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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 185, de 12/05/2022
cve: DSCD-14-PL-185
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CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE
Año 2022 XIV LEGISLATURA Núm. 185
PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª MERITXELL BATET LAMAÑA
Sesión plenaria núm. 178
celebrada el jueves,
12 de mayo de 2022
ORDEN DEL DÍA:
Debates de totalidad de iniciativas legislativas:
- Proyecto de ley de modificación de la Ley 36/2015, de 28 de septiembre, de Seguridad Nacional. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie A, número 91-1, de 25 de febrero de 2022. (Número de expediente 121/000091) ...
- Proyecto de ley sobre precursores de explosivos. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie A, número 94-1, de 18 de marzo de 2022. (Número de expediente 121/000094) ... (Página23)
Dictámenes de comisiones sobre iniciativas legislativas:
- Proyecto de ley de medidas urgentes para impulsar la actividad de rehabilitación edificatoria en el contexto del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (procedente del Real Decreto-ley 19/2021, de 5 de octubre). 'BOCG.
Congreso de los Diputados', serie A, número 73-1, de 29 de octubre de 2021. (Número de expediente 121/000073) ... (Página35)
- Votación ... (Página46)
Palabras de la Presidencia ... (Página47)
Convalidación o derogación de reales decretos-leyes:
- Real Decreto-ley 9/2022, de 26 de abril, por el que se adoptan medidas hipotecarias y de gestión de pagos en el exterior en el marco de la aplicación de las medidas restrictivas aprobadas por la Unión Europea en respuesta a la invasión de
Ucrania. ('BOE' núm. 100, de 27 de abril de 2022). (Número de expediente 130/000081) ... (Página47)
Avocación de iniciativas legislativas:
- Proyecto de ley por la que se adoptan medidas urgentes de apoyo al sector agrario por causa de la sequía (procedente del Real Decreto-ley 4/2022, de 15 de marzo). 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie A, número 96-1, de 8 de abril de
2022. (Número de expediente 121/000096) ... (Página59)
Solicitud de prórroga de subcomisiones:
- Solicitud de la Comisión Constitucional de prórroga de seis meses del plazo para la conclusión de los trabajos de la Subcomisión para la reforma de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General. 'BOCG. Congreso de
los Diputados', serie D, número 260, de 21 de abril de 2021. (Número de expediente 154/000008) ... (Página59)
Declaración institucional:
- Declaración institucional con motivo del Día Mundial de la Fibromialgia y el Síndrome de Fatiga Crónica ... (Página59)
Toma en consideración de proposiciones de ley de comunidades y ciudades autónomas. (Votación) ... (Página60)
Toma en consideración de proposiciones de ley. (Votación) ... (Página60)
Proposiciones no de ley. (Votación) ... (Página60)
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. (Votación) ... (Página61)
Debates de totalidad de iniciativas legislativas. (Votación):
- Avocación por el Pleno ... (Página62)
- Avocación por el Pleno ... (Página62)
Dictámenes de comisiones sobre iniciativas legislativas. (Votación) ... (Página63)
Convalidación o derogación de reales decretos-leyes. (Votación) ... (Página63)
Avocación de iniciativas legislativas. (Votación) ... (Página63)
Solicitud de prórroga de subcomisiones. (Votación) ... (Página64)
SUMARIO
Se reanuda la sesión a las nueve de la mañana.
Debates de totalidad de iniciativas legislativas ... (Página7)
Proyecto de ley de modificación de la Ley 36/2015, de 28 de septiembre, de Seguridad Nacional ... (Página7)
La Presidencia informa de que el Grupo Parlamentario Republicano y el Grupo Parlamentario Plural han solicitado la avocación del proyecto de ley de referencia. Dicha solicitud se someterá a votación a continuación de la votación
correspondiente a las enmiendas a la totalidad.
El señor ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática (Bolaños García) presenta a la Cámara el proyecto de ley de referencia.
En defensa de las enmiendas a la totalidad de devolución y de texto alternativo intervienen las señoras Nogueras i Camero, del Grupo Parlamentario Plural, y Bassa Coll, del Grupo Parlamentario Republicano.
En turno de fijación de posiciones intervienen el señor García Adanero y la señora Vehí Cantenys, del Grupo Parlamentario Mixto; los señores Iñarritu García, del Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu; Legarda Uriarte, del Grupo
Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Gutiérrez Vivas, del Grupo Parlamentario Ciudadanos; Cortés Gómez, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común; Ortega Smith-Molina, del Grupo Parlamentario VOX, y Callejas
Cano, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso; y la señora Ferrer Tesoro, del Grupo Parlamentario Socialista.
Proyecto de ley sobre precursores de explosivos ... (Página23)
La Presidencia informa de que el Grupo Parlamentario Republicano ha solicitado la avocación del proyecto de ley de referencia. Dicha solicitud se someterá a votación a continuación de la votación correspondiente a la enmienda a la
totalidad.
El señor ministro del Interior (Grande-Marlaska Gómez) presenta a la Cámara el proyecto de ley de referencia.
En defensa de la enmienda a la totalidad de devolución interviene la señora Carvalho Dantas, del Grupo Parlamentario Republicano.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Legarda Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Gutiérrez Vivas, del Grupo Parlamentario Ciudadanos; Boadella Esteve, del Grupo Parlamentario Plural; Mena Arca, del
Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, y Gestoso de Miguel, del Grupo Parlamentario VOX; la señora Vázquez Blanco, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, y el señor Arribas Maroto, del Grupo
Parlamentario Socialista.
Dictámenes de comisiones sobre iniciativas legislativas ... (Página35)
Proyecto de ley de medidas urgentes para impulsar la actividad de rehabilitación edificatoria en el contexto del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (procedente del Real Decreto-ley 19/2021, de 5 de octubre) ...
La Presidencia informa de que, finalizado el debate del punto de referencia, se procederá a la votación de las enmiendas presentadas al mismo.
En defensa de las enmiendas intervienen los señores López-Bas Valero, del Grupo Parlamentario Ciudadanos, y Bel Accensi, del Grupo Parlamentario Plural; y las señoras Granollers Cunillera, del Grupo Parlamentario Republicano, y De las Heras
Fernández, del Grupo Parlamentario VOX.
En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Barandiaran Benito, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); y las señoras Garrido Gutiérrez, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común;
Zurita Expósito, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, y Bravo Barco, del Grupo Parlamentario Socialista.
Votación ... (Página46)
Se procede a la votación de las enmiendas mantenidas al proyecto de ley de referencia.
Palabras de la Presidencia ... (Página47)
La Presidencia informa de que a partir de las 14:00 horas de hoy se podrán votar telemáticamente las proposiciones de ley, las proposiciones no de ley, las mociones, las enmiendas a la totalidad, el dictamen de Comisión, el real
decreto-ley, las solicitudes de avocación y la prórroga de la subcomisión.
Convalidación o derogación de reales decretos-leyes ... (Página47)
Real Decreto-ley 9/2022, de 26 de abril, por el que se adoptan medidas hipotecarias y de gestión de pagos en el exterior en el marco de la aplicación de las medidas restrictivas aprobadas por la Unión Europea en respuesta a la invasión de
Ucrania ... (Página47)
La señora ministra de Justicia (Llop Cuenca) expone a la Cámara las razones que han llevado al Gobierno a la promulgación del real decreto-ley de referencia.
En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Martínez Oblanca, del Grupo Parlamentario Mixto; las señoras Sagastizabal Unzetabarrenetxea, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), y Martínez Granados, del Grupo Parlamentario
Ciudadanos; el señor Boadella Esteve, del Grupo Parlamentario Plural; la señora Muñoz Dalda, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común; y los señores Manso Olivar, del Grupo Parlamentario VOX; Paniagua
Núñez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, y Ramos Rodríguez, del Grupo Parlamentario Socialista.
Avocación de iniciativas legislativas ... (Página59)
Proyecto de ley por la que se adoptan medidas urgentes de apoyo al sector agrario por causa de la sequía (procedente del Real Decreto-ley 4/2022, de 15 de marzo) ... (Página59)
La Presidencia informa de que el punto de referencia se someterá directamente a votación al final de la sesión.
Solicitud de prórroga de subcomisiones ... (Página59)
Solicitud de la Comisión Constitucional de prórroga de seis meses del plazo para la conclusión de los trabajos de la Subcomisión para la reforma de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General ...
La Presidencia informa de que el punto de referencia se someterá directamente a votación al final de la sesión.
Declaración institucional ... (Página59)
El señor secretario (Pisarello Prados) da lectura a la declaración institucional con motivo del Día Mundial de la Fibromialgia y el Síndrome de Fatiga Crónica.
Toma en consideración de proposiciones de ley de comunidades y ciudades autónomas. (Votación) ... (Página60)
Sometida a votación la toma en consideración de la Proposición de Ley del Parlamento de Cantabria, de modificación de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, se rechaza por 145 votos a favor más 5 votos telemáticos, 150; 165 en contra
más 9 votos telemáticos, 174; y 8 abstenciones.
Toma en consideración de proposiciones de ley. (Votación) ... (Página60)
Sometida a votación la toma en consideración de la Proposición de Ley del Grupo Parlamentario Socialista, Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, para agravar las penas previstas para
los delitos de trata de seres humanos desplazados por conflicto bélico motivado por la invasión del territorio ucraniano por tropas de la Federación Rusa, se aprueba por 295 votos a favor más 13 votos telemáticos, 308; 17 en contra más 1 voto
telemático, 18; y 10 abstenciones.
Proposiciones no de ley. (Votación) ... (Página60)
Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista, por la que se insta al Gobierno a ratificar el Convenio 189 de la OIT y asegurar el acceso a la cobertura por desempleo de las personas trabajadoras empleadas
de hogar, se aprueba por 322 votos a favor más 14 votos telemáticos, 336.
Sometida a votación la enmienda transaccional presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y el Grupo Parlamentario Ciudadanos, a la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, sobre interconexiones gasistas en España, se aprueba por 280 votos a favor más 11 votos telemáticos, 291; 38 en contra más 3 votos telemáticos, 41, y 4 abstenciones.
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. (Votación) ... (Página61)
Sometida a votación la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Republicano, sobre la calidad democrática del Estado español, se rechaza por 65 votos a favor más 4 votos telemáticos, 69; y 257 en contra más 10
votos telemáticos, 267.
Sometida a votación la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario VOX, sobre las medidas que va a adoptar el Gobierno para defender la soberanía energética de España, con la incorporación de las enmiendas 2, 3 y 5
presentadas por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, se rechaza por 53 votos a favor más 1 voto telemático, 54; 260 en contra más 11 votos telemáticos, 271; y 9 abstenciones más 2 votos telemáticos, 11.
Sometida a votación la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la crisis energética, se rechaza por 94 votos a favor más 4 votos telemáticos, 98; en contra 228 más 9 votos
telemáticos, 237; y 1 abstención con voto telemático.
Debates de totalidad de iniciativas legislativas. (Votación) ... (Página62)
Sometidas a votación las enmiendas a la totalidad de devolución al Proyecto de Ley de modificación de la Ley 36/2015, de 28 de septiembre, de Seguridad Nacional, presentadas por el Grupo Parlamentario Plural y el Grupo Parlamentario
Republicano, se rechazan por 36 votos a favor más 1 voto telemático, 37; y 286 en contra más 13 votos telemáticos, 299.
Sometida a votación la enmienda a la totalidad de texto alternativo al Proyecto de Ley de modificación de la Ley 36/2015, de 28 de septiembre, de Seguridad Nacional, presentada por el Grupo Parlamentario Republicano, se rechaza por 33 votos
a favor más 1 voto telemático, 34; y 289 en contra más 13 votos telemáticos, 302.
Avocación por el Pleno ... (Página62)
Sometidas a votación las solicitudes de avocación por el Pleno de la deliberación y votación final del Proyecto de Ley de modificación de la Ley 36/2015, de 28 de septiembre, de Seguridad Nacional, presentadas por los Grupos Parlamentarios
Republicano y Plural, se aprueban por 313 votos a favor más 12 votos telemáticos, 325; 8 en contra más 1 voto telemático, 9; y 1 abstención más 1 voto telemático, 2.
Sometida a votación la enmienda a la totalidad de devolución al Proyecto de Ley sobre precursores de explosivos, presentada por el Grupo Parlamentario Republicano, se rechaza por 28 votos a favor más 1 voto telemático, 29; en contra 286,
más 13 votos telemáticos, 299; y 8 abstenciones.
Avocación por el Pleno ... (Página62)
Sometida a votación la solicitud de avocación por el Pleno de la Cámara de la deliberación y votación final del Proyecto de Ley sobre precursores de explosivos presentada por el Grupo Parlamentario Republicano, se aprueba por 260 votos a
favor más 11 votos telemáticos, 271; 51 en contra más 1 voto telemático, 52; y 6 abstenciones más 1 voto telemático, 7.
Dictámenes de comisiones sobre iniciativas legislativas. (Votación) ... (Página63)
Sometido a votación el dictamen del Proyecto de Ley de medidas urgentes para impulsar la actividad de rehabilitación edificatoria en el contexto del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (procedente del Real Decreto-ley 19/2021,
de 5 de octubre), se aprueba por 304 votos a favor más 13 votos telemáticos, 317; 13 en contra y 5 abstenciones más 1 voto telemático, 6.
Convalidación o derogación de reales decretos-leyes. (Votación) ... (Página63)
Sometida a votación la convalidación del Real Decreto-ley 9/2022, de 26 de abril, por el que se adoptan medidas hipotecarias y de gestión de pagos en el exterior en el marco de la aplicación de las medidas restrictivas aprobadas por la Unión
Europea en respuesta a la invasión de Ucrania, se aprueba por 246 votos a favor más 13 votos telemáticos, 259; 1 en contra más 1 voto telemático, 2; y 75 abstenciones.
Sometida a votación la tramitación del real decreto-ley por el procedimiento de urgencia, se rechaza por 140 votos a favor más 3 votos telemáticos, 143; 158 en contra más 10 votos telemáticos, 168; y 24 abstenciones más 1 voto telemático,
25.
Avocación de iniciativas legislativas. (Votación) ... (Página63)
Sometida a votación la solicitud de avocación por el Pleno de la deliberación y votación final del proyecto de ley por la que se adoptan medidas urgentes de apoyo al sector agrario por causa de la sequía (procedente del Real Decreto-ley
4/2022, de 15 de marzo), presentada por el Grupo Parlamentario Plural, se aprueba por 317 votos a favor más 12 votos telemáticos, 329; y 1 abstención con voto telemático.
Solicitud de prórroga de subcomisiones. (Votación) ... (Página64)
Sometida a votación la solicitud de la Comisión Constitucional de prórroga de seis meses del plazo para la conclusión de los trabajos de la Subcomisión para la reforma de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General,
se aprueba por 321 votos a favor más 14 votos telemáticos, 335.
Se levanta la sesión a las dos y cuarenta y cinco minutos de la tarde.
Se reanuda la sesión a las nueve de la mañana.
DEBATES DE TOTALIDAD DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS:
- PROYECTO DE LEY DE MODIFICACIÓN DE LA LEY 36/2015, DE 28 DE SEPTIEMBRE, DE SEGURIDAD NACIONAL. (Número de expediente 121/000091).
La señora PRESIDENTA: Muy buenos días, señorías. Se abre la sesión.
Comenzamos con el debate de totalidad del Proyecto de ley de modificación de la Ley 36/2015, de 28 de septiembre, de Seguridad Nacional. Les informo de que los grupos parlamentarios Republicano y Plural han solicitado la avocación de este
proyecto de ley. Dichas solicitudes se someterán a votación a continuación de la votación correspondiente a las enmiendas a la totalidad.
Para la presentación del proyecto de ley, tiene la palabra, en nombre del Gobierno, el señor ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática. (Rumores).
El señor MINISTRO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA (Bolaños García): Buenos días, señorías. (Continúan los rumores).
La señora PRESIDENTA: Perdone un momento, señor ministro.
Un ministro del Gobierno de España quiere tomar la palabra en el hemiciclo. (Varias señoras y señores diputados: ¡Oooh!). Les pido silencio, por favor.
El señor MINISTRO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA (Bolaños García): Muchas gracias, señora presidenta. Buenos días a todos.
Comparezco ante ustedes para defender el Proyecto de ley de modificación de la Ley 36/2015, de Seguridad Nacional. Quisiera empezar enfatizando la importancia de la norma y del debate que vamos a iniciar esta mañana en este hemiciclo.
Todos los debates parlamentarios son relevantes, pero en este caso los intereses y los bienes jurídicos en juego son especialmente sensibles y tienen un alcance colectivo.
La ley configura la seguridad nacional como la acción del Estado dirigida a proteger la libertad, los derechos y el bienestar de los ciudadanos. Se trata, por tanto, del marco legal para la defensa de España, de sus principios y de sus
valores constitucionales. Cuando se aprobó esta ley, en el año 2015, existía un consenso parlamentario fruto también de un consenso generalizado en torno a cuatro ideas, que hoy, después de la pandemia y de la guerra a las puertas de la Unión
Europea, ya no solo son consensos, sino que son certezas. La primera es que los riesgos y amenazas a la seguridad nacional son extremadamente complejos, transversales e imprevisibles y afectan o pueden afectar a sectores estratégicos como la
energía o como las infraestructuras sanitarias. La segunda es que la protección de los derechos y las libertades de los ciudadanos no debe limitarse al espacio terrestre, sino también al marítimo, al aéreo y al ciberespacio. En tercer lugar, que
la garantía del bienestar de los ciudadanos pasa necesariamente por la garantía de ámbitos como la seguridad económica, financiera o medioambiental. Y, en cuarto lugar, que una mayor coordinación entre todos los actores y los medios al servicio de
la seguridad nacional es imprescindible y necesaria para una mayor eficacia y contundencia en la respuesta del Estado. Sería bueno -y a eso les convoco- que el consenso que existió en su momento y se convirtió en una amplia mayoría parlamentaria
para aprobar la Ley de Seguridad Nacional de 2015 se repita también en esta modificación y hoy consigamos superar las enmiendas a la totalidad y, en su día, una aprobación con una amplísima mayoría de esta Cámara.
Como todos ustedes saben, en 2015, cuando se aprobó la Ley de Seguridad Nacional, ya nació incompleta. La disposición final tercera de esta misma ley establecía un mandato legislativo para que en el plazo de un año desde su entrada en vigor
se regulara la contribución de recursos a la seguridad nacional. Ese plazo de un año, hoy, siete años más tarde, podemos decir que todavía está por cumplir, y por eso les digo que la ley está incompleta y que tenemos el trabajo de completarla.
Después de la experiencia acumulada -sobre todo, en la gestión de la pandemia-, se ha puesto de manifiesto la absoluta necesidad de cumplir con ese mandato y de completar el régimen jurídico de los recursos de primera necesidad y de carácter
estratégico que necesita el Estado para gestionar una situación de crisis. Se trata, por tanto, de una modificación puntual y específica de la Ley de Seguridad Nacional de 2015, de modo que no afecta a su contenido esencial; muy al contrario: lo
único que se pretende con esta modificación es, en primer lugar, garantizar que los recursos estratégicos a disposición del Estado sean
los adecuados para hacer frente a una crisis y, en segundo lugar, dotar al Estado de herramientas para anticiparse a las crisis y agilizar la toma de decisiones. Por tanto, la modificación que hoy traemos a esta Cámara desde el Gobierno se
centra exclusivamente en el título IV de la norma, que pasa de tener tres artículos a tener once artículos, que regulan la organización, la preparación y la disposición de la contribución a la seguridad nacional de los recursos estratégicos, tanto
públicos como privados.
Permítanme que, muy brevemente, repase la nueva regulación que proponemos en la ley que hemos enviado desde el Gobierno a esta Cámara. Incluye -y es el inicio del proyecto de ley- la salvaguarda de la base industrial que suministra recursos
de primera necesidad y de carácter estratégico dentro del listado de ámbitos de especial interés de la seguridad nacional. Esto supone situar la protección de los recursos estratégicos al mismo nivel que la ciberseguridad o que la seguridad
energética o sanitaria. A continuación, la norma desarrolla la nueva redacción del título IV, que, insisto, es el único que se modifica. En cuanto a organización de la contribución de los recursos, en primer lugar, se regula la participación del
sector privado, distinguiendo entre prestaciones obligatorias personales sin derecho a indemnización y prestaciones obligatorias patrimoniales con derecho a indemnización. En segundo lugar, se incorpora también la red de comunicaciones especiales
de la Presidencia del Gobierno, en el marco de la contribución de recursos, reconociendo la importancia de la coordinación entre instituciones y el intercambio de información en todo el proceso de preparación y distribución.
Segundo bloque. Preparación de la contribución de los recursos. Se da forma a distintos instrumentos preventivos en la norma. En primer lugar, se introduce el catálogo de recursos del sistema de seguridad nacional, en el que se incluirán
los datos de los recursos humanos, medios materiales, instalaciones y activos, tanto del sector público como del privado, que puedan ser de utilidad para afrontar una crisis. Ya tuvimos la experiencia de necesitarlos todos para hacer frente a la
pandemia. En este catálogo, además, se integrarán los catálogos sectoriales elaborados por cada departamento ministerial, por las comunidades autónomas y por todo el sector público. En segundo lugar, con respecto a la preparación, también se prevé
la elaboración de planes de preparación y disposición, así como su puesta a prueba mediante ejercicios que permitirán la fluidez de los mecanismos, las comunicaciones y el grado de eficacia. Y, en tercer lugar, en cuanto a la puesta a disposición
de los recursos, se pretende que la reforma articule procedimientos para activar la contribución de recursos cuando nos encontremos en una crisis. En este ámbito, destaca que el Consejo de Seguridad Nacional pueda activarlos incluso
preventivamente, antes de que el presidente del Gobierno declare la situación de interés para la seguridad nacional, cuando se detecte una situación o un escenario que pueda derivar en una crisis. Por último, la propuesta de reforma termina con un
novedoso y relevante apartado dedicado a la reserva estratégica basada en las capacidades nacionales de producción industrial. Este apartado obedece a una propuesta del Consejo de Seguridad Nacional de octubre de 2020 e incorpora muchas de las
lecciones que hemos aprendido de la pandemia, como la necesidad de tener un nivel de producción industrial basal que garantice el suministro de recursos esenciales y que esa producción pueda abastecer situaciones excepcionales.
Este bloque se completa con la creación del Centro de Coordinación y Promoción de la Industria Estratégica, que también es una recomendación del Consejo de Seguridad Nacional. Su función principal será la identificación de aquellos medios
de producción y tecnologías que puedan satisfacer bienes de primera necesidad o de carácter estratégico.
Señorías, el Estado aprende de las crisis y es labor de un Gobierno responsable trasladar ese aprendizaje a las leyes para mejorarlas y para dejar un país mejor preparado del que nos encontramos para afrontar cualquier tipo de crisis en el
futuro. Este y no otro es el objetivo de la ley que hoy traemos a esta Cámara. Por ese motivo, no alcanzo a entender -y ahora explicaré por qué- algunas de las críticas que subyacen en las enmiendas a la totalidad que se han presentado o algunas
de las críticas públicas que se han vertido contra esta ley.
Estamos ante una regulación que es absolutamente necesaria, imprescindible para afrontar crisis que, lamentablemente, hemos visto cómo hace bien poco que se pueden dar. El texto, seguro, es mejorable, y para eso está la tramitación
parlamentaria y todos ustedes, para intentar que quede mejor que como llegó. Pero estemos de acuerdo todos en que la reforma es imprescindible. No se trata de contar con un instrumento por si llega otra crisis; se trata de tener un instrumento
para cuando llegue otra crisis, que seguro que vendrá.
Varios de los argumentos utilizados para solicitar la devolución de la norma tienen que ver con una supuesta vulneración de las competencias autonómicas. En este punto, quiero decirles que los mecanismos establecidos por la norma para
articular la participación de las comunidades autónomas no se modifican,
no son objeto de esta reforma; de tal manera que nada cambia en materia de competencias autonómicas. Además, en este preciso punto, ya la ley de 2015 pasó por el Tribunal Constitucional como consecuencia de un recurso y fue confirmado por
el Constitucional en esta materia. La nueva regulación de la contribución de recursos para la seguridad nacional se mantiene como competencia del Consejo de Seguridad Nacional, donde ya está prevista la participación de las comunidades autónomas.
Además, la reforma prevé para el consejo la obligación de coordinarse con las comunidades autónomas para hacer efectiva la contribución de recursos estratégicos. Por tanto, los mecanismos generales de participación y coordinación territorial en el
ámbito de la seguridad nacional no se modifican y los específicos en materia de contribución a los recursos se incrementan. En consecuencia, no hay menoscabo alguno de competencias autonómicas; muy al contrario: se refuerzan en materia de
contribución de recursos.
También incluye la norma un amplio abanico de mecanismos para reforzar la coordinación territorial en materia de contribución de recursos. Ocho de los once nuevos artículos que planteamos incluyen referencias a la coordinación y a la
participación de las comunidades autónomas en el sistema de seguridad nacional. Por tanto, el proyecto reconoce la necesidad de que las actuaciones de prevención, testeo de procedimientos y ejecución de la contribución de los recursos debe ser
guiada por el Estado central y también que tiene la competencia, la responsabilidad de dirigir esa coordinación, pero tal coordinación ha de tener en cuenta -imprescindible en un Estado complejo como el nuestro- la participación y el respeto a las
competencias de las comunidades autónomas, que son también un actor clave en materia de seguridad nacional.
Se han planteado otras objeciones a esta modificación de la Ley de Seguridad Nacional que también de manera muy breve quisiera responder en esta tribuna. Se ha dicho que el proyecto debería ser una ley orgánica y no ordinaria, pero es claro
que no debe ser así y de esta misma manera y en este mismo sentido se pronunció el Consejo de Estado ya en 2015, cuando se aprobó la ley original. Y no debe tener carácter de ley orgánica porque no afecta a ningún derecho fundamental, sino que se
limita a desarrollar un título de la ley actualmente vigente que, como ustedes saben, ya tiene el rango de ley ordinaria y no de ley orgánica. La contribución personal, que es el argumento que se reitera en relación con la afectación de derechos
fundamentales, ya está en la norma de 2015; ahora solo se desarrolla y, además, el proyecto en buena medida incluye normas que ya están vigentes hoy en la ley que regula la Protección Civil en nuestro país. Por tanto, yo creo que a esta cuestión
se puede responder con argumentos fácilmente.
Tampoco tiene fundamento lo que se solicita por parte de algunos grupos, la derogación completa de la Ley de Seguridad Nacional del año 2015 por considerarla innecesaria. Es cierto que existen otras normas, como la Ley de Seguridad
Ciudadana, la de Protección Civil, la de Acción y Servicio Exterior del Estado, pero ninguna de ellas tiene que ver con las materias que estamos aquí tratando y que regula la ley de 2015. Por último, algunas de las enmiendas aluden a las facultades
-en teoría, exorbitantes- que se otorgan a la Presidencia del Gobierno y al Consejo de Seguridad Nacional. Les tengo que decir que esto no es objeto tampoco de la reforma, no se modifica ni una coma y, por tanto, las críticas -de haberlas- se
debieron hacer a la ley de 2015, que fue aprobada con amplísima mayoría en esta Cámara.
En conclusión, señorías, creo que es una ley que por su importancia merece que se trate con mucho rigor, que la discutamos, por supuesto, para mejorarla y que aprendamos sobre todo de las lecciones que la pandemia nos ha enseñado y de la que
ahora nos está enseñando la guerra a las puertas de la Unión Europea. En momentos de crisis el Estado necesita reforzar sus capacidades para contar con todos los recursos disponibles, y esa necesidad requiere de seguridad jurídica, de una norma
vigente y de mecanismos concretos. Además, hemos visto lo vital que resulta evitar nuestra dependencia del exterior en aspectos tan relevantes o tan dispares como los medicamentos, el material sanitario o incluso la energía. Por eso, esta reforma
es imprescindible, absolutamente imprescindible. Contamos con un Estado fuerte que está preparado, que lo ha demostrado y que nos permite afrontar con garantías cualquier eventualidad, cualquier crisis. Nuestra pertenencia a la Unión Europea
refuerza esa fortaleza de nuestro Estado, y así se ha evidenciado, por ejemplo, en la guerra provocada por Putin. Pero eso no significa que no hayamos aprendido las lecciones y que no podamos mejorar. Y de eso va la ley, de eso va esta reforma:
de mejorar nuestras capacidades y de estar mejor preparados. Por eso, señorías, solicito a la Cámara que se rechacen las enmiendas a la totalidad, que cuanto antes agilicemos la tramitación parlamentaria para aprobar esta ley y que mejoremos las
capacidades del Estado para hacer frente a cualquier crisis.
Gracias a todos. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.
A este proyecto de ley se han presentado dos enmiendas a la totalidad de devolución y una enmienda a la totalidad de texto alternativo. Para la defensa de las enmiendas presentadas, por el Grupo Parlamentario Plural, tiene la palabra la
señora Nogueras i Camero.
La señora NOGUERAS I CAMERO: Gràcies, presidenta. Gràcies, ministre.
Desde Junts presentamos esta enmienda a la totalidad, básicamente, porque nos oponemos frontal y totalmente a esta ley. En 2015 Junts no estaba en esta Cámara para poder decírselo. Usted decía que es una modificación puntual, casi sin
importancia -parece que decía- de la Ley 36/2015, pero no es una modificación puntual y voy a intentar explicar por qué consideramos que no es una modificación puntual. Podríamos decir que casi lo menos destacado de esta modificación de ley es,
precisamente, la fulminación de las competencias, especialmente de aquellas competencias que tenemos las comunidades autónomas en materia de seguridad pública y de protección civil. Y digo que es de los menos destacados de esta modificación porque
en todas y cada una de las leyes y de los reales decretos que ustedes aprueban en el Consejo de Ministros, la mayoría de las cuales después también se aprueban aquí, fulminan competencias y recursos de la Generalitat de Catalunya, por lo tanto, dels
ciutadans de Catalunya. Esta es una ley más que fulmina las competencias.
Antes de continuar, existe también un tema que no acabo de entender y quizá, si usted luego vuelve a intervenir, nos lo pueda explicar. Voy a intentar explicarme. Ustedes intentan, por una parte, que compremos que la estrategia de
seguridad nacional del Reino de España la lidera el presidente del Reino de España. Pero, por otra parte, ustedes nos quieren colar -y, de hecho, lo hizo usted mismo en rueda de prensa- que han espiado el móvil del presidente del Reino de España y
del equipo que lidera el presidente del Gobierno de España, que a su vez es el que lidera la estrategia de seguridad nacional. ¿Tan tontos nos consideran ustedes, señor ministro?
Con el debate de hoy, una de las primeras cosas que me ha venido a la cabeza esta mañana ha sido la intervención que hizo el diputado socialista, el señor Ramírez, en la moción que presentaron los compañeros de Esquerra, en la que se instaba
al Gobierno a cumplir con las resoluciones de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa; una moción que votaremos a favor. Y el diputado socialista les decía a los compañeros de Esquerra: no podéis dejar de darnos apoyo, porque si lo
hacéis, va a venir la derecha, va a venir el lobo, van a venir los malos. Y yo me pregunto muy sinceramente, señoras y señores diputados del Partido Socialista y de Podemos, cómo lo hacen ustedes para que no se les escape la risa cada vez que
ustedes dicen: ¡seguidme dando apoyo, que viene el lobo! Porque esta ley, o esta modificación de una ley que hoy debatimos, la ha escrito el lobo. Y ano cuela lo de ¡que viene el lobo! Ustedes dan mucho miedo y dan mucho miedo porque también son
el lobo, pero con piel de socialistas. Ustedes están haciendo lo que no hizo el Partido Popular en 2015, y no lo estoy diciendo yo, es que lo han escrito ustedes, es que lo han aprobado ustedes y hoy lo están defendiendo ustedes. Y me preocupa
porque parece que estén preparando el camino y las herramientas para que un futuro Gobierno PP-VOX pueda rematar lo que queda en pie de derechos fundamentales y de libertades en el Reino de España.
Y ahora me dirijo a los diputados socialistas y de Podemos. (Continúa su intervención en catalán). Cuando algunos Estados tienen el objetivo de eliminar, de terminar o de fulminar un movimiento ideológico y político democrático que molesta
y que no gusta, algunos suelen calificarlo de problema de seguridad nacional, y entonces justifican leyes como esta, y justifican la violencia, y justifican la prisión, y justifican algo que está muy de actualidad hoy en el Reino de España que es el
espionaje. Y quiero hacer un apunte y es que mayoritariamente los Estados que hacen esto son regímenes totalitarios. Una de las frases que más me llamó la atención de la intervención del company socialista, de l'Arnau, fue: ¿No es evidente que se
ha recuperado en los últimos años una normalidad institucional impensable en los tiempos de Rajoy? (Continúa su intervención en catalán). ¿Les puede explicar alguien a les detingudes del 23-S o a la Tamara Carrasco o al Govern de la Generalitat de
Catalunya, al Govern legítim... (continúa su intervención en catalán).
Me pregunto si a ustedes les parece normal y alejado de los tiempos de Rajoy que un Estado espíe a la disidencia política y lo haga a través del CNI, de la Policía Nacional o de la Guardia Civil. Y me pregunto si a ustedes les parece muy
normal y alejado de los tiempos de Rajoy aprobar un real decreto en el que se legaliza la intervención de las redes y servicios de comunicaciones electrónicos sin autorización judicial. Y me pregunto si les parece normal y muy alejado de los
tiempos de Rajoy pactar con Rusia un plan de lucha contra la desinformación, porque España y Rusia y plan de lucha contra la desinformacion es un
oxímoron. ¿Les parece normal y alejado de los tiempos de Rajoy aprobar una ley de telecomunicaciones -artículo 4, apartado 6- que abre la puerta a intervenir redes de telecomunicaciones sin orden judicial ni garantías de respeto al derecho
fundamental del secreto de las comunicaciones? Y podría seguir listando esto horas y horas y horas.
Llevan ustedes semanas diciendo que el Estado español garantiza los derechos de los ciudadanos, pero esta ley incluye perlas como las que voy a leer ahora. Los ciudadanos podrán ser requeridos a realizar prestaciones personales en la
situación de interés para la seguridad nacional. Los medios de comunicación colaborarán con las autoridades en la difusión de informaciones. Y no hay más concreción ni más detalle que el que acabo de leer. Por lo tanto, la interpretación es muy
amplia. ¿Quién define qué es información y qué es desinformación? ¿Bajo qué criterio definen ustedes qué es una amenaza para la seguridad nacional? Porque, me pregunto: ¿cuánto tiempo más van a seguir ustedes haciendo ver que uno de los
principales objetivos del Gobierno del Estado español es neutralizar y eliminar el movimiento independentista? De hecho, según algunos medios de comunicación, existe una unidad llamada unidad de defensa de los principios constitucionales, una
unidad del CNI, y esta unidad considera al movimiento independentista una amenaza para la seguridad nacional.
Por lo tanto, con este proyecto de ley que estamos debatiendo hoy, de modificación de la Ley 36/2015, que ustedes presentan, y considerando que el Estado español ve como una amenaza para la seguridad nacional el independentismo, ¿debemos
preocuparnos, señor Bolaños? Yo creo que sí, que los independentistas nos debemos preocupar porque ustedes no nos están persiguiendo ni espiando por lo que hacemos, nos están persiguiendo y espiando por lo que pensamos. Porque ya me contará usted
qué delito he cometido yo o qué delito ha cometido el compañero Botrán para tener el móvil infectado de Pegasus. Y le voy a poner otro ejemplo: hay muchos alcaldes de Cataluña de partidos independentistas a los que ustedes -el Estado español- les
han llevado a los tribunales por aprobar mociones cuyo contenido es que ustedes no nos gustan y que queremos la independencia de Cataluña, o que no tenemos rey y que no nos gustan ni la monarquía ni el rey Felipe VI. Estos alcaldes se sentarán en
los tribunales porque ustedes les han llevado ahí, no por hacer nada, sino por pensar y por ser independentistas.
Voy terminando; me quedan dos minutos. El martes usted fue duro con Junts en el Senado y dijo que a nosotros nos es muy cómodo el conflicto y que a nosotros nos incomodan el acuerdo, el diálogo y la negociación. Y la respuesta que le dio
nuestro compañero el senador Josep María Cervera fue brillante. Me gustaría añadir que a nosotros, señor ministro, lo que nos incomoda es que nos tomen el pelo, porque si nos toman el pelo a nosotros, toman el pelo a todos los ciudadanos de
Cataluña. Y nos incomoda que no respeten nuestra lengua y que no respeten nuestra cultura, que no respeten nuestras competencias, que no respeten les institucions catalanes, que no respeten lo que votan los ciudadanos de Cataluña. Nos incomoda, y
mucho, que no nos dejen hacer las mejores políticas para los ciudadanos de Cataluña. Y termino -y lo repito- en catalán: (termina su intervención en catalán).
Moltes gràcies. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Nogueras.
Por el Grupo Parlamentario Republicano, tiene la palabra la señora Bassa Coll.
La señora BASSA COLL: Bon dia, presidenta.
Señor Bolaños, estamos en contra de su Ley de Seguridad Nacional por nuestra propia seguridad nacional; porque las leyes de seguridad nacional de España siempre se han escrito y aplicado contra la seguridad nacional de la nación catalana y
de las otras naciones del Estado; porque es una ley que niega derechos y libertades, una ley represiva que, como todas las leyes represivas, siempre son usadas contra nuestro pueblo.
Señores del PSOE, compran el marco mental e ideológico de la derecha, tanto en el discurso del miedo y la seguridad como en el terreno nacionalista español, y, en tal sentido, en una ley de seguridad nacional confluyen ambos supuestos. En
lugar de derogar la Ley de Seguridad Nacional del PP, la legitiman y aún le dan una vuelta de tuerca más. Siguen el camino ideológico del Partido Popular, olvidando que el discurso nacionalista y represivo del PP a quien ha beneficiado realmente es
al partido más nacionalista y represivo, o sea, a los franquistas. Asumen el concepto de seguridad de la derecha, y también de la ultraderecha, basado en un Estado policial y represivo, en lugar de un concepto de seguridad progresista basado en el
Estado de bienestar, democracia y derechos civiles.
Con la aprobación de esta ley, señores del PSOE, no ganan ustedes, gana VOX (aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX), no solo porque legitiman su marco
ideológico, sino porque les están sirviendo en bandeja de plata todos los recursos represivos para que puedan hacer uso de ellos cuando lleguen al poder, y la Ley de Seguridad Nacional es un auténtico caramelo en este sentido. Es una ley
que otorga a la Presidencia del Gobierno y al Consejo de Seguridad Nacional facultades exorbitantes, ya que, con carácter arbitrario y discrecional, pueden absorber y centralizar todos los medios materiales y personales de las comunidades autónomas
y todas las competencias de las comunidades autónomas, incluso las locales, relegando a las comunidades autónomas al papel de espectador. Ello puede hacerse con tan solo declarar la situación de interés de seguridad nacional. ¿Y cómo se determina
esta situación de interés para la seguridad nacional? Pues la determina el Gobierno mediante la publicación de un real decreto -subrayo, el Gobierno, no el Parlamento- cuando lo estime conveniente y sin previa consulta o deliberación del Poder
Legislativo. ¿Y cuáles son las circunstancias en las que se puede declarar una situación de interés para la seguridad nacional? Leo literalmente: 'La situación de interés para la seguridad nacional es aquella en la que, por la gravedad de sus
efectos y la dimensión, urgencia y transversalidad de las medidas para su resolución, requiere de la coordinación reforzada de las autoridades competentes en el desempeño de sus atribuciones ordinarias, bajo la dirección del Gobierno, en el marco
del Sistema de Seguridad Nacional, garantizando el funcionamiento óptimo, integrado y flexible de todos los recursos disponibles, en los términos previstos en esta ley.'
¿Ustedes han entendido algo? Nosotros sí. La situación de interés para la seguridad nacional es cuando le dé la gana al Gobierno y, como hemos dicho antes, mediante un real decreto, sin consulta previa o deliberación parlamentaria. ¿De
verdad creen que una situación de tanta excepcionalidad y que puede otorgar tantos poderes al presidente del Gobierno y al Consejo de Seguridad Nacional no merece que sean más detallados los casos en que se puede declarar? ¿De verdad no debe ser
sometido inmediatamente al Parlamento?
El Partido Socialista mantiene la ley en sus términos y casuísticas, y aún las agrava con su reforma, ya que incorpora un nuevo artículo 28 que incide en los derechos y libertades de las personas, estableciendo medidas de requisa de bienes,
suspensión de actividades o la exigencia de prestaciones personales. Por si fuera poco, lo hacen sin establecer el carácter orgánico de esta ley. Por cierto, es curioso que los autoproclamados abanderados del liberalismo y la propiedad privada
asuman estas exigencias de prestaciones personales o requisas de bienes porque, claro, su nacionalismo está por encima de la libertad de empresa y la propiedad privada. O sea, que todo por la patria. Por supuesto, tanto en la ley original del PP
como en la reforma del PSOE, todo ello se hace con absoluto desprecio a las competencias de las comunidades autónomas. En el caso de Cataluña, invaden alrededor de una decena de artículos de nuestro estatut. De hecho, las comunidades autónomas ni
siquiera están representadas en el Consejo de Seguridad Nacional.
En la Ley de Seguridad Nacional las comunidades autónomas son objeto y no sujeto. El Gobierno puede requisarles las competencias y recursos con un simple real decreto y sin que se pueda decir ni pío. Las leyes de seguridad nacional
españolas son un 155 encubierto. Así que, para aprobar una ley represiva que legitima que nos quieren quitar nuestro autogobierno por la cara con un simple real decreto, no cuenten con Esquerra Republicana de Catalunya, cuenten más bien con VOX.
Por supuesto, nunca, nunca, nunca, Esquerra Republicana de Catalunya va a aprobar una ley como esta. Esto no ha estado en duda en ningún momento, así que, quien rumoreaba ayer que podría ser así, que preste buena atención a la literalidad
de esos comentarios. La buena voluntad, en todo caso, no la demostraría Esquerra retirando sus enmiendas a la totalidad, sino el Gobierno retirando su proyecto de ley. Como no ha sido capaz de hacerlo, Esquerra Republicana de Catalunya mantiene
sus dos enmiendas a la totalidad. Repito, dos: una, para derogar la Ley de Seguridad Nacional que aprobó el Partido Popular y, la otra, para tumbar la retrógrada reforma de la Ley de Seguridad Nacional que presentan ustedes, las personas del PSOE.
Señoras y señores del PSOE, si tanto interés y urgencia tienen en tener una legislación que ampare situaciones excepcionales, presenten un proyecto de ley para regular situaciones excepcionales como la pandemia, porque recuerden que tomaron
decisiones cuestionadas por el propio Tribunal Constitucional. Pero, al parecer, dos años después del inicio de la pandemia no han tenido tiempo de hacerlo porque estaban redactando una ley de su seguridad nacional, insisto, una Ley de Seguridad
Nacional que compra el concepto de las derechas.
La verdadera seguridad nacional para un partido de izquierdas sería: erradicar los vergonzosos porcentajes de pobreza infantil; combatir la falta de trabajo, vivienda y oportunidades de la juventud;
asegurar una renta y una vivienda digna a las familias empobrecidas; erradicar la precarización del trabajo que condena a personas trabajadoras a la pobreza; u organizar la financiación de la ley de dependencia, la sanidad, la educación y
los servicios sociales. Estos son los verdaderos miedos a los que se enfrenta buena parte de la ciudadanía. Estos son los escenarios reales que debemos combatir, y no los miedos generados por la derecha en un discurso ideológico que señala
ficticios enemigos, porque los verdaderos enemigos de las clases trabajadoras son los oligopolios, los especuladores y las grandes fortunas que las derechas defienden.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Bassa.
En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra, en primer lugar, el señor García Adanero.
El señor GARCÍA ADANERO: Muchas gracias, señora presidenta. Señorías, buenos días.
La verdad es que escuchando a los partidos que han presentado las enmiendas a la totalidad, uno piensa: esto habrá que votarlo a favor -la ley digo-. Pero, claro, luego eso no se ajusta a la realidad. Yo creo que han querido aquí mezclar
muchas cosas y es evidente que cualquier país, cualquier Estado, en este caso España, en caso de una catástrofe o una situación de emergencia nacional, tiene que tener los medios adecuados y poder coordinarlos. Otra cosa es que, si uno oye al
ministro, vea que ha querido tener un perfil bajo, yo creo que también con la idea de dar a entender que tampoco están aprobando nada especial, una cosa muy normalita. Y, hombre, sí que tiene cuestiones graves, porque evidentemente se está hablando
de prestaciones personales, prestaciones materiales del ámbito privado y, por lo tanto, estamos hablando de cosas muy serias y que necesitan, sobre todo, unos contrapesos. Porque aquí lo que está claro es que, quitando al Partido Socialista -porque
yo creo que ni Podemos-, nadie se fía del presidente del Gobierno, que es el que toma las decisiones, y eso genera un problema, porque esta ley, en un país normal, en una situación normal, con un Gobierno normal, cualquiera la podría entender.
Pero, claro, venimos de donde venimos, y hemos visto cómo se ha actuado en la pandemia, cómo se ha traspasado la legalidad -y así lo ha dicho el propio Tribunal Constitucional-, y otras cuestiones que todavía están en los tribunales. Por lo tanto,
cuando se está hablando de garantizar o, en este caso, mermar derechos personales, lógicamente tiene que haber unas garantías muy muy importantes. No se puede dejar al albur de que el presidente del Gobierno decida en un momento dado que cree que
hay una situación de emergencia nacional y que va a regir los destinos personales, materiales, etcétera, de las personas. Por lo tanto, entendemos que, desde luego, se necesitan unos contrapesos importantísimos para poderlo llevar a cabo.
A partir de ahí, desde el punto de vista del nacionalismo, lógicamente se intenta llevar a su lugar y se mezcla con el tema famoso de los espionajes. Y es verdad que estamos hablando de seguridad nacional, pero no es menos cierto que
evidentemente son sus socios de Gobierno y, por lo tanto, ellos sabrán hasta dónde quieren llevar esa sociedad y hasta dónde se quieren dejar espiar por el Gobierno al que en teoría tienen que apoyar. Lo que sí es una anormalidad, y se ha dicho por
parte de la diputada del partido nacionalista, es que a ellos se les persigue por pensar, etcétera -eso, evidentemente, no es nada cierto-, pero lo que sí es evidente -y a nosotros eso sí que nos preocupa- es que por parte del Gobierno de España y
por no dejar en mal lugar o incordiar al nacionalismo, en este caso, en estos días, no se permite a la Jefatura del Estado acudir a una localidad española. Eso sí que nos parece de una gravedad tremenda. Creemos que es responsabilidad del Gobierno
y que situaciones como esa no se pueden producir.
En todo caso, viendo el comportamiento del nacionalismo, habrá que estudiar bien esta propuesta, este proyecto de ley.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor García.
Por el mismo grupo parlamentario, tiene la palabra la señora Vehí Cantenys.
La señora VEHÍ CANTENYS: Gracias, presidenta.
Señor ministro, ha dicho usted que la modificación de la Ley de Seguridad Nacional se debe a que la del año 2015 ya nació con la necesidad de que se modificara, pero también a que el Estado aprende de las crisis. Vamos a ver qué
aprendizajes hay en esta ley. Mire, en el artículo 28.2 se dice que se puede movilizar la población de más de dieciocho años si la autoridad competente lo requiere. Y en el capítulo IV
hay muchas cuestiones relativas a la movilización de recursos estratégicos y energéticos. A ustedes lo de tocar los beneficios de las grandes corporaciones no se les da muy bien; ahora bien, los recursos energéticos para los conflictos
armados lo tienen mucho mejor visto.
Señor ministro, no queremos sus guerras, queremos derechos; no queremos sus guerras, no queremos sus armas y no queremos su Estrategia de Seguridad Nacional. Porque traernos hoy aquí la modificación de la Ley de Seguridad Nacional sin
haber resuelto Pegasus, sin que haya una comisión de investigación pública y sin resolver la falta de control del Centro Nacional de Inteligencia nos dice dos cosas: la primera es que ustedes, ante una crisis de espionaje, ante una crisis
energética y ante una crisis de derechos, van a escoger la salida autoritaria, no van a escoger la salida democrática; autoritaria en todos los sentidos, en el sentido energético, en el sentido democrático y en el sentido económico. Y la segunda
cosa es que los derechos fundamentales en el Reino de España son para aquellos que piensan bien; para los que piensan mal no hay derechos fundamentales, porque la unidad de España parece que vale para todo. Porque ustedes, para salvaguardar la
unidad de España se permiten espiar a la oposición democrática, se permiten, cuando salta un escándalo político de estas características, vetar una comisión de investigación.
Le preguntaba ayer en la Comisión Constitucional por qué en Europa ustedes facilitan la comisión de investigación y en el Congreso no. ¿Es que en Europa hay que vestirse de democráticos para que cuando el señor Sánchez llegue a la
Presidencia del Consejo Europeo nadie le diga nada malo y aquí se pueden permitir ustedes todo? ¿Cuántos derechos vale la unidad de España, señor Bolaños? ¿Cuántos derechos vale que ustedes decidan que somos peligrosos por pensar como pensamos?
Lo decía antes la portavoz de Junts Per Catalunya: el espionaje es por pensar, porque el independentismo es un movimiento democrático, abierto, y no solo no se merece que se le espíe, obviamente, sino que ustedes no pueden decirse democráticos si
contra una oposición que no representa ningún problema de seguridad nacional, tal como lo entienden las autoridades internacionales, ustedes aplican el espionaje y las cloacas. Por mucho que se pongan la ley en la boca y por mucho que se pongan la
democracia en la boca, ustedes no son un Estado democrático. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Vehí.
Por el Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu, tiene la palabra el señor Iñarritu García.
El señor IÑARRITU GARCÍA: Egun on, buenos días, y muchas gracias, presidenta.
Señor Bolaños, le he escuchado con interés, pero no me ha convencido, teniendo en cuenta que el problema ya es de inicio. Desde el principio, esta ley ya nos pareció una LOAPA securitaria que, además, partía de un concepto de la seguridad
nacional muy difuso, muy chicle, que servía para todo, pero no se sabe exactamente para qué. Es más, si se da cuenta, hemos hablado ya cinco personas y cada uno entiende la seguridad nacional de una manera diferente, y estoy seguro de que cuando
hablen el resto de portavoces no coincidirán en qué es la seguridad nacional, porque uno de los problemas es ese: deja a su libre albedrío cuándo se debe aplicar ese concepto y esa necesidad.
Le veía que se sulfuraba un poco cuando la señora Bassa le decía que esta ley y su modificación tienen un carácter centralizador. Es cierto que ustedes repiten continuamente que España es uno de los Estados más descentralizados del mundo,
pero ¿qué ocurre? Que ustedes, cuando todo va bien, o no va tan mal, defienden un Estado descentralizado, el Estado de las autonomías, pero consideran que cuando hay problemas el Estado se debe centralizar, que debe haber una dirección única. A
esto le llaman coordinación reforzada, pero no deja de ser un eufemismo para decir centralización. Es más, usted ponía el ejemplo de la pandemia. Usted cree que todo se ha hecho bien. Pero sin entrar en el fondo de las medidas, ¿cuál fue el
primer impulso que tuvieron ustedes? Centralizar, tomar la decisión de que hubiera una dirección única, olvidándose del principio de las autonomías, de la colaboración y de la cooperación, cómo no, en una situación de crisis. Pero ustedes pensaron
en centralizar. Es más, vimos cómo el presidente daba esas ruedas de prensa llenas de militares y de uniformados enmedallados. Posteriormente, se dieron cuenta de que aquellas administraciones que debían gestionar la situación eran las autonomías
en particular y cedieron de alguna manera, pero siguieron dando ruedas de prensa los viernes y los sábados comunicaban a los presidentes autonómicos las decisiones que ya se habían adelantado los viernes. Quedaba en evidencia que no se estaban
haciendo bien las cosas y que había incluso un problema de transparencia. Finalmente, cuando la pandemia fue avanzando, ya fueron las comunidades las que gestionaron la situación. Ahora bien, se quedaron la gestión de las buenas noticias: el
reparto de las
vacunas y de los fondos europeos. El impulso, señor Bolaños, fue centralizador desde un inicio; ustedes le llaman coordinación reforzada, pero es centralismo y no otra cosa.
¿Por qué creemos que esta ley y su modificación son inadecuadas? Por dos razones, y se lo decía en un inicio. Una es ese concepto chicle, difuso o líquido de lo que es la seguridad nacional. No es lo mismo una crisis energética que una
crisis económica o una catástrofe natural, y eso hay que preverlo desde un inicio, porque las respuestas, obviamente, no pueden ser las mismas ni se puede dar un mismo consejo sobre cualquier cosa. Pero es que, además, técnicamente, ahora para
interpretar la ley hay que acudir a esa sentencia, que usted señalaba, del Tribunal Constitucional e interpretarla con base en eso; no es tan simple, es inadecuada en sí.
Nosotros se lo decimos continuamente, la colaboración, e incluso la coordinación de buena fe, tanto ad intra como ad extra en la Unión Europea cuando hay situaciones complicadas, obviamente se debe mejorar. Pero es que, además, creemos que
esta ley en sí, ya en el 2015 era innecesaria y no soluciona o no da los cauces para solucionar problemas. Es más, podría ser incluso un problema teniendo en cuenta cuál es la estructura y cómo está organizado el Estado español. No es normal que
se intente aplicar una norma de carácter completamente centralizador teniendo en cuenta cuál es la situación de partida. No responde a eso y solo responde a un impulso, ya digo, centralizador.
Unido a esto, hay una falta total de cultura de transparencia. No puede ser -y me refiero otra vez a la pandemia- que las actas del Consejo no fueran ni subidas a la web. Ha habido un total olvido de publicar en la web las páginas
habilitadas al efecto.
Para ir acabando, creemos que la ley es técnicamente deficiente y que el componente centralizador es evidente, pero no solamente en esta ley. Y ahora que veo al señor Legarda, con el que he hablado recientemente, le recomiendo que lea un
libro que se ha publicado por el Gobierno vasco, La erosión silenciosa, relativo a los cuarenta años de invasión competencial y también de incumplimiento competencial continuo. Y esta ley va de esto. De igual forma, creemos que se iguala el
término de seguridad como una competencia estatal y se subordina el papel de las comunidades autónomas, y esto no debería ser así.
Y acabo diciendo que esta materia se debe regular siempre, en todo caso, teniendo en cuenta el principio de autonomía y el papel de las diferentes comunidades y sus competencias, ya sean generales o específicas. No se puede olvidar -y creo
que ustedes en esta ley lo hacen, pero no solamente en esta ley- cómo está compuesto el Estado español. Si ustedes defienden eso que vienen a llamar el Estado plural y de las autonomías, créanselo también en momentos y en situaciones que son
complejas. No puede ser que crea que esto es como darle a un niño pequeño un balón y quitárselo en un momento difícil porque puede ser peligroso. Creemos que esto es lo que hemos venido a llamar una LOAPA securitaria y, por ello, ya le digo que no
cuente con nosotros, por razones de sentido común y por razones políticas, obviamente.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Iñarritu.
Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra el señor Legarda Uriarte.
El señor LEGARDA URIARTE: Muchas gracias, presidenta.
Como ya se ha señalado, debatimos sobre el Proyecto de Ley de modificación de la Ley de Seguridad Nacional para incluir en ella disposiciones para la preparación y disposición de recursos y para el establecimiento de la reserva estratégica
de productos industriales.
Señorías, nuestra valoración sobre esta modificación de la Ley de Seguridad Nacional la abordamos desde tres consideraciones en relación con el papel de las comunidades autónomas en la estructura de la seguridad nacional, consideraciones que
extraemos de la jurisprudencia constitucional sobre la Ley de Seguridad Nacional. A saber, en primer lugar, que debe garantizarse la participación de las comunidades autónomas en las normas y procedimientos cuando queden afectados ámbitos
materiales de su competencia, citando de modo singular las materias de protección civil y seguridad pública, singularmente en aquellas comunidades autónomas, como Euskadi y Cataluña, que cuentan con cuerpos de policía integrales para la protección
de personas y bienes y mantenimiento del orden público. En segundo lugar, que a tal efecto deben establecerse mecanismos de coordinación. Y, en tercer lugar, que debe preverse el resarcimiento de los perjuicios ocasionados y no solo a las personas
jurídicas, sino también a las personas físicas. Sin embargo, señorías, a nuestro juicio, el Proyecto de Ley de modificación de la Ley de Seguridad Nacional no se amolda bien a estos cánones de contraste expuestos.
Así, respecto a la contribución de recursos a la seguridad nacional por parte de las comunidades autónomas, no se contempla la singularidad de las comunidades autónomas con policía integral propia en la aportación de recursos en situaciones
de interés para la seguridad nacional y tampoco se contempla la existencia en el bloque de la constitucionalidad de las juntas de seguridad a efectos de coordinación de las policías integrales autonómicas en el Sistema de Seguridad Nacional. Y este
es un defecto grave, a nuestro juicio, del proyecto sobre el que debatimos, sabiendo, como sabemos, que dos de los pilares básicos de la seguridad nacional son los ámbitos materiales de la defensa y de la seguridad pública, y en este último ámbito,
las comunidades autónomas de Euskadi y Cataluña tienen un papel singular, relevante y determinante al disponer de la fuerza policial integral en su territorio.
En cuanto al catálogo de recursos -que es la suma de los catálogos sectoriales y cuya elaboración y actualización corresponde a un grupo de trabajo dirigido sectorialmente por el ministerio designado por el Consejo de Seguridad Nacional-,
quiero poner de manifiesto, señorías, que la participación de las comunidades autónomas no está asegurada, pues se dice que su presencia lo será si fuera necesario, expresión con la que no se garantiza su participación, que en todo caso debiera
serlo cuando se afecten sus competencias, tal y como indicó el alto tribunal cuando examinó la vigente Ley de Seguridad Nacional.
Por otro lado, igual valoración negativa del proyecto debemos realizar respecto al procedimiento de disposición de recursos y a la organización y funcionamiento del Recapi en cuanto que no garantiza la participación de las comunidades
autónomas y que en ambos casos esta se deriva a los términos que se prevean reglamentariamente. Así, en el procedimiento de disposición de recursos se dice que será elaborado por el Comité de Situación en coordinación con las autoridades
autonómicas en los términos previstos reglamentariamente. Consideramos que los términos de esta coordinación no debieran derivarse íntegramente al reglamento, ya que el proyecto de ley debiera haber incluido una regulación material, siquiera
mínima, de esta cuestión. Y por lo que hace a la reserva estratégica de producciones industriales que mitiguen la dependencia exterior de productos de primera necesidad y de carácter estratégico, se remite también a reglamento su organización y
funcionamiento, señalando con un escueto enunciado que se contemplará la participación en sus actividades de las autoridades autonómicas, no teniendo en cuenta que en muchas de ellas se encuentran empresas productoras de productos de primera
necesidad y de carácter estratégico sobre las que se incide con importantes políticas públicas autonómicas de producción industrial en sus respectivos territorios.
Por último, señoría, y en lo que hace a la participación de las comunidades autónomas en la arquitectura de la seguridad nacional diseñada en el proyecto de ley, tampoco compartimos que en la célula de coordinación, que es uno de los órganos
de apoyo del Comité de Situación, que a su vez asiste al Consejo de Seguridad Nacional ante situaciones de interés para esta, no se contemple participación alguna de las comunidades autónomas en ningún supuesto, ni siquiera al modo deficiente que ya
hemos puesto de manifiesto con la expresión 'si se considera necesario', que, por cierto, sí aparecía en el anteproyecto y se suprimió en el proyecto.
Finalizo, presidenta, poniendo de manifiesto nuestra crítica a que no se incorpore el principio de indemnidad de las personas físicas respecto a las prestaciones personales obligatorias que se les exijan en situaciones de interés para la
seguridad nacional, que debiera contemplarse al menos en caso de prestaciones personales que supongan un sacrificio singular de especial intensidad para ciertas personas no solo en congruencia con el principio de indemnidad que se recoge en el
apartado 1 del artículo 27 con carácter general, sino también en congruencia, y como señala el Consejo de Estado, con la disposición adicional primera de la Ley de Seguridad Nacional, que recoge el mandato de apoyo de los instrumentos de la gestión
de la crisis y contribución de recursos de la seguridad nacional en los casos de declaración de estados de alarma, excepción y sitio, en los que sí se recoge el principio de indemnidad en relación con las prestaciones personales. Por estos motivos
expuestos, no podremos dar nuestro apoyo a este proyecto de ley.
Muchas gracias, señorías.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Legarda.
Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor Gutiérrez Vivas.
El señor GUTIÉRREZ VIVAS: Gracias, presidenta. Señorías, buenos días.
No sé si este es el mejor momento, señor Bolaños, para hablar del Proyecto de Ley de Seguridad Nacional, al menos porque según dicta el sentido común este Gobierno no tendría la desfachatez de venir a pedir apoyos a esta Cámara tras el
sainete de estas últimas semanas con los temas de la seguridad y
de la seguridad nacional. Señor Bolaños, yo le iba viendo la cara según iba avanzando el debate, según iban respondiéndole todos sus socios -los socios de este Gobierno- y la verdad es que la cara que usted iba poniendo, pues en fin... Yo
creo que está siendo un éxito personal suyo: la semana de las denuncias de espionaje, de la modificación arbitraria e irresponsable del Reglamento para colar a Bildu, a Esquerra Republicana, a Puigdemont, a las CUP, en la Comisión de Secretos
Oficiales y la semana de la destitución fulminante de la directora del CNI para contentar al separatismo. Ya ve usted cuál ha sido el éxito de todas esas gestiones: que todos sus socios, todos aquellos a los que ustedes querían contentar, les dan
la espalda.
Pero ustedes, señorías del Gobierno, tienen cara para eso y para mucho más; ustedes tienen cara para decir que el cese de la señora Paz Esteban no es una destitución, sino una sustitución, cuando aquí la única sustitución que existe,
señoría, es la de los servidores leales al Estado a cambio de los designios de quienes quieren destruir al Estado, que son precisamente los que además hoy no les apoyan a ustedes. Ustedes cesan a una trabajadora con cuarenta años de servicio
intachable a España mientras manchan su hoja de servicios insinuando que el motivo del despido es una ruptura de la seguridad -que aún está por ver si se produjo y que aun siendo cierta veríamos si tuvo alguna responsabilidad en ello-, y obvian la
realidad, que es otra, señorías, la realidad es que ustedes están jugando a la distracción, como hacen siempre. Ustedes entregan la cabeza de la directora del CNI como pago al separatismo mientras tratan de disimular diciendo que aquí las presiones
de sus socios no han tenido nada que ver, como tampoco ha tenido que ver el chantaje al que día sí y día también les tienen sometidos sus socios de Esquerra y de Bildu para que de manera tramposa y muy poco democrática cambien el Reglamento de esta
Cámara y cuelen a los enemigos del Estado en la Comisión de secretos del Estado.
La realidad es otra, señorías. Miren, según publicaba la periodista Ketty Garat en The Objective el 30 de abril -30 de abril, señorías-, Sánchez ya barajaba en aquella fecha la destitución de la directora del CNI para -abro comillas-
'contentar a Esquerra y salvar la Legislatura'. El 30 de abril, señorías, antes de que usted, señor Bolaños, se sacara de la manga el supuesto espionaje a los móviles del Gobierno, antes de que se humillara -sí, señor Bolaños- frente al separatismo
catalán en Barcelona. Por lo tanto, la señora Paz Esteban estaba condenada antes de esta brecha de seguridad; estaba condenada por las calumnias del separatismo a las que usted, señor Bolaños, fue corriendo a dar veracidad no fuera a ser que se
enfadaran.
El pago a Esquerra Republicana de momento ha sido doble: meterlos en la Comisión de secretos oficiales y defenestrar a la directora del CNI, y veremos qué sacan de la humillante cumbre que va a mantener el señor Sánchez con el señor
Aragonés. Y hoy nos vienen ustedes a pedir sentido de Estado. Ustedes vienen hoy a decir que los partidos con sentido de Estado debemos aprobar y tramitar una ley de seguridad nacional que es una ley de Estado. Y, señoría, yo le pregunto, ¿de
verdad usted cree que alguien con un mínimo sentido de Estado va a apoyar un proyecto de ley sobre seguridad nacional a quien pone en manos de los enemigos del Estado los secretos del mismo (aplausos), partidos cuyos dirigentes están condenados por
secuestro, por terrorismo y por dar un golpe de Estado en Cataluña? Todo eso que a ustedes les da igual tiene consecuencias, señor Bolaños. Su política de tierra quemada con las instituciones de todos los españoles tiene consecuencias; hoy, en
España, quienes defienden sobre la carrera de servidores públicos leales al Estado son los que han cometido delitos contra el Estado. El señor Sánchez no tiene ningún derecho a tirar por tierra la carrera de otros profesionales para salvar la suya,
señorías. Porque ya sabemos cómo se comporta este Gobierno con los servidores públicos que anteponen su deber y la lealtad a España a la obediencia al Gobierno de turno, ya hemos visto lo que le pasó a mi compañero Edmundo Bal.
Pero, señorías, hoy me gustaría acordarme de todos aquellos servidores públicos que han sido destituidos por Pedro Sánchez nada más y nada menos que por cumplir con su deber, señores del Gobierno. Porque, señores del Gobierno, no sobraba la
Abogacía del Estado en el año 2018; no sobraba el coronel Pérez de los Cobos -me alegro de que esté usted también aquí, señor ministro Marlaska-; tampoco sobraba el coronel Sánchez Corbí, señor Marlaska, ni la jurista Margarita Mariscal de Gante,
como no sobra ahora la directora -ya exdirectora- del CNI, la señora Paz Esteban. Los que sobran son el señor Sánchez y su Gobierno, ellos son los que sobran en este país. Ustedes quieren dejar este legado a nuestro país, los golpistas y los
proetarras con acceso a los secretos oficiales, y la directora del CNI, leal a España, cesada. Qué vergüenza, señorías; qué vergüenza, señorías del Partido Socialista, porque a mí me consta que a muchos de ustedes esto les produce vergüenza.
(Rumores). Porque lo dicen ustedes, lo dicen; cuando creen que no les oyen, lo dicen. España no se merece esto; es insostenible. Dimitan,
señorías, convoquen elecciones y váyanse a su casa. Estamos enfadados. ¡Claro que estamos enfadados! Porque lo que ustedes están haciéndole a este país nos duele; porque a nosotros nos duele España. No se puede jugar con los servidores
públicos para tapar sus miserias y seguir en el poder. Y nos enfada más que hayan llegado a pensar que nuestro voto a este proyecto de ley pudiera ser otra cosa que un no rotundo, cuando convierten ustedes la seguridad nacional en moneda de cambio.
Este Gobierno es una inseguridad nacional y sus socios son directamente un peligro para la nación.
Sin embargo, me gustaría cerrar mi intervención -y finalizo, presidenta- con un mensaje de optimismo, porque, por suerte, nuestra democracia es mucho más que este Gobierno; ni siquiera cien años de sanchismo podrían acabar con lo más
preciado que tiene este país, unos servidores públicos honrados, ciudadanos libres que están dispuestos a hacer algo que ustedes ni conocen: anteponer el interés de su país a su propio beneficio.
Muchas gracias, señorías. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Gutiérrez.
Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, tiene la palabra el señor Cortés Gómez.
El señor CORTÉS GÓMEZ: Buenos días, presidenta.
Señor ministro, señorías, atomizar los modelos de seguridad sobre la base de fronteras nacionales o culturales supone un grave riesgo, especialmente cuando enfrentamos enormes riesgos en común y desafíos que son comunes; son, incluso,
transnacionales.
En el Grupo Confederal entendemos que la seguridad nacional debe definirse a través de mecanismos de coordinación entre el Estado y las comunidades autónomas, y los mecanismos de cogobernanza deben aplicarse también, y con más motivo si
cabe, a un asunto político central, como lo es la seguridad nacional. El propio Tribunal Constitucional -ya se ha mencionado aquí- así lo entendía cuando se pronunció en la sentencia de 3 de noviembre de 2016 acerca de la Ley 36/2015 expresando que
no es ajena la participación autonómica en la política de seguridad nacional; antes al contrario, contempla mecanismos que aseguran dicha participación. El proyecto de ley que hoy debatimos prevé la colaboración de las comunidades autónomas en la
elaboración de los planes de preparación y disposición de recursos humanos y medios materiales necesarios para las situaciones de crisis. El proyecto también tiene en cuenta la participación de las comunidades autónomas en la elaboración y
actualización del catálogo de recursos del Sistema de Seguridad Nacional. Las comunidades autónomas participan también de los planes de preparación y disposición de recursos cuando el Consejo de Seguridad lo considera, siempre que afecten a sus
respectivas competencias. Esto debería asegurar que el esquema de coordinación que se diseñe tenga debidamente en cuenta las competencias implicadas en cada escenario. Dicho esto, lo que está en juego es cómo entendemos la seguridad en un mundo
interconectado, con enormes desafíos globales que permean todas y cada una de las fronteras nacionales. Permítanme, señorías, hacer mención a algunos retos que requieren mecanismos de cooperación interterritorial, tanto a nivel del Estado como a
nivel europeo y a nivel internacional.
En primer lugar, las dinámicas migratorias. A nivel global, en el último año habrían fallecido 4550 migrantes en diferentes rutas migratorias marítimas y terrestres. A este respecto, pocos motivos de orgullo debemos tener cuando conocemos
que en el último año un total de 2000 migrantes habrían muerto o desaparecido en las aguas del Mediterráneo en su camino hacia Europa, según datos de la Organización Internacional para las Migraciones. Debemos asegurar rutas legales y seguras para
las migraciones; rutas legales. De lo contrario, estamos dejando un vacío legal que aprovechan las mafias que trafican con seres humanos. El desafío migratorio, en términos de seguridad humana, requiere una acción exterior que implica especial
coordinación entre el Estado y las autonomías que tienen frontera con el Magreb.
El segundo reto estaría vinculado al primero como causa de las migraciones, y me refiero a los conflictos bélicos en Oriente Medio, en el Sahel y, asimismo, la reciente guerra en Ucrania provocada por la invasión de Putin. Contribuir a las
misiones de paz en estos países es esencial, así como activar el Fondo Europeo de Asilo, Migración e Integración para acoger a los refugiados de guerra.
El tercer reto es el crimen organizado. El crimen organizado se caracteriza por su acción transnacional y su adaptabilidad a los cambios globales, abriendo nuevas rutas criminales y especializándose con nuevas técnicas. Hablamos de
organizaciones involucradas en el tráfico de drogas, fraude fiscal, tráfico de migrantes y trata de personas con fines de explotación sexual y laboral. Esto afecta especialmente a mujeres que se encuentran en países empobrecidos. (Rumores).
La señora PRESIDENTA: Les pido un poco de silencio, por favor.
El señor CORTÉS GÓMEZ: Gracias, presidenta.
Todo esto viene acompañado por el uso de la violencia y por estructuras globales de blanqueo de capitales. Sobre esto, recomiendo el libro de Sayak Valencia, titulado Capitalismo gore, que habla precisamente de un sistema económico global
que ha convertido la violencia y la corrupción en un negocio rentable.
Señorías, para hacer frente a estos desafíos comunes no nos queda más alternativa que la cooperación estratégica interterritorial -como he dicho anteriormente-, tanto a nivel del Estado como a nivel europeo e internacional. Es
imprescindible para ello poner todos los recursos políticos, económicos y estratégicos en común para garantizar la seguridad humana. Ahora bien, hay un cuarto reto, la ciberseguridad. A este respecto, nosotros somos plenamente conscientes de que
el caso de Pegasus redimensiona el debate sobre esta ley. Lo que ha pasado con el espionaje de Pegasus demuestra que cuando se vulneran los derechos de unos se vulneran los derechos de todos. Estamos ante un conflicto entre democracia y
conspiración antidemocrática que afecta tanto a los dirigentes de las instituciones de autogobierno catalanas como a los dirigentes del Estado y a otros actores imprescindibles para la democracia: diputados, diputadas, activistas, abogados,
periodistas... Por ello, pedimos a todas las fuerzas democráticas de esta Cámara la máxima unidad política al reclamar que se sepa toda la verdad y marcamos un objetivo principal, la constitución de una comisión parlamentaria. Esta comisión
debería servir para conocer la verdad y no se puede afrontar con apriorismos ni prejuicios previos sobre unos hechos de los que todavía no conocemos ni su alcance ni sus autores. Para seguir profundizando en este debate parlamentario sobre el
modelo de seguridad, votaremos en contra de las enmiendas a la totalidad y facilitaremos la tramitación del proyecto de ley.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Cortés.
Por el Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra el señor Ortega Smith-Molina. (Aplausos).
El señor ORTEGA SMITH-MOLINA: Muchas gracias, señora presidenta.
Señor ministro, una vez más la chapuza legislativa nos lleva a que siete años después de que se aprobara la Ley 36/2015, de 28 de septiembre, de Seguridad Nacional, se quiera dar cumplimiento a lo establecido en la disposición final tercera,
que nos decía que había que regular la contribución de los recursos personales y materiales necesarios para situaciones de riesgo para la seguridad nacional, Ley de Seguridad Nacional que en su propio nombre lleva implícitas las dos condiciones u
objetivos: la seguridad de la nación; seguridad para proteger las libertades individuales y colectivas, los derechos fundamentales, el ordenamiento constitucional, en definitiva, para la propia defensa de España frente a riesgos de todo tipo:
riesgos por ciberataques, riesgos de nuestra seguridad marítima y aérea, riesgos para nuestro sistema financiero y económico, riesgos para nuestra sanidad, nuestra energía o riesgos alimentarios; nada menos que la seguridad nacional en toda su
extensión.
Hoy debatimos las enmiendas a la totalidad con y sin texto alternativo que nos presentan los grupos separatistas de 'juntos por el golpe' e 'izquierda republicana' (aplausos); en definitiva, coinciden, como por otro lado era de esperar, en
las mismas críticas al proyecto de ley del Gobierno, y creo que es necesario hacerles a estos grupos una vez más, desde la tribuna de la sede de la soberanía nacional, tres puntualizaciones que son importantes. Primera, hablamos de una ley de
seguridad nacional, algo que no tiene nada que ver con leyes para asegurar los nacionalismos, como les gustaría a ellos: leyes para sus nacionalismos. No, es una ley de la seguridad nacional de España. (Aplausos). Segunda, utilizan los términos
'constitución territorial' en una suerte de juego malabar en el que intentan poner en equivalencia la Constitución y los estatutos de autonomía, una aberración desde el punto de vista de la jerarquía normativa, donde la Constitución es norma
superior de la que dependen -están por debajo jerárquicamente- los estatutos de autonomía. (Aplausos). Y tercera, utilizan machaconamente los términos 'recentralización de competencias'. Nueva ignorancia, porque no hay que recentralizar las que
son competencias exclusivas del Estado, como son precisamente las políticas de Estado de interés nacional del artículo 149, entre otras, la defensa nacional y la seguridad pública. Por tanto, ante una situación que pueda generarse que afecte a la
seguridad nacional es inaceptable la dispersión de recursos humanos o materiales y es absolutamente necesario por el bien superior de España que sean los gobiernos de España quienes decidan ante cada coyuntura qué elementos personales o materiales
han de ponerse
ante el riesgo de esa seguridad nacional. Pero, señores enmendantes separatistas, nada tiene que ver eso con que vaya a ponerse o deba ponerse en manos de quienes han demostrado la deslealtad más absoluta a los intereses generales del
Estado: los delincuentes de los CDR, los violentos totalitarios que, a diferencia de lo que se ha dicho hoy, no fueron condenados por lo que pensaran, que poco nos importa, sino por los hechos delictivos que cometieron (aplausos) y por los que este
partido político les sentó ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Y fueron condenados por hechos delictivos: delitos de sedición y malversación de caudales. Y tampoco puede estar en manos de comunidades autónomas que solo piensan en el
egoísmo del interés de su comunidad autónoma o en el chantaje al Estado ante cada situación, o en el caos autonómico que hemos podido comprobar todos los españoles ante una situación de crisis sanitaria como ha sido la pandemia del COVID, donde cada
comunidad autónoma ha ido por su lado pensando solo en lo que le interesaba y nunca en el interés general. A estos enmendantes separatistas que tanto les preocupan cuando el Estado ejerce de Estado sus funciones se lo vamos a dejar claro clarito en
latín paladino: cuando VOX llegue al Gobierno no les vamos a espiar, les vamos a investigar. Aportaremos las pruebas necesarias a los jueces (aplausos), les sentaremos en el banquillo y haremos todo lo que esté en nuestra mano para ilegalizarles,
porque el Estado no tiene por qué soportar quintacolumnistas que dentro las instituciones permanentemente quieran derogar la Constitución, vulnerar los derechos y libertades, y destrozar la nación. Que les quede claro, nosotros, a diferencia de
ustedes, se lo decimos así, para que no tenga ninguna duda: nuestro objetivo es echarles de las instituciones e ilegalizarles con la ley, pero con toda la fuerza de la ley. (Aplausos).
En cuanto al Gobierno y su proyecto de ley, señor ministro, no se relaje, no crea que lo vamos apoyar, y me adelanto ya a cuando se trate en este Pleno el estudio y votación de su proyecto. En un Estado donde el Gobierno fuera leal a la
ley, leal al interés general y no sometido a los intereses de golpistas, proetarras, comunistas y cualquier enemigo de España, declarado u oculto, sería bueno apoyar una ley, un proyecto de ley o una reforma de ley como ustedes proponen, pero con un
Gobierno respecto al cual de manera clara, gracias una vez más a la única acción popular de VOX, hemos logrado que se diga alto y claro que han vulnerado derechos constitucionales, que han cometido inconstitucionalidades en el estado de pandemia en
la aplicación de sus medidas y que han cercenado a esta Cámara toda posibilidad de control...
La señora PRESIDENTA: Señor Ortega, tiene usted que terminar
El señor ORTEGA SMITH-MOLINA: Voy terminando, presidenta.
... es impensable que podamos darle el apoyo; es impensable apoyar a un Gobierno desleal al interés nacional. Por tanto, puede imaginarse, señor ministro, que cuando llegue el momento -como haremos ahora- nos opondremos a que sigan
teniendo más prerrogativas legales y más capacidad de actuación un presidente y un Gobierno que, si algo han hecho, ha sido poner en riesgo la seguridad nacional.
Muchas gracias. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie).
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Ortega.
Por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, tiene la palabra el señor Callejas Cano.
El señor CALLEJAS CANO: Muchas gracias, señora presidenta. Buenos días, señorías.
Si hoy estamos hablando en las Cortes Generales de la Ley de Seguridad Nacional es gracias al Partido Popular, que fue pionero en democracia poniéndola en marcha en 2015. Ha quedado patente que los dos grupos que han presentado las
enmiendas a la totalidad que hoy debatimos no quieren una ley de seguridad nacional. Esquerra Republicana y Junts per Catalunya lo que pretenden realmente es debilitar y romper España. En cambio, el Partido Popular dice sí a nuestra seguridad
nacional, dice sí a nuestra nación y dice sí a España.
España, señorías, tiene derecho a protegerse y defenderse de quienes quieren desestabilizarla, aunque sean miembros de su propio Estado e incluso integrantes de una Administración de este. Es urgente que no formen parte del Gobierno de
España aquellos que amparan actos ilícitos independentistas. Es vital que el presidente del Gobierno no dependa del voto de estos para su supervivencia política. No se debería haber incluido en la Comisión de secretos oficiales a partidos que
quieren destruir la integridad de España, como Esquerra Republicana o Bildu, para así salvar decretos económicos. Muchos de los diputados que forman parte de dicha Comisión no reunirían las condiciones exigibles al
resto de españoles para obtener la habilitación personal de seguridad necesaria en otros ámbitos para conocer información sensible.
El Partido Popular siempre estará al lado de nuestros servicios de inteligencia, apoyando la investigación, dentro de la ley, a todas aquellas personas que intenten dar golpes contra la integridad territorial de nuestro país y que basen toda
su estrategia independentista en la repetición de la frase: lo volveremos a hacer. En nombre del Grupo Popular, quiero transmitir todo mi apoyo a quienes trabajan y colaboran en el Centro Nacional de Inteligencia (aplausos), ya que el actual
desgobierno les está dejando a los pies de los caballos.
El reciente cese, que no sustitución, de la directora del CNI afecta gravemente a la seguridad nacional, genera enorme incertidumbre y mina la confianza y el prestigio de España. Señor Bolaños, no mienta. Han cesado a Paz Esteban por
investigar a quienes quieren romper España, a los independentistas, y por exigencia de los mismos. El Gobierno ha puesto una vez más su propia supervivencia política por encima de los intereses del Estado. Yo le pregunto, señor Bolaños: ¿Usted
considera que hay que investigar a aquellos que quieren degradar la integridad territorial? Ha quedado patente que con el actual Gobierno cualquier funcionario público que sirve lealmente y protege al Estado corre el riesgo de ser cesado, pero yo
me pregunto: ¿Por qué no dimiten aquellos ministros -o incluso el presidente- que no han seguido las instrucciones de seguridad que seguro les han dado desde el Centro Criptológico Nacional? Aprovechando que está usted aquí, señor Bolaños, ¿por
qué no explica usted por qué ha fallado en la protección de los terminales telefónicos y comunicaciones del Gobierno, dado que es su competencia?
Señorías, la pandemia de la COVID nos ha enseñado que es oportuno aportar mejoras a la Ley de Seguridad Nacional vigente. El PSOE ha puesto en marcha un proyecto de modificación de dicha ley, pero he de manifestar que fracasa tanto en la
forma de hacerlo como en el fondo de lo que plantea. Les aporto cinco de los muchos defectos de forma que dejan patentes la falta patológica de transparencia que padece el actual Gobierno. Primero, reducir a la mínima expresión el trámite de
audiencia e información pública, y hacerlo durante las fiestas navideñas de 2021. Segundo, dar solo seis días al Consejo de Estado para que hiciera su dictamen cuando lo habitual es que disponga de dos meses para ello. Tercero, no entregar al
Consejo de Estado el acta de la Conferencia Sectorial para Asuntos de la Seguridad Nacional. Cuarto, no remitir al Consejo de Estado las cerca de cuatro mil alegaciones formuladas contra el proyecto de ley por ciudadanos y asociaciones, la mayoría
de ellas advirtiendo de inconstitucionalidad. Y quinto, el ejercicio de desinformación y fake news contra la periodista de ABC, Ana Sánchez, perpetrado por el señor Rafael Simancas, secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, que manipuló la
consideración final del dictamen del Consejo de Estado borrando en un tuit todo aquello que le incomodaba y denunciaba defectos de tramitación. Este lamentable hecho supuso que la Federación de Asociaciones de Periodistas de España saliera en
auxilio de la citada redactora.
En relación con los temas de fondo, voy a relatar en lo que no estamos de acuerdo. Primero, el establecimiento de prestaciones obligatorias personales, ya que no representa el contenido esencial de los derechos, puesto que supone la
negación, vía suspensión, de su ejercicio, especialmente de los derechos de libertad, por lo que ni siquiera una ley orgánica podría establecer tal suspensión. Segundo, el principio constitucional de responsabilidad patrimonial de la Administración
no permite excluir el derecho a la indemnización, señor Bolaños. La Constitución lo impide. Hay que indemnizar a aquellos que se les proponga una prestación en favor del Estado por los daños y perjuicios que pueda causar la imposición obligatoria
de prestaciones personales. Esta ley convertiría al ciudadano en un bien de uso público, sin derechos propios y sin posibilidad de resarcimiento. Y tercero, es igualmente preocupante la suspensión del régimen de liberalización al pretender
modificar de rondón el artículo 7 de la Ley 19/2003, de 4 de junio, sobre régimen jurídico de los movimientos de capitales. En resumen, y para que la gente nos entienda, con esta ley el señor Pedro Sánchez puede confiscarte tus bienes y obligarte a
que realices funciones o prestaciones sin recibir ningún tipo de compensación económica, y quedando todo al albur del señor presidente. ¡Y menudo presidente!
Señor Bolaños, tenemos la sensación de que usted estaría encantado de que esta ley decayera para calmar a los independentistas. El Partido Popular no va a apoyar la enmienda a la totalidad, pero no le va a dar un cheque en blanco. Queremos
una ley de seguridad nacional que proteja a los españoles de un Gobierno como el de ustedes. Les pido que cojan la mano del Partido Popular, negociemos artículo por artículo y tengamos sentido de Estado para una ley de seguridad nacional que es
totalmente necesaria.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Callejas.
Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la señora Ferrer Tesoro.
La señora FERRER TESORO: Señora presidenta, señor ministro, señorías, no me cabe ninguna duda de que algunos de ustedes desean ocupar este espacio de debate para hablar de otras cosas. Aquí lo hemos visto hoy -en su derecho están-, pero
fíjense solamente en un aspecto del porqué y para qué estamos aquí hoy, que es precisamente para defender los derechos de todos los demás, de aquellos que nos votaron y nos dieron su confianza, de los ciudadanos. Por tanto, hoy toca -les guste o
no- hablar de lo que le importa a la gente, de las acciones que podamos o no acometer cuando hace falta protegerles.
Como seguro saben -no creo que vivan tan al margen de toda la realidad-, recientemente hemos tenido el peor de los ejemplos de esa necesidad de contar con herramientas que nos permitan actuar. Esta, señorías, es una ley que habla de eso, de
proteger a las personas especialmente en situaciones de crisis y por eso creo que debe ser una tarea de todos y de todas, de izquierdas y derechas, sin fisuras. Entiendo que hay materia de actualidad en los pasillos de este edificio para arrancar
titulares mucho más llamativos, pero necesitamos todos encontrar ese punto que nos permita volver al cauce de lo importante y no de lo que marque la actualidad de lo urgente, de volver a la senda de ocuparnos de la gente y no de las siglas de los
partidos.
Señor Gutiérrez, ha comentado una cuestión que no quiero dejar pasar. Ha dicho que el Grupo Socialista sobra, que sobramos en este país. Qué demócrata es usted, señor Gutiérrez. (Aplausos.-Denegaciones del señor Gutiérrez Vivas). En este
país no sobra nadie, ni siquiera ustedes, y esa es la diferencia entre ustedes y nosotros. El Partido Socialista, señorías -todos ustedes lo saben-, no es un partido que rehúya el debate, ya sea interno o externo, y mucho menos el presidente del
Gobierno, el Ejecutivo, y este grupo que lo sustenta. Por eso estamos abiertos al debate en esta ley, que podremos desarrollar en su tramitación, y hay margen para ello, para mejorar la ley, pero, por favor, ahora tenemos que ser sensatos, mirar a
la calle y no tanto a los despachos, porque necesitamos de esta ley no solo para adaptarnos a nuestros socios europeos, sino porque toca cumplir con el mandato contenido en la disposición final tercera de la Ley de 2015.
¿No les parece necesario introducir cambios puntuales para asegurar la coordinación de todos los medios disponibles para contribuir a la seguridad nacional? ¿No les parece necesario que se elabore un catálogo de recursos del sistema de
seguridad nacional, la reserva estratégica basada en las capacidades nacionales de producción industrial, para saber con qué recursos contamos, dónde están y cómo disponemos de ellos? ¿No les parece más eficaz que ante una situación de interés para
la seguridad nacional se integren todos los recursos disponibles por la Administración pública afectada e incluso aquellos que estuvieran en manos de particulares, siempre según nuestro ordenamiento jurídico? Ustedes, señorías, saben que esta es
una buena herramienta, gobierne quien gobierne, que es de lo que se trata, de hacer trajes a medida de las necesidades de la sociedad y no de perfiles políticos. Se busca garantizar que España tenga los recursos de primera necesidad y de carácter
estratégico necesarios para superar los problemas que puedan surgir en aquellos ámbitos de especial interés para la seguridad nacional. En su enmienda se escudan en una falsa invasión o limitación de competencias de las comunidades autónoma y saben
que, sencillamente, no es verdad. Hay dictámenes de todos los colores y podremos debatir sobre ello tanto como estimen necesario, pero entiendan que no es el momento de sacar pecho y sí de tener sentido común. Y me dirijo específicamente a
Esquerra. Esto no va de ser independentista, 'dependentista' o medio pensionista; se trata de ser demócrata o no serlo. Aplíquense el cuento. (Aplausos).
En un Estado en situación de crisis real es la herramienta más efectiva para afrontar la defensa y el bienestar de todos los ciudadanos de todos los territorios, pero para ello hay que dotarlo con mecanismos necesarios para que seamos aún
más ágiles y efectivos de lo que hemos sido, por ejemplo, en la pandemia. ¿Qué comunidad autónoma hubiese podido en solitario desplegar el escudo social que ha desplegado este Gobierno? ¿A cuántas vacunas y cuándo hubiesen tenido acceso? Ya hemos
visto -y veremos, seguramente, más- lo que ocurre cuando cada uno quiere actuar desde su pequeña taifa. Esta ley, señorías, va de eso, va de estar preparados para actuar dentro de la legalidad en situaciones difíciles, de tener herramientas
precisas para poder afrontar una crisis generada por una guerra o por una pandemia, de demostrar a los ciudadanos que sus representantes en las Cortes estamos aquí para legislar en aquellos vacíos que les hacen -que nos hacen- vulnerables. Y luego,
entre nosotros ya tendremos tiempo en nuestros debates político de enfrentar la idea como mejor estimemos conveniente, pero no conviertan la seguridad nacional, que es la seguridad de la gente, de las personas de todas y cada una de
las comunidades que componen esta nación, en rehenes de efímeros y pasajeros episodios de la vida política, porque esos episodios también tienen solución, pero en su justo debate y no es este. Así que les animo a que esta ley que empieza la
tramitación salga por el mayor consenso posible.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Ferrer.
- PROYECTO DE LEY SOBRE PRECURSORES DE EXPLOSIVOS. (Número de expediente 121/000094).
La señora PRESIDENTA: Pasamos al debate del siguiente punto del orden del día. Debate de totalidad del Proyecto de Ley sobre precursores de explosivos. Les informo de que el Grupo Parlamentario Republicano ha solicitado la avocación de
este proyecto de ley. Dicha solicitud se someterá a votación a continuación de la votación correspondiente a la de la enmienda a la totalidad.
Para la presentación del proyecto de ley tiene la palabra en nombre del Gobierno el señor ministro del Interior.
El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Grande-Marlaska Gómez): Buenos días. Gracias, señora presidenta.
Señoras y señores diputados, tengo el honor de comparecer ante esta Cámara, en nombre del Gobierno, para presentar a sus señorías el Proyecto de Ley sobre precursores de explosivos. Se trata de una iniciativa legislativa de una
extraordinaria importancia, puesto que contribuye a mejorar la eficacia de la lucha contra la violencia terrorista y, en consecuencia, hacer de nuestro país un entorno seguro en el que podamos disfrutar plenamente de nuestros derechos y libertades,
en consonancia siempre con los objetivos que planteé ante todos ustedes el pasado 17 de febrero de 2020, cuando comparecí ante la Comisión de Interior del Congreso para dar cuenta de las líneas generales de esta legislatura.
Señora presidenta, señorías, el Proyecto de Ley de precursores de explosivos, cuyo debate de totalidad celebramos en este Pleno, fue incluido en el Plan Anual Normativo 2021, siendo aprobado por el Consejo de Ministros del 4 de marzo de este
año, 2022, para su remisión a las Cortes Generales. Se trata de una iniciativa legislativa compleja, en primer lugar, porque tiene su fundamento en la reforma del marco normativo europeo en materia de precursores de explosivos y su aprobación, que
espero que cuente con el respaldo mayoritario de esta Cámara, supondría la culminación de la adaptación del ordenamiento jurídico español a los parámetros contemplados en el Reglamento 2019/1148 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre
comercialización y utilización de precursores de explosivos.
Señorías, como todos ustedes conocen perfectamente, la labor de las instituciones de la Unión Europea en materia de armonización de la normativa sobre empleo de sustancias o mezclas susceptibles de ser utilizadas para la fabricación ilícita
de explosivos es una dimensión que ya se ha abordado con anterioridad. Todos ustedes recordarán el Reglamento 98/2013 del Parlamento y del Consejo Europeo. Fue el primer gran avance en esta materia, ya que definió un conjunto de normas armonizadas
que tuvieron su traslado a nuestro ordenamiento jurídico mediante la Ley 8/2017, de 8 de noviembre, sobre precursores de explosivos. Es indudable -así me gustaría compartirlo en esta intervención con toda la Cámara- que ese Reglamento 98/2013 fue
determinante para poder avanzar en la reducción de la amenaza que implicaba la adquisición sencilla de aquellas sustancias susceptibles de ser utilizadas para la fabricación de artefactos explosivos caseros. Sin embargo, señoras y señores
diputados, es indudable también que si algo nos enseña la lucha contra el terrorismo es que, por desgracia, este tipo de organizaciones cuenta con una capacidad para detectar y adaptarse a cualquier resquicio que les permita continuar con su
actividad delictiva. Por esta razón, quiero recordar los atentados de París de 2015, de Bruselas de 2016 y de Londres y Mánchester de 2017. Quiero recordar a sus víctimas y ofrecerles desde esta tribuna una vez más la solidaridad y el apoyo de las
instituciones y la solidaridad española, que, por desgracia, conoce de primera mano la lacra de la violencia terrorista, como bien sabemos algunos funcionarios públicos, que, como se ha hecho referencia, hicimos frente a la lacra del terrorismo
también en primera línea, siempre respetando y siempre por la dignidad de la sociedad española.
Quiero recordarlo, señorías, porque en todos estos casos a los que he hecho referencia el terrorismo empleó artefactos de fabricación casera, que desgraciadamente constataron que era imprescindible mejorar el marco normativo europeo en
materia de precursores de explosivos, con la finalidad de mejorar la eficacia de la lucha contra la utilización indiscriminada de este tipo de sustancias. Este proceso de revisión y mejora culminó con el actual Reglamento 2019/1148, al que he hecho
referencia, cuya finalidad consistió en la definición de un nuevo conjunto de normas armonizadas que mejorasen la eficacia de la
labor de control, pero que sobre todo fortaleciese las capacidades en materia de información, notificación y seguimiento de todo tipo de transacciones potencialmente sospechosas que se diesen a lo largo de toda la cadena de suministro.
Señoras y señores diputados, este Reglamento, aunque de aplicación directa desde el pasado día 1 de febrero, requiere para poder desplegar plenamente el conjunto de sus efectos jurídicos la adopción de determinadas medidas de derecho interno por
parte de los Estados miembros de la Unión Europea y eso, nada más y nada menos, constituye el primer objetivo de este proyecto de ley que tengo el honor de presentarles en nombre del Gobierno. Es, por tanto, una iniciativa compleja que nace del
marco normativo europeo y es también una iniciativa compleja en su proceso de elaboración, al que quiero hacer mención en esta sesión.
Señora presidenta, como ya he señalado al comienzo de mi intervención, el Proyecto de Ley de precursores de explosivos es una iniciativa que se incluye en el Plan Anual Normativo 2021, pero quisiera destacar también que en su tramitación ha
participado la sociedad civil, que lo ha hecho a partir de los preceptivos trámites de consulta pública, realizada a través de la página web del Ministerio del Interior, entre octubre y noviembre de 2019, y además mediante el procedimiento de
audiencia e información pública, que tuvo lugar entre los meses de agosto y septiembre de 2020. Además, este proyecto de ley se ha visto enriquecido por informes, aportaciones y sugerencias. En primer término, del Consejo de Estado, así como de la
Vicepresidencia Primera del Gobierno y Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. En segundo lugar, por las valiosas aportaciones de los ministerios de Sanidad; Hacienda y Función Pública; Agricultura, Pesca y Alimentación;
Industria, Comercio y Turismo; Política Territorial; Justicia y Defensa. No quiero dejar de mencionar los informes recabados de la Oficina de Coordinación y Calidad Normativa, de la Comisión Nacional de Mercados y la Competencia y de la Agencia
Española de Protección de Datos, departamentos y organismos a los que quiero agradecer de forma pública su labor en la elaboración de este texto legal, como se la quiero agradecer también a las unidades de mi departamento, el Ministerio del
Interior, muy especialmente a la Secretaría de Estado de Seguridad, a través de las direcciones generales de Policía Nacional, la Guardia Civil y la Dirección de Coordinación y Estudios, así como a la Subsecretaría, a través de la Secretaría General
Técnica.
Señorías, esta iniciativa, que tiene su fundamento en la necesidad, como decía, de adaptar nuestro ordenamiento jurídico a los estándares definidos por parte de las instituciones de la Unión Europea para garantizar la seguridad del conjunto
de nuestras sociedades y que es el resultado de un largo proceso de trabajo en el que han concurrido diversos departamentos y entidades, ha sido elaborada -quiero destacarlo en esta intervención- con plena adecuación, en primer lugar, a los
principios de necesidad, eficacia y proporcionalidad, puesto que es la modernización de nuestro marco normativo, mediante un nuevo texto plenamente alineado con el Reglamento 2019/1148 y, como no puede ser de otra forma, con la garantía efectiva de
los derechos y deberes por parte de la ciudadanía. Esta iniciativa también se adapta al principio de seguridad jurídica, puesto que el Gobierno entiende que era preceptivo que fuese una norma de estas características la que unificase e integrase
todos los mecanismos de intervención sobre la circulación de este tipo de sustancias en territorio nacional. Y asimismo se adapta al principio de transparencia, al que me he referido anteriormente al detallar su tramitación interna.
Además, me gustaría destacar que esta iniciativa es absolutamente respetuosa con la distribución competencial -repito, es absolutamente respetuosa con la distribución competencial- entre el Estado y las comunidades autónomas. En este
sentido, el Gobierno -este Gobierno progresista- plantea este proyecto al amparo de la competencia exclusiva que tiene el Estado en materia de producción, comercio, tenencia y uso de armas, así como en seguridad pública, conforme al artículo
149.1.26.ª y 29.ª de nuestra Carta Magna, definiendo en la disposición adicional cuarta de este proyecto de ley un mecanismo de cooperación y colaboración con las comunidades autónomas con policía propia. De este modo, se define un sistema
permanente de intercambio de información a nivel nacional al que tendrán acceso las policías autonómicas, que se completa con la disposición adicional quinta del mismo proyecto en materia de acceso de datos de otras administraciones y con el Real
Decreto 734/2020, en materia de coordinación entre cuerpos, a través del sistema SICOA. Por lo tanto, este proyecto de ley contempla de forma efectiva la posibilidad de integrar al conjunto de policías autonómicas en el sistema de intercambio de
información a través de sus respectivos puntos de contacto, sin más obligación que la inherente a la integración en el sistema de control de precursores de la ejecución de planes anuales de inspección administrativa, la elaboración de un censo de
operadores económicos o la elaboración de informes preceptivos sobre particulares que soliciten licencia, así como la comunicación de los robos y desapariciones o dar cuenta de las incautaciones de precursores y sustancias.
Señora presidenta, señoras y señores diputados, este proyecto de ley contempla tres aspectos estratégicos claves, en opinión del Gobierno, para culminar la efectiva aplicación del Reglamento 2019/1148. El primero de ellos, que me gustaría
compartir con todos ustedes, tiene que ver con el ámbito de aplicación de esta iniciativa, que se extiende al conjunto de sustancias contempladas y contenidas en los anexos I y II del Reglamento Europeo, pero también a todas aquellas mezclas y
sustancias que las contengan, estableciéndose explícitamente la diferencia entre los precursores de explosivos restringidos y los regulados.
En segundo lugar, quisiera destacar que la nueva ley de precursores de explosivos define un sistema de licencias, contemplado en sus artículos 4 a 7, cuya finalidad es equilibrar el binomio responsabilidad-control en ámbitos como la
introducción, la posesión y la utilización de este tipo de sustancias por parte de personas físicas y jurídicas. Para ello, en el capítulo III de este proyecto de ley se establece, por un lado, la existencia de un sistema de comunicación de
desapariciones, sustracciones y, en general, cualquier tipo de transacción que pueda calificarse como sospechosa, cuya finalidad es detectar cualquier riesgo, monitorizando y trazando el recorrido de este tipo de sustancias a lo largo de toda la
cadena de suministros. Por otro lado, se establece un procedimiento sancionador, que se encuentra regulado en los artículos 15 a 24 del proyecto de ley y que es aplicable al conjunto de incumplimientos previstos en la iniciativa legislativa.
En tercer lugar, señoras y señores diputados, este proyecto legislativo tiene como finalidad la mejora de la gestión de la información por parte de los operadores económicos y de los mercados en línea, que por primera vez se recogen en una
iniciativa legislativa de estas características. A todos ellos se obliga a informar de forma clara a usuarios y clientes sobre cualquier precursor de explosivos que pongan a su disposición. Con esta medida, la nueva ley de precursores de
explosivos garantizará dos elementos decisivos. Por un lado, se fortalece de forma nítida el principio de responsabilidad al que hacía referencia previamente, puesto que todo integrante de la cadena de suministro, gracias al etiquetado, la ficha de
datos de seguridad o cualquier soporte informativo, podrá conocer en tiempo real que los productos que ha adquirido tienen restricciones por estrictas razones de seguridad. Por otro lado, se mejora claramente la intervención en los procesos de
compraventa. De este modo, se prohíbe la importación de precursores de explosivos procedentes de terceros países. Además, ante intentos de compra fuera del marco legal, se obliga a los operadores económicos de los mercados en línea a integrar
procedimientos de trazabilidad y seguimiento de todas aquellas transacciones que sean potencialmente sospechosas mediante la identificación de cualquier cliente, con independencia de su condición personal o profesional.
Por tanto -voy terminando, señora presidenta-, con este proyecto de ley el Gobierno de España avanza en la modernización de nuestro marco normativo en materia de seguridad; profundiza en los instrumentos de alineamiento de nuestro
ordenamiento jurídico, con los estándares europeos y con los de los países de nuestro entorno, y sigue apostando por un modelo de seguridad entendida como un bien público, que haga de nuestro país, de España, un ecosistema de pleno ejercicio de
nuestros derechos fundamentales y libertades públicas, en el que se garantice la convivencia mediante la lucha y la prevención frente a fenómenos como la delincuencia organizada o el terrorismo. Por esta razón -termino ya, señora presidenta-,
solicitamos al conjunto de la Cámara su respaldo al proyecto de ley de precursores de explosivos, cuyas líneas maestras he tenido el honor de presentarles a todos ustedes.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.
A este proyecto de ley se ha presentado una enmienda a la totalidad de devolución. Para la defensa de la enmienda presentada, tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Republicano, la señora Carvalho Dantas.
La señora CARVALHO DANTAS: Moltes gràcies, senyora presidenta. Señor ministro, Grande-Marlaska, buen día. (El señor vicepresidente, Rodríguez Gómez de Celis, ocupa la Presidencia).
Hoy vengo a esta tribuna a explicar la enmienda de totalidad de devolución al Proyecto de Ley sobre precursores de explosivos que ha presentado el Grupo Republicano.
A raíz de la entrada en vigor del nuevo Reglamento de la Unión Europea 2019/1148, sobre comercialización y uso de precursores de explosivos, debe actualizarse la normativa ahora vigente, la Ley 8/2017. Durante la tramitación de la actual
norma, diversos grupos parlamentarios ya plantearon la enorme necesidad de delegar las competencias de inspección sobre precursores de explosivos a los cuerpos policiales propios de las comunidades autónomas que tienen competencia en materia de
prevención y protección de la seguridad ciudadana. La reivindicación, tristemente, no fue atendida, así que se dejó esta función en
manos de la autoridad central, de manera exclusiva, centralizada, algo que dificulta considerablemente el desarrollo de las actividades policiales sobre el terreno y, en especial, en momentos en los que la grave señal de alerta terrorista
está en máximos.
En concreto, en el caso de la policía de la Generalitat, los Mossos d´Esquadra, que ejerce funciones de policía integral en el ámbito territorial de Cataluña, se ha visto repetidamente dificultado, señor ministro, el acceso a información y a
los órganos de coordinación en materia antiterrorista -seguramente lo sabrá usted-, poniendo en grave riesgo su tarea de prevención sobre la seguridad ciudadana ante amenazas tan importantes como es el terrorismo internacional.
Según nosotras, la redacción planteada de la nueva normativa tampoco resuelve este problema. En este sentido, y a raíz de los atentados ocurridos en las Ramblas de Barcelona el 17 de agosto de 2017, el Área Central de Policía
Administrativa, a través de su Unidad Central de Actividades Relevantes para la Seguridad Ciudadana, impulsó un proyecto con la finalidad de recibir las comunicaciones de operaciones comerciales sospechosas, las desapariciones y las sustracciones de
precursores de explosivos, para poder dar una respuesta inmediata. Ese proyecto incluía diferentes unidades preparadas y formadas a tal efecto, como son la Sala Central de Mando, el Área Técnica de Proximidad y Seguridad Ciudadana, técnicos
especialistas en desactivación de artefactos explosivos, TEDAX, la Comisaría General de Información, la Comisaría General de Investigación Criminal, la Comisaría General de Relaciones Institucionales, Prevención y Mediación y el Área Central de
Policía Administrativa. Uno de los objetivos, señor ministro, era poder integrarse en el Plan inspector administrativo del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado. Es decir, el cos dels Mossos d´Esquadra, el cuerpo de
los Mossos d´Esquadra, está sobradamente preparado para ejercer esta función. De hecho, lo requiere para el debido y correcto desarrollo de actividades policiales en materia de seguridad.
Cabe añadir, señorías, señor ministro, que, según el Grupo Parlamentario Republicano, en materia de intercambio de información entre cuerpos policiales y autoridades el proyecto de ley es muy ambiguo y no asegura ningún mecanismo claro que
garantice este flujo, que es imprescindible para el desarrollo de las funciones policiales en aquellas comunidades autónomas con policía propia, como es el caso de Cataluña. En este sentido, también cabe destacar, señor ministro, que el redactado
que se plantea continúa dejando en manos de la Secretaría de Estado para la Seguridad, de manera exclusiva -vuelvo a decir-, la competencia y consideración de punto de contacto nacional para la comunicación de transacciones sospechosas,
desapariciones y sustracciones de sustancias o mezclas susceptibles de utilizarse de forma indebida para la fabricación de ilícitos explosivos. Se considera, pues, señor ministro, vital que, tanto desde la perspectiva de control administrativo como
desde la perspectiva de la prevención y la investigación contraterrorista, el cos dels Mossos d´Esquadra de Cataluña pueda ejercer la competencia de autoridad de inspección, que es lo que pensamos que debe ser.
Por todo ello, señor ministro, señorías, el Grupo Parlamentario Republicano presenta la enmienda a la totalidad solicitando la devolución de este proyecto de ley al Gobierno, y esperamos poder contar con el apoyo de esta casa.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias, señora Carvalho.
En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra el señor Legarda Uriarte.
El señor LEGARDA URIARTE: Muchas gracias, presidente.
Vuelve a debatirse en esta Cámara una enmienda a la totalidad muy parecida a la que ya se debatió en 2017, en la XII Legislatura, con ocasión de la vigente Ley 8/2017 de precursores, y que ahora se reproduce con motivo de un nuevo proyecto
de ley sobre el mismo objeto. Si finalmente acaba aprobándose, derogará aquella y la sustituirá. Es un cambio de ley que se produce, como ya se ha señalado, por la necesidad de incorporar al ordenamiento jurídico español el nuevo Reglamento de la
Unión Europea, el 2019/1148, sobre comercialización y utilización de precursores de explosivos, vista la necesidad, según explica su exposición de motivos, de restringir aún más el acceso a este tipo de sustancias y reforzar los controles tras
varias acciones terroristas en escenarios europeos, y en atención al mandato de revisión contenido en el artículo 18 del Reglamento 98/2013, ya sustituido, y que dio lugar en nuestro ordenamiento a la vigente Ley 8/2017, de precursores.
Señorías, la posición inicial del Grupo Parlamentario Vasco con respecto a este proyecto de ley no puede ser muy distinta de la que en su día mantuvimos en relación con el proyecto de ley que luego dio
lugar a la vigente ley que se propone ahora sustituir. Decía que la posición no puede ser muy distinta por la indefinición en que se dejaba, y que ahora intuimos que se pretende dejar, a las comunidades autónomas, como la de Euskadi, con
cuerpos de policía integrales para la protección de personas y bienes y para el mantenimiento del orden público, añadiéndose la circunstancia de que en la vigente Ley 8/2017 se introdujeron modificaciones, algunas de ellas a propuesta del Grupo
Parlamentario Vasco, y tras negociación con el Gobierno y los grupos parlamentarios, como es la actual disposición adicional cuarta, que se refiere a la cooperación y colaboración entre el Estado y las comunidades autónomas con cuerpos de policía
propio y competencias en materia de seguridad pública.
En el proyecto de ley que debatimos se ha modificado, a nuestro juicio, esta disposición adicional cuarta en perjuicio de lo acordado ahora hace cinco años y también en perjuicio del adecuado despliegue de la actividad propia inherente de
los cuerpos integrales de policías autonómicos en situaciones que eventualmente en su ámbito territorial pudieran requerir una actuación reactiva con un carácter inmediato, como por ejemplo lo son en los supuestos de transacciones sospechosas,
sustracciones y desapariciones de productos o sustancias susceptibles de utilizarse, como aquí ya se ha dicho, de forma indebida para la fabricación ilícita de artefactos explosivos caseros aptos para ser empleados para la comisión de delitos de
especial gravedad. Y esta modificación de la disposición adicional cuarta se acompaña con un nuevo artículo 5, relativo a las autoridades de inspección, que lo serán solo aquellas -entendemos fuerzas y cuerpos de seguridad- dependientes de la
Secretaría de Estado de Seguridad para el control, vigilancia e inspección de los precursores que, en interpretación conjunta con la modificada adicional cuarta, a nuestro juicio, deja en el aire el adecuado despliegue de la actividad policial de
Mossos d'Esquadra y de Ertzaintza respecto a la prevención, neutralización y reacción de delitos, como decía, de especial gravedad, con usos de explosivos de fabricación casera a partir de sustancias de uso civil, ya que esas fuerzas policiales
integrales requieren tener a su disposición todos los elementos necesarios y en tiempo real para garantizar la protección de la ciudadanía en sus territorios.
En este contexto, señorías, y por este giro del proyecto respecto a la Ley 8/2017, era especialmente importante haber recabado durante la tramitación del anteproyecto -cosa que no se ha hecho- el parecer de las comunidades autónomas,
singularmente de aquellas con policía integral propia y con competencias para la lucha contra delitos graves, tal como echa en falta el Consejo de Estado en su informe.
Señorías, el Grupo Parlamentario Vasco no puede estar de acuerdo con el proyecto de ley, que cambia lo acordado sin que condiciones sobrevenidas lo demanden. Así, los interlocutores de los órganos de las comunidades autónomas con
competencia en seguridad pública y que cuenten con cuerpos de policía ya no articularán mecanismos de intercambio de información con la Secretaría de Estado de Seguridad, sino de manera degradada, a nuestro juicio, con las autoridades de inspección
dependientes de esta, y ya no -como se dice en la ley actual, en la disposición adicional cuarta- para el desarrollo de la actividad de aquellas policías autonómicas en evitación de ilícitos penales o de la propia Ley de Seguridad Ciudadana, sino
para el cumplimiento de esta ley, que es una ley administrativa, y cuyo control, vigilancia e inspección de precursores se les encomienda en exclusiva a autoridades dependientes de la Secretaría de Estado de Seguridad, presumiblemente a las fuerzas
y cuerpos de seguridad del Estado. Y el flujo constante de información previsto en la vigente ley sobre licencias, medidas provisionales, transacciones, desapariciones, sustracciones y sanciones que se impongan hacia las comunidades autónomas con
cuerpos de policía propia para la puesta en práctica, en su caso, de medidas reactivas de carácter policial, queda muy limitado, pues solo se atenderán peticiones de información de las policías autonómicas para el desempeño de su actividad cuando se
refieran a transacciones, sustracciones, desapariciones o mezclas y se soliciten a través del punto de contacto nacional de la Secretaría de Estado de Seguridad, que solo facilitará la información cuando considere que guarda relación con sus
funciones.
Señorías, en estos términos no podemos tener una opinión favorable del proyecto de ley, que, sobre todo, consideramos que no ha respetado acuerdos firmados con el Gobierno de España, y no hace mucho tiempo.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor Gutiérrez Vivas.
El señor GUTIÉRREZ VIVAS: Gracias, presidente.
Señorías, buenos días otra vez. Debatimos en estos momentos la enmienda a la totalidad presentada por los señores de Esquerra para la devolución del Proyecto de Ley sobre precursores de explosivos, un
texto que simplemente viene a trasponer un nuevo reglamento aprobado por el Parlamento Europeo en esta materia para actualizar nuestra normativa. El objetivo principal, como ya se ha mencionado, es restringir el acceso a determinadas
sustancias utilizadas para la fabricación de explosivos para evitar posibles acciones terroristas, a priori algo bastante coherente si lo analizamos desde el punto de vista de la seguridad del Estado, que es lo que de verdad está aquí en juego.
Pese a que nosotros, los liberales, no somos amigos de un excesivo carácter regulatorio y creemos que siempre es más favorable para cada sector poder actuar o tener la mayor libertad posible y las menores limitaciones dentro de la regulación de los
diferentes sectores comerciales, en este caso vemos necesario que exista una regulación en todo aquello que tiene que ver con la compra de productos y sustancias explosivas precisamente para garantizar la seguridad de todos los españoles.
Pero, como estamos ya acostumbrados en esta Cámara, y especialmente en las últimas semanas, parece que allí donde está en juego la seguridad del Estado, a los señores de Esquerra, a los separatistas, socios de este Gobierno, siempre nos los
encontramos de frente cuando tenemos que hablar ya sea de precursores de explosivos o de seguridad nacional. En este caso piden los señores de Esquerra la devolución del proyecto de ley, que se delegue a los cuerpos policiales de cada comunidad
autónoma la competencia para la inspección en materia de explosivos. Pero, no contentos con eso, aprovechan para lanzar una serie de acusaciones gravísimas, a nuestro entender, contra el Estado, contra sus funcionarios públicos y contra sus fuerzas
y cuerpos de seguridad, y eso, señorías, sí que no se lo vamos a consentir. No vamos a tolerar que ustedes, precisamente ustedes, señores de Esquerra, pongan en tela de juicio el buen nombre de los cuerpos de policía del Estado y les acusen
públicamente, como han hecho hoy, de dificultar repetidamente el acceso a información por parte de los Mossos poniendo -dicen ustedes- en grave riesgo su tarea de prevención sobre la seguridad ciudadana.
Señorías de Esquerra, ¿con qué cara nos hablan hoy ustedes aquí de prevención de la seguridad ciudadana, cuando su portavoz el otro día, el señor Rufián, se saltó a la torera la ley y reveló el contenido que se trató en la Comisión de
secretos oficiales? ¿Ustedes, que precisamente creen que la información de los servicios de inteligencia españoles, que los secretos oficiales y que cualquier cosa que tenga que ver con la seguridad del Estado es una broma? Porque eso es lo que
parece. Pero yo les voy a decir una cosa: para nosotros, los que de verdad respetamos el imperio de la ley y defendemos el Estado de derecho, son cosas muy serias, porque lo que está en juego en estos momentos es la seguridad de todos los
ciudadanos. Y si tenemos que denunciar ante la Fiscalía cada tropelía, cada vez que ustedes se salten la ley y pongan en riesgo la seguridad de España, no tengan ninguna duda de que lo vamos a hacer. Es más, nosotros sí que lo volveremos a hacer,
volveremos a denunciarles ante la Fiscalía cada vez que ustedes se salten la ley.
Señores de Esquerra, el problema de seguridad en Cataluña no es culpa de la Policía Nacional, ni de que, como ustedes dicen, dificulten el acceso a la información a los Mossos. El problema de la seguridad nacional es que ustedes, el señor
Rufián, el señor Torra y compañía, han instigado a la violencia callejera alentando a grupúsculos terroristas, como los CDR, para que incendien las calles. ¿O no se acuerdan ya ustedes de aquel famoso apreteu del señor Torra, aquel Tsunami
Democràtic que cortó calles y ocupó espacios públicos? Como dijo en esta misma Cámara la ministra Robles -a la que ustedes no paran de pedir su dimisión-, ¿qué debe hacer entonces un Estado o un Gobierno cuando alguien vulnera la Constitución,
cuando se declara la independencia de forma unilateral, cuando se cortan las vías públicas, cuando se realizan desórdenes públicos, cuando se habla con un Estado extranjero, como Rusia y el señor Putin? ¿Qué se tiene que hacer, señorías? Pues ya
se lo voy a decir yo: defenderse. El Estado debe defenderse con todas las herramientas, toda la firmeza y toda la legalidad posible, señorías de Esquerra.
Nosotros entendemos que a ustedes, que son enemigos del Estado y que solo defienden los derechos de una pequeña parte de los ciudadanos, les da igual poner en riesgo a los que no son de los suyos y les da igual poner en riesgo la seguridad
nacional, y no tienen reparos, además, en cuestionar el papel que deben desempeñar las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado o de revelar lo que la directora -exdirectora- del Centro Nacional de Inteligencia dice en una Comisión en la que
ustedes nunca deberían haber entrado. Pero aquí estaremos nosotros para evitarlo.
En definitiva, señorías, votaremos en contra de la enmienda presentada por el Grupo Republicano, por dos razones principales. En primer lugar, porque no vamos a tolerar, como ya les he dicho, ni una acusación más contra el Estado como las
que llevamos todas estas semanas escuchando por parte de su grupo y demás socios de este Gobierno, que, por cierto, señor Marlaska, agachan la cabeza acusando públicamente a los funcionarios públicos y a los servidores del Estado. Y, segundo,
porque nosotros sí nos
tomamos en serio la seguridad y no somos como ustedes. Su enmienda va precisamente en el sentido contrario, en el de atacar e ir en contra de la seguridad de los ciudadanos, y además se toman la molestia de contarlo aquí en esta Cámara
todos los días, todos los días. Eso sí que es una auténtica vergüenza, señorías.
Muchísimas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Plural, tiene la palabra el señor Boadella Esteve.
El señor BOADELLA ESTEVE: Buenos días, señor presidente, señor ministro, señorías.
Nos traen hoy a debate la enmienda a la totalidad que se presenta a este proyecto de ley relativo a los precursores de explosivos, aquellas sustancias químicas que solas o combinadas pueden ser usadas para la elaboración de explosivos de
forma ilegal. El objeto de la ley es el de regular estas licencias y, en definitiva, adaptar a la normativa interna los mandatos del reglamento de la Unión Europea, especialmente también en el ámbito del régimen sancionador. Y nos sorprende
especialmente la reconfiguración que formula al sistema actual, porque es cierto que hay una necesidad de incorporar el reglamento al ordenamiento interno, pero esta incorporación al ordenamiento interno no debería tampoco desmontar la relación o
las competencias que entendemos que están vigentes en el ámbito del Estado y las comunidades autónomas.
El artículo 5, como se ha apuntado anteriormente, fija como autoridad competente a la Secretaría de Estado de Seguridad y, por tanto, la concesión y revocación de licencias y la competencia sancionadora queda en manos de la Secretaría de
Estado o de sus delegaciones del Gobierno, así como las facultades de inspección, como ya anteriormente se ha indicado aquí.
Ayer mismo, su compañero, el ministro Bolaños, en la Comisión Constitucional decía que el año que viene en el plan normativo habría una ley de industria y una ley de empleo. Yo le apuntaba que fueran estrictamente escrupulosos con las
competencias de las comunidades autónomas y él decía que el Gobierno siempre lo era, pero hoy, de nuevo, en este mismo debate ya se pone de manifiesto por parte de diferentes grupos que este respeto a las comunidades autónomas y a sus competencias
queda, como mínimo, en duda.
En Cataluña, como usted sabe, el cuerpo de los Mossos d'Esquadra tiene la función de policía integral en Cataluña, un cuerpo sobradamente preparado para ejercer estas funciones y, en cambio, si uno mira el articulado de la norma, ve que el
artículo 25 habla de que los otros cuerpos autonómicos pueden participar casi voluntariamente de las acciones formativas y de sensibilización, pero, en cambio, en la disposición adicional cuarta se les obliga a intercambiar la información o,
incluso, en la disposición adicional quinta se abre la puerta de una forma expansiva a la Secretaría de Estado para que pueda acceder a todos aquellos datos de otras comunidades autónomas o de otras administraciones públicas.
No puedo evitar hacer una pequeña referencia, cómo no, a los atentados de Barcelona y Cambrils de agosto del año 2017. Ya se apuntó que la lucha contra el terrorismo yihadista había quedado obstaculizada por una implantación insuficiente de
la legislación en materia de precursores de explosivos. Seguramente, esta adaptación del reglamento puede suplir aquella implantación insuficiente, pero también por las deficiencias de coordinación entre las diferentes agencias de seguridad y los
autogoles o casi goles en el campo contrario, como hemos ido viendo luego cuando han aparecido informaciones de la mano del señor Villarejo, del CNI, del imán de Ripoll o de las escuchas telefónicas que no se compartieron a tiempo. Con todo,
entendemos que en el proyecto de ley hay algunas deficiencias que cambian el paradigma actual, algunas apuntadas por el Consejo de Estado y, por tanto, también entendemos que procede devolver al Gobierno este proyecto de ley.
Finalmente, voy a hacer una pequeña mención al señor Gutiérrez, que veo que ya no está en el hemiciclo, pero supongo que le pasarán el encargo. Se puede comparecer en esta tribuna y que te sobren unos minutos, no hace falta tampoco agotar
todos los tiempos y agotar la paciencia del resto de diputados, porque el señor Gutiérrez, cuando no tenía nada más que decir sobre este proyecto de ley, ha aprovechado para hablar de los CDR, de Rusia, de los secretos oficiales o de la
independencia. Sinceramente, es mucho más digno acabar la intervención hablando de lo que toca que no llevando el agua a su molino cuando nada tiene que ver con el tema que ocupa el orden del día.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, tiene la palabra el señor Mena Arca.
El señor MENA ARCA: Gracias, presidente. Buenos días a todos y a todas. Gracias, señor ministro.
Estos días saben ustedes que, por otros motivos, estamos viendo la importancia de abordar con rigurosidad debates como el que hoy se plantea. Los fallos en la seguridad del Estado ponen en jaque a nuestro sistema democrático, así que
partimos de la base de que trabajar por la seguridad es también trabajar por fortalecer nuestra democracia.
La ley que tratamos hoy deriva, como se ha dicho, del reglamento que elaboró la Unión Europea desde enero de 2013 sobre la comercialización y utilización de los precursores de explosivos y, también, de su actualización para cumplir la
directiva europea. Y esta ley tiene un objeto claro y una motivación definida. El objeto es el de regular un sistema de licencias que permita a los particulares introducir, adquirir, poseer o utilizar precursores de explosivos restringidos. Y la
motivación se produce por varias acciones terroristas que tuvieron lugar en distintas ciudades europeas y que pusieron de relieve la necesidad de restringir todavía más el acceso a este tipo de sustancias. Se trata, por lo tanto, de un debate
serio, de calado europeo y que interpela a la seguridad ciudadana y a la lucha antiterrorista. Además, la normativa que está en trámite de aprobación se refiere exclusivamente a personas particulares que adquieran este tipo de sustancias, no a los
profesionales que estén en el ejercicio de su actividad.
Esquerra Republicana nos presenta esta enmienda a la totalidad, y creemos en nuestro grupo parlamentario que no es de recibo, porque el objeto de su enmienda no responde ni a la voluntad de la Unión Europea cuando regula este extremo ni a
las necesidades concretas de los diferentes cuerpos de seguridad del Estado, entre ellos, evidentemente también, los Mossos d'Esquadra. Ustedes presentan esta enmienda, básicamente, porque consideran que el proyecto de ley es ambiguo y no se
asegura, desde su punto de vista, que la información vaya a llegar a un cuerpo tan fundamental para nosotros como es el de los Mossos d'Esquadra. No hace falta que les explique que para el Grupo Confederal y, específicamente, para En Comú Podem, el
cuerpo de los Mossos d'Esquadra es una herramienta fundamental en las políticas públicas de seguridad ciudadana, esencial para una democracia, ni tampoco de la necesidad de descentralizar todavía más el Estado y avanzar en el camino del federalismo
institucional y administrativo; pero hay elementos tan sensibles y vitales para la ciudadanía que deberíamos abandonar la política de la confrontación competencial y apostar por la colaboración y la cooperación institucional, que es el camino,
sobre todo cuando hablamos de seguridad ciudadana.
Eso sirve para todo, compañeros de Esquerra Republicana de Catalunya. Dejarnos arrastrar por los que apuestan por la confrontación nos lleva a la política que no acaban de entender los ciudadanos y las ciudadanas. Y lo digo porque la ley
es tan clara que disuelve la justificación que ustedes han planteado para esta enmienda a la totalidad. La ley, en la disposición adicional cuarta, dice literalmente -y les voy a leer-: Los órganos de las comunidades autónomas competentes en
materia de seguridad pública que dispongan de cuerpo de policía autonómica propio intercambiarán con las autoridades de inspección la información que requieran para el cumplimiento efectivo de lo dispuesto en esta ley. Eso es lo que dice la
disposición cuarta de la ley. Y añade en el apartado 2 que el punto de contacto nacional atenderá cualquier otra información relevante en materia de precursores de explosivos que se formule por las fuerzas y cuerpos de seguridad competentes en
materia de seguridad ciudadana y que guarde relación abierta y directa con el ejercicio de sus funciones. Con lo cual, la ley ya garantiza esa necesaria coordinación entre todos los cuerpos de seguridad del Estado, evidentemente también con los
Mossos d Esquadra. Señorías, no deja pie a una interpretación ambigua, partiendo de la base de que hay que respetar las competencias pero, oigan, respetar las competencias por las dos partes, y es competencia exclusiva del Estado la producción,
comercio, tenencia y uso de armas y explosivos. Creemos que en seguridad pública habría que poner el foco no tanto en quién tiene la competencia sino en cómo coordinamos las competencias para optimizar aquellos recursos públicos que tenemos. La
seguridad pública, señorías, no puede ser compartimentos estancos, tiene que ser una coordinación entre los diferentes niveles de la Administración del Estado. Con esta ley se garantiza que los Mossos d'Esquadra, como no puede ser de otra manera,
tengan acceso y formen parte del motor de la coordinación en lo referente al punto de contacto nacional, para atender las informaciones sobre uso de los precursores de explosivos. Me pregunto yo, ¿hay margen para definir todavía más qué nivel de
coordinación y con qué mecanismos garantizamos que las policías autonómicas ostenten el mismo papel que el resto de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado?
Pues trabajémoslo en la Ponencia de la ley durante su tramitación, pero no con una enmienda a la totalidad que dejaría desprotegida a la ciudadanía en un elemento tan arriesgado como es este. Por eso, votaremos en contra de la enmienda a la
totalidad de Esquerra Republicana y estamos abiertos durante la Ponencia a abordar las concreciones que sean necesarias, repito, poniendo el foco en la seguridad de los ciudadanos, en la coordinación competencial y no en una guerra de competencias
que no nos lleva a ningún sitio, sobre todo cuando hablamos de materia de seguridad ciudadana y lucha antiterrorista.
Gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra el señor Gestoso de Miguel. (Aplausos).
El señor GESTOSO DE MIGUEL: Bueno, veo que hoy están todos aquí; está la CUP, está ERC, está Bildu. Se nota que les preocupa la seguridad nacional, los explosivos y la gasolina, cosa de la que me alegro. (Aplausos). Pero hoy vamos a
debatir aquí sobre la regulación de los precursores de explosivos, que son las sustancias químicas que pudieran usarse para, en combinación con otras, fabricar un explosivo de manera ilegal e incluso casera. El anteproyecto busca limitar el acceso
a sustancias que puedan ser usadas para la fabricación de explosivos caseros, dado que la anterior legislación no sirvió para evitar atentados terroristas de este tipo. Esta ley se va a aplicar, por un lado, a empresas y profesionales, que son los
operadores económicos que comercializan y utilizan sustancias o mezclas de estas en su actividad económica y de los que se obtiene fácilmente todo tipo de información actualizada referente a la seguridad y, por otro lado, a particulares, que son
aquellos que deben solicitar una licencia para adquirir precursores de explosivos solo para uso particular.
Señor ministro, en VOX proponemos soluciones a cuestiones que, a nuestro juicio, este anteproyecto deja sin resolver. En primer lugar, creemos que hay que garantizar y aumentar los requisitos para el otorgamiento de licencias a
particulares, contrastando con rigor los datos aportados en cada solicitud y, asimismo, se deben realizar inspecciones in situ de forma previa, condicionando a tales inspecciones la concesión. El volumen de solicitudes anual, que es de entre
doscientas y cuatrocientas, permite perfectamente un tratamiento personalizado y un seguimiento posterior de la licencia.
En segundo lugar, la localización y el control de las sustancias en las aduanas propicia una mayor eficiencia para la prevención y la disuasión del uso ilícito. El proyecto Watchmaker permite a los países de la Unión Europea identificar y
realizar seguimientos de individuos implicados en la fabricación o en el uso de explosivos. La base de datos Watchmaker de Interpol contiene perfiles de 3500 personas y 38 750 entidades asociadas con actividades químicas, biológicas y artefactos
explosivos improvisados -los IED- e incluye a individuos responsables de graves atentados terroristas con bombas perpetrados en todo el mundo. Por otra parte, Chase es otra iniciativa mundial para luchar contra el contrabando internacional de
sustancias químicas utilizadas en la fabricación de armas diseñadas para matar y herir indiscriminadamente. Chase y Watchmaker están dirigidos a servicios de policía, seguridad fronteriza, aduana e inmigración y a organismos gubernamentales
especializados. Compartir esta información ha dado como resultado operaciones policiales muy exitosas en los puntos fronterizos y en malas manos podrían causar una hecatombe. Interpol y la Organización Mundial de Aduanas colaboran en el marco del
programa Global Shield por el que se controla el flujo ilícito y el tráfico ilícito de precursores de explosivos. El pasado 4 de mayo de 2020 Interpol abrió el acceso de su base de datos iARMS a la Organización Mundial de Aduanas. Por tanto, se
debe dar ahora acceso libre a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado in situ para impedir que los particulares o ilegales crucen nuestras fronteras en cualquier sentido portando precursores restringidos.
En tercer lugar, como admite la memoria del análisis de impacto normativo que hicieron ustedes en el Ministerio del Interior, los terroristas están empleando nuevas tácticas y desarrollando nuevas fórmulas y técnicas de confección en la
fabricación de los artefactos caseros, resultando sencillo hasta el momento eludir las restricciones y los controles establecidos. En los últimos años, el terrorismo islamista -que ha llegado a España por el efecto llamada principalmente de los
gobiernos del consenso progre- se ha valido simplemente de agua oxigenada y acetona con un toque de ácido de batería para volar por los aires la casa de la propia célula terrorista de Ripoll. Señora Carvalho, con los mossos. Por ello, proponemos
prohibir a particulares el transporte de entrada y salida de cualquier precursor.
Planteado el problema y esbozadas las soluciones, o por lo menos las propuestas de VOX, hay que decir una cosa, y es que los separatistas traen aquí una propuesta disparatada porque dicen que no quieren que el Estado controle la fabricación
de artefactos terroristas. Quieren controlarla ellos para así
tener controlado a qué chicos de los CDR o de la gasolina meten o no en determinadas bases de datos policiales en su golpe permanente a España. (Aplausos). Nosotros decimos que los explosivos solo los controla la Intervención de Armas de
la Guardia Civil y no el mayor Trapero; son los guardias civiles los que deben controlar todo lo relativo a los explosivos y a los precursores y no ninguna otra policía autonómica o de cualquier otro tipo. Los separatistas, como decía, nos traen
aquí una serie de propuestas de las que solo me cabe decir una cosa: ¿se imaginan que informaciones de estos ficheros llegasen a manos de un Gobierno, por ejemplo, bilduetarra? Aunque ya tenemos el comando informativo aquí dentro metido, dándole
acceso a los secretos oficiales o contestando los responsables de Interior a preguntas de Bildu-ETA sobre operativos y logística policial sin despeinarse. Por eso, se les espía poco y se les controla menos y montan gigantescos contubernios sobre
espionajes que, a lo mejor, proceden de sus propias cloacas y no de uno de los mejores servicios de inteligencia del mundo, como es el CNI. Monten los circos de tres pistas que quieran con la cobardía de un Gobierno que está contra las cuerdas,
que, en menos de un año, desmontaremos su bufonada contra España y contra la Constitución.
Ustedes quieren estas competencias para que siga el desmadre de sus chicos de la gasolina, que incendian las calles de Cataluña o el País Vasco cuando ustedes tocan el pito. Este Gobierno está a punto de caer como fruta madura, pero caerá
solo por su propia incompetencia y por su propia traición. Ni ustedes ni Bildu tienen ya ningún poder, porque saben que, en el momento en el que ellos caigan, llegaremos nosotros y con VOX se va a acabar la barra libre de la sedición, de la
conspiración contra España y de su golpe de Estado permanente, porque los vamos a ilegalizar a ustedes, a los golpistas separatistas y a la sucursal de ETA -voy terminando- a la que toda la izquierda pretende blanquear. (Rumores y protestas).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Señoría, debe finalizar, por favor.
El señor GESTOSO DE MIGUEL: Y les decimos a la cara que son vulgares matones y asesinos, y que es un insulto a esta Cámara verlos sentados impunemente en ella... (Rumores y protestas).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Señoría...
El señor GESTOSO DE MIGUEL: ... y menos con nuestros compañeros Salvá, Alcaraz... (Rumores y protestas).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Señoría, muchas gracias, ha terminado su tiempo.
El señor GESTOSO DE MIGUEL: Muchas gracias. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Por el Grupo Popular en el Congreso, tiene la palabra la señora Vázquez Blanco.
La señora VÁZQUEZ BLANCO: Muchas gracias, señor presidente.
Este proyecto de ley tiene por objeto -como se ha comentado- regular el sistema de licencias que permita la puesta a disposición... (Rumores)
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Señoría, un momento. Señorías, por favor, ruego silencio.
La señora VÁZQUEZ BLANCO: ... posesión y utilización de sustancias o mezclas susceptibles de ser utilizadas de forma indebida para la fabricación ilícita de explosivos. El proyecto de ley -como ha comentado el ministro- es consecuencia del
Reglamento 2019/1148 del Parlamento Europeo, que deroga el Reglamento 98/2013, que en España se aplicó mediante la Ley 8/2017, sobre Precursores de Explosivos. En este contexto, varias acciones terroristas que tuvieron lugar en distintos escenarios
europeos, los atentados de Bruselas, Bataclán en París, o los sucedidos en Cataluña en 2017, habían puesto de relieve la necesidad de restringir aún más el acceso a este tipo de sustancias y, en consecuencia, a confeccionar una nueva norma más
restrictiva para combatir el fenómeno terrorista y la delincuencia grave.
No hemos presentado enmienda a la totalidad, pero sí lo haremos al articulado, dado que surgen posibilidades de mejora y de mayor ajuste a lo dispuesto en el Reglamento. Nosotros no vamos a votar en
contra de esta ley, porque cuando se habla de seguridad ahí estará siempre el Partido Popular; cuando se habla de lucha contra el terrorismo, ahí estará siempre el Partido Popular. Nosotros no haremos como el PSOE en el año 2017, que
pretendía quedarse solo votando en contra de la ley de precursores de explosivos, cuando estaban anclados en el 'no es no' y a todo votaban que no; incluso, en contra de esta ley en noviembre del año 2017, posteriormente a los atentados de
Cataluña. Les refresco la memoria, señores del Partido Socialista. (Muestra un recorte de prensa). Cruces de reproches entre un diputado y la portavoz del PSOE, en aquel momento la señora Margarita Robles. 'El portavoz de Interior del PSOE en el
Congreso y la diputada Margarita Robles han mantenido un rifirrafe esta tarde cuando la segunda ha pedido explicaciones a la ponente socialista, la señora Ana Botella, por votar en contra de la ley de precursores de explosivos'. 'Nos íbamos a
quedar solos y no entendía porque se iba a votar no, cuando creía que procedía votar que sí, ha señalado a EFE Margarita Robles'. (Muestra otro recorte de prensa) Cruce de reproches y dimite Antonio Trevín tras ser desautorizado al votar en contra
de la ley de precursores de explosivos. ¡Menudo papelón el que tuvieron ustedes! No querían votar aquella ley en el año 2017 porque les parecía dura, y, ahora, ustedes, señores del PSOE, la modifican para endurecerla todavía más, y que nosotros
apoyaremos, pues contra el terror y la barbarie, ley y castigo, y ahí tendrán siempre el apoyo del Partido Popular. (Aplausos).
Pero queremos que los partidos del Gobierno nos aclaren algunas cuestiones, y aprovecho que ahora está aquí el ministro. En el Grupo Popular entendemos que la normativa europea y las recomendaciones del Parlamento de la Unión en materia de
terrorismo deben ser adoptadas de forma inmediata, como hacen con esta ley que hoy debatimos. Por eso, les preguntamos: ¿piensa el Gobierno y los partidos que lo apoyan aplicar las exigencias formuladas a España por la Comisión de Peticiones del
Parlamento Europeo, aprobadas el 21 de abril? El Parlamento Europeo aprobó a finales del 2020 el informe sobre los derechos fundamentales en la Unión en 2018 y 2019. Exigió a las autoridades españolas que se tomaran todas las medidas necesarias
para evitar que las víctimas del terrorismo fueran humilladas por los ongi etorri. ¿Qué va a hacer el Gobierno para dar cumplimiento y evitar los ongi etorri? Uno de los motivos de la nueva intervención de la Unión es el esclarecimiento de los 379
crímenes de ETA todavía sin resolver, por lo que acordó enviar una misión a España y que el Grupo Socialista, en el Parlamento Europeo, intentó bloquear. El Parlamento Europeo ha dado un revolcón al Gobierno al aprobar el informe en el que solicita
a España, primero, que se reconozcan los asesinatos de ETA como crímenes de lesa humanidad; segundo, que los beneficios penitenciarios se condicionen a la colaboración con la justicia y no a la discrecionalidad de Marlaska; y, tercero, que se
prohíban los actos de homenaje a los etarras. Exigimos, pues, al Gobierno el cumplimiento inmediato del acuerdo del Parlamento Europeo. Esto también es hacer política de lucha contra el terrorismo, el terrorismo que nos tocó más cerca y que acabó
con la vida de más de 800 compatriotas y que, hoy en día, todavía quedan 379 casos sin resolver, sin colaboración por parte de los presos de ETA, a los que Marlaska sigue regalando beneficios penitenciarios y traslados a la carta. (Aplausos).
Respecto a la enmienda presentada por Esquerra, vamos a votar que no. Esquerra plantea la devolución del texto porque quieren la competencia; quieren actuar sobre el punto de contacto nacional; quieren la información directa de CICO.
Pero les digo que no; ustedes no son de fiar. Ustedes se basan en una falacia de falta de seguridad para los mossos y de coordinación. Fíjense, las dos últimas operaciones de precursores de explosivos se llevaron a cabo en Barcelona y en Reus
conjuntamente por la Guardia Civil y los mossos. Y la falta de seguridad de los mossos son precisamente ustedes, señores de Esquerra y del Gobierno de la Generalitat. Ustedes, que dejan desprotegidos a los mossos, que les han quebrado el principio
de autoridad en Cataluña, que los tienen maniatados sin poder actuar, ni tan siquiera se persona el Gobierno de la Generalitat para defenderlos en los juicios, ustedes son realmente el problema para la seguridad de Cataluña. A ustedes, la seguridad
de los catalanes les importa un bledo. A ustedes solo les preocupa debilitar la seguridad para debilitar a España. Digan la verdad, no se escuden en competencias. Ustedes no quieren esta ley, porque ustedes defienden, precisamente, a los que
utilizaron precursores de explosivos como son los CDR. Ese es el problema y no otro. Y gracias a que les han espiado -y ojalá les espiaran más, aunque ahora tienen bula sanchista- (aplausos), y el CNI y la Guardia Civil hicieron bien su trabajo,
posiblemente no llegaron a detonar esos explosivos nunca. ¿Les refresco la memoria? (Muestra otro recorte de prensa) 'Los CDR manipularon precursores de explosivos'. (Muestra otro recorte de prensa). 'Dos de los CDR detenidos confiesan que
fabricaron y probaron precursores de explosivos'.
Ustedes no quieren el CNI. Ustedes no quieren esta ley de lucha contra el terrorismo. Ustedes no quieren a la Guardia Civil y a la Policía en Cataluña. Ustedes no quieren seguridad en Cataluña. Ustedes prefieren el caos, la ilegalidad,
quemar las calles. Ustedes preferirían, sí, a los diez mil soldados de Putin. (Aplausos). Ustedes, y el señor Rufián, hoy solo están pendientes de debilitar al Estado español, de doblegar día tras día a Sánchez, del chantaje permanente al Estado
y a las instituciones, y para eso no cuenten con el Partido Popular.
Finalizo. Señorías del PSOE, hoy España es más débil e insegura, hoy ya nadie se fía del Gobierno de España tras permitir la entrada de los que quieren romper España en la Comisión de secretos y entregando el CNI al independentismo catalán.
Ustedes hoy, señor Marlaska, son un verdadero problema de seguridad en España.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Señoría, ha terminado su tiempo.
La señora VÁZQUEZ BLANCO: Y, por cierto, ¿qué seguridad nos va a dar a los españoles cuando quien es responsable de seguridad...
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Señoría, finalice, por favor, que ha sobrepasado su tiempo con creces.
La señora VÁZQUEZ BLANCO: ... no es capaz ni tan siquiera de garantizar la seguridad de su propio móvil? (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Arribas Maroto.
El señor ARRIBAS MAROTO: Gracias, presidente.
Gracias, señor ministro, por su intervención y por exponer este proyecto de ley; un proyecto de ley que nace de nuestro compromiso con nuestros socios europeos, un proyecto de ley que trata algo tan importante como mejorar el control de las
sustancias susceptibles de ser empleadas para la fabricación de explosivos, un proyecto de ley que moderniza nuestro sistema adaptándolo al marco europeo, que respeta las competencias autonómicas y que integra a los Mossos d´Esquadra, a la
Ertzaintza y a la Policía Foral, facilitándoles el acceso a los datos y a la información precisa para sus investigaciones. Señorías de Esquerra, recuerden que tras nuestra llegada al Gobierno los mossos están plenamente integrados en el Centro de
Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado. Señorías, tengan claro que este Gobierno está comprometido con la seguridad como un bien público entre cuyos ejes está fortalecer la cooperación y la coordinación con las policías
autonómicas, como se ha venido haciendo desde el inicio de la legislatura, motivo por el cual ni entiendo ni comparto los posicionamientos de algunos de ustedes hoy. Esta es una ley que mejora nuestra seguridad y, por lo tanto, mejora también
nuestra democracia. Porque el Ministerio del Interior, para nosotros, para los socialistas, son cientos de miles de empleados públicos que velan por los derechos, por nuestras libertades y por nuestro bienestar. Y que nuestros ciudadanos valoren
nuestro país como un país seguro no es fruto de la casualidad, es un claro indicador de que este Gobierno lo está haciendo bien. (Aplausos).
Hoy el señor Marlaska nos ha explicado con detalle en qué consiste este proyecto de ley de precursores de explosivos, y tengo que decirles que me alegro de que algunos de los grupos que conforman esta Cámara voten a favor, porque votar a
favor de este proyecto de ley es un ejercicio de responsabilidad. Pero, señorías del Partido Popular, también es necesario recordar qué es lo que hacían ustedes, cuando gobernaban en materia de seguridad. Ustedes sacaron de nuestras calles a 13
000 agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil. En cambio, con el Gobierno de Pedro Sánchez cada día se crean nueve plazas nuevas de policías y guardias civiles (aplausos), y ha sido este Gobierno quien ha hecho realidad la equiparación
salarial, y ahí están los 807 millones de euros consolidados en unas nóminas en las que nuestros policías y guardias civiles han tenido un incremento de media de un 22 %. Por cosas como estas podemos decir que no solo no somos iguales, sino que ni
siquiera nos parecemos un poquito. En mi tierra, en Ávila, lo sabemos muy bien. Con ustedes, la Escuela de Policía de Ávila se encontraba en estado de semirruina y, a pesar de las manipulaciones y de las zancadillas de algunos de sus diputados, la
reforma integral de la Escuela de Policía y el Centro Universitario de la Policía ya es una realidad. (Aplausos).
Señor Gestoso, es muy lamentable utilizar algo tan importante como una ley que pretende evitar la utilización de sustancias de riesgo para la fabricación de explosivos para sacar a relucir otra vez la banda
terrorista ETA. Señorías, se lo pido por favor, dejen descansar a las víctimas y a sus familiares de una vez. Tengan claro que es muy importante y es muy fácil hablar del pasado en el presente y sacar rédito político de las situaciones
dramáticas que vivimos en nuestro país, pero recuerden todos una cosa, fue el Partido Socialista Obrero Español quien derrotó a la banda terrorista ETA. (Aplausos.-Protestas). Y fue gracias a la labor, a la constancia y al tesón de compañeros como
Patxi López, como Odón, como José Luis Rodríguez Zapatero (rumores y protestas) y como nuestro querido compañero Alfredo Pérez Rubalcaba. (Rumores y protestas.-Aplausos).
Señorías de Esquerra, esta enmienda a la totalidad, ¿por qué? (Continúan las protestas). ¡Calma, calma! Esta enmienda a la totalidad, ¿por qué? Hablemos de mejorar el texto en las enmiendas parciales, pero qué justifica su devolución.
Cuesta entenderles, y créanme que se lo digo con todo el respeto y con la mayor honestidad, echo de menos a Esquerra Republicana; echo de menos a esa Esquerra Republicana que contribuyó desde esos escaños a aprobar leyes muy importantes, como fue
la ley de la memoria histórica, como fue el matrimonio entre personas del mismo sexo, como fue la ley de la dependencia, la ley del aborto, la ley de la igualdad o la ley contra la violencia de género. Señorías de Esquerra, les recuerdo que tanto
la reforma laboral como la ley de precursores de explosivos trascienden en la vida de las personas. El martes escuchaba a su compañero, Oriol Junqueras, decir en una entrevista: 'Nosotros estamos aquí para ayudar al conjunto de la ciudadanía'.
Entonces, señorías de Esquerra, ¿a qué están ustedes? ¿A favorecer a los ciudadanos? ¿O acaso su agenda política tiene otras prioridades por encima del interés del conjunto de la ciudadanía? Pues decídanse, señorías de Esquerra, porque es una
lástima que ustedes, siendo un partido de izquierdas y republicano, no sean capaces de ponerse de acuerdo con el resto de formaciones políticas republicanas y de izquierdas de esta Cámara. Ustedes, señorías de Esquerra, no han estado, pero créanme
que por nuestra parte aún les esperamos.
Termino, presidente. Señorías, la colaboración entre la Policía Nacional, la Guardia Civil, los Mossos d´Esquadra, las policías locales y municipales funciona, y funciona bien, y por ese motivo es importante tener una ley bien diseñada,
modernizada, acorde a las necesidades españolas y europeas. Una buena coordinación es fundamental para que todos los hombres y mujeres que forman nuestras Fuerzas Armadas sigan dando este servicio tan excelente que nos dan a todas y todos los
españoles.
Gracias, presidente. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchísimas gracias, señor Arribas.
DICTÁMENES DE COMISIONES SOBRE INICIATIVAS LEGISLATIVAS:
- PROYECTO DE LEY DE MEDIDAS URGENTES PARA IMPULSAR LA ACTIVIDAD DE REHABILITACIÓN EDIFICATORIA EN EL CONTEXTO DEL PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA (PROCEDENTE DEL REAL DECRETO-LEY 19/2021, DE 5 DE OCTUBRE). (Número de
expediente 121/000073).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Continuamos con el dictamen del Proyecto de Ley de medidas urgentes para impulsar la actividad de rehabilitación edificatoria en el contexto del Plan de Recuperación, Transformación y
Resiliencia.
Les recuerdo que, finalizado el debate de este punto, procederemos a la votación de las enmiendas al presente proyecto de ley.
Para defender las enmiendas formuladas a esta iniciativa legislativa, por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor López-Bas Valero.
El señor LÓPEZ-BAS VALERO: Gracias, señor presidente.
Debatimos sobre el dictamen y las enmiendas vivas de los diferentes grupos -entre ellos, Ciudadanos- del proyecto de ley de rehabilitación edificatoria, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno; un
trámite a partir de un decreto de 5 de octubre, previsto precisamente para poder ampliar o mejorar el texto original. La pregunta evidente es si en este trámite se ha hecho todo lo posible para que el texto que hoy sale del Congreso sea mejor que
el que llegó con el Decreto 19/2021, del Consejo de Ministros, y la respuesta de Ciudadanos es que creemos que se podía haber hecho más y se podía haber hecho mejor. Nosotros vamos a votar a favor del dictamen, pero también es cierto que creemos
que faltan todavía medidas efectivas que permitan políticas reales en materia de rehabilitación edificatoria. De hecho, en octubre pasado, tenemos que recordar que, en la convalidación del decreto, la propia ministra Raquel Sánchez decía que más
del 80 % de los edificios hoy en España obtienen muy
bajas calificaciones, tanto en emisiones como en consumo energético. De hecho, la ministra hablaba de que había que adoptar medidas para eliminar cuellos de botella que impedían o dificultaban la actividad de rehabilitación en España.
También decía que había que apostar por los incentivos fiscales para todos los contribuyentes que realizaran obras de rehabilitación para la mejora energética de sus viviendas. De hecho, finalizaba su intervención en esta tribuna con unas palabras
que nos hacían pensar que se iban a permitir enmiendas para mejorar y para ampliar ese texto legal de mayor calado. Decía: estamos al principio de un camino prometedor. La rehabilitación y la mejora de la eficiencia energética en nuestras
viviendas y ciudades será un factor decisivo para la implantación en los próximos años de esa nueva cultura, de esa nueva forma de vivir, que queremos -decía la ministra- que sea más inclusiva, más sostenible e incluso más hermosa.
Sin embargo, la impresión que tenemos en Ciudadanos es que, pese a que se han admitido algunas de las enmiendas que desde nuestro grupo se han aportado, ese decreto no llega todo lo lejos que podía haber llegado. De hecho, se han modificado
tres leyes: la del IRPF, la de Propiedad Horizontal y la de Suelo y Rehabilitación Urbana; se ha creado una línea de avales ICO para financiación de este tipo de obras de rehabilitación que supongan reforma, en concreto, en materia de energía
eficiente, pero creemos que se podía haber aprovechado -y ese es el objeto de las enmiendas que hemos mantenido ante este Pleno- para modificar la Ley Reguladora de Haciendas Locales, la Ley Hipotecaria o la Ley General Tributaria. Déjenme que les
explique el porqué.
En primer lugar, estamos de acuerdo en que la rehabilitación de edificios en España incluye aquellas obras de reforma de aquellos que son energéticamente ineficientes; como decía la ministra, más de un 80 % de los que tenemos hoy en el
parque inmobiliario español. También estamos de acuerdo en que los fondos públicos, incluso con la inyección de los fondos europeos, no son suficientes para cubrir todas esas necesidades de rehabilitación. Por eso nosotros proponemos que, en el
marco de los incentivos fiscales, se permita que la ley de haciendas locales tenga más bonificaciones tributarias sobre el impuesto de bienes inmuebles y el impuesto de construcciones, instalaciones y obras -el IBI o el ICIO-, para que esas reformas
se puedan bonificar, como digo, a los propietarios que las realicen en sus inmuebles. ¿Y por qué? Porque estas bonificaciones ya existen en ese texto legal para instalaciones con fuentes de energía solar, pero no existen para otras fuentes
previstas de carácter renovable, como, por ejemplo, la geotérmica, la eólica o cualquiera que se pudiera desarrollar en el futuro. Si existe para la solar, ¿por qué no la podemos admitir para otras fuentes de energía renovables? Eso es lo que
hemos propuesto con nuestra enmienda para reformar la ley de haciendas locales en sus artículos 74.5 y 103.2 b), porque la Ley General de Haciendas Locales exige -por el principio de reserva legal- que sea en esa ley donde se diga que los
ayuntamientos pueden establecer ese tipo de bonificaciones de carácter potestativo, es decir, si quieren y de acuerdo con sus propias políticas tributarias o presupuestarias y con sus necesidades. Es más, nosotros proponemos un criterio de escala
para que no cualquier obra de rehabilitación dé ya una máxima bonificación del 50 %, sino que el 50 % se alcance, por ejemplo, con un certificado tipo A de eficiencia energética, y podamos escalar hasta el 95 % cuando se alcance mayor eficiencia
energética, mayor ahorro con acreditación mediante un sello internacional o un sello de sostenibilidad. Es decir, a más eficiencia alcanzada que se acredite, más bonificación fiscal. ¿Por qué vamos a rechazar esto o por qué, en su caso, la mayoría
de este Pleno no va a estar de acuerdo en ello si lo contemplamos ya para la energía solar, pero no para otros tipos de fuentes de energías renovables?
En segundo lugar, como he dicho, también estamos de acuerdo en que no hay fondos públicos suficientes a pesar de las líneas ICO que se establecen con este proyecto de ley. La pregunta es por qué no permitimos que determinados propietarios
con rentas bajas o rentas limitadas puedan acceder a sistemas de cooperación privada que no comprometen fondos públicos y que pueden incentivar que se realicen estas obras de rehabilitación y, por lo tanto, el ahorro energético consecuente.
Proponemos que se pongan en marcha los programas de las contribuciones PACE -los Property Assessed Clean Energy- o de financiación para la mejora de eficiencia energética, para que los ayuntamientos puedan poner en marcha programas de rehabilitación
con financiación privada -por supuesto, será siempre voluntaria-, que se pueda amortizar, además, en un largo plazo -entre quince y veinticinco años- mediante una contribución especial en la que el ayuntamiento, por el aumento del valor que supone
hacer esas obras en los inmuebles, pueda recaudar para esos financiadores. No comprometemos dinero público, es una amortización a largo plazo y los ayuntamientos pueden garantizar precisamente, mediante su intervención recaudatoria, la amortización
de esas financiaciones. Nadie podrá negar -porque, además, esas contribuciones van con el inmueble- que es un aumento del valor que se puede transmitir posteriormente
con el inmueble. Existen modelos, como, por ejemplo, el que proponemos en nuestras enmiendas, para que haya garantías hipotecarias específicas en materia de financiación de obras de eficiencia energética. Ello permite promover y fomentar
que haya quien se anime a hacerlo en sus propiedades y que haya quien financie -en caso de propiedades de tercero- que se hagan esas obras.
Señorías, en resumen, con estas enmiendas lo que intentamos hacer es ir más allá de lo que en principio el decreto del Gobierno preveía, mejorar esta regulación en materia de eficiencia energética, fomentando que desaparezcan esos cuellos de
botella que denunciaba la ministra y, sobre todo, que haya medidas o alternativas de financiación que sean más accesibles. Esas son nuestras enmiendas. Esperamos que las apoyen.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Plural, tiene la palabra el señor Bel Accensi.
El señor BEL ACCENSI: Gracias, presidente. Señorías, buenos días.
Vaya por delante que el comentario que voy a hacer a continuación no va precisamente por el portavoz de Ciudadanos que me ha precedido en el uso de la palabra, pero es que -aunque no he podido seguir toda la sesión de la mañana- escuchando
intervenciones de los portavoces de VOX, de Ciudadanos y del Partido Popular, uno se pregunta si serían capaces sus señorías de hacer oposición al Gobierno sin los independentistas catalanes, sin los independentistas vascos, sin los partidos
catalanes, sin Cataluña y sin el País Vasco (aplausos), porque yo creo, sinceramente, que no serían capaces. Pruébenlo. Vamos a hacer una prueba, a ver si en el Pleno de la semana que viene son capaces de intervenir y de hacer oposición al
Gobierno sin nombrar a Cataluña ni al País Vasco, a los catalanes y al País Vasco. Yo creo que no. Yo creo sinceramente que no.
Miren, les doblo la apuesta. (Rumores). A todas sus señorías, las presentes aquí y las ausentes: yo me comprometo a pagarles una comida a todos los diputados y diputadas del Partido Popular, de Ciudadanos y de VOX muy gustosamente
(risas), si ustedes son capaces de hacer la campaña electoral de Andalucía sin hablar de Cataluña, sin hablar del País Vasco (aplausos), sin hablar de los independentistas catalanes, sin hablar de los independentistas vascos, sin hablar de presos
políticos y sin hablar del procés. Cataluña tiene muchos problemas. Andalucía tiene muchos problemas. Hablen de los problemas de Andalucía. No hablen de Cataluña, no hablen del País Vasco y ganarán una comida. (Aplausos).
Con la venia del presidente. Han tenido mucha paciencia a lo largo de toda la mañana; por tanto, que hayan tenido ahora dos minutos de paciencia con este diputado supongo que no es ninguna excepción.
Vayamos a lo que nos ocupa: el real decreto. Es un real decreto que convalidamos en su momento con el compromiso de que se pudiese tramitar como proyecto de ley. Nosotros habíamos presentado muchas enmiendas. Vaya por delante que el
Gobierno hizo su trabajo -desde mi óptica, mal hecho desde un inicio- y nos vetó prácticamente ocho enmiendas al artículo 1, el que hacía referencia a aspectos tributarios, que yo considero que eran necesarios. Nosotros no nos planteábamos mejorar
el trato de algunas deducciones simplemente para incrementar los beneficios fiscales, sino que entendemos que para hacer determinadas inversiones los propietarios -sobre todo aquellos de rentas más modestas- van a tener muchísima dificultad en poder
llegar a las deducciones que se plantean. Por eso, para determinados tramos entendíamos que estas deducciones debían ser más altas. Esto nos lo vetó el Gobierno y no ha sido posible. No nos vetó a este artículo 1 dos enmiendas que hemos querido
mantener -aunque hemos retirado todas las demás-, que son la 23 y la 25. La enmienda 23 simplemente pretende que los costes financieros también formen parte de la cantidad objeto de deducción, y la enmienda 25 solo pretendía que todas las
subvenciones vinculadas a la mejora de la eficiencia energética de las edificaciones, todas -también las que concedan las comunidades autónomas-, se pudiesen beneficiar de no integrarse en la base imponible del IRPF. En todo caso, dejo a su
consideración tanto la enmienda 23 como la 25, que son las que mantenemos vivas.
Más allá de esto, quiero agradecer a todos los ponentes, a todos los compañeros y compañeras de la Comisión, también a Eva Bravo, portavoz del Partido Socialista y ponente en esta ley, su esfuerzo para consensuar y facilitar la aprobación
con un amplio margen -que yo creo que se va a producir- de este proyecto de ley.
Nosotros hemos introducido con una de nuestras transaccionales una modificación al artículo 21 de la Ley sobre propiedad horizontal, sobre todo para clarificar y dejar fijado exactamente todo el procedimiento para que las comunidades puedan
cobrar los impagos que se producen -que desgraciadamente generan
muchos problemas a las comunidades de propietarios- por parte de algunos de sus propietarios. Se introdujo en su día la posibilidad de utilizar el procedimiento monitorio -eso fue un avance-, pero se generaban muchísimas dudas respecto al
procedimiento, la forma de certificar, cuáles eran los gastos o inversiones que se podían reclamar o no se podían reclamar o si se podía iniciar un procedimiento de garantías adicionales aunque el propietario se opusiera al procedimiento monitorio,
lo que ha acabado resuelto. También se ha fijado la posibilidad de utilizar el arbitraje en estos casos, lo que seguramente va a facilitar muchísimo el trabajo a muchas comunidades de propietarios y sobre todo a muchos profesionales del derecho que
están actuando día a día en el ámbito de la gestión de las comunidades de propietarios. Es por ello, que también, a través de una enmienda transaccionada con la enmienda 33 que nosotros presentamos, explicitamos, en una disposición adicional que
añadimos a la Ley de Ordenación de la Edificación, que las reformas que se deben hacer deben ser compatibles con el respeto al medio ambiente.
En todo caso, nosotros vamos a votar favorablemente el dictamen de este proyecto de ley.
Muchísimas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Por el Grupo Parlamentario Republicano, tiene la palabra la señora Granollers Cunillera.
La señora GRANOLLERS CUNILLERA: Gracias, presidente. Bon dia, diputats i diputades.
Hoy debatimos un proyecto de ley de medidas urgentes para impulsar la actividad de rehabilitación edificatoria. Reafirmamos nuestra posición, que ya mostramos en la convalidación de este real decreto-ley el 5 de octubre. Impulsar la
eficiencia energética es un pilar básico para poder alcanzar los objetivos de descarbonización. El parque edificado es el responsable de más de un tercio de las emisiones de CO2 y en el Estado español la cosa no pinta bien; no nos extraña nada,
pero no pinta bien.
Según un estudio de la Fundación Renovables, el 97 % de los edificios construidos no cumplen con las exigencias energéticas. Más del 70 % del parque edificado dispone de una certificación inferior a la calificación C. Por tanto, a nadie se
le escapa que queda mucho, pero muchísimo camino por recorrer en este ámbito. La rehabilitación de viviendas es una de las soluciones más efectivas para hacer frente a la pobreza energética y al cambio climático y garantizar una vivienda digna,
eficiente, saludable, accesible y, lo más importante, asequible. Al mismo tiempo, la rehabilitación de edificios fijará la población en las zonas más castigadas de los núcleos rurales.
Aun a sabiendas de las ventajas de la rehabilitación tanto en las zonas urbanas como en las zonas rurales y de lo necesaria que es económica y medioambientalmente, hay demasiadas barreras de acceso: financiación, la propiedad, el
conocimiento y un largo etcétera que el Gobierno no debería ignorar si realmente cree en una transición energética justa y que no deje a nadie atrás. Ante la aprobación de estas ayudas nos planteábamos: ¿Quiénes serán los principales beneficiarios
de estas ayudas? Evidentemente, al tratarse de deducciones fiscales, son personas que de entrada cuentan con los fondos necesarios para realizar las obras. ¿Quién se queda fuera de su alcance? Las personas que no pueden disponer de este capital,
o sea, los más vulnerables. Y por otro lado, ¿qué consecuencias puede suponer este boom de rehabilitaciones y, por tanto, de mejoras en los inmuebles en el mercado de alquiler? Ya sabemos que, según el artículo 19.1 de la Ley de Arrendamientos
Urbanos, de elevación de rentas por mejoras, estas se pueden repercutir en el precio del alquiler. ¿A quién perjudica esta ley? A los más vulnerables. Para resolver estas cuestiones Esquerra Republicana de Catalunya pidió la tramitación de este
real decreto-ley como proyecto de ley e introdujimos enmiendas para tratar las cuestiones planteadas.
Propusimos un mecanismo que facilitara el acceso a la financiación, como ya ocurre en Italia. Gracias a la Alianza por la rehabilitación de viviendas sin dejar a nadie atrás, hemos trabajado en enmiendas para crear salvaguardas sociales que
eviten que la rehabilitación de viviendas suponga un aumento del precio de alquiler a las personas inquilinas de bajos ingresos. Propusimos que todas las mejoras financiadas con fondos públicos no pudieran ser causa de incremento del alquiler,
porque creemos que si las arcas públicas asumen parte del coste de las reformas, estas mejoras no se pueden repercutir en el arrendatario. Por ello, propusimos impedir que quienes apliquen las deducciones contenidas en esta ley puedan aplicar un
aumento de rentas por mejoras, menos aún ante la situación de emergencia en el derecho al acceso a la vivienda que estamos sufriendo. En la Comisión no se incluyó esta enmienda; hoy veremos, está en sus manos. Es por ese motivo por el que les
preguntamos: ¿Cómo es posible que un grupo supuestamente de izquierdas no haya incluido esta enmienda? La respuesta es que quizá no son tan de izquierdas como dicen, y por eso nos echan de menos, porque se pasan el día mirando a la derecha
(aplausos) y nosotros estamos muy, pero que muy a su izquierda. Acepten nuestra enmienda, que mejora muchísimo su ley, y
se la votaremos a favor. Evidentemente, si continúan en sus cómputos de votos con la derecha para aprobar leyes sin tener en cuenta las necesidades sociales, nos encontrarán enfrente.
Y termino respondiendo al diputado socialista que ha intervenido anteriormente. La premisa del presidente de Esquerra Republicana de Catalunya, Oriol Junqueras, es que los votos del Grupo Republicano sean útiles a la población. Si sus
leyes no son útiles a toda la sociedad, no merecen nuestro voto.
Gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias.
Por el Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra la señora De las Heras Fernández. (Aplausos).
La señora DE LAS HERAS FERNÁNDEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Señor Bel, mientras ustedes tienen problemas de identidad, nosotros mantenemos el mismo discurso en toda España, en Castilla y León, en Baleares, en Cataluña y, por supuesto, también en Andalucía. (Aplausos).
El proyecto de ley para impulsar la actividad de rehabilitación edificatoria supone una serie de deducciones en el impuesto de la renta de las personas físicas, una disminución de mayorías exigibles en las comunidades de propietarios para la
realización de obras relativas a eficiencia energética, así como su refuerzo para operaciones crediticias y, además, establece una serie de avales. No está mal para quien quiera y pueda rehabilitar su vivienda. La pregunta es: ¿Quién puede
rehabilitar su vivienda cuando las políticas impositivas de este Gobierno estrangulan a las familias españolas? Más teniendo en cuenta que la mayor parte de las viviendas más obsoletas están en los barrios más deprimidos; aunque les financiaran el
90 %, seguirían sin poder pagar el 10 % restante.
Pero vayamos más allá. ¿El objetivo cuál es? El objetivo es la neutralidad climática de aquí a 2050, como dicen en su exposición de motivos. Es decir, la prioridad del Gobierno es cumplir tasas marcadas por los planes y exigencias
impuestos por una agenda globalista y, en su fanatismo climático, quiere cargar con el objetivo a los españoles con deducciones de las cuales muchos ni siquiera podrán beneficiarse. La segunda pregunta es: ¿Quién se beneficia realmente de estas
deducciones? Pues, evidentemente, quienes no se benefician son las familias más vulnerables, que debido a sus escasos ingresos ni siquiera tienen la obligación de presentar la declaración de la renta. Por cierto, una de las enmiendas presentadas
por mi grupo parlamentario, presentada por VOX, es precisamente para que las familias más vulnerables puedan acogerse a estas deducciones. (Aplausos). De manera específica, concluye el Gobierno que se trata de un proyecto de país que -escúchenme
bien- requiere la implicación de todos los agentes económicos y sociales, de todos los niveles del Gobierno y del conjunto de los recursos de la Administración. ¿Saben quién necesita esos recursos? Los españoles, sobre todo aquellos de los que
ustedes se olvidan, las familias más vulnerables, que no necesitan un plan ecoglobalista. Ahora explíquenles a los españoles que lo urgente y la prioridad para este Gobierno es cumplir exigencias climáticas, a lo que, orgullosos, destinan los
fondos europeos, en lugar de destinar esos fondos a adoptar medidas para que los españoles puedan pagar la luz, la gasolina, el gas, la cesta de la compra o comprar más de dos botellas de aceite en el supermercado.
En esta ponencia legislativa, como en cualquier otra, los grupos parlamentarios han priorizado su cordón antidemocrático a VOX sobre la excelencia en su labor legislativa, votando en contra de nuestras enmiendas no solo de fondo, sino
también de carácter técnico. Pues bien, finalmente el dictamen de la Comisión contempla varios puntos solicitados por mi grupo parlamentario por recomendaciones expresas del propio letrado de la Comisión. (Aplausos). Por cierto, la enmienda 52 de
mi grupo parlamentario también ha sido objeto de recomendación por el letrado de la Comisión, pero hoy se votará en contra porque ustedes han preferido ignorar las recomendaciones del letrado, y era la que consistía en la supresión del expositivo
tercero, que es donde se exponen los motivos de extraordinaria y urgente necesidad que exige la Constitución para los reales decretos leyes. Pero es que estamos ante un proyecto de ley, no se confundan de normas. (Aplausos).
En relación con el contenido, uno de los artículos modificados por el dictamen dota a la junta de propietarios de medidas disuasorias frente a la morosidad. Sin embargo, cita dos a modo ejemplificativo, estableciendo un numerus apertus que
tendrá que ser interpretado por los tribunales siempre que surja una controversia. ¿Qué medidas disuasorias podrá adoptar la comunidad? ¿Qué mayoría será exigible para adoptarlas? ¿Quién las va a ejecutar? ¿Los vecinos? ¿La policía? Entiendo
que la comunidad acabará acudiendo a la vía judicial para hacerlas cumplir, pero ustedes ni siquiera lo regulan en el proyecto.
Una redacción vaga y deficiente, una norma que nace ya con la necesidad de ser interpretada por los tribunales, otra norma del Gobierno: más inseguridad jurídica.
En cuanto a las disposiciones adicionales, dos de las introducidas en el dictamen no guardan relación alguna con la materia objeto de debate, pues si la norma habla de rehabilitación edificatoria, la disposición adicional segunda autoriza al
Instituto Social de la Marina a la donación al Cabildo de Lanzarote de unos bienes inmuebles que se relacionan en el anexo. Un asalto al patrimonio del Estado, unas viviendas que pertenecen al Instituto Social de la Marina y que fueron financiadas
por la Tesorería General de la Seguridad Social. Y, ¿por qué se regalan al Cabildo de Lanzarote y no al ayuntamiento, que fue quien cedió el terreno? ¿No será porque el cabildo es socialista y la alcaldesa es del Partido Popular? (Aplausos).
Lanzarote es otro claro ejemplo de cómo PP y PSOE se reparten las instituciones: el cabildo nos lo quedamos nosotros, el ayuntamiento para vosotros.
Por su parte, la disposición adicional tercera crea una escala superior de especialistas de los organismos autónomos y las agencias estatales del Ministerio de Transportes y modifica la escala de titulados superiores del Ministerio de
Industria. Como no podía ser de otro modo, aquí también el letrado hizo una advertencia de que estas materias no debían ser objeto de esta ley porque no guardan relación alguna. Las recomendaciones del letrado quedaron en agua de borrajas, porque
aquí lo que importa es que los partidos del Gobierno hagan lo que más convenga a sus intereses, claro que sí, aunque no sea jurídicamente correcto, igual que los estados de alarma inconstitucionales. Luego se sorprenden cuando los recursos de VOX
prosperan y sus normas acaban siendo tumbadas por el Tribunal Constitucional. (Aplausos). Igual que el real decreto-ley del que procede esta norma, que tampoco cumplía con los requisitos de extraordinaria y urgente necesidad. Si la norma obedece
a un plan europeísta con un margen hasta el año 2050, ¿dónde está la extraordinaria y urgente necesidad? Si aún les quedan casi treinta años. Lo que obedece a una urgente necesidad, señorías, es la situación de pobreza de miles de hogares que no
pueden llegar a fin de mes; de los transportistas, que trabajan por debajo de costes de explotación; de las estaciones de servicio, a las que han trasladado ustedes el problema que no saben solucionar; de los agricultores, que tienen que pedir
permiso a Bruselas para sembrar por su sometimiento a una agenda globalista; de los ganaderos, de los pescadores y de los autónomos, que por culpa de esta norma tampoco pueden beneficiarse de las deducciones si tienen su oficina en su vivienda.
Por cierto, otra de las enmiendas que presentó VOX es que pudieran beneficiarse también en estos supuestos.
Señorías del Gobierno y socios, ¿a quiénes representan y a quiénes obedecen? Muchas gracias. (Prolongados aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias.
Por el Grupo Parlamentario Vasco EAJ-PNV, en turno de fijación de posiciones, tiene la palabra el señor Barandiaran Benito.
El señor BARANDIARAN BENITO: Buenos días, señor presidente. Buenos días, señoras y señores diputados.
Es una pena que no esté el señor Bel, porque me gustaría decirle que hoy ha roto dos mitos, dos estereotipos que nadie se atrevía a pronunciar: uno, intentar que la derecha y la ultraderecha pudieran vivir en sus argumentos sin los vascos y
los catalanes, mucho más si son nacionalistas separatistas o todos aquellos que vamos a poder coincidir en la cárcel el día en que nos ilegalicen; dos, y más importante, ¿qué es eso de que tú vas a invitar a todo el espectro parlamentario cuando
los que invitamos siempre somos los vascos? A ver, eso de que los catalanes no pueden hacerlo, lo acaba de romper. Es también un bonito gesto por su parte. La verdad es que me ha alegrado la intervención del señor Ferran Bel, porque le ha dado al
debate parlamentario un poco de alegría, una alegría que le faltaba con los puntos anteriores que hemos debatido hoy en el orden del día del Congreso, en donde la característica ha sido la negatividad, entendiendo que todo eran amenazas, todo eran
peligros, todo eran ilegalizaciones, todo eran unos a un lado y otros a otro, cuando precisamente se entiende que el objeto del debate en esta sede parlamentaria es la suma, también la crítica, sin duda, pero, desde luego, la confluencia en los
intereses de aquello que, como en el caso de este proyecto de ley de rehabilitación energética, tiene el propósito de mejorar la vida de los ciudadanos, de tomar medidas que, en principio, se suelen impulsar para que las condiciones de vida, también
en el ámbito de la vivienda y en otros, puedan mejorar. Por eso, hoy me alegra saber que, posiblemente, va a haber una mayoría suficiente para aprobar una proposición de ley que, se supone, va a aprobar el dictamen de la Comisión de Transportes,
Movilidad y Agenda Urbana, que propone ratificar
el informe de la Ponencia de la Comisión correspondiente, y cuya aprobación fue avocada a este Pleno con fecha 17 de febrero de 2022.
Como conocen también, y se deduce de la exposición de motivos, esta ley tiene como objeto intentar solucionar dos retos: de una parte, hacer frente al problema de la rehabilitación en un parque de viviendas que está ya claramente envejecido
y con importantes déficits en todos los sentidos, pero, específicamente, en el ámbito de la eficiencia energética, lo que le ha permitido concretar, primero, la confluencia con unas estrategias, y, sobre todo, centrarlas en un sector determinado,
que es el de la edificación, dotándolo, además, de posibles fondos para su financiación. Y, de otro, permitir, precisamente, la recuperación de un sector estratégico desde el punto de vista económico y social, cual es el de la construcción, y en
especial la construcción en materia de rehabilitación de vivienda de calidad, lo que en un contexto como es el del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia permite obtener financiación a través de los fondos europeos, conocidos como Next
Generation, tanto para hacer frente a esas necesidades de rehabilitación como, sobre todo, para hacer frente al reto de la eficiencia energética.
También se ha comentado que esta ley tiene, fundamentalmente, tres tipos de medidas, más una añadida que se ha comentado también. En primer lugar, lo que ha hecho es precisar diferentes medidas fiscales dirigidas a favorecer obras que
contribuyan a la eficiencia energética de viviendas y edificios. En segundo lugar, propicia modificaciones de la Ley de Propiedad Horizontal en orden a facilitar la adopción de acuerdos por las comunidades de propietarios dirigidas a ese propósito
concreto. En tercer lugar, modifica la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana para facilitar operaciones crediticias y de avales, para lo cual su artículo 4.º creará, con posterioridad, una línea de avales dirigida a este fin. Además, en el trabajo
de la Ponencia se ha introducido un nuevo artículo 5.º relativo a una definición de, a mi juicio, un etéreo principio de eficiencia energética. Finalmente, y como se ha dicho, se complementa con tres disposiciones adicionales, dos nuevas
introducidas en el informe de la Ponencia y tres finales.
Desde nuestro punto de vista, primero, tenemos que destacar que se han asumido las dos enmiendas que habíamos propuesto, dirigidas al ámbito de los derechos civiles y forales correspondientes; segundo, garantizar a las comunidades de
propietarios las posibilidades de recuperación de determinadas cuantías efectuadas en esa inversión.
Además, y en lo que se refiere al artículo primero, que propone la modificación de la Ley 35/2006, sobre el IRPF, hay que señalar que en esa modificación del 35/2006 se contempla en su artículo 4.º 2 un texto que excepciona su aplicación al
señalar que sus determinaciones se aplican en todo el territorio del Estado, sin perjuicio de los regímenes tributarios forales de concierto y convenio económico en vigor, respectivamente, en los territorios históricos del País Vasco y en la
Comunidad Foral de Navarra, lo que materialmente supone que son estas instituciones las que van a poder regularlo.
En segundo lugar, y atendiendo a la existencia de diferentes títulos competenciales, hay que recordar que el Tribunal Constitucional no priva al Estado de, en uso de su soberanía financiera, que pueda asignar fondos a finalidades a las que
la Constitución le permite dar cobertura, que son todas aquellas contempladas en el capítulo III del título I, pero establecidas como competencias compartidas y, además, habilitadas hacia un principio de cooperación. Pues bien, las actuaciones en
esta materia se van a poder regular a través del plan estatal de vivienda, que se habrá de articular a través de los convenios correspondientes con las comunidades autónomas y, por tanto, ese debe ser el régimen habitual, el camino habitual a través
del que se van a poder concretar todas estas políticas de financiación.
En suma, es una iniciativa que entendemos que, correctamente gestionada, debe suponer no solo el refrendo de políticas energéticas dirigidas a la mayor sostenibilidad ambiental, sino también a procurar incidir no tanto en el ámbito de la
rehabilitación, sino también a concretar el contenido del artículo 47 de la Constitución en lo que al derecho a la vivienda se refiere. Sobra decir que mi grupo votará a favor de este proyecto de ley.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Común Podem-Galicia en Común, tiene la palabra la señora Garrido Gutiérrez.
La señora GARRIDO GUTIÉRREZ: Gracias, presidente. Buenos días, diputados y diputadas.
Hoy hablamos de rehabilitación, y no es cualquier cosa. Creo que es un día para festejarlo, porque han sido pocos los esfuerzos y muy pocos también los recursos económicos que se han dedicado a esta materia, por lo tanto, de ahí que sea
urgente la necesidad de adaptación de nuestras viviendas a los
parámetros que sostienen la idea central o el contenido básico del derecho a la vivienda, que no es el acceso a cualquier vivienda, sino que es el acceso a una vivienda digna y adecuada. Esta norma tiene, por lo tanto, una gran importancia,
porque las políticas públicas de rehabilitación de vivienda, junto con las políticas públicas de regeneración urbana, no han gozado, como he dicho, de la atención necesaria en este país, y hoy nos permite pensar que está más cerca el objetivo de
garantizar ese derecho de todos y todas a una vivienda digna y adecuada o, más en general, el derecho a la ciudad.
Esta norma, en definitiva -quiero recalcarlo-, afecta a derechos fundamentales de las personas, afecta a su calidad de vida, afecta a la integridad física, a la salud, al derecho a la intimidad y a la protección familiar. No estamos
hablando, por lo tanto, de cualquier materia. Además, como ya se ha dicho, esta norma supone luchar también contra las consecuencias del cambio climático. Señorías, ya sabemos que tenemos un territorio finito, un planeta finito, por lo tanto,
nuestra filosofía debe ser la mejora y también el aprovechamiento máximo del parque residencial existente. Este texto tiene que crear, por fin, las condiciones necesarias para solventar la deuda histórica en materia de eficiencia y ahorro
energético. Hay que tener en cuenta que la mitad de los edificios residenciales en nuestro país se construyeron antes de 1980, es decir, antes del primer reglamento de instalaciones térmicas de edificios, y esto es, más o menos, hablar de 5,5
millones de edificios o de 10 millones de viviendas principales.
Además, como ya se ha dicho también, esta norma pretende impulsar un sector que es muy necesario en nuestro país, que es necesario que crezca, que es el ligado a las energías renovables, un sector que debe ser motor de cambio y que, a la
vez, puede ayudar a diversificar nuestra economía, alejándonos de nuestros peores momentos de construcción de vivienda a lo loco y de esas actuaciones ligadas a la cultura del pelotazo y la corrupción.
Por otro lado, no podemos olvidarnos de otras cuestiones también importantes que están presentes en esta ley y que son urgentes e inaplazables, como son las relativas a la accesibilidad y también a la eliminación de las barreras
arquitectónicas, que sigue siendo otra asignatura pendiente en nuestro Estado.
Todo esto choca con la tasa de rehabilitación en nuestro país, que está entre ocho y diez veces por debajo de la media de cualquier país europeo. En el contexto europeo parece que se le puede dar la vuelta a la renovación del parque
inmobiliario, se considera fundamental, tanto para alcanzar el objetivo a medio plazo de la neutralidad climática de aquí a 2050 como para impulsar a corto plazo el empleo y la actividad económica.
Se trata, en definitiva, de la necesidad de impulsar la rehabilitación de viviendas y entornos residenciales en cumplimiento del Plan Nacional de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Estos programas persiguen -¡ojalá se consiga!- más
de medio millón de actuaciones de rehabilitación hasta junio de 2026... (Rumores).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Un momento, señoría.
La señora GARRIDO GUTIÉRREZ: ... y sentar las bases...
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Un segundo, yo le doy la palabra.
Ruego silencio, por favor. Continúe.
La señora GARRIDO GUTIÉRREZ: Como decía, sentar las bases para alcanzar las trescientas mil viviendas rehabilitadas anualmente en el horizonte del año 2030, multiplicando por diez la cifra actual de treinta mil viviendas rehabilitadas en un
año. Por tanto, el objetivo de esta norma es remover todos los obstáculos que previsiblemente han obstaculizado durante años la rehabilitación con incentivos fiscales, deducciones, bonificaciones, avales, etcétera. Asimismo, se modifican algunas
leyes básicas eliminando algunas rigideces que han mostrado que son un obstáculo o una traba para la ejecución de actuaciones de rehabilitación de vivienda y de edificios.
Los beneficios que se obtendrán, además del confort, del bienestar y de mejorar las condiciones de habitabilidad, son también la mejora de la productividad, la reducción de la factura energética y la mitigación -esto también es importante-
de la pobreza energética. Por lo tanto, estamos intentando superar el colapsado proceso de expansión urbana que tanto daño social y medioambiental produjo a nuestro país a principios del siglo XXI, que culminó, como todos sabemos, en la grave
crisis financiera e inmobiliaria del año 2008.
Es tiempo de llevar a cabo intervenciones sobre la ciudad construida, sobre la edificación, para hacerla más sostenible en términos energéticos, pero también más habitable en términos sociales. Es el tiempo
de coser, de cohesionar nuestros territorios y nuestras ciudades pensando en soluciones territoriales que -y esto es importante- favorezcan la cohesión social y la igualdad de oportunidades que merecen todas y todos los ciudadanos, y no solo
algunos de ellos. No puede ser que en pleno siglo XXI nuestro código postal determine nuestra calidad de vida e incluso nuestra esperanza de vida. Por lo tanto -respondiendo al representante de VOX-, sí, hace falta la implicación de todos los
agentes públicos y privados, de todos los niveles de gobierno y también del conjunto de la Administración pública, de todos sus recursos, porque es una asignatura pendiente.
Gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Por el Grupo Popular en el Congreso, tiene la palabra la señora Zurita Expósito.
La señora ZURITA EXPÓSITO: Gracias presidente. Muy buenos días a todos.
Lo primero que quiero decir es que hemos hecho un ejercicio de responsabilidad para votar con el Gobierno este proyecto de ley. Hemos intentado mejorar el real decreto-ley del que provenía e introducido una serie de enmiendas que
consideramos importantes, aunque seguimos pensando que el resultado será poco efectivo. Por dos cosas: primero, por su planteamiento como algo extraordinario y sin compromiso de alcance. Es el compromiso de gastar un presupuesto, pero no es el
compromiso con la rehabilitación eficiente. Y, segundo, porque ignora la situación social y económica en la que estamos -el alto coste de la energía, la inflación, el encarecimiento y el déficit de las materias primas-, factores todos ellos que
inciden en el sector de la construcción y en la dificultad de endeudamiento de las familias. Al fin y al cabo, hablamos de obras para reducir consumos energéticos... (Rumores).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Un momento, señoría.
Señorías, es imposible que la portavoz pueda intervenir con cierta normalidad. Por favor, ruego silencio.
Continúe.
La señora ZURITA EXPÓSITO: Gracias.
Al fin y al cabo, hablamos de obras y hablamos de consumos energéticos. Fíjense si ha llovido y ha cambiado la cosa desde el 5 de octubre, que es cuando se aprueba este real decreto-ley, hasta hoy, día 12 de mayo. Lo propio hubiese sido,
como han hecho con otros reales decretos, dejar este por su obsolescencia y autoenmendarse con medidas de más impacto.
Pero hay que decir que hemos encontrado un punto de encuentro, de consenso, de desbloqueo de algunos impedimentos de la Ley sobre Propiedad Horizontal y el reconocimiento de determinados principios, como el de eficiencia energética, primero,
y su consideración como eje principal de las estrategias de descarbonización de la edificación y de la economía.
Quiero agradecer el trabajo del señor Cuenca, nuestro letrado, de todos los portavoces, de los ponentes de los otros grupos políticos y, por supuesto, de mi compañero Diego Gago, y en especial de la portavoz del Grupo Socialista, Eva Bravo,
por su tesón y su disposición a llegar a acuerdos, que demuestra que en vivienda es posible; gracias, Eva. Y, señor Bell, nosotros le pagamos también un almuerzo, otra comida, si usted en su próxima intervención deja de meterse con España.
(Aplausos).
Vamos a considerar este proyecto de ley como un primer paso para el desarrollo y el gasto de los fondos europeos para la rehabilitación de edificios, porque España tiene que cumplir con los objetivos europeos de descarbonización, y con este
proyecto de ley empezamos, pero no llegamos. Ya habíamos advertido de su precariedad, y si bien ha mejorado un poco gracias a nuestras aportaciones y a las de los otros grupos políticos, hay que seguir en ello. Pero no vamos a caer en el
negativismo, porque reconocemos que este proyecto de ley tiene aspectos positivos. Son medidas fiscales para incentivar la eficiencia energética de las edificaciones y medidas para eliminar un cuello de botella importante, que es el que impide el
gasto de las comunidades de propietarios y el gasto de las familias. Sinceramente, ya lo dijimos en nuestra toma en consideración, nos gustaría que el gasto fuera eficiente y no en el sentido de la eficiencia energética, sino que se alejara de
aquel PlanE del señor Zapatero, donde se dilapidaron 8000 millones de euros. Pero todo apunta a un PlanE, desgraciadamente.
¿Cuáles son los objetivos declarados del Gobierno? Rehabilitar hasta 2026 medio millón de viviendas y llegar a una velocidad de crucero de trescientas mil viviendas rehabilitadas para el año 2030, con un gasto de 6800 millones de euros. Y
no quieren poner todos los huevos en la misma cesta, lo que nos
parece muy bien. Pero ¿qué hacen? A una cesta se le da una patada hacia las comunidades autónomas, y la otra cesta son las medidas fiscales de este proyecto de ley, las que supuestamente conllevan gastos para el Gobierno. Y si describimos
la más ambiciosa con que nos encontramos, es una desgravación del 60 % de la actuación, unos límites máximos por vivienda que obligan a alcanzar al menos un 30 % de ahorro en consumo de energía primaria no renovable, cuando el máximo de consumo de
energía primaria no renovable en obra nueva es del 50 % y sabemos que es poco. ¿Saben qué es esto en rehabilitación? Cambios de ventanas y bombillas, no más. Y hablemos de los plazos. Si el marco de gasto de los fondos europeos es el periodo
2021-2026, el marco de aplicación de estas medidas para las obras realizadas es del 31 de diciembre en 2022 para dos supuestos y 31 de diciembre de 2023 para el tercer supuesto. ¿Creen realmente que con esto se van a generar 180 000 empleos, además
de los 700 000 que demanda el sector de la construcción? ¿Creen realmente que esto será capaz de tirar de la economía española? La verdad es que lo dudamos. (La señora presidenta ocupa la Presidencia).
Y luego está la cesta de las comunidades autónomas. De esos 1151 millones repartidos entre las comunidades autónomas solo se han convocado 165 millones y solo en cinco comunidades autónomas, aparte de los problemas propios del sector: la
falta de mano de obra especializada y el efecto de la inflación, que tiene un impacto directo en el valor de las subvenciones. Nuestras propuestas van más a favor de trabajar la fiscalidad como instrumento para llegar a los ciudadanos, más que esos
engorrosos procesos para las comunidades autónomas. Y es importante ver que no solo hablamos de eficiencia energética, sino que también hablamos de consumo de energía; que no solo hablamos de reducir emisiones, sino que también hablamos de reducir
costes cuando los españoles vemos cómo se incrementa el recibo de la luz. Estamos en un entorno de inflación y de riesgo de recesión alto, con los precios energéticos por las nubes, y el Gobierno ha vetado las enmiendas principales, las referentes
a la fiscalidad y al acceso a la rehabilitación eficiente de las familias que menos tienen. Y eso es importante, porque medidas como el ecobonus o la posibilidad de acceder a estas devoluciones a familias que no lleguen al mínimo para declarar se
han quedado fuera y el Gobierno solo les permite un endeudamiento que no pueden pagar.
Termino. Señorías del Partido Socialista, hemos encontrado un punto de encuentro, pero hay que seguir, no dejen que este proyecto, en el que mucha gente tiene esperanzas en esos fondos europeos, se convierta en un sueño roto para el sector
de la construcción y para la gente. Por eso confiamos en que estas medidas que se han quedado en el aire se retomen en un nuevo proyecto de ley que no sea de medidas urgentes, sino permanentes...
La señora PRESIDENTA: Señora Zurita, tiene usted que terminar, por favor.
La señora ZURITA EXPÓSITO: ... para impulsar de verdad la rehabilitación eficiente, y ahí volverán a tener la mano tendida del Partido Popular.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Zurita.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Bravo Barco.
La señora BRAVO BARCO: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, debatimos hoy la aprobación definitiva del proyecto de ley de medidas urgentes para impulsar la rehabilitación edificatoria en el contexto del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. En un país donde el parque de
viviendas está muy envejecido, el Gobierno decidió impulsar la rehabilitación como uno de los componentes principales del plan de recuperación, y lo hizo porque con la rehabilitación, además, se crea empleo, se genera bienestar en las familias al
reducir el coste energético de sus hogares, se lucha contra el cambio climático y se logran viviendas más accesibles y eficientes energéticamente. Y con el objetivo trazado, el Gobierno puso en marcha, por un lado, un programa de inversión en torno
a 7000 millones de euros; se trata del segundo componente del plan de recuperación con mayor dotación presupuestaria, y solo en este ejercicio hay presupuestados 1389 millones de euros, que ya se han repartido a las comunidades autónomas. Por otro
lado, el Gobierno introdujo cambios legales para fomentar el acceso a la rehabilitación de viviendas y de edificios; cambios legales que ya están en vigor desde que se aprobó el Real Decreto-ley 19/2021, de 5 de octubre. Y hasta aquí lo que ha
hecho el Gobierno. (Rumores).
La señora PRESIDENTA: ¡Señorías, silencio, por favor! Les pido silencio.
Gracias.
La señora BRAVO BARCO: Hasta aquí lo que ha hecho el Gobierno.
Ahora me referiré a lo que hemos hecho en el Parlamento. El Pleno acordó tramitar el Real Decreto-ley 19/2021 como proyecto de ley en la Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, y hoy debatimos el dictamen de dicha Comisión, que,
con la aportación de todos los grupos, ha mejorado de manera significativa el texto. Concretamente, al dictamen se han incorporado enmiendas del Grupo Socialista, de Unidas Podemos, del Partido Popular, del PDeCAT y de Ciudadanos, además, se
incorporaron a través de transaccionales, que fueron a su vez respaldadas por la mayoría de los grupos.
Señorías, la deliberación parlamentaria se desarrolla en la mayoría de las ocasiones desde una lógica posicional, subimos a la tribuna a defender nuestras posiciones y a confrontarlas con las de los demás, y es así en todos los parlamentos.
Cada uno explica lo que piensa sobre lo que está en el orden del día, con la finalidad de que la ciudadanía conozca nuestra posición y con la esperanza de convencerles de que es mejor que la del resto de grupos políticos, y esa es la dinámica
habitual de la deliberación parlamentaria. Sin embargo, existen ocasiones donde la deliberación parlamentaria se torna en discursiva en lugar de posicional, y en este caso, en el de la deliberación discursiva, el debate no se focaliza en convencer
a la ciudadanía de que nuestra posición es mejor que la del resto, sino en la finalidad de llegar a un acuerdo para, por un lado, mejorar aquello de lo que se parte y, por otro lado, lograr que el fruto de la deliberación sea el más representativo
del sentir de la Cámara. Y este, el de la deliberación discursiva, ha sido el espíritu con el que en el Grupo Socialista hemos afrontado el trámite del informe de la Ponencia y del dictamen de la Comisión de este proyecto de ley.
Nuestro interés desde el primer momento fue llegar a acuerdos que mejoraran lo que se recoge en el real decreto-ley, con la esperanza de que todos los grupos de la Cámara votaran a favor del acuerdo porque se sintieran de alguna forma
representados en él, y no nos conformábamos con sacar el proyecto de ley con la mayoría con la que ya contábamos en la convalidación, sino que buscábamos la unanimidad. Y partíamos de un decreto ley, recordemos... (Rumores).
La señora PRESIDENTA: ¡Señorías, por favor, silencio!
La señora BRAVO BARCO: ... que había sido convalidado por 204 diputados de esta Cámara. En Comisión, el proyecto de ley resultante de la deliberación discursiva ha contado con 36 votos a favor de un total de 37. Además, estuvimos hasta el
último minuto intentando sumar a la última diputada, pero, lamentablemente, no fue posible. Si todos los grupos mantienen su posición en el Pleno, este proyecto de ley saldrá aprobado por una amplísima mayoría, que será un éxito de todos y de
todas. Por ello, agradezco sinceramente a todos los grupos su disposición al diálogo constructivo.
Las enmiendas transaccionales han mejorado la posición de las comunidades de propietarios para poder llevar a cabo obras de rehabilitación de sus edificios al elevar de 9 a 12 meses la cuantía de mensualidades que sirven de límite para
contribuir a este tipo de obras. Se han introducido también cambios que afectan a las posibilidades de cobro de las cantidades impagadas por parte de las comunidades de propietarios, lo cual contribuirá a ejecutar con éxito dichas obras. El
decreto ley dota, además, de plena capacidad jurídica a las comunidades de propietarios para poder solicitar ayudas y préstamos, lo que no solo va a permitir financiar actuaciones de rehabilitación por razones de eficiencia energética, sino también
por razones de accesibilidad. También, se regula la necesidad de la comunidad de contar con el libro del edificio existente y de aplicar el principio de no causar daños significativos en el medio ambiente. Asimismo, en una actuación puntual pero
necesaria, se ha habilitado al Instituto Social de la Marina para ceder una serie de viviendas al Cabildo de Lanzarote para su necesaria y pronta rehabilitación. Permítanme que salude a los representantes del Cabildo de Lanzarote y a los vecinos de
la barriada marinera de Valterra (dirigiéndose a la tribuna de invitados), que, después de veintidós años, por fin han encontrado la solución en esta norma. (Aplausos).
Señorías, no tengo más tiempo. En definitiva, aprobando hoy este dictamen estaremos impulsando una actividad que es una gran oportunidad para el bienestar de los ciudadanos, para la protección del medio ambiente, para la economía, para el
empleo y para el conjunto del país, en definitiva. Al mismo tiempo, estaremos culminando un trabajo de integración y de consenso que también es necesario en la vida parlamentaria.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Bravo.
Votaremos en cinco minutos. (Pausa).
- VOTACIÓN:
La señora PRESIDENTA: Señorías, iniciamos las votaciones. Empezamos con los dictámenes de comisiones sobre iniciativas legislativas. Proyecto de Ley de medidas urgentes para impulsar la actividad de rehabilitación edificatoria en el
contexto del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. Enmiendas 2 y 3.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 318 más 14 votos telemáticos, 332; a favor, 59 más 2 votos telemáticos, 61; en contra, 175 más 9 votos telemáticos, 184; abstenciones, 84 más 3 votos telemáticos, 87.
La señora PRESIDENTA: Por lo tanto, quedan rechazadas las enmiendas.
Enmienda 11.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 319 más 14 votos telemáticos, 333; a favor, 8 más 2 votos telemáticos 10; en contra, 158 más 9 votos telemáticos, 167; abstenciones, 153 más 3 votos telemáticos, 156.
La señora PRESIDENTA: Por lo tanto, queda rechazada la enmienda.
Resto de las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 319 más 14 votos telemáticos, 333; a favor, 8 más 2 votos telemáticos, 10; en contra, 175 más 9 votos telemáticos, 184; abstenciones, 136 más 3 votos telemáticos, 139.
La señora PRESIDENTA: Por lo tanto, quedan rechazadas las enmiendas.
Enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Plural, señor Bel Accensi. Enmienda 23.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 318 más 14 votos telemáticos, 332; a favor, 154 más 4 votos telemáticos, 158; en contra, 159 más 10 votos telemáticos, 169; abstenciones, 5.
La señora PRESIDENTA: Por lo tanto, queda rechazada la enmienda.
Enmienda 25.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 319 más 14 votos telemáticos, 333; a favor, 153 más 4 votos telemáticos, 157; en contra, 147 más 10 votos telemáticos, 157; abstenciones, 19.
La señora PRESIDENTA: Hay un empate, señorías. Por tanto, hace falta repetir la votación.
Enmienda número 25.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 319 más 14 votos telemáticos, 333; a favor, 153 más 4 votos telemáticos, 157; en contra, 147 más 10 votos telemáticos, 157; abstenciones, 19.
El señor PRESIDENTA: Vuelve a haber empate. Por tanto, tenemos que proceder a una tercera votación. (Rumores).
Señorías, volveremos a votar la enmienda al final de las votaciones del resto de enmiendas.
Continuamos con las votaciones.
Enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Republicano. Enmienda 58.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 319 más 14 votos telemáticos, 333; a favor, 24 más 1 voto telemático, 25; en contra, 283 más 13 votos telemáticos, 296; abstenciones, 12.
La señora PRESIDENTA: Por lo tanto, queda rechazada la enmienda.
Enmienda 59.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 319 más 14 votos telemáticos, 333; a favor, 16; en contra, 240 más 14 votos telemáticos, 254; abstenciones, 63.
La señora PRESIDENTA: Por lo tanto, queda rechazada la enmienda.
Enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario VOX. Enmienda 52.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 319 más 14 votos telemáticos, 333; a favor, 144 más 5 votos telemáticos, 149; en contra, 175 más 9 votos telemáticos, 184.
La señora PRESIDENTA: Por lo tanto, queda rechazada la enmienda.
Resto de enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario VOX.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 319 más 14 votos telemáticos, 333; a favor, 136 más 4 votos telemáticos, 140; en contra, 175 más 9 votos telemáticos, 184; abstenciones, 8 más 1 voto telemático, 9.
La señora PRESIDENTA: Por lo tanto, quedan rechazadas las enmiendas.
Procedemos a repetir la tercera votación de la enmienda 25.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 319 más 14 votos telemáticos, 333; a favor, 159 más 4 votos telemáticos, 163; en contra, 147 más 10 votos telemáticos, 157; abstenciones, 13.
La señora PRESIDENTA: Por lo tanto, queda aprobada la enmienda. (Aplausos).
PALABRAS DE LA PRESIDENCIA:
La señora PRESIDENTA: Señorías, les informo de que desde ahora y hasta las catorce horas de hoy se podrán votar telemáticamente las proposiciones de ley, las proposiciones no de ley, las mociones, las enmiendas a la totalidad, el dictamen
de Comisión, el real decreto-ley, las solicitudes de avocación y la prórroga de la subcomisión.
CONVALIDACIÓN O DEROGACIÓN DE REALES DECRETOS LEYES:
- REAL DECRETO-LEY 9/2022, DE 26 DE ABRIL, POR EL QUE SE ADOPTAN MEDIDAS HIPOTECARIAS Y DE GESTIÓN DE PAGOS EN EL EXTERIOR EN EL MARCO DE LA APLICACIÓN DE LAS MEDIDAS RESTRICTIVAS APROBADAS POR LA UNIÓN EUROPEA EN RESPUESTA A LA INVASIÓN DE
UCRANIA. (Número de expediente 130/000081).
La señora PRESIDENTA: Continuamos con el orden del día.
Corresponde el debate sobre la convalidación o derogación del Real Decreto-ley 9/2022, de 26 de abril, por el que se adoptan medidas hipotecarias y de gestión de pagos en el exterior, en el marco de la aplicación de las medidas restrictivas
aprobadas por la Unión Europea en respuesta a la invasión de Ucrania. (Rumores).
Les pido, por favor, que aquellos diputados que quieran abandonar el hemiciclo lo hagan en silencio y rápidamente.
Señorías, para presentar el real decreto-ley, tiene la palabra, en nombre del Gobierno, la señora ministra de Justicia.
La señora MINISTRA DE JUSTICIA (Llop Cuenca): Gracias, señora presidenta. (Rumores).
La señora PRESIDENTA: Señora ministra, un momento, por favor.
Señorías, por favor, les pido que dejen de mantener conversaciones en el hemiciclo y les pido silencio.
La señora MINISTRA DE JUSTICIA (Llop Cuenca): Gracias, señora presidenta.
Señorías, me corresponde hoy, en nombre del Gobierno, solicitar a esta Cámara la convalidación del Real Decreto-ley 9/2022, de 26 de abril, por el que se adoptan medidas hipotecarias y de gestión de pagos en el exterior, en el marco de la
aplicación de las medidas restrictivas aprobadas por la Unión Europea en respuesta a la invasión de Ucrania.
Como saben, el pasado 24 de febrero tropas de la Federación de Rusia invadieron el territorio soberano de la República de Ucrania ocasionando un conflicto bélico, una guerra que ha generado una ola de rechazo global a la actuación
injustificable y execrable de Rusia: rechazo en Naciones Unidas, rechazo en los países de la Unión Europea, rechazó también en España y en otras organizaciones internacionales.
Mediante el Plan nacional de respuesta a las consecuencias de la guerra de Ucrania, aprobado en marzo de este año, y el Real Decreto-ley 6/2022, aprobado el jueves 28 de abril, se vienen adoptando medidas urgentes en el ámbito del
transporte, en el ámbito energético, apoyando a los trabajadores, empresarios, autónomos, ganaderos, agricultores, pescadores y a las familias, también a aquellas que están en situación de vulnerabilidad. Y ello ha sido gracias a este Gobierno,
pero también ha sido gracias a los miembros de esta Cámara que votaron a favor de esas medidas. Siento no poder decir que toda la Cámara votara a favor de los españoles y de las españolas en uno de los momentos en que Europa más lo necesita.
Señorías, es triste que el parlamentarismo español no esté escribiendo sus mejores crónicas, pero, como decía el historiador Pompeyo Trog, en el siglo I antes de Cristo, los hispanos si no tienen el enemigo dentro lo buscan fuera. Y,
señorías, yo les pido que ahora, que tenemos el enemigo fuera, no lo busquemos dentro. (Aplausos).
Las medidas de respuesta a la crisis de Ucrania se van adoptando por el conjunto de los Estados miembros de la Unión Europea, desenvolviéndonos, desde que empezó esta criminal agresión, en un contexto de unidad, señorías, de unidad europea,
de convergencia europea en la respuesta a la situación de crisis, pero también de unidad dentro de cada país, con determinación, con firmeza, con solidaridad para con Ucrania, para con el pueblo de Ucrania, para con sus mujeres, sus hombres, los
niños y las niñas.
Esta crisis viene de largo. En 2014 el Gobierno de España ya advertía de que la anexión ilegal de Crimea por parte de la Federación de Rusia y la desestabilización del este de Ucrania suponía una grave amenaza para la seguridad europea y
una grave violación del derecho internacional. Se produjeron condenas por parte de Estados Unidos, de la OTAN, de la Unión Europea, entre otros países y organizaciones, rechazando claramente la flagrante violación de la integridad territorial de
Ucrania y se insistió en el mantenimiento de las sanciones a la Federación de Rusia. En aquel momento pudimos contrastar lo que ahora, en este año, se ha cristalizado: que en el corazón de Europa se pueden producir graves fallos de seguridad como
lo estamos viendo en estas semanas.
Y ahora también somos testigos de cómo la actuación rusa, injustificada e injustificable, se ceba con las personas más vulnerables, con la población civil, y que ha pretendido romper con la clave de bóveda de la construcción europea sobre la
que se ha asentado el periodo de paz, de prosperidad y de progreso más largo de nuestra historia reciente. Esta situación nos ha puesto a prueba y es ahora cuando tenemos que poner en práctica lo que significa Europa, los valores europeos, el
espíritu de unidad, de solidaridad, la democracia; solos no hacemos nada, y esos que critican el europeísmo ahora deberían sentir vergüenza.
Por eso, ante este intento de destrucción de nuestros valores estamos siendo contundentes y firmes ante el agresor ruso, y lo hacemos con el arma más poderosa, más potente que tienen las democracias, con el Estado de derecho, guardando los
equilibrios para proteger a las personas más vulnerables, para proteger a la misma Europa, cooperando con quien heroicamente está resistiendo como un muro de contención, que es Ucrania, bajo el liderazgo de su presidente Zelenski, y también,
heroicamente, los países limítrofes con Ucrania.
Por razones de defensa y seguridad, debemos avanzar en el procedimiento de unidad política en esta Cámara que representa a la soberanía nacional, a los españoles, a las españolas, y fortalecer desde aquí nuestro posicionamiento estratégico
allí. Aquí, señorías, ustedes deben dar ejemplo, y por ello también deben dar ejemplo a otros países en la adopción de medidas de lucha contra quienes se aprovechan en esta situación concreta para traficar con las personas más vulnerables, con
seres humanos que proceden de Ucrania. (Rumores).
La señora PRESIDENTA: Silencio, por favor.
La señora MINISTRA DE JUSTICIA (Llop Cuenca): La ley penal temporal, cuya toma en consideración se ha debatido en estos días en el Congreso, es un instrumento que permite que no perdamos este tiempo tan preciado, los primeros meses de la
diáspora, para castigar más duramente a quienes están esperando en las fronteras europeas a mujeres, a niños, para vender sus órganos, para abusar de sus cuerpos, para explotarles sexualmente, para agredirles, prostituirles, donde mayor flujo
migratorio se produce, que es justo en los primeros meses de conflicto.
Estamos en un mundo muy peligroso, señorías, pero podemos hacerlo desde aquí más seguro y próspero. Está en su mano, porque ustedes son quienes votan estas medidas, las que traemos hoy aquí y también las que surgen por sus propias
iniciativas como Cámara legislativa. Está en su mano, cada uno de ustedes tiene esa gran responsabilidad con la humanidad, señorías; por eso estoy segura de que se toman muy en serio su función, su responsabilidad y su trabajo.
Estas medidas que traigo hoy aquí vienen a sumarse a otras que ya se han adoptado para protección temporal de personas refugiadas, la lucha contra la desinformación en el espacio de la Unión, en el ámbito tanto de España como de la Unión
Europea, a la exclusión rusa de la plataforma de intercambio Swift, a la política energética, a la investigación de la fiscalía de la Corte Penal Internacional de los crímenes de guerra instada por España junto con otros cuarenta países, a la ayuda
enviada por España a Ucrania, a la cooperación de la Unión Europea, Eurojust, etcétera.
Y no seamos ingenuos, señorías, si no ejecutamos las sanciones, si no luchamos urgentemente con medidas ad hoc contra el tráfico de seres humanos, si no ponemos fin a la dependencia del gas ruso, nos vamos a debilitar. Como seguro saben sus
señorías, la aplicación concreta de las normas del Reglamento 269/2014, del Consejo, de 17 de marzo de ese mismo año, relativo a la adopción de medidas restrictivas de acciones que menoscaban o amenazan la integridad territorial, la soberanía y la
independencia de Ucrania, tiene hoy algunas dificultades en lo concerniente a las prohibiciones de disponer cuando los bienes afectados se encuentran inscritos en el correspondiente registro a favor de terceras personas.
Señorías, el bloqueo emprendido contra los intereses de la Federación de Rusia y de las personas cuya situación económica ofrece una capacidad de decisión, de influencia a los intereses de Rusia no es efectivo si no actuamos contra los
bienes que están inscritos a favor de terceras personas, los testaferros. Testaferros y oligarcas deben ser las dos caras de una misma moneda, patrimonios e intereses económicos que deben bloquearse para que así se reduzca el margen con el que
Rusia cuenta para prolongar este conflicto en el tiempo, financiando la guerra con bienes que se encuentran en nuestro territorio, en España. Si procediésemos contra estos testaferros con las garantías tradicionales que ofrece nuestro ordenamiento
jurídico, dichas garantías no solo jugarían a favor de los testaferros y de los oligarcas, sino que además operarían, paradójicamente, contra los fundamentos de nuestro propio ordenamiento jurídico.
Como saben, las autoridades comunitarias han emprendido firmemente sanciones financieras contra los intereses rusos, contra los oligarcas, personas que por ese poder económico no solo tienen una directa capacidad de influencia en las
decisiones que pueda tomar Rusia, sino que también significan la extensión de los intereses del régimen ruso a la hora de afectar a la propia Unión Europea. Estas personas se hallan en unas listas concretas elaboradas al amparo del Reglamento de
2014, de modo que sus bienes pueden ser afectados directamente por una prohibición de disponer. El problema ante el que nos encontramos en nuestro ordenamiento jurídico interno es que, precisamente, para eludir las sanciones, pueden existir bienes
que efectivamente sean propiedad de los oligarcas, pero que estén inscritos a nombre de esos testaferros, de terceras personas, de sociedades, que no son más que una pantalla, terceros interpuestos sin nexo real con los bienes en concreto, y
debíamos buscar una salida para poder dar cumplimiento al Reglamento de 2014.
El Reglamento es de obligado cumplimiento. El artículo 2 obliga, no es potestativo ni es opcional. Obliga a que se ejecuten las sanciones sobre bienes cuya propiedad, tenencia o control corresponde a los oligarcas; es decir, debemos
entender también incluidos ahí a las personas no propietarias, a testaferros o a meros tenedores. Por tanto, urgía aplicar una respuesta, una fórmula interna legal, que permitiera congelar estos bienes dentro del tráfico jurídico, aun cuando
estuviesen inscritos a nombre de estas personas o sociedades pantalla. Pero para practicar registralmente la nota marginal, que lleva a la prohibición de disponer y hacerlo, además, con toda seguridad jurídica, es preciso que se haga constar de
alguna manera que existen indicios racionales de que esos bienes pertenecen realmente a los oligarcas. La prohibición de disponer es una medida de aseguramiento que impide que una persona pueda distraer sus bienes, aquellos que se hallan bajo su
titularidad registral, y burlar así futuras responsabilidades pecuniarias, esas sanciones de las que estamos hablando.
Nuestro sistema hipotecario, en el último inciso del artículo 20 de la Ley Hipotecaria, no permite, con carácter general, hacer anotaciones preventivas de prohibición de disponer de bienes inscritos a favor de terceras personas, personas
distintas de aquellas contra las que se dirige el procedimiento judicial o administrativo. Por tanto, en este caso, la posibilidad de que se pueda hacer esa anotación preventiva de prohibición de disponer, cuando no estamos hablando de
procedimientos legales, cuando no estamos hablando de decomisos, exigía una respuesta legal.
El Reglamento de 2014 prevé un procedimiento no judicial, prevé un procedimiento administrativo. Y, como digo, este reglamento es de obligado cumplimiento y de aplicación directa en nuestro sistema. Es verdad que choca con la Ley
Hipotecaria. Por ello, este real decreto-ley, cuya convalidación les solicito, busca solventar ese obstáculo, salvar este obstáculo, dando esa solución -que también es administrativa como prevé el propio reglamento- que, además, permite que no se
extraiga al sistema ordinario de control a través de los recursos que se puedan interponer ni tampoco al sistema general de caducidad y de prórrogas que prevé el artículo 86 de la Ley Hipotecaria. Estamos ante una situación extraordinaria que puede
desestabilizar nuestros países, que ha puesto en riesgo la seguridad de Europa, que está masacrando a seres humanos a solo tres horas de vuelo de nuestro país. Yo creo que es suficiente motivo para buscar la excepcionalidad en las reglas ordinarias
de las anotaciones preventivas de prohibición de disponer en nuestro ordenamiento hipotecario. Porque, además, el testaferro no es alguien ajeno al oligarca, no debe tener esa condición de ajeneidad en el sistema de sanciones, porque lo dice el
mismo artículo 2 del reglamento, pero también porque su titularidad registral es una ficción instrumental al servicio de los oligarcas que están financiando la guerra de Putin. De este modo, el informe se elaborará por fuerzas y cuerpos de
seguridad del Estado, que son las autoridades competentes, y se comunicará al Órgano Centralizado de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo del Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes
Muebles, quien, a su vez, lo notificará al registrador o registradora competente para que practique la notación marginal de prohibición de disponer sobre el bien.
Por otra parte, señoría, también era urgente contemplar las medidas del artículo segundo de este real decreto-ley por el que se establecen medidas de pago de las obligaciones de la Administración exterior -el pago de nóminas y de servicios-
considerando las dificultades que la invasión rusa ha causado en la operativa de los movimiento de fondos entre los bancos. En este sentido, desde el inicio de la invasión de Ucrania por parte de Rusia han sido varios los ministerios y organismos
con presencia en la Federación de Rusia que requirieron al Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación su colaboración para poder atender a obligaciones que por la situación del conflicto estaban sufriendo retrasos en sus abonos,
en sus pagos. Estamos, como ya he mencionado, refiriéndonos singularmente a las nóminas del personal laboral en el exterior y las cotizaciones a la Seguridad Social rusa del personal laboral.
Por su parte, también el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones puso de manifiesto la imposibilidad de dar trámite bajo el régimen ordinario de pago de las pensiones al colectivo Niños de la Guerra y también al contrato de
seguro de asistencia médica en la Federación de Rusia de ese mismo colectivo. Por eso, este artículo segundo tiene toda su razón de ser: atender estas obligaciones usando para ello la liquidez en rublos de que dispone el Consulado General de
España en Moscú en atención al importante volumen de recaudación consular, que, aunque está lógicamente mermada de manera muy importante en los últimos dos meses, continúa produciéndose a un ritmo que permite llevar a cabo este auxilio material para
atender esos pagos urgentes de la Administración General del Estado. Este procedimiento posibilita contablemente la atención de estos pagos urgentes sin movimiento de divisas de ningún tipo. Por tanto, no resulta afectado el régimen de sanciones
en vigor y técnicamente se asienta en un sistema de compensaciones que ya está previsto desde el Real Decreto 938/2005, de 29 de julio.
Señorías, termino. Solicito hoy de ustedes que respalden estas medidas, tanto la relativa a las actuaciones contra los testaferros que nos permitan establecer las prohibiciones de disponer aunque los bienes estén a nombre de estas personas
interpuestas, como la prescripción relativa a atender las obligaciones de la Administración exterior, dificultadas por la execrable invasión perpetrada por Rusia.
Pero, sobre todo, señorías, les pido unidad y lealtad para mantenernos firmes, para preservar la democracia, para preservar nuestros valores humanos. Señorías, los necesitamos a todos ustedes, sin excepción, para evitar, también desde aquí,
la que puede ser la mayor catástrofe del siglo XXI en nuestra Europa. Para ello tienen aquí a este Gobierno y también tienen aquí, humildemente, a esta ministra.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora ministra.
En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Mixto, interviene el señor Martínez Oblanca.
El señor MARTÍNEZ OBLANCA: Muchas gracias, señora presidenta.
Buenos días, señora ministra de Justicia. Agradezco sus explicaciones sobre este Real Decreto-ley 9/2022, de 26 de abril, con el que se pretende actualizar nuestra legislación y, especialmente, la Ley Hipotecaria en la línea que España ha
acordado, junto con la Unión Europea, para aplicar sanciones al hilo de la guerra iniciada por fuerzas rusas que está asolando Ucrania y que sume en la inquietud a todo el mundo. Para ello, establece una nueva regla especial, pero resulta
desacertada. Señorías, ni siquiera con la brevedad de sus dos artículos es capaz el Consejo de Ministros de elaborar una norma que no introduzca en nuestro ordenamiento la inseguridad jurídica. En este caso, las medidas que se plantean en el
texto, singularmente las del artículo primero, son una invitación a aumentar la carga de trabajo de nuestros tribunales de justicia.
El bloqueo en nuestro país de inmuebles cuyos propietarios son rusos tendrá un efecto boomerang en las comunidades de propietarios si el inmueble está en propiedad horizontal, toda vez que se priva -lo subrayo, se priva- de la garantía de
afección real por el sistema de impedir la venta. Asimismo, las medidas se desentienden de la preferencia crediticia de las comunidades de propietarios por determinados gastos comunitarios. También, en ámbitos jurídicos ha causado estupor lo
referido al artículo 1 sobre la nota marginal, para cuya práctica no será necesario acreditar que se ha notificado con carácter previo a los titulares registrales y que, en defecto de plazo, tendrán duración indeterminada. Genera muchísimas dudas
que, mediante una medida administrativa y no notificada, se pueda imponer una prohibición indefinida para disponer del inmueble objeto de sanción. El problema de fondo es la indeterminación del alcance exacto de esta nota marginal y si se refiere
exclusivamente a la posibilidad de disposición por el propietario registral o a cualquier disposición, incluso forzada por tercero. El bloqueo indefinido de bienes por vía administrativa afecta de cabo a rabo la esencia de la propiedad. Esta forma
de legislar, que impacta en fundamentos registrales básicos, supone un atropello a nuestros principios constitucionales, además de zarandear la fundamental e irrenunciable función calificadora, que les corresponde a los registradores de la
propiedad.
Rechazo, por tanto, esta normativa que perpetra medidas incompatibles con nuestro Estado de derecho, porque una cosa es que determinados aspectos sobre la propiedad puedan ser regulados por decreto ley y otra es que los mismos principios
hipotecarios, que son esenciales en torno a la propiedad en España porque afectan a su propia esencia, se regulen por el Ejecutivo de Pedro Sánchez, sorteando por enésima vez la función parlamentaria de legislar. Y viene usted hoy, señora Llop,
ministra de Justicia, a recriminar aquí a una parte del arco parlamentario. ¡Hay que tener descaro!
Señorías, por otro lado, en la exposición de motivos de este real decreto-ley se afirma que la respuesta europea a la agresión injustificada a Ucrania está guiada por tres principios: unidad, determinación y solidaridad. Sin embargo, la
acción del Gobierno de coalición tiene lagunas en el cumplimiento de estos principios. Resulta hipócrita promover y firmar normas sancionadoras con una mano y consentir barra libre con la otra a la economía y al mercado a los que se pretende
penalizar. Tal y como ya he señalado en todas mis intervenciones en las diferentes sesiones del Pleno del Congreso esta misma semana, señora Llop, en el gran puerto asturiano de El Musel se han descargado casi 50 000 toneladas de mineral ruso. ¿La
sorprende usted? A mí, muchísimo. Resulta sonrojante que el Consejo de Ministros vuelva a auxiliarse del instrumento del real decreto-ley con el pretexto de la extraordinaria y urgente necesidad, en este caso para combatir la oligarquía
empresarial que da cobertura y se beneficia del régimen gobernante en la Federación Rusa, mientras en España, cínicamente, se continúa dando entrada a la importación marítima de carbón y coque de petróleo. Así ha sucedido en Gijón, y, dicho sea de
paso, maldita la gracia de continuar importando carbón del exterior cuando nuestras cuencas mineras -que ustedes, señores del Partido Socialista, cerraron irresponsablemente en 2018- tienen en gran abundancia este combustible fósil autóctono, el
único de España. (Aplausos). Semejante episodio -el del mineral ruso descargado durante tres días en El Musel, transportado en buque con bandera de conveniencia y manchado de sangre ucraniana- no es el único producido en nuestro país durante la
atroz invasión iniciada hace once semanas y desvela que su solidaridad, señoras y señores ministros del banco azul, es de pega; solidaridad de quita y pon, anticipo del serial de pretextos con los que se justificará en el futuro la vista gorda de
la que el propio presidente del Gobierno advirtió ya a finales de enero, pero que se relajarán a medida que
el sufrimiento de los ucranianos deje de formar parte de las cabeceras de los informativos. El lacerante destino de las mujeres afganas condenadas nuevamente al burka y a la sumisión talibán es un preocupante precedente del relax occidental
cuando dejan de emitirse conexiones directas desde las zonas de un conflicto bélico, y a veces ni eso. Para las tres administraciones implicadas en la gestión del Musel -todas de signo socialista- antes ha sido el negocio que sumarse a la acción
decidida y firme de presión frente a los intereses económicos de los agresores. Sirve de muy poco vitorear aquí a Volodímir Zelenski si después se utilizan todo tipo de argucias para eludir la aplicación de la letra y el espíritu de los cinco
paquetes de sanciones y medidas contra el régimen invasor. Ustedes sí deberían dar ejemplo, señora ministra de Justicia. Precisamente en defensa de los mejores valores y de los derechos humanos votaré en contra de la convalidación de este real
decreto-ley, fórmula reiterada de la que el Gobierno ha hecho y sigue haciendo uso, y sobre todo abuso, a lo largo de la XIV Legislatura, fórmula que menoscaba gravemente la tarea principal de las Cortes Generales.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Martínez.
Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra la señora Sagastizabal Unzetabarrenetxea.
La señora SAGASTIZABAL UNZETABARRENETXEA: Gracias, presidenta. Intervendré de forma muy breve.
Hoy debatimos la convalidación de un decreto ley para estrechar el cerco a los entramados societarios de los oligarcas rusos, un decreto que establece, como bien ha dicho la ministra, una medida excepcional para facilitar y mejorar la
efectividad de las sanciones a Rusia y que, desde luego, sí creemos que obedece a una urgente y extraordinaria necesidad: adoptar medidas disuasorias para poner freno a la guerra de Ucrania. Es un decreto, como he dicho, para evitar que los
oligarcas rusos burlen las sanciones. Es un decreto que permite que los registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Inmuebles puedan calificar y dar publicidad a los títulos inscribibles facilitando que se haga efectiva la prohibición de
disponer de fincas, bienes o derechos inscritos a nombre de personas físicas sancionadas o personas interpuestas agregando una nota marginal a los activos registrados; en definitiva, practicar una nota marginal de prohibición de disponer sobre
bienes que pudieran pertenecer a personas relacionadas con la oligarquía rusa relacionada con la guerra de Ucrania a pesar de no estar los bienes inscritos formalmente a su nombre. Se establece, por tanto -como bien se ha dicho aquí-, una regla
especial que amplía esas capacidades previstas en el artículo 20 de la Ley Hipotecaria y que atañe solo a las sanciones relacionadas con la guerra de Ucrania. Entendemos que la norma refuerza el sistema de colaboración con el objeto de facilitar la
actuación contra los bienes que están inscritos a favor de testaferros de los oligarcas y también se configura como un órgano de recepción de los posibles indicios que hayan llegado a conocimiento de otras autoridades. El real decreto-ley, además,
permite utilizar el procedimiento previsto en la disposición adicional quinta de la Ley 47/2003 para realizar los pagos atrasados así como los pagos futuros de nóminas del personal y otras obligaciones de las representaciones españolas en el
exterior que, debido a la situación actual, no están recibiendo esos libramientos de fondos desde España y así también minimizar el uso del sistema financiero ruso, que está sujeto también a sanciones. En definitiva, se trata básicamente de un
decreto que busca, por un lado, eliminar aquellos obstáculos que impidan actuar contra los bienes de los oligarcas rusos en el Estado cuando además la titularidad de esos bienes la ostenten testaferros o personas interpuestas y, por otro lado,
impedir que los oligarcas rusos financien la guerra de Putin contra Ucrania con bienes que se encuentran aquí. Estos objetivos son para nosotros más que suficientes para votar a favor de su convalidación. Además, no creo que podamos poner en duda
su legalidad porque no es algo excepcional al principio de autotutela administrativa.
Muchísimas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Sagastizabal.
Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra la señora Martínez Granados.
La señora MARTÍNEZ GRANADOS: Gracias, presidenta.
Señora ministra, señorías, la invasión de Ucrania por Putin ya se alarga más de setenta días, casi dos meses y medio en los que, pese a la heroica resistencia del pueblo ucraniano al régimen autoritario de Rusia, se hace evidente la
necesidad de acometer más y mejores medidas para ayudar a Ucrania y doblegar al tirano. En este sentido, la Unión Europea ya ha aprobado el sexto paquete de sanciones
contra Rusia, entre las que se incluyen aquellas que afectan a los altos cargos del régimen de Putin. Ciudadanos fuimos uno de los primeros en pedir estas sanciones, y así registramos una proposición no de ley en este sentido el mismo día
24 de febrero. Por eso, al igual que desde el inicio del conflicto hemos expresado nuestra solidaridad con el pueblo ucraniano y nuestra disposición a ayudar para garantizar la seguridad de los españoles en Ucrania, apoyaremos este decreto. Y es
que ya en una de las primeras propuestas de Ciudadanos incluíamos medidas como la imposición de sanciones a los altos cargos del régimen de Putin. No es una opción nueva, es algo que venimos defendiendo tanto en el Congreso como en el Parlamento
Europeo: que las sanciones internacionales a los sátrapas y a sus amigotes son una de las formas más eficaces para cortar las vías de apoyo y financiación de los regímenes autoritarios. Pero no solo en Rusia, ministra, también lo hemos pedido para
Cuba, donde el tirano Díaz-Canel sigue reprimiendo a su población como heredero de los sanguinarios hermanos Castro, o en Venezuela, donde nuestro pueblo hermano sigue sufriendo una crisis política, económica y humanitaria sin precedentes bajo el
yugo de Nicolás Maduro.
Lamentablemente, el historial del Gobierno de Sánchez con el cumplimiento de sanciones internacionales nos hacía temer lo peor. No nos podemos olvidar -tampoco lo hacen el resto de los españoles- del bochornoso episodio que se vivió en los
inicios de 2020 cuando el entonces ministro Ábalos no solo permitió la entrada en nuestro país a Delcy Rodríguez -la número dos de Nicolás Maduro, cuyo nombre figura en esa lista de personas sancionadas por la Unión Europea-, sino que se reunió
personalmente con ella. Para Ciudadanos este tipo de actitudes no solo son una vergüenza para la imagen de España en el exterior y para nuestra reputación como socios fiables, sino que también son un ataque a la línea de flotación de la Unión
Europea y a la unidad de acción de los Estados miembros. Por suerte, la actitud del Gobierno ha cambiado en lo que se refiere a las sanciones a oligarcas y miembros del régimen de Putin. Por nuestra parte, hemos seguido donde estábamos siempre, en
la defensa de los ciudadanos ucranianos, de los derechos y las libertades fundamentales de la ciudadanía frente a los tiranos. Por eso, celebramos que en esta ocasión el Gobierno sí se haya puesto manos a la obra para hacer cumplir sanciones
internaciones impuestas en el seno de la Unión Europea, sanciones que, de nuevo, Ciudadanos había pedido desde el primer momento de la invasión. Sin duda, la existencia de testaferros es una de las principales barreras que pueden existir para el
cumplimiento estricto de las sanciones. Por ello, celebramos que se pongan en marcha medidas para intentar evitar que ese nombramiento de testaferros acabe por poner en jaque el régimen de sanciones europeo.
Sin embargo, nos asaltan varias preguntas. En primer lugar, de qué forma se va a poder asegurar formalmente lo previsto en este real decreto-ley. Es decir, cómo se va a hacer efectivo que una persona que no figura como titular de un bien
acabe por no poder disfrutarlo. Esperamos que el Gobierno dé todo el apoyo necesario a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y al Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Inmuebles para que puedan realizar las
tareas encomendadas por la ley de la forma más rápida y garantista posible. (El señor vicepresidente, Rodríguez Gómez de Celis, ocupa la Presidencia). Por otro lado, nos preguntamos cómo prevé el Gobierno evitar que existan posibles situaciones de
abuso, de qué forma va a garantizar que un ciudadano que nada tenga que ver con las personas inscritas en esa lista de personas sancionadas en relación con la invasión de Ucrania pueda verse afectado por un error o malentendido y acabe por no poder
disponer de esos bienes o propiedades. Es muy posible que este tipo de casos no se produzcan o, si se producen, sean una minoría, pero es necesario ofrecer una seguridad jurídica en todos los supuestos y es el Gobierno quien tiene que asumir esa
responsabilidad en lugar de echársela encima a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado o a los registradores. Y, en tercer lugar, ¿por qué ligar estas medidas excepcionales únicamente a la lista de sanciones referentes a la invasión de
Ucrania? El problema de los testaferros es común a todas las iniciativas de sanciones internacionales, pero el Gobierno solo ha decidido actuar con casos flagrantes como el de los oligarcas rusos con bienes en España. Sin embargo, Ciudadanos ha
preguntado al Gobierno, por ejemplo, sobre los bienes y propiedades de personas vinculadas al régimen de Nicolás Maduro, y previamente al de Hugo Chávez, en nuestro país. Es bien conocido que muchos de esos amigotes del régimen chavista han
encontrado en España un destino seguro para su riqueza, arrancada con sangre y petróleo a la ciudadanía venezolana. ¿Por qué no se han tomado estas medidas con más tiranos? Finalmente, ¿por qué no ir más allá y acabar con el sistema de visados de
oro para ciudadanos extranjeros? Este sistema ha supuesto un coladero para miles de personas vinculadas a regímenes autoritarios en América Latina, China, Rusia, África y Oriente Medio, que veían en él una forma de blanquear su dinero y refugiar su
riqueza en propiedades e inmuebles en España. Ya basta de que las
democracias liberales recompensemos con derechos a quienes trabajan para quitárselos a su propia población. Nosotros, Ciudadanos, hemos propuesto acabar con este sistema de concesión de visados a cambio de dinero no solo para los oligarcas
rusos, sino también para cualquier otro ciudadano. España es tierra de acogida pero no puede ser una tierra de lavado de dinero y de conciencias. En definitiva, ministra, apoyaremos la convalidación de este real decreto-ley, pero aspiramos a que
el Gobierno pueda solventar las dudas que hemos planteado y que permitirían hacer mucho más efectivo lo que recoge este real decreto.
Muchísimas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias.
Por el Grupo Parlamentario Plural tiene la palabra el señor Boadella Esteve.
El señor BOADELLA ESTEVE: Buenos días. Muchas gracias, señor presidente.
Señora ministra, nos encontramos aquí ante el Real Decreto-ley 9/2022 y este, sin duda alguna, lo consideramos necesario. Es evidente que la invasión de Ukraína, que nos preocupa a todos, con una situación humanitaria terrible, necesita
este tipo de instrumentos jurídicos que permiten una acción coordinada por parte de la Unión Europea, con este reglamento que se incorpora a las diferentes legislaciones de los diferentes Estados. Este es un instrumento más para aumentar la presión
y para evitar los apoyos y la financiación de una guerra, de una invasión que ya anteriormente hemos tachado de terrible e intolerable.
El instrumento que se implanta con esta anotación es la prohibición de disponer de bienes que estén a nombre de terceros pero vinculados por ser familiares próximos o personas de confianza, lo que en definitiva conocemos como testaferros;
como digo, mediante esta notación marginal se establece la prohibición de disponer. Un mecanismo muy parecido, como el mismo real decreto-ley señala, al artículo 20 de la Ley Hipotecaria; toma como modelo este artículo 20, que iba sobre las
medidas cautelares, y que ahora tendrá efecto en la necesidad de abordar esta respuesta coordinada. Por tanto, por nuestra parte, vamos a votar a favor del real decreto-ley.
La otra cuestión que se aborda, el segundo artículo, es para resolver este problema puntual relativo a los pagos atrasados y futuros en cuestiones tan básicas como nóminas u obligaciones de pago para el personal en el exterior. Por tanto,
como digo, van a contar con nuestro apoyo a este real decreto-ley.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, tiene la palabra la señora Muñoz Dalda.
La señora MUÑOZ DALDA: Gracias, presidente. Buenos días, ministra; buenos días, señorías.
La calidad de la democracia tiene una relación directa con el respeto a sus valores superiores, uno de los cuales es la seguridad jurídica, que esta norma pone en la picota. En toda guerra decaen por fuerza las garantías y libertades
democráticas. Decía la señora ministra que estamos en una situación extraordinaria, pero nuestro país, técnicamente, no está en guerra. Y no somos ingenuos, para frenar la guerra de agresión de Putin a Ucrania -que condenamos rotundamente- es
imprescindible acometer medidas contra los oligarcas que financian al Kremlin y que tienen inversiones e intereses en nuestro país. Es nuestra obligación -y por ello votaremos a favor- aplicar en España el Reglamento de ejecución 2002/336, del
Consejo, de 2022, por el que se aplica el Reglamento 269/2014, relativo a la adopción de medidas restrictivas respecto de acciones que menoscaban o amenazan la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania. Pero hay distintas
formas de aplicar este reglamento y nos parece que la que se ha elegido es muy poco respetuosa con la seguridad jurídica. ¿Por qué? Porque se está dando a un órgano no determinado de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado la posibilidad de
embargar bienes de personas por tiempo indefinido, sin motivación y sin control judicial. Se faculta a este órgano no determinado de las fuerzas y cuerpos de seguridad para embargar bienes de cualquier persona, no solo de las que figuran en el
listado de oligarcas de Putin sino de cualquiera que juzguen que puede estar actuando por interposición de estas personas. El instrumento legal elegido es sumamente polémico, toda vez que no se establece en ninguna resolución administrativa por
parte de un órgano competente, sino que serán las fuerzas de seguridad del Estado, sin especificar una unidad concreta, las que comunicarán al departamento contra el blanqueo del Colegio de Registradores de la Propiedad para que sea este quien
comunique al registrador concreto la
anotación de prohibición de disposición, sin que se establezca ningún control sobre la actividad policial y sin que parezca que el registrador puede establecer oposición a la inscripción, por lo que estamos ante un procedimiento sin
salvaguarda o garantía alguna.
El hecho de que no exista resolución administrativa reviste el procedimiento de una gran sospecha de arbitrariedad, a la vez que resulta evidente la indefensión ante lo que realmente se puede calificar como ausencia de procedimiento. Debe
recordarse además que los registradores no son una autoridad administrativa que pueda participar en el débil procedimiento establecido, por lo que su capacidad para ponerse es prácticamente nula. Se podría incluso indicar que el real decreto-ley
reviste serias dudas sobre su inconstitucionalidad, al afectar negativamente el derecho a la tutela judicial -artículo 24 de la Constitución Española- y al derecho de la propiedad -artículo 33 de la Constitución Española-. Vivir para ver, señora
ministra. Desde Unidas Podemos les hacemos una observación, es necesario establecer un control judicial que se realice con antelación a la anotación en el Registro de la Propiedad, y no una revisión que, como es lógico, siempre podrán hacer los
tribunales con posterioridad. Esta observación pretende que la validación mediante la resolución del juez o tribunal competente en la resolución administrativa -en este caso en esta versión ni siquiera hay una resolución administrativa sino una
decisión discrecional de una unidad no determinada de las fuerzas y cuerpos de seguridad-, para que pueda ser inscrita el Registro de la Propiedad correspondiente, no tiene por qué dilatar los plazos de forma que imposibilite el objetivo del real
decreto-ley, y, de ser así, se puede plantear una modificación del procedimiento para poder agilizarlo.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias.
Por el Grupo Parlamentario VOX tiene la palabra el señor Manso Olivar.
El señor MANSO OLIVAR: Buenas tardes, presidente.
Buenas tardes, señorías. Buenas tardes, señora ministra. La verdad es que me han parecido muy sorprendentes algunas de sus afirmaciones, como aquella de: Ahora que tenemos el enemigo fuera, no lo busquemos dentro. A ver si se lo va
aplicando el Gobierno respecto de mi grupo parlamentario. Nosotros somos una oposición dura, pero oposición; no hemos sido nunca el enemigo. (Aplausos). Acusa usted, de paso, a la oposición y nos dice que votamos contra los españoles. Perdone
usted, nosotros no votamos contra los españoles, votamos contra sus propuestas cuando creemos que son equivocadas. Solo si usted cree que el Gobierno encarna el espíritu de la nación puede hacer una afirmación como esa, pero una afirmación como esa
es una afirmación totalitaria, como usted bien conoce. (Aplausos).
Vamos a continuar, si le parece, con el asunto. Aparentemente, el real decreto que ustedes presentan hoy para su convalidación en esta Cámara es aseadito, es decir, parece que no mezcla temas, esa técnica que tienen ustedes de traernos aquí
dos temas, uno al que no se puede uno oponer y otro que es discutible, y entonces, lógicamente, si uno vota en contra de todo el real decreto, ustedes le echan los terminales mediáticos y le acusan de haberse opuesto al irrelevante. Gracias a Dios,
al menos buscan una unidad temática y la unidad temática es la invasión de Ucrania, aunque habría sido mejor que separasen -repito- los dos asuntos, porque, aunque tengan una ligazón, que es la invasión de Ucrania, no tienen nada que ver el uno con
el otro. El uno, como bien le han comentado todos los que me han precedido en el uso de la palabra, tiene que ver con la seguridad jurídica de las inversiones extranjeras. Me ha sorprendido mucho ver a los comunistas defendiendo la propiedad
privada y la seguridad jurídica. (Aplausos). El segundo tiene que ver con normas de contabilidad pública. Ha quedado muy claro de lo que estamos hablando. Estamos hablando de habilitar a los registradores mercantiles para hacer notas marginales
en los registros de la propiedad para bloquear propiedades que figuran en España a nombre de testaferros. Perfecto, bien. Lo que pasa es que aquí hay algunas cuestiones con las que no estamos de acuerdo. Por ejemplo, usted ha dicho que no puede
haber un procedimiento judicial. No estamos de acuerdo. El reglamento no establece procedimiento. No establece procedimiento; le pide a usted un resultado, lo siento mucho. Por tanto, estamos en esto más cerca de los que le piden seguridad
jurídica que del Gobierno. Por otro lado, la seguridad jurídica es muy importante en estos temas que rozan el blanqueo de capitales. En la provincia de Málaga, a la que me honro en representar, tenemos verdaderos problemas en las comunidades de
vecinos por el uso que realmente se hace de la ley de prevención del blanqueo de capitales, que con el tema de la diligencia debida lleva a auténticos disparates. (Aplausos).
En cualquier caso, en VOX creemos que la persecución del enemigo en situación de guerra o del delincuente no permite -no permite- violar el derecho. Las sanciones a Rusia por las agresiones a
Ucrania -usted mismo lo ha dicho- no son nuevas. El reglamento es de 2014, cuando la invasión rusa de Crimea y de Lugansk, y la lista de personas y entidades bloqueadas es de 2014. Es decir, este Gobierno y el anterior han tenido ocho años
para establecer en los registros de la propiedad el procedimiento. Hemos tenido ocho años para establecer el procedimiento y no pueden venir ahora con las prisas y con la urgencia. Ustedes son parte del problema de que tengamos que aprobar ahora
esto por procedimiento de urgencia, ustedes y el Gobierno anterior. En cualquier caso, después de ocho años, y con independencia de las actualizaciones que se hayan podido hacer de la lista y del procedimiento, creemos que ya deberíamos tener
perfectamente localizados estos bienes.
El segundo asunto que traen -lo mezclan por aquello de que todo tiene que ver con la guerra de Ucrania- es el tema de los servicios exteriores, porque, en principio, en algunas oficinas exteriores que tenemos en determinados departamentos
ministeriales tienen problemas de efectivo. Básicamente, lo que tienen es un problema de divisa, como usted sabe. El problema, realmente, es que tienen moneda local cuando sus obligaciones están en euros. Como, además, no les podemos enviar
dinero porque tenemos el sistema financiero ruso bloqueado y las normas sobre compraventa de divisas son las que son, hemos tenido que habilitar un sistema por el que las unidades superavitarias traspasen fondos a las deficitarias y estas, además,
puedan comprar divisas. Esto también era previsible, también era previsible. El 21 de enero de 2022 Rusia reconoce las repúblicas de Donetsk y Lugansk; el 22 denuncian los acuerdos de Minsk; el mismo día 22 el Consejo Federal ruso aprueba el uso
de la fuerza rusa en el exterior y el 24 se produce la invasión. Es decir, desde ese momento creo que ya era previsible, si no antes, como le voy a demostrar, porque desde el momento en que las tropas rusas están en la frontera de Ucrania en
noviembre de 2021 era previsible que este problema de bloqueo de pagos se produjera. Esto, si se lo hubiera dado usted a los intendentes militares, se lo habrían arreglado estupendamente, porque están súper acostumbrados a tener que realizar este
tipo de pagos en zonas de operaciones, a transportes de fondos y a que no falte de nada.
En cualquier caso, estamos en guerra con Rusia, frente a lo que haya dicho la señora de Podemos. Estamos en guerra con Rusia, del mismo modo que Roma y sus aliados lo estaban con Cartago después del sitio de Sagunto. Por tanto, este real
decreto, aunque como bien le he dicho que es aseadito -guardan los mínimos y otras veces no los han guardado ustedes-, no demuestra más que la falta de previsión de este Gobierno, la desidia de este Gobierno y del anterior, la precipitación como
consecuencia de la falta de previsión y de la desidia y, por último, la falta de respeto de ustedes a la seguridad jurídica.
Muchas gracias. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias.
Por el Grupo Popular en el Congreso tiene la palabra el señor Paniagua Núñez.
El señor PANIAGUA NÚÑEZ: Gracias, presidente.
Buenas tardes, señorías. Buenas tardes, señora ministra. Señorías, por fin me encuentro con un real decreto que es un real decreto, que no es una utilización de esta herramienta legislativa de la que dispone el Gobierno para ocultar e
impedir la participación de los órganos consultivos y la participación de la sociedad, como ha hecho este Gobierno en innumerables ocasiones, ni tampoco -y es de agradecer- nos intenta colar alguna disposición que nunca aprobaría este Congreso, pero
que con el chantaje de no aprobar la medida principal del real decreto-ley nos fuerza a aprobarlo. Es un real decreto-ley que surge ante las medidas y sanciones impuestas por la Unión Europea por la invasión rusa de Ucrania y que tiene todo el
sentido, y por eso votaremos a favor.
Son dos artículos: el 2, que permitirá utilizar el procedimiento previsto en la disposición adicional quinta de la Ley 47/2003 para realizar los pagos atrasados, así como los futuros, de nóminas del personal y otras obligaciones de las
representaciones españolas en el exterior, que, debido a la situación actual, no están recibiendo los oportunos libramientos de fondos desde España. Al tratarse de un procedimiento excepcional para el pago de las obligaciones de los servicios del
exterior, que no pueden recibir fondos desde España por la limitación de los movimientos de fondos entre bancos, se precisa regular dicho procedimiento de la forma más urgente a fin de conseguir que dichos servicios del exterior puedan hacer frente
a sus gastos inmediatos de funcionamiento. Este procedimiento, además, favorece el cumplimiento del régimen de sanciones, ya que permite pagar nóminas y otros gastos corrientes con fondos propios y realizar las operaciones imprescindibles para
garantizar el funcionamiento de aquellas oficinas del servicio
exterior que precisan de divisas en sus operaciones. Este artículo y el formato de real decreto-ley tienen sentido, pero no tienen sentido algunas cosas de esta norma.
En primer lugar -y lo ha vuelto usted a hacer hoy aquí-, está la referencia en la exposición de motivos al Real Decreto-ley 6/2022, que no tiene nada que ver con esta norma ni con las decisiones y el esfuerzo que están haciendo España y
Europa sobre personas desplazadas. No sé si es una campaña publicitaria gratuita en el BOE y en este hemiciclo de las decisiones del Gobierno, porque no tiene otro sentido. Y en segundo lugar, el otro artículo, el artículo 1. No tiene sentido que
no se consulte a quien sabe de esto y se redacte una norma con algunos errores y que pueda en su momento crear algún conflicto o invalidar judicialmente su ejecución. No sabemos la razón, suponemos que es la soberbia que demuestra continuamente
este Gobierno. Señora ministra, ¿por qué no han consultado al Colegio de Registradores de la Propiedad de España, a quienes tienen que ejecutarlo y que conocen la situación y las consecuencias de los errores de procedimiento?
Vamos a analizarlo. Como bien se explica en la exposición de motivos, la aplicación de las normas recogidas en el Reglamento UE 269/2014, del Consejo, relativo a la adopción de medidas restrictivas de acciones que menoscaban o amenazan la
integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania, está encontrando ciertos obstáculos en aquellos casos en los que los bienes afectados por las correspondientes prohibiciones de disponer se encuentran inscritos a favor de terceras
personas que actúan como testaferros de los verdaderos dueños. Son generalmente familiares o personas de confianza de los titulares reales o sociedades interpuestas. Al estar nuestro sistema basado en la seguridad jurídica y la proscripción de la
indefensión, como establece nuestra Constitución, los asientos registrales están protegidos por los tribunales y son ellos los que los pueden modificar, además, lógicamente, del titular. La legislación hipotecaria española ya preveía que se
pudieran practicar embargos y prohibiciones de disponer en casos de procedimientos criminales o de decomiso a bienes que estuvieran a nombre de terceras personas y sobre los que hubiera indicios de que fueran propiedad del encausado. Pues este real
decreto-ley también lo permite a los bienes a nombre de terceros de las personas incluidas en la lista elaborada en el reglamento de la Unión Europea antes mencionado. Pero da un paso más y ante la urgencia de la situación, se salta los principios
establecidos en la Constitución y se permiten anotaciones con un informe de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Se trata de una medida excepcional que sirve para facilitar la efectividad de las sanciones y que obedece a la urgente y
extraordinaria necesidad de adoptar medidas disuasorias que contribuyan a poner freno cuanto antes al actual conflicto bélico en Ucrania, un tema delicado, señora ministra, y que probablemente pueda tener consecuencias judiciales no deseadas. Por
eso es especialmente importante que esté bien redactado, pero no es así.
Dice el artículo 1 que dicho informe será elaborado por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en aplicación de la normativa de la Unión Europea a la que se refiere el párrafo anterior, pero es que la normativa de la Unión a la que se
refiere el párrafo anterior no tiene nada que ver con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado; es desconcertante. Continúa diciendo el artículo -y aquí está lo grave-: Cualquier órgano o autoridad que tuviera conocimiento de la existencia
de los indicios mencionados estará obligado a ponerlo en conocimiento del citado órgano centralizado a los efectos previstos en este artículo. El órgano centralizado es el CRAB del Colegio de Registradores, el Centro Registral Antiblanqueo, el que,
por cierto -le repito- no ha sido consultado. Y yo le pregunto: ¿Cómo que cualquier órgano o autoridad? ¿Un alcalde, un ayuntamiento, un secretario de ayuntamiento? Dice que cualquier órgano de autoridad cuando había establecido que debía ser un
informe de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. ¿En qué quedamos? Pero lo redondea acabando la frase: a los efectos previstos en este artículo. O sea, que sirve igual entonces que un informe de las fuerzas y cuerpos de seguridad del
Estado. ¿Quién debe informar entonces al CRAB, cualquiera? Una contradicción clara que puede provocar, primero, incertidumbre y, segundo, razones para su invalidación por parte de un juzgado. Si abrimos un melón de estas dimensiones, debemos
hacerlo bien, porque se corren riesgos, señora ministra. Además del ya comentado, de la invalidación de sus consecuencias, hay que tener en cuenta que se puede aprovechar para intentar cambiar este principio que establece la Constitución, y ya se
está haciendo. Hay informes y opiniones técnicas aprovechando este real decreto-ley que plantean cambiarlos. Le recuerdo que el artículo 9 de la Constitución garantiza la seguridad jurídica y la proscripción de la indefensión establecida por el
artículo 24 de la Constitución española y sus corolarios registrales están constituidos por los principios de tracto sucesivo y salvaguardia judicial de los asientos.
Termino, presidente. Señora ministra, era complicado, pero lo tenían fácil consultando a quien sabe de esto. Y han vuelto a errar, otra más de una lista interminable, y veo además que no somos los únicos que
lo pensamos. Usted, señora ministra, nos exigía hacerlo bien a todos nosotros; preocúpese más de hacerlo usted un poquito mejor.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias.
Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el Ramos Rodríguez.
El señor RAMOS RODRÍGUEZ: Muchas gracias, presidente.
Buenas tardes, señorías. Setenta y ocho días de guerra, setenta y ocho días de invasión, setenta y ocho días de resistencia de un pueblo, cinco millones de desplazados, más de tres mil muertos; este es el contexto en que llega este real
decreto. Escuchando a algunos portavoces, parece una modificación al uso de la Ley Hipotecaria. No, este es el contexto en el que llega, en un contexto de invasión, de guerra cruel e injusta. (Aplausos).
Señorías, a mí me gustan los principios de la exposición de motivos de este real decreto: unidad, determinación y solidaridad. Unidad, determinación y solidaridad, principios que serían los pilares para afrontar cualquier crisis, una
crisis bélica, una crisis sanitaria o una crisis económica, y qué lejos han estado estos tres principios de esta Cámara en estos meses. Qué lejos la unidad, qué lejos la determinación de algunos grupos y qué lejos la solidaridad. (Aplausos.-La
señora presidenta ocupa la Presidencia).
Señorías de VOX, yo no sé si son ustedes enemigos o no. Hombre, cuando votan la semana pasada en contra de bajarles los combustibles, de congelar el alquiler, de prorrogar los ERTE y de todas las medidas contra los vulnerables, muy amigos
de los ciudadanos no son, señor Manso. Ya le digo yo que muy amigos no son. (Aplausos).
Me alegra que el Partido Popular en este tema -y espero que en muchos más- vuelva al sentido de Estado. Esta mañana salía la encuesta del CIS diciendo que el 80 % de la población está harta de la crispación y que nos unamos en los temas de
sentido de Estado, como es este. Por lo tanto, me alegra que hoy la mayoría de los grupos apoyen este real decreto, un real decreto que además complementa un paquete de medidas de sanciones inédito en las últimas décadas en la Unión Europea;
sanciones que, como bien ha dicho la ministra, pasan desde la inmovilización de bienes a la prohibición de acceso al sistema SWIFT para determinados bancos, a la inmovilización y el acceso de Rusia a los mercados financieros, medidas en materia de
transportes, como el cierre del espacio aéreo de la Unión Europea a todas las aeronaves rusas, como el cierre de los puertos de la Unión Europea, como la prohibición de importación de las principales energías y materias primas, como el boicot
diplomático, como el boicot a los medios de comunicación. En definitiva, señorías, el aislamiento económico, diplomático e internacional de quien está provocando tanta crueldad. Este es el contexto que este real decreto viene a complementar en
este conjunto de medidas. Y este real decreto, efectivamente, tiene dos artículos. Cuando yo escucho a algunos intervinientes hablar de los registradores, precisamente era el real decreto que han venido demandando los registradores, porque además
complementa la relación que están teniendo los colegios de registradores con la oficina central contra el blanqueo de capitales.
El portavoz de Foro Asturias decía que el plazo es indeterminado. No, señoría. Si usted se lee el procedimiento, el plazo está acogido al artículo 86 de la Ley Hipotecaria, caduca a los cuatro años si no se pide la prórroga. Por lo tanto,
tiene la suficiente garantía para las personas que están inscritas. Hay una doble garantía. Quien se considere inscrito o no o no quiera estar inscrito en esta lista, que recurra a autoridades comunitarias. Y también se le notifica al titular
registral. Por tanto, tiene una doble garantía para esta persona. Efectivamente, hacía falta, porque hacía falta que los registradores tuviesen una herramienta con rango de ley para poder practicar esta nota marginal y que no se dispusiese de los
bienes.
Y, señoría de Unidas Podemos, no estamos hablando de embargo. Es una anotación preventiva de no disposición, que no es lo mismo que un embargo. Se trata de que ningún bien o ningún recurso en España sirvan para que esta guerra dure un día
más. Este es el sentido del artículo 1 del real decreto. Además, claro que pedimos a las fuerzas y cuerpos de seguridad para hacer ese informe, por supuestísimo, porque tienen que investigar las fuerzas y cuerpos de seguridad. ¿O, si no, cómo
conocemos a las personas interpuestas? ¿O, si no, cómo conocemos la relación entre las personas interpuestas y el verdadero titular registral? (Aplausos). Y si se han leído el procedimiento, las fuerzas y cuerpos de seguridad notificarán al
órgano central antiblanqueo y este, a su vez, al Colegio de Registradores. Creo que tiene las suficientes garantías, señorías.
En definitiva, nos quedamos con lo importante, y lo importante es que hoy esta Cámara, con unidad y determinación y con la solidaridad con el pueblo ucraniano, no tendría que tener la mínima duda en este real decreto, porque, ¿saben
ustedes?, con lo que está pasando, nos quedamos pequeñitos. Claro que este real decreto se queda pequeñito y claro que es insuficiente. Los 30 millones de España para ayuda humanitaria que anunció el ministro de Asuntos Exteriores, la
colaboración con la Fiscalía de la Corte Penal Internacional para que se persigan los crímenes contra la humanidad que se están produciendo en Ucrania y todas las toneladas de armamento para defender al pueblo ucraniano. Muchas veces todo nos
parece poco cuando vemos las imágenes tan crueles y las ciudades destrozadas. Por lo tanto, hoy ponemos un granito de arena, pero pongámoslo en este arco parlamentario con unidad y determinación y con la solidaridad que merecen el pueblo español y
el pueblo ucraniano.
Señorías del PP, le decían a la ministra que qué tiene que ver este real decreto con el anterior. Pues miren ustedes, los dos forman parte del plan nacional contra los efectos de la guerra de Ucrania en España, los dos. (Aplausos). Uno,
en las consecuencias que tenía en la economía y en los ciudadanos españoles, que ustedes votaron en contra, y otro, en la solidaridad que tiene toda la Unión Europea. Todo forma parte de este plan nacional de respuesta a esta guerra injusta y cruel
contra el pueblo ucraniano.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Ramos.
AVOCACIÓN DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS:
- PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE ADOPTAN MEDIDAS URGENTES DE APOYO AL SECTOR AGRARIO POR CAUSA DE LA SEQUÍA (PROCEDENTE DEL REAL DECRETO-LEY 4/2022, DE 15 DE MARZO). (Número de expediente 121/000096).
La señora PRESIDENTA: Pasamos al punto del orden del día relativo a la propuesta de avocación por el Pleno de la Cámara de la deliberación y votación final del Proyecto de Ley por la que se adoptan medidas urgentes de apoyo al sector
agrario por causa de la sequía. Dicha propuesta se someterá a votación junto con el resto de asuntos al final de esta sesión.
SOLICITUD DE PRÓRROGA DE SUBCOMISIONES:
- SOLICITUD DE LA COMISIÓN CONSTITUCIONAL DE PRÓRROGA DE SEIS MESES DEL PLAZO PARA LA CONCLUSIÓN DE LOS TRABAJOS DE LA SUBCOMISIÓN PARA LA REFORMA DE LA LEY ORGÁNICA 5/1985, DE 19 DE JUNIO, DEL RÉGIMEN ELECTORAL GENERAL. (Número de
expediente 154/000008).
La señora PRESIDENTA: Pasamos al último punto del orden del día, relativo a la solicitud de la Comisión Constitucional de prórroga de seis meses del plazo para la conclusión de los trabajos de la Subcomisión para la reforma de la Ley
Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General. Dicha solicitud se someterá a votación junto con el resto de asuntos al final de esta sesión.
Votaremos en tres minutos. Muchas gracias. (Pausa).
DECLARACIÓN INSTITUCIONAL:
- DECLARACIÓN INSTITUCIONAL CON MOTIVO DEL DÍA MUNDIAL DE LA FIBROMIALGIA Y EL SÍNDROME DE LA FATIGA CRÓNICA. (Número de expediente 140/000019).
La señora PRESIDENTA: Señorías, antes de iniciar las votaciones, vamos a proceder a la lectura de una declaración institucional con motivo del Día Mundial de la Fibromialgia y el Síndrome de la Fatiga Crónica.
Señor secretario primero, cuando quiera.
El señor SECRETARIO (Pisarello Prados): Con motivo de la conmemoración del 12 de mayo, Día Mundial de la Fibromialgia y el Síndrome de Fatiga Crónica, enfermedades que afectan a más del 3 % de la población en España, el Congreso de los
Diputados expresa su adhesión a esta jornada, así como su reconocimiento y apoyo a todas las personas afectadas, que todavía, en muchas ocasiones, sufren incomprensión y discriminación, ambas motivadas por un desconocimiento del gran impacto que
estas enfermedades crónicas tienen en la vida diaria de quien las padece.
Es necesario promover e implementar acciones asistenciales innovadoras que sean puestas efectivamente en marcha y coordinadas desde distintos ministerios y administraciones, sin olvidar el imprescindible impulso a la investigación y a los
sectores profesionales, destinando para ello los recursos que sean necesarios.
El Congreso de los Diputados apela nuevamente a la empatía de la sociedad civil y de los poderes públicos y les invita a adherirse a esta jornada conmemorativa, a hacerse solidarios con las dificultades que sufren las personas afectadas y a
trabajar con dedicación y efectividad con el fin de seguir avanzando en el conocimiento de estas enfermedades, así como en el abordaje sanitario y social que necesitan.
En el Congreso de los diputados, a 12 de mayo de 2022. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY DE COMUNIDADES Y CIUDADES AUTÓNOMAS. (VOTACIÓN):
- PROPOSICIÓN DE LEY DEL PARLAMENTO DE CANTABRIA, DE MODIFICACIÓN DE LA LEY 22/1988, DE 28 DE JULIO, DE COSTAS. (Número de expediente 125/000014).
La señora PRESIDENTA: Ahora sí, señorías, iniciamos las votaciones.
Toma en consideración de proposiciones de ley de comunidades y ciudades autónomas. Proposición de ley del Parlamento de Cantabria, de modificación de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 318 más 14 votos telemáticos, 332; a favor, 145 más 5 votos telemáticos, 150; en contra, 165 más 9 votos telemáticos, 174; abstenciones, 8.
La señora PRESIDENTA: En consecuencia, no se toma en consideración la proposición de ley.
TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY. (VOTACIÓN):
- PROPOSICIÓN DE LEY DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, ORGÁNICA POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY ORGÁNICA 10/1995, DE 23 DE NOVIEMBRE, DEL CÓDIGO PENAL, PARA AGRAVAR LAS PENAS PREVISTAS PARA LOS DELITOS DE TRATA DE SERES HUMANOS DESPLAZADOS
POR CONFLICTO BÉLICO MOTIVADO POR LA INVASIÓN DEL TERRITORIO UCRANIANO POR TROPAS DE LA FEDERACIÓN RUSA. (Número de expediente 122/000214).
La señora PRESIDENTA: Toma en consideración de proposiciones de ley. Proposición de ley del Grupo Parlamentario Socialista, Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, para agravar las
penas previstas para los delitos de trata de seres humanos desplazados por conflicto bélico motivado por la invasión del territorio ucraniano por tropas de la Federación Rusa.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 322 más 14 votos telemáticos, 336; a favor, 295 más 13 votos telemáticos, 308; en contra, 17 más 1 voto telemático, 18; abstenciones, 10.
La señora PRESIDENTA: En consecuencia, se toma en consideración la proposición de ley.
PROPOSICIONES NO DE LEY. (VOTACIÓN):
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A RATIFICAR EL CONVENIO 189 DE LA OIT Y ASEGURAR EL ACCESO A LA COBERTURA POR DESEMPLEO DE LAS PERSONAS TRABAJADORAS EMPLEADAS DE HOGAR. (Número de expediente
162/001002).
La señora PRESIDENTA: Proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista por la que se insta al Gobierno a ratificar el Convenio 198 de la OIT y asegurar el acceso a la cobertura por desempleo de las personas trabajadoras empleadas de
hogar. Se vota en sus términos.
Comienza la votación (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 322 más 14 votos telemáticos, 336; a favor, 322 más 14 votos telemáticos, 336.
La señora PRESIDENTA: En consecuencia, queda aprobada por unanimidad la proposición no de ley.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE INTERCONEXIONES GASISTAS EN ESPAÑA. (Número de expediente 162/000969).
La señora PRESIDENTA: Proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre interconexiones gasistas en España. Se vota en los términos de la enmienda transaccional presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, el
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y el Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Comienza la votación (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 322 más 14 votos telemáticos, 336; a favor, 280 más 11 votos telemáticos, 291; en contra, 38 más 3 votos telemáticos, 41; abstenciones, 4.
La señora PRESIDENTA: En consecuencia, queda aprobada la proposición no de ley. (Aplausos).
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES. (VOTACIÓN):
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO REPUBLICANO, SOBRE LA CALIDAD DEMOCRÁTICA DEL ESTADO ESPAÑOL. (Número de expediente 173/000145).
La señora PRESIDENTA: Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Republicano, sobre la calidad democrática del Estado español. Se vota en sus términos.
Comienza la votación (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 322 más 14 votos telemáticos, 336; a favor, 65 más 4 votos telemáticos, 69; en contra, 257 más 10 votos telemáticos, 267.
La señora PRESIDENTA: En consecuencia, queda rechazada la moción consecuencia de interpelación urgente.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO VOX, SOBRE LAS MEDIDAS QUE VA A ADOPTAR EL GOBIERNO PARA DEFENDER LA SOBERANÍA ENERGÉTICA DE ESPAÑA. (Número de expediente 173/000146).
La señora PRESIDENTA: Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario VOX, sobre las medidas que va a adoptar el Gobierno para defender la soberanía energética de España. Se vota en los términos resultantes de la
incorporación de las enmiendas 2, 3 y 5 presentadas por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comienza la votación (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 322 más 14 votos telemáticos, 336; a favor, 53 más 1 voto telemático, 54; en contra, 260 más 11 votos telemáticos, 271; abstenciones, 9 más 2 votos telemáticos, 11.
La señora PRESIDENTA: En consecuencia, queda rechazada la moción consecuencia de interpelación urgente.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE LA CRISIS ENERGÉTICA. (Número de expediente 173/000147).
La señora PRESIDENTA: Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la crisis energética. Se vota en sus términos.
Comienza la votación (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 322 más 14 votos telemáticos, 336; a favor, 94 más 4 votos telemáticos, 98; en contra, 228 más 9 votos telemáticos, 237; abstenciones, 1 voto telemático.
La señora PRESIDENTA: En consecuencia, queda rechazada la moción consecuencia de interpelación urgente.
DEBATES DE TOTALIDAD DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS. (VOTACIÓN):
- PROYECTO DE LEY DE MODIFICACIÓN DE LA LEY 36/2015, DE 28 DE SEPTIEMBRE, DE SEGURIDAD NACIONAL. (Número de expediente 121/000091).
La señora PRESIDENTA: Debates de totalidad de iniciativas legislativas. Votación de las enmiendas a la totalidad de devolución al Proyecto de Ley de modificación de la Ley 36/2015, de 28 de septiembre, de Seguridad Nacional, presentadas
por los grupos parlamentarios Plural y Republicano.
Comienza la votación (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 322 más 14 votos telemáticos, 336; a favor, 36 más 1 voto telemático, 37; en contra, 286 más 13 votos telemáticos, 299.
La señora PRESIDENTA: En consecuencia, quedan rechazadas las enmiendas a la totalidad.
Votación de la enmienda a la totalidad de texto alternativo al Proyecto de Ley de modificación de la Ley 36/2015, de 28 de septiembre, de Seguridad Nacional, presentada por el Grupo Parlamentario Republicano.
Comienza la votación (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 322 más 14 votos telemáticos, 336; a favor, 33 más 1 voto telemático, 34; en contra, 289 más 13 votos telemáticos, 302.
La señora PRESIDENTA: En consecuencia, queda rechazada la enmienda a la totalidad de texto alternativo.
- AVOCACIÓN POR EL PLENO:
La señora PRESIDENTA: Votación de las solicitudes de avocación por el Pleno de la Cámara de la deliberación y votación final del Proyecto de Ley de modificación de la Ley 36/2015, de 28 de septiembre, de Seguridad Nacional, presentadas por
los Grupos Parlamentarios Republicano y Plural.
Comienza la votación (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 322 más 14 votos telemáticos, 336; a favor, 313 más 12 votos telemáticos, 325; en contra, 8 más 1 voto telemático, 9; abstenciones, 1 más 1 voto telemático, 2.
La señora PRESIDENTA: En consecuencia, queda avocado a Pleno el proyecto de ley.
- PROYECTO DE LEY SOBRE PRECURSORES DE EXPLOSIVOS. (Número de expediente 121/000094).
La señora PRESIDENTA: Votación de la enmienda a la totalidad de devolución al Proyecto de Ley sobre precursores de explosivos, presentada por el Grupo Parlamentario Republicano.
Comienza la votación (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 322 más 14 votos telemáticos, 336; a favor, 28 más 1 voto telemático, 29; en contra, 286 más 13 votos telemáticos, 299; abstenciones, 8.
La señora PRESIDENTA: En consecuencia, queda rechazada la enmienda a la totalidad.
- AVOCACIÓN POR EL PLENO:
La señora PRESIDENTA: Votación de la solicitud de avocación por el Pleno de la Cámara de la deliberación y votación final del Proyecto de Ley sobre precursores de explosivos presentada por el Grupo Parlamentario Republicano.
Comienza la votación (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 317 más 13 votos telemáticos, 330; a favor, 260 más 11 votos telemáticos, 271; en contra, 51 más 1 voto telemático, 52; abstenciones, 6 más 1 voto telemático, 7.
La señora PRESIDENTA: En consecuencia, queda avocado a Pleno el proyecto de ley.
DICTÁMENES DE COMISIONES SOBRE INICIATIVAS LEGISLATIVAS. (VOTACIÓN):
- PROYECTO DE LEY DE MEDIDAS URGENTES PARA IMPULSAR LA ACTIVIDAD DE REHABILITACIÓN EDIFICATORIA EN EL CONTEXTO DEL PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA (PROCEDENTE DEL REAL DECRETO-LEY 19/2021, DE 5 DE OCTUBRE). (Número de
expediente 121/000073).
La señora PRESIDENTA: Dictámenes de Comisiones sobre iniciativas legislativas. Votación del dictamen del Proyecto de Ley de medidas urgentes para impulsar la actividad de rehabilitación edificatoria en el contexto del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia.
Comienza la votación (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 322 más 14 votos telemáticos, 336; a favor, 304 más 13 votos telemáticos, 317; en contra, 13; abstenciones, 5 más 1 voto telemático, 6.
La señora PRESIDENTA: En consecuencia, queda aprobado el dictamen.
CONVALIDACIÓN O DEROGACIÓN DE REALES DECRETOS-LEYES. (VOTACIÓN):
- REAL DECRETO-LEY 9/2022, DE 26 DE ABRIL, POR EL QUE SE ADOPTAN MEDIDAS HIPOTECARIAS Y DE GESTIÓN DE PAGOS EN EL EXTERIOR EN EL MARCO DE LA APLICACIÓN DE LAS MEDIDAS RESTRICTIVAS APROBADAS POR LA UNIÓN EUROPEA EN RESPUESTA A LA INVASIÓN DE
UCRANIA. (Número de expediente 130/000081)
La señora PRESIDENTA: Convalidación o derogación de reales decretos leyes. Real Decreto-ley 9/2022, de 26 de abril, por el que se adoptan medidas hipotecarias y de gestión de pagos en el exterior en el marco de la aplicación de las medidas
restrictivas aprobadas por la Unión Europea en respuesta a la invasión de Ucrania.
Comienza la votación (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 322 más 14 votos telemáticos, 336; a favor, 246 más 13 votos telemáticos, 259; en contra, 1 más 1 voto telemático, 2; abstenciones, 75.
La señora PRESIDENTA: Queda convalidado el real decreto-ley.
Se ha solicitado la tramitación de este real decreto-ley como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia, por lo que procedemos a votar dicha solicitud.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 322 más 14 votos telemáticos, 336; a favor, 140 más 3 votos telemáticos, 143; en contra, 158 más 10 votos telemáticos, 168; abstenciones, 24 más 1 voto telemático, 25.
La señora PRESIDENTA: Por lo tanto, no se tramita como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia.
AVOCACIÓN DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS. (VOTACIÓN):
- PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE ADOPTAN MEDIDAS URGENTES DE APOYO AL SECTOR AGRARIO POR CAUSA DE LA SEQUÍA (PROCEDENTE DEL REAL DECRETO-LEY 4/2022, DE 15 DE MARZO). (Número de expediente 121/000096).
La señora PRESIDENTA: Avocación de iniciativas legislativas.
Votación de la solicitud de avocación por el Pleno de la Cámara de la deliberación y votación final del Proyecto de Ley, por la que se adoptan medidas urgentes de apoyo al sector agrario por causa de la sequía, presentada por el Grupo
Parlamentario Plural.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 317 más 13 votos telemáticos, 330; a favor, 317 más 12 votos telemáticos, 329; abstenciones, 1 voto telemáticos.
La señora PRESIDENTA: En consecuencia, queda avocado a Pleno el proyecto de ley.
SOLICITUD DE PRÓRROGA DE SUBCOMISIONES. (VOTACIÓN):
- SOLICITUD DE LA COMISIÓN CONSTITUCIONAL DE PRÓRROGA DE SEIS MESES DEL PLAZO PARA LA CONCLUSIÓN DE LOS TRABAJOS DE LA SUBCOMISIÓN PARA LA REFORMA DE LA LEY ORGÁNICA 5/1985, DE 19 DE JUNIO, DEL RÉGIMEN ELECTORAL GENERAL. (Número de
expediente 154/000008).
La señora PRESIDENTA: Finalmente, votación de la solicitud de la Comisión Constitucional de prórroga de seis meses del plazo para la conclusión de los trabajos de la Subcomisión para la reforma de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del
Régimen Electoral General.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 321 más 14 votos telemáticos, 335; a favor, 321 más 14 votos telemáticos, 335.
La señora PRESIDENTA: En consecuencia, queda aprobada la prórroga de la subcomisión.
Muchas gracias a todos. Buenas tardes.
Se levanta la sesión.
Eran las dos y cuarenta y cinco minutos de la tarde.