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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 179, de 26/04/2022
cve: DSCD-14-PL-179
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CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE
Año 2022 XIV LEGISLATURA Núm. 179
PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª MERITXELL BATET LAMAÑA
Sesión plenaria núm. 172
celebrada el martes,
26 de abril de 2022
ORDEN DEL DÍA:
Juramento o promesa de acatamiento de la Constitución ... (Página4)
Modificación del orden del día ... (Página4)
Toma en consideración de proposiciones de ley:
- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la publicidad de prestaciones y actividades sanitarias. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie B, número 37-1, de 17 de enero de 2020. (Número de expediente 122/000011) ...
(Página5)
- Del Grupo Parlamentario VOX, Orgánica relativa a la modificación de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, para modificar el artículo 245, a fin de agravar las penas a los delitos de usurpación de inmuebles, ofrecer
mejores herramientas a las fuerzas y cuerpos de seguridad y ampliar la protección de los legítimos titulares de derechos reales. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie B, número 100-1, de 7 de septiembre de 2020. (Número de expediente
122/000069) ... (Página15)
Proposiciones no de ley:
- Del Grupo Parlamentario VOX, relativa a exigir que las organizaciones sindicales tengan la obligación de hacer pública toda la información relativa a los actos de gestión administrativa con repercusión económica o presupuestaria. 'BOCG.
Congreso de los Diputados', serie D, número 433, de 5 de abril de 2022. (Número de expediente 162/000996) ... (Página28)
- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre apoyo del sistema alimentario español como sector estratégico de la economía, que ve en riesgo su sostenibilidad por el constante incremento de costes de producción y las consecuencias
que se derivan de la invasión rusa de Ucrania. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, número 421, de 18 de marzo de 2022. (Número de expediente 162/000978) ... (Página39)
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes:
- Del Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre las declaraciones del presidente del Gobierno contra la energía nuclear. (Número de expediente 173/000141) ... (Página48)
SUMARIO
Se abre la sesión a las tres de la tarde.
Juramento o promesa de acatamiento de la Constitución ... (Página4)
El señor don Ángel Luis González Muñoz adquiere la condición plena de diputado al prestar acatamiento a la Constitución.
Modificación del orden del día ... (Página4)
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 68.1 del Reglamento y con lo acordado por los portavoces, la Presidencia somete al Pleno de la Cámara la modificación del orden del día en la parte correspondiente a las interpelaciones, en el
sentido de que se debata en primer lugar la presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, a continuación la presentada por el Grupo Parlamentario VOX y por último la presentada por el Grupo Parlamentario Republicano, lo que se
aprueba por asentimiento.
Toma en consideración de proposiciones de ley ... (Página5)
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la publicidad de prestaciones y actividades sanitarias ... (Página5)
Defiende la toma en consideración de la proposición de ley la señora Velasco Morillo, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Martínez Oblanca, del Grupo Parlamentario Mixto; la señora Gorospe Elezcano, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); el señor Díaz Gómez, del Grupo Parlamentario Ciudadanos; la
señora Cañadell Salvia, del Grupo Parlamentario Plural; el señor Eritja Ciuró, del Grupo Parlamentario Republicano; la señora López Domínguez, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común; el señor Rodríguez
Almeida, del Grupo Parlamentario VOX, y la señora Ramón Utrabo, del Grupo Parlamentario Socialista.
Del Grupo Parlamentario VOX, Orgánica relativa a la modificación de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, para modificar el artículo 245, a fin de agravar las penas a los delitos de usurpación de inmuebles, ofrecer
mejores herramientas a las fuerzas y cuerpos de seguridad y ampliar la protección de los legítimos titulares de derechos reales ... (Página15)
Defiende la toma en consideración de la proposición de ley la señora Esteban Calonje, del Grupo Parlamentario VOX.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Martínez Oblanca, del Grupo Parlamentario Mixto; Matute García de Jalón, del Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu; Legarda Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV);
Gutiérrez Vivas, del Grupo Parlamentario Ciudadanos, y Boadella Esteve, del Grupo Parlamentario Plural; la señora Telechea i Lozano, del Grupo Parlamentario Republicano; el señor Delgado Ramos, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas
Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común; y las señoras Zurita Expósito, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, y Araujo Morales, del Grupo Parlamentario Socialista.
Proposiciones no de ley ... (Página28)
Del Grupo Parlamentario VOX, relativa a exigir que las organizaciones sindicales tengan la obligación de hacer pública toda la información relativa a los actos de gestión administrativa con repercusión económica o presupuestaria ...
Defiende la proposición no de ley la señora De Meer Méndez, del Grupo Parlamentario VOX.
En defensa de la enmienda presentada interviene la señora Muñoz Vidal, del Grupo Parlamentario VOX.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Matute García de Jalón, del Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu; Barandiaran Benito, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Baldoví Roda y Boadella Esteve, del Grupo
Parlamentario Plural; y Salvador i Duch, del Grupo Parlamentario Republicano; la señora Vidal Sáez, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común; el señor Movellán Lombilla, del Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, y la señora Oria López, del Grupo Parlamentario Socialista.
Hace uso de la palabra el señor Espinosa de los Monteros de Simón, del Grupo Parlamentario VOX.
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre apoyo del sistema alimentario español como sector estratégico de la economía, que ve en riesgo su sostenibilidad por el constante incremento de costes de producción y las consecuencias
que se derivan de la invasión rusa de Ucrania ... (Página39)
Defiende la proposición no de ley la señora Marcos Ortega, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, así como la enmienda presentada por su grupo parlamentario.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen el señor Guitarte Gimeno, del Grupo Parlamentario Mixto, así como el señor Mazón Ramos, en turno de fijación de posiciones, del mismo grupo; la señora Martínez Granados, del Grupo
Parlamentario Ciudadanos, y el señor Chamorro Delmo, del Grupo Parlamentario VOX.
En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Agirretxea Urresti, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); el señor Baldoví Roda y la señora Cañadell Salvia, del Grupo Parlamentario Plural; el señor Eritja Ciuró, del Grupo
Parlamentario Republicano; la señora Franco Carmona, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, y el señor Serrano Martínez, del Grupo Parlamentario Socialista.
A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas, vuelve a hacer uso de la palabra la señora Marcos Ortega.
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes ... (Página48)
Del Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre las declaraciones del presidente del Gobierno contra la energía nuclear ... (Página48)
Defiende la moción la señora Martínez Granados, del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen los señores Requejo Novoa, del Grupo Parlamentario VOX, y Herrero Bono, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Martínez Oblanca, del Grupo Parlamentario Mixto; Ruiz de Pinedo Undiano, del Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu; la señora Sagastizabal Unzetabarrenetxea, del Grupo
Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); la señora Sabanés Nadal y el señor Bel Accensi, del Grupo Parlamentario Plural; la señora Pujol i Farré, del Grupo Parlamentario Republicano; el señor López de Uralde Garmendia, del Grupo Parlamentario Confederal de
Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, y la señora García Chavarría, del Grupo Parlamentario Socialista.
A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas, vuelve a hacer uso de la palabra la señora Martínez Granados.
Se suspende la sesión a las ocho y veinte minutos de la noche.
Se abre la sesión a las tres de la tarde.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Se abre la sesión.
Señorías, espero que disculpen mi voz, mi ronquera. Como bien saben, ha sucedido algo trascendental este fin de semana en nuestro país: un nuevo campeón de la Copa del Rey, al cual le damos la enhorabuena. Con ello, comenzamos la sesión.
JURAMENTO O PROMESA DE ACATAMIENTO DE LA CONSTITUCIÓN POR NUEVOS SEÑORES DIPUTADOS.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Con carácter previo al examen del orden del día, vamos a proceder al juramento o promesa de acatamiento de la Constitución conforme al artículo 20.1.3.º del Reglamento. En sustitución de
don Pablo Montesinos Aguayo, pregunto a don Ángel Luis González Muñoz si jura o promete acatar la Constitución.
El señor GONZÁLEZ MUÑOZ: Sí, juro.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Don Ángel Luis González Muñoz ha adquirido la condición plena de diputado. Enhorabuena. (Aplausos).
MODIFICACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): De conformidad con lo dispuesto por el artículo 68.1 del Reglamento y con lo acordado por los portavoces, esta Presidencia somete al Pleno de la Cámara la modificación del orden del día,
en el sentido de que las interpelaciones se debatan conforme al siguiente orden: puntos 26, 25 y 24 del orden del día.
¿Lo acuerda así la Cámara? (Asentimiento). En consecuencia, queda aprobada la modificación del orden del día.
TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY:
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, RELATIVA A LA PUBLICIDAD DE PRESTACIONES Y ACTIVIDADES SANITARIAS. (Número de expediente 122/000011).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Comenzamos con el debate de toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la publicidad de prestaciones y actividades
sanitarias.
Para la presentación de la iniciativa, tiene la palabra la señora Velasco Morillo.
La señora VELASCO MORILLO: Señorías, señor presidente, buenas tardes.
La Organización Mundial de la Salud define el concepto de salud como el estado completo de bienestar físico y social que tiene una persona. Para lograr este objetivo es preciso tener en cuenta que en la práctica diaria concurren a veces
iniciativas que tras tan noble planteamiento en realidad ofrecen servicios y prestaciones sanitarias de dudosa fiabilidad y que conllevan riesgos, en ocasiones graves, para los ciudadanos, a los que se les ofrecen hipotéticos resultados a cambio de
una contraprestación económica abusiva en su importe y condiciones de financiación. Surgen así iniciativas que se ven impulsadas por acciones publicitarias que no siempre están revestidas de rigor, verosimilitud y exactitud, que son obligados
cuando de la salud de los ciudadanos se trata. Velar por una información veraz y completa y de mayor transparencia son retos a los que hay que dar una respuesta sólida y contundente, de tal manera que los intereses de los ciudadanos en su condición
de usuarios y pacientes queden completamente garantizados.
Señorías, a este planteamiento de protección de la salud por parte de los poderes públicos responde la proposición de ley sobre publicidad sanitaria que esta tarde, desde el Grupo Parlamentario Popular, presentamos a su consideración. Se
trata de una proposición que, formulada a partir del mandato del artículo 43 de nuestra Constitución, quiere frenar y reconducir situaciones inadmisibles que ya han dado lugar a no pocas reclamaciones, incluidas acciones legales ante los tribunales,
y va dirigida fundamentalmente a salvaguardar la salud de los ciudadanos y los derechos de los profesionales sanitarios.
A los profesionales sanitarios les damos las gracias desde el Grupo Parlamentario Popular, porque con su presencia entre nosotros han querido respaldar desde la tribuna esta iniciativa parlamentaria. (Aplausos). Gracias, señores
presidentes de los consejos generales de odontólogos, veterinarios, podólogos y representantes de las juntas directivas de farmacéuticos, médicos, enfermería, fisioterapia y psicólogos. Muchas gracias por este gran trabajo.
Señorías, el Grupo Popular viene a recoger con esta propuesta legal una serie de reclamaciones que son las que demandan las organizaciones colegiales, las asociaciones y sociedades científicas o los pacientes ante la proliferación de
campañas de publicidad con técnicas comerciales muy agresivas y a veces engañosas. Son múltiples los anuncios y publirreportajes que aparecen frecuentemente en los distintos medios de comunicación y que promocionan la actividad de diversos centros
sanitarios, así como de otras empresas y establecimientos que en ocasiones carecen de las autorizaciones sanitarias correspondientes; publicidad, señorías, que no siempre es emitida atendiendo a los criterios de ética, objetividad y veracidad
necesarios, pudiendo crear falsas expectativas en los ciudadanos en cuanto al resultado de los tratamientos ofertados, poniendo en juego su salud, con graves e irreparables consecuencias, y, cómo no, sus intereses económicos. Desde hace algún
tiempo estamos asistiendo a un bombardeo continuo de publicidad en redes sociales, donde sin ningún tipo de conocimiento sanitario y ajenos al control de las autoridades sanitarias correspondientes recomiendan productos, medicamentos y tratamientos
que requieren legalmente de prescripción, ejecución, dispensación y seguimiento por parte de los profesionales sanitarios, debido a los enormes riesgos que pueden tener para la salud de la población.
Señorías, la publicidad en el ámbito sanitario es especialmente sensible porque afecta a la salud, precisa una atención especial por parte de las administraciones públicas y requiere una regulación adecuada que permita garantizar que los
mensajes y la información que se difundan, con incidencia en la salud de los ciudadanos, atiendan a los criterios clínicos y sanitarios éticos, dotados de rigor y basados en la evidencia científica, de modo que siempre prevalezca la protección de la
salud y la seguridad de los ciudadanos. Con esta proposición de ley sobre publicidad sanitaria queremos concretar y profundizar en los mandatos contenidos en el artículo 5 de la Ley General de Publicidad, que, en términos más amplios, establece que
la publicidad de materiales o productos sanitarios y de aquellos otros sometidos a
reglamentaciones técnico-sanitarias, así como de los productos, bienes, actividades y servicios susceptibles de generar riesgos para la salud o seguridad de las personas y de su patrimonio podrá ser regulada por sus normas especiales o
sometida al régimen de autorización administrativa previa, y todo ello en coherencia con el artículo 51.1 de la Constitución española, donde los poderes públicos garantizarán la defensa de los consumidores y usuarios, protegiendo mediante
procedimientos eficientes la seguridad, la salud y los legítimos intereses económicos de los mismos.
Señorías, el marco normativo de la publicidad que se proyecta sobre las actividades y prestaciones sanitarias es muy complejo y, sobre todo, disperso, lo que genera desorientación e inseguridad en los ciudadanos. En este momento hay normas
que tienen por objeto regular la actividad publicitaria en general -por ejemplo, la Ley General de Publicidad-, un amplio grupo de normas sectoriales mucho más eficientes o específicas que incorporan en sus articulados la regulación de aspectos
concretos en relación con la publicidad de los bienes o servicios objeto de regulación. También debemos tener en cuenta las normas que regulan los diferentes medios de comunicación, puesto que ellos inciden sobre la publicidad.
Así pues, en la actualidad existe en nuestro ordenamiento jurídico una enorme dispersión normativa en materia de publicidad en el ámbito sanitario, lo cual no contribuye a otorgar a los pacientes o usuarios la seguridad y la protección
necesarias. A ello se une que, en buena medida, quedan diluidas y poco delimitadas las competencias de cada una de las administraciones intervinientes en el control de estas actividades. En este sentido, podríamos enumerar la Ley 44/2003, de
ordenación de las profesiones sanitarias, esta que tanto agradecen los profesionales que están en la tribuna, porque en su artículo 44 regula la publicidad de los servicios y prestaciones ofrecidos al público por los profesionales sanitarios. O la
Ley 14/1986, General de Sanidad, que regula la publicidad en sus artículos 27, 30.1, 102 y 110, donde ordena que las administraciones públicas, en el ámbito de sus competencias, realicen un control de la publicidad y propaganda comercial para que se
ajusten a criterios de veracidad en lo que atañe a la salud. O también la Ley 34/1998, General de Publicidad, que en su artículo 8 regula la forma y mensajes publicitarios. O la Ley 26/1984, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios,
que establecía como derecho básico de los consumidores y usuarios la protección contra los riesgos que puedan afectar a su salud, así como la información correcta sobre los diferentes productos o servicios. O el Real Decreto Legislativo 1/2007, por
el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, que en su artículo 14.2 establece las medidas en lo relativo a su control, vigilancia e inspección.
Señorías, el marco regulatorio vigente, tal y como está concebido, por tanto, es insuficiente y manifiestamente mejorable. Por ello, y sobre todo por la defensa y la garantía eficaz de la salud y de los legítimos intereses de los ciudadanos
frente a actuaciones o prácticas publicitarias engañosas, pedimos la toma en consideración de esta proposición de ley, con el objeto, señorías, de regular los aspectos básicos de la publicidad sanitaria que tenga como fin la contratación de
prestaciones o actividades sanitarias destinadas al público o a los profesionales sanitarios, como se recoge en el texto de la iniciativa. Es preciso contar con una norma para los servicios sanitarios donde se contemple cuáles van a ser los
principios generales que sustentan la publicidad sanitaria o cuáles las exclusiones o prohibiciones de la publicidad sanitaria destinada al público o los soportes de la publicidad destinados a los profesionales sanitarios, el control sanitario de la
publicidad o la cooperación entre las administraciones sanitarias, entre otros aspectos contemplados en el articulado.
Señorías, tanto la Ley General de Sanidad como la Ley General de Publicidad prevén la posibilidad de establecer un desarrollo normativo específico de controles y autorización con el fin de proteger la salud de la población, que es lo que se
pretende con esta proposición de ley, a fin de conseguir que todas las comunicaciones en materia sanitaria sean exactas y verídicas en cuanto al contenido y adecuadas en cuanto a la forma para fomentar la seguridad del paciente. La actual crisis
sanitaria ha dejado patente la vulnerabilidad de los ciudadanos frente a mensajes publicitarios, en especial cuando envuelven un significado o contenido sanitario.
Señorías, ya en abril de 2021 se aprobó por unanimidad en el Senado una moción de mi grupo parlamentario en este sentido. Creo que la mayoría de nosotros estamos de acuerdo en lo fundamental de la propuesta, que cuenta con un amplio
respaldo de los profesionales sanitarios y de sus respectivos colegios, de las sociedades científicas y de las asociaciones de pacientes y consumidores. Todos ellos han estado con nosotros trasladando estos problemas y la gravedad de algunos casos,
solicitándonos la urgente necesidad de regular la publicidad sanitaria. Señorías, hoy ha llegado el momento de concretar nuestro compromiso. La proposición de ley del Grupo Parlamentario Popular busca alcanzar un amplio
consenso de los grupos. Esperamos que el resto de los grupos actúen con responsabilidad y se sumen a esta iniciativa. Queremos mejorar la calidad y la veracidad de la publicidad sanitaria para, en coordinación con los profesionales
sanitarios y con los pacientes, lograr erradicar y evitar situaciones que han generado graves perjuicios en su salud. Desde el Grupo Popular pedimos a todos ustedes el apoyo a esta iniciativa parlamentaria, a su toma en consideración, para que,
desde la pluralidad, logremos la mejor norma sobre la publicidad sanitaria, capaz de garantizar su veracidad y credibilidad en términos de percepción social, preservar la salud de los ciudadanos y apoyar a los buenos profesionales y el buen
ejercicio profesional.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias.
En turno de fijación de posiciones, tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Mixto, el señor Martínez Oblanca.
El señor MARTÍNEZ OBLANCA: Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes, señoras y señores diputados.
Permítanme que me sume a la bienvenida a los representantes de profesiones sanitarias que nos distinguen esta tarde con su presencia en la tribuna de invitados.
A principios de esta XIV Legislatura, allá por diciembre de 2019, presentó el Grupo Parlamentario Popular esta proposición de ley relativa a la publicidad de prestaciones y actividades sanitarias. Es una evidencia que pese a la maraña de
leyes estatales y autonómicas, normas y reglamentos que, régimen sancionador incluido, tratan de salvaguardar la salud pública y controlar los servicios y la venta de productos, España carece de una legislación específica relacionada con este tipo
de publicidad. De ahí que resulte más que necesaria la iniciativa que ha defendido la diputada, señora Velasco Morillo, con mucho mayor motivo cuando los diferentes consejos generales han vuelto a reclamar una regulación para poner en valor los
criterios clínicos y sanitarios, tal y como se señala en el manifiesto elaborado hace dos meses con el que las organizaciones colegiales de dentistas, farmacéuticos, médicos y veterinarios, entre otras, alertaron sobre la urgencia de una regulación
para la publicidad sanitaria.
Señorías, ya se han citado algunos ejemplos sobre los métodos de captación de clientes, a los que se ofertan centros, clínicas, establecimientos, medicamentos, productos, etcétera, con los que recibir una especie de bálsamo de Fierabrás para
resolver cuestiones de salud o acceder a tratamientos que, en todo caso, precisan de la prescripción, dispensación y el correspondiente seguimiento facultativo.
Este no es un asunto nuevo, si bien el problema se ha venido agudizando con el paso del tiempo y, de modo singular, con la proliferación de plataformas y medios digitales, así como por los consabidos impactos de las redes sociales. En este
sentido, viene al caso que haga referencia a una pregunta oral que, en mi condición de senador, formulé en septiembre de 1999, VI Legislatura -ya llovió-, en el Pleno de la Cámara Alta al entonces ministro de Sanidad y Consumo, el señor Romay
Beccaría, en relación con la publicidad de medicamentos dirigida al consumidor y su venta por correo, lo que ya entonces era una creciente preocupación no solo en nuestro país, sino también en el conjunto de la Unión Europea. Aquellos años finales
del pasado siglo eran tiempos incipientes en el desarrollo de Internet y la expansión de la telefonía móvil y otros dispositivos que ahora, en pleno 2022, al alcance de toda la población, resultan imprescindibles para desarrollar la actividad
cotidiana de toda la sociedad, pero que tienen también un lado oscuro, como tantas veces se constata, del que no se libra el mercado sanitario.
Señorías, con esta proposición de ley relativa a la publicidad de actividades y prestaciones sanitarias, España puede y debe avanzar en la adopción de medidas que traten de poner coto a unas prácticas que en no pocos casos inducen a la
confusión, al engaño y al peligro para las personas. La propia Constitución española, en su artículo 43, consagra el derecho a la protección de la salud. Sin embargo, en el amplio espectro de nuestra legislación sanitaria no contamos aún con
normativas que regulen adecuadamente la propaganda y la publicidad comercial en torno a las prestaciones sanitarias, que con relativa frecuencia tienen una deriva indeseada y funesta, porque parten de premisas falsarias tanto en lo sanitario como en
lo económico para hacer más productiva la campaña de captación de clientes. En las Cortes Generales ya hemos tenido oportunidad de conocer de primera mano los impactos que han sufrido pacientes afectados por el cierre de clínicas, singularmente en
el ámbito dental, que han visto interrumpido súbitamente su tratamiento y se han convertido en víctimas con secuelas a veces graves e irreparables para su salud, pero no son los únicos. Últimamente, se multiplican las denuncias y quejas relativas a
los tratamientos-milagro que vienen arropados por la publicidad comercial en la que también participan los denominados famosos o que es difundida por célebres influencers reconvertidos en referentes para una
parte de la población y que, al amparo de un derecho fundamental como es la libertad de expresión y el derecho a la información, son utilizados como cebo para campañas comerciales sanitarias agresivas.
Señoras y señores diputados, el control de la publicidad en el ámbito sanitario, tanto de productos y medicamentos como de actividades y servicios, es absolutamente insuficiente. Como suele suceder, las prácticas irregulares e incluso
ilícitas encuentran carencias y resquicios en nuestras leyes. Estamos ante una materia en la que el Estado y las comunidades autónomas tienen competencias, pero ante la patente reiteración de episodios que ponen de manifiesto una creciente
desprotección de la salud como secuela de un mayor volumen de publicidad, mensajes e informaciones que inducen a la confusión y a la vista de las alarmas que están haciendo sonar las organizaciones colegiales, que unánimemente reclaman una urgente
regulación de la publicidad sanitaria, la toma en consideración de esta proposición de ley del Grupo Parlamentario Popular está más que justificada, porque España necesita reforzar el actual marco vigente sobre esta materia.
Al respecto, también conviene reseñar el escaso desarrollo del Plan para la protección de la salud frente a las pseudoterapias, presentado en noviembre de 2018, que se elaboró sobre la base de los principios de evaluación en torno al
conocimiento y la evidencia científica, la difusión y transparencia de la información y el cumplimiento normativo. El propio Gobierno ha reconocido que la crisis sanitaria por el COVID-19 ha diluido la ejecución de este plan. En definitiva,
respaldo la toma en consideración.
Para finalizar, señor presidente, puesto que hablamos de un asunto de interés para la salud, permítanme que me haga eco de la concentración que enfermeros y enfermeras de toda España, colegas míos, realizaron esta misma mañana frente al
Congreso de los Diputados para reclamar la aprobación de la ley de seguridad del paciente, que se impulsó hace año y medio a partir de una iniciativa legislativa popular respaldada por más de 650 000 firmas y que recibió en esta Cámara casi el 90 %
de votos favorables. No caben más pretextos para mantener en el congelador parlamentario la tramitación de esa ley imprescindible.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchísimas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra la señora Gorospe Elezcano.
La señora GOROSPE ELEZCANO: Gracias presidente. Buenas tardes a todos y a todas.
Buenas tardes a todos ustedes (dirigiéndose a la tribuna de invitados). Sé que muchos han estado peleando mucho para que esta proposición de ley viera la luz. Indudablemente, es una proposición de ley que responde a la demanda de muchos
colectivos que llevan tiempo pidiéndolo, aunque es cierto que es un tema que está actualizado en distintas leyes del ámbito sanitario y que se detallan en la exposición de motivos de la proposición de ley que su grupo parlamentario ha presentado y
que usted ha defendido en su nombre.
Sabe que el primer análisis que hace nuestro grupo, la primera aproximación que hace a cualquier iniciativa es desde un enfoque competencial. En principio, no parece que afecte al ámbito competencial sanitario, porque la competencia
administrativa para la concesión de la nueva autorización de la publicidad sanitaria destinada al público que se introduce como novedad se atribuye en el texto a la autoridad sanitaria competente. Estas competencias ya vienen siendo desarrolladas
por las autoridades sanitarias autonómicas. En el caso de la Comunidad Autónoma de Euskadi, esta actuación en concreto se regula en el Decreto 31/2006, de autorización de los centros, servicios y establecimientos sanitarios. En relación con el
contenido que se regula en la proposición de ley, es verdad que podemos encontrarnos con que haya actuaciones cuya difusión supere también el ámbito territorial autonómico.
En cuanto al fondo, consideramos que es oportuna la actualización de esa normativa sobre publicidad orientada a la protección de las y los pacientes a la que me refería en el inicio de la intervención para que sea más acorde al contexto
social actual. También hay que recordar que la propia Comisión de Control de la Publicidad Sanitaria alcanzó en 2017 una serie de acuerdos internos que aparecen en la proposición de ley de cara a poder responder a los nuevos planteamientos y
realidades en torno a esa publicidad a los que la normativa reguladora debería adecuarse y actualizarse.
Por último, quiero decir que si al final se toma en consideración y se tramita la proposición de ley por ustedes presentada, hay algunos aspectos que desde nuestro grupo parlamentario propondríamos corregir. Le hago una serie de
observaciones. Por ejemplo, en el texto no se aborda la cuestión de la publicidad en redes sociales y en Internet, que es un marco en el que debemos avanzar en la regulación. También resulta cuestionable, a nuestro juicio, la definición que
contiene de lo que debe entenderse como publicidad sanitaria y los principios en los que debe basarse esa publicidad. Veremos qué sale de este
debate, y en caso de que avance -insisto-, nuestro grupo parlamentario presentaría enmiendas para procurar mejorar ese texto propuesto.
Gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas Gracias.
Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor Díaz Gómez.
El señor DÍAZ GÓMEZ: Gracias, presidente.
Hoy vamos a hablar de materia sanitaria y, de entrada, tengo que mandar nuestro apoyo a los enfermeros y enfermeras que hoy defienden la ILP que promovieron en la puerta del Congreso, para que, por favor, no retrasen más su tramitación y
España tenga por fin una ley de ratios que nos equipare al resto de Europa.
Hoy voy a hablar principalmente de la mentira; lo voy a hacer en un ámbito muy concreto, que es el ámbito sanitario, pero voy a hablar de la mentira. Sin embargo, quiero hacer una referencia previa. Hace tres semanas tanto el Partido
Popular como, sobre todo, el Partido Nacionalista Vasco me pusieron a caldo, incluso más allá de lo que la cortesía parlamentaria admite, por pedir -hace tres semanas- la erradicación de la mascarilla obligatoria en interiores. Yo les miro ahora y
no les veo con la mascarilla en interiores, por la que me pusieron a caldo (aplausos), sobre todo los señores del PNV, y quiero saber si mintieron hace tres semanas o mienten hoy y son ustedes unos kamikazes que van sin mascarilla en interiores.
Dicho esto, vamos a lo de la mentira. Estamos ante una ley ad hoc que tiene su origen en una práctica deshonesta de las empresas; yo recuerdo específicamente cuando se registró por primera vez en el ámbito dental. Cuando uno afronta este
tipo de problemas debe tener claro cuáles son los principios que inspiran su actividad política. Me explico. Hoy el Partido Popular trae aquí una serie de prohibiciones que afectan a la publicidad en sanidad, por tanto a empresas en el ámbito
sanitario, y apuestan por una regulación que podemos compartir en gran parte. Por esta razón, no nos vamos a oponer a la tramitación de esta norma, pero creemos que no siempre la amputación es la solución.
¿Qué quiero decir? En el PP creen que la mejor forma de combatir la mentira es prohibir la acción de todos, y nosotros no nos vamos a rendir a que haya que prohibir la acción de todos. Nosotros creemos que prohibir no es el verbo más
liberal que se nos puede ocurrir. Pero ya les digo que, vía enmiendas, intentaremos matizar algunas de las cuestiones que nos plantean en esta norma que creemos mejorables o que creemos que no frenarían la acción de quienes legítimamente quieran
publicitarse o quieran trabajar en este ámbito, aunque sea materia sanitaria, cumpliendo con algunas de las cuestiones que ustedes plantean aquí.
De todas formas, es hora de empezar a hablar del derecho a la verdad en general de la ciudadanía, porque existe un riesgo global, que es el riesgo que entraña el relativismo desmedido que impregna la acción pública de forma constante.
También hay expertos mentirosos en esta Cámara. Los hay que existen con una mentira como base y los hay que surfean en una ola de mentiras comúnmente aceptadas como ciertas. En Ciudadanos estamos muy preocupados y estamos trabajando por el derecho
a la verdad. Queremos, por ejemplo, que cuando a alguien le llegue un wasap reenviado afirmando que las vacunas contra la COVID son un mecanismo de control o le llegue un mensaje reenviado, como vimos algunos, diciendo que se está planeando aprobar
el aborto hasta el noveno mes -todos promovidos de forma cobarde desde partidos políticos que no dan la cara y miserablemente amparados en el bot-, que cuando alguien quiera intoxicar de esta manera, la legislación lo contemple también y, frente a
la burda propaganda, haya mecanismos para hacerle frente. Queremos que el autor pueda emitir esos mensajes, pero también queremos que se sepa quién es el autor de esos mensajes y que es un mentiroso. Yo creo en la libertad para mentir y en la
libertad que otorga el conocer al mentiroso, en la sanción al mentiroso. En eso creemos y ahí irán encaminadas la mayoría de nuestras enmiendas, pero no creemos que prohibir sea la vía. Lo que queremos es que la ciudadanía sepa que una persona,
una entidad o una empresa es mentirosa, que sepa que mienten, pero para ello, por ejemplo, necesitamos unos medios de comunicación públicos que no estén intervenidos por el poder político, como va a volver a pasar en Madrid con el PP y VOX en
Telemadrid o como hicieron PP, PSOE y Podemos en Radiotelevisión Española, porque los medios públicos tienen una labor muy importante en esta parcela.
Hace un par de meses, Alberto Garzón propuso aquí prohibir la publicidad de algunos productos con elevado contenido en azúcar, que, como todos saben, no son buenos para la salud. Es decir, con el indiscutible objetivo de proteger la salud
de los españoles proponía prohibir este tipo de publicidad,
exactamente con el mismo objetivo que tiene el Partido Popular hoy. ¿Cómo reaccionó el PP entonces? Pues salieron a las redes a hacerse fotos atiborrándose de Donuts, Donettes, bollos y con productos industriales de chocolate. Hicieron
una suerte de versión del cuadro de La Libertad guiando al pueblo de Delacroix, pero, en vez de con la Libertad a la cabeza, con una especie de Homer Simpson con un Bollycao en la mano. En aquel momento se burlaron de esa medida, y hoy, en cambio,
una medida similar les parece bien. ¿Cuál es la diferencia? Nosotros en aquel momento no estuvimos de acuerdo con la medida porque amputaba la libertad y hoy tampoco porque amputa la libertad. Miren, leí hace poco un libro importantísimo, La
verdad, de Arcadi Espada, y decía que una de las renovaciones cruciales de la democracia sería establecer los daños que producen las mentiras mediáticas, el modo de combatirlas, corregirlas e indemnizarles. Por ahí creemos nosotros que va la vía
para afrontar estos asuntos. Pero no es prohibir mentir lo que hay que hacer, sino sancionar la mentira. Jean-François Revel ha escrito, en su felizmente reeditado El conocimiento inútil, que la primera de todas las fuerzas que dirigen el mundo es
la mentira. También deberíamos leer, escuchar y hacer caso al mejor pensador sobre la verdad, el mayor defensor de su existencia y del daño que está haciendo a nuestra democracia y libertad la mentira, que es Simon Blackburn, cuando dice que hemos
de quitar todas las comillas posmodernas de las cosas que deberían importarnos. Estas cosas son: la verdad, la razón, la objetividad y la confianza, porque son esas cuestiones las que fundamentan nuestra libertad. La verdad os hará libres; la
mentira nos hará esclavos. Que los españoles sepan mediante la legislación quiénes son sus mentirosos patrios
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias.
Por el Grupo Parlamentario Plural, tiene la palabra la señora Cañadell Salvia.
La señora CAÑADELL SALVIA: Gracias, presidente. Buenas tardes, señorías, y buenas tardes a los representantes de los distintos colectivos sanitarios que hoy nos acompañan.
Desde hace tiempo distintos colegios profesionales del ámbito de la salud están advirtiendo de la necesidad de actualizar y adaptar la normativa que regula la publicidad de medicamentos, tratamientos y prestaciones sanitarias. Los métodos y
estrategias publicitarias en este campo han evolucionado mucho más rápido que la propia regulación. La publicidad en redes sociales, muchas veces a través de los llamados influencers, junto con la ola de fake news y bulos que podemos encontrar en
las redes ha llevado a que los profesionales y organizaciones de consumidores den la voz de alarma y pidan una puesta al día de la legislación en esta materia. Estas reclamaciones se plasmaron hace pocos meses en un manifiesto conjunto firmado por
el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos, el Consejo General de Colegios Farmacéuticos, el Consejo General de Colegios de Veterinarios y el Consejo General de Dentistas. La publicidad nunca debería inducir al error y, si se trata de
publicidad sanitaria, las exigencias tienen que ser mucho mayores porque se puede poner en riesgo la salud de las personas o de nuestras mascotas. Personas sin ningún tipo de conocimiento sanitario no deberían recomendar productos, tratamientos o
medicamentos que requieren de prestación, ejecución, dispensación o seguimiento por parte de un médico, veterinario, dentista o farmacéutico. En definitiva, las administraciones públicas competentes tienen que velar por una publicidad sanitaria
veraz, objetiva, exacta y basada en la evidencia científica con el objetivo de garantizar la seguridad del paciente. Por lo tanto, hoy, diputada Elvira, votaremos a favor de la toma en consideración de esta proposición de ley, estaremos
especialmente vigilantes durante su tramitación para asegurarnos que se respeta escrupulosamente el marco competencial de las comunidades autónomas y trabajaremos en formato enmiendas para poder mejorar el texto presentado.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Republicano, tiene la palabra el señor Eritja Ciuró.
El señor ERITJA CIURÓ: Muchas gracias, presidente.
Señorías, quiero agradecer también la presencia en la tribuna de los representantes de los colectivos sanitarios. Ya les avanzo que vamos a votar a favor de la toma en consideración de la proposición de ley relativa a la publicidad de
prestaciones y actividades sanitarias.
Es evidente que ante la proliferación de campañas de publicidad con técnicas comerciales muy agresivas y en ocasiones engañosas, que han acabado muchas veces en irregularidades, estafas y fraudes, es necesario actualizar y reforzar la actual
regulación de la publicidad sanitaria. Voy a recoger
una parte, un fragmento, del manifiesto presentado por diversas organizaciones colegiales del sector sanitario, básicamente por su claridad al respecto y porque establecen realmente cuál es el problema. Dicha publicidad no siempre es
emitida atendiendo a los criterios de ética, objetividad y veracidad necesarios, pudiendo crear falsas expectativas en los ciudadanos en cuanto al resultado de los tratamientos ofertados, poniendo en juego sus intereses económicos, así como graves e
irreparables consecuencias en su salud. Más recientemente, estamos asistiendo a un bombardeo continuo de publicidad en redes sociales por parte de los denominados influencers, quienes, sin ningún tipo de conocimiento sanitario y ajenos al control
de las autoridades sanitarias correspondientes, recomiendan productos, medicamentos y tratamientos que requieren legalmente de prescripción, ejecución, dispensación y seguimiento por parte de profesionales sanitarios debido a los enormes riesgos que
pueden conllevar para la salud de la población. Evidentemente, la gota que finalmente ha colmado el vaso ha sido el fraude generado por la quiebra de varias clínicas dentales, dejando a muchos pacientes con su problema bucal sin resolver y en
muchos casos con deudas con entidades financieras. Se ha convertido ya no solo en un problema sanitario, sino incluso en un problema social. No voy a insistir en los hechos acontecidos al detalle, que ya lo han hecho mis compañeros y creo que no
es esta la cuestión, pero sí quería recordar que, gracias precisamente a reivindicaciones como las de la Agrupación de Afectados iDental, hoy por hoy las demandas de estos colectivos se han traducido en esa proposición de ley. Cualquier medida de
regulación tiene plena legitimidad y es especialmente sensible cuando tratamos precisamente de servicios sanitarios, ya que afectan al derecho propio de la salud de las personas, y cualquier prestación de servicios sanitarios ha de garantizar por
encima de todo la calidad asistencial, eso está clarísimo.
Una última reflexión al respecto y precisamente contra el mantra de que la sanidad privada garantiza la calidad de los servicios sanitarios y en cambio la pública, no. La estafa de iDental ha demostrado que la sanidad privada no siempre
antepone la calidad del servicio a los beneficios empresariales, y en ese sentido aprovecho para recordarles la importancia de incluir los servicios bucodentales en la cartera de servicios comunes, hecho que algunas comunidades, como la de Cataluña,
ya venimos implementando desde 2019, dando nuestro apoyo muchas veces a su desarrollo en el conjunto del Estado. Quizás con una buena cobertura pública de salud bucodental hubiésemos evitado una parte del problema o, como mínimo, habríamos ayudado
a que la calidad de la prestación del servicio hubiera sido una prioridad por encima de otras. En todo caso, esperemos que hoy, finalmente, sea admitida la proposición de ley para poder mejorar el texto y para poder aportar enmiendas; en muchos
casos, enmiendas que algunos compañeros han comentado sobre cuestiones competenciales, pero también enmiendas que permitan afinar mucho más en otros aspectos que ya iremos viendo.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias.
Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, tiene la palabra la señora Medel Pérez.
La señora LÓPEZ DOMÍNGUEZ: Buenas tardes.
Como saben, soy Laura, no soy Rosa, aunque por su aspecto de doctora y su descarada y buena defensa de la sanidad pública también me gustaría serlo.
Vamos al tema que nos ocupa. Saben ustedes que en política uno de los logros más importantes es situar el debate. Aquí, en sede parlamentaria, muchas veces lo hacemos; fijamos la agenda política y a veces incluso lo hacemos -yo creo que
mi partido no, así que diría lo hacen- de una manera mezquina, que tiene como objeto confundir al espectador y pretender defender unos intereses cuando en verdad se están persiguiendo otros. Uno podría pensar que el debate de hoy se ciñe
simplemente a si estamos de acuerdo en regular la publicidad sanitaria o no. Incluso, las personas que hoy no apoyemos esta iniciativa vamos a correr el riesgo de ser consideradas como que no apoyamos a las personas afectadas por el abuso de Dentix
o Vitaldent, entre otras compañías, y quizá otras aberraciones más. Saben ustedes que el tema nunca es simple, y en política me parece que quien quiera plantear las cosas de manera dicotómica se equivoca. Así que el debate no es si queremos solo
regular la publicidad sanitaria o no, sino que el debate sobre el que versa esta buena propuesta que nos trae hoy el Partido Popular es un poco más antiguo, creo que es el típico debate entre la derecha y la izquierda en teoría económica, ciencia
política e incluso filosofía. Me refiero a algo que ya ha apuntado tímidamente el compañero de Esquerra, el señor Eritja. ¿Qué hacemos? ¿Cómo provisionamos los servicios públicos? ¿Lo hacemos de forma privada o lo hacemos de forma pública? Eso
me llama a una segunda cuestión del debate, que también se ha apuntado
en esta tribuna: qué servicios y prestaciones se deberían incluir en nuestra sanidad pública. Me parece que tanto los casos de Dentix, Vitaldent y otras compañías, como el mismo contenido de la propuesta del Partido Popular dejan claro
algo que nosotros tenemos muy claro y que los partidos de izquierda siempre defendemos, y es que los servicios públicos, los derechos de los ciudadanos están mucho más defendidos y garantizados si están provistos de una manera pública. Repito lo
que ya se ha dicho, pero para que quede claro, sabemos que si es una empresa privada la que se encarga de la provisión del servicio es muy fácil que se mueva por la maximización del beneficio y no por la calidad de dicho servicio, de manera que a
veces incluso se ofrecen productos que el ciudadano no necesita y, como ha pasado en el caso de las citadas empresas, que incluso son dañinos para su salud. Esta reflexión me lleva al segundo tema que les mencionada y que también se ha comentado:
creo que es imperativo que trabajemos para que la salud bucodental sea incluida en nuestro catálogo de servicios públicos. El caso que ha movilizado todo este debate hubiese sido muy distinto si todas las personas tuviésemos acceso a este servicio.
Situado el debate en lo que creía que es realmente interesante, ahora viene aquello tan dicho de que si no se puede otra cosa por el momento, se tendrá que gestionar en el capitalismo. En este sentido, voy a dedicar unos minutos a concretar
nuestra visión sobre la necesaria y pertinente labor que nos ocupa. Nosotros somos conscientes de que muchos colectivos de distinta índole, desde colegios que nos han hecho llegar a todos los señores y señoras diputadas su visión hasta asociaciones
de consumidores y sobre todo los afectados por las estafas de las citadas empresas, creen que la regulación de la publicidad sanitaria puede ser una buena medida, y podríamos decir en términos genéricos que mi grupo parlamentario también.
Obviamente, la publicidad tiene como objetivo persuadir más que informar y, en el ámbito de la salud, lo especialmente deseable es que las personas contemos con bastante información y que esta sea clara y objetiva para que nos permita tomar
decisiones informadas sobre las cuestiones que nos afectan. Defendemos que se analice la legislación ya existente sobre esta práctica, que se revisen los mecanismos de control y sanción, que se hable con todos los sectores implicados y que se
colabore con las comunidades autónomas en el marco de sus competencias.
Saben que nuestro compromiso con la salud pública es claro y firme. Voy a dejar en el aire si se puede decir lo mismo de algunos grupos de esta Cámara, en especial el grupo proponente. Saben ustedes que el Ministerio de Consumo está
trabajando para la regulación de la publicidad de los productos y servicios que afectan a la salud de las personas en otros ámbitos como son, por ejemplo, la nutrición infantil -la publicidad de los productos con alto contenido de azúcar y grasas- o
la regulación de las actividades de juegos y casas de apuestas y donde pueden y no pueden hacer publicidad. Lo esperado sería pensar que el Partido Popular estuviese de acuerdo con estas medidas impulsadas por el Ministerio de Consumo porque se
está persiguiendo lo mismo, que es proteger la salud de las personas, y con la misma herramienta, la regulación de la publicidad, pero en lugar de ello nos encontramos con esa desafortunada foto y con esa desafortunada frase pronunciada por una
conocida persona del Partido Popular -drogas sí, dulces no-, desprestigiando en todo momento el uso de la regulación de la publicidad en áreas de la salud, en este caso de la salud infantil, con lo graves que son los números que presentamos de
obesidad infantil.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias.
Por el Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra el señor Rodríguez Almeida. (Aplausos).
El señor RODRÍGUEZ ALMEIDA: Muchas gracias, señor presidente.
Sorprende mucho oír hablar al comunismo de servicios públicos, de servicios sanitarios. (Aplausos). Parece que ellos solo quieren que haya un tipo de servicio, el público, y qué bien está la sanidad en aquellos países donde se usa el
comunismo, ¿verdad? (Rumores).
La materia de la proposición de ley cuya toma en consideración estamos debatiendo ya está regulada y, además, en los mismos términos pretendidos. La proposición de ley establece en su artículo 12 la exigencia de solicitud de autorización
administrativa previa de la publicidad sanitaria destinada al público. Pues bien, el apartado 2 del artículo 102 de la Ley General de Sanidad ya exige exactamente lo mismo. Leo literalmente: La publicidad de productos sanitarios dirigida al
público requerirá la autorización previa de los mensajes por la autoridad sanitaria. Se trata exactamente de la misma exigencia normativa, redactada en términos prácticamente idénticos. El artículo 10 de la norma propuesta afirma que la inspección
y control del cumplimiento corresponden a las autoridades sanitarias y demás órganos competentes, de acuerdo con el artículo 27 de la Ley General de Sanidad; es decir, no establece nada
nuevo, sino que se establece una referencia a una norma vigente. Además de la norma a la que se hace referencia, la misma exigencia está prevista en el artículo 18.3 de la Ley General de Salud Pública; es decir, ya tenemos dos normas que
afirman lo mismo, y con la proposición del Grupo Parlamentario Popular que estamos tomando en consideración tendríamos una tercera norma con idéntica previsión normativa para determinar la competencia sobre la inspección y control de la publicidad
de prestaciones y actividades sanitarias.
En la exposición de motivos plantean una teórica dispersión normativa. Señora Velasco, ha usado usted el calificativo 'enorme' al hablar de la dispersión normativa de la publicidad sanitaria porque esta está regulada en cuatro normas: la
Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias, la Ley General de Sanidad, la Ley General de Publicidad y la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios. Me parece, señora Velasco, con todos los respetos, que hablar de enorme
dispersión normativa por estar regulado en tres leyes generales y otras más específica es no conocer la maraña de leyes estatales, autonómicas y europeas, además de las ordenanzas municipales, que tenemos en España. Tengo la impresión de que los
diputados o asesores del Grupo Parlamentario Popular que han redactado esta proposición de ley nunca han ejercido una actividad profesional o empresarial en España. Mire, yo soy abogado y empresario en cuatro sectores económicos. Le puedo asegurar
que la promoción o publicidad del ejercicio profesional de la abogacía o de cualquiera de esos cuatro sectores económicos está afectada por muchas más que esas cuatro leyes. ¿Que propone el Partido Popular? ¿Promulgar un texto refundido, un código
legislativo o una ley específica para la publicidad de cada sector económico?
Además, se equivocan en el diagnóstico de la mayoría de casos que más han alarmado en el ámbito sanitario. La causa en la inmensa mayoría de los casos no ha sido la falta de una regulación clara, sino la falta de exigencia del cumplimiento
de la normativa por parte de las administraciones competentes. (Aplausos). Desconozco el empeño del Partido Popular por promulgar nuevas leyes sobre materias que ya están reguladas. Les pasó exactamente lo mismo con la pretendida ley de pandemias
y ahora con esta proposición de ley. Les animo a considerar el amplísimo entramado normativo estatal, autonómico y europeo al que someten a los ciudadanos. Si por alguna razón no pudiesen detener ese deseo irrefrenable de promulgar una nueva
norma, les sugiero que propongan una ley de publicidad de promesas y programas políticos. Quizás esa no les interesa porque retrataría al Partido Popular, que prometió la derogación de la ley del aborto y que bajaría los impuestos, y con mayoría
absoluta Rajoy no cumplió ni lo uno ni lo otro. (Aplausos). Por cierto, lo que no hicieron con mayoría absoluta, bajar los impuestos, se lo exige ahora desde la oposición un nuevo presidente gallego del Partido Popular, el señor Feijóo, a un
presidente socialista. Es realmente sorprendente. ¿Creen que todavía les queda credibilidad? ¿Ni siquiera se sonrojan al volver a hacer las mismas propuestas que incumplieron con mayoría absoluta?
La realidad es que para evitar este tipo de estafa de los políticos a los ciudadanos tampoco parece necesario promulgar una nueva norma. Son los españoles quienes juzgan a sus políticos en cada convocatoria electoral. ¿Recuerdan, señorías
del Grupo Parlamentario Popular, su resultado electoral posterior al Gobierno del señor Rajoy? Sesenta y seis escaños. ¿Qué creen que le va a pasar al PSOE en las próximas elecciones? Lo mismo. El candidato Sánchez prometió reiteradamente que no
pactaría con Unidas Podemos ni con Bildu; justificó la repetición electoral de noviembre de 2019 en su negativa a formar Gobierno de coalición con Podemos. Dijo literalmente: si hubiera aceptado las exigencias de Pablo Iglesias, hoy sería
presidente del Gobierno, pero sería un presidente que no dormiría por la noche, junto con el 95 % de los ciudadanos de este país. (Aplausos). Les recuerdo otras declaraciones: Le estoy diciendo que con Bildu no vamos a pactar. Si quiere se lo
digo cinco veces o veinte: Con Bildu no vamos a pactar; con Bildu, se lo repito, no vamos a pactar. Si quiere se lo repito otra vez. ¡Qué rotundidad tan chulesca!, ¿verdad? Esto, como las promesas incumplidas de Rajoy, es literalmente una
estafa a los españoles, que les condenarán a un rotundo y merecido fracaso electoral.
Señorías, deberían pensar en el ciudadano y en las consecuencias prácticas y económicas de cada nueva ley. Posiblemente eso solo sea posible si estos escaños estuviesen ocupados mayoritariamente por profesionales, como sucede en el Grupo
Parlamentario VOX. En VOX la política está centrada en la persona, en el ciudadano. Por esta razón, estamos comprometidos con la simplificación normativa en favor de los ciudadanos. Es la medida 37 de las 100 medidas para la España Viva.
Señorías del Grupo Parlamentario Popular, les animo a valorar una consideración muy elemental: el marco normativo debe ser mejorado, pero no debe ser ampliado.
Muchas gracias. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Ramón Utrabo.
La señora RAMÓN UTRABO: Gracias, presidente. Buenas tardes, señorías. Bienvenidos a los profesionales y las profesionales que esta tarde nos acompañan aquí, en el hemiciclo. Quiero decir que nuestro compromiso es con los pacientes, que
han sido en muchas ocasiones víctimas de esta publicidad engañosa.
Esta tarde debatimos una proposición de ley del Grupo Parlamentario Popular relativa a la publicidad de prestaciones y actividades sanitarias. Señorías del Partido Popular, es evidente que de lo que hablamos hoy aquí tiene una gran
importancia porque afecta al derecho a la protección de la salud de todas las personas. La publicidad siempre debe ser veraz, pero parece que esta exigencia debe reforzarse aún más si cabe en el ámbito sanitario. Una publicidad e información
objetiva y contrastada es mucho más necesaria en la sociedad actual, en la sociedad que vivimos, donde priman la desinformación y las fake news, que gustan tanto a algunos grupos parlamentarios, a sus señorías de VOX.
En los últimos años la publicidad de los establecimientos y productos sanitarios ha tenido un importante auge, y en algunos casos concretos que pueden venirnos hoy a la mente esa publicidad se ha situado fuera de la ética y la regulación que
deben regir la publicidad, afectando especialmente a personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad social y económica. La promoción sin evidencia científica, el intrusismo profesional o la publicidad engañosa en las pseudoterapias,
también en Internet y en redes sociales, están resultando más habituales no solo de lo deseable, sino de lo aceptable para nuestra sociedad. Porque los socialistas sabemos de la preocupación de los y las profesionales, compartimos con vosotros la
necesidad de garantizar que la información de índole sanitaria que se difunda atienda siempre a criterios estrictamente clínicos, sea veraz, comprensible, y basada en la ética y en la evidencia científico-técnica. Debemos garantizar que la
publicidad esté controlada para que se ajuste a criterios de veracidad en lo que afecta a la salud.
En primer lugar, hay que señalar que la legislación vigente en esta materia establece el marco adecuado en el que el conjunto de autoridades sanitarias, tanto estatales como autonómicas, ejerce el control de aquellos mensajes publicitarios e
informaciones que pudieran suponer un daño para la salud pública. Actualmente, y si nos centramos exclusivamente en las competencias del Gobierno de España, diversas normas establecen los controles sobre la publicidad en este ámbito, normativa que
no le es ajena a esta proposición de ley y que se cita expresamente, como son la Ley General de Sanidad y la Ley General de Publicidad, normativa que se ha desarrollado mediante el Real Decreto 1277/2003, de 10 de octubre, por el que se establecen
las bases generales sobre la autorización de centros, servicios y establecimientos sanitarios, y el Real Decreto 1907/1996, de 2 de agosto, sobre publicidad y promoción comercial en este ámbito.
Precisamente, me gustaría detenerme en este último real decreto. Esta norma establece prohibiciones y limitaciones concretas a este tipo de publicidad y prevé que las autoridades sanitarias intervengan para restablecer la correcta
información e impedir las actividades de publicidad o promoción que constituyen un riesgo para la salud. Concretamente, el apartado 16, en su artículo 4, dice literalmente que está prohibida cualquier clase de publicidad o promoción indirecta, en
general, que atribuyan efectos preventivos o terapéuticos que no estén respaldados por suficientes pruebas técnicas o científicas acreditadas y expresamente reconocidas por la Administración sanitaria del Estado. Esta norma establece que la
publicidad y la información de los centros sanitarios, así como de los servicios y prestaciones que realizan, deberá ajustarse al contenido de la autorización sanitaria de tales centros o establecimientos, y cualquier otro tipo de publicidad
requiere de la autorización previa y expresa de las autoridades sanitarias. Hay que destacar también que actualmente contamos con un régimen sancionador en la materia, establecido en la Ley General de Sanidad, la Ley General de Salud Pública o el
Real Decreto Legislativo por el que se aprueba el texto refundido de la ley de garantías y uso racional de los medicamentos. Por tanto, señores y señoras, si de lo que hablamos hoy aquí en esta proposición de ley es de desarrollar una nueva
regulación sobre publicidad y su control sanitario, no vemos en su proposición de ley grandes novedades respecto a la actual regulación. Mi grupo, el Grupo Socialista, duda de que esta proposición de ley vaya a dar solución real a las necesidades
anteriormente expuestas.
Para finalizar, señorías del Partido Popular, los socialistas creemos que debe producirse un análisis de forma coordinada con las comunidades autónomas competentes en el desarrollo y ejecución de estas normas sobre las mejoras legislativas
que se puedan acometer en este ámbito. Y sobre esto ustedes
saben que ha habido un consenso reciente en el Senado. ¿No creen sus señorías del Partido Popular que la tramitación de esta proposición de ley hurta el debate en coordinación con las comunidades autónomas que los distintos grupos
parlamentario habíamos pactado ya en el Senado? Su proposición de ley es anterior al acuerdo alcanzado; no parece muy serio. Señorías, podemos estar de acuerdo en el fondo de la cuestión, pero no podemos compartir la manera de abordarla. Es
prioritario garantizar la seguridad de los pacientes y usuarios frente a la publicidad engañosa. Tenemos la responsabilidad de continuar haciéndolo, porque en esto no solo están en juego los intereses económicos de las personas consumidoras, sino
que también lo está el derecho a la protección de la salud de toda la población. Por eso, tienen que ser serios. Y para publicidad engañosa la que hoy recoge un medio de comunicación en mi tierra, en Andalucía, donde afirman que las listas de
espera están en mínimos históricos, cuando ustedes saben que eso es radicalmente mentira. (Aplausos). Lo que sí han hecho ustedes es incrementar de forma alarmante y preocupante los conciertos por emergencia para concertar con la sanidad privada.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO VOX, ORGÁNICA RELATIVA A LA MODIFICACIÓN DE LA LEY ORGÁNICA 10/1995, DE 23 DE NOVIEMBRE, DEL CÓDIGO PENAL, PARA MODIFICAR EL ARTÍCULO 245, A FIN DE AGRAVAR LAS PENAS A LOS DELITOS DE USURPACIÓN DE INMUEBLES, OFRECER
MEJORES HERRAMIENTAS A LAS FUERZAS Y CUERPOS DE SEGURIDAD Y AMPLIAR LA PROTECCIÓN DE LOS LEGÍTIMOS TITULARES DE DERECHOS REALES. (Número de expediente 122/000069).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Continuamos con el orden del día relativo a la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario VOX, Orgánica relativa a la modificación de la Ley Orgánica 10/1995,
de 23 de noviembre, del Código Penal, para modificar el artículo 245, a fin de agravar las penas a los delitos de usurpación de inmuebles, ofrecer mejores herramientas a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y ampliar la protección a los
legítimos titulares de derechos reales.
Para la presentación de la iniciativa, tiene la palabra la señora Esteban Calonje. (Aplausos).
La señora ESTEBAN CALONJE: Señorías, cada vez que hemos tratado el tema de la okupación y la inquiokupación aquí en sede parlamentaria ustedes nos acusan de que estamos alimentando un fantasma, minimizan el problema y aseguran que estamos
ante una estrategia de las empresas de seguridad y metiendo miedo, salvaguardan lo indefendible alegando que son inmuebles de bancos o de fondos, cuando el 95 % del parque de alquiler de viviendas pertenece a propietarios particulares. (Aplausos).
Díganselo a Mari Carmen Serra, una mallorquina que lleva ocho meses viviendo un infierno. Su casa en Alcudia está okupada y no puede pagarse un alquiler porque tiene una hipoteca, así que no ha tenido más remedio que mudarse junto con su
hermana y su familia y separarse de su hijo, que está viviendo con su padre. Y por si esto fuera poco, le han notificado que este mes que viene le van a embargar la nómina para cubrir los recibos de la luz que están a su nombre y consume su okupa.
Cuenta Mari Carmen: no le deseo a nadie el sufrimiento que siento las veinticuatro horas. He acudido a la Guardia Civil, a la Policía Nacional, al Ayuntamiento de Alcudia y no pueden hacer nada, la ley les ata de pies y manos. Pago una hipoteca,
pero tengo que vivir de prestado en casa de mi hermana, y ni siquiera puedo acercarme al edificio. Tengo un trastero allí con enseres personales y este hombre ha amenazado con denunciarme por acoso si me acerco por allí. Lo que sí he descubierto
es que ha intentado empadronarse en el piso. Por ahora he tenido suerte y no lo ha conseguido. Si lo logra, va a ser imposible sacarlo de ahí. En este sentido, Mari Carmen se indigna al recordar que, como tiene trabajo, no puede recibir ninguna
ayuda municipal. Tengo un contrato. ¿Y qué? Vivo en casa de mi hermana, separada de mi hijo. ¿Voy a tener que irme debajo de un puente para que me ayuden? Lo más frustrante es que, si el okupa demuestra que es una persona vulnerable, el
Ayuntamiento de Alcudia tendrá que ayudarle a él. Es indecente, tengo que tomar medicación para sobrellevar toda esta situación. Esto ha relatado Mari Carmen al diario Última Hora, al de verdad, el diario que lleva 129 años funcionando, no el
chiringo que le han montado a otra de las colocadas de Podemos y que ha usurpado el nombre del insigne periódico balear. (Aplausos). Porque a Podemos lo de usurpar se les da muy bien.
¿Y conocen, señorías, el caso de Pilar? Si no lo conocen es porque no han querido escuchar, porque ella sí ha pedido reunirse con todos los grupos parlamentarios y ha venido aquí a manifestarse al Congreso con la Plataforma de Afectados por
la Okupación y la Inquiokupación. Pilar, por fin, acaba de recuperar su casa y nos cuenta: en 950 días he gastado 22 300 euros manteniendo a unas okupas en mi casa. Nosotros no podemos ser el escudo social; el escudo social tiene que ser el
Estado, que para eso pago impuestos. Pilar, al igual que miles de españoles en los últimos años, es víctima de la okupación amparada por este Gobierno, una okupación que ha dañado su salud y que está acabando con sus ahorros. A consecuencia del
estrés, Pilar sufre una parálisis irreversible en el rostro y lleva dos años medicándose. Su vivienda en Torrevieja tiene 60 metros cuadrados. Además de pagar la comunidad y el IBI, ha tenido que hacer frente a una derrama; derramas, agua, luz,
plusvalías, cerrajero, destrozos, procuradores, abogados y hasta tres cancelaciones de lanzamientos, noches sin dormir. Miles de familias españolas se ven desamparadas ante este fenómeno. Cada vez son más las víctimas de okupas o inquiokupas que
se ven obligadas a recurrir a empresas de desokupación. Y estas son unas empresas que no deberían existir, porque en un Estado de derecho, como se presupone que es el nuestro, las administraciones tienen la obligación de amparar al ciudadano frente
al delincuente, pero este Gobierno no solamente les ampara, sino que alienta la okupación ilegal. ¡Qué vergüenza tendría que darles! No son capaces de proteger a los ciudadanos de bien, que son quienes confían en nosotros y quienes pagan con su
esfuerzo (aplausos) unas administraciones que se ríen en su cara. Es inhumano que fuerzas políticas de algunas administraciones mantengan posiciones inaceptables de equidistancia entre aquellos ciudadanos de bien que sufren la okupación y los
delincuentes que la provocan.
Y, señorías del Partido Popular, gracias a su reforma del Código Penal en 2015, con el ministro Catalá, las okupaciones ilegales pasaron de ser un delito grave a un delito leve; ahora es como un juicio de faltas. La okupación es un robo,
es la sustracción del bien más preciado que una persona y una familia atesoran a lo largo de una vida. La situación es muy preocupante y no es equiparable a la que se vive en otros países de la Unión Europea. Los datos oficiales evidencian el
problema. Según datos del propio Ministerio del Interior, las okupaciones de viviendas crecieron en el último año en un 18 %, siendo Cataluña, La Mancha y Andalucía las regiones más afectadas. En España se producen cuarenta y nueve okupaciones al
día, y eso son números, porque detrás de cada okupación hay auténticos dramas y problemas de convivencia en comunidades de vecinos y barrios enteros, pero vamos a ver cómo solucionan esta lacra en los países de nuestro entorno. En Francia, la
policía puede proceder al desalojo inmediato de la vivienda, sin necesidad de orden judicial, durante las primeras 48 horas desde que el propietario tiene conocimiento del hecho. (Aplausos). En Alemania, las casas son desalojadas veinticuatro
horas después de denunciar la okupación por parte de los propietarios; en Holanda, basta con denunciar ante la policía, que, una vez verificado el título de propiedad, puede personase de inmediato con autorización judicial y desalojar a los okupas;
en Inglaterra, tras denunciar directamente a la policía, en sede policial, verificarán la denuncia y arrestarán a los okupas una vez que comprueben que están viviendo o que están pretendiendo vivir en la casa; en Italia, el propietario deberá
denunciar a la policía y, una vez el tribunal evalúe el caso, en un juicio rápido, los agentes podrán proceder al desalojo y -esto es lo mejor- además deberán pagar los daños ocasionados a la vivienda e incluso pueden ir a la cárcel. (Aplausos).
En Dinamarca, basta con acudir a la policía y demostrar ser el legítimo propietario y en Suecia, igualmente, basta con denunciar a la policía para proceder al desalojo inmediato. ¿Y estos no son países garantistas? ¿España está en una situación
distinta?
A las familias en situación de exclusión social hay que facilitarles viviendas sociales, pero eso solo se consigue con dotaciones presupuestarias. Mientras en España y en todas las comunidades autónomas -ahí sí son igualitarias- no llega el
presupuesto para vivienda social ni a un 3 %, en Europa la media está entre un 12 y un 15 %. Es muy bonito aprobar leyes, como las catalanas 24/2015 o 4/2016 para vivienda, pobreza energética y vivienda social, pero con cero euros de presupuesto
solo sirven para que los diputados lo celebren el día de la votación con un cava y ya está. La protección de la propiedad y la intimidad del hogar resultan imprescindibles. Por ello, se deben endurecer las leyes contra las mafias de okupación y a
la vez garantizar un techo a todo español que lo necesite. Y, por supuesto, la participación en estas conductas ilegales excluirá de las ayudas sociales.
Fuera de nuestras fronteras, se anuncian tours para venir a España a okupar; busquen en Google. La Plataforma de Afectados por la Okupación y la Inquiokupación se queja públicamente de que ni las corporaciones locales ni las autonómicas ni
las nacionales han tomado ni una sola acción para favorecer al colectivo más injustamente tratado de la sociedad española. No vale con tener que asumir que tu casa
o la del vecino ha sido okupada -en la mayoría de los casos por falsos vulnerables-, porque, según sus datos, más del 80 % de las okupaciones no son de familias necesitadas. Y España no es Alemania, señorías. España no es Alemania, donde
la mayoría de las viviendas están en manos de grandes inmobiliarias. El 95 % de las viviendas son de pequeños propietarios, que encuentran en esa vivienda una manera de complementar sus rentas o de llegar justo a fin de mes, y es un ahorro que está
muy repartido en la sociedad española. En un país serio, la seguridad jurídica es esencial. Ese pilar es inquebrantable y es lo que la sociedad necesita, junto con otro pilar, que es la vivienda social. Lo que no puede ser es que la vivienda
social se haga a cargo del propietario, porque tenemos que dar soluciones y servicio a la sociedad frente a esta injusta regulación que coloca a las personas en situaciones desesperadas.
En uno de los puntos de nuestra Agenda España pedimos la reforma tanto del Código Penal como de las leyes de enjuiciamiento criminal y civil para proteger real y efectivamente a los propietarios que sufren la acción de las mafias de
okupación o la entrada ilegal de un intruso en su vivienda. Ya presentamos aquí una proposición de ley relativa a la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, a fin de introducir los delitos de usurpación de inmuebles. Por cierto, en
aquella ocasión oímos al diputado de Junts, Pagès, reconocer que la okupación es un gran problema, pero luego hizo todo tipo de contorsionismos para votar en contra. Y este domingo el señor Balliu, alcalde de Caldes de Malavella y presidente del
Consell Comarcal de la Selva -lo habrán visto-, empuñó un hacha y se encaró a los okupas que campaban en su propiedad. ¿Entonces, condenan, señores de Junts, que un alcalde de su propio partido ejercite la legítima defensa frente a unos okupas que
están ultrajando su hogar?
Ya han comprobado en sus carnes que VOX tenía razón y, como la realidad es tozuda, cada vez son más los españoles, como ustedes, señores de Junts, que ven que VOX tenía razón. (Aplausos). Hoy pedimos su apoyo para modificar el artículo 245
del Código Penal, para una elevación general de las penas por okupación ilegal, dotar a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado de mejores recursos y herramientas legales y ampliar la protección a los legítimos titulares de derechos reales.
Lo que estamos pidiendo, señorías, es una modificación que recoge lo que el derecho comparado ya estipula en otros países de la Unión Europea. Ni fondos ni casas de ricos ni viviendas vacías, que, por cierto, el 75 % de ellas están en la España
despoblada, esa que han abandonado las instituciones. Escuchen, señorías, lo que demanda la calle y atiendan a los problemas reales de los ciudadanos, porque cuando apoyan las propuestas de VOX, apoyan a los españoles.
Muchas gracias. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias.
En turno de fijación de posiciones, tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Mixto el señor Martínez Oblanca.
El señor MARTÍNEZ OBLANCA: Muchas gracias, señor presidente.
No es la primera vez que debatimos en el Congreso -siempre, eso sí, a propuesta de algún grupo de la oposición- una iniciativa parlamentaria con la que tratar de paliar y corregir la creciente práctica delictiva de la okupación, es decir, la
usurpación de inmuebles, todo un ataque al sacrosanto e irrenunciable derecho constitucional de la propiedad privada. Tras los nefastos cambios del Gobierno socialcomunista, que han dejado en indefensión a los propietarios y aúpa la okupación a la
categoría de derecho, España necesita de más y mejores instrumentos legislativos que proporcionen amparo y protección a los legítimos titulares de viviendas e inmuebles, en lugar de informes, estudios y más estudios que son utilizados como pretexto
para no proporcionar respuestas al problema.
Señoras y señores diputados, como tantas y tantas veces se ha dicho en esta tribuna, la política de vivienda en España precisa de seguridad jurídica para atender a los legítimos derechos de propietarios arrendatarios, que incluye la defensa
de sus derechos y eso, con okupas de por medio, va más allá del Código Civil. Las medidas que a instancias del Grupo Parlamentario VOX se plantean en esta proposición de ley responden a tan urgente necesidad, por lo que votaré favorablemente su
toma en consideración. (Aplausos). Nos encontramos ante un serio problema que, lejos de remitir, continúa acrecentándose con el paso del tiempo, tal y como reflejan las estadísticas oficiales, con un incremento de denuncias superior al 40 % en los
últimos cinco años y con Cataluña como la comunidad autónoma española donde más se reitera este delito. Viene al caso señalar que la pasada semana la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo resolvió solicitar información sobre las okupaciones
ilegales en España tras escuchar a los representantes de Ciudadanos Europeos a Mataró. Tal vez la alcaldesa de Barcelona, la señora Colau, en
su reciente condición de investigada por los presuntos delitos de coacciones y prevaricaciones administrativas pueda colaborar con sus peculiares tesis sobre la vivienda y los okupas. Asimismo, la evolución de los datos no hace otra cosa
que confirmar el desistimiento del Gobierno para dar una respuesta adecuada a este problema, para cuyo combate la Fiscalía General del Estado y el Ministerio del Interior dictaron sendas instrucciones internas en septiembre de 2020, que, tal y como
ya anticiparon entonces juristas, policías y guardias civiles, se han revelado claramente insuficientes para facilitar los desalojos inmediatos en los delitos relacionados con el allanamiento de viviendas. Señorías, a la vista de los inequívocos
indicadores oficiales, está más que justificada la modificación de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal y, concretamente, la redacción de su artículo 245 en los términos que ha explicado la señora Esteban Calonje, con los
que estoy de acuerdo, porque suponen una oportunidad de avance legislativo ante un problema prioritario que no forma parte de las preocupaciones del banco azul.
El inquietante fenómeno de la okupación forma parte del fracaso del Gobierno en materia de vivienda. Las medidas a lo largo de esta XIV Legislatura suponen un desacato al mandato constitucional y no han corregido unos males crónicos que
desvelan la falta de instrumentos legales para que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado puedan actuar diligentemente y facilitar con agilidad la recuperación de una propiedad ocupada de manera ilegal, dando con ello protección al legítimo
titular de la vivienda. La grave involución en esta materia es tan palmaria que hoy, en torno al fenómeno de la okupación, se reproducen prácticas mafiosas con las que se extorsionan tanto al propietario afectado como también a la comunidad de
vecinos del inmueble usurpado, lo que añade al delito un componente de alteración de la convivencia ciudadana con el que se pone en riesgo la seguridad de las personas y la integridad de los bienes, en no pocos casos reconvertidos en cochambres con
alto riesgo de incendio. De hecho, ante la proliferación de las okupaciones y los grandes destrozos que suelen ocasionar quienes las perpetran, hay un pujante mercado de empresas de desokupación e incluso entidades aseguradoras que, llegado el
caso, se encargan de los procedimientos necesarios para acometer la situación y resolver el problema. No obstante, hay afectados que han recurrido a métodos expeditivos al margen de la ley, como un caso ya citado o como el del reciente episodio de
un vecino de Ribeira, que se encuentra en prisión provisional tras partir la cabeza al inquilino de un edificio okupado. También se han detectado en nuestro país tramas de desalojos ilegales de viviendas realizados por presuntos especialistas en
desalojos de casas para echar a inquilinos simulando okupaciones de viviendas.
En todo caso, a la vista de unos hechos que se reiteran en todo el territorio nacional y de las peticiones que realizan ayuntamientos de toda España para que se puedan aplicar medidas de garantía para la seguridad y la convivencia ciudadana
frente a la okupación ilegal, resultan más que pertinentes los refuerzos y actualizaciones legislativas que se plantean en estas modificaciones del Código Penal propuestas por VOX, que van en la línea de reforzar la autoridad de las fuerzas y
cuerpos de seguridad del Estado y su intervención ante procesos de okupación. En este sentido, en uno de los puntos se establece un mecanismo preventivo que habilita el desalojo de quienes se encuentren en el interior de un inmueble si, mediando
denuncia o querella, existiera apariencia de usurpación u ocupación ilegítima y que aquellos no dieran razón suficiente que legitimase su conducta. Asimismo, en aras de agravar las penas a los delitos de usurpación de inmuebles, también resultan
adecuados los cambios que se promueven en el Código Penal contenidos en los tres primeros puntos de esta propuesta legislativa para incrementar las penas de prisión, tal y como señala la propuesta, a quien, con violencia o intimidación en las
personas, ocupare una cosa inmueble o usurpare un derecho real inmobiliario de pertenencia ajena, o que las aumenten de grado si se hace uso de la fuerza de las cosas.
Finalmente, quisiera remarcar que, ante el fenómeno de la okupación, resulta imprescindible reforzar nuestro Estado de derecho. Cada día se okupan en España del orden de cuarenta viviendas de media y los propietarios perjudicados necesitan
medidas y recursos que les defiendan y no les dejen en un permanente desamparo civil, penal y administrativo. La proposición de ley supone -mírese por donde se mire- una oportunidad para que las Cortes Generales suplan la falta de iniciativa y de
firmeza del Gobierno cuando no de tolerancia ante los okupas.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu tiene la palabra el señor Matute García de Jalón.
El señor MATUTE GARCÍA DE JALÓN: Muchas gracias, presidente.
Señorías, eskerrik asko guztioi, arratsalde on guztioi. Voy a dar unos datos, no porque tenga alguna confianza en que estos datos sirvan para el grupo proponente siquiera para la reflexión, sino porque creo que para quien pueda ver este
debate sí le van a ayudar a contextualizar. En el Estado español, según el Instituto Nacional de Estadística, en un informe de 2011 -a partir de ahí no hicieron más- hay 3,4 millones de viviendas vacías, en torno al 13,7 del conjunto de las
viviendas que hay en el Estado español, 25,2 millones. Según el informe del Instituto Nacional de Estadística de 2020, hay cuatro millones y medio de personas en pobreza severa en el Estado español; hay 12 millones en riesgo de exclusión, según la
tasa AROPE, y también dentro del mismo informe del Instituto Nacional de Estadística del año 2020. En el Estado español, según el Consejo General del Poder Judicial, en 2021 se produjeron 41 359 desahucios, un 40,6 % más que en 2020. En el Estado
español también, y en esta ocasión según el Instituto Nacional de Estadística y en el informe de 2020, se produjeron 11 947 ejecuciones hipotecarias, un 57,4 % más que en el año anterior, y esto no es nada con lo que puede venir con la subida de las
hipotecas. Las okupaciones, de las que hoy se nos vuelve a hablar, fueron de 13 389 en 2021, con un incremento respecto a 2020.
Dadas estas cifras, ¿parece útil atacar todo el problema de la vivienda con la okupación? No, pero realmente al grupo proponente esto le da igual, porque obedece a una clara estrategia. De nada sirve que yo vuelva a mencionar aquí que
existe el desahucio exprés porque se aprobó en 2018 por iniciativa del Partido Popular y de Ciudadanos, que haría eso que precisamente significa que está haciendo o puede hacer Italia. De nada sirve que vuelva a explicar aquí lo que significa el
allanamiento de morada y que el concepto morada incluye no solo a la vivienda habitual, sino también a la vacacional, que eso daría respuesta a lo que dice que hacen en Francia. De nada sirve que yo traiga aquí las opiniones de los jueces, porque
les daría igual, aunque los jueces estimen que no estamos ante un problema de relevancia y magnitud como la que se le quiere dar. De nada sirve que aclaremos que la inmensa mayoría de las viviendas que se okupan pertenecen a fondos buitres y a
bancos que las tienen abandonadas y que, por no pagar, no pagan ni siquiera la comunidad de propietarios donde tienen insertas sus viviendas. Nada de esto les importa porque seguramente nada de esto les afecta. Su estrategia, igual en este tema
que en otros -podríamos hablar de menores no acompañados, podríamos hablar de feminismo, podríamos hablar de violencia de género, podríamos hablar de derechos de la población LGTBI-, siempre sigue un patrón de conducta y es seguir once principios
básicos, once principios de propaganda que algún nefasto personaje en la primera mitad del siglo XX decidió popularizar e instalar a través de medios masivos de manipulación. Yo se los voy a repetir no a usted, que le darán igual, pero los sigue,
sino al conjunto de la población para que abra los ojos.
Los principios son once. Uno es el principio de simplificación del enemigo único, que no es otra cosa que adoptar una idea única, un único símbolo, individualizar al adversario en un único enemigo. ¿Les suena lo de Gobierno socialcomunista
etarra? ¿Les suena también lo de judeomasones marxistas que decía Franco? Pues por ahí van.
Otro principio es el del método de contagio. Este significa reunir diversos adversarios en una sola categoría. Los adversarios han de constituirse en un único individuo o en una suma individualizada. Consenso progre, convencionalismo
progre, globalismo. ¿Les suena, señorías de esta Cámara?
Otro principio es el de la trasposición. Este significa que hay que cargar sobre el adversario los propios errores o defectos, respondiendo al ataque con el ataque. Si no puedes negar las malas noticias, inventa otras que te distraigan.
De este ejemplo me ocuparé en el último tramo de la intervención porque es divertido.
Otro principio es el de la exageración y desfiguración, que es convertir cualquier anécdota, por pequeña que sea, en una amenaza grave: tours guiados en Europa para okupar en España; la okupación como una plaga, no como un fenómeno que los
datos significan menor.
Otro principio es el de la vulgarización. Toda propaganda debe ser popular, adaptando su nivel al menos inteligente de los individuos a los que va dirigida. Cuanto más grande sea la masa a convencer, más pequeño ha de ser el esfuerzo
mental a realizar. Sales a por el pan y te quedas sin casa. Las mafias organizan tours, que vienen desde toda Europa, para robarnos nuestras casas; a nuestras mujeres las violan extranjeros, ¿les suenan todas estas ideas?
El principio de orquestación: la propaganda debe limitarse a un número pequeño de ideas y repetirlas incansablemente, presentando una y otra desde diferentes perspectivas, pero siempre convergiendo
sobre el mismo concepto, sin fisuras ni dudas. Te roban la casa, amenazan tu integridad, es necesario contratar seguridad privada y dotarnos de más seguridad para hacer frente a la libertad o al libertinaje.
Principio de renovación: hay que emitir constantemente informaciones y argumentos nuevos a un ritmo tal que cuando el adversario responda en público, este ya esté interesado en otra cosa. Hoy hablamos aquí, después hablaremos en el
siguiente punto que también incluyen ustedes de cualquier otra cosa, pero siempre desviando el tiro, en este caso hacia los sindicatos y la semana del 1 de mayo.
Principio de la verosimilitud: construir argumentos a partir de fuentes diversas, a través de los llamados globos sonda o informaciones fragmentarias. Hablamos del número de okupaciones, pero no hablamos del problema real.
Principio de la silenciación: acallar las cuestiones sobre las que no se tienen argumentos y disimular las noticias que favorecen al adversario, también contraprogramando con la ayuda de medios de comunicación afines. No hablamos de que va
a haber más desahucios en 2023, no hablamos de que los precios de las hipotecas suben, no hablamos de que los bancos y los fondos buitres se siguen enriqueciendo, porque son sus amigos.
Principio de la transfusión: por regla general, la propaganda opera siempre a partir de un sustrato preexistente, ya sea mitológico, nacional o un complejo de odios y prejuicios tradicionales. De fuera vendrán que de casa te echarán, ¿les
suena también esto?
Y el principio de la unanimidad: llegar a convencer a mucha gente para que piense como todo el mundo. La mayoría de la gente piensa, la mayoría de la gente siente, la mayoría de los españoles dicen. ¿Les suena también todo esto?
En resumen -y voy terminando-, esto no es sino seguir paso a paso los once principios de un personaje al que se citó en esta Cámara, que es Joseph Goebbels, utilizando -este es el ejemplo que quería traer- el principio de trasposición, el
número tres. A Joseph Goebbels, el ministro de propaganda nazi, que es quien ideó estos once principios, lo citaron ustedes para arrojárselo a los señores del Grupo Socialista, haciendo uso y haciendo utilidad del principio número tres, el de
trasposición.
Ante todo esto, lo que queda por concluir es: ¿qué esperamos en la izquierda para reaccionar? ¿Nos vamos a seguir perdiendo en debates estériles con esta gente que lo único que pretende es distraer la atención para que sus amos, las
élites, sigan haciendo lo que hacen, que es empobrecer al conjunto de la población, o vamos a pisar el acelerador para recuperar derechos, libertades y dignidad en las vidas de las gentes?
Eskerrik anitz, esker. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra el señor Legarda Uriarte.
El señor LEGARDA URIARTE: Muchas gracias, presidente.
El Partido Nacionalista Vasco considera un problema grave el fenómeno de la okupación sin título de inmuebles, y más aún si se trata de viviendas o moradas de su titular. Por ello, resulta adecuado mejorar la protección de los ciudadanos en
la tenencia y disfrute pacífico de sus propiedades, sin desatender por ello la situación de excepcional vulnerabilidad en que pudieran encontrarse los okupantes sin título ni los prejuicios que el fenómeno pudiera ocasionar a vecinos y colindantes.
Señorías, así lo venimos reiterando en todas las ocasiones en las que hemos debatido sobre este asunto. Igualmente, hemos puesto de manifiesto en todas las ocasiones que el debate sobre la problemática de la okupación sin título de inmuebles, sea
morada o no de su titular, no puede dar ocasión para acusar al Gobierno o a otros poderes públicos de inacción, de gestión criminal, de complicidad con los okupas y las mafias o de dejar sin criterio a las fuerzas y cuerpos de seguridad. Tampoco
para relacionarla de manera xenófoba con la inmigración económica ilegal. Ni para que se diga, aun siendo un problema grave, que alcanza a decenas de miles de casos, haciendo creer en ocasiones, y de manera maliciosa, que estas okupaciones se
refieren mayoritariamente a domicilios o a segundas viviendas de pequeños propietarios o inquilinos, pues, como señalan los informes de la Fiscalía y del Poder Judicial, estas se cuentan con los dedos de la mano.
Señorías, como ustedes conocen, las circunstancias señaladas han conducido, siempre que hemos abordado esta cuestión de las okupaciones sin título a través de iniciativas como la que hoy tratamos, a debates extremadamente polarizados en los
que se hace imposible una posición mínimamente transversal en un asunto público que la reclama de manera especial, ya que habrá de abordarse no desde puntos de vista unilaterales, sino desde la cohonestación de distintos mandatos constitucionales.
Mandatos tales como el de la protección del derecho de la ciudadanía a la propiedad privada; en el caso de la vivienda y
en atención a su uso habitacional, la justicia constitucional ha validado el uso de diversos instrumentos públicos de intervención administrativa. O el derecho fundamental que garantiza la intimidad e inviolabilidad del domicilio, al ser
este el espacio donde las personas desarrollamos la libertad más íntima. O el principio rector de las políticas sociales y económicas, que insta a los poderes públicos a promover las condiciones y normas para el disfrute de una vivienda digna y
adecuada; y aquellos otros sobre la protección de la familia, la infancia, las personas con discapacidad o las mujeres víctimas de violencia. El fundamento mismo del orden político y de la paz social, como es la dignidad de la persona; o el
mandato de interpretación de los derechos fundamentales de conformidad con los tratados internacionales ratificados, como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas, sus protocolos y los pronunciamientos,
recomendaciones y dictámenes de su comité de vigilancia en lo que se refiere a la vivienda digna y a los requisitos de los desalojos cuando afecten a personas en situaciones de vulnerabilidad, incluso se dice en aquellos casos de okupaciones sin
título.
Esta necesaria consideración de las okupaciones de inmuebles sin título, señorías, como les decía, desde las perspectivas constitucionales señaladas nos ha llevado a plantear en intervenciones pasadas que la manera de abordar esta
problemática no es a través de iniciativas como la que debatimos, sino a través de una subcomisión de estudio de la misma en todas sus dimensiones sociales y constitucionales. Una problemática para la que el vigente ordenamiento jurídico no tiene
una respuesta ágil y eficiente, como es el caso de las usurpaciones desde un punto de vista penal, bien de viviendas que no constituyan domicilios, bien de otros inmuebles que no constituyan locales abiertos al público de personas físicas o
jurídicas; o el de la misma recuperación posesoria civil para las personas jurídicas con ánimo de lucro en cualquier inmueble; o para las personas físicas respecto de inmuebles distintos a las viviendas, sean estas domicilio o no, ya que frente a
estas gozan, desde 2015, de interdictos para recuperarlos de manera expeditiva.
Voy finalizando, presidente. Respecto a la iniciativa, no compartimos el incremento punitivo que se nos propone respecto a las usurpaciones. Daría como resultado una mejor protección penal para el derecho de propiedad, que no es un derecho
fundamental, frente a la que se dispensa al domicilio morada, que sí lo es. Tampoco compartimos que la recuperación posesoria cautelar de viviendas que no son domicilio del usurpado sea una atribución de los agentes policiales. Esta, a nuestro
juicio, debiera descansar exclusivamente en una decisión judicial, máxime porque en muchos casos el okupante sin título ha constituido de hecho el inmueble usurpado en su domicilio, y la entrada y desalojo se encuentran sometidos a lo dispuesto en
el artículo 18 de la Constitución, es decir, a la ineludible autorización judicial a priori y no a posteriori, como ustedes proponen.
Muchas gracias, señorías.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor Gutiérrez Vivas.
El señor GUTIÉRREZ VIVAS: Gracias, presidente. Buenas tardes, señorías.
Señorías, con el fenómeno de la okupación se podrá estar de acuerdo, hay aquí grupos que lo defienden, pero lo que no se puede discutir es que es una realidad; parece que algunos intentan convencernos de que esto no sucede. Yo creo que las
estadísticas que ha dado el grupo proponente son efectivamente reales, hay un aumento del 18 % de la okupación en este último año. Fíjese, le voy a añadir una cosa: el 42 % del total nacional de las okupaciones resulta que sucede en Cataluña. El
42 % es en Cataluña. Esto parece como que no nos hace pensar mucho, pero a algo se debe que casi la mitad de las okupaciones que se producen en España sean en Cataluña; algo tendrá que ver.
Este es un fenómeno que es indudable que causa dolor a los legítimos propietarios, porque, además, la media de lo que tardan estos en volver a recuperar su propiedad es de dos años. Esto al final yo creo que solo genera dolor en las
familias y familias destrozadas; desde luego, a los propietarios, y también en muchas ocasiones a aquellas familias vulnerables que se han visto abocadas a la okupación. Además, este fenómeno, que no estamos cuidando y tratando de forma adecuada,
nos está llevando a otro fenómeno más complejo, que es el de la aparición de mafias que extorsionan en muchísimos casos a los propietarios para que no se produzcan las okupaciones de sus propios domicilios. A mí me parece que en estos momentos este
es un drama al que tenemos que ponerle solución, porque aquí estamos para poner solución a este tipo de problemas, señorías.
El grupo proponente nos hace una propuesta para solucionar esto que va en la línea y lo fía todo al endurecimiento de las penas en la ley. Desde nuestro punto de vista, creo que olvida un poco en ciertos
casos la proporcionalidad de la ley, y yo entiendo que esto que ustedes nos presentan es una visión cortoplacista. Ya le digo que vamos a votar favorablemente a que se tome en consideración, porque creemos que puede ser enmendada
posteriormente en la línea que le voy a comentar. La votaremos a favor porque, efectivamente, el Congreso de los Diputados debe hacer algo para acabar con el fenómeno de la okupación. Uno podrá estar de acuerdo en que las medidas pueden ser
mejores o pueden ser peores, pero lo que nunca podemos olvidar es que esto es una realidad que no podemos obviar.
Señorías, nosotros queremos acabar con esta situación, y lo queremos hacer protegiendo a los legítimos propietarios que han sufrido okupación para que puedan recuperar su vivienda cuanto antes. Lo que no es posible es seguir manteniendo
esta especie de gincana judicial a la que obligamos a los legítimos propietarios de las viviendas frente a los usurpadores de las mismas. Pero, claro, para esto hay que cambiar no solo lo que usted está proponiendo, hay que cambiar la Ley de
Enjuiciamiento Civil, por ejemplo; hay que modificar la Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado puedan entrar de forma legítima, registrar, identificar a los okupantes de una vivienda. También
hay que modificar la Ley sobre Propiedad Horizontal para que las comunidades de vecinos también puedan ejercer e iniciar las acciones de desalojo si el propietario no lo hace. Hay que obligar a los grandes tenedores también a denunciar -la
obligación de denunciar- cuando sus viviendas son okupadas, porque muchos de ellos se olvidan de este tema porque no les interesa.
Y qué duda cabe, señorías, de que esta es la primera parte de lo que se puede hacer, pero hay una segunda de la que no nos podemos olvidar, y es que este es un fenómeno que se mezcla con la vulnerabilidad en muchas situaciones de muchas
personas, de muchas familias que viven en ese estado de vulnerabilidad en nuestra sociedad. Para todas ellas también hay que proponer cosas que no vayan en la línea de la okupación, sino de fomentar el derecho a una vivienda digna. Señorías, la
señora Colau en Barcelona o la señora Carmena en Madrid -no hace falta irse muy lejos- no han hecho una sola vivienda social, y si no haces viviendas sociales, a las familias vulnerables no les queda otro remedio que recurrir a la okupación. Esa es
la realidad, lo quieran ustedes dibujar o disfrazar como lo quieran disfrazar. La realidad es que hay que hacer vivienda social.
Señorías, claro que la Constitución consagra el derecho a una vivienda digna. Pero, señorías del Grupo Socialista, la Constitución no consagra la obligación de obedecer siempre a los socios de Esquerra o de Bildu, y no siempre ustedes han
opinado como están opinando en estos momentos, porque no hace mucho que ustedes -les recuerdo- negaron el recurso a intervenir el mercado de alquiler. Es más, negaron proponer una limitación de rentas, un modelo que ustedes, ustedes, señores del
Grupo Socialista, decían que no funcionaba en Europa ni en Cataluña. Pero hoy en día ceden, porque el chantaje al que se ven sometidos por sus socios les obliga a ceder de nuevo en este tema. No es obligatorio, señorías del Grupo Socialista,
escuchar siempre lo que dice Esquerra y lo que hace Bildu.
Señorías, hay que hacer más vivienda social, pero también hay que hacer más cosas: hay que asignar gastos de gestión al arrendador, hay que fomentar la contratación de los seguros, hay que activar incentivos fiscales, que nosotros
entendemos y proponemos que sean de hasta el 90 % cuando un propietario cede ese inmueble a programas públicos de alquileres para vivienda social, o incluso un 60 % de incentivo fiscal para alquilar viviendas a jóvenes que tengan menos de 35 años.
A nosotros nos gustaría que se alcanzase el 15 % de vivienda pública en los municipios. Nos gustaría también proponer que haya un fondo de garantía que cubra los impagos o que pueda financiar a aquellos inquilinos que muchísimas veces no pueden
afrontar los primeros gastos del alquiler de las viviendas. Nos gustaría también que hubiera un turno de oficio para aquellos abogados y procuradores que se especializasen en los supuestos de okupación ilegal. Así que se pueden hacer muchísimas
cosas, señorías, lo que no se puede hacer es quedarse sentados, como algunas de sus señorías van a hacer, ante esta proposición de ley, negando un fenómeno que es real, que a todas luces es evidente y que tiene que ver con la gestión eficaz de los
servicios públicos, sobre todo en los ayuntamientos, y sobre todo mal en aquellos en los que ustedes gobiernan, señorías.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias.
Por el Grupo Parlamentario Plural, tiene la palabra el señor Boadella Esteve.
El señor BOADELLA ESTEVE: Bona tarda. Buenas tardes, señorías.
Sin duda alguna, el tema de la okupación es un tema relevante que se puede traer a debate desde el populismo o también se puede intentar hacer un debate sereno, un debate sobre la materia con rigor
jurídico. No hay que menospreciarlo, sin duda alguna. Estamos hablando, en esta estadística a la que se han referido diversos parlamentarios, de alrededor de 13 389 casos en septiembre de 2021, de los cuales, efectivamente, un 42 %, 5689,
se producen en Cataluña, triplicando así incluso los de Andalucía o duplicando los de Madrid. La realidad objetiva sobre esta cuestión ha preocupado al PDeCAT en este ámbito. Precisamente en el mes de enero, yo preguntaba al Gobierno qué acciones
pretendía tirar adelante para, ante estos casos, ante esta realidad, intentar solucionarla y realizar cambios de normativa legal para abordar estas cuestiones. La verdad es que la respuesta fue altamente insatisfactoria. La respuesta escrita al
diputado planteaba la modificación que se hizo en el año 2018 de la Ley de Enjuiciamiento Civil o planteaba la Instrucción 6/2020, de la Secretaría de Estado de Seguridad, con lo cual, si las últimas reformas o el planteamiento que tenía el Gobierno
para solucionar el tema de la okupación era una modificación legislativa de 2018 o una instrucción de una secretaría de Estado de 2020, sin duda alguna, eso no ayudaría a solucionar el problema de la okupación. Entendemos, sin duda alguna, que la
okupación ilegal no tiene cabida y que se debe abordar esta cuestión. Precisamente esta semana, la abogacía comparecía incluso ante la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo para denunciar esta situación, para denunciar que nadie pueda ser
privado de su propiedad más que por una causa justa, con la debida indemnización y en los casos fijados por la ley y que, en todo caso, estas situaciones de okupación ilegal, los escenarios en que había una ausencia total de título válido para
okupar un inmueble, evidentemente, suponían también la transgresión y la vulneración del derecho a la propiedad privada de las otras personas.
No obstante, la proposición de ley que plantea VOX va en la línea, como indica su título, de agravar las penas de los delitos vinculados al ámbito de la usurpación y, por tanto, al ámbito de la amenaza, del reproche penal, planteando incluso
-y lo tengo que decir con todas las salvaguardas- una duda, un razonamiento justo, lleno de posibles inconstitucionalidades -que ya se han señalado anteriormente aquí- en la configuración del tipo que se pretende modificar. Entendemos que el tema
ha llevado a algunas reflexiones por parte de jueces, de abogados y de la doctrina, que plantean protecciones e instrumentos que se deberían corregir. Igual que les apuntaba antes que hemos planteado al Gobierno qué cambios normativos normales
debían realizarse para abordar la situación de la okupación ilegal. Es en este ámbito, y no tanto en el de modificar el Código Penal en el sentido de aumentar las penas, sino en el de dar instrumentos para proteger la propiedad privada, donde
creemos que hay muchas más soluciones que las que plantea la proposición de ley que plantea VOX. Les voy a poner algunos ejemplos: el primero es el de la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, del artículo 544 -la medida cautelar que
se plantea es conocida-, en la línea de fijar un plazo máximo de expulsión de setenta y dos horas si no se exhibe el título. Esta es una medida pragmática que funciona en el Reino Unido, que funciona en Italia y, sin duda alguna, podría ser también
un instrumento válido para proteger la propiedad privada sin necesidad de aumentar la pena privativa de libertad. En esa misma línea, complementándola con el artículo 13 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, se pronunciaba la Comisión de Normativa
del Colegio de abogados de Barcelona, que es la de plantear la exhibición de un título, que, de no hacerse, era evidente que no se estaba respetando el artículo 33, que reconoce el derecho a la propiedad privada.
Se ha planteado aquí por algún otro diputado la cuestión relativa a legitimar a los presidentes de las comunidades de propietarios para que puedan instar aquellas acciones que sean necesarias para evitar estas situaciones de okupación en las
que el propietario no insta la desokupación o que provocan incluso molestias, daños o supuestos fraudes de fluido eléctrico o de algunos suministros. También se puede plantear -y aquí es por donde va la proposición de ley- la cuestión relativa a
qué configuración tiene que tener el artículo 245.2 y la usurpación. Sinceramente, creo que la cuestión no está tanto en elevar la pena del delito de usurpación, porque esto no soluciona el problema la okupación; he ofrecido otros instrumentos
jurídicos que serían mucho más eficaces y mucho más rápidos, a nuestro entender, que solucionarían esta cuestión. El problema radica en considerar la multirreincidencia en los delitos leves, que es lo que en el PDeCAT venimos reclamando desde hace
mucho tiempo en aquellos pequeños hurtos y aquellas pequeñas sanciones penales que no suman la multirreincidencia. En este ámbito, este también sería un instrumento para prevenir la okupación ilegal sin necesidad de aumentar la pena privativa de
libertad que se plantea.
Finalmente, dos cuestiones como ejemplos de referencia. El modelo que se llama holandés, que plantea algunos arrendamientos de aquellos inmuebles que están sin uso funcional por poco tiempo o con un coste bajo en un uso temporal, lo que
podría dar salida a la necesidad de vivienda. Y no debemos olvidar nunca -esta es la última cuestión- que debe ser la Administración pública quien provea de vivienda social -lo que tantas veces planteamos-, en aquellos casos, evidentemente, en que
se
produzcan situaciones con hijos menores o en situaciones de vulnerabilidad. Por tanto, en resumen, desde el PDeCAT vamos a plantear todo este catálogo de instrumentos jurídicos que pueden ofrecer muchas más herramientas para proteger el
derecho a la propiedad, muchas más herramientas para acabar con las okupaciones ilegales, porque, sinceramente, contemplando todas ellas, no vemos que la proposición que plantea VOX, que se basa únicamente en aumentar las penas, sea la solución
óptima para adelantar en este camino.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Republicano, tiene la palabra la señora Telechea i Lozano.
La señora TELECHEA I LOZANO: Gràcies, president. Bona tarda, diputades i diputats.
Vamos a ver, lo que esta iniciativa representa es el populismo punitivo en estado puro, ¡en estado puro! (Varias señoras y señores diputados del Grupo Parlamentario VOX: ¡Oooh!). Por lo tanto, estamos absolutamente en contra de ello.
Rechazamos absolutamente esta manera de gobernar, que lo que pretende es ganar popularidad entre sus votantes, cuando saben perfectamente que es ineficaz para hacer frente a los problemas sociales. No hay ningún género de duda de que nuestra
posición siempre ha sido contraria a las okupaciones delictivas y a las mafias, que tengo que recalcar que son mínimas, mínimas, y que endurecer las penas tampoco sirve. (La señora vicepresidenta, Elizo Serrano, ocupa la Presidencia).
Lo que tenemos que tener presente es que tenemos un grave problema social y no penal, que a consecuencia de la crisis derivada de la COVID se ha incrementado. La realidad de España es que la gran mayoría de okupaciones son por necesidades
habitacionales. Seguro que cualquiera de nosotras conoce de alguna familia que ha sido desahuciada por un fondo buitre por no poder pagar la hipoteca o porque no ha podido hacer frente a la subida desorbitada del precio del alquiler. Es un
problema estructural que nos toca en el día a día y que tenemos al lado, entre nuestras vecinas y nuestras familias. ¿Saben cuántos desahucios ha habido en España en los últimos años? Seguro que todas hemos consultado las mismas fuentes. Según
fuentes judiciales, en 2021 se quedaron vacías 41 359 viviendas, un 40 % más que en 2020, y de esas 41 359 viviendas -por lo tanto, 41 359 familias-, 28 993 fueron por impago del alquiler, ¡28 993 por impago del alquiler!, mientras que 10 103 fueron
por impago de la hipoteca.
En Barcelona ciudad, en el año 2021, fueron desahuciadas de sus casas 1755 familias, el 10 % por impago de hipoteca, mientras que el 81 % -el 81 %- por no poder pagar el alquiler. Por cierto, su alcaldesa, la señora Ada Colau, del mismo
partido que gobierna en España, no está haciendo nada por revertirlo. Un Gobierno supuestamente progresista que impugna ante el Tribunal Constitucional todas las medidas adoptadas por el Parlament de Catalunya justamente -justamente- para proteger
a los más vulnerables. (Aplausos). Y la señora Colau es cómplice de ello.
¿No quieren tanto a su Constitución española? Pues léanse su artículo 47, que parece que no lo conocen, es curioso y hace gracia que justamente sea yo quien se lo diga. Así que dejen de criminalizar a las personas que por necesidad se ven
obligadas a okupar una vivienda. He sido abogada del turno de oficio en derecho penal en Barcelona durante muchos años, muchos, y la mayoría de los casos que me llegaban al despacho eran denuncias de fondos buitres -la mayoría de la SAREB- contra
personas y familias vulnerables, la gran mayoría; así que dejen de hacer demagogia.
También quiero aprovechar para mandar un mensaje al Grupo Socialista. Les hemos advertido muchísimas veces, y nuestro portavoz, Gabriel Rufián, también, de que no pueden competir con el discurso de la extrema derecha. Cada vez que
pretenden mostrarse firmes y contundentes y coquetean con el populismo punitivo pierden votantes de la izquierda. Cada vez que dan alas a la falacia de que las actuaciones delictivas se solucionan aumentando más y más las penas están abonando el
terreno para que sea la extrema derecha quien recoja los frutos.
Y recuerden sus señorías de Unidas Podemos que hemos dado trámite a un proyecto de ley como el del derecho a la vivienda, que era una falta de respeto absoluta a los distintos territorios y a las distintas administraciones territoriales. Y
lo hemos hecho porque es imprescindible y urgente parar los desahucios y limitar los precios del alquiler. Pero la invasión competencial del texto era tal, era de tal calibre, que les advertimos ya entonces desde esta tribuna que, si no se mueven,
no habrá ley de vivienda. (El señor vicepresidente, Rodríguez Gómez de Celis, ocupa la Presidencia).
Nosotras, que a veces sentimos que somos las únicas con sentido de responsabilidad, les dimos una oportunidad para enmendar su errático proyecto de ley. Pero no esperen que un partido independentista,
que además vio, como ya he dicho, que le impugnaban las leyes aprobadas por el Parlament de Catalunya en materia de vivienda, permita la aprobación de una ley tramposa y recentralizadora. Así que, como habrán deducido, nuestro voto a esta
iniciativa es un no.
Gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias.
Por el Grupo Confederal de Unidas Podemos-En Común Podem-Galicia en Común, tiene la palabra el señor Delgado Ramos.
El señor DELGADO RAMOS: Muchas gracias, señor presidente.
Hoy la ultraderecha nos vuelve a traer otro de sus inventos lleno de falsedades e inconcreciones; una iniciativa legislativa para modificar una ley, concretamente para endurecer el Código Penal en su artículo 245, con el fin de agravar las
penas en el caso de usurpación, okupación, y, por otro lado, de enmarronar -enmarronar- a policías y a guardias civiles, efectivamente. Es decir, en el caso de una okupación, que ellos sean los que decidan y, por lo tanto, reducirles sus garantías
jurídicas. Eso es lo que ustedes quieren para los policías y los guardias civiles. Eso para empezar. Es decir, que ellos tomen decisiones, en vez de un juez, y si sale mal, el marrón para los policías, ¿no? Uno de los peores servicios para un
policía y para un guardia civil es ir a un desahucio y tener que sacar a una familia vulnerable que se ha quedado sin trabajo, que no podía pagar su hipoteca y que el juez le ha quitado la casa. Para los policías y los guardias civiles que vayan a
hacerlo es uno de los peores servicios. Y esa imagen es la imagen del fracaso, del fracaso del Estado social y del fracaso de las políticas sociales. Cuando esto fracasa, mandamos a los policías y a los guardias civiles para que queden como los
malos. Pero no es así, es un fracaso de toda la sociedad, de la sociedad en general, que ha permitido que estas cosas pasen.
También la Constitución -a ustedes les gustan algunos artículos de la Constitución, pero no todos- garantiza el derecho a una vivienda digna a todas las personas, a todos los españoles. Pero, claro, a ustedes cuando hablamos de políticas
sociales ya no les interesa tanto, ni tampoco, como he dicho, algunos artículos de la Constitución. En vez de eso, traen otras propuestas parecidas a las que estamos acostumbrados. Ustedes todo lo quieren solucionar con más policías, con más
guardias civiles, con más palos, judicializándolo todo, ¡siempre igual! Lo hacen con el fenómeno de la inmigración, con la violencia de género, ahora con la vivienda. Ustedes, todo lo mismo: policías, guardias civiles, jueces y palos. ¡Ya está,
nada más! Políticas sociales, ni una, ¡ni una!
España está entre los países más seguros del mundo, a pesar de que ustedes estén constantemente con el mantra de que es un país inseguro. Lo mismo que hacía Le Pen, y miren cómo le ha ido. Afortunadamente, en Francia los franceses han sido
listos y le han cerrado la puerta a la ultraderecha, o sea, que no vayan por ahí.
Como ya he dicho, esta es una iniciativa llena de falsedades, de populismo, porque ya existen mecanismos que funcionan cuando se produce una okupación, y ustedes siguen mezclando churras con merinas. Nadie defiende que se metan en nuestra
casa y que se apropien de ella, ¡nadie, nadie defiende eso! Y, como le digo, ya existen mecanismos. La mayoría de esas usurpaciones u okupaciones -y lo ha dicho aquí antes otra diputada con datos, además- se producen en casas vacías que pertenecen
a fondos buitre y a grandes tenedores. No quiero decir yo con esto que la gente se tenga que meter, pero sí que tenemos que poner en marcha políticas sociales. Cuando usted relataba la historia de esta señora hablaba usted del escudo social. Es
que ustedes votan en contra del escudo social y de todas las medidas sociales. Cuando se habla de pensiones, ustedes votan en contra; cuando los ERTE, ustedes votan en contra. Ustedes siempre han dejado a la gente más vulnerable tirada. Por lo
tanto, a esa señora yo sí la he apoyado porque voto aquí medidas sociales, y ustedes no la apoyan. Ustedes vienen aquí con populismo, con postureo, con postureo. (Rumores). Sí, sí, con postureo. Esas personas tienen también derechos y nosotros
tenemos que poner medidas sociales, efectivamente, pero hay que aprobar y hay que votar también otras cuestiones como una reforma laboral para que no haya un contrato basura. Es decir, ustedes huyen de todas esas cuestiones, de las medidas
sociales. Para ustedes todo es policías, guardias civiles, ¡marrón para los policías y para los guardias civiles! ¡Claro, ustedes son los patriotas de banderita que quieren a los guardias civiles, pero para enmarronarlos! Y a las cosas hay que
hacerles frente con medidas sociales -no como Le Pen, que mira cómo le ha ido- para ayudar a la gente, con los artículos de la Constitución -ustedes, que se pasean con la Constitución-, ¡todos los artículos!, también con el que habla de una vivienda
digna para todos los españoles y las españolas. Así que, populismo y postureo a otro lado.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, tiene la palabra la señora Zurita Expósito.
La señora ZURITA EXPÓSITO: Gracias, presidente.
Muy buenas tardes a todos, señorías. Hace un mes y medio, mi última intervención en esta tribuna fue precisamente defendiendo nuestra enmienda a la totalidad a la ley de vivienda propuesta por el Gobierno; una ley que debió ser devuelta
porque no aporta absolutamente nada al problema de la vivienda en España. Es más, es una ley que creará problemas por la inseguridad jurídica que genera, por ser inconstitucional, por invadir las competencias de las comunidades autónomas, por
atacar impunemente la propiedad privada y por alentar y defender la okupación de viviendas. (Aplausos). Es una ley que hace el Partido Socialista para contentar a sus socios de Gobierno y, qué pena porque, después de crear este engendro, sus
socios de Gobierno les piden más, les piden más. No es suficiente con poner topes a los precios de alquiler, con despojar de derechos a los propietarios, con penalizar el ahorro de las familias y pensionistas que complementan su renta con un
alquiler, con penalizar a aquellos que con su capital privado -privado- han construido en los últimos quince años 2,5 millones de viviendas. Eso no es suficiente para los socios del Gobierno, que vuelven a la carga con unas treinta enmiendas a esta
ley de vivienda, con contenidos terroríficos muy dañinos para la economía y para las familias españolas.
La perspectiva que visualizamos de este dúo PSOE-Podemos intensifica cada vez más el ataque a las libertades individuales, a la propiedad privada y al mercado de arrendamiento. Además, vemos cosas que no se entienden. La competencia en
vivienda es de las comunidades autónomas, habiendo cuestiones que, por supuesto, el Estado tiene que regular, como es la planificación general de la actividad económica y, sobre todo, el marco regulatorio del derecho a la propiedad y establecer su
función social. Pero ustedes se han metido a legislar sobre cuestiones que están absolutamente fuera de las competencias estatales y, además, ni siquiera han consensuado la ley con las comunidades autónomas en las que ustedes gobiernan.
Una cosa curiosa. En Canarias, mi tierra, el consejero de Vivienda del PSOE -allí gobierna el PSOE con Unidos Podemos y con Nueva Canarias- ha salido corriendo para ver si puede burlar la ley para poner en venta las viviendas de protección
oficial. Eso que ustedes han criticado tanto, como es la descapitalización en viviendas de la Comunidad de Madrid, los suyos salen corriendo a hacerlo, y además criticando ya que cada comunidad autónoma es soberana de hacer con estas promociones lo
que más le convenga dentro de los límites legales y del interés social. No es que lo diga yo, es que eso ha salido publicado en los periódicos desde hace tres días. También creemos que el señor Franquis ha obrado bien, y desde aquí le mando un
saludo porque fue compañero nuestro y diputado del Partido Socialista.
¿Por qué se meten ustedes en regular lo ya regulado? ¿Por qué sacan esta ley, que no hace falta, que nadie quiere y que no aporta absolutamente nada? Además, propaganda ya nos han dado de sobra en esta legislatura. Ustedes lo que tienen
que hacer es poner en marcha medidas que incentiven la oferta de vivienda social y asequible, y todo eso que dicen que iban a hacer, hacerlo, y hacerlo mejor callados, además de traer a esta Cámara una cuenta de resultados de sus actuaciones reales
en vivienda. ¿Dónde están esas veinte mil viviendas del año 2018, las veinte mil viviendas sostenibles que se iban a hacer con suelo público? ¿Dónde está el plan de rehabilitación? ¿Dónde están esas cien mil viviendas que iban a solucionar los
problemas de los españoles y que iban a reactivar el sector de la construcción? ¿Y el bono joven? Han transcurrido seis meses sin que nadie haya visto una ayuda porque el dinero no llega a las comunidades autónomas. ¡Pero qué pena, qué tristeza y
qué pena! ¿Saben lo que realmente tendría que hacer el Gobierno? ¿Saben cuál hubiera sido una ley efectiva? La ley más efectiva que podía traer el Gobierno ahora mismo es una ley que combatiera la okupación de viviendas, como la que presentó el
Partido Popular hace un año, porque en un año, lo hemos dicho todos aquí, la okupación ha crecido en España. Es una lacra que se ha extendido hasta tal punto que se producen más de 49 okupaciones diarias y, según los datos, se ha incrementado en un
19 % en un año; así pues, después de las medidas alentadoras de este Gobierno, es el resultado que tenemos. Si quieren proteger el derecho a la vivienda de las familias vulnerables, creen vivienda social y dejen hacer vivienda asequible. Hagan
viviendas y den seguridad jurídica para que otros hagan lo que ustedes son incapaces de hacer.
Estos días hemos vivido un incidente que se ha hecho viral. Un propietario -que en este caso era el alcalde de un pueblo de Gerona, pero que podría ser cualquier ciudadano- ha amenazado a los okupas de su casa con un hacha. Desde luego, no
estamos de acuerdo con que nadie se tome la justicia por su mano, pero, ¿cuántas desgracias más relacionadas con los okupas tienen que pasar para que ustedes
reaccionen? Es que la gente está hasta las narices y tienen que entenderlo. No se confundan porque desalojar a un okupa no es un desahucio, es recuperar un bien, es desalojar a alguien que está haciendo uso de algo que no es suyo. Okupar
es un delito y, como tal, hay que tratarlo. Por eso, vamos a votar a favor de esta proposición de ley de VOX, que puede ser mejorable. Es una proposición similar a las medidas que nosotros ya hemos propuesto, pero sin penalizar a las mafias, que
es algo muy importante. Además, queremos que se siga hablando en esta Cámara de okupación. El fin debe ser que en doce horas un okupa se vaya a la calle porque lo primero que hay que poner por delante es que no se puede mezclar ni confundir una
política efectiva de vivienda con proteger la okupación. Hay que tratar la okupación como un delito penal y defender la propiedad privada.
Para terminar, señorías, no podemos desmantelar así nuestro Estado de derecho y convertir a nuestro país en un paraíso okupa. Desde el Grupo Popular entendemos que la legislación que hay ahora mismo es insuficiente, y prueba de ello es que
en un año se han duplicado las okupaciones en varias ciudades de nuestro país, ante lo que no podemos permanecer impasibles.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Araujo Morales.
La señora ARAUJO MORALES: Buenas tardes. Gracias, señor presidente.
Si tuviéramos que analizar las fake de VOX, hubiéramos pasado por distintos capítulos, desde el de todos los menas son delincuentes a la violencia de género no existe porque es violencia intrafamiliar, a que la caza o la tauromaquia son cosa
nuestra, pero hoy asistimos de nuevo a otro capítulo populista de VOX en el sentido de las okupaciones las arreglo yo. (Aplausos). Esta modificación del Código Penal que ustedes proponen plantea un endurecimiento de las penas, que en el caso del
apartado primero, triplican y cuadruplican la actual, equiparándolo con la pena de un homicidio imprudente. Pero en el caso del apartado 2, la propuesta pasa de la multa a una pena de prisión de uno a tres años.
Señorías de Ciudadanos, hablan de vulnerabilidad de las familias, pero van a votar a favor de poder estudiar la modificación del Código Penal que condenaría a una familia a pena de prisión de cuatro a seis años. Eso es lo que ustedes van a
votar hoy aquí. Señorías del PP, creo que se han equivocado de debate; no estamos hablando de la ley de vivienda, ese debate ya se produjo, sino que estamos hablando de una modificación del Código Penal. Por tanto, centremos el debate. Desde
luego, no existe una relación causal entre el incremento de penas y la reducción de un determinado delito, por lo que nos hallamos -y alguna compañera lo ha mencionado antes aquí- ante el llamado populismo punitivo, buscando un respaldo social bajo
una premisa falsa de asociar mayores penas con menor criminalidad sin plantear ninguna solución a un problema complejo, como es el que nos atañe.
En el populismo punitivo, que hoy ustedes nos traen aquí, no cabe la racionalidad, la proporcionalidad y, desde luego, no responde ni a la justicia ni a la equidad. Díganme, señorías de VOX y del PP, ¿creen ustedes que incrementando la
multa de aquel que no paga las obras de su chalé no cometería esa infracción? (Aplausos). ¿Creen ustedes que el incremento de penas a aquel que comete un delito contra los trabajadores, a los que contrata de forma ilegal para luego, cuando
enferman, dejarlos tirado en la puerta de un hospital, haría que no se cometiera el hecho? ¿Creen ustedes que el incremento de penas hubiera hecho al anterior líder de VOX en Andalucía defraudar 2,5 millones de euros en subvenciones al Ministerio
de Industria? (Aplausos). O, mejor aún, señorías del PP y de VOX, ¿piensan ustedes que el incremento de penas haría que el que cobra comisiones en período de pandemia por la compra de mascarillas no lo hiciera? Precisamente hoy, acabamos de saber
de la compra de maletines de test COVID de la Junta de Andalucía y una presunta mordida de 5 millones de euros, con el consiguiente silencio de Moreno Bonilla. ¿Piensen ustedes que el incremento de penas hubiera hecho que esa mordida se hubiese
evitado?
Ustedes, señorías de VOX y del PP, pretenden hacer creer a los ciudadanos que únicamente ustedes persiguen el delito y que, por tanto, serán implacables, pero lo que verdaderamente ocultan es su incapacidad para dar una respuesta a los
problemas de los ciudadanos. Por supuesto que sabemos que la ocupación ilegal de bienes inmuebles es una preocupación para aquellas personas que ven violentada su propiedad, pero ocultan que en el plano civil la Ley 5/2018, avalada por el Tribunal
Constitucional, que modificó la Ley de Enjuiciamiento Civil, agilizó los procedimientos contra la ocupación ilegal; ocultan que en el Código Penal se recogen dos figuras. Por tanto, existe un marco regulatorio. Señorías, quien no
puede pagar la hipoteca, quien no puede pagar el alquiler, no es un okupa, es una persona con problemas, la mayoría personas vulnerables que necesitan respuestas sociales y no incremento de penas.
Cuestión distinta sería hablar -y hoy no se ha traído a este debate- de aquellas mafias que extorsionan a las familias y sobre las que debe caer de manera contundente todo el peso de la ley. Ni siquiera se han molestado en distinguir entre
viviendas o inmuebles vacíos propiedad de bancos u otras empresas. La mayoría no se trata de primeras viviendas ni de segundas viviendas habituales. La ocupación ilegal es un fenómeno que preocupa al Gobierno. De hecho, se está dando respuesta
con circulares y órdenes que coordinan la actuación de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, pero lo que ustedes olvidan mencionar aquí es que ya existen instrucciones, la 1/2020 y la 6/2020, en coordinación con la Fiscalía General del
Estado, que marcan los criterios de actuación. Cualquier otra cosa sería dejar en absoluta inseguridad jurídica la actuación de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Con su planteamiento, esta toma en consideración las dejaría, como digo,
en una desprotección jurídica.
Frente a su castigo desproporcionado, este Gobierno trabaja en positivo buscando soluciones, como la defendida por la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana a través de un proyecto de ley por el derecho a la vivienda, que
esperamos que se constituya como el quinto pilar del Estado del bienestar; aprobando el Plan estatal para el acceso a la vivienda 2022-2025, que presta una atención especial a las personas vulnerables que están en situación de desahucio o
lanzamiento de su vivienda habitual; posibilitando a las personas sin hogar soluciones habitacionales; facilitando a los jóvenes el acceso y el disfrute de una vivienda digna y adecuando un régimen de alquiler; aumentando el parque público de
viviendas, facilitando la promoción de viviendas en alquiler, reactivando, en definitiva, el sector; creando un fondo de alquiler joven para que los jóvenes puedan emanciparse con rentas mensuales de vivienda hasta 600 euros, alquiler habitacional
hasta 300; impulsando ayudas a los arrendatarios; incrementando la oferta de viviendas de alquiler social mediante el impulso del parque público de viviendas; incrementando la oferta de vivienda en alquiler asequible para personas mayores o con
discapacidad; multiplicando, señorías de VOX y del Partido Popular, por siete los presupuestos de vivienda. Así se gobierna, señorías de VOX y PP, planteando soluciones a los problemas y no incrementando los años de prisión. Afortunadamente,
tenemos un Gobierno progresista en España que así lo hace.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias.
PROPOSICIONES NO DE LEY:
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO VOX, RELATIVA A EXIGIR QUE LAS ORGANIZACIONES SINDICALES TENGAN LA OBLIGACIÓN DE HACER PÚBLICA TODA LA INFORMACIÓN RELATIVA A LOS ACTOS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA CON REPERCUSIÓN ECONÓMICA O PRESUPUESTARIA. (Número
de expediente 162/000996).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Pasamos al punto del orden del día relativo a las proposiciones no de ley. Comenzamos con la proposición no de ley del Grupo Parlamentario VOX, relativa a exigir que las organizaciones
sindicales tengan la obligación de hacer pública toda la información relativa a los actos de gestión administrativa con repercusión económica o presupuestaria.
Para la presentación de la iniciativa, tiene la palabra la señora De Meer Méndez. (Aplausos).
La señora DE MEER MÉNDEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Mientras hoy debatimos si los sindicatos y las organizaciones empresariales subvencionadas deben ser transparentes, millones de españoles tienen que hacer la declaración de la renta, declaración donde se les exige transparencia y honestidad,
y es que la única transparencia que observamos en los sindicatos de clase es la transparencia que leemos en los sumarios de los juzgados. (Aplausos). Señorías, la transparencia que conocemos de estos sindicatos y asociaciones empresariales es que
sí reciben subvenciones, subvenciones que, por ejemplo, en el caso de Comisiones Obreras en los últimos cuatro años ascienden a más de 75 millones de euros del contribuyente; en el de UGT, por ejemplo, en los últimos cuatro años también unas
subvenciones por valor de 96 millones de euros, y en el de la CEOE en los últimos cuatro años una cuantía de 26 millones de euros. Señorías, los españoles tienen derecho a que estas organizaciones subvencionadas hagan su función, y sabemos que no
lo hacen, sabemos que no les importan, porque sabemos que no mueven un dedo en el caso de los sindicatos de clase ante el aumento de la factura de la luz, sabemos que no mueven un dedo y que no han dicho nada sobre el
secuestro inconstitucional de millones de españoles los años de pandemia, sabemos que no han dicho nada sobre la prohibición de trabajar a los españoles y el robo del 30 % de sus nóminas con la herramienta de los ERTE; sabemos que se han
quedado mudos ante la precariedad, ante el desempleo juvenil, uno de los más graves de Europa, y la pérdida de poder adquisitivo de todos los españoles. Estas organizaciones están obscenamente calladas ante la desgracia de los españoles.
(Aplausos).
Señorías, lo que también conocemos sobre las oligarquías sindicales es que están infestadas de casos de corrupción. Lo que conocemos sobre estas oligarquías es el caso de los ERE, los 680 millones que decía la Audiencia de Sevilla, el caso
Forcem, el caso Hulla de Asturias, el reciente caso de UGT Madrid, con el robo de los 2 millones de euros de Fogasa. Lo que conocemos es que los españoles tienen que cumplir con las administraciones y, sin embargo, en el caso de los sindicatos,
como también hemos visto recientemente por parte de la Junta de Andalucía, se les aplaza, se les condonan deudas de hasta 40 millones con un aplazamiento a quince años sin aportar aval o garantía alguna, no como a los españoles. (Aplausos).
Señorías, esto es una vergüenza, y es que al final las oligarquías sindicales se han convertido en herramientas y en organizaciones de privilegiados y mimados por los gobernantes que no sirven a los españoles, que no trabajan para los
trabajadores, que viven del esfuerzo de los trabajadores, que viven de la financiación pública, que es la financiación de tantos españoles de a pie que cumplen, que sí que cumplen, y esa oligarquía sindical al final solo forma parte de un teatro, y
es el teatro en el que ejercen de felpudo, de mayordomo del sistema globalista. Son los sindicatos del postureo, los sindicatos de los fulares, los sindicatos de los políticos y los multimillonarios progres. Son, señorías, la casta sindical.
(Aplausos).
¿Que la patronal, el Banco Mundial, los Gobiernos y miles de personas de otros continentes necesitan traer a miles de personas de otros continentes para el sostenimiento de sus economías? Los sindicatos ya se encargan de blanquear la
inmigración masiva para que tengamos mano de obra esclava. ¿Que hay que estar calladitos y de la mano del Gobierno y de la patronal para el retoque laboral? Pues calladitos. ¿Que el sistema mediático, también subvencionado, necesita que llamemos
extrema derecha a los miles de chalecos amarillos que salieron a las calles y que no tienen un plato caliente que llevar a sus casas? ¿Que el sistema mediático necesita que llamemos extrema derecha a los trece millones de franceses que votan mal,
que no votan a banqueros que secuestran y controlan en sus casas para que sean los perfectos consumidores globales sin identidad, sin profundidad o sin raíces? Pues los sindicatos cumplen con el sistema mediático y les llaman extrema derecha.
(Aplausos).
Señorías, solo hay un camino, y es el camino de la ejemplaridad en las consecuencias, es el camino de la denuncia pública y contundente ante el delito y los delincuentes, es el camino de la transparencia en estas organizaciones, la misma
transparencia que se les exige a los españoles que sí que cumplen. Por eso, señorías, su voto de hoy va a ser tan revelador, porque hoy ustedes se van a retratar ante los españoles, hoy vamos a ver qué votan los que tanto hablan de transparencia y
democracia para que los sindicatos y asociaciones empresariales expliquen qué hacen, cómo se financian y a qué destinan los ingresos públicos. Pero nuestra lucha, señorías, es contra la mafia, es contra los privilegios de esta oligarquía sindical y
de este teatro globalista de matrimonio entre los sindicatos, la patronal y los grandes poderes.
Señorías, VOX sí cree en la defensa de los trabajadores, VOX sí cree en el sindicalismo. Sabemos que hay cientos -cientos- de delegados sindicales que se dejan la piel para ayudar a sus compañeros, para que sus condiciones laborales sean
mejores y más dignas, delegados incluso de Comisiones Obreras y de UGT, delegados sindicales y sindicatos sectoriales, imprescindibles y que sí que entienden el sindicalismo como un servicio a los demás, que es lo que debería ser el sindicalismo,
señorías, la defensa de los trabajadores de España y estar a su servicio. Por eso existe el sindicato Solidaridad, un sindicato que lo entiende así y al que cada vez más españoles se unen. Y nos da igual que esos trabajadores sean de izquierdas o
de derechas, que nos voten o que nos odien, nos da igual, porque reconocemos su lucha, su sacrificio y la ejemplaridad de quienes habiendo sido abandonados por ustedes no se resignan. (Aplausos).
Señorías, nosotros el próximo 1 de mayo estaremos acompañando al sindicato Solidaridad en Cádiz, donde ustedes enviaban las tanquetas contra los trabajadores que exigían un trabajo digno. Es una provincia devastada por el paro y por la
desindustrialización, devastada por este Gobierno que ha decidido empequeñecer cada vez más nuestra soberanía. Porque proteger fuerte a España, señorías, es la única
manera de proteger fuerte a los trabajadores españoles. Estaremos -ya termino, señor presidente- para decir a los españoles que no vamos a parar hasta reconquistarlo todo.
Muchísimas gracias. (Prolongados aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias.
Para la defensa de la enmienda formulada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra la señora Muñoz Vidal.
La señora MUÑOZ VIDAL: Gracias, presidente.
Señorías, la verdad es que a una siempre le alegra que se traigan a esta Cámara cuestiones que afectan a la transparencia y a la regeneración, porque los liberales luchamos intensamente por regenerar la política y garantizar la transparencia
y la eficiencia en el uso de los recursos públicos en todas y cada una de las instituciones de nuestro país. No descubro nada, porque muchos de ustedes lo han sufrido en sus carnes, y, por eso, somos tan molestos los de Ciudadanos.
Miren, nosotros hablamos, pero también actuamos. Actuamos cuando estamos en el Gobierno con cambios inmediatos, como en Andalucía, donde se acaban de convocar las elecciones. Es un orgullo decir que la presencia de Ciudadanos ha permitido
desterrar por fin la corrupción en esta tierra, gracias a la Oficina contra el Fraude y la Protección del Denunciante, que evita que personas encausadas o condenadas por corrupción puedan ocupar cargos públicos. Hoy, la prensa publica, por ejemplo,
que PP y PSOE vuelven a las conversaciones para repartirse el Consejo General del Poder Judicial. Nosotros, los liberales, cumplimos: auditorías del sector público para hacerlo más eficiente; disolución y fusión de entidades para evitar
duplicidades e eliminar el gasto innecesario. Nos tomamos tan en serio la transparencia que obtuvimos la máxima calificación posible en la última evaluación de transparencia internacional a los partidos políticos.
Señorías de VOX, señora De Meer, con su iniciativa tratan de despistar. Cualquiera diría que están ustedes preocupados por la transparencia y la regeneración. Les voy a explicar cuánto les importa a ustedes la transparencia y cuánto nos
importa a nosotros. Con Ciudadanos en el Gobierno de Castilla y León dimos a la cartera de Transparencia y Regeneración el rango de vicepresidencia. ¿Ustedes qué han hecho? Han pedido y han obtenido la vicepresidencia, pero sin competencias,
claro, y se han cargado la transparencia. En su moción, señora De Meer, pretenden obligar a organizaciones empresariales y a sindicatos a someterse a un régimen de transparencia al que no están dispuestos a someterse ustedes mismos, y eso ya lo
dice todo. Miren, ustedes piden también un protocolo y un código ético interno en las citadas organizaciones que permita depurar responsabilidades rápidamente ante casos de corrupción. Yo me he tomado la molestia de buscar y leerme su código
ético, el de VOX (muestra un documento), aunque es mucho llamar código a un panfletillo de una cara, y ¿saben cuántas veces aparece la palabra corrupción en este código ético? Cero. (Aplausos.-Un señor diputado pronuncia palabras que no se
perciben). Por si acaso. Nosotros tampoco tenemos. Miren mi código ético (muestra un documento), el de Ciudadanos. Estamos de acuerdo, señora De Meer, señorías de VOX, en que es necesaria una profunda revisión del modelo sindical y patronal,
porque creemos que ha habido un proceso de cartelización, al igual que ha sucedido en los partidos tradicionales, que es perjudicial para la sociedad. Es más, creemos que, a la vista de lo sucedido en los últimos años, sería necesario reforzar aún
más los requisitos de transparencia en materia de financiación, también por parte de agentes extranjeros, también para los partidos políticos.
Ya que pedimos transparencia, queremos que la transparencia sea igualitaria, queremos la transparencia igual para todos, y ahí tienen nuestra enmienda. Sería interesante conocer qué partidos están representados en esta Cámara y tienen
vínculos con regímenes como el de Irán, Rusia o Venezuela y hasta dónde ha podido llegar la injerencia de estos países extranjeros en la política europea y española. Los españoles tienen derecho a saber, señores de VOX, señora De Meer, si ustedes,
por ejemplo, han reconocido que el exilio iraní les financió campañas y les pagó el sueldo. Pero lo sustancial no es lo que les pagaran ni cuánto ni cuándo, lo sustancial es por qué les pagaron, para qué les pagaron. Tanto ustedes, señorías de
VOX, como ustedes, señorías de Podemos, no nos han contado nunca por y para qué les pagan desde fuera de España, y nos gustaría mucho saber si es para sus proyectos encubiertos de destrucción de nuestro Estado y de la Unión Europea.
Por eso, por la transparencia, porque nos ha pedido aquí que marquemos ese camino y que nos retratemos sobre la transparencia y la regeneración democrática de patronales, de sindicatos, nosotros
les pedimos que acepten nuestra enmienda y que se retraten también en la transparencia y la regeneración democrática de los partidos políticos.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias.
En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu tiene la palabra el señor Matute García de Jalón.
El señor MATUTE GARCÍA DE JALÓN: Muchas gracias, señor presidente.
Si tenemos en cuenta que hoy es 26 de abril y que este es el Pleno anterior a la celebración del 1 de mayo, poco margen queda para pensar que no estamos ante un debate de causalidad más que de casualidad. Y dado que la causa es bastante
evidente, dada la defensa que ha hecho la portavoz del grupo proponente, permítanme que empiece con un sincero homenaje a quienes en 1886 fueron ejecutados por defender los derechos laborales, en este caso la jornada laboral de ocho horas frente a
la de catorce y dieciséis a la que les obligaban los patrones. Eran sindicalistas anarquistas que fueron ejecutados. Por eso, tres años después, en 1889, la Internacional Socialista decidió que ese fuera el Día Mundial del Trabajo, el día de la
clase trabajadora. Y a ustedes, a la extrema derecha, no se les ocurre otra cosa que traer una iniciativa para poner en solfa o para poner en cuestión los instrumentos de los que se dotan los trabajadores y las trabajadoras, que son los sindicatos,
los sindicatos de clase, que son los que les molestan. Hay otro tipo de sindicalismo que les molesta menos, ese sindicalismo etéreo, por llamarlo de alguna manera suave -ya tendré tiempo de ser más duro-, que llaman Solidaridad. Pero lo han hecho,
como no podía ser de otro modo, y siguiendo la estela de lo que señalaban en el punto anterior, siguiendo fielmente los principios de Goebbels. Y aquí me han sorprendido todavía menos. Me ha sorprendido todavía menos que hayan hecho uso del
principio de renovación. Es decir, hablan hoy de los sindicatos sembrando la duda para cuestionar su utilidad y para, de paso, fortalecer su propia idea, y lo han hecho también, cómo no, con el clásico de cualquier ideario sostenido en el fascismo,
que es el principio de transposición: imputarle al contrario aquellos defectos que le son inherentes o propios. Nos hablan de falta de democracia en el sindicalismo -pues que se investigue lo que haya que investigar; que se investigue a todos
esos sindicatos que ha señalado y los escándalos, porque eso es lo que más daño hace a la clase trabajadora-, se nos habla de la falta de transparencia de los sindicatos y, a la vez, se nos habla del sindicato estrella, del sindicato al que hay que
apoyar, que se llama Solidaridad y es un sindicato fantasmagórico. ¿Ese es el sindicato que tiene un único órgano de control que queda en manos del secretario general y no de los afiliados? ¿Ese es su modelo de democracia, ese es su modelo de
transparencia? ¿Es ese sindicato en el que no se vota la comisión de garantías? ¿Es ese el modelo de transparencia y democracia? ¿Es ese el sindicato que ni siquiera se molesta en demostrar la representatividad que dice tener en los comités de
empresa? ¿Ese es el modelo de transparencia? Con todo respeto, o sin ningún respeto, eso es un chiringuito, eso no es un sindicato (aplausos), o podría ir más allá, es una réplica absurda, triste -como ya decía Marx, la historia se repite; la
primera vez, en forma de tragedia, y la segunda, en forma de farsa-, una farsa de lo que fue el sindicato vertical que imperó en el Estado español de 1940 a 1977, porque ya se encargaron antes los adeptos del régimen franquista de eliminar o de
proscribir a todos los sindicatos democráticos, a CNT, a UGT, a ELA y a todos los sindicatos que existían.
Miren, la extrema derecha tiene, al menos hoy por hoy -no digo que no tenga más-, dos grandes objetivos. Uno es contraponer los derechos sociales a los civiles. Si los trabajadores sufren malas condiciones laborales la culpa es de la
izquierda o de sus instrumentos, partidos o sindicatos, porque se preocupan más de defender a otros colectivos, ya sean las minorías de cualquier tipo, el colectivo LGTBI o los derechos de las mujeres, que de defender los derechos de los
trabajadores. Por eso, lo que ustedes plantean es suprimir los derechos civiles o, si eso no sirviera, despojarles de sus instrumentos. Pero el segundo objetivo es, una vez despojados de sus derechos y de sus instrumentos, contraponer a los
últimos, que son los inmigrantes, con los penúltimos, que son la clase trabajadora, y ahí no hay Soros que valga para tapar tanta inmundicia argumental. En definitiva, odio a la libertad, odio y miedo al diferente. Lo decía Esopo, no yo: algunas
personas, por miedo de peligros menores, se meten en males mayores. No tener sindicatos es un mal mayor. Ustedes son a la defensa de los derechos de la clase trabajadora lo que yo a la defensa de los derechos de las élites económicas.
Termino con una cita muy apropiada para el debate de hoy. Sé que les va a gustar y para ustedes va. Es de Novecento: 'Los fascistas no son como los hongos, que nacen así, en una noche, no. Han sido los patronos los que han plantado los
fascistas, los han querido y los han pagado.' (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias. (El señor Espinosa de los Monteros pide la palabra).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Al final del debate, por no interrumpirlo.
Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra el señor Barandiaran Benito.
El señor BARANDIARAN BENITO: Buenas tardes, señorías, señoras y señores diputados.
Hoy, 26 de abril, se cumplen ochenta y cinco años del bombardeo de Guernica, un primer ataque aéreo indiscriminado contra una ciudad indefensa y su población civil perpetrado por un gobierno golpista y usando la artillería o la aviación
alemana e italiana. (Aplausos). Fue el preludio de otras tragedias que ocurrirían en Europa y en otras partes del mundo como consecuencia de ideologías y regímenes totalitarios, pero fue también el preludio de otra cuestión, el triste precedente
de un hecho que hoy conocemos como el revisionismo histórico: quienes actuaron como agresores, el bando fascista, el bando franquista, aparentaron ser inocentes y culparon de la masacre a las víctimas del bombardeo. Es evidente que no se pueden
comparar hechos, pero hay valores que se pueden cotejar.
Hoy aquí, con esta iniciativa, asistimos a un nuevo episodio de revisionismo histórico. Un partido de rasgos totalitarios y antidemocráticos pretende advertir sobre la existencia de espacios necesitados de aclaración en la actividad de
instituciones tan necesarias y primigenias para la garantía de la calidad democrática de un Estado como son las organizaciones sindicales, y ello para instar al Gobierno a que se les dé un trato más exigente en el ámbito de la transparencia
democrática. Ese hecho no sería ninguna tragedia, ningún problema, es más, podría ser aceptable en otros términos, pero lo que nos parece un insulto a la inteligencia es que se haga desde instancias tan poco transparentes o democráticas como la de
la proponente, ya que, lejos de pretender someter a las organizaciones sindicales a un escrutinio democrático, como dice, y estamos seguros de que lo apoyarían, lo que pretenden es proyectar sobre su actividad un espacio de duda, de sombra, que solo
es comprensible desde la perspectiva de quien solo pretende poner en duda su calidad democrática y su utilidad también, como ha advertido el parlamentario que ha intervenido antes y como, además, hemos podido comprobar por el tono y el contenido de
la intervención. Y en eso consiste el revisionismo histórico, en poner en duda los espacios comunes, determinada verdad compartida, también los valores, para manipularlos en cualquier debate y poner en duda no solo los hechos, en este caso también
a los protagonistas de una probada y contrastada tradición democrática.
Hace ya unos meses -en septiembre- hubo una intervención de un diputado de VOX en el Parlamento Europeo que pretendía de alguna manera inculpar a los partidos republicanos del golpe de Estado de 1936. El presidente Sassoli, que murió
tristemente a principios de este año, señaló al señor Hermann Tertsch que había en el contenido del mensaje que denunciaba algunas afirmaciones que debía rechazar, porque el Parlamento Europeo había condenado el revisionismo histórico. Y siguió
diciendo: 'El Gobierno de la República española, legítimo, constitucional y democráticamente elegido, fue derribado por un golpe de Estado, y quien dirigió el alzamiento, el general Franco, fue un dictador y su régimen practicó la persecución y
eliminación sistemática de sus adversarios políticos. Achacar a los partidos que apoyan aquí al Gobierno el destruir la democracia y las libertades no es opinable, es una falsificación de la historia'.
Pretender hoy aquí también convertir en culpables de determinado oscurantismo antidemocrático a quienes intervienen en la garantía y la defensa de los derechos de los trabajadores, como es y como ha sido en toda su historia, es también una
falsificación histórica y una forma de revisar los valores que impregnan el Estado democrático. Por tanto, no se combate un discurso fascista discutiendo estos errores; hace falta combatirlos desde la base, desde estos hechos, desde la crítica a
un relato construido con la mistificación de algunos hechos, con la fabulación de otros y, sobre todo, con la deconstrucción de la realidad para que sea útil a una verdad recreada, a una verdad ajena a la justicia, a una verdad ajena a la razón de
la libertad, de la igualdad y de la solidaridad, escritas en mayúsculas y no como meras herramientas de dominación de colectivos, de aniquilación de diferentes y de sometimientos discrepantes. Cuando se produzcan situaciones como estas, cuando se
produzca deconstrucción de la verdad, como ocurre en esta proposición, cuando se vaya a intentar falsificar la realidad para oponer la situación
democrática a otra antidemocrática, el revisionismo histórico, en dicho intento el Partido Nacionalista Vasco siempre va a estar enfrente del fascismo, va a estar enfrente de ustedes, señores de VOX.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Plural, tiene la palabra el señor Baldoví Roda.
El señor BALDOVÍ RODA: Moltes gràcies, president.
Un proverbio chino: antes de salir a cambiar el mundo da tres vueltas por tu propia casa. Viene esto a cuento por esta nueva propuesta (hace el gesto de comillas con los dedos) de este partido anticonstitucional, con nombre de sindicato,
con nombre de diccionario, que es el genuino representante de señoritos, patronales, fondos buitre y élites, esta vez exigiendo a los sindicatos, a los representantes de los trabajadores, mayor transparencia. Oigan, ¿quieren transparencia?, pues
empiecen exigiéndosela al señor Almeida y a la señora Ayuso. Permítanme que les recuerde unas palabras de San Juan Bosco, un santo que me cae especialmente bien, porque era un santo que representaba a los pobres y a los trabajadores. El señor Juan
Bosco decía que la prédica más eficaz es el buen ejemplo. Quieren informes, auditorías, fiscalización y, oiga, ¿los chiringuitos de Abascal tuvieron informes, tuvieron auditorías, tuvieron fiscalización? ¿Se ríe el señor Espinosa de los Monteros?
¿Usted se ríe? (El señor Espinosa de los Monteros de Simón: ¡Mucho!). Ríase. Quieren información de las ayudas públicas y privadas. Presentaron una propuesta para eliminar las subvenciones a los partidos políticos, y reciben 15 millones. ¿Los
han devuelto? Reciben financiación de un grupo oscuro iraní. ¿Lo han aclarado? Usted ha dicho mentiras en este Congreso sobre el embargo de su sueldo. ¿Y usted nos quiere dar lecciones a nosotros? (Varias señoras y señores diputados del Grupo
Parlamentario VOX: ¡Sí!). ¿A todo el mundo quiere usted dar lecciones? (Aplausos.-Rumores).
Mire, señor Espinosa de los Monteros, señores y señoras de VOX...
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Señoría, debe finalizar.
El señor BALDOVÍ RODA: ..., más ejemplo -acabo-, menos monsergas y menos sermones. Prediquen con el ejemplo, ¿vale? (Aplausos.-Rumores).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias.
Tiene la palabra el señor Boadella Esteve.
El señor BOADELLA ESTEVE: Muchas gracias, presidente. Intervengo muy brevemente.
Es una iniciativa a favor, en teoría, de la transparencia, pero yo creo que es la metáfora -antes se hacía referencia a proverbios chinos- del cordero con piel de lobo. El ejercicio mínimo que puede hacer uno cuando VOX plantea esta
cuestión es pasar en el espejo la prueba del algodón. Yo les recomiendo, por lo que les diré, pero, sobre todo, para que se actualicen, que entren en la página de VOX, que supongo que hace tiempo que no entran, y vayan a la parte de transparencia,
donde van a encontrar una cosa bastante surrealista: 'VOX defiende el soterramiento de las vías del AVE en Talavera'. Esto es lo que aparece en la parte de transparencia de la página web de VOX, en vez de la relación de las cuentas. Y en el mismo
apartado de cuentas, si sigues más abajo, te aparecen las cuentas y el informe del año 2020. ¿Y qué aparece? Nada de lo que piden en su proposición.
Señor presidente, me va a tener que actualizar el tiempo, porque no va a durar tanto la intervención, ya se lo digo.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): No se preocupe, que a usted siempre le sobra tiempo.
El señor BOADELLA ESTEVE: Digo que la primera cosa que aparece en la web, en la parte de transparencia, es la noticia del soterramiento de las vías del AVE de Talavera y, luego, el informe de auditoría de 2020. No aparece ni el presupuesto
ni las retribuciones de los altos cargos ni las resoluciones autorizando la compatibilidad o no de los empleados públicos, ni aparecen tampoco las cuotas de afiliación. Son incapaces de poner en su página web y en el apartado de transparencia todo
aquello que ustedes piden a los otros. (Aplausos). Pero, además, aquí se hacía referencia a las bondades y a la gran revelación y suerte para todo el mundo de la aparición de Solidaridad como sindicato, que, evidentemente, está vinculado a
ustedes. Pues si se van a la página web del sindicato Solidaridad lo único que van a encontrar
son los estatutos, un reglamento de secciones sindicales y un código ético de escasas páginas. Nada de presupuestos, nada de retribuciones de altos cargos, nada de auditorías, nada de cuentas y nada de lo que ustedes están pidiendo que se
aplique al régimen de los otros sindicatos y entidades empresariales.
No es justo pedir a los otros lo que uno no predica para sí mismo ni es justo que nosotros demos apoyo a una iniciativa que busca hacer más ruido que aportar utilidad al interés general.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Republicano, tiene la palabra el señor Salvador i Duch.
El señor SALVADOR I DUCH: Bona tarda. Gracias, presidente.
Vamos a ver, hagamos un poco de pedagogía sobre el movimiento obrero y sus organizaciones, porque me parece que no tienen ni idea. Lo primero que hay que saber explicar es que hay diferentes modelos sindicales, que podríamos clasificar
grosso modo en tres: el primero es el de VOX, y lo podemos llamar modelo Manolín -ya me entienden-. (Aplausos). El segundo -vamos a lo serio- es el modelo llamado de eficacias limitadas. Sería el caso, por ejemplo, del modelo anglosajón y el de
algunos Estados nórdicos, un modelo en el que todas las mejoras en cuanto a salarios, jornada de trabajo, distribución horaria, horas de formación, etcétera, todo aquello conseguido por las organizaciones sindicales, son solamente para sus afiliados
-repito, solamente para sus afiliados-. Por ejemplo, podemos encontrar una empresa en la cual exista una doble escala salarial, la negociada entre empresa y sindicatos, con un resultado siempre superior en cuanto a salarios respecto de la de
aquellos trabajadores que negocien individualmente. El resultado de este modelo es bueno: 80 % de los trabajadores y trabajadoras afiliados. Al trabajar solo para la filiación no necesitan ningún tipo de subvención.
El tercer modelo, el que se ha otorgado aquí, el que se aplica en el Reino de España y en otros Estados, y consiste en que los sindicatos representan a la totalidad de la clase trabajadora -a la totalidad de la clase trabajadora-, no
únicamente a sus afiliados. Así, pese a que solo pagan cuota unos pocos, un 17 % de los trabajadores, todos los trabajadores se benefician de las mejoras conseguidas. Por ejemplo, puede ser que haya un salario mínimo, que sabemos que sería de 14
000 euros, pero a través de los sindicatos un camarero de Tarragona puede llegar a 20 000 euros. Esos 7000 euros de más son gracias a la negociación colectiva con los sindicatos. Pero también gracias a los sindicatos, en cualquier convenio se
podrán conseguir mejoras de permisos retribuidos, de distribución de las vacaciones, de trabajos nocturnos, de prevención de riesgos laborales, de formación, etcétera. Es decir, todas las condiciones de trabajo de la práctica totalidad de los
empleados del Estado dependen del trabajo sindical. Y aquí viene la paradoja -a ver si la entienden-: un señor o una señora antisindical, insolidario, que jamás participó en una huelga, que incluso combatió a los sindicatos, ese individuo que
nunca participó en nada disfrutará de todos los beneficios logrados por los sindicatos - mejora salarial o mejoras en cualquiera de sus condiciones de trabajo- que están -repito- principalmente financiados -es lo que niegan ustedes- por las cuotas
de su afiliación. Ese sistema es el que está definido en su Constitución, luego cúmplanla. Es decir, las mal llamadas subvenciones, que ya empezamos mal, son, de hecho, compensaciones a lo que los sindicatos hacen por el bien común, por el
conjunto de la clase trabajadora, afiliada o no, y el coste de ese trabajo -mantenimiento de sedes; kilometraje; acción sindical; servicio jurídico, de formación, de participación institucional, etcétera- se paga a través de los Presupuestos
Generales del Estado. Es una compensación económica, que, además, comparada con los países de nuestro entorno, es de las más bajas de Europa -otra mentira suya-. Los números son públicos -los números son públicos-, pero, sobre todo, están
controlados por cada sección sindical, cada congreso, cada una de las miles de asambleas informativas regulares, sectoriales, de federaciones, de uniones territoriales, de uniones nacionales, autonómicas, a escala confederal, etcétera. Siempre se
rinden cuentas -siempre se rinden cuentas-, pero a ustedes no les preocupa la fiscalización sindical, les preocupa la existencia de organizaciones que luchan contra la explotación y las vulneraciones de los derechos sociales y laborales.
Quiero aprovechar para dedicar un sentido homenaje a los sindicalistas y a las sindicalistas, que dedican su tiempo, muchas horas de su tiempo libre, algunas veces su propia vida, como ha pasado en momentos históricos, a mejorar las
condiciones de vida y, en definitiva, a crear un mundo mejor. Sin duda, son las mejores personas que tenemos en este país. (Aplausos).
Acabo invitando a toda la clase trabajadora de los diferentes pueblos del Estado, hablen la lengua que hablen, porque todos somos clase trabajadora, a que se sumen a las manifestaciones del Primero
de Mayo. La lucha sindical continúa y gracias a ella ganamos batalla a batalla o resistimos a esta ofensiva neoliberal. (Termina su discurso en catalán).
Moltes gràcies. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, tiene la palabra la señora Vidal Sáez.
La señora VIDAL SÁEZ: No se ría tanto, señor Espinosa, y pague a los trabajadores que le construyeron su maravilloso chalet. (Aplausos).
Hoy VOX nos presenta una PNL llena de aversión a la democracia y sustancialmente tóxica. Tienen un grave problema con la democracia y también con los derechos humanos. A ustedes les gustan las relaciones laborales de antaño, como a algunos
señoritos de la Feria de Abril. Les gustan esas relaciones que tan bien relató Camus en Los santos inocentes o que vimos en El buen patrón: señoritos altivos, de porte pomposo, polvorientos, que tratan de forma paternalista y básicamente como a
bichos a sus trabajadores. Quieren que una vez traspasada la puerta del trabajo la única ley que impere sea la suya. Así entiende VOX la democracia y las relaciones laborales. Y les voy a dar un disgusto: los sindicatos son democracia y Estado
de derecho. Lo recoge la Constitución en sus artículos 28, 37 y 129 y, además, lo desarrolla la Ley Orgánica de Libertad Sindical. Su grupo desprende arrogancia y, además, mala leche. Es un cutre corta y pega de la actual ley de transparencia
para atribuírsela, que no para aplicársela, ¿verdad que sí?, para hacer básicamente creer que no se cumple. Una les podría llamar vagos, porque todo cuanto exigen es público y facilísimo de encontrar, pero a ustedes la transparencia les da igual.
Mienten para fomentar la aversión a los sindicatos. Ponen el foco en quienes han defendido y defienden a las trabajadoras y al Estado de derecho y que, además, han construido la democracia en nuestro país; organizaciones que cuentan con
una afiliación superior a todos los partidos de esta Cámara, lo cual no me parece menor. Además, cuando negocian una subida del salario mínimo o una reforma laboral o un convenio colectivo, el acuerdo es para todas no solo para sus afiliados. Para
que se entienda, el convenio colectivo es lo que diferencia tu salario del salario mínimo, tus vacaciones reales de las que reconoce el estatuto del trabajador. Esa diferencia es la que hacen efectiva los sindicatos, y su presupuesto, sinceramente,
me parece ridículo para lo que contribuyen. El sindicalismo es la diferencia entre el salario mínimo y lo que cobras, pero a los señoritos de VOX les molestan los bichos protestones. VOX pretende aprovecharse básicamente del clima social de
cansancio generalizado. Quieren canalizar la frustración fomentando la rabia y las salidas individuales; eliminar, básicamente, la solidaridad y el reparto. Nos empujan al odio al diferente y a la insurrección, cosa que no va a pasar. Ya les
dije una vez que en nuestro miedo mandábamos nosotras, y hoy añado: Y en nuestro enfado, también.
El futuro no va de esto. El futuro va de diálogo, de protección de libertad, de redes de solidaridad. La clave es si los trabajadores somos más fuertes o más débiles, y hay una regla: a sindicatos fuertes, trabajadores fuertes; a
sindicatos débiles, trabajadores débiles. Míreselo por sectores. VOX reclama, básicamente, la capacidad de autoorganizarse de los trabajadores lejos de los sindicatos vendidos -no el suyo, ese no, ese está bien-. Si quieren cargarse a los
sindicatos, yo les sugiero un plan: hagan fuertes a los trabajadores. Eso, básicamente, quiere decir contrato fijo. ¿Por qué votaron en contra de la reforma laboral? Explíquenselo a las personas que han firmado 1 069 190 contratos indefinidos
entre enero y marzo de este año, miles y miles de trabajadores a quienes no van a poder despedir tan fácilmente si se presentan, por ejemplo, a unas elecciones sindicales. Eso es libertad y eso es lo que les molesta: que no te puedan despedir por
quedarte embarazada, que no te puedan despedir por tener un permiso de paternidad, que puedas firmar un contrato de alquiler o una hipoteca. Todo eso es un contrato fijo; eso es la reforma laboral, que es, básicamente, estabilidad y libertad de la
buena. (Aplausos). Es cierto que las políticas de este Gobierno favorecen la capacidad de las trabajadoras para organizarse, pero no por la financiación a las centrales sindicales, sino precisamente por el fortalecimiento de su situación laboral.
Contra eso votaron ustedes una vez más, como lo hicieron con los ERTE, con la revalorización de las pensiones y con la derogación del despido por baja médica. Ustedes votan no a que las trabajadoras seamos fuertes. En Cádiz, por cierto, los
huelguistas exigían ultraactividad, eso que contiene nuestra reforma laboral y que ustedes votaron no.
Hablemos de financiación y de transparencia, que también nos apetece. Dicen que conocerás los intereses de alguien si sabes de dónde cobra. Pues bien, los sindicatos se financian principalmente con sus cuotas de afiliación. Son
trabajadores que pagan su representación. Cuentas públicas. Díganme,
¿quién les paga a ustedes?, ¿a quién representa VOX? Pues bien, reconocieron que en 2014 un grupo de oposición iraní pagó el 80 % de su campaña europea. Gracias a WikiLeaks, que no a ustedes, supimos, por ejemplo, algunos nombres de gente
modesta que financiaba a VOX: Esther Koplowitz, Isidoro Álvarez -el del El Corte Inglés-, Juan Miguel Villar Mir -el de OHL-. Supimos que organizaciones ultracatólicas, como HazteOir o CitizenGO también habían puesto dinero. Los cincuenta y dos
diputados de VOX rechazaron el código ético del Congreso y no presentaron la declaración de intereses económicos con la información requerida, evitando así hablar de los regalitos y de los contratos. A ustedes eso no les gusta. ¿De qué
transparencia hablan ustedes, almas de cántaro? A VOX le pagan las empresas y representa hoy y siempre básicamente los intereses de los señoritos, que no aceptan y les molesta que haya democracia dentro de sus empresas. (Aplausos).
Termino ya. Este sábado fue Sant Jordi; me voy a permitir hacerles una recomendación literaria: un cuento precioso de Paco Ignacio Taibo II que se llama La araña.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Debe finalizar, señoría.
La señora VIDAL SÁEZ: Las horas extra se pagan doble, escribía en las paredes, y firmaba: La araña. Feliz Primero de Mayo. Y una cosa les voy a decir: de pocas cosas estoy tan orgullosa como de la afiliación sindical.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias.
Por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, tiene la palabra el señor Movellán Lombilla. (Rumores.-El señor Espinosa de los Monteros de Simón pronuncia palabras que no se perciben.- La señora Vidal Sáez: Atrévanse, ya está bien).
Señorías, por favor, va a comenzar el señor Movellán.
El señor MOVELLÁN LOMBILLA: Muchas gracias, presidente.
Hoy veníamos, por lo menos sobre el papel, a debatir sobre una proposición no de ley que pide que se cumpla la ley y que haya transparencia y que esa transparencia se extienda a la gestión de las organizaciones empresariales y sindicales.
Desde el Partido Popular defendemos el cumplimiento de la ley, como no puede ser de otra forma, y velamos también por la transparencia como requisito de calidad y regeneración democrática. Creo que nadie de los que estamos hoy aquí presentes nos
podemos oponer a esto. Quizás el Partido Socialista, que votó en 2013 en contra de la ley de transparencia, sí tenga algo que objetar.
Señorías, no hay democracia sin transparencia, y por eso fue un Gobierno del Partido Popular el que en el año 2013 aprobó la Ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno de la que trata hoy esta PNL, una ley que fue
pionera y de las más avanzadas de los países de nuestro entorno, una ley concebida inicialmente solo para las administraciones públicas y otros poderes del Estado, pero que se desarrolló para extenderla a otro tipo de instituciones públicas e
incluso a agentes privados cuando desarrollen su actividad sustanciándose fundamentalmente en recursos públicos. Es aquí donde entrarían los sindicatos y las organizaciones empresariales.
Señorías, nuestra Constitución, la Constitución española, reserva tanto a los sindicatos como a las asociaciones empresariales un lugar de suma importancia como vehículo de participación democrática y garantía de diálogo social. Tiene todo
el sentido que estas entidades que lícitamente reciben fondos públicos rindan cuentas, ya que los ciudadanos tienen derecho a conocer a qué se están destinando los impuestos que pagan año tras año, además de generar confianza y dar credibilidad a
las instituciones. No se entendería que las organizaciones sindicales y empresariales fueran una isla al margen de las cada vez mayores exigencias que se han ido estableciendo para el control de las administraciones e instituciones públicas, así
como de las formaciones políticas. Por eso, ojalá hoy estuviéramos aquí trabajando con el único objetivo de avanzar en el desarrollo de nuevos instrumentos que mejoren la transparencia dentro de esta ley. En este trabajo que sirve para reforzar
las instituciones y organizaciones que sostienen nuestra democracia siempre van a encontrarnos, arremangados y trabajando; donde no van a encontrar al Partido Popular es en cazas de brujas.
El texto de esta iniciativa nos remite a los presupuestos generales del Estado y establece que las organizaciones sindicales tienen un presupuesto de 17 millones de euros que se asignarán en función de su representatividad; un aumento
presupuestario de casi un 47 % respecto al año 2020. Por eso estamos
convencidos de que los primeros interesados en dejar las cuentas claras, para conservar la mejor reputación y la mayor credibilidad, son los propios sindicatos, más todavía si tenemos en cuenta que nos encontramos en un año especialmente
difícil para los trabajadores y trabajadoras españolas y sus familias.
Señoría, no hay nadie más interesado en mostrar y demostrar claridad y buen uso de los recursos públicos que aquellos a quienes están mirando esos españoles que están pagando la cesta de la compra más cara de los últimos cuarenta años, el
mayor recibo de la luz de la historia y la gasolina a precios de artículo de lujo. Mientras, el Gobierno nos mete la mano en el bolsillo y nos hace pagar un 21 % más de impuestos que el año pasado. Quienes creemos, al contrario que este Gobierno,
que el diálogo social es más que hacerse una foto después de retorcer el brazo al contrario, quienes creemos que los derechos que se consolidan son aquellos que se alcanzan mediante acuerdos sabemos que la democracia, los trabajadores y trabajadoras
de este país no pueden permitirse el lujo de tener unos sindicatos desprestigiados por opacos. En definitiva, y partiendo de la base de que ni los sindicatos ni las asociaciones empresariales tienen nada que esconder, no debe suponer ningún
problema encontrar en ellos, en sindicatos y patronal, la máxima disposición a rendir cuentas y a hacer pública toda la información relativa a contratos, convenios y subvenciones, tal y como les exige, ya en la actualidad, la ley de transparencia.
Quienes defendemos la solidez de las instituciones reivindicamos el papel de los agentes sociales, la importancia de unos sindicatos y una patronal que no pueden fallarle a la democracia. Por eso, señorías, es vital que el sentido de la
responsabilidad esté hoy por encima de la tentación de buscar grandes titulares o de crear polémicas cuando lo que los españoles nos están demandando es buscar acuerdos y crear soluciones.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchísimas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Oria López.
La señora ORIA LÓPEZ: Gracias, presidente.
Señorías de VOX: consejos vendo que para mí no tengo. Comienzo mi intervención utilizando el refranero popular español tan sabio y acertado y que les viene como anillo al dedo en esta proposición no de ley. Traen a debate una iniciativa
cuyo único objetivo no es otro que el de seguir con la campaña de desprestigio y deslegitimación en su particular cruzada contra los sindicatos de clase de este país, atacando todo aquello que no entra dentro de su modelo de Estado y su modelo de
sociedad. Ya se lo hemos escuchado más de una vez en las sucesivas sesiones de control al Gobierno y también al secretario general de su sindicato, Solidaridad, Rodrigo Alonso, con citas tan ilustrativas como: Comisiones Obreras y UGT son enemigos
de España. No pararemos hasta acabar con ellos. Rodrigo Alonso, que nos dedica estas lindezas, es además parlamentario andaluz por la provincia de Almería, y su gran y única aportación para la mejora de la calidad de vida de los y las andaluzas ha
sido decir en sede parlamentaria que los ricos son ricos por naturaleza, que contra ellos no se puede hacer absolutamente nada. De nota, señorías. (Aplausos).
Presentan una iniciativa que propugna una modificación de la ley de transparencia, una ley que conocen que se dedica a la publicidad activa, al derecho de acceso a la información y al buen Gobierno, cuyos principales sujetos obligados son
las administraciones públicas y otros poderes del Estado y que a otras entidades, por su especial relevancia y por acceder a ayudas públicas, también les exige determinadas obligaciones. Entre estas se encuentran las organizaciones sindicales,
empresariales y los partidos políticos. Señora De Meer, a usted se le ha olvidado que están en este artículo; ustedes se centran exclusivamente en las organizaciones sindicales, sembrando la duda sobre la gestión de sus cuentas. Serían más
creíbles si lo hubieran hecho extensible a todos los sujetos obligados, también a los partidos políticos. Le voy a poner un ejemplo. En el informe de fiscalización sobre las elecciones generales de noviembre de 2019, el Tribunal de Cuentas al
único partido al que le hizo propuesta de resolución de subvención electoral del doble de los gastos declarados irregulares fue a ustedes, al Partido VOX. De los demás, a ninguno. Señor Movellán, la transparencia no es romper a martillazos
ordenadores. Eso no es la transparencia. (Aplausos).
Es una iniciativa con una exposición de motivos larga y prolija, llena de inconcreciones y vaguedades y de alguna falsedad. Ustedes plantean que las organizaciones sindicales incumplen por sistema con las obligaciones de la ley, que son
opacas en la gestión de los fondos y las ayudas públicas. Además, resulta bastante llamativa la distinta vara de medir con la que ustedes tratan a organizaciones sindicales y a asociaciones empresariales, todas ellas perceptoras de ayudas públicas.
Por ello, dicen que el objetivo de
esta proposición no es otro que el de conocer la imagen real y objetiva de los sindicatos. Pues les voy a decir yo cuál es la imagen real y objetiva de las organizaciones sindicales, señorías de VOX: Son, junto con las organizaciones
empresariales, piedras angulares de nuestro Estado democrático, social y de derecho, como así reconoce nuestra carta magna, fundamentales en la historia de nuestro país, en la lucha por la conquista de todos y cada uno de los derechos laborales y
que hacen que hoy los trabajadores que están montando las casetas de la feria tengan una jornada de trabajo de ocho horas y no de catorce como propuso aquí el otro día Macarena Olona. (Aplausos). Eso es lo que hacen los sindicatos; organizaciones
sindicales que, junto con los empresarios y el Gobierno y de la mano del diálogo social y con altura de miras, han arrimado el hombro en uno de los peores momentos de la historia de nuestro país para trabajar por los españoles y las españolas, con
acuerdos sociales que han posibilitado los ERTE, la subida del salario mínimo interprofesional, el mantenimiento del poder adquisitivo de nuestros pensionistas, la reforma laboral, señorías de VOX, medidas todas ellas que dan certidumbre y seguridad
a la clase trabajadora de nuestro país, porque por ustedes nada de esto sería una realidad. A todas y cada una de ellas votaron en contra en esta Cámara. Curiosa y extraña forma de querer a un país. Hacen ustedes realidad el refrán de que hay
amores que matan.
En cuanto a las peticiones, no me voy a parar en ninguna de ellas porque no tienen nada más que meterse en el portal de transparencia de los sindicatos y verán que en él está toda esta información. Pero sí que llama poderosamente la
atención la petición de obligación de crear protocolos y códigos éticos. Ustedes también lo tienen aprobado y está en su página web, pero sorprende que no lo apliquen. Uno de los principios de su código ético es honradez; sin embargo, permiten
que dos diputados, uno condenado por no hacer frente al pago de sus impuestos y otro inhabilitado por administrar bienes ajenos, estén sentados en esta Cámara. Parece bastante feo. (Aplausos).
Señorías, las democracias necesitan confianza en sus instituciones y necesitan que la ciudadanía confíe también en el respeto a la ley. Perdida la confianza se abre camino la barbarie. Es triste e hiriente para los demócratas comprobar que
a esto es a lo que ustedes se dedican: a generar dudas, incertidumbre, desconfianza y a no trabajar por los trabajadores y las trabajadoras de este país, destruyendo las bases de la convivencia y minando las bases de nuestro sistema desde dentro.
Señoría De Meer, nosotros el próximo 1 de mayo...
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Señoría, debe terminar, por favor.
La señora ORIA LÓPEZ: ... estaremos en las calles de todos los pueblos y ciudades de este país, no solo en Cádiz, como venimos haciendo durante muchas décadas, acompañando a los sindicatos en la lucha por la conquista de los derechos
obreros. Votaremos en contra.
Gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias. (El señor Espinosa de los Monteros de Simón pide la palabra).
Sí, señor Espinosa de los Monteros, dígame.
El señor ESPINOSA DE LOS MONTEROS DE SIMÓN: Señor presidente, pido la palabra al amparo del artículo 72, en relación con el 103.1, por las varias expresiones ofensivas al decoro de esta Cámara que hemos escuchado a distintos grupos.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Dígame.
El señor ESPINOSA DE LOS MONTEROS DE SIMÓN: Respecto a los de Podemos, nada que decir. No da usted el nivel y, por tanto, su nivel de zafiedad... (Rumores y protestas).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Por favor, un segundo.
Usted puede, como bien ha dicho y según determina el Reglamento, hacer referencia a las alusiones recibidas, pero no emita usted más alusiones para poder abrir un debate posterior. Cíñase estrictamente, por favor, a las alusiones que usted
quiere señalar. Nada más, por favor.
El señor ESPINOSA DE LOS MONTEROS DE SIMÓN: Me remito a las alusiones. A continuación, la solicitud del PNV. Recojo que han dicho de nuestro grupo parlamentario que somos totalitarios, antidemocráticos y fascistas. El partido de ETA ha
dicho: extrema derecha, fascista. Además, ha
mencionado no una, sino dos veces hoy aquí a Goebbles. La última vez que eso sucedió en esta Cámara hubo un gran escándalo -hoy no, no sé por qué- y se pidió que se retiraran del Diario de Sesiones todas esas expresiones. (Rumores). Yo le
pido que no retire ninguna, porque quiero que quede constancia de lo que en esta Cámara han dicho y han proferido esos grupos políticos que no se representan más que a sí mismos. (Prolongados aplausos de las señoras y los señores diputados del
Grupo Parlamentario VOX).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muy bien. Muchas gracias.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE APOYO DEL SISTEMA ALIMENTARIO ESPAÑOL COMO SECTOR ESTRATÉGICO DE LA ECONOMÍA, QUE VE EN RIESGO SU SOSTENIBILIDAD POR EL CONSTANTE INCREMENTO DE COSTES DE PRODUCCIÓN Y LAS CONSECUENCIAS
QUE SE DERIVAN DE LA INVASIÓN RUSA DE UCRANIA. (Número de expediente 162/000978).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Continuamos con la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso sobre apoyo del sistema alimentario español, como sector estratégico de la economía, que ve en
riesgo su sostenibilidad por el constante incremento de costes de producción y las consecuencias que se derivan de la invasión rusa de Ucrania.
Para la defensa de la iniciativa y la enmienda presentada, tiene la palabra la señora Marcos Ortega.
La señora MARCOS ORTEGA: Gracias, presidente.
Para el Partido Popular lo importante es lo que nos da de comer, ya lo siento, y miren, precisamente para esto viene esta PNL, esta iniciativa. Hay varios motivos para votarla a favor, pero esencialmente les voy a mencionar tres. El
primero es ese, que con las cosas de comer no se juega. Tenemos que comer todos los días y, para eso, hay que asegurar la rentabilidad de los agricultores y los ganaderos y priorizar la producción de alimentos sobre la implantación de las
estrategias verdes. Un segundo motivo es que son propuestas recogidas en normas de obligado cumplimiento. Hombre, ustedes son el Gobierno; digo yo que tendrán que cumplirlas. El tercero es que la enorme preocupación ya no es exclusiva del
Partido Popular, sino compartida por responsables de instituciones mundiales de todo tipo.
Recuerden que sin agricultura, sin ganadería y sin industria agroalimentaria, no comemos. Hay que asegurar la autonomía alimentaria, y eso pasa por no anteponer las fantasías ideológicas a la realidad productiva. Nuestros agricultores y
ganaderos llevan dos años advirtiéndolo -en la última eran más de 400 000 en Madrid-, y no es de extrañar. No es ilógico que no aguanten más. ¿Han visto ustedes los últimos datos del Ministerio de Agricultura? (Muestra un gráfico). Estos son los
gastos, pero solo los gastos para agricultores y ganaderos. Miren los incrementos: piensos, un 25 % más; energía, un 150 %; diésel, más del 40 %; fertilizantes, más del 85 %. No les extrañará que con esta subida de costes la renta agraria por
agricultor haya bajado un 5 %. Insisto en que son datos del Ministerio de Agricultura del año 2021, y no había guerra en Ucrania.
¿Qué es lo que ha crecido? La recaudación del Estado, señores: un 15 %. Es lo único que crece, lo que el Estado recauda. (Aplausos). ¡Hombre!, parece curioso que con estos datos y esta recaudación despachen al sector, por ejemplo,
ovino-caprino con 7 euros por cabeza, y no para todos, quitando dinero de la PAC, y además en un momento en el que la recaudación en los dos últimos meses ha crecido en más de 7500 millones de euros, pero la del Estado nuevamente. No parece sensato
que en esta situación estén cerrando, por el incremento de costes, dos explotaciones ganaderas cada día o que un agricultor, para poder sembrar, segar y regar, pague siete veces más por la energía. Creo que esto habla por sí solo.
Por eso y porque sabemos y tenemos experiencia, hemos presentado soluciones. Es la tercera vez que el Partido Popular las trae aquí, pero esta vez además forman parte de un plan más amplio, sensato, riguroso y viable, un plan de Gobierno
basado en la experiencia y el diálogo que ya les ha enviado el presidente Feijóo. Apóyenlo, porque, si no, serán los únicos responsables por no escuchar a nadie y no reducir los costes de producción, a pesar de tener -y este es el segundo de los
motivos- incluso propuestas normativas y reguladas que les obligan a hacerlo.
Escúchenme bien, señores de la izquierda, y de la otra izquierda también, la del entorno que representa Yolanda Díaz: el Acuerdo de París, que es el acuerdo de todos los acuerdos sobre cambio climático, el del comisario Arias Cañete. El
artículo 2.1 c) recoge expresamente que hay que avanzar en medidas que reduzcan el impacto climático, pero sin comprometer la producción de alimentos. Cúmplanlo. No
comprometan la producción de alimentos. No interpreten ni ajusten las normas europeas a su ideario. Además, la sostenibilidad no tiene por qué suponer pérdida de rentabilidad, porque ser sostenibles no implica dejar de ser razonables, como
han hecho con el lobo o pretenden hacer ahora con la caza de la codorniz: por la puerta de atrás, sin contar con el sector, de espaldas a las comunidades autónomas y ninguneando incluso al Ministerio de Agricultura, que, aunque se les haya
olvidado, es el responsable de coordinar la caza.
Más normas. Cumplan la Ley 1/2018, de 6 de marzo, que crea un fondo extraordinario a propuesta del Partido Socialista. Si están cumpliendo sus propias normas, hoy ese fondo tiene que tener 5000 millones de euros. Aplíquenlo. Daría
liquidez al sector. Si no, expliquen por qué no lo han cumplido. Pongan en marcha la doble facturación eléctrica, que está en dos leyes: en 2018, con el Partido Popular, y en 2021, porque se lo han prometido a los señores del PNV. Están
incumpliendo las dos, por supuesto. Cumplan con la Ley 16/2021 para reducir la factura del gasóleo, piensos, plásticos y fertilizantes. Las autoridades mundiales están también advirtiendo de estos costes y de los riesgos que tienen sobre la
producción de alimentos, y este es el tercero de los motivos.
Si no escuchan al Partido Popular, escuchen a estas entidades que lo han firmado y acordado: la FAO, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, el Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas, la Organización Mundial de
Comercio. Todos, todos han hecho un llamamiento conjunto a la comunidad internacional para -y leo literalmente- tomar medidas urgentes, aumentar la producción agrícola y reducir los costes de producción en aras de la seguridad alimentaria. ¿Han
leído el comunicado? ¿Han visto los datos? Hablan del serio riesgo de la subida de los precios de la energía en la producción de alimentos y hablan -y esto es muy duro- de la pobreza que sufren 10 millones de personas más en el mundo por cada
punto porcentual que suben los alimentos. Creo que es suficiente para que ustedes tomen medidas y apoyen estas iniciativas. No sé quién más se lo tiene que decir. Nosotros se lo hemos dado hecho. Defiendan los intereses de Europa, revisen la PAC
y exijan que se revisen las estrategias verdes. Revisen el plan estratégico nacional, pero para que sea realista, como ha hecho el señor Macron, para que se ajuste a la realidad productiva del país. Pongan más fondos europeos para el sector.
Inviertan en regulación y nuevos regadíos. Reduzcan el IRPF y el IVA. Voten a favor de esta PNL, voten a favor del sentido común, voten a favor de los agricultores y ganaderos y voten a favor de la sostenibilidad de nuestro país.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Señoría, debe terminar.
La señora MARCOS ORTEGA: Todos no podemos estar equivocados. La realidad es tozuda. Mientras las arcas del Gobierno crecen, el campo español muere. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Pasamos a la defensa de las enmiendas formuladas por los grupos. Por el Grupo Parlamentario Mixto, que en este punto también fijará posición, interviene el señor Guitarte Gimeno.
El señor GUITARTE GIMENO: Señor presidente, señorías, en Teruel Existe estamos muy preocupados por el impacto que la guerra de Ucrania ya está teniendo sobre el sector primario y, en especial, sobre las pequeñas y medianas explotaciones
agropecuarias. Como bien saben quienes viven del campo, la crítica coyuntura internacional, el alza de los combustibles y las materias primas y la guerra son amenazas muy serias tanto para la economía de los próximos ejercicios anuales de los
agricultores como para la viabilidad de sus explotaciones. Pero hay otras causas a las que las instituciones no prestan suficiente atención y esfuerzo; por ejemplo, la climatología adversa es una amenaza permanente muy cierta, en especial para los
cultivos de frutales. Es un riesgo constante, razón por la cual los seguros para estos cultivos son muy caros, la cobertura es baja y, en consecuencia, muchos agricultores no los pueden asumir. En los pasados días 1 y 7 de abril, unas heladas
tardías muy intensas han afectado de manera grave a la cosecha de frutales de hueso del nordeste de España, en especial de las provincias aragonesas. Entre el 85 % y el 100 % de la cosecha de esta modalidad de frutales se ha perdido en muchas
comarcas de Zaragoza y de Huesca. En España, la mayor parte del sector hortofrutícola está fuera de las ayudas de la Política Agraria Común, aunque no es así en los países europeos. Es el momento de corregir esta situación sin más demoras ni
esperas para la integración del sector frutícola en la PAC. Hay que recordar que estos fruticultores han tenido que asumir importantes inversiones para poner en marcha sus plantaciones y mantenerlas. Hay que señalar que son cultivos que generan
mucho empleo en la recolección y en otras
épocas del año, que son actividades que generan valor económico y, a la vez, muchas de estas explotaciones fijan población en las provincias despobladas; sin embargo, estos agricultores se encuentran solos ante numerosas incertidumbres,
asumiendo riesgos en cada cosecha sin un respaldo detrás. Por eso, hemos presentado seis enmiendas a esta proposición no de ley para que se puedan poner en marcha medidas urgentes como la Mesa de Climatología Adversa, la declaración de zona
catastrófica o la ampliación del decreto de sequía para adoptar medidas necesarias y ayudas económicas importantes que permitan abordar esta crítica situación y, a la vez, modernizar muchas de estas explotaciones de frutales.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias.
Tiene la palabra el señor Mazón Ramos.
El señor MAZÓN RAMOS: Buenas tardes. Muchas gracias, señor presidente.
Esta proposición no de ley sobre el sistema alimentario se enmarca plenamente en algo que siempre ha estado en el ADN del Partido Regionalista de Cantabria, que es la defensa del sector primario, y en Cantabria, especialmente, del sector
ganadero y del sector pesquero. Aunque en la proposición no de ley hay medidas muy concretas que se podrían discutir y matizar, desde el punto de vista general hay dos aspectos fundamentales sobre los que ya nos hemos pronunciado. Uno es la
necesidad de tener una mínima suficiencia alimentaria y otro es garantizar un ingreso mínimo para los agricultores, para los productores en general. Sobre la primera, está claro que no podemos depender totalmente de las importaciones. Por ejemplo,
si no producimos trigo, nos acabará pasando como con el petróleo, con un precio que se pone por las nubes por cualquier circunstancia exterior. Sobre la segunda cuestión, otro ejemplo muy presente en Cantabria: si no se establece un precio mínimo
para la leche, el que se le paga al ganadero, también irán desapareciendo estos y nos pasará lo mismo. Además, es algo de sentido común, si el Estado puede establecer un salario mínimo para todos los trabajadores, también tiene que ser capaz de
establecer un precio mínimo para los ganaderos. La mayor parte son autónomos y deberían, como mínimo, cubrir sus costes de producción, salvo que queramos que desaparezcan y que, al final, tengamos un país de asalariados de las grandes cadenas
internacionales de alimentación.
El mundo rural necesita medidas efectivas que se noten en algo que todos los que pasamos por esta tribuna pregonamos, que es el apoyo al mundo rural y la lucha contra la despoblación en gran parte del territorio. Nosotros vamos a votar a
favor para que el Gobierno tome buena nota.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias.
Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra la señora Martínez Granados.
La señora MARTÍNEZ GRANADOS: Gracias, presidente.
Señorías, qué ha hecho este Gobierno por el sector agroalimentario de nuestro país, me pregunto cada día. Pero no me lo pregunto solo yo, o el Partido Popular, o Teruel Existe, u otros muchos partidos, se lo preguntan los agricultores y los
ganaderos de nuestro país, y la respuesta es la siguiente: lo apostaron todo por una modificación de la ley de la cadena agroalimentaria; lo apostaron todo y no han sacado nada. Y eso no lo digo yo, lo dice el sector. El sector no está contento
con la ley de la cadena agroalimentaria porque no es suficientemente flexible y, además, no se tomaron las decisiones que deberían haberse tomado para proteger sus precios y sus beneficios y que puedan tener una vida digna. Esa es una de las cosas
que no ha hecho este Gobierno por el sector agroalimentario, ese eslabón de la cadena más débil que necesita ser protegido, y perdieron una oportunidad importante de ayudarlos. Y después vienen los parches, esos reales decretos que traen aquí
semana tras semana, pero que nos damos cuenta de que son parches y que siempre tienen la habilidad de dejar fuera a muchísima parte del sector. Esto no es suficiente, y por eso en la oposición tenemos que hacer un trabajo mucho más duro, a ver si
son capaces de reconocer las medidas que traemos aquí los otros partidos políticos, que tenemos también mucho que decir y que hablamos muchísimo más que ustedes con el sector agrícola y ganadero. Yo esperaba mucho más del señor Planas. Esperaba
mucho más y más pronto, sobre todo porque, crisis tras crisis, los sectores más debilitados son los que más se afectan, y el sector agroalimentario es uno de ellos. Esperaba muchísimo más del señor Planas.
Hoy vemos una proposición no de ley muy parecida -tengo que decirle al Partido Popular- a una que presentó hace relativamente poco, pero la apoyaremos porque tiene medidas importantes para el
sector, medidas que pueden ser decisivas si se toman en consideración y se aprueba hoy esta proposición no de ley, medidas para priorizar la producción de alimentos y garantizar la disponibilidad y suficiencia alimentaria. Nos parece bien
que se pueda modificar la propuesta del plan estratégico de la PAC y se flexibilice su aplicación en 2022. Me parece algo importante, pero hay algunas medidas en las que sí tenemos que entrar un poco más en el fondo; por ejemplo, el tema del agua.
Es vital la aprobación de un plan nacional de aprovechamiento hídrico, que Ciudadanos lleva reclamando más de un año. ¿Por qué? Porque tenemos que dar respuesta urgente a una situación que se va a hacer estructural, el problema que existe con la
sequía. Recientemente se aprobó aquí un real decreto para poner parches y parches a los problemas de la sequía, porque ni siquiera este Gobierno ve claro que el problema de la sequía va a ser estructural dentro de un tiempo. Hablan de cambio
climático, de emisiones de CO2, pero cuando tienen que tomar decisiones de este tipo no quieren mirar al plan nacional que le hemos presentado Ciudadanos. Tienen que hacerlo, porque el último real decreto, que tenía medidas contra la sequía, solo
se para en el momento, en la foto fija, y tienen que mirar hacia delante. Por lo tanto, creo que es importante que se tomen medidas a largo plazo y que se mire el tema con seriedad.
Hay otras muchas medidas, pero me voy a centrar en una que ha traído el Partido Popular, al que últimamente le gustan mucho las medidas que propone Ciudadanos en el Congreso, incluso a Feijóo le ha gustado mucho la medida de deflactar el
IRPF y la ha introducido en ese paquete de medidas que ha mandado al Gobierno. Les agradecemos que apoyen nuestras medidas, pero por lo menos sean justos, llévenlas en la PNL y sean rigurosos.
Habla de posibilitar la tarifa de dos potencias de energía eléctrica. Esa proposición ya se tomó aquí, se firmó aquí, se negoció con el Gobierno, se negoció con el Partido Socialista, y fue una medida propuesta por Ciudadanos. Se intentó
en varias ocasiones, otros partidos lo intentaron, pero nosotros conseguimos negociarlo con el Partido Socialista. Ya hace meses de eso. Y lo que hemos presentado es una enmienda que recoja aquí que es una medida que ya está aprobada y que debería
estar puesta en marcha. Lo que queremos con esta enmienda es que se recoja que es algo que ya está aprobado y que urge que el Gobierno lo ponga en marcha, porque es capaz de negociar cosas, de votar a favor de iniciativas, incluso de iniciativas de
Ciudadanos, como puede ser que exista una agricultura inteligente que ayude a los agricultores a reducir sus costes, a utilizar mejor el agua, son capaces de aprobarla, de apoyarla, pero después no la ponen en marcha. Por lo tanto, creo que sería
de recibo que nos aceptaran la enmienda y que el Gobierno tomara nota de lo que apoyamos los diferentes partidos y de verdad pongan en marcha las propuestas que votan a favor en este Congreso.
Muchísimas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra el señor Chamorro Delmo. (Aplausos).
El señor CHAMORRO DELMO: Gracias, señor presidente.
Señorías, la última vez que me subí a este estrado, en marzo, fue para fijar posición sobre una moción consecuencia de interpelación similar a esta PNL que presentó también el mismo partido. Nosotros insistimos en defensa de la soberanía
alimentaria nacional y de nuestro sector agrario y pesquero. O demagogia verde o el pan de nuestros hijos. En esta PNL no se cuestionan las políticas de transición ecológica, el Pacto Verde de la Unión Europea o lo erróneo de la política comercial
de la Unión Europea, verdadera razón por la que se arruina nuestro tejido productivo nacional a todos los niveles, ruina aumentada con el conflicto de Ucrania. De hecho, consideran en la exposición de motivos que la situación de ruina se debe a que
en España el Gobierno de Sánchez no sigue como debe las directrices de los burócratas de Bruselas o de las agendas globalistas. Hablan de flexibilizar las políticas verdes, pero no podemos compartir esa falta de personalidad ni esa fe ciega en todo
aquello que viene de fuera, ese 'cosmopaletismo' esnob obsesionado con denigrar el interés propio en beneficio de las modas, las internacionales o los oráculos extranjeros. (Aplausos).
El pueblo español ha hecho esfuerzos enormes a lo largo de la historia. Nuestro sector agroalimentario, siempre en continua adaptación, da de comer a los españoles y a otras partes del mundo, y compite en un mundo internacional muy agresivo
bajo la marca España. Fortalecer nuestro sector es lo que nos importa. España es contribuyente neto de la Unión Europea desde hace años, aporta más de lo que recibe, por ello es necesario ser críticos y 'euroexigentes' en defensa de lo nuestro y
no conformarnos con las migajas que se reparten en fondos de recuperación, fondos que se reparten grandes consultoras, lobbies y multinacionales. Las que más están sufriendo a este Gobierno y las políticas climáticas suicidas
de la Unión Europea son las pequeñas empresas, que constituyen el 80 % del tejido empresarial, también las del sector agrario.
Cuando la Unión Europea beneficia a España, la apoyamos; cuando la perjudica, la criticamos. Esa es nuestra única vocación, la defensa de nuestros sectores estratégicos. (Aplausos). Por ello, hemos pedido la suspensión inmediata y la
derogación urgente de la Agenda 2030, del Pacto Verde, de la Estrategia 'De la granja a la mesa' y de todo acuerdo o legislación internacional que, con la falsa excusa de la protección medioambiental, persigue criminalizar a nuestros productores
mientras da palmaditas en la espalda a los verdaderos culpables. Necesitamos una verdadera estrategia nacional en defensa de una agricultura rentable, productiva y aliada del medio ambiente. Hemos dicho infinidad de veces que la sobreoferta de
productos de países terceros en el Espacio Económico Europeo sin ningún freno comercial es la verdadera razón de la ruina, de la baja de los precios y de que no podamos competir ante los costes de producción de esos países terceros. Con las
sanciones a Rusia, países como Turquía o Marruecos van a derivar su extensa producción al Espacio Económico Europeo ante la dificultad de exportar a Rusia o Ucrania. Turquía y Marruecos son los principales exportadores hortofrutícolas a Rusia y,
ahora, todos sus excedentes intentarán meterlos en la Unión Europea, nuestro principal mercado, produciendo una sobreoferta descomunal y que se queden sin contratos los exportadores españoles. El Gobierno debe activar la aplicación de las cláusulas
de salvaguardia previstas en los tratados y acuerdos comerciales para proteger sectores claves de nuestra economía, como son las frutas, las hortalizas o el arroz, al igual que debe fomentar el comercio internacional como complemento allí donde
tenemos déficit alimentario, pero no avanzar en acuerdos comerciales de libre comercio, como es el caso de Mercosur, mientras nuestro sector agrario se arruina por los elevados costes de producción, lo que nos llevaría a una dependencia total de
terceros en productos calificados de estratégicos y sensibles. Reiteramos que, frente a las agendas de las élites que nos arruinan, nuestra única agenda es España. El sector agroalimentario es estratégico para España y, por tanto, también es
estratégico para VOX.
Muchas gracias. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias.
En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra el señor Agirretxea Urresti.
El señor AGIRRETXEA URRESTI: Gracias, señor presidente.
El Partido Popular trae una proposición no de ley con diez medidas, y ya hace un mes trajeron ustedes una moción que tenía otras dieciséis o no sé cuántas medidas. No se puede venir con tanta medida porque se colapsan las cuestiones, y
últimamente parece que ustedes están descargando toda la batería en esta área, lo que me parece bien, pero no sé si es con fines puramente agrícolas o porque en ciertos territorios la defensa de esta materia la están liderando sus vecinos, y con
bastante éxito, parece ser. En cualquier caso, analizaremos pormenorizadamente cada punto. Pero antes de nada le voy a decir -y supongo que otros también se lo dirán- que muchas de las acciones que proponen ya están en marcha o ya están aprobadas,
por lo que tampoco son novedad. Si lee la nota de prensa del propio ministerio o de las comunidades autónomas que participaron en la reunión del 16 de marzo, se dará cuenta de que muchas de las cuestiones que plantean ustedes aquí fueron
literalmente aprobadas, lo que me parece bien porque son cuestiones que eran necesarias, pero o han venido un poco tarde o no sé.
Vamos por partes. Ustedes promueven proponer ante la Comisión Europea las medidas oportunas, dicen, para flexibilizar la aplicación de la PAC para 2022 en su globalidad. Lo aprobó la Comisión el 23 de marzo: Para hacer frente a los
posibles retos de liquidez en otoño, la Comisión permitirá a los Estados miembros pagar a los agricultores niveles mayores de anticipos de pagos directos y medidas de desarrollo rural relacionadas con superficie y animales a partir del 17 de octubre
de 2022. El ministerio lo ha asumido a nivel estatal, pero en la Comunidad Autónoma de Euskadi la posibilidad de hacer anticipos lo determinan el timing de los controles sobre el terreno y las cargas que asume HAZI como entidad pública que es.
Para llevar a cabo una adaptación de todas aquellas condiciones que impone la PAC a los productores, ustedes piden -para evitar el desabastecimiento para la alimentación humana y animal- unas condiciones más flexibles del uso de superficies de
barbecho, etcétera. También lo aprobó la Comisión el 23 de marzo: A fin de aumentar la capacidad de producción de la Unión Europea, a pesar de la limitada disponibilidad de tierras fértiles se aplicará una excepción temporal solo para el año de
solicitud, 2022, y de aplicación inmediata para las siembras de primavera.
Ustedes plantean la modificación de la propuesta del plan estratégico de la PAC de España. Nosotros, en un principio ya no estábamos de acuerdo con algunas cuestiones del propio plan estratégico, pero no por un tema europeo sino por cómo
internamente el propio Gobierno había elaborado ese plan estratégico, teniendo en cuenta unas cosas más que otras. Pero así y todo, estamos de acuerdo en la revisión, pero los márgenes de modificación de contenidos en este caso no dependen del
ministerio, dependen de Europa, siendo la Comisión la que tiene que decidir eso, y los planes estratégicos son consecuencia normativa directamente de la PAC y son márgenes que posibilita la propia Bruselas. La Comisión reconoce que la crisis de
Ucrania puede tener consecuencias en los planes estratégicos, incluida la necesidad de modificar las propuestas iniciales. Por tanto, es algo que ya se está contemplando. Es decir, cuando la situación es problemática, como la que todos vivimos,
usted comprenderá que para todos lo es y todos somos conscientes de esa problemática, cada uno en su ámbito, pero en esta materia creo que todos claramente hemos visto que la crisis de Ucrania genera una crisis alimentaria, una crisis de piensos,
etcétera, y la primera que empieza a tomar medidas es la propia Unión Europea, porque es la responsable de la política agraria común y es la que tiene que tomarlas. Por tanto, no creo que haya estado esperando a que el Partido Popular de España
plantee una PNL para poder tomar esas medidas.
Hay una cuestión -voy a acabar, porque no me queda tiempo-, el tema de la revisión del Pacto Verde. Es un tema delicado y complejo por una cuestión. Una estrategia de esta índole no puede modificarse tan a la ligera, aunque, siguiendo la
máxima keynesiana de que si cambian las circunstancias es conveniente cambiar la opinión, estoy de acuerdo en que las circunstancias evidentemente han cambiado en algunas materias, pero estamos parcialmente de acuerdo con ello. ¿Por qué? Porque
más que revisar el Pacto Verde habría que posponer determinados cumplimientos más allá de 2030, y siempre que las consecuencias de la invasión de Ucrania se prolonguen en el tiempo, porque el Pacto Verde es algo mucho más serio que un plan
quinquenal que podemos modificar. No me queda más tiempo pero, ya le digo, hay cuestiones en las que, por obvias, estamos de acuerdo; otras están en marcha, y otras suponemos que se pondrán en marcha.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias.
Por el Grupo Parlamentario Plural, tiene la palabra el señor Baldoví Roda.
El señor BALDOVÍ RODA: Moltes gràcies, senyor president.
El País Valenciano es el territorio líder en hectáreas abandonadas, 161 000, y sigue avanzando, con Gobiernos del PSOE y con Gobiernos del Partido Popular. Este año -y eso lo explica- las naranjas se han pagado a 4 céntimos el kilo.
Escandaloso. Y en todas estas propuestas que presenta el Partido Popular, con algunas de las cuales estamos de acuerdo o parcialmente de acuerdo, yo creo que se les ha caído una medida que reclaman los sindicatos agrarios, y es la revisión de los
acuerdos comerciales con países terceros, unos acuerdos que votó el Partido Popular, con la abstención de algún otro partido, y que han propiciado que haya una competencia desleal con los productos de aquí. Es decir, entran productos que no cumplen
todos los requisitos fitosanitarios laborales y entran en competencia, y esa sí sería una buena medida.
Por último, hay que tener un poco de cara para pedir que haya dos cambios al año de potencia eléctrica para los agricultores y para los regadíos. Hace ocho años que Compromís propuso esa medida en este Congreso. El Partido Popular tenía
mayoría absoluta, y ¿qué hizo? Lo previsible, lo contrario de lo que pide ahora, votar en contra.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias.
Por el Grupo Parlamentario Plural también, tiene la palabra la señora Cañadell Salvia.
La señora CAÑADELL SALVIA: Gracias, presidente.
Siempre hemos defendido la ingente labor y la importancia del sector agroalimentario. El sector primario es un exponente de seguridad alimentaria y animal, estratégico para la lucha contra la despoblación rural, con un importante peso en el
producto interior bruto, pilar de la economía y que ha sido fundamental durante la pandemia del coronavirus para abastecer a la población de alimentos en momentos de desconcierto. Toda la cadena alimentaria, formada por ganaderos, agricultores,
pescadores, cooperativas, así como por la industria alimentaria, mayoristas, comercio minorista, distribución y logística, ha tenido
que adaptarse rápidamente para poder garantizar el abastecimiento de alimentos a la población. El Gobierno tiene la responsabilidad de velar por los intereses de aquellos que se han visto perjudicados por acontecimientos que escapan a su
control, como la guerra de Ucrania, los incrementos de precios de las materias primas o daños ocasionados por las heladas, como las sufridas en el sector de la fruta en las comarcas de Lleida a principios de abril fruto de la borrasca Cyril, que
afectó a todo el valle del Ebro causando millonarias pérdidas para los agricultores. Por consiguiente, respaldamos cualesquiera medidas orientadas a facilitar su actividad y bienestar, máxime en los tiempos de volatilidad e incertidumbre en los que
vivimos.
Estamos de acuerdo en buena parte de las medidas presentadas en la presente proposición no de ley; ahora bien, nos chirría que algunas medidas que se proponen no se cumplieron en su totalidad cuando gobernó el PP. En relación con el punto
6, en el que se propone contemplar la posibilidad de disponer en los contratos de electricidad para regadíos de dos potencias diferentes a lo largo de un año en función de las necesidades de suministro para el riego, hay que mencionar que la ley se
aprobó en 2018, cuando el Partido Popular estaba en el Gobierno, y no se adoptaron las medidas reglamentarias para llevar a cabo esta medida. En relación con el punto 8, se pide dotar el Fondo extraordinario de lucha contra la sequía con 5000
millones adicionales anuales correspondientes al periodo 2018-2022. A nuestro entender, podemos observar otra incongruencia. El proyecto de presupuestos para el año 2018 fue realizado por el Gobierno del Partido Popular y aprobado por el Grupo
Parlamentario Popular, sin incluir ninguna dotación para este fondo.
Gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Republicano, tiene la palabra el señor Eritja Ciuró.
El señor ERITJA CIURÓ: Muchas gracias, presidente.
Es evidente que el sector agrario, hoy por hoy, está sufriendo los efectos de una crisis coyuntural causada por el aumento de precios de los combustibles, pero también de desabastecimiento, causada por la guerra de Ucrania, una crisis que,
recordemos, no todo el sector está sufriendo por igual: no la sufre igual un pequeño productor que una gran distribuidora. Eso es importante tenerlo presente. Pero, no nos engañemos, desde hace décadas el sector está atravesando una profunda
crisis estructural, no coyuntural, que los diferentes gobiernos que se han ido sucediendo no han sabido o no han querido resolver. En todo caso, las medidas propuestas han sido siempre coyunturales y, para más inri, insuficientes y siempre poco
valientes. En ningún caso son medidas que planteen una reforma en profundidad del sector, como realmente es necesario.
No quería dejar escapar la oportunidad de recordar que, tal y como nuestro grupo ya alertó con su voto negativo en su momento, no se ha querido aprovechar la oportunidad que ofrecía la ley de la cadena alimentaria para avanzar precisamente
en medidas estructurales. La ley de cadena alimentaria era una ley realmente de reforma estructural del sector agrario. (Aplausos). ¿Y qué ha pasado? Simplemente de valentía, ya lo hemos comentado. Hoy esta ley no está funcionando y el pequeño
productor sigue asumiendo unos costes de producción exorbitantes totalmente por la doble crisis de combustible y la guerra de Ucrania, que le obligan a producir por debajo del precio de coste. Nada diferente de lo que hacía unos meses o unos años
estaban sufriendo. Por tanto, la ley de cadena alimentaria no ha funcionado en ningún sentido. Si todos tenemos claro que el sector primario es un sector productivo estratégico y con una función vital de vertebración social y territorial, no
entiendo por qué los sucesivos gobiernos del Estado no están haciendo las reformas y el esfuerzo económico necesarios para salvarlo. Otros países de nuestro entorno europeo sí lo están haciendo y sí lo han hecho. Hoy por hoy el pequeño agricultor
o ganadero, que, repito, cumple una función social de cohesión del espacio rural, ve inviable poder vivir dignamente de su explotación y se ve sometido a unas reglas de un mercado especulativo y a un contexto de inestabilidad económica y política
que solo acaba beneficiando a las grandes empresas del sector agroalimentario, y todo ello sin la protección del eslabón de la cadena más débil.
Sin querer entrar a fondo en cada uno de los diez puntos recogidos en esta PNL, sí quisiera señalar tres aspectos que son importantes. Por un lado, esta PNL recoge algunas de las propuestas presentadas en la anterior moción presentada hace
unas semanas por su mismo grupo, pero celebramos su concreción. De treinta puntos pasamos a diez puntos, es importante. Ya se ha dicho que algunas de las acciones están en marcha en estos momentos y, por tanto, ya se está dando respuesta más o
menos efectiva. Por otro lado -creo que es importante-, habiendo tramitado como proyecto de ley el Real Decreto-ley 4/2022, de 15 de
marzo, por el que se adoptan medidas urgentes de apoyo al sector agrario por causa de la sequía, pero que también recoge medidas de carácter fiscal y laboral, sí que pediría a los grupos parlamentarios ser más resolutivos y centrar los
esfuerzos en dicho proyecto. Seguro que en muchas enmiendas que se van a presentar vamos a coincidir.
De hecho, compartimos una gran parte de las propuestas presentadas en esa PNL. No voy a entrar a valorarlas todas, ya que me reservo, como mínimo, el hecho de poderlas debatir en formato de enmiendas en el proyecto de ley, pero sí quisiera
hacer referencia a algunas de ellas. Por ejemplo, el punto 2 pide la revisión urgente del Plan Estratégico de la PAC, consensuado por comunidades autónomas y OPA, pero lo que hace es no concretar qué aspectos deberían tocarse para responder a esa
crisis. Para nosotros es muy importante, y debería ser esencial, la definición del agricultor activo, rebajando el umbral de no requerimiento de condiciones para serlo.
Sobre el contrato de doble tarifa eléctrica que proponemos en el punto 6, estamos totalmente de acuerdo; de hecho, nuestro grupo hace años que lo está reivindicando. Simplemente, reclamamos -no pedimos nada más- el cumplimiento de lo ya
establecido incluso hasta en tres leyes. Por tanto, creemos que es muy necesario el cumplimiento estricto de la ley para reducir precisamente esos costes de producción que hoy soy inviables.
En cuanto a la revisión del Pacto Verde Europeo y las estrategias De la Granja a la Mesa y sobre Biodiversidad para 2030, que plantean en el punto 3, celebramos que ya no hablan ustedes de paralización como planteaban en la moción, sino de
revisión. Ya les indiqué en su momento que, precisamente, la reforma del sector agrario pasa por un modelo de producción mucho más sostenible, que priorice el mercado de proximidad y, por tanto, que garantice la seguridad alimentaria. También
celebramos que hayan descartado incluir en esa PNL la propuesta de ampliación de nuevos regadíos y las políticas de interconexión de cuencas, que nosotros interpretábamos como trasvases, tal y como también proponían en la anterior moción.
Voy terminando. Insisto en que el marco para hacer efectivas hoy por hoy las propuestas que ustedes han recogido en esta proposición no de ley es el proyecto de ley por el que se adoptan medidas urgentes de apoyo al sector agrario por causa
de la sequía, proyecto que debía ser una prioridad para todos los grupos.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem- Galicia En Común tiene la palabra la señora Franco Carmona.
La señora FRANCO CARMONA: Gracias, presidente.
Señorías del Partido Popular, mal y tarde de nuevo. Les voy a poner un poquito de memoria. En 2012 eran ustedes muy europeos, muy europeos para aplicar recortes. Les recuerdo la reforma del artículo 135 de la Constitución española, con la
que ponían la deuda por encima de los intereses y de los derechos de los españoles. Eran muy europeos para empobrecer las pensiones, también para precarizar el empleo con su reforma laboral, pero lo que es para proteger a la agricultura, a la
ganadería y al medio ambiente, ahí ustedes ya se quedan fuera de Europa, pero, bueno, ya sabemos de qué van ustedes. Miren, llegan tarde, porque el Consejo de Ministros de Agricultura de la Unión Europea el 21 de marzo ya presentó las medidas de la
Comisión Europea para flexibilizar la política agraria común en esta campaña; ustedes lo saben bien, pero les da igual también. También porque ya se aprobó la utilización del artículo 219 de la Organización Común de los Mercados Agrícolas, como
bien ya saben, para conceder las ayudas excepcionales por las que España ha recibido 64,5 millones de euros, con la posibilidad incluso de ampliarlos en un 200 %. Esto ustedes también lo saben, pero también les da igual. Y porque este Gobierno ya
ha aprobado el Real Decreto 6/2022, de 29 de marzo, por el que se adoptan las medidas urgentes en el marco del Plan Nacional de Respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra de Ucrania, con el que se va a apoyar al sector agrario
y al lácteo con 16 000 millones de euros, de los que 6000 van a ir a ayudas directas, también a rebajas de impuestos, y 10 000 millones de euros se van a ir a créditos ICO. Ustedes también lo saben, pero también les da igual.
Y llegan mal. Llegan mal porque su propuesta supone una regresión de las políticas contra el cambio climático y la sostenibilidad que se están promoviendo desde Europa para apoyar a la agricultura y a la ganadería y para que sean más
resilientes y sostenibles. Por eso, ustedes gobiernan en comandita con la extrema derecha, y ahora también les copian sus discursos negacionistas y estrafalarios, en una especie
de competencia para ver quién es más de extrema derecha o para ver quién desprotege más al campo y, en concreto, al campo andaluz. Porque ¿dónde está la señora Olona? ¡Ah, no está! (El señor Mariscal Anaya: ¡Está de campaña!). Está de
campaña, sí. Se ha escaqueado hoy porque está en Sevilla haciendo turismo, de cañas y de tapas, y para probarse lo que ella, en vez de traje de flamenca porque no entiende nuestra cultura, llama o cree que son disfraces de flamenca. Pues bien, a
la señora Olona, además de campaña por Andalucía, la hemos visto haciendo turismo electoral en Francia con Marine Le Pen, pese a que el programa electoral de Marine Le Pen defendía la autarquía, impidiendo las exportaciones de los productos
agrícolas españoles y, en concreto, los andaluces, que son los que más exportamos. VOX también apoya a Donald Trump o se apoya en Donald Trump, que recuerdo que impuso fuertes aranceles a la exportación de la aceituna y del aceite andaluces, y
además VOX, que va haciendo turismo electoral por Andalucía, quiere eliminar las autonomías, entre ellas también, por supuesto, la andaluza, ese mismo partido VOX que proponía legalizar la venta a pérdidas en la ley de la cadena alimentaria -sí, se
lo recuerdo, repásense su enmienda 160- y también exonerar de pagar precios justos a los grandes operadores agroalimentarios, esos que son los mismos que imponían las prácticas y los precios abusivos. Se lo recuerdo, repásense su enmienda 158.
(Aplausos). Menos mal que estaba ahí Unidas Podemos para prohibir la venta a pérdidas; yo misma me encargué de incluirlo en la ley con las organizaciones agrarias. Y ni VOX ni el Partido Popular apoyaron los precios justos, lo recuerdo.
Señorías, ley de la cadena alimentaria que el Partido Popular se está encargando de boicotear sistemáticamente. (Aplausos). Sí, señorías, sí, de boicotear sistemáticamente. Y si no, ¿por qué la Junta de Andalucía no ha ampliado los inspectores
para velar por que no haya abusos en la cadena alimentaria? Pues muy fácil, muy fácil, porque ustedes no quieren que se paguen precios justos a los agricultores y ganaderos de nuestro país y en concreto a los andaluces. Por eso, el Partido Popular
no aumenta los inspectores en Andalucía. (Protestas). No se pongan nerviosos, es la realidad. No se pongan nerviosos. No se pongan nerviosos; si no les gusta lo que hacen, dejen de hacerlo. (Aplausos).
Señorías del Partido Popular, a ustedes que gobiernan con la extrema derecha ya en Castilla y León y también en Murcia, ustedes que se apoyan en la extrema derecha en Madrid y que no tienen reparo en decir que gobernarían con la extrema
derecha también en Andalucía, les voy a decir muy claramente que frente a sus intenciones involucionistas este Gobierno sigue trabajando para proteger al sector primario y las buenas condiciones de la tierra de la que dependen.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchísimas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Serrano Martínez.
El señor SERRANO MARTÍNEZ: Gracias, presidente.
Señorías del Partido Popular, señora Marcos, vuelven a perder una oportunidad para traer alguna iniciativa nueva, alguna reivindicación nueva que venga a complementar la batería de medidas y de políticas que ya están desplegadas por parte
del Gobierno desde hace más de dos años en este país. Entiendo que ustedes no quieran entenderlo; entiendo que ustedes no quieran comprender que el Gobierno en esta ocasión ya viene trabajando para, en este caso, solucionar el conjunto de las
medidas y también de las políticas a las que nos estamos enfrentando como sector. Le voy a detallar algunas de las medidas para hacerle ver que en su PNL las diez medidas no vienen a aportar nada nuevo, absolutamente nada nuevo. ¿Ustedes en esta
PNL vienen a hablar de flexibilización de la política agraria común? Si ya fue aprobada el 21 de marzo en el Consejo de Ministros; el 21 de marzo el Consejo de Ministros de nuestro país ya aprobaba esa flexibilización. Es más, señora Marcos, el
lunes le contestaba el ministro de Agricultura al comisario de Agricultura sobre los términos en que en este caso nuestro país iba a hacer la flexibilización, y que viene por parte de la Unión Europea. Al mismo tiempo, también el pasado 31 de marzo
se aprobaba en el mismo Consejo de Ministros un paquete de medidas para hacer frente a la sequía de 450 millones de euros, que ya está en marcha. Y también se ha puesto en marcha un plan nacional que va a hacer frente a la gran crisis y a las
consecuencias económicas que vienen y que están afectando al sector por esta crisis de la guerra de Putin en Ucrania: movilización de 16 000 millones de euros, 6000 millones de euros en rebaja de impuestos, ni más ni menos que 430 millones
destinados a inyectar liquidez al sector agrario y pesquero.
Ustedes tienen de nuevo una oportunidad de apoyar al sector agrario de nuestro país. El próximo jueves, cuando vayan a votar el Plan Nacional de Respuesta a las consecuencias económicas, voten a favor de ese plan nacional, porque si están
aprobando el plan nacional estarán aprobando 430 millones
euros para el sector agroalimentario de nuestro país. (Aplausos). La pregunta, señora Marcos, es: ¿Qué van a hacer ustedes? Porque si le dan la espalda a ese plan nacional, no se la dan al Gobierno, se la están dando a cientos de miles
de agricultores y pescadores de nuestro país que necesitan esas ayudas. Ustedes están jugando con la necesidad del conjunto del sector agrario de nuestro país. Por tanto, esa es la pregunta que ustedes tienen que contestar y, por supuesto, votar
el próximo jueves. Desde hace dos años y medio que están en la oposición, ustedes no han traído ni una sola medida.
Señora Marcos, yo la entiendo, usted tiene una situación muy compleja. Viene aquí a hablarnos de la política agraria común, viene a decirnos lo importante que es la política agraria común, viene el Partido Popular a decir que los 47 000
millones de euros son muy importantes, que es el marco financiero que vamos a tener de 2023 a 2027, pero, señora Marcos, ustedes han negociado con la extrema derecha y han entregado a la extrema derecha en su tierra la Consejería de Agricultura.
(Aplausos). Ustedes (muestra una fotografía) le han entregado la Consejería de Agricultura a los que van a echarse una foto con Marine Le Pen, ustedes. Esta es la gran amenaza para los agricultores de nuestro país, donde en su programa electoral
ella ya llevaba penalizar las exportaciones de España a Francia. (Aplausos). Por tanto, difícil situación la de ustedes. Y díganselo, cuéntenselo también, ahora que va empezar la campaña en Andalucía, en mi tierra. ¿Qué van a hacer, un pacto con
la extrema derecha? Hablan aquí de las cosas de comer y, cuando las cosas de comer hay que ponerlas en debate, con tal de tener un Gobierno con la extrema derecha le entregan la Consejería de Agricultura mientras el conjunto de Europa lucha para
hacer frente y para combatir a la extrema derecha porque es una gran amenaza para la democracia. (Aplausos). Por tanto, señorías del Partido Popular, háganselo mirar y háganselo mirar porque de nuevo vuelven a desaprovechar una oportunidad de
traer política e iniciativas que vengan a fortalecer el sector agroalimentario de nuestro país.
Señora Marcos, usted y su declaración de intenciones, con el pacto con la extrema derecha, se lo han dejado muy claro a nuestro país: o Gobierno del Partido Popular con la extrema derecha, los mismos que se fotografían con aquellos que
viene a castigar a los agricultores de nuestro país, o Gobierno progresista, donde vienen a trabajar, como lo está haciendo el Gobierno de España para sacarnos de la situación en la que nos encontramos. Le pedimos una cosa: seriedad y rigor porque
el momento lo requiere, y aquí va a tener al Grupo Parlamentario Socialista para trabajar con seriedad y rigor por el sector agroalimentario de nuestro país. A partir de aquí, volvemos a estar a disposición de esta Cámara para hablar de nuevas
políticas, pero ustedes ni han inventado ni han traído nada nuevo. Háganselo mirar.
Gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias.
Señora Marcos, ¿acepta su grupo alguna de las enmiendas presentadas?
La señora MARCOS ORTEGA: No.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): No, no las acepta.
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES:
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CIUDADANOS, SOBRE LAS DECLARACIONES DEL PRESIDENTE DEL GOBIERNO CONTRA LA ENERGÍA NUCLEAR. (Número de expediente 173/000141).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Pasamos, por tanto, al siguiente punto. Debatimos la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre la declaración del presidente del Gobierno
contra la energía nuclear. Por el grupo autor de la iniciativa y para la defensa de la moción tiene la palabra la señora Martínez Granados.
La señora MARTÍNEZ GRANADOS: Gracias, presidente.
Señorías, el pasado 30 de abril, en plena escalada de precios de la luz y en pleno debate sobre la dependencia energética europea por la invasión de Ucrania, Pedro Sánchez afirmaba en esta misma Cámara que la nuclear no es una energía
segura, y lo hacía sin otra evidencia científica que sus prejuicios, pasando por encima de la Comisión Europea, que ha recomendado el recurso de la nuclear como energía verde y pilar fundamental para la transición ecológica. Poco después, la
vicepresidenta Ribera, muy obediente, respondió con su habitual 'nucleares no, gracias' a la propuesta de Ciudadanos para que el Gobierno estudiase la revisión del calendario de cierre de las centrales en nuestro país ante la crisis de precios y
suministros que
sufrimos desde hace meses. A estas alturas, si algo tenemos claro es que este Gobierno no aprende; no aprende, sigue pecando de los mismos defectos de siempre. Niega los problemas, luego improvisa y, al final, no tiene más remedio que
rectificar, que intentar resolver crisis reales con cada vez más y más propaganda, y así no se puede. Pero le da igual, porque sus errores los pagan otros, los pagan y muy caro: los pagan todos los españoles. Se niega a escuchar la propuesta que
le hacemos desde la oposición útil y responsable de Ciudadanos para superar juntos los problemas que afectan a todos los españoles.
Señoría, cuente a los españoles que cada vez que pagan la factura de la luz lo hacen por prejuicios del señor presidente del Gobierno, porque a ustedes les hace quedar bien oponerse a la energía nuclear, porque lo que busca con esto son
votos, votos de los fieles, pero no buscan todo lo positivo que tiene para los españoles y para la factura. Los españoles siguen viendo cómo cada día pierden poder adquisitivo por el continuo incremento de los precios. La situación de muchas
familias es insostenible y Sánchez sigue empeñado en repetir sus dos mantras habituales: que la culpa del alza de los precios es de la guerra de Putin -una cosa que es novedosa- y que la llamada excepción ibérica, en Bruselas, es la solución a
todos y cada uno de los problemas que tienen los españoles para pagar la factura de la luz, pero, señores del Gobierno, la realidad ha demostrado que ninguna de esas dos cosas es cierta. La inflación en España lleva subiendo desde hace más de un
año y en el caso de la energía ya tuvimos una escalada similar en enero a causa del incremento del precio del gas en los mercados internacionales. De hecho, la inflación en España es del 9,8 % mientras que la media europea es del 7,5 %, y países
como Portugal, aquí al lado, tienen un 5,5 % de inflación.
Por otro lado, estamos viendo cómo la negociación en Bruselas por la fijación de un precio tope para el gas está encontrando más problemas de los previstos cuando Sánchez lo anunció a bombo y platillo. Se lo hemos dicho muchas veces,
señorías del Gobierno, alcen la vista y miren a Europa, pero miren para todo, no solo para lo que les conviene. La mayoría de los países están llegando a la misma conclusión: la energía nuclear es la mejor alternativa para acompañarnos en el
camino de la transición ecológica, porque la transición energética, como su propio nombre indica, es un camino y no un punto de llegada. Ojalá estuviésemos en el escenario de dependencia cien por cien de energías renovables, pero no estamos ahí;
tenemos que llegar hasta ahí. Y el Gobierno sigue empeñado en ignorar la realidad. Si no apostamos por la realidad, el camino hasta culminar esa transición ecológica y esa transición energética no solo será más largo, sino mucho más caro para los
españoles. Esa es la excepción española que vamos camino de ser si ustedes siguen empecinados en no apostar por la nuclear para abaratar el precio de la electricidad.
Esta misma semana hemos visto cómo el señor Sánchez celebraba la victoria de Macron en Francia. Además de subirse a cualquier carro de éxito, el señor Sánchez podría imitar a Macron en su decidida apuesta por la energía nuclear. Para su
conocimiento, Francia va extender la vida útil de todos los reactores existentes -cincuenta y seis-, revisando el calendario de cierre e iniciando la inversión necesaria para la construcción de seis nuevos reactores de última generación, pero no es
solo Francia. Bélgica, Finlandia, Eslovaquia, Suecia, Reino Unido o Alemania también han decidido apostar por la energía nuclear. Además, reducir el peso que el gas tiene en el mix energético mediante una apuesta conjunta por las renovables y la
nuclear, como hacen países como Francia o Reino Unido, permitirá reducir el precio de la factura de la luz que pagan empresas y hogares y que actualmente va ligado al precio del gas. Precio del gas, emisor de CO2; lo digo para el señor Uralde.
En resumen, todo el mundo mira a la energía nuclear menos España y es que la evidencia apunta a que es fiable en cuanto a suministro, como lo es el gas, pero, además, no emite CO2. Permitiría reducir la dependencia no solo del gas ruso,
sino, en nuestro caso, de todo el mercado exterior y cuenta con el respaldo de la Unión Europea, que ha garantizado las inversiones y la ha incluido en la nueva taxonomía verde. Por eso, señorías del Gobierno, en mi grupo parlamentario seguimos
insistiendo en que España siga la estela de Europa y apueste por la energía nuclear. Vivimos momentos excepcionales que necesitan soluciones valientes. Es momento de superar los prejuicios y encontrar soluciones efectivas a los problemas que
sufren todos los españoles. La ciencia está de nuestra parte. No tengan miedo y voten sí a esta moción que propone Ciudadanos.
Muchísimas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias.
Para la defensa de las enmiendas formuladas por sus grupos, interviene por el Grupo Parlamentario VOX el señor Requejo Novoa. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX.-La señora presidenta ocupa la
Presidencia).
El señor REQUEJO NOVOA: Con su permiso, señoría.
Muy buenas tardes. La ministra Ribera vino al pasado Pleno absolutamente sobrepasada por la subida incontrolada de la tarifa eléctrica y con la energía nuclear incluida en la taxonomía de la Unión Europea. Pese a tanto contratiempo, la
ministra del 10 % de inflación nos trajo aquí el manual antinuclear del pacifista de los años setenta y pontificó cuatro tópicos falsos como gran sacerdotisa de la Agenda 2030. Primera perla: que la energía nuclear no es eficiente. La energía
nuclear no emite CO2, que parece que es lo único que les importa; produce, además, un quinto de la electricidad española, con menos del 7 % de la potencia instalada. ¿Se puede ser más eficiente? Ha sido durante la última década la primera fuente
de generación en España. ¿Se puede ser más eficiente que funcionar un 80 % de las horas posibles al 98 % de la potencia? (Aplausos). La nuclear ofrece energía rotativa imprescindible para estabilizar la red eléctrica de transporte.
Segundo. Dijo que la energía nuclear es cara, aportando un dato de la consultora Lasarte de 164 dólares megavatio hora. ¿Cómo se puede entender entonces que las propias empresas propusieran un precio tasado de 60 megavatios hora el pasado
año, calculando un precio de coste sobre los 45 euros megavatio hora? Y esto lo dice un Gobierno que el 8 de septiembre respondía no saber el precio real del megavatio nuclear a pregunta parlamentaria por escrito. Entre caro y peligroso está el
culebrón del cementerio nuclear.
Otro episodio del juego limpio gubernamental. El secretario de Estado, con una carta -así es la burocracia-, paralizó en julio de 2018 la evaluación de permisos de construcción del ATC, almacén temporal centralizado, de Villar de Cañas, del
CSN, Consejo de Seguridad Nuclear, para que el nuevo Gobierno tuviera tiempo de estudiar el proyecto, y hasta hoy. Con esta carta doña Teresa se fumó un millón de horas de ingeniería de Enresa en el diseño del ATC y 47 000 horas de evaluación de
técnicos por parte del regulador; quince días faltaron para terminarlo. De nada ha valido que el ATC tuviera concedido por el consejo la autorización de emplazamiento y la aprobación por unanimidad de este Parlamento ni que la evaluación
IRRS-Artemis, de la IAE, reconozca que reúne las mejores prácticas internacionales en su diseño. Mil millones de euros paralizados que podrían revitalizar mañana mismo Castilla-La Mancha, con otros doscientos millones a invertir en un centro de
investigación en el mismo ATC y trescientos millones más que vendrían de vuelta de Francia junto con la basura nuclear que nos guardan.
Tercero. Dijo que la industria nuclear no es segura. Hay en el mundo 438 centrales nucleares operando y 57 centrales nucleares en construcción, en dieciocho de los países más reputados del mundo: Estados Unidos, Inglaterra, Francia,
Canadá, Corea del Sur, etcétera. ¿Qué más quieren? ¿Son unos inconscientes estos países? ¿No valora su seguridad? Dijo sin sonrojo que no tienen aceptación social ni empresarial. Afirmó que nadie quiere cerca de su municipio una central
nuclear, y eso es falso. Vaya a Navalmoral de la Mata, en Cáceres, pregunte si quieren cerrar Almaraz y sorpréndase, como se sorprenderán el 19 de junio en Andalucía. (Aplausos). La gente es más razonable de lo que creen, y lo vendía Ciudadanos,
que, oportunistamente, presentó esta interpelación urgente. ¿Qué mayor prueba de aceptación popular que ver a los liberales subirse a un carro? ¡Vamos, al de la guillotina si hace falta! Y es que VOX tenía razón reivindicando ayer y hoy la energía
nuclear como parte del mix de la soberanía energética.
La izquierda llama al miedo y el miedo somete y obliga a obedecer. La ministra calificó la emergencia climática como la mayor amenaza de la humanidad, Agenda 2030. Esto es meter miedo. La ley de cambio climático, aprobada por todos los
presentes, excepto VOX -y VOX tuvo razón-, implica prohibición a prospecciones de hidrocarburos y minerales radiactivos. Lo sabrá Marruecos, que impone los mercados de CO2 artificiales y especulativos, acabando con la competitividad nacional.
¿Compensa tanta destrucción y esfuerzo reducir el 0,4 % de emisiones mundiales de CO2 mientras China supone el 36? Las empresas eléctricas se quejan de una carga fiscal insostenible sobre la generación nuclear que las aboca al cierre patronal, y,
por si este no se produce, el ministerio amarró el cierre programado forzoso acogiéndose al cumplimiento a cuarenta años.
Por último, les digo que, además de las 96 centrales nucleares ya planificadas, hay otras 325 centrales propuestas para ser construidas. Se avecina un boom nuclear, pero no uno destructivo, sino uno creativo, donde los más de sesenta
proyectos de pequeños reactores nucleares revolucionen el mundo de la energía en la próxima década, reactores pequeños, en serie, mucho más baratos, modulares...
La señora PRESIDENTA: Señor Requejo, tiene usted que terminar, por favor.
El señor REQUEJO NOVOA: En fin, en eso es en lo que debería estar España: invirtiendo y abriendo una puerta al futuro.
Muchas gracias. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Requejo.
Por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso tiene la palabra el señor Herrero Bono.
El señor HERRERO BONO: Gracias, presidenta. Buenas tardes, señorías.
Hoy el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta una moción para ampliar el calendario de cierre de las centrales nucleares de nuestro país que ya tiene preparado este Gobierno según el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima. Bienvenidos,
señores de Ciudadanos, a esta su nueva posición respecto a la energía nuclear, y bienvenidos, ahora, a oponerse al cierre prematuro de las centrales nucleares, porque no hace mucho tiempo ustedes las detestaban. (Aplausos.-Denegaciones de las
señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario Ciudadanos). Bienvenidos a defenderla, como lo viene haciendo siempre el Grupo Popular, por ser esta, la energía nuclear, una energía clave y fundamental para el desarrollo económico de
nuestro país. Una energía clave porque da seguridad de suministro los 365 días del año, los 7 días de la semana, las 24 horas del día; porque es una energía que no emite CO2 a la atmósfera y, por tanto, ayuda a la descarbonización; porque es una
energía muy competitiva que ayuda a abaratar el coste de la factura eléctrica de las familias e industrias de nuestro país. Una energía que, al darnos seguridad de suministro, resulta fundamental como energía de respaldo para fomentar la
implantación y desarrollo de la energía renovable de nuestro país.
Esa es la realidad, señores del Grupo Socialista y de la izquierda en general. Si no, ¿por qué la Unión Europea la ha incorporado en la taxonomía verde?, ¿o por qué países de nuestro entorno, como Francia, como Alemania, como Bélgica, como
Finlandia y otros como Canadá o Corea del Sur no es que hayan decidido el mantenimiento de sus centrales, sino que están desarrollando nuevos reactores nucleares? ¿Están equivocados los Gobiernos de estos países?, ¿trabajan en contra de sus
ciudadanos?, ¿van en contra de su economía?, ¿quieren lo peor para su país? Y Europa, ¿está equivocada también Europa cuando declara la energía nuclear como energía verde? Señorías, los que están equivocados son ustedes y el Gobierno
socialcomunista de este país. (Aplausos). Señores del Grupo Socialista, de verdad, dejen de llevar a cabo la transición ecológica, la cual no ayuda en nada a mejorar la situación económica de la industria y de las familias de nuestro país.
Miren, España y los españoles necesitan todo tipo de tecnologías energéticas que cumplan el trilema energético: seguridad de suministro, descarbonización y eficiencia económica. Como decía, señorías, no es que en mi grupo estemos de
acuerdo en alargar el calendario previsto del cierre de las centrales nucleares, sino que, además, es necesario y fundamental que la nueva inversión en el mantenimiento garantice la viabilidad y la seguridad técnica y económica de las centrales para
un mejor futuro de nuestro país. Por eso, nosotros, mi grupo parlamentario, hemos presentado varias enmiendas a esta moción, encaminadas todas ellas a estudiar sin apriorismos ideológicos, con un análisis profundo, la viabilidad técnica,
medioambiental y económica de las ampliaciones en cada caso, siempre de acuerdo con sus propietarios, y de la que, además, tenemos que hacer partícipes a todos los entes responsables del sistema eléctrico de nuestro país: propietarios, operadoras,
Red Eléctrica Española, Consejo de Seguridad Nuclear, la OMIE para decidir entre todos la necesidad de alargar la vida de las centrales nucleares.
Presidenta, acabo. Señorías del Grupo Socialista, dejen de alarmar ya a los españoles con falsos debates y declaraciones como la que hizo su presidente, el señor Pedro Sánchez, en la que afirmó que la energía nuclear no era una energía
segura, porque eso es totalmente falso. Abandonen su ideología ficticia en torno a la energía y piensen de verdad en el interés económico y social de todos los españoles, porque de lo contrario, ustedes serán los responsables del cierre de nuestra
industria y de las penurias que están sufriendo ya todos los españoles.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Herrero.
En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Martínez Oblanca.
El señor MARTÍNEZ OBLANCA: Muchas gracias, señora presidenta.
Solo cabe interpretar la iniciativa del Grupo Parlamentario Ciudadanos como una acertada censura a la nefasta política energética que capitanean Pedro Sánchez y Teresa Ribera. Basta recordar que dando continuidad al acuerdo del Partido
Socialista y de Unidas Podemos tras las elecciones generales de noviembre de 2019, uno de los principales propósitos manifestados en la sesión de investidura fue el de reducir la factura energética. Ahora, sin embargo, los españoles estamos pagando
los precios más altos de la historia, lo que arruina el tejido productivo y empobrece a pasos agigantados a las familias y a toda la sociedad, por mucho publirreportaje de la denominada excepción ibérica contante y sonante y, como hemos sabido este
mediodía, también menguante.
Señorías, el Gobierno todavía tiene el descaro de denominar esta crítica situación como transición justa, tras adoptar medidas irresponsables que los españoles estamos pagando muy caras y que suponen un colosal zarpazo al conjunto de la
economía. Es el caso de la renuncia a nuestra soberanía energética con el cierre, a diferencia de otros países comunitarios homólogos, de la minería del carbón, nuestro único combustible fósil autóctono, por lo que ahora -asómbrense- en plena
invasión de Ucrania, España ha importado carbón ruso. Es también el caso del cierre de siete centrales térmicas, lo que, ante las dificultades de suministro, nos ha llevado a comprarle electricidad sucia a las de Marruecos, país al que hemos
exportado los puestos de trabajo que hemos perdido con la desaparición de nuestras centrales. El Ejecutivo eligió la opción del gas de Argelia para alimentar los ciclos combinados y hoy temblamos a la espera de la subida de costes que tendrá para
España la situación diplomática derivada de la nueva política exterior emprendida por Pedro Sánchez, tomada al margen de una parte del Consejo de Ministros y de las Cortes Generales. En lo tocante a la energía nuclear, el fundamentalismo ecologista
urbanita del Gobierno nos endosó un calendario de cierres que la vicepresidenta tercera definió, en su respuesta a la interpelación que da origen a esta moción, como un ejercicio de responsabilidad ineludible.
Señorías, ante este funesto panorama energético que amenaza la competitividad y el empleo de una industria española cada vez más alejada de la europea, solo cabe tratar de revertir estas medidas lesivas, y en el caso de la política nuclear,
tomar como modelo a aquellos países que resuelven sin titubeos sus principales necesidades. Algunos de ellos ya han extendido el calendario de vida útil de sus instalaciones. El señor Macron, que el pasado domingo renovó su mandato presidencial,
se ha comprometido a aumentar significativamente el ya de por sí extenso parque francés de más de medio centenar de reactores, al que, por cierto, España compra electricidad. Es decir, resulta cuando menos paradójico y contradictorio que la
ministra Ribera demonice la energía nuclear y, sin embargo, tengamos que recurrir a las instalaciones atómicas francesas para suplir las graves carencias y limitaciones a las que nos ha arrastrado su irracional política energética, a cuyas tesis la
Unión Europea le propinó un soberano varapalo el pasado mes de enero al incluir la energía nuclear en la taxonomía verde europea, en contra de la propuesta defendida por nuestro Gobierno.
Señorías, a este panorama sombrío que está zarandeando la economía española, no hemos llegado repentinamente. En Asturias lo sabemos bien, porque hemos venido sufriendo durante décadas una paulatina renuncia de los gobiernos socialistas a
nuestras principales fuentes energéticas, que ha sumido hoy en el abandono a las cuencas, arrastrándolas a la despoblación. Es vergonzoso, y lo vuelvo a denunciar una vez más en esta tribuna, que tras el cierre manu militari de las centrales
térmicas de generación eléctrica de Soto de la Barca, en Tineo y de Lada, en Langreo, no se hayan reemprendido los compromisos de reactivación socioeconómica, lo que impacta decisivamente en la desertización del territorio. Todavía hay quien se
sorprende en el Principado de la escalofriante pérdida de población, como en ninguna otra parte de Europa.
Finalmente, coincido con el contenido de varias enmiendas presentadas al texto original que, desde mi punto de vista, aclaran y refuerzan el mandato de esta Cámara al Ejecutivo. En todo caso, España precisa calibrar nuestras necesidades
energéticas, fijar el mix energético y determinar consensuadamente el peso que jugará cada una de las tecnologías de producción, la nuclear incluida. De ahí, mi voto favorable a la iniciativa que ha defendido la señora Martínez Granados.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Martínez.
Por el Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu, tiene la palabra el señor Ruiz de Pinedo Undiano.
El señor RUIZ DE PINEDO UNDIANO: Presidenta, señorías, buenas tardes. Arratsalde on.
Bueno, ya han oído ustedes: la energía nuclear no tiene ningún riesgo. Hasta que hay accidentes; hasta ese momento, no hay ningún problema. No tiene ningún problema de gestión de residuos, es una energía limpia. No somos dependientes
del enriquecimiento del mineral. Los grandes grupos energéticos, los lobbies defienden la energía nuclear porque es una energía democrática. Bueno, todo esto que estamos oyendo esta tarde y en otros foros la verdad es que es grave.
Esta moción nos trae una disyuntiva que es preocupante. Además es preocupante por de quién viene en estos momentos y por lo que significa: un cambio de postura que indica un proceso importante. Yo quiero empezar diciéndoles que esta
moción no puede ser aprobada por el Congreso, porque la energía nuclear no es neutra de cara al cambio climático. Es gravísimo que se esté clasificando la energía nuclear como energía verde, va contra cualquier principio científico básico para la
transición ecológica, va contra las estrategias para la neutralidad climática, va contra una ley de cambio climático y transición ecológica que ha sido votada en este Congreso con sus votos y, sobre todo, va en contra de la mayoría de la población
de este Estado, de este país, de los movimientos sociales que están luchando por unos derechos ecológicos y democráticos. Esto es una mala propuesta. El impacto de la crisis climática es innegable, es cada vez más visible y representa un desafío
mayúsculo para la humanidad. Por eso, no podemos desviarnos de las respuestas necesarias a este desafío internacional. Incluso en momentos como este, no podemos quedarnos cegados por circunstancias geopolíticas coyunturales.
¿Por qué este cambio de voto? ¿Qué ha pasado para que en unos meses ustedes, los parlamentarios y parlamentarias de Ciudadanos, hayan pasado de apoyar la ley de respuesta al cambio climático a tomar esta perspectiva regresiva, a convertirse
en acérrimos partidarios de la energía nuclear? Hace unos meses ustedes aprobaban esta ley que apoya las estrategias hacia la neutralidad climática. Este cambio solamente puede tener una explicación: ustedes representan la esencia del oportunismo
político. Un ejemplo es esta moción, un intento para salir de su irrelevancia política, un intento de buscarse el favor de los lobbies pronucleares. Lo que es grave es que en estos momentos está en juego el futuro de las próximas generaciones. Se
equivocarían de nuevo si piensan que la población, que la sociedad es ignorante ante los problemas de largo plazo; les aseguro que no es así. Si en estos momentos hay una preocupación en la sociedad, si hay una preocupación generalizada es por el
futuro de nuestras hijas y de nuestros hijos, por el futuro de las próximas generaciones. Y es precisamente la certeza de esa preocupación lo que ha posibilitado que se alcancen unos acuerdos, aunque sean mínimos, para afianzar estrategias que
puedan paliar el desastre ecológico futuro.
Sin embargo, los lobbies energéticos están realizando grandes presiones para frenar algunas de estas principales estrategias puestas en marcha. De ahí viene la manipulación de la lista taxonómica. Ciudadanos con esta propuesta ha estado
apoyando una propuesta de los lobbies. Es así cómo se desarrolla la estrategia lobista, buscando el propio beneficio. Y es aquí donde están ustedes en estos momentos, dentro de esta estrategia retrógrada y antiprogresista con esta moción.
Presentan la energía nuclear como una aliada clave de las energías renovables y celebran la nueva taxonomía como una señal clara para que los inversores destinen capital en este sentido. Simplemente están siendo la voz del lobby nuclear. Les
preocupa mucho menos el futuro del medio ambiente y el de nuestros hijos e hijas que el de los grandes grupos inversores energéticos.
Por eso, vamos a votar no a su moción. Por supuesto, también vamos a votar no a las enmiendas del Grupo Popular y de VOX.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Ruiz de Pinedo.
Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra la señora Sagastizabal Unzetabarrenetxea.
La señora SAGASTIZABAL UNZETABARRENETXEA: Gracias, presidenta. Arratsalde on.
Mi grupo no va a apoyar la moción que hoy presenta Ciudadanos para ampliar la vida de las centrales nucleares ante la escalada de precios de la energía. Nosotros lo único que compartimos con esta moción es que la economía, efectivamente,
tiene que avanzar hacia las cero emisiones netas para el 2050; un camino que quizá debería haberse abordado, desde luego, desde la factibilidad, teniendo en cuenta los recursos existentes, siendo conscientes también de la debilidad en cuanto a la
dependencia del gas y petróleo de terceros, y siendo conscientes también de la necesidad de una tecnología de respaldo, porque,
como bien dice la moción, las renovables son intermitentes y no permiten un almacenamiento todavía a gran escala en este sentido. Hasta aquí lo que compartimos.
No compartimos que esa energía tenga que ser la nuclear. Una cosa es aprovechar la energía nuclear existente, no desperdiciarla, pero otra muy distinta es que haya que extender su ciclo de vida. Primero, porque ya es un debate cerrado,
porque vinculáis la producción nuclear al problema del precio, al problema del recibo y a su solución, y esto no es cierto, porque las centrales nucleares ahora mismo siguen funcionando y el precio del mercado eléctrico no ha bajado. Es más, el
siguiente cierre es, en el año 2027, de la central de Almaraz; en el año 2028, de la central de Almaraz II; en el año 2029, de la central de Ascó, y así sucesivamente hasta 2035, por lo que se les puede seguir sacando provecho. Evidentemente,
para esas fechas habrá más renovables en el mix y quizá hasta un almacenamiento a mayor escala y, desde luego, más generación distribuida, que hará que los precios disminuyan. Por lo que no nos digan que alargar hoy la vida de las nucleares va a
abaratar la luz ni hoy ni en el corto plazo, que es lo que se necesita, porque no es cierto. Como he dicho, tenemos las nucleares en su rendimiento y el precio de la luz es el que es.
Lo que ustedes nos están planteando verdaderamente hoy aquí es un cambio en la política energética y, por tanto, en el mix energético; un alargamiento que, aunque no lo digan, va a requerir mayores inversiones si se quiere preservar la
seguridad. No es lo mismo una central con cuarenta años que con sesenta. Incrementar la vida útil de centrales genera o incrementa la incertidumbre y los riesgos si no hay inversores importantes en ellas. Los titulares de las nucleares, desde
luego, algo tendrán que decir, porque aparte de que estamos en un mercado eléctrico liberalizado y con una producción privatizada, aunque cuenten con determinado apoyo público, son los que asumen los riesgos y los beneficios o pérdidas.
Precisamente las eléctricas no quieren seguir con esa tecnología, ya que ante la fiscalidad alta de las nucleares, necesaria para acometer también la gestión de residuos perennes que se comen los beneficios, no tienen ningún interés, por eso, han
pactado también un calendario paulatino de cierre. Las nucleares, además, producen electricidad cuatro veces más cara que la eólica y la solar fotovoltaica. Por tanto, hay que abogar más por una rápida implantación de renovables, eliminando todos
esos cuellos de botella. Por otro lado, la energía nuclear no se puede encender y apagar según las necesidades, va emitiendo una cantidad a la red, y en el caso de que incluso las renovables pudieran cubrir el 100 % de nuestra energía, no sería
posible porque la nuclear seguiría entrando en esa red. No es una energía flexible, y compite directamente con la entrada de renovables, por lo que, a medida que se va ampliado la energía eléctrica limpia, la nuclear ocupará ese hueco que no pueden
ocupar las renovables.
En su alegato actual por la nuclear no hablan ni tienen en cuenta los problemas que esa tecnología conlleva en cuanto a la gestión de residuos perennes, los residuos de por vida, para los que hoy en día todavía no hay una solución, ni ahora
con el PSOE ni antes con el PP, y por los que ustedes tanto preguntaban. Resulta también un tanto sorprendente que ahora aboguen por un alargamiento de las centrales y en su día se mostrasen férreos defensores del no alargamiento, por ejemplo, de
Garoña. Incluso su partido, junto con el PNV, Esquerra, PDeCAT y Equo, reclamó un plan para el cierre de las centrales nucleares. Pero la verdad es que ya -y siento decirlo así- estamos acostumbrados a sus vaivenes en determinadas políticas.
Ustedes dicen además que como Europa se ha dado cuenta del error que ha supuesto apostar por el gas, incluyen la nuclear dentro de la taxonomía verde, y esto no es cierto. Lo que no dicen es que hasta ahora el gas natural era la energía más
barata por ser el respaldo de las renovables, porque aunque tenía un coste variable alto, tenía un coste fijo bajo. Es algo que ha cambiado, efectivamente, pero no porque se hayan dado cuenta del error, sino que lo que ha hecho Europa simplemente
es modificar un reglamento que lo único que hace es etiquetar las actividades económicas en las que el daño ambiental es reducido o nulo, así como las que son sostenibles, y lo hace para que esas actividades con etiqueta verde, en ese camino
transitorio, sean más atractivas para las inversiones tanto privadas como públicas. Pero al final va a depender de lo que decida cada país, teniendo en cuenta además que la electrificación de la economía y la transición a energías renovables son
prioritarias para Europa. Para nosotros no tiene sentido abogar por un alargamiento de las centrales nucleares, hay que acelerar la transición a un menor consumo energético, a una mayor eficiencia energética y, desde luego a una mayor proporción de
energía que proceda de tecnologías limpias y seguras, y, desde luego, apostar por la generación distribuida.
Nada más y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Sagastizabal.
Por el Grupo Parlamentario Plural, tiene la palabra, en primer lugar, la señora Sabanés Nadal.
La señora SABANÉS NADAL: Gracias, presidenta.
Señorías de Ciudadanos, hay que reconocer que ustedes últimamente no tienen muy buena suerte. Ayer les convocaron las elecciones en Andalucía casi sin avisar y hoy les toca defender esta moción en el 36.º aniversario de la catástrofe de
Chernobyl, y esto sí es importante. Además, les toca defender esta moción precisamente cuando hoy también han notificado una nueva incidencia en la central nuclear de Cofrentes, y van tres en un mes y medio. En este marco defienden ustedes sus
proposiciones.
Esta moción que nos presentan para nosotros no tiene sentido por cuatro motivos fundamentalmente. En primer lugar, porque no es verdad que sirva para luchar contra la crisis energética, y mucho menos contra la crisis climática. Nadie
estaba pidiendo su ampliación, ni las empresas ni muchísimo menos la ciudadanía. La energía nuclear, se pongan ustedes como se pongan, es más cara, infinitamente más cara, sin posible comparación, que las renovables en su producción y,
especialmente, si tenemos en cuenta el coste que significaría la ampliación de nuevas inversiones en las centrales nucleares existentes.
En segundo lugar, no es cierto que sirva para ser más independiente energéticamente, porque la realidad es que el 40 % del uranio que utilizamos para las centrales en España proviene de Rusia, y ustedes también lo saben. Además, el cierre
programado -lo planteaba la representante del PNV- está acordado con las empresas y recogido en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima. De no realizarse según el calendario programado, habría que realizar inversiones y planes millonarios.
¿Y quiénes prevén ustedes que hagan estas inversiones? ¿Las empresas? ¿El Estado? ¿Europa? ¿Quiénes prevén que hagan estas inversiones para garantizar la seguridad? Todos los recursos deberían destinarse a seguir aumentando nuestra
independencia energética de mano del despliegue de las energías renovables.
Por último, y no menos importante, la seguridad y los riesgos, el nivel de incidencias, les comentaba lo que ha pasado en Cofrentes, es la tercera vez en un mes y medio, ya sufrió un incidente en el mes de marzo. Lejos de pensar en ampliar
el periodo de vida útil, habría que pensar en la evaluación y cierre de la central de Cofrentes, como estaba previsto antes de la autorización de marzo de 2021.
Por tanto, señorías, por mucho que ustedes nos traigan aquí su mensaje y el mensaje de los lobbies de las nucleares...
La señora PRESIDENTA: Señora Sabanés, tiene que terminar, por favor.
La señora SABANÉS NADAL: ... la energía nuclear no es la solución para la crisis energética que vivimos. El ahorro y el despliegue de las renovables son las soluciones para la sostenibilidad de nuestro país.
Gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Sabanés.
Por el mismo grupo parlamentario, tiene la palabra el señor Bel Accensi.
El señor BEL ACCENSI: Gràcies, presidenta.
La verdad es que no estamos acostumbrados a hacer debates con cierta serenidad, exentos de dogmatismo y en los que cada uno defienda lo que entiende que debe defender, excepto honrosas excepciones, lo hemos visto en este debate y supongo que
lo vamos a seguir viendo.
La moción que plantea Ciudadanos, más allá de reproches que les puedan venir de otros grupos, que seguramente tampoco ayudan a mantener un debate con cierta serenidad, a nosotros nos parece acertada, y ya les avanzo que, si no la contaminan
con alguna transaccional o con algunas de las propuestas que me han parecido absolutamente una barbaridad, nosotros la votaremos a favor, y me intento explicar.
Miren, si se cumple la planificación que ha establecido el Gobierno, creo que de los siete reactores nucleares, antes de ocho años van a cerrar cuatro. Tendremos que ver cómo se sustituye la energía en el mix energético, porque toda no va a
ser sustituida por energías renovables. Por tanto, nos parece que lo que se plantea, que es analizar la posibilidad de prolongar la vida de estas centrales nucleares, se debería hacer, porque, si después no se puede y se acaba prolongando la vida
de estas centrales nucleares de aquí a cuatro o cinco años, el error habrá sido gravísimo, porque las inversiones no se habrán hecho con la misma intensidad.
Segunda cuestión que les quería transmitir, para seguridad de todos los ciudadanos. Yo vengo de un territorio donde hay presencia de bastantes centrales nucleares y la población ha aprendido a convivir, siempre que se sea transparente.
¿Las centrales nucleares tienen un riesgo? Sí, como cualquier actividad industrial. ¿Son seguras? Sí. Debemos transmitir que son seguras, no debemos crear inseguridad.
Se me está acabando el tiempo, así que solo una posición de cara al Gobierno, si ustedes insisten en cerrar las nucleares en los territorios donde están implantadas: la actividad económica que generan es muy importante, y yo no les digo que
esto sea una justificación para prolongarlas, pero sí que es una exigencia para que se hagan planes de reconversión de esta actividad en estos territorios...
La señora PRESIDENTA: Señor Bel, tiene usted que terminar, por favor.
El señor BEL ACCENSI: ... porque, si no, serán doblemente responsables.
Muchísimas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Bel.
Por el Grupo Parlamentario Republicano, tiene la palabra la señora Pujol i Farré.
La señora PUJOL I FARRÉ: Gràcies, presidenta.
Buenas tardes, señorías. Hoy Ciudadanos nos trae a debate en esta Cámara una moción en la que insta al Gobierno a revisar el calendario de cierre de las centrales nucleares españolas con objeto de ampliarlo de forma dialogada con las
empresas operadoras y garantizando en todo momento las actuales condiciones de seguridad y viabilidad -dicen-. Personalmente, no deja de sorprenderme que tanto el grupo proponente como el presidente y el PSOE hablen alegremente de seguridad nuclear
sin recabar ni unos ni otros, en peticiones largamente reivindicadas por los municipios de las áreas nucleares, por ejemplo, la revisión de los límites de las zonas de seguridad.
En nuestro grupo hemos propuesto varias veces que haya una nueva zona II A de 20 kilómetros, con el fin de dotarles de más instrumentos y recursos materiales para reforzar la seguridad ante un posible riesgo. También reivindicamos la
realización de simulacros de emergencia nuclear con la población civil, que parece que es una obviedad, pero yo, que vivo a 3 kilómetros de dos reactores nucleares, que tengo 34 años, no he hecho ni un solo simulacro en mi vida, ¡ni uno! Y no es que
yo o mis vecinos tengamos el capricho de hacer simulacros, sino que se deben hacer por una cuestión de seguridad.
Más allá de los simulacros exteriores, otro de los déficits destacados en materia de seguridad es la falta de cobertura móvil en los núcleos de población de las zonas I -10 kilómetros- y también en algunos puntos de las carreteras de sus
términos municipales, así como un cambio y mejora de los obsoletos sistemas de alerta y comunicación de las emergencias a los ciudadanos. ¿Cómo puede ser que en las zonas nucleares hoy en día haya problemas de cobertura móvil? Es que no entra en
la cabeza de nadie. Además, resulta paradójico escuchar cómo hablan, también alegremente, del calendario de cierre sin contemplar ni proponer ninguna medida para la reindustrialización y diversificación económica de estas zonas nucleares. Y esto
no lo ha hecho ningún Gobierno del Estado español, pero, oiga, el Govern català, sí lo ha hecho. Lo más indignante es que no lo han podido implementar anteriormente porque tanto el PP como el PSOE lo habían impedido, y se lo voy a explicar.
Después de dos intentos de crear un impuesto de transición nuclear catalán, que fueron tumbados por el Tribunal Constitucional, primero, en 2017 y, después, en 2018, por fin este año tendremos en Cataluña unos fondos de transición nuclear,
unos fondos que tienen como finalidad la financiación de actuaciones de desarrollo económico y de transición energética justa de las zonas afectadas por el impacto ambiental de la producción de energía eléctrica nuclear. Serán unos fondos
gestionados por el Departament d´Empresa i Treball con la finalidad de impulsar proyectos que tengan un impacto directo sobre la economía de los territorios nucleares y que tengan la capacidad de transformar. Hay tiempo, pero no demasiado, y es por
eso que lo que no podemos hacer es quedarnos de brazos cruzados. Tenemos que trabajar con el calendario que hoy en día está aprobado, y tenemos que trabajar duro todas las administraciones por que los 3000 trabajadores de las nucleares catalanas no
pierdan su trabajo. Estamos hablando de que este impuesto va a destinar 24 millones de euros cada año para revertir directamente en la economía de las zonas nucleares. Estamos hablando de que en diez años, con el calendario de cierre en mano,
serán 240 millones de euros, una cifra histórica para Cataluña. Es imprescindible para las zonas de Vandellós y Ascó que se trabaje con suficiente tiempo para la reindustrialización y la diversificación de la economía y para dar también
oportunidades de futuro al territorio cuando estas cierren. Ante la desidia y la inacción del Estado, como siempre, en Cataluña tomamos y asumimos la responsabilidad del futuro de nuestra gente. Y no me quieran vender luego que van a destinar
fondos para la transición justa o que ya lo han hecho, porque para la gente del Valle de Tobalina sería ofensivo.
También quiero hablar de la central de Cofrentes, donde, pese a las demandas de los municipios, ni el Estado ni la Generalitat Valenciana, hoy por hoy, han puesto encima de la mesa ningún plan para bastir una alternativa al cierre,
condenando a la zona al destierro y despoblamiento. Además, este pasado domingo tuvo una nueva parada no programada; ocho incidentes en 2021 y ya van tres este año. ¿Realmente podemos hablar de seguridad?
Ya termino, presidenta. Me disgusta que se trate con tanta frivolidad y como arma arrojadiza temas de tal calado...
La señora PRESIDENTA: Señora Pujol, tiene que terminar, por favor.
La señora PUJOL I FARRÉ: Termino en cinco segundos.
De tal calado y de tal importancia social y laboral para muchas personas que viven directa o indirectamente de las centrales nucleares.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Pujol.
Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem Galicia en Común, tiene la palabra el señor López de Uralde Garmendia.
El señor LÓPEZ DE URALDE GARMENDIA: Gracias, presidenta.
Señorías, presentan ustedes esta moción con la justificación de que el presidente del Gobierno dijo que las centrales nucleares ni son seguras ni son baratas. Voy a dar algunos datos que demuestran que el presidente del Gobierno dijo la
verdad. Hoy, 26 de abril, es el trigésimo sexto aniversario del accidente de la central nuclear de Chernóbil. Según los datos oficiales que ustedes manejan de la Agencia Internacional de la Energía Atómica, el accidente de Chernóbil causó 31
muertos. Les voy a dar una información. En Chernóbil, cuando se produjo el accidente nuclear, quedó expuesto el núcleo después de la explosión y la radiactividad se emitía al medio ambiente en grandes cantidades. Para evitar que la radiactividad
se siguiera emitiendo entre 600 000 y 800 000 personas, llamados liquidadores, tuvieron que acudir para enterrar los escombros y los residuos de la central nuclear de Chernóbil. Decenas de miles de esas personas murieron y no están en las
estadísticas oficiales. Lo digo porque creo que es importante tener en consideración todos los datos, porque minimizar los riesgos y los impactos de un accidente nuclear me parece que es, por lo menos, irresponsable. (Aplausos).
Después, en 2011 ocurrió el accidente de Fukushima. Ya no era en la Unión Soviética ya era en el supertecnológico Japón. Todavía hoy en día están a la espera de verter al medio marino un millón de metros cúbicos de aguas contaminadas,
cuyos impactos sobre el medio ambiente y sobre la salud de las personas serán muy difíciles de determinar. Por lo tanto, los datos que ustedes manejan no se ajustan a la realidad.
Déjeme darle otros dos datos interesantes. Ayer, por primera vez en España, la producción de energía solar superó a la producción nuclear. Es el primer día que eso ocurre. En 2021 fue el primer año en que la energía eólica superó a la
producción nuclear en España. Esto es gracias al impulso y al trabajo de personas que miramos, que miran hacia el futuro y que trabajan por el futuro, y no como ustedes, que con esta moción están mirando al pasado.
Déjenme hablarles de los costes. Fíjense, hablan ustedes de Francia. Francia está construyendo el último reactor nuclear, el de Flamanville 3; un reactor nuclear que presupuestaron en 3000 millones de euros y que iba a entrar en
funcionamiento, si no recuerdo mal, en el año 201. Estamos en 2022 y ese reactor nuclear no ha entrado en funcionamiento y sus costes estimados están ya en los 19 000 millones de euros. Es decir, que para construir un nuevo reactor nuclear tienen
que pasar veintidós años. Por supuesto, los costes son totalmente desproporcionados. El coste de un megavatio en Flamanville será de 11,5 millones de euros; el coste de un megavatio solar fotovoltaico es de unos 600 000 euros. Por tanto, es
cuatro veces más barato producir energía solar fotovoltaica que producir energía nuclear. Lo mismo puede decirse del reactor Hinkley Point, en el Reino Unido, o de los reactores Buckle III y IV, de Estados Unidos. Por tanto, no es cierto que la
energía nuclear sea una energía barata, ni mucho menos, y en España lo sabemos también. Podemos hablar de la moratoria nuclear, de cómo eso lo pagamos en la factura eléctrica a través del 2,5 % entre todos los consumidores, siendo el rescate de las
eléctricas el primer rescate a gran escala en nuestro país por la moratoria nuclear. Respecto de los tiempos, tampoco sirve para nada lo que ustedes proponen porque realmente, como he dicho, el tiempo de construcción de
una central nuclear es como mínimo de veinte años. ¿Para qué nos sirve esto si dentro de veinte años o hemos ganado la batalla de la descarbonización o la hemos perdido?
En tercer lugar, déjeme decirle una cosa. Nuestro país tiene que apostar por sus fortalezas, y su fortaleza, la nuestra, es que tenemos mucho sol y tenemos mucho viento. Nuestra situación energética es completamente distinta a la de
Francia; por cierto, se ha dicho aquí que importamos y es falso. Francia, debido a que la mitad de sus reactores nucleares están parados por revisiones y problemas técnicos, ha llegado a tener que pagar el megavatio/hora eléctrico a 3000 euros,
mientras que aquí lo estamos pagando mucho más barato precisamente por el impulso y por la fuerza que tienen nuestras energías renovables. Por tanto, dejen de mirar al pasado porque la energía nuclear está muerta, por mucho que intenten
resucitarla. Vamos a seguir con el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, vamos a seguir impulsando las fuentes de energías renovables, que son las que están permitiendo que realmente en nuestro país se produzca una rebaja del kilovatio y nos
están permitiendo también crear puestos de trabajo en una industria propia...
La señora PRESIDENTA: Señor López de Uralde, tiene usted que terminar, por favor.
El señor LÓPEZ DE URALDE GARMENDIA: ... y nos están permitiendo realmente avanzar hacia un futuro sostenible y salir de la oscuridad de la energía nuclear.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor López de Uralde.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora García Chavarría.
La señora GARCÍA CHAVARRÍA: Moitas grazas, presidenta. Boa tarde, señorías.
Señorías de Ciudadanos, en el año 2015 ustedes apostaban por un modelo energético basado en renovables; en 2016, estaban de acuerdo con el cierre progresivo de las centrales nucleares a los cuarenta años de su vida y, ahora, en 2022,
resulta que se rasgan ustedes las vestiduras con el cierre de las nucleares. En fin. En contraposición, el Partido Socialista ha mantenido siempre una postura coherente, transparente y seria, y ha puesto en marcha medidas y propuestas, como las
que ha liderado una vez más el presidente Sánchez ante la Comisión Europea de topar el precio del gas, que precisamente acabamos de conocer su aceptación. Son buenas noticias, señorías, alégrense aunque ello les suponga quedarse sin argumentos para
esta moción, porque, aunque sea malo para ustedes, es bueno para España. (Aplausos).
Volviendo a su interés por las nucleares, quiero recordarles que en el año 2019 se acordó y se firmó el protocolo de cierre ordenado y escalonado de las centrales nucleares con las cuatro empresas del sector en España; un acuerdo que,
además de estar alineado con las pretensiones del PNIEC, también lo estaba con la realidad de las intenciones empresariales porque las empresas no quieren operar las centrales más allá de ese horizonte temporal, y, por supuesto, no tienen intención
alguna de construir nuevas. Lo mismo ocurrió con las térmicas, que, más allá del planteamiento de transición energética orientada a la descarbonización, empresas como Endesa, por ejemplo, en mi pueblo, en As Pontes de García Rodríguez, decidió
paralizar las inversiones en la planta y adelantar su cierre diez años por razones exclusivamente económicas. Yo entiendo que esto a ustedes no les preocupa ni les importa ni les interesa porque obviamente sus intereses son otros.
Ustedes se suman a los negacionistas ultraderechistas de VOX, que solo miran por los intereses de aquellos que les financian, al igual que se suman al Partido Popular, que lo único que ha hecho siempre ha sido penalizar y frenar el
desarrollo renovable de este país. Esto lo sabemos muy bien en Galicia, ¿verdad, señorías del Partido Popular? De hecho, el señor Feijóo, nada más llegar a la Xunta, revocó ilegalmente el mayor concurso eólico convocado en Europa hasta ese momento
(aplausos) -fíjense, 2290 megavatios puestos en marcha por el Gobierno de un presidente socialista, del presidente Emilio Pérez Touriño-, y lo hizo única y exclusivamente por puro sectarismo político, y así lo declaró Tribunal Superior de Xustiza de
Galicia, primero, y el Tribunal Supremo, después. Y eso, señorías, nos ha costado a los gallegos y a las gallegas más de 4 millones de euros, que todavía continuamos pagando en indemnizaciones a día de hoy. Feijóo ordenó la ruina a un sector
puntero en Galicia y la pérdida del 82 % del empleo vinculado; 33 000 empleos industriales menos en Galicia desde la llegada del señor Feijóo a la Xunta por la inexistencia total y absoluta de políticas industriales y por el desmantelamiento de
nuestro sector eólico.
Ustedes, señorías del Partido Popular, condujeron al desastre energético a Galicia, a este país y a la dependencia absoluta del gas, y ahora resulta que nos hablan de la dependencia del gas ruso para justificar la permanencia nuclear, y yo
les pregunto, ¿de dónde creen ustedes que proviene el uranio? Porque España no produce uranio; es más, importa el cien por cien. Por tanto, su dependencia es absoluta. (Aplausos).
La energía nuclear no es limpia ni es verde, por mucho que se insista en la taxonomía, ni es barata ni sirve para complementar la demanda del sistema y, obviamente, la generación renovable. Necesitamos tecnologías gestionables que sean
capaces de respaldar las renovables y tecnologías que garanticen soberanía energética. Sol y viento, señorías, que los tenemos, y mucho, y no son finitos; además, necesitamos hidrógeno verde y almacenamiento como respaldo. Por una vez, España
dispone de financiación suficiente, de visión política certera y de planificación apropiada para lograr ser autosuficientes energéticamente. Por tanto, les pedimos que se dejen, por favor, de demagogias y de sectarismos políticos e ideológicos y
que acompañen a este Gobierno en este camino.
La señora PRESIDENTA: Señora García, tiene usted que terminar.
La señora GARCÍA CHAVARRÍA: Termino ya, presidenta.
Será malo para ustedes, lo sé, pero, créanme, será bueno para el país.
Moitas grazas. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora García.
Señora Martínez, ¿acepta su grupo parlamentario alguna de las enmiendas presentadas?
La señora MARTÍNEZ GRANADOS: Estamos viendo si hacemos una transaccional con el Grupo Popular.
La señora PRESIDENTA: Muy bien. Muchas gracias. Cuando la tengan, nos la hacen llegar.
Muchas gracias a todos.
Se levanta la sesión hasta mañana a las nueve.
Eran las ocho y veinte minutos de la noche.