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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 153, de 25/01/2022
cve: DSCD-14-PL-153
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CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE
Año 2022 XIV LEGISLATURA Núm. 153
PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª MERITXELL BATET LAMAÑA
Sesión plenaria núm. 146
(extraordinaria)
celebrada el martes,
25 de enero de 2022
ORDEN DEL DÍA:
Convalidación o derogación de reales decretos-leyes.
- Real Decreto-ley 31/2021, de 28 de diciembre, por el que se modifica la Ley 19/1994, de 6 de julio, de modificación del Régimen Económico y Fiscal de Canarias, y se fija un nuevo plazo para presentar las renuncias o revocaciones a métodos
y regímenes especiales de tributación. (BOE núm. 312, de 29 de diciembre de 2021). (Número de expediente 130/000071) ... (Página3)
- Real Decreto-ley 28/2021, de 17 de diciembre, por el que se adoptan medidas complementarias de carácter urgente para la reparación de los daños ocasionados por las erupciones volcánicas y para la recuperación económica y social de la isla
de La Palma. (BOE núm. 302, de 18 de diciembre de 2021). (Número de expediente 130/000068) ... (Página13)
- Real Decreto-ley 29/2021, de 21 de diciembre, por el que se adoptan medidas urgentes en el ámbito energético para el fomento de la movilidad eléctrica, el autoconsumo y el despliegue de energías renovables. (BOE núm. 305, de 22 de
diciembre de 2021). (Número de expediente 130/000069) ... (Página25)
Votaciones ... (Página44)
SUMARIO
Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.
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Convalidación o derogación de reales decretos-leyes ... (Página3)
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Real Decreto-ley 31/2021, de 28 de diciembre, por el que se modifica la Ley 19/1994, de 6 de julio, de modificación del Régimen Económico y Fiscal de Canarias, y se fija un nuevo plazo para presentar las renuncias o revocaciones a métodos y
regímenes especiales de tributación ... (Página3)
La señora ministra de Hacienda y Función Pública (Montero Cuadrado) expone a la Cámara las razones que han llevado al Gobierno a la promulgación del real decreto-ley de referencia.
En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Quevedo Iturbe y la señora Oramas González-Moro, del Grupo Parlamentario Mixto; la señora Martínez Granados, del Grupo Parlamentario Ciudadanos; los señores Guijarro García, del Grupo
Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, y Figaredo Álvarez-Sala, del Grupo Parlamentario VOX; la señora Zurita Expósito, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, y el señor Fuentes Curbelo, del Grupo
Parlamentario Socialista.
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Real Decreto-ley 28/2021, de 17 de diciembre, por el que se adoptan medidas complementarias de carácter urgente para la reparación de los daños ocasionados por las erupciones volcánicas y para la recuperación económica y social de la isla de
La Palma ... (Página13)
El señor ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática (Bolaños García) expone a la Cámara las razones que han llevado al Gobierno a la promulgación del real decreto-ley de referencia.
En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Quevedo Iturbe y la señora Oramas González-Moro, del Grupo Parlamentario Mixto; la señora Sagastizabal Unzetabarrenetxea, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); el señor Gutiérrez
Vivas, del Grupo Parlamentario Ciudadanos; la señora Fernández Castañón, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común; los señores Rodríguez Almeida, del Grupo Parlamentario VOX, y Ledesma Martín, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso; y la señora Raya Rodríguez, del Grupo Parlamentario Socialista.
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Real Decreto-ley 29/2021, de 21 de diciembre, por el que se adoptan medidas urgentes en el ámbito energético para el fomento de la movilidad eléctrica, el autoconsumo y el despliegue de energías renovables ...
La señora vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Ribera Rodríguez) expone a la Cámara las razones que han llevado al Gobierno a la promulgación del real decreto-ley de referencia.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Guitarte Gimeno, Martínez Oblanca y Botran Pahissa, del Grupo Parlamentario Mixto; y Matute García de Jalón, del Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu; las señoras Sagastizabal
Unzetabarrenetxea, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), y Martínez Granados, del Grupo Parlamentario Ciudadanos; el señor Rego Candamil, la
señora Sabanés Nadal y el señor Miquel i Valentí, del Grupo Parlamentario Plural; los señores Capdevila i Esteve, del Grupo Parlamentario Republicano, y López de Uralde Garmendia, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú
Podem-Galicia en Común; la señora Borrás Pabón, del Grupo Parlamentario VOX; el señor Requena Ruiz, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, y la señora Caballero Gutiérrez, del Grupo Parlamentario Socialista.
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Votaciones ... (Página44)
Sometida a votación la convalidación del Real Decreto-ley 31/2021, de 28 de diciembre, por el que se modifica la Ley 19/1994, de 6 de julio, de modificación del Régimen Económico y Fiscal de Canarias, y se fija un nuevo plazo para presentar
las renuncias o revocaciones a métodos y regímenes especiales de tributación, se aprueba por 271 votos a favor, 1 en contra y 69 abstenciones.
Sometida a votación su tramitación como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia, se rechaza por 151 votos a favor, 171 en contra y 18 abstenciones.
Sometida a votación la convalidación del Real Decreto-ley 28/2021, de 17 de diciembre, por el que se adoptan medidas complementarias de carácter urgente para la reparación de los daños ocasionados por las erupciones volcánicas y para la
recuperación económica y social de la isla de La Palma, se aprueba por 334 votos a favor y 13 abstenciones.
Sometida a votación su tramitación como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia, se rechaza por 144 votos a favor, 188 en contra y 14 abstenciones.
Sometida a votación la convalidación del Real Decreto-ley 29/2021, de 21 de diciembre, por el que se adoptan medidas urgentes en el ámbito energético para el fomento de la movilidad eléctrica, el autoconsumo y el despliegue de energías
renovables, se aprueba por 197 votos a favor, 3 en contra y 147 abstenciones.
Sometida a votación su tramitación como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia, se aprueba por 341 votos a favor, 4 en contra y 2 abstenciones.
Se levanta la sesión a las ocho de la noche.
Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.
CONVALIDACIÓN O DEROGACIÓN DE REALES DECRETOS-LEYES:
- REAL DECRETO-LEY 31/2021, DE 28 DE DICIEMBRE, POR EL QUE SE MODIFICA LA LEY 19/1994, DE 6 DE JULIO, DE MODIFICACIÓN DEL RÉGIMEN ECONÓMICO Y FISCAL DE CANARIAS, Y SE FIJA UN NUEVO PLAZO PARA PRESENTAR LAS RENUNCIAS O REVOCACIONES A MÉTODOS
Y REGÍMENES ESPECIALES DE TRIBUTACIÓN. (Número de expediente 130/000071).
La señora PRESIDENTA: Muy buenas tardes, señorías. Se abre la sesión. Aprovecho para desearles, en este primer Pleno en periodo extraordinario, un feliz año 2022.
Comenzamos con el punto del orden del día correspondiente a la convalidación o derogación de reales decretos-leyes. En primer lugar, convalidación o derogación del Real Decreto-ley 31/2021, de 28 de diciembre, por el que se modifica la Ley
19/1994, de 6 de julio, de modificación del Régimen Económico y Fiscal de Canarias, y se fija un nuevo plazo para presentar las renuncias o revocaciones a métodos y regímenes especiales de tributación. Para presentar el real decreto-ley, tiene la
palabra, en nombre del Gobierno, la señora ministra de Hacienda y Función Pública.
La señora MINISTRA DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA (Montero Cuadrado): Muchas gracias, presidenta. Señorías, muy buenas tardes a todos y a todas.
Me sumo al deseo de la presidenta al iniciar la sesión de desearles a todos durante el año toda clase de éxitos y, además, les traslado el deseo de que durante este periodo de sesiones y durante estos meses en los que seguro tendremos
oportunidad de debatir, incluso de confrontar opiniones, lo hagamos con respeto entre las distintas opciones políticas y con el único objetivo de mejorar el día a día de la ciudadanía, que es a la que nos debemos.
Esta tarde comparezco ante sus señorías para solicitar la convalidación del Real Decreto-ley 31/2021, aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 28 de diciembre, para modificar la Ley 19/1994, de Régimen económico y Fiscal de Canarias a
fin de adecuarlo al nuevo mapa de ayudas de finalidad regional. Saben sus señorías que en las últimas fechas esta comunidad autónoma, Canarias, se ha visto castigada de forma dura por las consecuencias derivadas de la erupción del volcán de la isla
de La Palma. Es una circunstancia que el Gobierno, y seguro que gran parte de los grupos políticos, ha seguido minuto a minuto y que el Ejecutivo ha apoyado con recursos y medidas para que los ciudadanos y ciudadanas de La Palma pudieran volver, en
la medida de lo posible, a la normalidad y para que la actividad económica de la isla no se viera afectada de forma negativa por las consecuencias derivadas de la erupción.
Es cierto que queda mucho trabajo por hacer, pero sigue siendo una prioridad para este Gobierno devolver esa normalidad a la isla de La Palma y, por tanto, a la Comunidad Autónoma de Canarias. Esta ha sido una apuesta que se ha hecho desde
el primer momento. En cuatro años del Gobierno del presidente Sánchez, de 2019 a 2022, tengo que decir que Canarias ha recibido un 53 % más de recursos que en los últimos cuatro años del presidente Rajoy. Además, como también saben, Canarias es
una de las comunidades autónomas que ha contado con una mayor inversión en los Presupuestos Generales del Estado recientemente aprobados en esta Cámara. Ese presupuesto destina a las islas 362,4 millones de euros para inversiones. Por tanto,
señorías, sin duda también va a ser una ayuda para esa recuperación económica. Es la cantidad más elevada de los últimos diez años. También hay que señalar que la singularidad que tiene esta tierra, básicamente por la insularidad, ha justificado
que las inversiones estatales se articulen en muchos casos por transferencias de capital, es decir, que se hacen por el capítulo 8 del presupuesto y, por tanto, las financia el Estado pero las ejecuta la propia comunidad autónoma.
En esta línea de atender esta especificidad y las necesidades, España notificó el pasado día 1 de diciembre a la Comisión Europea la propuesta de mapa de ayudas de finalidad regional para el periodo 2022-2027 -como recuerdan, es el periodo
sobre el que se desarrolla el marco financiero plurianual- y, por tanto, acompaña toda la política de incentivos regionales. Es este hecho, es decir, la modificación del mapa de ayudas de finalidad regional, lo que obliga a que el Ejecutivo impulse
esta iniciativa, porque hay que modificar varias referencias temporales que se recogen en el Régimen Económico y Fiscal de Canarias.
En definitiva, lo que pretendemos con esta iniciativa es que el REF tenga el mismo alcance temporal que el Reglamento 651/2014 de la Comisión Europea, el reglamento que declara determinadas categorías de ayudas compatibles con el mercado
interior; es decir, que cuando se subvencionan esas ayudas no tenga ningún problema con la competencia y, por tanto, señorías, previamente tengamos las reglas de juego definidas. El reglamento comunitario, el que se conoce como Reglamento General
de Exención por Categorías, es aplicable hasta el 31 de diciembre de 2023. Sin embargo, algunas referencias temporales del REF estaban vinculadas a la vigencia del anterior mapa de ayudas, que expiró el pasado 31 de diciembre. En consecuencia, una
vez notificado este nuevo mapa que propone el Gobierno de España, procede modificar estas referencias temporales hasta la fecha de aplicación del reglamento comunitario, es decir, hasta el 31 de diciembre de 2023. De ahí la necesidad de convalidar
este real decreto-ley de forma que sigamos contemplando esa peculiaridad que tiene el régimen fiscal en relación con el resto del Estado, porque -insisto- habría expirado el pasado día 31 de diciembre.
Además, en esta misma norma se atiende otra circunstancia, como es la vigencia de la Zona Especial Canaria hasta el nuevo término del periodo de vigencia del mapa, es decir, hasta el 31 de diciembre de 2027. Esta modificación última que
acabo de comentarles pretende eliminar una inseguridad jurídica que se podría generar en los operadores económicos debido al mantenimiento de los plazos que acabo de mencionar, dada la actual redacción legal de la Ley 94/1994. De forma añadida,
este mapa de ayudas regionales, entre los que está el Régimen de incentivos fiscales de Canarias, tiene que contar -y quiero así manifestarlo- con la autorización de la Comisión Europea. Por tanto, hasta que eso se produzca -elemento que se hará en
los próximos días, según la propia Comisión, o en las próximas semanas- se hace necesario condicionar la eficacia de la modificación a la obtención de la citada autorización. Igualmente, señorías, la prórroga que se introdujo en la Ley de
presupuestos para 2022 de los límites
excluyentes del método de estimación objetiva del impuesto sobre la renta de las personas físicas y de los regímenes simplificados y de agricultura, ganadería y pesca del IVA previstos para 2022 también obliga a extender hasta el próximo día
31 de este mes de enero el plazo ordinario de presentación de renuncia y de revocación de renuncia previsto inicialmente para el mes de diciembre de 2021.
Por ello, señorías, hemos intentado compilar todas estas circunstancias en la actual norma. Para ello, vamos a debatir un texto que consta de un artículo, dos disposiciones adicionales y tres disposiciones finales. El artículo único
modifica desde el 1 de enero de 2022 el apartado 11 del artículo 27 de la Ley 19/1994, de modificación del Régimen Económico y Fiscal de Canarias, que regula la posibilidad de que los contribuyentes puedan llevar a cabo lo que llamamos inversiones
anticipadas, que se considerarán como materialización del RIC, la reserva para inversiones en Canarias, que se dotan con cargo a los beneficios que se obtengan en el periodo impositivo en el que se realiza la inversión o bien en los tres
posteriores, siempre y cuando se cumplan los requisitos que se exigen en el mismo. Estas dotaciones tendrán que realizarse con cargo a beneficios que se pudieran obtener hasta el 31 de diciembre del año 2023. Por ello, el real decreto que someto a
la convalidación amplía este plazo, que anteriormente finalizaba el 31 de diciembre de 2021, y lo prolonga hasta finales de 2023. La materialización y su sistema de financiación se comunicarán conjuntamente con la declaración del impuesto sobre
sociedades, el impuesto sobre la renta de no residentes o el impuesto sobre la renta de personas físicas en el periodo impositivo en el que se realizan las inversiones anticipadas.
Este mismo artículo único modifica también el 29 para ampliar la vigencia de la ZEC, la Zona Especial Canaria, que ahora tendrá como límite el 31 de diciembre de 2027, prorrogable, si así fuera necesario -que lo será-, previa autorización de
la Comisión Europea. No obstante, la autorización de la inscripción en el Registro Oficial de Entidades de esta Zona Especial de Canarias tendrá como límite el 31 de diciembre de 2023. Este real decreto, por tanto, amplía un plazo que hubiera
expirado el 31 de diciembre del año pasado. En todo caso, este mantenimiento de la ZEC, la Zona Especial Canaria, estará condicionado al resultado de las revisiones periódicas, tal como establece el reglamento, que realice la Comisión Europea. Por
eso, señorías, este artículo único que da sentido a este real decreto-ley, tiene por sí mismo una importancia fundamental para mantener una situación sobre una parte del territorio imprescindible para el desarrollo de la actividad económica y para
la convergencia de Canarias con el conjunto del Estado.
En cualquier caso, también a este artículo único hemos añadido dos disposiciones adicionales. La primera de ellas establece esa condicionalidad de las modificaciones que se introducen en la ley del REF a la autorización, como no puede ser
de otra manera, por la Comisión Europea del mapa de ayuda de finalidad regional para el periodo 2022-2027. Esa comunicación terminaba el 31 de diciembre del año 2021 -ya les he comentado que con fecha 1 de diciembre se trasladó a la propia
Comisión- y en este momento el conjunto de los países están esperando que la Comisión resuelva, y lo hará, según todas las noticias y los contactos que mantenemos, en la línea que ha planteado el Gobierno de España, puesto que se trata de una
metodología objetiva que se establece por la propia Comisión y no tiene capacidad importante de poder incorporar ninguna alteración.
La segunda disposición adicional establece este plazo de renuncia y de revocaciones del método de estimación objetiva del impuesto sobre la renta y esos regímenes simplificados de agricultura, ganadería y pesca del IVA para el año 2022.
Este plazo lo extendemos desde la fecha de publicación en el BOE del real decreto-ley, es decir, desde el 29 de diciembre, hasta el día 31 de este mismo mes de enero. Por tanto, se amplía el plazo previsto en los reglamentos de IRPF y de IVA, que
perdurarán, como digo, durante el mes en curso. Por este motivo, la norma también establece que las renuncias y revocaciones que se presenten en el año 2022 a estos regímenes especiales o al método de estimación objetiva del impuesto sobre la renta
durante este pasado mes de diciembre de 2021 se entenderán presentadas en periodo hábil.
Por último, las tres disposiciones finales estarán referidas al título competencial, la habilitación normativa y la entrada en vigor de la norma.
En definitiva, señorías, se trata de un texto muy jurídico, como podrán ustedes comprobar, un texto en línea con las autorizaciones que nos permite la propia Comisión Europea, aprovechando esa capacidad sobre una zona que necesita ese
impulso adicional que permiten las reglas de la competencia y las reglas del mercado interior. Por tanto, lo que hacemos, en definitiva, es adecuar este REF al mapa de ayudas de finalidad regional para ese periodo en el que transcurre el marco
financiero plurianual 2022-2027. Como saben, la ZEC en sí misma también fue autorizada por la propia Comisión Europea dentro de lo que
significa un régimen especial para que se instalen los operadores económicos, y ya ha sido renovada en diferentes ocasiones; de hecho, la Agencia Estatal de Administración Tributaria estima que la prórroga de la aplicación del plazo de
inscripción en el registro de entidades que corresponden a la Zona Especial Canaria estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2023 y tendrá un impacto recaudatorio que puede alcanzar los 16,4 millones de euros. Por último, en lo relativo a la
prórroga hasta 2023 de las inversiones anticipadas susceptibles de ser consideradas como materialización de la RIC, la reserva para inversiones en Canarias, la Agencia Estatal Tributaria estima un impacto recaudatorio en torno a 61 millones de
euros.
Por tanto, señorías, voy a pedir a todos los grupos parlamentarios su apoyo a una norma necesaria para Canarias. Tal como he querido señalar en esta intervención, habrán visto ustedes que no tiene ningún tipo de contenido político
adicional. Este decreto-ley es estrictamente jurídico, aunque, evidentemente, detrás del mismo y del apoyo que pudiera concitar de los grupos políticos, seguiremos estableciendo un régimen especial en una zona tan importante de nuestro país como es
Canarias al objeto de permitir una convergencia necesaria que permita corregir algunos indicadores de desigualdad y de que la inversión resulte atractiva en esta parte de nuestro territorio y las empresas se decidan a invertir en Canarias y, por
tanto, contribuyan a la prosperidad y al bienestar de esta comunidad autónoma.
Sin más, señorías, pido el voto favorable a la convalidación del decreto-ley.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora ministra. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Mixto, interviene, en primer lugar, el señor Quevedo Iturbe.
El señor QUEVEDO ITURBE: Muchas gracias, señora presidenta. Buenas tardes a todas y a todos.
Buenas tardes, señora ministra. Agradecemos su amplia explicación sobre el contenido de este real decreto-ley. Solamente le diré que si hay un contenido político importante para Canarias es el Régimen Económico y Fiscal, una cuestión de
todo punto esencial, con un amplio contenido político. Otra cosa es que el real decreto tenga un amplio contenido técnico, que es verdad.
Nueva Canarias va a apoyar la convalidación de este real decreto-ley, no sin antes hacer algunas salvedades que nos parecen relevantes. Por una parte, es verdad que esa ampliación de la vigencia de la zona ZEC hasta el año 2027 es correcta
porque modifica la del año 2026, que estaba establecida previamente de forma incorrecta, atendiendo a la validez del mapa de ayudas de Estado que está vigente. También es verdad que sabe que hemos insistido muchísimo en la necesidad de que ese
tiempo sea prorrogado precisamente hasta diciembre del año 2029 -me consta que hay asentimiento por parte de su ministerio, y usted me lo confirma ahora-, porque si la fecha de inscripción de la zona ZEC -yo sé que esto es un lío, ¿verdad?-
finaliza el año 2023, la tradición es que sean seis años de disfrute de ese periodo de excepciones fiscales, de forma que debería ser 2029 la fecha. Sabemos que eso requiere una consulta ante la Comisión Europea, bien por la vía de la carta de
confort o de la decisión de la Comisión, pero sería la primera vez que eso no ocurriese. Estamos convencidos de que tenemos un acuerdo con esto y de que hay un plazo de tres meses para realizarlo, de forma que esta cuestión no preocupa a Nueva
Canarias, porque confiamos en la iniciativa del Gobierno en este tema.
La segunda cuestión es la relativa a la ampliación de la materialización de la RIC. La reserva para inversiones en Canarias es una herramienta fiscal que va dirigida a que los excedentes que se producen en Canarias se reinviertan en
Canarias. Yo tengo que decir, como usted ya ha señalado, que Canarias ha sufrido especialmente en esta pandemia; primero, por nuestra enorme dependencia del turismo, que como se puede acreditar es un elemento que estamos aún sufriendo, y, además,
porque en la isla de La Palma salió un volcán -de eso hablaremos después-. Esto ha afectado a la forma de materializar este incentivo fiscal, la reserva para inversiones en Canarias. Ya en el año anterior se produjo una prórroga hasta el año 2021
por quienes habían dotado a la RIC en el año 2016. Lo que estamos diciendo es que ahora sería necesario, y así lo ha visto el Parlamento de Canarias con una amplísima mayoría el día 27 de diciembre del año pasado y así está en la enmienda que
formuló Nueva Canarias a los Presupuestos Generales del Estado sobre este tema, y nos parece razonable que, por las dificultades materiales, de verdad objetivas, se pudiese prorrogar la materialización de esta herramienta fiscal, al igual que el año
pasado. Quienes la dotaron para el año 2027 tienen que poder prorrogar hasta el año 2022. Nos parece que esto es razonable.
Por ese motivo, votaremos a favor de la tramitación como proyecto de ley para incluir este y algunos otros asuntos relativos a la ZEC. Uno de esos asuntos nos preocupa extraordinariamente, el de la necesidad de autorizar el comercio
triangular. Este es un tema respecto al que se ha producido una modificación unilateral, unos criterios tradicionales -quien lo conoce sabe de qué estoy hablando-. Este es un tema decisivo para la ZEC. Confiemos en que tengamos un acuerdo sobre
el mismo.
Gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Quevedo. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el mismo grupo parlamentario, tiene la palabra la señora Oramas González-Moro.
La señora ORAMAS GONZÁLEZ-MORO: Gracias, señora presidenta.
Señorías, vamos a votar sí a la convalidación de este real decreto-ley, pero vamos a exigir que se tramite como proyecto de ley para poder corregir en el Congreso los recortes que suponen para nuestra Zona Especial Canaria.
La Zona Especial Canaria es uno de los instrumentos más potentes que tiene el Régimen Económico y Fiscal para la atracción de inversiones, desde luego, pero también para la creación de empleo estable y de calidad en Canarias, pero el
ministerio se empeña en machacar nuestro Régimen Económico y Fiscal; lo recorta y lo mutila en cuanto se le presenta la más mínima ocasión. En esta ocasión, ha recortado el disfrute de los beneficios fiscales que ofrece la ZEC a las empresas que
se inscriban, pasando de los seis años a los cuatro años. La Zona Especial Canarias lleva catorce años funcionando y jamás -jamás-, nunca, se había recortado. Ustedes se empeñan en poner zancadillas a Canarias, una de las regiones más castigadas
de Europa por la crisis económica de esta pandemia, con un paro inasumible e insoportable. Justo en este momento en que se hace tan necesario que vengan inversiones a Canarias, que se instalen empresas, que se recupere el sector turístico y que
generen empleo para nuestra gente, ustedes van y, por primera vez, le quitan años a la Zona Especial Canaria.
Señora ministra de Hacienda, lo único que hace es generar inseguridad e incertidumbre a las empresas y a los probables inversores. No es lo mismo que tu empresa disfrute de los beneficios fiscales seis años que los disfrute solo cuatro.
Eso, señora ministra, no lo está discutiendo Europa, solo ustedes, que hacen la interpretación más perjudicial y más lesiva para Canarias, algo que no había ocurrido jamás y que sienta un precedente muy peligroso. Además, permítame que le diga que
ustedes impidieron que saliera adelante una enmienda de Coalición Canaria que ampliaba la vigencia de la ZEC, la vetaron e impidieron que se votara en los Presupuestos Generales del Estado de este año, para después sacar un decreto tarde y mal.
Señora ministra, su propio partido en Canarias ha pedido que esto se corrija y le pide que lo haga en menos de tres meses, pero como no nos fiamos de ustedes después de esta larga experiencia vamos a pedir que se tramite como ley y que el
compromiso de mantener los seis años se recoja lo antes posible, tal como ha pedido todo el Parlamento de Canarias. El Gobierno de Canarias ha instado a que no sigan recortando las herramientas que tiene Canarias en su REF, tanto por la seguridad
de las empresas como también para salir de la pobreza, generar empleo y tirar de la economía de Canarias.
Señora ministra, si hay algo de lo que nos alegramos en este momento todos los canarios es de que su secretario de Estado sea canario. A ver si le explica usted a los funcionarios del Ministerio de Hacienda y a todos lo que es la lejanía y
la ultraperificidad -lo reconoce Europa siempre y nunca hay que discutirlo-, lo que es el estatuto y lo que es el Régimen Económico y Fiscal. Son derechos, no privilegios. Son para compensar. No es una bondad de un Gobierno de Canarias el 75 % a
los residentes u otras ayudas.
Termino. Esto hay que hacerlo. Lo impidieron en los presupuestos, no lo impidan ahora; se lo pide Canarias.
Gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Oramas. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos tiene la palabra la señora Martínez Granados.
La señora MARTÍNEZ GRANADOS: Gracias, presidenta.
Señorías, la lejanía y la insularidad del archipiélago canario, características que hoy subsumimos bajo el concepto de ultraperificidad, han hecho siempre necesario el establecimiento de un régimen económico
diferenciado que permita a Canarias hacer frente a sus particulares retos en igualdad de oportunidades con el resto del territorio nacional y con el europeo. En definitiva, en Ciudadanos protegemos el Régimen Económico y Fiscal de Canarias,
el REF, régimen que está plenamente reconocido tanto por las autoridades europeas como por el Estado español a través de la Constitución española y de las numerosas referencias en el marco normativo estatal. En el REF se establecen una serie de
medidas económicas y fiscales que permiten compensar los condicionantes permanentes y estructurales que limitan el desarrollo social y económico de las islas por su condición de ultraperificidad. De esta manera, en la Ley 19/1994, de 6 de julio, de
Modificación del Régimen Económico y Fiscal de Canarias se establecen determinados instrumentos de carácter fiscal con los que se pretende paliar las condiciones que limitan el desarrollo económico y social de Canarias.
Al haber obtenido la reforma que hoy se somete a convalidación del Congreso de los Diputados el visto bueno del Parlamento de Canarias y por ser una reforma necesaria, Ciudadanos apoyará su convalidación. No obstante, creemos que había
margen de mejora técnica y que se debería haber hecho algo más. Este es el caso en particular de la Zona Especial Canaria. El hasta ahora vigente apartado 1 del artículo 29 de la Ley 19/1994 dispone que la vigencia de la Zona Especial Canaria
tendrá como límite el 31 de diciembre del año 2026, distinguiéndose claramente entre plazo de inscripción y plazo de disfrute del incentivo y distinguiéndose entre concesión de la autorización y disfrute. La Comisión siempre ha permitido que los
efectos individuales del incentivo se extendieran más allá del ejercicio final del periodo correspondiente. La prórroga de las directivas de ayuda regional 2014-2020 por un año, es decir, hasta el 31 de diciembre de 2021, se tradujo en una
coherente adaptación de la fecha límite de la inscripción en el Registro de Entidades de la Zona Especial Canaria, pero no se tradujo en una prórroga equivalente de un año en el disfrute, cercenando de forma innecesaria en un año el disfrute de las
exenciones para los registros efectuados durante 2021. Las nuevas directrices de ayuda regional 2022-2027 y el nuevo mapa de ayudas regionales comunicado por España serán aplicables desde el 1 de enero de 2022 hasta el 31 de diciembre de 2027,
razón por la que la normativa proyectada y objeto de análisis en el presente informe debería incrementar el periodo de disfrute de la Zona Especial Canaria hasta el 31 de diciembre de 2029, en coherencia con los precedentes ya expuestos, donde la
Comisión Europea ha permitido el mantenimiento del plazo del disfrute del incentivo durante seis años, no mutilando así el ámbito temporal de la Zona Especial Canarias, que resulta esencial para la atracción de inversiones, el establecimiento de
empresas en la misma y la creación de empleo, de forma que se pueda corregir la supresión de un año de disfrute que supuso aquella modificación.
Ciudadanos es un partido que siempre persigue la igualdad de oportunidades para todos los españoles, y por eso siempre hemos defendido la especificidad de Canarias como zona ultraperiférica de nuestro país y su especial singularidad. Así,
hay que recordar que todavía hay mucho trabajo por hacer en Canarias, y es algo que hemos intentado en numerosas ocasiones. Por ejemplo, la última vez lo hicimos a través de enmiendas a los presupuestos generales del Estado, y creemos que este
también es un buen momento para recordar todas las necesidades que todavía tiene Canarias, como mejorar su conectividad, en línea con las recomendaciones efectuadas por la AIReF, la cual constató que la subida de subvención del 50 al 75 % influyó
negativamente en el aumento de los precios en los trayectos entre la península y las islas. También creímos importante que se incrementara la dotación de medios aéreos de extinción de incendios durante las campañas de verano en las islas Canarias
debido a la gravedad de los incendios acaecidos en las últimas temporadas, así como que se adoptaran medidas para garantizar la dotación de todos los medios humanos y materiales que fuesen precisos para mejorar la vigilancia marítima de la frontera
de Canarias y que los mismos se pusieran a disposición de la Guardia Civil y Salvamento Marítimo, al igual que incrementar las partidas de subvenciones para transporte marítimo y aéreo de mercancías con origen o destino en territorios
extrapeninsulares. Como pueden ver, son muchas las cosas que pueden hacerse por Canarias y creemos que este es momento de llamar la atención del Gobierno para seguir trabajando y conseguir esas medidas de mejora que Canarias necesita de manera
urgente.
Por todo lo expuesto, apoyaremos la convalidación de este real decreto-ley, porque fundamentalmente se trata de un ajuste técnico, aunque queda mucho por hacer por mejorar la vida de los canarios, que desde Ciudadanos siempre que podamos se
lo recordaremos desde esta tribuna al este Gobierno.
Muchísimas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Martínez. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, tiene la palabra el señor Guijarro García.
El señor GUIJARRO GARCÍA: Buenas tardes, señorías. Presidenta, voy a hacer una intervención muy breve.
Querría empezar por mandar desde aquí un caluroso abrazo a mi compañera Meri Pita, diputada canaria de nuestro grupo que debería haber defendido nuestra posición hoy aquí pero que no ha podido viajar por motivos familiares. Desde aquí,
Meri, te mando un fuerte abrazo y mucho ánimo, querida.
El texto normativo que hoy nos llega para su convalidación básicamente recoge dos medidas, que no han tenido una alta repercusión mediática, como bien decía antes la ministra, pero cuya importancia y urgencia justifican que se transmite a
través de esta fórmula contemplada en nuestra Constitución. Por un lado, se modifica el Régimen Económico y Fiscal de Canarias con el objetivo de adecuarlo al mapa de ayudas de finalidad regional, y, por otro, se establecen plazos de renuncias y
revocaciones al método de estimación objetiva del impuesto sobre la renta de las personas físicas, así como a los regímenes especiales simplificado y de la agricultura, ganadería y pesca del impuesto sobre el valor añadido para este año 2022.
Como ustedes saben, la Comunidad Autónoma de Canarias goza de un régimen económico y fiscal especial, propio de su acervo histórico y constitucionalmente reconocido, basado en la libertad comercial de importación y exportación, no aplicación
de monopolios y en franquicias aduaneras y fiscales sobre el consumo. Dicho régimen incorpora a su contenido los principios y normas aplicables como consecuencia del reconocimiento de Canarias como región ultraperiférica de la Unión Europea, en
virtud del artículo 349 del Tratado de Funcionamiento de la Unión. Pues bien, España notificó a la Comisión el pasado 1 de diciembre el mapa de ayudas de finalidad regional para el periodo 2022-2027, y ello obliga a modificar varias referencias
temporales contenidas en la Ley 19/1994, de 6 de julio, de modificación del Régimen Económico y Fiscal de Canarias, de modo que los hitos legales tengan el mismo alcance temporal que el periodo de vigencia de la norma comunitaria. Asimismo, el
texto que hoy analicemos contempla la extensión de la vigencia de la ZEC, la Zona Especial Canaria, hasta el nuevo término del periodo de vigencia del mapa de ayudas regionales, y de este modo se elimina la inseguridad jurídica que podría regenerar
en los operadores económicos el mantenimiento de los plazos mencionados en la actual redacción legal.
Por último, permítanme destacar la modificación del artículo 27.11 de la Ley 19/1994 que este nuevo texto implica en lo que atañe a la reserva para inversiones en Canarias. La misma permite que se realicen inversiones anticipadas, que se
considerarán como materialización de la reserva para inversiones en Canarias, dotada con cargo a beneficios del periodo en el que se materializa la inversión o en los tres años posteriores siempre que se cumplan los demás requisitos previstos en
esta norma. Como novedad, estas inversiones se podrán realizar con cargo a beneficios obtenidos hasta el 31 de diciembre del año 2023.
Todas ellas nos parecen medidas tanto pertinentes como ajustadas, por lo que mi grupo votará a favor de la convalidación de este real decreto.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Guijarro. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra el señor Figaredo Álvarez-Sala. (Aplausos).
El señor FIGAREDO ÁLVAREZ-SALA: Muchísimas gracias, señora presidenta.
Muchísimas gracias, señora ministra, por una explicación que ha sido absolutamente incomprensible. Usted ha dado un batiburrillo de datos, ha lanzado números al azar. Dice usted: No, el impacto fiscal será de..., pero no especifica si es
mayor ganancia o menor ganancia, y estamos hablando de un sistema que establece exenciones fiscales. En absoluto queda claro si usted se refiere a que la Hacienda española va a obtener mayores o menores ingresos. Usted no especifica nada,
solamente da generalidades. Es más, aprovecha para hacer campaña. Dice usted que el Gobierno de Pedro Sánchez ha hecho muchísimo más por Canarias que anteriores Gobiernos, algo que no se entiende muy bien qué pinta en este real decreto-ley, que
supuestamente es una cuestión técnica y exenta de contenido político, como usted misma ha
expresado. En definitiva, más vale que quien la haya escuchado tuviese la lección ya aprendida, o que nos escuche a nosotros, porque creo que lo vamos a explicar muchísimo más claramente.
Tampoco el representante de Nueva Canarias, que ha venido a pasarle la mano por la espalda, se ha explicado mucho. Es absolutamente incompresible que un representante de los canarios pueda alabar el mal hacer, la improvisación y el
agotamiento de los plazos por parte de este Gobierno, y aquí viene la esencia de este real decreto-ley. Lo que ninguno de ustedes ha explicado es que esta norma básicamente modifica la que establece el Régimen Fiscal de Canarias en dos de sus
artículos, en el artículo 27 y en el artículo 29. En ellos se establece la esencia de la reserva para inversiones en Canarias y la Zona Especial Canaria. El primero de estos dos instrumentos fiscales, la reserva para inversiones en Canarias,
permite emplear los beneficios de las empresas, garantizando que serán invertidos en las islas, al reducir la base imponible de esos agentes económicos, es decir, es una exención fiscal en toda regla. Por otro lado, la Zona Especial Canaria
simplemente es una zona física situada en Canarias, de modo que aquellas empresas que se instalen en esa zona o tengan instalaciones en ella, etcétera, reciben un trato fiscal privilegiado.
Pero usted esto lo ha pasado por alto. Son dos artículos complejísimos de una norma que nace en el año 1994 que han sufrido nada más y nada menos que diecisiete modificaciones. ¿Por qué? Porque, con carácter sistemático, su Gobierno y los
Gobiernos del Partido Popular, cada vez que se agota el plazo de la terminación de ese régimen, lo prorrogan, pero lo hacen con cuentagotas, lo prorrogan en un año, dos años, un año, dos, manteniendo la situación en absoluta incertidumbre. Tanto es
así que usted hoy mismo ha dicho que es un régimen prorrogable si fuera necesario, que lo será. Si usted hoy ya prevé que va a ser necesario que el régimen se prorrogue, ¿por qué no lo hace ya? ¿Por qué no establece, en este caso para Canarias,
pero se lo digo como aplicable para toda España, un horizonte temporal amplio, para que las empresas y los españoles puedan hacer planes a largo plazo, para que puedan planificar sus inversiones a largo plazo? La respuesta es más o menos clara, y
es básicamente porque usted no ha vivido en el mundo real jamás, no sabe usted ni cómo se planifica una inversión ni cuáles son los plazos medios de amortización de las inversiones. (Aplausos).
Dirá usted que venimos a crispar. No, venimos a decir las verdades que ustedes no dicen, ni ustedes ni sus ayudantes de Nueva Canarias, porque en este régimen, señora ministra -lo ha repetido hasta la fecha varias veces, pero para que nos
entiendan quienes nos escuchen-, el plazo para asignar o comprometer inversiones finalizaba el 31 de diciembre del año pasado. Es decir, cualquier empresa que tenga una planificación media ya tiene que haber cerrado cuáles van a ser sus
inversiones, ya tiene que haber establecido sus objetivos para los próximos tres, cuatro o incluso cinco años. Y usted ahora establece una prórroga, que se saca de la chistera, que sume a las empresas de nuevo en la absoluta incertidumbre.
Es más, introducen ustedes en esta norma una disposición adicional que dice lo siguiente: Téngase en cuenta que esta modificación está condicionada a la autorización por la Comisión Europea del mapa de ayudas de finalidad regional para el
periodo 2022-2027. Es decir, a pesar de que el Parlamento, la soberanía nacional española, apruebe esta norma, todavía puede venir la Comisión Europea, a la que los españoles no han votado, no han elegido y no fiscalizan, a enmendarnos la plana.
Usted tiene la garantía de que la Comisión Europea ya le ha expresado casi total seguridad. ¿Qué es eso, señora ministra? ¿Qué empresa, qué autónomo, qué persona que viva en el mundo real puede establecer inversiones, planificar
inversiones, planificar su actividad económica basándose en que a usted le han dicho que muy probablemente aprueben la convalidación que ustedes traen hoy aquí? (Aplausos).
¿Cómo no se les cae la cara de vergüenza? Veo que niega con la cabeza, pero es que la situación es lamentable, y usted, en su verborrea, no da ni una mínima explicación lógica que a los empresarios les pueda servir. Y esto es fundamental
que lo entiendan, sobre todo los canarios, que es a quienes afecta esto directamente, sobre todo los votantes canarios del Partido Socialista, porque ustedes lo que traen aquí es la incertidumbre, para toda España, por supuesto, pero hoy en concreto
con esta cuestión para Canarias.
Por último, hay que explicar que este régimen, que es muy razonable, está justificado precisamente porque Canarias, que es una parte del territorio español, se encuentra absolutamente alejada de la península ibérica, tiene grandes lejanías,
descoordinación y dificultad para acceder a ese núcleo de inversiones, a ese núcleo de actividad económica que es la Unión Europea y la península ibérica.
Por eso este régimen fiscal en Canarias sí tiene sentido, y no tiene sentido el régimen privilegiado del PNV, ese régimen que solo beneficia a las corruptelas (aplausos) y que, en definitiva, no responde a
situaciones objetivas, porque la igualdad y la justicia suponen adaptarse a las necesidades de cada uno. Lo que no tiene sentido es ser favorable, beneficioso y sumiso con los poderosos, y, sin embargo, castigar y oprimir a los más
desfavorecidos, que es precisamente lo que ustedes hacen sumiéndonos, como ya le digo, en la absoluta incertidumbre e inseguridad jurídica.
Muchísimas gracias. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie).
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Figaredo. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, tiene la palabra la señora Zurita Expósito.
La señora ZURITA EXPÓSITO: Gracias, presidenta. Muy buenas tardes.
Señora ministra, señorías, cuando aparecen estas medidas del Gobierno sobre modificación de nuestro Régimen Económico y Fiscal la verdad es que nos echamos a temblar, puesto que lo único que han demostrado Pedro Sánchez y la señora Montero
desde que están en el Gobierno es un profundo desconocimiento de lo que es el fuero canario, las medidas de nuestro REF, tanto las económicas como las fiscales, que - reitero, como ya hemos dicho otras veces- no son ayudas, no son subvenciones, son
un derecho que nos dan la Constitución y nuestro estatuto de autonomía que hacen que los ciudadanos canarios seamos iguales, estemos en el mismo nivel de condiciones que cualquier ciudadano peninsular o europeo.
Pero eso, desgraciadamente, no lo tiene interiorizado el Gobierno de España, ni el Partido Socialista ni Unidas Podemos. Los diputados canarios hemos tenido que trabajar, que pelear desde el minuto uno de este Gobierno socialcomunista
cuestiones que por ley son nuestras, como en referencia a la bonificación del 75 % incluida en nuestro REF cuando Ábalos se incorpora como ministro; las inversiones en Canarias, que en ningún caso pueden estar por debajo de la media nacional; las
ayudas a la desalación del agua, recientemente los incentivos a las producciones cinematográficas y que respeten nuestros instrumentos de baja tributación. Y no hablamos de grandes empresas, hablamos de los más de 130 000 autónomos que hay en
Canarias, de las pymes, de los pequeños empresarios, de los que quieren salir adelante y no pueden. Y ahora, presupuesto tras presupuesto, es una vergüenza que siempre se olviden de nuestro REF, de partidas que por ley tienen que incluir,
atreviéndose siempre a intentar negociar a la baja -insisto, siempre a la baja- los derechos de los canarios.
Las modificaciones que contiene este de real decreto-ley, que son dos: por un lado, el margen para las inversiones anticipadas para materializar la RIC y, por otro, los plazos de vigencia de la SCE, son una exigencia obvia de la sociedad
canaria, y ahora más que nunca se pide flexibilidad en los impuestos, porque con esta crisis no hay ingresos. Y fíjense en que no pedimos no pagar, sino flexibilidad en esa posibilidad que nos da la ley de generar inversiones, economía y empleo.
Esta flexibilidad de la RIC, ante la inacción del Gobierno, la ha solicitado el Partido Popular como enmienda hace dos años, en los presupuestos de 2021 y desde el inicio de esta crisis provocada por la pandemia, y hay que decir que, en general, lo
vemos bien, suele haber unanimidad entre los grupos políticos en estas cuestiones, pero lo que nos parecen mal son las formas, que el Gobierno traiga estas modificaciones a chorritos, a destiempo y mal.
En estas semanas también se está debatiendo en el Senado otra modificación del REF, consistente en la ampliación de plazos para materializar la RIC, una modificación que empieza en unos términos propuestos por el Gobierno y acaba con una
amplia mayoría del Parlamento regional -todos menos Unidas Podemos, incluso el PSOE- para prorrogarlo durante un año más. Han hecho caso al Partido Popular y lo agradecemos, porque han sido conscientes de la realidad de nuestra gente, autónomos y
pequeñas sociedades, que no soportan lo que se les viene encima, unas condiciones leoninas que les impone el Gobierno solo por subir la persiana. Pero este real decreto-ley del Senado es de hace un año, y un año después traen aquí también otro real
decreto-ley con modificaciones sobre la RIC y la SEC que no resuelve al cien por cien las demandas de los canarios, y además es lo que llevamos pidiendo desde hace un año y nos lo dan con cuentagotas. ¿Por qué todo cuesta tanto a Canarias?
¿Saben lo que está ocurriendo? Se está generando una incertidumbre enorme, y la incertidumbre es el peor enemigo de la economía. Y bien sabemos desde el comienzo de esta pandemia que las empresas canarias no solamente se enfrentan a la
mayor crisis sanitaria desde hace más de un siglo, sino a la caída absoluta de la mayor industria de nuestras islas, que es el turismo. Y, señorías, la solución está en la adaptación de nuestro régimen económico y fiscal, pero no así, y con medidas
de más calado. Señorías,
nuestro presidente, Pablo Casado, ha pedido la creación de un PERTE turístico, y el empresariado canario se ha sumado a esa petición. O eso o la modificación del REF o las dos, pero no con lo que representa este real decreto, que, al fin y
al cabo, es una adaptación de las directivas. Hay que hacer modificaciones de más calado y certeras encaminadas a lograr un entorno económico de certidumbre en la inversión y seguridad jurídica para los agentes económicos de las islas. Hay que
flexibilizar los plazos de inversión para la materialización y el mantenimiento de las inversiones, pero debería hacerse con rotundidad y consenso, no modificando una cosa aquí y otra allá, esto lo meto vía enmienda porque lo pide Nueva Canarias y a
lo otro ni agua porque lo pide el Partido Popular.
Esa no es la forma, señores del Gobierno. ¿Por qué no se aborda todo esto, y, en cambio, se hacen estas modificaciones cicateras, que además encorsetan nuestros instrumentos? Lo que se tramita a través de este real decreto-ley intenta
aumentar el periodo impositivo sobre el que se permiten hacer inversiones anticipadas ciñéndose a la directiva, y a eso okey, pero luego restringen el plazo de vigencia de la Zona Especial Canaria, una herramienta que ha permitido que en Canarias se
creen cientos de puestos de trabajo, limitándola a 2027 y limitando el plazo de acogimiento al incentivo para los proyectos que se presenten en 2022 y 2023, que no tendrían los seis años de tributación especial. ¿Por qué no son claros con Canarias?
¿Por qué nos quieren quitar nuestros principales incentivos fiscales? No lo pide solo el Partido Popular, lo está pidiendo también el Parlamento de Canarias.
Sobre lo concreto de este real decreto-ley, estaríamos de acuerdo en el primer punto, acerca de las inversiones anticipadas, pero no en el plazo de vigencia de la SEC. Les daremos un voto de confianza y votaremos a favor, si bien pedimos su
tramitación como proyecto de ley para enmendar este punto. Ruego a todos los diputados canarios que no piensen en su partido y sí en Canarias.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Zurita. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Fuentes Curbelo.
El señor FUENTES CURBELO: Gracias, presidenta.
Señorías, Canarias cuenta con un acervo histórico constitucional y estatuario que está justificado por la lejanía, la insularidad, las condiciones geográficas, geológicas y climáticas y los escasos recursos. Ya en el siglo XIX existía un
régimen económico y fiscal en Canarias, pero es en el año 1991, tras la firma del Tratado de Adhesión de España a la Unión Europea y la reforma fiscal que esta conllevó, cuando se promulgó la Ley 20/1991, de modificación de los aspectos fiscales del
Régimen Económico Fiscal de Canarias. Ello se debió principalmente al alto grado de obsolescencia y al elevado nivel de inoperancia de aquel REF, de modo que con la entrada en vigor de aquella ley se derogaron cuantas disposiciones adicionales y
reglamentarias se opusieran a ella, en particular los artículos del título II de la Ley 30/1972, de 22 de julio, sobre el Régimen Fiscal de Canarias. Con la Ley 19/1994, de modificación del Régimen Económico y Fiscal de Canarias, se pretende
armonizar y adecuar coherentemente dicho régimen a la autonomía derivada de la transición económica y fiscal canaria en los aspectos compatibles en el ámbito nacional y comunitario y tiene como finalidad la actualización sobre los aspectos
económicos del tradicional REF, garantizar la lejanía, la insularidad y las limitaciones estructurales que nos convierten en región ultraperiférica, así como encaminar un conjunto estable de medidas económicas y fiscales para promover el desarrollo
de la cohesión económica, social y territorial de Canarias y fomentar la internacionalización de la economía canaria a través de su promoción. (El señor vicepresidente, Rodríguez Gómez de Celis, ocupa la Presidencia).
Hoy pedimos a esta Cámara la convalidación del Real Decreto-ley 31/2021, de 28 de diciembre, de modificación del Régimen Económico y Fiscal de Canarias, y se fija un nuevo marco para presentar renuncias o revocaciones a métodos de regímenes
especiales de tributación, como ya explicó la señora ministra. Y en cuanto a la disposición adicional segunda, establece como plazo para la renuncia o revocación desde el 30 de diciembre de 2021 hasta el 31 de enero de 2022, considerando en plazo
las presentadas durante el mes de diciembre, como es preceptivo, conforme a la ley y el reglamento del IRPF. Las modificaciones del Régimen Económico y Fiscal de Canarias se disponen en un artículo único del real decreto. En el apartado 11 del
artículo 27, de la reservas e inversiones en Canarias, se establece que se podrán llevar a cabo inversiones anticipadas, que se considerarán como materialización de las reservas para las inversiones que se doten en cada ejercicio con cargo a los
beneficios obtenidos en el periodo impositivo y en el que se realiza la inversión con los tres ejercicios siguientes, de manera que estamos
hablando de cuatro años. En cuanto al artículo 29, relativo a la vigencia de la Zona Especial Canaria, en su apartado primero se especifica que la vigencia de la misma tendrá como límite el 31 de diciembre de 2027, prorrogable previa
autorización de la Comisión Europea. En el apartado segundo se establece que la autorización a la inscripción en el Registro Oficial de Entidades de la Zona Especial Canaria tendrá como límite el 31 de diciembre de 2023. En el apartado tercero se
establece que el mantenimiento de la ZEC estará condicionado en todo caso al resultado de las revisiones periódicas que debe realizar la Comisión Europea, señor Figaredo. La condicionalidad de las medidas adaptadas en el marco del REF se dispone en
la adicional tercera del real decreto-ley que hoy debatimos, y se establece que las modificaciones introducidas en la Ley 19/1994 están condicionadas a la autorización por la Comisión Europea del mapa de ayuda regional para el periodo 2027, señor
Figaredo.
Señorías, el Parlamento de Canarias informó favorablemente y por unanimidad el pasado 27 de diciembre sobre las modificaciones del apartado 11 del artículo 27 y del apartado 2 del artículo 29 por mayoría absoluta y emitió informe
condicionado a que en el plazo de tres meses desde la entrada en vigor del real decreto el Gobierno de España inicie actuaciones con la Comisión Europea para ampliar el plazo de vigencia de la ZEC en seis años, con el voto contrario de Coalición
Canaria, PP y Ciudadanos. Por diversos motivos, estas circunstancias la Comisión las ha tenido en cuenta en las directrices sobre ayudas estatales con finalidad regional y en los reglamentos generales de atención por categorías en los períodos
2007-2013 y 2014-2020. Yo le aconsejo, señor Figaredo -y a la señora Zurita igual-, que se estudie un poquito el régimen económico y fiscal de Canarias. (Aplausos).
Señora Oramas, le voy a mencionar un detalle: la Zona Especial Canaria no se creó hace catorce años. Se creó en 1994, pero su funcionamiento se aprobó en 2020, aunque se modificó en 2006 y en 2014. Por tanto, no es que llevemos catorce
años con la Zona Especial Canaria.
Por parte de algunos grupos se ha solicitado la tramitación como proyecto de ley del presente real decreto. No se entiende qué sentido tiene esto, cuando lo único que se ha pretendido es adaptar nuestro REF a las nuevas directivas sobre
ayudas estatales de finalidad regional para el periodo 2022-2027 y garantizar la seguridad jurídica que podría incluirse en estos momentos. Puedo entender la petición de las derechas canarias -PP y Coalición- para sacar lascas a los Gobiernos de
España y de Canarias, porque su único fin es hacerse notar -lo hacen aquí y lo hacen en Canarias-, pero no puedo entender su posición, señor Quevedo.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Señoría, debe ir terminando.
El señor FUENTES CURBELO: Termino enseguida, señor presidente.
Su grupo aprobó el 27 de diciembre, en el apartado dos del informe condicionado, que durante tres meses el Gobierno de España hiciese la tramitación para conseguir los seis años que se vienen estableciendo en otros momentos. (Asentimiento
de la señora Oramas González-Moro y del señor Quevedo Iturbe). Pero ustedes los están pidiendo hoy, cuando solo han pasado veinticinco días desde la entrada en vigor de ese decreto.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Señoría, finalice, por favor.
El señor FUENTES CURBELO: Por tanto, votaremos no a la tramitación como proyecto de ley.
Muchas gracias, presidente. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
- REAL DECRETO-LEY 28/2021, DE 17 DE DICIEMBRE, POR EL QUE SE ADOPTAN MEDIDAS COMPLEMENTARIAS DE CARÁCTER URGENTE PARA LA REPARACIÓN DE LOS DAÑOS OCASIONADOS POR LAS ERUPCIONES VOLCÁNICAS Y PARA LA RECUPERACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL DE LA ISLA
DE LA PALMA. (Número de expediente 130/000068).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Convalidación o derogación del Real Decreto-ley 28/2021, de 17 de diciembre, por el que se adoptan medidas complementarias de carácter urgente para la reparación de los daños ocasionados
por las erupciones volcánicas y para la recuperación económica y social de la isla de La Palma. Para presentar el real decreto-ley tiene la palabra, en nombre del Gobierno, el señor ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria
Democrática.
El señor MINISTRO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA (Bolaños García): Gracias, presidente.
Buenas tardes, señorías. Me alegro mucho de comparecer de nuevo en esta Cámara y de reanudar la actividad parlamentaria con todos ustedes. Antes de nada, como ministro de la Presidencia y de Relaciones con las Cortes, me gustaría
aprovechar para poner en valor el trabajo que realizaron todos ustedes durante el año 2021. Se han aprobado en esta Cámara once leyes orgánicas, veintidós ordinarias y veintisiete reales decretos-leyes, lo que hace un total de sesenta iniciativas
normativas a las que ustedes han dado su aval; a muchas con amplias mayorías y a algunas incluso por unanimidad. Por ello, quiero mostrar mi satisfacción al comprobar que todos ustedes en esta Cámara hacen su trabajo y lo hacen con
responsabilidad. Reciban mi reconocimiento. (Aplausos). Como saben, el Gobierno ha aprobado en el primer Consejo de Ministros de enero el Plan Anual Normativo para 2022, que es ambicioso y que tiene noventa y dos leyes -once de ellas orgánicas-
que pasarán por esta Cámara. Por tanto, yo les pido humildemente que antepongan el interés general a cualquier otro interés partidista y que aporten a la que tiene que ser la segunda gran modernización de nuestro país, la que va a propiciar el Plan
Anual Normativo y los fondos de recuperación.
Sin más preámbulos, señorías, paso a centrarme en el asunto que nos ocupa hoy, que es la convalidación del Real Decreto-ley 28/2021. Es una norma que, como todos ustedes conocen, complementa y mejora las ayudas que desde el Gobierno hemos
ido desplegando en favor de la reconstrucción de la isla de La Palma como respuesta a las necesidades tras la erupción del volcán. Este real decreto-ley tiene nueve novedades que de manera muy sucinta les voy a exponer para pedir su convalidación y
su voto favorable y que, en general, lo que pretenden es ampliar las ayudas y agilizar aún más las que ya se están desplegando en el territorio de la isla de La Palma.
En primer lugar, se han aumentado las cuantías máximas de las ayudas para vivienda y enseres, de tal manera que las personas que han perdido total o parcialmente su vivienda pueden llegar a percibir hasta 60 480 euros, cuatro veces más que
los importes que estaban previstos con carácter previo para cualquier otra catástrofe. Además, permítanme recordarles que esta ayuda es complementaria a cualquier otra y, por tanto, la Comunidad Autónoma de Canarias y el propio cabildo pueden
también aportar ayudas a las personas que han perdido su vivienda.
En segundo lugar, se ha habilitado la posibilidad de solicitar anticipos de ayudas para vivienda y enseres con un importe máximo de hasta el 50 % de la ayuda a la que podría tener derecho el beneficiario. Como pueden entender, esto supone
una rapidez en la obtención de las ayudas absolutamente incomparable a lo que supone esperar a la resolución de todo el expediente. Ya se han recibido, señorías, cincuenta y una solicitudes que se van a abonar próximamente.
En tercer lugar, en relación con un sector especialmente importante para la isla, el real decreto-ley incluye nuevas ayudas para los sectores agrícola y pesquero. En concreto, 2 millones de euros para realizar campañas institucionales de
productos de la isla, 10 millones de euros más para ayudas directas a ganaderos y agricultores y 31 millones de euros al sector primario de la isla de La Palma, de los cuales ya se han abonado 13,5 millones a seis organizaciones de productores de
plátano, lo que ha supuesto que reciban ayudas más de 2900 agricultores.
En cuarto lugar, señorías, el real decreto-ley ha suspendido la obligación de abonar las cuotas a la Seguridad Social de aquellos pescadores que no han podido salir a faenar.
En quinto lugar, en materia de cultura, se ha establecido una subvención para el Instituto Canario de Desarrollo Cultural, por importe de 150 000 euros, para financiar actividades relacionadas con la cultura en la isla de La Palma.
En sexto lugar, se ha concedido un aplazamiento hasta el 2 de mayo de 2022 para el cumplimiento de las obligaciones fiscales y las declaraciones que debían presentarse antes de la entrada en vigor del real decreto-ley que traemos para su
convalidación.
En séptimo lugar, señorías, se facilita a las empresas de La Palma que puedan acceder a líneas de financiación COVID, de tal manera que se las exime temporalmente de la obligación de mantener la actividad, ya que, como pueden ustedes
entender, es incompatible con la erupción volcánica que se ha producido y que ha afectado a determinadas actividades empresariales.
En octavo lugar, señorías, hemos aprobado una subvención de 17,6 millones de euros para la Comunidad Autónoma de Canarias para financiar actuaciones en materia de turismo y de dinamización y apoyo a las pymes de la isla. En el caso del
turismo, se destinan 4,6 millones de euros a financiar medidas previstas en el plan de recuperación del sector. Vamos a subvencionar la conectividad aérea con la isla de
La Palma, tanto en destino como en origen. También vamos a promocionar dentro de España una campaña de turismo para visitar la isla de La Palma. Por último, hemos aprobado un bono turístico de 300 euros que podrá gastarse dentro del
territorio de la isla de La Palma durante el año 2022. (Aplausos). Tal y como tuve oportunidad de trasladar al presidente de Canarias y también al presidente del cabildo, estamos convencidos de que la reconstrucción de la isla que se va a producir
-que se está produciendo ya- va a otorgar un valor muy importante al turismo sostenible, al turismo de altísima calidad que vamos a conseguir en la isla de La Palma. En cuanto al apoyo a las pymes, vamos a destinar 13 millones de euros a la
dinamización de la actividad económica en la isla. En concreto, habrá ayudas directas para empresas que han sufrido la erupción del volcán y para otras que quieran ampliar sus establecimientos o su capacidad productiva. También vamos a apoyar la
celebración del Starmus Festival, que es uno de los festivales más importantes del mundo en relación con la astronomía.
Por último, el real decreto-ley prevé también la creación de dos grupos de trabajo, el primero para coordinar el restablecimiento de infraestructuras y el segundo en materia de planeamiento urbanístico. Ya se han celebrado diversas
reuniones. El Gobierno de España va a estar allí en todo momento, apoyando a las autoridades locales y regionales para que consigamos avanzar en la reconstrucción de la isla.
Señorías, el día de Navidad los expertos y las autoridades dieron por concluida la erupción de la isla de La Palma. El Gobierno de España sigue allí. Afortunadamente, hoy el volcán de la isla de La Palma ya no monopoliza los telediarios,
pero nosotros vamos a seguir allí; ahora más que nunca vamos a seguir allí, porque continúa el compromiso del Gobierno de España con la reconstrucción de la isla de La Palma. Hoy mismo hemos aprobado en el Consejo de Ministros la aplicación del
Fondo de Contingencia con un importe por encima de los 20 millones de euros para financiar la concesión de ayudas a las personas que han perdido la vivienda. Hoy también se ha reunido la comisión interministerial que se creó por parte del Gobierno
de España, en la que se reúnen una docena de ministerios, para seguir proponiendo medidas que ayuden a la reconstrucción de todos los proyectos vitales de los palmeros y de las palmeras que se vieron interrumpidos con el volcán. Hemos movilizado en
cuatro meses 269 millones de euros, más o menos el 60 % de los 444 millones de euros comprometidos. Para tener una referencia de lo que suponen en la isla de La Palma 269 millones, que es el dinero que ha movilizado el Gobierno de España, les
informo de que el presupuesto anual del cabildo de la isla es de 180 millones de euros, de tal manera que ya hemos superado con creces el importe del presupuesto anual del cabildo.
Además, también es importante que pongamos en valor que la actuación ha sido integral, que no ha dejado a ningún sector, a ninguna persona ni a ningún afectado de lado. Hemos ayudado al sector pesquero y al transporte con barcos militares,
a los trabajadores agrícolas y a la gente que ha perdido sus viviendas, negocios o establecimientos total o parcialmente. (La señora presidenta ocupa la Presidencia). Y, por supuesto, también vamos a reconstruir las infraestructuras. Tenemos un
ejemplo bien reciente: se ha tardado veintisiete días en reconstruir un tramo de carretera en la isla de La Palma. Estamos cumpliendo en unos tiempos récord que nunca jamás en la historia de la Administración española se habían conocido. A ese
ritmo estamos reconstruyendo la isla de La Palma todas las administraciones: el Gobierno de España, el Gobierno de Canarias, el cabildo de la isla y los tres ayuntamientos afectados. (Aplausos).
Señorías, hay ya 6057 palmeros y palmeras que han recibido ayudas. Hay 79 que han recibido ayudas para la vivienda; 39 que han recibido viviendas para poder reiniciar su proyecto de vida; 24 que han recibido ayudas para enseres; 807
personas que han recibido ayudas del Consorcio de Compensación de Seguros, con una media por encima de los 150 000 euros; 1435 trabajadores que están cubiertos por los ERTE que también aprobamos en el real decreto-ley de ayudas a la isla de la
Palma; 726 autónomos que están percibiendo la prestación por cese de actividad; 2947 agricultores y ganaderos que han recibido también ayudas del Gobierno de España. En total, 6057. Más de 6000 habitantes de la isla de La Palma ya han recibido
ayudas y nuestro compromiso es con todos ellos. Hasta que no reconstruyamos el último proyecto de vida en la isla de La Palma no cejará el Gobierno de España en ayudar a todos los palmeros y a todas las palmeras. (Aplausos).
Señorías, somos perfectamente conscientes de que para las personas que han perdido su casa o que han perdido su negocio cualquier tiempo es demasiado. Lo entendemos y, por eso, el esfuerzo que está haciendo el Gobierno de España de la mano
del resto de Administraciones es un esfuerzo sin precedentes y lo vamos a seguir haciendo para reconstruir cuanto antes la isla de La Palma. Esta crisis ha puesto a prueba la capacidad de respuesta que tenemos las administraciones. Tanto el
Gobierno de España como el Gobierno de Canarias, el cabildo y los ayuntamientos hemos hecho un esfuerzo en diligencia y eficacia para que los palmeros y las palmeras recuperen cuanto antes la vida que tenían antes de la erupción del volcán.
En estos ochenta y cinco días de erupción la ciudadanía de La Palma ha sido un ejemplo de entereza y su sentido del deber cívico merece todo el reconocimiento del Gobierno y de la ciudadanía española. Por ese motivo, el Gobierno en el
Consejo de Ministros aprobó el pasado 11 de enero una declaración institucional que hoy quiero recordar. Es una declaración para alabar el comportamiento ciudadano que han tenido los habitantes de la isla y para instar a que se celebren todos los
homenajes y reconocimientos que sean necesarios para reiterar el compromiso del Gobierno y de la ciudadanía española con la isla de La Palma. Creo que no solo recojo el sentir de la isla, sino el sentir de todas las fuerzas políticas y de toda
nuestra población cuando digo que los habitantes de la isla de La Palma nos han dado un ejemplo de entereza y de solidaridad.
También ha sido un buen ejemplo de gestión de lo público y del valor de lo público. Lo público está ahí cuando tenemos mayores dificultades, cuando tenemos dificultades individuales en la enfermedad o en una situación de desempleo, pero
sobre todo cuando tenemos grandes catástrofes como ha sido la pandemia o como es la erupción del volcán. Ahí lo público es la red de seguridad que tenemos todos y todas y, por eso, tenemos que preservar las herramientas que hacen que el Estado y
las administraciones puedan cuidar a nuestra ciudadanía cuando tiene mayores dificultades. Ese es el valor de lo público que quiero destacar ante todos ustedes.
Señorías, vamos a convertir la catástrofe del volcán de la isla de La Palma en oportunidades para la isla; vamos a reconstruir la isla y vamos a hacerla mejor. Por eso, señorías, espero que todos ustedes actúen de la mejor manera posible,
que hagan política con pe mayúscula y con altura de miras, que reconozcan la labor que estamos haciendo todas las administraciones para reconstruir la isla y que sean ustedes conscientes de que lo que están haciendo aquí convalidando este
decreto-ley es ayudar a personas que han tenido dificultades, en este caso, los habitantes de la isla.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Mixto intervendrá en primer lugar el señor Quevedo Iturbe.
El señor QUEVEDO ITURBE: Gracias, señora presidenta.
Buenas tardes de nuevo a todos y a todas. Señor ministro, muchas gracias por su explicación, por cierto, en un tono que compartimos. No podemos negar -es más, nos felicitamos por ello- que la respuesta a la desgracia que han sufrido los
hermanos de la isla de la Palma ha sido una respuesta amplia por parte de la totalidad de las administraciones implicadas: el Gobierno de España, el Gobierno de Canarias y las corporaciones locales. Esto es algo de lo que nos debemos felicitar.
También es verdad que el daño que se ha producido es un daño singular en relación con las catástrofes que pudieran servir de referencia en el Estado español en los últimos tiempos. En ningún caso las casas se habían visto sepultadas; ni siquiera
ha quedado el terreno, sino que ha quedado un malpaís. Esto es algo a lo que haré referencia después. Tras haberle escuchado, estoy seguro de que si el compromiso es hasta la reconstrucción y la recuperación total del daño, este real decreto-ley
es un paso más pero seguro que no va a ser un paso definitivo.
Ya le anuncio que, por supuesto, vamos a convalidar este real decreto-ley. Nosotros consideramos que hay un conjunto de medidas amplias que creemos que van a ayudar a los sectores más afectados. Desde luego, hay una cuestión clara: hay
que comenzar por las infraestructuras necesarias para recuperar la actividad económica. Mire usted lo que les pasa a los plataneros que, por no poder, no pueden ni regar. Fíjese, el volcán nos ha servido para que la gente entienda lo importante
que es el plátano en Canarias. Alguna ventaja tenía que tener esto. Destaco, por lo tanto, la necesidad de reconstruir las infraestructuras. Otra cuestión absolutamente dramática es la de las personas que han perdido la vivienda y el suelo en el
que se asentaba la vivienda. Esta es una cuestión muy relevante a tener en cuenta. También hay que intentar recuperar el empleo. Ahí yo creo que hay planes y proyectos variados y múltiples; yo conozco bien los del Gobierno de Canarias, creo que
están en la dirección correcta y que este conjunto de medidas ayuda. También destaco la cuestión de los sectores económicos más afectados. La Palma es muy dependiente de determinados sectores -específicamente, la agricultura y la pesca- y, por lo
tanto, es ahí donde hay que hacer un gran esfuerzo. ¿Y qué decir de los autónomos y de las pequeñas y medianas empresas?
Ahora bien, una cuestión sobre la vivienda. Estos 60 000 euros que se están planteando ahora, efectivamente, son muchos más que los 15 000 euros iniciales que establece el real decreto del año 2005 que contempla estas cosas, pero algún otro
antecedente tenemos que buscar. Estaremos de acuerdo en que con 60 000 euros está bien, pero es seguro que 60 000 euros no resuelven el problema de quien ha perdido la vivienda y el suelo. En relación con el suelo, me consta que el Gobierno de
Canarias está trabajando para ver de qué manera se puede ayudar con esto, pero yo le tengo que poner un antecedente: el terremoto de Lorca en el año 2011, tras el que todos apoyamos lo que había que apoyar. Se hizo un nuevo real decreto en el que
se estableció que la compensación por la pérdida de la vivienda habitual tenía que ser como máximo el 80 % de una vivienda de protección oficial de 90 metros cuadrados. Esta cifra significó en aquel tiempo unos 80 000 euros por vivienda y, ahora, a
precios corrientes, creemos que estaría en torno a 90 000 euros. Por lo tanto, yo le planteo que es necesario revisar esta cifra. Es mucho mejor 60 000 euros que los 15 000 euros que se establecían -esto es evidente-, pero creo que, si lo
comparamos, el daño en este caso es mayor. No voy a decir que la gente de Lorca no sufrió lo que sufrió, pero sí digo que mantuvieron su terreno. En este caso, desapareció. Creemos que es necesario revisar esta cuestión y que este no va a ser el
último real decreto-ley, y estamos seguros de que hay tiempo para adaptar esa cifra a la realidad de los tiempos actuales, porque, si no, sencillamente la gente no podrá recuperar su vivienda.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Quevedo. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el mismo grupo parlamentario, tiene la palabra la señora Oramas GonzálezMoro.
La señora ORAMAS GONZÁLEZ-MORO: Gracias, señora presidenta.
Señorías, señor ministro, los palmeros afectados por el volcán siguen luchando para recuperar sus vidas después de la erupción. Todas las administraciones -nadie lo duda- han hecho un esfuerzo por movilizar fondos en favor de la isla y este
real decreto-ley mejora las cuantías, pero sigue siendo insuficiente. Por eso, hoy nos hacemos eco de las demandas de las personas afectadas, porque son ellos quienes deben tener la voz aquí.
Primera, que se abonen ya las ayudas aprobadas por parte de todas las administraciones. Los fondos están llegando, pero muy lentamente. Es necesario que las personas que han sufrido esta desgracia sepan que es verdad que las ayudas van a
llegar. Tengan en cuenta que de las casi 4000 solicitudes, se han abonado 79 ayudas por destrucción de vivienda -de 4000, 79- y 19 por pérdida de enseres.
Segunda, que dichas ayudas se amplíen a todos los afectados y que los bienes se valoren al precio real mediante ayudas o subvenciones, o sea, mediante la compra o la expropiación de los terrenos, como plantea el Colegio de Notarios de
España.
Tercera, que las ayudas para los que han sufrido daños en sus viviendas y que ahora vuelven a sus casas se extiendan al 100 % de la reparación que deban hacer, dado que ahora solo contemplan el 50 % de los daños que han sufrido. Es gente
que ha salido con lo puesto; gente que trabajó treinta o cincuenta años en Venezuela y no tienen absolutamente nada.
Cuarta, que se refuerce el sistema sanitario de la isla con la recuperación de las infraestructuras perdidas, así como con la puesta en marcha inmediata de un plan de salud mental que ayude a la recuperación psicológica de los afectados.
Por cierto, en los Presupuestos Generales del Estado votaron en contra de esta ayuda extraordinaria para un plan de salud mental.
Quinta, que se cree un consorcio o ente similar que agrupe a todas las administraciones y que incluya a los afectados para plantear la recuperación de los barrios perdidos y que afronte las tareas de reconstrucción que impidan el desarraigo
y la emigración de la población.
Sexta, que se aprueben medidas económicas y fiscales que de verdad incentiven la recuperación económica de una isla devastada. El retraso de los impuestos cuando no tienes ingresos y has perdido todo es un número a efectos de la Hacienda
nacional, pero no es una ayuda para alguien que no tiene nada.
Los palmeros y las palmeras son un ejemplo para este país; un ejemplo de resistencia, de aguante, de cómo afrontar una desgracia desde la unidad y el apoyo mutuo. La sociedad española ha respondido y la Administración debe estar a la
altura. Los palmeros y palmeras deben saber que todo este Congreso, independientemente de las fuerzas políticas a la que pertenezcamos, está con ellos. El dinero no les va a devolver sus casas ni los recuerdos ni va a reparar la pérdida de los
restos de sus queridos, pero el dinero les da la esperanza de que pueden construir una vida nueva en esa preciosa isla que no quieren abandonar.
Señor ministro, entiendo que usted dé los números que da, pero el hecho de que ustedes hayan transferido 200 millones al Gobierno de Canarias no quiere decir que hayan llegado a los afectados. Ustedes suman los ERTE, los paros, las
desgravaciones fiscales o el aplazamiento fiscal. El consorcio ha pagado a los bancos que han cancelado anticipadamente las deudas. No han llegado a la mayoría de los afectados. No le echo la culpa, lo que le digo es que esto no sirve. Esto no
sirve y la gente quiere certezas.
La señora PRESIDENTA: Señora Oramas, tiene usted que terminar, por favor.
La señora ORAMAS GONZÁLEZ-MORO: Termino, señora presidenta.
Lo único que pido a todos los portavoces -se lo iba a plantear a la presidenta y sé que el portavoz socialista me va a ayudar en eso- es que hagamos un viaje a La Palma para escuchar directamente a todos los sectores afectados, como ha hecho
el Parlamento Europeo y como han hecho muchos de los senadores.
Muchísimas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Oramas. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra la señora Sagastizabal Unzetabarrenetxea.
La señora SAGASTIZABAL UNZETABARRENETXEA: Gracias, presidenta.
Intervendré desde el escaño muy brevemente. Mi grupo, desde luego, como ya hizo en el anterior decreto de ayudas a La Palma, votará a favor de la convalidación, porque básicamente lo que se hace es aumentar o complementar ayudas para paliar
daños en viviendas, así como aprobar medidas de apoyo al sector agrario, cultural y pesquero, y también medidas relacionadas con la Seguridad Social en torno a las prestaciones. Además, entendemos que el Gobierno no tiene que dejar a nadie atrás y
que son las administraciones públicas las que deben reparar todos estos daños.
Por otro lado, también hay que decir que en este decreto no solo se habla de las ayudas a La Palma, sino que también hay una modificación de las condiciones para acceder al Fondo de Recapitalización para las empresas afectadas por el COVID,
de tal manera que las empresas de cualquier sector con un importe neto de cifra de negocio entre 10 y 400 millones podrán acceder a él.
En este sentido, nosotros vamos a votar a favor de la convalidación del real decreto-ley y vamos a votar que no a la tramitación como proyecto de ley, porque es necesario que las ayudas lleguen cuanto antes a las personas afectadas.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Sagastizabal.
Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor Gutiérrez Vivas.
El señor GUTIÉRREZ VIVAS: Gracias, señora presidenta.
Señorías, muy buenas tardes en este inicio de la actividad parlamentaria en este año 2022. Señorías, 85 días de erupción fijan el periodo más largo, desde que se tienen registros, de las erupciones en la Isla Bonita, en la isla de La Palma.
El volumen estimado del edificio volcánico ha sido de 34 millones de metros cúbicos y el volumen material emitido total ha sido superior a los 200 millones de metros cúbicos. Los proyectiles lanzados por el volcán han alcanzado hasta un kilómetro y
medio del cono y la superficie de la colada ha sido de 1219 hectáreas con un espesor estimado medio de 12 metros, aunque hay zonas donde ha llegado hasta los 70 metros enterrados en lava. Es cierto que las cifras no nos dicen nunca nada si no
tenemos con qué compararlas. Estos datos que yo les he mencionado antes es como si todo el Eixample y la Ciutat Vella de Barcelona estuvieran cubiertos de un manto de entre tres y veinte plantas de altura. Esa es la realidad de lo que ha
ocasionado el volcán de La Palma. Las construcciones afectadas han sido 1676, según el catastro; según el satélite Copernicus, han sido 2988. Hay más de 1000 de diferencia. Señor Bolaños, yo creo que habría que intentar conciliar de alguna
manera estas cifras. Vamos a ver qué es lo que pasa cuando estos datos puedan cruzarse con la realidad, porque convendría saber la realidad de las viviendas afectadas. Las hectáreas de cultivo afectadas han sido 370, la mayoría de plátano, pero
también se han visto afectados viñas y aguacates de los agricultores de la isla. Las carreteras y los caminos han sido seriamente afectados, como hemos podido ver todos en televisión. Además, durante todo este periodo de actividad del volcán,
sabemos que el presidente del Gobierno ha ido a La Palma en repartidas ocasiones, lo hemos visto. Los gestos, señor Bolaños, son importantes, pero los
gestos sin ayudas rápidas y eficaces no valen para nada. Los gestos sin materia, los gestos sin fondo no son gestos, señor Bolaños, son aspavientos. Conociendo la filosofía monclovita, sabemos el riesgo de que todo quede en fotos, en
posados y en empatía fingida. Los palmeros, señor Bolaños, ya han conocido lo que significan los retrasos de las ayudas, porque ya han conocido lo que es un decreto de ayudas y ya conocen lo que es no percibir nada, o prácticamente nada, de las
ayudas de aquel real decreto.
Nosotros vamos a apoyar este real decreto, señor Bolaños, pero del Gobierno depende que se cumpla. No vale solo con los aspavientos de traer el real decreto, aprobarlo y venir a convalidarlo. Hay que hacer que se ejecute. Lo importante es
la ejecución, como es importante la ejecución presupuestaria en los diferentes ministerios de la Administración General. Lo importante es que se cumpla, que las ayudas lleguen. Tienen ustedes la responsabilidad de la reconstrucción. No son los
palmeros los que tienen la responsabilidad de la reconstrucción, son ustedes, señores del Gobierno. Son ustedes rápidos a la hora de cumplir con sus socios en materias que, incluso, pueden ser hasta muy perjudiciales para España, y yo les pediría
que fueran rápidos también con los españoles cuando estos lo necesitan.
Sabemos que la reconstrucción es compleja, que la lava es mucha y que la temperatura en su interior todavía es muy alta para empezar a trabajar en alguna que las zonas, pero creo que esto no es excusa para que las ayudas tarden más de lo
necesario para su tramitación. Señor Bolaños, habla usted de agilizar y nosotros estamos de acuerdo en que se agilicen las ayudas, pero ¿por qué traen ustedes un decreto para agilizar las ayudas? Porque el real decreto anterior no valió para nada,
se demostró ineficaz. Y se lo dijimos. Cuando se convalidó aquel decreto mi compañero se lo dijo -no fui yo en aquella ocasión-. Le dijimos que en ese real decreto no estaban las ayudas necesarias en cuanto a la velocidad de lo que se iba a
hacer. Usted hoy nos dice que se está haciendo con una velocidad extraordinaria, pero la realidad de los palmeros no es esa y se lo están contando a ustedes todos los días. Nos alegramos de que ustedes rectifiquen. Quizás, cuando rectifican
aciertan. Vamos a ver si este es el caso y no es necesario, incluso, un tercer real decreto porque este no va a funcionar. A mí me gustaría que no fuera así. Está en sus manos, desde luego, que esto no sea así.
Además, junto con la reconstrucción de las infraestructuras y los servicios públicos, está la reconstrucción de los proyectos vitales de los miles de palmeros que se han visto afectados. Por ello, lo primero y lo más importante -creo yo- es
que el Gobierno de la nación, así como el canario y el insular garanticen esta financiación para la ingente labor que está por delante. Sin embargo, la necesidad de una rápida reconstrucción, señorías, no puede significar una reconstrucción
represiva y desordenada. Es necesario un debate serio y sosegado sobre cómo abordar la integración de lo que ahora es una zona catastrófica, pero con un innegable valor científico y natural, con la nueva realidad urbana, económica y social de la
isla.
Los tres tipos de ayudas que se contemplan en este decreto son necesarios y complementarios de los del decreto anterior. Nos alegramos de la duplicidad de las cuantías en las indemnizaciones previstas por la pérdida de vivienda. Nos
alegramos de que el sector agrario y pesquero de La Palma también tenga ayudas complementarias, con ese máximo de ayuda hasta 10 millones de euros, para paliar los efectos de la colada y cenizas en las explotaciones agrarias. Nos alegramos de que
haya medidas de publicidad institucional que fomenten el consumo de esos productos agrarios, aunque creo que 2 millones de euros para estas campañas son insuficientes, señor ministro. Pero sobre todo nos alegramos de que el sector cultural se
subvencione también por el Instituto Canario de Desarrollo Cultural, entidad que está adscrita al Gobierno de la comunidad autónoma, y de que estas actividades culturales y artísticas que se dirigen a la población afectada redunden en beneficio del
resto de la sociedad, también española, que se va a vincular a ellas.
Finalizo, presidenta. Señores del Gobierno, señor Bolaños, como hemos visto muchas veces en esta legislatura, el papel lo aguanta todo, pero la vida de las personas afectadas por el volcán de La Palma merece lo que aquí se promete. No
vuelvan a dejar tirados a los miles de palmeros afectados otra vez. Gesticulen menos y hagan más, señor ministro.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Gutiérrez. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, tiene la palabra la señora Fernández Castañón.
La señora FERNÁNDEZ CASTAÑÓN: Buenas tardes.
Primero, me sumo a las palabras de mi compañero Txema Guijarro y hago también una mención a la compañera Meri Pita por la cuestión que estamos tratando en este punto del Pleno de la sesión de hoy.
Esta tarde, en un Pleno extraordinario, el Gobierno trae para su convalidación un real decreto-ley para continuar en la senda de ayudas para la reparación de daños causados por la erupción del volcán en El Paso y para la recuperación
económica y social de la población de La Palma. Desde septiembre, a consecuencia de la erupción del volcán -tenemos que lamentar el fallecimiento de una persona-, hemos visto cómo miles de viviendas han sido destruidas y más de 350 hectáreas de
cultivo arrasadas. El Gobierno central y también el Gobierno de Canarias reaccionaron con diligencia y se activó el reconocimiento de zona gravemente afectada por una emergencia de Protección Civil, un real decreto con una inyección de 10,5
millones para viviendas y en el mes de octubre un real decreto-ley con medidas de protección para la población ante lo que era un vuelco absoluto de la vida de las personas que habitan y trabajan en la isla. Si en aquel primer real decreto-ley las
medidas iban enfocadas a la protección social del empleo y la vivienda, en el que hoy nos ocupa se refuerzan las medidas de vivienda también, las tributarias, las que afectan a los sectores de la agricultura y la pesca y al sector cultural y las de
quienes trabajan en el mar por cuenta propia.
Sobre vivienda, aunque se hicieron importantes inyecciones de dinero en aquellos primeros acuerdos, la destrucción de hogares ha sido tal que sigue siendo necesario que exista una implicación por parte de la Administración General del Estado
tanto para quienes han visto su casa completamente derruida como para quienes se enfrentan a desperfectos o a daños en elementos comunes. Las cuestiones tributarias son para una ampliación del plazo de las declaraciones que debían presentarse en
diciembre del año pasado. Asimismo, la actividad agropesquera y la actividad cultural se han visto, cada una en su ámbito, suspendidas tanto por los daños causados como por otros problemas derivados y este Gobierno lo que hace es involucrarse.
Además es necesario reivindicar los productos de La Palma con una campaña que los reconozca y fomente. Asimismo, las personas autónomas que trabajan en la mar, si han visto cesada su actividad a causa de los daños del volcán, estarán exentas del
pago de cuotas de la Seguridad Social, una cuestión de pura justicia que lamentablemente no hemos visto en gestiones de otras crisis.
En cultura, ante el interés del propio Ministerio de Cultura por esa situación, desde el Instituto Canario de Desarrollo Cultural se presentan una serie de proyectos para La Palma, coordinados sobre todo con el municipio de Los Llanos de
Aridane y el cabildo insular. Destaco esto porque me parece significativo que en los procesos de recuperación se entienda desde el Gobierno -por ello lo celebramos- la importancia que tiene la actividad cultural tanto en términos de modelo
productivo como del modelo social de identidad, intercambio y también de dignidad. Todas estas medidas tienen su sentido, su razón y su utilidad. Se comprueba viendo cómo se han gestionado las medidas del real decreto de octubre: 5 millones de
euros transferidos para esas ayudas urgentes por parte del Ministerio de Derechos Sociales, de los cuales 4,4 millones de la Secretaría de Estado de Agenda 2030 correspondían ahí y otros 600 000 euros a la Secretaría de Derechos Sociales. Porque
las cuestiones materiales no se resuelven ni con fotos ni con proclamas, sino con inyecciones de dinero público destinadas a la protección y a la reconstrucción cuando vienen mal dadas.
Nos alegra además que ante la propuesta por parte de la Secretaría de Estado de la Agenda 2030 al cabildo de La Palma de poner en marcha un plan para reconstruir la isla con criterios de sostenibilidad energética, de forma que se
autoabastezca con energías alternativas, la respuesta haya sido que se va a valorar su estudio. La situación difícil por la que la población de La Palma está pasando requiere un proceso que reconstruya, y es el momento de pensar cuáles son los
cimientos y si podemos avanzar en un proceso más sostenible medioambientalmente y más justo socialmente. El compromiso del Gobierno y de mi grupo parlamentario está claramente en esa dirección, compromiso que también se ha visto con el importante
Plan extraordinario de empleo y formación que ha salido del Ministerio de Trabajo: 63 millones destinados a atender las nuevas necesidades formativas, el desarrollo a la orientación profesional y reorientación de las actividades empresariales para
promover economía social, ayudas adicionales para quienes han estado en ERTE y tienen muy bajas prestaciones y un despliegue de planes que permitan que la cualificación y formación se reorienten ante el nuevo escenario y el mantenimiento de los
puestos de trabajo de los sectores especialmente dañados.
En un momento como este me van a permitir que insista: la política, las instituciones, sí son útiles, lo son cuando colocan la prioridad de su acción en el común, en las personas, en garantizar derechos y mejorar las condiciones materiales.
Este Gobierno hace mucha política de la que apenas se habla, que es útil, que mejora vidas. No quiero que esto suene en absoluto autocomplaciente, porque queda tarea, muchísima, y somos las primeras en recordarlo. Insisto en esto porque hay
quienes están interesados en que la política solo sea el ruido que ellos mismos quieren generar y eso hace que parezca inútil. Además
a día de hoy ese principio de que nada se puede mejorar nunca es falso, y eso solo beneficia a quienes ya tienen el poder sin presentarse a ningún comicio electoral. La capacidad de cambiar las cosas para la gente se encuentra en el Boletín
Oficial del Estado, en los presupuestos generales, en los reales decretos de urgencia ante los problemas acuciantes como es este. Por todo ello hoy votaremos de manera favorable.
Gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Fernández. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra el señor Rodríguez Almeida. (Aplausos).
El señor RODRÍGUEZ ALMEIDA: Muchas gracias, señora presidente.
Señorías, la catástrofe natural provocada por el volcán de La Palma era la ocasión perfecta para que el Gobierno socialcomunista del presidente Sánchez pudiese enmendar, al menos mínimamente, el deterioro progresivo de su imagen por sobrados
motivos desde el comienzo de la legislatura: la traición a las promesas electorales de no pactar con los comunistas de Podemos ni con los filoetarras de Bildu, el escándalo del Delcygate y las mil versiones del ministro Ábalos, la
inconstitucionalidad de los estados de alarma y el secuestro del Congreso, la invasión de las mafias de la inmigración ilegal, los acercamientos de terroristas para aprobar los presupuestos y un largo etcétera. Era la ocasión perfecta para cumplir,
al menos en favor de un reducidísimo número de españoles, con ese lema de 'no dejar a nadie atrás' con el que han engañado a los españoles desde que comenzó la pandemia de la COVID-19. (Aplausos). Era la ocasión perfecta, pero al presidente
Sánchez para lo único que le ha servido es para poner de manifiesto su completa ineptitud para solucionar los problemas de los españoles. ¿Tantas veces en el Falcon el presidente y los ministros para qué? Para absolutamente nada. No es una
opinión personal, es una opinión generalizada, señorías. Me sorprende que quienes teóricamente son representantes del pueblo, y especialmente de los palmeros, estén tan satisfechos con esta situación porque no es la realidad. Ayer mismo salieron
los palmeros a la calle, después de un mes que finalizó la actividad volcánica, para visibilizar el drama que viven los palmeros. El pasado 28 de octubre entrevistaron también a un ilustre habitante de La Palma en COPE Lanzarote, justo antes de que
me tocara a mí, y tuve la suerte de oír estas palabras. Leo literalmente: 'No les ha llegado un euro, de las administraciones no ha llegado ningún euro. Ya llevamos más de 40 días y los que quedan. No hay que estar tanto allí, hay que resolver y
punto'. Ese hartazgo por los viajes en el Falcon para no resolver nada lo manifiesta un señor que se llama Jerónimo Saavedra -no sé si les suena-, un masón declarado, presidente del Gobierno de Canarias, dos veces ministro y no sé si todavía
militante socialista. (Aplausos).
En cuanto al contenido del real decreto que hoy se pretende convalidar, se me hace inevitable poner de manifiesto la diferencia entre cómo se trata a los españoles que han sufrido este drama y a los no españoles, cuya necesidad ni siquiera
se tiene que acreditar. Será una edición más de matemáticas para progres. Primera premisa elemental: el dinero es un recurso escaso y, por tanto, limitado. Pues bien, para quienes lo han perdido todo -destrucción total de la vivienda habitual-,
lo único que se prevé son 60 480 euros. Ese dinero es el que recibirá una familia que se ha quedado en la calle, sin nada. En el otro lado de la comparación, vemos cómo a los inmigrantes ilegales que violentan nuestras fronteras y se niegan a
facilitar ningún tipo de documentación e información, el Estado les premia financiando su estancia en establecimientos a 120 euros diarios. Recuerden la cifra: solo en 126 días cuatro inmigrantes han consumido exactamente la misma cantidad. Ellos
no se tienen que preocupar de dónde van a dormir, de dónde van a desayunar ni de dónde van a comer. (Aplausos). Y ya son más de 40 000 inmigrantes ilegales los que han llegado en estos dos últimos años a Canarias. Hagan los números, si son
capaces.
Como les gusta tanto citar al papa Francisco, a pesar de ser declarados perseguidores de la Iglesia como laicistas y comunistas, les diré un aspecto fundamental de la doctrina católica que sabe cualquier niño del primer año de catequesis de
primera comunión, a ver si se caen del caballo -por cierto, hoy los cristianos celebramos la conversión del apóstol san Pablo-. Supongo que sabrán que la caridad es ordenada por definición, porque si no es ordenada ya no sería una virtud, se
convertiría en una perversión, como sería perverso un padre que arrebatase el pan a sus famélicos hijos para dárselo a quienes ni siquiera conoce. Con el trato que se estaba dando a los inmigrantes ilegales en los hoteles de tres y cuatro
estrellas, los canarios llevábamos meses imaginando y pensando qué pasaría cuando Canarias volviera a tener otro incendio u otra catástrofe Canarias. ¿Nos volverán a poner en los pabellones? Efectivamente,
eso fue lo que pasó. Al día siguiente de la erupción estuve allí, en La Palma, en el acuartelamiento El Fuerte, y no me dejaron entrar, precisamente porque se ponía de manifiesto esa diferencia de trato.
También me veo en la obligación de recordar a sus señorías del Partido Popular que su pacto con el PSOE para repartirse el Cabildo de La Palma y el Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma, igual que hicieron en Lanzarote, ha dejado a los
palmeros completamente huérfanos de representantes públicos que luchen por sus intereses ante la mezquindad de la cuantía de las ayudas y el retraso en su tramitación. Por eso, el ministro Bolaños se permite hoy aquí alabar al presidente del
Cabildo de La Palma, de la misma manera que Pablo Iglesias felicitó a Pablo Casado en la moción de censura. (Aplausos). Señorías del Grupo Parlamentario Popular, han traicionado a sus votantes desistiendo de cualquier oposición solo para poder
mantenerse en los sillones del Gobierno. Señorías del Partido Popular, mienten cuando dicen que son la oposición al PSOE, mienten descaradamente y esa farsa hace que sea su traición todavía más grave.
Con un Gobierno de socialistas y comunistas ni siquiera aspiramos a mejorar las ayudas que destinan a los inmigrantes ilegales, pero sí les exigimos que al menos sean de la misma cuantía. Aunque lo haya olvidado su principal obligación es
ayudar y proteger a los españoles, y si no están dispuesto a hacerlo, lo que tienen que hacer es dimitir, convocar elecciones y permitir que sean los españoles quienes les coloquen en su lugar por sus mentiras y sus traiciones.
Muchas gracias. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, algunos de ellos puestos en pie).
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Rodríguez. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, tiene la palabra el señor Ledesma Martín.
El señor LEDESMA MARTÍN: Muy buenas tardes, señorías.
Como no podía ser de otra manera, quisiera comenzar mi intervención dejando nuevamente testimonio en nombre del Grupo Popular de nuestra profunda solidaridad y cariño. Quiero dar un mensaje de ánimo para los palmeros de los municipios que
más han sufrido la erupción del volcán, como son Los Llanos de Aridane, El Paso o Tazacorte, para que más pronto que tarde puedan comenzar a normalizar definitivamente sus circunstancias vitales. También es de justicia seguir reconociendo la enorme
y dificultosa tarea que han desarrollado los equipos humanos del cabildo insular de La Palma y de los municipios afectados, junto a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad Científicos, por sus grandes esfuerzos impagables empleados a lo largo de todo el
desarrollo del proceso eruptivo. El volcán se ha apagado, pero las consecuencias devastadoras del mismo persisten. Por ello, señorías, nos encontramos con el gran reto de cumplir con los palmeros, de no defraudarlos, de estar a la altura de las
circunstancias, de dar respuesta a todas esas personas que lo han perdido todo por culpa de ese volcán. Estoy esperanzado de que todos rememos en la misma dirección, que les demos respuesta de forma ágil y rápida al sufrimiento de aquellas personas
que lo único que esperan de nosotros es la aplicación por nuestra parte del principio de solidaridad recogido nuestra Constitución. Se necesitan actos, respuestas rápidas y no palabras bonitas y visitas. La gente no come con las fotos.
Comparece hoy aquí el ministro Bolaños para solicitar la convalidación de este Real Decreto-ley 28/2021. Efectivamente, en el caso que nos ocupa, el primer pecado del Gobierno socialista ha sido la falta de una planificación elemental de la
reconstrucción de La Palma, en medio de ese proceso eruptivo que se ha prolongado por espacio de varios meses. Razón de más. Sí, señor ministro, porque aunque dicen que nunca es tarde si la dicha es buena, por cuestión de responsabilidad desde mi
grupo no vamos a dejar pasar hoy la oportunidad de enmendarle la plana. Es incomprensible que lleven parcheando actuaciones insuficientes, a remolque y rebufo de los acontecimientos, mientras a lo largo de los últimos meses miles de palmeros
desesperados, en muchos casos de la noche a la mañana, veían ponerse toda su vida patas arriba, viéndose privados de acceder a los recursos más elementales.
Señor Bolaños, esto no se trata de liderar un ranking de desplazamientos suyos o de su jefe Sánchez a La Palma, o de convocar reuniones sin tino de una comisión interministerial para verse las caras y aparentar que hacéis como que estáis
haciendo. Los ciudadanos palmeros no pueden encontrar mayor capacidad de sobrerreacción en los agentes sociales o en la respuesta solidaria de numerosos colectivos organizados de la sociedad civil que en la capacidad de respuesta por parte de los
poderes públicos competentes, pues eso significaría que el Estado no funciona.
Le digo sin ninguna acritud -además me ha encantado su intervención y el tono en la que la ha realizado- que en el ánimo de este humilde representante de la provincia de Santa Cruz de Tenerife no se encuentra la motivación de hacer política
carroñera a cuenta de una desgracia tan grande como la que están padeciendo los ciudadanos palmeros, porque mis paisanos no están para marrullerías y sería imperdonable hacer lo contrario. No voy a decir que no han llegado algunas ayudas, claro que
sí, han llegado ayudas pero, como han dicho muchos representantes, han sido insuficientes. Además, a nadie se le escapan tampoco las imágenes y los testimonios innumerables de vecinos y vecinas palmeros asomados por los medios de televisión, radio
y prensa de este país denunciando que seguía transcurriendo el tiempo mientras las ayudas comprometidas personalmente por el señor Sánchez no llegaban. Además, todo ello sucedía en medio de una maraña de trabas burocráticas de incomprensible
justificación que todavía no se ha solucionado.
A situaciones excepcionales, medidas excepcionales. Eso es lo que estamos pidiendo. Dos aportaciones, que además han hecho las administraciones canarias, señor ministro: si quieren dar realmente agilidad, todas las obras deberían
declararse de emergencia, y además deberían optar también por ese registro único. Por ello, como es lógico, solicitamos que este real decreto-ley se tramite como proyecto de ley para poder estar en disposición de incorporar aportaciones de mejora
y, como no puede ser de otra forma, vamos a apoyar la convalidación de este real decreto-ley. En primer lugar, la principal crítica es la falta de planificación y de diligencia, de agilidad para dar soluciones adecuadas y hacer llegar los recursos
y herramientas a sus destinatarios finales, donde el Gobierno de Pedro Sánchez no ha estado en ningún caso a la altura de las necesidades que esperaban los afectados, de la sociedad palmera y la canaria en su conjunto.
Y en segundo lugar, criticamos la adopción de parches como es este real decreto de medidas inconexas, objeto de debate en el día de hoy, en lugar de haberse producido la aprobación desde un primer momento de un auténtico plan global de
reconstrucción, tal y como viene demandando el Grupo Popular. En efecto, quisiera recordar brevemente, sin ir más lejos, que durante la tramitación parlamentaria de los presupuestos generales del Estado para el 2022 este grupo planteó a través de
numerosas enmiendas la necesidad de articular un plan integral compuesto de un plan extraordinario de reposición de infraestructuras y viviendas en la isla de La Palma. El objetivo principal era la reposición de infraestructuras preferentes de la
red viaria, así como medidas de apoyo a la red de transporte terrestre, infraestructuras urbanas y rurales de uso colectivo, reposición de viviendas y medidas extraordinarias por daño a las viviendas. La dotación presupuestaria de ese plan era de
1000 millones de euros, que solicitamos con carácter plurianual, con una primera cuantía de 200 millones de euros, compatible con el resto de ayudas a los afectados y, en especial, las redefinidas en el anterior Real Decreto-ley 20/2021.
Igualmente, junto al plan anterior, demandamos medidas específicas más ambiciosas para proteger a los trabajadores autónomos de la isla de La Palma, incentivos fiscales, un plan de empleo local acompañado de cinco millones de euros, etcétera.
Por último, y no menos importante, dice que ha llegado a todos los sectores ese programa de subvenciones al transporte del plátano canario, al que ustedes han asignado una pírrica cifra de diez millones de euros que apenas cubre -según
Asprocan, no según nosotros- el 30 % de los costes efectivos, cuando precisamente nuestro REF estipula el 100 %.
Voy terminando, señorías. Obras son amores y no buenas razones.
La señora PRESIDENTA: Señor Ledesma, tiene usted que terminar, por favor.
El señor LEDESMA MARTÍN: Señores socialistas, repito, esto no va de eslóganes, 'La Palma renace', sino de implementar las medidas que sean necesarias.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Ledesma. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la señora Raya Rodríguez.
La señora RAYA RODRÍGUEZ: Gracias, presidenta.
Buenas tardes, señorías, señor ministro. El pasado mes de diciembre se dio por finalizada la erupción volcánica de la isla de La Palma, tras ochenta y cinco días cargados de imágenes y testimonios sobrecogedores por las pérdidas personales
y materiales que estaba sufriendo la ciudadanía de la isla.
En ese momento, todos y todas celebrábamos el final del camino de destrucción de viviendas, colegios, centros sanitarios, cultivos y empresas, que acabó en muchos casos con el principal medio de vida de los palmeros y las palmeras. Desde
inicio de esta crisis, si algo se ha puesto en valor es la fortaleza y la resiliencia de los vecinos y vecinas de La Palma y también la del conjunto del país, que se ha volcado con la isla con muestras constantes de cariño y de solidaridad. Pero,
además, hoy todos y todas tenemos la certeza de que es posible la cooperación institucional para trabajar de manera conjunta, pensando solo y exclusivamente en el bienestar de la ciudadanía, dejando a un lado las diferencias ideológicas.
Eso pensábamos, hasta escuchar hoy a las señorías de VOX. Señorías de VOX, ustedes hoy han traspasado un límite: le han faltado al respeto a la ciudadanía de La Palma. No se puede utilizar la tragedia humana para poner en valor su
panfleto fascista y electoralista hablando de Venezuela, de terrorismo y de inmigrantes. (Aplausos). Estamos hablando de la tragedia que ha vivido La Palma. Un poco de respeto, y no nos hagan sentir vergüenza, por favor, al resto de la Cámara.
Cuando el presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, conoció la noticia del final de la erupción dijo: Seguiremos trabajando juntos y juntas todas las instituciones para relanzar la maravillosa isla de La Palma y reparar los daños ocasionados.
Para eso, precisamente, estamos hoy aquí, para convalidar un real decreto que permita seguir dando una respuesta responsable y comprometida del Gobierno con La Palma, con su ciudadanía, con sus trabajadores, con la economía, cumpliendo con el
compromiso adquirido por el presidente y por todos los miembros de su Gobierno, que tuvieron la oportunidad de vivir, sentir y compartir lo que estaba ocurriendo en la isla con sus habitantes en numerosas ocasiones.
La respuesta, además, debe ser transversal en todos los ámbitos -en el social, en el laboral, en el fiscal, en el sanitario y también en el científico-, de ahí que el Consejo de Ministros, el pasado 17 de diciembre de 2021, aprobase un real
decreto-ley con medidas complementarias de carácter urgente, que permiten ampliar y agilizar las ayudas ya existentes para la reconstrucción y relanzamiento de la economía de la isla de La Palma. Un real decreto con una subvención, como mencionó el
señor ministro, a la comunidad autónoma de 17,5 millones de euros para el sector turístico y apoyo a las pymes. Asimismo, ha aprobado un acuerdo para la construcción, equipamiento y explotación de la plataforma oceánica de Canarias, apostando
también por la ciencia. Las medidas aprobadas refuerzan las ayudas para la vivienda, agricultores, ganaderos y trabajadores del mar.
Se inicia el camino de la reconstrucción, el camino para que los vecinos y vecinas afectados puedan retomar lo antes posible sus vidas, siendo conscientes de que no es un camino tan fácil como a todos y a todas nos gustaría. Es por ello,
señorías, por lo que la respuesta debe ser adaptativa, con medidas y financiación adaptadas a las necesidades que han surgido, pero también a las que vayan surgiendo. Hasta el momento se han movilizado más de 265 millones de euros y el 60 % de los
446 previstos hasta ahora.
Somos conscientes de que la que recuperación de la isla pasa por que sus habitantes recuperen sus viviendas y construyan sus hogares. Es por ello que en materia de vivienda habitual se han adoptado medidas que para nosotros, para mi grupo
parlamentario, son de vital importancia, como que se dupliquen las ayudas, aumentando el límite máximo de 30 000 a 60 000, y que, además, estas sean complementarias a las indemnizaciones que ya están recibiendo los afectados procedentes del
Consorcio de Compensación de Seguros, y también a las ayudas de otras administraciones territoriales, como pueden ser el Gobierno de Canarias o el Cabildo Insular de La Palma.
Pero también es necesario retomar la actividad económica adoptando medidas que apoyen el restablecimiento de los principales sectores económicos de la isla, como es el caso de la agricultura y la pesca. Hay nuevas ayudas por importe de 12
millones para compensar los daños causados por la actividad volcánica; en total, se movilizan más de 30 millones para el sector; y además el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación realizará campañas publicitarias para promover el consumo
de productos agrarios y pesqueros afectados por la erupción.
Otro sector fundamental para Canarias en su conjunto, pero también para La Palma, es el sector turístico, y nos parece de vital importancia la aprobación de ese plan para la recuperación del sector turístico con incentivos especiales para la
mejora de la conectividad aérea de La Palma, que permitirá subvencionar aerolíneas en los vuelos que operen con La Palma y el resto del territorio nacional o vuelos con el extranjero.
En definitiva, señorías, estas son solo algunas de las medida que se contemplan en este real decreto, medidas que demuestran que el Gobierno no se olvida de La Palma, pero también son medidas que resuelven problemas con soluciones justas y
eficaces. Por eso, señorías, quiero agradecer el apoyo de
los que han manifestado su voto a favor, y reitero, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, nuestro compromiso con la ciudadanía palmera y continuar trabajando para que sus vidas sean lo más parecidas a las que tenían antes de la
erupción, y para garantizar que todo eso se produzca y les permita seguir viviendo en su isla.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Raya. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
- REAL DECRETO-LEY 29/2021, DE 21 DE DICIEMBRE, POR EL QUE SE ADOPTAN MEDIDAS URGENTES EN EL ÁMBITO ENERGÉTICO PARA EL FOMENTO DE LA MOVILIDAD ELÉCTRICA, EL AUTOCONSUMO Y EL DESPLIEGUE DE ENERGÍAS RENOVABLES. (Número de expediente
130/000069).
La señora PRESIDENTA: Pasamos al último punto del orden del día: convalidación o derogación del Real Decreto-ley 29/2021, de 21 de diciembre, por el que se adoptan medidas urgentes en el ámbito energético para el fomento de la movilidad
eléctrica, el autoconsumo y el despliegue de energías renovables.
Para presentar el real decreto-ley, tiene la palabra, en nombre del Gobierno, la señora vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
La señora VICEPRESIDENTA TERCERA Y MINISTRA PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO (Ribera Rodríguez): Buenas tardes, presidenta. Buenas tardes, señorías.
Me dirijo a ustedes en un principio de año complicado, en línea con el año 2021, complicado también en el ámbito energético, y lo hago para presentar el Real Decreto-ley 29/2021, de 21 de diciembre, por el que adoptamos medidas urgentes en
el ámbito energético, y para solicitar su convalidación. Es un decreto-ley con el que hemos querido promover el fomento de la movilidad eléctrica, el autoconsumo y el despliegue de energías renovables, y extender la reducción fiscal a los
consumidores eléctricos hasta los meses de marzo y abril. Todas estas medidas se suman a un trabajo de fondo que seguimos impulsando, así como a un debate europeo complejo en un contexto difícil sobre cuáles son las respuestas más acercadas en la
actual crisis energética, tanto desde el punto de vista estructural como desde el punto de vista coyuntural. Reducir los costes y la volatilidad pasa necesariamente por la transición energética. No hay otra alternativa. Debemos aprovechar los
recursos renovables locales, debemos apoyar a la ciudadanía y a la industria, y debemos actuar con diligencia, probablemente con mucha mayor rapidez de lo que teníamos inicialmente previsto. Estas son algunas de las cuestiones necesarias para
acelerar el futuro de la transición a las que se refiere este decreto ley. (Rumores).
La señora PRESIDENTA: Perdone, señora vicepresidenta, un momento.
La señora VICEPRESIDENTA TERCERA Y MINISTRA PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO (Ribera Rodríguez): Se lo agradezco.
La señora PRESIDENTA: Les ruego silencio, por favor.
La señora VICEPRESIDENTA TERCERA Y MINISTRA PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO (Ribera Rodríguez): Muchas gracias, presidenta.
Decía que en esta vocación de acelerar una transformación imprescindible, necesaria en un contexto de volatilidad, alta volatilidad de los precios de las materias primas energéticas, este decreto-ley adopta algunas medidas importantes para
agilizar muchos de los trámites que hoy por hoy representan una barrera al despliegue de la movilidad eléctrica, a la posibilidad de acelerar el autoconsumo, a impulsar las medidas que faciliten el desarrollo del PERTE de Energías Renovables,
Hidrógeno y Almacenamiento, que aprobamos el pasado mes de diciembre. Y además, consolidamos la protección de los consumidores en estos momentos de precios altos del gas natural, que tan negativamente afectan al mercado eléctrico.
Iniciaba mi intervención señalando que el año 2021 ha sido un año lleno de turbulencias en el campo de la energía, propiciado por un extraordinario desajuste en los mercados internacionales de materias primas, en parte por un contexto de
recuperación pospandemia mucho más rápido del que esperábamos en los mercados asiáticos, en parte por tensiones geopolíticas que hoy por hoy no parecen ver el final
pronto. En todo este tiempo nuestra apuesta como Gobierno ha sido inequívoca: proteger a los consumidores, a las familias y a las industrias de una escalada de precios que plantea dificultades añadidas al proceso de recuperación
imprescindible en el que estamos ya inmersos. En todo momento hemos querido prestar especial atención a los consumidores más vulnerables. Estamos ante una situación enormemente compleja, en la que muchos de los factores determinantes no dependen
de la decisión de un Gobierno u otro. Por tanto, en la medida en que amenaza con perdurar más de lo que inicialmente se preveía por parte de los organismos internacionales, hemos de ser ágiles, rápidos y constantes. No podemos perder tiempo,
debemos ser ágiles -decía- en los cambios estructurales, pero también en las medidas coyunturales.
Este decreto-ley incorpora medidas alineadas con la Unión Europea, con la que seguimos trabajando para adoptar soluciones que mitiguen el impacto de los precios del gas en el mercado eléctrico. Es verdad que no es fácil, pero también es
verdad que no nos satisface todavía la respuesta que desde Europa, en mercados como el eléctrico, amparados por una regulación común, hemos encontrado. No nos conformamos con la posibilidad de que las soluciones dependan del tamaño del bolsillo,
del presupuesto y de la capacidad fiscal de los ciudadanos de cada uno de los Estados miembros. Queremos soluciones compartidas por todos.
Mientras, consideramos adecuado mantener la reducción fiscal de la factura eléctrica de los consumidores domésticos. Sabemos que, además, parte de esta transformación en un contexto como este, el de la recuperación, nos exige pensar en cómo
impulsar la movilidad eléctrica, quizá uno de los ámbitos a los que España se ha incorporado con mayor retraso, para el que prácticamente no había medida alguna cuando llegamos al Gobierno en 2018. Según datos de la Asociación Empresarial para el
Desarrollo e Impulso de la Movilidad Eléctrica, el año 2021 se cerró con un 42 % más de matriculaciones de vehículos eléctricos e híbridos enchufables y, a pesar de ello, estamos todavía a la cola de Europa. Nuestra industria no puede perder el
tren. Nuestros trabajadores del sector tampoco. Pero nuestros ciudadanos, nuestro país, nuestra economía tampoco.
Esta demanda requiere un despliegue de infraestructura de recarga acorde con las expectativas sociales para poder garantizar con éxito la implantación del vehículo eléctrico. Por ello, el decreto-ley introduce nuevas medidas de
flexibilización de las autorizaciones, las bonificaciones fiscales y cambios en la normativa de las infraestructuras de recarga que incidirán directamente, permitiendo acabar con barreras para el buen desarrollo de la movilidad eléctrica. Por un
lado, facilitamos la implantación de puntos de recarga en los terrenos circundantes a las carreteras de la Red Nacional de Carreteras del Estado, con el objetivo de conseguir una instalación masiva de estaciones de servicio que dote de cobertura y
flexibilidad al suministro de los usuarios. Por otro lado, se introducen nuevas obligaciones de instalación de infraestructura de recarga eléctrica para los contratos de concesión, en ejecución a 22 de mayo de 2021, en redes estatales de carreteras
establecidas en la Ley de Carreteras del Estado. Finalmente, se establece que la instalación de los puntos de recarga quede eximida de la obtención previa de las licencias de obras, funcionamiento o actividad, bastando con una simple declaración
responsable del titular. El objetivo está claro, facilitar la instalación de cien mil puntos de recarga antes del final de 2023.
Los objetivos de infraestructura de recarga se extienden al parque edificatorio. Antes del final de este año 2023 todos los edificios de uso distinto al residencial privado, excluidos aquellos protegidos por razones de patrimonio o por
razones arquitectónicas, que cuenten con zonas de aparcamiento con más de veinte plazas, deberán disponer de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos con arreglo al siguiente formato: una estación de recarga por cada cuarenta plazas de
aparcamiento, hasta mil plazas, y una más por cada cien plazas adicionales, y en edificios de la Administración General del Estado una por cada veinte plazas de aparcamiento, hasta quinientas plazas. Además, el decreto-ley introduce la posibilidad
de que los ayuntamientos regulen una bonificación de hasta el 50 % de la cuota íntegra del IBI en los edificios en los que se hayan instalado puntos de recarga para vehículos eléctricos, una bonificación de hasta el 50 % de la cuota correspondiente
para los sujetos pasivos que tributen por cuota municipal, y que hayan instalado puntos de recarga para vehículos eléctricos, e igualmente una bonificación de hasta el 90 % de las construcciones, instalaciones u obras necesarias para la instalación
de puntos de recarga para vehículos eléctricos. Medidas todas ellas que queremos que ayuden a impulsar de forma definitiva un cambio importantísimo en el patrón de movilidad, un cambio importantísimo en el tipo de vehículos que se colocan en
nuestro mercado.
En línea con estas medidas anteriores, se incorpora al ordenamiento jurídico un régimen sancionador para las distribuidoras de electricidad en el caso de no cumplir plazos a la hora de facilitar información sobre las condiciones
técnico-económicas de la instalación de puntos de recarga; nuestras distribuidoras no pueden ser un cuello de botella en este despliegue. Asimismo, se establece un nuevo tipo sancionador sobre la obligación de puntos de recarga en estaciones de
servicio; tampoco lo pueden ser las distribuidoras de gasolinas y combustibles de automoción. Quiero recordar que estas medidas se complementan con ayudas para dar cobertura al desarrollo de estas infraestructuras. Los planes Moves II y III, este
último con una dotación de hasta 800 millones de euros, han sido y están siendo un éxito, con dispar calendario de aplicación por parte de las comunidades autónomas, pero puedo decir que en los cuatro primeros meses de vigencia efectiva de la
convocatoria Moves III se han recibido más de 27 500 solicitudes por valor de 256 millones de euros, y se han agotado las partidas presupuestarias disponibles en el caso de los puntos de recarga en trece de las comunidades autónomas. En esta misma
línea, el pasado 21 de diciembre aprobamos en Consejo de Ministros un real decreto para digitalizar las redes de distribución de electricidad e impulsar la infraestructura de recarga para vehículos eléctricos en la vía pública, dotado con 525
millones de euros del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Como decía, medidas todas ellas con las que queremos acelerar la recuperación de un retraso acumulado durante años.
Pero quizá uno de los aspectos más emblemáticos en el nuevo modelo energético es el autoconsumo, un autoconsumo que venimos impulsando desde 2018. Comenzamos, hace ahora tres años y medio, con la derogación del muy popularmente conocido y
reprobado impuesto al sol, impuesto que nos hizo perder unos años muy valiosos para desarrollar nuestra transición energética y aprovechar las oportunidades de nuestra geografía. Continuamos con el Decreto-ley 244/2019, que ha hecho despegar de
manera definitiva las soluciones de autoconsumo a un ritmo de 600 megavatios al año, según ponen de manifiesto las asociaciones empresariales del sector. Pero déjenme que comparta con ustedes el último dato: en el año 2021, este año
particularmente duro, se han instalado 1151 megavatios de autoconsumo, un 85 % más que en 2020. Pensemos que nuestro objetivo era 9 gigavatios para el año 2030; creo que hoy podemos pensar que este objetivo se queda corto, necesitamos más
autoconsumo, más rápido, mejor integrado y más apoyado, una oportunidad que ni España ni los españoles pueden perder. Porque no nos conformamos, queremos seguir trabajando para facilitar su despliegue, derribando las barreras que identificamos
junto con los agentes del sector y los consumidores, avanzando de esta forma de manera ordenada sobre la base de la experiencia previa que nos ha permitido ir aprendiendo a gestionarlo cada vez de mejor manera.
El autoconsumo nos permite reducir la factura de los hogares hasta un 70 %, lo que en un contexto de altos precios como este es particularmente necesario y más rentable que nunca. Por ello, junto con las medidas introducidas en este real
decreto-ley, el mismo día que aprobamos en Consejo de Ministros este texto, aprobamos también la Hoja de Ruta del Autoconsumo, una hoja de ruta que impulsará la instalación de estos al menos 9 gigavatios para el año 2030, pudiendo aumentarse hasta
14 si conseguimos realizar un buen y fructífero efecto movilizador.
En un país como el nuestro, donde buena parte de la población vive en bloques de viviendas, el desarrollo del autoconsumo colectivo es prioritario y, por ello, algunas de las medidas barreras identificadas quedan superadas y corregidas en
este real decreto-ley. Por ejemplo, modificamos sobre la base de lo aprendido el Real Decreto 244/2019, permitiendo la posibilidad de realizar autoconsumo colectivo a través de la red, con independencia del nivel de tensión, estando anteriormente
acotado únicamente a la baja tensión, para poder ir incorporando de manera ordenada a este aprendizaje común la penetración del autoconsumo. Hacemos otra cosa también enormemente importante, como ha sido fomentar y facilitar la instalación de
sistemas de autoconsumo. Todos los proyectos menores de 100 kilovatios asociados a cualquiera de las modalidades de autoconsumo que cuenten con excedentes quedan eximidos, desde la aprobación del real decreto-ley, a presentar garantías económicas
para poder ser tramitados; un apoyo a las pequeñas instalaciones mediante la reducción de sus costes asociados. Imprescindible, pequeño capilar repetido. Por otro lado, de cara a facilitar los procesos de tramitación y alta de las instalaciones
de autoconsumo, se introduce la obligación de que las distribuidoras dispongan de canales gratuitos para contactar con ellas para realizar consultas, solicitud de información o quejas, a través de teléfonos gratuitos o correos electrónicos. La
transparencia, la comunicación y la relación con cada uno de los ciudadanos disminuyen las trabas y facilitan la penetración del autoconsumo. Y por último, al igual que con los puntos de recarga, se actualiza el régimen sancionador para evitar
retrasos en los procesos de tramitación y alta de las instalaciones que puedan suponer un efecto desincentivador.
Señorías, nuestra apuesta y compromiso por las energías renovables en sus distintas modalidades, como herramienta principal para la descarbonización, junto con la eficiencia energética y la electrificación, son incuestionables. Nos
encaminamos a un escenario de alta penetración renovable, con energías, como la eólica, que ya han liderado la generación eléctrica durante 2021, o como la fotovoltaica, que ha superado los 14 gigavatios instalados, creando un nuevo récord de nueva
planta en nuestro país. Pero este apetito inversor de proyectos en España, si bien nos sitúa en los rankings internacionales como uno de los mejores países en los que invertir para la transición energética, debe ser llevado a la práctica de forma
ordenada y con todas las garantías. Con arreglo al ranking que elabora periódicamente la consultora Ernst & Young, ya estamos en el top ten mundial. Gracias a las medidas adoptadas en estos años, hemos recuperado muchas posiciones desde que, como
consecuencia de la política anterior, España cayera hasta el puesto número 27 en el año 2017, años de políticas de transición energética regresivas y paralizantes que han quedado atrás, afortunadamente. El atractivo inversor y el potencial de
España han hecho que la bolsa de proyectos en tramitación creciera muy por encima de la capacidad de gestión de las administraciones, lo que explica que la gran avalancha de peticiones y la dificultad para su correcta gestión hicieran que los
consejeros de todas las comunidades autónomas solicitaran, en la reunión de la Conferencia Sectorial de Energía celebrada el 9 de diciembre, una ampliación de los hitos intermedios de tramitación de los proyectos, cosa que acordamos por unanimidad
en esta reunión y que trasladamos a este real decreto-ley, que ya aprobado por el Consejo de Ministros les propongo para su convalidación.
A esta petición responde también el real decreto-ley que amplía en nueve meses el plazo para el cumplimiento de los hitos intermedios relativos a la declaración de impacto ambiental y a las autorizaciones administrativas previa y de
construcción, sin extender el plazo total de cinco años para el hito final de obtención de la autorización administrativa de explotación definitiva, con la consiguiente entrada en operación de la instalación. Queremos resolver esta bolsa de
expedientes con todas las garantías para ciudadanos y empresas, hacerlo con agilidad, reforzando los equipos de la Administración General del Estado, de la Administración periférica en las subdelegaciones del Gobierno y, por supuesto, los equipos de
todas las comunidades autónomas, en coordinación administrativa de forma bilateral y colectiva con todos los Gobiernos autonómicos.
También habilitamos una ventanilla en la que los promotores que quisieran renunciar de forma voluntaria a los permisos de acceso y conexión en el plazo de un mes, desde que se aprobará el decreto-ley, pudieran hacerlo a cambio de que se les
devolvieran las garantías que presentaron, un plazo que terminó este pasado domingo 23 de enero y cuyas consecuencias estamos evaluando precisamente en este momento.
El despliegue renovable pasa inevitablemente por la apuesta por tecnologías nuevas e innovadoras y para las que España tiene un gran potencial, como puede ser la energía eólica marina, una tecnología cuya hoja de ruta aprobamos también el
pasado mes de diciembre y en la que nos marcamos el objetivo de llegar hasta los 3 gigavatios instalados en el año 2030, pero debemos hacerlo de manera secuencial, aprendiendo antes. Por ello, el decreto-ley introduce la posibilidad de que se
puedan tramitar aquellas instalaciones eólicas marinas que ya cuenten con autorización administrativa previa o asociadas a prototipos e instalaciones con un componente experimental y de I+D+i.
Por otro lado, se flexibiliza la legislación de los bancos de pruebas regulatorios, clave para el desarrollo de nuevas tecnologías innovadoras, y que requieren un impulso adicional y excepcional en un contexto en el que claramente se
desmarcan de la legislación que se aplica de forma natural a cada uno de estos ámbitos. Creemos que contar con estos bancos de prueba regulatorios con esta capacidad de experimentación directa es un elemento fundamental no solamente para el
despliegue de nuevas tecnologías, sino también para atraer la inversión industrial, la inversión en innovación y aprovechar el total de las capacidades y oportunidades que estos cambios tan significativos pueden aportar a nuestro país como elementos
de éxito en el medio y largo plazo.
Finalmente, también se adoptan varias medidas técnicas para desplegar proyectos e instalaciones innovadoras y de sistemas que faciliten la gestión del sistema eléctrico, como pueden ser el almacenamiento o los compensadores síncronos. Si
algo deberemos acelerar será precisamente nuestra capacidad de almacenamiento, tanto desde el punto de vista tecnológico como desde el punto de vista de la mejor regulación, para poder incorporarlo al sistema con todas las garantías. Son
componentes que se utilizan con el objetivo de garantizar un funcionamiento seguro y fiable de la red de transporte y de la redistribución, son componentes clave para combinar todas las herramientas de un sistema eléctrico que debe ser estable,
confiable y ambientalmente sostenible.
Por otro lado, la volatilidad de los precios del gas natural y su impacto en el mercado eléctrico europeo -decía- requieren una respuesta conjunta, pero también medidas concretas de apoyo fiscal a los ciudadanos, destinada precisamente a la
protección de los consumidores, en particular de los consumidores domésticos. Por ello, las medidas fiscales en vigor desde junio de 2021 han sido ampliadas. El decreto-ley incorpora las siguientes medidas: por un lado, hasta el 31 de marzo de
2022, la suspensión del impuesto sobre el valor de la producción de la energía eléctrica del 7 %, con un impacto presupuestario de 1050 millones de euros; por otro lado, hasta el 30 de abril de 2022, la aplicación del tipo impositivo del 10 % de
IVA, con un impacto de 459 millones de euros; por otro lado, hasta el 30 de abril de 2022, la aplicación del tipo impositivo del 0,5 del impuesto especial sobre la electricidad -el mínimo permitido por la directiva europea-, con un impacto de 467
millones de euros. Es decir, casi 2000 millones de euros de esfuerzo fiscal para reducir la factura de todos los consumidores de aquí al 30 de abril.
También se continúan fortaleciendo las medidas de especial protección de los colectivos vulnerables, prorrogando hasta abril de 2022 el descuento del 60 y el 70 % del importe correspondiente al consumo energético para los consumidores
vulnerables y vulnerables severos, medida que habíamos introducido en el Real Decreto-ley 23/2021 y que queremos extender -señalaba- hasta el 30 de abril. En este decreto-ley aprobamos medidas adicionales para la protección de nuestra industria,
incluida una mayor flexibilización para los consumidores de gas natural, aquellos cuya demanda supere los 50 000 kilovatios/hora/año. Hasta el próximo 31 de marzo las empresas que se vean forzadas a reducir su producción podrán modificar o
suspender el caudal contratado para abastecerse de gas natural, evitando cualquier coste adicional derivado de las limitaciones vigentes para modificar este tipo de contratos. Es decir, flexibilidad imprescindible, como ya habíamos incorporado en
los meses más duros de la pandemia.
Por último, en materia de fiscalidad y de manera ajena al sector energético, se introducen algunas medidas que quisiera señalar muy rápidamente porque son importantes en relación con la gestión, la lucha contra la COVID-19. Por un lado, se
prórroga hasta el 30 de junio de 2022 la aplicación del tipo impositivo del 4 % del IVA de las mascarillas quirúrgicas desechables referidas en el acuerdo de la Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos de 12 de noviembre de 2020.
Por otro lado, se prórroga hasta el 30 de junio de 2022 la aplicación del tipo impositivo 0 % del IVA para material sanitario COVID-19. Además, este decreto-ley continúa reforzando el empleo público en las oficinas de prestaciones y atención a
demandantes de empleo, claves en un momento histórico como el que hemos vivido con la pandemia y fundamental para dar soporte a los ERTE. Durante los últimos años, debido a numerosas jubilaciones, se había acumulado una insuficiencia estructural en
la plantilla. Se convocan, por tanto, 926 plazas de acceso por turno libre correspondientes al ejercicio 2021 para el SEPE que corresponden 192 al Cuerpo de Gestión de la Administración Civil del Estado, 734 al Cuerpo General Administrativo de la
Administración del Estado. Finalmente, en lo relativo a la reforma del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, se prevé la creación de una carrera científica atractiva y estable, estableciendo las bases de un nuevo itinerario
posdoctoral al que los investigadores puedan acceder de forma competitiva y en el que, tras la finalización del programa y una evaluación favorable, puedan optar a un puesto de trabajo estable, un objetivo clave para el desarrollo de la ciencia en
nuestro país y, sobre todo, la retención del talento.
Por todo lo expuesto, confío en que estén de acuerdo conmigo en que lo planteado en este decreto-ley son medidas fundamentales para el avance, la aceleración de la transición energética tan importante en nuestro país en un momento como este,
tanto en aspectos relativos a la movilidad sostenible como en autoconsumo, energías renovables a gran escala o protección de los consumidores y empresas. Atravesamos una coyuntura que requiere de respuestas rápidas y eficaces. Atravesamos una
coyuntura en la que el diálogo entre todas las instituciones y, en particular, entre los distintos grupos parlamentarios es fundamental; una coyuntura en la que la convalidación de normas como las que se incorporan en el texto de este real
decreto-ley resulta clave, determinante.
Muchas gracias por su atención y con estas palabras, solicitando de nuevo la convalidación del decreto-ley, me despido. Gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora vicepresidenta. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra, en primer lugar, el señor Guitarte Gimeno.
El señor GUITARTE GIMENO: Buenas tardes.
Señora presidenta, señora ministra, señorías, nosotros vamos a apoyar la convalidación de este real decreto, pero también su tramitación como proyecto de ley para intentar mejorar su contenido e incluir algunas consideraciones en línea con
las propuestas que venimos defendiendo sobre transición energética y el despliegue de energías renovables. (El señor vicepresidente, Rodríguez Gómez de Celis, ocupa la Presidencia).
Señala la exposición de motivos que la transición energética debe ser una oportunidad para todos, no solo para unos pocos. Por lo tanto, entendemos que deben asumir ese objetivo tanto este real decreto como la legislación sobre cambio
climático, sobre energías renovables y sobre la regulación del sector eléctrico. En consecuencia, pedimos que se amplíen las oportunidades que brinda la transición energética tanto para los ciudadanos como para los territorios con las siguientes
medidas: introducir tanto en el título de la norma como en su propio articulado el objetivo de fomentar la generación distribuida de las energías renovables; someter a evaluación ambiental estratégica el despliegue de centrales de energía
renovable superiores a diez megavatios, que debe implicar una planificación previa pública, pues, como saben, se están produciendo efectos muy severos sobre el medio ambiente, sobre el paisaje y el modelo económico de los territorios, afectando en
muchos casos negativamente tanto a la agricultura como al turismo; aplicar un modelo físico para el despliegue y la implantación de las centrales de energía renovable, un modelo controlado por las administraciones que permita la incorporación de
las comunidades locales a los beneficios de los proyectos de estas centrales; trasponer a la legislación española de manera íntegra el denominado paquete de invierno de la legislación europea, que pretende democratizar las energías renovables e
impulsar la generación distribuida; fortalecer, asimismo, las comunidades energéticas, incluidas aquellas que deben surgir en el mundo rural, y fomentar el autoconsumo individual y el de las comunidades de vecinos; ampliar el límite actual de los
quinientos metros para el autoconsumo compartido; facilitar el acceso a la red eléctrica de pequeños productores y cooperativas energéticas, reduciendo los plazos y adaptar el consumo dinámico a la realidad para poder hacer más eficiente el
autoconsumo en función de la demanda, y también facilitar el funcionamiento de las cooperativas agrarias como cooperativas energéticas con producción, autoconsumo de los socios, compensación de la energía producida, así como instalar en las
dependencias de estas cooperativas productos de recarga para los vehículos eléctricos.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Tiene la palabra el señor Martínez Oblanca.
El señor MARTÍNEZ OBLANCA: Muchas gracias, señor presidente.
Buenas tardes, señora vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Rechazo la convalidación de este real decreto-ley en el que se plantean medidas que incurren en la nefasta política energética de
este Gobierno del empobrecimiento y de la ruina. Las complicaciones y las turbulencias que usted ha citado se han agrandado precisamente como consecuencia de su gestión. Sirva de muestra que en Asturias la descarbonización fundamentalista aplicada
por usted desde junio de 2018, tras la moción de censura, y la renuncia a la soberanía energética de España están arrastrando a la desertización de grandes comarcas, a la destrucción de empleo sin alternativa -caso lacerante es el cierre de las
centrales térmicas de generación eléctrica-, al desplome de la población y a una tasa de actividad más baja.
Señorías, todos los sectores económicos, todos, están en jaque como resultado de una transición justa reconvertida en transición mustia. El atropellado Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030 se refleja hoy en una
hiperinflación de la electricidad que vapulea los hogares encareciendo la cesta de la compra, castiga a los ganaderos y pescadores, zarandea el crecimiento, paraliza la producción industrial y recorta empleo o lo destruye; véase la paulatina
eliminación del aluminio y, singularmente, la funesta deriva de Alcoa y Alu Ibérica, que ha sumido en la desesperación a los trabajadores, víctimas de los engaños del Gobierno, y véanse también las severas amenazas que se ciernen sobre el conjunto
de la industria electrointensiva, cuya producción está lastrada por los altísimos costes del abastecimiento energético, lo que impacta muy negativamente en la competitividad y tiene preocupantes efectos en los planes sociales y laborales y grave
riesgo para generar este empleo.
En definitiva, como he venido reiterando, la política energética del Gobierno de Pedro Sánchez es un desastre de principio a fin, y de ahí nuevamente mi voto en contra.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Tiene la palabra el señor Botran Pahissa.
El señor BOTRAN PAHISSA: Gracias, presidente.
Ministra, me centraré en el aspecto fiscal de rebaja de la factura de la luz, que es lo que motiva nuestra abstención en consonancia con lo que dijimos en julio. Tomar este tipo de medidas de bajar el IVA era la medida menos de izquierdas
que podía tomar un Gobierno para conseguir bajar la factura eléctrica. Usted lo ha cifrado en un esfuerzo fiscal -lo ha llamado- de 2000 millones de euros, que es lo que deja de ingresar el Estado con estas medidas. Por tanto, entendemos que es
dinero que se deja de ingresar para políticas sociales, para políticas públicas. Sin embargo, durante todos estos meses que ha ido subiendo la factura eléctrica, quien no ha dejado de ganar, quien no ha perdido absolutamente nada, quien no ha
puesto nada de su parte son las grandes empresas eléctricas, las grandes empresas energéticas del IBEX, que han tenido unos beneficios récord. Con datos del primer semestre de 2021, Iberdrola ha tenido unos beneficios de 1500 millones de euros;
Endesa, de 832 millones de euros, y Naturgy, de 484 millones de euros, que significa un total de 2847 millones de euros de beneficios en el primer semestre de 2021 de las empresas energéticas, o lo que sería lo mismo, 474,5 millones de beneficios al
mes, 659 000 euros de beneficios cada hora y unos 11 000 euros de beneficio al minuto. Es decir, en los tres minutos que dura mi intervención los beneficios de las empresas energéticas son de 33 000 euros. Aun así, racanean para no asumir el bono
social. Ayer leíamos la noticia de que Iberdrola ha presentado alegaciones al informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia para que el importe de este bono social vaya a cargo de los Presupuestos Generales del Estado y no de las
eléctricas. ¿Saben qué cantidad implica este bono social? Pues alrededor de 200 millones de euros anuales, o lo que sería lo mismo, lo que ganan estas eléctricas en quince días.
Para concluir, pues, estas empresas no tan solo deberían asumir el bono social, sino que en última instancia estas empresas deberían estar nacionalizadas. La energía es un bien público y nadie debería estar enriqueciéndose con ello.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu, tiene la palabra el señor Matute García de Jalón.
El señor MATUTE GARCÍA DE JALÓN: Presidente, señorías, arratsalde on, buenas tardes.
Nos presenta hoy un real decreto en el que prorroga algunas de las iniciativas que de manera secuencial venimos prorrogando desde 2021, como la de la fiscalidad, pero a la vez anuncia la implementación o puesta en marcha de otras. Hablaré
primero de estas últimas y me centraré luego, como ha hecho la persona que me ha precedido en la tribuna, en lo que tiene que ver con la rebaja fiscal.
El decreto hace especial hincapié en el vehículo eléctrico, y está bien. Nos anuncia incluso que se van a generar cien mil puntos de repostaje eléctrico para dichos vehículos, y está bien, sobre todo teniendo en cuenta que hay 198 000
vehículos en el Estado español, luego va a haber un punto para cada dos vehículos, algo muy lejano de lo que sucedería con los vehículos que dependen de otro tipo de combustión o combustible. Pero fíjese que aun con todo hay que multiplicar por
veinticinco el número de vehículos eléctricos en esta década para alcanzar los objetivos de su propio Gobierno, y dudo mucho que eso se consiga solamente generando más puntos de repostaje. Quizás el problema está en el precio de los vehículos
eléctricos y en que para mucha gente los vehículos eléctricos son un bien de lujo, más que un bien de primera necesidad. Quizás por eso -llámenme loco-, resulta que los vehículos de segunda, tercera y cuarta mano han aumentado exponencialmente su
venta, porque probablemente la capacidad adquisitiva de los bolsillos de los ciudadanos y ciudadanas es cada vez menor. En cualquier caso, no nos parece mal. Nos parece bien todo lo que tiene que ver con el autoconsumo. Felicitamos que se inicie
un camino o un recorrido en lo relacionado con el autoconsumo eléctrico, con las pequeñas comercializadoras de energía, sobre todo porque hacen uso de las energías renovables -como Goiener, Soenergy y otras-,
y nos parece muy bien también todo lo que tiene que ver con el almacenamiento, que es algo que señalábamos ya en el debate que sostuvimos con motivo de la interpelación del 23 de diciembre. Tenemos alguna duda, no se lo negamos, con el
despliegue de energías renovables que viene asociado a una agilización de trámites, porque seguramente usted mejor que yo conoce que, con la necesidad de implementar nuestra capacidad de producción de energía limpia, también se están produciendo
determinadas alteraciones medioambientales que incluso luego son paralizadas o puestas en cautela. Nos gustaría que esa agilización de trámites en ningún caso supusiera una eliminación de garantías medioambientales para los territorios.
Centrándome ya en las medidas que se prorrogan, creo que ya se puede decir que no se pudo cumplir el objetivo del presidente, ese que decía que a finales de diciembre -el 31 de diciembre- el precio de la factura de los ciudadanos y
ciudadanas iba a ser igual o inferior a la de 2008. Y no lo digo para jactarnos de nada ni para alegrarnos; nosotros veíamos difícil que se cumpliera y creo que 3 600 000 hogares hayan pagado facturas más altas ya de por sí certifica, con
independencia de la ingeniería de números que se quiera hacer, que no se ha podido cumplir o al menos no para todos y todas, más si tenemos en cuenta que tanto los precios del mercado PVPC como el del mercado libre han aumentado, y esto con un poder
adquisitivo más mermado. Basta únicamente ver la subida del IPC del mes de diciembre para comprender cómo los bolsillos de los ciudadanos y ciudadanas pierden capacidad adquisitiva para hacer frente a las necesidades, y evidentemente la necesidad
de la electricidad o de energía lo es. En definitiva, seguimos estáticos, seguimos estancados en el mismo punto, el de la reducción fiscal para hacer frente a un problema mucho más grave o global, porque la realidad nos indica que el mercado de
futuros no va a operar cambios hasta la primavera de 2022. Todo nos dice que el precio del gas e incluso el de los derechos de emisión del CO2 no va a bajar -usted lo señalaba-, más ahora en este contexto geoestratégico que tiene que ver con el
precio del gas. Sin duda, mandando el Blas de Lezo a Ucrania tampoco creo que vayamos a conseguir que nos abaraten el precio del gas, sino más bien todo lo contrario, pero son cosas de políticas otanistas. Como le decía, tampoco parece que hasta
la cumbre de marzo de 2022 se vaya a tomar en el seno de la Comisión Europea ninguna iniciativa que pueda suponer un cambio estructural en relación con la subida y con la escalada de precios, que no hace sino alcanzar picos históricos cada menos
tiempo. Además, también hay otra cosa que es sensiblemente peor, que todos los millones de hogares que dependen de esas tarifas en el mercado libre, que son más que los que están en el mercado regulado de PVPC, probablemente van a ver en estos
meses cómo se renuevan sus contratos y seguramente les van a repercutir las subidas del precio de 2021, con lo cual las deducciones fiscales que han planteado pueden quedarse nuevamente cortas. No es casual, por eso, que Iberdrola anuncie
beneficios récord para el ejercicio 2022. Lo tendría que mirar en 2023, pero eso es lo que anuncia; si en este contexto anuncia beneficios record, creo que ya nos está señalando por dónde va. Y usted lo decía muy bien, al final la reducción de
impuestos supone 450 millones de euros menos para el Estado, es decir, para los bolsillos del Estado y para poder distribuir entre todas y todos, 450 millones de euros en lo que tiene que ver con el IVA, 467 millones en lo que tiene que ver con el
impuesto especial y 1050 millones en lo que tiene que ver con los gastos generales. Permítame un inciso, esta mañana en la Diputación Permanente los partidos de las derechas se rasgaban las vestiduras por nueve millones de euros que entendían se
habían despilfarrado en relación con una cuestión de Cataluña. Seguramente, ninguno de esos partidos dirá nada de lo que supone que el Estado perciba menos de 2000 millones de euros de lo que debiera percibir para poder redistribuir luego en
políticas públicas como las que ha señalado que quiere poner en marcha o como en cualquier ámbito o terreno, pero al final cada cual se debe a su amo. Como le decía, al final el problema de todo esto es que este Gobierno en tanto en cuanto no se
atreva a hacer cosas mucho más audaces y en la línea de lo que tiene que ver con el autoconsumo, con el almacenamiento, con todo lo que ha señalado que implementa nuevo -ahora sí, en el mercado eléctrico y contra el oligopolio-, vamos a seguir
estando cautivos. La ciudadanía estará cautiva y el Gobierno será rehén de un oligopolio que tiene demasiado poder porque el oligopolio sí entiende que la electricidad es un bien básico; y además de entender que la electricidad es un bien básico,
que lo entiende, sabe que tiene el interruptor y sabe que si decide apagar el interruptor y dejar a oscuras a los ciudadanos, dejar desprotegidos a los ciudadanos, los ciudadanos y ciudadanas lo que van a hacer es culpar al Gobierno porque no les da
soluciones, y ese es el continuo chantaje al que venimos asistiendo por parte del oligopolio eléctrico, y qué difícil solución tiene si no nos empeñamos en hacer otras cosas. Porque no nos engañemos, el informe Foessa habla con claridad y dice que
el 16 % de los hogares manifiesta haber recurrido a alguna estrategia de reducción de consumos básicos de energía del hogar que, en el caso de
los hogares en exclusión social severa, alcanza el 55 %. Es decir, la bajada del consumo eléctrico no solo tiene que ver con estas reducciones de impuestos, sino que tiene que ver fundamentalmente con que quien necesita la energía a veces
no puede pagarla y como no puede pagarla tiene que apretarse el cinturón. Pero también puede pasar que esta gente acabe cabreada y hastiada porque vea que las soluciones siguen siendo insuficientes mientras los bolsillos de los de siempre se siguen
llenando de manera vergonzosa.
Eskerrik asko. Milesker.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra la señora Sagastizabal Unzetabarrenetxea.
La señora SAGASTIZABAL UNZETABARRENETXEA: Gracias, presidente. Arratsalde on.
Mi grupo va a apoyar este decreto; de hecho, ya ha votado favorablemente, y es verdad que a pesar de que se trata de un decreto de medidas de ámbito energético -como su título indica-, hay otra serie de medidas que son bastante dispares y
que usted también ha comentado, porque se prevé una convocatoria de plazas para el SEPE, una modificación de la Ley de Cooperativas, el régimen de los investigadores posdoctorales y medidas fiscales para los productos sanitarios. Por cierto, estas
medidas fiscales, que son una prórroga de las anteriores, son la reducción del IVA del 4 % de las mascarillas y un IVA del 0 % para la adquisición de material sanitario para hacer frente a la COVID-19, como este grupo ha solicitado en numerosas
ocasiones y, además, ha hecho varias preguntas al efecto en las sesiones de control.
En cuanto al ámbito energético, como usted bien ha dicho, vicepresidenta, es un decreto que trata de fomentar la movilidad eléctrica, el autoconsumo y el despliegue de energías renovables. Y usted lo ha dicho hoy también: es un año en el
que la volatilidad de los mercados todavía va a ser extrema y, por tanto, los precios también. En ese sentido, seguimos viendo necesaria esa prórroga de las medidas fiscales que, a pesar de que entendemos que son un parche, son unas medidas en el
corto plazo para poder atenuar el efecto de la subida del coste de la electricidad, pero también es verdad que tiene un diferente efecto porque el importe del recibo depende del tipo de contrato y de la cantidad consumida, porque no es lo mismo
tener un contrato en el mercado regulado que uno en el libre. Son medidas que, como he dicho, no dejan de ser un nuevo parche, pero que no resuelven el problema en tanto no se revise esa formulación del PVPC para desvincular del mercado spot y no
se pueda trasladar esa volatilidad del mercado a los consumidores directamente. Además, hay que recordar también que el Gobierno abrió un proceso de consulta pública para abordar este tema, pero aún desconocemos las conclusiones y no se ha derivado
medida alguna y creo que deberíamos volver a retomarlo.
Nos parecen también adecuadas las medidas para seguir impulsando las instalaciones de autoconsumo, estableciendo esas condiciones administrativas, técnicas y económicas desde luego más laxas que finalmente implicarán también una mejora de la
factura. Desde luego, para mi grupo este es el camino. Es necesario convertir al consumidor en prosumidor si queremos desde luego una energía ágil, económica y no ser tan dependientes energéticamente. Es decir, incentivar el modelo de generación
de consumo distribuido no solo centralizado, como ha dicho el señor Guitarte, y en esto coincidimos, y así lo establece el paquete de invierno. Esto no solo significa hablar de instalar o regular el autoconsumo, sino también, como ha dicho el señor
Guitarte, de consumidores, de comunidades de energía, agregadores independientes, nuevos modelos de gestión de demanda, contratos entre pares. En definitiva, una revisión también del sector eléctrico que creo que hoy el señor Capdevila le va a
recordar a usted, señora ministra.
También valoramos positivamente las disposiciones que van a permitir, por un lado, el desarrollo de prototipos experimentales en eólica marina, en el que desde luego Euskadi trata de posicionarse como polo de innovación en la eólica
flotante, y también la flexibilidad en los bancos de pruebas regulatorios para desarrollar proyectos piloto de investigación en el sector eléctrico. Por otro lado, también creemos que el real decreto da un impulso importante a la movilidad
eléctrica porque evidentemente facilita esa expansión de red de las estaciones de carga, aumenta el número de cargadores urbanos e interurbanos y permite que los nuevos puntos se instalen desde luego de manera más ágil al eliminar determinados
trámites administrativos que hacía necesario un plazo de entre doce y treinta y seis meses para abrir una estación de recarga. También se posibilita a los ayuntamientos que establezcan bonificaciones fiscales potestativas en torno al IBI, en torno
a las actividades económicas y obras necesarias para instalación de estos puntos de recarga. Asimismo, como se lo han recordado aquí, hemos de decir que, si bien es
importante instalar estos puntos de recarga, también lo es que la ciudadanía pueda comprarse un coche eléctrico, que en estos momentos es bastante difícil, dada la situación económica en la que nos encontramos. A lo mejor, esto debería
conllevar también no solo esos puntos de recarga sino mayores y mejores incentivos para que las personas consumidoras puedan tomar una decisión concreta, con certidumbre y seguridad, a la hora de comprar un vehículo.
Por último, y muy importante también para nosotros, es el decreto que da un paso para que no haya un acaparamiento y, por tanto, evitar esa especulación alrededor de los derechos de acceso a las redes de transporte y distribución de los
proyectos renovables entre quienes no tenían intención real de tramitar plantas renovables y compradores que sí tenían esa intención, que ya se hizo con el anterior decreto, de tal manera que posibilita que se renuncie a esos derechos de acceso
devolviéndoles esas garantías prestadas y evitando, como he dicho, no solo la especulación sino también la saturación de nudos y que posibilite la implantación de esos proyectos reales y ciertos.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra la señora Martínez Granados.
La señora MARTÍNEZ GRANADOS: Gracias, presidente.
Señorías, vicepresidenta, desde el minuto uno de la escalada de los precios de la energía, los liberales propusimos ayudar a las familias, a las pymes y a los autónomos de nuestro país bajando los impuestos, simplificando la factura de la
luz, sacando de esta los costes y tasas que no tienen nada que ver con el servicio. Les hablo de cuando estuvo aquí Filomena, hace ya un año. Me permitirán que les diga que nos hemos sentido un poco solos buscando soluciones a un problema que está
afectando de manera muy seria a las economías familiares y a la competitividad de nuestros negocios. Nos hemos sentido solos buscando soluciones entre esta tormenta de reproches, politiqueo y falsas promesas por parte del Gobierno, pero es que
cuando hemos lanzado propuestas buenas, que estaban funcionando en otros países, no quisieron ponerlas en marcha hasta meses después. Por eso y pese a esto, nosotros no somos como ustedes. Los liberales anteponemos los intereses de los españoles a
las riñas entre partidos y, como no podía ser de otra manera, Ciudadanos apoyará este real decreto-ley con el objetivo de avanzar en la descarbonización de la economía y de lograr una bajada real, rápida y sostenible de la factura eléctrica que
pagan los hogares y los negocios españoles. Sin embargo, no podemos dejar de hacer notar que viene siendo costumbre en los reales decretos-leyes de este Gobierno que el texto se queda muy corto en su ambición, llega tarde, contradice normas e
iniciativas salidas desde el mismo Consejo de Ministros y, además, entremezcla muchísimos temas, con lo cual es difícil separar la importancia de unos y de otros.
En primer lugar, déjenme decirles que una mera remoción de barreras administrativas no basta para el adecuado y necesario despliegue de la infraestructura de recarga eléctrica. La Ley de Cambio Climático y Transición Energética establece
que las estaciones de servicio deben instalar, al menos, una infraestructura de recarga eléctrica en corriente continua, que deberá prestar servicio entre febrero y agosto del próximo año, con una potencia mínima de entre 50 y 150 kilovatios. Sin
embargo, la propuesta del reglamento de combustibles alternativos que se está negociando en Bruselas, contempla una cobertura de puntos de recarga con una potencia mínima por estación de 300 kilovatios para vehículos ligeros y de 1400 kilovatios
para pesados en 2026. En Ciudadanos presentamos enmiendas a la Ley de cambio climático para entrar más de lleno en los puntos de recarga y poder ir plasmando puntos de recarga con más sentido común, pero en el Gobierno dijeron que era mejor esperar
a la ley de movilidad y hoy sacan un real decreto-ley donde empiezan a soltar un goteito de parches que no sabemos cómo quedará de aquí a 2026.
Parece, por tanto, que este real decreto, que se limita a suprimir barreras sin modificación de la potencia mínima, nace ya falto de ambición en comparación con lo que se nos va a exigir a nivel comunitario. Necesitaremos desarrollar una
estrategia para el vehículo eléctrico como alternativa fiable de transporte, y ahora mismo las señales que están recibiendo los consumidores se contradicen entre sí. En este sentido, se hace también necesaria la celeridad en la publicación de la
disposición reglamentaria que determine las obligaciones en materia de instalación de puntos de recarga eléctrica. Asimismo, celebramos que la instalación de puntos de recarga no requiera la obtención de licencia o autorización previa de obras, que
serán sustituidas por declaraciones responsables. Consideramos positiva la exigencia de que los edificios existentes de uso distinto al residencial privado y que cuenten con una zona de aparcamiento con más de
veinte plazas instalen, desde el 1 de enero de 2023, dotaciones mínimas de infraestructuras de recarga de vehículos eléctricos proporcionales al número total de plazas de aparcamiento. En lo que respecta a las medidas en favor del
autoconsumo, es notoria la falta de incentivos para la venta de excedentes y suplencia de déficit, especialmente dejando el impuesto al que se someten las ventas de energía a la red sin compensación. Todo ello debería tener en cuenta
particularmente al ámbito rural, donde los puntos de acceso a la red suelen estar muy alejados de las instalaciones de autoconsumo.
En cuanto a las medidas fiscales más importantes, el decreto prevé en su preámbulo que, de forma excepcional y transitoria, la reducción del IVA al 10 %se mantendrá hasta el 30 de abril de 2022. De nuevo, el Gobierno se queda corto. Para
conseguir una bajada real, rápida y sostenible de la factura eléctrica que pagan los negocios y las familias españolas es necesario que se mantenga el tipo reducido del 10 % de forma permanente hasta que se solucionen los problemas del precio de la
factura de la luz, tener un término fijo de potencia más alto con independencia del precio de la electricidad del mercado mayorista. Finalmente, celebramos las medidas propuestas para fomentar las inversiones de energías renovables en España, pero
no podemos sino recordar al Gobierno que el mejor incentivo sería sacar sus manos del mercado y dejar de intervenirlo, como les gusta a sus socios de Podemos. Se trata, en definitiva, de un real decreto-ley al que vamos a dar la bienvenida en su
propósito -votaremos a favor-, pero creemos que le falta mucho, porque hemos podido ver todos que la factura de la luz con las medidas que se han tomado hasta ahora realmente no se está rebajando.
En definitiva, se trata, como digo, de aprovechar para animar al Gobierno a abandonar la vía unilateral y la improvisación en materia energética. Nos referimos al veto del Gobierno sobre iniciativas de nuestro grupo, como el plan nacional
de aprovechamiento de recursos hídricos, el estudio general sobre la prolongación de la vida útil de las centrales nucleares o el plan nacional de aprovechamiento solar de edificios. Porque si bien es cierto que la subida del precio de la luz no es
responsabilidad de directa del Gobierno, sí lo es haber negado el problema pensando que con propaganda podría solucionarse la subida real de la factura, haber ignorado las propuestas de quienes, de manera leal y responsable, las pusimos a
disposición para que las tomaran en tiempo y forma y, en definitiva, haber dado prioridad a atacar a la oposición y hacer politiqueo antes que preocuparse de las familias y los negocios que no pueden llegar a final de mes. Lo estamos viendo con la
reforma laboral, para la que Ciudadanos pide al Gobierno que se aleje del chantaje separatista y por una vez piense un poco más en España y en los españoles y escuche realmente a los agentes sociales. Porque, señorías, el pecado original de este
Gobierno con respecto al precio de la luz es el populismo, que a veces se confunde con el de Unidas Podemos. Y digo que es importante, pero nosotros sí tenemos la respuesta, y es que si la subida en los precios de la luz se estuviera produciendo
con un Gobierno del PP y Ciudadanos los señores del PSOE y Podemos estarían quemando las calles.
Muchísimas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario Plural tiene la palabra el señor Rego Candamil.
El señor REGO CANDAMIL: Grazas, señor presidente.
Señora ministra, estamos delante de un decreto que recoge asuntos diversos, y algunos los valoramos positivamente y otros no o no tanto. Entre estos, por ejemplo, la eliminación de requisitos, pero también de controles de garantía de
legalidad o ambientales para el establecimiento de puntos de carga para vehículos eléctricos o facilitar la ayudas directas a las grandes empresas eléctricas para la digitalización.
Por cuestión de tiempo, me centraré en tres breves reflexiones. En primer lugar, nos parece bien apoyar la expansión de los vehículos eléctricos, pero hay que recordar que cuando hablamos de transición en el transporte significa apostar
decididamente por un modo eficaz, eficiente y sostenible, como el ferrocarril, y es ahí donde la política del Gobierno, a nuestro juicio, falla, al menos en la red interna de mi país, en Galiza, sin servicio de cercanías, sin frecuencias, horarios
ni precios adecuados, con vías sin electrificar y sin modernizar desde hace décadas o sin conexión, como entre las ciudades de Lugo y Santiago. Todo ello evidencia la necesidad de dar un vuelco a las políticas de transporte.
En segundo lugar, nos parece bien apoyar el autoconsumo eléctrico, pero es necesario planificar racionalmente la expansión de renovables, con una moratoria, entre tanto no sea así, para acabar con la barra libre de las grandes empresas en un
modelo depredador que implica impactos sociales, patrimoniales y ambientales, a nuestro juicio absolutamente inasumibles.
Tercero. Como ya se demostró, las medidas fiscales que se prorrogan no son suficientes para controlar el precio de la energía eléctrica, tampoco son las más adecuadas. Hay que ir a un cambio profundo del sistema eléctrico sobre la base del
papel público, determinante para poner la producción de energía al servicio de las mayorías sociales...
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Señoría, debe finalizar, por favor.
El señor REGO CANDAMIL: ... en vez de servir al mayor lucro del oligopolio eléctrico.
Obrigado.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Tiene la palabra la señora Sabanés Nadal.
La señora SABANÉS NADAL: Gracias, presidente.
Señorías, ministra, según nuestro criterio, este real decreto que hoy debatimos aquí es necesario y urgente y, por tanto, Más País-Verdes Equo va a votar a favor, también con la idea de que se puedan producir mejoras y aclaraciones
necesarias en su tramitación.
Descarbonizar la economía no solo es imprescindible para la lucha contra el cambio climático, también es una oportunidad para reducir la dependencia energética exterior y de los combustibles fósiles. Siempre es importante, pero en momentos
como los que estamos viviendo de crisis política y energética por el conflicto entre Rusia y Ucrania es mucho más visible la necesidad de esa independencia o mejora energética.
El decreto elimina algunas barreras, mejora la conexión de autoconsumo a la red, simplifica trámites, aunque -¡ojo!- la simplificación de trámites tiene que ir acompañada de garantías, y también es importante la actualización de las
sanciones aplicadas a los propietarios de la redes de distribución. Nosotros hemos planteado siempre que preferiríamos una propiedad pública de la redes de distribución. No obstante, entendemos que hay mejoras y avances importantes y necesarios.
En todo caso, a pesar de los avances que en las partes fundamentales se producen en este decreto, siguen siendo necesarias medidas estructurales -se ha dicho en las intervenciones-que pongan en su sitio el exceso de beneficios del monopolio
eléctrico. No vale con medidas temporales de fiscalidad, hemos de abordar de forma clara y rotunda el exceso de beneficios que se está produciendo en el monopolio eléctrico.
De todas maneras, nos parece que este decreto significa un avance en el camino de mejorar el autoconsumo, la generación distribuida, para que llegue a ser, a través de la aplicación de estas medidas, una actividad si no absolutamente masiva
desde luego mayoritaria. Será importante la aplicación de las medidas y avanzar con rapidez, porque llevamos años en este país llegando tarde a la transformación energética que necesitamos y, por tanto, a transformar el país.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Tiene la palabra el señor Miquel i Valentí.
El señor MIQUEL I VALENTÍ: Gracias. Buenas tardes, señorías.
Vicepresidenta, hoy estamos discutiendo sobre este Real Decreto 29/2021 que habla sobre movilidad eléctrica, autoconsumo, despliegue de energías renovables y medidas para reducir el coste de la factura energética. Empiezo por esta última
cuestión, que nos parece de especial relevancia por motivos evidentes y que, en definitiva, lo que hace es prorrogar algunas medidas que en su momento llegaron tarde; algunos ya veníamos pidiéndolas y ustedes decidieron aplicarlas, pero tarde.
Esta es una práctica bastante habitual, la de esperar a que la gente pida algo, no hacerlo cuando lo piden, pero hacerlo después y quedarse como autor intelectual de la idea, y sería anecdótica e infantil si no fuese porque la carga y la
responsabilidad siempre recae sobre los mismos, los ciudadanos. Es por eso que quería empezar a la vez que celebrando esta prórroga denunciando que llega tarde y que llega mal.
Algo parecido a eso, a lo de esperar a que la gente diga las cosas para no hacerlas y para terminar después haciéndolas tarde, está relacionado con la ampliación de los plazos previstos en el Real Decreto 23/2020. Nosotros, vicepresidenta,
en noviembre ya le pedimos que ampliara esos plazos, y no
lo hicieron. Han tenido que esperar a la Conferencia Sectorial de Energía, dos meses después de que nosotros lo pidiéramos, para realizarlo. Seguramente, más vale tarde que nunca, pero por el camino podríamos evitar inseguridad, dolor e
inestabilidad en el sector. Celebramos esta actualización, pero insisto en que llega tarde.
Sobre el autoconsumo, celebramos todas y cada una de las medidas que usted y su ministerio nos presentan hoy aquí. Yo creo que nada podrá reparar el daño hecho en autoconsumo durante la etapa más oscura, fruto de la legislación del Partido
Popular, pero está bien que intentemos repararlo. En último lugar, celebramos las medidas que apuestan por el vehículo eléctrico. Creemos que el incremento de ventas de vehículos eléctricos, que en algunos puntos ha llegado al 35 % respecto al año
2020, hace necesario que haya más puntos de carga. Creemos que esta propuesta de cien mil puntos antes del 2023 nos parece ambiciosa, pero necesaria e interesante, y por eso vamos a apoyarla.
Por todas estas cuestiones, vicepresidenta, vamos a votar a favor de la convalidación de este real decreto y a favor también de la tramitación, porque creemos que hay cosas que son mejorables. Vamos a apostar por trabajar junto con los
otros grupos parlamentarios para mejorar el texto.
Muchas gracias por su exposición. Estamos a su disposición.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario Republicano, tiene la palabra el señor Capdevila i Esteve.
El señor CAPDEVILA I ESTEVE: Con su permiso, señor presidente. Bona tarda. Buenas tardes, diputadas, diputados y señora vicepresidenta.
Es el primer Pleno del año, un año que debe ser el punto de inflexión en el camino de la transición energética. Y aquí estamos avanzando, aunque permítame que le diga, señora vicepresidenta, que lo hacen ustedes a pasos demasiado cortos, y
estamos en tiempo de descuento. Ocioso es recordar el reciente objetivo marcado por la Unión Europea de reducción de las emisiones en un 55 % para el año 2030. Nos presentan un real decreto que contiene medidas diversas. Prescindo de comentar
todo el ómnibus y me centro en movilidad eléctrica, autoconsumo y despliegue de las energías renovables, medidas muchas de ellas reconocidas por Esquerra Republicana. No nos puede negar usted que desde el inicio de la legislatura nos hemos
arremangado para avanzar en este apasionante camino, aunque nada exento de dificultades, de la transición ecológica, que será energética o no será.
En primer lugar, el fomento del autoconsumo. Como le decía, modifican la normativa que ya consideró y propuso Esquerra Republicana a modo de enmienda en la Ley de Cambio Climático y Transición Energética. No nos hicieron caso entonces y
siguen sin hacerlo ahora. Es una auténtica lástima que no hayan querido avanzar más allá de los 500 metros -esto es menos que de aquí a Neptuno- para el autoconsumo compartido. Usted sabe, vicepresidenta, que nuestra propuesta es y sigue siendo
avanzar hacia los 5 kilómetros, y aun a los 20 en el ámbito rural. ¿Qué me permitiría esa medida? Que en las zonas rurales, donde las distancias entre la población es más elevada, se acabe con el sinsentido de seguir manteniendo el límite de 500
metros. Fíjense lo revolucionaria que es la medida que incluso la nuclearizada Francia la ha adoptado. Es básico apostar por los proyectos comunitarios y la participación de la ciudadanía en la propiedad de los proyectos. Dejen de poner trabas,
porque mantener la limitación en los 500 metros solo favorece a un modelo energético extractivo que cada día genera mayor oposición. Presentaremos enmiendas.
Sobre los puntos de recarga del coche eléctrico, ya sabrá su señoría que el presidente de la Comisión de Industria viene insistiendo desde septiembre en la necesidad de una subcomisión que estudie este tema crucial. Creemos que, a pesar de
su atrevido texto, queda mucho por recorrer: hay que evitar ciertas excepciones a las que se pueden acoger algunas gasolineras; hay que garantizar la interoperabilidad de todos los puntos de recarga, evitando posiciones de bloqueo; hay que
garantizar la separación de actividades, evitando que la recarga caiga en muy pocas manos, pues ya sabemos las consecuencias de ello, y también -cómo no- hay que promover el smart charging para optimizar el comportamiento de la red de distribución y
el vehicle to grid.
En tercer lugar, el coste energético. Una reflexión que ya me ha oído usted en varias ocasiones en sus comparecencias, no por ello creo que menos importante, es que si queremos disminuir el coste energético a los consumidores debemos
dejarles participar en todos los mercados, de manera directa o mediante el agregador. Transpongan ya la directiva del mercado interno de la manera más ambiciosa posible y empiecen a pensar en abrir todos los mercados a la participación de la
demanda. Dejen ya de lado los
parches, pónganse las pilas a la hora de adaptarlo realmente y den un giro radical en la configuración del mercado eléctrico y, como le adelantaba la diputada Sagastizabal con hábil clarividencia, cumplan con su compromiso de presentar en un
plazo de doce meses conjuntamente con la CNMC una reforma profunda del mercado eléctrico, como dicta la disposición final undécima de la Ley de Cambio Climático, y a propuesta de Esquerra Republicana. Cuando sus obligaciones con el teléfono se lo
permitan, le pregunto cómo lo llevan ustedes. ¿Sabe que esto debería estar para mayo?
Por último, en el despliegue de las energías renovables apuesten, por favor, por un modelo descentralizado. ¿Cómo? Pues, por ejemplo, que las subestaciones tengan que hacer una reserva para proyectos pequeños del 50 % o hablemos de esos
porcentajes.
En suma, señora vicepresidenta, este real decreto-ley da pasos adelante, pero, desgraciadamente, con unas piernas demasiado cortas.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchísimas gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, tiene la palabra el señor López de Uralde Garmendia.
El señor LÓPEZ DE URALDE GARMENDIA: Muchas gracias, señor presidente.
Vicepresidenta, señorías, entramos en el año 2022. Por cierto, les deseo a todos ustedes un feliz año, pero sepan que los últimos ocho años han sido los más calurosos desde que hay registros, en el año 1880. Esto no es discutible, este es
un dato y está ahí. Si alguno de ustedes tiene un hijo o una hija de ocho años, cada uno de los años que ese niño o esa niña hayan vivido lo han hecho en un planeta un poquito más cálido, y esto, desgraciadamente, sigue adelante. La buena noticia
es que sabemos a ciencia cierta el origen de ese calentamiento. El origen de ese calentamiento son las emisiones procedentes de la quema de combustibles fósiles. Por lo tanto, la transición energética no es un capricho, es una necesidad. Si no
hacemos esa transición energética, vamos a continuar agravando este problema hasta hacer de este planeta un lugar difícilmente habitable por nuestra especie.
Cuando uno se sienta a escuchar lo que dicen los distintos grupos parlamentarios tiene que oír cosas que son radicalmente falsas. El señor Martínez Oblanca, del Grupo Mixto, ha dicho -no lo veo por ahí- que la transición energética está
destruyendo empleo en todos los sectores. Miren, esto es falso, es mentira. En España, el sector de las energías renovables emplea ya a más de cien mil personas en empleos directos y las perspectivas, según empresas del propio oligopolio
energético, son que en los próximos años se crearán 350 empleos en este sector. Según la Organización Internacional del Trabajo, entre el año 2021 y el año 2030, el sector de las energías renovables generará entre veinticuatro y veinticinco
millones de nuevos empleos y, por contra, se destruirán de las industrias del carbón y el petróleo, que tendrán que ir poco a poco reduciendo su actividad, de seis a siete millones. Por lo tanto, el balance es claramente positivo a favor de la
generación de empleo. También lo es en el caso de la movilidad, y luego hablaré de ello.
También quería referirme a algo que he escuchado en el debate de esta tarde en boca de la representante de Ciudadanos -creo que tampoco está-. Ha aludido al afán intervencionista de Podemos. Miren, les quiero explicar una cosa, una vez
más. El agua en España es un bien público, es pública, y para producir electricidad lo que hace el Estado es dar concesiones a empresas privadas para que generen esa electricidad. Por lo tanto, si algún afán tenemos cuando hablamos de la
recuperación de esas concesiones para la creación de una empresa pública es para recuperar lo público, lo que ya es público y se ha concedido a lo privado. Así que no hablen ustedes de intervencionismo, porque lo que queremos es recuperar para lo
público lo que ya es de todos y de todas. Creo que es muy importante comentarlo, porque se dicen las cosas una y otra vez y, de tanto repetirlas, al final parece que se acaban convirtiendo en verdad. Por tanto, es muy importante decir que nosotros
planteamos la creación una empresa pública para la recuperación de las concesiones que van venciendo y que, de esa manera, el Estado tenga una participación en el sector eléctrico, que ahora mismo está dominado por un oligopolio de un grupo muy
pequeño de empresas. Entonces, hay que insistir en ello una y otra vez, porque, si no, los apelativos quedan ahí y si no se responden parece que son ciertos.
Con respecto al tema de la movilidad, la apuesta por la movilidad eléctrica es imprescindible para el empleo y es la única solución viable para que nuestra importante industria del automóvil salga fortalecida. Si no se hiciera esa apuesta
firme, los efectos sobre el empleo de nuestra industria serían devastadores,
porque España es un país que exporta más del 80 % de los automóviles que produce y a mercados que ya han puesto fecha de caducidad al coche de combustión. Por lo tanto, no importa en lo que nosotros nos empeñemos. Estamos exportando
nuestros vehículos a países que ya han puesto una fecha límite a esos coches de combustión, y no son países marginales, son países muy importantes de nuestro entorno europeo. De hecho, en la COP26, en la reunión de Glasgow, hubo un acuerdo
específico de treinta y cinco países y de diez empresas automovilísticas a favor del coche eléctrico y de la eliminación del coche de combustión en el año 2035.
Como ya ha dicho la vicepresidenta, mientras en Europa se ha cerrado el 2021 con una venta de 1,2 millones de coches eléctricos, lo que supone un 55 % más en comparación con 2020, y superando en ventas a los modelos diésel, sin embargo esta
cuota de mercado que en Europa es del 11 % en España es todavía del 4 %. Por lo tanto, necesitamos hacer un esfuerzo a todos los niveles para impulsar el vehículo eléctrico, porque de ello depende nuestra industria automovilística, y es muy
importante reiterarlo. Estamos hablando de cambio climático, sí, pero estamos hablando también del futuro de nuestro país y del futuro del empleo. Si nosotros dejamos pasar ese tren, otros se subirán a él y nuestra industria, que, por cierto, son
empresas multinacionales cuyas decisiones se toman en otros sitios, apostará por otros países. Entonces, tenemos que estar ahí. Es eso lo que este real decreto trata de impulsar, complementando lo que ya se ha desarrollado en la Ley de cambio
climático, pero no toda la responsabilidad puede recaer en el Gobierno central. La Ley de cambio climático, por cierto, establece la necesidad de desarrollar zonas de bajas emisiones en los municipios de más de cincuenta mil habitantes, una
asignatura fundamental que en muchos municipios no se está llevando adelante, y creo que es clave también para el desarrollo del vehículo eléctrico.
Por lo tanto, la lucha contra el cambio climático y para el desarrollo industrial verde en nuestro país es una responsabilidad colectiva en la que deben participar todas las administraciones. No podemos subir aquí a quejarnos de que si se
va despacio o no se va despacio cuando en muchísimos municipios gobernados por los mismos que dicen eso no se está haciendo lo que se debe hacer de acuerdo con la Ley de cambio climático.
Desgraciadamente no tengo tiempo para muchas cosas que me gustaría decir, pero creo que es imprescindible avanzar rápido. Como digo, esto no es un capricho, esto es una necesidad urgente. Por cierto, este Congreso de los Diputados en
septiembre de 2019 declaró en el Pleno que nuestro país estaba en emergencia climática.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario VOX tiene la palabra la señora Borrás Pabón. (Aplausos).
La señora BORRÁS PABÓN: Gracias, presidente. Buenas tardes, señorías, ministra.
Estamos aquí por un real decreto que presentan con un título lleno de palabras grandilocuentes, como fomentar la movilidad eléctrica o impulsar el autoconsumo; en fin, la constante verborrea política a la que este Gobierno nos tiene
acostumbrados. Pero en primer lugar me gustaría preguntarle si ven ustedes normal mezclar en el mismo real decreto cuestiones sobre el sector energético, de la Ley de Cooperativas, de la Ley de Seguridad Social, con la rebaja del IVA de las
mascarillas, rebaja que, por cierto, solo aplica a las mascarillas quirúrgicas, claro, porque a las más caras, a las FFP2, con las que más recauda este Gobierno, no les aplican una rebaja del IVA, aunque sean las que más protejan a los ciudadanos,
especialmente en los espacios interiores. (Aplausos).
Este real decreto es un claro ejemplo de cómo este no es solo el Gobierno de la improvisación y la chapucería legislativa, sino también un Gobierno elefantiásico, sobredimensionado, repleto de burocracia y de redes clientelares, que solo
sabe poner trabas para que la poca riqueza que deja generar a los españoles vaya destinada a pagar sueldos de políticos tan prescindibles e innecesarios como usted, señora ministra. (Aplausos).
Afirman en este real decreto haber identificado algunos factores que frenan la expansión de energías renovables. ¿Se han comprado un espejo, señora ministra? Ustedes echan la culpa en este texto en primer lugar a las dificultades de acceso
a las redes de transporte y distribución y en segundo lugar a las dificultades burocráticas e incapacidad de la Administración para tramitar un elevado número de proyectos. Pero, ministra, ¿quiénes son los responsables, quiénes generan estas
dificultades? Ustedes.
Por lo menos, con este real decreto reconocen la burocracia infernal que generan y que es un problema que desincentiva el desarrollo del sector energético. Pero ¿qué ocurre con el resto de sectores, con la tiranía burocrática persistente en
el resto de ámbitos, como, por ejemplo, en los centros de investigación de este país, con la concesión de ayudas con fondos europeos, las licencias administrativas, etcétera? ¿Estos no merecen la atención del Gobierno? Ustedes recogen en este real
decreto la ampliación de rebajas fiscales en la factura eléctrica de los españoles, algo que apoyamos en VOX, que, como saben, llevamos solicitándolo desde el primer día que pisamos el Congreso, pero en nuestro caso defendemos medidas permanentes,
no temporales, como proponen ustedes, y además mucho más ambiciosas, como la implantación de un IVA superreducido del 4 % en la factura eléctrica para los hogares españoles. Hoy ustedes prorrogan un IVA del 10 % de la factura eléctrica de los
hogares, pero eso es totalmente insuficiente, porque además sigue siendo uno de los IVA más alto de la Unión Europea. VOX propone una reforma estructural que reduciría enormemente la factura eléctrica de los españoles, pero ustedes prefieren crear
cartillas de racionamiento, a las que llaman bonos sociales, para subvencionar la pobreza energética que este Gobierno provoca. Luego se indignan cuando les llamamos chavistas, señora ministra.
Dicho esto, es importante hablar de la instalación de puntos de recarga para vehículos eléctricos, sí, pero es importante también valorar las problemáticas adheridas a esta transición autoritaria hacia el vehículo eléctrico. ¿Entienden que
en esta transición hacia la movilidad eléctrica hay miles de españoles que pueden perder su empleo como consecuencia, por ejemplo, de la desaparición de talleres y fabricantes de repuestos o de componentes como el chasis, las transmisiones y el
equipamiento no electrónico, o que sin planes específicos de instalación de grandes fábricas de baterías en España el sector del automóvil estará perdiendo incluso más del 40 % del valor añadido por cada vehículo que pase a ser eléctrico? ¿Qué
pretenden hacer, señora ministra, para salvar los miles de empleos y mitigar el impacto que genera la movilidad eléctrica en la industria del automóvil, cuando somos el segundo país de Europa con mayor producción de vehículos? Y en relación con el
medioambiente, que aparentemente tanto les preocupa, ¿qué plan de reciclaje tienen previsto para cuando inunden nuestro país de baterías, enormes y pesadas, contaminantes? Yo se lo digo: Ninguno. ¿Por qué no incentivan, por ejemplo, otro tipo de
combustibles, como los biocombustibles, que no necesitan batería y además son tan esenciales para el transporte industrial, para el transporte pesado y de larga distancia? La respuesta es que la industria, los empleos y el medioambiente les dan
igual. (Aplausos).
Pasado mañana, jueves, España dejará de producir aluminio porque se apagarán las 512 cubas de electrólisis de San Cibrao, en Lugo, pasando de ser la joya europea en el sector a ser una empresa sin actividad, y todo porque el precio de la
energía eléctrica en este país la suponía ya una cuarta parte de los gastos de producción; y ello sin contar con los riesgos de abastecimiento energético, que suponen problemas tan pésimamente gestionados por ustedes como el gaseoducto de Argelia,
la compra urgente de 180 000 toneladas de carbón que tendrá que quemar la central de As Pontes o que hayamos disparado la importación de petróleo y gas de Estados Unidos, en un largo etcétera de despropósitos que han provocado unas facturas
inasumibles para cualquier sector, empresa, autónomo o familia media en este país.
En definitiva, este real decreto es una muestra más de cómo el Gobierno improvisa y empieza la casa por el tejado tratando de imponer primero la movilidad eléctrica a los españoles, sin tener ni siquiera suficientes infraestructuras de
carga. Y es sorprendente ver cómo con sus políticas provocan transferencias de dinero desde las rentas más bajas a las rentas más altas, que son precisamente las que adquieren estos vehículos eléctricos. ¿Puede explicarme, señora ministra, por qué
un obrero o un autónomo, que se mueven en autobús o metro y a lo mejor ni siquiera llegan a fin de mes, tienen que subvencionar con el dinero de sus impuestos los gastos de un coche eléctrico nuevo a la clase más alta de este país? ¿Va el Gobierno
a dejar la política de Disney y luchar por los españoles? (Aplausos). ¿O va a seguir haciendo la cama al globalismo y a la agenda personal de Pedro Sánchez?
Termino, señora ministra, con una pregunta muy sencilla, una que cualquier trabajador, cabeza de familia o autónomo creo que le haría en mi lugar, y es qué hace ahí sentada, habiendo fracasado y habiendo empeorado tanto la vida de los
españoles. Levántese, coja su maletín y dimita, y por lo menos recupere algo de la dignidad personal, que este Gobierno hace mucho que la ha perdido.
Muchas gracias. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, tiene la palabra el señor Requena Ruiz.
El señor REQUENA RUIZ: Buenas tardes, señorías. Gracias, señor presidente.
Señora vicepresidenta, nos trae hoy aquí una intentona legislativa más para la implantación de su modelo obsesivo de electrificar la economía, sacrificando lo que haya que sacrificar, con un real decreto-ley que corrige sus chapuzas del
pasado pero que, como todo lo que hace usted, no soluciona los problemas del presente ni del futuro de nuestro sector eléctrico ni de nuestro sector energético, legislando de espaldas a la realidad, desoyendo a la sociedad y con una peligrosa
planificación económica, hecha por usted, que no da respuesta al interés general, sino al interés de unos pocos y perjudica a la mayoría. Esta es la sexta vez que usted nos trae un real decreto-ley con el que pretende el fomento de las energías
renovables o la reforma eléctrica, pero después de seis ocasiones todavía no ha sido capaz de conseguirlo, y mire que se ha empeñado, desde el Real Decreto-ley 23/2020 hasta Real Decreto-ley 29/2021. ¿Cuántas oportunidades más necesita? Señora
Ribera, si usted no sabe qué está haciendo, léase la entrevista de Carlos Segovia, publicada en El Mundo el pasado miércoles, día 19, al CEO del gigante automovilístico Stellantis, Carlos Tavares; yo se la dejo ahora, por si usted la quiere leer.
(Muestra un recorte de prensa). Aquí dice que España puede perder treinta años de éxito. Pero yo voy más allá: Usted va a hacer que España sea irrelevante en Europa y va a empobrecer a los españoles. (Muestra un informe.-Aplausos). Este real
decreto-ley no es más que otro torpe abuso suyo para la consecución de los objetivos de Teresa Ribera; no para los objetivos de España, sino para los suyos. Aunque sí es cierto que en algo podemos coincidir: España está al nivel de Bulgaria en
cuanto al despliegue de los puntos de recarga eléctrica. Después de seis reales decretosleyes, de la Ley de cambio climático, del Plan nacional de energía y clima, después de todo el paquete legislativo, usted no ha conseguido que España avance
como país en el despliegue de puntos de recarga. ¿No se estará equivocando?
Pero ¿qué trae este real decreto-ley exactamente? Lo voy a explicar. Primero, usted nunca ha creído en la libertad ni en la neutralidad tecnología, y este real decreto ley lo evidencia una vez más, porque el artículo 15 de la Ley de cambio
climático habla de que el Gobierno velará por el despliegue y la implantación de combustibles alternativos pero usted dirige todos sus esfuerzos a la electrificación. Por eso obliga a la instalación de puntos de recarga eléctrica pero no al resto
de combustibles, que también nos pueden ayudar a conseguir los objetivos de descarbonización, a que puedan ser elegidos libremente por los consumidores y por la industria y sean tan válidos como la electrificación. Usted no hace nada por una
alternativa libre, sostenible económicamente y compatible con nuestra industria.
Segundo, usted hace imposiciones sobre implantación de puntos de recarga eléctrica a estaciones de servicio, concesionarios de carretera, zonas de aparcamiento, los cuales tendrán que sufragarse el coste total de los puntos de recarga
eléctrica, y, sin embargo, concede ayudas millonarias de forma directa, sin control previo, a las grandes eléctricas para que por su parte instalen también puntos de recarga; 525 millones de euros de ayudas directas con cargo al Fondo Europeo de
Recuperación que no responden a priori al interés general. ¿Nos podría explicar de qué partida presupuestaria vienen esos fondos y por qué lo considera como operaciones no presupuestarias? Una vez más, falta de transparencia, señora Ribera. Desde
el Partido Popular le propusimos un plan estratégico de recarga de vehículos multicombustibles, con cabida para el hidrógeno, biocombustibles, combustibles sintéticos, eléctricos, para que con los fondos europeos se financiara el despliegue de
puntos de recarga de forma estratégica en toda España, sin despreciar al mundo rural y financiando aquellos que nos diesen igualdad de oportunidades a todos los españoles en la lucha contra el cambio climático, que se hiciese de forma transparente y
sin el oscurantismo que a ustedes les gusta, pero ni siquiera nos han llamado para preguntar. (La señora presidenta ocupa la Presidencia).
Tercero, este real decreto-ley permite el aumento de la factura eléctrica en 525 millones de euros, y lo hará vía peaje, porque las inversiones que realicen las grandes eléctricas estarán financiadas al 50 % con fondos europeos y el otro 50
% irá para los peajes y a aumentar la factura de la luz. Este es su plan, señora Ribera, un nuevo aumento de la factura de la luz, y esta vez con los puntos de recarga eléctrica, para que luego venga aquí a pedirnos la aprobación de un nuevo fondo
nacional de sostenibilidad del sistema eléctrico para que el agricultor, que no puede electrificarse, pague los puntos de recarga eléctricos. (Aplausos).
Cuarto, desprecian el municipalismo y a los ayuntamientos. ¿Por qué quita a los ayuntamientos la capacidad de otorgar licencias de utilización, obra o calificación ambiental para los puntos de recarga, y no para otras medidas de reducción
de emisiones de CO2? Con este real decreto-ley se podrá poner un punto recarga eléctrica en cualquier ubicación y los ayuntamientos no podrán decir absolutamente nada. Y no solo eso, usted les dice que para cumplir su propio plan bonifiquen el IBI
al 50 % y el ICIO al 90 %. Es decir, un vecino que quiera mejorar la eficiencia energética de su casa para reducir las emisiones de CO2 va a tener que solicitar licencia, presentar proyecto, hacer una alteración catastral, pagar más IBI y pagar el
impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras, y, sin embargo, si pones un punto de recarga, no hace falta ni un requisito. Obsesión.
Quinto, además este real decreto-ley evidencia su incapacidad en materia energética. Modifican el Real Decreto-ley 244/2019, de autoconsumo; el Real Decreto 1183/2020, de acceso y conexión a las redes de transporte y distribución;
modifican el Real Decreto-ley 12/2021 para seguir prorrogando el IVA al 10 %. No lo modifiquen más, aprobemos la rebaja permanente al 10 %, tal y como dice el Partido Popular, y del 4 % ante la situación tan extraordinaria que vivimos de precios, y
no hará falta traer más modificaciones de reales decretos. Modifican el Real Decreto-ley 23/2020, modifican el Real Decreto-ley 24/2021 y hasta modifican la Ley de cambio climático y además conceden ayudas de fondos europeos de forma oscura y poco
transparente. ¡Qué disparate, señora Ribera! Son leyes suyas, que no tienen de vida ni un año, pero su torpeza legislativa nos lleva a la modificación constante de leyes. ¿Qué clase de seguridad jurídica es esta que se hace bajo sus órdenes?
Quiero terminar mi intervención dirigiéndome a la izquierda, a la extrema izquierda, a los antisistema y a todos los que vayan a aprobar y a votar favorablemente este real decreto-ley, el cual sirve principalmente para el pago de
subvenciones a los grandes intereses eléctricos, para subir la factura de la luz y para acabar definitivamente con la libertad y la neutralidad tecnológica. No es un real decreto-ley que responda al interés general, no es un real decreto-ley que
elimine diferencias entre el mundo rural y la ciudad, que dé competitividad a la industria, que dé competitividad a las familias, que dote de igualdad de oportunidades entre los españoles, que no discrimine entre la ciudad y el mundo rural. Este
real decreto-ley no va de todo eso. Por ello, a la izquierda y a todos los que vayan a votarlo favorablemente: No vuelvan a hablar del oligopolio eléctrico, porque con su voto ustedes son sus primeros cómplices.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Requena. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Caballero Gutiérrez.
La señora CABALLERO GUTIÉRREZ: Gracias, presidenta. Buenas tardes, señorías, vicepresidenta.
Este real decreto contiene medidas urgentes en distintas materias, todas ellas en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y todas ellas con el mínimo común denominador de estar dirigidas a facilitar la vida de muchas personas.
Como nos ha recordado la vicepresidenta, facilita la vida de los investigadores, que tendrán una carrera científica estable, y este es el primer paso para acceder a las dos mil nuevas plazas de investigadores que se convocarán entre este año y el
siguiente y, por tanto, para que retorne el talento que tenemos en el extranjero. Facilita la vida de todos los trabajadores en este momento de recuperación económica reforzando el servicio público de empleo con una oferta extraordinaria de más de
900 nuevas plazas. Facilita la vida de todos los ciudadanos manteniendo reducido el IVA de las mascarillas y a cero el de suministros sanitarios relacionados con la pandemia de la COVID-19. Facilita también la vida de todos los ciudadanos
manteniendo la carga impositiva de la factura final eléctrica, ampliando la duración del bono social térmico y proporcionando a las industrias grandes consumidoras de gas natural distintas medidas, como ajustar la capacidad contratada para no mermar
su competitividad. Pero, sobre todo, este real decreto impulsa la recuperación económica y el empleo al eliminar las barreras normativas que hoy están frenando el despliegue del autoconsumo, las energías renovables o la movilidad eléctrica, para
acelerar la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
El Gobierno está trabajando intensamente y el plan cuenta ya con el 73 % de los fondos previstos en 2021 autorizados, con más de 11 000 millones de euros transferidos a las comunidades autónomas y dos de los Perte relacionados con este real
decreto ya aprobados. El Perte de energías renovables, hidrógeno renovable y almacenamiento es muy importante para España, como nos recordaba la vicepresidenta, ya que nuestro país se ha convertido en uno de los principales focos de atracción de
inversiones en energía renovable del mundo. Las medias que incluye este real decreto facilitan el
autoconsumo, particularmente el autoconsumo colectivo. Se mejora la información sobre los puntos de acceso a la red y se reducen los trámites necesarios para agilizar la instalación de nuevos proyectos de energías renovables y, a petición
de las comunidades autónomas, se amplían -no se eliminan- los plazos de los hitos intermedios, como la declaración de impacto ambiental y las autorizaciones administrativas y constructivas. Ante la preocupación, por ejemplo, que han manifestado
aquí el señor Guitarte o el señor Matute respecto al impacto ambiental de las instalaciones, hay que recordar que hasta cincuenta megavatios es responsabilidad de las comunidades autónomas, muchas de las cuales están haciendo ya sus planes
autonómicos de energía y clima para ordenar el despliegue, aunque no así otras, como, por ejemplo, Castilla y León, a pesar de que el anterior despliegue de las energías eólicas generó una enorme corrupción, que hoy en día está en los tribunales.
El segundo Perte aprobado con relación a este real decreto es el del vehículo eléctrico conectado, que moviliza una inyección de 24 000 millones de euros. Y, señor Matute, lo moviliza también para bonificar el precio del automóvil y, por
tanto, para hacerlo accesible a otros los bolsillos; también para transformar esta industria hacia la movilidad sostenible, para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible reconocidos en la ONU y para lograr la descarbonización del trasporte
en 2050 prevista en nuestra Ley de cambio climático. No podemos olvidar que España es el segundo fabricante de vehículos en Europa, efectivamente, y el octavo del mundo y que el sector está haciendo una reconversión para promover la movilidad
eléctrica y dar cumplimiento al objetivo de penetración de vehículos con cero emisiones del Plan Nacional de Energía y Clima, pero para ello se necesita simultáneamente el esfuerzo inversor que está haciendo el Gobierno con el Perte del vehículo
eléctrico conectado, un cambio de mentalidad del comprador hacia la movilidad eléctrica e infraestructuras que permitan acceder a la recarga de los vehículos de manera rápida y eficaz.
El objetivo económico es que en 2030 la industria de la automoción aporte en España al menos el 15 % del producto interior bruto y que por cada empleo que se genere en la industria de la automoción se creen cuatro en la industria auxiliar y
entre seis y siete adicionales en empresas de servicios. El peso que tiene la industria automovilística en España es muy significativo, con casi 70 000 empleos directos, pero este sector es aún más importante para la economía de Castilla y León, ya
que es el primer productor de coches de España y aspira a convertirse en líder en la electrificación de vehículos y este proyecto tractor impulsará la economía de toda la región. Y es que el sector de la automoción y sus empresas auxiliares en
Castilla y León representa nada menos que el 25 % del PIB industrial y el 56 % de sus exportaciones, aglutina 180 empresas y da empleo a 35 000 personas, la mitad del total en España dedicado a este sector. Este ecosistema industrial y las
gestiones del alcalde socialista de Valladolid han atraído a la ciudad a una empresa de fabricación de autobuses y furgonetas eléctricas que creará solo en la primera fase del proyecto dos mil empleos directos. (Muestra un gráfico). Y frente a
esto, en los últimos diez años con el Gobierno popular la región ha perdido nada menos que 33 000 empresarios, según la Agencia Tributaria. (Muestra otro gráfico). Solo en los últimos diez años de Gobierno popular ha perdido 151 000 habitantes,
toda una ciudad de Castilla y León, y solo en el último año el saldo neto de pérdidas de empresas en Castilla y León ha sido de 94 empresas menos que el año anterior. Señor Requena, esta es la excelentísima gestión del Partido Popular en Castilla y
León. (Varios señores diputados del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso: ¡Falso!) Y, por cierto, al señor Oblanca hay que decirle que Asturias ha sido de las comunidades que el año pasado más empresas atrajo, justo lo contrario que en
Castilla y León. (Aplausos.-Denegaciones del señor Martínez Oblanca).
El Perte del vehículo eléctrico conectado que ha promovido el Gobierno socialista, además de la creación de empleos y la contribución al PIB, pretende alcanzar 250 000 vehículos eléctricos matriculados y entre 80 000 y 110 000 puntos de
recarga desplegados en 2023, y para ello contempla, además de las inversiones, una serie de reformas legislativas, como las que trae este real decreto, para desarrollar una infraestructura de recarga pública, en particular la de alta capacidad
prevista en el artículo 15 de la Ley del cambio climático. Por cierto, señora Martínez, de Ciudadanos, la Ley de cambio climático habla siempre de potencias mínimas: caben de 150, como caben de 300 o más.
Por tanto, el objetivo global del real decreto es urgente e imprescindible para ejecutar el plan de recuperación, pero, como han podido comprobar, es aún más urgente para el desarrollo económico y laboral de la Comunidad de Castilla y León,
por lo que pedimos a todos el voto favorable, que demuestre el verdadero compromiso con esta comunidad. Señorías del PP, abstenerse es dar la espalda al progreso de Castilla y León.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Caballero.
VOTACIONES.
- REAL DECRETO-LEY 31/2021, DE 28 DE DICIEMBRE, POR EL QUE SE MODIFICA LA LEY 19/1994, DE 6 DE JULIO, DE MODIFICACIÓN DEL RÉGIMEN ECONÓMICO Y FISCAL DE CANARIAS, Y SE FIJA UN NUEVO PLAZO PARA PRESENTAR LAS RENUNCIAS O REVOCACIONES A MÉTODOS
Y REGÍMENES ESPECIALES DE TRIBUTACIÓN.
La señora PRESIDENTA: Señorías, habiendo finalizado el plazo para la emisión del voto por el procedimiento telemático, procedo a enunciar el resultado de las votaciones.
En primer lugar, Real Decreto-ley 31/2021, de 28 de diciembre, por el que se modifica la Ley 19/1994, de 6 de julio, de modificación del Régimen Económico y Fiscal de Canarias, y se fija un nuevo plazo para presentar las renuncias o
revocaciones a métodos y regímenes especiales de tributación.
Votos emitidos, 341; a favor, 271; en contra, 1; abstenciones, 69.
En consecuencia, queda convalidado.
Se ha solicitado que el Real Decreto-ley sea tramitado como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia.
Votos emitidos, 340; a favor, 151; en contra, 171; abstenciones, 18.
En consecuencia, el Real Decreto-ley no se tramitará como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia.
- REAL DECRETO-LEY 28/2021, DE 17 DE DICIEMBRE, POR EL QUE SE ADOPTAN MEDIDAS COMPLEMENTARIAS DE CARÁCTER URGENTE PARA LA REPARACIÓN DE LOS DAÑOS OCASIONADOS POR LAS ERUPCIONES VOLCÁNICAS Y PARA LA RECUPERACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL DE LA ISLA
DE LA PALMA.
La señora PRESIDENTA: En segundo lugar, Real Decreto-ley 28/2021, de 17 de diciembre, por el que se adoptan medidas complementarias de carácter urgente para la reparación de los daños ocasionados por las erupciones volcánicas y para la
recuperación económica y social de la isla de La Palma.
Votos emitidos, 347; a favor, 334; abstenciones, 13.
Queda convalidado.
Se ha solicitado que el Real Decreto-ley sea tramitado como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia.
Votos emitidos, 346; a favor, 144; en contra, 188, abstenciones, 14.
En consecuencia, no se tramitará como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia.
- REAL DECRETO LEY 29/2021, DE 21 DE DICIEMBRE, POR EL QUE SE ADOPTAN MEDIDAS URGENTES EN EL ÁMBITO ENERGÉTICO PARA EL FOMENTO DE LA MOVILIDAD ELÉCTRICA, EL AUTOCONSUMO Y EL DESPLIEGUE DE ENERGÍAS RENOVABLES.
La señora PRESIDENTA: Finalmente, Real Decreto-ley 29/2021, de 21 de diciembre, por el que se adoptan medidas urgentes en el ámbito energético para el fomento de la movilidad eléctrica, el autoconsumo y el despliegue de energías renovables.
Votos emitidos, 347; a favor, 197; en contra, 3; abstenciones, 147.
Queda convalidado el real decreto-ley.
Se ha solicitado que este real decreto-ley sea tramitado como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia.
Votos emitidos, 347; a favor, 341; en contra, 4; abstenciones, 2.
En consecuencia, el real decreto-ley se tramitará como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia.
Muchas gracias a todos. Buenas tardes.
Se levanta la sesión.
Eran las ocho de la noche.