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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 160, de 22/02/2022
cve: DSCD-14-PL-160
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CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE
Año 2022 XIV LEGISLATURA Núm. 160
PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª MERITXELL BATET LAMAÑA
Sesión plenaria núm. 153
celebrada el martes,
22 de febrero de 2022
ORDEN DEL DÍA:
Modificación del orden del día ... (Página4)
Toma en consideración de proposiciones de ley:
- Del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, por la que se regula la extinción del derecho al uso privativo de las aguas mediante la concesión del dominio público hidráulico para el uso industrial de
producción de energía eléctrica y la asunción de las plantas hidroeléctricas por la entidad pública empresarial Producción Energética Española. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie B, número 182-1, de 13 de septiembre de 2021. (Número de
expediente 122/000155) ... (Página5)
- Del Grupo Parlamentario Plural, de reforma de la Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, del Tribunal de Cuentas y de la Ley 7/1988, de 5 de abril, de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie B, número
221-1, de 28 de enero de 2022. (Número de expediente 122/000197) ... (Página19)
Proposiciones no de ley:
- Del Grupo Parlamentario Republicano, sobre la devolución del IVA cobrado indebidamente a los proyectos de investigación y desarrollo. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, número 386, de 14 de enero de 2022. (Número de expediente
162/000895) ... (Página33)
- Del Grupo Parlamentario Plural, sobre la prohibición de la publicidad de vehículos contaminantes. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, número 396, de 4 de febrero de 2022. (Número de expediente 162/000925) ...
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes:
- Del Grupo Parlamentario Mixto (señor Martínez Oblanca), sobre las medidas para atenuar los disparatados costes de la producción industrial, recuperar su competitividad y defender el empleo, con especial referencia a la creciente
incertidumbre para diferentes sectores, incluido el de la industria electrointensiva, así como a la desaparición de las plantas de aluminio de Asturias y Galicia. (Número de expediente 173/000123) ... (Página52)
Toma en consideración de proposiciones de ley. (Votación) ... (Página61)
SUMARIO
Se abre la sesión a las tres de la tarde.
Modificación del orden del día ... (Página4)
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 68.1 del Reglamento y con lo acordado por los portavoces, la Presidencia somete al Pleno de la Cámara la modificación del orden del día en el sentido de que las interpelaciones se debatan en el
siguiente orden: en primer lugar, la del Grupo Parlamentario Ciudadanos; seguidamente la del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y, por último, la del Grupo Parlamentario VOX.
Toma en consideración de proposiciones de ley ... (Página5)
Del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, por la que se regula la extinción del derecho al uso privativo de las aguas mediante la concesión del dominio público hidráulico para el uso industrial de
producción de energía eléctrica y la asunción de las plantas hidroeléctricas por la entidad pública empresarial Producción Energética Española ... (Página5)
Defienden la toma en consideración de la proposición de ley los señores Echenique Robba y López de Uralde Garmendia, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común.
En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Guitarte Gimeno y la señora Vehí Cantenys, del Grupo Parlamentario Mixto; el señor Matute García de Jalón, del Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu; las señoras Sagastizabal
Unzetabarrenetxea, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), y Martínez Granados, del Grupo Parlamentario Ciudadanos; los señores Rego Candamil y Baldoví Roda y la señora Calvo Gómez, del Grupo Parlamentario Plural; el señor Capdevila i Esteve, del
Grupo Parlamentario Republicano; la señora Borrás Pabón, del Grupo Parlamentario VOX; y los señores Herrero Bono, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, y Renau Martínez, del Grupo Parlamentario Socialista.
Del Grupo Parlamentario Plural, de reforma de la Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, del Tribunal de Cuentas y de la Ley 7/1988, de 5 de abril, de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas ... (Página19)
Defiende la toma en consideración de la proposición de ley el señor Pagès i Massó, del Grupo Parlamentario Plural.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Botran Pahissa, del Grupo Parlamentario Mixto; Iñarritu García, del Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu; Legarda Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), y López-Bas
Valero, del Grupo Parlamentario Ciudadanos; la señora Telechea i Lozano, del Grupo Parlamentario Republicano; y los señores Asens Llodrà, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común; Sáez Alonso-Muñumer,
del Grupo Parlamentario VOX; Suárez Lamata, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, y Aranda Vargas, del Grupo Parlamentario Socialista.
Proposiciones no de ley ... (Página33)
Del Grupo Parlamentario Republicano, sobre la devolución del IVA cobrado indebidamente a los proyectos de investigación y desarrollo ... (Página33)
Defiende la proposición no de ley el señor Margall Sastre, del Grupo Parlamentario Republicano.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen los señores Martínez Oblanca, del Grupo Parlamentario Mixto; Mena Arca, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, y Utrilla Cano, del Grupo
Parlamentario VOX; y la señora Guaita Esteruelas, del Grupo Parlamentario Socialista.
En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Sagastizabal Unzetabarrenetxea, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), y el señor López-Bas Valero, del Grupo Parlamentario Ciudadanos; los señores Baldoví Roda y Bel Accensi y la
señora Illamola Dausà, del Grupo Parlamentario Plural; y el señor Navarro López, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas, vuelve a hacer uso de la palabra el señor Margall Sastre.
Del Grupo Parlamentario Plural, sobre la prohibición de la publicidad de vehículos contaminantes ... (Página42)
Defiende la proposición no de ley la señora Sabanés Nadal, del Grupo Parlamentario Plural, así como la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Plural (señora Sabanés Nadal y señor Errejón Galván).
En defensa de la enmienda presentada conjuntamente intervienen los señores Bustamante Martín, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, y Anguita Pérez, del Grupo Parlamentario Socialista.
En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Martínez Oblanca, del Grupo Parlamentario Mixto; las señoras Sagastizabal Unzetabarrenetxea, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), y Martínez Granados, del Grupo Parlamentario
Ciudadanos; el señor Eritja Ciuró, del Grupo Parlamentario Republicano; y las señoras Rueda Perelló, del Grupo Parlamentario VOX, y Moraleja Gómez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas, vuelve a hacer uso de la palabra la señora Sabanés Nadal.
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes ... (Página52)
Del Grupo Parlamentario Mixto (señor Martínez Oblanca), sobre las medidas para atenuar los disparatados costes de la producción industrial, recuperar su competitividad y defender el empleo, con especial referencia a la creciente
incertidumbre para diferentes sectores, incluido el de la industria electrointensiva, así como a la desaparición de las plantas de aluminio de Asturias y Galicia ... (Página52)
Defiende la moción el señor Martínez Oblanca, del Grupo Parlamentario Mixto.
En defensa de las enmiendas presentadas interviene el señor Rego Candamil, del Grupo Parlamentario Plural, y en turno de fijación de posiciones la señora Cañadell Salvia, del mismo grupo.
En turno de fijación de posiciones intervienen las señoras Sagastizabal Unzetabarrenetxea, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), y Martínez Granados, del Grupo Parlamentario Ciudadanos; los señores Gómez-Reino Varela, del Grupo
Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, y Figaredo Álvarez-Sala, del Grupo Parlamentario VOX; la señora Gázquez Collado, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, y el señor García Morís, del Grupo
Parlamentario VOX.
A los solos efectos de aceptación o rechazo de la enmienda presentada, vuelve a hacer uso de la palabra el señor Martínez Oblanca.
Toma en consideración de proposiciones de ley. (Votación) ... (Página61)
Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, por la que se regula la extinción del derecho al uso privativo de las aguas mediante
la concesión del dominio público hidráulico para el uso industrial de producción de energía eléctrica y la asunción de las plantas hidroeléctricas por la entidad pública empresarial 'Producción Energética Española', se rechaza por 53 votos a favor
más 5 votos telemáticos, 58; 273 en contra más 2 votos telemáticos, 275; y 4 abstenciones.
Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Plural, de reforma de la Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, del Tribunal de Cuentas y de la Ley 7/1988, de 5 de abril, de Funcionamiento del
Tribunal de Cuentas, se rechaza por 66 votos a favor más 5 votos telemáticos, 71; 263 en contra más 2 votos telemáticos, 265; y 1 abstención.
Se suspende la sesión a las ocho y treinta y cinco minutos de la tarde.
Se abre la sesión a las tres de la tarde.
MODIFICACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.
La señora PRESIDENTA: Muy buenas tardes, señorías. Se abre la sesión.
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 68.1 del Reglamento y con lo acordado por la Junta de Portavoces, esta Presidencia somete al Pleno de la Cámara la modificación del orden del día en el sentido de que las interpelaciones se
debatan conforme al siguiente orden: puntos 24, 25 y 23 del orden del día. ¿Lo acuerda así la Cámara? (Asentimiento). Muchas gracias. En consecuencia, queda aprobada la modificación del orden del día.
TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY:
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CONFEDERAL DE UNIDAS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-GALICIA EN COMÚN, POR LA QUE SE REGULA LA EXTINCIÓN DEL DERECHO AL USO PRIVATIVO DE LAS AGUAS MEDIANTE LA CONCESIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO PARA EL USO INDUSTRIAL DE
PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y LA ASUNCIÓN DE LAS PLANTAS HIDROELÉCTRICAS POR LA ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL PRODUCCIÓN ENERGÉTICA ESPAÑOLA. (Número de expediente 122/000155).
La señora PRESIDENTA: Comenzamos con el debate de toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, por la que se regula la extinción del derecho al uso
privativo de las aguas mediante la concesión del dominio público hidráulico para el uso industrial de producción de energía eléctrica y la asunción de las plantas hidroeléctricas por la entidad pública empresarial Producción Energética Española.
Para la presentación de la iniciativa, tiene la palabra, en primer lugar, el señor Echenique Robba.
El señor ECHENIQUE ROBBA: Buenas tardes, señorías.
La proposición de ley que hoy trae mi grupo a esta Cámara es puro sentido común, es de consenso en el mundo desarrollado y es muy necesaria. Con ella, proponemos crear una empresa pública de energía que recupere las concesiones de los
saltos hidroeléctricos a medida que estos van caducando, que pueda instalar nuevas plantas renovables y que pueda comercializar la energía directamente a los consumidores.
Nuestro país tiene tres grandes retos en materia energética. En primer lugar, y el más urgente, bajar la factura de la luz, que está asfixiando a las familias y a los pequeños negocios, pero también llevar a cabo una transición energética
hacia fuentes renovables y aumentar, en ese camino, nuestra soberanía y seguridad energética.
Con el conflicto entre Estados Unidos y Rusia creo que todos hemos aprendido lo peligroso que resulta que nuestro suministro energético dependa de terceros países y de los conflictos geoestratégicos que puedan producirse. Pero estos retos:
precios justos, transición verde y soberanía, es imposible que se acometan -imposible- con más del 80 % de nuestro sistema eléctrico en manos de un oligopolio mafioso. Sí, mafioso. Sé que el adjetivo es duro, pero es preciso, y no solo porque el
señor Ignacio Sánchez Galán, presidente de Iberdrola, haya sido imputado por contratar a Villarejo para chantajear a sus rivales empresariales. El oligopolio eléctrico ha sido multado en numerosas ocasiones por la CNMC por manipular ilegalmente los
precios; han vaciado embalses para forrarse vendiendo el megavatio/hora hidroeléctrico a precio de gas y dejando a comarcas enteras sin agua, y han amenazado a España con apagar las nucleares cuando el Gobierno ha hecho leyes que no eran de su
agrado. Son corporaciones privadas con comportamientos mafiosos frente a las cuales es imperativo contraponer una gran empresa pública de energía que proteja el interés general. Como digo, esto no es un planteamiento radical, sino que es lo normal
en el mundo desarrollado. La media de la OCDE para los Estados es que participen en un 40 % del accionariado de las compañías. En España, sin embargo, estamos por debajo del 5 % y somos el segundo país, después de Portugal, con el mercado
eléctrico más privatizado de toda la OCDE.
Podríamos hablar de la empresa pública Verbund, en Austria; Vattenfall, en Suecia; Tennessee Valley Authority, en Estados Unidos, o ESB, en Irlanda. O podemos hablar de la francesa EDF, que es un 84 % pública y que suministra el 70 % de
la energía del país, y de cómo el liberal Macron la ha utilizado para reducir una subida prevista de la factura del 44 % al 4 %, aunque eso pueda suponer una pérdida de más de 8000 millones de euros en los beneficios de la empresa. Mientras tanto,
aquí en España, la privatizada Endesa, malvendida a los italianos y puerta giratoria del ínclito Aznar, reparte 1400 millones de euros en dividendos al tiempo que exprime a las familias. Esto es injusto, esto es antieconómico y esto tiene que
acabar. España necesita una empresa pública de energía. (Aplausos).
Hay un intenso debate en el espacio progresista sobre qué hacer para frenar a la extrema derecha. Desde mi punto de vista, la solución no pasa por intentar establecer cordones sanitarios que son imposibles, sencillamente porque olvidan que
la derecha española, a diferencia de la alemana, no es antifascista. Lo que puede frenar al monstruo trumpista lleno de odio que vimos este domingo rodeando la sede del PP es que hagamos medidas valientes que mejoren la vida de la gente.
Me dirijo, por último, a las señorías del PSOE con todo el respeto. Si hay algo que no les encaja de nuestra ley, negociemos durante el trámite parlamentario y lo modificamos; no tenemos ningún problema. Pero impedir que el Congreso ni
siquiera pueda tramitar la creación de una empresa solo beneficia al oligopolio mafioso y también a los que frente al espejo ya se están probando el gorro de bisonte.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Echenique.
Por el mismo grupo parlamentario, tiene la palabra el señor López de Uralde Garmendia.
El señor LÓPEZ DE URALDE GARMENDIA: Presidenta, señorías.
El pasado domingo, en un artículo de prensa, Moisés Naím se preguntaba por qué tenemos tanta indolencia frente a la crisis climática. Si estamos de acuerdo en que la emergencia climática es probablemente la amenaza más grave a la que nos
estamos enfrentando, ¿por qué la hemos normalizado? Parece que en estos últimos días, con temperaturas anormalmente altas, hablamos con absoluta naturalidad diciendo que ¡hay que ver qué buen tiempo!, sin tener en consideración que realmente
estamos ante un fenómeno verdaderamente grave, ante un fenómeno en el cual los gobiernos tienen que actuar.
En una de las cuestiones que abordaba, con razón, se preguntaba si los gobiernos tienen todas las herramientas necesarias para meter el acelerador en contra de esta crisis climática. Nosotros creemos que no. Nosotros creemos que en España
nos faltan algunas herramientas y creemos que una de ellas, precisamente, es esta empresa pública de energía que hoy planteamos aquí. Por eso, en España es necesario configurar un nuevo marco institucional y productivo, respaldado por un control
democrático y que será un agente esencial a la hora de alcanzar los objetivos planteados en el horizonte verde, empujando hacia la transformación del mercado eléctrico.
Señorías, esta misma mañana, en esta sede parlamentaria, la comisaria europea de Energía, la señora Kadri Simson, nos recordaba que la política energética europea se basa en tres ejes: en primer lugar, la descarbonización; en segundo
lugar, la seguridad de suministro y, por último, que los precios de la energía sean asumibles. Pues bien, para cada uno de estos tres ejes la creación de una empresa pública de energía sería muy positiva. Desde luego, en España necesitamos más
herramientas públicas para hacer frente a las muchas cuestiones relevantes vinculadas a la producción energética. Ya se ha hablado del precio, de la emergencia climática o de la propia transición energética, que se vería beneficiada por la
presencia de un nuevo actor público. ¿Qué es lo que planteamos? ¿Cómo planteamos hacerlo? Planteamos, en primer lugar, asumir las concesiones hidroeléctricas una vez que se produzca su extinción, independientemente de la causa que concurra. El
agua, como bien saben ustedes, es un bien público. Durante un periodo de tiempo el Estado permite a las empresas privadas, a través de concesiones, la explotación hidroeléctrica, pero una vez esas concesiones vencen, deben volver al Estado y es el
Estado el que debe gestionar a partir de ese momento esos saltos hidroeléctricos. Según los datos del Observatorio de Sostenibilidad, alrededor del 7 % de las concesiones, en términos de volumen embalsado, ya han expirado, sin embargo, a muchas de
las centrales se les ha extendido la concesión de forma automática. Hasta 2030 la previsión es que otro 8 % puedan ser recuperadas, y para poder anticipar y planificar estos vencimientos contemplamos la creación de un registro público en nuestra
proposición de ley. Según Red Eléctrica, en España hay instalados 17 098 megavatios (rumores) de potencia hidroeléctrica...
La señora PRESIDENTA: Silencio, por favor.
El señor LÓPEZ DE URALDE GARMENDIA: ... controlada, fundamentalmente, por el oligopolio energético: Iberdrola, Endesa y Naturgy. Por sus características, esta tecnología permite almacenar y planificar cómo y cuándo generar electricidad
con sus bombeos y turbinados para maximizar la generación de energía. Este verano hemos visto cómo en los casos de los embalses de Ricobayo o en el caso de Monfragüe se ha antepuesto el interés privado en la gestión de los embalses, generando un
grave daño a los pueblos y las gentes que viven en la ribera de esos embalses.
Además de una gestión pública de los saltos hidroeléctricos una vez que venzan las concesiones, planteamos que participe esta empresa en la creación de nuevas plantas de generación eléctrica en base a energías renovables, lo que, por cierto,
serviría para acelerar el cumplimiento de los objetivos establecidos en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima. También planteamos su capacidad de actuar como empresa comercializadora de energía. Actualmente el mercado eléctrico, como se ha
dicho, está dominado por un oligopolio exclusivamente privado, lo que dificulta que se puedan alcanzar los objetivos planteados
en el horizonte verde. En cuanto a sus efectos sobre los ciudadanos, esta empresa pública se ocupará de implementar una rebaja en la factura de la luz y de garantizar que nadie sufra la pobreza energética, para lo cual trabajará de forma
coordinada con las empresas públicas municipales ya creadas o que se puedan crear en el futuro para la comercialización y gestión de su propia energía. De aprobarse la actual proposición de ley, se crearía la empresa pública en el plazo máximo de
un año, aunque seis meses antes se haría una auditoría para aclarar el estado de las concesiones hidráulicas existentes. El organismo quedaría adscrito al Ministerio de Transición Ecológica y contaría con un patrimonio propio distinto del de la
Administración General del Estado, aunque podría recibir transferencias y dotaciones presupuestarias; sin embargo, generaría ingresos derivados de la propia actividad de producción, gestión y comercialización.
Señorías, en definitiva, lo que estamos proponiendo hoy es que un bien público como es el agua sea gestionado por lo público y para el beneficio público. Como ha dicho Pablo Echenique, estamos poniendo sobre la mesa una propuesta de puro
sentido común.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor López de Uralde. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra, en primer lugar, el señor Guiarte Gimeno.
El señor GUITARTE GIMENO: Señora presidenta, señorías, nosotros creemos que esta proposición de ley debe ampliar sus objetivos para situarse en la línea del paquete de invierno de la Unión Europea en relación con la eficiencia energética y
el almacenamiento, en relación con las comunidades ciudadanas de energía y para que el consumidor activo y la gestión de la demanda ocupen el centro del sistema energético. Del mismo modo, en la exposición de motivos no vemos referencia alguna -que
sería necesaria- al origen y coste social y territorial que representó en su momento la política de concesiones hidroeléctricas en la España del siglo XX, que impulsó el desarrollo de las infraestructuras hidráulicas y de la hidroelectricidad, pero
tuvo un impacto socioterritorial enorme en pueblos y comarcas de montaña que quedaron bajo las aguas y con sus habitantes forzados a la emigración. El reverso del desarrollo de la hidroelectricidad es que las concesiones a empresas hidroeléctricas
y la construcción de los embalses provocaron el anegamiento de valles y campos de cultivo y la desaparición bajo las aguas o el traslado de numerosos núcleos. Es imposible citar todos sus nombres, pero sirvan como ejemplo Talavera la Vieja, en
Cáceres; Portomarín, en Lugo; La Muedra, en Soria; Tiermas, Ruestra, Fallón y Mequinenza, en Zaragoza; Barasona, Mediano, varios núcleos próximos y Jánovas -cuyo embalse no llegó a construirse-, en Huesca; Argusino, en Zamora; Sant Romà de
Sau, en Barcelona; Medianedo, Armada, Quintanilla, Lodares y Ferreras, en León. Es decir, en muchas comarcas de montaña las políticas de embalses e hidroeléctricas impulsaron la despoblación. La reversión ahora de las concesiones debe servir, por
tanto, para contribuir a corregir la despoblación mediante la generación distribuida y el impulso de empresas locales de energías renovables.
Del mismo modo, como en otras cuestiones de la actual política energética, en esta proposición de ley hay una omisión de su dimensión territorial. El contexto actual indica que es necesario preservar en todo lo posible las instalaciones
hidroeléctricas y atender situaciones concretas en la finalización de las concesiones, como es el caso de la preservación de la presa de los Toranes en el río Mijares, en Teruel, por su rentabilidad demostrada y su aportación a la lucha contra
incendios, a la dinamización de la agricultura ecológica, al asentamiento de la población, además de a la conservación del patrimonio hidrológico.
Si bien es cierto -como fija la exposición de motivos- que la hidroelectricidad debe tener un papel de equilibrio y almacenamiento de la producción de energía, así como de impedir el uso especulativo de los recursos hídricos -como
lamentablemente ha sucedido en los meses del último verano-, también debe admitirse que la distribución y localización de las centrales hidroeléctricas en territorios marcados por la despoblación debe permitir combinar, junto a los fines asignados,
la función de corregir esta y los desequilibrios territoriales, de manera que esta política sobre la hidroelectricidad es una oportunidad para ampliar la posibilidad de nuevos emplazamientos en el territorio, como pequeñas instalaciones de
producción de energía, así como para introducir una línea todavía casi sin desarrollo en la política de energías renovables en España, como es la generación distribuida.
En relación con las entidades públicas de energía y con la necesidad de colocar al ciudadano en el centro del sistema eléctrico, ¿por qué razón esas administraciones locales españolas de ciudades
pequeñas y grandes no pueden desarrollar empresas públicas de energías renovables, tal y como sucede, por ejemplo, en Alemania? Esta proposición de ley es una oportunidad para recoger esa limitación, apostar de verdad por la generación
distribuida, repensar el papel de la empresa pública, impulsar las empresas locales...
La señora PRESIDENTA: Señor Guitarte, tiene usted que terminar, por favor.
El señor GUITARTE GIMENO: ... e impulsar las comunidades ciudadanas de energía, de manera que asistamos a una democratización de la electricidad, como propone el paquete de invierno de la Unión Europea.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias a usted, señor Guitarte. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el mismo grupo parlamentario, tiene la palabra la señora Vehí Cantenys.
La señora VEHÍ CANTENYS: Gracias, presidenta.
Es una muy buena noticia esta iniciativa que nos trae hoy Podemos para el fin del uso privativo del agua para la producción energética. Es una iniciativa imprescindible. Nosotras solo tenemos - digamos- un par de diferencias. Nosotras
hablaríamos de empresas públicas y, además, de comunidades energéticas locales, que pensamos que en el caso de las centrales hidroeléctricas sería muy fácil. En todo caso, estamos de acuerdo en aquello fundamental, que es en recuperar el uso
público del agua para hacer energía. De hecho, la CUP trajo una proposición no de ley... (Rumores). Es un poco incómodo, ya sé que tienen muchos problemas, pero... (Dirigiéndose a un grupo de señoras y señores diputados del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso que conversan en sus escaños). Gracias. De hecho, la CUP trajo a este Pleno una PNL de la que se aprobó... (Continúan los rumores.-Pausa). Trajo la CUP una PNL de la que se aprobó un punto, que era un informe sobre el
estado de las concesiones, un informe que todavía estamos esperando. De hecho, hemos registrado unas preguntas para el ministerio a ver qué hay de esto, porque vimos hace no mucho, en diciembre, en elDiario.es, que ya se había abierto un concurso
público para mirar el estado de las concesiones y que ya había grandes empresas peleando para llevarlo a cabo. Esperemos que el ministerio nos dé el detalle.
Nos parece una iniciativa imprescindible. ¿Por qué? Por tres razones fundamentales: la primera es que sube el precio de la energía, sube para las familias y sube para la pequeña y mediana empresa y hay muchísima gente que tiene que
cerrar. Sube el precio de la energía mientras la Guardia Civil, hace no muchos días, acusa a Iberdrola de vaciar pantanos. La noticia hablaba en concreto de Zamora. La segunda razón es que la situación hídrica es muy crítica: no llueve, se
contaminan grandes espacios de recursos hídricos -en Doñana está pasando ahora mismo- y hay incendios como el que se ha declarado esta noche en mi casa, en el Ampurdán. Se está quemando ahora el monte, ahora mismo, en pleno invierno, porque no
llueve y no hay agua. La tercera razón es que los grandes del IBEX, los de siempre, los que no paran de ganar dinero, se forran a costa de nuestra agua, a costa de nuestras vidas, a costa de nuestros campos.
Pero quiero acabar con otro tema, y quiero dar un paso un poco más allá del discurso que hacían los compañeros de Unidas Podemos. Hoy queremos hablar aquí de ecocidio. Es ya un delito, es el delito sistemático contra el medio ambiente, que
es el principal responsable del cambio climático. Este delito tiene responsables, que son las grandes corporaciones, normalmente, las mismas grandes corporaciones que hacen campañas para lavarse la cara de verde o que se atreven a financiar
campañas para que la gente de a pie recicle. Además, hay muchísimos anuncios que intentan culpabilizarte por si no tiras la botella de plástico en el sitio del plástico y sí en el del cristal, porque el cambio climático es tu responsabilidad. Pues
no, señores y señoras, la situación de emergencia climática es, sobre todo, responsabilidad de las grandes corporaciones. Esto se llama ecocidio. Es lo que está pasando en Doñana, es lo que ha hecho el señor Florentino Pérez al Baix Maestrat y al
Montsià -caso Castor-, y es lo que está haciendo Iberdrola con los pantanos. O ellos o nosotras. O el agua o la vida.
Muchísimas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Vehí. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu, tiene la palabra el señor Matute García de Jalón.
El señor MATUTE GARCÍA DE JALÓN: Presidenta, señorías, arratsalde on guztioi.
Nosotros y nosotras, con el propósito visible, con el enunciado de esta proposición de ley, no tenemos ninguna objeción. Nos parece bien; recoge el sentir y la demanda de diferentes grupos políticos de esta Cámara, fundamentalmente de
izquierdas, para con la necesidad de construir o constituir una empresa pública de energía. No solo eso, sino también de ir acabando con los usos privativos de un bien común como es el agua. Ese es el propósito visible y, como digo, con eso no
podemos tener objeción alguna y no la vamos a tener. La apoyaremos, pero probablemente haya otros propósitos quizás no tan visibles; esos propósitos -lo decimos con honestidad- no sabemos si ayudan demasiado a la propia iniciativa y al desarrollo
del Gobierno, porque hay quien puede plantearse si no es lógico que esta iniciativa viniera avalada por los dos grupos que sostienen al Gobierno, porque eso le daría garantías de viabilidad; es decir, haría posible que se aprobara y, por tanto, los
ciudadanos verían que el debate de hoy tiene un resultado práctico en sus vidas porque el tiempo que legalmente se necesite daría paso a que la aprobación hoy hecha aquí tuviera un resultado, como digo, concreto. Sin embargo -permítame, y lamento
hacer este spoiler- el resultado será que unas cuantas fuerzas políticas, presumiblemente las fuerzas políticas de izquierda, nos alinearemos con esta posición, nos retrataremos en el apoyo a esta iniciativa y lo haremos sin problema, pero la vida
de los ciudadanos y ciudadanas de este Estado seguirá siendo exactamente igual. Porque presumiblemente -y también lo digo con cierto lamento- no conseguiremos que salga aprobada. Eso, en un contexto donde el descrédito de la política -y esto no es
responsabilidad suya, sino más bien de otras bancadas- parece que, por motivos de desconfianza, está en su pico más alto, no sé hasta qué punto fortalece al propio Gobierno en claves de iniciativas que no concitan el acuerdo previo y que, por tanto,
no tienen la viabilidad de llevarse a cabo. Dicho esto, como he señalado, la vamos a apoyar porque estamos de acuerdo con ella, pero nos gustaría que esto fuera una iniciativa del conjunto del Gobierno y no de una de las fuerzas, porque eso daría
pie a entender que se están cumpliendo los acuerdos programáticos y que se está llevando a efecto ese cambio -no digo ya esa transformación, pero siquiera ese cambio- que se prometía cuando se accedió al Gobierno.
En todo caso, como se decía antes, creemos que es urgente poner fin al oligopolio. Yo ya no sé ni cuantas veces lo hemos dicho en esta tribuna. Probablemente que los precios de la luz -o de la electricidad, para ser más exacto- hayan
alcanzado los picos históricos que han alcanzado y hayan ocupado también espacio en las preocupaciones de la gente ha hecho que este debate haya sido muy recurrente en esta Cámara, y muchas oportunidades hemos tenido de señalar a los responsables.
Hoy se ha vuelto a citar a Iberdrola -en alguna ocasión ya lo hemos hecho desde Euskal Herria Bildu- y podríamos seguir citando empresa a empresa, porque en definitiva es al oligopolio a quien le conviene que esta situación se mantenga como está. Y
quien permite que esta situación se mantenga como está tendría que explicarle a la gente que prefiere seguir no enfadando al oligopolio eléctrico que dando respuestas y satisfaciendo los intereses de la ciudadanía.
Sin embargo, también hay que decir con sinceridad que el alcance de esta iniciativa, aun siendo necesaria y positiva, es un alcance limitado. Estamos hablando de que esta empresa pública podría acaparar el 12 % del conjunto de la
electricidad que se produce; el oligopolio eléctrico tiene más del 88 % del control sobre la energía producida en el Estado español. Ese 12 % que podríamos alcanzar para la empresa pública lo alcanzaríamos tras años, si no décadas, de recuperación
para lo público de todas estas empresas. Luego yo creo que eso también es importante que se diga no para quitarle valor, no para quitarle importancia a la iniciativa, sino para que nadie entienda que se le está haciendo comulgar con ruedas de
molino o que se le está trasladando una realidad que no es exactamente la que va a haber. Pero creemos que es necesario no solo poner fin al oligopolio eléctrico, sino revertir la situación, y hace falta acabar con todo el proceso de
privatizaciones que empezaron los gobiernos del Estado español desde hace décadas. Ya han citado a Iberdrola, no hablaré yo de ella hoy; voy a hablar de Endesa. Endesa era una empresa pública que decidieron privatizar primero Felipe González, del
Partido Socialista Obrero Español, y luego José María Aznar, del Partido Popular. Uno la inició, el otro la desarrolló. ¿Y quién la culminó? Una persona de infausto recuerdo, al menos para nosotros y nosotras: Rodolfo Martín Villa.
Por tanto, se trata de recuperar todo ese terreno y de garantizar la explotación de un bien común, porque sigue siendo un poco extraño que alguien tenga que subir a esta tribuna a explicar que la gestión de un bien común tendría que
realizarla una administración pública, dado que es un bien común. Porque dejar un bien común en manos de un ente privado lo que puede hacer es que alguien, como viene pasando, entienda que el derecho se puede mercantilizar y que el acceso a ese
derecho se puede mercantilizar; que podrá acceder a ese derecho quien tenga dinero para acceder a él y que, por tanto, no
podrá acceder a ese derecho quien carezca de ese dinero. De eso saben muy bien todos los ciudadanos y ciudadanas, porque ven los beneficios indecentes de las empresas del oligopolio eléctrico Iberdrola, Endesa, Naturgy o EDP, año tras año y
pandemia mediante o sin pandemia.
Nosotros, hace ya tres semanas, en una moción en esta misma Cámara ya planteábamos algo parecido a esto, y leo el tenor literal de lo que decíamos: impulsar, mediante los cambios legislativos correspondientes, la creación de una empresa
pública energética, así como facilitar la creación de empresas públicas de comercialización de electricidad en todas las escalas institucionales, locales, autonómicas o provinciales también, con el doble objetivo de hacer frente a la ausencia de
bienestar energético de multitud de hogares y de restar poder de mercado a las grandes compañías eléctricas. Porque, en definitiva, no se trata solo de dar pequeños pasos, sino de tener una visión integral. En este debate, más allá del resultado,
nos gustaría extraer algo en limpio. Es decir, ¿creemos que el derecho a poder acceder a la electricidad es un derecho que hay que garantizar a todos los ciudadanos y ciudadanas? Nosotros y nosotras, la izquierda soberanista e independentista
vasca, creemos que sí. ¿Creemos que es urgente acabar -y no digo reducir, sino acabar- con la pobreza energética? Nosotras y nosotros creemos que sí, y suponemos que millones de personas que viven en pobreza energética pensarán lo mismo. ¿Creemos
que se debe reducir drásticamente la vulnerabilidad social? Entiendo que sí. En el Estado español, desde el año 1995 al 2022, nunca la población en riesgo de vulnerabilidad o pobreza ha bajado del 18 %. Uno podrá decir que tiene todos los avales
democráticos que quiera, podrá decir que tiene toda la plenitud democrática que quiere, pero la realidad es que casi un 20 % de su población, haya pobreza, haya riqueza, vivamos en un ciclo expansivo o en ciclo regresivo, vive siempre en niveles de
pobreza. Lo dice el informe de Foessa y el de Cáritas: tres de los diez indicadores que señalan cuál es la población en vulnerabilidad o pobreza tienen que ver con la electricidad, con el agua y con la calefacción. Es, por tanto, un derecho a
tener vidas dignas, acceso para todos y no solo para quienes puedan pagarlo. Por ello, creemos que lo más importante de este debate sería que acordáramos un plan integral para ir hacia una transición planificada -y lo digo, bien claro, planificada-
por el poder público, justa y democrática. Esto es solo un eslabón en la recuperación integral de la generación, transmisión, distribución y gestión de la energía. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Matute. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario Vasco EAJ-PNV, tiene la palabra la señora Sagastizabal Unzetabarrenetxea.
La señora SAGASTIZABAL UNZETABARRENETXEA: Gracias, presidenta.
Es cierto, hoy tampoco vamos a ver esa unión entre los dos grupos que forman parte del Gobierno, porque tienen criterios distintos. Es verdad que tampoco estaba eso en el acuerdo, pero es así.
Nos trae hoy la propuesta de una empresa de energía pública. ¿Con qué objetivo? ¿El de reducir el precio de la energía? ¿De verdad creen que es para esto? Porque yo creo que, ateniéndonos a la realidad del mercado, ateniéndonos a la
situación de los activos, ateniéndonos a la situación de costes, no sé si es decir mucho. Yo creo que empiezan un poco la casa por el tejado. Porque una empresa, per se, por ser pública no va a hacer que los precios bajen. ¿Y saben por qué?
Porque está sometida a las mismas reglas de mercado. ¿Se puede salir? ¿Se puede saltar el sistema de fijación de precios? No. ¿Puede hacer que los derechos de emisión se abaraten? No. ¿Con qué activos cuenta? De momento, y siento decirlo, con
ninguno. ¿Disponen de los activos suficientes, acaso, para influir en el precio con una sola tecnología y tener esos beneficios tan extraordinarios? Tampoco. El único activo del que podrían disponer son las concesiones hidráulicas, sí, pero
¿cuándo? En 2030 o, cuando vencen las mayores, en 2040. ¿Qué estructuras de costes va a tener esta empresa? ¿Quién asumiría esos costes, cuando hay centrales, además, como ustedes saben, que hay que desmantelar? Hablan de beneficios per se. ¿Y
si hay pérdidas? ¿Quién las asume? Si no hay beneficios o no son suficientes, ¿cómo se realizan las inversiones necesarias? ¿Recurriendo a deuda?
Nos han puesto los ejemplos de Italia, Suecia o Francia, pero lo cierto es que, teniendo una empresa pública, los precios, hoy por hoy, son muy parecidos a los que se están dando aquí. Tampoco nos dicen que EDF, Francia, está fuertemente
endeudada y que Francia, además, tiene un sistema pactado con Europa hasta el 2025 para que un 25 % de la energía nuclear se venda a precio fijo, cosa que otros países no pueden realizar, porque los precios han de fijarse por mecanismos de mercado.
Es verdad que Francia ha abaratado el precio de los consumidores; sí, con energía nuclear. Pero lo que no dicen es que no les es suficiente con esa energía nuclear que producen y que, por tanto, tienen que comprar el resto de
energía al mercado a los precios que hoy están, con lo cual no cubren costes. ¿Y qué ha hecho el Gobierno galo? Ha obligado a EDF a abaratar la factura, pero, por otro lado, para paliar este sobrecoste, ha recurrido a una ampliación de
capital social, un dinero que va a salir de todos los contribuyentes, que son los que verdaderamente van a tener que pagar.
Nosotros entendemos el planteamiento. Ustedes parten de que si una empresa pública no hace negocio con la luz los precios serán más competitivos, pero creo que no tienen en cuenta el resto de variables que acabo de mencionar, ni el mercado
ni los costes ni las inversiones ni un largo etcétera. Lo que no puede ser es que tengamos precios más bajos por no ser eficientes y no cubrir los costes de esa empresa pública, porque tarde o temprano repercutiría en los contribuyentes. Es cierto
que el agua ha venido marcando los precios máximos, porque ofertan al llamado coste de oportunidad: calculan a qué precio ofertaría la central de gas que la reemplazaría y fijan un precio un poco por debajo. Entendemos que esto no lo haría una
empresa pública. Pero ¿solo ofreciendo un precio para cubrir costes de generación sería suficiente? No. ¿Cómo se cubre el resto de costes? ¿Y cómo se realizarían las inversiones nuevas? Porque ustedes nos han dicho que iban a realizar
inversiones en nuevas plantas de renovables. Parece que se multiplican los peces y los panes.
Pero, dicho esto, también entiendo que deberíamos tener una hoja de ruta clara en torno a las centrales hidro que vayan venciendo, porque todavía se van a dar problemas de casación de oferta y demanda y vamos a necesitar centrales
gestionables que permitan ocupar, desde luego, esos huecos que se producen por distorsiones entre oferta y demanda, porque la renovable genera cuando quiere y no hay almacenamiento. Lo cierto es que la única generación renovable gestionable es la
hidro y la biomasa. A lo mejor deberíamos pensar en algún tipo de regulación para que la hidro genere siguiendo las instrucciones del operador del sistema en lugar de instrucciones de rentabilidad de mercado, es decir, regular no los precios, sino
cuándo se turbina.
Nosotros creemos que no es el momento, desde luego, para este tipo de propuestas, que nos parecen un tanto populistas, porque el precio es alto hoy y parece que lo va a seguir siendo durante todo 2022. Su propuesta ni hoy ni en el corto ni
el medio plazo va a suponer una disminución de precios. Aunque hoy se aprobara esta propuesta, la vida de los ciudadanos seguiría igual si no tomamos otras medidas. (Rumores).
La señora PRESIDENTA: Silencio, por favor.
La señora SAGASTIZABAL UNZETABARRENETXEA: Entendemos que se prometió una rebaja del precio, pero estoy hoy no se consigue con esta propuesta; una propuesta que, desde luego, a nuestro juicio, tiene más sombras que luces. Además, el
derecho europeo de la competencia impone a las empresas públicas que actúen en mercados competitivos o liberalizados, como es el eléctrico, operen conforme al principio de neutralidad competitiva. Y las empresas públicas, hoy por hoy, si tienen
precios más bajos -las que tienen precios más bajos- en un momento dado no es porque sean públicas, sino por el mix de generación que tienen.
En la Ley de Cambio Climático y Transición Energética nos dábamos un plazo de doce meses para hacer conjuntamente con la CNMC una propuesta de reforma del sector eléctrico, de tal manera que ahí tendríamos que ser capaces de establecer un
marco y una legislación que impulsen y prioricen, como ha dicho el señor Guitarte, la democratización del sistema eléctrico, que es lo que quiere impulsar Europa, en la que verdaderamente se coloque al consumidor en el centro de la política
energética, favoreciendo la generación distribuida y creando comunidades energéticas de autoconsumo, etcétera, lo que hará que la factura mejore. Los políticos deberíamos estar trabajando en crear este marco y desarrollar una legislación que
favorezca lo que acabo de decir.
Nada más y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Sagastizabal. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra la señora Martínez Granados.
La señora MARTÍNEZ GRANADOS: Gracias, presidenta.
Señorías, resulta curioso ver las propuestas de Podemos para hacer frente a la disparada y disparatada subida de la luz. El manual del populismo para estas situaciones es bastante sencillo. ¿Que se sube el precio de la luz en la factura de
manera desorbitada? Bueno, si estoy en la oposición, me voy a la calle o bien me manifiesto políticamente con bastante vehemencia. Pero la opción fácil es, cuando estás en el
Gobierno y realmente ves que no puedes hacer nada o que no sabes qué hacer, que te inventes cosas como estas. La cosa cambia, como digo, cuando estás en el Gobierno. ¿Y entonces qué dice el manual de la ideología de Podemos? La subida de
la luz no es culpa del Gobierno; bueno, si acaso, de la oposición. Intentar prohibir el problema; bueno, realmente lo suelen hacer, lo hacen mucho, como han hecho con la carne, con el juego, y en el caso de la energía parecería más difícil, pero
Podemos se supera cada día más y ya no solo no sabe cómo prohibir el problema, sino que ahora también prohíbe la solución. Y es que el recurso nuclear sería interesante, y hoy mismo lo ha dicho la comisaria de la Unión Europea. ¿Qué hacen también?
Enfrentar a la población, a productores y a consumidores; a productores y distribuidores; al sector público con el sector privado. Es un clásico que ya hemos visto en asuntos tan sensibles como la educación, la sanidad o el sector primario. ¿Que
no? Pues crean un chiringuito, una empresa pública. Sé que usted, señor Uralde, no está a favor de las puertas giratorias, pero sabemos que el Partido Socialista no hace mucho ha utilizado una puerta giratoria para algún diputado de esta Cámara.
Y otra cosa que hacen es que si algo no les gusta y no pueden prohibirlo, le suben los impuestos. Y es que así no podemos seguir. Señorías, visto lo visto, Ciudadanos votará en contra de esta proposición, por ineficaz y por populista.
Señores de Podemos, lo siento, pero siguen siendo ustedes rehenes de sus pactos y de lo que hacían en la oposición cuando la factura subía infinitamente menos que ahora. Están haciendo pasar a los españoles de la pobreza energética a la
pobreza a secas con la subida no solo de la electricidad, que obviamente no es culpa de este Gobierno, pero sí es culpa de él que no ponga soluciones reales a problemas reales. Con la ideología no se soluciona este problema. ¿No se dan cuenta de
que lo que están proponiendo para resolver un problema energético es excluir la energía nuclear y crear una nueva empresa pública, una más? ¿No son conscientes de que esto se traducirá en más gasto público, a sufragar con recortes en otras
partidas, y con más subidas de impuestos? Además, tenemos que decir que sabemos que una empresa pública no frenaría el alza de la luz, por la sencilla razón de que el problema no es la práctica anticompetitiva, sino, si acaso, que el mercado esté
reflejando, efectivamente, los costes y las externalidades de la generación eléctrica.
Esta propuesta solo sería viable si se garantizase que el sector público no asume costes adicionales y que la empresa gestora actúa mediante criterios de racionalidad y coste-eficiencia. Lo que no se puede permitir en ningún caso es que una
empresa pública, tampoco de energía, opere a pérdidas por ineficiencia o por competencia desleal con el resto de las empresas. En el caso energético, además, lo que ustedes proponen sería un engaño, un fraude. Se rebajaría la factura de la luz a
cambio de aumentar los impuestos por otro lado. En la práctica implicaría aumentar la deuda pública y asumir esas pérdidas mediante transferencias a los presupuestos. Sería quitar de un sitio para poner en otro. ¿Quién lo pagaría finalmente? Los
españoles. Por no hablar también -¡oh, sorpresa!- de que la proposición no proporciona previsiones suficientes para el control y la rendición de cuentas de dicha empresa pública. (Rumores).
La señora PRESIDENTA: Señorías, guarden silencio, por favor.
La señora MARTÍNEZ GRANADOS: Señorías, no podemos empezar la casa por el tejado. En el caso de las centrales hidroeléctricas habría que reflexionar sobre cuál debe ser su papel antes de decidir qué gestión debe tener. ¿Generación,
almacenamiento, ambos por igual o se prima alguno sobre otro? Pero hay que tomar esta decisión estratégica y vital y solo entonces tendrá sentido hablar de un modelo de gestión.
Pero no todo es negativo en esta proposición de ley -nosotros sí miramos el qué y no quién-. Ciudadanos está a favor de la propuesta de elaborar un informe sobre las concesiones existentes, siempre y cuando vaya acompañado de una medida que
los liberales llevamos reclamando desde hace tiempo, cuando comenzó la escalada de precios, y es que se haga un análisis completo de los posibles aprovechamientos hídricos que se podrán hacer en la Península Ibérica, tanto para la generación de
centrales hidroeléctricas como para almacenamiento en centrales de bombeo. Así, damos más utilidad a la medida, orientándola a la bajada del precio de la electricidad, que es nuestro objetivo principal. No obstante, su Gobierno ha ignorado dicha
reclamación, llegando a vetarla directamente en la tramitación de los Presupuestos Generales del Estado de 2022. ¿Y por qué? Porque resolver el problema es secundario para este Gobierno, lo principal es enfrentar a unos con otros. En Ciudadanos
consideramos que es un grave error no impulsar la contestabilidad de las tecnologías nucleares hidroeléctricas, bien sea por decisión política, bien por falta de aprovechamientos eléctricos explotables.
Este mismo Gobierno, del que Podemos forma parte, ha fracasado en su absurdo intento de sacar a España del sistema comunitario de fijación de precios y ha recibido cartas de la Comisión Europea expresando su preocupación por la intervención
de mercados aprobada y luego modificada por el Real Decreto Ley 17/2021 y se ha opuesto a la inclusión de la tecnología nuclear en la taxonomía verde comunitaria. La credibilidad, por tanto, de un partido de Gobierno al traer una proposición como
esta, cuando menos, es cuestionable.
Señorías, Ciudadanos comparte la preocupación por el aprovechamiento de los recursos públicos y está completamente a favor de vigilar, denunciar e impedir abusos de las empresas sobre los usos del agua. Sin embargo, estamos convencidos de
que la forma más eficaz y eficiente de conseguirlo es a través de la absoluta transparencia y la adecuada aplicación de la observancia de la Ley de Aguas, no a través de un aumento del gasto público, que, como siempre, tendrán que sufragar los
hogares y los negocios españoles.
Señores de Podemos, no podemos apoyar esta proposición de ley, porque creemos que no es la solución. Ustedes creen que sí, pero así estarán engañando a todos los españoles.
Muchísimas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Martínez. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario Plural, tiene la palabra, en primer lugar, el señor Rego Candamil.
El señor REGO CANDAMIL: Grazas, señora presidenta.
Un objetivo histórico del BNG es que la producción de energía eléctrica -en la que nuestro país, Galiza, se ha especializado y paga también los costes sociales y ambientales de esa especialización- sirva al interés público en vez de nutrir
las crecientes cuentas de resultados de las grandes eléctricas mientras las clases populares pagamos la electricidad a precios desorbitados. Por eso, más allá de la propuesta estratégica de nacionalización de las grandes empresas eléctricas,
defendemos de inmediato una nueva regulación del sector eléctrico, una tarifa eléctrica galega o la creación de empresas públicas de energías -empresas públicas-, en nuestro caso una empresa pública galega que empiece por gestionar los saltos en que
finalice la concesión.
Tenemos en Galiza 47 centrales hidráulicas y 122 minihidráulicas en manos, fundamentalmente, de solo tres grandes empresas, que aprovechan un bien público como el agua para hacer negocio. De forma reciente, caducaron algunas concesiones,
como la del río Cerves, en la comarca de O Ribeiro, pero, en lugar de recuperar esa concesión para la gestión pública, este Gobierno la prorrogó durante veinticinco años más a Naturgy: más negocio para el oligopolio eléctrico. Por eso, nos parece
bien abrir la vía de la gestión pública. Eso sí, Unidas Podemos, más allá de la retórica plurinacional, profundiza en todas sus propuestas legislativas en la dinámica de recentralización política del Estado. Ahí está el artículo 2.1. (Aplausos).
¿Por qué una concesión caducada en Ourense o en la Confederación Hidrográfica Miño-Sil no puede ser gestionada por una empresa pública galega, en el caso de que, como defiende el BNG, sea creada?
En fin, votaremos a favor, porque estamos hablando de la toma en consideración y, como decíamos, parece necesario abrir el debate de la gestión pública de la producción eléctrica. Tiempo habrá para debatir.
Obrigado.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Rego. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el mismo grupo parlamentario, tiene la palabra el señor Baldoví Roda.
El señor BALDOVÍ RODA: Moltes gràcies, presidenta.
He de decir que vamos a votar a favor. Nos parece de sentido común que los intereses públicos se gestionen desde las administraciones públicas; yo creo que es de cajón.
Estaba leyendo para preparar el discurso y me he encontrado con un artículo de Rafael Méndez, de 2019, que decía que en 1926, es decir, en plena dictadura de Primo de Rivera y un día después de la muerte de Rodolfo Valentino, que salía en
las películas mudas, se dio la concesión del río Esla a una empresa. Esa concesión llegará hasta el año 2040: han estado 116 años recogiendo beneficios caídos del cielo, recogiendo beneficios de todos. Así funciona el mundo liberal. Lo de todos,
para unos pocos. Así funciona.
Este verano, además, hemos tenido noticias de que Iberdrola secó varios embalses, por ejemplo el de Ricobayo, que estaba en mayo al 94 % y en agosto lo dejó seco, al 10 %. Pasó lo mismo en otras cuencas, como las del Duero, el Tajo o el
Miño-Sil. ¿Por qué se vacían los embalses? ¿Por servicio público? ¿Por servicio a los ciudadanos? ¿Porque se necesitan riegos? No. Se vacían los embalses para generar electricidad, como este verano, que estaba la luz muy alta, y recoger
beneficios de todo, para hacer negocio con un recurso de todos, hasta el punto de que algunos pueblos se tuvieron que abastecer con cisternas.
Por tanto, es de sentido común que los servicios públicos puedan gestionar cosas que sean de todos.
Gràcies.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Baldoví. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
También por el Grupo Parlamentario Plural y en último lugar, tiene la palabra la señora Calvo Gómez.
La señora CALVO GÓMEZ: Gràcies, presidenta.
Esta proposición de ley vuelve a traer a esta Cámara el proyecto de creación de una empresa pública de electricidad. No sé si a los proponentes se les ha pasado por la cabeza reparar en el acrónimo que forma Producción Energética Española y
entidad pública empresarial, vamos, PEPE. Objetivos de PEPE: producir electricidad de origen hidráulico y de fuentes renovables, distribuirla y comercializarla e impulsar la transformación del mercado eléctrico. Si tenemos en cuenta que el 90 %
del mercado eléctrico español está en manos de las tres grandes empresas del oligopolio y que todos los Gobiernos, todos, tienen grandes dificultades para conseguir su colaboración a la hora de implementar medidas que reduzcan el precio de la
factura de la luz, PEPE es absolutamente oportuno.
¿Estamos de acuerdo con una propuesta que tiene como objetivo recuperar la gestión de las centrales hidroeléctricas que ya han sobrepasado el periodo máximo de concesión privada? Sí, rotundamente. ¿Pero estamos a favor de que sea una
empresa pública adscrita a un ministerio español la que gestione estas centrales? En Cataluña, no; no estamos a favor. No queremos que una empresa pública recentralice la gestión de los recursos hidroeléctricos de Cataluña. Si se acaba una
concesión hidroeléctrica en Cataluña, por ejemplo en el Pirineu, y esta concesión debe pasar a titularidad pública, queremos que sea de una empresa catalana, autonómica o local. Cierto es que en la proposición no se obliga a que se conceda a la
empresa del ministerio el uso privativo de las aguas para el uso industrial de producción de electricidad. Lo que dice literalmente es que ese derecho se podrá también conceder por parte de la correspondiente comunidad autónoma de forma directa a
la entidad pública empresarial. De acuerdo. Pero en Cataluña ya sabemos que los redactados los carga el diablo y que cada vez que el Estado se pone a legislar para armonizar las políticas a desarrollar en las diferentes comunidades autónomas llega
el expolio.
El pasado viernes, tras la reunión bilateral entre los Gobiernos español y catalán, escuché decir a la ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, que hacía años diez años que Cataluña no avanzaba en autogobierno y calificaba de
históricos los cuatro traspasos que se han hecho en Cataluña, cuando están muy lejos muy lejos de unas exigencias no menos históricas. Pero es que mientras dicen eso en Cataluña, nos retiran competencias en Madrid mucho más cuantiosas, como el
canon de residuos, perdido en el Congreso y con una segunda vuelta en el Senado que se presenta imposible. Así que no nos armonicen tanto.
Además, nos preguntamos: ¿esta proposición esconde la intención de liquidar las concesiones existentes antes de llegar a término, con el coste y los años de litigio que puede suponer? A ver, si queremos rescatar concesiones rompiendo
contratos, adelante, pero si hay que pagar las compensaciones que en su día el juez impondrá, que sea al menos para que cada territorio se gestione su propia hidráulica, considerando que el agua de las cuencas internas es una competencia
transferida, y no para crear un nuevo monstruo administrativo, al puro estilo jacobino, al que nos tiene acostumbrados la izquierda nacional española. También exigimos que antes se modifique la actual Ley de Aguas, concebida en los ochenta, y que
se escuche primero al territorio que en aquellos tiempos se afectó. (Termina su intervención en catalán).
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Calvo. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario Republicano, tiene la palabra el señor Capdevila i Esteve.
El señor CAPDEVILA I ESTEVE: Buenas tardes, presidenta. Bona tarda, diputadas, diputats.
Diputados y diputadas de Unidas Podemos, nos congratula que hoy iniciemos el Pleno con el debate sobre cómo debería ser el futuro de la gestión de las plantas hidroeléctricas y nos congratulamos de que nadie haya podido llevar el
circunloquio hasta las bromas sobre la actualidad política. La gestión de las concesiones hidroeléctricas es un tema muy serio, sobre el que hemos trabajado ampliamente diversos grupos de esta Cámara, en particular y modestamente Esquerra
Republicana. Recordará el portavoz de Unidas Podemos la enmienda presentada por nuestro grupo a la Ley de Cambio Climático y Transición Energética que establecía la no prorrogación de las concesiones actuales y que, en caso de nuevas concesiones,
estas no superaran los veinte años. Recordarán también las diversas iniciativas defendidas tanto en esta Cámara como en el Senado por parte de Esquerra con el objetivo de recuperar la titularidad pública de estas centrales hidroeléctricas.
Recordarán -si no, se lo recuerdo yo, para que lo haga el Diario de Sesiones- que ustedes no hicieron nada por que dichas iniciativas prosperasen. Ahora han cambiado de opinión. Bienvenidos. (Aplausos). Porque si en alguna cosa podemos estar
completamente de acuerdo con ustedes es en que es necesario un profundo cambio en el modelo energético. Acabar con el oligopolio eléctrico y aumentar la competencia en el sistema nos parece una cuestión imprescindible para acabar con el
insostenible auge de los precios de la electricidad. Este nuevo modelo energético pasa irremediablemente por reestructurar el actual modelo, establecer un modelo con control público, libre de monopolios y que establezca un sistema de precios de la
energía justo, equitativo, competitivo, sostenible ambientalmente y transparente.
Y como esta PL terminará como el soneto de Góngora -'en tierra, en humo, en polvo, en sombra, en nada' (aplausos)-, también les recomiendo que se apliquen en lo ya aprobado: la enmienda de Esquerra a la Ley de Cambio Climático y Transición
Energética que sí prosperó y que en disposición final undécima obliga al Gobierno del que ustedes forman parte -aunque parezca que no- a traer en un año desde su publicación una nueva ley del sector eléctrico. Cumple en mayo, señor López de Uralde;
cumple en mayo y ni hemos oído hablar de borradores. Para entonces, por favor, recuperen su sedicente espíritu confederal, autoenmiéndense en apresurados errores de bulto como la consideración excesivamente laxa del dominio hídrico público y, por
favor, busquen hacerse propaganda con cosas menos serias. Ánimo.
Gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Capdevila. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra la señora Borrás Pabón. (Aplausos).
La señora BORRÁS PABÓN: Buenas tardes, señorías.
Señor Echenique, imagino que lo del abrigo de visón lo dice por el exasesor suyo, de Podemos, Cristóbal Gallego, consejero de Enagás, que ha cobrado casi 70 000 euros en tan solo seis meses. Supongo que lo dice por él. (Aplausos).
Volviendo a la cuestión, hoy debatimos una proposición de ley del grupo comunista de la Cámara que, como toda iniciativa comunista, se limita a instar al control estatal de cualquier cosa; en este caso, de las hidroeléctricas para crear una
empresa pública de energía llamada 'producción energética española'. Ojalá este Gobierno pudiera mover el agua por España con la misma soltura con la que le baila el agua a los comunistas, separatistas y bilduetarras con tal de mantenerse a toda
costa en el poder. Pero, como ya hemos explicado más veces, una empresa pública de energía no es la solución a los altos precios de la energía.
En su proposición de ley afirman que una gestión directa del parque hidroeléctrico a través de una empresa pública podría solucionar el elevado precio de la factura eléctrica. Lo dicen así literalmente en su propuesta. Bien, esto es
sencillamente mentira. Quizá fuera la solución para colocar a sus amigos y familiares en otro chiringuito más -eso no lo dudo-, pero desde luego no para rebajar la factura eléctrica a los españoles. (Aplausos). Además, tenemos numerosos ejemplos,
no es algo que diga VOX. Tenemos numerosos ejemplos, como el de Italia, con su empresa pública pagando un precio medio mayor que en España; o el de Francia, donde el Gobierno acaba de anunciar una recapitalización por más de 2000 millones de euros
debido precisamente a las dificultades económicas de su empresa pública de energía; o el de México, con precios muy altos de la electricidad, cuatro apagones en los últimos tres años y su empresa pública de energía en quiebra técnica. Pero, sin
irnos tan lejos, la eléctrica pública de su compañero Kichi en Cádiz, Eléctrica de Cádiz, se ha visto obligada, como cualquier otra empresa privada, a subir los precios para evitar incurrir en pérdidas. Señorías, la única diferencia entre una
empresa pública
y una privada es que la pública está sometida a los intereses de los políticos y la privada a los intereses del mercado, que somos todos los ciudadanos de este país. (Aplausos).
Además, una empresa pública de energía tan solo garantiza que los costes y riesgos se asumen con el dinero de todos los españoles y no ofrece ninguna ventaja añadida a la gestión privada. Si hoy existiera una empresa pública compuesta por
todas las centrales hidroeléctricas de España, el precio de la energía seguiría marcando máximos históricos cada día. ¿Por qué? Muy sencillo, porque seguiría operando en un mercado europeo regulado con las mismas reglas para todos,
independientemente de si la gestión es pública o privada. Así que, señores de Podemos, dejen de desviar la atención del problema real, que son ustedes, sus decisiones políticas y las de este Gobierno. Esas son las que han provocado y siguen
provocando un aumento del precio de la energía y no la titularidad de las empresas que la gestionan. (Aplausos). Señorías, ¿qué ocurriría si tuviéramos ahora mismo operando las centrales nucleares cerradas por el bipartidismo? ¿Qué ocurriría si
pudiéramos seguir contando en esta crisis energética con las centrales térmicas de carbón que tanto se apresuraron ustedes a cerrar? ¿Creen que estaríamos en esta situación? Pues, seguramente no. Y seguramente los embalses tampoco se tendrían que
haber vaciado por los altos precios de la electricidad. La decisión de las eléctricas de vaciar los embalses en verano ha provocado que las reservas de agua ya estén por debajo de la mitad, cuando la media en los últimos diez años por estas fechas
ha sido siempre superior al 60 %. Esto es especialmente preocupante en el sur de España, en comunidades como Andalucía, donde están en apenas un 30 %, o en Murcia, en un 22 %. Esta situación se agudiza también por la falta de infraestructuras
necesarias para llevar el agua a todas las regiones y cohesionar la nación; por cierto, por la derogación por parte del PSOE del trasvase del Ebro en el Plan Hidrológico Nacional. (Aplausos).
Sabemos que las empresas tienen intereses económicos -es cierto-, lo que provoca que a veces descuiden otras cuestiones relativas al bien común, como, por ejemplo, el impacto medioambiental o la actividad económica y la forma de vida de las
regiones, especialmente en la España rural. Pero ¿para qué están los políticos, señorías? ¿Quiénes son los responsables directos de estos embalses? ¿Quién ha permitido que las empresas los vacíen aun pudiendo evitarlo? Las confederaciones
hidrográficas. (Aplausos). Y ¿de quién dependen las confederaciones hidrográficas, señores de Podemos y del Gobierno? De la misma Administración pública que, por ejemplo, autorizó el vaciado de embalses como el de Ricobayo en Zamora o el de
Valdecañas en Cáceres. Y todavía tenemos que escuchar al Gobierno y a la ministra de la ruina energética y el infierno demográfico quejándose por algo que depende de su propio ministerio. Alucinante. Si la Administración ni siquiera es capaz de
gestionar adecuadamente este uso irregular para que las empresas no exploten hasta este punto los embalses, ¿cómo van a ser capaces de asegurar su gestión óptima y eficiente?
Aplican la misma hipocresía para todo mientras hunden este país. Se lamentan por los desorbitados precios de la energía mientras practican una política energética suicida que ataca nuestra soberanía energética. Cierran las centrales
nucleares y las centrales de carbón en España para luego importar energía nuclear y del carbón de países como Francia o Marruecos. (Aplausos). Ya solo faltaría que ustedes, señores del Gobierno, hablaran de derechos humanos pactando con
terroristas. ¡Ah, no, perdón, que esto ya lo hacen! (Aplausos). Son la cara de un cinismo insoportable con un presidente del Gobierno que aterriza en Ciudad Real en un helicóptero Super Puma, que gasta una media de 600 litros de queroseno a la
hora, para exigir un consumo energético verde y renovable a los ciudadanos, a los que empobrece y arruina cada día para combatir supuestamente el cambio climático. Se me acaban los adjetivos para ustedes, señorías.
Hay agua de sobra para todas las provincias en España y lo que debemos hacer es asegurar que cada gota llegue a todos los rincones del país a través de un plan hidrológico nacional. No solamente tenemos que asegurarnos de que llegue el wifi
-que también-, sino que antes tiene que llegar el agua a todas las regiones. Además, habría que replantearse si con el mix energético actual el agua debe seguir dedicándose a la generación eléctrica o si tiene más valor para otros usos como, por
ejemplo, el abastecimiento humano, agrícola, turístico, etcétera, que no tienen sustitución, y, por supuesto, el almacenamiento de energía.
Tengan claro -y ya termino, señora presidente- que en VOX no vamos a permitir que los derechos de los españoles puedan ser restringidos invocando su falsaria y globalista Agenda 2030. Fomentaremos, mediante la interconexión de todas las
cuencas, una España verde y próspera que garantice el desarrollo industrial compatible con la sostenibilidad ambiental y el bienestar de todos los españoles.
La señora PRESIDENTA: Señora Borrás, tiene usted que terminar, por favor.
La señora BORRAS PABÓN: Más pronto que tarde VOX llegará con Santiago Abascal al Gobierno de España y podrán verlo con sus propios ojos.
Muchas gracias. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie).
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Borrás. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, tiene la palabra el señor Herrero Bono.
El señor HERRERO BONO: Gracias, presidenta.
Buenas tardes, señorías. Hoy Unidas Podemos presenta una proposición de ley para regular la extinción del derecho al uso privativo de las aguas mediante concesión del dominio público, de forma que se imponga la obligación de su cesión a una
empresa pública de generación eléctrica que se pretende que sea de nueva creación. Otra vez los socialcomunistas de este país con el objetivo de crear más empresas públicas, más ministerios -veintitrés son los que han creado en esta legislatura- y
más chiringuitos para colocar a los suyos, con el único objetivo de no dejar a nadie de los suyos atrás. (Aplausos). Y esto está muy bien para la izquierda de este país porque es su modus operandi, pero tiene una contraindicación para los
españoles: una subida masiva de impuestos que los españoles ya estamos sufriendo. Solo este año el Gobierno socialcomunista ha vuelto a subir el impuesto de matriculación, el impuesto sobre sociedades, el IRPF, el impuesto de planes de
pensiones... No quiero pensar si a ello también le sumáramos la creación de más empresas públicas, como 'producción energética española', que es así como ustedes la querrían llamar.
Es verdad que la energía hidroeléctrica es clave para el desarrollo de la transición energética y fundamental para el cumplimiento del Acuerdo de París que España firmó en el año 2015, porque es una energía que no emite CO2, que tiene un
coste muy competitivo y que sirve para dar seguridad de suministro. Por lo tanto, es una energía fundamental para las grandes empresas, para las pymes y para los consumidores domésticos. Pero, señorías de Unidas Podemos, la creación de una empresa
pública de generación eléctrica hidráulica no es, ni de lejos, la solución para rebajar el precio de la electricidad. Y esto es así porque esta tecnología de generación eléctrica, sobre la base de la antigua Ley de aguas, empieza a revertir al
Estado una vez vencidos los setenta y cinco años máximos de concesión y no pasaría a manos públicas hasta dentro de veinte, veinticinco, treinta o treinta y cinco años, según reconoció el Gobierno no hace muchos días. Tarde, tarde. Eso es
demasiado tarde para que tenga efecto en los altos precios de la luz actuales.
Lo que ustedes deberían hacer, señores de Unidas Podemos, es utilizar la producción hidroeléctrica como reserva de respaldo a las renovables. Para ello, si de verdad quisieran rebajar el precio de la electricidad, en lugar de querer crear
empresas públicas, deberían crear una ley de reserva estratégica como la que ya existe, por ejemplo, en el sector de los hidrocarburos o del gas. Señorías, para nuestro grupo parlamentario esta sigue sin ser la solución, pero es mucho menos gravosa
que crear más y más empresas públicas. Para mi grupo parlamentario la solución no es únicamente recuperar las concesiones, sino también recuperar el rigor, recuperar la estabilidad jurídica y regulatoria, tener la operación segura y tener también
una garantía de mantenimiento de nuestras empresas nacionales, así como dejar de intimidar a las empresas que tienen que seguir invirtiendo en ellas y en otras tecnologías; y, a ser posible, en lugar de que el coste recaiga sobre el contribuyente,
que le pudiera reportar algunos beneficios. Por eso, en mi grupo creemos que la mejor fórmula es volver a subastar la concesión por un periodo de tiempo razonable y, de este modo, podríamos impulsar la creación de los saltos con bombeo reversible
como energía de respaldo e incluso incentivar la inversión ahora para dar opciones a la renovación de las concesiones, porque hoy en España hay centrales revertidas que los nuevos gestores no han sido capaces ni de ponerlas en funcionamiento. De
esta forma, ayudaríamos a fomentar el desarrollo de la implantación de renovables y a hacer un sistema eléctrico más fiable, más seguro y con mayor capacidad de suministro.
Y no, no nos digan que hay muchas empresas públicas de energía en la Unión Europea, porque la pregunta clave es: ¿para qué quieren ustedes poner en marcha una proliferación de empresas energéticas públicas en nuestro país: producción,
comercialización y distribución en ayuntamientos y en comunidades autónomas? Señorías de Unidas Podemos, ustedes ni quieren contribuir a la expansión de las renovables ni bajar el precio de la luz. Lo que están haciendo es poner todo tipo de
trabas al desarrollo de las renovables, de la fotovoltaica y de la eólica, alegando ahora también impactos ambientales y paisajísticos. Ustedes, siempre que sea iniciativa privada, se oponen a todo y su apoyo a unas tecnologías es una mera
excusa para combatirlas al mismo tiempo si es la iniciativa privada la que las desarrolla. Por eso, las intimidan con nuevas leyes, con nuevas prohibiciones y con nuevas cargas para que tiren la toalla y poco a poco lo público sea el
monopolio en la energía. El único objetivo que tienen con la creación de esa empresa pública sería poder controlar la generación hidroeléctrica para que no pueda ser utilizada con arreglo a criterios de rentabilidad y de coste de oportunidad. Si
lo consentimos de forma oscura estaríamos abriendo la puerta de par en par a empresas públicas con actividades de comercialización y de distribución, como la propia proposición de ley prevé, con la excusa de salvaguardar el principio de separación
de las actividades.
Por eso, señorías de Unidas Podemos, votaremos no a esta proposición de ley, porque en nada beneficia ni al interés general ni a los consumidores de electricidad. Solo beneficia a su ideario comunista para España.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Herrero. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Renau Martínez.
El señor RENAU MARTÍNEZ: Presidenta, señorías, buenas tardes.
Hace tres semanas debatíamos en este Pleno una moción que planteaba ciertas ideas para rebajar el precio de la luz. Ya sé que citarse a uno mismo no es lo más elegante que se puede hacer, pero voy a repetir algo que dije desde esta misma
tribuna aquel día. Para solucionar un problema es importante diagnosticarlo correctamente, analizar su origen y proponer medidas que sirvan para resolverlo. ¿Por qué digo esto? Porque, de lo contrario, o no estamos entendiendo el problema, o no
estamos intentando resolverlo.
En la exposición de motivos, Unidas Podemos indica que hay tres cuestiones principales que son la razón de ser para esta ley: primera, que sin una empresa pública -haciendo referencia a lo que llaman el oligopolio eléctrico- no se
alcanzarán los objetivos climáticos, los objetivos del horizonte verde; segunda, que esta empresa pública se ocupará de rebajar la factura de la luz, y, tercera, que una empresa pública garantizará que nadie sufra pobreza energética. Está bien
fijar tan altos objetivos en la exposición de motivos de la ley; sin embargo, es un poco decepcionante que luego en los nueve artículos que la componen no haya nada de esto. Realmente no sé con exactitud por dónde van, porque en estos nueve
artículos lo único que dicen es que se creará una empresa pública de energía. Punto y final. Establecen plazos, un régimen jurídico, un marco normativo para el personal y un largo etcétera de cuestiones administrativas y de cómo le asignarán las
concesiones a medida que vayan venciendo. Pero eso es lo que hace esta ley, poco más. No dicen cómo o por qué razón una empresa pública va a hacer que la luz sea más barata. No dicen cómo o por qué razón hará que deje de existir la pobreza
energética o cómo una empresa pública va a hacer que seamos más verdes. Estas son las cosas que aseguran de manera literal en la exposición de motivos de esta proposición de ley, pero vamos a analizarlas una a una.
Empezamos por el final: ser más verdes. Dejemos un momento el sector eléctrico y pensemos en un sector distinto, por ejemplo, el sector del automóvil. Yo creo que todos estamos de acuerdo en que hay que descarbonizar el transporte en
automóvil y, para ello, hay que hacer que los vehículos estén libres de emisiones. ¿Para eso hace falta una fábrica nacional de coches? No, para eso hace falta un marco regulatorio, y nos lo hemos dado con la Ley de Cambio Climático y Transición
Energética. Se prohíbe la matriculación de vehículos con emisiones a partir de 2040. Por cierto, es la misma ley que marca también el ritmo de descarbonización en nuestro sector eléctrico. En 2030 -que está aquí, a la vuelta de la esquina- el 74
% de la generación eléctrica será renovable. Eso es un marco normativo, no una empresa pública.
Seguimos con acabar con la pobreza energética. ¿Esto lo conseguirá una empresa pública de energía? Eso es lo que aseguran de forma categórica en la proposición de ley. Bueno, yo creo que para luchar contra la pobreza energética lo que
hace falta es reforzar el bono social y hacer que llegue a más gente y en mayor cuantía; algo que está haciendo el Gobierno, que hace muy poco duplicó las cuantías que se asignaban para este bono social. Pero, sobre todo, hay que establecer una
fiscalidad más justa, una fiscalidad verde; conseguir una energía más accesible, una energía más asequible, y hacer que todo el mundo tenga acceso a ella en condiciones adecuadas, independientemente de quién sea el que suministra esta energía. Por
tanto, un marco normativo, no una empresa pública.
Por último, hacer que la luz sea más barata. Este es el supuesto origen de toda esta proposición de ley. Fue registrada el 2 de septiembre al calor del debate sobre los precios mayoristas de la electricidad y plantean esto como la gran
solución. Claro, el problema es que este es un plan a veinte años que no creo
que sirva para resolver un problema inmediato que tenemos ya encima. Además, si este es el planteamiento, habrá que mirar en los países de nuestro entorno, porque, habiendo empresas públicas de energía en muchos de ellos, seguramente les
habrá ido mejor que a nosotros durante esta crisis energética. Veamos, hagamos un poquito de memoria. El día que en España se alcanzó el récord de los precios mayoristas de electricidad, que fue el 22 de diciembre de 2021, aquí tocamos los 360
euros el megavatio hora. ¿Cómo estaba el resto de Europa ese día, en ese momento? Bueno, pues Alemania llegó a 416 euros, Italia llegó a 437 euros y Francia a 452 euros. Son tres países con empresas públicas muy potentes, incluyendo la
todopoderosa EDF a la que hacía usted referencia en su intervención. Para abaratar la electricidad lo que hace falta es mayor penetración de energías renovables y estabilidad en los precios, algo que se puede conseguir, por ejemplo, tal y como
estamos haciendo desde el Gobierno, potenciando las subastas de renovables. Además, aquí, en España, se ha contenido la subida de los precios que hemos visto en los mercados mayoristas para que no llegase al recibo de los consumidores a través de
un marco normativo, no de una empresa pública.
Creo que el propio planteamiento que hacen de asignar directamente a esta empresa las concesiones hidráulicas de forma automática es equivocado desde el inicio. ¿Por qué? Lo es porque las circunstancias alrededor de cada una de estas
concesiones -su tipología, su antigüedad, su utilidad- son muy variadas. Tal vez algunas deban seguir funcionando, sí; tal vez algunas haya que reconvertirlas a centrales de bombeo; pero tal vez algunas tengan que ser desmanteladas por motivos
puramente ambientales para recuperar los cauces de los ríos. Tal vez no siempre tenga sentido que una empresa pública centralizada las gestione. Tal vez el mejor modelo de generación sea la generación distribuida y que comunidades energéticas
locales puedan explotar y gestionar estas concesiones. Pero todo esto queda excluido en el planteamiento que hacen. Estamos de acuerdo en que es necesario crear una hoja de ruta que nos marque las pautas a seguir a medida que vencen estas
concesiones. Sin duda el dominio público hidráulico debe estar al servicio de la ciudadanía, de toda la ciudadanía, al servicio del país, al servicio de la transición ecológica y la transición energética, pero creo que no sirve la talla única que
ustedes plantean con esta proposición de ley. Cada caso es particular y es mejor disponer de la flexibilidad necesaria y adecuada para poder estudiarlos de forma individual. Esta proposición de ley que plantean crea un corsé que ahoga las
posibilidades y que no tiene ningún sentido para conseguir los objetivos que dice perseguir. Salvo, claro está, que el único objetivo que persiga sea la creación de una empresa pública de energía como fin y no como medio, y luego ya se verá.
Nosotros, en el Grupo Parlamentario Socialista, creemos que hay otro camino para seguir ahondando en la transición energética y votaremos en contra de la toma en consideración, porque pensamos que las cosas se pueden hacer muchísimo mejor.
Gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Renau. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO PLURAL, DE REFORMA DE LA LEY ORGÁNICA 2/1982, DE 12 DE MAYO, DEL TRIBUNAL DE CUENTAS Y DE LA LEY 7/1988, DE 5 DE ABRIL, DE FUNCIONAMIENTO DEL TRIBUNAL DE CUENTAS. (Número de expediente 122/000197).
La señora PRESIDENTA: Continuamos con el punto del orden del día relativo a la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Plural de reforma de la Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, del Tribunal de Cuentas y de
la Ley 7/1988, de 5 de abril, de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas. Para la presentación de la iniciativa, tiene la palabra el señor Pagès i Massó.
El señor PAGÈS I MASSÓ: Buenas tardes, señora presidenta, señorías.
La proposición de ley que presentamos supone objetivamente la mejora de un órgano del sistema institucional del Estado cuyas decisiones afectan directamente a decenas de centenares de ciudadanos con graves consecuencias para sus familias.
Seguramente no seremos nosotros los que tengamos más sentido de Estado de los que estamos en este hemiciclo -al menos sentido de Estado español-, pero, en cambio, lo que sí que tenemos es un sentido de la responsabilidad democrática que nos obliga a
cuestionar -y no solo eso, sino también a ser propositivos- todas y cada una de las deficiencias democráticas y del Estado de derecho que se nos presentan. Cuestionamos la imposibilidad de debatir sobre la institución monárquica y sus desmanes.
Nos alarma la falta de independencia, la parcialidad y la
politización de la alta magistratura española que, entre otras muchas cosas, se permite retirar actas a diputados; recordamos los casos de los compañeros Alberto Rodríguez y Pau Juvillà. Y no solo eso, sino que incluso esta alta
magistratura se permite amenazar con procesar a los miembros de las mesas que no se plieguen a sus órdenes. Nos preguntamos, por otra parte, hasta cuándo tendremos que soportar el uso abusivo por parte del Gobierno del decreto-ley o la suspensión
de las leyes autonómicas. Ponemos en tela de juicio el papel que se ha arrogado el Tribunal Constitucional como defensor del debate político o su deriva como órgano que pone multas y persigue también a los miembros de las mesas de los parlamentos.
Y también cuestionamos el papel que se ha autoatribuido la Mesa de este mismo Parlamento, la Mesa del Congreso de los Diputados; un papel del tribunal constitucional preventivo, impidiendo la tramitación de iniciativas parlamentarias alegando
inconstitucionalidades palmarias que solo ven ellos. Para todas estas disfunciones institucionales hay soluciones y creo que es nuestra obligación proponerlas; por algo estamos en el Parlamento.
Precisamente el Tribunal de Cuentas es uno de los órganos constitucionales más disfuncionales. Consideramos que debe someterse a una reforma legislativa integral y homologarse a los órganos europeos de fiscalización de las cuentas públicas;
una reforma integral que, entre otros, debe establecer mecanismos que impidan intromisiones indebidas en la legítima actuación política de los Gobiernos de las comunidades autónomas -por ejemplo, en la legítima acción exterior de la Generalitat de
Catalunya- y que respeten las competencias autonómicas, sin imponer, por tanto, su actuación a la de los órganos fiscalizadores de cuentas de las comunidades autónomas. Esta reforma integral también debería garantizar la independencia, objetividad
e imparcialidad de los consejeros de cuentas y condicionar su nombramiento a la superación de unos estrictos criterios de competencia técnica para evitar así el bochornoso espectáculo del fraude constitucional que vivimos el otoño pasado, cuando
aquí mismo la mayoría ratificó unos nombres pactados por los fontaneros del PP y de la Moncloa.
Pero de modo acuciante, en aras de preservar el interés general y evitar que se intensifique la crisis reputacional en la que se encuentra inmerso, debe evitarse que el Tribunal de Cuentas continúe poniendo en riesgo los derechos
fundamentales de los ciudadanos, que no pueden recurrir, en ejercicio de una tutela judicial efectiva, sus actos y sentencias ante el Poder Judicial. Por tanto, lo que hoy planteamos es una propuesta de mínimos que entendemos que toda fuerza
política preocupada por la democracia, la división de poderes y el Estado de derecho debería asumir y que tiene como objetivo simplemente posibilitar que las resoluciones de naturaleza jurisdiccional del Tribunal de Cuentas puedan ser objeto de una
revisión plena en segunda instancia por un auténtico tribunal, una revisión plena que el régimen actual no permite puesto que únicamente prevé la posibilidad de recurrir ante el Tribunal Supremo en los supuestos de carácter formalista de casación y
de revisión, una vía que cierra la posibilidad de valorar todos los extremos de la cuestión litigiosa. Esta revisión plena y sustantiva proponemos que se articule posibilitando un recurso de apelación ante el órgano judicial
contencioso-administrativo que proceda y la propuesta también prevé que se mantengan parte de las funciones jurisdiccionales y la totalidad de las funciones de fiscalización.
Señorías, debe tenerse en cuenta que la atribución de una función jurisdiccional a un órgano como el Tribunal de Cuentas de por sí ya es inusual en derecho comparado, y lo que es inaudito es que la ejerza de forma exclusiva y plena un órgano
externo al Poder Judicial, cuyos miembros no es que no solo no formen parte del Poder Judicial, sino que ni tan siquiera han de tener formación jurídica. La Constitución acogió la posibilidad de la jurisdicción contable no por argumentos de
coherencia sistemática o de división de poderes, sino únicamente para dar continuidad a una jurisdicción especial y privativa ejercida históricamente por delegación real y con un claro sesgo antidemocrático, incluso absolutista y colonial. El
enjuiciamiento contable pone en cuestión los principios básicos del Poder Judicial de independencia, exclusividad en el ejercicio de la potestad jurisdiccional y unidad jurisdiccional contenidos en el artículo 117 de la Constitución, ya que el
Tribunal de Cuentas orgánicamente no se incardina en el Poder Judicial, sus miembros no son jueces ni magistrados, no tienen por qué serlo, y ni tan siquiera, como decíamos antes, deben tener formación jurídica alguna. Recordemos que, según la
propia Constitución, el Tribunal de Cuentas depende de las Cortes Generales y ejerce sus funciones por delegación de ellas. Además, se trata de un órgano que anualmente rinde cuentas ante estas Cortes Generales, ante las cuales, por cierto, sus
miembros deben responder disciplinariamente. La pregunta es: ¿Qué independencia tienen estos consejeros de cuentas? ¿Qué independencia tiene el Tribunal de Cuentas?
Ante este panorama, no nos extrañe que el Gobierno haya excluido la actividad jurisdiccional del Tribunal de Cuentas de los informes que anualmente remite a las instituciones europeas de control de la justicia española, Grupo GRECO, y todo
ello dejando al margen la cuestión de que el Tribunal de Cuentas
concentra en un solo órgano, en extraña mezcolanza, la fase de fiscalización de cuentas, materialmente administrativa, y la fase judicial de enjuiciamiento contable, que incluye la instrucción de los procedimientos de reintegro por alcance
atribuida a funcionarios del órgano, una primera instancia atribuida a los consejeros de cuentas y una segunda atribuida a las salas. Por tanto, desde una perspectiva de derecho interno, de lo que se trata con esta proposición de ley es de adecuar
este órgano a los principios constitucionales básicos del Estado de derecho y a la división de poderes y someter la actuación de estos poderes al control judicial. La actual redacción no solo es contraria al principio de independencia del Poder
Judicial y sus corolarios de exclusividad en el ejercicio de la potestad jurisdiccional, unidad jurisdiccional y prohibición de los tribunales de excepción, sino que, sobre todo, contradice el principio de sujeción de los poderes públicos al
derecho, con el consiguiente sometimiento de su actuación al control judicial y efectividad de la tutela judicial efectiva, que prohíbe la existencia de ámbitos de actividad inmunes a un verdadero, pleno y sustantivo control judicial.
En realidad. estamos ante una auténtica jurisdicción especial en manos del Tribunal de Cuentas y, desde una perspectiva de derecho internacional y europeo, la presente proposición de ley pretende adecuar el Tribunal de Cuentas a los
estándares establecidos por el Consejo de Europa a través del Grupo GRECO de independencia judicial para evitar la corrupción acogidos por la jurisprudencia tanto del Tribunal Europeo como del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en su
interpretación del derecho a un proceso equitativo. Este derecho a un proceso justo contenido en el artículo 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos incluye tanto el derecho de acceso a la jurisdicción como el derecho a un tribunal
independiente, y la jurisprudencia europea prohíbe tanto las jurisdicciones especiales ajenas al Poder Judicial, más aún si están compuestas por legos en derecho, como los tribunales dependientes de instancias políticas. Recordemos que The
Economist ha degradado a España a la categoría de democracia defectuosa precisamente por la intromisión política en el Poder Judicial. Los partidos que aquí manifiestan tanta preocupación por el sistema de nombramientos de los miembros del Consejo
General del Poder Judicial, que ni tan siquiera dicta sentencias, por coherencia deberían estar a favor de que las resoluciones de un órgano como el Tribunal de Cuentas al menos puedan ser recurridas ante la jurisdicción ordinaria. (El señor
vicepresidente, Rodríguez Gómez de Celis, ocupa la Presidencia).
En definitiva, el mismo fiscal señor Torres, actual miembro del Tribunal de Cuentas, reconoció en su comparecencia previa en la Comisión de Nombramientos que el régimen jurídico del Tribunal de Cuentas en su función jurisdiccional ha quedado
obsoleto y que es competencia del legislador actualizarlo; y añado yo que es competencia y deber. La disconformidad con los estándares europeos de independencia judicial, derecho de acceso a la jurisdicción y prevención de la corrupción, acogidos
en innumerables sentencias tanto del Tribunal Europeo de Derechos Humanos como del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, supone un auténtico riesgo que debe ser evitado y ante el cual, señorías, lo que presentamos aquí es una propuesta de
mínimos: permitir una revisión judicial plena de la actividad de enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas, de sus sentencias, autos y resoluciones. En la Recomendación 2017/1520, sobre el Estado de derecho, la Comisión Europea manifestó su
preocupación por la aprobación en Polonia de leyes que permiten al Legislativo y al Ejecutivo intervenir en el nombramiento y en el cese de quienes ejercen funciones judiciales. La jurisprudencia europea ha recogido esta exigencia y recientemente
el Tribunal de Justicia Europeo ha decidido que la Comisión Europea puede condicionar la recepción de fondos económicos a los Estados en función del respeto al principio del Estado de derecho que expresen, porque, en definitiva, se trata de un valor
irrenunciable, en el que se basa la Unión Europea.
La pregunta que nos planteamos es si van a votar ustedes a favor de conectar con Europa o si prefieren seguir desconectados, si prefieren conectar con el modelo Luxemburgo, con el modelo Estrasburgo, o prefieren identificarse con el modelo
Varsovia, con el modelo Budapest. Sabemos que la derecha extrema y la extrema derecha prefieren Varsovia y Budapest; lo vimos hace unas semanas con la visita de líderes de la extrema derecha europea. Apelamos a que el resto de fuerzas políticas
conecten con Europa, con la Unión Europea, con la Comisión Europea, con el Tribunal de Justicia y con el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Apelamos a que conecten con el Estado de derecho y la democracia.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario Mixto, en turno de fijación de posiciones, tiene la palabra el señor Botran Pahissa.
El señor BOTRAN PAHISSA: Gracias, presidente.
No es exactamente el tema que tratamos hoy, pero me va bien empezar recordando que el Tribunal de Cuentas es una de las instituciones más endogámicas del régimen del 78. El diario El País en 2014 hizo un reportaje que llegaba a concretar
que, de las setecientas personas que trabajan en el Tribunal de Cuentas, unas cien tienen parientes dentro, es decir, un 14 % de la gente que trabaja en el Tribunal de Cuentas tiene familiares en él. Cabe pensar que un organismo que es tan poco
imparcial repartiendo puestos de trabajo también será muy poco imparcial repartiendo justicia. Lo saben bien, por ejemplo, las treinta y cuatro personas enjuiciadas, investigadas por la acción exterior del Govern de la Generalitat de Cataluña, un
caso que ya está siendo investigado por dos organismos: por el mismo Tribunal de Cuentas y por el Juzgado número 13 de Barcelona. Así pues, por los mismos hechos las mismas personas están siendo investigadas por dos organismos y las han pedido dos
fianzas distintas y de montantes muy muy grandes, 5 400 000 el Tribunal de Cuentas y seis millones el Juzgado número 13.
Una serie de anomalías nos llevan a pensar que, aunque poco conocido, este caso contra la acción exterior de la Generalitat de Cataluña es uno de los casos represivos más arbitrarios e irregulares de todos los que se han dado contra el
independentismo catalán. En primer lugar, el Tribunal de Cuentas, como se ha contado por parte del diputado ponente, dictamina qué actividades de la acción exterior de la Generalitat eran inconstitucionales y cuáles no, y no es un órgano el
Tribunal de Cuentas capacitado para eso. De hecho, la acción exterior de la Generalitat en el período que se investiga, de 2011 a 2017, no recibió ningún tipo de apercibimiento sobre su inconstitucionalidad, y, sin embargo, el Tribunal de Cuentas
decide cuáles de estas actividades son inconstitucionales. Les pongo un ejemplo, un viaje del president de la Generalitat en el verano de 2014 a Estados Unidos. La mayoría de visitas tenían un carácter comercial, cultural, etcétera, pero hace una
atención a medios, estos le preguntan por la consulta, y en aquel entonces estaba convocada para el mes de noviembre de aquel mismo año 2014, y el president Mas da una respuesta con relación a esa consulta, lo cual es motivo suficiente para que el
Tribunal de Cuentas considere que el coste global de aquel viaje, 75 613 euros, se considere acción a favor del referéndum y, por tanto, pase a ser penalizable.
Segunda anomalía del Tribunal de Cuentas, la independencia de sus miembros. Ese es un hecho bastante compartido en el conjunto del Poder Judicial, pero algunos ejemplos son clamorosos. En el Tribunal de Cuentas sabrán ustedes que está el
hermano del expresidente Aznar o una exministra también del Partido Popular, la señora Mariscal de Gante, que, por cierto, para que se den cuenta de esta falta de imparcialidad, en 2019 revocó una sentencia contra la exalcaldesa de Madrid, señora
Ana Botella, de su mismo partido y, a la sazón, cuñada de otro miembro del Tribunal de Cuentas, y le revocaron la sentencia por haber vendido de forma irregular 5300 inmuebles a fondos buitre. Y esta falta de imparcialidad se ve también en este
caso que estaba contando contra la acción exterior de la Generalitat, puesto que el origen de ese caso es la Comisión Mixta Congreso-Senado del Tribunal de Cuentas, que aprueba una resolución para que sea investigada por parte del Tribunal de
Cuentas la acción exterior de la Generalitat, y, por tanto, lo que tenemos es al Partido Popular pidiendo a gente nombrada por el Partido Popular que investigue a adversarios políticos del Partido Popular. Y eso es de todo menos imparcial. Por
cierto, cabe recordar también que la resolución la presentó el PP pero fue votada también por el PSOE, porque en la judicialización del proceso independentista catalán las responsabilidades no son las mismas pero sí están bastante repartidas.
Tercera anomalía del Tribunal de Cuentas -se ha dicho también por parte del diputado Pagès, que ha presentado la iniciativa-, la falta de competencia de sus miembros. Se trata de personas que no son magistrados ni jueces, y, sin embargo,
están enjuiciando.
Y la cuarta anomalía, las garantías. Para empezar, por ejemplo, en este caso de la acción exterior de la Generalitat, se dieron quinientas páginas del informe a leer en tres horas y diez minutos para poder presentar alegaciones. Hay una
serie de garantías, de las cuales la más importante también se ha expuesto, y es la falta de capacidad para presentar recurso ante las sentencias de este organismo. El informe del caso contra la acción exterior de la Generalitat se produjo con
votos concurrentes y un voto particular, el de la señora María Dolores Genaro, que recomiendo a todos ustedes que lo lean porque precisamente ahonda en estas anomalías, en estas irregularidades, en esta falta de imparcialidad en un proceso conducido
por el Tribunal de Cuentas.
Para terminar, han usado todos los recursos para perseguir al independentismo, han usado juzgados provinciales, tribunales superiores, el Supremo, el Constitucional, la Audiencia Nacional, las juntas electorales incluso y también, como
recordamos hoy, el Tribunal de Cuentas. Consiguen hacer pasar muy
mal rato, de forma antidemocrática, a adversarios políticos; les hacen pasar por procesos dolorosos, que lo son para las personas enjuiciadas y también para su entorno familiar y sus amigos y amigas, pero no han conseguido pararnos y no lo
van a conseguir. A las millonarias fianzas que impuso el Tribunal de Cuentas en el caso que les he relatado también se opusieron millonarias donaciones a la Caixa de Solidaritat, porque ustedes se enfrentan a un pueblo con ganas de seguir adelante.
Seguramente no les convenceremos de que la independencia es lo mejor para nuestro pueblo, pero ustedes tampoco nos van a convencer de que vivimos en una democracia plena mientras estén usando instituciones como el Tribunal de Cuentas para perseguir
a adversarios políticos de esta forma tan irregular.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu tiene la palabra el señor Iñarritu García. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
El señor IÑARRITU GARCÍA: Muchas gracias, presidente. Buenas tardes, señorías.
Hoy se produce un hecho curioso en esta Cámara, y es que el diputado Pagès, perteneciente a una formación independentista, trae a esta Cámara una propuesta que, de aprobarse, mejorará las garantías y los estándares europeos de una
institución como es el Tribunal de Cuentas, que a día de hoy no cumple con ellos, como bien se ha señalado por parte de los dos portavoces que me han precedido en el uso de la palabra. La realidad es que en numerosas ocasiones se repite un mantra
cuando las formaciones independentistas traen a esta Cámara asuntos para denunciar situaciones de injusticia, atropellos o irregulares, y es que los independentistas desprestigian la imagen de España, cuando hoy lo que vemos es una propuesta
precisamente para mejorar una situación irregular.
Hoy tratamos este asunto del Tribunal de Cuentas, y, si hacemos un repaso de los diferentes artículos en la hemeroteca reciente tanto de prensa como de analistas o de la academia sobre este organismo, nos encontramos con varios puntos que
suelen ser coincidentes en la crítica a esta institución obsoleta. En algunos casos se dice que es una institución opaca, desconocida y disfuncional, y, de igual forma, se suele señalar, como ya se ha mencionado por parte del señor Botran, la
politización o el enchufismo de sagas familiares en ese tribunal, que choca en relación con otras instituciones, en las que no se ve ese nivel de enchufismo. Y de igual forma, la politización de sus consejeros y consejeras, elegidas por las Cortes
Generales. Y respecto a los asuntos que trata, vemos que, en general, ha sido bastante eficaz en la lucha contra lo que se viene a llamar la pequeña corrupción o las pequeñas disfunciones en órganos municipales de pequeña entidad, si bien ante
grandes casos de presunta corrupción ha mirado para otro lado. Y en esa politización de la que hablamos también vemos la obsesión con respecto a casos que han tenido presencia mediática importante en los últimos años, como ha sido el caso del
procés de Cataluña, sobre el que este tribunal se sumó a la fiesta de la represión en ese ánimo vengativo y ejemplarizante y persiguió a los líderes independentistas, también cometiendo con ello un hecho como es el de la intromisión en asuntos
ajenos a su competencia, como pudiera ser la acción exterior de un Gobierno autonómico, perfectamente legal y legítima, como se ha venido a reconocer incluso por el Tribunal Constitucional.
Entre estas disfunciones, estos errores, estas críticas que se realizan no solamente por partidos independentistas, sino por cualquier medio de comunicación editado y emitido desde Madrid, vemos que está la disfunción en su función
jurisdiccional, que, como ya se ha señalado, choca de frente con la separación de poderes y el artículo 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, aquel que dice que toda persona tiene derecho a un juicio equitativo, en el que el tribunal sea
independiente e imparcial. Aquí tenemos algo que choca de frente con ese principio porque tenemos a unos señores y señoras que no son magistrados y han sido elegidos por las Cortes Generales. Alguien puede decir que en el Tribunal Constitucional
también sucede así, pero partimos de un sistema y una naturaleza completamente diferentes, y más teniendo en cuenta esta exótica jurisdicción contable, que tiene mayor impacto sobre las personas y en su naturaleza se acerca más a lo que viene a ser
la jurisdicción ordinaria pero sin serlo. ¿Y qué ocurre? Cuando se recurre una sentencia emitida por uno de esos consejeros porque no nos gusta, tenemos la opción de ir a la sala de al lado, en la que también están compañeros consejeros de esa
persona, y únicamente en algunos casos tasados se puede recurrir a la jurisdicción ordinaria por la vía del contencioso-administrativo en el Tribunal Supremo, por lo que nos encontramos con un choque ante lo que son estándares europeos, y respecto
de lo que, por cierto, ya hay una doctrina consolidada. Así, podemos tener en cuenta la sentencia del caso Saquetti Iglesias contra España, con el concepto expansivo de la necesidad de garantía del doble grado de revisión jurisdiccional en caso de
sanciones administrativas.
Señorías, este órgano no cumple los estándares europeos. Por ello, ante esta legislación obsoleta, defectuosa y, como ya digo, contraria a la doctrina europea, el señor Pagès ha traído una propuesta que, de ser aprobada, mejoraría la
legislación actual, y por eso votaremos de manera positiva. Es cierto que nosotros y nosotras somos independentistas, pero siempre y en todo lugar aspiramos a vivir en un Estado más digno y, de aprobarse esta propuesta, sería positivo tanto para la
ciudadanía de este Estado como también para el Estado mismo y con ello se conseguiría un Estado más democrático y que cumpla la legalidad en términos europeos, de modo que de vez en cuando no venga alguien como el GRECO o incluso un ranking otrora
tan mencionado como el de The Economist para bajarle la puntuación. Con esta propuesta tienen la oportunidad de adelantarse y mejorar una legislación que a todas luces está obsoleta y es defectuosa.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias.
Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ PNV), tiene la palabra el señor Legarda Uriarte. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
El señor LEGARDA URIARTE: Muchas gracias, presidente.
Nos recordaba Antoni Bayona hace unos meses desde una tribuna de prensa los distintos modelos de control de cuentas en nuestro entorno y cómo en España se optó en el artículo 136.2 de la Constitución, al regular esta institución, por el
modelo judicial o modelo napoleónico, frente al modelo anglosajón o modelo Westminster. En este último, en el anglosajón, el Tribunal de Cuentas solo ejerce funciones de control financiero desde un punto de vista de eficiencia de gasto y con
arreglo a criterios de auditoría, mientras que en el modelo judicial a esta función de control financiero se le añade una función de control de cuentas desde una perspectiva de la legalidad, es decir, una función jurisdiccional que permite exigir
responsabilidad para la restitución de fondos públicos cuando en su gestión se produce por dolo, culpa o negligencia grave un menoscabo económico como consecuencia de acciones u omisiones contrarias a las normas presupuestarias de contabilidad,
contratación o, en general, cualquier otra referida al sector económico financiero.
Señorías, a nuestro juicio, la atribución de un ámbito jurisdiccional al Tribunal de Cuentas en el artículo 136.2 de la Constitución no deja de ser una excepción chirriante o que chirría con lo señalado en su artículo 117, cuando establece
en sus distintos apartados que el ejercicio de la potestad jurisdiccional corresponde exclusivamente y en todo tipo de procesos a los juzgados y tribunales integrados por jueces y magistrados de carrera y también establece el principio, como ya se
ha señalado, de unidad jurisdiccional. Sin embargo, esta excepción, que decía chirriante, del artículo 136.2 de la Constitución adquiere tintes de incompatibilidad cuando la Ley Orgánica 2/1982, del Tribunal de Cuentas, desarrolla ese precepto
constitucional y, yendo más allá de la propia Constitución, establece en su artículo 17 que la jurisdicción del Tribunal de Cuentas es exclusiva y plena y en su artículo 30 que sus miembros son elegidos por las Cortes, a razón de seis miembros por
cada Cámara. Por su parte, la Ley 7/1988, de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas, determina en su artículo 52.2 que sus decisiones solo podrán ser recurridas en casación y revisión por la Sala Tercera del Tribunal Supremo y por los motivos
determinados por la ley, que, como ustedes conocen, son supuestos tasados y motivos concretos, y, en definitiva, no una revisión plena.
Señorías, esta triple circunstancia en relación con el Tribunal de Cuentas: jurisdicción plena y exclusiva ejercida por miembros elegidos por las Cortes y no posibilidad de revisión plena por el Supremo es lo que nos trae a debate la
iniciativa de Junts per Catalunya, circunstancias que se nos dice -y compartimos- se compadecen mal -ya lo hemos dicho- no solo con la regulación constitucional sobre el Poder Judicial, la función jurisdiccional y la carrera judicial, sino también
con la Carta europea de derechos humanos y su jurisprudencia, que reclama que las causas que afectan a los ciudadanos sean juzgadas por tribunales que ofrezcan garantías de independencia e imparcialidad, debiendo ser apreciadas de manera objetiva,
esto es, creando una apariencia de confianza de que el órgano jurisdiccional responde a los criterios de independencia e imparcialidad, lo que resulta difícil, a nuestro juicio, en una entidad con jurisdicción contable exclusiva y plena y cuyos
miembros son designados entre personas no pertenecientes a la carrera judicial y por un método y un órgano netamente político, como son las dos Cámaras de estas Cortes Generales. De esta circunstancia anómala creemos que es plenamente consciente el
ordenamiento jurídico y la quiere solucionar a través de la Ley de Enjuiciamiento Civil cuando en su artículo 37.2 de un
modo que atenta a la naturaleza de las cosas establece que cuando el Tribunal de Cuentas ejerza sus funciones jurisdiccionales se entenderá integrado en la jurisdicción contencioso-administrativa.
Por todo ello, señorías, y a nuestro juicio, es razonable la solución a este problema que nos propone la iniciativa que debatimos, consistente en que la jurisdicción por responsabilidad contable del Tribunal de Cuentas deje de ser plena y
exclusiva, siendo por ello sus resoluciones susceptibles de ser revisadas en segunda instancia, por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, y no como hasta ahora, solo a través de los recursos especiales de casación y
revisión.
Esta propuesta, señorías, nos parece una solución poco perturbadora respecto a la misma institucionalidad del Tribunal de Cuentas; poco perturbadora respecto al vigente sistema de nombramientos y procedencia de sus miembros, y poco
perturbadora respecto a sus funciones jurisdiccionales, ya que sigue reteniendo su propia jurisdicción, sin perjuicio de lo que establece el artículo 136.2 de la Constitución, aunque ya no con carácter pleno y exclusivo, a fin de que la segunda
instancia corresponda al Tribunal Supremo, dando así pleno cumplimiento, además, a los requisitos del Tribunal Europeo de Derechos Humanos para que pueda hablarse del derecho a un proceso justo y equitativo al que se refiere el artículo 6 de la
Carta. Es decir, derecho a un tribunal con apariencia objetiva de imparcialidad e independencia y derecho de acceso a la jurisdicción respecto de aquellas decisiones de los poderes públicos en que aquella apariencia no se cumpla, bien porque sus
miembros no pertenecen a la carrera judicial, bien porque sean directamente elegidos por un poder político y por métodos políticos, o bien por todas ellas.
Por último -y finalizo-, y como obiter dicta respecto a la cuestión debatida, quiero señalar que, si bien la jurisdicción contable del Tribunal de Cuentas no había adquirido un nivel de debate que hoy suscita, a raíz de sus decisiones en
torno al llamado procés, hemos de señalar que, a nuestro juicio, sus decisiones en esta materia no las compartimos. La promoción en el exterior de un proceso para la independencia con recursos públicos, por unos poderes públicos con competencias en
acción exterior, con programas electorales en ese sentido e investidos con estos programas, no son otra cosa que un proyecto legítimo, no incompatible con una Constitución que no es militante y que no requiera adhesión, tal como ha manifestado el
mismo Tribunal Constitucional.
Muchas gracias, señorías.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor López-Bas Valero.
El señor LÓPEZ-BAS VALERO: Gracias, señor presidente.
Señorías, Junts per Catalunya presenta hoy una proposición de ley que nos sorprende porque parece que este partido -además se ha dicho- se erige en defensor nada menos que de la Constitución española. Pero es una sorpresa que,
evidentemente, dura muy poco; dura justo hasta que recordamos quiénes son ustedes, qué es lo que pretenden y cuáles son sus verdaderos intereses aquí. Porque ustedes no están aquí para defender la Constitución española, no están ni siquiera para
defender el derecho como dicen en su proposición; ustedes solo tienen un objetivo, que es seguir en su camino de librar a los condenados por el procés de devolver el dinero malversado y seguir amparando a unos condenados por delitos muy graves,
pese a que se les haya indultado, lo que supone que se les perdona, pero no, desde luego, que olvidemos lo que hicieron. Señor Pagès, cuando apela usted -como ha hecho el señor Botran también- al sufrimiento de sus familiares, lo primero que habría
que recordar es que posiblemente habría que haberle dicho a ese pariente que lo que tendría que haber hecho era no meter la mano en la caja.
Ustedes juegan a que el Tribunal de Cuentas vulnera el derecho de la Unión Europea y parten, para ello, de una premisa falsa, que el Tribunal de Cuentas se regula en España por principios contrarios -dicen ustedes- al Convenio Europeo de
Derechos Humanos en lo relativo a la separación de poderes constitucional, al control judicial de los actos administrativos o a la independencia judicial. Es su partido el que pretende darnos lecciones de separación de poderes; un partido que
pretendía, en su día, que el Gobierno de una hipotética y fantástica república catalana pudiera nombrar a dedo a los jueces de su Tribunal Supremo. Ustedes hablan de la primacía de los convenios europeos, ustedes que han volado todos los convenios
en Europa con una declaración ilegal de independencia, esa que iba a lograr que esa república catalana fuera reconocida por todos como un país independiente.
Ustedes hablan incluso del Tribunal de Cuentas como una institución anclada en el siglo XIX que ejerce -y cito textualmente- una jurisdicción especial y privativa por delegación real, de claro sesgo absolutista y colonial, cuyo objetivo
realmente fue dar respuesta a las presiones de los empleados y
miembros del Tribunal de Cuentas franquista que veían peligrar sus puestos de trabajo. Esto es lo que dice su exposición de motivos, pero todo esto no es más que un chiste viniendo de un partido que, cada dos por tres, nos cuenta la gran
opereta de que tienen ustedes 132 presidentes de la Generalitat desde 1359, porque Cataluña es más antigua que España en setecientos años. Si quieren que juguemos a esto, es muy fácil. El Tribunal de Cuentas hunde sus raíces en las Partidas de
Alfonso X el Sabio, allá por mediados del siglo XIII, cien años -incluso- antes de Berenguer de Cruïlles, por si de verdad es a lo que quieren ustedes jugar. El Tribunal de Cuentas existía ya formalmente en el siglo XV, además, para el control por
las Cortes de los fondos recaudados por los primeros Austrias. Ustedes se las dan republicanos, pero realmente son austracistas. Es una institución que aparece ya, tal como hoy existe, en la Constitución de 1812 e, igualmente, aparece también en
la Constitución republicana de 1931, y ustedes lo tildan de una institución monárquica y franquista.
Más aún, el Tribunal de Cuentas de la Segunda República se regulaba por la Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas de la República de 1934, que establecía que se trataba de un órgano nombrado por el Parlamento con jurisdicción especial y
privativa para la fiscalización económica del Estado, de las regiones autónomas y de los ayuntamientos y cuyos miembros no eran jueces, sino contadores, es decir, expertos en contabilidad. Sin embargo, ustedes repiten que se trata de una
institución monárquica y franquista, y resulta que, en su versión actual, el Tribunal de Cuentas sigue el modelo precisamente de la Constitución de 1931 y su ley de 1934. Si leyeran un poquito de historia, pero de la de verdad y no la que manipulan
algunos de sus historiadores a sueldo, sabrían que el artículo 136 de la Constitución actual es precisamente una reproducción de lo que se había previsto para el Tribunal de Cuentas de la Segunda República, así como que sus leyes de desarrollo -la
Ley Orgánica 2/1982 y la Ley 7/1988- mantienen aquel esquema de funcionamiento doble, tanto para la función fiscalizadora como para la función de enjuiciamiento contable.
Si leyeran incluso algo de derecho, sabrían que ese sistema sigue el llamado modelo latino, que es el mismo que se sigue en países de nuestro entorno como Francia, Italia, Bélgica, Grecia o Portugal. Por tanto, es incierto que nuestro
modelo no tenga comparación en otros países, es justo al contrario. Lo que ustedes necesitan es, simplemente, conocer el derecho de la Unión Europea, conocer el derecho de los países que forman parte de la Unión Europea y conocer también el derecho
constitucional de su país, de España. Ustedes acuden a estos sistemas solo cuando les interesa y, en este caso, solo para atacar a las instituciones españolas como antidemocráticas.
La potestad jurisdiccional del Tribunal de Cuentas procede de la propia Constitución y de su artículo 136. Su actuación, además, debe observar precisamente el artículo 24 de la propia Constitución, y esto es así por pura tradición
jurídico-constitucional, cuyo antecedente -como le digo- es el de la Constitución de 1931 y su ley de 1934. El Tribunal Constitucional, ese que ustedes se saltan constantemente, ha dejado clara esa función de enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas.
Para eso les recomiendo que se lean ustedes la Sentencia del Tribunal Constitucional 215/2000 que dice que el hecho de que la función de enjuiciamiento sea exclusiva del Tribunal de Cuentas es precisamente la garantía de la unidad jurisdiccional y
que esa función de enjuiciamiento convierte al Tribunal de Cuentas en una verdadera jurisdicción, que es la que se ha venido en llamar la jurisdicción contencioso-contable.
Señorías de Junts, el actual sistema de funcionamiento del Tribunal de Cuentas español es absolutamente respetuoso con la separación de poderes, con la independencia del Poder Judicial, y lo es a pesar de los intentos del bipartidismo de
utilizar este órgano como una pieza más en su intercambio de cromos. Ese sí que es hoy el gran problema de la institución, el descrédito a que la someten Partido Popular y Partido Socialista con la inestimable ayuda de Podemos al repartirse
vergonzosamente los puestos de consejero. El mismo descrédito que se daba por el abandono de su responsabilidad por la Abogacía del Estado, que ha renunciado a reclamar como parte casi un total de 10 millones de euros desviados para fines ilegales
por 34 ex altos cargos de la Generalitat -entre ellos, los señores Mas, Puigdemont y Junqueras- por las irregularidades con fondos públicos por las embajadas catalanas, el Diplocat y por el referéndum ilegal de 2017. Es más, es triste constatar que
al propio Tribunal de Cuentas, como órgano constitucional, se le ha dicho, por parte del Gobierno al cumplir sus funciones, que ponía piedras en el camino de la concordia.
Acabo, señorías, diciendo que tengo la sensación de que los diputados de Junts no desconocen solo las atribuciones constitucionales de un órgano como el Tribunal de Cuentas sino, lo que es más importante, que el acceso a la jurisdicción está
precisamente garantizada porque el Tribunal de Cuentas es el órgano judicial pleno y supremo en materia de enjuiciamiento contable.
Con su proposición ustedes cierran los ojos a la realidad; una realidad que está plasmada en la Constitución y en la ley, a pesar de que hoy digan que es lo que quieren ustedes proteger y defender. Yo dudo desde cuándo tienen ustedes los
ojos cerrados, pero, desde luego, pienso que su ceguera llega tan lejos que está, incluso, más allá de aquel primer president por el siglo XIV.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario Republicano, tiene la palabra la señora Telechea i Lozano.
La señora TELECHEA I LOZANO: Gràcies, president.
Debatimos hoy, a propuesta de las compañeras de Junts per Catalunya, una proposición de ley de reforma de la Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas y también de la Ley de funcionamiento del mismo, y adelantamos nuestro voto favorable a su toma
en consideración y esperamos que la mayoría de esta Cámara haga lo propio. Pocas instituciones en el Estado español necesitan con más urgencia una reforma que el Tribunal de Cuentas.
En general, compartimos el pronóstico que la proposición de ley hace de las disfuncionalidades de las que adolece el enjuiciamiento contable en el Estado español. Efectivamente, el enjuiciamiento contable por el Tribunal de Cuentas si se
caracteriza por algo es por su opacidad y su ausencia de garantías procesales; unos rasgos que nos permiten afirmar que el tribunal actúa de manera arbitraria, caprichosa o -como diríamos las republicanas- el Tribunal de Cuentas domina. Y es que
para el republicanismo no hay nada más nocivo para la libertad que la dominación, es decir, que el poder de interferencia arbitraria que tiene un agente sobre el otro, sea ejercido por un particular o por poderes públicos. La arbitrariedad es una
manifestación de la dominación, la antagonista de la libertad republicana y es una nota definitoria de la actuación del Tribunal de Cuentas, al menos desde hace unos cuantos años.
A nadie se le escapa cuáles son los cometidos del tribunal. A nuestro modo de ver, son dos: el primero, tapar las vergüenzas del régimen de 1978; el segundo, disponer la contabilidad al servicio de la represión. En primer lugar, cuando
afirmamos que el Tribunal de Cuentas lleva años tapando las vergüenzas del régimen de 1978, nos referimos a que su principal reacción ante las corruptelas de los gobiernos estatales, autonómicos o locales no ha sido precisamente el enjuiciamiento,
sino el encubrimiento. El tribunal se ha inhibido absolutamente de las principales funciones que le da su artículo 12, que es hacer constar cuantas infracciones, abusos o prácticas irregulares haya observado, con indicación de la responsabilidad en
que, a su juicio, se hubiere incurrido, y de las medidas para exigirla. No hace falta ser independentista para apreciar que el tribunal se ha desentendido absolutamente de esta función. Si no, ¿cuánto pagó el criminal José María Aznar por el gasto
de enviar tropas a una guerra ilegal? ¿Cuánto se ha devuelto de los más de cinco mil millones pagados en rescatar las fallidas autopistas madrileñas que no fueron precisamente realizadas en interés público, sino a golpe de talonario o de soborno de
las principales constructoras, entre las cuales, cómo no, el mismo Florentino Pérez, que nos ha costado otros cinco mil millones de euros para el proyecto Castor? O ¿cuánto va a pagar Ayuso por el dinero robado en la compra de mascarillas mientras
la gente moría para enriquecer a su hermano? Y mientras, los 'ayusers' defendiendo la corrupción en una mañana soleada de domingo. ¿Y todavía hay alguien que se pregunta por qué somos independentistas? (Aplausos). Esperaba poder decirle esto al
señor Casado, pero debe estar en algún lugar, escondiéndose de los suyos o preparando su salida por patas.
Ahora bien, cuando llega un Gobierno democrático como el de la Generalitat de Catalunya que implementa un mandato popular ganado en las urnas, que es lo que más les duele, aparece la función del Tribunal de Cuentas, la represión. El
tribunal ha sido y es el brazo económico de la persecución a la disidencia política en el Estado español. Como hace tiempo que insistimos, más que un Tribunal de Cuentas es un tribunal de ajuste de cuentas, y desde luego no es algo nuevo para
nosotras: Esquerra Republicana ha abonado ya más de dos millones de euros en concepto de fianzas en procesos ante el Tribunal de Cuentas por la celebración de un referéndum el 1 de octubre de 2017. Y es que el Estado utiliza todos los recursos que
tiene a su alcance para perseguir a las independentistas en el marco de la causa general. En los últimos años, hemos visto cómo los aparatos del Estado han denunciado, perseguido, detenido e incluso encarcelado a decenas de personas
independentistas por el simple hecho de ser independentistas, y todo ello con el objetivo de provocar un efecto disuasorio a la ciudadanía que se moviliza y apoya el derecho a la autodeterminación; un ataque desde las entrañas del sistema para
combatir un proyecto político legítimo, democrático y pacífico. La entrada en escena del Tribunal de
Cuentas es solo una pieza más del engranaje de la represión, y si esta proposición de ley puede contribuir a la democratización del tribunal y a que cumpla con lo establecido por el Convenio Europeo de Derechos Humanos, bienvenido sea,
porque cabe recordar que el Tribunal de Cuentas genera una gran indefensión, puesto que las partes no pueden intervenir por los cortos plazos y las fianzas que se les imponen con carácter absolutamente confiscatorio.
Por último, echamos en falta algunos aspectos más técnicos, como la modificación de los recursos previstos en el artículo 48 de la Ley de funcionamiento, que más que recursos son una broma de mal gusto. Aun así, votaremos a favor de esta
proposición de ley.
Moltes gràcies. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, tiene la palabra el señor Asens Llodrà.
El señor ASENS LLODRÀ: Presidente, señorías, hoy es el primer Pleno desde que el jueves pasado supimos del carpetazo judicial al acoso a la familia de Irene Montero y Pablo Iglesias. Por eso, queríamos empezar expresando nuestra
solidaridad, no todo vale en política. (Aplausos). Solidaridad que hacemos extensible a la señora Ayuso, porque parece que esta mañana sus sobrinos también han sufrido el acoso en el colegio.
Hoy hablamos de la corrupción, del Tribunal de Cuentas, hablamos de si se debe reformar o no. Nosotros pensamos que sí por cuatro razones. Primera, porque es una anomalía democrática anclada en el siglo XIX, opaca, sin parangón en Europa.
Segunda, porque es un nido de enchufismo y nepotismo; de los setecientos trabajadores, ¿saben cuántos hay con vínculos familiares con altos cargos? Hay cien. Hablamos mucho del hermano de Ayuso, pero ahí había otro hermano, el del señor Aznar,
que archivó -él y otros- el caso contra Ana Botella: eso es nepotismo. Tercera, es un instrumento al servicio del lawfare, de la guerra judicial; ya se ha dicho, más que fiscalizar a todos los partidos, lo que hacen es blanquear las cuentas del
Partido Popular y ajustar cuentas con sus adversarios. Margarita Mariscal de Gante, ministra con Aznar, ha hecho una cruzada contra el independentismo, pero no ha visto la mayor trama de corrupción que ha existido en España, no ha visto nada de la
financiación irregular de su partido. ¿Por qué? Porque forma parte de la trama. ¿Recuerdan a Ubaldo Nieto? Ubaldo Nieto era el presidente de ese tribunal que aparecía en los papeles de Bárcenas. O sea, que quien vigilaba la contabilidad del
Partido Popular era donante de su caja B. ¿Cómo va a fiscalizar la caja B alguien que forma parte de ella? Es una tomadura de pelo. Y cuarta, porque es un atentado a la separación de poderes y a la tutela judicial efectiva, porque aquí estamos
hablando no de jueces haciendo de políticos, como hacen en el Supremo, aquí estamos hablando de políticos directamente haciendo de jueces, de políticos cuyas decisiones no pueden ser revisadas por auténticos jueces, y que, de hecho, no hace falta ni
que sean juristas. Eso puede ser cualquier cosa, pero no es un tribunal. Un tribunal formado por analfabetos en derecho no es un tribunal, ni aquí ni en la República Popular China. Por eso, vamos a votar favorablemente a esta propuesta, porque es
un paso mínimo. Enhorabuena al señor Pagès por el trabajo hecho.
Hablar hoy de corrupción y del Tribunal de Cuentas es hablar de las deficiencias en España, de los mecanismos de control, de los mecanismos de rendición de cuentas. Y algo falla cuando la oposición no puede hacer su trabajo y expulsan,
incluso, a una diputada por preguntar sobre el contrato de las mascarillas; algo falla cuando no se encienden los controles internos; algo falla, en ese caso, cuando ayer se impidió crear una comisión de investigación, o cuando se tiene que
recurrir a detectives para saber lo que pasa, o los periodistas no pueden acceder al contenido de ese contrato; algo falla cuando, finalmente, se inicia una investigación y se archiva sin justificación alguna. Eso tiene que ver con el nepotismo
del Tribunal de Cuentas, también con el nepotismo, en general, del Partido Popular. La familia es lo importante. No lo decía don Corleone, lo decía la señora Ayuso, y por eso se impuso la ley del silencio. La familia es tan importante que el
hermano de la señora Ayuso en mitad de la pandemia ha podido hacer negocio a costa del dinero público y a costa del drama humano de la pandemia. Mientras todos salíamos a las ocho de la tarde a aplaudir a nuestros sanitarios, a las enfermeras, el
hermano de la señora Ayuso salía a aplaudir a los contribuyentes de Madrid, porque eso le permitía ser comisionista. ¿Quién es el señor Tomás Ayuso? No sabemos nada de él. No sabemos a qué se dedica. Sabemos que ha conseguido diecinueve
contratos a dedo valorados en 113 000 euros. Eso no es un caso de superación, como dirán algunos en la derecha, eso es nepotismo; son cuatro contratos de media al año. Y eso tiene que ver con
el Tribunal de Cuentas, con la corrupción, con lo que está pasando hoy con el caso, precisamente, del contrato, ese contrato en el que vendieron las mascarillas un 73 % más caras que las de otro proveedor el mismo día.
Por eso es una mala noticia para la lucha contra la corrupción saber que el señor Casado va a dimitir. El señor Casado no va a dimitir por corrupto, el señor Casado va a dimitir por iniciar una investigación de corrupción en su partido.
Eso manda un mensaje nefasto: parece que en el Partido Popular nadie puede mandar si cuestiona la corrupción como forma de gobierno. Eso tiene que ver con la corrupción, que es el ADN del Partido Popular. Casado no dimite por corrupto, dimite por
hacer, aunque sea tarde y mal, una investigación interna. Eso, como les digo, es una mala noticia para la democracia y también para los votantes del Partido Popular. (Aplausos).
Por eso, hoy el Partido Popular va a votar en contra de esta propuesta, igual que votó en contra de crear una oficina de transparencia y contra el fraude en Madrid, como la que existe en Barcelona. Porque a ellos no les interesan los
controles del gasto público ni los mecanismos de rendición de cuentas, porque ellos son los que tienen la sede pagada en dinero negro, son los de los trescientos imputados o condenados por corrupción y porque han sido calificados de organización
criminal por los tribunales y la Policía, con seis ministros y ocho presidentes autonómicos condenados. Por eso hoy van a votar que no. A nosotros, la verdad, es que nos parece que esa es la razón de fondo, igual que por eso mantienen secuestrado
al gobierno del Poder Judicial: 1176 días hace hoy.
Un último consejo, en vez de pelearse por ver quién es el capo del partido, yo les aconsejaría que se disolvieran, que hicieran como la derecha catalana e hicieran un nuevo partido. Hasta que no hagan eso esperamos que el control
democrático de las urnas les ponga a ustedes en su lugar.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra el señor Sáez Alonso-Muñumer. (Aplausos).
El señor SÁEZ ALONSO-MUÑUMER: Señor presidente, señorías, debatimos una proposición de ley de reforma de dos leyes que afectan al Tribunal de Cuentas: la Ley 2/1982 y la Ley 7/1988. Curiosamente, tras casi cuarenta años en vigor de la
primera ley y treinta y cinco años en vigor de la segunda, en Junts per Catalunya se dan cuenta ahora de la necesidad de reformar ambas leyes y argumentan, según indican en la exposición de motivos de la proposición de ley, que el tribunal mantiene
determinadas funciones por las presiones que existieron de los empleados y miembros del Tribunal de Cuentas franquista; un Tribunal de Cuentas cuyos orígenes se remontan a las Cortes de Valladolid de 1351, donde ya aparecen unos oficios reales a
los que se da el nombre de contadores. Y se dan cuenta precisamente cuando el Tribunal de Cuentas rechazó los avales con los que el Gobierno de la Generalidad pretendía hacer frente al pago de los 5,4 millones de euros que se destinaron a la
promoción internacional del referéndum independentista y del proceso independentista de Cataluña. Se menciona la pretensión de acercar la configuración legal del Tribunal de Cuentas a los principios constitucionales básicos del Estado de derecho,
que son la división de poderes públicos y el sometimiento de la actuación de estos al control judicial. Curiosa reclamación viniendo de un partido político que demuestra continuamente que no respeta la Constitución, que no respeta las resoluciones
de los tribunales y que no respeta la independencia de la justicia. (Aplausos).
Para el Grupo Parlamentario VOX tres son los puntos principales a analizar. El primero, cualquier reforma se debe orientar a fomentar la independencia e imparcialidad del funcionamiento del Tribunal de Cuentas, y eso pasa por revisar los
criterios de nombramiento de los consejeros. Quiero mencionar a este respecto la revisión que en el año 2015 realizó el Tribunal de Cuentas Europeo y el Tribunal de Cuentas de Portugal. En el informe emitido por ambos organismos se aconsejaba,
literalmente, revisar los procedimientos de designación de los consejeros de cuentas y, en concreto, definir criterios objetivos y precisar con más detalle las condiciones de acceso al cargo. Puro sentido común. Quienes tenemos experiencia en
auditoría sabemos que la exigencia de independencia es clave en el marco de los principios éticos y reglas profesionales que se recogen tanto en la Ley de auditoría y su reglamento como en las normas internacionales de auditoría.
Segundo. Con esta proposición de ley se planea traspasar la instrucción de los procedimientos de reintegro por alcance de los delegados instructores, que son funcionarios, a los consejeros de cuentas. Es innegable que a la vista del
procedimiento de designación de los consejeros esta propuesta no refuerza la necesaria independencia en la instrucción y supone una merma en la eficiencia. Hay que reforzar la
profesionalización del personal del Tribunal de Cuentas, personal que, de acuerdo al informe del Tribunal de Cuentas, tenía un alto grado de compromiso y competencias técnicas adecuadas a sus funciones principales.
Tercero. Introduce la posibilidad de delegar en los órganos autonómicos de fiscalización la instrucción de los procedimientos jurisdiccionales para el enjuiciamiento de la responsabilidad contable en que incurran quienes tengan a su cargo
el manejo de caudales o efectos públicos. En VOX creemos que lo que hay que hacer con los organismos de control externo de las comunidades autónomas es suprimirlos (aplausos) y que el trabajo lo lleve a cabo el Tribunal de Cuentas. Porque es de
sentido común darse cuenta de que la centralización de los organismos de control elimina duplicidades, facilita la eficiencia, contribuye a la imparcialidad, supone un ahorro de costes y fomenta la unidad de criterio. Hablamos de duplicidades y
costes, señorías. El Estado autonómico ha propiciado la creación de doce órganos de control externo, aparte del Tribunal de Cuentas, que nos cuestan a los españoles cerca de 79 millones de euros anuales, con unos presupuestos que van desde los 12,9
millones de euros, de la Sindicatura de Cuentas de Cataluña, por cierto, la más cara, a los 3,2 millones de Navarra, pasando por los 5,1 millones de euros que cuesta el Consejo de Cuentas de Castilla y León. Hablamos de independencia e
imparcialidad, requisitos que no se refuerzan cuando órganos nombrados por la propia comunidad autónoma fiscalizan asuntos de la misma comunidad. Hablamos de eficiencia y unidad de criterio, características que actualmente no se producen en el
marco de proliferación de órganos de control externo. Más bien todo lo contrario, falta unidad de criterio, es lo que puso de manifiesto el propio Tribunal de Cuentas en su informe sobre el sector público autonómico del año 2018, hablando de la
desigualdad normativa entre los territorios respecto a los plazos para la rendición de cuentas al tribunal y a los órganos fiscalizadores. Y falta de eficiencia, que se pone de manifiesto cuando se da la espalda a las mejores prácticas del mercado.
Y es que las mejores prácticas de auditoría, y lo he podido comprobar en mis veintinueve años de experiencia profesional, es que las grandes empresas han centralizado sus departamentos de auditoría interna y control interno de cumplimiento
normativo. Es verdaderamente inconcebible que no aprendamos de las mejores prácticas, más aún teniendo en cuenta que hablamos del control de los fondos públicos. (Aplausos).
Termino recordando que buscar la imparcialidad es sentido común, que buscar la eficiencia y la profesionalización es sentido común, que evitar la politización es sentido común, que evitar duplicidades es sentido común, y es que VOX es puro
sentido común.
Muchísimas gracias. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias.
Por el Grupo Popular en el Congreso, tiene la palabra el señor Suárez Lamata. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
El señor SUÁREZ LAMATA: Muchas gracias, señor presidente.
No voy a perder un minuto con las descalificaciones, señor Asens. Solamente le diré que quien descalifica e insulta permanentemente no ofende jamás, y usted es lo único que sabe hacer en esta tribuna. (Aplausos).
Señorías, señor Pagès, plantea usted una iniciativa que ha visto la acogida que ha tenido por todos los grupos independentistas, lo han entendido perfectamente. El Tribunal de Cuentas es un muro de contención de quien delinque, da golpes de
Estado, son sediciosos, y sencillamente los pone en su sitio. Lo han entendido perfectamente, señoría. (Aplausos). Bien es verdad que ustedes han encontrado en esta iniciativa el amparo del presidente del Gobierno, cuando dijo que el Tribunal de
Cuentas -en una declaración más bien burda, por ser suave- era un órgano administrativo y no jurisdiccional.
Mire, voy a tratar de explicar y desmontar cada uno de los disparates -no son errores, son disparates- que ustedes han dicho. Me ha parecido entenderles que la función jurisdiccional era lo peor que tenía el Tribunal de Cuentas. Explíqueme
por qué la Cámara de Cuentas vasca y la Sindicatura de Cuentas catalana, cuando aprobaron sus leyes, quisieron tener la función jurisdiccional, y fue el Tribunal de Cuentas quien lo tumbó. (El señor Pagès i Massó hace gestos negativos). Sí, señor
Pagès. El artículo 12 de la Sindicatura de Cuentas quería la función jurisdiccional, y lo tumbó. Léase la sentencia; luego se la voy a pasar para no dejarle en ridículo. Y sigo. Decían ustedes que esto es una cosa anacrónica y que no está
homologada. España, al igual que Francia, Italia, Bélgica y Portugal, se rige por el Código Napoleónico. Es nuestra historia y copiamos instituciones. Por lo tanto, la función jurisdiccional existe en España, en Italia, en Portugal y en Francia,
y que yo sepa nadie cuestiona la calidad democrática de ninguno de esos países, solamente lo hace el independentismo aquí. Por cierto, es un modelo que exportamos a toda
Sudamérica. Entonces, yo no acabo de entender que ustedes ahora quieran pertenecer al mundo anglosajón. Quieren separar Cataluña y subir un poco hacia el norte y cambiar la barretina por el bombín; no se me ocurre otra cosa, señorías, con
el dislate que plantea usted con esta iniciativa.
Hablan ustedes de que Europa descalifica la función jurisdiccional. Mire, lea la página 32 del informe -del pages reviews-; léalo, página 32 del informe que hizo el Tribunal de Cuentas, junto con el Tribunal de Cuentas Europeo, que dice
que el sistema es homologable, que tiene plenas garantías, que los funcionarios están cualificados y que dictan sentencias imparciales. Desmonta perfectamente las barbaridades que usted ha dicho hoy aquí. Y vamos al cuarto punto. Sus argumentos,
señorías, los de los independentistas, no son novedosos. Ahora se van a pasmar ustedes de quién los utilizaba. ¡Se van a pasmar ustedes! ¿Saben quién decía esto mismo? Jesús Gil y sus abogados en el caso Marbella. ¡Exactamente lo mismo! Y eso,
señorías, dio origen a las siguientes sentencias, que conformaron un cuerpo indisoluble de la responsabilidad contable: sentencias del Tribunal Supremo de 2 de marzo del 2012, de 28 de febrero de 2013, de 4 febrero de 2014 y de 21 de enero de 2015;
desmontan cada uno de los argumentos, señoría, que usted hoy ha manejado aquí. Y quinto, el Tribunal Constitucional, que no ha sido cuestionado en Europa, señorías -que yo sepa-, por nadie, ha homologado la función jurisdiccional. Ustedes tienen
un problema -la mayor parte de los que han subido a esta tribuna, salvo el señor Legarda?-: que no saben qué es la función jurisdiccional. Este es un problema serio cuando uno va a la tribuna. Decía que el Tribunal Constitucional -sentencias de
16 de noviembre de 1992, de 17 de octubre de 1988 y de 31 de enero de 1999- homologó la función jurisdiccional.
Señorías, yo pensaba, de forma ingenua -lo tengo que decir-, que esto iba de legalidad y ahora resulta que han entrado en la descalificación personal. Aquí se ha llegado a decir que el señor Aznar juzgó un asunto de su cuñada; lo ha dicho
el señor Asens y se ha quedado tan tranquilo, porque no sabe quién estaba en la sección de enjuiciamiento y que el señor Aznar sencillamente hacía informes. Pero aquí, en esta tribuna, vale todo; en la calle no vale todo. Pues bien, señor Pagès,
usted ha dicho que no eran independientes, que la señora Mariscal de Gante... Para una vez que en la sección de enjuiciamiento del tribunal hay tres magistrados, ustedes lo único que han repetido en esta tribuna ha sido que no eran jueces y es la
única vez, de todos los mandatos del Tribunal de Cuentas, que ha habido tres magistrados. ¿Y quién era el otro? El señor Felipe Ortiz, propuesto por el PSOE, un gran jurista. Solamente hace falta leer las sentencias, señorías, y no hace falta
entender de derecho. Además, le voy a decir algo: a la señora Mariscal de Gante nadie le ha casado una sentencia en el Tribunal Supremo. Ustedes dicen: no, el recurso es limitado. Lo que no saben es que se puede enjuiciar hasta la valoración de
los hechos. Ese recurso de revisión y casación es mucho más amplio que el que existe en la doctrina. Y para estar en esta tribuna y predicar, hay que dar ejemplo. Usted se ha quejado de la falta de independencia de los consejeros. Recientemente,
señorías, se ha nombrado la Sindicatura de Cuentas en Cataluña, un ejemplo de independencia como ustedes van a ver. Presidente, el señor Salazar, que ha ocupado todos los cargos habidos y por haber en Gobiernos distintos en Cataluña; la señora
Llum Rodríguez, propuesta por el PSOE, fue la que esta Cámara rechazó porque era incompatible por haber manejado fondos públicos -allí sí que sirve-. Pero sigo. La señora Tarrach, actual directora de Presupuestos, miembro del Gobierno de la
Generalitat. Sigo, la señora Cabasés ha ocupado diversos cargos de confianza en Esquerra y actualmente en Junts per Cat. El señor Roquer, candidato de Junts per Cat, miembro de coalición del Alto Ampurdán, alcalde de Borrassà y diputado del
Parlament toda una vida. Y el señor Rodríguez, exconcejal de Premià de Mar, ¿Esta es la independencia, señorías, que ustedes predican?
Le voy a decir una cosa, señoría: solamente ha habido un caso de delegación de un expediente del Tribunal de Cuentas en la Sindicatura. Fue el caso Palau, ¿le suena? Cinco años menos tres días y no se movió un dedo. Lo tuvo que recuperar
el Tribunal de Cuentas porque, si no, hubiera prescrito. Así es como actúan ustedes.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Señoría, debe terminar, por favor.
El señor SUÁREZ LAMATA: Sí, señor presidente.
A modo de conclusión, en esa época ética del nacionalismo, yo lo único que hoy he visto aquí y he aprendido es una cosa: a ustedes cuando les rascan el bolsillo, se acaba la épica, y es aquello de la pela es la pela y no futem.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Aranda Vargas.
El señor ARANDA VARGAS: Gracias, señor presidente.
Señorías, buenas tardes. Nos trae una parte del Grupo Plural, concretamente Junts, una proposición de ley para modificar la normativa del Tribunal de Cuentas para la que pide el voto favorable de esta Cámara. Les avanzo nuestro voto
negativo a su tramitación. Creemos que esta proposición que traen hoy es innecesaria, poco útil y contraria a la Constitución en su letra y en su espíritu. La Constitución regula el Tribunal de Cuentas en su artículo 136 y le atribuye una doble
función: como supremo órgano fiscalizador de las cuentas y gestión económica del Estado y del sector público, en primer lugar, y con potestad jurisdiccional en la determinación de la responsabilidad contable. Así, la jurisprudencia del tribunal ha
determinado que el Tribunal de Cuentas es supremo, pero no único, cuando fiscaliza, y único, pero no supremo, cuando enjuicia esta responsabilidad contable; así que, de la suma de la jurisprudencia, los antecedentes históricos del tribunal y la
interpretación del precepto constitucional, se constata que la Constitución atribuye a nuestro Tribunal de Cuentas una auténtica jurisdicción para la exigencia de las llamadas responsabilidades contables. Así, señorías, en ejercicio de esta
jurisdicción, el Tribunal de Cuentas es el juez ordinario predeterminado por la ley en materia de responsabilidades contables, único en su orden, con jurisdicción exclusiva, plena e improrrogable en todo el territorio nacional.
Señor Pagès, la proposición modifica, por ejemplo, el artículo 17 de la Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas para que dos de los elementos definitorios de la jurisdicción contable, su carácter de exclusiva y plena, desaparezcan. Pero su
carácter de exclusiva dimana del propio artículo 136.2 de la Constitución, que la configura como una excepción al principio de unidad jurisdiccional; exclusividad que implica que en las materias que le sean atribuidas conozca de todas las
cuestiones que se susciten con absoluta preferencia respecto a los demás órdenes jurisdiccionales. Los actos y disposiciones del Tribunal de Cuentas están sometidos al control directo de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal
Supremo. Y la pretensión de la proposición de ley de atribuir al órgano que proceda del orden jurisdiccional contencioso-administrativo del conocimiento del recurso de apelación contra las resoluciones del Tribunal de Cuentas, en los casos y forma
que determine su ley de funcionamiento, supone igualmente quebrar los principios antes mencionados. En definitiva, supone la propia consideración de la jurisdicción contable como una jurisdicción propia, al insertarla de una forma indeterminada
dentro de la contencioso-administrativa.
Hasta aquí, señorías, ciertamente de la lectura de su propuesta, y aun viéndola desde la posición contraria a sus argumentos, he de reconocer que se aprecia tras ella un trabajo intenso, y hasta cuando hacen propuestas técnicas, no pueden
por menos que acusar al Estado, al Gobierno, etcétera. Por eso, permítame decirle, señor Pagès -y sabe que lo digo desde el máximo respeto-, que nos hubiera gustado ver en su grupo parlamentario la misma intensidad, el mismo compromiso del
Legislativo en tramitaciones muy importantes para los ciudadanos, como son, por poner un ejemplo, los dos últimos presupuestos del Estado o más recientemente la reforma laboral. (Aplausos). Señorías, cuando oímos a su portavoz en esta Cámara no es
precisamente para tratar de alcanzar acuerdos ni siquiera para, a veces, mantener un diálogo constructivo, son más bien ataques al Gobierno y posiciones maximalistas sin margen alguno para encontrar puntos de encuentro. Tengo la sensación, y quizá
es solo la sensación, de que están siendo muy desaprovechadas sus técnicas legislativas, que responden más a una agenda partidista que a un compromiso con los ciudadanos, también con los ciudadanos catalanes y catalanas porque, dicho desde la
distancia ideológica y el respeto parlamentario, a su partido y al mío les separan no solo lo que creemos que ha de ser Cataluña y la relación de esta con el resto de España, no solo cómo han de ser las relaciones entre Gobiernos e instituciones, no
solo cómo entendemos el respeto a las instituciones de autogobierno catalanas, sino que nos separa, y mucho también, la política real, la política que hace avanzar a las sociedades, la política que mejora las condiciones de vida de nuestros
conciudadanos.
Mi convicción personal y política, mi divergencia sobre las formas y los fondos de nuestros fines políticos, no necesitan ni gritos ni insultos ni frases artificiales, porque creemos -creo- tanto en nuestra posición y en lo que trasladamos a
la ciudadanía española y catalana que no necesitamos ningún envoltorio o fuegos artificiales. Me basta, señoría, con la certeza de lo correcto. (Aplausos).
Miren, nunca, nunca un grito hizo más que un argumento, nunca un desprecio hizo más que un diálogo. Nuestra enmienda a la totalidad a su estrategia política independentista de su partido la hacemos
con razones, ideas y propuestas, con la mano tendida para avanzar en problemas reales, pero con firmeza de convicciones y con políticas públicas transformadoras, como decía, subiendo el SMI a los 1000 euros o trayendo a esta Cámara un
histórico acuerdo social para cambiar la reforma laboral.
Déjeme que le lea lo que su cabeza de lista en el Congreso nos dice -legítimamente, faltaría más-: No donarem un vot a canvi de res. No daremos un voto a cambio de nada, entendiéndose este nada por independencia de Cataluña, evidentemente.
No és responsabilitat d'un partit independentista el que passi a l'Estat espanyol. No es responsabilidad de un partido independentista lo que pase en el Estado español. Una pena ciertamente esta displicencia política, este desdén continuo, esta
construcción de una realidad mental paralela que no tiene traslación en el mundo real, porque el mundo real está aquí, señorías, con las decisiones políticas que automáticamente mejoran la vida de nuestros ciudadanos, vivan donde vivan y piensen lo
que piensen. Pero, oiga, es su voluntad soberana, faltaría más, es su decisión, es su manera de entender la función de su grupo en esta Cámara. No seré yo quien les dé consejos sobre qué necesitan de sus políticos los ciudadanos -y, créame que he
podido ver de primera mano en la Comisión de Justicia su trabajo y su capacidad de diálogo, y así se lo he agradecido muchas veces en privado, y lo digo también públicamente-, pero también le digo, al igual que al portavoz de la CUP, que aquí
hablaba sobre el pueblo catalán, que la voz de Cataluña en esta Cámara no es propiedad de ningún partido, por supuesto, no del mío, pero tampoco sin el mío esta voz está completa, y el mío, sin ánimo de hacer una valoración de méritos, fue el último
ganador de las elecciones catalanas en Cataluña hace un año. (Aplausos).
Por eso -y voy acabando, señor presidente-, y porque nos guía el interés general y el servicio público, y porque hace tiempo que decidimos avanzar sin mirar atrás, es por lo que no aceptamos de nadie lecciones de catalanidad ni de
progresismo.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
PROPOSICIONES NO DE LEY:
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO REPUBLICANO, SOBRE LA DEVOLUCIÓN DEL IVA COBRADO INDEBIDAMENTE A LOS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO. (Número de expediente 162/000895).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Pasamos al punto del orden del día relativo a las proposiciones no de ley. Comenzamos con la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Republicano sobre la devolución del IVA cobrado
indebidamente a los proyectos de investigación y desarrollo.
Para la presentación de la iniciativa, tiene la palabra el señor Margall Sastre.
El señor MARGALL SASTRE: Gràcies, president.
Bona tarda, diputades i diputats. Ayer conocíamos una noticia muy esperanzadora en el campo de la investigación de la lucha contra el cáncer. Investigadores del Instituto de Oncología del Hospital del Vall d'Hebron han demostrado que una
proteína terapéutica inhibidora de los genes MYC podría ser eficaz para frenar la metástasis en el cáncer de mama, un cáncer muy extendido que afecta a miles de mujeres anualmente. Cuando ocurren estas situaciones, como lo fue también la rápida
reacción en la creación de las vacunas para la lucha contra el SARS-CoV-2, es cuando todos nos acordamos de la ciencia. No obstante, este valor que se da al conocimiento y a la investigación no es permanente en el tiempo, ni ha sido percibido como
algo imprescindible muchas veces para la ciudadanía, sobre todo por parte de los poderes públicos. Habida cuenta del trato que se da a la comunidad científica, cualquiera podría deducir que no se le da el valor real que tiene. Anticipar, por
ejemplo, una catástrofe como el volcán de La Palma conlleva décadas de estudios, correcciones de errores, modelización, experimentación, etcétera, algo que requiere de equipos estables de investigación, con sus necesidades laborales y de recursos
imprescindibles. Es por esto que, mucho más allá de acordarnos de la comunidad científica cuando explota un volcán o cuando se declara una pandemia, se debe atajar de una vez por todas el problema de la inversión en investigación y de la
precariedad laboral del sector, algo que preocupa y afecta a muchas personas en una situación de gran inseguridad laboral en muchos centros de investigación en el Estado español.
En Cataluña existen numerosos centros de investigación, ya sean asociados a universidades o no, que hacen que este sector sea puntero, ya no solo a nivel del Estado español, sino también de toda
Europa. Pero no siempre la actuación de las distintas administraciones hacia estos centros ha sido la adecuada. Según resolución vinculante de la Dirección General de Tributos, de 23 de noviembre de 2009, las actividades investigadoras
cuyos resultados se destinen a ser cedidos a terceros en condiciones de mercado o en procedimientos de concurrencia competitiva estarán sujetas y no exentas del impuesto sobre el valor añadido, originando el derecho a la deducción del impuesto
soportado por la adquisición o importación de bienes o servicios destinados a la realización de tales actividades. Por tanto, según la normativa tributaria vigente de la Agencia Tributaria, tienen la obligación de devolver el IVA pagado por centros
en las debidas liquidaciones tributarias. A pesar de esta obligatoriedad, el Ministerio de Hacienda está reteniendo el IVA del I+D+i en los centros de investigación y universidades, negándose a devolverlo, algo que contraviene, tanto la legislación
española como la normativa europea.
El Cuerpo de Inspectores de Hacienda alega que la investigación y el desarrollo no es una actividad económica. No obstante, ofrecen dispensas o quitas parciales a los centros para evitar contenciosos judiciales que probablemente el
estamento perdería. En 2016 el Tribunal Supremo se pronunció en sendas sentencias a favor de las universidades de Santiago de Compostela y de Salamanca, que habían demandado al tribunal en relación con la dilación de la Agencia Tributara en el
retorno del impuesto. Esta conducta de la Agencia Tributaria perjudica aún más a los centros autonómicos, que son financiados con las subvenciones de la propia comunidad autónoma. Es decir, el Estado central aprovecha esta práctica para desviar
recursos de los Gobiernos autonómicos. Así pues, si un centro depende directamente del CSIC, es el propio ministerio el que otorga una subvención que puede llegar a compensar el IVA no devuelto. En cambio, en centros que dependen de la
Administración autonómica quien paga esta subvención es el propio Gobierno autónomo, de tal modo que la compensación acaba de vuelta al Gobierno central en forma de un IVA que debería quedarse en la propia comunidad autónoma.
Esta proposición no de ley propone acabar con estas prácticas dilatorias de Hacienda, que lastran la tesorería de los centros de investigación, ya de por sí muy mermada en recursos, algo que pone en serio riesgo a la investigación y al
desarrollo tecnológico, un sector que, según el propio Gobierno, es una prioridad para la modernización de la economía al servicios de la ciudadanía, y más con la experiencia de la pandemia de la COVID-19, que ha puesto de relieve como nunca la
necesidad de potenciar el talento en I+D+i. Por todo esto, les pedimos el apoyo a esta proposición no de ley.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Para la defensa de la enmienda formulada por su grupo, interviene, por el Grupo Parlamentario Mixto, el señor Martínez Oblanca.
El señor MARTÍNEZ OBLANCA: Muchas gracias, señor presidente.
Permítame un recuerdo a la señora Mariscal de Gante, a la que, como ministra de Justicia, los asturianos le debemos el desdoblamiento de la Audiencia Provincial y a la que, como consejera del Tribunal de Cuentas, los españoles le debemos una
permanente y enorme tarea de compromiso y rigor con su país. Gracias por tanto.
Señorías, he presentado una enmienda a la iniciativa parlamentaria que ha explicado el señor Margall, en pos de la devolución del impuesto sobre el valor añadido, con los correspondientes intereses, a los centros de desarrollo e
investigación. En defensa de la ciencia y de la innovación se plantean, a través de esta proposición no de ley, algunas cuestiones que, por paradójicas y expresadas por uno de los puntales habituales del Gobierno, cabe resaltar. La primera es el
reconocimiento de que el Ejecutivo de Sánchez no cumple la legalidad, cuestión que ya sabemos quienes nos opusimos en esta Cámara, por ejemplo, a los estados de alarma, que acabaron siendo declarados inconstitucionales a instancias de recursos del
Grupo Parlamentario VOX, y en los que los investigadores fueron considerados personal no esencial. Sabiendo, señor Margall, que no son ustedes nada fans del texto constitucional sobre el que están basadas todas nuestras leyes, sorprende que se nos
pongan ahora tan proactivos en la exigencia del cumplimiento de las leyes y normativas, en este caso de los tributarias, y respecto a esta específica cuestión de la devolución del IVA, asunto que se remonta casi una década atrás.
La segunda paradoja es que se desliza en esta iniciativa que el Ministerio de Hacienda coacciona a los centros catalanes de investigación para que acepten las ofertas de prorrateo en las devoluciones del IVA que realiza la Agencia
Tributaria. Desconozco la profundidad de esta acusación, que, en todo caso, nos situaría en la presunta aplicación de procedimientos ilegales que no deberían quedar solo
en una nebulosa de denuncias al éter y que habría que combatir. Vuelvo a recordar que hace tres meses al Grupo Parlamentario Esquerra Republicana de Catalunya le parecieron muy correctos los mecanismos presupuestarios estatales contemplados
para la ciencia y la innovación, y que se elaboran precisamente con la recaudación de impuestos y, de forma destacada, con el IVA del que este Gobierno no quiere ni hablar.
Señorías, en el fondo de esta iniciativa late lo que ya es un mal crónico, la escasez de recursos de los que disponen nuestros investigadores y los centros en los que realizan su tarea. Digan lo que digan los publirreportajes de la ministra
Morant Ripoll, continúa siendo asfixiante la labor científica y, de hecho, ante la falta de certidumbre, persiste el éxodo de talentos hacia otros países en los que la estabilidad laboral no depende de la volatilidad de los contratos, recursos y
medios que malamente se proporcionan en España.
Tampoco es mucho mejor la situación derivada de una asfixiante burocracia, y no quisiera desaprovechar mi paso por la tribuna sin citar el nada edificante modelo de centralización científica, que en Asturias se ha llevado, por ejemplo, de
mudanza el Instituto de Productos Lácteos de Asturias dependiente del CSIC, trasladando caprichosamente su sede desde su ubicación, en la pequeña localidad de Villaviciosa, a Oviedo. Luego, algunos se quejarán de que los males de la España vaciada
vayan a más, pero el Gobierno de Sánchez desoyó al Parlamento de Asturias y a quienes nos opusimos a este traslado.
Señorías, volviendo a la parte dispositiva de esta iniciativa que denuncia prácticas de escamoteo tributario en el retorno del IVA y coacciones de la AEAT en torno a su devolución a los centros de investigación, hay otro aspecto que quisiera
señalar y que yo creo -permítanme el juicio de intenciones- que es el principal motivo de esta proposición no de ley, cuando se afirma, en la exposición de motivos, que el Estado se está beneficiando de una práctica dilatoria que desvía a su favor
recursos económicos que deberían llegar a las comunidades autónomas. Resulta legítima la defensa de los intereses autonómicos, pero lo crucial es que el Gobierno cumpla con el conjunto de la comunidad universitaria y se aclaren de una vez por todas
los conceptos en torno a la investigación básica y a la investigación aplicada para establecer su adecuada y respectiva clasificación como actividad económica. De esta forma se evitaría la recaudación del IVA por el método manu militari que se
quiere corregir. Viene al caso recordar las sentencias del Supremo favorables a las universidades de Santiago y Salamanca hace seis años, e incluso otra anterior de la Audiencia de Madrid a favor de la Complutense, también por reclamaciones en
torno a retenciones del IVA.
En definitiva, he presentado una enmienda de adición para instar al Gobierno a alcanzar con la CRUE Universidades Españolas un acuerdo sobre la definición de los gastos en torno a la investigación y aplicación del derecho de deducción del
IVA por la entrega y servicios en la actividad de investigación básica.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Común Podem-Galicia en Común, tiene la palabra el señor Mena Arca.
El señor MENA ARCA: Gracias, presidente.
Entre los diferentes aprendizajes que nos ha aportado la pandemia, uno muy importante es que ni este país ni el mundo en general tienen futuro si no cuidamos a los que nos hacen avanzar en ideas, en conocimiento y en innovación. Se lo
debemos por muchos motivos. Hemos vivido una década de conocimiento perdido en nuestro país; España ha perdido más del 10 % del total de sus investigadores desde la llegada de Rajoy al Gobierno; ahora, este Gobierno de coalición está haciendo una
apuesta decidida por revertir aquellas políticas que expulsaban a nuestros jóvenes talentos a servir cafés a Londres o a Berlín. Esas políticas han provocado el envejecimiento y la precariedad de nuestro talento investigador. Les aporto un dato:
en 2009, por ejemplo, un tercio de los académicos tenían más de 50 años. Hoy, ese porcentaje ha subido hasta prácticamente la mitad. Eso quiere decir que tenemos a miles de jóvenes preparados esperando una oportunidad. Así, compartimos con
Esquerra Republicana la necesidad de mejorar las condiciones de los investigadores, pero no tal y como ustedes lo plantean en esta propuesta.
Ustedes parten de dos concepciones que, desde nuestro punto de vista, son erróneas. La primera es que el IVA no es subvencionable. La financiación de la ciencia no debe venir por deducciones de cuota, como plantean aquí, sino por una
adecuada financiación de los servicios públicos. Y la segunda es que intentan ustedes simplificar un debate al afirmar que todas las actividades de investigación y desarrollo en
ciencias naturales y técnicas están exentas o no sujetas al IVA, cuando ustedes saben que las dos sentencias a las que han hecho mención no dicen eso. Lo que hay que hacer es abordar el debate de la reforma fiscal que Unidas Podemos trajo a
este Pleno la semana pasada. Es uno de los retos más importantes que tiene este Gobierno de coalición.
La pandemia nos marcó un sentido claro: además de apostar por aquellos que nos hacen avanzar en ideas, cuyo conocimiento genera vacunas que luego nos salvan, los que más cobran más deben aportar para sufragar hospitales que nos cuidan y
colegios que nos forman. La crisis sanitaria nos demanda profundizar en la idea de la redistribución y también de la igualdad, y nuestra propuesta de reforma fiscal sigue este camino. Pero, no engañemos a nadie, estas políticas no son posibles si
España no cuenta con una estructura fiscal y tributaria similar a la que tienen los países de nuestro entorno. Poder tener un Estado del bienestar como los países más avanzados de Europa requiere también un sistema tributario similar al de estos
países. España tiene que ser más Europa y menos excepción.
Además, perdonen que les diga, a ustedes les pasa un poco como aquel refrán que dice: consejos vendo que para mí no tengo. Últimamente parece que se han especializado en decir una cosa aquí, en Madrid, y hacer otra allí, en Cataluña, donde
gobiernan. Y no lo digo, por ejemplo, por las deficientes formas que está demostrando el conseller Cambray estos días. No puede ser que ustedes exijan diálogo cuando se trata del Gobierno del Estado y que luego practiquen la imposición y la falta
de planificación con la comunidad educativa cuando gobiernan en la Generalitat. No lo digo por eso, lo digo porque ha sido precisamente Cataluña una de las comunidades del Estado que ha sufrido un retroceso más notable en la inversión educativa e
investigadora. La mejor manera de garantizar que Cataluña siga siendo un referente en investigación y desarrollo no es tanto por las deducciones en cuota como por la financiación que haga el Gobierno que ustedes presiden. Hay que poner fin a que
la carrera investigadora sea una carrera de obstáculos; si hace falta, también con la devolución del IVA en la forma que les proponemos en la enmienda que hemos registrado, y esperamos que ustedes acepten. Eso es lo que estamos haciendo: dar un
impulso desde el Ministerio de Trabajo para acabar con esos contratos de obra y servicios que tanta precariedad han causado también en el ámbito académico y de investigación, y que parece que su consellera, la señora Geis, tampoco entiende.
En definitiva, el futuro de la investigación pasa por una buena financiación pública, acabar con la temporalidad en el sector y también seguir el camino ya iniciado por el Ministerio de Universidades de ampliar becas, bajar las tasas
universitarias y los precios de los másteres hasta los niveles actuales de grado. Estoy seguro de que en ese camino nos encontraremos, señores de Esquerra Republicana, y es el camino que queremos transitar en esta enmienda.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra el señor Utrilla Cano. (Aplausos).
El señor UTRILLA CANO: Gracias, presidente. Buenas tardes, señorías.
Señores de Esquerra, entre ustedes y nosotros hay un abismo no solo político e ideológico, sino también de valores. Ustedes odian a España y quieren verla hecha añicos. Nosotros amamos a nuestra nación y creemos en su unidad
inquebrantable. (Aplausos). Ustedes detestan a nuestra Policía y Guardia Civil; desde esta tribuna han dicho que son unos salvajes y que sienten asco y aversión hacia esas fuerzas de ocupación. En VOX no solo sentimos un profundo respeto por los
hombres y mujeres de estos cuerpos, sino también un enorme agradecimiento y aprecio. (Aplausos).
En VOX creemos en la libertad del individuo, en la libre elección del idioma para la educación de nuestros hijos, en la libertad de expresión, en la libertad de religión; ustedes, en la represión de todo lo anterior. Hoy aquí ponemos en
evidencia otra de las diferencias fundamentales que hay entre ustedes y nosotros. Si cualquier partido pone sobre la mesa una iniciativa objetivamente buena para España, la apoyamos sin pestañear, sin dudar y venga de quien venga. (Aplausos).
Ustedes, demócratas de pacotilla, rechazan sistemáticamente nuestras propuestas solo por ser de VOX y hacen contorsionismo argumental para tratar de explicar su negativa. Esto lo hemos demostrado en multitud de ocasiones votando a favor de
iniciativas suyas y de otros partidos. Hoy volveremos a darles ejemplo de coherencia y apoyaremos esta iniciativa por la sencilla razón de que es buena para la ciencia si no la malogran los cambios y enmiendas de otros partidos. (Aplausos).
Presentamos una enmienda, ya que los artículos 4 y 5 de la Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido dictan que la actividad de investigación llevada a cabo por las universidades únicamente quedará sujeta al impuesto del valor añadido si, como
consecuencia de la misma, se llevan a cabo entregas de bienes o prestaciones de servicios a título oneroso. Quedan, por tanto, fuera del ámbito de aplicación del citado tributo todas aquellas operaciones que se realicen sin que medie
contraprestación alguna por las mismas. En román paladino y para que nos entendamos: cuando la universidad desarrolle proyectos de investigación sin el objetivo de explotar económicamente los resultados que pueda conseguir de los mismos, sino con
la finalidad de ofrecerlos al conjunto de la sociedad sin ánimo de obtener contraprestación alguna por los mismos, tal actividad quedarían no sujeta al IVA. Que les quede claro, a pesar de que nos llamen negacionistas, VOX siempre ha estado
apoyando la ciencia y siempre la apoyará. (Aplausos).
Por último, se les ve a ustedes sufriendo porque cada vez más trabajadores nos votan y nos apoyan. Lo repiten cada vez que suben a esta tribuna y, se lo garantizo, en esta pasada campaña en Castilla y León por las calles y plazas se nos han
acercado incontables autónomos, currantes, a decirnos que somos su última esperanza, y no les vamos a fallar. Cuando suben a esta tribuna se preguntan sin cesar que si alguno de nuestros diputados de VOX y un trabajador votan lo mismo, ¿quién está
equivocado de los dos? Yo se lo diré y resolveré su dilema: ustedes son los únicos que se equivocan (aplausos), porque los trabajadores de España, incluidos los catalanes, se han cansado de sus traiciones y mentiras. ¿A quién quieren que voten?
¿A los señores socialistas, que se gastaban su dinero en Andalucía en cocaína y prostitutas? Sí, señores, los ERE de Andalucía, hasta 680 millones. ¿O al señor Echenique, que explotó al único trabajador que tuvo sin pagar su Seguridad Social? ¿Se
imaginan al señor Echenique con una empresa de miles de trabajadores? ¿O a los comunistas de este país, que en lugar de cantar ¡A las barricadas!, en su himno, ahora cantan 'a las mariscadas'? (Aplausos). ¿O a ustedes, señores de Esquerra, que
prometieron a los trabajadores de Cataluña que les iría mejor con el procés, que serían más ricos y felices? Y Cataluña, desde entonces, no para de perder tejido productivo y de ganar ruina, miseria y ruptura social. Conocíamos hace unos días que
Volkswagen se lleva la fabricación de motores eléctricos a Hungría, en lugar de hacerlo en su planta de Martorell. Otro éxito de la Administración separatista. Enhorabuena. (Aplausos).
Ya no engañan a nadie. Dejen de despilfarrar en embajadas y asociaciones mafiosas y dediquen todos los recursos a la investigación y a la ciencia, aunque esto que les pido es tan utópico como la república independiente que nos quieren
imponer.
Muchas gracias. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Guaita Esteruelas.
La señora GUAITA ESTERUELAS: Gracias, presidente. Buenas tardes.
Señorías, nadie dudaba antes de la pandemia del papel fundamental de la ciencia para los avances de nuestra sociedad, y la pandemia no ha hecho más que reforzar la opinión de que sin ciencia nuestro país no avanza. Muchos son los
científicos y científicas que dedican su vida a conseguir avances sanitarios, sociales o económicos para que nuestra sociedad sea más justa y equitativa, pero nuestro país no siempre ha respondido de manera recíproca al empeño del personal
científico y técnico, con idas y venidas en los Presupuestos Generales del Estado que han hecho, en muchos casos, que las carreras científicas y los proyectos científicos sean inviables. Para la derecha, la ciencia siempre se ha visto relegada a un
papel secundario, pero para los diversos gobiernos socialistas ha sido una pieza clave. Porque mientras para la derecha la política científica se basa en un tuit, una foto, para acabar votando en contra de los avances legislativos, los gobiernos
socialistas han dado pasos claves para acabar con la precariedad laboral que ha estado tradicionalmente ligada a la carrera científica. (Aplausos).
Señorías, ¿recuerdan cuando los investigadores predoctorales no tenían contrato laboral, ni tan siquiera Seguridad Social? Yo sí lo recuerdo porque a mí me pasó. ¿Saben quién dio el paso de los cuatro años de beca a dos años de beca más
dos años de contrato? Un gobierno socialista. ¿Saben quién pasó de dos años de contrato a cuatro años de contrato para el personal investigador predoctoral? Un gobierno socialista. ¿Saben quién aprobó el Estatuto del personal investigador
predoctoral en 2019, con un incremento del 12 % en las retribuciones? Un Gobierno liderado por un presidente socialista. ¿Y saben, finalmente, en este 2022, quién va a aprobar en la nueva ley de la ciencia un nuevo derecho para científicos
y científicas de nuestro país y una larga reivindicación de los predoctorales y posdoctorales? Un gobierno liderado por un presidente socialista. (Aplausos). Porque, señorías, el apoyo a la ciencia se demuestra con hechos, como la
aprobación de la Ley de la Ciencia en 2011 de la mano de un gobierno socialista, o la aprobación el pasado 18 de febrero de 2022, en el Consejo de Ministros, del anteproyecto de ley que modifica la Ley de la Ciencia, de parte de un gobierno de
progreso. Esta ley va a dignificar las condiciones de trabajo de investigadores e investigadoras, con una parte muy importante que va en la línea de la PNL de Esquerra: garantizar la financiación pública estable y creciente de la I+D+i, alineada
con la Unión Europea, y en esta línea trabajan el Gobierno y el Grupo Parlamentario Socialista. Porque mientras la derecha expulsaba al personal científico del sistema y del país y decían que era movilidad internacional, el Gobierno de Pedro
Sánchez mejora las condiciones del personal científico, poniendo fin a la precariedad laboral y creando un nuevo contrato indefinido, marcando un itinerario estable.
Señorías de la ultraderecha, de los cinco minutos que han dedicado a hablar de esta PNL han dedicado uno a hablar de la ciencia, esta es su aportación a la ciencia. Porque, señorías, VOX y ciencia son un oxímoron, porque son negacionistas
de la ciencia y no apoyan la ciencia, sino que apoyan pseudociencias: no a la vacunación -un gran hito de la ciencia-; no al cambio climático -una gran demostración científica-. Por tanto, ustedes no trabajan por la ciencia, ustedes trabajan por
unos chiringuitos que no tienen ningún fundamento científico. (Aplausos). La derecha y la ultraderecha dicen apoyar la ciencia, pero votaron en contra del incremento del 59 % en los presupuestos del Estado del 2021 y en el presupuesto del 2022,
que también incrementaba el presupuesto un 19 %, llegando a 3843 millones de euros. ¿Saben qué hacía el PP cuando gobernaba? Reducción del presupuesto en ciencia en un 40 %, implicando una década perdida para la ciencia española. Supongo que si
quieren luchar y defender la ciencia, como ustedes se llenan la boca cuando suben a tribuna, por lo metros votarán a favor de la modificación de la Ley de la Ciencia.
Señor Margall, la devolución del IVA en determinadas actividades ya está marcada por la ley, como usted sabe, y el Gobierno lo va a cumplir, pero si queremos hablar de inversión en ciencia, eso es presupuesto, y en esto también está
comprometido el Gobierno y este grupo parlamentario, de ahí la enmienda que le hemos presentado.
Supongo que si todos los grupos parlamentarios quieren luchar y defender la ciencia, van a remar en el mismo sentido y aprobar la próxima ley de la ciencia.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra la señora Sagastizabal Unzetabarrenetxea.
La señora SAGASTIZABAL UNZETABARRENETXEA: Gracias, presidente.
Hoy el Grupo Republicano nos trae una PNL para debatir una controversia acerca del tratamiento fiscal en el IVA de los gastos generados por los proyectos de investigación básica de las universidades y centros de investigación, que
normalmente se financian con recursos propios de la universidad y con subvenciones de las distintas administraciones territoriales. Así, la postura de la Agencia Tributaria argumentaba que la investigación básica estaba vinculada con la actividad
de enseñanza y, por tanto, no podía deducirse el IVA. Y la postura de las de las universidades decía que ambas ramas de la investigación, tanto la básica como la aplicada, deberían ser tratadas como investigación aplicada, que sí permitía la
deducción. Es una controversia que, a pesar de que ha sido resuelta por los tribunales, sigue estancada, a tenor de lo que nos explican en su PNL.
Mi grupo va a apoyar esta iniciativa porque entendemos que en este tipo de materias que conciernen a la investigación aplicada, a la investigación básica y, desde luego, a la I+D+i, es conveniente utilizar un enfoque lo más amplio y
permisivo posible para permitir la deducción del IVA de estas operaciones, pues todo ayuda a avanzar en conocimiento. La investigación básica es esencial para avanzar en conocimiento, pero también abre nuevas vías para la investigación aplicada,
una investigación básica que a veces se materializa en resultados concretos y a veces no, pero ello no quiere decir que no haya habido una orientación al mercado para poder deducirse ese IVA. No se entiende, además, el proceder de la Agencia
Tributaria, cuando las sentencias son claras, por lo que no ha de haber dilación alguna en relación con la devolución de ese IVA, y menos en este momento, que además parece que el Gobierno apuesta por la investigación como motor de la economía. Hay
que decir que la investigación en España, hasta ahora, ha estado en la
cola de los países de la OCDE y de la Unión Europea. Es cierto que no se puede incentivar la innovación y la ciencia en base a una deducción del IVA, sino de una correcta financiación, pero tampoco se puede decir que no haya que devolver un
IVA cuando los tribunales han dicho que se tiene que hacer.
Como he dicho, nosotros apoyaremos la propuesta, pero también entendemos que sería aconsejable un criterio común acerca de la definición de esos gastos y de su posible deducción para que no haya en el futuro ninguna controversia más.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor López-Bas Valero.
El señor LÓPEZ-BAS VALERO: Gracias, señor presidente.
Señorías, en Ciudadanos damos la bienvenida a una iniciativa que aborda uno de los principales problemas del sistema de ciencia, tecnología e innovación, una administración pública que, en este tema, ha tenido incluso que ser condenada por
la Justicia en varias ocasiones a devolver el IVA a universidades y centros de investigación por los gastos en I+D. Por supuesto que estamos de acuerdo en esto. Estamos, en todo caso, pendientes de las enmiendas que se han anunciado para ver cuál
es el texto final que se traerá a votación. Es más, entendemos que al Gobierno no le cabe si no cumplir con lo que el Tribunal Supremo ya ha dicho que es la aplicación de la ley.
Pero esto no es más que uno de los muchos problemas que la investigación científica tiene en España, unos problemas que ya vienen de años atrás, que se suponía que iban a solucionarse con la Ley de Ciencia de 2011, hace una década, pero
resulta que no ha sido así. De hecho, los problemas siguen siendo los mismos que en aquel momento se trataba de resolver, como la falta de estabilidad y seguridad en la carrera profesional de los investigadores, la falta de medios y recursos de
manera determinada y clara y el exceso de burocracia, que impide que los investigadores se dediquen precisamente a investigar. Todos estos problemas de siempre tienen uno más, que es el problema de la aplicación incorrecta por la Agencia Tributaria
de criterios legales para negar a universidades y centros de investigación, como se dice en su proposición, que se les devuelva el 100 % de los gastos invertidos en investigación y desarrollo tecnológico, en ciencias naturales y técnicas. Sin
embargo, se ha hecho la propuesta de quitas y esperas a esas devoluciones a fin de evitar reclamaciones judiciales, como las que en 2016 ya supusieron pronunciamientos judiciales a favor de las universidades de Santiago o de Salamanca,
pronunciamientos judiciales que se han repetido en el caso de otras universidades. Todo este despropósito al final es una regulación insuficiente, pese a lo que se ha dicho de que la ley de 2011 fue un gran avance. Lo fue, pero no, desde luego, ni
el necesario ni el suficiente, y esto es producto de los gobiernos del Partido Popular y del Partido Socialista, que conocían los problemas y no han hecho realmente nada eficaz para solucionarlos. Es más, el proyecto de ley de ciencia anunciado
esta semana por la ministra Morant ya tiene las primeras críticas del sector investigador. Es insuficiente. (La señora presidenta ocupa la Presidencia).
Desde Ciudadanos hemos trabajado y reclamado siempre una regulación legal para la ciencia realmente eficaz; que no ponga siempre en el punto de mira de la sospecha a los investigadores; que elimine las trabas burocráticas; que permita una
financiación más ágil y accesible, o que refuerce la necesaria labor de control de los fondos públicos en esa financiación, pero siempre ex post, es decir, cuando ya estén a disposición de los investigadores para no hacerles perder tiempo. En una
palabra, financiación rápida pero no reñida con una fiscalización seria, porque no son conceptos incompatibles. Fuimos nosotros quienes exigimos y logramos el acceso a la innovación de las pequeñas y medianas empresas a través de la Red Cervera,
que permite la financiación de proyectos de I+D+i de empresas hasta en un 85 % por el CDTI. Somos nosotros quienes solamente hace unos días hemos propuesto que se refuerce la asistencia a los investigadores españoles por medio de la figura de los
gestores de la investigación, que puedan encargarse del trabajo burocrático propio de este ámbito, liberando a los investigadores para que se dediquen a su labor, para que puedan ser ellos los que busquen la financiación, controlar las convocatorias
y los plazos y justificar los gastos cuando proceda. Somos nosotros igualmente los que venimos años reclamando un plan de atracción, retención y retorno del talento investigador, para lo que hemos planteado, pese a los anuncios que se han hecho en
muchas ocasiones desde el ministerio, algo que todavía no se ha materializado de ninguna manera: bonificaciones progresivas para las empresas de hasta el 25 % en la contratación de investigadores con contrato indefinido y una duración mínima de
cinco años, o bonificaciones adicionales en las contribuciones de Seguridad Social de hasta el 80 % en el
primer año cuando se contrate a personal investigador que hubiera salido de España a obtener su doctorado o a continuar su labor investigadora; una línea de ayudas a la contratación de personal investigador que hubiera salido de España,
cuando se haga por mínimo de cuatro años, por parte de universidades o de cualquier OPI; una línea de ayudas específica para la contratación de personal investigador que hubiera salido igualmente de España, con el objetivo de facilitar su
contratación por parte de pymes innovadoras y startups durante un periodo mínimo de tres años, o la revisión, en la que hemos insistido, del estatuto del personal investigador predoctoral en formación para atajar la precariedad de los contratos
predoctorales, para transformar ese modelo de contratación en un verdadero puente entre la formación académica y la aplicación del avance científico (rumores) en el sector privado...
La señora PRESIDENTA: Les pido un poco de silencio, por favor.
El señor LÓPEZ-BAS VALERO: ..., otorgando incentivos también a las empresas si el investigador predoctoral con el que hayan mantenido una relación contractual finalmente obtiene su título de doctorado.
No se trata solo de pretender soluciones parciales para las universidades y los centros de investigación en ciencia, como se pide en esta proposición no de ley -que también, y por eso la vamos a apoyar-, pero no podemos quedarnos solo en eso
cuando además existen sentencias y jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre el particular. Se trata de que este Gobierno haga lo que no ha hecho antes ni con el Partido Socialista ni con el Partido Popular, que empiece a apostar de verdad por un
sistema de ciencia eficiente y que destaque por su aportación de valor añadido a la sociedad, por su competitividad y por su calidad. En esto los investigadores saben que siempre podrán contar con Ciudadanos, porque siempre hemos estado aquí.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor López-Bas. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario Plural, tiene la palabra, en primer lugar, el señor Baldoví Roda.
El señor BALDOVÍ RODA: Moltes gràcies, presidenta.
En días como hoy, en que vemos el canibalismo atroz de la política, a mí me gustaría que fuera más clara, más sencilla, más de sentido común, y esta propuesta es de sentido común. Si hay una sentencia que dice que se tiene que devolver el
IVA a las universidades y a los centros de investigación, pues que se devuelva. Es tan sencillo como que se cumpla la ley. A veces parece que reclamar que se cumpla la ley es pedir la luna. No, se está pidiendo que se cumpla y, por tanto, que
esos recursos se liberen y se puedan dedicar a cosas interesantes, como son la investigación y el conocimiento.
Por tanto, votaremos a favor. Esta proposición está cargada de razón, como decimos en mi tierra. Que Hacienda cumpla y que devuelva el IVA a las universidades y a los centros de investigación, y que se haga ya.
Gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Baldoví. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el mismo grupo parlamentario, tiene la palabra el señor Bel Accensi.
El señor BEL ACCENSI: Gràcies, presidenta. Muy brevemente.
Vamos a votar a favor. Estamos de acuerdo. Conocemos la problemática y la intentamos solucionar desde hace tiempo, aunque la enmienda nos la vetaron en los Presupuestos Generales del Estado. Yo conmino a todos los grupos parlamentarios
que hoy van a votar favorablemente esta proposición no de ley que tomen nota de lo siguiente. Proyecto de ley de modificación de la Ley de Impuestos Especiales, de la Ley del IVA y de la Ley de Tasas Consulares. Proyecto de ley del Gobierno, que
mandó a la Cámara. Finalizó el periodo de presentación de enmiendas a finales de noviembre. Tomen nota. Enmienda 41 del Partit Demòcrata. Todos los que hoy voten a favor de esta PNL tendrán que votar, por coherencia, a favor de la enmienda 41.
¿Qué dice la enmienda 41? Muy sencillo: modifica el artículo 78 de la Ley del IVA, concretamente el apartado dos, punto 3.º, e introduce un párrafo donde se expone que la investigación genérica o básica sea considerada actividad económica.
Por tanto, todos los que hoy estén votando a favor de esta PNL recuerden: enmienda 41, proyecto de ley de modificación de la Ley del IVA, de la Ley de Impuestos Especiales y la Ley de Tasas Consulares.
Muchísimas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Bel. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Finalmente, por el Grupo Parlamentario Plural, tiene la palabra la señora Illamola Dausà.
La señora ILLAMOLA DAUSÀ: Gràcies, senyora presidenta. Bona tarda.
Hace unas semanas el exconseller de la Generalitat de Catalunya, Puigneró, de Polítiques Digitals i Territori, el conseller Giró, d'Economia i Hisenda y la consellera Geis, de Recerca i Universitats mandaron una carta a la ministra de
Ciencia e Innovación quejándose de los efectos perniciosos del Real Decreto 1040/21, de 23 de noviembre, que es el relativo a proyectos innovadores en el despliegue de las tecnologías 5G avanzado y 6G. El contenido de la carta es otro ejemplo que
debe sumarse al que presenta hoy el Grupo Republicano con esta PNL. En ambos casos tenemos una situación similar. Hay una subvención a grupos, a centros o a proyectos de investigación, cuyos fondos salen o bien del presupuesto de la Generalitat o
de los fondos europeos, según el caso. Los beneficiarios pagan un IVA con parte de la subvención que reciben. El IVA no puede ser compensado ni puede ser recuperado. Por soportar el IVA, a los beneficiarios se les destina menos cantidad de dinero
que el que han recibido para la investigación y el IVA pasa a engrosar parte del presupuesto de España, que ha aportado cero a esta inversión. O sea, que España, que no invierte ninguna de estas cantidades en investigación -en concreto, hablo de
estas-, gana dinero con subvenciones de la Unión Europea o de Cataluña, mientras que los beneficiarios de la subvención pierden esta cantidad por el IVA y, por tanto, tienen menos recursos para investigar, que es para lo que recibían el dinero.
Eso lo hace el Gobierno de España, además incumpliendo sus propias obligaciones, porque el Ministerio de Hacienda -nos lo recuerdan en la PNL- está obligado, por distinta legislación y jurisprudencia, a devolver el IVA pagado por los centros
de investigación. El Ministerio de Hacienda incumple esta obligación que tiene. Ahora bien, quizás el Ministerio de Hacienda incumple porque no le gusta esta obligación, igual que también incumple, por citar otro ejemplo, la Ley de Presupuestos
Generales del Estado. Hablo, por ejemplo, de los 9000 millones de euros de fondos COVID. Fue una enmienda que presentó Junts per Catalunya y que fue aprobada por distintos grupos parlamentarios -todos, excepto los del Gobierno- y que la ministra
se apresuró a decir que no iban a ejecutar. Ustedes, señorías de los partidos de Gobierno, que siempre defienden que debe cumplirse la ley, están ahora incumpliendo la ley. Tenemos aquí dos ámbitos esenciales de incumplimiento: los fondos COVID
-las necesidades derivadas de la pandemia persisten; no han terminado, lamentablemente- y la investigación, que es el futuro de un país, como demuestran las vacunas que se han investigado en tan poco tiempo.
Votaremos a favor, evidentemente, como no puede ser de otra forma, y esperamos que todos los anuncios que nos han hecho sobre la ley de la ciencia realmente se cumplan y que la carrera del PDI sea realmente la que se apunta.
La señora PRESIDENTA: Señora Illamola, tiene que usted que terminar, por favor.
La señora ILLAMOLA DAUSÀ: Eso por una parte. Por otra parte, daremos apoyo a la ley de la ciencia, siempre que respete el modelo catalán.
Moltes gràcies.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Illamola. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, tiene la palabra el señor Navarro López.
El señor NAVARRO LÓPEZ: Gracias, señora presidenta.
Señor Margall, lo primero que tengo que hacer es darle la enhorabuena, porque desde luego ha concitado una práctica unanimidad, que yo creo que -permítame la broma- no se la creía ni usted. Ya le adelanto que el Grupo Popular va a votar a
favor, y fundamentalmente porque presentamos una enmienda muy parecida, por no decir exactamente igual, en los Presupuestos Generales del Estado. Esta que tengo aquí (muestra un documento), que ya le digo que es prácticamente igual. Presentamos
otras, que luego relataré. Le reconozco, al menos, la oportunidad, en tanto en cuanto el viernes de la semana pasada el Consejo de Ministros aprobó la reforma de la Ley de la Ciencia -ahora hablaremos de eso, señora Guaita; no la veo, pero seguro
que está por aquí -. Por lo tanto, yo creo que es una muy buena oportunidad -le alabo el gusto- para hablar de financiación y de investigación, sea cual sea la forma.
Pero, señores del Partido Socialista, señora Guaita -me va a perdonar la broma- le ha faltado decir que el señor Cendón, al que tengo mucho aprecio, inventó la penicilina. La ciencia mundial le debe todo al PSOE, todo; todo al PSOE. De
nuevo, década perdida. En mi grupo ya bromeamos: chupito cada vez que lo dicen. Podemos o el PSOE. Oiga, una década son diez años -una década son diez años-. Yo soy de letras, pero hasta para eso me da. Elijan la década que quieran, de 2008 a
2018, que es cuando entró Pedro Sánchez, o de 2011 a hoy. Repito, elijan la década que quieran. En ambos casos el PSOE es responsable al menos de tres años. Por lo tanto, yo me tentaría la ropa antes de hablar de década perdida. Siempre están
con lo mismo. De esos diez años -repito, elijan el intervalo que quieran-, tres son culpa suya, de Zapatero o de Pedro Sánchez. En fin, ahí lo dejo. (Aplausos).
Dice usted que el Partido Popular votó en contra. Oiga, el Partido Popular votó a favor de la reforma de la Ley de la Ciencia, y usted sabe perfectamente que la entonces ministra, señora Garmendia, se reunió a solas con el Partido Popular y
no salió hasta que tuvo un acuerdo. Hoy el Grupo Popular tiene el resumen que le ha mandado la ministra por correo electrónico de la ley que aprobó el Consejo de Ministros el viernes. Yo tengo un resumen. (Aplausos). ¿El Partido Socialista
quiere acuerdo en la Ley de la Ciencia? ¿Sí o no? ¿El Partido Socialista quiere acuerdo, unanimidad, con el Grupo Popular? ¿Sí o no? Porque lo que el Grupo Popular tiene hoy, y más fácil no lo hemos podido poner, es un resumen, un powerpoint.
Esa es la realidad, señor Cendón y señora Guaita, y aprovecho para decírselo a la señora ministra. Esa es exclusivamente la realidad.
Nosotros presentamos, señor Margall, esta misma enmienda, pero también presentamos una para que no se elevara el tipo del impuesto sobre sociedades hasta el 15 %. Hoy mismo hemos visto en los medios de comunicación que hay empresas que
dicen que no van a invertir en I+D porque les cuesta mucho dinero en cuota del impuesto sobre sociedades. Y eso lo ha hecho el Partido Socialista. Llevamos meses trabajando en una subcomisión para la reforma de la Ley de la Ciencia en la que ha
habido prácticamente unanimidad. Prácticamente todos los comparecientes que han venido han dicho dos cosas. La primera, pacto de Estado, no pacto foto, no documento unilateral; pacto de Estado. La segunda, financiación sistémica, financiación
basal, no coyuntural. Pero si ha dicho hasta Comisiones Obreras que la financiación que hay actualmente se debe exclusivamente a los fondos europeos, y le agradezco que me dé la razón, porque así ha sido, efectivamente. Lo que ha dicho el Grupo
Popular es que solo apoyaremos una reforma de la ley si esta cuenta con los colectivos afectados. Los investigadores hospitalarios olvidados, el personal técnico y de gestión olvidado. Queremos el derecho a quinquenios y a sexenios para todos, no
solo para una parte.
Tenemos una oportunidad histórica, y nuestra ciencia, desde luego, se la merece, pero la realidad, señores del Partido Socialista, es que, de momento -de momento-, lo que tenemos es un powerpoint del ministerio. Y así convendrán conmigo que
es muy complicado llegar a acuerdos. Por lo menos, podrían sentarse, negociar y trabajar de verdad por el consenso. Usted ha criticado a VOX por dedicar no sé cuántos minutos a hablar de otra cosa, pero usted ha dedicado tres minutos a hablar del
Partido Popular en vez de tender la mano. Yo lo que le pido al ministerio y al Grupo Socialista es que tiendan la mano, que dejen de pensar solo en los logros del Partido Socialista y que se den cuenta de que los logros deben ser entre todos,
porque la anterior reforma de la Ley de la Ciencia fue hecha entre todos y, si no la hacemos entre todos, no servirá absolutamente para nada.
Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Navarro. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Señor Margall, ¿acepta su grupo parlamentario alguna de las enmiendas presentadas?
El señor MARGALL SASTRE: Presidenta, estamos negociando con el Partido Socialista una enmienda transaccional.
La señora PRESIDENTA: Muy bien. Cuando la tengan nos la hacen llegar.
- PROPOSICIÓN NO DE LEY DEL GRUPO PARLAMENTARIO PLURAL, SOBRE LA PROHIBICIÓN DE LA PUBLICIDAD DE VEHÍCULOS CONTAMINANTES. (Número de expediente 162/000925).
La señora PRESIDENTA: Continuamos con la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Plural, sobre la prohibición de la publicidad de vehículos contaminantes.
Para la presentación de la iniciativa y de la enmienda presentada, tiene la palabra la señora Sabanés Nadal.
La señora SABANÉS NADAL: Gracias, presidenta.
Señorías, quisiera iniciar mi intervención compartiendo con ustedes un dato importante: en nuestro país, España, aproximadamente 45 000 personas mueren al año por los efectos de la contaminación y la mala calidad del aire. Es una
contaminación y una mala calidad de aire que tienen su fuente principal de emisiones en el tráfico rodado. Esto es un hecho. Por eso, nosotros presentamos hoy una iniciativa sobre la publicidad de los coches, para que a partir de 2025 solo pueda
hacerse publicidad de los vehículos cero emisiones y para que dejemos de promocionar aquellos vehículos que dañan directamente nuestra salud y que contribuyen, además, a aumentar en, aproximadamente, un 27 % los gases de efecto invernadero.
Presentamos esta iniciativa que hemos trabajado con Ecodes, fundación economía y desarrollo, y que se alinea con iniciativas ciudadanas europeas que van en la misma dirección, porque la contaminación producida por los vehículos, por los
coches, es un problema de salud pública y también porque el ritmo de transformaciones de Europa nos están marcando un camino. Fíjense ustedes, retengan dos fechas importantes: 2030 y 2035. En 2030, la Unión Europea en su conjunto va a tener que
reducir el 55 % de las emisiones y en 2035 no se permitirá la venta de nuevos vehículos de gasolina, diésel, gas o híbridos. Estamos en 2022 y la prohibición en Europa será en 2035.
Convendrán conmigo en que, en los últimos años, la publicidad en el sector automovilístico ha sido enormemente utilizada para blanquear o rebajar la responsabilidad que tienen los vehículos de combustión interna en la salud y en la crisis
climática. (Rumores).
La señora PRESIDENTA: Señorías, les pido un poco de silencio, por favor.
La señora SABANÉS NADAL: Nosotros tenemos la absoluta convicción de que esta normativa -la eliminación de la publicidad- aumentará la sensibilización de la opinión pública sobre los productos y tecnologías responsables directos en el cambio
climático y, en ese contexto, la industria del automóvil es la que más invierte en publicidad. Según datos de 2019, las marcas dedicaron unos 500 millones de euros a publicidad, un 13 % del conjunto de la publicidad de nuestro país.
La Ley de Movilidad Sostenible francesa, por poner un ejemplo -hay más-, ya está apostando por incluir en los anuncios de automóviles mensajes como los que hoy podemos leer en las cajetillas de tabaco, avisando de lo perjudicial que resulta
la contaminación para la salud y fomentando otras formas de movilidad, transporte público o movilidad más activa. Nosotros, en Más País-Verdes Equo, queremos ir un paso más allá y, por eso, planteamos dos cuestiones. La primera, que a partir de
enero de 2025 se elimine la publicidad de los vehículos gasolina, diésel y otras tecnologías emisoras, como los coches híbridos o los de gas, y que a partir de enero de 2027 solo puedan establecer patrocinios aquellas marcas o modelos que sean cero
emisiones. Eso afectaría a cualquier anuncio en medios de comunicación, a vallas publicitarias, a publicidad online, a patrocinios deportivos, culturales, etcétera, relacionados con eventos públicos o con los medios de comunicación.
La publicidad de los automóviles debe enfrentarse necesariamente a la transición que vive su sector hacia una movilidad sostenible, y lo tiene que hacer con urgencia. El propio sector está esperando señales claras e indicadoras con las
nuevas normativas, y es que no hay nada peor que la falta de liderazgo o de anticipación, al igual que no hay nada peor que enviar señales falsas o confusas. Porque hoy no solo hablamos de negacionismo -ya casi nadie niega, salvo sus señorías de
VOX, el impacto del cambio climático-, hablamos de lo que los expertos denominan retardismo, es decir, asumimos que tenemos un problema serio y grave, pero nunca es el momento de abordar el problema y se va de moratoria en moratoria hasta llegar al
desastre final o dicen que no toca, pero sí toca, señorías, y toca porque el sector del automóvil es clave para nuestra economía.
Somos el octavo país del mundo en exportación de vehículos, pero ¡ojo!, nuestros principales compradores -Alemania, Francia, Reino Unido, Italia, Bélgica, Portugal- también están afectados por la normativa de 2035. También están afectados.
Por tanto, en este sentido, seguir incentivando la publicidad y el consumo de productos que ya tienen fecha de caducidad es un profundo error. Tenemos que llegar a 2035 con los deberes hechos, con el trabajo hecho, porque hay que convertirlo,
además, en una oportunidad para la industria española y apostar por la reindustrialización verde. De este sector depende el sustento de miles de familias. No anticiparnos o quedarnos atrás en estas transformaciones, que se van a dar
inevitablemente, lo van a acabar sufriendo los trabajadores y trabajadoras, porque solo ellos y ellas van a ver la posibilidad de perder su empleo cuando las multinacionales decidan llevar la producción de vehículos limpios, como ya está pasando, a
otros países que hayan apostado y se hayan anticipado por la tecnología y por la especialización en la
descarbonización. La transformación para la movilidad eléctrica puede generar cientos de miles de empleos verdes, no solo la electrificación de los coches, sino el transporte público, la fabricación y reparación de bicicletas, motores,
baterías y puntos de recarga.
La señora PRESIDENTA: Tiene usted que terminar, por favor.
La señora SABANÉS NADAL: Si el horizonte es 2035 y 2050 para la descarbonización, dejemos de hacer falsa publicidad. Invirtamos y peleemos por unos fondos capaces de generar empleo, innovación y futuro.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Sabanés. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Para la defensa de las enmiendas formuladas por sus grupos tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, el señor Bustamante Martín.
El señor BUSTAMANTE MARTÍN: El cambio climático es el mayor reto al que se enfrenta la humanidad en el siglo XXI. Decía Naomi Klein que hay una guerra entre el clima y el capitalismo, y creo que esta crítica al modo de producción también
es necesaria aquí. Es un sistema que produce desigualdad -el 1 % de la población tiene más riqueza que el 99 % restante-, un sistema que provoca guerras para apoderarse de los recursos naturales y de los mercados y un sistema, además, que destruye
el medio ambiente por el modo de producción. El cambio climático no surge de la nada, sino que es consecuencia de un modelo de producción que destruye nuestras propias bases de existencia. Los hechos son irrefutables: suelo y agua contaminados,
pérdida de biodiversidad, gases de invernadero en la atmósfera, desertificación, escapes de productos químicos en el medio.
Ante esta realidad, que es dramática, ¿cuál es la posición de la derecha de la Cámara y de la extrema derecha? La extrema derecha, como decía la compañera de Más País, niega el cambio climático, a pesar de que esté demostrado
científicamente, y trata además de confrontar a determinados sectores con la defensa de un planeta que sea habitable para nuestros hijos y nuestras hijas. El PP ha planteado en la Comisión de Transición Ecológica que el liderazgo en la lucha contra
el cambio climático lo tengan las empresas. Por tanto, se deja en manos del mercado un reto trascendental que requiere también de la planificación democrática y de la planificación pública. En este sentido, creo que es importante que las fuerzas
políticas de izquierdas nos pongamos de acuerdo, que busquemos soluciones y acuerdos en este sentido. Tenemos unos objetivos claros y es fundamental que seamos capaces de conseguirlos.
El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima marca como objetivo para el año 2030 un 28 % de vehículos que requieran de energía renovable, de vehículos eléctricos; es decir, serían cinco millones de vehículos. En ese sentido, es poco
creíble que cinco años antes de alcanzar siquiera el 28 % abordemos uno de los puntos que plantea la PNL. La Comisión Europea marca el año 2035 para la eliminación de la venta de vehículos contaminantes y la Ley de Cambio Climático y Transición
Ecológica también marca una serie de hitos que son fundamentales. Por tanto, tenemos que empujar para que la electrificación no vaya más despacio que los objetivos marcados, tenemos que impulsar al sector de la automoción para que lleve a cabo los
cambios necesarios y urgentes para transitar en esta senda y tenemos que impulsar también que se acompañe el necesario proceso de transición desde lo público en una industria que supone el 10 % del PIB -como decía la compañera- y dos millones de
puestos de trabajo, que se tienen que readaptar a la nueva realidad y a los cambios necesarios. Además, es un sector que ha sufrido la paralización durante la pandemia. Mientras el hermano de Ayuso hacía negocio, los trabajadores y trabajadoras
del automóvil estaban en ERTE; protegidos, al menos, gracias a los ERTE.
Por todo ello, hemos presentado una enmienda que insta al Gobierno, en primer lugar, a poner en marcha un grupo de trabajo entre los ministerios implicados para fomentar una movilidad sostenible que respete el medio ambiente y la salud, en
línea con los objetivos establecidos; en segundo lugar, a que impulse a través de los PERTE la producción de vehículos de nulas emisiones de CO2 y la fabricación de elementos clave para esos vehículos, que permita a España -y esto es fundamental
también- posicionarse a nivel mundial como referente en la producción de vehículos no contaminantes, y, en tercer lugar, a que introduzca también medidas para avanzar en la sostenibilidad del transporte y la movilidad desde una perspectiva social,
económica y medioambiental. Para otro día queda también otro debate
fundamental, que es cómo articular el transporte público, especialmente el ferrocarril, como alternativa al transporte individual.
Por tanto, le pediría a los compañeros de Más País que aceptaran la enmienda. Creo que los objetivos que proponen, y que compartimos, para la lucha contra el cambio climático son más eficaces con las medidas que planteamos en la propuesta
que hacer una propuesta que entiendo que aún no está acompasada con los hitos temporales que marcan...
La señora PRESIDENTA: Señor Bustamante, tiene usted que terminar.
El señor BUSTAMANTE MARTÍN: ... tanto la Ley de cambio climático como los objetivos que marca la Comisión Europea. En ese sentido, quiero mostrar el compromiso de nuestro grupo con la lucha contra el cambio climático y la posibilidad de un
acuerdo con el grupo proponente. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Bustamante. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Anguita Pérez.
El señor ANGUITA PÉREZ: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, que el cambio climático es una realidad es un hecho contrastado y que cada día sufrimos sus consecuencias es algo obvio. Por tanto, lo lógico sería que fuese innecesario resaltar en pleno año 2022 su mera existencia. Sin embargo,
señorías, hoy tenemos en esta casa diputados y diputadas que, como poco -y siendo bastante generoso-, se niegan a reconocer la necesidad y la urgencia de seguir avanzando en normativas, en legislación y en políticas que vayan directamente a combatir
el cambio climático.
Esta proposición pone el foco en la industria del automóvil y en su publicidad. Vaya por delante que compartimos el espíritu y el fondo de esta PNL, que no es otro que favorecer y ayudar a cumplir los acuerdos que nuestro país ha firmado en
materia de lucha contra el cambio climático. Esos compromisos son claves para poder hacer de España uno de los países con mayor compromiso social, con mayor compromiso productivo y con mayor compromiso político en materia de transición ecológica y
sostenibilidad ambiental en toda Europa.
Señorías, debemos tener en cuenta varios factores cuando hablamos de la posibilidad de la prohibición de la publicidad de aquello que genera un efecto no neutro sobre nuestro planeta y, por esos factores, no podemos apoyar esta propuesta.
En primer lugar, porque, si extrapolamos esta medida al conjunto de la producción, serían prohibidos casi todos los anuncios publicitarios de casi todos los productos, ya que por desgracia aún estamos lejos de minimizar, por ejemplo, la huella de
carbono que deja la fabricación de nuestros productos. En segundo lugar, porque, en este caso, sería señalar directamente a un sector que ya se está adaptando casi a la perfección a las diferentes normativas europeas y también nacionales en materia
de sostenibilidad ambiental; un sector de una importancia tremenda para nuestro sistema productivo y del que dependen casi dos millones de familias de forma directa. En tercer lugar, porque supone prohibir publicitar una actividad económica que
seguirá siendo necesaria. El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima establece que, en el volumen del parque de vehículos, cinco millones de vehículos en el año 2030 deberán ser electrificados, de los cuales tres millones han de ser turismos.
Alcanzar este volumen de parque de vehículos de este tipo requerirá alcanzar una cuota del mercado de casi el 40 % ese año; es decir, la propia normativa nacional y europea entiende que habrá un mercado a cubrir con vehículos nuevos de combustión,
eso sí, más eficaces que los anteriores. Y, en relación con este punto, no tiene sentido prohibir publicitar vehículos nuevos de combustión cuando el principal problema que tenemos de contaminación son los vehículos antiguos. En España tenemos una
media de edad de los vehículos de trece años y medio. Eso significa que casi el 70 % de los vehículos que están en la calzada producen casi el 90 % del conjunto de las emisiones de óxido y dióxido nítrico y más del 70 % de las de dióxido de
carbono.
Por ello, hemos hecho una enmienda, junto con Unidas Podemos, que entendemos que cambia la forma de la PNL pero no el fondo, porque va a seguir impulsando medidas eficaces para detener y, en la medida en que sea posible, revertir los avances
del cambio climático. ¿Qué proponemos? En primer lugar, desarrollar el PERTE de desarrollo de vehículos eléctricos y conectados dentro del marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. El objetivo es destinar parte de los recursos
al impulso de la inversión industrial a reforzar el proceso de descarbonización en España, de manera que permita a este
país posicionarse como plataforma mundial en la fabricación de vehículos con nulas emisiones de CO2. Por otro lado, como decía mi compañero de Unidas Podemos, conseguir ser referentes en la fabricación de algunos elementos clave, como
pueden ser las baterías o el hidrógeno renovable.
En segundo lugar, proponemos introducir nuevas medidas para avanzar en la sostenibilidad del transporte y la movilidad con tres perspectivas muy claras: la primera, la social; la segunda, la económica, y, la tercera, la medioambiental. Al
mismo tiempo, estableceríamos medidas para fomentar la movilidad inclusiva para todos los colectivos y en todos los territorios. Todo ello bajo el paraguas del principio de transición justa para que ningún colectivo se quede atrás, para que ningún
sector productivo se quede atrás o para que ningún sector del territorio se quede atrás.
Por último, proponemos la puesta en marcha de un grupo de trabajo de los ministerios implicados para impulsar campañas de sensibilización, para fomentar la movilidad sostenible que respete no solamente el medio ambiente, sino también, como
decía la señora Sabanés, la salud de las personas dentro del marco de la próxima ley de sostenibilidad y en línea con los objetivos establecidos en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima.
Ya voy terminando, señora presidenta. Señores de Más País, he intentado ser lo más constructivo posible. Yo sé que ahora van a venir otro tipo de discursos mucho más catastrofistas y mucho más acusatorios de que queremos romper el sistema
productivo de este país, que queremos subir los impuestos a no sé quién por valor de no sé cuánto, que detrás de nuestras propuestas está ETA, Soros, los chinos..., pero, en realidad, saben ustedes que nada de eso es cierto. Hoy nosotros no
apoyamos esta propuesta por una razón: entendemos el fondo, pero creemos que hay otras maneras de hacerlo. Entendemos sencillamente que esta medida tendría un efecto más negativo en general que positivo en relación con el medio ambiente y la
sostenibilidad en particular.
Gracias, señora presidenta. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Anguita. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Martínez Oblanca.
El señor MARTÍNEZ OBLANCA: Muchas gracias, señora presidenta.
Utilizando una terminología acorde con el asunto, podría decirse que Más PaísVerdesEquo ha pisado el pedal a fondo y quiere, de manera atropellada, que España se convierta en líder universal del ecologismo, pero sin medir las secuelas
sociales y económicas de medidas fundamentalistas como las que se plantean en la iniciativa. Nuestro país está obligado a ser respetuoso con los acuerdos internacionales adoptados para mejorar el medioambiente, como es el caso de las medidas
adoptadas en París contra el cambio climático hace siete años, o a esforzarnos para alcanzar los objetivos supranacionales, singularmente los que fija la Unión Europea. Sin embargo, la descarbonización del Gobierno de Pedro Sánchez y sus apoyos
tiene unas secuelas irreversibles para la sociedad. (La señora Sabanés Nadal hace gestos negativos). Lo sabemos en Asturias con el cierre de las minas en el año 2018, que está arrastrando a la desertización de las cuencas y ha supuesto la
irresponsable renuncia a nuestra soberanía energética, porque el carbón es el único combustible fósil autóctono que tenemos en España, con lo cual, al concluir su explotación y su uso en las centrales térmicas de generación eléctrica, se ha
agudizado más aún nuestra ya de por sí enorme dependencia energética. De ahí, entre otros factores de empobrecimiento, los precios de la luz que están pagando las familias, récords históricos que también castigan a los comercios y a las industrias.
Señora Sabanés, ha defendido usted medidas que, de llevarse a término, supondrían un grave perjuicio para la economía de España, ya que con la prohibición de la publicidad de todos los vehículos con motores de combustión interna se pretende
eliminar los estímulos a su compra. Esto supone un desprecio a la relevancia del sector de la automoción, que aporta del orden de un 10 % del PIB nacional, un 18 % del total de nuestras exportaciones y da trabajo directo a 66 000 personas, sin
olvidar que por cada una de ellas se generan ocho empleos en el conjunto de la economía.
Señorías, la transición del sector de la automoción avanza tecnológicamente hacia la electrificación, pero hoy estamos a la cola europea. Si bien en 2021 el mercado electrificado ha logrado aumentar su cuota hasta casi el 8 % del total de
las ventas, España está muy lejos de otros mercados competidores del entorno europeo: Alemania, 26 %; Francia, 18,3 %, o Portugal, 19,7 %. En España repito que solo hay un 8 % y estamos alejándonos de la media comunitaria. Pero en esta
proposición no de ley quiere fijarse el 1 de enero de 2025 -es decir, faltan ya menos de tres años- para eliminar los estímulos a la compra de
vehículos no eléctricos. Aparte de prohibir, ¿han calculado ustedes, señora Sabanés, las calamitosas consecuencias sociales y económicas de sus propuestas en contra de la publicidad de los vehículos de combustión interna que impactan sobre
la industria de la automoción, los concesionarios y el largo listado de actividades profesionales que giran y viven de este sector estratégico? Asimismo, de llevarse a efecto, esta iniciativa parlamentaria supondría de lleno la intervención sobre
los patrocinios vinculados a las marcas de vehículos de combustión interna, que ustedes quieren prohibir desde principios de 2027. Es decir, dentro de cinco años todo el conjunto de entidades culturales, educativas, científicas, sociales, etcétera,
tendrán que apañárselas sin este tipo de patrocinios que en España suponen una de las principales fuentes de apoyo financiero externo, muchas veces imprescindible para su supervivencia.
También el sector publicitario se vería afectado, ya que la automoción es la industria que más invierte en publicidad, con siete firmas entre los veinte primeros anunciantes de España. En 2019 las marcas de vehículos dedicaron a la compra
de espacios publicitarios 564 millones de euros, nada menos que el 13 % del total de la inversión publicitaria, como usted ha reconocido en su intervención. En todo caso, prohibidos los patrocinios, ¿quién suplirá la falta de recursos económicos
para estas entidades? ¿El Estado vía impuestos, sus socios y el público pagando más caros sus cuotas y las entradas?
Finalmente, quiero señalar que esta proposición se plantea en un momento crítico para el sector del automóvil, que también está sufriendo las consecuencias de la pandemia, porque hay un parón en la actividad económica que se refleja en las
reticencias a adquirir vehículos, ya que la recuperación económica no tiene reflejo en las ventas de los concesionarios. En definitiva, las expectativas de sustituir los vehículos a motor de combustión por eléctricos son a muy largo plazo. No
parece el momento propicio para que el Gobierno modifique los procedimientos del mercado para promocionar la venta de vehículos. Además, en Asturias ya sabemos los efectos de rellenar el BOE con literatura ecologista de despachito oficial y
destruir empleo sin alternativas. Lo último que necesita la automoción en España son medidas prohibicionistas. Hay miles de puestos de trabajo en juego.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Martínez. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra la señora Sagastizabal Unzetabarrenetxea.
La señora SAGASTIZABAL UNZETABARRENETXEA: Gracias, presidenta.
Hoy la señora Sabanés y Más País nos traen una proposición no de ley para prohibir los anuncios de vehículos de combustión, gasolina y diésel, a partir del 2025 y una propuesta para reducir el número de vehículos más contaminantes,
eliminando, por tanto, los estímulos de compra que emanan de esos anuncios en los medios de comunicación, vallas publicitarias, webs, redes sociales... Además, dice la propuesta que a partir de 2027 ningún vehículo de combustión podrá esponsorizar
entidades o eventos deportivos, culturales, educativos o científicos. Nos dice el grupo proponente que la publicidad juega un papel importante para concienciar y hacer pedagogía sobre la emergencia climática y enviar señales correctas al
consumidor. Esto es cierto y, además, la regulación en ese tema es escasa. Está claro que la lucha contra el cambio climático debería desde luego acelerar los cambios en el modelo con el que las marcas se anuncian. Compartimos el fondo, pero
parece también un tanto contradictorio seguir anunciando vehículos que contaminan cuando la ley establece una fecha para su desaparición. Lo cierto también, señora Sabanés, es que su PNL solo hace referencia a ciertos coches y dejaría fuera a
determinados modelos que no son cero emisiones -es decir, los de gas licuado, híbridos e híbridos enchufables-, cuando la mayor parte del tiempo estos se impulsan quemando combustibles fósiles. También hay que decir que los vehículos nuevos son más
eficientes y creemos que el problema está en el parque automovilístico español, que es demasiado viejo. Desde luego, no se va a hacer publicidad alguna de esos vehículos, que son los que habría que retirar del mercado cuanto antes.
Independientemente de este matiz, mi grupo entiende que quizá la propuesta no debería ir tanto en la línea de prohibir, sino siguiendo el estilo utilizado por Francia, que recomienda el uso de alternativas mucho menos contaminantes en sus
anuncios. No hay que olvidar que la Comisión Europea también ha fijado una fecha para la prohibición publicitaria: 2028. Además, creemos que hay que intentar en estos momentos buscar un equilibrio para un sector que está realizando un gran
esfuerzo para su conversión, en el que todavía colea la crisis de la pandemia y que está atravesando por un periodo difícil por los cuellos de botella, por los problemas de suministro de semiconductores, etcétera. Quizá antes de plantear
una prohibición se debería hablar con el sector implicado para buscar la mejor opción. Y no solo con el sector del automóvil, sino también con el de los medios, porque no hay que olvidar que el sector del automóvil es uno de los mayores
anunciantes, con lo que eso también podría conllevar. ¿De verdad creemos que el hecho de que una marca anuncie solo un motor eléctrico va a servir al objeto de no incentivar la compra del resto, incluidos los híbridos? ¿Va a recibir la gente
realmente el mensaje de una movilidad limpia, cuando solo se anuncia un modelo, si no dice nada más esa publicidad? También creo que habría que profundizar en esto.
Nosotros, como tenemos dudas, preferimos abogar en un primer momento por la recomendación en lugar de la prohibición, así como por velar por que la publicidad que se haga se corresponda directamente con la actividad que se realiza y con las
recomendaciones que se puedan hacer. Hay que observar si se cumplen esos objetivos de desarrollo, introducción y venta de vehículos de emisiones cero, ya que la mayoría de medidas e incentivos para fomentar la compra del vehículo eléctrico estarán
ya implantadas, y analizar el comportamiento de la publicidad realizada por el sector, eso sí, a medida que se vaya acercando la fecha de la prohibición de la publicidad establecida por Europa. Y, si no son convincentes y no han hecho sus deberes,
desde luego habrá que proceder a otros tipos de regulación más dura en este momento, como podría ser la prohibición. Abogamos en estos momentos más por prevenir, medir y corregir que por prohibir.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Sagastizabal. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra la señora Martínez Granados.
La señora MARTÍNEZ GRANADOS: Gracias, presidenta.
Señorías, en Ciudadanos vamos a ser muy claros en este punto: apoyaremos prohibir la publicidad de vehículos de combustión interna, como dice Más Madrid, pero la aprobaremos no ahora, sino en 2035, cuando se prohibirá su venta. ¿Qué
sentido tiene permitir al sector vender un producto y no anunciarlo? Ya se lo decimos nosotros: dañar injustificadamente un sector clave para nuestra economía y a todas las familias que viven de él.
Estamos debatiendo aquí una proposición no de ley que afecta a un sector cuya aportación al producto interior bruto nacional asciende al 11 % y que en términos de empleo alcanza el 9 % de los ocupados en nuestro país: 1,8 millones de
trabajadores, de los cuales 66 000 trabajan en las fábricas de automóviles. De hecho, España es el segundo productor de la Unión Europea en fabricación de vehículos, solo superada por Alemania. En 2020 se fabricaron en nuestro país más de dos
millones de vehículos industriales y ello hace que seamos el primer fabricante europeo en este tipo de vehículos, el segundo en turismos y el cuarto en componentes. Es un sector que, señores de Más País, creemos que merece un poco más de respeto a
la hora de plantear medidas que pueden afectar a su futuro. ¿O le van a decir ustedes a los casi dos millones de empleados del sector que van a prohibir la publicidad de aquello con lo que se ganan la vida?
El sector de la automoción ha sido uno de los más golpeados por la crisis derivada de la pandemia. Primero se vieron afectados por los problemas de la cadena de suministro a nivel global y después por las restricciones impuestas a la
actividad no esencial, y aun así siguieron cumpliendo y arrimando el hombro para salir adelante en esta crisis. Han sufrido la subida del impuesto de matriculación o el fin del Plan Renove, lo que hizo aún más difícil la recuperación en el año
2021, y aun así siguieron cumpliendo, arrimando el hombro y tirando del sector hacia adelante. Y ahora, señores de Más País, vienen ustedes a decirles a estos trabajadores que llevan dos años intentando sacar el sector adelante que no, que a partir
de 2025 no van a poder publicitar lo que producen, que durante diez años no van a poder publicitarlo. Después verán cómo se tienen que cerrar factorías e industrias y se manifestarán y querrán que los empleados tengan un puesto de trabajo, pero
tendrán ustedes parte de la culpa. Lo peor es que su propuesta no solo es dañina para los miles de trabajadores que dependen del sector del automóvil en nuestro país, porque destruiría empleo de todas las productoras, sino también para las agencias
de publicidad y los departamentos de comunicación que trabajan para promocionar los vehículos. De hecho, en su propia exposición de motivos ustedes admiten que la industria del automóvil es la que más invierte en publicidad en nuestro país, con una
aportación de más de 500 millones de euros.
Señorías, en Ciudadanos compartimos la apuesta por la descarbonización -por supuesto que sí- y la necesidad de ir hacia un parque móvil con mayor presencia de vehículos eléctricos, pero tengamos en cuenta que no podemos dañar el empleo en
este sector. Si pueden producir hasta 2035, podrán promocionar hasta 2035.
Una verdadera apuesta para que la movilidad eléctrica sea una realidad accesible a toda la población pasa invariablemente por dos elementos, y ya les adelanto, señorías, que ninguno tiene que ver con prohibir la publicidad. En primer lugar,
hay que apostar por infraestructuras de recarga y no por una mera remoción de barreras administrativas. Y, en segundo lugar, la electricidad que consumen los vehículos eléctricos proviene de tecnologías de generación emisoras. La movilidad
eléctrica no va a cumplir sus objetivos de descarbonización, con lo cual tenemos que ir paso a paso y dando tiempo a que la transición energética y la transición industrial que va aparejada tengan tiempo para acomodarse. No podemos poner más
piedras en el camino de los sectores industriales, y menos del sector del automóvil, que sigue sufriendo cada día más. En Ciudadanos damos prioridad a impulsar estos dos aspectos, además de priorizar las ayudas tanto en I+D como para la adquisición
de vehículos eléctricos; a reducir las cargas impositivas y facilitar el autoconsumo, optimizando para ello la utilización de los fondos de recuperación. Para todas esas cosas nos tendrán al lado; para poner más problemas al sector del automóvil,
lo siento pero no estaremos.
Muchísimas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Martínez. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario Republicano, tiene la palabra el señor Eritja Ciuró.
El señor ERITJA CIURÓ: Muchas gracias, presidenta.
La Ley española de Cambio Climático y Transición Energética prevé que los vehículos ligeros ICE se dejen de comercializar en 2040 y la Comisión Europea ha propuesto incluso hacerlo en 2035. Aun así, es tan solo una propuesta preliminar de
momento a pesar de todo el proceso que implica marcar ya unas fechas concretas. En la tramitación de la Ley de cambio climático nuestro grupo fue muy claro sobre el hecho de querer ir más allá de los compromisos de descarbonización que marcaba la
propia ley. En ese sentido, nuestras enmiendas pretendían, por un lado, avanzar para alcanzar en 2030 una cuota del 30 % de vehículos eléctricos en el parque estatal de vehículos y un 80 % en el de vehículos de uso público. (El señor
vicepresidente, Rodríguez Gómez de Celis, ocupa la Presidencia). Por otro lado, pretendíamos incluir en la estrategia de descarbonización de 2050 los turismos y vehículos comerciales ligeros, pero también los pesados. Finalmente, queríamos
extender las medidas de mitigación de las emisiones derivadas de la movilidad a los municipios de más de 20 000 habitantes en circunstancias concretas.
Por tanto, nuestro compromiso con la estrategia de descarbonización por lo que se refiere al parque de vehículos es muy claro, pero también tenemos muy claro que la transición energética y la descarbonización deben ir acompañadas de una
transición industrial; repito, una transición industrial que suponga una verdadera reconversión, como algún compañero ha comentado, e incluso cambios profundos en el mismo modelo de producción. Por lo tanto, no son palabras menores. Eso no se
hace en un día y tendrá un impacto socioeconómico inmenso, como también se ha remarcado aquí. De momento, implica un proceso gradual y pautado de transformación de la cadena de montaje como medida más inmediata y, de rebote, en la red de empresas
indirectas que trabajan para esas factorías. Esto ya supone un cambio, una transformación y un impacto directo sobre la economía y sobre un sector social. Por lo tanto, ambos estándares, el de transformación energética y el de transformación
industrial, deberían ir a la par. Querer adelantar la prohibición de publicidad puede llegar a ser incongruente con esos plazos si solo se busca adelantarlos de un modo indirecto. Por tanto, no podemos confundir al sector y, en ese sentido,
debemos ser muy firmes con los acuerdos adoptados para no crear confusión.
Por otro lado, es erróneo mezclar cambio climático, contaminación y nuevos vehículos con salud. En primer lugar, el CO2, principal responsable del cambio climático, no se considera un agente contaminante por los organismos internacionales,
comenzando por la normativa europea. Los problemas de salud se limitan a partículas y otras emisiones. Pues bien, el problema de la calidad del aire lo generan precisamente los vehículos de combustión antiguos, no los nuevos. La normativa europea
en vigor se revisa de modo constante precisamente para garantizar que los niveles de emisiones no superen los límites marcados por el respeto a la salud y a la calidad del aire. Este es un tema que quería remarcar. Prohibir la publicidad de nuevos
vehículos podría ser contraproducente si lo único que hace es penalizar la renovación del parque y, con ello, la mejora de las emisiones contaminantes.
Es verdad que a medida que se vaya avanzando en la sustitución de vehículos de combustión tradicional por vehículos eléctricos la publicidad tendrá que variar sus objetivos. Estoy seguro de ello, como también estoy seguro de que esto va a
suceder en el marco de la propia estrategia de reconversión
industrial. Por suerte, la transformación del modelo energético hoy es un hecho totalmente irreversible -totalmente irreversible- y debemos trabajar en el cumplimiento de los acuerdos internacionales y de los objetivos establecidos de
manera coordinada, evitando esencialismos y frivolidades. Es un tema suficientemente importante, prioritario y estratégico como para entrar en medidas frívolas y esencialistas, sobre todo teniendo en cuenta que la transición energética va a
comportar cambios irreversibles y de gran calado en los ámbitos social y económico. En ese sentido, como decía antes, es una gran apuesta para transformar incluso el modelo productivo en profundidad, pero necesita su tiempo, necesita sus pautas,
necesita su ritmo.
Por lo tanto, compartimos la propia filosofía del proyecto en general, pero no estamos de acuerdo en principio con los planteamientos de intentar forzar a través de la publicidad unos criterios y unos calendarios anteriores.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra la señora Rueda Perelló. (Aplausos).
La señora RUEDA PERELLÓ: Buenas tardes.
El partido del señor Errejón nos trae una iniciativa sobre la prohibición de la publicidad de vehículos contaminantes. España es líder en paro juvenil en Europa; tiene una deuda pública inasumible y una inflación desbocada; una
persecución fiscal a unos españoles que lo están pasando muy mal y que no pueden pagar la cuota de autónomo o la factura de la luz, el gas, la gasolina o el diésel; cierre de negocios y despidos masivos; deslocalización; dependencia energética;
ataques al turismo, al sector primario, a la industria... Pero en la exposición de motivos de esta iniciativa dicen: Luchar contra el cambio climático es el pilar fundamental que debe guiar las actuaciones emanadas de este proceso transformador.
El pilar fundamental debería ser implementar políticas eficaces que garanticen la prosperidad de los españoles (aplausos) y no la nueva religión climática que pretenden imponer las élites globalistas -esos que viajan en jet privado para hablar de
cambio climático- y que todos compran, excepto VOX.
Tenemos un Gobierno que ha incorporado a comunistas, separatistas y filoetarras a la dirección del Estado; que pisotea nuestra Constitución, vulnerando derechos y libertades con los estados de alarma y el cierre del Congreso; que enfrenta
y arruina a los españoles; que llegó a lomos de la mentira; que amenaza a España. Y usted, señor Errejón, es su muleta y cómplice. Así que cuando en su iniciativa viene a decir que no debe haber lugar para la utilización de combustibles fósiles,
dígaselo, por ejemplo, a Laureano, que madruga todos los días para atender su ganado y su tierra; tierra que trabaja con esfuerzo en la montaña palentina gracias a su tractor; tractor que funciona con combustible fósil, por si los ecologistas de
moqueta no saben cómo funcionan los tractores. (Aplausos). Por cierto, le recomiendo ver el documental La España silenciada, que les acercará a la realidad y también conocerán a Andrea, que en Soria coge su coche para ir a la fábrica de
automóviles en la que trabajan ella y su madre; fábrica que cerrará de seguir con los delirios ideológicos maquillados de verde enviando a la miseria a jóvenes y a no tan jóvenes. España cerrando fábricas como consecuencia de la Agenda 2030 y las
imposiciones climáticas, mientras que Asia nos gana la carrera y se enriquece.
Dejen de complicarles la vida a los españoles. Claro que hay que mejorar la calidad del aire, pero para ello no es necesaria una nueva prohibición. No es necesario un nuevo golpe a un sector que es estratégico para España. Sus amigos del
Gobierno ya lo han golpeado; lo golpean cuando atacan al diésel, cuando suben los impuestos de matriculación o cuando vienen con retraso en las ayudas del PERTE VEC, ese en el que han dejado fuera a muchas pymes. Y ahora pretenden un nuevo golpe
con una nueva prohibición.
Señor Errejón, hay muchos motivos para votar en contra de su iniciativa. España atraviesa una crisis económica y sanitaria y la prioridad no es prohibir la publicidad, un sector en el que trabajan miles de autónomos, que tiene grandes
creativos y en el que somos referentes internacionales. En España, el sector de la automoción es el primer contribuyente a la balanza comercial, representa el 10 % del PIB y genera dos millones de empleos directos e indirectos fijos y de calidad.
Además, dejen de demonizarlo, porque en este sector hablamos de fabricantes, proveedores, distribuidores, concesionarios, talleres, componentes, sin contar agencias de comunicación y medios, y todos están amenazados con esta iniciativa. (Aplausos).
También es incongruente adelantar los plazos marcados por las normas nacionales y europeas, porque España ya cuenta con una normativa que es muy exigente y el vehículo eléctrico tiene un precio
muy alto. O sea, no sé cómo van a hacerlo los que tienen rentas más bajas. ¿Le preocupan las emisiones? Pues trabajen políticas que permitan la renovación de los vehículos. Así, además, se contribuirá a reducir las emisiones y a mejorar
la seguridad vial, porque España tiene uno de los parques de automóviles más viejos de Europa.
No vamos a permitir que vengan a decirnos cómo tenemos que desplazarnos, qué comer o cómo tenemos que pensar ni tampoco que vengan a decirnos qué subida de impuestos y prohibiciones son la solución. Y no son la solución porque todos ustedes
son parte el problema. Y, como son parte del problema, les garantizo que VOX está aquí para quitarlos sus caretas -eso sí que no lo negamos- (aplausos) y para trabajar cada minuto de nuestra vida para devolver a los españoles la esperanza y el
futuro que todos ustedes los han arrebatado. Trabajaremos con nuestra agenda España siempre en defensa de los intereses de la nación y reconstruiremos todo lo que han destruido más pronto que tarde.
Gracias. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso tiene la palabra la señora Moraleja Gómez.
La señora MORALEJA GÓMEZ: Presidente, señorías, buenas tardes a todos.
La PNL que trae hoy a Pleno el Grupo Parlamentario Más País-Equo realmente consiste en una prohibición más, una prohibición para conseguir los objetivos de descarbonización fijados por España y la Unión Europea. Se trata de una medida que
va más allá del alardeado consenso sobre la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, que tampoco se incluye en el Plan nacional de energía y clima ni se recoge en la normativa europea o en las propuestas del Fit for 55. En esta PNL se hace
una referencia al cambio climático, a la calidad del aire, pero se mezclan argumentos del primero, que atañe al CO2, con el segundo, sobre otro tipo de gases, y es una mezcla de churras con merinas, señora Sabanés, sinceramente se lo digo. Es una
mera prohibición, conscientes además del alto impacto que va a tener en los medios de comunicación. Le aconsejaría que aclaren conceptos, ustedes que son los más verdes del mundo mundial; que vaya a la reválida, a 1.º de EGB o adonde tenga que ir,
pero que primero aclaren los conceptos, porque ser los más verdes y mezclar estos conceptos ¡tiene tela, señora Sabanés!
La justificación de esta PNL no incluye tampoco ninguna referencia a aspectos económicos, a aspectos sobre el empleo o la producción; simplemente, ustedes los ignoran. Nosotros presentamos una PNL, que se debatirá mañana en la Comisión de
Industria, precisamente para eso, para evaluar el impacto de las políticas climáticas del Gobierno sobre la industria de nuestro país precisamente porque son políticas como las que ustedes presentan aquí, que hoy carecen de una evaluación para la
industria, en general, señora Sabanés.
Y ahora voy a empezar a explicar algunos de los motivos por los que nosotros, el Grupo Parlamentario Popular, va a rechazar esta PNL. En primer lugar, como ya se ha dicho, se ignora la fecha consensuada en España. Nuestro país ya cuenta
con una normativa, como es la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, que marca el fin de las ventas de esos vehículos en 2040, y en esa misma línea está la propuesta de la Comisión Europea Fit for 55, que señala el año 2035. En todo caso,
señora Sabanés, es una fecha preliminar. Está claro que esta PNL es del todo incongruente adelantando unos plazos marcados por las normas nacionales y europeas, y que pretende hacerlo de un modo indirecto. El sector está poniendo todos sus
esfuerzos en cumplir con esta senda: doscientos modelos electrificados en el mercado, pero se encuentran muchísimas dificultades para comercializarlos. Como ya se ha dicho, hay mucha gente que no puede comprar estos coches, y ustedes parece que lo
obvian. No tiene sentido ninguno que, existiendo una norma recientemente publicada que marca un hito temporal, ustedes quieran adelantarlo en quince años.
También se ha señalado la prohibición de publicitar una actividad económica que va a seguir siendo necesaria ¿Con qué tipo de tecnología se cubrirá el 60 % de los coches si no es con vehículos de combustión interna, señora Sabanés? Esta PNL
carece de toda lógica. Y algo que me duele y me preocupa mucho es que ustedes demonizan al sector de la automoción, sector tractor de otros sectores estratégicos en la economía de España. Señora Sabanés, ¿qué están ustedes haciendo? (Aplausos).
Ya se ha hablado de todo lo que ha hecho este sector durante la pandemia en este país; lo han dicho otros compañeros y lo suscribo aunque no lo voy a volver a repetir, y me parece increíble que ustedes hagan esto. Ustedes atacan directamente al
empleo; ustedes, que tendrían que defenderlo. Los dos millones de
empleos directos e indirectos no solo tienen que ver con la fabricación o la venta, sino también con lo relacionado con publicidad y marketing.
Y es incoherente con la búsqueda de mejora de la calidad del aire, que, como también se ha dicho, nada tiene que ver con el cambio climático ni con el CO2. Los vehículos que contaminan son los viejos, no los nuevos, aunque sean de otro tipo
de combustión.
Por último, es incoherente con el planteamiento referente a zonas de bajas emisiones en las ciudades, y esto lo hemos visto también en la Comisión sobre Seguridad Vial, de la que formo parte. Lo que buscan las zonas de bajas emisiones es
atacar al vehículo antiguo, no prohibir al ciudadano que circule en vehículos nuevos mucho menos contaminantes. Señora Sabanés, usted dice que no, pero sí, y en los municipios lo tienen claro; no sé si gobiernan en muchos, pero lo tienen claro.
También quiero incidir en sus limitaciones y prohibiciones sobre las ya existentes, en vez de analizar la eficacia e incentivar a los usuarios.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Señoría, debe finalizar.
La señora MORALEJA GÓMEZ: Acabo, presidente.
Por tanto, no parece la mejor política para alcanzar estos objetivos. Por ejemplo, hay carencias muy evidentes, como el retraso de España...
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Señoría, por favor, tiene que terminar.
La señora MORALEJA GÓMEZ: Señora Sabanés, nosotros no vamos a apoyar esta PNL porque creemos que el camino no es una nueva prohibición y menos demonizar a un sector como el de la automoción en este país.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Señora Sabanés, ¿su grupo acepta alguna de las enmiendas presentadas?
La señora SABANÉS NADAL: No, señor presidente; las agradecemos, pero no.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias.
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES:
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (SEÑOR MARTÍNEZ OBLANCA), SOBRE LAS MEDIDAS PARA ATENUAR LOS DISPARATADOS COSTES DE LA PRODUCCIÓN INDUSTRIAL, RECUPERAR SU COMPETITIVIDAD Y DEFENDER EL EMPLEO, CON ESPECIAL REFERENCIA A LA CRECIENTE
INCERTIDUMBRE PARA DIFERENTES SECTORES, INCLUIDO EL DE LA INDUSTRIA ELECTROINTENSIVA, ASÍ COMO A LA DESAPARICIÓN DE LAS PLANTAS DE ALUMINIO DE ASTURIAS Y GALICIA. (Número de expediente 173/000123).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Pasamos a debatir la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Mixto, señor Martínez Oblanca, sobre las medidas para atenuar los disparatados costes de la
producción industrial, recuperar su competitividad y defender el empleo, con especial referencia a la creciente incertidumbre para diferentes sectores, incluido el de la industria electrointensiva, así como la desaparición de las plantas de aluminio
de Asturias y Galicia.
Como autor de la iniciativa, para la defensa de la moción tiene la palabra el señor Martínez Oblanca.
El señor MARTÍNEZ OBLANCA: Muchas gracias, señor presidente.
La parte dispositiva de esta moción consecuencia de la interpelación al Gobierno que el pasado miércoles respondió la ministra de Industria, Comercio y Turismo atiende a algunas de las grandes urgencias para la industria española y también
para territorios específicos. Tal y como señalé ante el Pleno de la Cámara, las llamadas de atención sobre el devenir de la industria no solamente provienen de la oposición política, sino que también la están haciendo notar con fuerza sus
protagonistas directos. Hice referencia específica en el debate de mi iniciativa parlamentaria de control a la llamada de auxilio que públicamente realizó el día 9 de este mismo mes de febrero, es decir, apenas hace dos semanas, la
Alianza por la Competitividad de la Industria Española, un importantísimo conjunto de sectores industriales estratégicos que da trabajo al 15 % de la población ocupada, lo que supone del orden de casi tres millones de empleos estables y
cualificados. Esta Alianza por la competitividad, a la que cabe atribuir un óptimo conocimiento de la situación que atraviesa la industria española, achaca a los precios de la energía, tal y como también se reitera constantemente en los debates
desde esta tribuna, un impacto que nos aleja de Europa y constata la insuficiencia de las medidas adoptadas por el Ejecutivo de Pedro Sánchez.
He resumido la amplia solicitud de este conjunto de sectores industriales energéticos en un primer punto de la moción, con el que insto al Gobierno a atender la reciente solicitud de dicha Alianza por la Competitividad de la Industria
Española respecto a los elevados precios de la electricidad y el gas y, en consecuencia, a aproximar a España a Europa en materia energética, aplicar nuevas medidas, al no haber surtido las actuales el efecto deseado en el ámbito industrial, y
aceptar urgentemente medidas adicionales ante la previsión de que los elevados precios de los mercados eléctrico y gasista continúen en 2022. Señorías, al respecto de estas importantísimas y decisivas cuestiones para el presente y el inmediato
futuro, quiero dejar constancia de que la señora representante del Gobierno no dijo ni una sola palabra en el transcurso de la interpelación, como si con ella no fuera el asunto. Tampoco es ninguna novedad, la responsable de Industria nunca quiere
saber nada de lo que han solicitado al Consejo de Ministros los sectores afectados por el descalabro energético que está sufriendo España de la mano de Pedro Sánchez, entre ellos, automoción, refino, papel, química, farmacia, alimentación, bebidas,
cemento y siderurgia. Señorías, la falta de compromiso del Gobierno tiene como riesgo cierto las deslocalizaciones industriales, es decir, la fuga de producción a otros países donde los costes no están ni de lejos tan penalizados como en España.
Es el caso de Alemania y Francia, que tienen diferenciales energéticos muchísimo más favorables respecto a España y, por si fuera poco, ayudas de Estado que multiplican en varias veces las que concede nuestro Gobierno, que ha venido proclamando
hasta ahora que no estaban permitidas por la Comisión Europea.
Señoras y señores diputados, el segundo de los puntos de la moción hace referencia, cómo no, al fiasco del Estatuto del consumidor electrointensivo, vigente desde finales de 2021, porque la industria básica de alto consumo eléctrico precisa
de mejores medidas que traten de asegurar de forma efectiva la competitividad económica en el sector de la industria y el comercio en España. La iniciativa parlamentaria también hace una referencia a la situación derivada del bloqueo de
suministros, que ha afectado singularmente al sector de la automoción y que tiene como daños colaterales la injusta aplicación de la subida del impuesto de matriculación, que entró en vigor el 1 de enero de 2022 pero se aplicará a los compradores
del pasado año que no han recibido todavía su vehículo, que el propio Gobierno estima en 250 000.
Asimismo, al hablar del gas y su importancia en la transición energética y singularmente en muchos procesos industriales, me refiero en la iniciativa parlamentaria, al igual que he reiterado en otros debates desde esta misma tribuna, a la
inexplicable paralización de la instalación regasificadora construida desde hace casi nueve años en el espacio portuario asturiano de El Musel, Gijón, que está sin servicio. No quiero dejar de señalar que en este importante puerto del Estado se
concitan varios incumplimientos clamorosos que tienen una trascendencia social, industrial y económica de primer nivel, como en el caso del convenio suscrito en 2005 para dotarlo de enlaces viarios adecuados que faciliten el transporte de mercancías
por carretera y eliminen el tráfico pesado y peligroso por la calzada en una de las zonas más pobladas de Gijón, ya que el Gobierno de Pedro Sánchez y el del Principado, que preside Adrián Barbón, trituraron el convenio. También me gustaría señalar
la suspensión desde hace siete años de la autopista del mar entre este puerto y la Bretaña francesa, lo que supone una importante merma en las opciones de transporte marítimo internacional de la producción industrial, con las que sí cuentan el resto
de comunidades autónomas del Cantábrico.
Finalmente, la moción hace referencia a lo que se conoce como caso Alcoa, operación de venta tutelada por el Ministerio de Industria que, además de ser un engaño clamoroso para Galicia y Asturias, tiene trascendencia sobre el empleo por la
desaparición de centenares de puestos de trabajo, sobre la economía de grandes comarcas de población y sobre la producción del aluminio en España. El caso Alcoa se dilucida ahora en los tribunales de justicia, previa intervención policial en ambas
factorías. Pensando en los trabajadores, reclamo al Gobierno la búsqueda a fondo de soluciones que permitan la continuidad de la producción de aluminio en España en las plantas de Galicia y Asturias, considerando en su caso el apoyo temporal de la
SEPI para garantizar los puestos de trabajo.
Señor presidente, concluyo rechazando la enmienda presentada por el señor Rego, diputado del BNG, que utiliza en su redacción una terminología que no se corresponde con las ideas que yo trato
de defender, es decir, que no trago con lo de sustituir el nombre de España por el vocabulario nacionalista, que lo relega a Estado español. No obstante, señor presidente, le rogaría que en el momento de la votación se hiciese separada por
puntos.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario Plural, para la defensa de las enmiendas formuladas y que en este turno también fijará posición, tiene la palabra el señor Rego Candamil.
El señor REGO CANDAMIL: Grazas, presidente.
La industria electrointensiva es un sector esencial en Galicia, que en un país poco industrializado como el nuestro genera 5000 empleos directos y varios miles más de indirectos, con una presencia relevante en comarcas como A Mariña, Ferrol
o Costa da Morte, y por ello también es una preocupación fundamental para el BNG, porque además conoce una situación de inestabilidad y crisis casi permanente en relación con un elemento determinante, como es el coste de la energía eléctrica, lo que
nos mueve a dar este debate y traer propuestas de solución de forma recurrente.
Hoy es evidente que el Estatuto del consumidor electrointensivo no sirvió para dar solución al sector. Lamentablemente, diversas propuestas orientadas a un mecanismo más eficaz y ambicioso, entre ellas, la del BNG, no fueron escuchadas, y
la constatación de su limitación exige nuevas acciones. Por eso, además de revisar y modificar el estatuto, hay que actuar para controlar el precio de la energía eléctrica. Está claro que no son suficientes ni parches ni buenas palabras, no llega
con decir que hay que aproximarse a Europa. Por eso el Bloque Nacionalista Galego propone cambiar la regulación del sector eléctrico para poner la producción de energía al servicio del interés público y del desarrollo social y económico.
Por otro lado, la situación del sector del aluminio en Galiza y Asturias, a la que hace referencia el diputado de Foro, hace imprescindible una decidida actuación pública. Con Alcoa en stand by, fundamentalmente por la negativa del Gobierno
a intervenirla, el momento que vive Alu Ibérica, en concurso de acreedores, exige más que nunca la intervención pública para salvar la actividad y la totalidad de los puestos de trabajo. Por eso proponemos de nuevo, como haremos mañana en la
Comisión de Industria, incorporar esta medida a la resolución, porque solo por ahí habrá una solución real al problema.
Obrigado.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Tiene la palabra la señora Cañadell Salvia.
La señora CAÑADELL SALVIA: Buenas tardes, señorías. Gracias, presidente.
Respecto al tercer punto de esta moción consecuencia de interpelación, hay un hecho significativo que me gustaría recalcar. Fue gracias a una enmienda del PDeCAT al proyecto de ley de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal
que se consiguió revertir el aumento del impuesto de matriculación para todos los vehículos nuevos matriculados a partir de la entrada en vigor de esta ley y hasta el 31 de diciembre de 2021. Nuestra enmienda inicial era para mantener el impuesto,
con la reversión al mismo de forma indefinida, como así se aprobó en el Congreso, aunque finalmente solo se consiguió para buena parte del año 2021. Cuando presentamos la enmienda todavía no había la crisis de suministros en la industria del
automóvil, como ha ocurrido a posteriori con la falta de chips. Y hay que recordar que esta industria tiene dos particularidades con relación al tema que estamos tratando: por un lado, trabaja en el modelo de producción Just in time, con lo que
sus stocks de suministros son muy bajos, los fabricantes de automóviles pararon su producción y, por tanto, se retrasó la entrega de los vehículos, y, por otro lado, la inmensa mayoría de los vehículos se producen una vez que el comprador los ha
reservado, todo lo cual ha llevado a que alrededor de 250 000 vehículos reservados durante el ejercicio 2021 tengan que matricularse este año, por lo que no se pueden beneficiar de pagar un impuesto de matriculación más reducido. A nuestro
entender, el espíritu de la ley incluye todos los vehículos reservados a partir de la entrada en vigor de la Ley 11/2021, ya se hayan podido matricular en el año 2021 o no. Al presentar la enmienda y a posteriori, en la tramitación parlamentaria de
esta ley, como he dicho antes, no se sabía que habría esa falta de chips que ha obligado a parar la producción de vehículos, motivo por el cual la ley no
contemplaba esta salvedad, aunque sí su espíritu. En conclusión, como no podía ser de otro modo, estamos completamente a favor de este punto de la iniciativa.
Y con relación a los dos primeros puntos, también estamos de acuerdo. La industria juega un papel muy importante para la riqueza de un país, produce bienes de mayor valor añadido, los salarios de los trabajadores suelen ser más altos que en
otros sectores y es el sector privado que genera más innovación. En una economía abierta, tener un precio de electricidad y gas superior al de nuestros vecinos genera una gran desventaja competitiva para la industria. Por eso resulta fundamental
revisar la factura energética, mejorando la eficiencia y el ahorro en los procesos de producción y reduciendo los costes energéticos correspondientes a un sector altamente regularizado por la Administración del Estado.
Gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra la señora Sagastizabal Unzetabarrenetxea.
La señora SAGASTIZABAL UNZETABARRENETXEA: Gracias, presidente.
Desde luego, mi grupo entiende la preocupación por la industria y compartimos, señor Martínez Oblanca, que no hay una apuesta decidida por la política industrial y que últimamente solo se recurre a parches, básicamente desde el ámbito de la
transición ecológica, para poder paliar los costes energéticos para que las empresas no pierdan más competitividad. Sin embargo, también diferimos en cuanto a los planteamientos que hoy nos hace usted, porque nos propone una serie de medidas
genéricas y dispersas que no creemos que otorguen a la industria la posibilidad de reducir sus costes energéticos de forma sustancial, simplemente porque no hay concreción y mezcla industrias con consumidores domésticos, al tiempo que hay otra serie
de medidas para una industria muy concreta de unas comunidades autónomas.
Una cosa está clara, y es que los altos costes del gas y la electricidad están lastrando la competitividad de la industria, en general, y por ello, como usted dice, la Alianza por la competitividad ha puesto sobre la mesa la necesidad de que
el Gobierno adopte medidas adicionales ante esa persistencia de precios muy elevados en el mercado eléctrico y en el gasista, que además se ha visto agravada por la ausencia de contratos a largo plazo, los PPA a un precio fijo y razonable, por lo
que deberíamos plantear a la industria, por un lado, esa coordinación con el Ministerio de Transición para intentar compatibilizar el binomio energía-clima y energía-industria y que se vayan adoptando medidas concretas dirigidas a reducir aspectos
gestionables de actividades reguladas que son de su competencia, así como medidas que tienen que ver con la actividad de distribución que la alianza, entre otras, ha puesto sobre la mesa, o las de esa carta de febrero a la que usted hacía
referencia, medidas que son mucho más concretas.
Es cierto que, en el ámbito energético, la industria había depositado sus esperanzas en diferentes mecanismos para reducir el precio del suministro eléctrico, como puede ser el Estatuto del consumidor electrointensivo y redes de distribución
cerradas, medidas que han sido limitadas y limitantes, que, desde luego, no han podido aportar soluciones a la industria y que, por tanto, entendemos que hay que mejorar, reestructurar o, en su caso, aprobar, como la de redes de distribución
cerradas, aunque quizá en este último caso con una visión mucho más amplia. No ha hablado tampoco de instar en esta moción al Gobierno a compensar hasta el máximo del 25 % del CO2, a lo que hizo referencia la ministra y fue una enmienda pactada por
este grupo en la Ley de cambio climático. Y me sorprende que tampoco haya hablado de las subastas de energías primarias que preparaba el Gobierno y que también ha solicitado la Alianza. Usted no lo ha mencionado, cuando se supone que tratan de
resolver un problema de competencia para que el mercado a plazo tenga mayor liquidez y ello pueda repercutir en el precio de la electricidad.
Compartimos el fondo de su moción, pero no las medidas planteadas, porque es un planteamiento muy genérico, como he dicho, y difícilmente van a tener repercusión en la industria con la inmediatez que en estos momentos se requiere. Votaremos
en contra.
Gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos tiene la palabra la señora Martínez Granados.
La señora MARTÍNEZ GRANADOS: Gracias, presidente.
Señorías, debatimos esta moción consecuencia de interpelación urgente sobre un tema de enorme importancia para nuestra economía, como es la situación de la industria, agravada por los altísimos sobrecostes energéticos. Desde mi grupo
parlamentario coincidimos con el proponente en que se debe dotar a la industria básica de alto consumo eléctrico de mayores ayudas mediante un desarrollo más ambicioso del Estatuto de los Consumidores Electrointensivos. Nuestra apuesta, sin
embargo, pasa por conceder la exención del 80 % de los peajes de transporte eléctrico, igual que ocurre en Alemania o Francia desde hace tiempo. Y nos quedamos cortos respecto a otros países, como Portugal, donde se ha aprobado una rebaja del 94 %
en las tarifas de acceso hasta 2022. Estamos hablando de un sector, el de las empresas electrointensivas, que genera la mitad del producto interior bruto de nuestro país y da trabajo a más de 2,8 millones de personas.
Estamos también de acuerdo, señorías, en aproximar España a Europa en materia energética y aplicar nuevas medidas que intenten, por un lado, arreglar lo que no han conseguido hasta ahora las medidas impulsadas por el Gobierno y, por otro,
adoptar nuevas medidas, a la vista de las preocupantes previsiones de altos precios en los próximos meses. Desde el inicio de la escalada de precios, desde Ciudadanos llevamos destacando que nuestro país se encuentra en una situación de desventaja
respecto a nuestros vecinos europeos. Si atendemos a los datos de la Asociación de Empresas de Gran Consumo de Energía Electrointensiva, son un 20 % más bajos estos costes en Alemania y hasta un 60 % más bajos en Francia. ¿Por qué ocurre esto?
Esta diferencia abisal viene en una proporción inasumible de los precios regulados y de los recargos e impuestos. Por ahí es por donde el Gobierno debe empezar y debe seguir de verdad si quiere acometer una bajada rápida, real y además que sea
sostenible de la factura eléctrica y la industria electrointensiva. Pero, vamos más allá, creemos que se debería establecer una nueva modalidad de ERTE asociado a la situación de los precios energéticos para aquellas empresas cuya producción esté
comprometida por los elevados precios eléctricos.
Desde Ciudadanos, insistimos al Gobierno en asegurar la viabilidad, continuidad y rentabilidad de la industria electrointensiva. Para ello, es necesario prestar especial atención a dos factores vitales para el futuro del sector: por un
lado, los centros de datos, una infraestructura fundamental de la economía digitalizada, que tienen la factura eléctrica como gasto principal, y por otro, la penetración del hidrógeno verde como única alternativa sostenible para muchas industrias
electrointensivas. El desarrollo de la industria del hidrógeno verde depende de que exista una garantía de consumo y en Asturias, por ejemplo, la hay. ArcelorMittal prevé invertir con ayudas públicas 1000 millones para descarbonizar su factoría
siderúrgica de Gijón para sustituir el proceso de fabricación de acero en horno de alto calor por uno de reducción directa de mineral de hierro mediante hidrógeno verde, que podría estar al servicio y funcionando en 2025. Será necesario un
suministro de combustible renovable en cantidades industriales y en Asturias hay proyectos para producirlo y transportarlo. Sin embargo, para atraer estas enormes inversiones, el Gobierno tiene que abandonar su senda de improvisación e intervención
de mercado, y no hace sino alejar a España de estos objetivos y lo aleja, también, de grandes inversiones.
Hablan en su moción, señorías, de la necesidad de aproximar España a Europa en materia energética y evitar que los precios de los mercados eléctricos y gasistas continúen, en el año 2022, creciendo. No podemos estar más de acuerdo. Por
ello, insistimos en las medidas que, desde mi grupo, hemos ido presentando y que el Gobierno se ha limitado a despreciar o directamente a vetar. Hemos solicitado el desarrollo de un plan de aprovechamiento de recursos hídricos y un estudio general
sobre la prolongación de la vida útil de las centrales nucleares, la supresión de la subida del impuesto de matriculación desde el 1 de enero de 2022, la reforma de la Ley del IRPF y el impuesto sobre sociedades para introducir una deducción general
como gastos extraordinarios para los costes eléctricos, por ejemplo, así como que se prolonguen las rebajas del IVA y del impuesto sobre el valor añadido de la producción de energía eléctrica.
En definitiva, señorías, nuestro grupo votará a favor de esta moción consecuencia de interpelación porque creemos y compartimos el diagnóstico y la necesidad de afrontar un problema de peso para nuestra economía, aunque reclamamos mayor
ambición al Gobierno.
Muchísimas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Común Podem-Galicia en Común, tiene la palabra el señor Gómez-Reino Varela.
El señor GÓMEZ-REINO VARELA: Buenas tardes, boa tarde, señor presidente.
Señorías, enfrentamos esta propuesta de moción consecuencia de interpelación del Grupo Mixto, del señor Oblanca, de Foro Asturias, con cierta sorpresa; sorpresa no tanto por las cuestiones que trata, la mayor parte de ellos temas
relevantes, la mayor parte de ellos temas que ya hemos debatido además en esta Cámara en sucesivas ocasiones, pero no tanto en los temas, sino por cómo los trata. Es una moción que aun expresando preocupaciones legítimas -que en muchos casos
incluso pueden ser compartidas en la diagnosis, aunque evidentemente no en la forma de intervenir sobre ellas ni en quiénes son los responsables y los causantes de estas cuestiones-, sin embargo, las convierte en una especie de artefacto legislativo
insostenible donde se mezclan cuestiones que nada tienen que ver unas con otras. No sabemos, además, por qué se hace esta forma, si es básicamente por falta de rigurosidad, lo cual no creemos que sea así conociendo al señor Oblanca, o si es por la
voluntad de emplear problemas reales -diría que todos, pero si no, la mayor parte heredados de la nefasta política industrial del Partido Popular que el señor Oblanca apoyó durante años- como armas políticas contra la acción de este Ejecutivo.
Una moción en la que, por ejemplo, se habla de aproximar España a Europa en materia energética, y esto lo dice y lo hace quien ha apoyado cada una de las medidas en política energética de los Gobiernos del Partido Popular que tanto daño han
hecho a nuestro sector de la energía -por cierto, esto lo dice quien votó también en contra de retirar el impuesto al sol-. Por otra parte, se habla del Estatuto del consumidor electrointensivo, y lo dice quien apoyó un Gobierno que se llenó la
boca durante mucho tiempo hablando del estatuto de las industrias electrointensivas, pero que no fue capaz de sacarlo adelante y que no salió ese estatuto hasta que llegó este Gobierno.
Luego se habla, para nuestra sorpresa, de cuestiones evidentemente legítimas y seguro discutibles, como es el vehículo privado y de compensaciones fiscales a particulares. Como digo, asunto discutible, pero que comprenderá que le diga que
parece que no tiene mucha cabida en esta moción. A continuación, nos habla de una planta regasificadora -más allá de otros debates que sí son pertinentes, como puede ser la pertinencia o no en el contexto energético y geopolítico actual de abordar
la cuestión de las regasificadoras y del gas- que además ha sido declarada ilegal por la Justicia por su proximidad a núcleos de población. Y finalmente acaba hablando de algo que, evidentemente, nos interpela, nos preocupa desde hace mucho tiempo,
como es la producción de aluminio primario, y particularmente dos plantas, la planta de Alu Ibérica en A Coruña y en Avilés, la antigua Alcoa.
Con todo el respeto, esta moción, como nos han dicho precisamente representantes de los trabajadores a los que hemos consultado estos días al respecto de ella, nos parece una muestra de oportunismo, pero, sea como fuere, nuestro grupo
parlamentario quiere, para ir acabando, dejar algo muy claro. Después de muchos años... (Rumores).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Un momento, señoría. (Pausa).
Continúe.
El señor GÓMEZ-REINO VARELA: Decía que desde el Grupo Confederal Unidas Podemos queremos dejar algo muy claro. Después de muchos años de lucha de las plantillas de Alu Ibérica en Avilés y en A Coruña, después de una venta fraudulenta de
ambas plantas a unos estafadores -hoy condenados-, y de que las plantas se mantengan estos meses, y hoy todavía, a pulso de los trabajadores, después de todo esto no podemos permitir que dos plantas competitivas de producción de aluminio primario
-materia imprescindible para la transición energética-, declaradas esenciales en la pandemia y que dan trabajo y sustento a más de ochocientas familias en A Coruña y en Avilés, se queden por el camino. Por eso, y para ir acabando, pedimos
claramente -y lo hacemos del lado de los trabajadores- una intervención pública, acaso temporal, por parte de la SEPI que garantice que plantas competitivas, que plantas con compradores para su carga de trabajo, no dejen de producir en un momento
clave para cuidar y para reforzar nuestras empresas estratégicas. Todo el apoyo a los trabajadores de Alu Ibérica de A Coruña y de Avilés que están pidiendo una intervención pública por parte de la SEPI.
Muchas gracias y buenas tardes. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra el señor Figaredo Álvarez-Sala. (Aplausos).
El señor FIGAREDO ÁLVAREZ-SALA: Muy buenas noches. Debatimos una iniciativa que es bastante interesante, aunque mezcla bastantes ideas que parecen en sí distintas, ya que habla de los costes de la luz y el gas, de la industria
electrointensiva, del impuesto sobre matriculaciones, de una regasificadora situada en el puerto de El Musel, en Gijón, así como de las plantas de procesamiento de fabricación de aluminio, la antigua Alcoa. Son cuestiones que pueden parecer muy
distintas entre sí, pero tienen un hilo conductor: la industria. (La señora presidenta ocupa la Presidencia). La forma en la que lo ha expresado el grupo presentante, incluso los grupos que han intervenido a lo largo de la tarde y de la sesión,
demuestran también una cosa bastante clara: todos somos conscientes de que España y la industria española pasa por momentos absolutamente críticos y sumamente complicados. El presente es muy oscuro para la industria española. Sin embargo -y luego
me explicaré-, hay una esperanza.
En mi opinión, la cuestión de la luz y el gas, no se ha tratado cuál es el punto nuclear de ese precio de la luz y el gas. (Rumores).
La señora PRESIDENTA: Silencio, por favor.
El señor FIGAREDO ÁLVAREZ-SALA: El motivo no es otro que las políticas radicales e irracionales de este Gobierno con respecto a la religión climática. Consideran que, basándose en estos dogmas climáticos que, por cierto, vienen impuestos
no por el electorado español, no por los intereses de España, sino que vienen impuestos, básicamente, desde la Comisión Europea, creen que todo vale y todo se puede justificar. Por motivo de esas políticas que se van aplicando la luz y el gas están
en los precios en los que están. (Aplausos). Así que, señores empresarios que tengan su restaurante, sepan que esa factura de la luz que se multiplica es culpa de las políticas del Partido Socialista, apoyadas por Podemos, erráticas y
absolutamente descabelladas con respecto a esa religión climática. Señor ganadero, que tiene que conservar la leche con la que usted trabaja, con la que usted se gana el pan cada día, que tiene que conservarla en esas neveras inmensas que consumen
una gran cantidad de energía eléctrica, si usted no puede sobrevivir y no puede llevar su negocio adelante, sepa que es por culpa de ese Partido Socialista y de Podemos (Aplausos).
La industria electrointensiva está absolutamente relacionada con esta cuestión, una industria en la que, en momentos normales -hablo de un ejemplo concreto, de Asturias, el que he podido analizar- un 45 % de sus gastos se correspondían con
la energía eléctrica cuando esta rondaba los 50 euros el megavatio/hora. A día de hoy la luz está en torno a 200 euros el megavatio/hora. Es decir, lo que antes era un 50 % ahora ronda un 70 % de sus gastos. Esto supone que esta industria, que es
el mismo caso que Alcoa, por ejemplo, ya no es, en absoluto, rentable. ¿Qué sucede? Que la industria, necesariamente, cierra y los españoles se van a la calle, y esta industria se traslada automáticamente a la India o a China, países con una
regulación muchísimo más laxa y que sí beneficia a sus trabajadores.
Hablan del impuesto de matriculaciones. Bueno, es que el impuesto de matriculaciones se ha incrementado con una triquiñuela jurídica. (Rumores).
La señora PRESIDENTA: Perdone un segundo, señor Figaredo.
Ruego silencio, por favor. (Pausa).
El señor FIGAREDO ÁLVAREZ-SALA: Comprendo que hay grupos parlamentarios muy nervioso, pero aquí hoy no se va a resolver nada. (Rumores.-Risas y aplausos).
El impuesto de matriculaciones se ha subido mediante una triquiñuela del Partido Socialista que empieza en enero. Todas aquellas personas que hayan comprado su vehículo durante este año y que no lo hayan recibido se preguntarán por qué no
lo han recibido. Pues no lo han recibido porque el Partido Socialista y Podemos han desmantelado una gran parte de la industria del automóvil. ¿Qué sucede? Que los automóviles ya no se fabrican íntegramente en España, sino que se fabrican fuera y
los españoles no los han recibido todavía. Quien haya comprado su vehículo un año antes y lo reciba hoy va a pagar ese impuesto de matriculaciones, que ha subido ¿quién? El Partido Socialista, efectivamente.
La regasificadora de El Musel, una infraestructura energética bastante importante, ha costado unos 400 millones de euros. Se empezó a construir en el año 2008 y a día de hoy todavía no ha entrado en funcionamiento; un auténtico disparate.
Esos 400 millones de euros, por cierto, son aproximadamente lo que se va recaudar más con esa subida del impuesto de matriculaciones, es decir, lo que a usted le exprimen lo usan para malgastarlo en infraestructuras que no arrancan a funcionar.
Pero digo que hay futuro. ¿Por qué? Porque el Partido Socialista, que es el causante de esta ruina, ha perdido en estas
últimas elecciones en Castilla y León -el termómetro puesto en la ciudadanía- un 25 % de sus votos, ha perdido uno de cada cuatro votos que recibió en el año 2019 (aplausos), una auténtica debacle electoral que demuestra que los españoles
están viendo lo que hay. Si extrapolásemos este resultado a nivel nacional se quedarían ustedes, de los 120 escaños que tienen a día de hoy, en 82 escaños, el peor resultado de su historia. Así que, españoles, tranquilidad, porque aún hay
esperanza.
Muchísimas gracias. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Figaredo. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, tiene la palabra la señora Gázquez Collado.
La señora GÁZQUEZ COLLADO: Gracias, presidenta.
Buenas tardes. Hace tan solo dos semanas debatíamos aquí sobre política energética e industrial, y hoy volvemos a hacerlo. En ese caso, fue concretamente sobre la industria hiperelectrointensiva. De aquí salió con apoyo muy mayoritario
-con 274 votos sí- que se abordara el tema y se legislará en consecuencia. Hasta hoy no habido ni un solo movimiento de los ministerios afectados ni en el Consejo de Ministros. Fue un paripé del socialismo asturiano y de los dos comunismos
asturianos defendiendo aquí lo mismo que después le niegan en el Consejo de Ministros. Insistimos en lo que les trasladamos hace ahora quince días. Los empresarios y trabajadores industriales en Asturias y en el resto de España piden básicamente
tres cosas: que se les reduzcan las trabas administrativas, que se les reduzca la alta fiscalidad y una tarifa eléctrica competitiva frente a sus iguales en Europa y en el resto del mundo. Por cierto, electricidad y gas cuyo precio no solo está
desangrando a nuestras empresas, también a nuestros ciudadanos en sus hogares. Resulta increíble lo aislados y ajenos a la realidad que viven todos ustedes, y no hacen nada para solucionarlo. Entiendo que en la Moncloa o en el piso superchulo de
'Yo, Yolanda', de 400 metros cuadrados, no se nota lo que hay que pagar por la calefacción, pero fuera hace mucho frío y los ciudadanos no pueden más. Electricidad, gas, inflación, subida de tipos de interés, un cóctel peligroso que se nos viene
encima. Además, el tema industrial y energético, concretamente, está llevado por dos ministras -con todos mis respetos- ejemplos de incompetencia e ineficiencia. La que realmente manda, la ministra Ribera, lo hace desde el fundamentalismo,
llevándonos a una transición energética sin rumbo ni soluciones alternativas. (Rumores).
La señora PRESIDENTA: Silencio, por favor.
Señora Gázquez, un momento, perdone que la interrumpa. Pido silencio. (Pausa).
Gracias.
La señora GÁZQUEZ COLLADO: Gracias, presidenta.
Me estaba refiriendo a las dos ministras del ramo. Francamente, hemos tenido mala suerte: la ministra Ribera, por fundamentalista, sin transición energética, sin rumbo y sin soluciones alternativas, y la propia ministra de Industria -que
también me da pena decirlo, pero es un sinónimo de inutilidad- anulada por la ministra de Transición, que no es capaz ni de agotar sus presupuestos. De los socios de la ultraizquierda, ya ni hablamos. Ha resultado curiosísima la intervención del
representante de Podemos. Mejor que no vaya por Asturias, mejor, porque la verdad es que el recibimiento sería bastante ingrato, incluso por los propios miembros de Comisiones Obreras, que no saben cómo pueden llevar esta política energética en
Unidas Podemos.
La realidad es que cada día nos levantamos con nuevos datos negativos. Ayer, por ejemplo, con la caída del índice de producción industrial en diciembre, ya que mientras en toda Europa y en la zona euro subía, nosotros caíamos. Volvemos a
repetírselo, pues hay unas líneas claras que el Gobierno debería fijar como hoja de ruta industrial: una política energética que haga viable y rentable la producción industrial; aprovechar los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia
para crear riqueza en todo el tejido industrial, en toda la cadena -un informe del Cogiti, del Consejo de Economistas y de la UCAM hace dos semanas recogía que el 74 % del sector opina que los fondos no van a llegar a las pymes, es decir, que las
industrias auxiliares, de las que tienen que abastecerse las grandes industrias, no van a recibirlos-, y mitigar la dependencia de productos y materias primas estratégicas, no solo de la farmacéutica, también de la de chips. La Unión Europea ha
anunciado que movilizará más de 43 000 millones de euros para fabricar en Europa el 20 % del mercado mundial de chips. Con ello, lógicamente, se rebajaría la fuerte
dependencia de ese producto que tiene Europa. Pues deberíamos asegurarnos que parte de esta inversión venga a España, se debe luchar y se debe conseguir, ese es el objetivo, ese es el reto. No debemos ser unos meros figurantes en Europa y
debemos aprovechar nuestra situación geográfica estratégica y nuestras infraestructuras para dotar de una entrada gasística a Europa por el sur. Es decir, poner en marcha la necesaria interconexión gasística España-Francia que evitaría la
dependencia de Rusia y pondría en valor un activo fundamental de nuestro país, como es disponer de la mayor red de regasificadoras de Europa y una red de gaseoductos de primera. Esto es verdaderamente geopolítica, política de país de verdad, la que
deben practicar, no esas banalidades a las que dedican todo su tiempo y entretienen a los españoles.
En definitiva -y termino con la misma propuesta de hace dos semanas-, cambien su estrategia industrial y energética, marquen una ruta factible, competitiva, y nos tendrán a su lado. Por supuesto, apoyaremos la moción de nuestro compañero de
Foro. Trabajen, están en el Gobierno, trabajen, legislen y apuesten, de verdad, por la industria de España.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Gázquez. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor García Morís.
El señor GARCÍA MORÍS: Gracias, señora presidenta.
Señorías, señor Martínez Oblanca, en su interpelación urgente a la ministra de Industria, la señora Reyes Maroto, ya hizo una descripción negativa de Asturias, poco constructiva y nada objetiva, algo a lo que, por otro lado, nos tiene ya
acostumbrados. Usted no acaba de entender que se puede hacer oposición sin tener que hablar mal de Asturias, de sus potencialidades y de sus fortalezas en materia industrial, pero usted no lo hace, y el resto de la derecha, como acabamos de
comprobar, tampoco.
A pesar de las dificultades, los datos son por todos conocidos, aunque es evidente que la derecha no los va a utilizar nunca en positivo, sino todo lo contrario. La realidad es que estos datos muestran hechos y no opiniones, e indican
claramente que la industria española y asturiana se recuperan, con un incremento de la producción industrial en 2021 de más del 7 %, la mayor subida desde los años noventa. Lo mismo pasa con el número de empleos del sector industrial desde marzo
del año pasado, recuperando los niveles previos a la pandemia. En este contexto, Asturias creció el doble que la media nacional, el 15 %. Son datos y no opiniones, señores de la derecha. Así que un poco más de sentido de país no les vendría mal,
por nuestras empresas, pero también por sus trabajadores y por sus trabajadoras.
La industria es una de las señas de identidad de Asturias, es un sector básico para afrontar la transición digital de la economía y la transición energética, pero también para la cohesión social, por ser un sector capaz de generar empleo
estable. El Gobierno está fuertemente implicado en el proceso de transformación industrial hacia un modelo más sostenible y más digital, porque estamos hablando de la construcción del futuro. El otro día le puse de ejemplo la visita del presidente
Pedro Sánchez para anunciar el proyecto de Arcelor para la descarbonización. Empresa, territorio y Gobiernos de la mano para la recuperación y modernización de nuestra industria y de nuestra economía. Más de 1000 millones de euros para la
descarbonización de Arcelor, en alianza con otras industrias para la producción de hidrógeno, algo a lo que ustedes, señorías del PP, ni se refieren y que bien podrían poner en valor, por no citar los obstáculos que están poniendo a los fondos
europeos dentro y fuera de nuestro país. Vienen aquí a hacer un populismo desleal, porque de sobra conocen quién es el responsable de la situación de las plantas de Alu Ibérica, al igual que saben que el Gobierno trabaja con las administraciones
competentes en lograr una solución industrial y viable para las plantas de Avilés y de A Coruña, y que ante una alternativa de futuro posible la ministra se ha comprometido y ha señalado que se pondrán todos los instrumentos posibles para mantener
la actividad industrial en los territorios, en plena coordinación con los Gobiernos autonómicos.
La industria electrointensiva es estratégica y lo hemos demostrado en muchas medidas de apoyo al sector. Somos conscientes del impacto de la subida energética y usted sabe que impulsamos el estatuto de las eléctricas, que ustedes critican,
pero que ha dado certeza y seguridad a las empresas sobre los costes energéticos y otros instrumentos. Compromisos y hechos también por la vía de los presupuestos, como las compensaciones por CO2 de la industria electrointensiva, que subimos de 6 a
179 millones de
euros. ¿Eso no es para ustedes política industrial, señores de la derecha? Ustedes en ningún momento se han planteado la posibilidad de apoyar los presupuestos generales. (Rumores).
La señora PRESIDENTA: Silencio, por favor.
El señor GARCÍA MORÍS: Nos gustaría saber qué soluciones han puesto encima de la mesa. Ninguna, ninguna solución, ausencia total de política industrial. (Aplausos). El establecimiento de estas medidas iniciales no impide que a futuro el
Gobierno pueda establecer nuevas fórmulas de apoyo, siempre que sean compatibles con el marco normativo de la Unión Europea. La ministra Reyes Maroto anunció la semana pasada la posibilidad de aprobar un PERTE para apoyar el proceso de
descarbonización de la industria electrointensiva, que se centre en proyectos industriales del acero y aluminio y ayude a tener precios competitivos e inversiones en eficiencia energética. Esta posibilidad ha tenido buena acogida en el sector;
parece que no ha sido así entre los partidos de la derecha. Las empresas y los trabajadores y las trabajadoras del sector tienen bien claras las diferencias políticas cuando unos gobiernan y cuando otros lo hacemos, cuando lo hacemos con política
industrial, con proyectos, pensando en el sector y pensando en su transformación.
Muchas gracias, señorías. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor García.
Señor Martínez Oblanca, ¿acepta alguna enmienda de las presentadas?
El señor MARTÍNEZ OBLANCA: No, señora presidenta.
Le agradecería que la votación fuese separadamente en los tres puntos. Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, así se procederá en la votación.
Señorías, votamos en cuatro minutos. (Pausa).
TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY. (VOTACIÓN):
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CONFEDERAL DE UNIDAS PODEMOS-ENCOMÚ PODEM-GALICIA EN COMÚN, POR LA QUE SE REGULA LA EXTINCIÓN DEL DERECHO AL USO PRIVATIVO DE LAS AGUAS MEDIANTE LA CONCESIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO PARA EL USO INDUSTRIAL DE
PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y LA ASUNCIÓN DE LAS PLANTAS HIDROELÉCTRICAS POR LA ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL PRODUCCIÓN ENERGÉTICA ESPAÑOLA. (Número de expediente 122/000155).
La señora PRESIDENTA: Señorías, vamos a dar comienzo a las votaciones.
Votamos en primer lugar la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, por la que se regula la extinción del derecho al uso privativo de las aguas
mediante la concesión del dominio público hidráulico para el uso industrial de producción de energía eléctrica, y la asunción de las plantas hidroeléctricas por la entidad pública empresarial Producción Energética Española.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 330 más 7 votos telemáticos, 337; a favor, 53 más 5 votos telemáticos, 58; en contra, 273 más 2 votos telemáticos, 275; abstenciones, 4.
La señora PRESIDENTA: En consecuencia, no se toma en consideración la proposición de ley.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO PLURAL, DE REFORMA DE LA LEY ORGÁNICA 2/1982, DE 12 DE MAYO, DEL TRIBUNAL DE CUENTAS Y DE LA LEY 7/1988, DE 5 DE ABRIL, DE FUNCIONAMIENTO DEL TRIBUNAL DE CUENTAS. (Número de expediente 122/000197).
La señora PRESIDENTA: Procedemos a votar la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Plural, de reforma de la Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, del Tribunal de Cuentas y de la Ley 7/1988, de 5 de abril, de
funcionamiento del Tribunal de Cuentas.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 330 más 7 votos telemáticos, 337; a favor, 66 más 5 votos telemáticos, 71; en contra, 263 más 2 votos telemáticos, 265; abstenciones, 1.
La señora PRESIDENTA: En consecuencia, no se toma en consideración la proposición de ley.
Muy buenas noches, señorías. Se suspende la sesión hasta mañana a las nueve.
Eran las ocho y treinta y cinco minutos de la noche.