Ruta de navegación
Publicaciones
DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 251, de 09/03/2023
cve: DSCD-14-PL-251
PDF
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE
Año 2023 XIV LEGISLATURA Núm. 251
PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª MERITXELL BATET LAMAÑA
Sesión plenaria núm. 242
celebrada el jueves,
9 de marzo de 2023
ORDEN DEL DÍA:
Enmiendas del Senado:
- Proyecto de Ley Orgánica del Sistema Universitario. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie A, número 111-6, de 2 de marzo de 2023. (Número de expediente 121/000111) ... (Página6)
Votación ... (Página17)
Palabras de la Presidencia ... (Página17)
Enmiendas del Senado. (Continuación):
- Proyecto de Ley de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie A, número 114-8, de 8 de marzo de 2023. (Número de expediente 121/000114) ... (Página17)
Debates de totalidad de iniciativas legislativas:
- Proyecto de Ley por la que se crea la Autoridad Administrativa Independiente de Defensa del Cliente Financiero para la resolución extrajudicial de conflictos entre las entidades financieras y sus clientes. 'BOCG. Congreso de los
Diputados', serie A, número 134-1, de 16 de diciembre de 2022. (Número de expediente 121/000134) ... (Página24)
Dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre convenios internacionales:
- Convenio del Consejo de Europa sobre el acceso a los documentos públicos, hecho en Tromsø el 18 de junio de 2009, así como Declaraciones y Reservas que España desea formular. 'BOCG. Cortes Generales', serie A, número 277, de 16 de
diciembre de 2022. (Número de expediente 110/000115) ... (Página44)
- Quinta enmienda del Protocolo de Montreal relativo a las sustancias que agotan la capa de Ozono, aprobada por la 28.ª reunión de las Partes en Kigali el 15 de octubre de 2016. 'BOCG. Cortes Generales', serie A, número 280, de 27 de enero
de 2023. (Número de expediente 110/000116) ... (Página44)
- Acuerdo entre el Reino de España y la Organización del Tratado del Atlántico Norte relativo a la cumbre de la OTAN que se celebrará en Madrid los días 28, 29 y 30 de junio de 2022, hecho en Bruselas el 20 de junio de 2022. 'BOCG. Cortes
Generales', serie A, número 281, de 27 de enero de 2023. (Número de expediente 110/000117) ... (Página44)
- Acuerdo entre el Reino de España y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) relativo a la organización de la Tercera Conferencia Mundial sobre la Educación Superior (CMES III), hecho en
París el 17 de diciembre de 2020. 'BOCG. Cortes Generales', serie A, número 282, de 27 de enero de 2023. (Número de expediente 110/000118) ... (Página45)
Propuestas no de ley. (Votación) ... (Página47)
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. (Votación) ... (Página48)
Enmiendas del Senado. (Votación):
- Votación de conjunto ... (Página50)
Debates de totalidad de iniciativas legislativas. (Votación):
- Avocación por el Pleno ... (Página52)
Dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre convenios internacionales. (Votación) ... (Página52)
SUMARIO
Se reanuda la sesión a las nueve de la mañana.
Enmiendas del Senado ... (Página6)
Proyecto de Ley Orgánica del Sistema Universitario ... (Página6)
En turno de fijación de posiciones intervienen el señor García Adanero, del Grupo Parlamentario Mixto; la señora Gorospe Elezcano, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); el señor López-Bas Valero, del Grupo Parlamentario Ciudadanos; la
señora Rosique i Saltor, del Grupo Parlamentario Republicano; los señores Pisarello Prados, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, y Fernández Hernández, del Grupo Parlamentario VOX; la señora Moro
Almaraz, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, y el señor García Morís, del Grupo Parlamentario Socialista.
Hace uso de la palabra el señor ministro de Universidades (Subirats Humet).
Votación ... (Página17)
Sometidas a votación las enmiendas al Proyecto de Ley Orgánica del Sistema Universitario, son aprobadas todas.
Palabras de la Presidencia ... (Página17)
La Presidencia informa de que al tener la iniciativa de referencia carácter orgánico ha de ser sometida a una votación final, por lo que, de conformidad con el artículo 131.2 del Reglamento, anuncia que dicha votación no se producirá antes
de las 12 h.
Asimismo, informa de que desde las 10:30 y hasta las 11:30 se podrá votar telemáticamente el resto de los asuntos incluidos en el orden del día que serán objeto de votación presencial en el hemiciclo al final de la sesión.
Enmiendas del Senado. (Continuación) ... (Página17)
Proyecto de Ley de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión ... (Página17)
En turno de fijación de posiciones intervienen las señoras Sagastizabal Unzetabarrenetxea, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), y Muñoz Vidal, del Grupo Parlamentario Ciudadanos; los señores Uriarte Torrealday, del Grupo Parlamentario
Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común; Manso Olivar, del Grupo Parlamentario VOX; Castellón Rubio, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, y Alfonso Cendón, del Grupo Parlamentario Socialista.
Hace uso de la palabra la señora la señora vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital (Calviño Santamaría).
Debates de totalidad de iniciativas legislativas ... (Página24)
Proyecto de Ley por la que se crea la Autoridad Administrativa Independiente de Defensa del Cliente Financiero para la resolución extrajudicial de conflictos entre las entidades financieras y sus clientes ...
La señora vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital (Calviño Santamaría) presenta a la Cámara el proyecto de ley de referencia.
En defensa de las enmiendas a la totalidad de devolución intervienen los señores Capdevila i Esteve, del Grupo Parlamentario Republicano, y Manso Olivar, del Grupo Parlamentario VOX.
En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Martínez Oblanca y la señora Vehí Cantenys, del Grupo Parlamentario Mixto; el señor Matute García de Jalón, del Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu; la señora Sagastizabal
Unzetabarrenetxea, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); y los señores Bal Francés, del Grupo Parlamentario Ciudadanos; Rego Candamil y Bel Accensi, del Grupo Parlamentario Plural; Guijarro García, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas
Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común; Paniagua Núñez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, y Casares Hontañón, del Grupo Parlamentario Socialista.
Hace uso de la palabra la señora vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital.
Dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre convenios internacionales ... (Página44)
Convenio del Consejo de Europa sobre el acceso a los documentos públicos, hecho en Tromsø el 18 de junio de 2009, así como Declaraciones y Reservas que España desea formular ... (Página44)
Quinta enmienda del Protocolo de Montreal relativo a las sustancias que agotan la capa de Ozono, aprobada por la 28.ª reunión de las Partes en Kigali el 15 de octubre de 2016 ... (Página44)
Acuerdo entre el Reino de España y la Organización del Tratado del Atlántico Norte relativo a la cumbre de la OTAN que se celebrará en Madrid los días 28, 29 y 30 de junio de 2022, hecho en Bruselas el 20 de junio de 2022 ...
Acuerdo entre el Reino de España y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) relativo a la organización de la Tercera Conferencia Mundial sobre la Educación Superior (CMES III), hecho en París
el 17 de diciembre de 2020 ... (Página45)
Para fijar su posición sobre determinados convenios intervienen la señora Illamola Dausà, del Grupo Parlamentario Plural; y los señores Asarta Cuevas, del Grupo Parlamentario VOX; Suárez Lamata, del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, y Gutiérrez Prieto, del Grupo Parlamentario Socialista.
Proposiciones no de ley. (Votación) ... (Página47)
Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Mixto (señor Martínez Oblanca), relativa a la puesta en servicio de todas las dependencias del Centro de Referencia Estatal para Personas con Discapacidades Neurológicas
(Credine), con la incorporación de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Socialista y el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, se aprueba por 334 votos a favor y 11 abstenciones.
Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a impulsar la adaptación de la biodiversidad frente al cambio climático, se aprueba por 289 votos a favor, 52 en contra y 6 abstenciones.
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. (Votación) ... (Página48)
Sometida a votación la enmienda transaccional presentada por el Grupo Parlamentario Socialista y el Grupo Parlamentario Republicano a la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Republicano, sobre un nuevo sistema
de financiación basal que redunde en el fortalecimiento de los centros de investigación y desarrollo, se aprueba por 289 votos a favor y 58 abstenciones.
Sometida a votación separada por puntos la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para que el Gobierno informe sobre los últimos acuerdos adoptados y compromisos adquiridos por España en
el seno de la Unión Europea y de la Organización del Tratado del Atlántico Norte en relación con el apoyo militar a Ucrania, se aprueban todos excepto el punto Primero.3.
Sometida a votación por puntos la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario VOX, sobre las medidas que va a adoptar el Gobierno para proteger a quienes no puedan adquirir un vehículo nuevo ante la prohibición de la
venta de coches de combustión a partir de 2035, son rechazados todos.
Enmiendas del Senado. (Votación) ... (Página50)
Votación de conjunto ... (Página50)
Sometido a votación de conjunto el Proyecto de Ley Orgánica del Sistema Universitario, por tener la iniciativa carácter orgánico, se aprueba por 182 votos a favor, 157 en contra y 8 abstenciones.
Sometidas a votación las enmiendas al Proyecto de Ley de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión, son aprobadas todas excepto la presentada al artículo 5.
Debates de totalidad de iniciativas legislativas. (Votación) ... (Página51)
La Presidencia informa de que el Grupo Parlamentario Republicano ha retirado su enmienda a la totalidad de devolución al Proyecto de Ley por la que se crea la Autoridad Administrativa Independiente de Defensa del Cliente Financiero para la
resolución extrajudicial de conflictos entre las entidades financieras y sus clientes.
Sometida a votación la enmienda a la totalidad de devolución presentada por el Grupo Parlamentario VOX al Proyecto de Ley por la que se crea la Autoridad Administrativa Independiente de Defensa del Cliente Financiero para la resolución
extrajudicial de conflictos entre las entidades financieras y sus clientes, se rechaza por 54 votos a favor, 194 en contra y 99 abstenciones.
Avocación por el Pleno ... (Página52)
Sometida a votación la solicitud de avocación por el Pleno de la Cámara de la deliberación y votación final del proyecto de ley, presentada por el Grupo Parlamentario Plural, señor Bel Accensi, se aprueba por 344 votos a favor y 3
abstenciones.
Dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre convenios internacionales. (Votación) ... (Página52)
Convenio del Consejo de Europa sobre el acceso a los documentos públicos, hecho en Tromsø el 18 de junio de 2009, así como Declaraciones y Reservas que España desea formular ... (Página52)
Quinta enmienda del Protocolo de Montreal relativo a las sustancias que agotan la capa de Ozono, aprobada por la 28.ª reunión de las Partes en Kigali el 15 de octubre de 2016 ... (Página52)
Acuerdo entre el Reino de España y la Organización del Tratado del Atlántico Norte relativo a la cumbre de la OTAN que se celebrará en Madrid los días 28, 29 y 30 de junio de 2022, hecho en Bruselas el 20 de junio de 2022 ...
Acuerdo entre el Reino de España y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) relativo a la organización de la Tercera Conferencia Mundial sobre la Educación Superior (CMES III), hecho en París
el 17 de diciembre de 2020 ... (Página52)
Sometidos a votación los convenios internacionales de referencia, son aprobados todos.
Se levanta la sesión a la una y quince minutos de la tarde.
Se reanuda la sesión a las nueve de la mañana.
ENMIENDAS DEL SENADO:
- PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DEL SISTEMA UNIVERSITARIO. (Número de expediente 121/000111).
La señora PRESIDENTA: Muy buenos días, señorías.
Se reanuda la sesión. Comenzamos con las enmiendas aprobadas por el Senado al Proyecto de Ley Orgánica del Sistema Universitario. Les recuerdo que, finalizado este debate, se votarán las enmiendas correspondientes a esta iniciativa.
En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor García Adanero. (Rumores).
El señor GARCÍA ADANERO: Gracias, presidenta.
Señorías, buenos días. (Rumores).
La señora PRESIDENTA: Perdón, señor García.
Señorías, por favor, ocupen sus escaños y mantengan silencio.
El señor GARCÍA ADANERO: Gracias, señora presidenta.
La verdad es que estamos ante una oportunidad perdida para regular mejor el funcionamiento de las universidades en España. En todo caso, agradezco que esté el ministro en sede parlamentaria, cosa que no es habitual, y, por lo tanto, ya que
está, que aparece por aquí -no es que no sea habitual que no venga usted, que no lo es, sino, en general, cualquier miembro del Gobierno-, le agradezco la presencia en el debate de esta ley de universidades.
Como decía, es una oportunidad perdida porque usted decía en su momento que esta tenía que ser una ley que sirviera al conjunto de las universidades españolas para varios años. Es evidente que, con el apoyo que va a tener esta ley, eso no
va a ser una realidad y, una vez más, en vez de poner las bases en temas de educación para desarrollar una política educativa, también en el espacio universitario, que sirva para hacer que las universidades sean un motor en España -que hay
capacidad, tanto en las universidades como en la sociedad española, para tener unas universidades punteras en el mundo si se hiciera bien-, volvemos al sectarismo, volvemos al regate corto y a pactar con aquellos que tienen como objetivo unas cosas
muy concretas, pero, desde luego, no el bienestar del conjunto de los españoles ni que las universidades españolas sean punteras en el mundo.
Así, aparecen leyes como esta, que no han satisfecho a nadie en la comunidad educativa; podemos leer lo que han dicho los rectores al respecto. Tampoco, las comunidades autónomas que, al final, son las que pagan las universidades, son las
que ponen el presupuesto -muy importante- de las universidades, pero una vez más se las deja de la mano. El Gobierno de España -en este caso, el Congreso- va a regular una financiación que luego lo tiene que pagar otro, como son las comunidades,
sin darles participación y sin tener en cuenta qué es lo que piensan ellas al respecto. Por lo tanto, oportunidad perdida para el régimen universitario en España.
Y luego, una vez más, aparece el sectarismo propio que hace este Gobierno, que no sé si ha sido suficiente para que aquellos partidos nacionalistas secesionistas que habitualmente le prestan su apoyo lo hagan otra vez -ya veremos, entiendo
que sí-, pero es evidente que no se busca la libertad del conjunto de los estudiantes o la libertad de expresión, sino solo de aquellos que interesan al Gobierno. Se pretende que los claustros o que, en este caso, los órganos de gobierno se
manifiesten en cuestiones que van más allá de la vida universitaria, con el objetivo de ponerlos al servicio, también, de causas políticas. Ese no debe ser el objetivo de una universidad.
También, nos ha llamado la atención -y tenemos que denunciarlo, desde luego- el comportamiento que ha tenido el propio ministro cuando, ante ataques tremendos a la libertad de expresión que se están produciendo en las universidades españolas
y ante el ataque tremendo a poder estudiar o acudir a los centros educativos -en este caso, a los centros universitarios-, por parte del ministerio no se dice nada; todo lo contrario, se dice que eso es libertad de expresión cuando vemos imágenes
que son más de guerrilla urbana que de libertad de expresión, y el propio ministerio se pone del lado de aquellos que impiden el acceso a la universidad a muchos estudiantes que quieren seguir con sus clases con normalidad. Eso, desde luego, hay
que denunciarlo, es una aberración. No es de recibo que poder acudir a las universidades españolas a dar conferencias dependa de si uno va a poner bien al Gobierno o lo va a criticar. Eso es una auténtica barbaridad y está ocurriendo. Esto
ocurrió el otro día en Madrid y usted lo sabe. Se impide la libertad de expresión de aquellas personas que saben que, en su libertad de expresión, no van a poner en buen lugar al Gobierno. Eso se impide y se dan órdenes para que no se lleve a
cabo. El otro día pasó en Madrid, en un homenaje a las víctimas del terrorismo de ETA. Ayer mismo, en Cataluña, los estudiantes no pudieron acudir a las aulas porque se les impidió la entrada, se cerraron las puertas de la universidad, y a usted
eso le parece bien, le parece normal y le parece que es algo que forma parte de la libertad de expresión de aquellos alumnos de la universidad -en este caso, en Barcelona- que decidieron que otros alumnos no podían acudir a clase. Y usted defiende
a los que hicieron las barricadas, a los que impidieron el acceso y a los que llegan a la agresión hacia aquellos que quieren acudir. Eso es otra barbaridad. Esta ley no solo no soluciona eso, sino que facilita esas cuestiones.
Por lo tanto, leyes tan sectarias como estas no solucionan los verdaderos problemas, como es la relación de la universidad con los puestos de trabajo, con la industria. Tampoco se habla de la financiación más allá de la financiación
pública, es decir, de otros medios de financiación como tienen todas las universidades en el mundo. Los problemas de profesorado, etcétera, tampoco se solucionan y, encima, se facilita que aquellos que quieren impedir el acceso normal a la
universidad, aquellos que quieren hacer política en la universidad, estén más seguros y más tranquilos que nunca. Por lo tanto, el voto lógicamente será en contra.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor García.
Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra la señora Gorospe Elezcano.
La señora GOROSPE ELEZCANO: Gracias, presidenta.
Si me permite, intervendré desde el escaño. Buenos días a todas y a todos. Buenos días, ministro.
En nombre del Grupo Parlamentario Vasco, EAJ-PNV, sí hacemos una valoración positiva de esta ley orgánica que, definitivamente, aprobaremos hoy. Es una ley orgánica marco. No es, evidentemente, nuestra ley, no es la ley de nuestros
sistemas universitarios, pero no impide y, además, permite el desarrollo normativo de los distintos sistemas universitarios. Esa era una de las peticiones que nosotros le formulábamos desde el inicio, cuando nos aproximamos a este debate. Además,
incorpora avances significativos. Hemos tenido oportunidad de defender todos estos avances en distintos momentos, en Comisión, en el Pleno en el Congreso, en el Senado. Solo por recordar algunos de ellos -a modo de resumen-, para nosotros es
especialmente importante que las comunidades autónomas conectadas con otras regiones europeas a través de eurorregiones vean reforzadas sus competencias en el ámbito de la
cooperación transfronteriza. Es algo muy relevante, algo que cada vez adquiere más importancia dentro del contexto del espacio europeo de enseñanzas superiores.
En segundo lugar, por ejemplo, el ámbito universitario. Para nosotros, es muy importante que se constituya un espacio de normalización lingüística mediante la promoción de las lenguas oficiales de los territorios, no limitándose únicamente
a la promoción, sino que, además, refuerce también la difusión y el aprendizaje en el ámbito académico, en el ámbito de la transmisión académica.
Además -algo que nosotros hemos estado peleando junto con otros grupos parlamentarios-, las agencias de evaluación de las comunidades autónomas avanzan hacia la perspectiva y el refuerzo como agencias europeas con competencias plenas. Se
avanza, además, y se apalancan las competencias autonómicas en ámbitos muy importantes para nosotros, como la posibilidad de tener programas de becas y ayudas propias o la posibilidad de establecer los precios máximos.
Hablábamos también de avances significativos para el personal laboral permanente, que ve ampliada su posición, su huella en las universidades, reconociendo la capacidad de este colectivo, por ejemplo, para el acceso a otros niveles de
gobernanza. Se introduce, además, la mención expresa de la formación dual, algo que es una realidad ya extendida e incorporada en el ámbito de las universidades vascas y que se incorpora en el texto de la ley.
Además, dentro de ese ámbito de la formación permanente que se incorporaba en el proyecto y que está incorporado en la ley, para nosotros es muy importante que se incluya que las personas que no posean ninguna titulación previa universitaria
habilitante para acceder a las titulaciones de formación permanente y puedan acreditar una formación laboral o profesional con un nivel competencial equivalente a la formación universitaria puedan acceder a enseñanzas universitarias de formación
permanente mediante un procedimiento de reconocimiento de la experiencia profesional. Hay muchas personas en Euskadi, en Navarra y en todo el Estado que no tienen una formación universitaria previa, pero sí tienen una formación equivalente en el
ámbito laboral, en el ámbito profesional y quieren seguir reforzando su formación, y van a tener posibilidades.
Desde luego, hablando en representación del Grupo Vasco, EAJ-PNV, nosotros indudablemente necesitábamos que el ámbito competencial se viera expresamente respetado, reconocido, recogido, y así ha sido. Consideramos que hay una separación
nítida de las competencias de cada una de las partes y también de la autonomía universitaria.
Por todo esto, y por más cosas, seguirán contando con nuestro apoyo. Ahora lo veremos, tenemos un largo horizonte de desarrollo. Nos ofrecemos a trabajar con el ministerio, como ya hemos hecho en la elaboración de esta ley. Creo que ha
sido una oportunidad que hemos aprovechado para hacer un trabajo colaborativo y nos ofrecemos a seguir en esta línea en el desarrollo de la ley.
Gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Gorospe.
Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor López-Bas Valero.
El señor LÓPEZ-BAS VALERO: Gracias, señora presidenta.
Buenos días, señorías, buenos días, señor Subirats.
Vuelve a este Pleno la Ley Orgánica del Sistema Universitario y vuelve del Senado con enmiendas de carácter transitorio para adaptar la situación en la que queda el personal docente e investigador permanente, la cobertura de plazas de
personal docente e investigador y la adaptación de figuras de personal docente e investigador laboral, principalmente. Son enmiendas que, a nuestro entender, no solucionan el problema, son realmente un pequeño parche para un gran descosido, y ese
gran descosido creemos que es la propia Ley Orgánica del Sistema Universitario porque, desgraciadamente, el debate de estas enmiendas del Senado no es el que necesita la universidad española, y de nuevo se pospone para una nueva ocasión. Creemos
que es una lástima porque, en todo caso, hemos perdido mucho tiempo. Yo tengo que agradecer el diálogo del propio ministerio, pero las posiciones -esa es la base de la democracia- son encontradas y no hemos llegado a ese acuerdo que creíamos
necesario. Esto va a suponer de nuevo retrasar esa solución para quienes se forman, quienes investigan y quienes trabajan en la universidad española.
La realidad es que creemos que no hemos logrado avanzar en conseguir una universidad abierta, libre en el pensamiento, tolerante en el debate y en la confrontación de ideas y, sobre todo, respetuosa con esos principios y valores liberales de
nuestro propio sistema democrático, que creemos que son bandera, además, de la propia universidad española. Es más, tampoco hemos sabido estar a la altura del talento que hoy existe en nuestros investigadores, en nuestros docentes y el que queremos
para nuestros
estudiantes en el futuro. No es la ley que va a romper la brecha entre la docencia y la empresa, entre la investigación y el marco laboral, porque no ha sabido o no ha querido tender puentes efectivos para que nuestros egresados
universitarios tengan un acceso rápido, fácil, flexible y acorde con su formación a un mercado laboral cada vez más complejo.
Es cierto que desde el primer momento nosotros estuvimos con el ánimo de aportar a este proyecto de ley para detectar tanto el talento universitario en docentes investigadores como en estudiantes, para permitirles ese acceso laboral más ágil
al mercado, para dotar a la universidad de una mayor transparencia y acabar con modelos de endogamia que ya están totalmente desactualizados y que siguen siendo un lastre para nuestra universidad y, sobre todo, para devolver a la universidad un
valor fundamental de neutralidad institucional y de garantía pacífica de ideas. Creemos que, desgraciadamente, no es ese el resultado de esta ley. No han incorporado nuestras aportaciones para combatir el plagio, asegurar la publicación de las
investigaciones o mejorar la responsabilidad ética de los cargos en las universidades. No han interesado tampoco las propuestas para que los rectores puedan proceder de cualquier sector social o económico, además del académico, y que tengan que
demostrar su valía y su capacidad de gestión de instituciones educativas. Tampoco ha habido interés en facilitar la internacionalización efectiva de nuestro sistema universitario y acelerar los procesos de homologación y reconocimiento de títulos y
capacidades. Y no hemos asegurado la gran asignatura pendiente en materia universitaria, como es la financiación, es una pregunta que sigue sin estar respondida. Tampoco ha habido interés en establecer unos criterios únicos para esas agencias de
evaluación, que respetamos dentro de los ámbitos universitarios y, sobre todo, de las comunidades autónomas, pero que creemos que deben contar con unos sistemas de evaluación homologados y únicos para garantizar la igualdad en toda España.
Pero sobre todo no hemos podido garantizar -yo creo que todo lo contrario- que las universidades no se conviertan en meros instrumentos partidistas de movimientos populistas, nacionalistas o radicales que van a poder vetar en los campus o
incluso hasta expulsar de los mismos a quienes no compartan determinados posicionamientos políticos. Se ha preferido, sobre todo -señorías que han apoyado en este tema al Gobierno- fragmentar nuestra universidad, renunciando a la posibilidad de
ponerla a la vanguardia de Europa y del mundo. Y lo han hecho, además, simplemente por un interés partidista, sin pensar en lo que la universidad como institución exige y lo que España requiere de la propia universidad y de sus miembros.
Por tanto, creemos que este es un debate que hoy ya no tiene validez alguna, no es el que la universidad requiere y exige, no es el que lleva muchos años esperando y, desde luego, no es el que hemos querido o sabido darle. Creemos,
sinceramente, que hemos condenado a futuras generaciones a volver a esperar a ese sistema universitario nuevo y ágil, y no un sistema caduco, ineficiente y fácilmente manipulable que vuelve a perder la oportunidad de ser un verdadero motor de
nuestra sociedad. Creemos que es una pena que tengamos o vayamos a tener la universidad que nos merecemos, porque no hemos sabido darle a la universidad todo aquello que la universidad merece.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor López-Bas.
Por el Grupo Parlamentario Republicano, tiene la palabra la señora Rosique i Saltor.
La señora ROSIQUE I SALTOR: Bon dia. Gracias, presidenta.
A menudo nos preguntan si somos útiles. Déjenme hoy compartir con ustedes algunos ejemplos de cómo de útiles podemos llegar a ser. Con trece diputados y diputadas y con catorce senadores y senadoras en esta ley, en la Ley Orgánica del
Sistema Universitario, hemos conseguido incorporar más de 150 enmiendas que han mejorado sensiblemente el texto. Y se preguntarán qué conseguimos con todas ellas, cómo impacta cada una de estas enmiendas en los sistemas universitarios. Pues
conseguimos garantías para los estudiantes, conseguimos garantizar el derecho al paro académico, es decir, un derecho de huelga para el estudiantado que, a día de hoy, no existía. Conseguimos garantizar el derecho a compatibilizar los estudios con
el asociacionismo estudiantil. Conseguimos garantizar el derecho a conocer en sus planes de estudio la lengua de impartición de la materia para luego permitirles exigir que se cumpla lo acordado. Conseguimos garantizar que el estudiantado pueda
compatibilizar sus estudios con el trabajo; hasta que la universidad no sea gratuita, no nos dejan otra opción. Conseguimos garantizar que se promuevan programas como Erasmus+ en catalán. (Rumores). Y conseguimos garantizar que existan
defensorías universitarias en las universidades privadas.
La señora PRESIDENTA: Señorías, silencio por favor.
La señora ROSIQUE I SALTOR: Gracias, presidenta.
Conseguimos garantías para el PDI y el PTGAS. Conseguimos garantizar la equiparación de los derechos y deberes de los laborales con los funcionarios, algo importante que hasta ahora suponía una clara injusticia dentro de la universidad.
Conseguimos garantizar que los laborales puedan ser también rectores. Conseguimos que se elimine por fin la tasa de reposición y que un profesor asociado sea un profesor asociado de verdad, no una falsa vía de entrada a la universidad. Conseguimos
garantizar procesos de estabilización y el reconocimiento del PTGAS contratado. Conseguimos garantizar que las y los psicólogos migrantes puedan por fin homologar sus títulos. Gracias (dirigiéndose a la tribuna de invitados) también por estar hoy
aquí con nosotros. Conseguimos garantías para las universidades públicas catalanas. Conseguimos garantizar una financiación vinculada también por fin a la lengua catalana. Conseguimos garantizar que se puedan analizar y debatir temas de
actualidad por ley. Sí, analizar y debatir, síntomas de una democracia. Lo mismo que hoy estamos haciendo aquí, lo mismo que pueden y deben hacer los ciudadanos también en la calle, lo mismo que se debe hacer también, evidentemente, en la
universidad, una institución democrática, una institución que debe velar por los valores democráticos. Conseguimos garantizar que no puedan crearse universidades privadas ad hoc de una sola rama y garantizar la calidad de las universidades
privadas. Conseguimos garantías para el modelo catalán, que es el que nosotros defendemos. Conseguimos garantizar que la ANECA desarrolle convenios de reconocimiento con la ACCO y garantizar que sea inevitable que se acabe desarrollando el modelo
laboral catalán; garantizar el modelo de selección catalán y el modelo de excelencia Serra Húnter; garantizar las competencias de las universidades y las autonomías, incluso aumentándolas en algunos casos, como en los precios públicos; garantizar
el modelo de unidades de igualdad y no discriminación catalán, las denominaciones propias del modelo universitario catalán; garantizar la viabilidad de los centros de investigación catalanes y garantizar que puedan desarrollarse universidades
específicas, como el Campus de les Arts. Hemos garantizado que todo ello se incorporara por ley, ahora es trabajo del Gobierno conseguir que lo que está en la ley se llegue a cumplir.
En el Senado, a propuesta de nuestro grupo parlamentario, se han introducido diversas disposiciones transitorias relativas a cuestiones como los concursos para la cobertura de plazas de personal docente e investigador o el régimen de
dedicación del PDI permanente. Unas disposiciones que básicamente otorgan a las universidades más tiempo para poder implementar esta ley y que otorgan seguridad jurídica a las nuevas normas sobre requisitos de los rectores y de los profesores
colaboradores indefinidos. Además, también a propuesta de nuestro grupo parlamentario, el Gobierno deberá presentar en seis meses, es decir, antes de que acabe esta legislatura, el proyecto de ley del estatuto del PDI.
¿Es esta nuestra ley? Lo dijimos en la última ocasión: evidentemente no. Esta no es nuestra ley ni lo será nunca, por mucho que sea perfecta. No lo es porque nuestra ley es la catalana y no lo es porque en la raíz de este Estado está un
modelo de centralización profundo que nos ha impedido poder acabar de una vez con la mayoría del funcionariado de las universidades.
Los modelos que funcionan se deben copiar, no obviarlos o apartarlos. Esa debería ser la forma de actuar siempre en este Congreso. Eso es lo que hemos intentado hacer con esta ley y en eso hemos trabajado distintos grupos parlamentarios.
Creo honestamente que se ha ido en esta dirección. Ojalá presten atención a esta forma de actuar y podamos repetirla en otras ocasiones.
Gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Rosique.
Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, tiene la palabra el señor Pisarello Prados.
El señor PISARELLO PRADOS: Gracias, presidenta. Ministro.
La antipolítica se alimenta de la idea de que la democracia representativa no sirve para nada y que solo consiste en que los políticos y las políticas discutan sin resolver los problemas concretos de la gente. Por eso me parece importante
insistir hoy aquí en que, a pesar de una pandemia, de la guerra y de los augurios apocalípticos de las derechas, hay una mayoría progresista y plurinacional en esta Cámara que lleva aprobadas ya más de cien leyes durante esta legislatura. No hay
ningún país de nuestro entorno en Europa que pueda exhibir una actividad legislativa consensuada en favor de las mayorías sociales en una situación tan dura, tan excepcional y en tan poco tiempo, y sin embargo, a pesar de las dificultades, aquí lo
hemos conseguido. Ha habido en esta Cámara una mayoría progresista que ha mejorado pensiones, que ha subido el salario mínimo de 735 a 1080 euros, que ha puesto topes al gas, que ha aprobado
impuestos a las grandes energéticas y a la banca y decenas de cosas más. Y esa mayoría, después de veinte años de privatizaciones y de desfinanciación, aprobará hoy una ley que refuerza el carácter público de la universidad, que mejora su
calidad y que la hace más democrática y más accesible.
Son hechos y no palabras que la dotación de becas para estudiantes de clase trabajadora sea hoy la más alta de la historia, con 2500 millones de euros. Son hechos y no palabras que esas becas permitirán que cientos de miles de jóvenes de
origen modesto no abandonen la universidad, mientras el Gobierno de Ayuso sigue otorgando de manera indecente becas públicas en centros privados a familias que ganan más de 100 000 euros. Son hechos también que, a diferencia de lo que ocurría en
los años del ministro Wert del Partido Popular, por fin se haya puesto límite a los precios públicos, bajando la matrícula de grado e impidiendo que suban las de los másteres. Son hechos también que, después de décadas de privatización, se haya
conseguido mejorar de forma sustancial los derechos laborales del profesorado asociado, reduciendo la temporalidad y estableciendo vías claras para su estabilización.
Ya era hora, señorías, de que de una vez por todas se comenzara a poner coto al negocio de las universidades privadas sin calidad académica, propiciado por el decreto del Partido Popular del año 2015. Ya era hora de que, gracias a ese
cambio, se vea como una vergüenza además de como un fraude de ley, que el Gobierno de Juan Manuel Moreno en Andalucía siga autorizando universidades negocio con informes en contra.
Son hechos concretos que, en la línea de lo que pedían aquellos estudiantes que se movilizaban contra una aplicación tecnocrática del Plan Bolonia, se haya optado por una gobernanza democrática que refuerza el derecho a la participación y a
la crítica del estudiantado y que incorpora a toda la comunidad universitaria en su diversidad en el gobierno de la universidad. (Aplausos). Son hechos concretos que, en la línea de lo que pedían cientos de miles de mujeres ayer en las calles de
todo el Estado, la universidad se plantee por primera vez acabar con el acoso sexual, con la segregación por estereotipo de género y con la brecha salarial entre mujeres y hombres, y que eso se haga aunque haga rabiar al partido que presentó su
moción de censura con la foto rancia y testosterónica de los doce jinetes del Apocalipsis. Por una razón simple, porque, a pesar de ellos y de su constante blanqueo de la violencia machista, no vamos a renunciar a tener más científicas como la
bioquímica Margarita Salas, como la bióloga molecular María Blasco o como la oceanógrafa Josefina Castellví. Y de la misma manera que no vamos a renunciar a tener una universidad más feminista, tampoco vamos a renunciar a incorporar en la
universidad el talento y el esfuerzo de las personas migrantes, y que eso se haga aunque indigne a una ultraderecha que atrae a terraplanistas, antivacunas y negacionistas de todo tipo. Por una razón sencilla, porque, a pesar de ellos, esta
convicción permitió que durante la pandemia se incorporaran al sistema sanitario 4300 personas migrantes en trabajos de medicina, de enfermería o de fisioterapia que fueron claves para salvar vidas, para cuidar y para mantener a la sociedad en pie.
(Rumores).
La señora PRESIDENTA: Señor Pisarello, perdone un momento, por favor.
Señorías, les pido silencio, por favor. Si quieren mantener conversaciones, salgan del hemiciclo, pero no las mantengan dentro del hemiciclo.
El señor PISARELLO PRADOS: Ya les hemos oído decir en este Congreso que esta ley rompe España, pero hay que decirlo claro, lo que rompe la sociedad no es la conquista de derechos, son las políticas privatizadoras y precarizadoras que el
Partido Popular y VOX defienden sin tapujos. Lo que rompe la sociedad no es el reconocimiento de la diversidad nacional y del carácter plurilingüe del Estado y del sistema universitario que está constitucionalmente previsto, lo que la rompe es que
haya algunos que quieran hacer de la universidad una suerte de sede de la Inquisición en la que el cardenal Belarmino de turno se dedique a extirpar el pluralismo y a silenciar a su antojo a los Giordano Bruno y a los Galileo de turno.
Cuando se acabe esta legislatura, la mayoría plural de esta Cámara podrá decir que, después de décadas, se derogó un decreto franquista sobre el orden público que databa de 1954 y que la memoria democrática comenzó a entrar con naturalidad
en las universidades públicas. A pesar de aquellos que todavía hoy ensalzan al Millán-Astray que amenazó cobardemente a don Miguel de Unamuno en el Paraninfo de Salamanca al grito de 'Muera la intelectualidad traidora' (un señor diputado:
¡Falso!), solo una universidad comprometida con la libertad ideológica, con la libertad de crítica y con los derechos humanos está en condiciones de alumbrar conocimiento creativo y transformador. ¿Queda mucho por hacer? Claro que sí, sin duda
todo es perfectible y siempre podría haberse avanzado más aún, pero también todo es reversible y por eso hay que saber reivindicar lo que hoy estamos conquistando. Sin el
apoyo de la comunidad universitaria, de las autoridades autonómicas y de los estamentos sindicales y estudiantiles no hubiera sido posible; tampoco sin la persistente voluntad reformista y republicana de los ministros Manuel Castells y Joan
Subirats, maestros y universitarios ejemplares, así como de todo el equipo del ministerio. (Aplausos).
No son solo palabras, señorías, son ya más de cien leyes que van a cambiar y que ya están cambiando la vida de la gente en común: en trabajo, en educación, en igualdad, en transición energética, en cultura, en ciencia y, a partir de hoy,
también en universidades. Ni nosotros ni la inmensa mayoría de esta sociedad podemos permitirnos que la universidad sea un negocio de unos pocos o un cuartel en mano de posiciones cavernarias y retrógradas. Cuidemos, pues, las mayorías
progresistas y plurales que nos han permitido llegar hasta aquí y aprendamos de movimientos como el feminista que, a pesar de tenerlo todo en contra, ayer inundó las calles y volvió a dar una lección de unión en su diversidad en defensa de lo
conseguido y con exigencias de cambio en el horizonte. Se puede, señorías, se ha podido; persistiendo, eso sí, y siendo conscientes, como dejó dicho Max Weber, de que lo posible solo se consigue si dentro y fuera de las instituciones se pugna por
lo imposible una y otra vez.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Pisarello.
Por el Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra el señor Fernández Hernández. (Aplausos).
El señor FERNÁNDEZ HERNÁNDEZ: Gracias, presidenta.
Señorías, con este proyecto de ley del sistema universitario la izquierda ha puesto el punto de mira en la universidad. La izquierda no ha dejado sector social ni económico al que atacar; no ha dejado ninguno. El señor Pisarello decía
antes: hemos aprobado más de cien leyes en esta legislatura. Sí, porque son más de cien ataques a todos los sectores sociales y económicos de este país. (Aplausos). Y cabe preguntarse: ¿entonces para quién gobierna la izquierda? No se sabe.
Por eso la izquierda se ha convertido hoy en una izquierda de caricatura. (Aplausos).
Recordando una famosa serie de los años ochenta, se puede decir que la izquierda se ha convertido en el 'Show de Berni Hill'. (Risas y aplausos). Se quejan los estudiantes, se quejan los profesores, se quejan los rectores, los
investigadores, los gobiernos autonómicos e incluso los gobiernos gobernados por la izquierda. Se quejan los estudiantes, porque exigen más peso en los claustros; los profesores, porque exigen más seguridad jurídica en sus contratos laborales;
los investigadores, porque dicen que no se fomenta de forma real y efectiva la investigación; los rectores se quejan porque pierden el control de las universidades y los gobiernos autonómicos -y esto es lo más grave- se quejan porque consideran que
este proyecto de ley, en su aplicación, será inviable económica y financieramente. Incluso esta ley, como otras, se redacta contra los criterios de los letrados de las Cortes, que lo único que hacen es aplicar el criterio de la Real Academia de la
Lengua. Es decir, que incluso estas leyes, estas más de cien leyes, se redactan mal, se redactan incorrectamente. (Aplausos). Por tanto, cabe preguntarse también: ¿esto puede empeorar? Puede empeorar, y puede hacerlo porque la aplicación de
esta ley va a llevar a rebajar aún más la calidad de la enseñanza en las universidades.
Les voy a poner un ejemplo. Podría ocurrir que en la Facultad de Historia ya no se enseñe que 'Ramsés' fue un faraón de Egipto. (Risas y aplausos). ¿Y qué podrá ser? Pues a lo mejor se enseña que 'Ramsés' -digo yo- es un restaurante de
lujo, por ejemplo. (Risas y aplausos). Podría ocurrir que en la Facultad de Filosofía ya no se enseñe que las 'sombras' es el mundo de los objetos físicos que nos explicaba Platón, o que en la Facultad de Psicología ya no se enseñará que las
'sombras' son el lado oscuro del yo, como nos decía Jung. Ya no se va a enseñar eso, se dirá a lo mejor que las 'sombras' son un club; un club que puede ser oscuro para mantener la vinculación con Jung. Puede ser también. (Aplausos). Y puede
ser que en la Facultad de Derecho la persona que interceda en un conflicto ya no sea el 'mediador' (risas), que el 'mediador' pueda ser otra cosa. Puede ser también. (Risas y aplausos). Pero lo mejor es lo que puede ocurrir en la Facultad de
Políticas, cuando un profesor tenga que explicar qué es el Congreso. Y ahí, a lo mejor, ya no se dirá que es el foro de la soberanía popular, podría explicarse que es la antesala de un reservado. Pero lo más grave es cuando tenga que explicar qué
es un diputado. Y ahí voy a recordar lo que hizo el otro día mi compañera Toscano; ahí no voy a decir yo a lo mejor lo que se va a enseñar, lo que es un diputado en la Facultad de Políticas. (Aplausos).
Eso sí, los partidos independentistas -ya lo han dicho- están satisfechos, están muy satisfechos porque les han aceptado bastantes enmiendas. Este es el panorama al que tenemos que enfrentarnos de degeneración política; degeneración
política que tiene unos responsables, que son ustedes (señalando
los escaños del Grupo Parlamentario Socialista) y ustedes (señalando los escaños del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común.-Aplausos). Ojalá que esta degeneración política llegue a su fin en las
siguientes elecciones o, dicho de otra manera, que este sea el último capítulo del 'Show de Berni Hill'.
Muchas gracias. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie).
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Fernández.
Por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, tiene la palabra la señora Moro Almaraz.
La señora MORO ALMARAZ: Buenos días, presidenta, señorías, señor ministro.
Señora Rosique, ochocientos años no son nada en la universidad española. ¿Qué hemos hecho sin usted? ¿Qué hemos hecho sin usted? (Aplausos).
Podría comenzar y terminar mi intervención con un 'ya se lo advertimos'. Insistimos una y otra vez en que esta no es la ley que necesitan las universidades españolas, tampoco la que esperaban. Digo más, no merecen esta ley. Es una ley que
no resuelve nada, lo complica todo y también lo encarece; una norma que, por mucho que se empeñen en su discurso explicativo de maquillaje, no resuelve la precariedad. La prueba es que no contenta a nadie: los asociados en huelga, los
posdoctorales muy preocupados, quienes esperaban la promoción en cualquier etapa académica aterrados por la inseguridad de si podrán llegar y cuándo a la plaza que ya tocaban con los dedos. Pedimos en todos los tonos posibles, con amabilidad pero
con firmeza, que no rompieran el sistema de acreditación por la ANECA, especialmente en los cuerpos de funcionarios, y dijimos que el diseño de la ley ponía muchas piedras en el camino al respeto a los principios de igualdad, mérito y capacidad,
pero nos ignoraron. Ahora sabemos que es la opinión, no del PP, que también, o de muchos rectores, sino la que tenía y tiene la directora saliente de la ANECA. 'La intervención de las agencias autonómicas que promueve la ley no garantiza la
homogeneidad', son sus palabras. ¿Quizá por eso no la han renovado, o la han invitado a irse, ministro? (Aplausos).
Dijimos que esta ley, sin memoria económica, con una cifra irrisoria para cumplir los mínimos requerimientos de presentación del proyecto, no garantiza la financiación necesaria y que es de nuevo una ley costosa con cargo a los demás, es
decir, un nuevo yo invito y tú pagas, y que el Gobierno de España se lava las manos, y así lo dicen los rectores, no el Partido Popular. Cabe traer aquí las conclusiones publicadas por los rectores de las nueve universidades que conforman el
llamado G9. Se lo dice el rector de CastillaLa Mancha, también el presidente socialista de CastillaLa Mancha; se lo dice el rector de la universidad decana, Salamanca, y en privado muchos más. Ah, por cierto, un misterio: el presidente de la
CRUE, ¿dónde está?
Señor ministro, ¿las enmiendas incorporadas en el Senado resuelven estos problemas? No. Ponen algún parche que otro, parches ingenuos, como un plazo de transitoriedad, que no resuelve apenas nada, para poder realizar concursos conforme a
la ley que se derogará, estirando un poco más las dedicaciones actuales; irrealizables, como seis meses para una ley con el estatuto del profesorado; menores, pero necesarios, como reparar el trato discriminatorio a los colaboradores, o por
carambolas de la suma de votos coyunturales, lo que describía estos días algún medio como parches insuficientes. Pero, en todo lo que pueda mejorar mínimamente este texto legal, han contado con nuestro apoyo, a pesar de la cicatería en aceptar
nuestras propuestas, buenas para el profesorado, la gobernanza, la inclusión de las personas con discapacidad, etcétera.
Algunos rectores se han prodigado en las últimas semanas en publicar su valoración de la ley refiriéndose a ella como la esperanza frustrada, que no resuelve los problemas del sistema universitario español del siglo XXI, que supone un
incremento de costes extraordinarios con pobres o nulos objetivos, que el rector Garde, de Castilla-La Mancha, ha cuantificado para su universidad en un incremento anual del coste de 10 millones de euros, con lo que nos podemos hacer una idea de la
proyección en el resto de los estudios. Él también ha escrito lo que una y otra vez le dijimos, ministro, y que se resume muy bien en la siguiente manifestación del rector Garde: 'Somos muy numerosas las universidades que no queremos esta ley.
Porque nos han propuesto la ley que no necesitábamos. Una ley que solo satisface a unos pocos, que parece estar escrita para unos pocos y que no avanza en los objetivos globales que debería tener la universidad española del siglo XXI'. Esta mañana
hemos tenido un relato de para quién está hecha esta ley. Asimismo, el rector de la Universidad Complutense de Madrid la define como irrelevante, insuficiente e ideológica. Para el rector de la Universidad de Salamanca, la LOSU suspende -y utilizo
sus palabras- porque en un mundo globalizado las más avanzadas reformas universitarias en los países desarrollados
han intentado corregir ciertas tendencias, reforzando la función docente e investigadora de la universidad, su excelencia y capacidad de contribuir al desarrollo del entorno, a la empleabilidad de los estudiantes y a la innovación. Esto son
los objetivos marcados hace décadas en los documentos internacionales y europeos sobre la educación superior. Sin embargo, considera que es una ley que ni contempla incentivos para la innovación docente, ni prima a las universidades por
productividad científica, ni refuerza tampoco los niveles reales de control y competencia técnica en la toma de decisiones de gestión. La agenda de la ley parece marcada por la ideología -sigue diciendo-, no por las ideas, y esta diferencia no es
trivial, porque el verdadero espíritu universitario debe esquivar los prejuicios partidistas. No podemos estar más de acuerdo. Flaco favor, señor ministro, señores socialistas, han hecho al espíritu universitario y al respeto a la Constitución
atacando y rompiendo el principio de neutralidad institucional.
Ante todo esto, conscientes de lo que se les viene encima, muchos profesores piden parar el despropósito legislativo. Muchos de ellos dicen que esto va a ser un reino de taifas. ¿Recuerdan mi lamento de que esta es una ley antisistema?
También piensan que no va a generar riqueza ni mejores perspectivas de futuro. ¿Recuerda, ministro, cuántas veces le dijimos que no debemos tener una ley que cause problemas? Hoy tendría que ser un día de alegría, pero esto nos deja muy mal sabor
de boca. Hoy, si cabe, estamos más preocupados que en diciembre. Se ha perdido una ocasión de oro para dar un verdadero giro y mejorar la ley en el Senado, pero aún puede ser peor por las normas reglamentarias que dicen que están trabajando en el
ministerio. Esperemos que esa opacidad concluya y que podamos ver que no es lo que ustedes querían hacer con la formación de los maestros.
Por eso -y termino, señora presidenta-, por responsabilidad, tengo que pedirles que no sigan. Por favor, no cambien nada más, a las universidades, a los universitarios, a nuestros jóvenes y al país les irá mejor. Pero universitarios, hay
esperanza. Seguro que hay esperanza. Mi presidente, el presidente del Grupo Popular, lo hará mucho mejor.
Gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Moro.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor García Morís.
El señor GARCÍA MORÍS: Gracias, señora presidenta.
Señor ministro, señorías, la Ley Orgánica del Sistema Universitario, la LOSU, finaliza hoy su trámite. Sin duda, a pesar de lo escuchado hoy aquí, es una buena noticia para todos los estudiantes, universidades y territorios; una apuesta
decidida por la universidad pública, por la calidad y por la excelencia, seña de identidad de los gobiernos socialistas y progresistas. Finaliza su trámite tras su paso en el Senado, donde el Grupo Parlamentario Socialista, conjuntamente con el
ministerio, trabajó en una serie de enmiendas que hoy aprobaremos en esta Cámara; unas enmiendas necesarias que ayudarán a la transición que se vivirá en los próximos meses en las universidades públicas españolas, dando un margen de adaptación de
las normativas de los concursos a la nueva ley. Con ello damos certidumbre a aquellos profesores y profesoras universitarias que en los próximos meses se presentarán a nuevas plazas, evitando que ninguna convocatoria se pare. Desde el Grupo
Parlamentario Socialista y desde el PSOE hemos trabajado mucho durante estos años en este proyecto de ley, y lo hemos hecho con la comunidad universitaria, escuchando, negociando y haciendo ley sus muchas y diversas reivindicaciones. La vuelta del
proyecto de ley al Congreso es una buena oportunidad para poner en valor nuestra firme defensa de la universidad pública (aplausos), porque las universidades conocen nuestro compromiso -el de los socialistas- con ellas, y esto a pesar de lo que
ustedes, señorías de la derecha, vienen diciendo durante toda la legislatura.
Ustedes, que fueron los ejecutores de las políticas de recortes en la última década sobre el sistema científico y universitario, siguen preguntándose por qué era necesaria una nueva ley para el sistema universitario español, y la respuesta
es fácil. Primero, porque han pasado veinte años desde la LOU y el sistema universitario ha cambiado mucho desde entonces y, sobre todo, porque en las universidades españolas se generaron bolsas de precariedad como consecuencia de sus políticas y
de sus recortes presupuestarios. La LOSU establece una carrera académica más predecible que facilita el rejuvenecimiento de las plantillas, que garantiza la formación docente al profesorado y también evita el uso inadecuado de algunas figuras
docentes, principalmente, los profesores asociados y visitantes, prácticas que las universidades desplegaron como consecuencia de sus políticas austericidas. ¿No les parece, señorías del PP, que aunque solo sea por esto ya merece la pena?
Siempre que he tenido ocasión se lo he dicho, y hoy se lo vuelvo a repetir, porque me parece muy importante contraponer los modelos, algo que ustedes no hacen cuando salen a esta tribuna. Los
socialistas podemos salir aquí y sentirnos orgullosos de la política universitaria desplegada por nuestros Gobiernos; en cambio, ustedes no. En Madrid tienen el mejor ejemplo de su contrapolítica universitaria. Recordemos algunos datos:
de trece universidades, de las cuarenta y una universidades privadas de toda España, cinco de ellas -un tercio- han sido abiertas en los últimos tres años de la señora Ayuso. Ese es el modelo que ustedes promueven, por mucho que nos anuncie qué
haría el señor Feijóo. Por cierto, modelo Ayuso que ahora Moreno Bonilla está desplegando en Andalucía, donde acaba de aprobar dos proyectos de universidades privadas que no cumplen con el nuevo real decreto de creación de universidades elaborado
también por este Gobierno. Ese es su modelo, señorías del Partido Popular. Un modelo que parece compartir el moderado señor Feijóo, que justo antes de salir de la Xunta abrió la puerta a la primera universidad privada de Galicia, impulsada, por
cierto, con las críticas de las tres universidades públicas gallegas.
La universidad pública no es una prioridad de sus políticas. No lo es, su modelo se basa en la desigualdad, en la desigualdad entre territorios y entre las personas. Por el contrario, este Gobierno ha aprobado medidas de apoyo a los
jóvenes de forma complementaria a la LOSU, también vía presupuestos. Desde que Pedro Sánchez es presidente, los estudiantes pagan menos tasas universitarias, tienen más posibilidades de obtener becas y de mayor cuantía. (Aplausos). En definitiva,
señorías, más derechos y no más recortes, como ustedes hicieron con el sistema universitario español. Tenemos un sistema formado por cincuenta universidades públicas de calidad y de reconocido prestigio. Por eso, lo que se espera de nosotros es
que nos pongamos de acuerdo, que estemos a la altura de nuestras universidades y que lleguemos a consensos, pero con ustedes es muy difícil.
También tenemos que poner en valor cómo la LOSU favorece la igualdad en el ámbito universitario, pues se ha hablado poco de ello. La igualdad entre hombres y mujeres está presente de forma transversal en toda la ley, favoreciendo la
presencia de mujeres en puestos de responsabilidad y en la carrera científica, en clara alianza con la ley de ciencia, recientemente aprobada por este Gobierno.
En el corazón de nuestras políticas está la política de becas, uno de los ejes centrales de nuestra acción de gobierno, algo que se ha visto presupuesto a presupuesto desde que ustedes dejaron el Gobierno, tras expulsar con sus recortes a
miles de estudiantes y de investigadores e investigadoras de las universidades españolas. Ese carácter subjetivo de las becas forma parte del ADN de esta ley universitaria. Ustedes llegaron incluso a poner en duda en el proceso de los contratos
predoctorales cuando este Gobierno aumentó el número de contratos FPU, aumentó sus salarios e hizo realidad la indemnización al final de contrato con leyes, como la ley de ciencia, y potenciando la etapa predoctoral con la LOSU. No mientan,
señorías.
Señorías, me gustaría dar las gracias a todos los grupos políticos por sus contribuciones a la ley y a todos los ponentes, especialmente a mis compañeros de grupo y ponencia Sandra Guaita y Javier Alfonso Cendón (aplausos), así como al
ministro de Universidades, señor ministro Joan Subirats y a todo su equipo en el ministerio. Hemos trabajado mucho y bien.
Termino. Señorías, estamos ante hechos, ante realidades; realidades que tienen un impacto positivo. Los socialistas seguiremos creyendo que la educación pública es la herramienta más poderosa para la transformación social y para
garantizar la igualdad.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor García.
En nombre del Gobierno tiene la palabra el señor ministro de Universidades.
El señor MINISTRO DE UNIVERSIDADES (Subirats Humet): Presidenta, señorías, ante todo quisiera agradecer, en lo que ha sido este largo proceso de elaboración del Proyecto de ley orgánica del sistema universitario, al conjunto de
universidades del sistema. En este poco más de un año que estoy en el ministerio, sustituyendo a Manuel Castells, he podido visitar más de treinta y cinco universidades y he hablado con todas las comunidades autónomas, con estudiantes, con todos
los distintos tipos de profesorado universitario, con sindicatos, con el personal de administración y servicios, con los y las defensoras universitarias, con la red de bibliotecas universitarias, incluso, con las gerencias de universidades y,
evidentemente, también con todos los rectores y rectoras de las universidades, tanto públicas como privadas. Quiero agradecer también el trabajo de los grupos parlamentarios con los que hemos estado trabajando durante todo este tiempo, así como a
las dos comisiones del Congreso y del Senado, que han trabajado también con centenares de enmiendas que ha recibido este proyecto de ley.
Todo ello ha permitido culminar esta elaboración de este proyecto de ley y reitero mi agradecimiento también a Manuel Castells, que inició este proceso de elaboración.
Como Gobierno, y personalmente como universitario que soy, creo que hemos asumido la demanda de muchas de las universidades que durante años han reclamado el contar con una nueva ley, veintidós años después de la aprobación de la LOU. Era
el momento de abordar este reto, y creo que lo hemos hecho desde un talante inequívoco de diálogo y de consenso. Tengo la convicción de que esta ley permite a las universidades afrontar con garantías de éxito los retos actuales del cambio de época
que atravesamos y también a plantear y afrontar su futuro tanto a corto como a medio plazo.
La ley conlleva un compromiso presupuestario firme que quiere acabar con un largo periodo de infrafinanciación de nuestras cincuenta universidades públicas; compromiso concretado en un mínimo del 1 % del PIB a alcanzar en los próximos años,
y que ya estamos trabajando tanto con las comunidades autónomas en la Conferencia General de Política Universitaria como con la CRUE para que esto pueda llegar a cumplirse.
Honestamente, esta ley me enorgullece porque creo que permite a las universidades seguir manteniendo una función esencial que llevan haciendo desde hace centenares de años. Las universidades son y seguirán siendo pilares fundamentales para
preservar el pluralismo ideológico, para la generación de conocimiento crítico, para la preparación humana y profesional de los y las jóvenes, para el desarrollo de la investigación y de la innovación y para su transferencia a la sociedad. Este
papel seguirá siendo esencial, y esta es mi convicción también en el siglo XXI. Y esto es así porque tenemos ante nosotros unos retos de carácter urgente e inaplazable. Las universidades, que como ya saben acumulan el 70 % de la investigación del
país, están siguiendo con interés, por ejemplo, la emergencia climática, la digitalización, el envejecimiento de la población, las desigualdades sociales y económicas, el reto demográfico de los territorios vaciados, la salud y la salud mental en
concreto, entre otros. Necesitamos resolver estos retos con más justicia, con un conocimiento abierto, rico y crítico, con una investigación compartida entre todos y todas -por eso en la ley se habla de ciencia abierta, de ciencia ciudadana-. Esta
ley sienta las bases para ello, diversificando formatos de estudios, como por ejemplo -y quiero remarcarlo- las microcredenciales, que es una de las políticas de la Unión Europea que esta ley incorpora. La ley reconoce y propugna una universidad
abierta al mundo internacionalizada, plenamente integrada en el tejido universitario europeo, con las alianzas entre universidades, con el programa renovado programa Erasmus+ y, finalmente, vinculada también al Espacio Iberoamericano de
Conocimiento.
Tenemos la responsabilidad pública de promover la equidad social y avanzar hacia una sociedad en la que el acceso a la educación esté garantizado para todos y todas. Este Gobierno ha hecho un esfuerzo importantísimo por ampliar la base
económica de los estudiantes y universitarios, estableciendo no solamente un aumento, históricamente sin precedentes, de las becas universitarias, sino reconociendo estas, como ahora se ha dicho, como un derecho subjetivo, eliminando o paralizando
la posibilidad de aumento de los precios públicos y democratizando así, de manera efectiva, una educación superior para todos y todas.
Tenemos casi un 40 % de la población española formada en las universidades, por encima de la media europea, pero es necesario que en los próximos años en ese 40 % también estén los hijos y las hijas de las familias con menos recursos, de
orígenes nacionales y étnicos diversos y personas con discapacidad, y la LOSU establece los mecanismos para que así sea. No saldremos bien parados de estos retos si el conjunto de organizaciones y administraciones no profundizan en su
democratización interna. La ley establece importantes baterías de medidas para que las universidades sean equitativas en su organización interna, garantizando la participación de todos sus miembros en su gobernanza, así como la igualdad entre
mujeres y hombres en su seno, reduciendo la precariedad de las plantillas del profesorado y garantizando una carrera estable y predecible y con condiciones laborales dignas para PDI y personal técnico de administración de servicios.
En definitiva, esta ley está destinada a las universidades para asegurar su buena salud como actor esencial en nuestra sociedad, pero también está destinada al conjunto de la sociedad. Como afirma la Unión Europea, las universidades son y
tienen que seguir siendo el faro que proyecta al mundo los valores de Europa; valores democráticos, de derechos sociales, de igualdad y de reconocimiento de la diversidad, asegurando también su aportación cada vez mayor a las necesidades y los
retos sociales.
Muchas gracias de nuevo a sus señorías, aquí presentes, por el trabajo realizado. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.
Votaremos en cinco minutos. (Pausa).
VOTACIÓN.
La señora PRESIDENTA: Señorías, vamos a dar comienzo a las votaciones. Enmiendas del Senado. Proyecto de Ley Orgánica del Sistema Universitario. Votación separada de las enmiendas.
Enmiendas al artículo 24 y a la disposición final décima.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 335; a favor, 273; en contra, 52; abstenciones, 10.
La señora PRESIDENTA: Quedan aprobadas.
Enmienda a la disposición transitoria primera.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 335; a favor, 181; en contra, 89; abstenciones, 65.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.
Enmienda a la disposición transitoria (nueva), relativa a los concursos para la cobertura de plazas de personal docente e investigador.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 335; a favor, 185; en contra, 1; abstenciones, 149.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.
Resto de las enmiendas.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 335; a favor, 275; abstenciones, 60.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.
PALABRAS DE LA PRESIDENCIA.
La señora PRESIDENTA: Señorías, la iniciativa que acabamos de debatir, cuyas enmiendas hemos votado, tiene carácter orgánico. En consecuencia, tiene que ser sometida a una votación final, que, de conformidad con el artículo 131.2 del
Reglamento, debe ser anunciada con antelación por la Presidencia. Por ello, en cumplimiento de esta disposición, anuncio que esta votación no se producirá antes de las doce.
Asimismo, les informo de que desde las 10:30 y hasta las 11:30, por tanto durante una hora, se podrá votar telemáticamente el resto de los asuntos incluidos en el orden del día que serán objeto de votación presencial en el hemiciclo al
final de la sesión.
Muchísimas gracias. (Rumores).
ENMIENDAS DEL SENADO. (CONTINUACIÓN):
- PROYECTO DE LEY DE LOS MERCADOS DE VALORES Y DE LOS SERVICIOS DE INVERSIÓN. (Número de expediente 121/000114).
La señora PRESIDENTA: Continuamos con la siguiente iniciativa. Y les pido, por favor, silencio y que, si quieren abandonar el hemiciclo, lo hagan rápidamente. (Continúan los rumores). Enmiendas aprobadas por el Senado al Proyecto de Ley
de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión.
Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra la señora Sagastizabal Unzetabarrenetxea, cuando el resto de sus señorías permitan a la señora Sagastizabal tomar la palabra en condiciones. (Continúan los rumores). Señorías,
les vuelvo a pedir silencio, por favor.
La señora SAGASTIZABAL UNZETABARRENETXEA: Gracias, presidenta.
Intervengo brevemente para decir que el Partido Nacionalista Vasco votará las enmiendas que nos llegan del Senado y, desde luego, lo haremos de igual manera, es decir, en coherencia o con el mismo sentido de voto que expresamos allí. Es una
ley que en su tramitación se ha caracterizado por lograr un amplio consenso entre los grupos parlamentarios y el Gobierno, lo que ha dado lugar a una mejor ley, no habiendo contado en el Congreso con ningún voto en contra, lo cual creo que dice
mucho. Es una ley que adapta al mercado de valores las directivas y reglamentos europeos, aporta seguridad jurídica, refuerza la eficiencia de los mercados de valores porque incorpora los cambios y realidades tecnológicas, refuerza la protección
del inversor en aspectos como los criptoactivos y mejora la competitividad. (Continúan los rumores).
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, Señora Sagastizabal.
Señorías, lo único que les estoy pidiendo, por favor, es un mínimo de educación y decoro con la Cámara. Les pido silencio, por favor.
Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra la señora Muñoz Vidal.
La señora MUÑOZ VIDAL: Gracias, presidenta. Señorías, vicepresidenta, buenos días.
Tenemos de vuelta a esta Cámara el Proyecto de Ley de la Reforma del Mercado de Valores y de los Servicios de Inversión para debatir las enmiendas del Senado. Pero, antes de referirme a ellas en concreto, me gustaría comenzar agradeciendo
la buena predisposición en la tramitación de este proyecto de ley al Grupo Parlamentario Socialista, con su portavoz Pedro Casares, y al Ministerio de Asuntos Económicos y, en particular, su secretario de Estado. No obstante, me gustaría incidir en
que esta buena predisposición debería ser la norma en esta casa, que, por desgracia, no está presente ni en todas las comisiones ni emana de todos los ministerios. Sin embargo, fruto de esa buena predisposición por parte del Gobierno y creo del
resto de los grupos parlamentarios, comandados por el presidente de la Comisión de Economía, don Celso Delgado y nuestra querida letrada Mónica Moreno, hemos logrado que, tras el trabajo legislativo de la ponencia y la Comisión en el Congreso y de
los trabajos posteriores en el Senado, la norma salga de estas Cámaras mejor de lo que entró.
De estas enmiendas introducidas en el Senado destacan dos grupos: unas más técnicas y otras que versan sobre el ajuste en materia de confidencialidad de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. La gran mayoría de las modificaciones
introducidas en el Senado son de carácter técnico, sobre las que no tenemos ninguna objeción en mi grupo parlamentario. Y respecto de las que tienen un carácter más sustantivo y menos técnico, como es el ajuste en materia de confidencialidad de la
Comisión Nacional del Mercado de Valores, también creemos que son positivas y que refuerzan el marco legal, un marco legal que debe ser garantista para crear la necesaria seguridad jurídica y un clima favorable a la inversión.
En particular, me gustaría detenerme y hacer mención aparte de una enmienda introducida en el Senado. Me refiero a la adición de la disposición adicional que evita devoluciones de las ayudas por maternidad en el IRPF a madres trabajadoras
por haber entrado en un ERTE durante la pandemia. No me incomoda el fondo, porque estoy de acuerdo, estamos plenamente de acuerdo, pero no creo que sean acertadas las formas. ¿Realmente es esta la ley adecuada para incluir esta modificación? Creo
que no, deja en muy mal lugar la calidad técnica jurídica en nuestro país. Las prisas que se pueden tener por incluir esta disposición adicional se entienden, pero no son la excusa, porque tenemos bloqueados decenas de proyectos de ley de la
pandemia en materia económica o social -repito, decenas-, y algunos en plazo de enmiendas desde 2020. Esta es una modificación que se podría haber hecho en cualquiera de ellos, de no tener secuestrada la labor legislativa de las Cámaras la mayoría
que sostiene al Gobierno, como siempre he denunciado aquí respecto a los reales decretos. Los partidos que sustentan al Gobierno, señorías, llegaron al mismo a lomos del eslogan de que había que recuperar la dignidad de las instituciones. ¡Ojalá
fuera cierto! Cambien de actitud y ayuden a recuperar la dignidad de este Parlamento sacando del cajón todas las iniciativas que están pendientes de tramitación.
No tengo mucho más que añadir. Ya saben que la regulación de los mercados de valores para nuestro grupo debe fundamentarse sobre tres principios: la transparencia, el dinamismo y el impulso del crecimiento empresarial. Como he dicho al
principio, ese fue nuestro objetivo a la hora de trabajar en esta iniciativa
legislativa y creo que lo hemos conseguido. De hecho, esta ley no contó con ningún voto en contra cuando pasó por su tramitación en esta Cámara.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Muñoz.
Por el Grupo parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en común, tiene la palabra el señor Uriarte Torrealday.
El señor URIARTE TORREALDAY: Querida presidenta, queridas y queridos colegas, hoy vamos a aprobar la ley que regula los mercados de valores y de los servicios de inversión, una ley que ya pasó por esta Cámara, y que, después de pasar por la
Cámara Alta, vuelve de nuevo aquí. Es una ley que viene impulsada por diversas directivas comunitarias que exigen regular este mercado, un mercado específico dentro de los mercados de capitales y un mercado de futuro que abre puertas porque
facilita el acceso a la inversión a las personas y a las empresas. Eso supone un elemento de oportunidad para nuestro modelo económico, para nuestro sistema, pero también, como todos los elementos de oportunidad, un factor de riesgo importante. Lo
sabemos porque durante las décadas anteriores hemos asistido a abusos enormes del sistema financiero y a estafas muy importantes de personas particulares con pequeños ahorros.
Por eso esta ley era necesaria, porque introduce garantías y controles y mejora la independencia de los reguladores, y en ese sentido ya expresamos nuestra posición como grupo en la tramitación de la ley, por lo que en este momento
únicamente vamos a expresar nuestro posicionamiento sobre las enmiendas que proceden del Senado. De ellas, vamos a votar las enmiendas número 9 y 10, porque introducen mejoras técnicas, incluso mejoras sustanciales en su contenido en la medida que
preservan la deducción por maternidad en el impuesto sobre la renta de las personas físicas y en el impuesto de sociedades, pero no vamos a votar a favor de la enmienda número 10, porque simplemente limita el ámbito de aplicación de esta ley. (La
señora vicepresidenta, Elizo Serrano, ocupa la Presidencia).
Como bien han dicho otras personas que me han precedido en el uso de la palabra, hoy estamos actuando como un buen Parlamento, estamos haciendo buena política con esta ley porque estamos haciendo política como debería ser el modo de actuar
diario en este Parlamento. Vamos a aprobar una ley que no ha tenido ni un solo voto en contra en el Congreso y no ha tenido ni un solo voto en contra en el Senado, y por eso creo que es importante felicitarnos. Pero, siguiendo en la línea de
intervención que ha tenido el profesor Pisarello al comienzo de esta sesión, creo que hay que recordar también algunas cosas que son importantes. Creo que después del lamentable espectáculo que ha dado la Cámara esta semana, debería recuperar el
respeto por sí misma. Creo que hay que hacer pedagogía democrática y explicar a sus señorías, a todos los miembros de esta Cámara que una cosa es la función legislativa y otra la función de control, que esta tiene su propia tarea y que la de
control tiene otra, separada, y que ambas disponen de instrumentos distintos; que la función de control del Gobierno es legítima y la oposición está para controlar al Gobierno, pero que para eso están las preguntas, las interpelaciones y las
mociones, y que las leyes no son un instrumento de control y de desgaste del Gobierno. Eso es algo que hay que aprender en democracia y es un elemento fundamental que tiene que entender cualquier oposición democrática de cualquier país avanzado.
No puede utilizarse la tramitación de las leyes para intentar dañar y desgastar al Gobierno. Para eso está el control del Gobierno, no las leyes. Estas tratan de preservar y mejorar las condiciones de vida de las personas. Las leyes tienen que
ser un retrato de la correlación de fuerzas de esta Cámara, lo que expresa la pluralidad y la voluntad manifestada por la ciudadanía. Y esta correlación de fuerzas, o, como diría aquel intelectual y escritor, correlación de debilidades, es lo que
tiene que entender este Parlamento y lo que tiene que entender esta oposición.
Señores de la oposición, por favor, entiendan que tienen sus instrumentos para hacer control al Gobierno, que tienen las preguntas, las interpelaciones y las mociones, pero que nunca más las leyes se utilicen como instrumento para el control
y el desgaste del Gobierno, como ha sucedido esta semana. Por favor, nunca más esa mala política, esa antipolítica. Volvamos a hacer la política de esta ley, en la que cada grupo ha aportado lo que ha podido y ha llegado hasta donde ha llegado,
entendiendo la correlación de fuerzas, entendiendo que algunos grupos representan el voto de un 5, un 10 o un 15 % y sabiendo hasta dónde pueden llegar. Es fundamental que este Parlamento recupere el respeto hacia sí mismo. Es importante que este
Parlamento deje de desprestigiarse ante la ciudadanía que nos ha votado. Es fundamental que entendamos que el control del Gobierno se hace con los instrumentos de control del Gobierno y que las leyes no son ese instrumento. Nunca más utilización
perversa de las leyes para dañar a los ministerios, para dañar al Gobierno de España. Siempre la ley para mejorar la vida de los ciudadanos,
aportando y con la humildad de quien sabe que solo representa a un porcentaje de la ciudadanía de un país que, afortunadamente, es enormemente plural.
Muchísimas gracias. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Elizo Serrano): Muchas gracias, señor Uriarte.
Por el Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra el señor Manso Olivar. (Aplausos).
El señor MANSO OLIVAR: Buenos días, señorías. Buenos días, señora ministra.
Como ya les han dicho los que me han antecedido en el uso de la palabra, aquí tenemos de vuelta el texto que enviamos al Senado el pasado 22 de diciembre para aprobar lo que será la tercera ley de mercado de valores en la historia de España,
que ahora cambia su nombre y va a ser la Ley de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión.
En mi comparecencia anterior ya les dije que esta ley nos ponía al cabo de la calle en nuestras obligaciones de trasposición de la normativa europea. Es una ley que pretende coadyuvar a los objetivos de un mercado de valores eficientes, que
no son otros, como ustedes saben, que llevar el excedente de las unidades económicas con superávit, es decir, aquellas que ahorran, en favor de las unidades económicas con déficit, utilizando para ello la capacidad instalada de las empresas que
operan en el sistema financiero. Y esto lo hace a través de dos mecanismos: básicamente, el mecanismo de transformación financiera, que consiste en adecuar los plazos y las preferencias de riesgos de los inversores a los de los ahorradores, que no
suelen ser coincidentes, y además a través del proceso de maximización financiera, que básicamente consiste en incrementar lo más posible el volumen de ahorro que acaba en la inversión productiva.
Sin embargo, ya les advertía el 22 de diciembre que no era suficiente una buena ley para alcanzar los objetivos. Recuerdo que al acabar mi intervención les puse el símil que decía: Tengan cuidado, porque los vehículos de alta gama no
corren en el desierto. ¿Qué riesgos hay para que esta regulación no alcance los objetivos pretendidos? A mi juicio, son tres; dos ya se los anuncie en diciembre y hoy les añado uno más. El primero es que desarrollamos un mercado financiero cuya
única función sea financiar el déficit público porque no haya actividad productiva en España. El segundo sería la falta de seguridad jurídica de los inversores. Y el tercer riesgo sería que no se den las condiciones para el desarrollo de la
actividad productiva en España. Del problema del déficit público y de los elevadísimos volúmenes de deuda les he hablado muchas veces y no voy a insistir hoy, pero, acerca de los dos últimos riesgos, la falta de seguridad jurídica y la falta de las
condiciones para el desarrollo de la inversión productiva en España, van íntimamente ligados, y, si no hay seguridad jurídica, no se darán las condiciones; y, si se dieran las condiciones, no sería suficiente porque necesitamos -valga la
redundancia- como condición necesaria la seguridad jurídica. Y parece que el Gobierno está empeñado en atacar a los dos. (Aplausos).
El ataque a la seguridad jurídica tiene mucho que ver con el incumplimiento por parte del Estado de sus obligaciones. Por ejemplo, España ya figura como uno de los países más morosos en el cumplimiento de los laudos condenatorios firmes en
las cortes de arbitraje internacional. ¿Cómo pretenden ustedes atraer inversores a España si, cuando tienen una diferencia con el Estado y reclaman un acuerdo ante un arbitraje internacional y ganan el laudo en sentencia firme, ustedes lo
incumplen? Eso ya está pasando con los laudos derivados de los arbitrajes internacionales sobre los inversores en energías renovables a cuenta del problema de las primas; inversores que se están organizando, como ustedes saben, entre otras cosas,
para embargar -sí, señores, embargar- activos externos en España. Las agencias de calificación ya se están planteando la declaración de España como un país en incumplimiento parcial de sus obligaciones porque no paga las indemnizaciones a que ha
sido condenado. Algunos de ustedes pensarán que eso que nos ahorramos, pero ya me lo dirán cuando se dispare la prima de riesgo. ¿Qué mercado de valores van a desarrollar, con esta falta de seguridad jurídica? Uno interior para que los españoles
financien con sus ahorros y sus impuestos su derroche.
Luego, se quejan ustedes del abandono de las empresas como del desodorante, pero es que el desodorante solo funciona en cuerpos limpios; si no, solo enmascara la podredumbre, que, al final, termina por aflorar. (Aplausos).
Acusan a los empresarios de falta de patriotismo en una nueva definición en la que obvian que los españoles no son esclavos del Estado, y que es el Estado el que se debe a los ciudadanos. Ustedes dando lecciones de patrimonio, perdón, de
patriotismo -de patrimonio también-, que es el último refugio de los canallas, que les dijo Samuel Johnson. Y si el Estado incumple con sus obligaciones, los españoles
tienen el derecho a liberarse del yugo, abandonando el territorio para acogerse a un lugar donde haya seguridad jurídica y condiciones para desarrollar su vida.
El Estado no es un señor feudal con un territorio y una población anclada al mismo. El Estado basa su legitimidad, de la que deriva su autoridad, en prestar unos servicios que solo él puede prestar, y eso son la seguridad jurídica y el
establecimiento de las condiciones para el desarrollo de una vida buena. Si el Estado no lo hace, los individuos tienen el derecho a abandonar el territorio. Un Estado que suspende este derecho es una tiranía. (Aplausos). El Gobierno amenaza con
la suspensión de este derecho. ¿Así pretenden ustedes atraer inversores? La verdad es que ustedes desconocen el arte de la seducción. Claro, probablemente porque son más de pagar. (Risas.-Aplausos). Hablo de individuos y no, como ustedes, de
entes abstractos, de las grandes empresas. Al final de toda empresa, por grande que sea, por muchas participaciones interpuestas que se pongan, están personas que piden a aquellos a los que confían sus ahorros, los gestores, que lo rentabilicen
porque les ha costado mucho conseguirlos. Les acusan de codicia, debe ser porque ustedes son más de gula y de lujuria. Dejen de atacar, de verdad, a los accionistas de Prisa, Mediaset, Mediapro, por tener su domicilio fuera de España, dejen de
atacarles. (Aplausos).
A ustedes les encanta hablar de violencia en todos los ámbitos. Pues bien, con un clima de violencia fiscal, administrativa e institucional, como el que se está desarrollando en España, será imposible que se desarrolle la inversión
productiva y, por tanto, un mercado de valores. Si no hay seguridad jurídica no habrá Estado, y si no hay Estado no habrá estado del bienestar. No se digan ustedes defensores de lo segundo cuando están permanentemente atacando al primero.
(Aplausos).
Así que, si ustedes siguen gobernando, señores del Partido Socialista, lo que hoy va a hacer España va a ser comprar un vehículo de alta gama para correr por el desierto.
Muchas gracias. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie).
La señora VICEPRESIDENTA (Elizo Serrano): Gracias.
Por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, tiene la palabra el señor Castellón Rubio.
El señor CASTELLÓN RUBIO: Muchas gracias, presidenta, vicepresidenta.
Buenos días, señorías. Sometemos hoy, como se ha dicho, a debate de nuevo y votación el proyecto de ley de los mercados de valores tras la introducción de varias enmiendas en el Senado, algunas introducidas en la Ponencia, otras
transaccionadas por mi grupo en el Pleno de esta Cámara. Se introduce también una enmienda que nada tiene que ver, como se ha dicho aquí, con el proyecto de ley que tramitamos, pero cuyo fin es, a través de una modificación del IRPF, garantizar la
deducción por maternidad a las madres que han estado en situación de inactividad por el COVID, enmienda que va a contar con nuestro respaldo, como no podía ser de otra manera.
Aunque con demasiada demora, esta ley pretende adaptar nuestro marco normativo a derechos de la Unión Europea. Por eso, desde el Grupo Popular hemos contribuido desde el inicio con nuestras aportaciones, con nuestras enmiendas en Comisión y
en la Ponencia. Algunas de ellas han servido para garantizar, por ejemplo, la supervivencia de los asesores financieros independientes, gracias a que hemos conseguido una sustancial rebaja de la aportación que les hacía obligatorio el proyecto de
ley al FOGAIN.
El Grupo Popular ha apoyado esta ley en Comisión, lo hemos hecho en el Senado también, y hoy volveremos a dar nuestro voto favorable con el único objetivo de introducir mayor seguridad jurídica en los mercados de capitales; una ley que,
además de tener un contenido eminentemente técnico, va a conseguir también, como se ha dicho aquí, un amplio respaldo parlamentario, principalmente por un motivo, y es que en esta ocasión, sí, el Gobierno ha dejado la ideología y el populismo fuera
del BOE, quizás porque no había otra alternativa, pero, desgraciadamente, esta no ha sido la tónica habitual de esta legislatura y por eso se suceden, señora Calviño, algunos de los hechos que estamos conociendo estos días.
Yo quería leerles la exposición de motivos de este proyecto de ley, porque hoy está más de actualidad que nunca cuando dice: 'La existencia de un mercado de valores transparente y eficiente constituye uno de los elementos básicos de toda
economía social de mercado desarrollada y avanzada'. Y continúa diciendo: Se necesita una normativa reguladora que ayude a construir 'unos mercados financieros estables, transparentes y eficientes, y que garanticen los más elevados estándares...'.
En efecto, señorías, en un mundo cada vez más global, cada vez más competitivo, solo van a crecer esas economías estables, transparentes y eficientes que garanticen la seguridad jurídica, que doten de incentivos, además de no poner más
trabas aún a la inversión. Van a crecer aquellas economías
competitivas que establezcan un marco fiscal cuyo único objetivo no sea el de perseguir a los contribuyentes, el de extenuarlos, sino el de tener una fiscalidad cuyo único objetivo sea el de garantizar el crecimiento económico y, por tanto,
la creación de empleo, para, ampliando, ensanchando las bases imponibles, poder mantener el Estado del bienestar y garantizar la prestación de unos servicios públicos eficaces y eficientes. Pero, cuando esa máxima no se garantiza, entonces es
cuando comienzan las dudas. Entonces es cuando vienen las reformulaciones de los planes de inversión y cuando llegan las fugas de capitales a esos otros países, a esas otras economías en las que quien invierte un euro de su bolsillo no es
considerado un enemigo, sino que se convierte en un aliado.
Señorías, en la gran liga mundial, donde se decide la inversión, donde se juega el crecimiento económico, donde, por tanto, se pueden garantizar los niveles de bienestar que tenemos en nuestras sociedades, en esa gran liga mundial es en la
que cada país debe decidir a lo que juega, y es en esa dicotomía, donde existiendo la posibilidad de ser una economía libre, garantista y en expansión, este Gobierno, señora vicepresidenta, el Gobierno de España ha decidido convertirnos en una
economía intervenida, donde al empresario se le considera un avaro especulador, donde los ciudadanos -autónomos o asalariados por cuenta ajena- deben limitarse a ser contribuyentes sumisos que sufragan un gasto público cada vez más ideologizado y
cada vez más descontrolado. Porque, señora Calviño, ha sido el Gobierno de España quien ha decidido imponer nuevas figuras tributarias a las empresas que no existen en ningún otro país de la Unión Europea. Ha sido su Gobierno, el de España, el que
ha decidido atacar la autonomía fiscal de las comunidades autónomas por un mero criterio ideológico. Ha sido el Gobierno quien ha decidido maquillar las cifras del paro, quien ha decidido intervenir a una cotizada como INDRA hasta dañar sin remedio
su reputación. Es el Gobierno quien ha decidido que cuando menos recursos tienen las familias disponibles para llegar a final de mes es precisamente cuando la recaudación tributaria de las arcas públicas tiene que irse a cifras récord. Ha sido el
Gobierno de España quien ha despreciado a los inversores extranjeros, quien ha atacado y ha insultado a los empresarios españoles llamándoles despiadados, usureros, codiciosos, piratas o antipatriotas.
Señora Calviño, el problema no es que Ferrovial se vaya de España, que ya es grave, es que eso solamente es la señal de alarma. El problema que tiene nuestro país es cuánta inversión extranjera está dejando de venir como consecuencia del
espanto que produce la política económica del Gobierno. (Aplausos). El problema es cuánto empleo no se está creando por sus decisiones erróneas y su falta de reformas. El problema no es que Podemos influya en la política económica del Gobierno,
es que el PSOE, el Gobierno en su integridad, la ha asumido como propia, no solamente en el fondo, es que también la han asumido en la forma. El problema es que España tiene un déficit de credibilidad internacional porque nadie se fía de este
Gobierno, porque nadie se cree al presidente de nuestro Gobierno. Señorías, el problema es que España tiene un serio problema, y no lo busquen ustedes en la oposición, no lo busquen ustedes en los empresarios, ni en los jueces, ni en los mercados,
ni en los fondos de inversión, ni en todos esos a los que llevan atacando durante meses. Señora vicepresidenta del Gobierno, el problema que tiene España se llama Pedro Sánchez.
El Grupo Popular va a apoyar este proyecto de ley, porque ustedes aquí sí han querido acordar con la oposición, aquí sí han querido acordar con la oposición lo que hemos propuesto, y porque queremos poner de manifiesto que cuando el
Gobierno, de manera extraña, sorpresiva y excepcional, ha querido llegar a acuerdos con la oposición, hemos podido juntos abrazar el interés general. Desgraciadamente, esta no ha sido la tónica habitual en estos cuatro años, porque ustedes han
decidido conducir la política económica a una deriva que ya solo será reversible cuando se convoquen elecciones y los españoles decidan con su voto poner fin a la etapa de Pedro Sánchez.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Elizo Serrano): Gracias, señor Castellón.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Alfonso Cendón.
El señor ALFONSO CENDÓN: Muchas gracias, señora presidenta.
Vicepresidenta, señorías, las finanzas importan, nadie lo pone en duda, nos importan a todos: a las familias, a las empresas y a los inversores; de ahí el cuidado y el empeño del Gobierno de España en mejorar la capacidad y el
funcionamiento de los mercados de valores para financiar a las empresas españolas, facilitar la llegada de nuevos proyectos de inversión y aumentar la protección de los ahorradores. Sí, señorías, porque nos encontramos hoy aquí para aprobar
definitivamente una ley que propiciará un mercado financiero más eficiente y más moderno.
Con esta ley que hoy aprobamos fundimos en un solo texto directivas europeas y reglamentos y, fruto de esta trasposición, proponemos una nueva norma que proporciona más seguridad jurídica a empresas e inversores, que simplifica
procedimientos y elimina cargas administrativas y que supondrá más financiación y capitalización para nuestras empresas; una ley de los mercados de valores y de los servicios de inversión que refuerza el papel de los mercados y la financiación de
nuestra economía, algo esencial para las empresas españolas en estos tiempos de incertidumbre y esencial también para resolver el problema de competitividad de nuestras empresas de servicios de inversión con respecto a sus competidoras europeas.
Por eso modificamos su regulación, para adaptarlas al nuevo marco normativo de la Unión Europea, y regulamos por primera vez en España las SPAC, más conocidas como compañías de cheque en blanco, es decir, todas esas compañías y entidades que no
tienen un plan o propósito comercial específico y cuyo modelo de negocio suele estar centrado en participar en una fusión o adquisición con otras empresas. (El señor vicepresidente, Rodríguez Gómez de Celis, ocupa la Presidencia).
Señorías, la complejidad técnica que esta norma encierra ha exigido un importante esfuerzo de consenso por parte de muchos de los grupos parlamentarios aquí presentes; primero, como anteproyecto y, después, como proyecto de ley primeramente
en el Congreso y después en el Senado, con aportaciones de las entidades implicadas, de los reguladores, de los agentes que operan en el mercado, de los consumidores y de prácticamente todos los partidos políticos con representación parlamentaria.
Por eso, no sería ecuánime si no trasladara mi más sincero agradecimiento y reconocimiento al trabajo y entrega realizado por todos ellos: gracias. Gracias, porque con su trabajo y dedicación hemos visto cumplido nuestro objetivo. Esta es una
buena ley que permitirá a los ciudadanos participar en un mercado financiero más eficaz y más actualizado, con un rendimiento mayor, con mayor transparencia y con las mayores cuotas de seguridad jurídica de nuestra historia. (Aplausos). Porque,
sí, señorías, como les decía, con esta nueva ley de los mercados de valores y de los servicios de inversión se va a proteger más y mejor al pequeño inversor. Se podrá actuar de forma directa y rápida sobre el fraude financiero y también regular de
forma más precisa los criptoactivos. Se incorporan tecnologías como el blockchain y se aplica la normativa europea, de manera que dotamos a la Comisión Nacional del Mercado de Valores de las competencias de protección de inversores y estabilidad
financiera en este ámbito. Modernizamos la regulación y avanzamos en la incorporación de la normativa comunitaria con el fin de hacer frente a los desafíos del proceso de digitalización financiera. Esta ley contempla, además, medidas de
simplificación administrativa al eliminar procedimientos redundantes para facilitar la atracción de inversores y al establecer mejores condiciones de competitividad para las empresas del sector bajo los valores de la transparencia.
También se traspone la Directiva 2019/2034, sobre régimen prudencial de empresas de servicios de inversión, mejorando el funcionamiento de estas empresas e incorporando obligaciones de solvencia específicas para estas entidades. Así, la
Comisión Nacional del Mercado de Valores establecerá el régimen aplicable en función del tamaño, la naturaleza, la escala y la complejidad de sus actividades. Y al mismo tiempo -eso sí-, se flexibiliza este régimen para empresas pequeñas que no
entrañan un riesgo sistémico para nuestro sistema financiero, pero también manteniendo la protección de nuestros inversores.
Señorías, teniendo en cuenta la aprobación con la que los inversores mayoristas y minoristas recibirán esta ley, está claro que nos encontramos ante un momento único y muy importante para la justa financiación y diversificación de las
empresas españolas, especialmente en un mercado tan bancarizado como es el mercado financiero de nuestro país.
Permítanme concluir insistiendo en que este proyecto de ley cuenta con un alto nivel de acuerdo debido a un doble objetivo trabajado y consensuado por todos los agentes relacionados que garantiza el impulso de la financiación de las empresas
y que aumenta la protección de los inversores, especialmente en el ámbito de los criptoactivos. Contribuimos así a la asignación eficiente de recursos, a la apertura exterior de nuestra economía y a la captación de fondos.
Como indiqué al principio, las finanzas importan, porque importan a las familias y a las empresas de nuestro país, porque nos importan a todas y a todos, porque nos afectan a cada uno de nosotros en nuestro día a día en nuestra vida
cotidiana. Por eso, el trabajo de este Gobierno para mejorar su funcionamiento en beneficio de nuestra economía, pero, sobre todo, en beneficio de toda la sociedad española en general.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchísimas gracias, señor Alfonso Cendón.
Tiene la palabra, en nombre del Gobierno, la señora vicepresidenta primera.
La señora VICEPRESIDENTA PRIMERA Y MINISTRA DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL (Calviño Santamaría): Muchas gracias, presidente.
Intervengo muy brevemente para compartir con sus señorías dos mensajes principales. En primer lugar, como se ha señalado aquí, en un entorno complejo desde el punto de vista de la arquitectura y la geometría parlamentaria, hemos sacado
adelante 200 leyes en esta legislatura, y con las dos que se aprueben hoy, 202 leyes en esta legislatura. Y eso es lo importante, que, más allá de otro tipo de consideraciones o del ruido que a veces invade nuestras vidas, hemos trabajado a favor
del interés de los ciudadanos españoles y este hemiciclo ha cumplido con esa función, entre otras, con la ley que hoy se aprueba. De ellas, siete han tenido la participación o el liderazgo de mi ministerio, y me siento particularmente satisfecha de
que en varias de ellas no haya habido votos en contra, lo cual, como también se ha señalado aquí, creo que pone de relieve la fuerte voluntad de nuestro Gobierno de llegar a acuerdos y trabajar sobre la base del diálogo, buscando siempre los máximos
consensos.
Eso me lleva a mi segundo punto, y es el de agradecimiento. En primer lugar, al equipo del Ministerio de Economía, que ha hecho un trabajo absolutamente extraordinario en todas y cada una de esas leyes y que de una manera muy discreta, muy
callada, ha estado trabajando para sacar adelante también esta ley importante del mercado de valores, que moderniza el marco de nuestro país y nos pone alineados con los países más avanzados de nuestro entorno. Además, evidentemente, mi
agradecimiento al Grupo Socialista y a su líder, que creo que hacen también un trabajo extraordinario para llegar a acuerdos. Y por último, al resto de los grupos parlamentarios, porque creo que esta ley es un ejemplo de consenso, de trabajo serio,
de trabajo conjunto para, como decía, defender el interés del conjunto de la ciudadanía, incluyendo esa disposición -que me alegro que salga adelante- para garantizar la devolución de las prestaciones por maternidad de aquellas mujeres que
estuvieron cubiertas por el sistema de los ERTE correspondiente a la pandemia. Por todas estas razones, creo que tenemos que sentirnos orgullosos, así que muchas gracias y que sigamos en esta línea.
Gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchísimas gracias.
DEBATES DE TOTALIDAD DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS:
- PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE CREA LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA INDEPENDIENTE DE DEFENSA DEL CLIENTE FINANCIERO PARA LA RESOLUCIÓN EXTRAJUDICIAL DE CONFLICTOS ENTRE LAS ENTIDADES FINANCIERAS Y SUS CLIENTES. (Número de expediente
121/000134).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Continuamos con el punto del orden del día correspondiente al debate de totalidad del Proyecto de Ley por la que se crea la Autoridad Administrativa Independiente de Defensa del Cliente
Financiero para la resolución extrajudicial de conflictos entre las entidades financieras y sus clientes. Les informo de que el Grupo Parlamentario Plural ha solicitado la avocación de este proyecto de ley. Dicha solicitud se someterá a votación a
continuación de la votación correspondiente de las enmiendas a la totalidad.
Para la presentación del proyecto de ley, tiene la palabra, en nombre del Gobierno, la señora vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital.
La señora VICEPRESIDENTA PRIMERA Y MINISTRA DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL (Calviño Santamaría): Muy buenos días, señorías, presidente.
El proyecto de ley que crea la autoridad administrativa independiente de defensa del cliente financiero, que hoy se debate porque hay dos grupos parlamentarios que han planteado una enmienda a la totalidad, es un proyecto que tiene como
objetivo fundamental facilitar al ciudadano y a la pequeña y mediana empresa un medio alternativo al procedimiento judicial para resolver las discrepancias en las relaciones con los operadores en el ámbito financiero.
Este texto es el resultado de una tramitación larga y muy intensa desde el comienzo de la legislatura, en la que hemos trabajado con el apoyo del resto de los departamentos ministeriales, de los órganos constitucionales y, también, de los
supervisores, en el diseño de un sistema para tratar de superar las carencias que se habían detectado en el que está vigente en la actualidad.
Desde principios de abril del año pasado, se han ido analizando e incorporando al texto numerosas propuestas y sugerencias en los más de cuarenta documentos que se han presentado por parte de las
patronales bancarias, de las asociaciones de consumidores y usuarios, de las entidades del tercer sector y de todo el conjunto de participantes en un debate que afecta muy directamente a los derechos y el bienestar de los ciudadanos y que,
por tanto, ha despertado un gran interés.
Es un proyecto que cuenta con el fuerte apoyo de las asociaciones de usuarios de servicios financieros, que señalan semana sí y semana también la urgencia de que el Parlamento avance en la tramitación de esta norma. Esta tarde voy a tener
una reunión con los representantes de los usuarios, en la que seguro se planteará de nuevo la importancia de que cuanto antes tengamos ya funcionando esa nueva autoridad.
Este proyecto no elimina los mecanismos que ya están a disposición de los clientes financieros, sino que los refuerza. De hecho, tenemos seis líneas de defensa. En primer lugar, los códigos de buenas prácticas, los compromisos
voluntariamente asumidos y las ofertas de las propias entidades financieras. En segundo lugar, las normas de conducta establecidas en las leyes aplicables, incluyendo la ley del mercado de valores, que hoy vamos a aprobar. En tercer lugar, los
mecanismos de quejas y reclamaciones de los propios bancos, entidades de seguros o entidades de inversión. En cuarto lugar, la solución extrajudicial de conflictos y los mecanismos de recurso y de supervisión por parte de los propios supervisores,
el Banco de España, la Comisión Nacional de Mercados de Valores y la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones. En quinto lugar, la resolución jurisdiccional, el recurso ante los tribunales. Y en el ámbito hipotecario tenemos una sexta
línea de defensa porque hay normativa específica que establece mecanismos de protección adicionales para las personas que puedan tener un crédito hipotecario o también para los inquilinos en el caso de los alquileres.
Es decir, que tenemos un conjunto de cinco o incluso seis líneas de defensa para los ciudadanos, y lo que hoy debatimos es reforzar significativamente los mecanismos de solución de conflictos de carácter extrajudicial, esa cuarta red de
protección de los ciudadanos, en una aproximación que es absolutamente compatible con el sistema arbitral de consumo. Como decía hace un momento, este proyecto de ley lo que hace es complementarlo, ir más allá y cubrir las controversias que se
puedan plantear no solo por los ciudadanos individuales, sino también por los autónomos y las empresas. Se trata de un mecanismo que va a ser particularmente importante para las pequeñas y medianas empresas, que van a disponer, cuando se apruebe
esta ley, de un cauce adicional para proteger sus intereses.
Cabe señalar también que este proyecto no elimina lo ya existente, se construye sobre la base de los mecanismos de protección que ya existen, pero mejora los mecanismos de resolución de reclamaciones para proporcionar a los ciudadanos una
respuesta ágil, gratuita e independiente, al servicio de un buen funcionamiento de la Administración y una resolución de las controversias con los bancos, las aseguradoras o las empresas de servicios de inversión, o cualquier otro agente que preste
servicios profesionales de carácter financiero.
Les detallo brevemente cuáles son los elementos que guían nuestra propuesta y que son característicos de esta nueva autoridad de defensa del cliente financiero.
En primer lugar, por qué esta ley ahora. La relación de los clientes, de los ciudadanos y de las empresas con el sistema financiero es cada vez más intensa y cada vez más variada. Se están desarrollando y crecen exponencialmente las
relaciones en el ámbito digital, lo que supone sin duda una mejora de la eficiencia y un ahorro de los costes que beneficia a las empresas, pero está claro que esta digitalización tiene que garantizar la protección de la atención personalizada a los
clientes financieros, de manera que las entidades tengan en cuenta las características específicas de cada uno de estos clientes, tanto personales, como, por ejemplo, la edad, la competencia o la posible discapacidad de esa persona, como también las
características asociadas a la situación geográfica, según se trate de un cliente en un ámbito urbano o en un ámbito rural, y todo ello orientado a garantizar que los clientes tengan una accesibilidad real a los servicios financieros en todo el
territorio.
Esto es algo que estamos construyendo entre todos, porque las relaciones financieras cambian y, por tanto, tienen que cambiar los mecanismos que nos permiten resolver las controversias que inevitablemente surgen entre los clientes y las
entidades financieras. Así que, no se trata de la respuesta a un problema puntual o una cuestión aislada, se trata de la respuesta a una necesidad sobre la cual hay un consenso creciente. Es preciso proporcionar instrumentos eficaces y ágiles que
resuelvan los conflictos de forma alternativa a los tribunales de Justicia.
El punto de partida es la directiva europea de 2013. Por supuesto, en aquella trasposición de la directiva ya anunciábamos la creación de una autoridad de defensa del cliente financiero. La comisión de economía y competitividad de esta
misma Cámara ha venido reiterando a lo largo del tiempo la necesidad de mejorar la transparencia, de acometer una reforma del sistema de reclamaciones o de implantar un
sistema de resolución de conflictos alternativo a la vía judicial. Y en esta misma línea cabe señalar también la intervención del propio juez Fernández Seijo, que en su comparecencia del pasado día 22 de febrero en esta Cámara ha valorado
la importancia de trasladar a esta autoridad asuntos que llevan muchos años judicializados. Solo en el ámbito de la contratación bancaria, arrastramos más de 30 000 asuntos pendientes de resolver a finales del año pasado. Tenemos a miles de
ciudadanos de este país que llevan más de diez años esperando que se corrobore algo que ya han dicho los tribunales, como señaló dicho juez. Pues este proyecto de ley responde a esta necesidad, porque dará la posibilidad a estos ciudadanos de
obtener una solución rápida y de reducir la litigiosidad pendiente en materia financiera ante nuestros tribunales. Se trata, en definitiva, de colocar a los ciudadanos en el centro y de velar realmente por sus intereses. Y es un consenso que
también es compartido por los supervisores, con algunos matices o cuestiones puntuales que, por supuesto, pueden ser revisadas a lo largo de la tramitación.
Este proyecto, como he dicho ya, se construye sobre la estructura existente de protección de los clientes financieros. El sistema actual se basa en un servicio de reclamaciones separado para cada uno de los tres supervisores -banca, seguros
y valores-, que claramente requiere una mejora sustancial a la luz de las necesidades que se han ido identificando. En primer lugar, hay que extender la posibilidad de reclamación por parte de las ciudadanas, los ciudadanos y las empresas con
respecto a los nuevos servicios y desarrollos tecnológicos, que están prestados por entidades distintas de las tradicionales y que pueden no estar sujetas a la misma regulación sectorial aplicable. Estoy hablando del mundo cripto, de las empresas
fintech, de nuevas tecnologías en el ámbito financiero, que pueden ser empresas de pequeño tamaño, incluso startups, o también grandes plataformas tecnológicas. Así ocurre, por ejemplo, en el ámbito de los pagos electrónicos, de agregación de
información financiera, crédito rápido online, por citar algunos ejemplos, y todos aquellos que se puedan desarrollar en el futuro y que no podemos ni siquiera imaginar en este momento. Por eso es importante que los ciudadanos dispongan de
mecanismos de protección y de solución de controversias con respecto a estos nuevos servicios financieros o estos nuevos productos que pueden no estar sujetos, como he señalado hace un momento, a la legislación sectorial aplicable.
En segundo lugar, es importante ensanchar el esquema de protección más allá de las normas jurídicas de conducta y de las leyes en sentido estricto. Por eso el proyecto de ley incluye también en el ámbito de la autoridad los códigos de
buenas prácticas, los usos financieros y las cláusulas que pueden estar incluidas en los contratos privados. De hecho, es una novedad muy importante del proyecto de ley. La nueva autoridad de defensa del cliente financiero podrá resolver
controversias relativas a los compromisos del propio sector, códigos de buenas prácticas, por ejemplo, como los tres que hemos suscrito en este último año para mejorar la atención de las personas mayores y con discapacidad, para garantizar la
atención presencial de servicios financieros en todo el territorio y para aliviar a las familias que tuvieran hipotecas a tipo variable y que se vean afectadas por la rápida subida de los tipos de interés. Esta misma tarde, en esa reunión con las
entidades financieras y con los representantes de los consumidores y usuarios y de las personas mayores, vamos a abordar el cumplimiento de estos códigos de buenas prácticas, pero está claro que el hecho de que la autoridad pueda resolver
controversias supone un refuerzo muy importante del papel y de la capacidad de protección de los ciudadanos también frente a estos compromisos, en principio voluntarios, de las entidades.
Además, este proyecto de ley sitúa en un único órgano, en esta nueva autoridad, las funciones que hasta ahora se desarrollaban por los servicios de reclamaciones del Banco de España, de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones y
de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Es importante porque eso garantiza que la protección del cliente no va a depender de cuál es el supervisor de conducta o prudencial correspondiente o de cuál es la legislación aplicable al servicio
correspondiente. Además, esto va a cubrir mejor los productos financieros complejos, ya que cada vez más estamos viendo productos, por ejemplo en el mundo cripto, que ni siquiera son considerados como activos financieros y que, por tanto, no están
sujetos a la legislación de conducta o a la legislación prudencial aplicable en nuestro país. Es muy importante que la autoridad tenga un ámbito de aplicación único, independientemente de cuál pueda ser la tipología o la clasificación desde el
punto de vista legal del objeto de dicha controversia.
Además, el proyecto de ley hace que las resoluciones que pongan fin a la controversia sean vinculantes. Este es un elemento muy importante que diferencia la propuesta del régimen aplicable hasta ahora, porque así el ciudadano tendrá un
vehículo de reclamación verdaderamente eficaz. El proyecto de ley recoge que las reclamaciones de cuantía reducida, las que están por debajo de 20 000 euros -que son la práctica totalidad de las que actualmente se están presentando-, tendrán
carácter vinculante, agilizando
de manera muy significativa todos los trámites que existen para poder resarcir a los ciudadanos perjudicados. Creo que esta es una de las novedades que más consenso ha despertado en todas las personas que han comparecido en el Congreso para
valorar este proyecto.
Insisto en que el sistema de reclamaciones del proyecto no rompe con el esquema de supervisión financiera actual, pues no modifica las bases esenciales de este sistema de supervisión prudencial y de conducta -que tiene sus tres instituciones
y que, por supuesto, tienen que coordinarse adecuadamente- y respeta el sistema de supervisión, reforzándolo en esta parte de resolución de conflictos. Además, el proyecto de ley incorpora distintos mecanismos para garantizar que los dos esquemas
-el de supervisión prudencial y de conducta y el de resolución de conflictos extrajudicial- se coordinen y tengan una obligación clara para articular una respuesta coherente que proporcione seguridad jurídica -se ha hablado mucho esta mañana de este
concepto- tanto a las entidades financieras como, por supuesto, a los ciudadanos y a las empresas de nuestro país. Por eso hay una obligación clara de comunicar al supervisor correspondiente toda la información pertinente por parte de la autoridad.
También hay mecanismos puntuales que aseguran la integración en las decisiones del punto de vista de los supervisores, y está previsto que en el desarrollo reglamentario de esta ley se puedan crear nuevos canales de intercambio de información o
coordinación entre los distintos agentes que actúan y protegen a los ciudadanos en este contexto.
Otra de las características más 'señalables' de la autoridad es su gratuidad para los ciudadanos, los autónomos y las empresas. Colocamos al ciudadano en el centro de la acción pública y entendemos que es muy importante para los clientes
que puedan tener un recurso gratuito a este canal de protección adicional. La financiación de la autoridad es uno de los asuntos que ha suscitado más comentarios, tanto en el ámbito parlamentario como en el ámbito público. Son cuestiones que, por
supuesto, se podrán abordar sin ningún problema a lo largo de la tramitación parlamentaria de este proyecto de ley, pero nuestra aproximación es que la financiación de la entidad se basa en una tasa por reclamación que la entidad financiera tiene
que satisfacer cuando la reclamación es admitida a trámite. Quiero incidir en que hay un proceso de admisión a trámite que hace que no se trate de que la financiación dependa de cualquier demanda, denuncia o reclamación que se pueda presentar.
El proyecto de ley recoge una cuantía de 250 euros como estimación obtenida a partir de los datos disponibles en este momento, el número actual de reclamaciones, el aumento de los costes administrativos por la ampliación de las funciones y
la necesidad de un personal que garantice una tramitación ágil de las reclamaciones. Creo que nuestro sistema financiero y nuestra sociedad son suficientemente maduros como para evitar aquellos abusos o situaciones disfuncionales que han sido
señaladas por algunos intervinientes y algunos medios de comunicación pero, como decía, a lo largo de la tramitación parlamentaria podremos abordar esta cuestión y mejorar, si es preciso, el proyecto de ley.
Finalmente, otro de los ejes del proyecto es el impulso de la educación financiera, porque se trata de que los ciudadanos tengan la mejor comprensión e información de los productos para que estos se adecúen a su nivel y respondan a sus
necesidades. Tenemos que apostar de forma decidida por la educación financiera porque también va a llevar a una rebaja de los conflictos en este ámbito. Además, a partir de la experiencia que la autoridad tendrá en la resolución de los conflictos,
la autoridad estará en una posición inmejorable para aportar recursos pedagógicos y guías y colaborar con los supervisores financieros ya existentes y el resto de los organismos que actuamos en el ámbito de la formación y la información financiera.
En definitiva, está claro -tiene un gran apoyo público- que necesitamos contar con un mecanismo ágil y eficiente para la resolución de las controversias y un mecanismo que resulte útil para los clientes financieros, para las personas físicas
y también para las sociedades y, sobre todo, para las pymes y los autónomos. Esta es la esencia del proyecto de ley que hoy se debate en beneficio del ciudadano, pero también de los bancos y del propio sistema financiero, del funcionamiento
eficiente y de su propio prestigio y respeto en el ámbito de la sociedad.
Es un proyecto necesario y urgente, así que, en consonancia con mis palabras finales desde el escaño al clausurar el debate sobre la nueva ley del mercado de valores, espero que hoy podamos continuar en una línea de colaboración y de
diálogo, que el debate de hoy aclare cualquier duda y que podamos terminar aquí cuanto antes la tramitación parlamentaria de este proyecto de ley que es muy necesario y muy urgente en nuestro país y que, sin duda, mejorará por este debate y este
trabajo parlamentario.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias.
A este proyecto de ley se han presentado dos enmiendas a la totalidad de devolución. Para la defensa de la enmienda presentada tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Republicano, el señor Capdevila i Esteve.
El señor CAPDEVILA I ESTEVE: Bon dia. Buenos días.
Quiero hacer dos preguntas para centrar el debate. ¿Creemos que es necesario reforzar la protección y los derechos de las personas consumidoras ante los abusos palmarios de las entidades bancarias? Rotundamente sí. Ahora bien, ¿creemos
que la mejor opción para conseguir este objetivo es una nueva autoridad creada ex novo y centralizada como la que se propone en este proyecto de ley? Pues tenemos claro que no, y de ahí la defensa de esta enmienda a la totalidad. Paso a detallar,
si tienen a bien escucharlas, las cuestiones planteadas.
Llegué a este Parlamento en 2016, cuando estaban coleando aún las consecuencias de la crisis financiera, terriblemente presentes, y haciendo estragos en la sociedad, con el agrio recuerdo de miles de millones de euros de dinero público
desembolsados para salvar -decían- el sistema bancario -millones de euros que hoy en día aún no han sido devueltos en su integridad-, y, mientras tanto, se desmantelaba sin miramientos el Estado del bienestar. En el año 2018 fui portavoz de la
Comisión de investigación de la crisis financiera en esta casa. En esa Comisión se nos dio la oportunidad de hablar, pero, sobre todo, de escuchar a centenares de asociaciones y de ciudadanos afectados por innumerables abusos de las entidades
bancarias previos al estallido de la burbuja. Esta burbuja se formó durante años ante la impasibilidad y la vista gorda de reguladores, supervisores y también de la clase política, hasta que todo estalló y el pato, como siempre, lo pagaron los de
siempre. La lista de agravios, lo saben bien, es desvergonzadamente extensa: la estafa de las preferentes, las hipotecas indexadas al IRPH, las cláusulas suelo y los afectados de la venta del Banco Popular por un euro al Santander, que perdieron
todos sus ahorros en una noche fatídica de junio de 2017 y que con sus denuncias podría llenar toda mi intervención. Por cierto, con el actual redactado todos aquellos usuarios engañados por un producto financiero quedarían fuera de la protección
del sistema y, de no prosperar esta enmienda a la totalidad, en consecuencia, la intentaremos modificar. Así que sí, señorías, ha existido y existe una evidente indefensión del cliente financiero ante los abusos de las grandes entidades financieras
y sí han existido y existen importantes carencias en el proceso de reclamación de la vulneración de derechos de la ciudadanía.
¿Qué ocurre? ¿Qué falla? Pues falla que estos organismos emiten unas resoluciones que no son vinculantes. ¿Qué sentido tienen hoy, señora ministra, los códigos de buenas prácticas de cumplimiento voluntario en los que usted insiste?
¿Cree la señora vicepresidenta que son suficientes? Hoy mismo se reúne usted con la banca para valorar estas medidas. Agradeceríamos que compareciera en esta Cámara para valorarlas y, de hecho, así lo solicitaremos. Ya está bien, señora Calviño,
ya está bien de confiar en la banca y de sus juramentos por Snoopy. (Aplausos). Así que nuestra conclusión es clara, como diríamos en mi pueblo raso y corto, y es que el actual modelo de defensa del cliente financiero no funciona y no es
suficiente, y quien defiende lo contrario se posiciona claramente al lado de la banca. De hecho -y tómelo usted como un contraargumento-, solo las protestas de la banca nos han hecho dudar sobre presentar esta enmienda, y lo debo admitir, pero,
ahora bien, ¿es la autoridad administrativa independiente de defensa del cliente financiero la mejor opción para proteger al cliente financiero? Pues creemos que no y no presentamos esta enmienda al qué, sino al cómo. Defendemos en nuestra
enmienda, y creemos que la defensa de las personas usuarias o la clientela en cualquier ámbito de actividad debería realizarse en el ámbito del consumo, que nos tenemos que fijar más en el sustantivo cliente que en el adjetivo financiero, porque las
autoridades de defensa del cliente están mucho más sensibilizadas, instruidas y preparadas para no relativizar los aspectos relacionados con la defensa del usuario, como así han demostrado algunos de los comparecientes en la Comisión. Consideramos
que la solución eficaz y ágil para mejorar la protección de las personas consumidoras sería plantear como obligatorios los sistemas alternativos de resolución de conflictos ya existentes, como en el caso del arbitraje de consumo; simplemente es ir
donde se establece en los dictámenes que no son vinculantes y tachar el no. Este mecanismo ágil, gratuito y eficaz es altamente maduro en el ámbito de las reclamaciones de consumo, aunque su carácter sea actualmente opcional. Tampoco sería
necesario establecer nuevos procedimientos para llevar a cabo la defensa del cliente financiero por medio de resolución extrajudicial de conflictos.
La propuesta del Gobierno se basa en la creación de una autoridad única centralizada, y extrañaría que no la llamase jacobina por primera vez en la historia, hecho que provocará una vez más las diferencias entre la ciudadanía de los
distintos territorios.
Quiero agradecer al portavoz del PSOE su empeño negociador hasta el último minuto y decirle que el último minuto no es ahora, sino el momento de la votación; agradecemos que encontrase aspectos en los que se satisficiesen nuestras demandas.
Particularmente, consideramos un avance todo lo que hace referencia al blindaje de los servicios de las cuentas de pago básicas y todos los mecanismos que ayuden a acabar con el maltrato a las personas mayores y pensionistas. Esquerra, y espero que
el PSOE también, prioriza la opción preferente por los desfavorecidos. (Aplausos). Mi maestro, Joan Tardà, me enseñó que el trabajo parlamentario, que para usted es un accidente natural, es como el cerdo porque se aprovecha todo. Por tanto,
espero que estos pasos que ya hemos dado se puedan aprovechar y, si puede ser, en el previsible trabajo en Ponencia o, quién sabe, antes de que se sustancie la votación, si ustedes quieren.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias.
Para la defensa de la enmienda presentada, tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario VOX, el señor Manso Olivar. (Aplausos).
El señor MANSO OLIVAR: Buenos días de nuevo, señorías. Buenos días de nuevo, señora ministra.
Sesión doble del profesor Manso; esto no se lo deseo yo ni a mis peores alumnos. (Risas). Venimos a debatir -cómo no- por procedimiento de urgencia un nuevo proyecto de ley del Gobierno. Es el Gobierno de los decretos, pues llevan 135
decretos en menos de cinco años. 'Decretator' ya lo llaman. (Aplausos). Es un Gobierno que, cuando no aplica un real decreto ley, toma la iniciativa legislativa, registra un proyecto de ley y pide tramitación de urgencia. Con esta prisa, la
verdad es que no nos extraña que cosechen ustedes tantas condenas en los recursos de inconstitucionalidad o que los violadores vean rebajadas sus penas cuando ustedes pretendían lo contrario. (Aplausos). Con razón presumen ustedes de diarrea
legislativa. ¡Vaya tela!
En cualquier caso, quería reconocer el buen detalle, a pesar de la urgencia del Gobierno, de don Pedro Casares, del Grupo Socialista, de aceptarnos la propuesta de realizar una ronda de comparecencias en la Comisión de Economía con el fin de
que los portavoces fuéramos debidamente informados por los afectados por la norma. Muchas gracias, don Pedro.
Vamos al contenido. Ante el debate sobre la modificación del actual mecanismo alternativo de resolución de conflictos entre los clientes de servicios financieros y las entidades que los prestan -básicamente entidades de crédito, de
servicios de inversión y de seguros-, como saben, hemos pedido la devolución al Gobierno. El nuevo mecanismo podría haber sido una reforma del actual. En tal caso, no merecería nuestra solicitud de devolución del texto y bastaría con defender una
serie de enmiendas al articulado si no fuera porque el Gobierno, primero, pretende la creación de un nuevo e innecesario organismo público, la Autoridad Administrativa Independiente de Defensa del Cliente Financiero; segundo, muy probablemente
vulnera la tutela judicial efectiva y la seguridad jurídica reconocida en los artículos 24.1 y 9.3 de la Constitución, y nosotros no aprobamos normas de las que sospechamos su inconstitucionalidad; tercero, pretende reformar las competencias de los
órdenes jurisdiccionales civil y contencioso-administrativo sin utilizar para ello el mecanismo de ley orgánica, como es preceptivo, y, cuarto, pretende financiar la autoridad por las entidades financieras mediante el abono de una tasa muy mal
calculada porque son 250 euros por reclamación recibida, prospere o no. Usted reclama contra mí, yo pago por su reclamación y, si luego me dan a mí la razón, da lo mismo porque yo pago su queja. La verdad es que es la forma normal de actuar
ustedes. Ustedes invitan y pagan otros. Todo un sinsentido.
La creación de una nueva autoridad trae causa de un consenso sobre el cual es necesario separar el organismo responsable de la supervisión de solvencia del organismo responsable de la supervisión de conducta. Llevamos hablando de esto
veinte años. Ya hubo un intento del Partido Popular en el año 2002 que incluso se llegó a reglamentar en 2004. En España tenemos básicamente tres organismos que supervisan a la vez solvencia y conducta, dependiendo del tipo de entidad financiera.
Tenemos el Banco de España, que lleva estas competencias para las entidades bancarias y similares; la Comisión Nacional del Mercado de Valores, para las empresas de servicios de inversión y fondos de inversión, y la Dirección General de Seguros y
Fondos de Pensiones para lo que dice su propio nombre.
Para entender los problemas ligados a la coincidencia en un mismo órgano del supervisor de conducta y solvencia, me van a permitir algún ejemplo como el de las preferentes. Por cierto, señor Capdevila, no hubo condena por estafa; todas las
condenas a las entidades fueron civiles por vicio en el consentimiento. (Aplausos). De paso, le recuerdo que básicamente fueron cajas de ahorro y muchas de ellas estaban en el territorio que usted pretende independizar. (Aplausos). En su afán
por que las cajas de ahorro mejoraran
su solvencia, el Banco de España animó a la emisión de preferentes. Luego, cuando los tribunales civiles empezaron a declarar nulos los contratos, el Banco de España se vio en una situación muy incómoda porque había recomendado la
colocación. Claro, el Banco de España en una cosa llevaba razón y es que había recomendado usted emita y coloque, pero no que coloque como ha colocado, que es el origen del vicio en el consentimiento. En cualquier caso, la situación es muy
incómoda para el supervisor, máxime si, además, entendemos la segunda vuelta. Una vez condenadas las entidades, hay que devolver el dinero y entonces, la solvencia, que se ha intentado reforzar, vuelve a disminuir. Por eso es tan importante
separar el supervisor de solvencia del supervisor de conducta. Esto en la literatura científica se ha denominado modelo twin peaks, pero vamos a ver qué nos han dicho básicamente los tres supervisores.
La dirección general declinó la oferta, no vino a la Comisión y suponemos que fue porque es el único organismo supervisor dependiente del Gobierno, ya que es parte del Ministerio de Economía. El gobernador del Banco de España nos ofreció
durante su comparecencia una alternativa que era muy sencilla: den al Banco de España todas las competencias sobre supervisión de solvencia, incluidas las de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, y lo integro, y den a la Comisión
Nacional del Mercado de Valores las competencias de supervisión de conducta. El presidente de la CNMV se manifestó muchas veces en la Comisión de asuntos económicos a favor de esto. Es verdad que hace dos semanas le vi un poquito menos explícito y
un poquito más remiso, probablemente porque al presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores le están pesando muchas cosas. Primero, lo que está pasando en Indra, y, segundo, que en la Ley del Mercado de Valores no le hemos asegurado su
continuidad si el Gobierno no quiere. (Aplausos). Así, señores del Gobierno, estamos a favor de la separación de la supervisión de solvencia de la supervisión de conducta, pero no de la creación de un organismo nuevo.
El Gobierno da a entender, ya saben ustedes, que esto le viene impuesto o de algún modo obligado por la Directiva 2013/11/UE y no es así, repito, no es así. De hecho, además, el Gobierno instaura este nuevo sistema para clientes
financieros, cuando la directiva dice que es para consumidores y empresas; no es lo mismo. Resulta que ahora ustedes pretenden que cualquier empresa pueda acogerse al mecanismo, lo que es de todo punto irracional. He visto a Iberdrola accionar
contra Caja Madrid. Podría acogerse a este sistema, lo cual no tiene ningún sentido.
Señores del Gobierno, les insisto en que lo que es seguro es que no se exige en la directiva crear nada nuevo. No se exige. Solo el Reino Unido ha acogido este sistema y ha montado un organismo a finales de 2012 que ha crecido de 200 a
4500 empleos. ¡Ya vemos cómo pretenden ustedes arreglar el paro en España! (Aplausos).
La mayoría de los países de la UE no han optado por este modelo, el de creación de un organismo nuevo, ni siquiera por el de twin peaks y casi todos, a pesar de que yo he sido muy partidario del twin peaks, han preferido un modelo de
reforma. Comprendo mejor los mecanismos de reforma que los mecanismos de nueva creación. Me permitirán, para ello, una cita que sus señorías que me acompañan en la Comisión de asuntos económicos habrán escuchado de Lucas Beltrán que dice que es
posible que todos convengamos que es mucho más razonable andar por el suelo que ir por el aire; sin embargo, si vamos en una aeronave y convencemos a nuestro compañero de que eso es así, lo que no podemos permitir es que se tire por la ventana, ni
siquiera en paracaídas. A favor de esta posición reformista está el sector de seguros. Sabe que el Banco de España parece que está en una reforma más agresiva y el sector de seguros parece que no, entre otras cosas porque considera que hay una
especialidad muy importante en sus contratos y que no son iguales que los que se celebran con la banca y los que se celebran con las empresas de servicios de inversión. Imagínense ustedes una reclamación por daños insuficientemente atendida en un
seguro de hogar. Lógicamente, esto tiene poco que ver con lo financiero y mucho más con consumo. Claro, si ustedes se lo llevan al nuevo organismo, yo ya no sé qué va a hacer el ministro Garzón. (Aplausos).
Ustedes pretenden una tasa que está calculada de aquella manera. El secretario de Estado, y lo siento porque le tengo estima y me parece un buen profesional, ha hecho aquí un cálculo un poquito Cuentas del Gran Capitán de 250 euros por
reclamación que la entidad paga según el reclamante presenta reclamación y que da lo mismo que la entidad sea condenada o no; es decir, la entidad financia a sus reclamantes. Esto va a generar, como mínimo, tres cosas. La primera, que las
entidades se allanen en las reclamaciones de menos de 250 euros que se les presenten directamente. Claro, les interesa mucho más pagar. Esto puede llegar a costar 3000 millones de euros, según ha calculado Deloitte. Segundo, el desarrollo de toda
una industria especializada en hacer reclamaciones de algo de menor importe para compartir. Y, tercero, el aumento de las reclamaciones entre 2 y 20 000 euros. ¿Por qué entre 2 y 20 000?
Porque ustedes saben que la Ley de Enjuiciamiento Civil permite pleitear sin necesidad de asistencia letrada ni procurador hasta los 2000 euros; y ustedes han declarado vinculantes hasta 20 000. Entonces, en todo ese tramo, a la industria
del pleito le interesa la reclamación. ¿Por qué? Porque le sale mucho más barata la financiación de la operación y mucho más rápida. Ustedes están favoreciendo la industria del pleito. Saben que esta industria básicamente anticipa los costes del
proceso a sus clientes en la esperanza de la condena en costes, pero es que ahora quién le va a financiar. No se lo van a financiar los fondos internacionales, ahora se lo van a financiar los reclamados. A 250 euros por reclamación, el nuevo
organismo va a ser un ejemplo de éxito financiero. Va a poder contratar mucha gente y muy bien pagada. Y esto puede costar otros 450 millones, en total 3500 millones que van contra la solvencia de las entidades. La solvencia de las entidades es
importante, su supervisión es pública y ustedes la atacan desde lo público.
Señores, nuestra enmienda a la totalidad tiene, por tanto, muchas causas, pero se las voy a resumir en dos. Las principales tienen que ver mucho con el respeto a la seguridad jurídica y al orden constitucional, que ustedes suelen violar con
alegría, como si de una práctica deportiva se tratase. Son ustedes a la seguridad jurídica lo que el alcalde de Madrid al deporte de élite. (Risas.-Aplausos). El modelo adoptado por ustedes, la creación de un nuevo organismo imponiendo a las
entidades, además, un coste adicional y en ocasiones injusto, cuando ahora mismo los actuales supervisores -Banco de España y CNMV, por ejemplo- han dicho que son capaces de hacerlo sin ninguna exacción más. Por todas estas razones y porque ustedes
en el fondo no han escuchado a nadie...
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Señoría, debe finalizar, por favor.
El señor MANSO OLIVAR: Voy terminando, señoría.
... sino a sí mismos -ya sabemos que ustedes son más partidarios del organismo que de las relaciones-, nos oponemos a este proyecto de ley.
Muchas gracias. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias.
En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Martínez Oblanca.
El señor MARTÍNEZ OBLANCA: Muchas gracias señor presidente. Buenos días, señora vicepresidenta primera.
Son dos las enmiendas de totalidad que se han presentado a este proyecto de ley y ambas tienen argumentación dispar, que se podría resumir en que Esquerra Republicana de Catalunya quiere que se ceda a cada una de las comunidades autónomas el
control y la supervisión de esta autoridad independiente en defensa del cliente financiero, mientras que VOX pone sus reservas a la ley en lo innecesario de crear un nuevo organismo administrativo. Rechazaré estas dos enmiendas, con más énfasis en
la del grupo independentista, que continúa desatado en su afán por vaciar el Estado, en este caso con una medida sin parangón, que aspira a trocear la Administración a tutiplén. En todo caso, resulta fundamental que los clientes financieros
dispongan cuanto antes de una especie de gabinete de primeros auxilios que les permita sobrevivir en este complejísimo mundo en el que los usuarios de los servicios financieros están -estamos- cada vez más indefensos frente a las técnicas, las
tecnologías y las agresivas estrategias comerciales que han invadido un sector en el que hasta hace poco un cliente gestionaba sus fondos con una sencilla libreta de ahorros, la cartilla, pero que ahora, sobre todo para los clientes mayores y
pensionistas, resulta una misión en la que se sienten muy desprotegidos.
Señora Calviño Santamaría, felicite usted de mi parte al redactor de la exposición de motivos cuando en el primer párrafo del texto legislativo señala que la desproporción del poder económico de las entidades financieras frente a los
ciudadanos individuales explica la existencia de normas de conducta específicas para el sector y de un marco de protección de los consumidores que va más allá del generalmente aplicable en las operaciones económicas. Creo que no se puede explicar
mejor. La letra está muy bien, vamos a ver cómo resulta la música finalmente. De hecho, la creación de una autoridad administrativa independiente, una que no diecisiete, es algo que venimos esperando desde que hace más de seis años se traspuso
timoratamente a nuestra legislación, con mi voto favorable, una directiva europea de protección al consumidor financiero. Por eso, es inexplicable que un Gobierno que, como recordaba el señor Manso
Olivar, tiene entre sus ministros al de Consumo, cuyo titular, el señor Garzón, continúa en desconocido paradero, se haya demorado varios años y recurra a la urgencia ahora y promueva este proyecto de ley bastante flojeras, que va a dar
mucho trabajo a la ponencia. No obstante, devolver este texto al Gobierno prolongaría innecesariamente la actual situación, lo que no es bueno para el cliente financiero, por lo que votaré en contra de las enmiendas de totalidad. Aun así, con la
legislatura ya en su recorrido final, tengo mis dudas de que haya tiempo para que este proyecto de ley llegue a buen puerto.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias. Tiene la palabra la señora Vehí Cantenys.
La señora VEHÍ CANTENYS: Gracias, presidente. Ministra, buenos días.
Yo quiero empezar con una previa. Acabamos de saber que tres trabajadores han muerto en una mina, en Súria, explotada por ICL, antigua Iberpotash; una empresa que ha contaminado el territorio sistemáticamente y ha eludido la legislación
internacional de respeto a los derechos laborales y territoriales. Desde aquí un abrazo a las familias y a los compañeros.
Voy al tema. Ministra, nos parece una buena noticia que creen ustedes una autoridad administrativa para la defensa del cliente, pero nos parece extraña la foto general de qué política tiene su ministerio y el conjunto del Gobierno para con
la banca. ¿A qué me refiero? Claro, ustedes crean como una especie de mecanismo alternativo a la justicia penal para resolver los conflictos, como si la ciudadanía y la banca fueran dos actores en igualdad de condiciones. Cuando defienden a los
ciudadanos lo hacen desde esta perspectiva, pero cuando defienden a la banca los términos son distintos. Fíjese, ministra. Ustedes crearon un impuesto a los beneficios de la banca. La banca española en 2022 ha sido la banca con más beneficios de
toda Europa. Crearon un impuesto que grava el 4,8 % de los beneficios que, además, rebajaron, pactado con el PNV. Han renunciado a utilizar la cartera inmobiliaria de la mayoría de bancos españoles e, incluso, en el caso de la Sareb han cedido
ustedes la gestión de la cartera a un fondo buitre, que se llama, a un fondo de inversión, o eso dice la prensa, ministra. Nos contará usted a quién han cedido la cartera inmobiliaria. Miren, esta semana se ha publicado un estudio de La Hidra
Cooperativa sobre el mercado inmobiliario español. ¿Quién tiene las casas? ¿Quiénes son los caseros? El estudio explica, de forma muy evidente, que la mayoría de propietarios son multipropietarios. Es decir, hay muchos multipropietarios que
tienen muchas casas, casi la mayoría o buena parte de las casas en el mercado inmobiliario español. Sin embargo, ustedes presentaron el año pasado -la vamos a tener que tramitar- una modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para poder
desalojar, en menos de 48 horas, a las personas y familias que ocuparan casas vacías, la mayoría de multipropietarios. Además, ustedes contribuyen a la concentración del mercado bancario. Ministra, se lo dijimos con la cuestión de Bankia y han
renunciado a que la banca devuelva a la ciudadanía el rescate bancario. Son ustedes fuertes con los débiles y débiles con los fuertes, ministra. De hecho, contribuyen -y esto seguramente es de las cosas más difíciles de explicar pero, a medio
plazo, graves- al dogma neoliberal. Con el dogma neoliberal nunca viene un ministro y dice: Miren, vamos a privatizar todo lo público; miren, le vamos a regalar a la banca todos los beneficios de los ciudadanos. El dogma neoliberal se justifica
por grandes hits como que lo público no es eficiente y necesitamos que se gestione bien, como se hace en la empresa; que hay que transformar en un símil de clienteempresa las relaciones entre el ciudadano y el Estado para acercar la Administración
a las personas; y, como en el caso de Ferrovial, que el Estado tiene que respetar las decisiones de las empresas. Pues mire, nosotras impugnamos esta música que apunta a desmantelar lo público. La banca requiere de leyes que inviertan la dinámica
de la concentración de la riqueza, que repartan la riqueza. Ministra, la justicia restaurativa, las medidas alternativas a lo penal...
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Señoría, debe finalizar.
La señora VEHÍ CANTENYS: ... son para los conflictos entre las personas -acabo, presidente-, para los conflictos entre iguales, pero no pueden funcionar para los conflictos entre la ciudadanía y la banca.
Muchísimas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias.
Por el Grupo Parlamentario Euskal Herria, Bildu, tiene la palabra el señor Matute García de Jalón.
El señor MATUTE GARCÍA DE JALÓN: Presidente, señorías, eguerdi on guztioi.
Nosotros vamos a votar en contra de las enmiendas a la totalidad que están a debate sobre la mesa, y lo vamos a hacer pese a coincidir, en buena parte, con la crítica que se expone en la de Esquerra Republicana de Catalunya. A nadie
sorprenderá que coincidamos en prácticamente nada con la que plantea VOX. Nos movemos en un antagonismo político continuo. Como digo, vamos a votar en contra de las enmiendas de totalidad; compartimos buena parte de la crítica y de la reflexión
que se hace en la enmienda de totalidad presentada por Esquerra Republicana de Catalunya, y coincidimos en prácticamente nada con las argumentaciones que aparecen en la que plantea VOX. Esto no es nada nuevo, nos movemos en el antagonismo político
y, por tanto, a nadie tiene que sorprender. Pero sí me ha sorprendido que se utilizara en la línea argumental de defensa de la enmienda a la totalidad por parte de la ultraderecha un argumento que venía a señalar que la aplicación de esta ley
podría suponer una especie de pelea fratricida entre las élites económicas de este país. Se ha puesto el ejemplo de Iberdrola contra Caja Madrid; es decir, nos dibujaba un escenario apocalíptico en el que las grandes empresas del IBEX 35 iban a
pelearse entre ellas hasta despedazarse. Yo creo que el refranero español es bastante sabio y hay un refrán que dice: perro no come perro. No creo que eso vaya a suceder y no creo que nadie tuviera que tener miedo a eso. Pero, como decía, es un
paso de eficacia limitada el que se da con esta ley y no conviene engañarse ni engañar a nadie, porque la realidad es tozuda y nos muestra que nos encontramos en una relación de desigualdad evidente entre los clientes de una entidad bancaria y la
entidad bancaria, porque el poder lo tiene la entidad bancaria y porque hacen de los clientes, de los depositarios o de los las personas que tienen algún tipo de crédito o relación comercial con una entidad financiera, personal cautivo.
Lo más importante para nosotros del proyecto de ley que motiva las enmiendas de totalidad que hoy se discuten, tiene que ver con la exposición de motivos. Realmente, la exposición de motivos dice algo que es interesante, que es bueno que
aparezca en los textos que se debaten en esta Cámara, habla de la exigencia de un marco regulatorio para una realidad económica tan fuerte como la que significa el sector bancario y crediticio. Es importante que el Estado no reniegue de su
capacidad para regular en esos marcos. Y hay otra que es todavía más importante, que es la que define en el tercer o cuarto párrafo -creo recordar- que estamos hablando de un sector que tiene un carácter estratégico, y es bueno que el poder público
determine que hay sectores estratégicos y que en esos sectores estratégicos se debe actuar, porque un sector estratégico condiciona la economía de todos y de todas y condiciona la vida del conjunto de la sociedad. Pero luego, la ley se queda corta,
porque la ley ataca un aspecto muy concreto, que no lo hace del todo mal, pero que lo hace con una línea bastante insuficiente. Porque la realidad, nuevamente, se muestra tozuda y nos señala que la banca no ha dejado de ganar nunca, ni en los malos
momentos ni en los buenos momentos. Porque cuando los intereses eran bajos, la banca para seguir ganando dinero no pagaba ningún tipo de interés por los depósitos -dado que los intereses eran negativos o muy bajos- y, además, recibía ayuda pública.
Y ya sé que cada vez que hablamos aquí del rescate bancario alguien, para desviar la responsabilidad, nos señala que a quienes se les prestó ese dinero fueron a entidades o cajas de ahorro que ya están extintas. ¿Por qué no se extinguieron los
créditos que tenían los ciudadanos y ciudadanas con esas entidades? ¿Quién tiene ahora mismo en su poder esos créditos y, por tanto, esa deuda y ese capital? La banca. Esa es la realidad que se oculta y esa es la realidad que hay que poner encima
de la mesa. Porque ya le habría gustado a un ciudadano o ciudadana de los que tenía algún tipo de crédito con esas entidades haber visto extinguido o condonado ese crédito una vez había desaparecido la entidad con la que tenía adquirida esa
responsabilidad. Pero eso no ha pasado, no me va a poder presentar una sola persona que haya visto desaparecer eso. (El señor Manso Olivar pronuncia palabras que no se perciben). Tranquilidad, si usted lo ha dicho, es una... Iba a decir una
palabra complicada. Es difícil su doble lección hasta para los estudiantes menos aplicados, porque no han aprendido nada, porque no aprenderían nada doblemente. Pero, como digo, usted esté tranquilo porque ya queda menos tiempo.
Porque, ¿cuál es la realidad? Es que es imposible vivir sin una cuenta corriente. ¿Quién puede vivir en el Estado español sin tener una cuenta corriente? ¿Cómo se le domicilia la nómina? ¿Cómo hace los pagos a los que pueda tener que
hacer frente ante las administraciones? ¿Cómo paga las cuotas o cualquier otro tipo de realidades a las que tenga que hacer frente en su cotidianidad? Y ante esa evidencia, pues se encuentran a una población cautiva y, por eso, decimos que eso
tiene un alcance limitado. Porque no tenemos que olvidar que el 16 de marzo -dentro de siete días exactamente- van a volver a subir los tipos de interés medio punto, para desgracia de quienes tienen algún tipo de préstamo hipotecario. Y lo ha
dicho Christine Lagarde, la presidenta del Banco Central Europeo, que hará todo lo que sea necesario.
Y cuando esta señora dice que hará todo lo que sea necesario, lo que parece es una suma sacerdotisa poniendo en la pira del altar a más ciudadanos y ciudadanas a los que deja en condiciones cada vez más difíciles para su subsistencia vital.
Por eso, decimos que esta ley se queda corta, que habría que haber hecho mucho más. Por ejemplo, habría que exigir a las entidades bancarias que faciliten las cuentas de pago para personas vulnerables, porque es una obligación que no cumplen.
Porque existe la posibilidad de que cualquier persona pueda tener una cuenta corriente abierta con una entidad bancaria sin que le cobren por tenerla y, sin embargo, esto no lo ofrecen. No lo ofrecen porque no es rentable para los bancos. Habría
que exigirles también que haya un código de buenas prácticas bancarias - que lo hay-, pero que se aplique para que se frene la subida de las cuotas hipotecarias en préstamos hipotecarios a tipo variable. No se está aplicando, no se están
concediendo transformación o conversión de hipotecas de tipo variable a tipo fijo más que en un porcentaje ínfimo, pequeño. Es más, lo que están haciendo los bancos ahora es decir que ya no ofrecen el producto de tipo fijo y que, por tanto, no te
puedes cambiar a una hipoteca de tipo fijo porque ya no existe esa posibilidad dentro de la entidad bancaria.
En cualquier caso y para terminar, yo creo que hay un dato importante que señala cuál es la voracidad de la banca, porque alguien ha dicho aquí en el punto anterior que se es excesivamente duro con los sectores económicos cuando se habla de
piratas, cuando se habla de su ambición desmedida. ¿Cómo definirían ustedes a aquel que se queda con algo que no es suyo? Eso sería un robo. Y si se lo hace a una inmensa mayoría de la población, ¿cómo sería? Un robo a gran escala. Pues eso es
exactamente lo que está haciendo la banca desde hace años -concretamente año y medio- con la subida de los tipos de interés, que los está imputando únicamente a las hipotecas, pero no a dar dinero a quienes tienen depositados ahí sus ahorros, porque
se lo están llevando de esa manera y porque no están pagando nada. Termino ya, yo no voy a citar a ningún clásico de la izquierda, casi les pediría a quienes aquí profesan la fe católica que leyeran algo del Éxodo, del Levítico o del Deuteronomio,
porque ahí sí que hablan bastante de la usura y define con bastante claridad -aunque el texto sea de hace miles de años- lo que está pasando hoy.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias.
Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra la señora Sagastizabal Unzetabarrenetxea.
La señora SAGASTIZABAL UNZETABARRENETXEA: Gracias, presidente. Egun on.
Hoy debatimos la creación de la autoridad administrativa independiente de defensa del cliente financiero, que va a suponer la puesta en marcha de un mecanismo de resolución de controversias entre las entidades financieras y sus clientes.
Hemos de reconocer que desde hace unos cuantos años ha habido avances legislativos para la implementación de diferentes fórmulas de resolución extrajudicial de conflictos, como son la negociación, la mediación o la conciliación y el arbitraje. En
este sentido, hay que decir que, como entidades supervisadas por el Banco de España, las decisiones de las entidades financieras, de los servicios de defensa del cliente, puedan ser reclamadas ante el Banco de España, que, junto con la CNMV y la
Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, mantienen una función de prevención de buenas prácticas y usos financieros dentro de su cualidad de entidades supervisoras, y si el cliente no tiene satisfacción mediante estas vías, le queda
abierta la vía jurisdiccional. Por otra parte, hay que decir que el Real decreto ley 1/2007, de medidas urgentes de protección de consumidores en materia de cláusulas suelo, también establecía un sistema especial para la resolución extrajudicial de
litigios. Además, la Ley 7/2017, de trasposición de la Directiva 2013/11, de la Unión Europea, prevé en su disposición adicional primera la creación por ley de una única entidad con competencias para la resolución con carácter vinculante o no de
litigios de consumo en el sector financiero, y obliga a las entidades financieras a participar en los procedimientos ante dicha entidad de resolución alternativa de litigios. Esta ley no regula ni desarrolla procedimientos de resolución
alternativa, sino que, simplemente, se limita a establecer los requisitos que buscan la armonización de la calidad de las entidades de resolución alternativa a las que pueden recurrir los consumidores y empresarios para la solución de sus litigios.
La citada directiva permite, por tanto, que los Estados miembros hagan uso de las entidades de resolución alternativa de litigios de consumo ya existentes, pero no impide la creación de nuevas entidades que desarrollen la misma actividad. Tanto
unas como otras, las entidades ya creadas y las de nueva creación, deberán ajustarse por igual a las exigencias y procedimientos establecidos por los Estados miembros si desean ser acreditadas.
Por tanto, el proyecto de ley crea esta nueva autoridad que se integrará en los actuales servicios de reclamaciones de los organismos supervisores para resolver reclamaciones contra incumplimientos de las
normas de conducta, buenas prácticas y usos financieros, o sobre el carácter abusivo de las cláusulas contractuales. El instrumento de resolución extrajudicial que se regula en el proyecto es voluntario y alternativo, tanto a la
jurisdicción civil como al acceso a cualquier otro medio alternativo de resolución de controversias, como puede ser el sometimiento a los procedimientos arbitrales de consumo o los establecidos por otras entidades acreditadas conforme a la citada
Ley 7/2017. No se sustituyen, por tanto, otros mecanismos de arbitraje de consumo previstos en el artículo 57 del Real decreto legislativo 1/2007, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley general para la defensa de los consumidores y
usuarios y otras leyes complementarias. De esta autoridad y de este mecanismo se ha venido hablando en la Comisión de Investigación sobre la crisis financiera, en la que, entre las conclusiones aprobadas en cuanto a los organismos reguladores, se
manifestaba ya la necesidad de disponer de un mecanismo eficaz de resolución de disputas entre clientes y entidades financieras, corroborando, por tanto, que el sistema no ha sido del todo eficaz; proponiendo en aquel momento la valoración de la
arquitectura institucional denominada twin peaks; y más recientemente, con motivo de la Comisión de reconstrucción económica, en el que se precisaba que España mantiene aún la estructura de supervisión previa a la crisis, siendo uno de los pocos
países de la Unión Europea con tres organismos supervisores, y cuyas competencias en ocasiones se solapaban entre sí; y que se hacía necesaria una reforma integral del modelo de supervisión financiera hacia otro con dos organismos gestores
centrados en tareas específicas, y se estaba hablando del modelo conocido como twin peaks.
En definitiva, se vislumbraba ya la necesidad de una reforma o modificación; y sí, el prelegislador podría haber optado por este sistema, por el sistema arbitral de consumo actual, pero nada impide la creación de esta nueva autoridad. Mi
grupo, desde luego, entiende que son necesarios estos mecanismos para avanzar y mejorar la protección a la ciudadanía en sus relaciones con el sistema y servicios financieros, en un ámbito, efectivamente, donde hay una asimetría de información, y en
un entorno en el que, desde luego, la complejidad de los servicios financieros es cada vez mucho mayor. Por tanto, es necesario dar una respuesta eficaz a las reclamaciones de usuarios en el ámbito hipotecario, en el de las tarjetas, en el de las
condiciones de seguro, operaciones de valor, transferencias, comisiones..., en un contexto, además, en el que -como ya se ha dicho- pueden aumentar las reclamaciones, especialmente ante el alza de los tipos y en un escenario en el que aún hay miles
y miles de ciudadanos y ciudadanas que no han tenido una respuesta judicial frente a las reclamaciones de operaciones financieras firmadas con anterioridad a 2014, cuando estamos en 2023. Por lo tanto, se hace necesario tener un mecanismo y
procedimiento ágil y eficaz para potenciar la resolución extrajudicial de conflictos y reducir la judicialización en el ámbito financiero. Por eso, vamos a votar en contra de las enmiendas a la totalidad. Además, no plantean nada alternativo, son
enmiendas de devolución y, por tanto, creemos que obvian la necesidad que tiene la sociedad de una respuesta eficaz para esas reclamaciones; además, porque, por un lado, se dice que el sistema actual es eficaz y lo cierto es que, por todo lo que
hemos dicho, ya demostramos que no lo es. Además, entendemos que el proyecto no vulnera las competencias de las comunidades autónomas. Como he dicho, se puede seguir acudiendo a los procedimientos arbitrales de consumo; y lo cierto es que, si se
optase por hacer obligatorio el arbitraje de consumo, estaríamos también ante las mismas necesidades de mayores recursos de formación y de especialización de los árbitros en esta materia, e incluso de modificación de otras leyes, como puede ser la
Ley de Arbitraje, ralentizando, por tanto, una vez más, la resolución de conflictos en un contexto difícil y ante las puertas de unas elecciones. Además, a esto hay que añadir que la ciudadanía lleva demasiado tiempo esperando una solución, y
creemos que es el momento de actuar. Esto es lo que hoy se hace. Porque si se aprobaran estas enmiendas a la totalidad, ¿qué plantean esas enmiendas a las usuarias y usuarios, que sigan con los mismos mecanismos que hasta ahora, que no han sido
del todo eficientes? Por lo tanto, votaremos, como he dicho, en contra.
¿Esto quiere decir que estamos de acuerdo con la totalidad del proyecto de ley? No, somos críticos también, porque, a pesar de que entendemos que cuenta con elementos positivos, como pueden ser el carácter vinculante de las resoluciones, la
ampliación subjetiva y objetiva, la prestación personalizada de servicios financieros o, incluso -como ha comentado la vicepresidenta, y que consideramos que es algo muy importante-, el fomento de la educación financiera, lo cierto es que hay
elementos que nos preocupan y que entendemos que hay que modificar vía enmiendas. Entre otros, creemos que tenemos que mejorar o concretar más, si cabe, la definición de cliente potencial, teniendo en cuenta a los colectivos más vulnerables, una
definición más clara o concisa acerca de la reclamaciones sin contenido económico, hablar de la tasa y de la financiación de la autoridad, del ámbito de las resoluciones vinculantes, de la
revisión judicial de las resoluciones..., todo ello, como he dicho, en aras a conseguir un mecanismo mucho más ágil y eficaz para la ciudadanía. Atendiendo a estas premisas, desde luego, mi grupo trabajará para mejorar este proyecto de ley
a través de la interposición de enmiendas, que espero que puedan contar con el apoyo del Gobierno y del resto de los grupos, con el objetivo de avanzar y mejorar en la protección a la ciudadanía en sus relaciones con el sistema y los servicios
financieros y contar, eso sí, con una autoridad ágil, eficiente y efectiva, un mecanismo que de verdad sea útil.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor Bal Francés.
El señor BAL FRANCÉS: Gracias, presidente. Buenas tardes a todos.
Nos encontramos con dos enmiendas a la totalidad planteadas por Esquerra Republicana y por VOX. Empezaré por la de Esquerra Republicana de Catalunya diciéndole al señor Capdevila, con todos los respetos, que, desde luego, no merece la pena
ni pensar medio segundo en su enmienda a la totalidad, queriendo hacer parecer esto como una ley que regula reclamaciones de consumo, insertándolo dentro de la competencia de la comunidad autónoma, al objeto de crear diecisiete jurisdicciones
diferentes en relaciones que son idénticas entre los clientes financieros y las empresas que les proveen de servicio. O sea, es un disparate; es una cosa absolutamente inaceptable de todo punto.
En segundo lugar, me toca referirme a la enmienda de VOX, del señor Manso, a quien lo primero que le tengo que decirle es: enhorabuena; ha hecho usted una enmienda con la que Ciudadanos, yo personalmente, también mi compañera María Muñoz,
coincidimos, desde luego, en muchas de las críticas que usted pone en la misma desde un punto de vista técnico, prescindiendo absolutamente de cualquier sesgo ideológico. Nadie podrá decir que esto son cosas de VOX; son cosas de un señor que es
inspector del Banco de España y que se lo sabe, que se sabe esta materia y, por lo tanto, pone de manifiesto las chapuzas del Gobierno en esta ley. Después de lo dicho, tengo que explicarle al señor Manso por qué nos vamos a abstener, por qué no
vamos a votar a favor. Nos vamos a abstener porque, estando de acuerdo con muchas de las cosas que dice -prácticamente solo discrepamos en relación con el tema de que haya una autoridad independiente, una autoridad única-, sin embargo, queremos
mandarle al Gobierno, a la señora Calviño, un mensaje de: mire, no cuente con nosotros si no corrige muchos de los defectos que le ha puesto de manifiesto esta enmienda a la totalidad; para lo cual, ya le digo, desde el primer momento, igual que
ha hecho la señora Sagastizabal, le tendemos la mano; tendremos que llegar a acuerdos para mejorar algo tan importante como es la resolución de las reclamaciones extrajudiciales de los clientes financieros en relación con las empresas que les
proveen de servicios, máxime en una situación como la que nos encontramos ahora, en donde, por poner un ejemplo cualquiera, suben los tipos de las hipotecas variables y, sin embargo, no sube la retribución de los depósitos en las entidades
financieras. Entendemos, por lo tanto, que no procede la devolución, por eso nos vamos a abstener. Entendemos que la norma es oportuna, pero muy incorrecta desde el punto de vista técnico, muy incorrecta.
Además de muy incorrecta, señora Calviño -me permitirá que se lo diga, también con respeto, pero con contundencia-, con ciertos elementos que demuestran bastante negligencia a la hora de ponerse a escribir la ley. Se lo digo así de claro y
se lo voy a demostrar. Primero, señor Manso, es algo contradictorio lo que usted dice respecto a la negativa a crear una autoridad independiente cuando, por otra parte, de forma técnicamente correcta dice: Hombre, también podríamos unificar los
servicios de supervisión de solvencia en el Banco de España y los servicios de supervisión de conducta en la Comisión Nacional del Mercado de Valores. En el fondo, lo que está usted diciendo es que tampoco le parece mal la concentración de órganos
de supervisión. Y, efectivamente, coincido con usted en que la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones no es un organismo independiente, porque depende directamente del Ministerio de Economía.
En este sentido, hay que recordar que esta autoridad independiente -y ya se ha dicho aquí- está en varias normas; está en la directiva europea, está en la ley española 7/2017, donde se apostaba por esta autoridad independiente. Pero es
que, además, señor Manso, ha habido momentos -usted lo sabe bien y yo también- en los que ha habido repuntes en la litigiosidad, en los que se ha notado que hubieran hecho falta, incluso, más funcionarios para dar una respuesta al cliente financiero
que se encuentra en estas situaciones. Por tanto, todos estamos preocupados porque no se eleve el gasto público por crear chiringuitos o por que haya más funcionarios, pero hay que dar servicio a la ciudadanía, hay que dar servicio al cliente
financiero. Por lo tanto, no caigamos en la demagogia de a ver si esto crea un chiringuito
que aumenta el gasto público porque existen más funcionarios, porque, como bien ha apuntado usted incluso en su propia enmienda de totalidad de devolución, podría integrarse esta autoridad independiente con los funcionarios que ya forman
parte de los servicios de reclamaciones de las tres entidades supervisoras. Y así no crearíamos un nuevo chiringuito que la señora Calviño le quisiera dar a dedo a algunas de las personas que tienen carné del Partido Socialista.
Esto por lo que se refiere a la autoridad independiente, pero, efectivamente, aquí se está poniendo en tela de juicio un principio básico, que es la tutela judicial efectiva. Miren, es que esto ya ha pasado, esto no es algo nuevo. La ley
del transporte terrestre creó ya en su día un arbitraje administrativo obligatorio y la sentencia del Tribunal Constitucional 11/1984 dijo que era contrario a la tutela judicial efectiva. Ya sé que este no es un arbitraje obligatorio, ya sé que es
voluntario, pero tengamos mucho cuidado y seamos muy finos a la hora de establecer el diseño de estas reclamaciones.
Me preocupa mucho también, señora Calviño, esta matraca que nos vienen a decir siempre de que hay que descongestionar la justicia. Hombre, pues doten de medios a la justicia. Claro, hay que descongestionar la justicia porque tenemos muchos
asuntos en la justicia. Claro, ¡como que no la dotan de medios! Será mejor establecer medios en la justicia que establecer sistemas de resolución extrajudiciales.
Desde luego, lo que no tiene un pase es la distinción de órdenes jurisdiccionales para conocer las resoluciones de las reclamaciones. Si no llegan a 20 000 euros y, por lo tanto, tienen carácter vinculante, nos vamos a la jurisdicción
contencioso-administrativa; si, por el contrario, superan los 20 000 euros y, por lo tanto, no tienen carácter vinculante, nos vamos a la jurisdicción civil, cuando, a lo mejor, en cuanto al fondo del asunto, es lo mismo, la materia es la misma.
Vamos a tener dos jurisprudencias, de la Sala primera y de la Sala tercera, que pueden ser contradictorias. Señora Calviño, pregúntele usted a la ministra de Justicia. Esto ya pasó con la propiedad industrial, con las resoluciones de la Oficina
Española de Patentes y Marcas, y fue el Gobierno socialista -con la Ley Orgánica 7/2022- el que dijo que todo se iba a la jurisdicción civil mediante el procedimiento del juicio verbal. ¿No le parece más coherente que todo vaya a la jurisdicción
civil?
Lo del pago de la tasa tampoco tiene nombre, o sea, 250 euros sin haber hecho una evaluación del coste del servicio le puede llevar básicamente a que esta tasa sea inconstitucional. Pero, sobre todo, tener que pagarla, incluso aunque el
banco tenga la razón, tampoco tiene justificación.
Y, termino, presidente, diciendo que en su discurso, señora Calviño, ha dicho que existe o que va a existir una coordinación entre las entidades de supervisión y la autoridad independiente. Nosotros no la vemos o no la vemos en el grado
suficiente como para que la entidad de supervisión dicte unas instrucciones y la autoridad independiente no le quite la razón, creando, por lo tanto, una situación de inseguridad jurídica para las entidades.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Debe finalizar, por favor.
El señor BAL FRANCÉS: Muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias.
Por el Grupo Parlamentario Plural, tiene la palabra el señor Rego Candamil.
El señor REGO CANDAMIL: Grazas, señor presidente.
Una vez más, los partidos del Gobierno pretenden utilizar un teórico avance en derechos para proceder a otra vuelta de tuerca recentralizadora, solo que, en este caso, además de que a nuestro juicio sería ineficaz, resulta inadecuada. Así
lo hicimos constar, por cierto, en una iniciativa del BNG en el Parlamento de Galiza en junio de 2022, cuando esta ley estaba aún en fase de anteproyecto, para que la Cámara se pronunciase en contra. Curiosamente, el Partido Popular votó en contra
de esta iniciativa del BNG y el PSOE votó a favor, por tanto, a favor de rechazar esta ley.
Resulta una ley inadecuada porque claramente invade competencias. El artículo 30 del Estatuto de Galiza recoge como competencias exclusivas -cito- comercio interior, defensa de consumidores y usuarios. Inadecuada, también, porque, además
de la existencia del Instituto Galego de Consumo -que tiene atribuidas precisamente competencias en la defensa de las personas consumidoras-, Galiza fue la primera en poner en marcha un proceso de resolución extrajudicial de conflictos en el sector
financiero en relación con las preferentes y subordinadas, que permitió que la clientela recuperase sus ahorros.
Pero también es ineficaz porque la nueva autoridad centralizada, además de alejar el mecanismo de las personas afectadas -y ya sabemos cuál es el efecto de esto-, tal y como se diseñan sus organismos
de gobierno no va a estar libre de la influencia de organismos como la CNMV o incluso el Banco de España, que si algo han demostrado es que son, más que supervisores, organismos en última instancia al servicio de las entidades financieras.
¿Saben lo que sí resultaría de verdad eficaz? Que ustedes obligasen a la banca a devolver los más de 60 000 millones de euros de capitalización del rescate bancario; que ustedes legislasen para obligar a los bancos a poner fin a los
abusos, cierres de oficinas, recortes de la atención presencial, comisiones abusivas; que controlasen el encarecimiento de las hipotecas, estableciendo topes de esas hipotecas que pesan como una losa en la economía de muchas familias; que el
código de buenas prácticas que trajeron aquí fuese obligatorio y no voluntario; que si los bancos suben las hipotecas y los préstamos también deban subir lo que pagan por depósitos y productos de ahorro o que creasen una banca pública. En fin,
precisamente esto que sí sería eficaz es lo que el PSOE, lamentablemente, no está dispuesto a hacer.
Obrigado.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias.
Tiene la palabra el señor Bel Accensi.
El señor BEL ACCENSI: Gracias, presidente.
Vicepresidenta primera, señorías, voy a hacer varias consideraciones en relación con la enmienda de totalidad. Una primera, que yo creo que ya ha recordado la portavoz del PNV, es que hace más de cinco años esta Cámara aprobó la Ley 7/2017,
que en una disposición adicional establecía la creación de una entidad única para resolver los litigios en el ámbito de los clientes financieros con carácter vinculante. Por lo tanto, de entrada, llevamos más de cinco años de retraso. Sí es verdad
que en estos cinco años han pasado muchas cosas en el conjunto del Estado, en el mundo y en esta Cámara, pero, primera consideración, vamos con retraso.
Segunda consideración, hasta el señor Manso reconocía que hay un cierto consenso en separar las actividades de supervisión de las de conducta. Tercera consideración, hay unos datos que en las comparecencias nos dejó encima de la mesa el
magistrado que compareció. Él ponía de manifiesto que hay decenas de miles de asuntos judicializados, que la mayoría no superaban los 2000 euros, pero que colapsaban muchos juzgados, y que el número de estos asuntos, en lugar de ir remitiendo, se
va incrementando año a año. Basándonos en estas tres consideraciones, si hoy votamos a favor de la enmienda de totalidad, tenemos que valorar si mejoramos o empeoramos la situación.
Es evidente que nosotros tenemos algunas discrepancias en cuanto al contenido de la norma que vamos a tramitar, y de eso se trata en estos momentos, de que los grupos parlamentarios podamos plantear nuestras enmiendas y que el Gobierno,
consciente de la situación -y como ya ha hecho este ministerio en otras leyes-, sepa encontrar los ámbitos de negociación y acuerdo para mejorar sustancialmente la norma, porque, de hecho, si no lo hacemos, vamos a continuar exactamente en la misma
situación. Y nosotros discrepamos de algunos de los argumentos que se han puesto encima de la mesa. Cuando alguien habla de crear chiringuitos, incrementar la Administración pública y el gasto público, yo les diría: Hombre, nos deberíamos
preocupar por otros aspectos mucho más relevantes en el ámbito de creación o incremento del gasto público. Porque, al fin y al cabo, si ustedes hacen un análisis de coste-beneficio, ya verán que no es tanto el incremento del gasto público que se
puede plantear con esta medida una vez realizadas ciertas correcciones, ya que es evidente que una parte de esta actividad va a suponer que los organismos supervisores que están resolviendo determinadas reclamaciones no lo van a tener que hacer y,
por tanto, van a liberar una parte de sus recursos. Es una obviedad que la Administración de Justicia va a tener mucha menos presión y, por tanto, va a tener que destinar muchos menos recursos a resolver todos estos conflictos que tienen un coste
también muy elevado, y eso va a permitir que se preste un mejor servicio público de la Administración de Justicia, destinando estos recursos a otros asuntos.
Por tanto, nosotros vamos a votar en contra de la enmienda de totalidad, y ya le avanzo que vamos a presentar más de cuarenta enmiendas al proyecto de ley para que podamos negociarlas.
Muchísimas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias.
Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, tiene la palabra el señor Guijarro García.
El señor GUIJARRO GARCÍA: Gracias, presidente.
Buenos días a todas y a todos. Lo primero que llama la atención de esta iniciativa es sin duda su retraso; su retraso, señor Manso, su retraso. Digo exasperante retraso con el que se está introduciendo en la legislación española aquello
que ya se aprobó por el Parlamento Europeo en la Directiva 2013/11/UE y por el Consejo el 21 de mayo del año 2013, porque su trasposición a la Ley 7/2017 no llegó hasta noviembre de 2017, es decir, pasaron 43 meses desde que se aprobó la directiva
hasta que se traspuso la ley. Y ahora el desarrollo de su disposición adicional primera, es decir, la creación de una autoridad de defensa del cliente financiero, ya va con 54 meses de retraso, puesto que la propia ley daba de plazo hasta agosto de
2018 para el desarrollo de este capítulo. Casi diez años, señorías, 118 meses desde la trasposición de la directiva hasta nuestros días. Por tanto, creo que lo primero que nos toca como legisladores es una disculpa para con la ciudadanía.
Ciertamente, ha llovido mucho en esta década, y esta legislatura ha sido especialmente rica en situaciones graves y sobrevenidas, pero es evidente que ya hace diez años existía la necesidad de crear una instancia de resolución de conflictos de
intereses que básicamente nos protegiera a todas y a todos de los excesos de un sector en particular, el bancario y financiero. Porque todas y todos -decía el señor Matute con toda la razón- pasamos por esa ventanilla tarde o temprano, no hay
manera humana hoy de no ser cliente financiero.
¿De dónde partíamos y cuál ha sido la relación de este sector para con la sociedad, de la que saca colosales beneficios y a la que también se supone que debe servir a lo largo de los últimos años? Francamente, muchos nos negamos a olvidar
el rescate bancario del año 2012 y a los responsables políticos -a mi juicio, criminales- que decidieron condenar a su pueblo para beneficio exclusivo de sus financistas. Millones de familias en España aún se acuerdan, cuando no arrastran todavía,
de los efectos de aquellos años duros, muy duros, en los que perdieron trabajos, casas, expectativas y proyectos de vida, mientras su Gobierno estaba dedicado a los recursos públicos para tapar las vergüenzas y los excesos de sus amigos banqueros.
¿Qué ha pasado desde entonces? Pues que se han perdido más de cien mil empleos en el sector, señorías, más de setenta despidos colectivos desde el año 2010. Hemos pasado a ser uno de los países de la eurozona con menor número de empleados en el
sector por cada diez mil habitantes, según ya denunciaba Comisiones Obreras. También en esta última década hemos conocido prácticas más o menos generalizadas con relación a las cláusulas suelo, tarjetas revolving, denegación de servicios y cuentas
de pago básicas, comisiones fraudulentas y últimamente el condicionamiento de préstamos COVID del ICO, es decir, de dinero público, a la contratación de otros servicios financieros.
Por otro lado, los datos del Consejo General del Poder Judicial indican que entre el año 2017 y el año 2021 se han dictado 420 154 sentencias favorables al cliente en litigios con prestadores de servicios financieros; esto es el 97,4 %
-tomen nota, señorías, 97,4- de los casos. Entonces, o bien tenemos a unos jueces que tienen tirria a los banqueros, o bien tenemos un problema con el comportamiento del sector, esto es así. A finales de 2021 quedaban pendientes de resolver 212
969 asuntos. Señora ministra, hay clientes que firmaron su hipoteca antes del año 2013, el año que se dicta sentencia por la que se anulan todas las cláusulas suelo, que todavía no han recibido respuesta judicial, diez años después. La justicia
que llega tarde, no es justicia. Incluso un estudio encargado por la Asociación Española de Banca para conocer cómo está percibiendo la población española de más de sesenta y cinco años los servicios del sector reconoce que el 82,7 % de los mayores
no ha percibido ninguna mejoría del servicio prestado por estas entidades, a pesar de que a nueve de cada diez les parece muy o bastante importante este servicio. Es decir, el estudio pretende justificar el comportamiento de la banca, pero con este
dato acaba por darnos la razón. En los últimos meses, además, hemos visto crecer como la espuma los beneficios de la banca, impulsados por las subidas de los tipos de interés: Santander, 9605 millones de euros; BBVA, 6420 millones de euros;
Caixabank, 3145 millones de euros. Como decía la señora Vehí, los mayores beneficios de toda la banca europea. Por otro lado, la retribución media de los directivos en el país fue de 2,16 millones, frente a los 1,8 millones de promedio europeo. Y
para colmo, el número de banqueros en España con sueldo millonario se incrementó en España durante la pandemia, pasando de 128 en el año 2020 a 221, casi más de 100 en un solo año; mientras los españoles y las españolas lo pasábamos mal, esta gente
se andaba forrando.
Por tanto, señorías, lo que hace diez años era una necesidad, ahora ya es una urgencia, y esta necesidad apremiante, sin embargo, no ha evitado que se presenten dos enmiendas de totalidad para la devolución de este proyecto de ley. La
primera, la de VOX, es hasta esperable, señor Manso. Al fin y al cabo, de esta gente que va presentando mociones de censura como si no hubiera un mañana, que
utiliza una herramienta constitucional fundamental para dar salida a sus pataletas de niño consentido, tampoco íbamos a esperar nada. Es más, sus argumentos para esta enmienda de totalidad son calcados -calcaditos, señor Manso- a los que
presenta la banca. Y, por cierto, recodará usted que en las comparecencias el único que se quejó y criticó esta iniciativa abiertamente fue el representante de la banca; el resto pusieron matices, aportaron ideas, pero desde luego no hicieron una
enmienda de totalidad, como se está haciendo ahora. Y, por cierto, el director general de Seguros compareció, acuérdese, el primer día de las comparecencias. Acuérdese, mírelo ahí, porque compareció el señor Álvarez. Decía VOX que no hace falta
regulación, que las cosas funcionan bien como funcionan, que los abusos que he descrito anteriormente con cifras y estadísticas son cosas de socialcomunistas desalmados y que protegen a estas pobres almas de cántaro, los señores banqueros, del acoso
de las huestes ciudadanas. En fin, por tanto, su oposición feroz a esta ley es, como tantas otras veces, una buena señal.
Dicho esto, lo que sí confieso que me ha pillado en curva, algo más desprevenido, ha sido la enmienda de totalidad de los compañeros y compañeras de Esquerra, porque cada grupo es muy libre de decidir cómo apoya o hace oposición a un
gobierno, faltaría más, e incluso puedo entender que se presente una enmienda de totalidad con la voluntad o no de negociar su posterior retirada con el Gobierno. Ahora bien, lo que ya me cuesta un poco más entender es que no presenten ustedes un
texto alternativo, sino una enmienda de devolución. Por tanto, van a votar junto a ese grupo parlamentario que tienen ustedes ahí al lado. En fin, que digo yo, excelentísimo señor don Joan Capdevila i Esteve -querido Capi-, que a veces no queda
otra, pero ¡hombre!, si uno se puede ahorrar la fatiga, pues mejor ahorrársela. Solo eso.
Gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, tiene la palabra la palabra el señor Paniagua Núñez.
El señor PANIAGUA NÚÑEZ: Gracias, presidente. Señorías, buenos días.
Señora vicepresidenta, en nuestra opinión los objetivos que pretende este proyecto de ley no se van a cumplir, pero no vamos a apoyar las enmiendas de totalidad porque pensamos que podemos solucionarlo durante la tramitación en ponencia y en
la Comisión, y esperamos que así lo podamos hacer. Presentaremos un montón de enmiendas que nos han trasladado también asociaciones e instituciones, y espero que el Gobierno esté dispuesto a aceptar muchas de ellas porque, de verdad, señora
vicepresidenta, no acabamos de entender muchas cosas ni como las ha planteado así el Gobierno. Y después de la comparecencia del secretario de Estado en la Comisión de Asuntos Económicos y Transformación Digital, la verdad es que seguimos con las
mismas dudas.
Lo primero que no entendemos es la urgencia. Hay que recordar que se estableció en un real decreto ley de finales de 2017 la obligación de crear esta autoridad y más de cinco años después nos entran las prisas. La urgencia podría venir por
unos malos servicios de reclamaciones actuales, pero lo que nos han indicado los responsables es que no es así. La otra urgencia, esta sí que es real, sería combatir la exclusión financiera y solucionar los problemas de conocimientos financieros
que tienen nuestros ciudadanos, pero eso tampoco lo consigue este proyecto de ley. Por tanto, no entendemos en qué está pensando el Gobierno.
Lo segundo que no entendemos es la financiación del coste de la autoridad y el funcionamiento de la tasa. Lo abordo de forma conjunta porque tiene mucho que ver. Nos lo detalló muy bien el secretario de Estado, la autoridad tendrá 250
trabajadores, la mayoría seguramente nuevos, por lo que nos trasladaron el gobernador y el presidente de la CNMV sobre los traslados de sus profesionales a otros organismos. Como decía, 250 trabajadores, unos 23 millones de euros de coste, y para
cuadrarlo el Gobierno estima unas 100 000 reclamaciones a 250 euros cada una, 25 millones de euros, justo para pagar los gastos. Y por eso tiene que establecer una tasa que pague la entidad financiera contra la que se reclame, tenga razón o no, lo
importante es poder mantener el organismo. No, señorías, lo importante no es eso, es que los clientes estén protegidos, que haya libertad de contratación y que el sistema funcione lo mejor posible. Ya sabemos de su importancia y por eso se
aportaron importantes cantidades de dinero desde el Estado para su salvación en la anterior crisis, algo que debo recordarles le pareció la mejor solución a la presidenta del FROB en las comparecencias de los presupuestos generales del Estado;
presidenta nombrada por este Gobierno y a quien deberían escuchar para no volver a repetir algunas falsedades que hemos oído por parte del Gobierno y del grupo parlamentario. (Aplausos).
Quiero decirle al señor Guijarro que estoy de acuerdo con la crítica que ha hecho al Gobierno del señor Rodríguez Zapatero, aunque no, por supuesto, en las formas.
Pensemos que, si no hay reclamaciones porque las entidades asumen todas las que son menores de 250 euros para rebajar los costes, ¿quién va a mantener el organismo? ¿Los presupuestos generales del Estado? ¿Y para qué queremos mantener un
organismo sin reclamaciones? ¿Dónde se ha visto que la tasa la pague el reclamado sí o sí? ¿No creen que se utilizará de forma clara para eliminar comisiones y gastos por parte de muchos clientes? Todos los que sean menores de esos 250 euros, o
peor, en caso de que no se conceda una tarjeta de crédito o una financiación. De esta manera, estamos atacando de forma clara el riesgo responsable. ¿Todo esto es justo y responsable? No, señorías, no lo es.
En tercer lugar, los elementos subjetivos. Tampoco entendemos, primero, por qué se permite utilizarlo a las grandes empresas, ellas no necesitan esta facilidad, y, segundo, tampoco entendemos que se permita a las asociaciones de
consumidores o a colectivos; los clientes con un método rápido, gratuito y vinculante no necesitan nada más, y aparece un riesgo real, que ya lo han comentado antes, de dejar en manos de la industria del litigio este poder. Y respecto a los
clientes potenciales, no se dan cuenta de la inseguridad jurídica que generan, quítenlo y mejorarán el proyecto. A los que sí deben incluir son a los solicitantes de las cuentas de pago básicas de forma explícita, porque en este caso sabemos que no
se está cumpliendo con la normativa en innumerables ocasiones.
En cuarto lugar, el límite de 20 000 euros seguimos sin saber de dónde sale. Lo que sí que sabemos es que si el límite fuera de 1000 euros, se cubrirían el 90 % de las reclamaciones actuales.
En quinto lugar, también tenemos varias dudas sobre los elementos objetivos. Estos se amplían, porque va a cubrir la posibilidad de interponer reclamaciones sobre normas de conducta y las buenas prácticas financieras. Estamos hablando de
normas sobre las que es voluntario adherirse por parte de las entidades y sobre conceptos un poco etéreos para generar la suficiente seguridad jurídica.
En sexto lugar, también hay bastantes contradicciones. Una de ellas es en qué cabeza cabe que haya dos vías judiciales de reclamación, la contencioso-administrativa y la civil. Esto va a generar muchos problemas.
En séptimo lugar, se habla de que van a reducir la litigiosidad judicial. Pero si las entidades son acosadas a reclamaciones gratuitas -bueno, para ellos no, porque les costará 250 euros cada una-, ¿no creen que se defenderán acudiendo a la
vía judicial? Y las indefiniciones que hemos comentado de elementos subjetivos y objetivos también fomentarán la judicialización. Quizá este montaje se vuelva en contra de este objetivo, pero no importa, ya saben que lo relevante es mantener el
organismo.
En octavo lugar, no va a solucionar el problema de la exclusión financiera, ni siquiera con la redacción actual soluciona el problema que les he dicho de las cuentas de pago básicas.
Y, por último, tampoco va a solucionar el problema de la educación financiera. Va a ser otro modelo más de gestión de la educación financiera sumado al resto, que, como nos dicen los estudios, no están obteniendo los resultados necesarios.
Este proyecto de ley era el momento de comprometerse con este problema y solucionarlo, pero de nuevo, como les decimos en muchas tramitaciones de leyes, pierden una oportunidad de oro. Porque, señora vicepresidenta, quién mejor que esta autoridad
para ser la responsable de solucionar los problemas de los conocimientos financieros de nuestros ciudadanos y no una pieza más en ese engranaje, como está en este proyecto de ley.
Lo que sí aporta este proyecto de ley es el carácter vinculante de las reclamaciones y algo de rapidez al reducir los plazos, aunque hay dudas de que puedan ser cumplidos y también la inclusión de las entidades no supervisadas o las del
negocio de los criptoactivos, pero esto se podría implementar en el sistema actual, no hace falta un nuevo modelo para poder disfrutar de todas estas virtudes. (La señora presidenta ocupa la Presidencia).
Termino, presidenta. Todas estas dudas las tenemos y las expresamos aquí no solo en nuestro nombre, sino en nombre de asociaciones e instituciones que nos las han hecho llegar y a los que hemos prometido trabajar para mejorar este proyecto
de ley y cambiar la mayor parte de las características que no han sido bien diseñadas por el Gobierno, y esto es lo que vamos a intentar hacer.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Paniagua.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Casares Hontañón.
El señor CASARES HONTAÑÓN: Buenos días, señora presidenta.
Señorías del Partido Popular, les he escuchado todos los argumentos de la gran banca, de las patronales, pero ni uno solo en defensa de lo que aquí tratamos: los consumidores y las personas vulnerables. ¡Qué oportunidad perdida, señorías
del Partido Popular! (Aplausos).
Señorías, debatimos hoy dos enmiendas a la totalidad a este proyecto de ley, de las que espero que finalmente solo votemos una porque estamos trabajando intensamente con Esquerra Republicana de Catalunya en mejorar, sí, este proyecto de ley
en aspectos que nos parecen muy importantes, como proteger a las personas vulnerables, avanzar en las cuentas de pago básicas y a nuestros mayores; en definitiva, como ha demostrado siempre este ministerio y el Gobierno de España, en avanzar juntos
con el conjunto de esta Cámara en mejorar los proyectos de ley. Probablemente, se debatirá y votará una sola enmienda. Algunos grupos parlamentarios la apoyarán y otros se pondrán de perfil, pero en todos los casos con un denominador común: están
pensando en todo menos en la ciudadanía, no están pensando en esos millones de españoles que a partir de la aprobación de esta autoridad independiente pasarán a estar protegidos en el ámbito bancario de seguros y de inversión financiera. Y sí,
señorías, estamos ante un buen proyecto de ley, estamos ante una norma que va a proteger a los clientes, a mejorar los mecanismos de resolución de conflictos y, en definitiva, a reforzar al sector financiero. Una autoridad que, si hubiese existido
en la anterior crisis, con toda probabilidad la crisis financiera no hubiese sido la misma y sus efectos habrían sido menores.
Señorías, para los que discuten el modelo, igual lo que no quieren es avanzar en la protección y defensa de los clientes financieros, porque presentan enmiendas a la totalidad sin ningún texto alternativo. Pues díganlo claro y no busquen
-como han hecho hoy aquí- excusas o argumentos falsos, como que este organismo dispara el gasto público, cuando será el sector quien se hará cargo a través de una tasa. Díganlo claro, digan claro a quienes defienden y a quienes no, señorías de la
derecha y de VOX. (Aplausos). Porque son ustedes los mismos que votaron no al impuesto a la banca y ahora no quieren proteger a los ciudadanos; porque son ustedes los herederos de los que rescataron a los bancos y ahora no quieren rescatar a las
familias (aplausos); porque son ustedes los mismos que dedican mucho tiempo a defender a grandes empresas que se quieren marchar de este país para pagar menos impuestos, después de que España se lo haya dado todo, pero no dedican ni un minuto a las
personas vulnerables que vienen a este país a darlo todo y a las que este proyecto de ley también protege. Esos son ustedes, señorías. De esto, sí, también va esta ley.
En un contexto de riesgos, de exclusión financiera, de personas mayores vulnerables, de entornos rurales, de subidas de tipos de interés, de encarecimiento de las hipotecas, de cierre de sucursales, de fusiones de entidades financieras, de
una brecha ante la creciente digitalización, de mayor presencia del entorno financiero en nuestras vidas y de beneficios históricos del sector y de la banca, en ese contexto es fundamental proteger más a la ciudadanía. ¿Y alguien en este contexto,
señorías de esta Cámara, puede decir que no es necesario o que no es urgente proteger a los ciudadanos o que es suficiente con lo que tenemos? ¿De verdad alguien cree que con lo que tenemos es suficiente?
Son muchas las razones para aprobar hoy, para que demos nuestro voto a favor de este proyecto de ley y rechacemos las enmiendas a la totalidad. Una ley que, como bien explicaba la vicepresidenta primera del Gobierno, unifica en una sola
entidad independiente lo que hasta ahora está en los servicios de reclamaciones de tres organismos, como son el Banco de España, la CNMV y la Dirección General de Seguros. Una ley que va a garantizar que se puedan poner reclamaciones de forma
totalmente gratuita, de forma más ágil y rápida. Una ley que establece que las reclamaciones serán vinculantes y, por tanto, de obligado cumplimiento para las entidades financieras cuando el importe reclamado sea inferior a 20 000 euros, es decir,
para la mayoría de los casos. Una ley que amplía el tipo de reclamaciones, que podrán tener o no por primera vez contenido económico, cubriendo las quejas por el incumplimiento de obligaciones de información o por la apertura de cuentas de pago
básicas. Una ley que amplía la protección de todos, de todos los clientes financieros, sean o no de entidades supervisadas, incluyendo los criptoactivos o los servicios de préstamos al consumo. Una ley que establece, por primera vez, en nuestro
ordenamiento jurídico el derecho a la prestación personalizada de servicios financieros. Una ley que establece la obligación de fomentar la educación financiera. Una ley -y esto es muy importante, señorías- que refuerza el papel de los códigos de
buenas prácticas y de autorregulación del sector financiero, asimilándolos a normas de conductas que serán, por tanto, de obligado cumplimiento una vez suscritos. Ya no vale haber firmado los códigos de buenas prácticas y no cumplirlos. Esta
autoridad garantizará su cumplimiento.
En este punto quiero detenerme especialmente, porque estamos hablando no solo de la seguridad y la tranquilidad de nuestros mayores, vicepresidenta, estamos hablando también de su dignidad, de la dignidad con la que merecen ser tratados por
las entidades financieras. Estas personas, señorías, ven y sienten cómo se han cerrado oficinas bancarias en sus barrios y en sus pueblos; cómo ya no les atienden presencialmente y les hablan de apps descargadas en sus móviles para hacer
gestiones, de asesores financieros online y de muchas cuestiones que escapan a su conocimiento; cómo se veían mayores y vulnerables obligados a sacar dinero en cajeros automáticos que a veces no saben utilizar. Esto, señorías, es injusto y por eso
esta ley también viene a solventar esta problemática. En esto el Gobierno de España, y especialmente la vicepresidenta Nadia Calviño, no dudó ni un momento en dar respuesta a esta situación de exclusión financiera de nuestros mayores. Por eso
proponemos este proyecto de ley, para devolver también la reputación y una buena percepción de la ciudadanía sobre las entidades financieras. Esto es lo que votamos hoy y nada más, señorías: avanzar en el bienestar y la protección de los
ciudadanos; por cierto, en lo que ha estado siempre el Gobierno de España y su presidente, Pedro Sánchez.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Casares.
A continuación tiene la palabra, en nombre del Gobierno, la señora vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital.
La señora VICEPRESIDENTA PRIMERA Y MINISTRA DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL (Calviño Santamaría): Muchas gracias, presidenta.
Muchas gracias a sus señorías por el tono del debate y por las contribuciones que hemos podido compartir esta mañana. Quería volver a tomar la palabra para aclarar algunos de los extremos, algunas de las consideraciones que se han expresado
y, en concreto, compartir con todos ustedes muy brevemente seis puntos.
En primer lugar, querría aclarar que el proyecto de ley no limita en absoluto la tutela judicial efectiva. Se trata de una institución que ya está prevista en una ley vigente. Se trata de un proceso legislativo que ha pasado, por supuesto,
por la opinión y el informe del Consejo de Estado y que reúne todos los requisitos para su plena constitucionalidad y que, además, como he explicado en mi introducción, lo que hace es reforzar uno de los elementos de las cinco e incluso seis líneas
de defensa que los ciudadanos tienen en el ámbito de los servicios financieros. Por tanto, no se limita y sigue plenamente vigente la tutela judicial efectiva, pero sí se trata de descargar a los tribunales de esos pleitos, de esos conflictos de
pequeña cuantía que, sin embargo, pueden tener un efecto muy perjudicial para los ciudadanos, por no hablar de la eficiencia de la Administración pública.
En segundo lugar, también quiero aclarar que no se sustituyen otros mecanismos de consumo de las competencias de las comunidades autónomas. De hecho, durante la tramitación, como se ha señalado, podremos ver cómo aprovechar plenamente ese
conocimiento y esa experiencia de los organismos competentes en materia de consumo. Se trata justamente de ampliar el ámbito, de ir más allá de los ciudadanos individuales y dotar de una capacidad adicional, de una protección adicional también a
las pymes y a los autónomos de nuestro país.
Eso me lleva, en tercer lugar, a mencionar que algunos de los parlamentarios han hablado de la necesidad de trabajar sobre la identificación de los clientes que están cubiertos por esta ley. Noto y señalo que hay bastante alineamiento en
cuanto a las dudas sobre la cobertura de las grandes empresas, pero no respecto a la necesidad de reforzar la protección en materia de cuentas de pago básicas y reforzar la protección de los más vulnerables. Como ya ha señalado el representante del
Partido Socialista, comparto plenamente que el objetivo de esta ley es reforzar la protección de los ciudadanos más vulnerables, y ahí nos vamos a encontrar siempre que trabajemos en esta línea. (Rumores).
La señora PRESIDENTA: Señorías, les pido silencio, por favor.
La señora VICEPRESIDENTA PRIMERA Y MINISTRA ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL (Calviño Santamaría): Gracias, presidenta.
En cuarto lugar, ya he señalado en la introducción que también podemos abordar en la tramitación parlamentaria la cuestión de la financiación, algunos grupos la han suscitado. Siempre estamos abiertos a introducir mejoras en la articulación
de la ley.
En quinto lugar, ha habido algún parlamentario que ha señalado las carencias en materia de la aplicación del código de buenas prácticas para la conversión de las hipotecas de tipo variable a tipo fijo. Esta es una cuestión... (Rumores).
La señora PRESIDENTA: Perdone un momento, señora vicepresidenta, que la vuelva a interrumpir.
Señorías, les pido silencio por favor.
La señora VICEPRESIDENTA PRIMERA Y MINISTRA DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL (Calviño Santamaría): Muchas gracias, presidenta, porque se encuentra uno gritando. Siento mucha pasión por este proyecto de ley, pero prefiero no
tener que subir el tono. Voy a ser muy breve.
En quinto lugar, me parece importante señalar, ya que algún parlamentario ha hablado de carencias en la aplicación del código de buenas prácticas en el ámbito hipotecario, en particular en lo que respecta a la conversión de las hipotecas de
tipo variable en tipo fijo, y quiero confirmar que esta tarde, en esa reunión que tendremos con las entidades financieras y los representantes de los clientes y las personas mayores, vamos a abordar cualquier posible carencia en este sentido para
garantizar que se cumple lo dispuesto en el código de buenas prácticas y la normativa aprobada por el Gobierno, que hace que este año sea gratis la amortización anticipada de las hipotecas y la conversión de las hipotecas a tipo variable en
hipotecas a tipo fijo; es decir, que no solamente este es un derecho de los ciudadanos, sino que este año esta conversión tiene que ser gratuita por parte de las entidades financieras. Es un tema importante que abordaremos sin duda en la reunión
de esta tarde y que agradezco que sus señorías hayan puesto sobre la mesa.
Finalmente, en sexto lugar, sí quiero responder a aquellos representantes parlamentarios que han dicho que no ven la urgencia o que han querido sugerir que el problema es simplemente la falta de información financiera o de formación
financiera de los ciudadanos, porque no, no es este el único de los problemas que estamos tratando de resolver con este proyecto de ley. Hay una asimetría consustancial a las relaciones entre las entidades financieras y los ciudadanos, hay un
riesgo cierto de exclusión financiera y hay un funcionamiento insuficiente de los mecanismos que tenemos para la protección de los ciudadanos más vulnerables. Por estas razones yo creo que el propio sector financiero es el primero interesado en que
haya mecanismos que funcionen con eficacia y que se proteja su reputación y su contribución al buen funcionamiento de nuestra economía y a la protección de los más vulnerables de nuestra sociedad.
Por todas estas razones, yo creo que no hay fundamento para las enmiendas a la totalidad que se han presentado. Espero que se retiren o se rechacen aquellas presentadas, que podamos trabajar juntos sobre la base del diálogo que marca la
aproximación de nuestro Gobierno y que tengamos cuanto antes un resultado positivo que espero que cuente con un apoyo muy amplio de este Parlamento, como esta misma mañana -espero- vamos a constatar en el caso de la ley del mercado de valores.
Muchas gracias, y seguimos trabajando juntos. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora vicepresidenta.
DICTÁMENES DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS EXTERIORES SOBRE CONVENIOS INTERNACIONALES:
- CONVENIO DEL CONSEJO DE EUROPA SOBRE EL ACCESO A LOS DOCUMENTOS PÚBLICOS, HECHO EN TROMSØ EL 18 DE JUNIO DE 2009, ASÍ COMO DECLARACIONES Y RESERVAS QUE ESPAÑA DESEA FORMULAR. (Número de expediente 110/000115).
- QUINTA ENMIENDA DEL PROTOCOLO DE MONTREAL RELATIVO A LAS SUSTANCIAS QUE AGOTAN LA CAPA DE OZONO, APROBADA POR LA 28.ª REUNIÓN DE LAS PARTES EN KIGALI EL 15 DE OCTUBRE DE 2016. (Número de expediente 110/000116).
- ACUERDO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA ORGANIZACIÓN DEL TRATADO DEL ATLÁNTICO NORTE RELATIVO A LA CUMBRE DE LA OTAN QUE SE CELEBRARÁ EN MADRID LOS DÍAS 28, 29 Y 30 DE JUNIO DE 2022, HECHO EN BRUSELAS EL 20 DE JUNIO DE 2022. (Número de
expediente 110/000117).
- ACUERDO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA EDUCACIÓN, LA CIENCIA Y LA CULTURA (UNESCO) RELATIVO A LA ORGANIZACIÓN DE LA TERCERA CONFERENCIA MUNDIAL SOBRE LA EDUCACIÓN SUPERIOR (CMES III), HECHO EN
PARÍS EL 17 DE DICIEMBRE DE 2020. (Número de expediente 110/000118).
La señora PRESIDENTA: Pasamos a examinar el punto del orden del día relativo a los dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre convenios internacionales, con números de expediente 110/000115 a 110/000118. Algunos grupos
parlamentarios han manifestado el deseo de intervenir. Los dictámenes se someterán a votación con el resto de las votaciones previstas para hoy.
De conformidad con lo acordado en la Junta de Portavoces, se abre un turno de tres minutos para que los grupos parlamentarios fijen su posición desde el escaño. En primer lugar, por el Grupo Parlamentario Plural, tiene la palabra la señora
Illamola Dausà.
La señora ILLAMOLA DAUSÀ: Gracias, señora presidenta. Intervendré muy brevemente desde el escaño.
Simplemente quiero referirme a dos cuestiones. En primer lugar, dos de los convenios que se presentan son totalmente extemporáneos. Es cierto que se aplican provisionalmente, pero no puede ser que hoy el Legislativo autorice a que se
celebre la Cumbre de la OTAN en junio de 2022 en Madrid o la Conferencia Mundial de Educación Superior en Barcelona en octubre de 2021. No tiene ningún sentido. Y, en segundo lugar, los otros dos acuerdos son tardíos: uno es de 2009 y el otro es
de 2016 relativo a aspectos medioambientales. Esto hace que nos preguntemos por qué con tanto retraso. ¿Por qué tardan tanto los convenios internacionales en llegar a las Cortes? Les pediríamos, ya lo dijimos en la Comisión de Exteriores, que,
por favor, se mejore el procedimiento de manifestación de consentimiento en la negociación de los tratados internacionales, que se mejore el procedimiento interno, si es que realmente se respeta el derecho internacional.
Gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Illamola.
Por el Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra el señor Asarta Cuevas.
El señor ASARTA CUEVAS: Gracias, presidenta.
Buenos días, señorías. El primer convenio, el del Consejo de Europa sobre el acceso a los documentos públicos, pretende mejorar el acceso de los ciudadanos a dichos documentos y establece una serie de importantes limitaciones que están en
consonancia con lo dispuesto en nuestra Constitución y en la Ley de Secretos Oficiales al respecto, por lo que no presenta ningún inconveniente para que VOX dictamine a favor del mismo.
El segundo convenio representa la Quinta enmienda del Protocolo de Montreal, relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono. El citado protocolo es el único tratado que ha sido ratificado por los 197 países miembros de las Naciones
Unidas, por lo que cuenta con el dictamen favorable de VOX, como no puede ser de otra manera.
Respecto al Acuerdo entre el Reino de España y la Organización del Tratado del Atlántico Norte, relativo a la Cumbre de la OTAN, celebrada en junio pasado, se pretende ratificar el entendimiento alcanzado entre el Reino de España y la OTAN
sobre los principios generales para la organización de dicha cumbre; una cumbre que ya se produjo en junio pasado, por lo tanto, el convenio no representa ningún problema para dictaminar favorablemente.
Y, finalmente, está el acuerdo entre el Reino de España y la Unesco relativo a la organización de la III Conferencia Mundial sobre la Educación Superior, hecho en París en 2020, el 17 de diciembre. En este acuerdo es interesante resaltar
que el principal objetivo de la conferencia es marcar orientaciones sobre los ámbitos en que se requiere de los Estados miembros, voluntad política, diálogo sobre políticas, creación de capacidad y planes sectoriales sobre la educación superior en
los planes nacional, regional e internacional. Esta conferencia pretende sentar las bases a partir de las cuales la Unesco prestará asesoramiento técnico en favor de la Agenda 2030. Evidentemente, resulta de poca utilidad votar por algo que ya se
ha producido, se produjo desde el 6 al 8 de octubre de 2021, pero VOX quiere, una vez más, mostrar su rechazo y diferencias con algunos de los postulados y dogmas de la Agenda 2030, a los que los globalistas se han entregado sin pararse a pensar que
se entregan a soberanías externas, que no han sido votadas ni elegidas democráticamente y renunciando al mismo tiempo a tener una voz propia que
defienda a los verdaderos intereses y oportunidades que presenta España en el mundo. Me refiero a las políticas presuntamente feministas, carentes de toda la visión humanista de la sociedad, o aquellas otras sometidas al fundamentalismo
climático y al ecologismo de salón, que impiden no solo la extracción de recursos propios, sino que ni siquiera permiten la búsqueda de los mismos en nuestro territorio español o que obligan a los ciudadanos a desprenderse de sus vehículos de
combustión en 2035. Estos son solo algunos ejemplos. En realidad, los que se hacen llamar progresistas están sometidos a unas élites protegidas por burócratas bien pagados y comprados, en algunos casos, a los que nadie ha elegido; elites que
persiguen crear una nueva clase de esclavitud, que no es otra que la de la mano de obra barata y la sumisión al más vale esto que nada.
Señorías de la izquierda y extrema izquierda que se dicen progresistas, miren a su alrededor la cantidad de desaguisados que están causando con sus leyes. Su sectarismo, totalitarismo y miopía política no les permite ver la ruina moral,
social y económica a la que están sometiendo a los españoles.
La señora PRESIDENTA: Señora Asarta, tendría que terminar, por favor.
El señor ASARTA CUEVAS: Termino.
Rectificar es de sabios, a tiempo están. Además, está comprobado que solo cuando este Gobierno socialcomunista rectifica acierta.
Muchas gracias. (Aplausos.-Un señor diputado: ¡Muy bien!).
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Asarta.
Por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, tiene la palabra el señor Suárez Lamata.
El señor SUÁREZ LAMATA: Muchas gracias, señora presidenta.
Intervengo en nombre de mi grupo parlamentario, como ya hice en la Comisión, señorías, para denunciar la temeridad con la que actúan los grupos que sostienen al Gobierno, concretamente, el Grupo Parlamentario Socialista. Hoy traen un
convenio -ya se ha dicho aquí por la representante del Grupo Plural- que viene de la Cumbre de la OTAN celebrada los días 28, 29 y 30 de junio y que había que haber traído antes, porque es el título jurídico que habilitaba poder efectuar todos y
cada uno de los gastos que se han producido. Pues bien, este Gobierno, el Partido Socialista decidió no hacerlo y no es por casualidad. Decidió no hacerlo fundamentalmente, señorías, porque medio Gobierno, una vez más, no quería que se celebrara
la Cumbre de la OTAN. ¿Cuál era la solución? La solución era muy fácil, señorías. Ustedes saben lo que piensa el Grupo Parlamentario Popular, saben la posición atlantista y, por lo tanto, hubiera sido muy fácil recabar el apoyo del Grupo
Parlamentario Popular, que lo hubieran tenido. Pero ustedes, en esa estrategia de frentismo, en ese cordón sanitario en el que se encuentran perfectamente, han decidido optar por la estrategia de la ruleta rusa y traer aquí para ver si el Partido
Popular una vez más nos salva el cuello, fundamentalmente, señorías, porque ustedes acaban de llegar a la conclusión de que no pasa nada. Que en este Gobierno no pasa nada, lo sabemos. Que un presidente del Gobierno proponga una ley y luego no la
vote, no pasa nada. Que haya setecientos y pico violadores en la calle, no pasa nada. Que la corrupción esté en un grupo del Gobierno, en la otra parte del Gobierno no pasa nada. No pasa absolutamente nunca nada. Y no pasa nada, señorías,
fundamentalmente, porque ustedes no suscribieron un programa político, porque su único programa era permanecer en los sillones a cualquier costa, a costa de tragar lo que sea.
Señorías, les voy a decir lo que pasaría hoy si este convenio -porque quiero recordarles que en la Comisión toda la izquierda se abstuvo, excepto el Partido Socialista- se cayera. Se trata del título jurídico que avala los gastos, si este
convenio hoy se tumbara, el Gobierno habría realizado pagos de forma ilegal. Vayan ustedes al Código Penal y sabrán en qué responsabilidades habrían incurrido. Ya les digo, nosotros hoy vamos a votar pensando en los intereses de este país. Una
vez más les vamos a sacar las castañas del fuego, cosa que ustedes no harían, porque, fundamentalmente, cuando ustedes votan solo piensan en salvar el sillón del presidente del Gobierno.
Muchas gracias. (Aplausos.-Varios señores diputados: ¡Muy bien!).
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Suárez.
Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Gutiérrez Prieto.
El señor GUTIÉRREZ PRIETO: Gracias, presidenta.
Señorías, hay grupos en esta Cámara que consideran que firmar convenios internacionales supone debilitar al Estado, lo llaman la agenda globalista. Lo que no se dan cuenta es que los convenios
internacionales protegen a los más débiles, también en otras partes del planeta porque con la desregulación los más débiles son los que más sufren y, al mismo tiempo hacen que los objetivos que nos superan al Estado nación puedan llevarse a
cabo.
Buen ejemplo son los dos convenios que traemos hoy aquí. Respecto al primero, el convenio del Protocolo de Montreal, señor Suárez, usted dice que hemos tardado en traer el convenio de la OTAN. Sin embargo, el convenio, el Protocolo de
Montreal, se firmó en el 2016, y ha tenido que ser un Gobierno socialista varios años después el que lo trajera, a pesar de que lo firmara el Partido Popular en el año 2016, para que usted hable de la celeridad con cierto criterio. En esos
compromisos, el Protocolo de Montreal, se supera al Estado nación, como es el objetivo de luchar contra el cambio climático, pero también en el protocolo de la cumbre de la OTAN. Le agradecemos al Partido Popular que por una vez piense en el Estado
y no en sus intereses electoralistas, que piense en la importancia que tiene comportarse también en la oposición, como les exige ser un partido con responsabilidades históricas de Gobierno. Pero yo creo que no es un protocolo para sacar pecho, lo
que sí que es para sacar pecho son los resultados de la Cumbre de la OTAN; esa cumbre en la que ustedes trabajaron para intentar que no saliera bien y que durante las semanas en las que se celebró situó a España en el centro mundial de la política
internacional (aplausos), en la que se consiguió introducir objetivos geoestratégico muy importante para la seguridad global y para la seguridad... (Rumores).
La señora PRESIDENTA: Señorías, les pido silencio, por favor. (Rumores.-El señor Matarí Sáez pronuncia palabras que no se perciben). Señor Matarí, silencio.
El señor GUTIÉRREZ PRIETO: Esa cumbre que consiguió introducir conceptos estratégicos tan importantes para la seguridad global y para la seguridad de nuestro país, en concreto, como las guerras híbridas, aquellas que utilizan, por ejemplo,
al tráfico ilegal de personas para fines políticos, que hemos visto especialmente en Bielorrusia y en Ucrania, o que introduce por primera vez el flanco sur, aquel que protege también nuestras fronteras y especialmente también a Ceuta y Melilla.
Por lo tanto, muchas gracias por comportarse por una vez como se espera de ustedes, y que nos ayuden a sacar adelante estos objetivos, que son comunes no del PSOE ni del PP ni de ningún otro partido político, sino comunes a la inmensa mayoría de los
intereses que defienden los españoles de este país.
En cualquier caso, nosotros celebramos estos protocolos, estos convenios internacionales para ser una vez más vanguardia contra el cambio climático y para ser también vanguardia en un mundo internacionalmente más seguro, más justo y más
igualitario. Esta vez gracias al apoyo del Partido Popular que, por una vez, se comporta como un verdadero partido de Estado.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Gutiérrez.
Señorías, votaremos en cinco minutos. (Pausa).
PROPOSICIONES NO DE LEY (VOTACIÓN):
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (SEÑOR MARTÍNEZ OBLANCA), RELATIVA A LA PUESTA EN SERVICIO DE TODAS LAS DEPENDENCIAS DEL CENTRO DE REFERENCIA ESTATAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDADES NEUROLÓGICAS (CREDINE). (Número de expediente
162/001161).
La señora PRESIDENTA: Señorías, damos comienzo a las votaciones.
En primer lugar, proposiciones no de ley. Proposición no de ley del Grupo Parlamentario Mixto (señor Martínez Oblanca), relativa a la puesta en servicio de todas las dependencias del centro de referencia estatal para personas con
discapacidades neurológicas, Credine. Se vota en los términos resultantes de la incorporación de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Socialista y el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 345; a favor, 334; abstenciones, 11.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada la proposición no de ley. (Aplausos).
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, RELATIVA A IMPULSAR LA ADAPTACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO. (Número de expediente 162/001091).
La señora PRESIDENTA: Proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a impulsar la adaptación de la biodiversidad frente al cambio climático. Se vota en sus términos.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 347; a favor, 289; en contra, 52; abstenciones, 6.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada la proposición no de ley.
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES. (VOTACIÓN):
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO REPUBLICANO, SOBRE UN NUEVO SISTEMA DE FINANCIACIÓN BASAL QUE REDUNDE EN EL FORTALECIMIENTO DE LOS CENTROS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO. (Número de expediente 173/000197).
La señora PRESIDENTA: Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes.
Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Republicano, sobre un nuevo sistema de financiación basal que redunde en el fortalecimiento de los centros de investigación y desarrollo. Se vota en los términos de la
enmienda transaccional presentada por el Grupo Parlamentario Socialista y el Grupo Parlamentario Republicano.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 347; a favor, 289; abstenciones, 58.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada la moción.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, PARA QUE EL GOBIERNO INFORME SOBRE LOS ÚLTIMOS ACUERDOS ADOPTADOS Y COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR ESPAÑA EN EL SENO DE LA UNIÓN EUROPEA Y DE LA ORGANIZACIÓN DEL TRATADO DEL ATLÁNTICO NORTE EN
RELACIÓN CON EL APOYO MILITAR A UCRANIA. (Número de expediente 173/000198).
La señora PRESIDENTA: Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para que el Gobierno informe sobre los últimos acuerdos adoptados y compromisos adquiridos por España en el seno de la Unión
Europea y de la Organización del Tratado del Atlántico Norte en relación con el apoyo militar a Ucrania. Votación separada por puntos. Punto primero. 1.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 344; a favor, 344.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobado por unanimidad.
Punto primero. 2.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 347; a favor, 289; en contra, 51; abstenciones, 7.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobado.
Punto primero. 3.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 347; a favor, 110; en contra, 184; abstenciones, 53.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazado.
Punto primero. 4.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 345; a favor, 279; en contra, 1; abstenciones, 65.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobado.
Punto primero. 5.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 347; a favor, 331; en contra, 4; abstenciones, 12.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobado.
Punto primero. 6.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 347; a favor, 212; en contra, 129; abstenciones, 6.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobado.
Punto primero. 7.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 347; a favor, 187; en contra, 125; abstenciones, 35.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobado.
Punto primero. 8.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 346; a favor, 202; en contra, 122; abstenciones, 22.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobado.
Punto primero. 9.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 346; a favor, 172; en contra, 167; abstenciones, 7.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobado.
Punto segundo. 1.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 344; a favor, 342; en contra, 1; abstenciones, 1.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobado.
Punto segundo. 2.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 347; a favor, 285; en contra, 52; abstenciones, 10.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobado.
Punto segundo. 3.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 347; a favor, 285; en contra, 61; abstenciones, 1.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobado. (Aplausos).
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO VOX, SOBRE LAS MEDIDAS QUE VA A ADOPTAR EL GOBIERNO PARA PROTEGER A QUIENES NO PUEDAN ADQUIRIR UN VEHÍCULO NUEVO ANTE LA PROHIBICIÓN DE LA VENTA DE COCHES DE COMBUSTIÓN A PARTIR DE 2035. (Número de expediente
173/000199).
La señora PRESIDENTA: Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario VOX, sobre las medidas que va a adoptar el Gobierno para proteger a quienes no puedan adquirir un vehículo nuevo ante la prohibición de la venta de
coches de combustión a partir de 2035. Votación separada por puntos. Punto 1.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 347; a favor, 55; en contra, 292.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazado.
Punto 2.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 346; a favor, 54; en contra, 193; abstenciones, 99.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazado.
Punto 3.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 347; a favor, 54; en contra, 203; abstenciones, 90.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazado.
Punto 4.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 347; a favor, 144; en contra, 192; abstenciones, 11.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazado.
Punto 5.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 346; a favor, 53; en contra, 293.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazado.
ENMIENDAS DEL SENADO. (VOTACIÓN):
- PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DEL SISTEMA UNIVERSITARIO. (Número de expediente 121/000111).
- VOTACIÓN DE CONJUNTO.
La señora PRESIDENTA: Votación de conjunto del proyecto de Ley Orgánica del Sistema Universitario, por tener la misma carácter orgánico.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 347; a favor, 182; en contra, 157; abstenciones, 8.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobado el texto en sus términos. (Aplausos.-Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, puestos en pie.-Aplausos de los
miembros del Gobierno, algunos de ellos puestos en pie).
- PROYECTO DE LEY DE LOS MERCADOS DE VALORES Y DE LOS SERVICIOS DE INVERSIÓN. (Número de expediente 121/000114).
La señora PRESIDENTA: Proyecto de Ley de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión. Procedemos a votar las enmiendas aprobadas por el Senado al Proyecto de Ley de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión.
Señorías, les informo de que se ha repartido una corrección de errores en relación con la disposición final decimocuarta, relativa a la entrada en vigor de la ley, que, si no hay inconveniente, sería aprobada por asentimiento.
¿Lo acuerda así la Cámara? (Asentimiento).
En consecuencia, queda aprobada esta corrección técnica, que los servicios jurídicos ajustarán de manera adecuada.
Comenzamos con la votación separada de las enmiendas. Enmienda al artículo 5.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 347; a favor, 146; en contra, 173; abstenciones, 28.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Enmiendas al artículo 245 y la disposición final undécima.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 347; a favor, 331; abstenciones, 16.
La señora PRESIDENTA: Quedan aprobadas las enmiendas.
Resto de las enmiendas.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 347; a favor, 344; abstenciones, 3.
La señora PRESIDENTA: Quedan aprobadas las enmiendas.
DEBATES DE TOTALIDAD DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS. (VOTACIÓN):
- PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE CREA LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA INDEPENDIENTE DE DEFENSA DEL CLIENTE FINANCIERO PARA LA RESOLUCIÓN EXTRAJUDICIAL DE CONFLICTOS ENTRE LAS ENTIDADES FINANCIERAS Y SUS CLIENTES. (Número de expediente
121/000134).
La señora PRESIDENTA: Proyecto de ley por la que se crea la autoridad administrativa independiente de defensa del cliente financiero para la resolución extrajudicial de conflictos entre las entidades financieras y sus clientes.
Se ha informado a esta Presidencia de que el Grupo Parlamentario Republicano ha retirado su enmienda a la totalidad de devolución, por lo que solo se someterá a votación la enmienda a la totalidad de devolución presentada por el Grupo
Parlamentario VOX.
Votación de la enmienda a la totalidad de devolución presentada por el Grupo Parlamentario VOX.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 347; a favor, 54; en contra, 194; abstenciones, 99.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada la enmienda.
- AVOCACIÓN POR EL PLENO.
La señora PRESIDENTA: Solicitud de avocación del proyecto de ley. Solicitud de avocación por el Pleno de la Cámara de la deliberación y votación final del proyecto de ley, presentada por el Grupo Parlamentario Plural, señor Bel Accensi.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 347; a favor, 344; abstenciones, 3.
La señora PRESIDENTA: Queda avocado a Pleno el proyecto de ley.
DICTÁMENES DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS EXTERIORES SOBRE CONVENIOS INTERNACIONALES. (VOTACIÓN):
- CONVENIO DEL CONSEJO DE EUROPA SOBRE EL ACCESO A LOS DOCUMENTOS PÚBLICOS, HECHO EN TROMSØ EL 18 DE JUNIO DE 2009, ASÍ COMO DECLARACIONES Y RESERVAS QUE ESPAÑA DESEA FORMULAR. (Número de expediente 110/000115).
- QUINTA ENMIENDA DEL PROTOCOLO DE MONTREAL RELATIVO A LAS SUSTANCIAS QUE AGOTAN LA CAPA DE OZONO, APROBADA POR LA 28.ª REUNIÓN DE LAS PARTES EN KIGALI EL 15 DE OCTUBRE DE 2016. (Número de expediente 110/000116).
La señora PRESIDENTA: Dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre convenios internacionales. Votación conjunta de los dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre convenios internaciones con número de expediente
110/000115 y 110/000116.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 344; a favor, 321; abstenciones, 23.
La señora PRESIDENTA: Quedan aprobados.
- ACUERDO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA ORGANIZACIÓN DEL TRATADO DEL ATLÁNTICO NORTE RELATIVO A LA CUMBRE DE LA OTAN QUE SE CELEBRARÁ EN MADRID LOS DÍAS 28, 29 Y 30 DE JUNIO DE 2022, HECHO EN BRUSELAS EL 20 DE JUNIO DE 2022. (Número de
expediente 110/000117).
La señora PRESIDENTA: Acuerdo entre el Reino de España y la Organización del Tratado del Atlántico Norte relativo a la cumbre de la celebrará en Madrid los días 28, 29 y 30 de junio de 2022, hecho en Bruselas el 20 de junio de 2022.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 345; a favor, 285; en contra, 9; abstenciones, 51.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobado.
- ACUERDO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA EDUCACIÓN, LA CIENCIA Y LA CULTURA (UNESCO) RELATIVO A LA ORGANIZACIÓN DE LA TERCERA CONFERENCIA MUNDIAL SOBRE LA EDUCACIÓN SUPERIOR (CMES III), HECHO EN
PARÍS EL 17 DE DICIEMBRE DE 2020. (Número de expediente 110/000118).
La señora PRESIDENTA: Acuerdo entre el Reino de España y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, relativo a la organización de la Tercera Conferencia Mundial sobre la Educación Superior,
CMES III, hecho en París, el 17 de diciembre de 2020.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 344; a favor, 271; en contra, 51; abstenciones, 22.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobado el acuerdo.
Muchísimas gracias a todos. Pasen una buena tarde.
Se levanta la sesión.
Era la una y quince minutos de la tarde.