUACIONES DE VULNERABILIDAD SOCIAL Y ECONÓMICA EN EL ÁMBITO DE LA VIVIENDA Y EN MATERIA DE TRANSPORTES. (Número de expediente 130/000037).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Pasamos al siguiente punto, convalidación o derogación del Real Decreto-ley 37/2020, de 22 de diciembre, de medidas urgentes para hacer frente a las situaciones de vulnerabilidad social y
económica en el ámbito de la vivienda y en materia de transportes.
Para presentar el real decreto-ley tiene la palabra en nombre del Gobierno el señor ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
El señor MINISTRO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA (Ábalos Meco): Muchas gracias, señor presidente. (La señora vicepresidenta, Julián Pastor, ocupa la Presidencia).
Señorías, hoy presento ante esta Cámara para someterlo a su convalidación el real decreto-ley de medidas urgentes para hacer frente a las situaciones de vulnerabilidad social y económica en el ámbito de la vivienda y en materia de
transportes, tras su aprobación por el Consejo de Ministros el pasado 22 de diciembre. Se estructura en tres capítulos y se compone de tres artículos, cuatro disposiciones adicionales, una disposición transitoria, dos disposiciones finales y tres
anexos.
Las medidas en materia de vivienda son objeto del primer capítulo. Para nosotros, la política de vivienda es una pieza clave del Estado del bienestar, y por ello desde que llegamos al Gobierno estamos adoptando medidas de carácter
estructural. Ahora estamos viviendo una crisis sanitaria sin precedentes, con gran afección a la economía, en la que desde el Gobierno hemos optado por no dejar a nadie atrás, y sin duda la vivienda forma parte de ese escudo social, porque en plena
pandemia no podemos permitir que haya personas que se queden en la calle sin una solución habitacional. Asimismo, hemos ido implementando distintas iniciativas y programas para que las comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla pudieran
tramitar de una manera ágil y extraordinaria las ayudas que van dirigidas a salvaguardar el derecho a una vivienda digna y adecuada. Por ello, nos hemos fijado los siguientes objetivos: primero, responder a la situación de vulnerabilidad;
segundo, diseñar medidas de equilibrio entre arrendatarios y arrendadores y, tercero, conseguir los objetivos perseguidos con recursos suficientes
para las arcas públicas. Así, este real decreto-ley se añade a todo lo que ya hemos hecho y permite la incorporación de nuevas medidas de protección para aquellos hogares vulnerables que se enfrenten a procedimientos de desahucio de su
vivienda habitual. Introduce además una serie de mejoras para asegurar la acción coordinada de los órganos judiciales y de los servicios sociales competentes. En este sentido, el capítulo I introduce una modificación extraordinaria para un momento
de especial dificultad. De esta manera, pretende preservar el derecho constitucional a la vivienda para proteger a las familias y personas más vulnerables, pero también para proteger los derechos de terceros, como son los arrendadores. Es una
norma que refuerza las garantías judiciales y también compromete al resto de administraciones públicas en materia de vivienda. Así, mediante esta norma y para aquellas personas arrendatarias de vivienda en situación de vulnerabilidad, con carácter
excepcional y solo mientras dure el estado de alarma, en los procedimientos de desahucio o lanzamiento arrendaticios, tanto si se encontrara suspendido o no previamente el proceso, la persona arrendataria podrá instar un incidente de suspensión
extraordinaria del desahucio o lanzamiento ante el juzgado por encontrarse en una situación de vulnerabilidad económica que le imposibilita hacer frente al pago de las rentas o encontrar una alternativa habitacional para sí y para las personas con
las que conviva. Además, se amplían las situaciones de vulnerabilidad social y económica que pueden alegarse para la suspensión del procedimiento de desahucio y de los lanzamientos que afectan a hogares vulnerables sin alternativa habitacional. En
concreto, se extienden dichas situaciones a aquellas no necesariamente derivadas de manera directa de los efectos de la expansión del COVID-19, y siempre acreditándose estas situaciones de vulnerabilidad económica conforme a lo establecido en el
artículo 5 del Real Decreto-ley 11/2020. Asimismo, con el objetivo de garantizar la eficacia de la medida, se establece la comunicación por el juzgado a los servicios sociales competentes, quienes tendrán que valorar la situación de vulnerabilidad
del arrendatario, y en su caso del arrendador incluso, y formularán una propuesta sobre las medidas a adoptar por la Administración competente. El informe de servicios sociales deberá presentarse en el plazo máximo de diez días ante el juzgado. La
suspensión del lanzamiento se mantendrá por el tiempo necesario para aplicar las medidas sociales que procedan, que deberán permitir una solución habitacional que garantice una vivienda digna y siempre dentro del periodo del estado de alarma.
Finalmente, es necesario destacar que, con el objetivo de diseñar medidas de equilibrio entre arrendatarios y arrendadores, en este real decreto-ley se ha regulado que si la alternativa habitacional no se da en los tres meses siguientes
desde la emisión del informe de los Servicios Sociales, los arrendadores tendrán derecho a solicitar una compensación económica por el perjuicio ocasionado. Esta compensación solo surtirá efecto en aquellas suspensiones que se realicen a partir de
la entrada en vigor del real decreto-ley. Esta compensación, tal y como consta en el texto normativo, consistirá en el valor medio que correspondería a un alquiler de vivienda en el entorno en que se encuentre el inmueble, determinado a partir de
los índices de referencia del precio de alquiler de vivienda u otras referencias objetivas representativas del mercado de arrendamiento, más los gastos correspondientes de la vivienda que acredite haber asumido el arrendador por el periodo que medie
entre que se acordase la suspensión y el momento en el que la misma se levante por el tribunal o por finalizar el estado de alarma. Esta solicitud de compensación podrá presentarse hasta un mes después de la vigencia del estado de alarma declarado.
Por otro lado, el segundo supuesto contemplado en este real decreto-ley se refiere a la suspensión de los procedimientos de desahucio o lanzamiento que no se contemplen en el caso anterior, es decir, aquellos que no tienen título. El
presente real decreto-ley se limita a los procesos civiles. No obstante, no puedo dejar de citar que en el Real Decreto-ley 1/2021, pendiente aún de su convalidación, se ha ampliado está casuística también a los procesos penales, siempre que reúnan
los requisitos necesarios. Esto será objeto de un próximo debate y, si procede, de su convalidación correspondiente, pero no está contemplado en este real decreto-ley.
La regulación contenida en el real decreto-ley que hoy sometemos a convalidación tiene un carácter extraordinario y temporal, exclusivamente mientras dure el estado de alarma y solo para los supuestos que detallo a continuación. Cuando los
propietarios de los inmuebles sean personas físicas o jurídicas titulares de más de diez viviendas. Además, es imprescindible que quien habite la vivienda sin título sea persona dependiente, víctima de violencia sobre la mujer o persona que tenga a
su cargo a alguna persona dependiente o menor de edad que esté conviviendo en la misma vivienda, y deberá acreditar la situación de vulnerabilidad económica descrita en el artículo 5 del Real Decreto-ley 11/2020, con la documentación prevista en el
artículo 6 del mismo real decreto-ley. En estos supuestos es importante señalar y hacer hincapié en que será el juez quien, una vez recibida la alegación de vulnerabilidad económica, realizará
la valoración ponderada y proporcional del caso concreto y tendrá la facultad de suspender el lanzamiento y solicitará informe a los Servicios Sociales competentes, que deberán presentarlo en el plazo máximo de quince días ante el juzgado.
Los Servicios Sociales competentes tendrán que valorar la situación de vulnerabilidad económica e identificar las medidas a aplicar por la Administración competente. Una vez acreditada la situación de vulnerabilidad económica de la persona que
habite en la vivienda y ponderadas por el juez todas las demás circunstancias concurrentes, dictará auto, acordando, en su caso, la suspensión hasta la aplicación de las medidas establecidas por los Servicios Sociales y, como máximo, por el tiempo
que reste hasta la finalización del estado de alarma. Sin embargo, si el solicitante no acreditara la vulnerabilidad económica, no se encontrase entre las personas con derecho a instar la suspensión o no concurriera alguna de las circunstancias
previstas, el juez acordará la continuación del procedimiento.
Como he comentado anteriormente, estos supuestos son acotados en el tiempo y muy excepcionales, ya que esta suspensión nunca se aplicará por el juez cuando la vivienda sea la residencia habitual o segunda residencia de un propietario o
persona física, con independencia del número de viviendas de la que este o esta pueda ser titular. Cuando se haya producido en un inmueble de propiedad de una persona jurídica, así como física tras la modificación del Real Decreto-ley 1/2021, que
lo tenga cedido por cualquier título válido en derecho a una persona física que tuviera en él su domicilio habitual o segunda residencia debidamente acreditada. Si la entrada o permanencia en el inmueble es consecuencia de delito, en concreto
mediante intimidación o violencia sobre las personas. Cuando existan indicios racionales de que la vivienda se esté utilizando para la realización de actividades ilícitas. Cuando la entrada o permanencia se haya producido en inmuebles de
titularidad pública o privada destinados a vivienda social y ya se hubiera asignado la vivienda a un solicitante por parte de la Administración o entidad que gestione dicha vivienda. Y, por último, si la entrada en el inmueble se ha producido con
posterioridad a la entrada en vigor de este real decreto-ley.
Finalmente, y con el objeto de tener en cuenta la situación del propietario y guardar un equilibrio con estas medidas, si la alternativa habitacional no se da en los tres meses siguientes desde la emisión del informe de los servicios
sociales, el propietario tendrá derecho a solicitar una compensación por el perjuicio ocasionado, y siempre que acredite que la suspensión del lanzamiento le haya ocasionado un perjuicio económico. Esta compensación solo surtirá efectos en aquellas
suspensiones que se realicen a partir de la entrada en vigor del real decreto-ley. La compensación tendrá las mismas características que las descritas con anterioridad. Por tanto, esta compensación será siempre a instancia del propietario, siempre
que acredite el perjuicio económico, que hayan transcurrido los tres meses desde la emisión del informe de servicios sociales sin alternativa habitacional y podrá presentarse hasta un mes después de la vigencia del estado de alarma declarado.
Para finalizar con esta parte de vivienda, y con objeto de reforzar los instrumentos con los que cuentan los servicios sociales para hacer frente a estas situaciones, se regula en las disposiciones adicionales la posibilidad de aplicación de
las ayudas reguladas en los programas del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021, todo ello sin perjuicio de la habilitación de otros programas autonómicos o locales de ayuda que puedan establecerse para este mismo fin. Debo indicar que, dado que el
País Vasco y Navarra no están en el Plan Estatal de Vivienda, estableceremos los mecanismos necesarios en el real decreto de desarrollo de este real decreto-ley que estamos preparando. En estos dos casos quedaría ligado al cupo o concierto, como ya
hicimos con los recursos adicionales que habilitamos en 2020 para paliar el COVID-19 y que tenían el mismo condicionante: estar vinculados al Plan Estatal de Vivienda. Además, con objeto de asegurar la máxima colaboración interadministrativa y la
efectividad de las medidas adoptadas, se establece que las comunidades autónomas informarán con carácter mensual al Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, en tanto responsable de las políticas del Gobierno en materia de bienestar social, de
familia, de protección del menor, de cohesión y de atención a las personas dependientes o con discapacidad, sobre las comunicaciones recibidas, los informes emitidos, el plazo de emisión de estos y las medidas adoptadas por parte de los servicios
sociales.
En lo que se refiere al capítulo II del real decreto-ley, que recoge las medidas en materia de transporte, se aprueban los términos de un nuevo reequilibrio económico de los contratos de gestión de servicios públicos de transporte
interurbano de autobús de competencia estatal. Esto es debido a que se han visto alterados sustancialmente desde el inicio de la pandemia. Se trata de una medida excepcional para garantizar la viabilidad de estos servicios, que son esenciales para
los ciudadanos y constituyen una red de transporte capilar que facilita la movilidad de los sectores más necesitados de la sociedad.
El primer reequilibrio de estos contratos se llevó a cabo en virtud del Real Decreto-Ley 26/2020, de medidas de reactivación económica para hacer frente al impacto del COVID-19 en los ámbitos de transporte y vivienda, cubriendo el periodo
correspondiente al primer estado de alarma. Cuando finalizó el primer estado de alarma, la demanda de estos servicios fue recuperándose lentamente hasta alcanzar niveles del 50 % respecto a la demanda del periodo equivalente de 2019. Sin embargo,
durante el mes de agosto de 2020 se observó ya una nueva caída de la demanda a niveles del 35-40 % respecto del periodo equivalente del año anterior, que, lejos de repuntar, continuó estancada. Tras la declaración del nuevo estado de alarma, que ha
permitido a las comunidades autónomas el cierre perimetral de sus territorios, se ha restringido aún más la movilidad intercomunitaria, que es típica en los contratos de competencia estatal. Esto ha supuesto una nueva caída de la demanda, que se
encuentra ahora en torno al 23 % de la habitual en estas fechas. Con esta medida, pues, se pretende que, una vez superada la crisis y levantadas las restricciones de la movilidad, las empresas de transporte puedan tener la solvencia suficiente para
continuar prestando estos servicios y, preservar así, el sistema de transporte público en nuestro país. Ello permitirá ofrecer los niveles necesarios para atender la demanda de movilidad de las personas, que es una condición básica de su calidad de
vida y de su acceso a los servicios sociales públicos básicos y a otros de carácter esencial.
El real decreto-ley establece un procedimiento ágil para reequilibrar económicamente estos contratos y evitar al máximo las cargas administrativas y sociales adicionales que pudieran conllevar, en algunos casos, incluso, la renuncia
contractual y el consecuente abandono del servicio público, incluyendo para ello mecanismos de anticipo de la compensación final. El período considerado para llevar a cabo el reequilibrio de los contratos será el comprendido entre la finalización
del primer estado de alarma y el 30 de junio de 2021. El posible desequilibrio derivado de la reducción de la oferta y la demanda de estos servicios será más o menos acusado dependiendo de la estructura del coste del contrato afectado y de las
medidas que haya adoptado la empresa para paliar, en la medida de lo posible, las dificultades de liquidez.
En último lugar, el capítulo III del real decreto-ley, que recoge las medidas en materia de defensa de los consumidores y usuarios. Se procede a la modificación del texto refundido de la Ley general para la defensa de los consumidores y
usuarios y otras leyes complementarias. En concreto, se modifica el artículo 21 en relación con el régimen de comprobación y servicios de atención al cliente. Así, en el supuesto de que el empresario ponga a disposición de los consumidores y
usuarios una línea telefónica a efectos de comunicarse con él en relación con el contrato celebrado, el uso de tal línea no podrá suponer para el consumidor y usuario un coste superior al coste de una llamada a una línea telefónica fija geográfica o
móvil estándar. Asimismo, se imponen determinados requisitos de estos servicios cuando se presten en relación con sectores básicos de interés general. Adicionalmente se modifica el artículo 49 en relación con el régimen de infracciones en materia
de defensa de los consumidores y usuarios. Por una parte, se introduce como un tipo de infracción el incumplimiento de las obligaciones en relación con los servicios de atención al cliente. Por otra, se añade como tipo de infracción la
introducción de cláusulas abusivas en los contratos y la no remoción de sus efectos al ser cláusulas declaradas abusivas y, por tanto, nulas.
Para finalizar, con el objetivo de garantizar el suministro a los consumidores vulnerables de agua, electricidad y gas natural, especialmente en las actuales circunstancias, se refuerzan las medidas existentes de protección a través de la
disposición adicional cuarta, en la que se adoptan las medidas para consolidar de manera eficaz la protección de los consumidores vulnerables, en línea con el marco efectivo desarrollado para identificar y reducir de forma estructural el fenómeno de
la pobreza energética.
Concluyo ya, señorías. Tras analizar la situación y ratificar las razones de necesidad y urgencia que exige la Constitución, el Gobierno, como saben, procedió en el Consejo de Ministros del pasado 22 de diciembre a la aprobación de este
real decreto-ley y, en consecuencia, solicito a esta Cámara el voto favorable para su convalidación.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Pastor Julián): Muchas gracias, señor ministro. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
En el turno de fijación de posiciones interviene, por el Grupo Parlamentario Mixto, en primer lugar, el señor Martínez Oblanca. Tiene usted la palabra.
El señor MARTÍNEZ OBLANCA: Muchas gracias, señora presidenta.
Buenas tardes, señor ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Rechazaré con mi voto la convalidación de este real decreto-ley que usted acaba de presentar, porque no responde a las necesidades de la política de vivienda, por lo
que me permito recordarle que también la lleva usted como ministro desde hace más de dos años y medio, tiempo en el que ha podido utilizar con mayor acierto y eficiencia el Boletín Oficial del Estado -es decir, el instrumento más poderoso- para
resolver algunas de las carencias y problemas de vivienda que el propio Gobierno reconoce en su exposición de motivos.
Señor Ábalos, tanto la norma que el Consejo de Ministros aprobó el pasado 22 de diciembre como la aprobada hace solo ocho días, y que para generar sorpresa y estupor modifica sustancialmente la que se quiere convalidar hoy, dejan en
evidencia una forma de legislar deprisa, corriendo y con piruetas, que son un intento inútil de corregir las advertencias sobre la flagrante inconstitucionalidad en una materia que afecta a miles de pequeños propietarios de viviendas de alquiler,
cuyas asociaciones manifiestan que el último vaivén del Gobierno supone la legalización de la ocupación ilegal y que genera además una inseguridad jurídica, que es lo último que podemos esperar de una España que está sufriendo una crisis histórica.
Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Pastor Julián): Muchas gracias, señor Martínez Oblanca.
Por el mismo grupo tiene la palabra el señor Mazón Ramos.
El señor MAZÓN RAMOS: Muchas gracias.
Otro real decreto-ley que se explica por las circunstancias provocadas por la pandemia, que viene a prorrogar otros anteriores en materia de vivienda, pero efectivamente hay que entenderlo como una medida transitoria y motivada por una
fuerza mayor. Una fuerza mayor que afecta en gran medida a la vivienda, donde arrastramos un problema nacional anterior a la pandemia. Por eso urge sacar adelante la ley de vivienda, una ley que garantice que no sea necesario recurrir a limitar
los derechos de los ciudadanos en materia de contratos libremente adoptados; una ley que debe pivotar, en mi opinión, en dos grandes conceptos: parque público de vivienda y un paquete de modificaciones fiscales que afecten a los particulares y a
las empresas privadas.
En materia de transportes es también muy oportuno este real decreto-ley en un modelo de gestión de servicios públicos que ha resultado muy favorable para los ciudadanos, un ejemplo de colaboración público- privada que tanto disgusta a
algunos. El reequilibrio de las concesiones es un instrumento muy adecuado en este momento, y en este mecanismo precisamente no siempre es necesario hacer un desembolso económico -como bien se sabe-, aunque las fórmulas de este decreto nos parecen
correctas. Y en materia de consumo de agua y energía -repito lo mismo que dije en el decreto anterior que hablaba de turismo y de comercio-, creo que lo más eficaz son las ayudas que van directamente dirigidas al bolsillo de los ciudadanos. Es más
sencillo, es más eficiente y la economía en general se acaba resintiendo mucho menos. No obstante, nosotros votaremos a favor de la convalidación.
La señora VICEPRESIDENTA (Pastor Julián): Muchas gracias, señor Mazón. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Tiene la palabra la señora Vehí Cantenys.
La señora VEHÍ CANTENYS: Gracias, presidenta.
Nosotras nos alegramos de que el real decreto traiga la paralización de los desahucios hasta que dure el estado de alarma; de hecho, estuvimos aquí con usted debatiendo una interpelación y una moción posterior en la que le pedíamos
precisamente esto. Pero nos preocupa la parte de la compensación a los propietarios después de tres meses en el caso de las familias que no tengan alternativa habitacional. ¿Por qué nos preocupa? Porque esta compensación va a ir para los grandes
propietarios, ¿Por qué? Porque son los que tienen más pisos y son los que tienen la gente contratada para poder presentar todo el papeleo que requiere esta compensación. La lógica de compensar a los grandes propietarios... Parece que el señor
ministro no está muy atento. (Pausa). Gracias. Decía que la lógica de compensar a los grandes propietarios, que es la que nosotros entendemos que está detrás de la idea de la compensación, es la misma que mueve al Grupo Popular para presentar el
recurso ante el Tribunal Constitucional contra la ley catalana de regulación de alquileres. Detrás de este recurso hay dos ideas: garantizar los intereses del lobby inmobiliario e ir en contra de la soberanía del Parlamento de Cataluña. Nada
nuevo en el Partido
Popular, pero nos sorprende que el Gobierno más progresista de la historia incorpore en este real decreto -que no estaba mal- la compensación a los grandes propietarios.
Claro, hay dos preguntas aquí: la primera es qué hará el Tribunal Constitucional. Se responde rápido: seguramente el Tribunal Constitucional no solo ha aceptado el recurso del Partido Popular, sino que le va a dar la razón y va legislar
en contra de los intereses de la gente sencilla. Y la otra pregunta, que es la que a nosotros nos interesa, es qué hará el Gobierno, ¿va a impulsar una normativa alternativa desde aquí en la futura ley de vivienda, tal como nos ha prometido varias
veces, para regular los alquileres? Porque ahora que estamos en campaña en Cataluña y todo el mundo promete, el PSC votó en contra de la ley de regulación de alquileres en el Parlamento catalán, fue el independentismo quien lo sacó adelante, fue el
independentismo quien lo garantizó, y los comunes y el soberanismo... -me dicen que no-; el independentismo y el soberanismo, me sirve. ¿Qué harán ustedes, compañeros de Podemos, ante esta situación, van a apretar para que se regulan los
alquileres? (El señor vicepresidente, Rodríguez Gómez de Celis, ocupa la Presidencia).
Miren, de esto nosotros sacamos una lección. A menudo nos dicen en el lenguaje coloquial -me van a permitir- que somos unos flipados porque siempre decimos en la izquierda independentista que los derechos se ganan desobedeciendo; pues
bien, con este Tribunal Constitucional, y parece que gobierne quien gobierne, los derechos en Cataluña se tienen que ganar en la calle, porque parece que nos van a a tumbar una ley aprobada por el Parlamento catalán. Así que solo nos queda llamar a
la movilización y a la desobediencia. De momento, esta tarde a las seis hay una movilización para proteger los derechos de todos, que es lo que han aprobado en el Parlamento catalán.
Gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu, tiene la palabra el señor Matute García de Jalón.
El señor MATUTE GARCÍA DE JALÓN: Gracias, presidente.
Voy a anunciar en esa tribuna el voto a favor de nuestro Grupo Parlamentario, Euskal Herria Bildu, al real decreto que nos ocupa ahora, sobre todo y fundamentalmente por lo que tiene que ver con la materia de vivienda y un debate que
llevamos arrastrando desde hace meses. De hecho, provocó una enmienda dentro del debate de los Presupuestos Generales del Estado por parte de nuestro grupo, junto con Esquerra Republicana de Catalunya, Unidas Podemos y algún otro grupo, que
planteaba actuar sobre esta materia relativa a los desahucios, el mercado de la vivienda de alquiler, la moratoria de las hipotecas o los cortes de suministros de luz y agua que se estaban y se están produciendo.
Pero, dicho esto, una vez anunciado nuestro voto afirmativo, bien haríamos en no pensar que con esto hemos llegado a Ítaca porque, al final, no estamos sino al comienzo de un camino y es la realidad la que nos empuja a dar pasos más
decididos y más firmes de los que en la actualidad se están dando. Lo citaba en el anterior debate y lo vuelvo a traer aquí. Cuando organizaciones como Intermón Oxfam, en informes que las propias Naciones Unidas reconocen como veraces y como
fiables, está señalando que en el Estado español hay más de 5,1 millones de personas en situación de pobreza; cuando nos está diciendo que desde marzo hasta ahora se ha aumentado en 800 000 personas esa bolsa de pobreza; cuando se nos señala que
hay, por tanto, más de 5,1 millones de personas en el Estado español que tienen que vivir con cantidades anuales inferiores a 6000 euros, es decir, menos de 500 euros mensuales, lo que se nos está mostrando es un escenario dantesco para millones de
personas y medidas como estas, aun cuando van en la buena dirección -por eso las vamos a apoyar-, siguen sin ser capaces de dar respuesta a toda la problemática a la que se enfrentan. Creemos, como ya se ha dicho por parte de una de las personas
que me ha precedido, que es necesario que se haga ya una ley de vivienda, que es necesario el debate que se viene arrastrando desde hace años o décadas sobre si el derecho subjetivo a la vivienda es o no materializable, y es ahí donde este Gobierno
tiene que apretar el acelerador porque, si no, la realidad le pasará por encima.
¿Hay que parar los desahucios ya? Sí, por supuesto, pero, por desgracia, todavía hoy vemos escenas de desahucios en nuestras calles y en nuestros pueblos, en los de Euskal Herria y probablemente también en los del Estado español. ¿Hay que
evitar los cortes de suministros de luz y agua? Por supuesto, no hace falta que llegue una realidad meteorológica tan adversa como la que se ha vivido en Madrid y en otros lugares del Estado español para saber que hay cientos de miles de personas
que tienen enormes dificultades para pagar la luz y el agua. Y esa misma gente ve con una atonía enorme cómo este Gobierno
todavía hoy no decide hacer lo que podría hacer para frenar el interés especulativo de los oligopolios, de las empresas que controlan el oligopolio del mercado energético, que deciden en momentos adversos para la ciudadanía, tanto en lo
climatológico como en lo económico, seguir aumentando sus cuentas de beneficios a costa de los bolsillos de las personas y de sus necesidades para tener una vida digna. Por tanto, ahí también hay que avanzar mucho más, como en todo lo que tiene que
ver con el mercado de la vivienda, con las políticas de alquiler. Hay que limitar el precio máximo. Se lo han dicho desde la sociedad civil, se lo dice el Sindicato de Llogaters y se lo dice otra gente y tienen razón, hay que poner coto al precio
máximo del alquiler para evitar que esa rueda especulativa se lleve por delante los derechos de las personas. Creemos que este real decreto, aunque apunta iniciativas interesantes o positivas, también tiene lagunas o espacios que nos invitan, al
menos, a reflexionar sobre lo que queda por hacer para evitarlo. Porque la prórroga es hasta el 9 de mayo, pero nada indica que el 10 de mayo, la situación de esas 5,1 millones de personas y otras más que podríamos sumar vaya a ser sensiblemente
mejor, vaya a ser suficiente para poder garantizar una vida digna en lo que se refiere a la habitabilidad, tener un techo y tener recursos. Por tanto, ahí hay un primer problema o una nueva espada de Damocles que nos ponemos con esa limitación
temporal al 9 de mayo.
Pero hay más, en la moratoria de alquileres hay un problema y es que, tal como viene redactado, lo que se dice es que lo que no se ha pagado hasta ahora, se devolverá de forma fraccionada durante un mínimo de tres años. Y eso no está mal,
pero es que hay una coletilla y la coletilla dice: pero siempre dentro del tiempo de duración del contrato. Claro, si el contrato es anual, esos tres años como marco temporal desaparecen y obligamos a tener que pagar en ese año todo lo que no
hayamos pagado con anterioridad. Y eso, si sabemos que el 10 de mayo la realidad económica no va a ser tan buena como para que podamos olvidar todo esto, vuelve a situar en una situación de extrema debilidad a muchísima gente.
En cualquier caso, el gran talón de Aquiles de este real decreto, que habría que intentar mejorar vía enmiendas, es la moratoria de las hipotecas porque no se prorrogan y porque la hipoteca, esa especie de matrimonio irrompible con los
bancos -no por voluntad propia, en este caso por voluntad impuesta de los bancos-, va a seguir siendo una realidad grave y dolorosa para cientos de miles de personas, que si primero sufrieron las cláusulas abusivas, ahora tienen que sufrir hipotecas
que, aun no siendo objeto de las cláusulas abusivas, siguen siendo difíciles de sostener para una población cada vez más empobrecida.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra el señor Legarda Uriarte.
El señor LEGARDA URIARTE: Muchas gracias, presidente.
La cuestión más relevante desde nuestro punto de vista y desde una perspectiva de política legislativa que plantea el Real Decreto-ley 37/2020, sin menoscabo de otras cuestiones como el transporte de viajeros por carretera, versa sobre el
tratamiento a dar a las familias económicamente vulnerables con menores o discapacitados a su cargo, objeto de desalojo de vivienda, para que no queden en la calle en una situación de pandemia, conjugándolo con el tratamiento del principio
constitucional de que nadie podrá ser privado de sus bienes y derechos sino por causa justificada de utilidad pública o interés social mediante la correspondiente indemnización. En definitiva, el Real Decreto-ley 37/2020 aborda la cohonestación de
los mandatos constitucionales al disfrute de una vivienda digna y adecuada, a la protección de la familia, la infancia, personas con discapacidad y mujeres víctimas de violencia, a la protección de la propiedad y de su función social y a la
protección de la salud, que en un escenario de pandemia reclama la disponibilidad en todo momento de soluciones habitacionales, además de suministros energéticos y de agua.
Señorías, el Real Decreto-ley 37/2020 aborda esta pluralidad de perspectivas respecto de los más vulnerables en un escenario de crisis económica y desempleo, escasez de vivienda social y creciente falta de asequibilidad de vivienda en el
mercado privado. De otra parte, el real decreto también se desenvuelve en el marco de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, que ha ratificado el uso de diversos instrumentos públicos de intervención administrativa sobre la propiedad de la
vivienda en atención a su uso habitacional y función social. El Real Decreto-ley 37/2020 también transita la política normativa de proseguir la paulatina recepción en el ordenamiento estatal de pronunciamientos, recomendaciones y dictámenes de
comités de vigilancia de tratados internacionales suscritos por el Estado español que tutelan derechos fundamentales, como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas en lo que se refiere al derecho a una
vivienda digna y a los requisitos de
los desalojos cuando afectan a personas en situación de vulnerabilidad, respecto de los que reclama la realización de todos los esfuerzos públicos posibles utilizando todos los recursos a su disposición, incluso en aquellos casos de
ocupación sin título, a los que ya alguna sentencia, como la de la sección 16 de la Audiencia Provincial de Madrid, la número 613/2018, de 11 de septiembre, considera de aplicación en un proceso penal la eximente completa cuando concurra estado de
necesidad al poner en la balanza la protección de menores, personas con discapacidad o de la misma familia. Y a esa misma actividad proactiva de los poderes públicos para evitar el aumento de personas sin hogar, se ha sumado la semana pasada el
Parlamento Europeo ante los precios del mercado de alquiler, en continuo crecimiento en relación con los ingresos de los que lo demandan.
Sin embargo, señorías, la consideración favorable al tratamiento que el real decreto-ley dispensa a las familias con menores a cargo y discapacitados en estado de necesidad en procesos de lanzamiento, dando la facultad al juez de
suspenderlos hasta que la Administración pública les provea de alternativa ocupacional y, si esta no se materializa, hasta que finalice el estado de alarma y la pandemia, se troca en consideración desfavorable del Real Decreto-ley 37/2020 en varios
de sus aspectos. En primer lugar, por atribuir a las comunidades autónomas el coste económico de estas políticas públicas y sin dejar señalado en la misma norma con fuerza de ley que correría a cargo del Estado. Además, se reclama e impone a las
comunidades autónomas un control mensual casi jerárquico, consistente en la remisión de todos los informes emitidos, el plazo de emisión y las medidas sociales adoptadas, y en un modelo estandarizado por el ministerio. Tampoco estamos de acuerdo
con que la garantía de suministro de agua y energía a consumidores vulnerables que no puedan acreditar la titularidad del contrato pueda ser acreditada por recursos alternativos privados ajenos a los servicios sociales competentes por razón del
territorio. Tampoco podemos considerar de modo favorable que este real decreto-ley se haya modificado en aspectos sustanciales antes de su convalidación en esta Cámara por otro real decreto- ley de posterior fecha y fuera del alcance, por el
momento, de su debate de convalidación. Por último, tampoco de este real decreto nos merece una consideración favorable el que una parte del coste de la solución habitacional -en su totalidad en determinados supuestos- se haga gravitar sobre el
propietario de la vivienda que pretende el lanzamiento. Esta es una medida que, desde una consideración de política legislativa, no compartimos. El Grupo Parlamentario Vasco del Partido Nacionalista Vasco comparte y apoya una política pública
sobre las familias en estado de necesidad para que no queden en la calle en situaciones de pandemia, pero no podemos compartir que la alternativa habitacional se haga recaer en quien reclama la recuperación de su propiedad o derechos, pues este no
es, a nuestro juicio, el mejor cumplimiento de la correspondiente indemnización por haber sido privado de aquellos derechos por causa justificada de utilidad pública o interés social, tal y como determina el mejor entendimiento del artículo 33.4 de
la Constitución.
Muchas gracias, señorías. Muchas gracias, presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra la señora Giménez Giménez.
La señora GIMÉNEZ GIMÉNEZ: Gracias, presidente.
Señorías, el debate que estamos teniendo hoy aquí afecta de lleno a las personas que más nos necesitan. Es imposible negar que muchas familias, tras perder su empleo, no han tenido recursos suficientes para poder hacer frente a sus
alquileres. Seguramente esta sea una de las caras más duras y crueles que nos deja la pandemia en materia social. Por eso este real decreto-ley lo que hace es extender las medidas extraordinarias en materia de vivienda que ya acordamos en el
primer estado de alarma. Son medidas excepcionales, que ya apoyamos en aquel momento y que vamos a apoyar hoy, porque tenemos en cuenta que vivimos una situación excepcional provocada por esta lamentable pandemia; porque somos conscientes de que
hay gente que lo está pasando muy mal, con un ERTE, en desempleo, con su negocio cerrado, sin poder seguir pagando el alquiler como venía haciendo, y que, además, no puede encontrar empleo. No se les puede echar la culpa de todas estas
circunstancias a estas personas. Ahora bien, lo que evidencia esta situación es el fracaso de las políticas de empleo, de vivienda y de transferencias públicas a las familias de España.
Voy a centrarme en la vivienda. Las políticas de vivienda que se han desarrollado son pésimas, solo hay que ver la escasez de vivienda pública que tenemos en nuestro país, las dificultades que tienen las familias para llegar a fin de mes y
pagar sus alquileres, las dificultades que tienen los jóvenes para
acceder a la vivienda y nuestro lamentable fracaso con la infravivienda y el chabolismo que siguen existiendo en nuestro país.
La solución mágica que Unidas Podemos y otros partidos de este hemiciclo quieren dar es limitar los precios del alquiler y restar seguridad jurídica a los propietarios. De esta manera, según ellos, los precios de la vivienda descenderán y
todo el mundo tendrá acceso a una vivienda en condiciones asequibles. Sin embargo, la mayoría de las personas que estamos aquí sabemos que esas políticas van en contra -y se ha evidenciado- de una mejora en lo que son las políticas públicas de
vivienda. Previsiblemente, su efecto va a ser que se produzca lo contrario. En Ciudadanos apostamos por crear un parque de vivienda, mediante colaboración público-privada, que ayude a enfriar los precios del mercado en algunas ciudades; abordar
un plan de actuación para hacer frente al chabolismo y a la infravivienda; agilizar los desahucios consecuencia de una ocupación, para proporcionar seguridad jurídica a los propietarios. Tenemos un derecho legítimo, el de la vivienda, pero no se
puede garantizar a costa de negar otro, que es el derecho de propiedad. Todos estamos haciendo sacrificios, pero no se puede legislar contra una parte de la población, que es lo que tiene en la cabeza este Gobierno.
Hablemos de los desahucios. La única política pública en esta materia que el Gobierno tiene actualmente en cartera es evitar los desahucios e incitar a las ocupaciones para garantizar el acceso a una vivienda accesible. Esto no es
política, esto es pegar una patada para adelante y mirar para otro lado. Señorías del PSOE y Podemos, ustedes han vuelto a hacer artimañas. Van a modificar este real decreto-ley, que tiene unos términos aceptables, para introducir de nuevo sus
prebendas ideológicas. Señorías, ustedes van a convertir una norma buena y continuista, que es la que vamos a votar hoy, en un atentado contra la seguridad jurídica y la propiedad privada. No sabemos qué tipo de revelación han tenido durante estas
Navidades, pero lo que han hecho es suprimir toda referencia a la comisión de un delito para la entrada o permanencia en un inmueble, dejando los delitos de usurpación sin violencia como un supuesto aceptable.
Por eso mismo, igual que les anuncio que hoy vamos a votar a favor de este decreto, porque somos conscientes de la excepcionalidad y de la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran muchas familias, les adelanto nuestro no rotundo a
la modificación que introducirá el Real Decreto 1/2021, que próximamente va a venir a esta Cámara. Y diremos que no, no porque seamos ajenos a las situaciones complejas a las que a veces se pueden ver forzadas numerosas personas que no tienen
vivienda, que no pueden pagar su alquiler y que lamentablemente vemos que han tenido que recurrir a eso para acceder a otra, a causa de esa nefasta gestión que tenemos de la política de vivienda, sino por el mensaje que se transmite por parte del
Gobierno. ¿La solución es: ocupad lo que podáis que yo ya miraré para otro lado? ¿Esta es la política pública social del Gobierno en materia de vivienda? ¿Se imaginan ustedes que, ante una situación de necesidad, a las familias que no pueden
alimentar a sus hijos un Gobierno les diga: Cometed un hurto, que no pasa nada, que vamos a mirar para otro lado? Es absurdo, pero esto es lo que parece pretender una parte del Gobierno. Y esto, vuelvo a decirlo, no es una solución, es una patada
hacia adelante muy perniciosa y, en este caso, nos van a tener enfrente.
En definitiva, con relación a este Decreto 37/2020, lo vamos a apoyar porque consideramos que la situación en la que nos encontramos es excepcional y porque tenemos muy clara la necesidad de apoyar a las familias vulnerables que no pueden
pagar sus alquileres. Además de ello, este decreto tiene una serie de medidas concretas para el sector del transporte que actualmente está pidiendo a gritos. Pero vuelvo a repetir que la modificación introducida por el Real Decreto 1/2021 es una
artimaña y no la vamos a apoyar. Insisto, desde el Gobierno se pervierte un real decreto de consumidores vulnerables y lo único que hacen es generar una inseguridad jurídica que no vamos a permitir. (La señora presidenta ocupa la Presidencia).
Señorías, déjense de artimañas, sean ustedes serios, rigurosos, porque estamos hablando del derecho a una vivienda digna. Planteemos soluciones, pero soluciones útiles y de verdad: una buena ley de vivienda, porque tenemos próximamente la
oportunidad de mejorar esta nefasta política de vivienda; un buen plan nacional de vivienda, porque hasta ahora no hemos tenido soluciones efectivas, si no, no estarían tantas familias en la situación actual en la que nos encontramos.
Estamos a favor, desde Ciudadanos, de que se ofrezcan alternativas habitacionales a las familias vulnerables, pero no podemos consentir que para ello se pongan en riesgo los pilares de nuestro Estado, de nuestro modelo social y económico.
Por eso, respecto a esa modificación, les pido que rectifiquen.
Muchísimas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Giménez. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Rego Candamil.
El señor REGO CANDAMIL: Grazas, señora presidenta.
El preámbulo de este real decreto empieza advirtiendo de la necesidad de dotarse de legislación estatal en materia de vivienda, y el BNG advierte que no vamos a acompañar la deriva centralizadora en la que está cada vez más inmerso este
Gobierno, supuestamente el más progresista de la historia. Vivienda es competencia de Galiza. Se necesita más financiación, colaboración y coordinación; lo que no se necesita es, precisamente, más centralización. Pero, efectivamente, estamos
inmersos en una crisis social y económica que necesita medidas urgentes para evitar que personas en situación de vulnerabilidad acaben sin techo por no poder pagarla. Coincidimos, por tanto, en la necesidad de prohibir los desahucios sin
alternativa habitacional. Pero también es necesario trabajar con las comunidades autónomas para aumentar el número de viviendas sociales o ayudas que impidan que se den estas situaciones, porque de forma efectiva se garantiza un derecho
establecido, como es el derecho a la vivienda.
En el transporte coincidimos en que la enorme reducción en la demanda ha supuesto un desequilibrio que debe ser corregido, pero pensemos en que las empresas también han procedido a una reducción de las frecuencias contra toda lógica
sanitaria. Por tanto, si hay una compensación, debe exigirse que todas las líneas y frecuencias se repongan a medida que se recupere la normalidad.
En el último bloque, pretenden garantizar el acceso a la información y reclamación de forma accesible y telemática en este momento de restricciones de la movilidad. Puede parecer razonable, pero también debe advertirse que esto no puede ser
una alternativa definitiva. Las restricciones pasarán y las empresas deben seguir facilitando alternativas presenciales, porque todos sabemos del uso abusivo que las grandes compañías -y un ejemplo son precisamente las de telecomunicaciones- hacen
de la atención telefónica. Y esta situación -también queremos advertirlo- no puede ser utilizada de ninguna forma para recortar derechos.
En definitiva, vamos a apoyar este decreto, aunque vemos algunos elementos que no nos gustan, porque entendemos que su objetivo fundamental es absolutamente necesario.
Obrigado.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Rego.
Por el mismo grupo parlamentario, tiene la palabra el señor Bel Accensi.
El señor BEL ACCENSI: Señor ministro, señorías, nosotros vamos a apoyar la convalidación de este real decreto-ley, así como su tramitación como proyecto de ley. La vamos a apoyar, aunque tenemos algunas consideraciones a efectuar y algunas
de estas consideraciones se van a trasladar a enmiendas para su tramitación.
En relación con los temas de vivienda, compartimos el objetivo de atender a aquellas personas y a aquellas familias más vulnerables con una situación complicada. Lo que pasa es que, como en otros aspectos en el ámbito de la vivienda,
ministro, se tiende a trasladar el coste de la solución a la parte privada, que uno puede pensar que son los grandes tenedores de viviendas, son las grandes corporaciones, pero no es otra cosa que la dejación de funciones de la propia
Administración. La incapacidad de la Administración para atender determinadas situaciones traslada el coste de sus decisiones a determinados ámbitos, y eso, a la corta y a la larga, genera una distorsión en el funcionamiento del mercado y no está
acreditado que esta disfunción tenga un efecto nulo en dicho funcionamiento. Por tanto, se lo digo aquí y se lo digo para otras ocasiones y otras tentaciones de regular el mercado de la vivienda con este traspaso de costes.
Como segunda consideración, no he tenido tiempo de mirarlo pero debe ser la primera vez en la historia que un real decreto-ley, que es una medida de urgencia y excepcional, es modificado por otro real decreto-ley antes de que se convalide el
primer real decreto-ley. La verdad es que esa es una técnica legislativa un tanto peculiar. Estamos viendo de todo en estos tiempos, pero que ahora estemos convalidando una parte de un real decreto-ley que no está en vigor no deja de ser peculiar.
Con relación al tema de las medidas en el ámbito del sector del transporte, nosotros compartimos estas medidas, el reequilibrio de estos contratos de gestión del servicio de transporte. De hecho, lo llevamos reclamando reiteradamente desde
el mes de julio sin mucho éxito hasta el momento y, por tanto, lo apoyamos. En cualquier caso, me gustaría también hacer dos consideraciones, una es que llega tarde
porque ha generado una incertidumbre en muchas de estas empresas que están gestionando estos contratos desde el 22 de julio, en que quedaron al descubierto -antes sí que había un sistema-, hasta prácticamente finales de diciembre. En todo
caso, si llegan, señor ministro, yo solo debo trasladarle una petición y es que no solo se resuelvan sino que se paguen rápidamente estos reequilibrios, porque algunas de estas compañías son grandes compañías que tienen un músculo financiero y una
capacidad financiera para poder soportar esta situación, pero muchas de las empresas concesionarias que están realizando este tipo de servicios son pequeñas y medianas empresas con graves dificultades, que han tenido que acogerse a los ICO, a todos
las oportunidades que han surgido, y que aunque han visto con alivio esta medida, todavía hoy tienen una situación de tesorería complicadísima que amenaza su viabilidad. Por tanto, les pedimos que sean diligentes en la tramitación de estos
expedientes y, sobre todo, en el pago de todos ellos.
Muchísimas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Bel.
Por el Grupo Parlamentario Republicano, tiene la palabra el señor Eritja Ciuró. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
El señor ERITJA CIURÓ: Muchas gracias, presidenta.
Señor ministro, buenas tardes. Ya les avanzo que votaremos a favor de este real decreto, aunque consideramos que no deja de ser un parche más que da respuesta a una situación realmente de emergencia social que pronto va a cumplir un año.
Estamos en una situación de emergencia social desde hace un año -por tanto, tiene su sentido- que no incide en la base del problema del mercado de la vivienda que afecta a todo el Estado.
Ante la experiencia de estos meses de estado alarma, y dados los repetidos incumplimientos y abusos muchas veces en el mercado del alquiler y los procedimientos de desahucio que afectan a sectores muy vulnerables, hemos visto que con parches
poco podemos hacer y que el problema es estructural, de gran calado y que cabe afrontarlo con urgencia mediante valientes políticas de vivienda. Ayer mismo, en plena tercera ola de pandemia, en Barcelona, una mujer de cincuenta y dos años que
utiliza silla de ruedas y es diabética fue desahuciada del lugar donde hacía diez años que vivía, y no es un caso aislado, es constante y lo hemos visto constantemente estos meses.
Todos sabemos que los grandes temas a resolver son dos. Por un lado, el aumento del parque de vivienda social, carísimo, todos estamos de acuerdo en ese sentido, pero, por otro, queremos la regulación del mercado del alquiler que evite la
especulación que hoy practican grandes tenedores y fondos de inversión. Seamos realistas. En Cataluña ya hemos avanzado en ese sentido. Sobre la base de la aprobación de la ILP de habitatge presentada por el Sindicat de Llogateres, que contaba
con un amplio apoyo social, con más de cuatro mil entidades de la sociedad civil catalana, el Parlament ha avanzado una ley propia que regula los precios de los alquileres, una ley amparada por el derecho civil propio de Cataluña y liderada por la
republicana y compañera Ester Capella, que prohíbe, por un lado, los desahucios, lucha contra los precios abusivos impuestos por bancos y grandes tenedores y protege a los inquilinos frente a subidas indiscriminadas de la renta; una ley que, por
cierto, ya saben ustedes que se está viendo amenazada por el Tribunal Constitucional, que ha admitido a trámite un recurso del Partido Popular que amenaza la ley catalana de regulación de alquileres, un recurso curiosamente elaborado por el mismo
bufete de abogados que preside el exlíder de Ciutadans Albert Rivera. El Partido Popular ha actuado como puente del lobby inmobiliario y del rentismo, que actualmente está representado por entidades como Asbanc, las socimis y otras organizaciones
que han cooptado el mercado inmobiliario en el Estado durante los últimos diez años y a quienes no les interesa la vigencia de una regulación de alquileres o una regulación del mercado de la vivienda. De hecho, viven de la desregularización actual.
Conviene recordar que fue el Partido Popular el que en 2013 redujo los contratos de alquiler de cinco a tres años y el que cambió el régimen fiscal de las socimis para que no pagaran impuesto de sociedades. Es el mismo partido que ahora,
justificándose en un conflicto de competencias, pretende tumbar una regulación que está dando aliento a miles de personas locatarias que han dejado de sufrir subidas abusivas en los contratos. Es una vergonzante demostración del menosprecio de las
instituciones del Estado por los consensos sociales mayoritarios en Cataluña y las necesidades de protección de nuestros conciudadanos más vulnerables.
A pesar de todo ello, y como también es conocido, nuestro grupo siempre ha apoyado aquellas iniciativas debatidas en este Parlamento que avanzan precisamente en el sentido de proteger los derechos
sociales, como el acceso a la vivienda digna. Por esa razón, ya en su momento exigimos la prohibición de desahucios, por lo menos a dos años vista. Por este mismo motivo daremos apoyo a este nuevo y positivo aunque insuficiente real
decreto, porque a la hora de proteger a las víctimas del mercado de la vivienda nosotros tenemos claro cuál es nuestro lado, siempre tenemos claro cuál es nuestro lado. Pero de la misma manera que en Cataluña el Parlament ha tramitado una ley que
ha emanado de una iniciativa liderada por la sociedad civil, ustedes tienen sobre la mesa una propuesta en la que incide la misma sociedad civil, a la cual, por responsabilidad, tienen que dar respuesta.
Evidentemente, ante las presiones del sector especulativo representado por los grandes tenedores y fondos buitre, hoy es más necesario que nunca blindar el acuerdo Gobierno Central-Generalitat, en este caso, por lo que nos pertoca, que
permita proteger a los sectores más vulnerables representados tanto por los inquilinos como por los pequeños propietarios más vulnerables. Si ustedes hubiesen hecho antes todo ese trabajo ante una emergencia social como la que estamos viviendo
estos meses, hoy probablemente no estaríamos así y probablemente no necesitaríamos los parches de última hora que estamos constantemente forzando. Hoy la misma Unión Europea establece que el Estado español debe regularizar el mercado de la vivienda
lo antes posible, y ustedes saben que hay que cumplir los dictámenes del Comité DESC y también sus recomendaciones incluidas en el último informe periódico de 2018. Cuelgan sobre el Estado cuatro condenas por vulnerar los derechos humanos a la
vivienda, tres de las cuales hablan de regular el procedimiento de desalojo. Saben ustedes que está pendiente el dar una respuesta. Pónganse las pilas, no demoren más las decisiones y sean valientes, como así hemos sido en Cataluña, asumiendo
incluso las presiones, vengan de donde vengan.
Me gustaría acabar con una reflexión. Cuando la sociedad civil organizada en Cataluña, con el Sindicat de Llogateres al frente y con el apoyo de entidades como la PAH, impulsó un cambio en el marco legislativo catalán para proteger el
derecho a la vivienda y regular los precios de alquiler, el Partido Socialista de Cataluña decidió salir en defensa de los fondos buitre y los grandes tenedores y votó junto al Partido Popular y Ciudadanos en contra de aquello que ya están haciendo
Gobiernos tan bolivarianos como el de Merkel o Macron. Ahora parece que el Tribunal Constitucional quiere apuntarse al carro y cargarse lo que los catalanes han decidido democráticamente, supongo que para no perder la costumbre, y el PSC, como
siempre, en vez de hacer frente a los jueces en defensa de la soberanía de Cataluña, estará detrás de los intereses de los de siempre. Plantéese cuál es su papel, a quién quieren proteger en la futura ley de la vivienda, fundamentalmente porque va
a quedar muy claro cuál es el papel.
De momento, la experiencia que tenemos desde Cataluña es distinta a la voluntad real de lo que ustedes plantean.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Eritja. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, tiene la palabra, en primer lugar, la señora Garrido Gutiérrez.
La señora GARRIDO GUTIÉRREZ: Gracias, presidenta.
Ministro, voy a empezar por los consensos. Yo creo que nadie puede discutir hoy que la vivienda, en esta grave situación de pandemia, es más que nunca el espacio de seguridad para las familias, como decía el ministro. La casa, el hogar, es
el lugar que nos brinda la protección más básica contra este virus y, por ese motivo, ni siquiera podríamos cumplir aquellas cuestiones relacionadas con el confinamiento, con el llamado toque de queda, si no tuviéramos ese espacio, si no tuviéramos
esa vivienda. También creo que hay un cierto consenso en la siguiente idea. La expulsión de una familia de su vivienda, los desahucios sin alternativa habitacional, suponen hoy en día, además de la violación de los derechos humanos, tal y como
establecen los tratados internacionales sobre esta materia, una cuestión esencial para preservar la salud pública. Ejecutar desahucios, por lo tanto, es una gran irresponsabilidad en este momento, algo inadmisible si se quiere llevar a cabo una
gestión tanto humana como eficaz de la pandemia. Pero no se trata solo de defender el derecho a la vivienda o a la salud pública, sino que también se trata de eficiencia económica, y ahí me refiero a las derechas. Deberíamos impedir que un mercado
especulativo y una economía rentista acaben asfixiando la economía real, la economía productiva, y acaben pisoteando las condiciones de vida de los trabajadores y las trabajadoras y también de los pequeños comercios.
Este real decreto-ley pone algunas medidas importantes encima de la mesa. Recoge, entre otras, la suspensión de los desahucios de familias vulnerables y por eso ha supuesto un respiro para miles de
familias, pero es una cuestión que va a estar temporalmente vigente. No nos equivoquemos: solo es una solución de urgencia. Hace un paréntesis y amortigua los efectos de un mercado inmobiliario -y aquí está lo importante- que sigue siendo
insolidario, abusivo y especulativo. Existen, lo sabemos, muchas carencias en nuestro Estado en relación con la vivienda. Carecemos de un parque público de alquiler, y en los últimos años se ha dado un proceso especulativo marcado del mercado de
alquiler, que ha terminado en precios abusivos, en rentas abusivas de alquiler. Aprovecho también para recordar a los señores de la derecha que el derecho a especular con una vivienda no es un derecho reconocido en la Constitución. Es curioso que
mientras por un lado se ha abierto un debate muy importante sobre la subida del SMI, que a veces supone subidas de menos de 10 euros, y se le achaca a esta subida que pueda dañar o afectar negativamente a la economía, por otro lado no se cuestionen
las subidas del alquiler, porque cada vez hay una brecha más importante entre las rentas del alquiler y los salarios, colocando a los trabajadores y a las trabajadoras en una situación de verdadero riesgo, en una situación difícilmente asumible, en
una angustia vital cotidiana. Si seguimos así, si los poderes públicos no acaban tomando medidas efectivas, llegará un día en que la gente trabajadora no podrá optar a alquilar una vivienda. ¿Por qué? Por algo muy claro, porque es mucho más
rentable alquilar una vivienda quince días a un turista; esa es la ley del mercado. La pregunta es si queremos ese futuro para nuestro país. Por lo tanto, importante es este real decreto-ley, pero importante es tomar medidas urgentes e importante
es esa ley de vivienda que va a intentar solucionar esas carencias de las que hemos hablado.
Acabo haciendo alusión a la resolución que ha aprobado el Parlamento vasco no hace más de una semana, un órgano que, por cierto, no es nada sospechoso de practicar políticas de extrema izquierda. Pedía a los Estados luchar contra las
inversiones especulativas, aprobar medidas para el control de los alquileres y frenar la expansión de las viviendas turísticas. Nuestro grupo va a votar -¡cómo no!- a favor de la convalidación de este real decreto-ley, pero somos muy conscientes de
que queda mucho camino por recorrer.
Gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Garrido. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el mismo grupo parlamentario, tiene la palabra el señor Mayoral Perales.
El señor MAYORAL PERALES: Gracias, señora presidenta.
En primer lugar, en esta materia quiero decir que creemos que era imprescindible que este tipo de normas se pusieran en funcionamiento, más aún en el marco de una emergencia sanitaria como la que tenemos en estos momentos, y que es urgente
garantizar estos derechos. Además, hacemos una llamada a cooperar a todas las administraciones públicas -las administraciones locales, las autonómicas y, por supuesto, al Gobierno- y, al mismo tiempo, queremos hacer también una llamada al Poder
Judicial. Sabemos que hay muchos jueces que están siendo sensibles y que están teniendo una actitud proactiva, pero hacemos una llamada a aquellos que siguen arrastrando los pies, que no están siendo conscientes de la difícil situación por la que
pasa nuestro pueblo y que siguen ordenando desalojos forzosos contra población vulnerable. Les solicitamos desde aquí la cooperación en el cumplimiento de nuestras obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.
Yo quiero señalar que este decreto sirve fundamentalmente para aproximarnos a cumplir con las recomendaciones del Comité DESC de Naciones Unidas y de las resoluciones que compelen a nuestro país para que esto pueda ocurrir. Esta es una
norma temporal, pero nosotros aspiramos a la posibilidad de que este tipo de medidas de protección se terminen convirtiendo en medidas estables para garantizar el derecho a la vivienda al conjunto de la población. Queremos agradecer el esfuerzo
militante de los activistas por los derechos humanos, que son los que están poniendo el cuerpo todos los días para garantizar los derechos de la gente. Y quiero decirles que todo lo positivo que tiene este decreto es el resultado de esa lucha que
se da todos los días en los barrios populares en defensa del derecho a la vivienda. Y aquellos que suben aquí hablando de parque público cuando tienen responsabilidades en Gobiernos locales y en Gobiernos autonómicos, como los de la Comunidad de
Madrid o el Ayuntamiento de Madrid, creo sinceramente que se están riendo de esta institución. Se están riendo porque fueron los responsables de la privatización de 5000 viviendas -3000 en la Comunidad de Madrid, 2000 en el ayuntamiento- y ahora
son incapaces de cumplir la sentencia del Tribunal Supremo para que se devuelvan las 3000 viviendas al ámbito de lo público. Además, no solamente hacen esto, sino que sacan un programa de alquiler de vivienda que dice que para poder acceder al
apoyo al alquiler del Ayuntamiento de Madrid
una familia de cuatro miembros tiene que tener unos ingresos de 3300 euros o de 6500. Estos señores dicen que están en contra de devolver cosas a lo público, de remunicipalizar, de restatalizar o de desprivatizar, pero no es verdad. Lo que
pasa es que están en contra de recuperar las viviendas sociales para que viva la gente; ellos están a favor de remunicipalizar las escuelas de tauromaquia.
Nosotros creemos que tienen que estar por delante los intereses de la gente y creemos que las administraciones públicas tienen que ser capaces de ser valientes, de sentar la mano a los especuladores y de decir que cualquiera que quiera
realizar una actividad económica en nuestro país...
La señora PRESIDENTA: Señor Mayoral, tendría que terminar.
El señor MAYORAL PERALES: ... tiene que respetar a nuestro pueblo.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra la señora Olona Choclán. (Aplausos).
La señora OLONA CHOCLÁN: Muchas gracias, señora presidenta.
Ministro, buenas tardes ya casi. Voy a hacerle un spoiler. VOX va a votar no a la convalidación de esta norma. Nosotros no somos comunistas y, por esta razón, no podemos apoyar la expropiación indirecta de las casas de los españoles que
esta norma comporta. (Aplausos). Lo que no voy a poder evitar es explicarle las razones por las que nuestro grupo parlamentario se opone radicalmente a esta medida comunista. Lo sintetizo en cuatro razones.
En primer lugar, la absoluta oposición de VOX a esta política comunista, que por primera vez se introduce en España, se basa en el atraco a mano armada de los sueños e ilusiones de millones de españoles honrados, trabajadores y humildes que,
con un extraordinario esfuerzo, adquieren a lo largo de su vida una vivienda que ahora el Gobierno, con esta norma, permite usurpar con total impunidad; las casas de los trabajadores españoles, de manera particular las situadas en los barrios más
humildes de ciudades como Madrid o Barcelona, donde, según los datos ofrecidos por el Ministerio del Interior, la ocupación ilegal golpea a los vecinos con una virulencia mucho mayor, especialmente en Cataluña. ¿Saben, señorías, cuántas denuncias
se registraron en España durante los seis primeros meses de 2020 por ocupaciones ilegales?, y me dirijo especialmente a los negacionistas de Podemos: más de cuarenta denuncias al día. Es decir, durante los seis primeros meses del año 2020, más de
cuarenta familias españolas cada día se vieron despojadas de toda una vida de sacrificio, de ellas, casi la mitad en Cataluña. ¿Y qué les dice hoy el Gobierno a estas familias? Que entre quien cumple sus obligaciones y quien delinque, el Gobierno
escoge al delincuente y le protege, convirtiendo a España en el paraíso de la ocupación, porque suspende los desahucios judiciales incluso cuando la ocupación trae causa de un delito. La izquierda, con su demagogia habitual, suele ver millonarios
por todas partes, pero esa no es la realidad de España. Para la mayoría de españoles la compra de una vivienda es la inversión más importante que harán a lo largo de su vida. En Madrid, por ejemplo, para adquirir una vivienda, la media de los
españoles emplea hasta diez años de su salario íntegro para poder pagar la hipoteca, diez años de su vida. Y esto es lo que hoy pisotea este Gobierno socialcomunista, que mete la mano directamente en los ahorros de los españoles al regular una
expropiación encubierta de sus inmuebles disfrazada de ayuda social del Gobierno. (Aplausos). ¿Para favorecer a quién? A los delincuentes. El 80 % de la población española es propietaria de un inmueble, a todos ellos es a quienes hoy abandona el
Gobierno.
En segundo lugar, ante la realidad evidente del fenómeno creciente de la ocupación ilegal, solo negada por Podemos, las soluciones que ustedes proponen son totalmente opuestas a la solución que solo VOX defiende en este hemiciclo. ¿Saben
cuál es la propuesta de nuestro partido frente a la ocupación ilegal? Se resume de manera muy sencilla: hay que sacar a los okupas de una patada en el trasero el primer día que invadan una vivienda. (Aplausos). Devolución inmediata de sus casas
a los españoles trabajadores que se las ven usurpadas. Esto se ha traducido en iniciativas legislativas concretas que ha presentado este grupo parlamentario el pasado 16 de julio, a través de sendas proposiciones de ley, en las que lo que hacemos
es castigar a los okupas con penas de prisión de hasta cuatro años donde ahora tan solo se castiga con multa y, lo esencial, permitimos que nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, por ley, puedan desalojar a los okupas de inmediato. Su Gobierno lo
que ofrece a los españoles es la protección de los
delincuentes; lo que VOX ofrece es ley y orden. Sabemos cómo hacerlo y ya lo hemos hecho, lo hemos registrado -repito- el pasado 16 de julio.
En tercer lugar, voy a desmontar la enorme mentira que se esconde detrás de este decreto que únicamente busca un titular, el titular de que el Gobierno suspende supuestamente los desahucios de las personas más vulnerables. Ustedes han
prohibido trabajar al pueblo español, le han prohibido levantar las persianas de sus negocios y aun así no han dejado de cobrarle ni un solo impuesto; es más, es el único Gobierno de Europa que los ha subido. Han ido adoptando medidas
propagandísticas, que con los meses se ha demostrado que eran solo eso: pura propaganda. ¿Recuerdan, señorías, cuando hace ocho meses en esta misma Cámara el señor Escrivá prometía que el ingreso mínimo vital llegaría a 2 300 000 familias de
españoles, de las cuales se eliminaría de riesgo de exclusión social a más de un millón? Bien, a la fecha y según respuesta proporcionada por el Gobierno el pasado 4 de enero, ese ingreso mínimo vital únicamente ha llegado a algo más de 130 000
personas en España, que en la mayor parte de los casos únicamente perciben 462 euros al mes. Los meses pasan, y hay familias que no han ingresado un solo euro desde hace ahora casi un año. Las empresas cierran: 100 000 empresas han desaparecido
en doce meses. El empleo estructural se destruye: según los datos conocidos hoy mismo, hay 700 000 empleos estructurales destruidos. Y se sorprenden, señorías, porque VOX se haya abstenido en el real decreto-ley que articula el instrumento de
ejecución de los fondos europeos. (Aplausos). A ustedes, un día más o un día menos les da igual, porque todos los que estamos hoy aquí no hemos visto mermada en lo más mínimo nuestra calidad de vida como consecuencia de la pandemia, pero para
millones de españoles y los que están por llegar cada día, cada día cuenta.
El Gobierno sabe lo que va a ocurrir este mismo año, y por eso no nos está confinando en nuestros domicilios. Celebro que esté aquí presente la ministra de Hacienda. Con las cifras económicas que manejan, saben que la gran quiebra
económica de nuestro país que está por venir se aceleraría y sería inmediata si nos confinaran domiciliariamente, porque lo que hasta ahora ha sido un problema de liquidez se va a convertir en un problema de solvencia empresarial cuando, una vez
concluya el estado de alarma, en torno al mes de mayo, se cumplan tres hitos que supongan que desaparezcan los parches económicos que se han ido imponiendo: cuando venza el plazo de devolución de los ICO, cuando finalice el plazo de duración de los
ERTE y cuando finalice la moratoria para solicitar la declaración de concursos de acreedores. Es en ese momento cuando se va a producir un incremento extraordinario de los desahucios y no ahora. ¿Y saben por qué este decreto-ley no es efectivo?
Porque su plazo de vigencia expira precisamente cuando acabe el estado de alarma. El abismo se acerca, señorías, está a la vuelta de la esquina, y la solución no puede hacerse recaer sobre los hombros de los españoles. Hay un déficit estructural
de viviendas públicas, de un parque de viviendas de protección social. Nos oponemos a esta expropiación indirecta que protege al delincuente. Y recuerden, señorías: los españoles no merecen menos que esos hoteles de cinco estrellas que están
pagando a los inmigrantes ilegales. Lo nuestro, lo primero.
Muchas gracias. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie).
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Olona. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, tiene la palabra el señor Garcés Sanagustín.
El señor GARCÉS SANAGUSTÍN: Señora presidenta, señor ministro, señorías, hoy, por primera vez, me voy a declarar soberanista -lo digo para todos los soberanistas que están enfrente de mí-, pero soberanista de mi libertad individual;
soberanía individual frente a la soberanía colectiva, esa que en algún momento nos va explicará el ministro Iceta próximamente.
Fíjense, en las sociedades abiertas, en las democracias liberales, en las estructuras libres de los países, desde hace doscientos años, hay dos principios que son básicos: uno es la libertad y otro es la igualdad. La propiedad privada es
el resultado de rentabilizar el esfuerzo, el mérito y la capacidad. El trabajo, fundamentalmente, es el potencial que nos hace mejores, el que nos humaniza, y cuando el sector público avala o legitima la usurpación o el robo, ya sea público o
privado, está deshumanizando a la sociedad.
Este es un ataque a la propiedad privada, señor ministro, lo es, comienza a serlo, y además lo es en dos episodios: primero, el real decreto-ley de diciembre y, después, fruto de las negociaciones presupuestarias con Unidas Podemos, el
Decreto-ley sangrante 1/2021, que me gustaría nunca haber
visto publicado. Esa es la realidad. Que quede claro: la propiedad privada es un valor moral. Estoy escuchando aquí algunas afirmaciones que me retrotraen a épocas que yo pensaba que estaban completamente superadas, pero completamente
superadas. Y me sorprende en usted, señor ministro, porque yo pensé que usted, a título personal, había abandonado el comunismo en su adolescencia, pero veo que no; veo que luego saltaron al socialismo marxista y después abandonaron el marxismo y
se instalaron en una cosa rara que se llamó socialdemocracia pragmática. Pero es que el refundador de su partido, que se llama Pablo Iglesias II, les ha vuelto a llevar al marxismo; ese es el gran problema, que no legisla usted, señor ministro,
están legislando los que están detrás de usted. (Aplausos). Se ha convertido por obra y gracia de Pablo Iglesias II -Pablo Iglesias Turrión- en el pinche de cocina del comunismo más heterodoxo que hemos visto a lo largo de los últimos años, que no
existe en ningún Gobierno de ningún país democrático. De verdad, me preocupa que se hayan convertido en los monosabios de una ideología confundida, desde luego perturbadora y para nada modernista ni progresista, ese concepto que abrazan
sistemáticamente. Porque de lo que se encarga el Partido Socialista es de decir -lo escuché el otro día varias veces; les han debido decir que lo digan- que es un partido con ciento cuarenta y un años de historia. Pues claro que sí. ¿Va a
resultar ahora que la antigüedad da ideas?, ¿da razones?, ¿da verdades? Yo no entiendo por qué siguen insistiendo en que tienen ciento cuarenta y un años; ciento cuarenta y un años de contradicciones permanentes, eso sí. (Aplausos). Quien les
fundó, al menos con el mismo nombre, les va a rematar; les fundó Pablo Iglesias y les va a rematar Pablo Iglesias como sigan a ese paso. Fíjense qué curiosas contradicciones y qué curiosas paradojas da la historia de la política en este país.
Usted, señor ministro, tiene un problema con la propiedad y, sobre todo, con el concepto del dominio, tanto del dominio privado como del dominio público. Ya sabemos que para usted el dominio público aeroportuario en Barajas es una zona
franca para las sátrapas venezolanas. Usted tendría que interpretar una película, 'Paseando a miss Delcy', y usted tendría que ser Morgan Freeman con un coche, evidentemente, dentro del aeropuerto de Barajas. Sin embargo, no protegen la propiedad
privada de cada uno y se dedican a defender que se asalte la propiedad ajena. A propósito, los que venían a asaltar el cielo, al final lo que pretenden es que se asalten las viviendas de los demás, las viviendas privadas. En eso ha quedado el
socialismo moderno, ya digo, la muletilla del marxismo acomplejado de Unidas Podemos (Aplausos); ahora bien, 'Unidas Podemos okupar'. La Moncloa ya tiene ka hace tiempo, y vamos a explicarlo.
No está hoy el señor Mayoral, pero yo el otro día escuché algunas cosas que me gustaría que me aclarara. Puede haber alguna diferencia o muchas diferencias ideológicas entre el pensamiento destituyente y claudicante del señor Mayoral y mi
pensamiento político liberal, pero, claro, decir que una segunda o tercera vivienda es una cosa abandonada... A ver si confundió el concepto de res nullius con el de mens nullius y el que le pasó la nota no ha estudiado Derecho, porque cuando se
tiene una segunda o una tercera vivienda no está abandonada, es propiedad y, evidentemente, se hará el uso que se quiera de esa vivienda, que es fruto del esfuerzo, de la capacidad, del mérito y del sacrificio personal de los que hemos trabajado
toda la vida. Eso es lo que vienen ustedes a hundir. Vienen a socializar el mérito, a rebajar por abajo la capacidad. Esa es la máxima expresión del igualitarismo, el igualitarismo socializante y marxista que nos lleva hasta donde nos lleva.
Luego empieza a hablar de los fondos buitre. ¿Se acuerdan de cuántas viviendas públicas prometió Carmena? 4000. Después las rebajó a 2500. ¿Saben cuántas han acabado finalizadas? 64; faltaba poco para el 69, que es un número más sensual. Esa
es la realidad, señores de Unidas Podemos. De verdad, sean ustedes conscientes de lo que dicen. A propósito, tanto hablar de fondos buitre y tanto hablar del proceso de rescate a los bancos del sistema financiero español, pero no les he oído
hablar nada a ustedes de una posible oposición a la fusión de las dos grandes entidades financieras de este país. Nosotros estamos a favor de la fusión, ¿pero ustedes? ¿Ustedes están a favor de la fusión con una entidad que ha sido dopada con
fondos públicos? ¿Dónde queda su coherencia? ¿Se lo quieren explicar a sus círculos? Ya que se han hecho monárquicos delante de alguna máquina tragaperras, a ver si por lo menos interpretan alguna vez algunos de los conceptos, como es el concepto
del derecho de propiedad en este país.
El decreto-ley es una broma. No es la primera vez en la historia legislativa de este país que un decreto-ley sin convalidar se modifica; creo que es la segunda vez que ocurre. Enhorabuena, ha batido un récord, está usted en la segunda
posición de las cosas que no se deben hacer en buena práctica administrativa o en buena técnica legislativa. Sobre todo, lo que hay que explicar es por qué se desacopla el decreto de diciembre con el decreto de enero: porque son rehenes de los que
están detrás, porque
fueron rehenes de las negociaciones presupuestarias, porque este es el pago, es el tributo que están pagando a Unidas Podemos. Pero, claro, si ya es grave el decreto de diciembre del año pasado, le esperamos aquí la semana que viene, señor
ministro, porque no habido mayor atropello al derecho de propiedad en un país europeo que el que ustedes cometieron hace dos semanas. (Aplausos). No se ha producido nunca. Ustedes por primera vez legitiman la ocupación ilegal. ¿Saben por qué?
Porque tienen un problema con un triángulo que para ustedes es conceptualmente imposible de encajar. Son tres lados: el lado de la propiedad privada, el lado del Estado legislador y el lado de la vulnerabilidad. ¿Cómo se resuelve la situación de
las personas vulnerables? No expropiando, sino garantizando que exista una vivienda mediante un sistema de ayudas o una provisión de un stock de viviendas públicas. Ustedes han ido directamente a la expropiación, a lo que han llamado -pido a los
servicios técnicos que les digan algo- procedimiento reglado de colaboración con las administraciones públicas. ¡Puro nominalismo marxista! Colaboración voluntaria. Esto lo inventan el Rubius y el Cojo Manteca, al que están resucitando y hace
mucho que no venía por aquí, al Congreso de los Diputados.
Concluyo, señora presidenta. El Partido Socialista tiene un problema. Ha enterrado las bases del sostenimiento de un Estado liberal, el sentido de la propiedad privada, el sentido legítimo de los equilibrios de los contratos privados y
públicos. ¿Y saben por qué las ha enterrado? Porque ya no son ustedes, sino que son sencillamente los pinches de cocina de su refundador, Pablo Iglesias Turrión.
Muchísimas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Garcés. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Ramos Esteban.
El señor RAMOS ESTEBAN: Gracias, presidenta.
Se había quedado una tarde tranquila y la gente se ha ido a comer; como se dice en mi tierra, una tarde de paseo, hasta que subió a la tribuna Mario Garcés. Conocíamos sus dotes y los pinitos que ha hecho como actor. Hoy ha demostrado que
es un magnífico actor cuando ha leído aquí un guion que no se cree ni él. En la política, señor Garcés, aparte de interpretar aquí nuestro discurso, tenemos que creérnoslo.
Es interesante que recordemos que, cuando entramos en este hemiciclo, la mayoría de los que estamos aquí teníamos en la cabeza que queríamos mejorar la vida de la gente. Este es uno de esos decretos que lo que busca es mejorar la vida de la
gente más vulnerable de este país. (Aplausos). Es lo que busca, y lo saben. Busca proteger a las víctimas de violencia de género, a las personas dependientes, a las personas con menores a su cargo, porque este país no se puede permitir más
imágenes de desahucios de personas dependientes. No se lo puede permitir. Este país no se puede permitir más imágenes de personas con menores a su cargo desahuciados de sus casas, y más en esta situación. Este decreto busca eso, proteger a la
gente que necesita la política, porque solo tiene la política.
Me resulta curioso escuchar al Partido Popular decir que protege la propiedad privada, y yo me pregunto: ¿la de quién? Tenemos que recordar que en la anterior crisis económica miles de familias fueron desahuciadas, miles de familias
perdieron su vivienda, miles de familias perdieron su propiedad, miles de empresarios perdieron su propiedad y se hicieron con ellas fondos buitres y bancos que ustedes rescataron. ¿Qué propiedad defiende el Partido Popular en este país?
(Aplausos.-El señor Garcés Sanagustín hace gestos).
Como sabe, este decreto afecta a los tenedores que tienen más de diez viviendas. Y yo me pregunto: ¿cuántos trabajadores de este país tienen más de diez viviendas?, ¿cuántos empresarios, incluso pequeños empresarios y autónomos de este
país tienen más de diez viviendas? VOX y el Partido Popular dicen aquí que defienden a la clase trabajadora. Es curioso escuchar a la portavoz de VOX decir que la clase trabajadora media de este país tarda diez años en pagar su hipoteca. ¿Diez
años? ¿Quién tarda diez años en pagar su hipoteca? Veinticinco, treinta, treinta y cinco o cuarenta. (Aplausos). Señores de VOX, ¿a quiénes defienden ustedes? A los que levantan la persiana, no; a esos no. Seguramente a los que cierran la
persiana porque se van a acostar más tarde ya que no tuvieron nada que hacer.
Como decía, este es un decreto que busca proteger a la gente más vulnerable de este país, pero es un decreto garantista, un decreto que busca dar seguridad a los inversores. El mayor fondo de inversiones del mundo ha dicho hace unos días
que va a incrementar la inversión en vivienda inmobiliaria en este país un 25 % este año. ¿Dónde está esa inseguridad de la que hablan el Partido Popular y VOX, esa inseguridad que generan las medidas del Gobierno? Si el mayor fondo de inversión
prevé que va a aumentar la
inversión en este país, es que algo estaremos haciendo bien. Protegemos a la gente, damos seguridad a los inversores y hacemos un decreto que garantiza todo. Cuando decimos que este decreto protege a las familias vulnerables, decimos que
protege a las familias vulnerables y a los propietarios. Este Gobierno, el Gobierno socialista, el Gobierno de coalición con Unidas Podemos defiende a los propietarios, a todas esas personas que durante muchos años y con mucho esfuerzo consiguieron
comprar una vivienda, dos viviendas, tres viviendas. A esas personas que tienen su vivienda habitual y que tienen una segunda vivienda este decreto las protege.
Señor Garcés, con su magnífica actuación, entiendo que intenta hacer ver a la gente que puede perder su vivienda porque alguien le va a ocupar la vivienda a un trabajador. No es cierto, lo sabe. (El señor Garcés Sanagustín hace gestos). Y
además de magnífico actor, veo que está haciendo méritos para ser mimo, por los gestos que se dedica a hacer mientras los demás intervenimos. (Aplausos).
Además, he escuchado aquí intervenciones que decían sobre todo una cosa: la política de vivienda que se ha hecho en este país no ha sido una gran política. Lo ha dicho Ciudadanos, lo ha dicho el PNV y lo han dicho otros partidos. Es
cierto, en este país no se ha hecho una buena política de vivienda; cuando gobernó el PP no hizo una buena política de vivienda. Pero lo curioso y lo que hay que preguntar a Ciudadanos y a Foro Asturias, que también la ha criticado, es por qué
votaron en contra de un presupuesto que incrementa las partidas en vivienda un 350 %, 2200 millones de euros. (Aplausos). Entiendo que hay que ser coherente. Y reconozco que estamos agradecidos por la posición de Ciudadanos, que ha tenido la
capacidad de dialogar. El PP ni lo ha intentado, porque dentro de su estrategia de partido no está venir aquí a intentar mejorar los decretos que se presentan, a intentar mejorar la vida de la gente, porque se han marcado una estrategia como
partido que nada tiene que ver con las prioridades de la gente de este país. Y tienen que ser conscientes, porque cuando un partido como el Partido Popular, que ha gobernado este país y debería aspirar a volver a hacerlo, hace eso, lo único que le
puede ocurrir es que le pase la ultraderecha. Señores del Partido Popular, al paso que van, veo que no van a tener la capacidad de gobernar este país. (El señor Garcés Sanagustín hace gestos señalando los escaños de la parte izquierda del
hemiciclo). Sí, sé que está haciendo méritos para ser actor de mimo, pero seguramente la Cámara y el Parlamento no sean el mejor sitio para ello.
Voy terminando. Quiero mostrar mi agradecimiento a la gente que ha tenido la capacidad de dialogar, a los que han tenido la capacidad de escuchar; a partidos como el PNV, cuya posición no comparto, y se lo he dicho por teléfono y se lo
digo hoy aquí. Además, les voy a remarcar una cosa. Es cierto que muchas de las políticas de vivienda las van a tener que hacer las comunidades y también es cierto que la mayoría de esos 2200 millones de euros de políticas de vivienda que se han
aprobado en los presupuestos los van a gestionar las comunidades autónomas. Sean corresponsables, ayúdennos a solucionar una situación que vive mucha gente y trabajemos para que la gente, cada vez que escucha un debate en el Parlamento, tenga la
sensación de que aquí venimos para mejorar la vida de la gente, para tener capacidad de empatía y no simplemente para conseguir los aplausos de los nuestros. Eso está muy bien, pero tiene poco mérito y ayuda poco a la gente de la calle.
Muchas gracias (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Ramos. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
- REAL DECRETO-LEY 39/2020, DE 29 DE DICIEMBRE, DE MEDIDAS FINANCIERAS DE APOYO SOCIAL Y ECONÓMICO Y DE CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DE SENTENCIAS. (Número de expediente 130/000039).
La señora PRESIDENTA: Pasamos a debatir el quinto punto del orden del orden del día: Convalidación o derogación del Real Decreto-ley 39/2020, de 29 de diciembre, de medidas financieras de apoyo social y económico y de cumplimiento de la
ejecución de sentencias.
Para presentar el real decreto-ley, tiene la palabra, en nombre del Gobierno, la señora ministra de Hacienda.
La señora MINISTRA DE HACIENDA (Montero Cuadrado): Gracias, señora presidenta.
Señorías, muy buenas tardes a todos y a todas. Permítanme que en mi intervención, la primera en este nuevo periodo de sesiones, salude tras la reanudación de la actividad parlamentaria y traslade, como no puede ser de otra manera, la
solidaridad y el afecto del Gobierno a todos aquellos y a todas aquellas
que han perdido durante estos meses algún ser querido y a las personas que se encuentran enfermas o que todavía están convalecientes de esta terrible enfermedad. Junto con ellos, quiero también traer a esta Cámara a todo el conjunto de
ciudadanos que está sufriendo los efectos de la crisis sanitaria a nivel económico, a nivel laboral. Como conocen, muchas son mujeres jóvenes, para quienes la pandemia está suponiendo un empeoramiento de su situación vital. Sé, señorías, que estas
palabras que repetimos todos los que actuamos de portavoces de los grupos políticos desde esta tribuna pueden resultar manidas, pero no por ello podemos dejar de tener presente que lo que tiene que centrar nuestra atención, sobre todo en los
próximos meses, es justamente este combate contra la pandemia y la puesta en marcha de todos los instrumentos que permitan minimizar las consecuencias económicas que de ella se derivan. Yo creo, señorías, que los ciudadanos esperan de nosotros que
contribuyamos a mitigar cuanto antes esta crisis y que despleguemos, a través de los reales decretos-leyes que vamos trayendo a este Congreso de los Diputados, todas las medidas que puedan ser necesarias.
También quiero recordar el desarrollo en un tiempo récord de varias vacunas que la ciencia ha puesto a disposición de la comunidad. El inicio de esta campaña de vacunación supone una esperanza, supone un aliento también para el conjunto de
las personas que estamos intentando no contagiarnos con esta enfermedad y para aquellas que tienen una vulnerabilidad previa y que, por tanto, necesitan recibir estas dosis cuanto antes. Como vemos, en esta tercera ola los datos siguen siendo
preocupantes. Por tanto, hasta que no consigamos ese 70 % de la población vacunada no podemos bajar la guardia en ningún momento.
Asimismo, señorías, creo que es obligado en esta intervención traer al recuerdo a todas las personas que están batallando en primera línea contra esta enfermedad: los sanitarios, que acumulan meses de extenuantes esfuerzos; las fuerzas de
seguridad; el Ejército, sin olvidarnos de gran parte de ciudadanos anónimos que mantienen un comportamiento cívico y solidario y que son un ejemplo a imitar.
Este contexto es en el que hoy comparezco para solicitar la convalidación de este Real Decreto-ley 39/2020, de medidas financieras y de apoyo social y económico y de cumplimiento de ejecución de sentencias. Los objetivos que perseguimos son
continuar en esta línea que he mencionado, desplegada por el Gobierno para atender las especiales necesidades económicas y sociales que esta pandemia sigue ocasionando, mirando especialmente a la protección de los colectivos más vulnerables, pero
dinamizando también la economía y atendiendo a nuestros compromisos internacionales. Esta norma, señorías, también va a permitir dar respuesta en tiempo y forma a las sentencias pendientes de ejecución, que requerían cambios legislativos inmediatos
para su adecuado cumplimiento en términos financieros.
Por ello, en primer lugar, voy a centrar mi atención en una medida especialmente relevante, como es la exención en el impuesto sobre la renta de las personas físicas de los perceptores del ingreso mínimo vital. Como recuerdan sus señorías,
la aprobación de esta nueva prestación histórica en España, el pasado 29 de mayo, dio un paso de gigante en la protección y la cobertura en materia de derechos sociales. No encontramos un referente parecido si no nos remontamos a la aprobación de
la Ley dependencia en el año 2006. Desde entonces, se han ido articulando una serie de mejoras que se van orientando sobre todo a la simplificación de los procedimientos administrativos. La norma que hoy debatimos supone un paso más, puesto que
establece exención del pago del IRPF a los perceptores de esta prestación exactamente en los mismos términos que ya tienen otras prestaciones económicas de comunidades autónomas, como la renta mínima de inserción o las ayudas que hacen las entidades
locales para atender a las personas y a los colectivos en riesgo de exclusión social o situación de emergencia. En concreto, lo que hoy proponemos es que la suma del ingreso mínimo vital y de cualquier otra prestación se considere exenta del IRPF
hasta un importe máximo anual conjunto de 1,5 veces el indicador público de rentas de efectos múltiples, el llamado Iprem. Como recuerdan sus señorías, este indicador, el Iprem, es el índice que nos sirve de referencia para la concesión de muchas
ayudas y subsidios en función de los ingresos de la unidad familiar. La Ley de presupuestos para este año 2021 ha establecido, de hecho, una revalorización del 5 %, hasta los 564,90 euros mensuales, tras una congelación que duraba ya cuatro años.
Por eso, señorías, creo que incorporar ese apartado en este decreto-ley muestra el firme compromiso que tiene este Gobierno con la reducción de la pobreza y con la lucha contra la exclusión social, siendo la fiscalidad una herramienta clave que
contribuye a que los países progresen en justicia social, garantizando -lo que es siempre nuestro objetivo- la igualdad de oportunidades.
De otro lado, el real decreto-ley establece una ampliación de crédito para hacer frente a la responsabilidad patrimonial del Estado legislador, en concreto, señorías, para la ejecución de la sentencia devenida por el llamado proyecto Castor.
Saben que este proyecto de obtención de gas se otorgó en mayo
de 2008 a la empresa Escal UGS, SL, que comenzó sus operaciones en mayo del año 2012. Sin embargo, dos años después, en concreto en 2014, la actividad tuvo que ser paralizada al registrarse seísmos de pequeña magnitud en las provincias de
Castellón y de Tarragona. Como consecuencia de ello, el Ejecutivo en el año 2014 aprobó un real decreto-ley que acordó la extinción de la concesión de este proyecto a Escal y otorgó su administración a Enagas. Enagas en aquellas fechas abonó a
Escal las inversiones realizadas hasta ese momento, inversiones que ascendían a 1350 millones, a cambio del reconocimiento de un derecho de cobro por esa misma cantidad durante treinta años, autorizándole la cesión a terceros.
Con posterioridad, en diciembre de 2017, el Tribunal Constitucional declaró inconstitucionales y nulos varios artículos de este real decreto del año 2014 que otorgó la administración a Enagas, artículos que recogían el derecho de cobro de
esta compañía, entre otros aspectos. Más recientemente, el Tribunal Supremo, en sentencia 1404/2020 de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, ha reconocido el derecho de las tres entidades bancarias que adelantaron esa cuantía a Enagas para
facilitar este cierre del almacén a ser indemnizadas por la cantidad de 1350 millones de euros más los correspondientes intereses por parte del Estado; intereses, señorías, que se van incrementando día a día si no abonamos con especial urgencia
estas cantidades para que no sean más onerosas para las cuentas públicas. De hecho, la ejecución de esta sentencia se va a llevar a cabo por el Ministerio de Hacienda y, por ello, solicitamos la autorización para la concesión de ampliación de
crédito por importe de 638 millones que se financiará con cargo a la deuda pública.
Otro de los aspectos que se recogen en este real decreto-ley, concretamente en la disposición final primera, es la modificación de la Ley 14/2000, de 29 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social. Se trata de
habilitar un mecanismo para que España pueda integrarse, en tiempo y en forma, en los instrumentos que las instituciones financieras multilaterales ponen en marcha para dar una respuesta global a la crisis COVID-19. Es una crisis, como ustedes bien
saben, que exige compromiso y solidaridad, sobre todo, con aquellos que menos tienen. Las aportaciones que nuestro país realiza a dichas instituciones se destinan a apoyar el buen funcionamiento del gobierno económico internacional, sobre todo para
reducir la pobreza, promover el desarrollo de países pobres y contribuir a la provisión de bienes públicos mundiales. Por ello, señorías, nuestro país tiene que estar en disposición de poder comprometer recursos en los plazos que se delimitan
internacionalmente, y con esta propuesta que hoy sometemos a su consideración aseguramos la implementación del mecanismo necesario para que ello pueda ser posible sin que suponga un mayor volumen de gasto.
Finalmente, este real decreto-ley introduce un ajuste de la Ley 19/1994, de 6 de julio, de modificación del régimen económico y fiscal de Canarias. De hecho, el objetivo es ampliar en un año los plazos para que se puedan materializar las
reservas para inversiones en Canarias, la llamada RIC. Como saben sus señorías, esta reserva para inversiones es uno de los incentivos fiscales más atractivos que tiene esta comunidad autónoma porque permite una reducción en la base imponible del
impuesto sobre sociedades, concretamente en la parte de los beneficios que se destinan a la reserva para la inversión. Dicho plazo, por tanto, será a partir de ahora de cuatro años para las cantidades destinadas a la reserva que se hayan dotado con
beneficios obtenidos en periodos impositivos iniciados en el año 2016 y también será de cuatro años para las inversiones anticipadas que se materializaron en el año 2017. De esta forma, el Gobierno vuelve a mostrar su sensibilidad con una comunidad
autónoma que está pasándolo especialmente mal durante esta pandemia sanitaria por la falta de movilidad, sobre todo de un área tan importante para su PIB como es el turismo, y atendemos a las solicitudes de prórroga que se han efectuado tanto por
parte del Ejecutivo regional como por las organizaciones empresariales. Espero que con ello favorezcamos la inyección de inversión a esta actividad económica que queremos remontar en Canarias tan necesaria para esa reactivación en los próximos
meses. Igualmente, confiamos en que esta medida ayude a aliviar la tesorería de muchas empresas que justamente tienen su sede fiscal en Canarias. Son medidas sin impacto económico, que se limitan a flexibilizar las condiciones para el disfrute de
esta cuestión en atención a la peculiaridad de este incentivo y a la excepcionalidad, por supuesto, de la situación económica derivada de esta pandemia.
Señorías, concluyo mi intervención solicitando a todos los grupos parlamentarios el apoyo a las medidas que contiene el decreto-ley porque todas son necesarias y urgentes dadas las circunstancias. Termino también aprovechando esta primera
intervención parlamentaria del año para solicitar de todos los grupos políticos, de todos los componentes de esta Cámara un esfuerzo de empatía con los ciudadanos y con la realidad que viven. El desacuerdo, señorías, en política es lógico, es
democrático, pero cuando lo llevamos a límites irracionales terminan perjudicando de forma importante el interés general y también
a los propios ciudadanos. Sé con certeza que no es posible que Gobierno y oposición estemos en desacuerdo en todo y que tampoco estemos de acuerdo en todo, pero saben que hay urgencias, prioridades en nuestro país que nos obligan a buscar
espacios de diálogo y también de acuerdo y saben también que tienen la mano tendida de este Gobierno para poder conseguirlo.
Señorías del PP, tienen que respetar y aceptar los resultados democráticos. Ha dicho el señor Garcés que la Moncloa está ocupada con k; es impropio que un partido que ha tenido responsabilidades de gobierno en este país se dirija al
presidente del Gobierno con ese calificativo. (Aplausos).
Señorías, aprobar un real decreto-ley para conseguir que los fondos europeos lleguen a las empresas y lleguen a la mayoría de la ciudadanía es patriótico. No se trata de beneficiar a un Gobierno, se trata de hacer posible que la
recuperación económica llegue ya a nuestra sociedad, que las empresas puedan aprovechar esa inyección que por primera vez Europa pone a nuestra disposición y que podamos aprovechar los mejores instrumentos para ayudar a los ciudadanos, no a este
Gobierno, a recuperar una normalidad que lleva ya mucho tiempo perdida. Ningún Estado está vacunado contra el virus de la intolerancia, pero la vacuna contra ella es el diálogo y la legítima confrontación democrática, y no el frentismo, que
únicamente lo que quiere o lo que consigue es el desgaste. Por eso quiero apelar desde esta tribuna a desterrar estas prácticas políticas que provocan desasosiego y también hartazgo al conjunto de la ciudadanía. Somos un país que nos enfrentamos a
un reto de tremendas dimensiones, pero el objetivo prioritario sigue siendo acabar con la pandemia y atender las consecuencias económicas y sociales. Es una tarea que compete en primera persona al Gobierno de España, pero también al conjunto de la
oposición, y quien les habla les emplaza con humildad, pero también con determinación, y les anima a trabajar juntos en beneficio de la ciudadanía de nuestro país. Es nuestro deber, pero, sobre todo, señorías, es nuestra obligación.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora ministra. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
En turno de fijación de posiciones, interviene, por el Grupo Parlamentario Mixto, la señora Oramas González-Moro.
La señora ORAMAS GONZÁLEZ-MORO: Me van a permitir, en primer lugar -porque yo nunca tengo siete minutos y hoy los tengo en este punto, y no lo pude hacer a lo largo del día porque tenía un minuto o minuto y medio-, desear a Carolina Darias,
la nueva ministra de Sanidad, éxito en el trabajo, que va a ser muy duro, en un momento muy difícil. Sé que es una mujer muy serena, muy trabajadora, y una muestra de inteligencia es rodearse de grandes equipos como los que ha tenido en todos los
sitios. Le deseo sinceramente lo mejor porque para todos va a ser bueno.
Dicho eso, señora ministra, yo voy a apoyar el decreto, obviamente, pero quiero decirle cómo nos sentimos en Canarias. ¿Por qué hicieron esto así? Hoy sale la EPA, y España tiene un 16 % de paro y Canarias un 25 %. Canarias es la
comunidad que proporcionalmente tiene más gente en ERTE, el mayor número de pensiones no contributivas, ocho mil empresas desaparecidas, cese de actividad... En el mes de julio el Parlamento de Canarias, el Gobierno de Canarias, socialista, el
presidente de Canarias, esta diputada, los sectores empresariales, como usted dijo, los sindicatos, todos le pedimos que se tomara una decisión, que se había tomado ya con el Gobierno vasco, de prorrogar el plazo para que las empresas hicieran las
inversiones en la RIC y pudieran tener las bonificaciones en el impuesto de sociedades y también los puestos de trabajo hasta diciembre de 2021. ¿Por qué? Porque las empresas estaban cerradas, había actividad cero en Canarias, una incertidumbre
absoluta, y había que tener la garantía de que en ese instrumento, que es vital para las empresas canarias, pudiera aplazarse la inversión o la contratación de trabajadores un año. Y ni en julio ni en agosto, el vicepresidente en septiembre.
Cuando vienen los presupuestos del Estado, mi compañero Pedro Quevedo y yo presentamos una enmienda en los términos que vienen hoy en el real decreto y ustedes votaron en contra de la enmienda. En mi caso, ni dejaron votarla; en el caso de
mi compañero Pedro Quevedo, la votaron en contra. Y en el último Consejo de Ministros del año, el día 30 de diciembre, comunicaron que prorrogaban por un año. ¿Sabe lo que generó eso? Que muchísimas empresas a las que no interesaba invertir en
este año y a las que por decisiones empresariales les convenía aplazarlo a lo largo de 2021, ante la duda, porque era el último día del año, tuvieron que adelantar inversiones que no tenían que hacer y limitar en determinado momento decisiones
empresariales por la incertidumbre, por la falta de cariño hacia los temas de Canarias, por desconocimiento, por no darle prioridad, por no escuchar a Carolina Darias, que todas las semanas lo
hablábamos Carolina y yo porque Carolina también hablaba con el empresariado canario. No saben ustedes el daño que hicieron a cientos de empresas por no haber tomado la decisión en el momento en el que la debieron tomar.
Las cosas de Canarias son pequeñas comparadas con los problemas que tiene este país. Son pequeñas para una ministra como usted, que tenía que preparar unos presupuestos, que tenía el tema europeo, que tenía la liquidación, pero son muy
importantes para una tierra que está sufriendo la peor pandemia sanitaria en estos días, como ocurre en Lanzarote y Gran Canaria -en Tenerife estuvimos mal en el mes de noviembre y, gracias a Dios, va mejor-, y cuya situación económica, de futuro y
de perspectiva es muy difícil. Nosotros sabemos que hasta octubre el turismo no se va a recuperar. No solo dependemos de cómo estamos nosotros, sino también del Reino Unido y de Alemania. Sabemos que no puede acceder al ingreso mínimo vital gente
con pobreza sobrevenida y con una mano delante y otra mano detrás. Tenemos pocas actividades y tenemos en riesgo el sector del plátano por esa ley de la cadena alimentaria. Son veinte mil familias, y el otro día intentaba explicarlo y no lo
terminan de entender. Hablan de mejorar el destino; ¡si tenemos el mejor destino turístico de Europa y del mundo, que es Canarias! Hablan de digitalización, hablan de competencia y no se dan cuenta de que Canarias es el plátano, el tomate, el
aguacate, los hoteles, la garantía de que los ERTE van a estar hasta el 31 de diciembre de 2021 para que la gente aguante, el tema de la RIC, el tema del REF. Al final, son cosas pequeñas para un ministerio como el suyo o para este país, pero son
grandes para una tierra que está a 2500 kilómetros.
Claro que hoy le voy a apoyar el decreto, pero le pido que las próximas veces, si no quiere, no escuche a esta diputada; que, si no quiere, no deje tramitar mis enmiendas a los presupuestos -como han hecho por primera vez en la historia-,
pero que escuche a sus compañeros de partido, al presidente de Canarias y a su compañera del Consejo de Ministros, Carolina Darias. Canarias se merece que las cosas se hagan en el momento político y en el momento económico que son necesarios porque
vienen tiempos muy difíciles. Esta diputada no votó a favor de la investidura de este Gobierno y no votó a favor de los presupuestos, pero esta diputada ha apoyado todos los decretos de este Gobierno.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Oramas. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra la señora Sagastizabal Unzetabarrenetxea.
La señora SAGASTIZABAL UNZETABARRENETXEA: Gracias, presidenta.
Ministra, buenas tardes, arratsalde on. Hoy debatimos aquí acerca de la convalidación del Real Decreto 39/2020, un real decreto que no tiene gran enjundia y en el que nuevamente exponen las razones de extraordinaria y urgente necesidad que
justifican recurrir a un instrumento normativo excepcional. A pesar de que vamos a votar favorablemente, queremos realizar una pequeña crítica en cuanto a que algunas de las medidas en concreto no obedecen a la situación de extraordinaria necesidad
provocada por el COVID. Me estoy refiriendo a la medida que permite al Estado endeudarse para hacer frente al pago de la indemnización del proyecto Castor porque, al parecer, no hay recursos suficientes en el Fondo de Contingencia. Consideramos
que esta medida viene a cerrar una polémica iniciada hace ya unos seis años, pero es verdad que se hace justamente cuando estamos ante una tercera ola de la pandemia, en la que son necesarios tantos y tantos recursos económicos, pero es un pago que
también hay que realizar porque es ejecución de la sentencia del Tribunal Supremo por la cancelación de este almacén. (El señor vicepresidente, Rodríguez Gómez de Celis, ocupa la Presidencia).
Por otro lado, se procede a la modificación de la regulación del ingreso mínimo vital, aunque esta vez su modificación se hace a través de una vía indirecta, ya que lo que se revisa es la normativa del impuesto sobre la renta de las personas
físicas y modificación parcial de las leyes del impuesto sobre sociedades, sobre la renta de no residentes y sobre el patrimonio. Se trata de una modificación, en definitiva, para reducir la fiscalidad de quienes perciban este ingreso mínimo vital,
equiparando esta regulación tributaria a la de las rentas mínimas de inserción autonómicas y a otras ayudas de emergencia social establecidas por las comunidades autónomas y administraciones locales. Con esta medida, en definitiva, lo que se
propone es garantizar recursos económicos de subsistencia a las personas que carezcan de ellos. Es una medida en consonancia con la que ya tenemos establecida en la Comunidad Autónoma del País Vasco, y una medida además que adoptó la Diputación de
Vizcaya en octubre de 2020 para que el ingreso mínimo
vital tuviera el mismo tratamiento fiscal que la RGI y que, paradójicamente, Bildu y Podemos votaron en contra. Y el PP también.
Por último, también quiero decir que el decreto amplía en un año los plazos para efectuar la materialización de la reserva para inversiones, medidas, como he dicho, que entendemos que son necesarias y que votaremos favorablemente. Ya que
estamos hablando del ingreso mínimo vital, quiero reivindicar que procedan al traspaso de la gestión del mismo, que ya vamos con bastante retraso.
Gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra la señora Martínez Granados.
La señora MARTÍNEZ GRANADOS: Gracias, presidente.
Señorías, debatimos el último real decreto-ley que viene a este Pleno para convalidarse; un real decreto donde se recogen medidas financieras de apoyo social y económico y de cumplimiento de ejecución de sentencias. Como el propio real
decreto-ley dice en su primer párrafo, la situación que vivimos actualmente tiene un impacto muy grave social y económicamente y estamos de acuerdo en que todos debemos sumar esfuerzos para buscar mejores soluciones que ayuden lo máximo posible a
los ciudadanos.
En primer lugar, este real decreto propone la exención en el impuesto sobre la renta de las personas físicas del ingreso mínimo vital y que se haga en los mismos términos que las prestaciones económicas establecidas por las comunidades
autónomas en concepto de renta mínima de inserción, para garantizar recursos económicos de subsistencia a las personas que carezcan de ellos, así como las demás ayudas establecidas por esta y por otras entidades locales para atender, con arreglo a
su normativa, a colectivos en riesgo de exclusión social. Creemos que es importante. De hecho, creemos que es tan importante que Ciudadanos presentó una enmienda en la tramitación del proyecto de ley del ingreso mínimo vital; una tramitación del
proyecto de ley que está paralizada, y era una enmienda en este mismo sentido. Por supuesto estamos de acuerdo y nos alegra que se hayan inspirado para traer esa enmienda a este real decreto. Parece que no nos van a aceptar una nueva enmienda,
pero nos alegramos de que la hayan traído en este real decreto.
La segunda medida que incluye este real decreto es sobre situaciones de urgencia que surgen derivadas de circunstancias jurídicas imprevistas. Por resumir, hablamos de las indemnizaciones que el Gobierno está obligado a pagar derivadas del
caso Castor. Estamos ante una sentencia firme que establece unas compensaciones que el Gobierno debe atender. Ya se han pagado 4 millones de euros en intereses de demora, 110 000 euros al día de dinero público, de todos los españoles. Cuanto
antes se ejecute este pago, todos saldremos ganando, así que entendemos que es positivo que se realice esta habilitación presupuestaria para poder ejecutar el pago a través del Ministerio de Hacienda.
También tenemos una modificación que tiene como objetivo ajustar las contribuciones de España a las instituciones financieras multilaterales y unificarlo con el calendario de contribuciones del resto de la comunidad internacional. Estas
contribuciones, por ejemplo, al Fondo Monetario Internacional, serán claves para dar una respuesta global a la crisis económica derivada de esta crisis sanitaria que todavía vivimos. De hecho, creemos que hay que tener en cuenta que de seguir por
la senda que lleva nuestro país y nuestra economía de destrucción de empleo puede que nos veamos obligados a acudir al Fondo Monetario Internacional a solicitar ayuda o financiación, con lo cual creemos que es importante que se realice esta
modificación. Por último, también viene recogida la modificación para ampliar en un año los plazos para efectuar la materialización de las reservas para inversiones en Canarias, dotada con beneficios obtenidos en periodos impositivos anteriores.
También creemos que es positivo y por eso votaremos a favor de este real decreto-ley.
Quería aprovechar para decirles una cosa a la señora Olona y a los señores de VOX. Hoy ha dicho la señora Olona en esta tribuna en su intervención que, si no se aprobaba el Real Decreto-ley 36/2020, no llegarían los fondos europeos a
nuestro país. Eso no es cierto, los fondos van a llegar. Entiendo que no les han preguntado a sus eurodiputados o que ellos no se lo han explicado bien, aunque más bien creo que quieren buscar una excusa para la metedura de pata que han cometido
esta mañana. Porque ¿saben lo que han conseguido votando que sí? Han conseguido que Pedro Sánchez y Pablo Iglesias tengan total control en la gestión de esos fondos europeos que van a llegar para todos los españoles. Sin control, no
vamos a poder fiscalizar cómo van a repartir los fondos. Eso es lo que han conseguido votando que sí a ese real decreto. (Aplausos).
También quiero aprovechar para decirle a la ministra que desde Ciudadanos siempre le tenderemos la mano para llegar a ese consenso que hoy ha pedido en esta tribuna, pero sería interesante que contactara con nosotros antes de traer los
reales decretos a este salón de plenos.
Muchísimas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario Plural, tiene la palabra el señor Baldoví Roda.
El señor BALDOVÍ RODA: Moltes gràcies, senyor president.
Señora ministra, con todo mi respeto, le pregunto si le parece apropiado mezclar en un mismo real decreto el ingreso mínimo vital con una chapuza y una inmoralidad como fue el Castor, perpetrada por Gobiernos del Partido Socialista y del PP
y que, al final, acabó favoreciendo los intereses de empresarios como Florentino Pérez o de grandes bancos como el Santander, La Caixa o Bankia. Recordemos: Castor, construcción de un almacén de gas frente a las costas de Tarragona y de Vinaròs en
Castellón. El Estado asumía todos los riesgos; los empresarios y los bancos, ninguno, y lo estamos viendo ahora. Si había negocio -y lo hubo- en la construcción o en el uso del almacén era para ellos, ellos cobraban. Si no había negocio, a pagar
todos. Insisto, ¿le parece adecuado mezclar los intereses de los que menos tienen con los de los que siempre ganan? Cuando no un pito una pelota, pero siempre ganan. Esta misma mañana Bankia presentaba su balance. Ha reducido los beneficios,
pero no va a pérdidas, como tantas y tantas industrias, autónomos o pymes. La respuesta se la doy yo, con todo respeto, insisto. Para Compromís es uno de los decretos más inadecuados que he visto en esta Cámara. Creo que lo que querían ustedes
era quitarse un problema de encima lo más rápido posible sin que se notara mucho. Sí, ya sé que las sentencias hay que cumplirlas -¡y tanto que hay que cumplirlas!-, pero ¿no se podía hacer de otra manera? Por ejemplo, dos reales decretos
diferentes. Nos hubiéramos sentido más cómodos a la hora de votar.
Acabo. Compromís está muy a favor de las medidas que usted en su ministerio implanta con el ingreso mínimo vital para que queden exentos quienes más lo necesitan, pero, sinceramente, está muy en contra de que se aproveche este decreto para
pagar un ingreso máximo vital a florentinos o a botines.
Por último, permítame decirle algo a usted que ha tenido tantas polémicas con su acento andaluz, que a mí, sinceramente, me encanta. Su acento andaluz, la manera que tienen los vascos de pronunciar las erres cuando hablan castellano, la
música que tienen los gallegos, los andaluces, los murcianos, los aragoneses o los asturianos. Hay otras lenguas en el Estado. Y permítanme. Soy un maestro que humildemente les dice que en valenciano y en catalán Miquel -he oído Michael Iceta y
he pensado que habían fichado a uno de los Lakers- es una palabra aguda. Un respeto también para las otras lenguas del Estado. Es Miquel, Artur, Albert y Joan.
Moltes gràcies.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Tiene la palabra el señor Bel Accensi.
El señor BEL ACCENSI: Señor presidente, ministra, señorías, nosotros estamos absolutamente de acuerdo con que el ingreso mínimo vital sea una renta exenta en el IRPF -no tenemos ninguna duda-, pero, señora ministra, no vamos a votar a favor
de este real decreto-ley. No lo vamos a votar -se lo explico así- casi por dignidad. Nosotros no vamos a ser cómplices ni por activa ni por pasiva de uno de los mayores escándalos políticos que se han producido en este país a lo largo de los
últimos años. El proyecto Castor es un escándalo desde 2007, en que se empezó a hablar de él. Yo entonces era alcalde y me opuse, pero no solo un servidor, sino todos los alcaldes de las comarcas de Tarragona y de Castellón involucrados. Era una
situación absolutamente inasumible. La empezó el Partido Socialista y la acabó vertebrando el Partido Popular, y después no se ha asumido ningún tipo de responsabilidad, ni política ni técnica. Se dieron 1350 millones de euros a una empresa
privada que no asumía absolutamente ningún riesgo, como se denunció desde un principio; 1350 millones de euros que se pagan ahora, en una situación de pandemia. ¿Sabe usted qué se puede hacer con 1350 millones de euros? ¿Sabe lo que
harían los restaurantes y las pequeñas y medianas empresas del sector turístico con 1350 millones de euros? Nosotros no vamos a asumir esta responsabilidad porque no nos corresponde. Llevamos más de diez años denunciándolo.
Y usted dirá: las sentencias se tienen que cumplir. Sí, sí, se van a tener que cumplir. Pues eso, que el Partido Socialista y el Partido Popular, que fueron los que causaron este desaguisado, lo asuman y que asuman responsabilidades
políticas. No puede ser que un real decreto-ley se despache como si no hubiera pasado nada, 1350 millones para los bancos, que simplemente adelantaron unos recursos que tenía que haber adelantado el sistema gasista. En fin, una serie de
despropósitos, y ahora vienen a pedirnos aquí, como ha dicho el compañero Joan Baldoví, junto con la exención del ingreso mínimo vital, nuestro voto favorable para ello. Más que nada, cuando uno sube aquí y pide pagar 1350 millones de euros porque
hay una sentencia del Tribunal Supremo por un desaguisado de una dimensión descomunal, señora ministra, nosotros esperamos del Gobierno que diga en el mismo momento -1350 millones de euros son muchos impuestos, mucho IRPF, mucho impuesto sobre
sociedades, muchos impuestos indirectos- que va a depurar responsabilidades políticas y técnicas. ¿Lo vamos a pagar simplemente todos los españoles y aquí no pasa nada? ¿No se va a dirimir ningún tipo de responsabilidad patrimonial respecto de
ninguno de los técnicos, de todas las personas que intervinieron en este proceso, cuando muchísima gente -ya no hablo de los responsables políticos- veníamos denunciando esto desde antes de que se iniciara el proceso? Nosotros no vamos a ser
cómplices de este real decreto-ley. Asúmalo el Grupo Popular, asúmalo el Grupo Socialista, pero, sobre todo, que aquí no se cierre nada. Les instamos a que busquen responsabilidades políticas y técnicas de esta cuestión.
Muchísimas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario Republicano tiene la palabra el señor Salvador i Duch.
El señor SALVADOR I DUCH: Bona tarda a tothom. Gracias, presidente.
Hoy el Gobierno nos presenta un real decreto-ley que va sobre medidas financieras de apoyo social y económico. Así, en su parte dispositiva, nos dice que la situación de emergencia económica y social ocasionada por la pandemia sigue
exigiendo la adopción de medidas sociales y económicas de apoyo. Bien, suena bien. En este mismo sentido, el artículo 1 sigue con muy buenas intenciones: con la exención del IRPF a las personas que cobran el ingreso mínimo vital. Bien, estamos
de acuerdo, pero no me voy a entretener en comentar este apartado sobre el ingreso mínimo vital porque esta tarde comparece el ministro señor Escrivá, y la semana que viene se aborda un nuevo real decreto-ley sobre ingreso mínimo vital que se
debatirá en esta Cámara, y tiempo tendremos. Así que voy a centrarme en lo que no solo discrepamos, sino que nos parece un escándalo.
¿De qué se trata? Resulta que se aprovecha este real decreto-ley con medidas de apoyo social para incluir el pago de 1350 millones de euros, repito, 1350 millones de euros, en plena pandemia para pagar la deuda del proyecto Castor; aunque,
bueno, para ser rigurosos, dice el real decreto-ley que hay que sumar intereses. Tampoco son entonces 1350 millones, sino que sumando intereses pueden llegar a superar, según los expertos, los 4000 millones de euros, sí, sí, 4000 millones de euros.
(La señora ministra de Hacienda, Montero Cuadrado, hace gestos negativos). ¿Pero de qué estamos hablando cuando nos referimos al proyecto Castor, que siempre lo criticamos ya desde 2007? De una práctica cuasi mafiosa, recordemos que este proyecto
fue un intento de gran almacén de gas que fue paralizado en 2013 por el propio Gobierno español, como consecuencia de más de medio millar de terremotos. Señora ministra, algunos de 4,2 y con grietas -yo soy de la demarcación de Tarragona- en las
casas, y aquí nunca ha pasado nada, ni a quien hizo el contrato ni a los técnicos, nadie, ningún responsable, como consecuencia, decía, de más de un millar de terremotos, algunos de 4,2 en la escala Richter, causados durante los trabajos de
inyección de gas por la empresa promotora. En el año 2014, el mismo Gobierno renunció a la concesión del almacén y estableció una indemnización multimillonaria a favor de una sociedad participada por la compañía ACS.
Hasta aquí resulta lamentable, pero lo que sigue es de vergüenza. Se utiliza el real decreto-ley de urgencia -repito, de urgencia- en plena pandemia para realizar una modificación presupuestaria para cumplir la ejecución de la sentencia del
Tribunal Supremo, pero queda claro que esa sentencia fue dictada el 17 de octubre de 2020, durante el primer trámite de discusión de los Presupuestos Generales del Estado. Y mi pregunta es: ¿por qué no se modificaron en su momento los Presupuestos
Generales del
Estado? Porque se quería camuflar en un real decreto-ley con otras medidas sociales para intentar que esto no se notara mucho. Y es vergonzante realizar una modificación del presupuesto apenas un mes después de su aprobación, pero si
además es con el pretexto de una sentencia pública dictada con anterioridad, la maniobra resulta totalmente indecente.
¿Pero por qué necesitan esconder de esta manera su maniobra política? Porque lo que se pretende no es otra cosa que compensar a las entidades bancarias Banco de Santander, CaixaBank y Bankia, por el dinero que avanzaron a la empresa Enagás
para que esta pueda indemnizar a la empresa ACS, de Florentino Pérez, por el cierre del almacén de gas Castor. Es decir, en una de las peores crisis económicas y sociales de la historia reciente, una crisis que está provocando un gran sufrimiento a
una gran parte de la población trabajadora, resulta que hay que pagar 1350 millones, más los intereses. ¿La sentencia de quién viene? De la alta judicatura del Estado, tan desacreditada en Europa una vez sí y otra también, que vuelve a impartir
justicia y a favorecer al sistema financiero, como ya lo hizo en el tema de las cláusulas suelo o en la sentencia sobre las hipotecas regidas por el IRPH y un largo etcétera. ¡Menudo tribunal es!
Señores del PSOE, resulta que en plena pandemia nos llaman a votar un real decreto-ley para que de manera urgente legitimemos una sentencia injusta, una sentencia que permite que con los recursos económicos de todos, de todos, paguemos una
de las peores gestiones económicas, medioambientales, ecológicas y peligrosas para la población que se recuerdan por parte de los diferentes Gobiernos del Reino de España. Recuerdo que en aquella zona hay además tres centrales nucleares, poca
broma. Los responsables directos de esta peligrosa chapuza llamada Castor ganan, la banca, Florentino Pérez y sus cómplices políticos, en este caso Partido Popular y Partido Socialista, y los que perdemos y pagamos su negligencia somos los de
siempre, los que pagamos los impuestos, todos y todas.
Hay alternativas. ¿Y qué haría no ya un Gobierno socialista, sino un Gobierno un poco socialdemócrata? Utilizar el estado de alarma, el estado de guerra contra la pandemia para recuperar parte de esos 60 000 millones de euros del rescate
bancario, por ejemplo, con un real decreto-ley de urgencia y ad hoc para no pagar estos más de 4000 millones de euros que nos va a costar esa chapuza peligrosa llamada Castor. Esto es lo que haría un Gobierno socialdemócrata en una época en que
millones de súbditos del reino de España están sufriendo. Nos hubiera gustado que se hubiera utilizado su propia Constitución, concretamente su artículo 128, para subordinar los intereses del sistema financiero y los grandes oligopolios al interés
general de la población, que hubiera hecho justicia y, por ley, lo que jamás hará su Tribunal Supremo, que hubiera legislado para evitar el abuso de los monopolios económicos que mandan sobre el poder político, y hubiera salvaguardado estos miles de
millones que se van a regalar a los poderosos para finalidades de interés general.
Por todo ello, no vamos a legitimar su real decreto-ley, no vamos a legitimar el saqueo de las arcas públicas que representa para todos nosotros lo que se ha hecho y se hace con el llamado proyecto Castor. Lo que debían hacer, como ya ha
dicho alguno de mis compañeros, es recuperar el dinero, buscar responsabilidades, permitir una comisión de investigación que ya pedimos y que fue rechazada, aquí todo lo que toca a los oligopolios, a la monarquía o a la corona siempre se rechaza, y
eso que la llaman una monarquía parlamentaria, pero no puede ser controlada por el Parlamento, pero cuando se habla de los poderosos parece que tampoco.
En fin, muchas cosas que cambiar y parece que muchas cosas siguen igual.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común tiene la palabra el señor Guijarro García.
El señor GUIJARRO GARCÍA: Buenas tardes, señorías. Presidente, ministra, si bien este texto normativo contiene varios elementos bien diferenciados que usted misma ha desgranado, dada la escasez del tiempo del que dispongo, apenas me voy a
centrar en los dos polémicos que han monopolizado este debate. El primero tiene que ver con la exención del pago de IRPF para las familias beneficiarias del ingreso mínimo vital, una medida, desde luego, justa, necesaria y urgente, más cuando, como
usted misma ha dicho, hay rentas de inserción y asistencia social, tanto a nivel autonómico como local, que están lógicamente exentas a efectos de este impuesto. Se trata de un nuevo paso en la mejora de un mecanismo fundamental que aún debe ser
perfeccionado, precisamente por ello, por su relevancia para mitigar los efectos sobre la población más vulnerable en esta ya larga crisis que atravesamos. Es verdad
que a día de hoy existen ya 462 000 personas beneficiadas periódicamente por esta aportación, entre ellas más de 200 000 niñas y niños que tendrán una infancia quizá algo más decente, gracias a la acción del Estado. Esto supone unos 518
millones de euros invertidos hasta la fecha. Al margen de los ERTE, no se había aplicado una medida de semejante calado social en España desde la Ley de Dependencia del año 2006. Pero no es menos cierto también que aún quedan por tramitar más de
271 000 solicitudes, y que las necesidades de los sectores a los que está dirigido están aún lejos de estar satisfechas. Por tanto, celebramos el nuevo avance que, sin duda, contiene este real decreto, pero el camino para la adecuación plena de
esta política pública tan relevante debe ser aún recorrido en su totalidad, y mi grupo no se cansará de echar leña a la caldera de esa locomotora.
El otro punto de los contenidos en el texto, es evidente, consiste en la ampliación del crédito para hacer frente al cumplimiento de la sentencia del Supremo, la cual obliga al Estado a pagar a esas tres entidades financieras los 1350
millones correspondientes a la indemnización por extinción de la concesión para el almacenamiento subterráneo de gas, el conocido como proyecto Castor o más bien caso Castor. Se trata de una nueva y dolorosa cuenta en el ya largo rosario de
despropósitos que caracteriza este episodio de nuestra historia reciente. En esta ocasión se nos llama a cumplir con una sentencia judicial, que no compartimos, en la que ni siquiera reconocemos atisbo alguno de justicia, y sin embargo
coadyuvaremos a su acatamiento con nuestro voto favorable de hoy. Lo haremos por lealtad institucional, por el reconocimiento de aquello que, entre otras cosas, hace a una democracia y que los muchos de la tradición francesa llamamos separación de
poderes. Pero lo haremos no sin antes denunciar y señalar indignados algunos de los atropellos que hemos vivido y que podríamos vivir en un futuro próximo si no ponemos coto definitivo a ciertos comportamientos, yo diría que atávicos, en la cultura
política y empresarial de España. A nuestro modo de ver, el proyecto Castor comenzó ya viciado de origen en su propio planteamiento. Ciertamente, había que afrontar las debilidades estratégicas de un país como el nuestro, tan dependiente de unos
recursos fósiles agotables y que, además, no posee. Pero en lugar de haber hecho lo lógico, es decir, apostar decididamente por la inversión en energías limpias y renovables, el Gobierno decidió en el 2008 embarcarse en un proyecto faraónico para
seguir ahondando en un modelo energético caduco, contaminante, y que ya entonces se sabía condenado. Por tanto, cúmplase hoy con el trámite que se nos encomienda, pero asegurémonos de que ni un solo euro de dinero público vuelva a destinarse al
desarrollo, exploración o explotación de estas fuentes de energía. Y qué mejor oportunidad que la ley de cambio climático que esta Cámara está tramitando actualmente.
El segundo pecado del Castor fue echarse en brazos de cierto gran capital español, ese que ha venido viviendo toda su vida de la teta del Estado, al punto de llegar a parasitarlo. Me refiero, particularmente, al capital representado por el
señor Florentino Pérez, un hombre conocido por su entrega patriótica a sí mismo, y que logró unas cláusulas de compensación en las concesiones que ni siquiera él, en su generosidad para con España, hubiera sido capaz de imaginar. Me refiero también
a los responsables del Banco de Santander, de Bankia, de CaixaBank, que acudieron raudos a hacerse con los derechos de cobro de Enagás, atraídos por su olfato carroñero por los altos y desproporcionados intereses que los contratos arrastraban. Por
tanto, cúmplase con el requerimiento judicial que se nos solicita, pero no olvidemos que el interés general debe prevalecer, y que si los empresarios tienen derecho al beneficio económico es porque asumen riesgos empresariales, que no pueden luego
descargar sobre el Estado.
El tercer agravio viene de la mano de la cúpula judicial y del Supremo, que no ha tenido empacho en desatender eso que en otras ocasiones llamaría razones de Estado, para asegurar que no se tocan los intereses creados. La justicia puesta
literalmente patas arriba; en lugar de balanzas, se hacen con cuernos de carnero, para el ariete permanente contra la acción del Gobierno. Por lo tanto, acátese su sentencia, sí, pero no por ello vamos a dejar nunca de criticar con vehemencia sus
acciones cuando creamos que las mismas responden antes a sus intereses de clase o de partido que a las altas funciones para las que están llamados.
El último e imperdonable agravio del Castor, quizá el más trágico, tiene que ver con la desatención continuada que han venido sufriendo las poblaciones directamente afectadas por este gran fiasco. Zonas bajas del Ebro, de las comarcas del
Baix Maestrat, Terres de l'Ebre, ciudadanos de Vinaroz, de Alcanar y de otras ciudades que sufrieron en sus vidas, casas y haciendas los innumerables sismos provocados por el proyecto; ciudadanos que desconocen si se les devolverá o no parte de los
terrenos inútilmente expropiados; que hoy ven cómo aún no se ha desmantelado una sola pieza de las instalaciones marítimas o terrestres, pese a haberse cumplido ya los plazos de exposición pública y licitación para esta acometida; que viven frente
a una gigantesca chimenea de gas sellada por un dispositivo provisional, cuya caducidad
ha vencido hace meses; que no han visto, en fin, a un solo responsable de semejante cagada pedir sinceras disculpas por los quebrantos causados durante estos años. Por tanto, cúmplase la sentencia, de acuerdo, pero no vamos a dejar de
instar al Gobierno a que ponga el mismo empeño que ha puesto en la redacción de este texto en cumplir con los compromisos adquiridos para el sellado definitivo del Castor, y el restablecimiento de los espacios naturales y marítimos, que nunca
debieron ser afectados.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra la señora Cañizares Pacheco.
La señora CAÑIZARES PACHECO: Gracias, señor presidente.
Señorías, señora ministra, el real decreto que hoy venimos a convalidar consta de dos artículos, uno para corregir el olvido -otro más- del Gobierno en el Real Decreto 20/2020, para que los más necesitados no paguen IRPF por el ingreso
mínimo vital, con lo que estamos totalmente de acuerdo, y el otro artículo para subsanar errores del pasado de los dos partidos políticos que han gobernado este país en los últimos quince años, para indemnizar con montantes millonarios a los,
denominados por los miembros de este Gobierno, poderosos banqueros. En este sentido, es por tanto un real decreto-ley alineado con la dinámica legislativa de este Gobierno, que aprovecha la crisis sanitaria, económica y social para regular por real
decreto-ley cuestiones absolutamente ajenas a la misma. Estoy de acuerdo con usted, señor Baldoví -en esto le doy la razón-, pero, ¿se acuerda del Real Decreto 11/2020, al que usted, por ejemplo, voto que sí en sesión de 9 de abril? Dicha norma
incluía un Bizum de 15 millones de euros del Gobierno a las televisiones privadas por la puerta de atrás.
Centrándome en el artículo 1, señora ministra, ¿creen ustedes que es de recibo que hace siete meses se apruebe el ingreso mínimo vital y se les olvide incluir en la norma lo relativo a la tributación? Esto es desidia y esta falta de
diligencia cuesta dinero a los españoles: hoy, sesión en el Congreso, luces encendidas, más tirada en el BOE; en definitiva, dinero del contribuyente en arreglos y parches políticos. Y si hablamos de la gestión que ha hecho el Gobierno sobre el
ingreso mínimo vital, podríamos resumirla en una frase: las promesas no llenan el estómago. Les pongo en antecedentes. El 29 de mayo el Consejo de Ministros afirma que el ingreso mínimo vital llegará a 850 000 hogares, en los que viven 2,3
millones de personas, con especial incidencia en los hogares en los que viven menores, y que supondrá la práctica erradicación de la pobreza extrema, que actualmente afecta a 1,6 millones de personas. Lo que no dijeron es cuándo sucedería todo
esto, como el del chiste: llegará, pero hoy no, mañana.
El 10 de junio el señor Iglesias y el señor Escrivá subieron a esta tribuna para hablarnos de llenar neveras, erradicar la pobreza y la exclusión social. Hoy, siete meses más tarde, el 80 % de esas neveras siguen vacías y tenemos a más
españoles en riesgo de pobreza. A este 80 % sumamos los que se han quedado sin trabajo en estos meses, porque el Gobierno les ha obligado a cerrar su bar o los que ya no pueden sobrevivir porque no venden ni un calcetín. ¿Dónde está el éxito de la
vacuna contra la pobreza que el señor Iglesias anunció a bombo y platillo? Las medidas eficaces son las que se materializan y consiguen sus objetivos; las suyas en cambio, además de improvisadas, se quedan en meras promesas. Y el Gobierno debe
ser consciente de los recursos con los que cuenta la Administración para atender al ciudadano. No puede venir el señor Escrivá a decir que los retrasos se deben a una carga de trabajo sin precedentes en la Seguridad Social, a plantillas
insuficientes, equipos informáticos obsoletos. Ustedes son ilusionistas y charlatanes, dos oficios muy antiguos y que están poniendo de moda. Si ya sabían todo esto antes de implantar el ingreso mínimo vital, ¿por qué hicieron creer a los
ciudadanos que sí se puede? Señorías, obras son amores y no buenas razones. Y algunos dicen que el patriotismo no se mide con banderas. Y yo les digo que con el papel del Boletín Oficial del Estado ni se llena la nevera ni se paga el recibo de la
luz. (Aplausos). Por cierto, ya podían ponerse a trabajar en rebajarlo, porque cuando les interesa resulta que Europa nos oprime, excusas para el desgobierno es el próximo libro que podrían publicar. El ingreso mínimo vital no se cobra, las
despensas siguen vacías y los autónomos cerrando a miles, pero las notificaciones de la Agencia Tributaria llegan en tiempo y forma a los contribuyentes. ¿Por qué no utilizan ustedes los certeros medios y sistemas de la Agencia Tributaria para
hacer llegar con la misma agilidad y prontitud el ingreso mínimo vital a las familias que lo necesitan? La improvisación y la ineficiencia en la gestión tienen como resultado que el dinero público no llega al ciudadano. Ahora bien, ustedes sí que
se aseguran el cobro de su sueldecito todos los meses. ¿Pedimos sacrificios a los
ciudadanos? Sí. ¿Nos sacrificamos los que gobernamos? No. Y mientras que ustedes no asuman la responsabilidad de sus actos, en términos reales, contantes y sonantes, el sistema seguirá viciado.
Voy al segundo artículo de este real decreto-ley. Vamos a pagar los errores de antaño. El Gobierno de Zapatero no fue diligente en la adjudicación del proyecto Castor, un proyecto faraónico de almacenamiento de gas, pero ustedes, señores
del PP, rematan la faena con su Real Decreto-ley 13/2014, hoy declarado inconstitucional. A lo largo de las sesiones plenarias celebradas en esta Cámara con ocasión de este asunto -asunto con ministros investigados, directivos de la empresa
concesionaria procesados- ustedes no dejaron de tirarse los trastos a la cabeza. El show del dúo PSOE-PP, uno hace el roto y el otro lo descose más, y luego vienen los opositores de turno pidiendo comisiones de investigación, pero, ¿para qué? ¿Va
a responder algún cargo del Gobierno de Zapatero o del Gobierno de Rajoy por su incompetencia y pagará los más de 1350 millones de euros a los que nos condena el Tribunal Supremo? No. Para quienes nos están viendo desde sus casas la
responsabilidad del Estado significa que serán los de siempre: los españoles a base de su esfuerzo y sus impuestos los que paguen la factura. Las únicas responsabilidades asumidas por el momento en este caso fueron las declaraciones del señor
Zapatero a la prensa, que dijo que espera que las cosas se sustancien racionalmente, porque si las cosas se hicieron mal se tienen que arreglar. Pero qué fácil es pedir disculpas para luego irse al Consejo de Estado. Y en 2014 gobernando el PP el
ministro de Industria, señor Soria, cuando sometió a convalidación su hoy inconstitucional real decreto para arreglar el desaguisado de Zapatero, habla de la posibilidad de pedir responsabilidades si procediera a la empresa adjudicataria. ¿Y en
todos estos años intentaron ustedes, señores del PP, depurar alguna responsabilidad de las referidas? Pasa palabra.
Miren, los que en aquellos años no estábamos en política ni de cerca y nos dedicábamos a trabajar al otro lado de estos muros no podíamos pensar que años después veríamos pasar la cuenta de sus dislates con cargo a los Presupuestos Generales
del Estado, en un momento trágico para España en el que los españoles están arruinados y el Ministerio de Hacienda empleará más de 638 millones de euros para tapar sus agujeros negros. Por cierto, señora ministra, hablando de agujeros negros, ¿para
cuándo piensan traer el plan de reequilibrio? (La señora presidenta ocupa la Presidencia).
Concluyo. A cualquier administrador de un patrimonio si no es diligente en su tarea se le exige una responsabilidad, a ustedes les gusta mucho promulgar leyes para otros -derivación de responsabilidad a administradores societarios en
materia tributaria, en materia de Seguridad Social, sanciones-, pero cuando toca asumir la responsabilidad por administrar el patrimonio de todos los españoles ustedes cierran filas y que pague el ciudadano. Es inadmisible que la responsabilidad
política del que toma decisiones erróneas quede diluida y reducida a una disculpa o una dimensión, y hasta que esto no cambie el caso Castor será uno de tantos que continuarán desacreditando la seguridad jurídica en España y lo que es aún peor,
esquilmando a los trabajadores y a las familias españolas y en definitiva a nuestros compatriotas.
Gracias. (Prolongados aplausos de las señoras y señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie).
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Cañizares. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso tiene la palabra la señora Prohens Rigo.
La señora PROHENS RIGO: Gracias, señora presidenta.
Señora portavoz de VOX, esa equidistancia PP-PSOE, después de salvar el Gobierno de Pedro Sánchez esta tarde aquí, no cuela, señores de VOX. No cuela. (Aplausos). Nos encontramos aquí para la convalidación de un real decreto-ley en el que
han metido un poco de todo: ejecución de sentencias, modificación de medidas fiscales, régimen económico de Canarias y por supuesto ingreso mínimo vital. Por supuesto, el ministro responsable -si es que todavía lo es- del ingreso mínimo vital no
se encuentra en este Pleno, pero no nos sorprende. Y empiezo por esto último: la estrellada medida estrella del Gobierno que pretendía hacerse pasar por un Gobierno social. Llevamos ya tres reales decretos, más otras modificaciones puntuales, y
esta misma mañana el ministro ha anunciado más modificaciones, más autoenmiendas en el real decreto del ingreso mínimo vital. Y vamos a ver qué han hecho en este, una reducción de la fiscalidad de los beneficiarios del ingreso mínimo para que la
prestación quede exenta en el IRPF en los mismos términos que las prestaciones establecidas por las comunidades autónomas en el concepto de rentas mínimas de inserción. ¿Por qué, pues, en el Real decreto 20/2020 con el que aprueban el ingreso
mínimo a bombo y platillo se olvidan de que dicha prestación debe quedar exenta? ¿Por qué no
se limitó a copiar, si no lo sabían hacer ustedes, lo que hacían comunidades y ayuntamientos? Sí, esas mismas comunidades contra las que arremeten siempre ustedes, que han decidido apoyar con recursos propios a los beneficiarios del ingreso
mínimo a los que ustedes han dejado en la estacada y que ya les están reclamando la gestión ante su manifiesta incapacidad; no las del PP sino las suyas, señora ministra, las del PSOE, como la de Baleares. ¿Y por qué un nuevo real decreto, en vez
de introducirlo como enmienda en los dos que se están tramitando en el Congreso? ¿Es que piensan seguir alargando el plazo? ¿Es que son incapaces de ponerse de acuerdo? ¿Es que no saben cómo solucionar el disparate de la eliminación de la
prestación por hijo a cargo, la discriminación de los jóvenes o las personas con discapacidad?
Si el pasado mes de diciembre les contábamos como el 70 % de las personas acompañadas por Cáritas que han solicitado el ingreso mínimo siguen a la espera de respuesta, hoy queremos hablar de los datos de pobreza publicados hace unos días por
Oxfam Intermón. Señorías, 790 000 personas han caído en la pobreza severa en España debido a la COVID-19; el total de personas que están en esta situación podría alcanzar los 5,1 millones, además de un millón de personas más por debajo de la línea
de pobreza, que alcanzaría ya los 11 millones de personas. También nos dice Intermón que si el ingreso mínimo vital se hubiera implementado en la totalidad, no solo en los 160 000 hogares que lo reciben actualmente frente a los 850 000 que
prometieron, se habría salvado de la pobreza a 277 000 personas y se habría reducido la pobreza severa en 230 000.
¿Y usted viene aquí, ministra, esta tarde y tiene la osadía de seguir hablando de política social del Gobierno? Ustedes han desconectado de la realidad de la calle y del sufrimiento de los ciudadanos. Claro, porque con el ingreso mínimo
les pasa a ustedes como con la vacuna, señores del Gobierno. Quién les iba a decir que después de la propaganda había que administrarla, quién les iba a decir que después de la campaña publicitaria del ingreso mínimo había que pagarlo. La
propaganda sin gestión es engaño y engañar a los más débiles es estafa, es su estafa social. Además, siguen recortando las ayudas a las familias, siguen negándose a eliminar altos cargos para destinar 71 millones a pobreza infantil, como le ha
pedido el Partido Popular; todo ello, mientras se consolida una nueva pobreza.
Restauradores, autónomos, administrativos, trabajadores de la industria son las personas que acuden a las llamadas colas del hambre, que no son sino las colas de la vergüenza de este Gobierno. Todo ello, mientras suben el IVA de la luz y
deniegan el triple de solicitudes de ingreso de las que conceden, o amenazan con eliminar el bono eléctrico a las familias numerosas. Este Congreso tendrá, pues, que enmendar los errores de un ministro que llegó dando lecciones a todo el mundo y
que en la primera política que ha tenido que gestionar ha fracasado estrepitosamente. Eso sí, ayer reconoció que las políticas de conciliación en España están mal diseñadas; lo compartimos -el Plan MeCuida también ha sido un gran engaño-, pero,
por favor -una súplica-, no dejen que el señor Escrivá las diseñe.
Permítame ahora referirme a otras dos cuestiones recogidas también en este real decreto, la primera, el pago de sentencias por diferentes indemnizaciones. La indemnización del almacenamiento subterráneo del Castor es un problema que generó
el Gobierno socialista en 2008 eliminando todo condicionante y tramitándola con categoría de urgencia, un tema respecto del que no nos extraña que tampoco esté aquí la ministra de Transición Ecológica, que fue la que firmó la declaración
medioambiental, y varios altos cargos suyos que trabajaron bajo sus órdenes, que están imputados por prevaricación y fraude a la Administración. De aquellos lodos, esta indemnización que, aunque se cierra ahora, debemos recordar que estamos pagando
todos los usuarios en nuestra factura mensual de gas.
La segunda es la modificación del REF canario para ampliar el periodo de materialización de la reserva para inversiones canarias, que en condiciones normales vencería en 2020, pero que quieren llevar -entendemos la excepcionalidad- hasta
2021. Una pregunta: Si era tan urgente, ¿por qué votaron en contra de las enmiendas del Partido Popular a los presupuestos generales que solicitaban ampliar el plazo hasta diciembre de 2022? Si lo hubieran hecho, ya estaría en el BOE y se habrían
ahorrado el ridículo de volver a ampliarlo. Pero, queridos compañeros canarios, no nos sorprende: en Baleares han aprobado un REF falso y en los primeros presupuestos generales, donde tenían que dotar el factor de insularidad, no solo lo dejan a
cero sino que vetan las enmiendas del Partido Popular. Siguen mintiendo con todo y por todo, pero solo engañan a los que se dejan engañar.
Pero votaremos a favor, votaremos a favor por responsabilidad y para enmendar su irresponsabilidad, esa irresponsabilidad que deja en la estacada a los más vulnerables y que nos lleva a la situación que tenemos ahora: la crisis sanitaria
peor gestionada, el único Gobierno que no sabe afrontar la crisis económica...
La señora PRESIDENTA: Señora Prohens, tendría que terminar, por favor.
La señora PROHENS RIGO: El único Gobierno que deja en la estacada a industria, turismo, hostelería, peluquerías, comercio y los únicos que en plena tercera ola, con más de 500 fallecidos, están no de campaña de vacunación sino de campaña
electoral. Lamentable todo, lamentables todos.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Prohens. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la señora Mínguez García.
La señora MÍNGUEZ GARCÍA: Buenas tardes. Gracias, presidenta.
Gracias ministra, por la explicación de este real decreto-ley, una explicación exhaustiva y rigurosa de lo que pretende recoger en dos artículos y en dos disposiciones finales este real decreto. No entraré en las disposiciones finales
porque por el transcurso de las intervenciones parece que no hay debate, pero sí que entraré en los dos puntos de los artículos, en los que parece ser que sí que hay debate.
En el ingreso mínimo vital no aparece ninguna cuestión en cuanto a la exención en el IRPF para los perceptores de esta renta, pero sí que aparece el debate en su funcionamiento. ¿Saben por qué pueden cuestionar su funcionamiento? Porque
existe. (Aplausos). Porque, por fin, existe un Gobierno progresista en este país preocupado por ofrecer seguridad, por ofrecer una red a las personas y a las familias más vulnerables y, sobre todo, a los niños y niñas en riesgo de pobreza
infantil. Es un nuevo derecho. La doble moral vuelve a aparecer aquí, en este Congreso, por parte de la derecha y de la ultraderecha. Parece que ahora tengamos que darles las gracias. Ayer lo llamaban paguita, lo llamaban chollo, les llamaban
vagos y decían que iban a cometer fraude, les ponían todos los adjetivos calificativos y ahora lo defienden a ultranza. Por eso podemos hablar de su doble moral.
Nos leía ahora la señora Prohens los datos de la pobreza. ¿Hace poco no se los leía, verdad? La pobreza no es un tema que sea coyuntural, sino que en este país es un problema estructural. Cada año, señora Prohens, cada año diferentes
organismos internacionales, mediante sus diferentes estadísticas, nos han estado recordando y poniendo colorados porque nuestro sistema de redistribución es injusto. ¿Y qué han hecho? Nada, nada. Según Eurostat, tenemos la medalla de plata en
pobreza infantil. ¿Qué han hecho? Nada. Ahora sí, hoy lee los datos de la pobreza y por eso, sí, hablamos de su doble moral y de dar lecciones. Ustedes siempre llegan tarde, hoy lo han demostrado con el ingreso mínimo vital, pero a toda la
consecución de los derechos llegan tarde. A ver cuánto tiempo necesitan para reivindicar y entender que morir en vida no es vivir. Al tiempo lo veremos.
Volvamos al ingreso mínimo vital. Tenemos que entender bien el porqué no se ha llegado a más gente. Lo estamos haciendo, se está trabajando desde el ministerio. Puede ser por la burocracia, por la falta de trabajadores, por las políticas
de recortes -6000 trabajadores menos que hace diez años están trabajando ahora en la Seguridad Social-. Es importante analizar todos los expedientes, las denegaciones y, si hace falta, se acude a la norma para poder ajustarla. La comparecencia del
ministro tendrá lugar esta tarde.
Yo prefiero un Gobierno -seguramente la mayoría de los ciudadanos- capaz de ajustar la norma, capaz de enmendarse, capaz de corregir, que un Gobierno que otorga total indiferencia a la pobreza y las necesidades que tiene este país. Si hay
que enmendarnos, nos enmendamos; si hay que corregir la norma, se corrige, pero el derecho se queda, y trabajaremos para que este derecho se consolide y nunca más, gobierne quien gobierne, pueda desaparecer. (Aplausos).
El otro artículo del real decreto -del que también se ha hablado aquí- se refiere al caso del proyecto Castor. Esto de que lo queremos esconder, de que vamos a ponerlo de alguna manera para que no se vea... Pero si lo pone en el título:
'... cumplimiento de ejecución de sentencias'. Artículo 2: Sentencia por el caso Castor. De esconder, nada. ¿No han podido pensar lo normal, que es que la sentencia llega en diciembre, con lo cual se hace un real decreto en diciembre para poder
dar cumplimiento a esta sentencia? ¿No podemos pensar lo normal? No, vamos a enredarlo. Pues lo pone muy claro arriba, en el real decreto. He escuchado decir que si nos guiábamos por un señor, que si por una señora, que si por los bancos, que si
por los poderes... Tampoco. Aquí nos guiamos solo por el principio de legalidad y por dar cumplimiento a una sentencia. Se trata de un real decreto que pretende dar cabida presupuestaria al pago para la ejecución de una sentencia.
De aquellos lodos, esta indemnización, dice la señora Prohens, recordándonos el primer artículo. No, se equivoca. De aquellos lodos no es esta indemnización. Esta indemnización, señora Prohens, es porque
el Tribunal Constitucional anuló y declaró inconstitucional toda la ingeniería financiera que ustedes crearon en 2014 para pagar la indemnización de una manera muy rápida. Mediante un real decreto-ley urgente, en treinta días lo
solucionaron todo y fuimos nosotros, los socialistas, quienes presentamos un recurso en el Tribunal Constitucional. Una concesionaria que renuncia, Enagás que se hace cargo para pagar la indemnización a cambio de un derecho de cobro, un derecho de
cobro que podía ser cedido a un tercero, se cedió al tercero, el banco pagó la indemnización, toda esta ingeniería financiera se declaró inconstitucional. Por eso estamos hoy aquí enmendando esta sentencia. Hubo una gran indignación por una
solución final que se le dio al proyecto.
¿Qué pasará ahora, decía el señor Ferran Bel? ¿Y ahora qué? Ahora, a esperar los pronunciamientos judiciales. Como ustedes saben, todavía existen diferentes pronunciamientos judiciales abiertos, y en ningún caso se ha renunciado a ninguna
responsabilidad, ni el Tribunal Supremo renuncia. Decía el señor Bel que aquí no se cierre nada. Permítame una matización: que se cierre Castor. En el Consejo de Ministros de 31 de octubre de 2019: fin a la indemnización, se sellan los pozos e
inicio de la desmantelación.
Nuestro grupo dará apoyo al real decreto-ley y a su tramitación como proyecto de ley porque de alguna manera, como decíamos, tenemos que dar también cumplimiento a las ejecuciones de sentencias.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Mínguez. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
DEBATES DE TOTALIDAD DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS:
- PROPOSICIÓN DE LEY ORGÁNICA POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY ORGÁNICA 6/1985, DE 1 DE JULIO, DEL PODER JUDICIAL, PARA EL ESTABLECIMIENTO DEL RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE AL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL EN FUNCIONES. (Número de expediente
122/000109).
La señora PRESIDENTA: Continuamos con el punto del orden del día correspondiente al debate de totalidad de la proposición de ley orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, para el
establecimiento del régimen jurídico aplicable al Consejo General del Poder Judicial en funciones.
A esta proposición de ley se han presentado cuatro enmiendas a la totalidad de texto alternativo. Para la defensa de sus respectivas enmiendas, interviene, por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, el señor Bal Francés.
El señor BAL FRANCÉS: Gracias, presidenta.
Buenas tardes a todos en este inicio de periodo de sesiones. Esto de la Ley Orgánica del Poder Judicial y de meterse con el Consejo General del Poder Judicial, por parte del Grupo Socialista y del Grupo de Unidas Podemos, parece el día de
la marmota. Ya no sé cuántas veces me he subido a esta tribuna a defender la independencia del Poder Judicial frente a los ataques del Gobierno, del Poder Ejecutivo.
Esta reforma de las competencias del Consejo General del Poder Judicial -ya lo dije en el trámite de toma en consideración de este proyecto de reforma de la Ley orgánica del Poder Judicial- es verdaderamente un insulto, es una auténtica
provocación. El Ministerio de Justicia, desde luego, no va tomando decisiones acertadas en relación con el servicio público de la Justicia cuando el Gobierno designa a la ministra de Justicia como Fiscal General del Estado, o cuando se niega a la
despolitización de la institución de la Fiscalía, o cuando incluso tiene registrada todavía en este Congreso de los Diputados una proposición para cambiar las mayorías para que sea el Poder Ejecutivo por mayoría absoluta, es decir, por el mismo
número de diputados que sostienen al Gobierno, los que designen a la totalidad de los vocales del Consejo General del Poder Judicial. Parece que nos hacen un favor y nos dicen que no la van a tramitar, que no van a aprovechar el cupo, etcétera,
cuando es su obligación respetar la independencia del Poder Judicial y respetar la separación de poderes. Es verdaderamente alarmante esta injerencia que el Poder Ejecutivo realiza sobre el Poder Judicial atacando su independencia.
Además, esta conducta se comete, se perpetra con premeditación y con alevosía, en términos propios del derecho penal. Con premeditación porque, primero, nos encontramos con esa ley que pretende que solo por mayoría absoluta se elijan la
totalidad de los vocales del Consejo General del Poder Judicial y se vota en contra de la propuesta de mi Grupo Parlamentario Ciudadanos para despolitizar el Consejo
General del Poder Judicial y elegir a sus doce vocales de extracción judicial mediante elección directa entre jueces y magistrados. Además, nos encontramos con que se utiliza en esta tramitación el procedimiento de urgencia; un
procedimiento superacelerado con un plazo extraordinariamente corto de presentación de enmiendas.
La verdad es que cuando yo voy al bar a tomar un café, el camarero me pregunta: ¿cómo va eso del Consejo General del Poder Judicial, señor Bal? Efectivamente, es una preocupación extraordinaria que late hoy en la población española. Por
eso entiendo, por pura lógica, que a ustedes les interesa mucho habilitar el mes de enero para tramitar aceleradamente esta reforma de las competencias sobre nombramientos del Consejo General del Poder Judicial que preocupa enormemente a la
población española, para tramitar los nombramientos de la dirección de Radiotelevisión Española -que también es un tema que está en la calle-, pero no para que venga el ministro Illa a hablar de la pandemia. ¿Qué pandemia? ¿Es que tenemos una
epidemia? Según ustedes, señores del Grupo Socialista y de Podemos, señores del Gobierno, parece que eso no preocupa a la población española. Lo que interesa lógicamente es que la imagen del señor Illa como candidato no se vea manchada por su
nefasta gestión como ministro de Sanidad; eso es lo único que les interesa, no el bienestar de los españoles, no salvar vida, no salvar empleos, no sujetarse al control de esta Cámara. No, les interesa coaccionar al Poder Judicial, nombrar y
dirigir Radiotelevisión Española, pero el señor Illa que se quede a salvo.
Además, ustedes perpetran este atentado también con alevosía. La alevosía supone primero prevalerse de la superioridad. Ustedes cuentan aritméticamente sus votos, los del Gobierno Frankenstein, y pretenden pasar por encima de la oposición,
no ya con un rodillo, sino con una apisonadora. Ya están ustedes limitando los derechos de participación política de la oposición simplemente por una suma aritmética; poco respeto le tienen ustedes a la democracia y a la participación política del
resto de los grupos. La alevosía también supone que uno actúa evitando la defensa que tiene que hacer el ofendido, y esto es exactamente lo que hacen ustedes. La semana pasada el propio Consejo General del Poder Judicial les ha pedido a ustedes
ser escuchados, no ya que le hagan caso, sino simplemente que este Congreso escuche al Consejo General del Poder Judicial. ¿Y saben cuántos magistrados han pedido esto? Dieciséis de veinte, entre ellos algunos que llevan la etiqueta de
progresistas, pero que todavía conservan la dignidad, a pesar de que se les llame progresistas, frente a este atentado a la independencia judicial que ustedes perpetran. Me he ido al diccionario de la Real Academia Española y me he encontrado,
sorprendentemente, con una nueva acepción de alevosía -que no es técnica, que es vulgar y que ahí está-, que dice que la alevosía además significa traición y deslealtad. Sí, eso es exactamente lo que están ustedes haciendo: la traición al
equilibrio constitucional de poderes, a la separación de poderes y la deslealtad al respeto a la independencia del Poder Judicial. Sí, hay agravantes de premeditación y alevosía en esta tramitación de la Ley Orgánica del Poder Judicial para
reformar las competencias sobre nombramientos.
Como ya dije en el trámite de toma en consideración, ¿qué pretenden ustedes? Pretenden, en primer lugar, debilitar al Poder Judicial; pretenden enflaquecerlo; pretenden que muera de inanición; pretenden un poder judicial famélico que les
es incómodo porque les controla a ustedes y a sus socios de Gobierno, Unidas Podemos, con la cantidad de asuntos judiciales que tienen en marcha y pesan sobre ellos. Ustedes no quieren que el Consejo General del Poder Judicial nombre a los
presidentes de las audiencias, de los TSJ, de las salas de la Audiencia Nacional, a los magistrados del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional, al director de la Escuela Judicial, al vicepresidente del Tribunal Supremo, al Promotor de la
Acción Disciplinaria o al jefe de la Inspección de los tribunales. Fíjense, qué de cargos quieren ustedes que no se nombren, porque los quieren nombrar ustedes para poder controlar a los jueces.
Esta mañana se han nombrado los presidentes de la Audiencia Provincial de Baleares, de Cantabria, de Granada, de León y de Ciudad Real. Se han nombrado en esta situación tres magistrados de la Sala segunda, los presidentes de la Sala
tercera, de la Sala cuarta y de la Sala quinta. En la última ronda de nombramientos se ha nombrado a Pablo Aramendi, un grandísimo juez de lo Social, en cuyo Juzgado de lo Social número 33 de Madrid he tenido el honor de actuar, presidente de la
Sala de lo Social de la Audiencia Nacional, por diecisiete votos sobre veinte. Ustedes considerarán ilegítimo el nombramiento de David Ordóñez en el Tribunal Superior de Justicia de Asturias; ustedes considerarán ilegítimo el nombramiento de María
José Renedo en el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-León con sede en Burgos; ustedes considerarán ilegítimo el nombramiento de Joaquín González Caso por dieciocho votos sobre veinte. Todos son nombramientos perfectamente legales y
legítimos.
Ustedes pretenden que muera el Poder Judicial de inanición. ¿Ustedes pretenden que no haya magistrados suficientes en el Tribunal Supremo para que cuando venga Puigdemont, una vez que le concedan el suplicatorio, no tengamos jueces para
juzgarlo? Que esto lo haga Unidas Podemos, uno lo puede entender, pero que lo hagan ustedes, señores del Grupo Socialista, después de haber gobernado este país, sin respeto a las instituciones de este país, clama al cielo. Quieren presionar al
Partido Popular para participar en el reparto de cromos del bipartidismo, pero salgan de ese sueño, el bipartidismo se ha terminado, el sistema se ha bloqueado. Solo tienen como opción desbloquear el sistema votando a favor del texto alternativo
que Ciudadanos le plantea: que esos doce vocales sean elegidos por jueces y magistrados y que el procedimiento no sea controlado por las asociaciones judiciales. En nuestro sistema cualquier juez se puede presentar con el aval tan solo de
veinticinco jueces, a diferencia del sistema que plantea VOX o del que plantea el Partido Popular que, en definitiva, caen en la crítica que ustedes hacen, porque sustituyen los partidos por las asociaciones judiciales, progresistas o conservadoras.
En el sistema de Ciudadanos no es así, no se sustituyen los partidos por las asociaciones.
Hagan caso al Tribunal Constitucional español que prefiere este sistema en la Sentencia 108/1986, a todas las asociaciones de jueces, magistrados y fiscales, a la Plataforma cívica por la independencia judicial, a la Asociación Europea de
Jueces y Magistrados y también a la Comisión Europea, a la vicepresidenta de la Comisión, Vera Jourová, que acaba de decir que está muy preocupada por lo que pasa con España, al comisario Reynders, que acaba de decir que no se puede politizar, tal y
como se está intentando hacer en España, la dirección de los jueces, que se tiene que adoptar cualquier reforma sobre la dirección del Poder Judicial con sosiego, contando con la oposición y siempre con amplias mayorías -exactamente lo contrario de
lo que ustedes están haciendo con este proyecto de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial-, al Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el caso de Polonia. Ustedes pretenden que mi país, pretenden que España, se parezca a un país que está
gobernado por la ultraderecha y que es un sistema absolutamente autoritario, y por último, hagan caso a la Comisión de Venecia porque nos sacará los colores antes o después. Les aseguro que los juristas de este país nos moriremos de vergüenza por
que nos digan que España no respeta los sistemas y los estándares de calidad democrática. Además, se corre el riesgo de poner en marcha el principio de condicionalidad democrática del artículo 7 del Tratado de la Unión Europea y de que los países
frugales utilicen esto como excusa para retirarnos las ayudas europeas. Por favor, piénsenlo, porque se están metiendo en un jardín tremendo que puede acabar con el buen nombre de nuestro país en el mundo.
Por último, quieren nombrar a los suyos, quieren nombrar a sus amigos en estos puestos. Por eso no quieren que los nombre el actual Consejo General del Poder Judicial. ¿Qué pasa, que tienen miedo cuando el recurso de casación de los ERE
llegue al Tribunal Supremo? ¿Tienen miedo de sus casos de corrupción? ¿Tienen miedo de que alguno de sus alcaldes que se ha saltado el protocolo de vacunación pueda ser denunciado y se le dicte una sentencia condenatoria? Eso es lo que quieren
hacer: sustituir los infames wasaps de Cosidó por los wasaps del señor Simancas, o por los wasaps del señor Campo, el ministro de Justicia. Eso es lo que quieren, controlar a la justicia. Por eso les digo que conducen ustedes en sentido
contrario. Todos los demás conducimos en la dirección correcta. Salgan ya de la justicia, por favor. Reformen el sistema y a todo correr probablemente en febrero o en marzo conseguiríamos un nuevo Consejo General del Poder Judicial despolitizado
e independiente, como quiere Europa y como queremos en España.
Gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Bal. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario Plural, que en este turno también fijará posición, tiene la palabra, en primer lugar, el señor AlonsoCuevillas i Sayrol.
El señor ALONSOCUEVILLAS I SAYROL: Señora presidenta, señor ministro de Justicia -¡ay, no, que no está!-, voy a referirme especialmente a los dos principales grupos parlamentarios.
Oyéndoles parece que el Consejo General del Poder Judicial y la justicia en general sean su gran preocupación. No sé si a ustedes también les pasa como al señor Bal, que cuando van a tomar un café les hablan del Consejo General del Poder
Judicial, a mí eso no me pasa. Pero me temo mucho, a la vista de los hechos, que a unos y a otros, al PSOE y al PP, a los dos grandes grupos, la justicia y el Consejo General del Poder Judicial les traen sin cuidado. Les traen sin cuidado, porque
a lo largo de la legislatura llevamos aproximadamente una docena de intervenciones hablando de temas judiciales y jamás el
presidente del Gobierno y jamás el líder de la oposición han estado presentes para escuchar ninguno de esos debates, pese a que luego se rasgan las vestiduras. Lo único que les interesa es el reparto de cromos, el reparto de cargos en el
Poder Judicial. Llevan treinta y cinco años repartiéndose los cargos de forma inmoral; tan inmoral que incluso pactan -se ha filtrado y lo han reconocido sin ningún rubor- quién será el presidente del próximo Consejo General del Poder Judicial
antes de que sean escogidos los vocales que libremente deberían escoger al presidente. Treinta y cinco años con eso. Ese Consejo General del Poder Judicial sirve para tener altos cargos en la judicatura que, efectivamente, como ya se ha puesto de
manifiesto, pueden luego aplicar el derecho penal del amigo, no sea el caso de que algún ERE o algún master lleguen a las salas del Tribunal Supremo.
Como decía, no les importa en realidad lo que suceda y utilizan el Consejo General del Poder Judicial de forma impúdica para hacer oposición cuando hay un cambio de mayorías políticas. No ha pasado ni una ni dos, sino ya tres veces en estos
últimos años. Cuando hay un cambio de mayorías políticas -en concreto, cuando llega un Gobierno de signo que le llaman progresista, vamos a decir de las bancadas de la izquierda-, el Consejo se erige en un contrapoder. Entonces, la derecha, que no
tiene ningún incentivo para desbloquearlo -obviamente, no lo tiene, la va bien esa situación-, bloquea la renovación y ustedes desde la izquierda se rasgan las vestiduras: es normal, no tienen ningún incentivo. Así pues, ante esta situación,
reaccionan e intentan solucionarlo. Nos trajeron primero, hace unos meses, una propuesta de reforma de la ley orgánica que, en cuanto empezó a circular, supongo que les hizo subir los colores y la han dejado olvidada en un cajón; esa propuesta
que, tras no conseguirse la mayoría reforzada, pasaba a una mayoría absoluta totalmente contraria a la más mínima separación de poderes que incluso desde Europa han tenido que censurarles. Lo han dejado aparcado y ahora nos traen otra propuesta que
creo que va a pasar a los anales de la técnica legislativa, de la mala técnica legislativa. Primero -no es la primera vez que sucede-, porque lo traen vía proposición de ley. Son el Gobierno y deberían traer las cosas vía proyecto de ley, y no vía
proposición de ley para saltarse trámites preceptivos: fraude de ley en la utilización del texto que sí permite el reglamento. Y segundo, porque lo que hacen con esta proposición de ley es que, ante un enfermo que está en estado grave, deciden
intervenirlo, pero no para curarlo. La intervención no es para curar la enfermedad, sino para que siga enfermo pero que deje de gritar, que deje de molestar.
Están ustedes pretendiendo a través de una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial disminuir, limitar las atribuciones de un Consejo en funciones. Pero el mismo precio, es decir, la reforma por mayoría absoluta de la Ley Orgánica del
Poder Judicial, permite reformar la raíz del problema, que es la elección de los vocales del Consejo. Ustedes lo saben, es evidente. Solo eso va a permitir que no se vuelvan a producir situaciones de bloqueo. Traen ustedes esta proposición para
ver si con ello presionan al PP. No se equivoquen, no lo van a presionar, porque a ustedes, a unos y a otros, el sistema ya les va bien. El sistema les va bien porque llevan treinta y cinco años decidiendo en un despacho quiénes son los veinte
vocales del próximo Consejo, a veces con algún vasco o algún catalán cuando nos portábamos bien, o con alguien de la órbita de Podemos, pero, básicamente, decidiendo los responsables de justicia del PP y del PSOE.
Por tanto, nos traen esta proposición, que saben que no va a solucionar el problema. La cosa es muy sencilla, solo hay dos vías, y una es la que propone la derecha, que sean los propios jueces quienes escojan a los integrantes del Poder
Judicial. Eso a muchos no nos gusta porque sabemos que el Poder Judicial está demasiado escorado hacia posiciones conservadoras o ultraconservadoras y, por tanto, nos da miedo. A los hechos nos remitimos: Comisión de Ética Judicial. Allá donde
los jueces han podido escoger a sus representantes, la representación ha quedado muy escorada a la derecha y la ultraderecha. Y la otra posibilidad es la elección parlamentaria. La elección parlamentaria por quorum reforzado, que la Constitución
solo exige para cuatro y cuatro, nos lleva a ese bloqueo, que ya es la tercera vez que se produce en estos años. Por eso les proponemos otra solución, y es que se escojan de la misma manera que elegimos a las Mesas del Congreso y del Senado, de
forma que cada diputado solo pueda votar una parte -nosotros decimos cuatro, pero podrían ser dos, seis o tres, es igual- para garantizar la pluralidad, como se garantiza en las Mesas.
Sé que nuestra propuesta no va a ser acogida. Entre otras cosas, la gente que nos está viendo -si alguien nos está viendo- no lo sabe, pero el plazo para votar esto ya se acabó hace muchas horas. Por tanto, la mayoría de los diputados ya
han votado, así que no sé para qué salimos nosotros aquí; para las redes sociales. Espero que me saquen algún día en un programa de TV3 que se llama Alguna pregunta més?, porque con nuestro discurso no vamos a convencer a nadie. Por tanto, la
mayoría va a rechazar la
enmienda, pero seguirán teniendo el problema cuando pase a la Comisión de Justicia y pronto o tarde tendrán que afrontar la forma de elección del Consejo. Si no lo hacen por medio de una fórmula que sea satisfactoria, cuando la derecha
vuelva a mandar les impondrá la elección por parte de los propios jueces y magistrados.
Yo no lo veré. Seguramente, es mi último Pleno. Si el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña no decide otra cosa, tras las elecciones del 14 de febrero dejaré de ser diputado en esta casa, y, por tanto, no veré cómo evolucionan -lo veré
por los canales internacionales-. (Rumores). Les deseo mucha suerte. Ojalá puedan ustedes acabar reformando una democracia muy enferma que tienen, les deseo mucha suerte. Como nosotros no creemos que sea posible esa reforma después de muchos
años de intentarlo, vamos a seguir haciendo nuestro camino para la construcción de una república catalana independiente. Por cierto, no quería olvidarme, señor Bal: el Consejo no tiene nada que ver con traer a Puigdemont o no, depende de
tribunales extranjeros y Puigdemont no va a venir aquí porque lo van a denegar. En definitiva, decía que yo no lo veré, pero les deseo mucha suerte. Ojalá, consigan reformar un sistema judicial y un sistema democrático, una democracia llena, llena
de agujeros. Ojalá puedan reformarlo, y como dice la canción, que tingueu una vida molt llarga i que tingueu molta sort.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Alonso-Cuevillas. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el mismo Grupo Parlamentario, tiene la palabra el señor Baldoví Roda.
El señor BALDOVÍ RODA: Moltes gràcies, presidenta.
Me encanta el olor a napalm que huelo esta tarde aquí, en las filas de la derecha.
Hoy ha salido el CIS -lo deberíamos mirar más los diputados-, y, en cuanto a la primera preocupación, uno de cada tres ciudadanos dice que la salud es su primera preocupación y la falta de recursos contra esta pandemia. Por eso se me ha
ocurrido una pregunta que creo que viene al caso para todos los partidos, incluido el mío, pero, sobre todo, para el PSOE y para el PP: ¿Cuándo piensan exigir la dimisión de esos alcaldes, cargos públicos aprovechados que se han vacunado
ilícitamente? Y si no dimiten, ¿a qué esperan para expulsarlos? En mi tierra hay cinco que están silbando, mirando al techo y haciéndose los suecos: La Nucía, Rafelbuñol, El Verger, Els Poblets y Orihuela. Es una cuestión de decencia.
Fui alcalde, alcalde de Sueca, estuve dieciocho días en funciones. El presidente de mi comunidad autónoma ha estado tres semanas. El presidente del Gobierno está algunos días o algunos meses. El Consejo General del Poder Judicial lleva
dos años, y, lo que es peor, sigue haciendo nombramientos y pretende seguir haciendo nombramientos. Yo le pido al PP que tengan un respeto por las formas, que acepten las reglas democráticas y que permitan, de una vez por todas, la renovación.
Y acabo con una reflexión que he oído muchas veces a Iñigo Errejón o al columnista valenciano Salvador Vendrell: ¿Cuántos jueces proceden de familias humildes? Pocos, muy pocos. Es una oposición que cuesta cinco años aprobar, que el
preparador son 200 euros al mes y que es muy difícil de compaginar con el trabajo. Es necesario democratizar la justicia, señorías.
Moltíssimes gràcies, senyora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias a usted, señor Baldoví. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Finalmente, por el Grupo Parlamentario Plural, tiene la palabra el señor Rego Candamil.
El señor REGO CANDAMIL: Obrigado, señora presidenta. Seré breve.
PSOE y Podemos pretenden colocar un pequeño parche en un problema que es estructural, un problema que no es si el PP pacta o no la renovación del Consejo General del Poder Judicial por intereses partidistas. Va más allá y tiene que ver con
una justicia al servicio del régimen del 78 que opera con criterios políticos y va sobrada de españolismo y falta, muy falta de democracia. Pero PSOE y PP pactaron una llamada Transición que impidió, entre otras, una ruptura democrática con la
Dictadura y, por tanto, una democratización profunda de las estructuras del Estado, entre ellas la justicia, en la que se produjo una continuidad y una reproducción ideológica evidente desde el franquismo hasta ahora. Es más, PSOE y PP vinieron
repartiéndose el Poder Judicial durante los últimos cuarenta años, también hasta ahora, que no se ponen de acuerdo.
Como ya dijimos en la toma en consideración, nos parece bien que se limiten las competencias del Consejo en funciones, aunque eso no resuelve el problema principal. Por tanto, rechazaremos las enmiendas de la derecha. Votaremos, eso sí, a
favor de la presentada por Junts per Catalunya.
Gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Rego. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra el señor Ortega Smith-Molina. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie).
El señor ORTEGA SMITH-MOLINA: Muchas gracias, señora presidenta.
La proposición que se nos presenta a debate del Grupo Socialista y Podemos es una magnífica y extraordinaria oportunidad para que se retraten todos los grupos de esta Cámara, pero no ante esa Cámara, ante los españoles, y que nos digan cuál
es el modelo de justicia en el que creen, si creen o no en el Estado de derecho, si creen o no en la división de poderes, si creen o no, en definitiva, en la independencia del Poder Judicial. Eso es lo que se debate hoy. Y, a raíz de ello, el
artículo 122 de la Constitución y la Ley Orgánica de 1980 fueron muy claros: los jueces, en su órgano de dirección, el Consejo General del Poder Judicial, debían tener independencia de los políticos, pudiendo elegir a doce de sus veinte miembros
entre jueces y magistrados.
La proposición del Gobierno de Illa, esa terrible pesadilla para España, es una proposición que sigue en la misma línea: controlar la elección de los órganos judiciales a través del Consejo General del Poder Judicial, y, más concretamente,
la elección de las altas magistraturas, presidentes de audiencias, de salas y magistrados del Supremo, en definitiva, continuar con el reparto obsceno que ya se puso en marcha con la derogación de la Ley de 1980 en el año 1985 con aquel Montesquieu
ha muerto del Partido Socialista, Ley de 1985, que se resume en lo siguiente: el Poder Judicial lo controlamos los políticos y aquí nos vamos a repartir las cartas y los cromos en ardua negociación política. Y en esta proposición camuflada,
diciendo que el problema es que el Consejo General del Poder Judicial está bloqueado -luego hablaremos de por qué se produce el bloqueo-, a ese Consejo General del Poder Judicial bloqueado hay que restringirle sus competencias, y no debe tener
competencias para la elección de las altas magistraturas; eso sí, para trabajar sí, es decir, no se puede elegir al jefe de la inspección pero sí tienen que seguir haciendo las funciones de inspección, no se puede elegir a los magistrados pero sí
tiene que seguir haciendo su trabajo el Consejo General en el control de los magistrados, etcétera. Aquí todo se resume en lo mismo, es el sistema para poder elegir también a las altas magistraturas.
Ha habido una serie de enmiendas a la totalidad. Me referiré a algunas de ellas. Por ejemplo, la enmienda de 'juntos contra Cataluña'. Ellos siguen en la misma línea, la de que hay que controlar la justicia y que la justicia debe seguir
politizada. Pero aquí añaden un concepto al que me voy a referir, porque creo que es muy original. Introducen el concepto de la paridad, que rima con parida, porque es una parida monumental lo que están diciendo. (Aplausos). ¡Fíjense, qué
curioso! Hagamos un análisis lógico de lo que dicen. Manifiestan que los doce jueces y magistrados deben ser seis hombres y seis mujeres. ¡Qué discriminación a la mujer! Y si resulta que los mejores son doce mujeres, ¿por qué no pueden ser doce
mujeres? (Aplausos). Pero es que, fíjense, si se está en contra de ese criterio de reparto por cuota, seis hombres y seis mujeres, ya saben ustedes: eres un machista. Y siguiendo la misma lógica, ¿por qué no seis heterosexuales y seis
homosexuales? Si no estás de acuerdo con ese criterio, es un homófobo. ¿Por qué no seis negros y seis blancos? Si estás en contra de ese criterio, eres un racista. ¿Por qué no seis creyentes y seis ateos? Como estés en contra de ese criterio,
eres Torquemada. Esto es lo que algunos entienden por la cuota. (Aplausos). Claro, después de lo que hemos escuchado esta tarde, hablar de que huele a napalm o de que ese Consejo General del Poder Judicial está muy escorado a la derecha...
Evidentemente, quieren que se escore muy a la izquierda, pero no deja de estar escorado.
Luego está la enmienda a la totalidad de Ciudadanos, a los que en el Ayuntamiento de Madrid a partir de ahora llamamos la veleta del muro: un día se quita el muro de la extrema izquierda, otro día se deja el muro; la derecha, la izquierda,
la izquierda, la derecha, ya saben, La yenka, el partido de la yenka naranja. Aquí la realidad es que este grupo, que acierta, al menos, en la línea de querer defender por y entre, entre y por, cae y compra la mercancía de la izquierda también
sobre la cuota, también sobre la paridad. En esto son unos expertos los de Ciudadanos, comprando las mercancías averiadas de la izquierda.
Y llega el Partido Popular. Permítanme, con todo el cariño, decir que el Partido Popular en esto es como el Maletín de la señorita Pepis, son el partido del maquillaje. ¿Pero qué credibilidad tiene el Partido
Popular, que cuando ha estado en el Gobierno, cuando ha tenido mayorías legislativas -por ejemplo, Ley Orgánica de 2001, Ley Orgánica de 2013- no cambió lo sustancial? Nada de que los jueces y los magistrados pudieran elegir por y entre los
doce miembros vocales del Consejo General del Poder Judicial, nada de eso, a seguir repartiéndose la cuota. Lo que ocurre es que, cuando la cuota no la reparten ellos, se ponen estupendos. Pero ya sabemos lo que hace el Partido Popular: una cosa
es lo que dice cuando no está en el Gobierno y otra es lo que hace cuando está en el Gobierno. Credibilidad, cero; tan poca tienen que, fíjense ustedes, recordaba yo aquel recurso de inconstitucionalidad del año 1986 contra la ley del Partido
Socialista. ¿Saben quién interpuso ese recurso? El Partido Popular -se llamaba Alianza Popular en aquel momento-, y justo hizo lo contrario su ministro de Justicia cuando llegó al Gobierno con mayoría absoluta. Por cierto, de aquel recurso de
inconstitucionalidad -de aquellos polvos, estos lodos- vino aquella sentencia del Tribunal Constitucional de 1986, que cometió la barbaridad de atentar contra la propia Constitución aceptando por bueno un sistema de reparto de cuotas de poder en el
Poder Judicial que precisamente conculcaba ese principio de independencia judicial. Eso sí, los magistrados, como tenían que disimular un poco, nos dijeron aquello de que se habían producido aspavientos dialécticos. Hombre, aspavientos
dialécticos, pero la realidad es que las predicciones que hizo ese tribunal se han cumplido a rajatabla. Desde entonces, desde el año 1985, el abuso de los partidos políticos en la justicia ha sido terrible.
Por último, nuestra enmienda a la totalidad con texto alternativo. Se resume en algo muy sencillo: recuperemos el sistema de 1980, doce vocales elegidos por y entre jueces y magistrados, con voto libre, con voto directo, con voto secreto y
con un voto igual, y, por supuesto, los ocho restantes de acuerdo a lo que dice la Constitución, pero, eso sí, proponiendo la reforma de los reglamentos de las Cámaras para que, al menos, no se dilaten innecesariamente en el tiempo. Ya se ha
mencionado esta tarde el acuerdo del Consejo General del Poder Judicial que recrimina a la Mesa por qué no les ha pedido informe. Miren, aquí lo importante no es si les ha pedido informe o no, aquí lo importante es por qué no les ha pedido informe.
Pues porque la mayoría que conforma políticamente el actual Consejo General del Poder Judicial no está de acuerdo con la mayoría parlamentaria, es decir, no hay conexión política, no hay feeling. Si hubiera sido al revés, hubieran aparecido con el
informe, avalando las propuestas del equipo de Gobierno. Es siempre lo mismo: o la justicia hace lo que yo quiero o paralizo sus atribuciones a la hora de elegir cargos. (Aplausos). La plataforma Por la independencia judicial ha denunciado ante
el Parlamento Europeo y la Comisión lo que está ocurriendo, lo ha denominado un asalto al poder, porque, al final, se pretende colonizar las instituciones, empezando por el Poder Judicial. Esto que hoy estamos debatiendo aquí no es otra cosa que un
apretón de tuercas más contra el Poder Judicial, apretón que se suma al control del fiscal general del Estado, a la instrucción de los procedimientos penales por los fiscales, quitándoselos a los jueces; al intento de cambiar las mayorías de tres
quintos por mayoría absoluta, que fue retirado por negociación política, no por otra cuestión; a tener las plazas de los jueces y magistrados en absoluto número de insuficiencia, frente a la media europea, es decir, una justicia ahogada en sus
propios asuntos, sin los medios humanos y materiales necesarios.
Miren ustedes, hago esta reflexión, que seguro que se la estarán haciendo en este momento muchos españoles y también muchos jueces y magistrados. A los jueces y magistrados de carrera solo les quedan dos caminos desde hace cuarenta años con
este modelo de injerencia: o se buscan un padrino político para escalar en el escalafón judicial y llegar a las altas magistraturas del Estado o, si mantienen su independencia y su neutralidad, chocan contra un techo de cristal que les impide
prosperar en su carrera, porque, como dijo el Grupo de Estados contra la Corrupción y la Comisión de Venecia, es uno de los mayores atentados que hay contra la democracia y el estado de Derecho.
La situación actual de la justicia y los intentos de seguir controlando desde los políticos a su órgano de gestión y de control político, que es el Consejo del Poder Judicial, no es otra cosa que aceptar la mentira, lo que podríamos llamar
la perversión ideológica que se basa, según el criterio de los progres que ha sido comprado por la derechita cobarde, en que, como la justicia emana del pueblo, eso quiere decir que los políticos controlan la justicia. Esta es la gran mentira: la
justicia emana del pueblo quiere decir que los políticos controlamos la justicia. No se confundan, esto es el Poder Legislativo. Los españoles elegimos democráticamente a nuestros representantes, que son quienes aprueban las leyes y los
reglamentos; eso es el Poder Legislativo. Pero aquellos españoles que libremente quieren elegir la profesión judicial, la carrera judicial, tras aprobar su carrera de Derecho y aprobar su dura oposición se convierten en servidores públicos
independientes del Poder Legislativo. No están para cumplir órdenes de esta Cámara, están para cumplir y hacer cumplir las leyes que emanan de esta Cámara, que es muy distinto al control político. (Aplausos).
Señorías, esto es lo que los españoles tienen que saber: la aberración que supone que desde esta Cámara se está queriendo controlar al órgano de dirección de los jueces, Consejo General del Poder Judicial, y la potestad que tiene en el
nombramiento de jueces de las altas instancias o magistraturas. Nosotros, desde VOX, nos opondremos a todos y cada uno de los intentos de controlar el Poder Judicial por unos, por otros, por otros y por unos.
Muchísimas gracias. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie).
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Ortega. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, tiene la palabra el señor Rojas García.
El señor ROJAS GARCÍA: Con la venia, señora presidenta.
Señorías, en los últimos meses los socios de Gobierno del Partido Socialista y Podemos han dirigido dos ataques claros a la independencia del Poder Judicial con dos proposiciones de ley: una para rebajar el umbral de votos necesarios para
la elección de los doce vocales de procedencia judicial y otra para limitar las competencias del Consejo General del Poder Judicial cuando está en funciones, muy especialmente para limitar su capacidad de hacer nombramientos. A esta última, que es
precisamente objeto de este debate y que, como han dicho sus señorías, se realiza por el procedimiento de urgencia, se han presentado enmiendas a la totalidad con texto alternativo por cuatro grupos políticos, entre ellos el Grupo Popular, a quien
me honra representar en esa tribuna. Aunque el objeto de esta proposición de ley del Partido Socialista y Podemos es exclusivamente sobre la limitación de competencias del Consejo General del Poder Judicial en funciones, todas las totalidades han
derivado en cambiar la forma de la elección de los vocales. En nuestra enmienda a la totalidad se propone la elección directa de los jueces, así como otros aspectos relacionados con el Consejo General del Poder Judicial, por ejemplo se prevén
incompatibilidades para quien haya tenido vínculos políticos. Tal y como expresamos en nuestra exposición de motivos, se hace imprescindible reflejar en la Ley Orgánica del Poder Judicial, con pretensión de permanencia y continuidad, la voluntad
constituyente de que los jueces y magistrados participen en el proceso de elección de los vocales del turno judicial de forma directa, esto es, que los jueces sean elegidos por los jueces de forma directa. Así, se articula en nuestra ley que
ofrecemos como texto alternativo, en la que se instrumentan además una serie de medidas que refuerzan la garantía de independencia e imparcialidad de los propuestos como vocales, como la transparencia misma del proceso de elección. De esta manera,
coincidimos al cien por cien con la Comisión Europea para la Democracia por el Derecho, más conocida como Comisión de Venecia, que ha venido planteando el reiteradas ocasiones que en aquellos países donde existan consejos nacionales de judicatura
estos deben componerse por una mayoría de miembros procedentes de la carrera judicial y que además estos miembros han de ser elegidos por sus pares. Esta es nuestra propuesta, señorías; en síntesis, una propuesta sensata, meditada y que pretende
devolver la normalidad a la separación de poderes, que es un mandato constitucional que nunca debió dejar de tener esa normalidad y esa paz -y así decirlo con claridad- y nunca debe estar sometida a presiones políticas, como estamos viendo en la
actualidad. Señorías, esta propuesta es la útil para España y para los españoles. La justicia es un pilar esencial de nuestro Estado de derecho y necesita de acuerdos y de responsabilidad.
Señor Ortega Smith, del Grupo VOX, no voy a entrar en sus críticas para hacerle el juego al Partido Socialista de Pedro Sánchez, pero hay que decir que si alguien ha volcado la maleta de su maquillaje en la sesión del Congreso de hoy ha sido
VOX propulsando al Partido Socialista. (Aplausos). ¿Quién es ahora la derechita cobarde, señor Ortega? ¿Quién es la derechita cobarde? Es que no se puede estar haciendo todo el día política para criticar y destruir, hay que hacer política
constructiva y con la verdad por delante, señorías. Y lo que no se puede tener es un Gobierno que siempre está enfrentándose a los jueces de manera sistemática, que cuestiona su labor una y otra vez. Ayer mismo el ministro Garzón en una entrevista
en televisión acusó al juez García-Castellón de sesgo ideológico, que es una acusación muy grave señorías, es una acusación de prevaricación y que ataca claramente la independencia del juez. Son unas declaraciones absolutamente inaceptables y que
no se pueden admitir viniendo del ministro de un Gobierno. No se puede ser más irresponsable. Este Gobierno, señorías, está echando un pulso al Poder Judicial y a la Unión Europea, pero ese pulso lo va a perder porque el Estado de derecho siempre
gana, señorías. (Aplausos).
El Partido Socialista aún está a tiempo de rectificar y debería hacerlo. Si no, es imposible a llegar a algún tipo de acuerdo. ¿A qué acuerdo quieren llegar con unos socios como Podemos, señorías? No será posible llegar a ningún acuerdo
que involucre a Podemos y sus ideas extravagantes, que no hacen más que tensar la situación. En apenas un año de Gobierno, señorías, el vicepresidente Iglesias, vicepresidente del Gobierno de España, ha atacado a los jueces de forma directa y ha
intentado minar su independencia con soflamas ultras; ha llamado a los jueces togados reaccionarios y ha mancillado sus resoluciones una y otra vez; ha lanzado a su ejército de redes a perseguir al juez que los investiga, algo tan inaudito como
detestable; ha puesto en solfa la credibilidad de las sentencias; ha cuestionado la propia legitimidad de los tribunales españoles, de la justicia como poder del Estado. ¿Cómo quieren tener al Grupo Popular en el mismo sitio donde están ustedes?
Es imposible, no podemos estar con un vicepresidente del Gobierno que hace esas críticas al Poder Judicial, a la independencia de los jueces, y que no pide disculpas por ello. Ha faltado una y otra vez el respeto a la justicia y a lo que esta
significa. La última hazaña del vicepresidente es llamar exiliado a un prófugo de la justicia; ahí es nada, señorías, ahí es nada. Por tanto, cualquier acuerdo en ese sentido es imposible y les pedimos a las señorías de Podemos que rectifiquen,
aunque me temo que no lo harán.
Y, a todo esto, señorías, ¿dónde está el presidente del Gobierno de España ante este desafío al Poder Judicial, ante su socio desafiando al Poder Judicial? Una vez más, el presidente Sánchez está escondido sin dar la cara. Ahora vemos cómo
el PSOE ha hecho cambalache con sus socios de Gobierno para mantenerse en el poder, pero a un altísimo precio; renunciando a sus propios principios como partido de Estado que ha gobernado muchos años nuestro país y que, con sus aciertos y con sus
errores, nunca había maquinado una estrategia como esta para atacar y dinamitar al Poder Judicial. Esta proposición de ley es un claro ejemplo de ello, como aquí han dicho otros portavoces. Han habilitado el mes de enero y el procedimiento de
urgencia para armar este desafío contra la justicia. Y lo han hecho con un vehículo legislativo que pretende que se excluyan los informes del Consejo de Estado y se excluya, precisamente, el informe del Consejo General del Poder Judicial. Nuestra
obligación era advertir seriamente al Gobierno de esta tropelía parlamentaria y, para ello, presentamos a la Mesa de la Cámara, a través de nuestra portavoz, un escrito de reconsideración para que se diera audiencia al Poder Judicial en este trámite
legislativo. Eso es la oposición constructiva, le advertimos al Gobierno pero el Gobierno no escucha, señorías. El Consejo General del Poder Judicial hizo esa petición al Congreso para que se le escuchara y el Gobierno tampoco lo escuchó. Se ha
calificado esta proposición sin ni siquiera contestar a nuestro escrito de reconsideración. Estas son las maneras de un Gobierno sin fondo y también de un Gobierno sin formas.
Hasta la Unión Europea ha advertido seriamente al Gobierno por esta manera de legislar y les ha mandado un mensaje claro: que toda reforma del Consejo General del Poder Judicial debe hacerse en diálogo con la oposición y en consulta al
Consejo de Europa; que van a estar muy atentos a que así se haga y que las consecuencias, efectivamente, podrían ser nefastas para nuestro país. La imagen en Europa con esta reforma del Gobierno a la polaca es lamentable y, efectivamente, puede
poner en riesgo muchas cosas.
Este es el Gobierno que tenemos, señorías, que no es capaz de unir porque su esencia es el enfrentamiento; el sanchismo, heredero del presidente Zapatero que pedía tensión en aquella entrevista -¿se acuerdan?-; el sanchismo que considera
urgente un enfrentamiento con el Poder Judicial, pero al que no le parece urgente la situación dramática que está viviendo nuestro país. Esta es una ley urgente para el Gobierno de coalición, pero no lo es una ley que dé soporte jurídico para
luchar y derrotar al virus; esa no lo es. Esta sí lo es y esa no lo es. Lo lamentable, señorías, es que nuestro partido le ha pedido al Gobierno desde hace mucho tiempo una ley para luchar contra el virus, pero el Gobierno tiene otras
prioridades. La comparecencia del ministro Illa tampoco ha sido urgente para el Gobierno y se va con otra mentira más a sus espaldas: prometió comparecer en el Congreso y no lo ha hecho. Les hablo de un ministro de Sanidad que se marcha cuando
los hospitales están colapsados y el virus está golpeando de manera dramática a los españoles. ¿Es este Gobierno consciente de la realidad que vive nuestro país? ¿Es este Gobierno consciente de sus propias prioridades? ¿Es este Gobierno
consciente de lo que significa el interés general para España presentando esta ley con urgencia y sin hacer un gran plan urgente para salvar miles de vidas y combatir el virus? (Aplausos). ¿Es este Gobierno consciente de lo que se está jugando
nuestro país? ¿Se dan cuenta, señorías? ¿Se dan cuenta del mensaje que están mandando a la sociedad, cuando el máximo responsable de Sanidad abandona el barco y mientras los profesionales sanitarios hacen turnos extra en los hospitales y se dejan
la piel por salvar millones de
vidas? ¿Se dan cuenta, señorías, de la imagen y el mensaje que están ofreciendo a nuestra sociedad? Hay que quedarse al frente, señorías, hay que tomar decisiones, hay que dar la cara. Esto ya no se trata de un gesto sino de lealtad con
el servicio público y el pueblo español, y lo lamentable es que ustedes no cumplen con la responsabilidad que el pueblo les mandata y solamente piensan en las elecciones. Piensen más en los españoles y menos en las elecciones.
Señorías, esta proposición de ley no es urgente; lo urgente es un cambio de actitud en el Gobierno. Nadie es perfecto y unas veces acertamos y otras cometemos errores. Cuando se está en el Gobierno se cometen errores, pero este error,
señorías, es de libro. Esta ley es de libro, es un error, y creo que gran parte del Partido Socialista lo sabe. Someter a esta tensión al Poder Judicial no es de recibo. No se puede tramitar una ley de estas características utilizándola como una
amenaza, como un cuanto peor, mejor. No se puede venir al Congreso así, de esta forma tan atropellada, señorías, con lo que esto significa. No se puede traer una ley como está sin dar trámite al Consejo General del Poder Judicial, a la judicatura,
para que diga lo que tenga que decir. Señorías, no se puede cuestionar permanentemente las decisiones de un órgano constitucional aunque esté en funciones, como el Consejo General del Poder Judicial, máxime cuando el propio ministro de Justicia
actual estuvo más de dos años en un consejo prorrogado tomando decisiones. ¿Qué dicen a eso, señorías? ¿Qué respuesta tienen a eso? Si es ilegítimo ahora, como muchos de ustedes dicen, también lo sería cuando el ministro, el señor Campo, estaba
de vocal y tomando decisiones.
Señorías, no se puede faltar a la verdad cuando le echan en cara a mi partido el bloqueo, señor Baldoví, como seguro que volverán a hacer ahora, porque el Partido Popular no tiene mayoría de bloqueo en esta materia. El problema es que son
incapaces de llegar a acuerdos. Han sido incapaces de escuchar en la Ley de eutanasia, en la Ley de educación, en leyes que son cuerpo de Estado. No son ya capaces de escuchar, señorías, y ese es el panorama que tenemos. Nosotros queremos apoyar
sin fisuras a los más de 5000 jueces que día a día hacen una labor abnegada por su país, de servicio público, de manera independiente, cumpliendo con la Constitución. Y es lamentable ver comunicados como el que ha dado el Consejo General del Poder
Judicial, que advierte que la tramitación urgente y sin audiencia de ningún tipo de la reforma que limita sus funciones, no respeta las exigencias del principio de separación de poderes. Creo que este comunicado es el más grave que se ha producido
desde hace mucho tiempo.
Señorías, rectifiquen y tendrán al Partido Popular de su lado, pero rectifiquen y retiren esta ley porque, desde luego, no tiene ningún sentido que se plantee y porque es una temeridad absoluta y un error histórico del Partido Socialista.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Rojas. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra, en primer lugar, el señor Mazón Ramos.
El señor MAZÓN RAMOS: Buenas tardes. Ya expresamos nuestra posición con más detalle en diciembre, en la toma en consideración de la proposición de ley y hoy, mes y medio después, ni han cambiado las circunstancias ni ha cambiado nuestra
posición. Reitero que esta limitación de competencias en un consejo en funciones es lógica y es de sentido común y, además, es coherente con lo que ocurre en otros poderes del Estado. También dije que era un parche, pero necesario a día de hoy.
Rechazamos, por tanto, todas las enmiendas a la totalidad, aunque algunas reconozco que tienen aspectos interesantes, pero al leerlas parece que no se busca precisamente un gran consenso con todos los grupos parlamentarios.
Vuelvo a repetir que lo verdaderamente necesario es modificar el sistema de elección de los miembros para que haya un plazo máximo para la renovación, un deadline con elección obligada. Creo que en eso estamos todos de acuerdo. Nuestra
propuesta tiene tres fases sucesivas: primera, la elección directa por las Cortes por tres quintos, la actual, con un plazo de un mes. Segunda, elección de los 12 jueces por miembros de la carrera judicial con refrendo parlamentario y, tercera,
por sorteo entre los propuestos por los propios parlamentarios. Esto está para debatirse y creo que combina las principales corrientes existentes. De todas formas, no soy nada optimista al respecto.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Mazón. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Tiene la palabra el señor García Adanero.
El señor GARCÍA ADANERO: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, ya que no hay ninguna persona del Gobierno en la tarde de hoy para escuchar esto, espero que estén trabajando en el plan de vacunación, que es lo que de verdad preocupa en este momento al conjunto de los españoles. Creo que todos
los esfuerzos habría que dedicarlos en estos momentos a esa cuestión. La preocupación es absoluta, hasta ahora ha sido un auténtico despropósito lo que está pasando, y todos sabemos que el futuro más inmediato de España está en manos de la posible
vacunación, de cómo se haga, de cómo se lleve a cabo y, desde luego, de que haya vacunas suficientes para el conjunto de la población. Por tanto, no son temas como este que debatimos hoy los que preocupan a los españoles sino el anterior.
Al final lo que se ha pretendido aquí por parte de Podemos y del Partido Socialista en un momento dado ha sido, primero, nombrar ellos solos a los miembros del Consejo General del Poder Judicial que corresponde nombrar al Congreso de los
Diputados y, luego, una vez nombrados, que sean estos los que hagan a su vez los nombramientos que tiene encomendados el propio Consejo General del Poder Judicial, como se ha dicho por parte de otros portavoces, con la idea de tener un control
absoluto de la justicia. Y eso se quiere hacer con 155 votos; estos tienen mayoría absoluta y nos cierran la mitad del hemiciclo, ese es el problema. Esto, con 155 votos, sin encomendarse a nadie. ¿No es más normal que en un tema como este se
busque el acuerdo y el consenso? ¿No es más normal que el Consejo General del Poder Judicial se elija de otra forma que, por lo menos, garantice una independencia de las personas que forman parte de ese Consejo y que no dé la sensación de que están
al servicio de los grupos que las han nombrado? ¿No es más normal que no se ataque por parte de personas, de políticos o de miembros del Gobierno a los jueces en activo para impedirles hacer su labor y, además, no se les amenace primero
directamente y luego diciendo: vamos a controlar el Poder Judicial, por lo cual ten cuidado con lo que haces? Se está atacando a la carrera judicial de una forma descarada. Se está haciendo todos los días. Con ello se traslada la imagen de que
aquí no existe una separación de poderes. Hay que tener plena confianza en la justicia, aunque unas veces nos guste más y otras menos lo que hace.
Por tanto, creo que habría que retirar esta proposición de ley, habría que retirar la anterior y, entre todos, buscar un acuerdo para que el Consejo General del Poder Judicial sea de verdad un consejo independiente.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor García.
Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra, en último lugar, la señora Vehí Cantenys. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
La señora VEHÍ CANTENYS: Gracias, presidenta.
A nosotras esta reforma de la ley orgánica nos parece bien, pero creemos que es muy poco ambiciosa. De hecho, nos parece que castigar o amonestar al Consejo General del Poder Judicial cuando no quiere cumplir la ley no resuelve los
elementos principales que explican el porqué de la configuración tan conservadora o de los problemas que hay en la elección de los jueces. No resuelve la cultura judicial autoritaria que hay históricamente en la alta judicatura española, que
conecta con el franquismo, ni resuelve tampoco el amiguismo y el partidismo a la hora de nombrar los jueces de la alta magistratura.
Hoy Carod-Rovira escribía un artículo en el que hablaba de la ideología de la propia judicatura al margen de quién gobierne. Y la verdad es que más que hacer reflexiones muy profundas, lo vamos a explicar sencillamente con los ejemplos de
los últimos diez días. El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya inhabilita al conseller de Exteriores de la Generalitat por su actuación en el 1 de octubre. El mismo Tribunal Superior de Justicia de Catalunya suspende el decreto que suspendía
las elecciones de 14 de febrero sin ningún criterio sanitario, solo por hacer efectivo el gobierno de las togas, como decimos nosotros. El Tribunal Constitucional esta misma semana inadmite un recurso para investigar delitos de lesa humanidad
durante el franquismo, y alega que la Ley de Amnistía de 1977 -aquella acusada por varios estamentos internacionales de tapar la investigación de torturas y delitos de lesa humanidad- ya resuelve este tipo de delitos. La Audiencia Nacional hoy
anuncia que Pablo Hasel va a entrar en prisión por cantar y por un 'delito' de opinión y libertad expresión. Y esperemos no acabar la semana con la revocación del Tribunal Supremo del tercer grado de los presos independentistas.
El tema es mucho más profundo que modificar cómo se escogen los jueces del Consejo General del Poder Judicial. Para acabar dos reflexiones; si los jueces quieren gobernar, que se presenten a las elecciones, pero el gobierno de las togas es
totalmente antidemocrático. La segunda reflexión es sobre el
debate del exilio; el franquismo tiene sombra larga, muy muy larga, y la reforma es imposible. La alternativa que nos ofrecen es imposible. La única vía es la construcción de una magistratura democrática, la nuestra desde una perspectiva
independentista.
Gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Vehí. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra señor Legarda Uriarte.
El señor LEGARDA URIARTE: Muchas gracias, presidenta.
Debatimos la toma en consideración de cuatro enmiendas a la totalidad de texto alternativo a la proposición de ley que establece el régimen jurídico aplicable al Consejo General del Poder Judicial cuando se encuentre en funciones
-completando la actual regulación-, que limite exclusivamente sus atribuciones cuando se encuentra en esa situación a la elección de un nuevo presidente. Señorías, ya dijimos, en el momento de toma en consideración de la proposición de ley del
Grupo Socialista y del Grupo Unidas Podemos, que esa propuesta no podía sustraerse a la controversia surgida a partir de 1985, cuando se reformó el procedimiento de designación de los vocales de procedencia judicial al convertirlos en vocales de
plena designación de las Cortes; controversia que ha tenido continuación hasta nuestros días a través de las confrontaciones internas en el seno del Consejo General del Poder Judicial, que se deben a que las asociaciones judiciales y sus elegidos
representan y se asocian a las mismas tendencias y corrientes ideológicas existentes en la sociedad, y a que en la elección de los cargos judiciales de libre designación, que compete al Consejo General del Poder Judicial, junto a los criterios de
mérito y capacidad recogidos en el Reglamento 1/2010 y la jurisprudencia de la Sala tercera del Tribunal Supremo, conviven, a nuestro juicio, con un margen necesario de decisión, la idoneidad o adecuación de los candidatos a la plaza a la que
aspiran. Porque no puede desconocerse que un magnífico magistrado puede ser un pésimo gestor de un tribunal y que, por ello, puede haber factores a ponderar que no sean solo el mérito o la capacidad y que deban ser tenidos en cuenta como, por
ejemplo, llevar a las salas jurisdiccionales magistrados en distintas especialidades.
Por otra parte, y más allá de las confrontaciones internas que relataba, la controversia a la que hacíamos referencia -que desde 1985 sigue a la elección de los vocales de procedencia judicial- tiene también manifestación sistémica en los
recurrentes bloqueos que en este Congreso y en el Senado se han sucedido -y hay que decirlo con claridad- cuando el Partido Popular se encuentra en la oposición, tal como sucede hoy en día, siempre justificados con la pantalla de que la elección de
los vocales de procedencia judicial atenta contra la separación de poderes, situación sin embargo, como ya se ha puesto de manifiesto en esta sesión, nunca reparada cuando ha tenido la ocasión por contar con la mayoría parlamentaria suficiente.
Situación de bloqueo también justificada en la actualidad, como se sostuvo en la toma en consideración, en la ilegitimidad indirecta del Gobierno de coalición a través de la ilegitimidad de los fines que se dice perseguir por alguno de sus socios,
cual es el de la propia destrucción del Consejo General para imponer a los jueces un Gobierno monocolor, atentando así contra su propia independencia, lo cual es difícilmente creíble ya que los agentes de ese cambio de régimen necesitarían, a modo
de quinta columna, a los propios jueces y magistrados del Consejo General y de la Sala tercera del Supremo, lo cual nos resulta bastante inverosímil.
La razón última del bloqueo es más espuria, como es no reconocer la legitimidad democrática del socio gubernamental del PSOE, reclamando a este el imposible político de su ruptura. A la vez que pide esto, no se tiene reparo en pactar con
fuerzas políticas como VOX, que acusó al Tribunal Constitucional, durante la toma en consideración de esta proposición de ley, de complicidad, a su juicio, con el golpe de Estado institucional que se está perpetrando por el Gobierno del Estado, por
esta Cámara y por sus órganos de gobierno, lo cual no deja de ser ciertamente un disparate mayúsculo, y este sí que perturba de manera grave a parte de la opinión pública en su percepción de las instituciones y de la realidad de las cosas.
Señorías, por nuestra parte ya hemos señalado en múltiples ocasiones que en los distintos modelos judiciales de nuestro entorno el poder político interviene, bien en los nombramientos judiciales o en los órganos que los nombra y gobierna el
Poder Judicial. Es por ello que no compartimos aquellas enmiendas de totalidad que proponen volver al sistema de elección de los vocales de procedencia judicial exclusivamente por los jueces y magistrados, es decir, el modelo de 1980. Consideramos
que mantener el nombramiento parlamentario no menoscaba la mejor garantía de su independencia, y aquello tampoco
es una exigencia constitucional, según ha manifestado el propio Tribunal Constitucional. Además, el Consejo General es un órgano de dimensión constitucional con indudable significación, por lo que no ha de considerarse incoherente desde los
contrapesos de todo modelo constitucional y del Estado social y democrático de derecho compensar el poder que se entrega a los jueces, que son la mayoría en el Consejo General, con el contrapeso que supone la designación parlamentaria. Nuestro
modelo es además compartido con la carrera judicial a través de propuestas de vocales judiciales que elevan a la Cámara para su nombramiento.
Por último, quiero manifestar que lo injustificable del bloqueo que vive la renovación del Consejo General no puede erigirse sin antes realizar todos los esfuerzos posibles, y alguno más, para superar esta grave anomalía. Decía que no puede
erigirse este injustificable bloqueo en Jordán purificador de reformas exprés, sin reflexionar sobre la conveniencia y oportunidad de contar con los informes y opiniones de órganos que cumplen una finalidad de seguridad jurídica preventiva, pues la
alteración de las estructuras del Consejo General no es la mejor forma de afrontar los problemas surgidos, aunque tampoco puede servir como coartada a quienes se dedican a enconarlas con los trampantojos justificativos que nos expusieron en el
debate de toma en consideración de la proposición de ley, que ha dado pie a las enmiendas de totalidad que ahora debatimos y que no apoyaremos.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Legarda. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, tiene la palabra el señor Asens Llodrà.
El señor ASENS LLODRÀ: Presidenta, señorías de la derecha, quiero empezar reconociendo que existen argumentos para defender la modificación del modelo de elección de vocales del Consejo General del Poder Judicial. También existen
argumentos para defender lo contrario, en nuestra opinión muchos más. Pero lo que es indefendible es la situación actual: un gobierno con el mandato caducado, que tiene una mayoría absoluta que es la de 2013, que sigue gobernando como si nada a
pesar de que ha habido muchas elecciones, en contra del mandato de la Constitución y de las urnas. Hoy mismo, como recordaba el señor Bal, ha hecho nombramientos, nombramientos ilegítimos porque es un gobierno ilegítimo, porque ha roto con el
principio de legitimidad democrática. En sus enmiendas no hay ninguna referencia a eso, son puro filibusterismo. Ustedes plantean un cambio de modelo, pero, mientras eso no pase, el modelo actual tiene que funcionar. No pueden bloquearlo. No
dicen nada de cuáles son los poderes que tiene que tener un gobierno en funciones. El Gobierno en funciones del Ejecutivo o de esta Cámara tiene los poderes limitados y para un tiempo muy breve. El Congreso, si no inviste a un presidente en un
plazo de dos meses, se tiene que disolver y convocar nuevas elecciones. No pasa en ningún país de Europa que haya un gobierno en funciones sin los poderes limitados. Eso es una anomalía democrática.
Ustedes hoy en sus enmiendas vienen a hablar de otras cosas, a otro debate. Hablan de la politización de la justicia. Y lo dicen ustedes, señorías del Grupo Parlamentario Popular, es como cuando vienen aquí a hablar de anticorrupción;
ustedes, que han tenido un ministro, un fiscal jefe y un fiscal anticorrupción que han sido reprobados por esta Cámara; ustedes, que han sido calificados como organización criminal por los tribunales y la Policía; ustedes, que han sido acusados de
utilizar las estructuras del Estado, las cloacas, para tapar su corrupción; ustedes, que han sido condenados por financiarse ilegítima e ilegalmente; ¿y ahora vienen a hablar de que la justicia se debe despolitizar, cuando ustedes la han
politizado como nadie? Desde Gallardón, con la reforma de 2013; de hecho, ya antes. Siempre que han tenido ocasión, han hecho reformas que han intensificado esa politización. Por eso, el mensaje famoso de Rajoy: ¡Sé fuerte, hacemos lo que
podemos! Porque en verdad es una cuestión de supervivencia para ustedes. Lo que pasa ahora no es nuevo; ha pasado en otras ocasiones. Pasó en la República, pasó también con Zapatero. Tuvieron entonces el gobierno de los jueces secuestrado
durante dos años porque no querían que salieran adelante determinadas reformas, por ejemplo, l'estatut d'autonomia y, por eso, el conflicto con Cataluña. El problema de fondo es que ustedes no aceptan la alternancia democrática y se creen que el
poder es suyo y, cuando pierden las elecciones, se atrincheran en el Poder Judicial. Esa es la razón de fondo de este bloqueo y no otra. Sean honestos, reconozcan que tras sus enmiendas hay eso. No hay Podemos, Pablo Iglesias y ni siquiera Bildu;
lo que hay es el caso Kitchen o el caso máster regalado. ¿O alguien se cree que si la señora Cifuentes hubiera sido aforada, como el señor Casado, la semana pasada habría estado sentada en el banquillo de los acusados? O lo que es lo mismo, ¿el
señor
Casado no estaría sentado en el banquillo de los acusados si no fuera aforado? Estamos hablando de eso. Este es un conflicto de la derecha con la democracia, con este Congreso, no con Unidas Podemos, ni tan siquiera con el Gobierno. ¿Se
imaginan que el Gobierno, que el Poder Ejecutivo hiciera lo mismo? ¿Se imaginan que cuando acabe el mandato, en 2023, no se convocan elecciones y se secuestra al Gobierno hasta que ustedes no rompan con VOX? Pues eso es lo que están haciendo
ustedes. Y tienen la cara dura, como el señor Bal, de hablar de asalto a la democracia, o como el señor Smith, que ahora no está, debe estar borrando murales feministas en Madrid.
Cuando ayer leía las enmiendas, las veinticinco páginas, me imaginaba al señor Smith redactándolas disfrazado con un casco de bisonte, inspirándose en Trump y hablando del asalto a la democracia. No puedo dirigirme al señor Smith porque no
está -ha hecho su discurso y se ha ido-, pero hoy le he encontrado más moderado a él que al portavoz de Ciudadanos. Hoy, la derechita cobarde ha parecido más la de VOX que la de Ciudadanos. Ha gritado incluso menos que el señor Bal.
Pues bien, cuando leía las enmiendas, pensaba en eso, que ustedes tienen un lío considerable. Se lo aclaro. Lo de Franco era un asalto a la democracia, por mucho que el señor Smith dijera que con el franquismo se votaba. Lo de este
Gobierno que ha salido de las urnas es lo que pasa en democracia. La base de la democracia es la soberanía popular y el principio de renovación de las instituciones es lo que las legitima. Cuando ustedes interrumpen la renovación de los gobiernos,
como el gobierno del Poder Judicial, están rompiendo con el principio democrático. Ya sabemos qué hace la extrema derecha cuando logra el poder, lo hemos visto en otros países europeos -en Polonia, en Hungría y en Estados Unidos-, y por eso
-termino, presidenta- hay dos opciones: una, asumir que el gobierno de los jueces no se va a renovar hasta que la derecha gane unas elecciones generales y tenga mayoría en este Congreso, y otra, asumir nuestra obligación como Congreso, como
demócratas, y adaptar la ley al mandato constitucional. Eso es lo que vamos a hacer y, por eso, una vez tumbadas estas enmiendas a la totalidad, vuelvo a pedir su apoyo al resto de fuerzas democráticas de esta Cámara.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Asens. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Aranda Vargas.
El señor ARANDA VARGAS: Gracias, señora presidenta.
Señorías, quisiera leerles de qué va este debate, porque parece que algunos se han confundido. Se trata de una proposición de ley para modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial, para -¡atención, escuchen!- el establecimiento del régimen
jurídico aplicable al Consejo General del Poder Judicial en funciones. Hablamos de esto, en funciones -han oído bien-, porque igual alguno no lo sabe, pero lleva dos años con el mandato caducado. Y vienen aquí, señores de la derecha, como si no
hubiesen roto un plato, como si esto no fuera con ustedes, y lo que pasa de verdad es que el PP bloquea y, mal que les pese, politiza la justicia. Sí, sí, hace gestos, pero politizan, que significa usar para fines políticos una situación
extremadamente irregular. Ustedes -repito, ustedes- politizan deliberadamente y con la ayuda de un sector judicial -digamos- escorado a la derecha a un órgano constitucional.
He de reconocer que hoy han rizado el rizo con sus enmiendas. Por cierto, ustedes hablan mucho de técnica legislativa, proyecto de ley y tal. Técnica legislativa es la suya, que han presentado dos enmiendas al articulado que son de
supresión, en un fraude parlamentario inédito en esta Cámara. También -no sé si está aquí el señor Cuevillas- habla de técnica legislativa. Será la del Govern de Cataluña, que pretende suspender las elecciones por Decreto de vicepresidencia. Esa
sería también una técnica legislativa muy curiosa. (Aplausos).
Señorías, no hay que eludir el debate principal. Lo que a todas luces es inaudito e inconcebible para los otros dos poderes del Estado, las derechas política y judicial lo creen normalizado. Con su obstinada defensa de lo indefendible
contribuyen al desprestigio de nuestra arquitectura constitucional. Señorías, sus posiciones en esta Cámara son de sobra conocidas no solo en lo referido a la connivencia política con situaciones irregulares que les puedan favorecer, como es el
caso, sino como algunos debates que salen en esa Cámara. Son ustedes especialistas en apretar el freno de mano de la historia. Actúan como un retardante del progreso, lo han hecho en numerosas leyes, la última, la Ley de Eutanasia. Por cierto, en
esta ocasión es verdad que Ciudadanos votó a favor. Por eso me cuesta, señor de Ciudadanos, verle tan amable, tan bien y tan a gusto con la ultraderecha en temas en los que estoy convencido de que usted juega más un rol de hostigamiento partidista
del Gobierno que de análisis concreto de lo que aquí se
propone. Por cierto, usted ha hecho una clase de derecho; ya le veo preparado para seguir los pasos de su exlíder y ser, si quisiera, abogado del PP en breve. (Aplausos).
Señores liberales, es inaudito que no digan ni mu de los intentos de injerencia en la soberanía legislativa de este Parlamento. Señores conservadores, es inaudito que sean patriotas de parche en el ojo en función de qué artículo de la
Constitución se trate. Señores liberales y conservadores, estoy convencido de que cuando en el futuro ustedes miren hacia atrás, la imagen que verán de su bloqueo y de apoyo a las tesis más radicales de este Parlamento no les hará sentirse
orgullosos.
Señores de la derecha no asilvestrada, si el Ejecutivo en funciones pudiera nombrar altos cargos sin límite, ustedes pondrían el grito en el cielo. Si el Legislativo en funciones pudiera legislar sin límite, ustedes pondrían el grito en el
cielo. ¿Cuál es el motivo, entonces, para no apoyar una reforma destinada a regular estos mismos condicionantes y límites que tenemos el Ejecutivo y el Legislativo en el tercer Poder, el Judicial? Yo se lo digo: su único interés es el de
erosionar al Gobierno y, otra vez, politizar la justicia. Se lo repito: erosionar al Gobierno. Ya no digo criticar, que eso es legítimo y necesario en democracia, pero ustedes hacen un uso patrimonialista de las instituciones, una erosión y un
hostigamiento que vemos también, desgraciadamente -hoy aquí lo hemos visto con la intervención del señor Rojas- en la gestión de la pandemia.
Se lo dije en mi primera intervención en este hemiciclo y creo que va bien repetirlo hoy. Uno no elige cuándo llega una pandemia, como tampoco elige cuándo se produce un tsunami o un terremoto, pero uno sí elige qué hacer, qué palabras usa,
qué comparaciones utiliza, a qué acuerdos está dispuesto a llegar, qué fakes da por buenas o ayuda a extender, qué tuitea, qué recorta, qué beneficia y con quién se asocia; en definitiva, qué pala usa para esconder su incapacidad. Por cierto,
hablaban del Gobierno, quizá tendría que nevar en este hemiciclo para ver aquí al jefe de la oposición. (Aplausos). Pero, bueno, señorías, la fragilidad de las democracias, aun de las más consolidadas, es un hecho. Hace tres semanas lo vimos en
directo en el templo de la democracia de Estados Unidos, cuando la turba, amparada y azuzada por la Presidencia, asaltaba el Capitolio. La línea es, por tanto, muy muy fina. Se empieza llamando a un Gobierno ilegítimo, asesino, como quien no da
importancia a las palabras. Se empieza negando evidencias científicas; se empieza hostigando a diputados en sus escaños; se empieza dudando de la legitimidad de las elecciones o suspendiéndolas, que de todo hay en la vida; se empieza dudando de
nuestros tribunales, y luego se pierde el control sobre lo que pueda suceder. Porque, señorías, las palabras importan y, los hechos, aún más.
Señorías, este debate es capital sobre qué concepción se tiene de la arquitectura institucional: si damos por bueno que la pérdida de poder, la pérdida de la mayoría parlamentaria del Gobierno habilita para bloquear renovaciones, desoyendo
el mandato constitucional, o se acepta que las transiciones de poder en un Estado de derecho, democrático y social, como el nuestro, van aparejadas siempre de compromisos firmes de normalidad institucional. Señorías, es muy poco liberal la
justificación de un bloqueo como el que sufre el Consejo General del Poder Judicial, y no solo perjudica el bloqueador, sino también quien se pone de perfil ante esta situación. El populismo tiene muchas caras, y esta es una de ellas.
Voy acabando. Mucho se ha dicho en esta Cámara sobre si este debate se ha de tener aquí. ¡Y tanto! Es un debate que no solo se ha de tener, sino que estamos obligados a tener. El legislador, ustedes y nosotros, tenemos la obligación de
legislar teniendo como guía el bien común. No es propio de este país y en este momento hurtar al Parlamento de estos debates. La soberanía de este Parlamento radica en el uso de nuestras competencias constitucional, legal y reglamentariamente
establecidas. Por todo lo dicho, señora presidenta, mi grupo votará en contra de todas las enmiendas. Les cito en la ponencia para tener un debate constructivo sobre la reforma del Poder Judicial.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Aranda. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Señorías, votaremos en tres minutos. Les recuerdo que solamente podrán votar desde el escaño que les corresponde, identificado con su nombre en la pantalla. Asimismo, les recuerdo que aquellas señorías que han sido autorizadas para emitir
su voto por el procedimiento telemático no pueden hacerlo desde su escaño.
Muchas gracias. (Pausa).
CONVALIDACIÓN O DEROGACIÓN DE REALES DECRETOS-LEYES. (VOTACIÓN):
- REAL DECRETO-LEY 38/2020, DE 29 DE DICIEMBRE, POR EL QUE SE ADOPTAN MEDIDAS DE ADAPTACIÓN A LA SITUACIÓN DE ESTADO TERCERO DEL REINO UNIDO DE GRAN BRETAÑA E IRLANDA DEL NORTE TRAS LA FINALIZACIÓN DEL PERIODO TRANSITORIO PREVISTO EN EL
ACUERDO SOBRE LA RETIRADA DEL REINO UNIDO DE GRAN BRETAÑA E IRLANDA DEL NORTE DE LA UNIÓN EUROPEA Y DE LA COMUNIDAD EUROPEA DE LA ENERGÍA ATÓMICA, DE 31 DE ENERO DE 2020. (Número de expediente 130/000038).
La señora PRESIDENTA: Señorías, procedemos a votar.
Convalidación o derogación de reales decretos-leyes: Real decreto-ley 38/2020, de 29 de diciembre, por el que se adoptan medidas de adaptación a la situación de Estado tercero del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte tras la
finalización del periodo transitorio previsto en el Acuerdo sobre la retirada del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte de la Unión Europea y de la Comunidad Europea de la Energía Atómica, de 31 de enero de 2020.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 105 más 243 votos telemáticos, 348; a favor, 105 más 221 votos telemáticos, 326; abstenciones, 21 votos telemáticos.
La señora PRESIDENTA: Queda convalidado el real decreto-ley.
Se ha solicitado la tramitación de este real decreto-ley como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia, por lo que procedemos a votar dicha solicitud.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 105 más 243 votos telemáticos, 348; a favor, 64 más 185 votos telemáticos, 249; en contra, 40 más 54 votos telemáticos, 94; abstenciones, 1 más 4 votos telemáticos, 5.
La señora PRESIDENTA: Por tanto, se tramita como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia.
- REAL DECRETO-LEY 36/2020, DE 30 DE DICIEMBRE, POR EL QUE SE APRUEBAN MEDIDAS URGENTES PARA LA MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y PARA LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA. (Número de expediente
130/000040).
La señora PRESIDENTA: Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 105 más 243 votos telemáticos, 348; a favor, 64 más 106 votos telemáticos, 170; en contra, 40 más 86 votos telemáticos, 126; abstenciones, 1 más 51 votos telemáticos, 52.
La señora PRESIDENTA: Queda convalidado el real decreto-ley.
Se ha solicitado la tramitación de este real decreto-ley como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia, por lo que procedemos a votar dicha solicitud.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 105 más 243 votos telemáticos, 348; a favor, 105 más 241 votos telemáticos, 346; en contra, 1 voto telemático; abstenciones, 1 voto telemático.
La señora PRESIDENTA: Por tanto, se tramita como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia.
- REAL DECRETO-LEY 35/2020, DE 22 DE DICIEMBRE, DE MEDIDAS URGENTES DE APOYO AL SECTOR TURÍSTICO, LA HOSTELERÍA Y EL COMERCIO Y EN MATERIA TRIBUTARIA. (Número de expediente 130/000036).
La señora PRESIDENTA: Real Decreto-ley 35/2020, de 22 de diciembre, de medidas urgentes de apoyo al sector turístico, la hostelería y el comercio y en materia tributaria.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 105 más 242 votos telemáticos, 347; a favor, 105 más 183 votos telemáticos, 288; en contra, 5 votos telemáticos; abstenciones, 54 votos telemáticos.
La señora PRESIDENTA: Queda convalidado el real decreto-ley.
Se ha solicitado la tramitación de este real decreto-ley como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia, por lo que procedemos a votar dicha solitud.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 105 más 243 votos telemáticos, 348; a favor, 105 más 240 votos telemáticos, 345; en contra, 1 voto telemático; abstenciones, 2 votos telemáticos.
La señora PRESIDENTA: Por lo tanto, se tramita como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia.
- REAL DECRETO-LEY 37/2020, DE 22 DE DICIEMBRE, DE MEDIDAS URGENTES PARA HACER FRENTE A LAS SITUACIONES DE VULNERABILIDAD SOCIAL Y ECONÓMICA EN EL ÁMBITO DE LA VIVIENDA Y EN MATERIA DE TRANSPORTES. (Número de expediente 130/000037).
La señora PRESIDENTA: Real Decreto-ley 37/2020, de 22 de diciembre, de medidas urgentes para hacer frente a las situaciones de vulnerabilidad social y económica en el ámbito de la vivienda y en materia de transportes.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 105 más 243 votos telemáticos, 348; a favor, 65 más 133 votos telemáticos, 198; en contra, 40 más 106 votos telemáticos, 146; abstenciones, 4 votos telemáticos.
La señora PRESIDENTA: Queda convalidado el real decreto-ley.
Se ha solicitado la tramitación de este real decreto-ley por el procedimiento de urgencia, por lo que procedemos a votar dicha solicitud.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 105 más 243 votos telemáticos, 348; a favor, 105 más 239 votos telemáticos, 344; en contra, 2 votos telemáticos; abstenciones, 2 votos telemáticos.
La señora PRESIDENTA: Se tramita como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia.
- REAL DECRETO-LEY 39/2020, DE 29 DE DICIEMBRE, DE MEDIDAS FINANCIERAS DE APOYO SOCIAL Y ECONÓMICO Y DE CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DE SENTENCIAS. (Número de expediente 130/000039).
La señora PRESIDENTA: Real decreto-ley 39/2020, de 29 diciembre, de medidas financieras de apoyo social y económico y de cumplimiento de la ejecución de sentencias.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 105 más 242 votos telemáticos, 347; a favor, 105 más 209 votos telemáticos, 314; en contra, 17 votos telemáticos; abstenciones, 16 votos telemáticos.
La señora PRESIDENTA: Por lo tanto, queda convalidado el real decreto-ley.
Se ha solicitado también la tramitación de este real decreto-ley como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia, por lo procedemos a votar dicha solicitud.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 105 más 242 votos telemáticos, 347; a favor, 105 más 235 votos telemáticos, 340; en contra, 5 votos telemáticos; abstenciones, 2 votos telemáticos.
La señora PRESIDENTA: Por lo tanto, se tramita como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia.
DEBATES DE TOTALIDAD DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS. (VOTACIÓN):
- PROPOSICIÓN DE LEY ORGÁNICA POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY ORGÁNICA 6/1985, DE 1 DE JULIO, DEL PODER JUDICIAL, PARA EL ESTABLECIMIENTO DEL RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE AL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL EN FUNCIONES. (Número de expediente
122/000109).
La señora PRESIDENTA: Debates de totalidad de iniciativas legislativas. Proposición de ley orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, para el establecimiento del régimen jurídico aplicable al
Consejo General del Poder Judicial en funciones.
Enmienda a la totalidad de texto alternativo a la proposición de ley orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, para el establecimiento del régimen jurídico aplicable al Consejo General del Poder Judicial en funciones, presentada
por el Grupo Parlamentario VOX.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 105 más 242 votos telemáticos, 347; a favor, 1 más 67 votos telemáticos, 68; en contra, 104 más 174 votos telemáticos, 278; abstenciones, 1 voto telemático.
La señora PRESIDENTA: En consecuencia, queda rechazada la enmienda a la totalidad de texto alternativo.
Enmienda a la totalidad de texto alternativo presentada por el Grupo Parlamentario Plural, señor Alonso-Cuevillas i Sayrol.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 104 más 243 votos telemáticos, 347; a favor, 1 más 8 votos telemáticos, 9; en contra, 103 más 220 votos telemáticos, 323; abstenciones, 15 votos telemáticos.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada la enmienda a la totalidad de texto alternativo. (Rumores). Les pido un poco de silencio, por favor.
Enmienda a la totalidad de texto alternativo presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 105 más 243 votos telemáticos, 348; a favor, 40 más 63 votos telemáticos, 103; en contra, 65 más 179 votos telemáticos, 244; abstenciones, 1 voto telemático.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada la enmienda a la totalidad de texto alternativo.
Enmienda a la totalidad de texto alternativo presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 105 más 243 votos telemáticos, 348; a favor, 40 más 65 votos telemáticos, 105; en contra, 65 más 177 votos telemáticos, 242; abstenciones, 1 voto telemático.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada la enmienda a la totalidad de texto alternativo.
Buenas tardes. Se levanta la sesión.
Eran las seis y treinta minutos de la tarde.