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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 879, de 29/03/2023
cve: DSCD-14-CO-879
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CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 2023 XIV LEGISLATURA Núm. 879
HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. ELOY SUÁREZ LAMATA
Sesión núm. 34
celebrada el miércoles,
29 de marzo de 2023
ORDEN DEL DÍA:
Modificación del orden del día ... (Página3)
Acuerdo sobre la celebración de las siguientes comparecencias:
- De la señora presidenta de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, SEPI (Gualda González), para dar cuenta de los procesos de adquisición de acciones de Indra Sistemas en el ejercicio 2022, de las decisiones tomadas por parte
de la SEPI en la Junta General de Accionistas celebrada los días 22 y 23/06/2022, y de la información corporativa y de negocio de la que dispone la compañía. A petición del Grupo Parlamentario VOX. (Número de expediente 212/002989) ...
- De la señora ministra de Hacienda y Función Pública (Montero Cuadrado), para dar cuenta de los objetivos que pretende conseguir el Gobierno con la compra de acciones de Indra Sistemas para alcanzar el 28% de la compañía, así como de las
decisiones que se pretenden imponer en su Junta General de Accionistas y en su Consejo de Administración. A petición del Grupo Parlamentario VOX. (Número de expediente 213/002110) ... (Página3)
- De la señora ministra de Hacienda y Función Pública (Montero Cuadrado), para informar sobre las urgentes medidas que adoptará para evitar que la gestión económica del presidente de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A. (CORREOS)
conduzca a esta compañía pública, integrada en el Grupo SEPI, a una situación irreversible con importante quebranto para la Hacienda Pública. A petición del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 213/002577) ...
Ratificación de la ponencia designada para informar sobre:
- Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en transposición de la Directiva (UE) 2021/514 del Consejo de 22 de marzo de 2021 por la que se modifica la Directiva 2011/16/UE relativa a la
cooperación administrativa en el ámbito de la fiscalidad. (Número de expediente 121/000139) ... (Página9)
Aprobación con competencia legislativa plena, a la vista del informe elaborado por la ponencia sobre:
- Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en transposición de la Directiva (UE) 2021/514 del Consejo de 22 de marzo de 2021 por la que se modifica la Directiva 2011/16/UE relativa a la
cooperación administrativa en el ámbito de la fiscalidad. (Número de expediente 121/000139) ... (Página9)
Acuerdo sobre la celebración de las siguientes comparecencias (votación):
- De la señora presidenta de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, SEPI (Gualda González), para dar cuenta de los procesos de adquisición de acciones de Indra Sistemas en el ejercicio 2022, de las decisiones tomadas por parte
de la SEPI en la Junta General de Accionistas celebrada los días 22 y 23/06/2022, y de la información corporativa y de negocio de la que dispone la compañía. A petición del Grupo Parlamentario VOX. (Número de expediente 212/002989) ...
- De la señora ministra de Hacienda y Función Pública (Montero Cuadrado), para dar cuenta de los objetivos que pretende conseguir el Gobierno con la compra de acciones de Indra Sistemas para alcanzar el 28% de la compañía, así como de las
decisiones que se pretenden imponer en su Junta General de Accionistas y en su Consejo de Administración. A petición del Grupo Parlamentario VOX. (Número de expediente 213/002110) ... (Página16)
- De la señora ministra de Hacienda y Función Pública (Montero Cuadrado), para informar sobre las urgentes medidas que adoptará para evitar que la gestión económica del presidente de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A. (CORREOS)
conduzca a esta compañía pública, integrada en el Grupo SEPI, a una situación irreversible con importante quebranto para la Hacienda Pública. A petición del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 213/002577) ...
Aprobación con competencia legislativa plena, a la vista del informe elaborado por la ponencia sobre (votación):
- Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en transposición de la Directiva (UE) 2021/514 del Consejo de 22 de marzo de 2021 por la que se modifica la Directiva 2011/16/UE relativa a la
cooperación administrativa en el ámbito de la fiscalidad. (Número de expediente 121/000139) ... (Página17)
Propuesta por la Comisión del vocal de la Comisión de Transparencia y Buen Gobierno:
- Elección del vocal al que se refiere el artículo 36 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno y el artículo 14.1.a) del Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno,
aprobado por el Real Decreto 919/2014, de 31 de octubre. A propuesta del Gobierno. (Número de expediente 276/000024) ... (Página17)
Se abre la sesión a las cuatro y treinta y cinco minutos de la tarde.
MODIFICACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.
El señor PRESIDENTE: Señorías, si les parece a todos ustedes vamos a comenzar.
Les quiero hacer unas precisiones.
El proponente de la primera y segunda solicitud de comparecencia, que es el Grupo Parlamentario VOX, ha solicitado hacerlo en una.
¿Hay algún inconveniente por parte de algún grupo parlamentario en que se haga así? (Denegaciones).
Entonces, se sustanciará en una.
En relación con el cuarto punto del orden del día, la propuesta por la Comisión del vocal de Transparencia y Buen Gobierno, si les parece a todos ustedes dejaremos la votación para el final y sustanciaremos antes la ley, de forma que se
voten todos los puntos al final.
ACUERDO SOBRE LA CELEBRACIÓN DE LAS SIGUIENTES COMPARECENCIAS:
- DE LA SEÑORA PRESIDENTA DE LA SOCIEDAD ESTATAL DE PARTICIPACIONES INDUSTRIALES, SEPI (GUALDA GONZÁLEZ), PARA DAR CUENTA DE LOS PROCESOS DE ADQUISICIÓN DE ACCIONES DE INDRA SISTEMAS EN EL EJERCICIO 2022, DE LAS DECISIONES TOMADAS POR PARTE
DE LA SEPI EN LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS CELEBRADA LOS DÍAS 22 Y 23/06/2022, Y DE LA INFORMACIÓN CORPORATIVA Y DE NEGOCIO DE LA QUE DISPONE LA COMPAÑÍA. A PETICIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO VOX. (Número de expediente 212/002989).
- DE LA SEÑORA MINISTRA DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA (MONTERO CUADRADO), PARA DAR CUENTA DE LOS OBJETIVOS QUE PRETENDE CONSEGUIR EL GOBIERNO CON LA COMPRA DE ACCIONES DE INDRA SISTEMAS PARA ALCANZAR EL 28 % DE LA COMPAÑÍA, ASÍ COMO DE LAS
DECISIONES QUE SE PRETENDEN IMPONER EN SU JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS Y EN SU CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN. A PETICIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO VOX. (Número de expediente 213/002110).
El señor PRESIDENTE: Pasamos a debatir el orden del día con el primer punto, que es una solicitud de comparecencia por parte del Grupo Parlamentario VOX de la presidenta de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, SEPI, para dar
cuenta de los procesos de adquisición de acciones de Indra Sistemas en el ejercicio 2022, de las decisiones tomadas por la SEPI en la junta general de accionistas celebrada los días 22 y 23 de junio de 2022 y de la información corporativa y de
negocio de la que dispone la compañía, así como la comparecencia de la ministra de Hacienda y Función Pública para dar cuenta de los objetivos que pretende conseguir el Gobierno con la compra de acciones de Indra Sistemas para alcanzar el 28 % de la
compañía, así como de las decisiones que se pretenden imponer en su junta general de accionistas y el consorcio en su consejo de administración.
Tiene la palabra el señor Jiménez por parte del Grupo Parlamentario VOX por tiempo de cinco minutos.
El señor JIMÉNEZ REVUELTA: Muchas gracias, presidente. Señorías, buenas tardes.
Como saben ustedes, prácticamente en cada Comisión de Hacienda solicitamos la comparecencia no solo de los miembros del Gobierno, sino también de los altos cargos y casi siempre se produce una negativa. Consideramos que la comparecencia
tanto de la ministra de Hacienda y Función Pública como de la presidenta de la SEPI por los hechos acaecidos en el seno de la compañía cotizada de Indra Sistemas debería haberse producido. No obstante, me gustaría hacer hincapié en algunas de los
hechos que han ido sucediendo en esta compañía.
Como bien saben, Indra es una compañía de gran importancia estratégica nacional, puntera en desarrollos tecnológicos y, entre otros, de alto valor añadido, que ha sido protagonista en los procesos electorales en España y en otros países de
la iberosfera. Indra es una empresa que siempre toma sus decisiones en función de los intereses propios de cualquier compañía. Indra lleva participada por el Estado en un significativo porcentaje desde que el Estado tuvo que responder por los
activos y pasivos de Caja Madrid -posteriormente Bankia, como saben ustedes-, que fue llevada a la ruina por sus consejeros de
corte político; por no irnos más lejos, por el actual presidente del Gobierno. Desde entonces, la SEPI ha participado en algo más del 18 % de la compañía. El presidente y tres consejeros han sido siempre nombrados por el Gobierno de
turno. Una vez llegados el PSOE y Podemos al Gobierno, se cambia al presidente, nombrando a una persona sin experiencia en empresas de ese tipo de dimensión cuantitativa y cualitativa con relevancia internacional. Este hecho produjo fricciones con
los consejeros independientes de la compañía, que consiguieron salvaguardar los intereses de la compañía dejando al presidente como no ejecutivo.
No voy a hablar de los sucesos acaecidos con el que fuera opositor al Gobierno de Colombia y los oscuros problemas que tuvieron lugar entre miembros de la compañía y el actual presidente de aquel país. Señorías, hoy vengo a solicitar la
comparecencia de dos autoridades o de algunas de las más importantes de este país en cuanto a lo que sucede en Indra, que puede suponer un gravísimo caso de asalto a las empresas privadas, al sector privado y a la seguridad jurídica en España;
golpe de efecto de Sánchez, con el acuerdo del Consejo de Ministros del mes de febrero del año pasado, por el que se procedió a ampliar la toma de participación en Indra hasta el 28 % de capital, quedándose finalmente en algo más del 25 %.
Dos meses antes, un grupo vasco, también participado por el sector público de aquella región, tomó participación en Indra; hablamos de SAPA. Apenas unos días antes de la junta general de accionistas celebrada en junio de 2022, un
empresario de fuera de España, que es dueño del Grupo PRISA, junto con su fondo de inversión, tomó una participación de cerca del 8 % de Indra. Esta compañía, Amber Capital, decidió, en palabras del propio presidente de la CCMV, proponer el cese de
cuatro consejeros independientes como propuesta fuera del orden del día, es decir, nadie podía saber nada antes de la introducción de la propuesta. Qué casualidad que SEPI y SAPA decidieron en el último momento apoyar la propuesta de Amber, de tal
forma que las tres compañías votaron en el mismo sentido. No hubo nadie más que lo hiciera, solo ellas. En los días posteriores dimitieron dos consejeros independientes más por estar en desacuerdo con los hechos sucedidos. Señorías, ¿se han leído
las cartas que se enviaron por parte de los consejeros cesados y los dimitidos que publicó la CNMV? Indra tardó cuatro meses en recomponer su Consejo de Administración y, al poco de conseguirlo, dimite el secretario del Consejo de Administración.
Pues bien, señorías, el señor que, supuestamente, promovió todo el terremoto en el seno de Indra, el presidente de PRISA, con acciones adquiridas pocos días antes y propuestas fuera del orden del día, afirmó públicamente que la SEPI fue
protagonista en los hechos sucedidos en esa junta general de accionistas. Y la CNMV en su dictamen de 23 de diciembre también afirma lo mismo, que hubo colaboración entre Amber, SEPI y SAPA para no llegar a un desastre. Posteriormente, el señor
Oughourlian propuso la división en cachitos de la compañía, asunto del que nuestro grupo parlamentario alertó en su día. Las últimas noticias son las relativas a que el consejero delegado ha sido invitado a irse por no ajustarse al nuevo proyecto
de la compañía. Todo ello en nueve meses.
VOX ha presentado más de cincuenta iniciativas relativas a comparecencias, preguntas y solicitud de informes por estos hechos. El Gobierno lo que hace es responder que Indra es una empresa privada y que nada tiene que decir sobre ella, a
pesar de justificar que actualmente la SEPI tiene cuatro consejeros y el presidente de la compañía puestos por ella, así como más un 25 % de la compañía. Nada tiene que decir el Gobierno de una compañía de la que parece ser que no conoce ni que sus
propios consejeros pueden informar a la SEPI. Seis veces se ha solicitado la comparecencia de la presidenta de la SEPI para este asunto, sin que en ningún momento se haya aceptado.
Señorías, todo esto nos lleva a preguntarnos cuáles son las razones para que este Gobierno Sánchez no permita la comparecencia tanto de la ministra como de la presidenta de la SEPI para hablar sobre Indra. ¿Será para controlar Indra? ¿Será
para controlar la defensa? ¿Será para controlar la ciberseguridad? ¿O, incluso, el control de los procesos electorales incluido en el escrutinio, que está firmado hasta 2024? ¿Tienen algo que ocultar?
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Jiménez Revuelta.
Por parte del Grupo Parlamentario Ciudadanos no se va a intervenir.
¿Señor Bel? (Denegación).
¿Señor Guijarro? (Denegación).
El señor Elorriaga tiene la palabra.
El señor ELORRIAGA PISARIK: Gracias, presidente.
Intervengo brevemente para respaldar las solicitudes de comparecencia por una doble razón: una genérica, que ya es habitual en esta Comisión, donde las comparecencias escasean notablemente y se acumulan las solicitudes de los grupos
parlamentarios de la oposición para recibir explicaciones del Gobierno, como corresponde a la acción de control propia de esta Comisión, y una específica, en relación con la importancia del asunto que trae hoy el Grupo Parlamentario VOX, porque,
efectivamente, es sorprendente que en este mismo momento se esté celebrando en una sala inmediata a esta la Comisión de Asuntos Económicos y esté compareciendo el presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores para explicar si hay aquí
una operación concertada y no comparezca el Gobierno, que es el accionista de la empresa y que, por lo tanto, es el primero que debe saber si ha concertado o no la operación y, en segundo lugar, el que debe rendir cuentas e información ante el
Parlamento español por las decisiones que tome en su condición de accionista de una compañía privada cotizada en la CNMV.
No sé, y no tengo por qué afirmarlo, si ha habido o no una acción concertada, pero, de haberla habido, sería una actuación gravísima, en la que el máximo responsable sería el Ministerio de Hacienda en tanto que propietario del paquete de
acciones que permite controlar de facto la compañía. Por lo tanto, insisto y con esto termino, me parece que estas dos peticiones de comparecencia tienen todo el sentido y hubiese sido mucho más razonable recibir en esta Comisión las explicaciones
del tenedor de las acciones en nombre del Estado, antes que del regulador del mercado bursátil español, que nos da una perspectiva, sin duda, interesante, pero, en cualquier caso, complementaria de la principal.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Elorriaga.
Para finalizar este punto, tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Socialista el señor García.
El señor GARCÍA GÓMEZ: Gracias, presidente.
Sobre esta empresa, Indra, hemos hablado mucho, demasiado en el Congreso de los Diputados, porque es una empresa privada, y, cada vez que hablamos en sede parlamentaria de una empresa privada, algo no empieza a funcionar bien. En este caso
no tiene ningún sentido pedir la comparecencia de la ministra ni de la presidenta de la SEPI para hablar de una empresa privada, entre otras razones porque el regulador, es decir, la Comisión Nacional del Mercado de Valores, ya ha emitido con
claridad una resolución al respecto. Y si ya ponemos en duda no lo que diga el Gobierno o lo que pueda decir el Grupo Parlamentario Socialista, sino lo que dice el regulador, la Comisión Nacional del Mercado de Valores, entonces es que ya hemos
sobrepasado todos los límites razonables y estamos en la estrategia de deslegitimar a todas las instituciones, las políticas y las de los reguladores de los sectores económicos, y eso sí que empieza a ser ya preocupante.
Pero, por si alguien no lo ha leído, en el informe de 23 de diciembre de 2022 la CNMV lo dejó claro, y voy a señalar algunas de los extremos para que consten en el Diario de Sesiones. 'No existen suficientes indicios -dice la CNMV- que
permitan considerar dicho acuerdo como una opción concertada. Recae en el hecho de que la compañía ha concluido a finales del mes de noviembre un proceso de designación de nuevos consejeros independientes que, por los datos que se tiene en este
momento, supone que el peso en el consejo y los perfiles característicos de dichos consejeros independientes no han variado sustancialmente, más allá de la renovación de las personas concretas.' Es decir, no había nada oscuro en la renovación de los
consejeros. Y cuando alguien pone en duda la renovación del presidente del consejo de administración de Indra, la CNMV dice: 'No se han modificado las facultades del presidente no ejecutivo que en su día propuso SEPI. En todo caso, ha perdido
alguna de las facultades, por ejemplo, la del voto de calidad en el Consejo'. Dice más adelante el informe: 'Ninguno de los tres accionistas -hablando de los tres accionistas que propusieron la renovación de los consejeros- ha alcanzado una
participación de control a través de la designación de los consejeros en Indra'. Es decir, no hay ninguna duda, el informe es indubitable para todos lo que respetamos lo que el regulador dice. Por tanto, aquí solamente hay interés político en
mantener abierto este conflicto. El presidente de la CNMV está compareciendo en la sala contigua en la Comisión de Asuntos Económico y Transformación Digital para informar de este informe que acabo de leerles, señorías. Por tanto, no hay nada que
oponer a las actuaciones de los accionistas en esta empresa.
En segundo lugar, me gustaría dejar claro a las señorías de VOX que Indra es una empresa muy importante para este país. Si VOX apoya a una empresa que se va de este país porque dice que no se
sostiene la seguridad jurídica en este país, mal hace al poner en duda el futuro de Indra poniendo en duda hasta al regulador de la CNMV. Por eso, merece la pena que no utilicemos políticamente a esta empresa, porque es muy importante para
nuestro país. En el año 2022 sus resultados han sido magníficos: en términos de ingresos, un 14 % más que el año anterior, pero, en resultado antes de impuestos, tiene un resultado histórico, 300 millones de euros, un 18 % más que el año anterior,
y, en términos de accionistas mayoritarios y minoritarios, el dividendo que va a repartir este año la compañía es de 0,25 euros por acción. Es decir, ninguna de sus actuaciones se ha puesto en peligro por estos cambios en el consejo de
administración nada que tenga que ver con la rentabilidad de la empresa ni de los accionistas.
Concluyendo, señorías, no dañemos la imagen corporativa de Indra, no produzcamos en esta compañía un daño reputacional que pueda suponerla perjuicio por intereses espurios de algún grupo parlamentario, como VOX. Desacreditar a las
instituciones no está bien en un Estado democrático, pero, después de las actuaciones vividas en la moción de censura, todavía menos. ¿Alguien tiene duda de los resultados electorales cuando se producen en países desarrollados? Nadie, excepto
Trump en Estados Unidos y ya sabemos lo que pasó. Y aquí, en España, nadie ha puesto jamás en duda los resultados electorales, salvo VOX. Por tanto, señorías, saquen sus propias conclusiones.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor García.
- DE LA SEÑORA MINISTRA DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA (MONTERO CUADRADO), PARA INFORMAR SOBRE LAS URGENTES MEDIDAS QUE ADOPTARÁ PARA EVITAR QUE LA GESTIÓN ECONÓMICA DEL PRESIDENTE DE LA SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELÉGRAFOS, S.A. (CORREOS)
CONDUZCA A ESTA COMPAÑÍA PÚBLICA, INTEGRADA EN EL GRUPO SEPI, A UNA SITUACIÓN IRREVERSIBLE CON IMPORTANTE QUEBRANTO PARA LA HACIENDA PÚBLICA. A PETICIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 213/002577).
El señor PRESIDENTE: A continuación vamos a pasar a debatir el punto número 3.º, que es una solicitud de comparecencia de la ministra de Hacienda y Función Pública para informar sobre las urgentes medidas que adoptará para evitar que la
gestión económica del presidente de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos conduzca a esta compañía pública, integrada en el Grupo SEPI, a una situación irreversible, con importante quebranto para la Hacienda pública.
Para su defensa, tiene la palabra el señor Píriz, por el grupo proponente, el Grupo Parlamentario Popular.
El señor PÍRIZ MAYA: Gracias, señor presidente. Buenas tardes, señorías.
Esta que traemos aquí es la solicitud de una comparecencia con gran interés para los grupos y, como solo hay dos representados en la Mesa y el resto tendremos que tomar la decisión con nuestro voto, les pido atención a lo que les voy a
contar. Para empezar, el señor García me ha dado los argumentos para iniciar la intervención, ya que en el punto anterior ha dicho que no era apropiada la comparecencia solicitada porque la empresa era privada y tenía beneficios. Vamos a hablar de
Correos, que es pública y acumula mil millones de euros de pérdidas en los últimos cinco años. Hablamos de una empresa con 48 000 empleados, una de las empresas más importantes de este país, que sufrió la ensoñación de su presidente, la ensoñación
del jefe de gabinete de Pedro Sánchez, la de tener un avión amarillo volando para Correos, una ensoñación que acaba en desastre y en veinticinco millones de euros de pérdidas para todos los españoles, no solo para Correos.
Fíjense ustedes si es importante la solicitud de comparecencia que la ministra tiene que dar muchas explicaciones, y pedimos que las dé en sede parlamentaria, en esta Comisión. Tiene que dar explicaciones sobre el contrato que firmó el 15
de diciembre de 2021 con la empresa Ávoris, un contrato a todas luces irregular y que la justicia tendrá que decir si era ilegal y qué responsabilidad tiene cada uno en ese contrato. Se utiliza la fórmula del contrato piloto. Yo, que vengo del
mundo de la innovación, les puedo contar que es un contrato que única y exclusivamente se utiliza en el mundo de la I+D+i cuando no sabes qué resultado vas a obtener con una innovación. ¿Qué tiene de innovador poner un avión para volar con
mercancía a Hong Kong? Es un tipo de contrato que evita la concurrencia en el mismo. ¿Solo Ávoris puede volar a Hong Kong? ¿Qué decimos de OHL, Emirates, Air Europa o Iberia Cargo? Al ser un contrato piloto, no tiene pliego. Por tanto, no hay
competencia y no están definidos los plazos, lo que ha supuesto
un problema del que luego hablaré; no están definidas las características técnicas, otro problema que luego comentaré, y no están definidas ni las frecuencias ni los costes. No había nada definido porque era un simple contrato piloto entre
las partes.
Si se hubiera cumplido la ley -lo repito, si se hubiera cumplido la ley-, nada de lo que voy a contar hoy hubiera pasado, pero es que ha pasado. Hay una cláusula del contrato que dice: Todos los riesgos y resultados son asumidos por
Correos. Imagínense el resto de cláusulas del contrato del que estamos hablando; un contrato que ponía a disposición de Correos dos aviones para transportar carga, pero, señorías, dos aviones de pasajeros, con sus asientos y sus maleteros. ¿Cuál
era la operativa? La empresa puso a disposición de Correos un avión, un A330-200, de pasajeros; por tanto, los paquetes iban en la bodega. El contrato se firmó el 15 de diciembre y el primer vuelo no se produce hasta el mes de mayo del año
pasado, con una licencia LOPA 0, una licencia extraordinaria que se otorgó a nivel europeo por la pandemia. Esa licencia permitía a ese avión llevar mercancía en bodega y encima de los asientos, y así estuvo volando hasta que se le acabó la
licencia el 31 de julio de 2022. Ese día empieza a volar otro avión que pone la empresa a su disposición mientras que adecuaban el otro, es decir, le quitaban los asientos y los maleteros; un avión en el que solo podía ir la mercancía en la
bodega, de manera que hablamos del 50 % de la carga.
Ese es un contrato real, eso ha pasado en España, eso ha pasado en 2022 en una empresa pública. Es un avión de pasajeros, y por la puerta de pasajeros no caben los RAC con la paquetería, por lo que había que despaletizar y nuevamente volver
a paletizar dentro del avión. Lo que les estoy comentando es lo que exactamente pasó en Correos en 2022 o está pasando. Todo eso ha supuesto 16 millones de euros en un año de operativa; 16 millones de euros de pérdida, que se van a incrementar
hasta los 25. ¿Por qué? Porque el acuerdo incluye que Correos pagaba la renovación del avión por dentro para eliminar los asientos y los maleteros y la vuelta al estado original cuando acabara el contrato, como así ha sido, es decir, 4,5 millones
por esa transformación de medios y otros 4,5 millones por volver el avión a su estado original: 25 millones de euros.
Yo creo que a la ministra hay que hacerle muchas preguntas. ¿Hubo informe de los servicios jurídicos de Correos sobre el contrato? ¿La SEPI aprobó esta contratación? ¿Insistió la SEPI, por alguna razón que hoy desconocemos, en contratar
con Ávoris? ¿Los firmantes tenían poder para firmar? A mí me interesa saber si las dos personas que firman el contrato tienen poderes o no, si hubo un contrato previo al que firmaron esas dos personas firmado por el presidente de Correos o no.
Todas esas preguntas deberíamos hacérselas todos los grupos, no solo yo, a la ministra de Hacienda, que es la responsable, es la accionista principal de Correos.
La ministra decía hoy en el Pleno, hablando de las pérdidas de Correos, que no se conocía la subida del combustible. Oiga, cuando usted empieza la operativa de este avión en mayo ya estaban los precios del combustible por las nubes. ¿Cómo
que no se podía saber? Claro que se sabía que los precios ya estaban por las nubes, y no se hizo nada. Así y todo, se comenzó con el contrato, más allá de las cuestiones que supone la CNMC y la competencia que supone que Correos haya trabajado a
pérdidas durante un año transportando casi exclusivamente paquetería de una conocida marca china de ropa.
El señor PRESIDENTE: Vaya acabando, señor Píriz.
El señor PÍRIZ MAYA: Sí, voy acabando.
Esto es un escándalo; no sé si de corrupción, eso tendrán que decirlo el Tribunal de Cuentas o la Fiscalía. Lo que sí sé es que políticamente la ministra, que es la responsable, es la que debe dar explicaciones. Ella es la responsable de
la SEPI y ella es la que tiene que sentarse aquí con los diputados para que ejerzamos nuestra labor de control y podamos preguntarle sobre todo lo que pasó.
Acabo ya, señor presidente. A los grupos que apoyan al Gobierno: apoyar el Gobierno no es tapar los chanchullos de algunos. El Gobierno es el principal accionista de Correos. Apoyen nuestra petición: traigamos a la ministra aquí y que
explique todo lo que he relatado. Nosotros votaremos a favor de que así sea y espero que el resto de grupos también lo haga.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Píriz.
A continuación, por el Grupo Parlamentario VOX, interviene el señor Jiménez.
El señor JIMÉNEZ REVUELTA: Gracias, presidente.
Como bien hemos dicho y voy a volver a insistir, nos parece muy razonable la comparecencia de la ministra para hablar del asunto de Correos. Esta mañana, a preguntas de un diputado del Partido Popular, como bien ha dicho el señor Píriz, la
ministra se escudaba diciendo que se habían incrementado no solamente los combustibles, sino también el papel, y que Correos estaba en un proceso -así lo ha llamado- de transformación y diversificación. La realidad es que en el año 2022 Correos ha
tenido unas pérdidas de 270 millones y que en el año 2023 van a ser de 325 millones de euros. Estamos hablando, como bien decía el portavoz del Partido Popular, de una empresa estatal. La realidad es que cuando el Gobierno no comparece, en este
caso la ministra -en abril de 2021 fue la última vez que compareció-, no parece razonable que el portavoz del Partido Socialista pregunte por qué pedimos solicitudes de comparecencia. Es obligación por parte de la oposición la labor de control al
Gobierno. Siempre se escudan en que para eso están las preguntas orales del Pleno, pero lo que nosotros estamos solicitando en este caso es que la ministra comparezca ante esta Comisión. Hay más de cien comparecencias pendientes, e insisto en que
no viene desde el 22 de abril de 2021, ya va para dos años que la ministra no se digna en venir a esta Comisión. Eso es lo que realmente es llamativo y lo que debería sonrojar al Partido Socialista y a todos los diputados que se encuentran hoy en
esta Comisión.
Nada más. Muchísimas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Jiménez.
Para finalizar, el señor García tiene de nuevo la palabra, por el Grupo Parlamentario Socialista.
El señor GARCÍA GÓMEZ: Gracias de nuevo, presidente.
Es razonable que la oposición pregunte al Gobierno y controle al Gobierno, porque, si no lo hiciera, probablemente estaríamos en el régimen que más le gustaría a quienes impulsaron recientemente una moción de censura. Eso es lo razonable.
Por tanto, razonable ha sido que haya comparecencias de la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, como ha habido en el Pleno; eso es razonable. Ha habido comparecencias de la ministra de Hacienda y Función Pública, hasta seis en esta
Comisión, pero en el Pleno también. Ha habido preguntas en el Pleno; esta mañana, la última vez, señores del Partido Popular, señorías, y la presidenta de la SEPI ha contestado a todas las preguntas que se le han realizado sobre Correos, la última
vez, en la comparecencia para hablar de los presupuestos en la Comisión de Presupuestos. Por tanto, no es que no sea razonable, es que el Gobierno ha contestado a todo lo que la oposición le ha preguntado en relación con la empresa Correos, hasta
tal punto que esta mañana se lo decía claramente la ministra de Hacienda y Función Pública.
El problema no es que el Gobierno cumpla con su obligación de responder, es que ustedes no quieren entender lo que el Gobierno les dice o, peor todavía, ustedes lo que no quieren es que el Gobierno les responda lo que les responde. Claro,
si ustedes fueran Gobierno, responderían lo que ustedes consideraran oportuno, pero no le van a decir al Gobierno lo que les ha de responder, ¿verdad? Parece indudable que todo el sector de la paquetería está en transformación, que ha habido
cambios muy importantes a raíz de la pandemia, pero todas esas cuestiones para ustedes no son importantes. Para ustedes lo único importante es que comparezca cuantas veces ustedes quieran para que la ministra dé explicaciones. Las explicaciones
las tenemos, pero no quieren que sean esas explicaciones.
Yo les plantearía un ejercicio muy bueno para sus señorías que es repasar los balances de gestión de la empresa Correos en los años de Gobierno del Partido Popular y del señor Rajoy. El Partido Popular parece que va dando siempre lecciones
de gestión. Quiero recordarles, sin extenderme mucho, que todos los años de Gobierno del señor Rajoy el grupo Correos tuvo pérdidas. No es que ahora por primera vez en su historia tenga pérdidas, que las tiene y son razonablemente entendibles, es
que Correos, en la época del señor Rajoy, tuvo pérdidas todos los años. ¿Nos acordamos de eso, señor Píriz, o ya se le ha olvidado?
Sobre la gestión, me gustaría que se lo miraran tranquilamente, porque la situación con la que nos encontramos en la empresa pública Correos se resume en dos cuestiones en los años de Gobierno del Partido Popular: recortes de trabajadores y
de los derechos de trabajadores en Correos y devaluación de las condiciones en las que las empresas, y especialmente los autónomos que trabajan para Correos, hacían sus servicios. Por tanto, no sé si están en disposición de dar lecciones de
gestión.
Luego, con la gestión que dejó el señor Javier Cuesta al frente de Correos tampoco sé si tienen para sacar pecho. Es verdad que era ingeniero de Caminos; por tanto, era una persona muy cualificada, de estas personas de bien, evidentemente.
Debe ser que, por ser ingeniero de Caminos, abrió muchos caminos a las pérdidas de Correos, porque no abrió caminos a los beneficios. Como ustedes siempre
critican al actual presidente de Correos porque no es cartero, no creo yo que el señor Cuesta fuera, siendo ingeniero de Caminos, un experto en correos y paqueterías. Esto se lo digo porque están muy obsesionados con el actual presidente,
pero si miramos la gestión del presidente de Correos en la época del Partido Popular, puede que hasta pueda dar alguna lección el actual presidente de Correos.
Nada más y muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor García.
RATIFICACIÓN DE LA PONENCIA DESIGNADA PARA INFORMAR LA SIGUIENTE INICIATIVA LEGISLATIVA:
- PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY 58/2003, DE 17 DE DICIEMBRE, GENERAL TRIBUTARIA, EN TRANSPOSICIÓN DE LA DIRECTIVA (UE) 2021/514 DEL CONSEJO DE 22 DE MARZO DE 2021 POR LA QUE SE MODIFICA LA DIRECTIVA 2011/16/UE RELATIVA A LA
COOPERACIÓN ADMINISTRATIVA EN EL ÁMBITO DE LA FISCALIDAD. (Número de expediente 121/000139).
El señor PRESIDENTE: Como ya les he anunciado, dejamos para el final el punto de la elección del nuevo miembro del Consejo de Transparencia.
Como saben sus señorías, es necesario ratificar la Ponencia designada para informar el Proyecto de ley por la que se modifica la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en trasposición de las directivas ya mencionadas. ¿Puedo
entender que queda ratificada por asentimiento? (Asentimiento). Así lo entiendo.
APROBACIÓN CON COMPETENCIA LEGISLATIVA PLENA, A LA VISTA DEL INFORME ELABORADO POR LA PONENCIA SOBRE:
- PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY 58/2003, DE 17 DE DICIEMBRE, GENERAL TRIBUTARIA, EN TRANSPOSICIÓN DE LA DIRECTIVA (UE) 2021/514 DEL CONSEJO DE 22 DE MARZO DE 2021 POR LA QUE SE MODIFICA LA DIRECTIVA 2011/16/UE RELATIVA A LA
COOPERACIÓN ADMINISTRATIVA EN EL ÁMBITO DE LA FISCALIDAD. (Número de expediente 121/000139).
El señor PRESIDENTE: Pasamos al debate para la aprobación con competencia legislativa plena del Proyecto de ley por la que se modifica la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en trasposición de la Directiva de la Unión
Europea 2021/514 del Consejo de 22 de marzo de 2021, que a su vez modifica la Directiva 2011/16/UE relativa a la cooperación administrativa en el ámbito de la fiscalidad.
Por el Grupo Ciudadanos, interviene la señora Martínez. Tiene un tiempo de diez minutos.
La señora MARTÍNEZ GRANADOS: Muchas gracias, presidente.
Hoy traemos aquí para su aprobación la trasposición de una directiva europea que lo que persigue realmente es mejorar el intercambio de información y la cooperación administrativa en la Unión Europea y extenderla a nuevos ámbitos, en
particular, por lo que respecta a los operadores digitales, en una economía cada vez más digitalizada. En Ciudadanos siempre estamos por las medidas que persigan no recaudar necesariamente más, sino que se haga de una manera mejor y mucho más
eficiente, persiguiendo el fraude y tratando de evitarlo allí donde siempre tenga una potencialidad de producirse. Qué duda cabe que la economía digital, que nos rodea cada vez con más fuerza, puede constituir un pozo importante de fraude,
deslocalizaciones ficticias y ausencia de regulación que creemos que deben ajustarse. Además, esto lo estamos haciendo no solo en el Congreso de los Diputados con esta tramitación, sino también de la mano de Europa.
Encontramos positiva esta nueva regulación sobre los controles simultáneos que vienen consensuados a nivel europeo o, por ejemplo, también las inspecciones conjuntas, así como la nueva obligación de información a los operadores de
plataformas digitales. Asimismo, consideramos de interés las enmiendas introducidas por el Grupo Socialista que persiguen agilizar procedimientos como las declaraciones autorrectificativas, así como los cambios de la DAC6, que persiguen dar entrada
a los últimos pronunciamientos del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en este sentido. Solo haré una salvedad, y es la necesidad de que estén aprobadas las normas reglamentarias que deben desarrollar la nueva
obligación de información para las plataformas digitales antes de que dicha obligación entre en vigor, que estaba prevista para el 1 de enero de 2023 y, si no ha habido ninguna novedad y no estamos en un error, creemos que todavía carece de
desarrollo reglamentario.
Entendemos que no existe ninguna transaccional más, con lo cual, votaremos las enmiendas que toquen y, en principio, apoyaremos, si no hay cambios sustanciales, este proyecto de ley.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Martínez.
A continuación, por el Grupo Plural, el señor Bel tiene la palabra.
El señor BEL ACCENSI: Muchas gracias, presidente.
Nosotros vamos a apoyar esta iniciativa con todas aquellas enmiendas ya incorporadas en Ponencia, que tiene como objeto principal, como se ha dicho, la trasposición de la Directiva 2021/514, que viene a modificar la Directiva relativa a la
cooperación administrativa en el ámbito de la fiscalidad en el marco de la Unión Europea.
Les voy a llamar la atención -y se lo agradezco a todos los grupos que hicieron posible su incorporación en Ponencia- sobre una enmienda que habíamos presentado desde el Partit Demòcrata, que fue transaccionada con el Gobierno y apoyada
mayoritariamente por todos los grupos, porque se trataba de solucionar una situación injusta, anómala, que se había puesto de manifiesto a lo largo de los últimos años y que afectaba a los patrimonios protegidos de las personas con discapacidad.
Como ustedes saben, en el año 2003 se reguló, con la Ley 41/2003, la protección patrimonial de las personas con discapacidad y se modificó el Código Civil. Esto, en principio, generó una serie de beneficios fiscales que se aplicaban de
forma general y homogénea al conjunto del Estado español. A raíz de la aprobación del Libro Segundo del Código Civil de Cataluña en el año 2010, el propio Código Civil catalán reguló los patrimonios protegidos. Es verdad que se utilizó una fórmula
que no es idéntica a la que se establecía en la legislación nacional, porque en el Código Civil catalán los patrimonios protegidos no exigen la transmisión de la propiedad, ya que utilizan más el modelo anglosajón trust, aunque la finalidad,
obviamente, era la misma. Si bien en los primeros años de aplicación no hubo ningún problema, la Agencia Estatal de Administración Tributaria -ratificado por algunas sentencias en caso posterior- empezó a levantar actas por las cuales a aquellas
personas de vecindad civil catalana que se les aplicaba el Código Civil catalán y que constituían patrimonio protegido en favor de personas con discapacidad, mayoritariamente familiares, no se les aplicaba el mismo beneficio fiscal.
Me explico para que ustedes lo entiendan. Unos padres hacen una aportación de 10 000 euros para el patrimonio protegido de su hijo con discapacidad pensando que, cuando ellos falten, su hijo podrá tener las necesidades cubiertas. En el
conjunto del Estado español esto implicaba una reducción de la base imponible del IRPF de 10 000 euros. Cuando estos mismos padres residentes en Cataluña hacían la misma aportación de acuerdo con su vecindad civil, con la legislación civil que era
aplicable en Cataluña, si aplicaban la reducción de 10 000 euros en su base imponible -haciendo la aportación para que, cuando ellos faltasen, su hijo tuviese las necesidades cubiertas-, no podían deducirlo y generaba una situación de asimetría.
Esto se resuelve mediante la incorporación de una disposición adicional tercera a la Ley 41/2003, que establece que a todos los beneficios fiscales establecidos con arreglo a esta ley o a cualquiera otra normativa tributaria posterior y que
sean relativos a los patrimonios protegidos de personas con discapacidad se les aplicarán los mismos beneficios fiscales, independientemente de la legislación civil utilizada, especialmente la legislación civil de las diferentes comunidades
autónomas, siempre que lo hayan hecho de acuerdo con sus competencias constitucionales. Esto solventaría una situación que se tendría que haber arreglado con anterioridad.
En todo caso, se lo quiero agradecer, primero, a todos los que nos pusieron en alerta sobre esta situación, que esencialmente eran algunas de las familias afectadas. Se lo quiero agradecer a DINCAT, que es la entidad que engloba todas las
entidades que trabajan por el ámbito de la discapacidad en Cataluña. También quiero hacer un agradecimiento muy especial al Colegio de Notarios de Catalunya, que nos pusieron en alerta sobre esta situación y, gracias a ello, buscamos una solución
conjuntamente. Se lo quiero agradecer, asimismo, a la ministra de Hacienda -y es justo reconocerlo-, al secretario de Estado y a todo el equipo del ministerio, porque, en cuanto les pusimos en conocimiento esta situación, se hizo lo posible para
resolverla. Y, por último -y lo he dicho al principio-, a todos los grupos parlamentarios que mayoritariamente entendieron en Ponencia cuál era la situación y apoyaron esta enmienda transaccional.
Estamos resolviendo un problema que seguramente tendríamos que haber resuelto con anterioridad, pero dejarán de aplicarse estas interpretaciones que se hacían desde la Agencia Estatal de Administración Tributaria, que tenían -repito- amparo
en algunas sentencias, aunque no tuviesen ningún sentido lógico.
Muchísimas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Bel.
A continuación, por el Grupo Confederal de Unidas Podemos, el señor Guijarro tiene la palabra.
El señor GUIJARRO GARCÍA: Gracias, presidente. Buenas tardes.
No voy a agotar el tiempo de los diez minutos; voy a ser breve en la exposición, básicamente porque creo que las ideas que hay que trasladar son relativamente pocas, sencillas, pero muy relevantes.
Desde mi grupo parlamentario nos hemos quejado habitualmente por la tardanza con que se materializan determinados debates que se dan en el ámbito de la OCDE y lo que cuesta que los resultados de estos debates se conviertan, finalmente, en
texto legislativo. En ese sentido, uno de los trabajos que hemos seguido con más interés en el marco de la OCDE es el proyecto BEPS, que, como ustedes saben, está, en parte, en el origen de estas iniciativas. Habitualmente -como he dicho-, nos
habíamos quejado de la falta de una traslación real, efectiva y operativa al mundo de las leyes. No es este el caso, porque estamos hablando de una directiva aprobada en el año 2021 y creo que el Gobierno español ha demostrado una celeridad digna,
puesto que era importante trasladar cuanto antes un texto de estas características. Un texto que, por lo demás, lo que hace básicamente -y en eso confiamos- es proporcionar herramientas de lucha contra la evasión fiscal y la elusión. Se trata
básicamente de mejorar el marco existente para el intercambio de información y la cooperación administrativa, y esto, sin duda, es evidente que tiene visos de mejorar los niveles de recaudación de nuestra Hacienda pública y, en general, podemos
confirmar que estas medidas van a permitir engrasar un poco mejor la máquina administrativa no solo en España, sino también en el resto de países en los que se aplique esta directiva, de lo cual nos congratulamos.
¿Por qué creamos que se va a engrasar? Porque se define el concepto de inspección conjunta, se delimita bien a qué nos referimos con este concepto y la idea de que en esta definición quede muy claro que la regulación aplicable en territorio
español será siempre la legislación española y que se establecerán mecanismos de colaboración y de cooperación con otras administraciones.
Otro de los motivos que nos hace pensar que esto va a engrasar mejor la máquina administrativa es que se establece una nueva obligación de suministro de determinada información. Esto va a permitir cruzar más datos y mejor a la Agencia
Tributaria y a otras instancias, lo que, en general, mejorará el control y, por lo tanto, la eficacia de su quehacer.
Finalmente, se regula el régimen sancionador concerniente a los diferentes ámbitos materiales relativos a la obligación; esto es, el suministro de información, diligencia debida y registro, algo en lo que también hemos insistido en otros
debates legislativos, en el sentido de que la ley, en muchos casos, queda en papel mojado si no va acompañada de un régimen sancionador que la haga efectiva.
Para terminar, planteo algunas ideas. Creo que los estudios académicos sobre fraude fiscal ya han señalado que el cumplimiento aumenta cuando la Administración tributaria mejora su nivel de información, su nivel de gestión y su nivel de
control; por lo tanto, es difícil hacer una cuantificación real de cuánto va a impactar esto en términos recaudatorios, pero, como digo, confiamos en que el impacto sea importante en términos cuantitativos; aunque, sobre todo, subrayamos el efecto
cualitativo de que da al Gobierno un mejor armazón, unas herramientas más consolidadas, más robustas, para que pueda ejercer sus labores de control.
Por lo demás, quiero insistir en que es imprescindible apostar por una serie de medidas organizativas y operativas esenciales que aseguren la reducción del fraude fiscal en el conjunto del Estado. Diría que esta es una condición sine qua
non para garantizar la supervivencia a medio y largo plazo de nuestro Estado de bienestar.
Quiero destacar que todavía hay dos iniciativas legislativas en trámite en esta Cámara que de alguna forma creo que vienen a complementar y que pondrían punto y final en esta legislatura a lo que ha venido haciendo el Gobierno para reducir
los niveles de elusión; una, evidentemente, tiene que ver con la tramitación del Proyecto de ley de Función pública, el cual creemos que va a reforzar el músculo funcionarial, que, como digo, permite un mejor control de los procesos; y luego está
la idea de que se agilicen los trabajos para un desarrollo normativo del tipo mínimo del 15 % en sociedades. Me parece que
es una herramienta básica, insisto, no tanto por motivos recaudatorios -que también, sin duda-, sino, sobre todo, por motivos de control y de transparencia.
Por lo demás, querría agradecer al ministerio la diligencia en la tramitación de este proyecto. Creo que también han sabido, como en otras ocasiones, escuchar y ser flexibles, y confiamos en que la implementación de esta ley se haga cuanto
antes.
Muchas gracias, presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Guijarro.
A continuación, por el Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra de nuevo el señor Jiménez.
El señor JIMÉNEZ REVUELTA: Gracias, presidente. Señorías, de nuevo, buenas tardes.
Como han dicho otros portavoces, este proyecto de ley traía como trasposición una directiva comunitaria, la llamada DAC7, para realizar inspecciones conjuntas e intercambio de información. Pero, como nos tiene acostumbrados el Gobierno, a
cada proyecto de ley le suele incorporar enmiendas; enmiendas que, por cierto, se incorporaron durante la Ponencia y algunas de las cuales me gustaría señalar, porque no se han mencionado por ninguno de los de los grupos parlamentarios que me han
precedido en el uso de la palabra. La primera de ellas es el veto que se produjo en la Ponencia sobre una enmienda del Partido Popular, con lo cual no estamos de acuerdo, no solo por vetar esa enmienda, que nos parecía muy razonable, porque tiene
que ver con los intereses que cobra el contribuyente y que se van a declarar ahora como renta en general. Hay que recordar que esto viene por un cambio jurisprudencial de la sentencia del Tribunal Supremo de 2023 y que fue un criterio que se cambió
por la mínima: de cinco magistrados que había entonces, tres lo apoyaron y dos estuvieron en contra. Veremos el recorrido que tiene esto.
En segundo lugar, voy a hablar de las enmiendas que se han incorporado y que ni siquiera se van a votar, sino que están ya en el informe de la Ponencia. Una de ellas es sobre la potestad que se le va a dar a la Agencia Tributaria para
solicitar el registro a los titulares reales. Me sorprende esta enmienda, porque no sé si saben sus señorías que la AEAT contaba ahora mismo con el registro de titularidad real del Registro Mercantil; es decir, a través de una obligatoriedad
contenida en la Orden 319/2018, de 21 de marzo, la Agencia Tributaria ya tiene acceso al Registro Mercantil; en el Registro Mercantil, como saben sus señorías, se depositan las cuentas anuales, que, por cierto, son públicas; en esas cuentas
públicas anuales hay un documento en el que aparece el nombre del titular real, que sería aquel que tiene más de un 25 %. No entiendo por qué ahora la Administración tributaria desea que sea el contribuyente el que le facilite esa titularidad real.
La segunda enmienda de la que me gustaría hablar y que se ha incorporado trata del procedimiento de autoliquidación. Ya nos lo vino a decir aquí el secretario de Estado el mes pasado en su comparecencia. Esta enmienda sí nos parece
razonable. Veremos cómo se organiza ese modelo de autoliquidación, que viene a facilitar que las rectificativas y las complementarias se hagan en un solo modelo de autoliquidación.
La tercera enmienda -y nos parece tremendamente llamativo que ningún grupo parlamentario haya hablado de ella- es sobre la entrega por parte del contribuyente de la contabilidad. Aquí sí que tenemos bastante que decir, porque nos parece un
abuso por parte de la Agencia Tributaria, puesto que el procedimiento inspector ya tiene esa capacidad. Es más, el artículo que se quiere modificar habla de que se va a permitir el examen de la contabilidad solo a los efectos de constatar la
coincidencia entre lo que figure en la misma y la información que obra en poder de la Agencia Tributaria, incluida la obtenida en el procedimiento. Vuelvo a insistir en que la Administración tributaria tiene acceso al Registro Mercantil, y en el
Registro Mercantil, como saben sus señorías, se depositan también los libros contables, que son públicos y se pueden solicitar, con lo cual, tendría acceso a esa contabilidad. Además, lo gracioso de esto es que, encima de facilitar la contabilidad,
en el informe de Ponencia el artículo que se quiere modificar habla de que en la tramitación de la comprobación limitada lo que va a suceder es que la contabilidad será examinada en el domicilio, local, despacho u oficina del obligado tributario o
en presencia del mismo. Lo que me sorprende y me resulta llamativo es que un inspector o un agente tributario del órgano de gestión venga a la empresa o al despacho a consultar la contabilidad.
Sí quiero decir -y lo he dicho muchas veces- que bastante tiene ya el contribuyente con lo que está sucediendo hoy en día como para que, encima, se tenga que entregar la contabilidad. Aquí todo el mundo parece que está facilitando la labor
a Hacienda y no facilitando la labor al contribuyente. Esto, sinceramente, no lo entiendo. Creo que nosotros estamos aquí para intentar facilitar la vida a los españoles y, sobre todo, a las empresas, comercios o autónomos, que ven cada día cómo
Hacienda, paulatinamente, a través de requerimientos, les obliga a tener que estar haciendo constantes virguerías para que, al final, se salga con la suya. No digo que sea por algo aleatorio, pero sí es verdad que multitud de veces muchos
contribuyentes se ven perseguidos por la Agencia Tributaria. Con esto, lo que vamos a hacer es facilitarle mucho más a la Agencia Tributaria esa persecución del contribuyente.
Por último, con respecto a la enmienda de la que ha hablado el señor Ferran Bel, del PDeCAT, tenemos que manifestar nuestra contrariedad con que se haya incorporado en el informe de Ponencia. Además, quiero constatar y manifestar que
nosotros nos negamos a incorporar esas enmiendas. Nos hubiese gustado que se hubieran votado aquí en la Comisión, pero lo que resulta llamativo es que una comunidad autónoma, en este caso la que representa el señor Bel, tenga una prioridad sobre
otras regiones. Además, en nuestro grupo parlamentario consideramos que puede ser inconstitucional y, desde luego, pediremos un informe para constatar si este hecho es así o no.
Con esto termino. Muchas gracias, presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Revuelta.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Elorriaga.
El señor ELORRIAGA PISARIK: Muchas gracias, presidente. Yo también procuraré ser breve.
Efectivamente, con carácter general, la trasposición de esta directiva ofrece, en principio, pocos problemas y viene, de alguna manera, obligada. Por eso, las enmiendas que habíamos planteado atienden a cuestiones muy concretas, que trataré
de explicar. En primer lugar, haré referencia a la que ha resultado vetada. Una vez más, creo que corresponde denunciar en la Comisión y, por tanto, con luz y taquígrafos, la que es ya una práctica constante del Gobierno de impedir el debate
político abierto y en sede parlamentaria de cuestiones perfectamente razonables y que están en la actualidad diaria de todos los españoles. Como se ha dicho con mucha exactitud, un muy reciente cambio jurisprudencial hace que, a partir de ahora, en
principio, los intereses de demora tengan que ser computados como ingresos en los impuestos directos. Esto cambia una doctrina muy consolidada del Tribunal Supremo, y, en consecuencia, es evidente que no podía estar previsto como ingreso en los
Presupuestos Generales del Estado. Por tanto, alegar que supone una minoración de ingresos resulta realmente sorprendente.
Pero, al margen de esta cuestión, me parece que el fondo del asunto tiene el máximo interés. Me atrevería a decir que es un debate escasamente político, es decir, que es rigurosamente técnico si los intereses de demora tienen o no
naturaleza indemnizatoria y si deben ser o no considerados renta o ingreso en los impuestos directos, por tanto, me resulta muy sorprendente que se impida el debate de esa enmienda en esta Comisión.
En relación con el resto de las enmiendas vivas, tienen una característica común que quiero resaltar. En la trasposición que se propone en el proyecto de ley de la directiva se apuran los márgenes de esta directiva para colocar en la
posición más prevalente a la Administración frente al contribuyente que cupiese encajar dentro de ella, y el sentido de nuestras enmiendas es muy claro: mantener o tratar de establecer un equilibrio razonable entre las potestades administrativas
públicas necesarias para el correcto ejercicio de las funciones de control tributario, pero también la defensa de los derechos de los contribuyentes y la naturalidad y el equilibrio en la relación entre ambas partes. ¿Por qué digo esto? Porque son
muy concretas y de naturaleza más bien muy técnica, pero no por ello menos importante.
En primer lugar, ¿qué proponemos? Sorprende que en el texto que se trae a debate se diga que emitido un informe por parte de la Administración tributaria, un informe que afecta directamente al contribuyente, puesto que es sobre el que se
harán posteriormente las liquidaciones que correspondan, se le dé a la Administración un plazo de seis meses para notificárselo al contribuyente. No existe ninguna razón entendible de por qué un informe firme y conocido, que va a ser aplicado al
contribuyente, necesita seis meses para ser comunicado; parecería bastante más lógico comunicarlo en un plazo razonable de diez o quince días y ya está.
Segundo, que sea impugnable, porque entra dentro de la práctica normal de nuestro derecho administrativo y del derecho especial administrativo en materia tributaria, es decir, que se deje con claridad y, como es natural en un acto de trámite
del cual se derivan inmediatamente obligaciones de pago, que puedan ser impugnables en las sucesivas fases.
En otro punto, en cuanto a otra de las enmiendas, la directiva establece el rango de tiempo por el cual se puede obligar a las plataformas a mantener los datos que se les exigen a través de esta directiva, y se dice en la directiva que ese
plazo podrá ir de seis a diez años. La norma que se traspone escoge diez años, el máximo que permite la directiva, pero estos diez años son bastante extraños al ordenamiento jurídico español, donde la capacidad de comprobación de la Administración
tributaria es de cuatro años y donde la obligación de conservación de la contabilidad, con carácter general, es de seis años. Luego si la Administración no puede liquidar a partir del cuarto año y la obligación de mantener la contabilidad es de
seis, no se entiende por qué se obliga a las plataformas a mantener, durante nada menos que una década, vivas y en funcionamiento las aplicaciones informáticas con las que trabaja habitualmente, para poder ofrecer diez años después a la
Administración tributaria una información cuyo uso no se sabe cuál es, porque desde luego no es el de la revisión de los actos administrativos, que serán a estas alturas ya completamente firmes. Por tanto, insisto, son todas cosas muy técnicas que
lo que pretenden es mantener un equilibrio razonable en la relación entre la Administración tributaria y el contribuyente, que creo que es una obligación por la que deberían velar estas Cortes Generales.
Por lo demás, hemos respaldado las enmiendas introducidas en el trámite de ponencia porque nos parecían todas básicamente bien orientadas, y no respaldaremos una enmienda viva que queda de Esquerra Republicana de Catalunya, cuyo contenido no
compartimos.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Elorriaga.
Y, para finalizar el debate de este punto, por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la señora Blanquer.
La señora BLANQUER ALCARAZ: Muchas gracias, presidente.
Señorías, en primer lugar, quiero agradecer el tono de todos los miembros de la Comisión y que vayamos a proceder a la aprobación, con competencia legislativa plena, del proyecto de ley que traspone, como bien decían, la directiva de
cooperación administrativa en el ámbito de la fiscalidad, conocida como DAC 7, que viene a incorporar y mejorar nuevos procedimientos de cooperación, comunicación e información entre las autoridades tributarias nacionales de los Estados miembros de
la Unión Europea.
Es un proyecto de ley en el que, a iniciativa del Gobierno y con el amplio acuerdo mayoritario de los grupos parlamentarios, incorporamos cambios de la Ley General Tributaria, con los que sin ningún lugar a dudas España avanza en la continua
adaptación a los nuevos retos que supone la digitalización de la economía y mejoramos también la asistencia y control al contribuyente.
En primer lugar, avanzamos en cooperación administrativa, avanzamos en un modelo integrado de agencias tributarias ante un modelo cada vez más digitalizado y globalizado. ¿Y cómo lo hacemos? Pues avanzamos en coordinación internacional al
incorporar en esta ley también la comunicación obligatoria de información para abordar mecanismos de elusión... (Rumores).
El señor PRESIDENTE: Señorías, un poco de tranquilidad. No se oye bien a la portavoz que está interviniendo.
La señora BLANQUER ALCARAZ: Decía que avanzamos en coordinación internacional al incorporar también en esta ley la comunicación obligatoria de información para abordar mecanismos de elusión y sobre las estructuras extraterritoriales opacas,
en base a la suscripción por parte de España del acuerdo multilateral entre autoridades competentes en el seno de la OCDE. Avanzamos en coordinación europea al incorporar la obligación de intercambiar información con los otros países de la Unión
Europea, obtenida a través de los operadores de plataformas digitales, operadores a los que se les obliga a suministrar a la Administración tributaria información sobre la renta obtenida a través de las plataformas digitales en los términos que se
regulan en la directiva, y también el modelo de reglas de comunicación del acuerdo multilateral suscrito en el ámbito de la OCDE. Se refuerza la regulación relativa a la presencia de funcionarios de otros Estados miembros en España y viceversa, así
como a los controles simultáneos que puedan llevarse a cabo, reconociéndoles también la capacidad de participación a través de medios de comunicación electrónicos. Se garantiza la seguridad jurídica con la regulación de las inspecciones conjuntas
de varios Estados sobre un mismo contribuyente. Se trata de una cooperación administrativa útil en el ámbito de la fiscalidad, que permite un mejor control, que puede facilitar actos de regularización, en cuyo caso los contribuyentes afectados -sí,
señorías- cuentan con el correspondiente trámite de audiencia o alegaciones de acuerdo a la normativa vigente.
El plazo de conservación de la documentación por parte de los operadores de plataformas de diez años se ajusta a la directiva, y es conveniente a la vista de las situaciones complejas que la digitalización de la economía puede plantear, por
lo cual votaremos en contra de las enmiendas del Partido Popular.
A efectos recordatorios, la DAC 7 que trasponemos se trata de la séptima revisión de la Directiva de 2011, que nació con el objetivo de detectar rentas ocultas obtenidas en otros países y combatir los distintos tipos de fraude, evasión y
elusión fiscales, y con ello, desde luego, lo que estamos haciendo es
proteger los legítimos derechos de tributación de los países. No sabemos exactamente el impacto que va a tener la trasposición de esta directiva y, por tanto, de esta ley, pero sabemos que la cooperación administrativa ha supuesto ya nuevos
ingresos para las arcas del Estado. Cabe destacar que con la información recibida en virtud de la DAC 1, por ejemplo, se han generado ingresos por un importe conjunto desde 2019 de más de 152 millones; o, por ejemplo, como consecuencia de las
actuaciones de comprobación, en 2021 permitieron liquidar más de 540 millones de euros a partir de la Unidad Central de Coordinación del Control de Patrimonios Relevantes creada en 2018, y que con la colaboración de la Oficina Nacional de Fiscalidad
Internacional y de las demás delegaciones de la Agencia Tributaria se han conseguido ajustes en bases imponibles por importe total de 5578 millones de euros, un 81,3 % más que el año anterior. Por tanto, son ingresos aflorados que ayudan a
financiar políticas públicas y una cooperación útil entre administraciones que debe continuar mejorando, como lo hace con esta ley, en todos los ámbitos de la fiscalidad y adaptándose a la realidad económica. De hecho, me gustaría también
manifestar que en el Grupo Parlamentario Socialista consideramos prioritarias la DAC 8 y la DAC 9, que ya están en debate. Nuestro Gobierno está liderando el debate en la Comisión Europea para afrontar los nuevos riesgos de evasión fiscal que
suponen los criptoactivos y las nuevas necesidades de intercambio de información para la ejecución de la imposición mínima global societaria del 15 %, acordada por unanimidad en el seno de la Unión Europea.
Desde luego, el Gobierno de España está haciendo un gran esfuerzo para impulsar nuevas directivas y también para hacer la trasposición lo más rápido posible. Es verdad que es una evidencia que los cambios tecnológicos avanzan a una
velocidad mucho más rápida que los cambios normativos, que siempre están condicionados a la unanimidad política en Europa y a la seguridad jurídica. De hecho, en esta ley tenemos que incorporar la adaptación de la regulación de la trasposición de
la DAC 6 en España, sobre la base de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 8 de diciembre de 2022, con el objeto de preservar el derecho fundamental del secreto profesional que ampara a algunos intermediarios.
En segundo lugar, en esta ley, y a través de la ponencia, hemos mejorado la asistencia al contribuyente con la incorporación de un modelo único de autoliquidaciones rectificativas, con independencia del resultado de estas, por lo que se
facilita que si un contribuyente se equivoca al presentar la declaración de un impuesto puede modificarla, completarla o rectificar el error de forma más sencilla, sin necesidad de esperar a una resolución administrativa previa.
Y, en tercer lugar, mejoramos también los procedimientos de comprobación, la eficiencia de la declaración de la responsabilidad y el control de riesgo del conflicto de interés en los procedimientos que ejecutan el Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia.
Si el Grupo VOX hubiera leído las enmiendas y hubiera leído la justificación de estas, no tendría las dudas que ha manifestado en su intervención, porque mejoramos los procedimientos y todas estas cuestiones. ¿Cómo? Reconociendo a la
Administración tributaria la facultad para comprobar la contabilidad mercantil, a los efectos de constatar la coincidencia entre lo que figura en ella y la información que obra en poder de la Administración. En segundo lugar, unificamos en los
órganos de recaudación la competencia para iniciar y resolver el procedimiento de declaración de responsabilidad, con independencia del momento en que dicha declaración se produzca. Y, en tercer lugar, se obliga a la comunicación de las personas
jurídicas o entidades de la identificación de los titulares reales de las mismas, precisamente con el objetivo de controlar mejor el riesgo del conflicto de interés en los procedimientos que se ejecutan en el Plan de Recuperación, Transformación y
Resiliencia en el caso del programa Minerva.
Con respecto al veto a la enmienda presentada por el Grupo Popular, cabe mencionar dos cuestiones. En primer lugar, el veto no se produce en la ponencia sino que se produce en la Mesa de esta Comisión. El Gobierno legítimamente puede vetar
cualquier enmienda que suponga reducción de ingresos, y sobre la base de esta capacidad la enmienda fue vetada. En segundo lugar, cierto es que el tema es controvertido, porque han existido varias sentencias del Tribunal Supremo, pero lo que nadie
puede negar es que la más reciente es la del 12 de enero del 2023, que afirma claramente que los intereses de demora deben ser considerados como ganancias patrimoniales, por tanto, gravados en renta y, en consecuencia, su modificación supondría una
reducción de ingresos y, por ello, se puede vetar.
Por todo lo expuesto, es normal que el Grupo Parlamentario VOX se manifieste siempre en contra, que no aceptara las enmiendas que mayoritariamente aceptaron todos los grupos, porque desde luego el Grupo Parlamentario VOX ha demostrado que
siempre va en contra de la mayoría social, va en contra de las instituciones y, una vez más, va en contra también de los intereses de la mayoría social representada también en la defensa de la recaudación que hace la Agencia Tributaria, que creo que
se merece el respeto que usted no ha tenido en su intervención.
Termino, señorías, agradeciendo el voto positivo de la mayoría de los grupos parlamentarios, porque esta ley, desde luego, avanza en coordinación de las agencias tributarias, avanza en protección de los ingresos tributarios, en eficiencia,
en asistencia y en control del contribuyente y, por tanto, votaremos a favor del informe de la ponencia y votaremos en contra de las enmiendas que quedan vivas.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Blanquer.
Señorías, en un minuto votamos. (Pausa).
ACUERDO SOBRE LA CELEBRACIÓN DE LAS SIGUIENTES COMPARECENCIAS (VOTACIÓN):
- DE LA SEÑORA PRESIDENTA DE LA SOCIEDAD ESTATAL DE PARTICIPACIONES INDUSTRIALES, SEPI (GUALDA GONZÁLEZ), PARA DAR CUENTA DE LOS PROCESOS DE ADQUISICIÓN DE ACCIONES DE INDRA SISTEMAS EN EL EJERCICIO 2022, DE LAS DECISIONES TOMADAS POR PARTE
DE LA SEPI EN LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS CELEBRADA LOS DÍAS 22 Y 23/06/2022, Y DE LA INFORMACIÓN CORPORATIVA Y DE NEGOCIO DE LA QUE DISPONE LA COMPAÑÍA. A PETICIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO VOX. (Número de expediente 212/002989).
El señor PRESIDENTE: En la votación a efectuar hemos dejado para el final la elección del miembro del Consejo de Transparencia, no por mantener la tensión, sino porque, como es lo más complicado, hay que levantarse y demás cuestiones, es
simplemente por una cuestión de organización. Así que pasamos a votar la aprobación o rechazo de las siguientes comparecencias. La primera, la de la presidenta de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, para dar cuenta de los procesos
de adquisición de acciones de Indra Sistemas en el ejercicio 2022, de las decisiones tomadas por la SEPI en la Junta General de Accionistas celebrada el día 22 y el día 23 de junio del 2022 y de la información corporativa y de negocio de que dispone
la compañía.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15; en contra, 21.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
- DE LA SEÑORA MINISTRA DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA (MONTERO CUADRADO), PARA DAR CUENTA DE LOS OBJETIVOS QUE PRETENDE CONSEGUIR EL GOBIERNO CON LA COMPRA DE ACCIONES DE INDRA SISTEMAS PARA ALCANZAR EL 28 % DE LA COMPAÑÍA, ASÍ COMO DE LAS
DECISIONES QUE SE PRETENDEN IMPONER EN SU JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS Y EN SU CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN. A PETICIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO VOX. (Número de expediente 213/002110).
El señor PRESIDENTE: Comparecencia de la ministra de Hacienda y Función Pública para dar cuenta de los objetivos que pretende conseguir el Gobierno con la compra de acciones de Indra Sistemas para alcanzar el 28 % de la compañía, así como
de las decisiones que se pretenden imponer en su junta general de accionistas y en su consejo de administración.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15; en contra, 21.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
- DE LA SEÑORA MINISTRA DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA (MONTERO CUADRADO), PARA INFORMAR SOBRE LAS URGENTES MEDIDAS QUE ADOPTARÁ PARA EVITAR QUE LA GESTIÓN ECONÓMICA DEL PRESIDENTE DE LA SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELÉGRAFOS, S.A. (CORREOS)
CONDUZCA A ESTA COMPAÑÍA PÚBLICA, INTEGRADA EN EL GRUPO SEPI, A UNA SITUACIÓN IRREVERSIBLE CON IMPORTANTE QUEBRANTO PARA LA HACIENDA PÚBLICA. A PETICIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 213/002577).
El señor PRESIDENTE: Comparecencia de la ministra de Hacienda y Función Pública para informar sobre las urgentes medidas que adoptará para evitar que la gestión económica del presidente de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos conduzca a
esta compañía pública integrada en el grupo SEPI a una situación irreversible, con un importante quebranto para la Hacienda Pública.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15; en contra, 21.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
APROBACIÓN CON COMPETENCIA LEGISLATIVA PLENA, A LA VISTA DEL INFORME ELABORADO POR LA PONENCIA SOBRE (VOTACIÓN):
- PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY 58/2003, DE 17 DE DICIEMBRE, GENERAL TRIBUTARIA, EN TRANSPOSICIÓN DE LA DIRECTIVA (UE) 2021/514 DEL CONSEJO DE 22 DE MARZO DE 2021 POR LA QUE SE MODIFICA LA DIRECTIVA 2011/16/UE RELATIVA A LA
COOPERACIÓN ADMINISTRATIVA EN EL ÁMBITO DE LA FISCALIDAD. (Número de expediente 121/000139).
El señor PRESIDENTE: A continuación, pasamos a votar las enmiendas del Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
Votación de las enmiendas que han quedado vivas, que son las siguientes. En primer lugar, la número 13, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana de Catalunya.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 2; en contra, 33; abstenciones, 1.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmienda número 14, del Grupo Parlamentario Popular.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 14; en contra, 20; abstenciones, 2.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmienda número 15, del Grupo Parlamentario Popular.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15; en contra, 21.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Y enmienda número 16, del Grupo Parlamentario Popular.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 14; en contra, 21; abstenciones, 1.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votación del informe de la Ponencia, en los términos en los que está, al no haberse aprobado ninguna enmienda.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 22; en contra, 5; abstenciones, 9.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Queda aprobado, por lo tanto, por esta Comisión, que tiene competencia legislativa plena, el Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en transposición de la Directiva de la Unión Europea
2021/514 del Consejo de 22 de marzo de 2021, por la que se modifica a su vez la Directiva 2011/16 de la Unión Europea, todo ello relativo a la cooperación administrativa en el ámbito de la fiscalidad.
Este acuerdo se remitirá al Senado a los efectos previstos en el artículo 90.1 de la Constitución.
PROPUESTA POR LA COMISIÓN DEL VOCAL DE LA COMISIÓN DE TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO:
- ELECCIÓN DEL VOCAL AL QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 36 DE LA LEY 19/2013, DE 9 DE DICIEMBRE, DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y BUEN GOBIERNO Y EL ARTÍCULO 14.1.A) DEL ESTATUTO DEL CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO,
APROBADO POR EL REAL DECRETO 919/2014, DE 31 DE OCTUBRE. A PROPUESTA DEL GOBIERNO. (Número de expediente 276/000024).
El señor PRESIDENTE: A continuación, pasamos al punto que hemos pospuesto, que es el siguiente: la propuesta por la Comisión del vocal de la Comisión de Transparencia y Buen Gobierno. Como ya les
dije, en la Mesa y junta de portavoces que se celebró, procede elegir al vocal al que se refiere el artículo 36 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.
Tras comprobar que hay quorum suficiente para celebrar esta votación, vamos a proceder a la elección de la persona que el Congreso de los Diputados proponga como vocal de la Comisión de Transparencia y Buen Gobierno. Se ha seguido el
procedimiento que se anunció en la Mesa y junta al que he hecho referencia antes y hay tres propuestas de candidatos, que entiendo que mantienen su propuesta y nadie la retira. ¿Es así? (Asentimiento).
La primera es una propuesta del Grupo Parlamentario Socialista en favor del diputado don Valentín García Gómez. La segunda es una propuesta del Grupo Parlamentario Ciudadanos en favor del diputado don Juan Ignacio López-Bas Valero. Y la
tercera es una propuesta del Grupo Parlamentario VOX a favor de don Eduardo Luis Ruiz Navarro.
Por lo tanto, como nadie retira su candidatura, vamos a proceder al llamamiento por el señor letrado de los miembros de esta Comisión, que tendrán que ir disponiendo en la urna la papeleta.
Cuando quiera, señor letrado.
Por el señor letrado se procede al llamamiento de las señoras y los señores diputados, quienes van depositando su papeleta en la urna.
Terminada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: ¿Alguien falta por votar que no haya sido nombrado? (Denegaciones). Vamos a proceder al escrutinio.
Verificado el escrutinio, dijo
El señor PRESIDENTE: Señorías, efectuado el escrutinio, arroja el siguiente resultado: don Valentín García Gómez, 20; don Juan Ignacio López-Bas Valero, 1; don Eduardo Luis Ruiz Navarro, 5; en blanco, 9.
Por lo tanto, la Comisión comunicará el nombre de don Valentín García Gómez a la presidenta de la Cámara para que traslade dicha elección a la Comisión de Transparencia y Buen Gobierno. Así que enhorabuena, señor García. (Aplausos).
Finalizado este punto, procedo a levantar la sesión. Buenas tardes.
Eran las seis y cinco minutos de la tarde.