CORTES GENERALES


DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS


COMISIONES

Año 2023 XIV LEGISLATURA Núm. 863

TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y RETO DEMOGRÁFICO

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JUAN ANTONIO LÓPEZ DE URALDE GARMENDIA

Sesión núm. 44

celebrada el miércoles,

8 de marzo de 2023

ORDEN DEL DÍA:


Comparecencia del señor secretario de Estado de Medio Ambiente (Morán Fernández), para informar sobre el procedimiento de determinación de afección ambiental para proyectos de energía renovables de los artículos 22 y 23 del Real Decreto-ley
20/2022. A propuesta del Gobierno. (Número de expediente 212/002913) ... (Página2)


Preguntas:


- Del señor Rego Candamil, del Grupo Parlamentario Plural, sobre proyecto de regeneración del complejo duna-marisma de la playa Grande de Miño (procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta escrita número de expediente 184/085487).
(Número de expediente 181/001873) ... (Página24)


- Del señor Rego Candamil, del Grupo Parlamentario Plural, sobre previsiones acerca de si el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico respetará las competencias de la Xunta de Galicia descartando la autorización de los
65 proyectos de parques eólicos informados negativamente (procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta escrita número de expediente 184/090034). (Número de expediente 181/002000) ... (Página24)

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Se abre la sesión a la una y treinta minutos de la tarde.


COMPARECENCIA DEL SEÑOR SECRETARIO DE ESTADO DE MEDIO AMBIENTE (MORÁN FERNÁNDEZ), PARA INFORMAR SOBRE EL PROCEDIMIENTO DE DETERMINACIÓN DE AFECCIÓN AMBIENTAL PARA PROYECTOS DE ENERGÍA RENOVABLES DE LOS ARTÍCULOS 22 Y 23 DEL REAL DECRETO-LEY
20/2022. A PROPUESTA DEL GOBIERNO. (Número de expediente 212/002913).


El señor PRESIDENTE: Señorías, empezamos.


Como saben, en el orden del día de hoy tenemos la comparecencia, a petición propia, del secretario de Estado de Medio Ambiente, para informar sobre el procedimiento de determinación de afección ambiental para proyectos de energías
renovables. Esta comparecencia será seguida de un turno de cinco minutos para cada grupo. Posteriormente habrá una réplica del secretario de Estado y una contrarréplica de dos minutos para los grupos parlamentarios. Finalmente, cerrará la
comparecencia el secretario de Estado. Posteriormente, tenemos dos preguntas pendientes del BNG, que haremos después de la comparecencia.


Sin más, le damos la palabra al secretario de Estado. Bienvenido una vez más. Adelante y muchas gracias.


El señor SECRETARIO DE ESTADO DE MEDIO AMBIENTE (Morán Fernández): Muchas gracias, presidente. Señorías, gracias por su asistencia.


Efectivamente, solicitamos una comparecencia para enmarcar el proceso en el que estamos ahora mismo, con la vocación de trasladar información a sus señorías en relación con el procedimiento que se sigue en materia de evaluación ambiental.
Conocen ustedes perfectamente la materia. De hecho, si hay una materia que concita un singular nivel de solicitudes de informe a la Secretaría de Estado de Medio Ambiente y al Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, es el área
relacionada con la evaluación ambiental, tanto por parte de los promotores, sean públicos o privados, administraciones, consumidores a todos los niveles, a nivel local, autonómico o estatal, como instituciones, organizaciones, colectivos de distinta
índole y, por supuesto, ciudadanos y ciudadanas, tanto a título particular como agrupados. En este sentido, tengo que apuntar -y sus señorías son plenamente conscientes de ello- que un notable porcentaje de las solicitudes de información en el
ámbito de las preguntas, sean estas orales o escritas, que llegan al ministerio va justo en esa dirección.


La variable que más interés genera en las solicitudes de información que se reciben en el ministerio es la que se refiere al factor plazos. La mayor parte de las preocupaciones que hay en el territorio en relación con la tramitación
ambiental de distintos proyectos de cualquier característica, sean proyectos de infraestructuras o de equipamientos, van siempre en relación con los plazos. En ese ámbito -creo no equivocarme en la apreciación- más del 95 % de las preguntas o
solicitudes de información que se reciben en el ministerio desde esta Cámara o bien desde el Senado van siempre en el sentido de considerar excesivamente largos, dilatados y prolijos los tiempos, los plazos y los procedimientos de evaluación
ambiental, así como demasiados requerimientos de información. Esta es una cuestión que ha venido reiterándose invariablemente a lo largo de toda la legislatura y en legislaturas pasadas; esto ha sido siempre así.


Pues bien, de un tiempo a esta parte y en relación con un ámbito concreto de la evaluación ambiental de proyectos, que es la relacionada con la evaluación ambiental de proyectos vinculados a la penetración de la generación renovable en
nuestro país, la preocupación se redirecciona justo en sentido contrario, es decir, las preguntas se relacionan siempre con si debería implementarse una mayor exigencia, un mayor nivel de requerimiento de información en la tramitación ambiental de
estos proyectos, con lo que parecía razonable que, a la vista de esta realidad, trasladásemos una información directamente a la Cámara, en primer término, para que sus señorías conocieran cuál es el procedimiento de evaluación ambiental que se sigue
en relación con estos proyectos, al igual que en el resto de proyectos que se evalúan por parte del ministerio.


En esta tipología de proyectos, el punto de partida es la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, que es la que da pie, por parte del órgano sustantivo, a la remisión de proyectos para evaluación ambiental a la Dirección
General de Calidad y Evaluación Ambiental. El procedimiento de evaluación ambiental supone que el punto de partida es no dar el visto bueno a aquellos proyectos que supongan afecciones severas o que se exijan modificaciones y condiciones
suficientemente rigurosas cuando sea necesario corregir y compensar aquellos proyectos que, no suponiendo afecciones severas, se considera

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que tienen algunas correcciones que incorporar. El procedimiento de evaluación de impacto ambiental incorpora un mecanismo de solicitud de información a todo el conjunto de administraciones y organismos responsables, en términos
competenciales, en el ámbito que a cada Administración toca, de tal manera que tanto aquellas administraciones que tienen competencias en materia de ordenación territorial como las que son competentes en materia de biodiversidad y protección de
espacios naturales participan necesariamente, con carácter preceptivo, en los procedimientos de evaluación ambiental.


Como saben ustedes, en último término, el procedimiento de evaluación ambiental concluye con una declaración de impacto ambiental que evalúa la integración de los aspectos ambientales en el proyecto y determinadas condiciones que deben
establecerse para la adecuada protección del medio ambiente y de los recursos naturales durante la ejecución y la explotación, en su caso, o posteriormente, en el cese y desmantelamiento o demolición de un proyecto.


La DIA puede ser desfavorable, si el proyecto genera impactos significativos insalvables, o puede, siendo favorable, introducir condiciones, prácticamente en la mayoría de los casos, que obliguen a revisar los proyectos para minimizar los
impactos. Por lo tanto, las DIA no solo incorporan condiciones para la construcción del proyecto, sino también obligaciones en cuanto al funcionamiento de las plantas, incluyendo un plan de vigilancia que supone un seguimiento continuo de los
posibles impactos, obligando a introducir nuevas modificaciones en la instalación si se apreciara en cualquier momento necesidad de las mismas. Por ello, cualquier tramitación de una autorización de nueva instalación de generación de energía no
presupone en ningún caso que el proyecto vaya a ser autorizado, aunque sí asegura que, en caso de serlo, ha de hacerse con todas las garantías y de acuerdo con la normativa vigente. Desde finales de 2021, como todos ustedes conocen, Europa está
viviendo una inusual crisis de precios de la energía, tanto por su duración en el tiempo como por su impacto sobre las economías domésticas y la competitividad de las empresas y de la industria en general. En ese sentido, la invasión de Ucrania por
parte de Rusia el 24 de febrero del pasado año y la repercusión en los precios del gas natural, además de agravar la situación, ha generado relevantes consecuencias en todos los órdenes, tanto desde el punto de vista humanitario como desde el punto
de vista económico. Así pues, en respuesta a esa nueva coyuntura, la Comisión Europea hace ahora exactamente un año, el 8 de marzo de 2022 -por cierto, me sumo a la conmemoración del Día Internacional de la Mujer hoy aprovechando la referencia a la
fecha- publica la comunicación REPowerUE: Acción conjunta para una energía más asequible, segura y sostenible, en la que, entre otros aspectos, plantea orientaciones para regular los precios en circunstancias excepcionales para mitigar el impacto
de esta subida de los precios sobre los consumidores, de tal manera que la respuesta europea a la agresión injustificada se ha guiado por tres principios: unidad, determinación y solidaridad.


España, lógicamente, participa de esta reacción y ha pretendido dar una respuesta contundente en una situación de carácter temporal para afrontar las consecuencias económicas y sociales de la guerra, con medidas eficaces a corto plazo que
aceleren a su vez la acción a medio y largo plazo en materia de transición energética y, en particular, a través de la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Para ello, ha impulsado un plan nacional con medidas -unas
normativas, otras no- elaborado tras un proceso de diálogo con los sectores más afectados, los agentes sociales y las comunidades autónomas, de tal manera que los objetivos básicos son: poner en marcha mecanismos que permitan una bajada de los
precios de la energía para los ciudadanos en su conjunto y para las empresas, una línea de apoyo a los sectores más afectados y a los colectivos más vulnerables y un refuerzo de cara a conseguir una estabilidad de precios. En ese contexto, el
Gobierno implementa el conocido Real Decreto 6/2022, de 29 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes en el marco del plan nacional de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra de Ucrania. Esta norma recoge en su
capítulo 3 medidas para la agilización de los proyectos de energías renovables con la finalidad de acelerar la descarbonización y de reducir la dependencia energética y, para ello, establece un procedimiento de determinación de afección ambiental
para proyectos de energías renovables, con vigencia temporal de aplicación en el ámbito de competencia estatal que también, en su caso, podrá ser aplicado por las comunidades autónomas en su ámbito de competencias.


Teniendo presente el artículo 4.2 de la Directiva 2011/92/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 3 diciembre de 2011, que se refiere a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio
ambiente, se establecen varios criterios conjuntos para someter los proyectos de energías renovables a este procedimiento, que son una potencia limite y su ubicación fuera del medio marino o de superficies integrantes de la Red Natura 2000, entre
otros. Del resultado de este

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procedimiento surge la detección de efectos adversos significativos sobre el medio ambiente y el informe al que da lugar podrá determinar la obligación de someter la autorización del proyecto a las condiciones que se estimen oportunas para
mitigar o compensar posibles afecciones ambientales, así como a condiciones relativas al seguimiento, al plan de vigilancia del proyecto, o bien para determinar si se somete al procedimiento de evaluación ambiental que establece la Ley 21/2013, de 9
de diciembre, de Evaluación Ambiental.


No obstante, la incertidumbre ligada a la duración de la guerra y a la persistencia de las presiones al alza sobre los precios de los alimentos, las materias primas y los bienes intermedios sigue afectando al conjunto de la economía europea
y mundial y, aunque las medidas adoptadas hasta ahora han probado su eficacia atendiendo a la evolución de la inflación y a las principales variables económicas a lo largo del año, resulta necesario seguir adoptando medidas para evitar que se
produzca un efecto rebote de la inflación a la vez que se protege a los colectivos más afectados y vulnerables. En esta línea, en mayo la Comisión publica la Recomendación 2022/822, sobre la aceleración de los procedimientos de concesión de
permisos para los proyectos de energías renovables y la facilitación de los contratos de compra de electricidad, lo que facilita la previsión de equilibrio entre las necesidades de protección medioambiental y la aceleración del despliegue de estos
proyectos. Las conclusiones del Consejo Europeo de 20 y 21 de octubre de 2022 proponen que la simplificación de los procedimientos de autorización se realice por la vía rápida, con el fin de acelerar el despliegue de energías renovables y de redes
incluso mediante medidas de emergencia. En cumplimiento de esta política, el Consejo de Ministros de Energía del 19 de diciembre de 2022 acordó la aprobación del Reglamento del Consejo por el que se establece un marco para acelerar el despliegue de
las energías renovables sobre la base jurídica del artículo 122.1 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.


Este reglamento, en este contexto y con el fin de hacer frente a la exposición de los consumidores y las empresas a unos precios elevados y volátiles, plantea medidas específicas inmediatas, temporales y adicionales para acelerar el
despliegue de fuentes de energías renovables que sean capaces de acelerar el ritmo a corto plazo. Estas medidas racionalizan el proceso de concesión de autorizaciones aplicado a los proyectos de energías renovables, sin que ello exija cambios
gravosos en sus procedimientos y sistemas jurídicos nacionales, de tal manera que habilita a los Estados miembros a que puedan introducir exenciones de determinadas obligaciones de evaluación establecidas en la legislación medioambiental para
proyectos de energías renovables. Deben cumplirse determinadas condiciones, como que el proyecto esté ubicado en una zona específica de energías renovables, cuando haya esa planificación, o de la red, cuando haya la planificación de la red.
Además, para garantizar la protección de especies deben adoptarse medidas de mitigación proporcionadas o, a falta de tales medidas, medidas de compensación.


En línea con las razones indicadas, el reglamento establece su aplicación también en los procesos de concesión de autorizaciones en curso respecto de los cuales la autoridad pertinente no haya adoptado una decisión definitiva en el momento
de la aprobación del reglamento. Este reglamento incluye medidas de alcance general, como la introducción de la presunción refutable de que los proyectos de energías renovables son de interés público superior a efectos de la legislación
medioambiental pertinente, salvo cuando haya pruebas claras de que dichos proyectos tienen efectos adversos importantes sobre el medio ambiente que no pueden mitigarse ni compensarse, o la introducción de aclaraciones sobre el ámbito de aplicación
de determinadas directivas medioambientales, así como la simplificación del marco de autorización para la repotenciación de las instalaciones de producción de electricidad procedente de energías renovables. En este sentido, la presunción de que las
instalaciones de energías renovables son de interés público superior y contribuyen a la salud y a la seguridad públicas permite que tales proyectos se beneficien de una evaluación simplificada de las excepciones específicas que se contemplan en la
legislación medioambiental pertinente de la Unión.


Durante todo el debate a lo largo de varios meses hasta llegar al reglamento se generaron sucesivas dudas en relación con cuál era el alcance de aplicación, especialmente en lo que se refiere a tres directivas: la Directiva Hábitats, la
Directiva Aves y la Directiva Marco del Agua. En todo este proceso, España ha defendido, en el ámbito de la toma de posiciones, que en ningún caso una flexibilización en los términos que establece tanto el reglamento como la propia directiva -en
estos momentos en fase de trílogos- puede presuponer que se prescinde de los requisitos de aplicación tanto de la Directiva Hábitats como de la directiva Aves o de la Directiva Marco del Agua. En los procesos de planificación y de concesión de
autorizaciones en los que debe darse prioridad a la construcción y explotación de instalaciones de energías renovables y al desarrollo de la infraestructura de la red conexa, por lo que se refiere a la

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protección de especies, esta prioridad solo debe darse en tanto en cuanto se adopten medidas adecuadas de conservación de especies que contribuyan a mantener las poblaciones en un estado de conservación favorable o a restablecerlas a ese
estado, y se destinen suficientes recursos financieros a las zonas a tal efecto.


Otras medidas del reglamento se dirigen a tecnologías específicas, como la de concesión de autorizaciones, mucho más corta y más rápida para equipos solares en estructuras existentes o repotenciación de las eólicas. En este caso, se
establece un mecanismo claro de prioridad para la intervención en aquellos parques fotovoltaicos eólicos ya existentes y que aspiran a una repotenciación. El reglamento subraya que conviene aplicar las medidas de emergencia lo antes posible y
adaptarlas según sea necesario para abordar adecuadamente los retos, por lo que su entrada en vigor fue con carácter de urgencia al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea, con una validez que se limita a
dieciocho meses y con una cláusula de revisión que permite a la Comisión proponer su ampliación si fuese necesario. Además, tras la reunión del Consejo de Ministros de Energía del 27 de junio, el 19 de diciembre de 2022 también se aprobaron las
orientaciones generales sobre dos propuestas legislativas del paquete de medidas del Objetivo 55 que abordan los aspectos energéticos de la transición climática de la Unión Europea, la Directiva sobre fuentes de energías renovables y la Directiva de
eficiencia energética a la que antes me refería, a fin de que los Estados miembros puedan crear zonas propicias específicas para las energías renovables, con procesos de concesión de autorizaciones más simples y cortos en zonas con menor riesgo
medioambiental.


Por lo tanto, España tiene la necesidad de ir adaptando las medidas recogidas en el plan a la evolución de la situación económica y, al hilo de esta obligación, se adopta un sexto paquete de medidas, entre las que se encuentra el Real
Decreto-ley 20/2022, de 27 de diciembre, de medidas de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra de Ucrania, apoyo a la reconstrucción de la isla de La Palma y otras situaciones de vulnerabilidad. A fin de atender a las
necesidades expuestas dentro del marco de la política de la Unión Europea, el real decreto ley establece un procedimiento de determinación de afección ambiental para proyectos de energías renovables con vigencia temporal similar al establecido en el
Real Decreto-ley 6/2022. Dentro de este marco de preservación de la conservación ambiental, se aplica este procedimiento de determinación de afección ambiental a proyectos de instalaciones de generación a partir de fuentes de energías renovables,
salvo que su ubicación se proponga, o bien en superficies integrantes de la Red Natura 2000, o bien en espacios naturales protegidos definidos en el artículo 28 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, o
bien en el medio marino. Tampoco será de aplicación para la construcción de líneas aéreas de energía eléctrica con un voltaje igual o superior a 220 kilovoltios y una longitud superior a 15 kilómetros, de acuerdo con la Directiva del Parlamento
Europeo y del Consejo de 2011. El procedimiento de determinación de afecciones ambientales ya se preveía, por tanto, en el real decreto ley de 2022 para algunos proyectos de renovables en función de su tamaño y ubicación. Con el nuevo real decreto
se extiende a todo tipo de proyectos, excluyendo -eso sí- a los proyectos ubicados en Red Natura, en espacios naturales protegidos o en zona marina, así como a los que cuenten con líneas de evacuación de más de 15 kilómetros, aunque con el Real
Decreto Ley 6/2022 desaparecen las referencias a la zonificación ambiental del ministerio. No se puede ni se debe interpretar como una total permisividad, porque hay que destacar que la experiencia de este último año 2022, con más de 300
tramitaciones, nos deja en buena disposición para agilizar los procedimientos sin relajar las garantías. Buen ejemplo de ello es el recorrido de la tramitación de expedientes en el marco del citado Real Decreto-ley 6/2022.


El procedimiento de determinación de las afecciones ambientales se desarrolla conforme a los siguientes trámites. En primer lugar, el promotor debe presentar para la autorización al órgano sustantivo la siguiente documentación: una
solicitud de determinación de afección ambiental, un anteproyecto, un estudio de impacto ambiental con los contenidos previstos en la normativa y un resumen ejecutivo que cuantifique los impactos. Este resumen ejecutivo elaborado por el promotor
deberá abordar de modo sintético las principales afecciones del proyecto sobre el medio ambiente en función de los siguientes criterios: afección sobre la Red Natura 2000, espacios protegidos y sus zonas periféricas de protección y hábitats de
interés comunitario; afección a la biodiversidad, en particular, a especies protegidas o amenazadas catalogadas; afección por vertidos a cauces públicos o al litoral; afección por generación de residuos; afección por utilización de recursos
naturales; afección al patrimonio cultural; evaluación de la incidencia socioeconómica sobre el territorio, y afecciones sinérgicas con otros proyectos próximos, al

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menos los situados a 10 kilómetros o menos en el caso de parques eólicos, a 5 kilómetros en el caso de parques fotovoltaicos y a 2 kilómetros respecto de tendidos eléctricos.


A la vista de esta documentación, el órgano ambiental analiza si el proyecto produce previsiblemente efectos adversos significativos sobre el medio ambiente y elabora una propuesta de informe de determinación de afección ambiental en el
plazo máximo de dos meses desde la recepción de la documentación. Además, remite el informe al órgano competente en materia de medio ambiente -habitualmente, comunidades autónomas-, el cual dispone de un plazo de diez días para formular
observaciones. En dicho informe se determinará si el proyecto puede continuar con la correspondiente tramitación del procedimiento de autorización por no apreciarse efectos adversos significativos sobre el medio ambiente que requieran su
sometimiento a un procedimiento de evaluación ambiental o si, por el contrario, el proyecto debe someterse al correspondiente procedimiento de evaluación ambiental. El órgano ambiental analiza y revisa toda la documentación y determina las
afecciones del proyecto basándose en los mismos aspectos clave establecidos para la elaboración del resumen ejecutivo. El informe puede determinar también la obligación de someter la autorización del proyecto a las condiciones que se estimen
oportunas para mitigar o compensar las posibles afecciones.


Por condensar todo el procedimiento, teniendo en cuenta que el fomento de las energías renovables constituye en estos momentos uno de los pilares más importantes del proceso de transición energética que acometemos en nuestro país para lograr
la descarbonización de nuestra economía en 2050 en cumplimiento de los compromisos adquiridos en la Unión Europea y en el Acuerdo de París, el cumplimiento de los objetivos del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima debe asegurar al mismo tiempo
el respeto a los valores naturales y el mantenimiento de las garantías ambientales. En dicho contexto, tal como queda reflejado en el artículo 22 del Real Decreto-ley 20/2022, con carácter excepcional y transitorio se permite que proyectos de
instalaciones de generación a partir de fuentes de energías renovables se sometan al procedimiento de determinación de las afecciones ambientales. El procedimiento de afecciones ambientales, que ya se preveía para algunos proyectos en el anterior
Real Decreto-ley 6/2022 -en ese caso, en función del tamaño y ubicación de las instalaciones-, extiende el procedimiento a todos los proyectos indicados anteriormente, es decir, los que quedan fuera de la Red Natura, de espacios naturales protegidos
o de zona marina, o los que incluyan líneas de evacuación de más de 15 kilómetros. En el procedimiento de determinación de las afecciones ambientales no se exime en ningún caso, todo lo contrario, al promotor de presentar, entre otros, el
anteproyecto, el estudio de impacto ambiental o la cuantificación de las principales afecciones que se comentan. Además, el órgano ambiental tiene la potestad para determinar si el proyecto debe someterse al correspondiente procedimiento de
evaluación ambiental previsto, de tal manera que la transición energética hacia una mayor presencia de fuentes renovables es imprescindible acompasarla con los mecanismos de protección ambiental referidos.


La experiencia adquirida en este último año 2022 -y voy concluyendo-, con más de 300 tramitaciones, y el recorrido de la tramitación de expedientes en el marco del citado decreto ley nos permiten identificar ya en estos momentos cuál ha sido
el resultado final de la habilitación de estos mecanismos en cumplimiento de las obligaciones derivadas del reglamento aprobado por la Comisión y del procedimiento de revisión de la directiva, que está en fase de trílogos en estos momentos. Hasta
la fecha, de esos 300 proyectos, en el trámite de procedimiento abreviado han tenido entrada 130 expedientes. De esos 130 expedientes, ya están resueltos 118. De los 118 expedientes ya resueltos, han sido resueltos favorablemente 35; 30 proyectos
han sido inadmitidos por deficiencias en su presentación; en otros 35 proyectos los promotores han desistido de su tramitación, y ha habido 18 resoluciones desfavorables, en el sentido de que esos proyectos deben de tramitarse por el procedimiento
de evaluación ambiental ordinario. En estos momentos hay 9 expedientes más que están en condiciones de emitir resolución, de los cuales 3 están en términos favorables y 6 en términos desfavorables, con lo cual también deberán someterse a evaluación
ambiental ordinaria. Además, hay 3 expedientes pendientes de análisis. Es decir, por la cifra final podemos concluir que es evidente que las garantías de salvaguardas ambientales dan un resultado con un nivel de exigencia que los números reflejan.
De los 130 que pretendieron utilizar este mecanismo de evaluación simplificada, solo 35 fueron resueltos favorablemente; en otros 35 el propio promotor desistió una vez que entendió el alcance de las exigencias ambientales; otros 30 sencillamente
se inadmitieron porque la documentación remitida no era suficiente y, en último término, 18 contaron con resoluciones previas desfavorables, con lo cual han tenido que pasar a un procedimiento ambiental ordinario.

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Por esta experiencia, y desde el punto de vista del tramo de evaluación seguido hasta ahora, podemos decir que hay una garantía que asegura el pronunciamiento del órgano ambiental en los plazos otorgados por el nuevo real decreto ley -ya que
solo así vamos a poder articular el cumplimiento objetivo de los requerimientos que tenemos asumidos-, pero además hay una garantía de cumplimiento de obligaciones de carácter ambiental en la totalidad de los proyectos presentados. Conclusión
definitiva: la agilización del procedimiento administrativo establecido en el real decreto en ningún caso menoscaba -más bien al contrario- las exigencias ambientales que en los procedimientos de evaluación ambiental ordinaria se vienen
estableciendo. Ahí lo único que puedo decir es que a la experiencia tenemos que remitirnos.


A partir de aquí, quedo a disposición de sus señorías.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Morán.


Vamos a ir, sin más, a la intervención de los grupos, de menor a mayor, por un tiempo de cinco minutos, empezando por el Grupo Mixto, señor Guitarte.


El señor GUITARTE GIMENO: Buenas tardes.


Como sabe el secretario de Estado, nosotros tenemos nuestras discrepancias, aunque compartamos un objetivo final. En cualquier caso, no puedo por menos que decirle que en España no se ha realizado la trasposición completa del marco
legislativo de 2030 -lo que se conoce como paquete de invierno-, no se ha justificado y, precisamente, se ha dejado de aplicar todo aquello que afectaba a los aspectos que democratizaban la participación en la energía. El Gobierno aprovecha la
aceleración del reglamento por el Consejo para rebajar las exigencias ambientales a las instalaciones renovables, y lo hace precisamente cuando no está impulsando suficientemente la generación distribuida. A nuestro entender, no está justificado,
por ejemplo, que las instalaciones de energías renovables tengan la condición de utilidad pública; es un puro negocio y habría que discutir su utilidad pública. No está justificada en ningún momento la disminución de las exigencias ambientales, ni
siquiera en el nuevo reglamento, y esta situación la venimos denunciando en Teruel y en Aragón desde 2019.


Se prioriza el desarrollo de renovables especulativas conectadas a la red centralizada para futuras operaciones corporativas y se cierra el mercado a las pequeñas instalaciones, a los pequeños actores y entes locales. Esto que acabo de leer
no lo digo yo, sino que lo dice alguien que fue director del IDAE. Es decir, se impulsan los macroproyectos, incluso para aquellos que una vez obtenidas las licencias lo que van a hacer es vender el proyecto a empresas energéticas, y se paraliza la
generación distribuida y el autoconsumo, la eficiencia energética y el ahorro. El MITECO ha bajado la transición energética con una política sectorial en la que se prioriza, sobre todo, su actividad extractiva. Es una política del sector
eléctrico, es decir, una política sectorial enfocada a maximizar los beneficios del sector, con objeto probablemente de que acudan inversores. El marco jurídico se ajusta al mercado eléctrico; no es que el marco jurídico regule el mercado
eléctrico, sino que se ajusta a él y a su despliegue, pero no tiene en modo alguno ninguna referencia territorial, precisamente cuando el despliegue de renovables no solo provoca enormes impactos ambientales, territoriales y sociales, sino que es
una política territorial que transforma radicalmente los usos del suelo, con un nuevo uso, el suelo de uso energético, que se ha implantado pero no tiene reconocimiento jurídico. No creo que nos quiera hacer comulgar con que la implantación de
renovables es un uso vinculado a la producción del territorio o de la tierra, como dice cuando son usos autorizables en suelo no urbanizable.


El MITECO ha creado un marco jurídico para todo este proceso de renovables de manera gradual, que ha ido permitiendo entregar todo este nuevo sector de renovables sin límites para las actuaciones monopolísticas y anticompetitivas, y lo ha
entregado a las grandes compañías energéticas, a los fondos de inversión y a las empresas que comercializan proyectos con licencia; justamente lo contrario que preconizan todas las instituciones internacionales en la Unión Europea, que sostienen
que la transición energética es un proceso de cambio social que exige una nueva relación de las personas, las familias y las empresas con la energía. Muchas organizaciones sociales y científicas estiman que no hay justificación para la eliminación
del control ambiental en el despliegue de renovables.


En un primer momento el Gobierno en el PNIEC ya se saltó, a nuestro entender, la obligatoria evaluación ambiental estratégica, porque se evaluó sin precisar dónde iba a ser la ubicación territorial, que era obligatoria. Posteriormente, la
regulación ha sido un continuo descenso en las exigencias ambientales, camuflado en los decretos de emergencia económica por la guerra o de la emergencia sanitaria por la pandemia. Por lo tanto, vamos a exigir que en los proyectos de renovables se
vuelva a la Ley 21/2013,

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de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental y que se aplique de manera rigurosa, al menos tan rigurosa como se aplica para impedirnos la creación de infraestructuras de comunicación en nuestro territorio.


Tenemos tres reales decretos con normativa ambiental en proceso de alegaciones y que llevan uno o dos años parados en este Congreso, sin la modificación de esa normativa mediante procedimiento parlamentario mientras se continúan aplicando.
Hay tres reales decretos que debían estar tramitándose por la vía de urgencia y están paralizados en esta misma Comisión. Durante tres años hemos realizado intervenciones parlamentarias, manteniendo conversaciones con responsables del MITECO para
trasladar los problemas que genera en el territorio el despliegue de renovables y para presentar propuestas que ajusten esta política al marco europeo, pero sin frutos. En la realidad, los efectos de esta política ya están siendo hoy muy
preocupantes. El resultado puede ser profundamente negativo, incluso a pesar del avance histórico que representa la descarbonización de la economía. Sorprende por qué razones el MITECO no ha contemplado la opción de priorizar la instalación en
superficies artificiales -tejados, viviendas, empresas, aparcamientos, grandes superficies artificiales; al contrario, el ministerio no solo olvida este aspecto, sino que lo reduce a un papel meramente testimonial y ha construido un modelo español
de renovables que se aparta del modelo europeo en numerosas cuestiones. En el despliegue de renovables nos encontramos con un despliegue acelerado de macrocentrales, sorteando o minimizando las limitaciones ambientales y regulando de manera parcial
en una sucesión de reales decretos baúl, en los que se entremezclan con cuestiones de la guerra ahora y de la pandemia antes. Ha habido un olvido a los efectos sociales y económicos en los lugares de implantación, sin atender a las comunidades
locales y sin plantear una línea de equidistribución de beneficios.


El señor PRESIDENTE: Tiene que terminar, señor Guitarte.


El señor GUITARTE GIMENO: Estoy terminando.


Hay un tratamiento de la generación distribuida como un recurso mínimamente residual, que se minimiza todo lo posible, incluso en los sucesivos trámites administrativos, que se reducen al máximo.


Por finalizar, quiero comentar un caso curioso que cuestiona un poco todas las afecciones o los límites medioambientales que se han producido. Como bien sabe, en el Clúster Maestrazgo, en Teruel, se han autorizado cincuenta y ocho
aerogeneradores sobre superficies de la Red Natura 2000 y en el entorno de zonas LIC y ZEPA, superando los propios límites que el ministerio ha dicho marcarse.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Vasco, Idoia Sagastizabal.


La señora SAGASTIZABAL UNZETABARRENETXEA: Gracias, presidente.


Yo creo que me han quedado claras las explicaciones que ha dado el secretario. Gracias. Es verdad que, con la necesidad de reducir la dependencia energética del exterior y en cumplimiento de los objetivos de descarbonización, como usted ha
dicho, se han adoptado dos normas, una a nivel nacional y una a nivel europeo -el Real Decreto-ley 20/2022 y el Reglamento 2022/2577 de la Unión Europea-, para acelerar precisamente el despliegue de las energías renovables. Es verdad que son dos
normas con el mismo objetivo, que es agilizar los trámites de autorización, pero también es verdad que no solo es un trámite, que es temporal -o sea, que no es permanente- y que no se ha aplicado, como usted bien ha dicho, a proyectos que se ubican
en determinados sitios. Es verdad que esto supone una ventana de oportunidad para algunos promotores que están interesados en el desarrollo de proyectos de energías renovables, pero también ha originado ciertas discrepancias o preocupación entre
otras asociaciones, que dicen que esta norma promueve el desmantelamiento temporal jurídico normativo de lo que representa la evaluación ambiental como instrumento de protección ambiental y social y que, además, elimina las barreras de salvaguarda,
obviando incluso el principio de precaución, si no lo he leído mal.


Lo único que me gustaría saber es qué garantías añadidas se pueden ofrecer ante este tipo de alegaciones de estas asociaciones si todos consideramos que el desarrollo de las energías renovables es uno de los pilares básicos de la transición
energética. ¿Cómo se puede acelerar el desarrollo de proyectos renovables sin una relajación de estas exigencias, sin esta vía rápida de tramitación ambiental? Porque, si no se dispone de esta agilización, lo cierto es que desde la aprobación de
la vía hasta la conexión a la red de los parques, por ejemplo, transcurre un periodo medio de dos años, incluso de cuatro años. Entonces, no sé cómo se pueden conjugar estas dos cosas si tenemos que acelerar los proyectos renovables por la
situación coyuntural en la que estamos. No sé si se puede ofrecer algún tipo de garantía

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mayor, porque lo que es lógico y es necesario es que tiene que haber un entendimiento por parte de todos los actores de la gravedad que tenemos, de lo que queremos para el futuro y de lo que se quiere en términos de ocupación del territorio.
No sé si se podría hablar, a lo mejor no en esta situación que estamos todavía de aceleración en un contexto energético grave, pero si se podría hablar, digo, de más digitalización en los procesos o incluso de un personal más cualificado o de una
figura de coordinación entre el ministerio y las comunidades autónomas. No sé si podríamos hablar algo más de eso.


Gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.


A continuación, por el Grupo Plural, tiene la palabra el señor Rego Candamil.


El señor REGO CANDAMIL: Grazas, señor presidente. Boa tarde, señor secretario de Estado.


Efectivamente, el BNG piensa que el impulso a las energías renovables por parte del Gobierno español se está haciendo de forma desordenada y, en todo caso, al dictado de los intereses de las grandes empresas eléctricas, que son las únicas
que se están beneficiando de este verdadero boom eólico, que nosotros decimos claramente que es un boom eólico depredador que afecta especialmente a nuestro país, a Galiza, para empezar, porque no se modificó el sistema de generación eléctrica, se
sigue optando por concentrar la producción en determinadas zonas del Estado español y Galiza de forma muy especial concentra la mayor parte de los proyectos de eólica terrestre y también, por lo que parece, de eólica marina, con un recién aprobado
documento que facilita la implantación exactamente del 47 % de la potencia eólica marina prevista en el Estado español en la costa de Galiza, con una afectación ambiental muy importante de los ecosistemas marinos y una afectación también productiva
y socioeconómica. La capacidad pesquera de nuestro país tiene una afectación muy importante y esto además está siendo rechazado de forma unánime por el sector pesquero y por la mayor parte de la sociedad de Galiza, que exige que no se implante
eólica marina en nuestro país porque las características de nuestra plataforma continental, excesivamente estrecha, no lo hacen adecuado e implica una presencia muy cerca de la costa, aproximadamente a partir de los 20 kilómetros, con un impacto muy
grande. Por cierto, hoy mismo veía un reportaje en una televisión española y entrevistaban a varios pescadores de Viana do Castelo, en Portugal, con un parque a 15 kilómetros, y la opinión era unánime de que no solo por las limitaciones de la zona
ocupada y de una milla alrededor o de la línea de evacuación, sino simplemente porque la pesca desapareció de esa zona estaban en una situación que los obligaba a pensar en abandonar la actividad, y eso, evidentemente, también puede pasar en Galiza.


Ese sistema, primero, concentra la producción en determinadas zonas e implica grandes líneas de transporte -en nuestro caso de 600 kilómetros de distancia en los que se pierde electricidad; por lo tanto, un mecanismo insostenible- en vez de
partir de un sistema de generación distribuida, de producción a menor escala, reduciendo los impactos ambientales, la necesidad de grandes líneas de transporte o de evacuación y procurando, además, que eso revirtiese sobre el territorio. En segundo
lugar, con un sistema de autorización administrativa en vez de ir a un sistema de concesión que implicase también criterios de carácter social, como la exigencia, por ejemplo, de creación de puestos de trabajo, de reversión sobre el territorio,
etcétera. Y, a mayores, lo que vemos es que, además, se relajan los controles ambientales, como sucedió en el Decreto 6/2022 y ahora, a mayor escala aún, en el 20/2022, de forma que realmente se permite que las empresas sean las que decidan no solo
dónde instalarse, sino también cómo instalarse, porque son ellas las que hacen este estudio de impacto ambiental y, aunque se mencionan criterios patrimoniales, socioeconómicos, estamos seguros que esos ni siquiera se revisan, pero son muy
importantes porque afectan a la actividad de miles de personas en el sector agrario, en el sector ganadero o en el sector pesquero, como vemos ahora también, lo que nos parece inaceptable. Tanto es así, que en Galiza ya tenemos casos de parques
eólicos no autorizados por la Xunta que aumentaron la potencia para poder acogerse a esta normativa laxa del Ministerio de Transición Ecológica. Creo que esto es un indicador de que aquí lo que hace realmente el Gobierno español es promover ese
boom eólico a costa de los intereses de las personas que vivimos en los territorios afectados, en nuestro caso de Galiza, con más de 300 proyectos de parques eólicos en tramitación, con la autorización de un grupo importante recientemente, que
supone casi 3000 megavatios de potencia instalada, por encima de los 4000 que ya están funcionando en este momento y -finalizo- con una producción de energía que no está dimensionada para las necesidades de nuestro país. Simplemente quiero dar un
dato, en el año 2021, Galiza ha enviado fuera el 30 % de su producción eléctrica. Producimos ya más de fuentes renovables, más de 18 000 gigavatios, de la que consumimos, que son 17 000, pero es que en el año 2022 enviamos

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fuera del territorio el 40 % de la energía que producimos, y aun así concentramos la mayor parte de los parques eólicos, con grave afectación ambiental, patrimonial y socioeconómica a nuestro país. Nosotros queremos que se recuperen, como
mínimo, los controles ambientales y la plena participación social en esos proyectos, que se impida la eólica marina en las costas de Galiza y que se vaya a un modelo de producción más racional.


Obrigado.


El señor SECRETARIO (Antón Cacho): Muchas gracias, señor Rego.


Por el Grupo Confederal, tiene la palabra el señor López de Uralde.


El señor LÓPEZ DE URLADE GARMENDIA: Muchas gracias, presidente.


Gracias por estas explicaciones, señor secretario de Estado. Creo que eran explicaciones necesarias. Hubiera sido deseable que estas explicaciones y esta discusión se produjeran antes de que el real decreto llegase al Pleno. Por nuestra
parte, quiero transmitirle la convicción de que es necesario acelerar el proceso de implantación de las energías renovables, pero consideramos que estos artículos 22 y 23 del real decreto suponen un error y quizás un disparo en el pie al desarrollo
de las energías renovables, y así lo pudimos constatar con personas del propio sector y del campo de la evaluación ambiental, porque evidentemente esta simplificación puede hacer que pasen por buenos proyectos que no lo son y, por lo tanto,
perjudicar al conjunto de un sector donde además tenemos que ser especialmente cuidadosos y sensibles, porque si no lo somos se puede generar -de hecho, se está generando- una oposición y una preocupación en el territorio que puede ir en contra de
lo que se pretende. En este sentido, me gustaría hacer algunas consideraciones.


En primer lugar, en lo referido a la Comisión Europea y a las normativas europeas, es cierto que abogan por una simplificación, pero hay una condición que usted no ha mencionado y que sin embargo es muy relevante, que es la exigencia de una
planificación territorial previa. Eso es muy relevante. Si primero haces una evaluación territorial y una planificación de los lugares donde sí pueden ubicarse estas plantas, lógicamente eso puede simplificar posteriormente el proceso. El proceso
sería más simple si tú ya tienes determinados aquellos lugares donde efectivamente tendría menor impacto medioambiental la implantación de este tipo de plantas.


Otra cuestión relevante para nuestro grupo es que entendemos que las zonas protegidas deberían ser directamente excluidas no de la evaluación ambiental, sino excluidas como zonas de ubicación de proyectos: tanto la Red Natura 2000 como las
zonas de influencia de esos ecosistemas. Creemos que directamente no tienen que implantarse energías renovables en las zonas protegidas; no tienen que implantarse ni energías renovables ni ningún tipo de instalación industrial, porque creemos que
precisamente el objetivo de esas zonas es la conservación de la naturaleza.


Fundamentalmente, creemos que estos artículos en concreto lo que hacen es dar una imagen de que se está abriendo la puerta a todo. Creemos que esto es perjudicial para el desarrollo de las energías renovables por eso, porque puede
beneficiar a quienes lo están haciendo mal y perjudicar a aquellos que lo están haciendo bien. De hecho, como le digo, dentro del sector no han sentado bien estos artículos, porque realmente quienes lo están haciendo bien no tienen ningún problema
en seguir con las tramitaciones, que son la garantía de que se está actuando de manera adecuada con la evaluación de impacto medioambiental.


En definitiva, nosotros entendemos que estos artículos no aportan nada a la tramitación ni ayudan al desarrollo de las energías renovables. Es más, como digo, e insisto en ello, pueden ser más un obstáculo. En ese sentido, creemos que
sería conveniente que se derogaran en su proceso de tramitación.


Nada más. Muchas gracias.


El señor SECRETARIO (Antón Cacho): Muchas gracias, señor López de Uralde.


Por el Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra el señor Chamorro.


El señor CHAMORRO DELMO: Muchas gracias.


Gracias por comparecer, señor Morán. Nosotros, el Grupo Parlamentario VOX, ayer también dejamos claro en el Congreso de los Diputados cuál es nuestra visión desde el punto de vista de la protección del medioambiente. Consideramos que la
pérdida de equilibrio que se produce cuando el hombre deja de ver la realidad circundante como un hogar, como una patria a la que hay que cuidar, conlleva problemas desde el punto de vista medioambiental. (El señor presidente ocupa la Presidencia).
Ayer

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también reivindicamos las iniciativas locales, que cuidan nuestro medio ambiente, frente a los planes globales; reivindicamos asimismo la comunidad frente al activismo político ecorradical, y las instituciones a pequeña escala fundadas en
el sentido común frente a esas campañas a gran escala. En relación con esta visión, precisamente en esta cuestión de la proliferación de todas las energías renovables, que devienen de todas estas normativas internacionales -la directiva del clima,
el Pacto Verde, la ley de transición ecológica que nosotros votamos en contra-, vemos que ahí se produce ese impacto de una planificación a nivel internacional, que en principio se plantea como algo positivo, pero que choca con la realidad social de
las zonas rurales. Porque estamos viendo que ahora hay una revolución en las zonas rurales frente a todo este gigantismo fotovoltaico y eólico, que encaja perfectamente en lo que estábamos diciendo antes. Es decir, que las instituciones
supranacionales hacen planificaciones sin tener en cuenta la realidad social del mundo rural, de nuestros pueblos, etcétera; de hecho, además se está convirtiendo en una burbuja ahora mismo, como voy a comentar. Pero sobre todo quería dejar muy
claro que nosotros, en la ley de transición ecológica, en el año 2021, ya veíamos el problema que iba a ocurrir y planteamos una enmienda parcial en relación con el tema de todas estas instalaciones fotovoltaicas y eólicas, de todas las energías
renovables, en la que pedíamos la generación distribuida y también planteábamos, igual que se hace en otros países de Europa, que por ejemplo se diera prioridad a esas instalaciones en tejados, suelos degradados, vertederos, canteras antiguas, minas
a cielo abierto, terrenos industriales en desuso -que hay muchos en los pueblos de nuestro territorio rural- e incluso también planteamos lo que han comentado anteriormente de esa planificación nacional previa en relación con las instalaciones de
las plantas fotovoltaicas. Porque nosotros sí estamos, por supuesto, a favor de la generación a través de energías renovables en un mix energético mucho más amplio, como además también hacen en Alemania. En Alemania, como saben ustedes, los suelos
agrícolas y productivos están fuera para la posibilidad de las instalaciones de plantas fotovoltaicas.


Por lo tanto, nosotros estamos de acuerdo siempre en que se quite burocracia desde el punto de vista administrativo, pero es curioso que se aplique precisamente en la instalación de estas plantas de energías renovables y, en cambio, el tema
de la burocracia en el sector agrario, por ejemplo, o en el sector ganadero esté haciendo imposible que muchos agricultores o ganaderos sigan adelante con toda la burocracia verde que viene a nivel de directivas europeas, que está haciéndoles cerrar
sus explotaciones e irse del campo y de las zonas rurales. En cambio, en este tipo de negocios, que están siendo además monopolizados por grandes fondos de inversión y por grandes empresas especuladoras, resulta que se está facilitando el tema de
los trámites administrativos a nivel de las evaluaciones de impacto, cuando está comprobado que hay un impacto visual y un impacto paisajístico con respecto a las ubicaciones de las plantas eólicas y fotovoltaicas, y además hay daños irreparables
comprobados, ataques a la biodiversidad u ocupaciones de espacios naturales que son irreversibles. Es bastante contradictorio.


Por otra parte, nos habla usted de la urgencia en relación con la guerra de Ucrania y la situación que hay a nivel internacional con el tema de la energía. Estamos de acuerdo, pero nosotros hemos planteado que no se le pongan más trabas,
por ejemplo, a la generación eléctrica a través de la energía nuclear, que fomentemos otros tipos de mix energéticos precisamente por la situación de urgencia que existe ahora mismo en España y en Europa.


Y otra cosa que queremos constatar es que se está viendo de manera palpable que, aparte de esa especulación, de esa revuelta por parte de los pueblos y de la gente que vive en el mundo rural contra estas instalaciones y ese gigantismo a
nivel eólico y fotovoltaico, también está fomentándose la corrupción. Lo dije ayer también y a los hechos nos remitimos, porque precisamente el caso que está ahora mismo en todos los medios de comunicación, el caso en relación con Tito Berni, surge
precisamente en la Dirección General de Lucha contra el Cambio Climático de Canarias por el tema de la instalación de placas fotovoltaicas. Por lo tanto, vamos a ver si controlamos y aplicamos el sentido común, que es lo que nosotros llevamos
pidiendo desde 2021 en todo esto, y tenemos claro por dónde vamos, porque las energías renovables son positivas, pero aplicando el sentido común, el interés nacional y el interés social de nuestro mundo rural.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.


A continuación, por el Grupo Popular, tiene la palabra César Sánchez.

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El señor SÁNCHEZ PÉREZ: Muchísimas gracias, señor presidente.


Señor Morán, nosotros tenemos muchísimas dudas sobre el motivo real de esta comparecencia; no la comprendemos. Entendemos que usted perfectamente ha podido venir aquí a comparecer sobre otros asuntos que afectan a la política
medioambiental en nuestro país y, sin embargo, no lo ha hecho. Asuntos que son tan relevantes como, por ejemplo, explicar por qué España está subiendo en emisiones de CO2; asuntos tan importantes y tan relevantes como, por ejemplo, explicar el
impacto que van a tener los reglamentos de dominio público terrestre o los reglamentos de costas y litoral, que van a afectar a economías importantes en nuestro país, y, sin embargo, usted no viene aquí, a esta Cámara, a explicar el impacto
económico que van a tener las medidas que su Gobierno y su Secretaría de Estado van a tomar en los próximos meses. O que viniese a explicar el grado de ejecución de los fondos europeos, a explicarnos si ya han hecho el informe del mecanismo de
resiliencia, es decir, saber en qué estado se encuentra en estos momentos la aplicación, la ejecución o la puesta en marcha de inversiones en infraestructuras en materia de fondos europeos. Para nosotros eso sería relevante. Tenemos la sensación
de que viene a justificar las cosas que se han hecho mal. Si no, no vendría usted a explicar lo que nos ha explicado hoy. Escuchándole, alguno de los que estamos aquí, participando de esta Comisión, podemos llegar a pensar incluso que es que
nosotros no sabemos leer. Lo que usted ha venido a explicar podemos leerlo nosotros y, además, nosotros ya hemos mostrado nuestras dudas al respecto.


En relación con estos artículos que usted ha mencionado, le preguntamos cómo es posible que ustedes, que siempre están a la vanguardia de la protección, ahora -como bien ha dicho el portavoz del Grupo Podemos, el señor presidente de la
Comisión- estén justificando que se rebajen las exigencias desde el punto de vista de los informes ambientales para las renovables en nuestro país. Explíquelo, porque a nosotros, desde luego, no nos queda absolutamente nada claro. Usted habla de
rebajar las exigencias desde el punto de vista medioambiental y nosotros lo que le preguntamos es, primero, si esto da respuesta al fracaso de la política energética de su Gobierno, al fracaso en las subastas por ejemplo, si da respuesta a eso, a
que ustedes no están haciendo una transición energética en nuestro país que dé resultados.


Señor Morán, hay muchos temas importantes y relevantes en la secretaría de Estado que usted dirige que requieren de muchísima explicación, de muchísima contestación y que requieren que venga usted a comparecer sobre ellos, como es, por
ejemplo, el impuesto al plástico, un tema importante y relevante en estos momentos de inflación, de crisis económica, de incremento del precio de la cesta de la compra. ¿Por qué no ha venido aquí a hablar del impuesto al plástico y del impacto en
la economía doméstica que va a tener este año el impuesto al plástico, del impacto que va a tener sobre la economía de las empresas en nuestro país? Ya sabemos que este impuesto está ajeno a cualquier tipo de valoración o de informe desde el punto
de vista del impacto que va a tener sobre la economía, pero usted podría venir aquí perfectamente a explicar por qué si en 2022 subió la cesta de la compra un 15 % permiten ustedes ahora que, con este nuevo impuesto, suba más de un 7 % la cesta de
la compra en nuestro país.


Señor Morán, otro de los temas que para nosotros es capital y esencial es explicar por qué su política de falta de coordinación a nivel nacional está provocando la balcanización legislativa en todos los aspectos relativos a la economía
circular, como es el caso de la Comunidad Valenciana, la ley de economía circular de la Comunidad Valenciana y otras leyes que se están desarrollando en otros lugares de España.


Señor Morán, usted debe explicar aquí realmente por qué viene a comparecer, en vez de explicarnos lo que dicen los artículos 22 y 23 del real decreto, que ya lo conocemos. Usted tiene que explicar aquí por qué ese artículo 22 en particular
puede poner en riesgo ecosistemas no solamente terrestres sino también marinos. Yo le pregunto, por ejemplo, cómo es posible que su secretaría de Estado permita que haya comunidades autónomas que estén ubicando en la costa -por ejemplo, en el
Levante español- actividades económicas como las granjas marinas, contra las que nosotros no tenemos absolutamente nada, en lugares donde hay posidonia. Eso es lo que usted tiene que venir a explicar aquí: por qué hay actividades económicas donde
hay posidonia, como ocurre en el Levante español, por ejemplo en la bahía de mi pueblo, en la bahía de Calpe. Usted tiene que explicar aquí por qué no dialoga y no consensua con la Xunta de Galicia todas estas políticas que su secretaría de Estado
está poniendo en marcha; por qué hace caso omiso a las numerosas alegaciones hechas a la inmensa cantidad de políticas que su secretaría de Estado está poniendo en marcha, y me refiero por ejemplo a las alegaciones que los pescadores en Galicia han
hecho.


El señor PRESIDENTE: Tiene que ir acabando, señor Sánchez, por favor.

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El señor SÁNCHEZ PÉREZ: O explicar que la Xunta está directamente en contra de lo que usted está haciendo en la costa de Galicia. El reglamento de costas afecta no solamente a las industrias marítimopesqueras que hay en Galicia, sino que
además, en relación con lo que usted ha venido hoy a hablar aquí, afecta en particular a un sector tan tradicional como es la pesca en Galicia, al que usted no ha dado respuesta en ningún caso en su intervención.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.


Por último, por el Grupo Socialista, tiene la palabra la señora Bueno.


La señora BUENO CAMPANARIO: Gracias, señor presidente. Buenas tardes a todos y a todas. Y gracias, señor secretario de Estado de Medio Ambiente. Quiero agradecerle su comparecencia y las explicaciones que nos ha dado.


Como siempre, el Partido Popular viene aquí a hablar de su libro. Mire que he intentado no hacer comentarios a su intervención, pero es que ha comentado aquí una serie de cuestiones que no coinciden con lo que ha dicho el secretario de
Estado. Por lo tanto, me veo obligada a hacer un comentario. Usted viene aquí a hablar de su libro, pero no nos dice nada sobre si está de acuerdo o no con el despliegue de energías renovables en nuestro país y con lo que implica, que es un una
bajada del coste de la energía y una protección de la salud de los ciudadanos y de las ciudadanas. De eso no nos dice absolutamente nada, pero nos comenta que el secretario de Estado justifica el rebaje de exigencias medioambientales. No es
verdad, no es eso lo que ha dicho el secretario de Estado. Al contrario, lo que ha dicho es que el procedimiento garantiza la protección ambiental pero apuesta por una aceleración en cuanto a la implantación de renovables, necesaria en la coyuntura
en la que nos encontramos, tanto por cuestiones geopolíticas y la guerra de Ucrania como también por la emergencia climática, por el cambio climático que estamos viviendo. ¡Es asombroso!


Además, nuestro compromiso a nivel europeo es este, pero, claro, como ustedes no han cumplido nunca... Cuando gobernaban no cumplían con las normas europeas y entonces se creen que se puede hacer cualquier cosa. Pero no, esto es serio, el
desarrollo de renovables requiere una aceleración y ese es el compromiso del Gobierno de España.


Por otro lado, después de escuchar al señor López de Uralde he de decirle que no sé si se ha leído usted bien el procedimiento completo, los artículos 22 y 23, y si se ha leído bien lo que contiene el reglamento que se ha aprobado en la
Unión Europea. Lo dejo ahí. La agilización del procedimiento no implica relajación en las garantías de protección ambiental, y eso usted lo conoce o debe conocerlo. ¿No quieren situar energías renovables en ningún sitio? ¿Quieren que se demore
el desarrollo, la implantación de las energías renovables? No acabo de entender su posición, señor López de Uralde; usted sabe que hay unos planos, unos mapas de zonificación que da el ministerio que orientan hacia zonas de baja sensibilidad
ambiental, pero que después es competencia de otras administraciones de las comunidades autónomas la ordenación del territorio para concretar las zonas donde se pueden o no implantar estos proyectos. En fin, me siento un poco despistada con su
intervención, pero está bien que la diferencia de opiniones nos haga encontrar mejores argumentos y que propicie el debate.


La invasión de Ucrania por parte de Rusia, iniciada en febrero del año pasado, está generando importantes consecuencias, tanto desde el punto de vista humanitario como económico, esto es una obviedad, señoría. El real decreto que venimos a
debatir, y concretamente los artículos 22 y 23, lo que ponen sobre la mesa son medidas de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de esta guerra. La transición energética es un reto enorme que está ya transformando nuestro modelo
energético, una transición que ha de acelerarse porque hemos de combatir el cambio climático. Señorías, vivimos en la zona cero, en la región mediterránea, y hemos de acelerar esto, por un lado, porque estamos inmersos en una emergencia climática
acreditada científicamente y también declarada por muchas de las administraciones y, por otro lado, porque las emisiones derivadas de la quema de combustibles fósiles aceleran el cambio climático, contaminan la atmósfera y provocan altas tasas de
mortalidad. La reducción de emisiones reduce la contaminación y con ello podemos mitigar el cambio climático. Si apostamos por nuestra calidad de vida, señorías, y por garantizar la calidad de vida de los que vengan detrás hemos de trabajar para
descarbonizar nuestra economía lo antes posible, es un asunto de responsabilidad y, si me apuran, de humanidad. Para esto es fundamental el abandono de los combustibles fósiles y el despliegue y la aceleración de las energías limpias, es decir, una
transformación radical de nuestro modelo energético, que, en el contexto que estamos viviendo de guerra en Ucrania, es apostar por nuestra independencia

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energética, por el desarrollo industrial de nuestro país, por nuestra salud y por nuestro bienestar. Señorías, es una oportunidad histórica que no podemos dejar escapar.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.


Tiene la palabra el señor secretario de Estado.


El señor SECRETARIO DE ESTADO DE MEDIO AMBIENTE (Morán Fernández): Muchas gracias.


Intentaré dar respuesta en el orden de las intervenciones. En cuanto a las primeras apreciaciones del diputado Tomás Guitarte, tengo una discrepancia de partida, pero que no es exclusivamente con usted, es con carácter general,
concretamente en la apreciación de que los procedimientos habilitados suponen una rebaja de las exigencias ambientales. Discrepo porque no lo suponen en absoluto. Hay dos escenarios de gestión que corresponden al procedimiento de tramitación de
las evaluaciones de impacto ambiental: el procedimiento administrativo, es decir, el procedimiento de calendario de trámites administrativos seguidos, y el procedimiento de evaluación ambiental en sí mismo. La evaluación ambiental sigue siendo
exactamente la misma, con los mismos parámetros, y llevada a término exactamente por los mismos técnicos con exactamente las mismas exigencias. Y les puedo garantizar una cosa: si hay funcionarios que son especialmente rigurosos en los
procedimientos que siguen adelante son los que están encargados de los procesos de evaluación ambiental, por una razón muy sencilla, porque son los funcionarios que habitualmente están sometidos a trámites de recursos que en muchos casos acaban en
la vía judicial, en función de las resultantes finales de las declaraciones de impacto ambiental; si son positivas, por parte de quienes se oponen a los proyectos concretos; y si son negativas, por parte de quienes tenían la expectativa de que su
proyecto fuese aprobado.


Puedo garantizarles con absoluta seguridad que no hay ni un ápice de relajación en los procedimientos de evaluación ambiental en cuanto a la exigencia de las garantías ambientales, porque no se han modificado las directivas europeas, siguen
siendo exactamente las mismas. Lo único que se introduce es una agilización, un acortar los plazos, pero los tiempos que necesitan los funcionarios para la evaluación de los proyectos son los mismos. Lo que se reducen son los plazos intermedios de
consulta a la hora de emitir alegaciones que llegan al propio ministerio. Pero las consultas a las comunidades autónomas y sus órganos ambientales son preceptivas, por lo tanto, informan; las consultas a las administraciones locales son
preceptivas, por lo tanto, informan.


Por cierto, comentaba el señor Rego -creo- que se deja en manos de las empresas la presentación de las evaluaciones de los informes ambientales. Bueno, es que las empresas tienen la obligación de presentar su informe ambiental, antes, ahora
y en el futuro. No es que se deje en sus manos, es que tienen la obligación de presentar ese informe ambiental, y ese es un documento más que forma parte del procedimiento. Por cierto, en los casos en los que no se presentan o lo que se presenta
no responde a las exigencias, traen causa de los números, que luego les repetiré, de aquellas que o bien han sido inadmitidas o bien han sido denegadas. Con lo cual, en el procedimiento, en términos de exigencia ambiental -y yo creo que es
pertinente la comparecencia hoy aquí, porque veo que hay una confusión en los dos planos de los que estamos hablando-, en ningún caso se ha planteado un mecanismo de relajación de exigencias ambientales, sino un mecanismo de agilización de
procedimientos temporales.


En cuanto a una cuestión que planteaban también en relación con las expectativas de ámbito territorial, en este caso con la Xunta de Galicia, que el portavoz del Partido Popular invocó en su momento, conviene hacer una aclaración en este
sentido. Las expectativas de desarrollo, concretamente de la eólica marina -que era a la que usted se refería- por parte de la Xunta de Galicia, eran mucho más amplias que las que finalmente aparecen recogidas en los planes de ordenación del
espacio marítimo. Es decir, precisamente las exigencias y los requisitos ambientales, en este caso, para salvaguardar los valores naturales que en el espacio marino necesitan ser salvaguardados es lo que ha llevado a que, por parte del Ministerio
para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, la resultante final de la zonificación del aprovechamiento de la eólica marina sea sustancialmente menor de la que la Xunta de Galicia en su momento planteaba. Con lo cual, no veo dónde está esa
contradicción que apuntaba el portavoz del Grupo Popular en relación con esa pretendida mayor ambición ambiental por parte de la Xunta de Galicia en este caso concreto.


Conviene también trasladar con carácter general cuál es la previsión que se recoge en el reglamento. Saben ustedes que los reglamentos europeos no son objeto de trasposición, sino que son objeto de aplicación efectiva. El reglamento es
claro, dice: las instalaciones de energías renovables son de interés

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público superior. Esa es la catalogación que introduce el reglamento y, por lo tanto, justifica la prevalencia de algunos de los mecanismos de agilización de evaluación que la Comisión Europea traslada.


Sí tengo que decirles -y vuelvo a reiterarlo porque también conviene que se sepa con claridad- que en todo este procedimiento España ha sido, si no el único país, uno de los pocos países que ha defendido desde el principio que la
modificación, la revisión de las directivas de renovables en ningún caso puede menoscabar la vigencia de las tres directivas ambientales que afectan a la evaluación de las mismas, y eso ha sido algo que ha defendido España desde el minuto uno en los
procesos de diálogo, tanto en la tramitación del reglamento como en estos momentos de la revisión de la directiva. Por lo tanto, téngase en cuenta que ese es el escenario en el que nos encontramos. Cualquier modificación de orden normativo que
hagamos de ámbito nacional en ningún caso puede menoscabar la obligación que tenemos como país de la aplicación del alcance de lo que tanto el reglamento, en estos momentos, como la directiva, en su caso, establezcan.


Preguntaba la portavoz del Grupo Nacionalista Vasco si, en el ámbito de esas exigencias ambientales, había algún mecanismo que pudiese hacer compatible que no volviésemos a encontrar tiempos excesivamente largos en las tramitaciones
ambientales ordinarias. En eso es en lo que venimos trabajando desde el primer minuto, por un lado. Por otro lado, estamos chequeando en tiempo real cuál es la experiencia en los distintos países de la Unión Europea que también vienen obligados a
la aplicación de estos mecanismos. Estamos hablando de un mecanismo de carácter de emergencia para una situación muy concreta y durante un periodo muy concreto, con lo cual, los mecanismos de adecuación que podamos plantear son para ese periodo de
vigencia; e interesa conocer si de la experiencia de unos y otros vemos que hay mecanismos que puedan corregir o redirigir el procedimiento en ese sentido. Por lo tanto, estamos en ese procedimiento viendo permanentemente a través de la
experiencia de los distintos países si hay capacidad para mejorar los procedimientos en los términos de los objetivos marcados por la propia Comisión.


Conviene también que sepan sus señorías que en los procedimientos de evaluación ambiental que corresponden a la Administración General del Estado, por las características de los proyectos, la media de los proyectos de todo tipo
-infraestructuras y equipamientos de todo tipo- que venían siendo sometidos a evaluación a lo largo de un año -más o menos esa es la media de los últimos años- viene a ser de unos setenta u ochenta proyectos al año. Para estos setenta u ochenta
proyectos al año hay una estructura y unos equipos técnicos adecuados a esa necesidad; y esos equipos son los que tienen que hacerse cargo en un momento determinado, como es este, de la irrupción de un volumen de proyectos que solamente en el
ámbito de las energías renovables en un año puede suponer trescientos proyectos. Estos proyectos son de una enorme complejidad. Cada proyecto supera las mil páginas de evaluación y, a su vez, los informes de las distintas administraciones.


Es verdad que se ha hecho un esfuerzo a la hora de contar con recursos humanos más adecuados a esa necesidad y, de hecho, se puso en marcha desde el minuto uno un plan de contratación de asistencias técnicas para el apoyo a la tramitación.
Pero no deben olvidar tampoco sus señorías que la responsabilidad, en último término, de quien certifica que la evaluación ambiental es correcta y, por lo tanto, asume esa responsabilidad frente a terceros es el funcionario. Y conocen también sus
señorías perfectamente hasta dónde llegan los calendarios para poder revisar una plantilla de funcionarios en un ministerio o en cualquier Administración que tiene unos plazos reglados en el tiempo. Por lo tanto, se necesitaba responder en un plazo
corto de tiempo; se hace mediante un apoyo de asistencias técnicas que pueden ayudar en los procesos de examen de la documentación, ver si la documentación está correcta, si está completa, etcétera, pero, a partir de ese momento procesal, lo que
entra en funcionamiento es la evaluación por parte de quien en último término va a firmar esa resolución; y esos siguen siendo los mismos que estaban. El volumen de recursos humanos para esa fase concreta es exactamente el mismo. Por lo tanto, en
esa conciliación estamos continuamente intentando incorporar mejoras para poder resolver ese cuello de botella.


En cuanto al señor Rego, planteaba cuestiones que coincidían también con alguna apreciación que ha hecho el señor Guitarte. En ningún caso creo que estuviese en la mente de la Comisión Europea cuando emplaza a los Estados miembros a poner
en marcha mecanismos de agilización de los procedimientos de evaluación de proyectos renovables, ni en la mente de los legisladores europeos, ni en la mente de ninguno de los países de la Unión Europea -desde luego no estaba en nuestro pensamiento-
que esto se pudiese convertir en un instrumento que beneficiase a determinados grupos de interés, a determinadas corporaciones o a determinadas empresas, no. El procedimiento es único para cualquier tipo de proyectos

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y con carácter general y, por tanto, lo que pretende es sencillamente intentar mejorar ese despliegue con carácter general. No existe ningún objetivo preconcebido que pudiese ser oscuro, más bien todo lo contrario. Es más, la mayoría de
los recursos que nos encontramos por declaraciones de impacto ambiental negativas, por no decir todos, provienen de algunas de las empresas que yo creo que están en la mente de quien hace la pregunta.


¿Por qué se sigue el procedimiento de autorizaciones administrativas cuando se podría optar por el mecanismo de las concesiones? El ministerio ha tenido muy claro cuál es el mecanismo de concesiones en el ámbito de sus competencias, que es
el ámbito del dominio público. El procedimiento de concesiones está presente en los aprovechamientos del dominio público marítimo-terrestre y en el ámbito del dominio público hidráulico. Fuera de ese ámbito, el ministerio no tiene competencias
para establecer un mecanismo concesional en esos mismos términos. Es verdad que hay necesidades de suministro energético territoriales que no son iguales en todos los territorios, pero como no lo son en cualquier otro tipo de producción; es decir,
no hay ningún territorio que sea autosuficiente con carácter general para todas las necesidades que pueda tener. En ese sentido, hay territorios que tienen más capacidad de producción en determinados ámbitos y que, por tanto, se convierten en
centros de producción con carácter general para el conjunto del país y, a su vez, esos mismos territorios necesitan de otros territorios para poder abastecerse de otro tipo de productos o servicios. No estamos en un escenario en el que se trate de
atomizar las posibilidades de generación, y más cuando estamos en un escenario en el que hemos visto cuáles son las consecuencias de una situación extraordinaria, como ha sido la invasión de Ucrania por parte de Rusia, que ha necesitado de un
mecanismo de interrelación entre el conjunto de los países de la Unión Europea.


Al portavoz de Unidas Podemos he de decirle que desde el minuto uno compartimos esa misma preocupación que ha trasladado usted. Como he comentado al inicio, la preocupación principal desde el inicio es que en ningún caso esta agilización
administrativa supusiese ningún tipo de relajación en términos de exigencias ambientales. Es verdad que en ese sentido el principal aspecto donde se ha centrado más la discusión en el conjunto de los países de la Unión Europea, dentro del
Parlamento Europeo y dentro de la propia Comisión, ha sido el de cómo hacer compatibles las garantías ambientales con la agilización de los procedimientos. No les oculto a ustedes que las realidades país son distintas y que ha costado varios meses
conseguir llegar a un texto que, en último término, es discutible en un sentido u otro, pero es con el que en estos momentos contamos.


Vuelvo a insistir una vez más en el mensaje de partida, cuando comentaba que en los mensajes que recibimos de terceros, incluso en el ámbito del sector de las energías renovables, es donde plantean la posibilidad de que se refuercen, se
mantengan, las exigencias ambientales. Las exigencias ambientales en ningún caso se han relajado y, por tanto, no hay una capacidad para ir más allá en estos momentos del ámbito del cumplimiento de las propias directivas en los términos en los que
se establece. También es verdad que va por barrios, y es precisamente en el ámbito de la tramitación de estos 209 proyectos, que se evaluaron y que tenían un hito de cumplimiento a 25 de febrero, desde el cual hemos recibido más peticiones de
agilización del procedimiento por parte de los propios promotores; y hay promotores de todo tipo: grandes pequeños, medianos. Es decir, a la hora de la verdad, el interesado en el desarrollo del proyecto siempre quiere más agilidad, eso es así,
pero no hemos podido ir más allá de lo que las exigencias de garantías ambientales nos marcaban, y hemos llegado al 25 de febrero casi in extremis con la totalidad de los expedientes planteados resueltos. Ahora con lo que nos encontramos es con los
recursos de quienes han visto valoraciones ambientales denegatorias y quienes han visto evaluaciones ambientales positivas o favorables porque, en un caso u otro, las expectativas eran diferentes.


El portavoz del Grupo Parlamentario VOX hace referencia a la necesidad de contar con una planificación con carácter general, siempre es necesario contar con ella. Los mecanismos de planificación probablemente sean las herramientas más
efectivas a la hora de acertar en los procesos de programación, mejor ejecución presupuestaria y mejor atención a las necesidades de la ciudadanía. Saben ustedes que la capacidad de ordenación del territorio que tiene la Administración General del
Estado se reduce prácticamente en exclusiva al ámbito del dominio público, y que las competencias en materia de ordenación del territorio están en la Administración local o en el ámbito de las comunidades autónomas. En ese sentido, hay velocidades
diferentes, es decir, hay comunidades autónomas e incluso ayuntamientos que cuentan con herramientas de planificación que les han permitido gestionar razonablemente este proceso y, sin embargo, hay otras que no van en esa dirección.

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En el ánimo de poder ayudar como guía, teniendo en cuenta esa premisa que le comentaba de que la competencia en materia de planificación no es del Estado, se elaboró el mapa indicativo de zonas más o menos sensibles, que en su momento el
ministerio puso al servicio del conjunto de la ciudadanía con dos objetivos básicamente: uno, encaminar tanto a las administraciones territoriales como a los posibles promotores de proyectos hacia aquellos espacios, hacia aquellos territorios en
los cuales las afecciones ambientales identificadas de partida eran menores, porque eso daba la indicación de que los proyectos que se presentasen en estos espacios tenían más probabilidades de poder contar con evaluaciones ambientales positivas, y
que aquellos que se ubicasen o se pretendiesen desarrollar en territorios con un alto nivel de aceptación ambiental, tenían un altísimo porcentaje de posibilidades de no tener evaluaciones positivas. Dos: el propio procedimiento de evaluación
ambiental. Los evaluadores ambientales de la dirección general vienen obligados a evaluar todos los proyectos, todos, y lo hacen por su orden de entrada. Con lo cual, el tiempo que se dedica a un proyecto que ya de partida el propio evaluador sabe
o supone que va a estar condenado a una evaluación ambiental negativa no le permite apartarlo, tiene que evaluarlo. ¿Por qué? Porque hay informes de por medio, hay alegaciones de por medio, y todas han de contestarse. ¿Qué ocurre? Que todos
aquellos proyectos que tienen una expectativa de no alcanzar una evaluación positiva están minorando la capacidad de dedicar el tiempo y agilizar los procedimientos de aquellos proyectos que sí son buenos. Era lo que comentaba el señor Guitarte,
esa sensación de que puede haber proyectos que podrían ser buenos que tienen una menor atención, y proyectos que, siendo malos, sin embargo, aparecen también en el territorio. No lo podemos impedir, es decir, cualquiera puede presentar un proyecto
aun a sabiendas de que no va a tener absolutamente ninguna posibilidad de salir adelante, y de que, sin embargo, sí ocupa el tiempo y los recursos de la Administración por la sencilla razón del derecho a que sea evaluado y por un procedimiento de
seguridad jurídica en último término.


Hablaba usted de la posibilidad de que esto pueda suponer un problema o una sensación de relajación ambiental, y he de decirle que siempre se contraponen los proyectos. Es decir, para poder responder a la emergencia, se podría recurrir más
a la energía nuclear y, bueno, es una opción, lo que pasa es que eso tiene después también sus consecuencias ambientales, sin entrar a discutir ahora cuál pueda ser la mejor o peor en ese ámbito, en el ámbito de las cuestiones ambientales. En
cualquier caso, sobre la apelación que usted hacía de aplicar el sentido común en los procesos de incrementar la capacidad de desarrollo de energías renovables en nuestro país, que usted decía que puede ser un buen camino, le garantizo que no es
tanto, y solo, una cuestión de sentido común -que bienvenida sea-, sino una cuestión sencillamente de aplicación estricta del procedimiento de evaluación ambiental.


En el caso del portavoz del Grupo Popular, la duda general que plantea es cuál es la razón de mi comparecencia aquí hoy, creía haberla resuelto justo al inicio y es el hecho de que hemos visto cómo el tenor de las dudas con respecto a la
solicitud de información que se plantea, especialmente desde esta Cámara, en relación con la evaluación ambiental de proyectos ha dado un giro radical, porque ha pasado de momentos en los que se demandaba al Gobierno más rapidez, más agilidad, menos
procedimientos y menos requerimientos de documentación para agilizar los procedimientos a que en estos momentos nos encontramos con que a ver si resulta que con la pretensión de agilizar el procedimiento administrativo se va a relajar el
procedimiento ambiental. No es así, y eso era lo que yo pretendía explicar desde el principio, y por eso se tramita esta comparecencia. Hacía usted una hipótesis de que quizás esto se deba a un hipotético fracaso respecto a la política energética
del Gobierno. No sé si sigue usted la evolución de los mercados diarios de la energía a nivel europeo. Yo, primero, por curiosidad la sigo y, segundo, porque es una información que se nos traslada todos los días dentro del ministerio para
manejarla en cada caso con respecto a las necesidades que tenemos en el proceso de planificación, pero si usted la ha seguido a lo largo de los últimos meses no me atrevería a tildar de fracaso la política energética del Gobierno.


Me pedía usted otra comparecencia, no tengo ningún problema en comparecer para resolver otras cuestiones. Ponía especial énfasis en lo que pueda suponer la gestión del dominio público marítimo-terrestre y su afectación en términos
económicos, no le quepa a usted la menor duda de que en cuanto tengamos formalizada la resolución de la Comisión Europea, en este caso el emplazamiento de la Comisión Europea respecto a lo que entienden que es un incumplimiento de la Directiva de
Servicios por parte de España en relación con el tipo de actividades que se autorizan en el dominio público marítimo-terrestre y los períodos de autorización para la ocupación del mismo en relación con algunas actividades que entienden que no vienen
amparadas en ese ámbito, no se preocupe que en cuanto la tengamos, lógicamente, compareceremos y daremos la explicación correspondiente, porque es más que previsible,

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porque así nos lo avanza la Comisión, que sea necesario acomodar la legislación española a las exigencias comunitarias.


También me pedía usted que diese traslado sobre en qué situación estamos en relación con la ejecución de los fondos europeos, tampoco hay ningún problema, pero igual que me decía que están en condiciones de que lo que hoy he explicado yo
aquí lo pueden leer en cualquier momento, porque es una información que está disponible, que conste que la ejecución de fondos europeos también está a disposición de todos ustedes. De hecho es aquella que en estos momentos nos permite ser el país
de la Unión Europea que lleva un proceso más avanzado en la disponibilidad de transferencia de recursos europeos en la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, con lo cual la información está disponible, pero tampoco hay
absolutamente ningún inconveniente en comparecer para trasladar la explicación correspondiente.


En cuanto al impuesto al plástico, lo conoce usted perfectamente igual que yo, porque en la tramitación de la ley su grupo presentó una enmienda para diferir la aplicación del impuesto al 1 de enero del 2023. Enmienda que se aceptó por
parte de la Cámara, por lo que se incorporó, y es la que se está aplicando, con lo cual su grupo la conoce mejor que ningún otro grupo, porque fue quien la propuso.


Respecto a las aportaciones del Grupo Parlamentario Socialista, quiero compartir algunas de las reflexiones que se hacían, porque, en este caso, entablar el diálogo con el conjunto de las administraciones no tiene por qué ir reñido en ningún
caso con el cumplimiento de las obligaciones que tenemos como país en el ámbito de la Unión Europea y en la aplicación de la normativa europea de referencia. Por mi parte es todo.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.


A continuación hay una contrarréplica de los grupos por dos minutos, les pido que sean estrictos con el tiempo. El Grupo Vasco no va a intervenir. ¿El Grupo Mixto? (El señor Guitarte Gimeno hace gestos afirmativos). Sí, de acuerdo.


Adelante, señor Guitarte.


El señor GUITARTE GIMENO: Como decimos por nuestra tierra, esto me suena a música celestial. Hay una descripción de la situación que en modo alguno tiene que ver con la realidad, por lo menos con la que nosotros vivimos en nuestro
territorio. Habla de que no ha cambiado nada y que las evaluaciones son las mismas, ¿entonces para qué se aprueban esos artículos si las evaluaciones son las mismas y el control es el mismo? Realmente hay un cambio muy sustancial, que es que se
elimina la participación pública. Los ciudadanos normales no tienen la posibilidad de alegar y en ese periodo de alegaciones es donde se manifestaban normalmente la mayor parte de las contradicciones. Suprimir eso es reducir a valores ínfimos
nuestro sistema democrático y, en cualquier caso, cuestionar todo el procedimiento.


Habla de la posibilidad que existe, como un criterio de garantía, de que al funcionario que informa le sea exigida una responsabilidad patrimonial, pero seamos serios. ¿Quién tiene capacidad para exigir responsabilidad patrimonial a ese
funcionario? Las grandes empresas, no va a ser el ciudadano de a pie. Entonces quien realmente coarta la voluntad y la efectividad de ese funcionario son las grandes empresas, no los ciudadanos que protestan contra esa implantación irregular,
masiva y desordenada. Seamos conscientes de los recursos y evaluemos quiénes recurren, usted mismo ha dicho que precisamente recurren esas grandes empresas, porque son las que tienen capacidad económica para recurrir. Para nosotros aquí hay un
error de base y es que quizá se ha producido un cambio de uso del suelo de manera voluntaria sin seguir los procedimientos que regula nuestra legislación urbanística para los cambios de uso del suelo, se ha convertido suelo rústico no urbanizable en
suelo de uso industrial sin aplicar los mecanismos de equidistribución urbanística previstos en las leyes. Esos mecanismos habrían hecho que cualquier propietario de esos polígonos en los que se implantan las renovables tuviese los mismos
beneficios y las mismas cargas independientemente de que su suelo fuese un molino, fuesen placas, fuesen caminos o fuesen servidumbres, pero actualmente no es así, lo cual está generando también conflictos internos por los aprovechamientos. Aparte
de que ese mecanismo de equidistribución urbanística habría supuesto la obligación de los promotores de ceder el 15 % del aprovechamiento lucrativo a las entidades locales y ese aprovechamiento tampoco se está cediendo. Lo que estamos haciendo
realmente es abrir las expectativas a un proceso especulativo, buscando la maximización del beneficio sin ninguna vinculación y sin ningún compromiso con el desarrollo territorial en aquellos territorios que sufren la implantación y de nuevo estamos
condenando a los mismos territorios de siempre de nuestro país a ser los territorios que se sacrifican en beneficio, antes era de otros territorios españoles,...

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El señor SECRETARIO (Antón Cacho): Tiene que ir acabando.


El señor GUITARTE GIMENO:... y ahora de otros territorios de la Unión Europea. Nadie nos ha preguntado a los españoles si queremos ser la pila energética de Europa, en qué condiciones, cómo y cuándo.


El señor SECRETARIO (Antón Cacho): Tiene que acabar.


Muchas gracias.


¿Señor Rego, va a intervenir?


El señor REGO CANDAMIL: Sí.


El señor SECRETARIO (Antón Cacho): Tiene dos minutos.


El señor REGO CANDAMIL: No dejo de ser sorprendente, pero ya lo he dicho, porque hay un procedimiento de evaluación ambiental establecido en la Ley 21/2013, que aquí se elimina, pero se dice que se mantienen los mismos controles. Es
evidente que no, ustedes dirán lo que quieran, pero es evidente que no, porque se elimina la participación ciudadana y se facilita que sean las empresas las que elijan dónde instalarse. Nosotras lo que queremos, en todo caso, es volver al modelo
anterior, que no es que nos encante, pero es bastante mejor que este.


En segundo lugar, en relación con la producción en unos u otros territorios, por favor, nosotros no defendemos la autarquía, lo que defendemos son unas relaciones económicas justas. Porque estamos un poco hartos de que nosotros tengamos que
pagar las consecuencias ambientales, sociales y económicas de esa especialización, que no elegimos, en la producción energética para que otros tengan energía limpia sin ningún coste. Y nosotros tengamos todos los prejuicios y ningún beneficio, ni
siquiera una tarifa eléctrica diferente o ningún tipo de compensación, porque no hay reversión positiva sobre el territorio. Por eso reclamamos, entre otras cosas, una tarifa eléctrica galega, porque nos parece que es de justicia y lo contrario no
es sostenible.


En cuanto a la protección ambiental, todo depende. Usted sabrá perfectamente que Galicia tiene protegido, con Red Natura, el 11 % del territorio y la Comunidad de Madrid el 40 % del territorio. No es que nosotros tengamos menos valores
ambientales que Madrid, estoy seguro que no. Lo que sí tenemos es un Gobierno del Partido Popular que sistemáticamente estuvo demorando la calificación como Red Natura de determinadas zonas precisamente para facilitar la implantación de grandes
empresas eléctricas.


Por último, en cuanto a la concesión o a la autorización, en todo caso, concurso, porque es posible. Nosotros lo hicimos, el BNG lo hizo estando en el Gobierno galego en el año 2008. ¿Cómo? Primero, estableciendo las áreas, las
condiciones y también los criterios sociales. Resultado: En ese concurso los beneficiados fueron 32 pequeñas y medianas empresas galegas vinculadas al sector primario, a la agroindustria y a la marindustria, porque se privilegiaba precisamente la
creación de empleo en esos sectores. El día de las elecciones -finalizo (El señor secretario, Antón Cacho: Por favor)- se produjo un abrazo muy conocido del corrupto Sánchez Galán con Feijoo y acto seguido el Partido Popular, con Feijoo a la
cabeza, anuló ese concurso eólico diciendo que era ilegal, pero los tribunales dictaminan que lo que fue ilegal fue la actuación de la Xunta de Galicia, la pagamos entre todos, pero no hubo ningún problema, los parques eólicos volvieron a sus dueños
naturales, especialmente a Iberdrola, a Endesa, y a las que se crearon expresamente para eso.


El señor SECRETARIO (Antón Cacho): Tiene que acabar.


Muchas gracias, señor Rego.


Tiene la palabra el señor López de Uralde, por dos minutos.


El señor LÓPEZ DE URALDE GARMENDIA: Muchas gracias, presidente.


No pensaba intervenir, pero ha habido una intervención de la señora Bueno y, por alusiones, desde luego quiero responder, porque me parece bastante arriesgado afirmar, como ha afirmado, que yo estoy en contra del desarrollo de las energías
renovables. Para nosotros, para nuestro grupo parlamentario, el desarrollo de las energías renovables es tan importante que es un proyecto de país. Por eso precisamente entendemos que las cosas hay que hacerlas bien o incluso, como decía el
presidente de la Unión Española Fotovoltaica, hay que hacerlas de manera excelente. Porque si las cosas se hacen mal, pasan las cosas que están pasando. Se genera una oposición que lo que va a hacer es frenar el desarrollo de este

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proyecto. En realidad el territorio necesario para ubicar las plantas de energías renovables, que son necesarias para la generación de energía suficiente para el desarrollo de nuestro país, es pequeño. Por tanto, hacer las cosas bien no es
tan difícil. Nosotros hemos entendido -y así lo he explicado- que ese artículo, especialmente el artículo 22 de ese real decreto, no ayuda a hacer las cosas bien -y eso es lo que yo he dicho-, sino todo lo contrario, porque genera confusión y
oposición. Precisamente el día en que ese artículo se hizo público estaba en un Congreso de Medio Ambiente sobre fotovoltaica y biodiversidad, en el que se discutió sobre esto y todo el mundo habló en contra de que se simplificara el trámite
ambiental, porque, como he explicado en mi exposición, favorece a los malos y perjudica a los buenos. Insisto, nosotros entendemos que hacer las cosas bien significa: evitar aquellas zonas ambientalmente sensibles, evitar las zonas protegidas,
tener en cuenta a la población, tener en cuenta los intereses de la gente, tener en cuenta que no se destruya el territorio, y todo eso es posible hacerlo y se puede hacer bien. Se puede hacer bien, porque, insisto, al final el territorio que se
necesita es un porcentaje de territorio pequeño. Creo que nadie en esta Comisión puede tener ninguna duda, ni nadie la tiene, de que tanto la posición de mi grupo como la mía personal es en favor del desarrollo de las energías renovables, por
supuesto que sí, pero hagamos las cosas bien. Por favor, no hagamos alusiones que no ayudan en nada a la construcción de consensos. Simplemente expongo la opinión de mi grupo de que estos artículos son un obstáculo, y así lo he dicho.


El señor SECRETARIO (Antón Cacho): Muchas gracias, señor López de Uralde.


Por el Grupo Parlamentario VOX, tiene un segundo turno.


El señor CHAMORRO DELMO: Muchas gracias.


Nosotros también estamos sorprendidos de la evolución de la ley de transición energética en este sentido. Vuelvo a repetir y a reiterar que nosotros ya hablamos, en el 2021, de lo que iba a pasar y lo que está pasando. En un momento dado
nos congratulamos, aunque es malo para España en general, de que tuviéramos razón una vez más.


Con respecto al tema de la planificación, evidentemente que podemos hablar del tema de las competencias, resulta que nosotros aceptamos una planificación, que venía a través de directivas internacionales y de directivas de Europa, pero a la
hora de elaborar una ley de transición, en cuya ponencia presentamos una enmienda en la que establecíamos que se priorizara, como vuelvo a repetir, tejados, suelos degradados, vertederos colmatados, canteras antiguas, minas a cielo abierto y
terrenos industriales, para que precisamente no ocurriera lo que sucede en la actualidad con esa revolución que se está produciendo en nuestros pueblos, en nuestro mundo rural, y eso es a lo que nos referimos con el nivel de planificación. Porque
precisamente si las plantas se hubieran instalado en este tipo de suelos se podía haber relajado, desde el punto de vista administrativo, la cuestión del impacto ambiental. Pero lo que tenemos ahora mismo en España son plantas, por ejemplo, de 1300
hectáreas en Cáceres, tenemos plantas de 1400 hectáreas en Zaragoza, es decir, lo contrario de lo que se está haciendo en el resto de Europa, y les he puesto antes el ejemplo de Alemania, donde los suelos agrarios y los suelos productivos están al
margen para instalar plantas fotovoltaicas y eólicas, y ahora todo el mundo se sorprende, pero nosotros ya lo dijimos en el año 2021. Por tanto, reiteramos, evidentemente, ya lo dijimos, pero lo repetimos y, en ese sentido, creemos que no se tiene
en cuenta la realidad social de España y la realidad de los intereses de España. Que se inviertan fondos de inversión o que se ponga capital en esos márgenes, que, precisamente por hacer mal las cosas por parte de este Gobierno, se haga lo que
están haciendo a nivel de ese gigantesco fotovoltaico y eólico. Veo totalmente legítimo que ellos hagan lo que consideren, lo que veo una irresponsabilidad es cómo ha planificado el Gobierno todo este desarrollo desde el punto de vista de las
renovables. En eso coincido con lo que ha dicho el señor de Podemos, pero es que el señor de Podemos es el que aprobó esta ley de transición energética en el Consejo de Ministros, con el Partido Socialista, y que no apoyó la enmienda en la que
nosotros ya planteábamos una planificación para que ese impacto ambiental y ese problema que se está causando en el mundo rural no llegara a la situación que está llegando ahora mismo, que está atacando a agricultores, a ganaderos y a gente del
mundo rural, que están viendo todos sus paisajes invadidos por estas placas descontroladas absolutamente.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.


Por el Grupo Popular, don César Sánchez.

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El señor SÁNCHEZ PÉREZ: Muchísimas gracias, señor presidente.


Señora Bueno, nosotros a nuestro libro, sí, a nuestro libro que son los regantes del Tajo-Segura, los regantes del Levante español, que son los pescadores de Galicia, que son las familias que están viendo incrementado el precio de la cesta
de la compra. Nuestro libro es proteger la posidonia, allí donde hay, en nuestras costas y en nuestro litoral. Nuestro libro es la descarbonización. Eso sí, habla usted de la guerra de Ucrania, de la descarbonización, pero hay que intentar
también que no pase lo que está pasando en España, que para producir electricidad cada vez utilizamos más gas -por cierto, ruso- con su Gobierno. Nuestro libro es estar al lado de la industria del chopo, afectada por el nuevo reglamento que quiere
poner en marcha el Gobierno de dominio público marítimo-terrestre. Nuestro libro es las industrias marítimas y pesqueras de Galicia, las industrias económicas vinculadas al mundo de la costa en el Levante español, que con el Reglamento General de
Costas del Gobierno socialista, de su partido, se ven amenazados muchísimos puestos de trabajo, además de nuestra oferta turística. Sí, ese es nuestro libro, y es el libro del que siempre venimos a hablar aquí donde tenemos que hablar, que es en la
Comisión de Transición Ecológica, o cuando tenemos oportunidad de hacerlo en los puntos que se debaten en el Pleno. Sí, ese es nuestro libro y con ese libro vamos a continuar.


Señor Morán, yo, sin que sirva de precedente -y espero que tampoco le moleste-, voy a parafrasear al portavoz de Podemos, al presidente de nuestra Comisión, y lo voy a hacer de manera muy sencilla, muy gráfica y además muy corta: El riesgo
de que pasen por buenos proyectos que no lo son. No son palabras mías, pero que hago mías, son palabras del señor López de Uralde, y eso es lo que tiene usted que explicar. Usted tiene que explicar dos cosas. Primero: ¿Hay informes de impacto
económico de este real decreto y de estos dos artículos? Segundo: ¿Hay informes de impacto medioambiental de posibles riesgos y amenazas de estos dos artículos para nuestros ecosistemas, tanto terrestres como marinos? Explíquelo.


Ya simplemente para terminar, señor presidente, y de manera muy rápida. El señor Rego, se muestra muy preocupado con la evolución de renovables y el despliegue masivo por la simplificación de trámites ambientales, pero a la hora de votar
estos dos reales decretos creo que no estuvo en contra. ¿Estuvo en contra?


El señor REGO CANDAMIL: Pues no.


El señor SÁNCHEZ PÉREZ: ¿Votó en contra?


El señor REGO CANDAMIL: Pues no.


El señor SÁNCHEZ PÉREZ: ¿No votó en contra?


El señor REGO CANDAMIL: No.


El señor SÁNCHEZ PÉREZ: Gracias, señor presidente.


Sin acritud, pero no votó en contra.


Gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Por último, por el Grupo Socialista, doña Eva Bueno.


La señora BUENO CAMPANARIO: Quizá no me expresé bien, señor López de Uralde, pero yo no he afirmado aquello que usted dice que he afirmado, simplemente le he preguntado. Por matizar, le he preguntado. Lo demás ya ha explicado bien el
secretario de Estado que la agilización del procedimiento no implica la relajación de las garantías de la protección ambiental, por matizar la afirmación que ha realizado.


Por otro lado, señor Sánchez, todo eso que usted ha dicho está muy bien, ¿pero están a favor del despliegue de energías renovables en nuestro país para abaratar los costes de la luz o no? Porque ustedes, de que paguen impuestos las grandes
eléctricas para que ayuden de manera solidaria a su país, no han querido saber nada. Esa es mi pregunta. ¿Están ustedes de acuerdo con el despliegue de energías renovables en nuestro país para abaratar los costes de la energía o no? ¿Están de
acuerdo con el despliegue de energías renovables en nuestro país para proteger nuestra salud o no? Usted siga con su libro, pero no me ha contestado a esto, y es el tema que venimos a tratar hoy aquí.


Resumiendo, en definitiva, la transición ecológica, como toda transformación rápida, genera reacciones, tensiones y desacuerdos, pero tenemos que hacerlo y tenemos que hacerlo bien. No podemos

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justificar la ralentización del proceso de transición, no nos lo podemos permitir. Porque todos, excepto los que defienden el negacionismo climático, deberíamos de hacer un esfuerzo y trabajar juntos y juntas. No tenemos mucho tiempo para
descarbonizar nuestra economía, por lo que hay que actuar en muchos ámbitos, y la generación de energía limpia y competitiva es el primero. Hemos de trabajar, eso sí, por un modelo de desarrollo de renovables que beneficie a los territorios, pero
no ralentizar el desarrollo. Además, la oposición al desarrollo de energías renovables, señorías, lo acaba rentabilizando la extrema derecha, que lo sustenta en el negacionismo climático y en la construcción de nucleares. Además, no olvidemos que
este es un procedimiento de carácter excepcional y transitorio que cumple con las exigencias comunitarias en una situación excepcional de emergencia climática y de crisis energética. El Gobierno las cumple y las está cumpliendo, y así se refleja en
un informe de la CEOE que califica positivamente cuestiones como bajar la conflictividad, llegar a acuerdos con las diferentes administraciones y, lo que es muy importante,...


El señor PRESIDENTE: Tiene que ir terminando, señora Bueno.


La señora BUENO CAMPANARIO: Termino, señor presidente.


... reconocer el alto número de expedientes cerrado a nivel europeo, y el esfuerzo que el Gobierno ha puesto en ello.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.


Por último, tiene la palabra el señor secretario de Estado.


El señor SECRETARIO DE ESTADO DE MEDIO AMBIENTE (Morán Fernández): Muchas gracias, presidente.


Respecto a la apreciación que hacía el señor Guitarte, los términos en los que se define o en los que se explica a veces no coinciden con la realidad que nosotros tenemos constatada. Yo intentaba trasladarles, más allá de toda esta
explicación, la realidad de lo que ha sucedido, es decir, los datos que son incontestables, porque son los que están ahí. Quiero volver a repetirlos: Hay 130 expedientes tramitados, amparados por el real decreto, de los cuales 118 ya están
resueltos; de los que 35 han tenido una valoración favorable; 30 han sido inadmitidos por deficiencias en los propios proyectos; 35 han sido desistidos por los propios promotores, al entender que no tenían posibilidades de salir adelante, y 18,
que se han tramitado hasta el final, han tenido una valoración desfavorable. Es decir, solamente 35 de 118 han sido favorables. Esa es la realidad de lo que sabemos hoy, con los proyectos evaluados hasta hoy, esa es la situación: 35 respecto a
118, que incluso están por debajo del porcentaje que supone la media de declaraciones ambientales favorables en régimen general en la evaluación de proyectos. Es decir, no hay ningún elemento que en estos momentos nos pudiese llevar a concluir que
esta norma ha abierto las puertas a que hubiese una mayor permisividad ambiental y, por tanto, se aprobasen más proyectos de los que en realidad deberían haberse aprobado.


Comentaba otra cuestión, que también es de apreciación, cuando yo comentaba el tema de los recursos, porque normalmente quien tiene más posibilidad de entablar un procedimiento de recursos son las grandes empresas, no es mi experiencia, no
lo es. Puedo asegurarle que la mayoría de los recursos no están ubicados en el ámbito de las grandes empresas, con lo cual también podríamos extender los recursos aquí. Coincido con usted en que, efectivamente, la apreciación que uno pueda tener
ahí fuera y en el territorio, a nivel de calle, coincide con la suya, y esa es una de las razones por las cuales estamos aquí hoy. Los datos reales, a fecha de hoy, concluidos son los que yo le he dado. Vamos a ver qué es lo que sucede en el
período siguiente con los proyectos que están en estos momentos en evaluación, pero respecto a esos 130 la realidad es esa, solamente 35 han pasado el filtro, solo 35 de 118.


Comentaba el diputado señor Rego, en esa contradicción, requisitos ambientales versus requisitos burocráticos. Vuelvo a insistir otra vez aquí, donde se ha producido la intervención en la revisión de la normativa es en el ámbito de los
requerimientos burocráticos, no en el ámbito de los requerimientos ambientales. No se reduce ni un ápice el nivel de exigencia ambiental en los proyectos, y me remito a los datos que le daba antes al diputado Guitarte, a los hechos me remito. Esa
es la situación real a fecha de hoy. Que hay esa percepción en la calle, sí, coincido con usted, hay esa percepción en la calle, pero no se corresponde con la realidad al final del recorrido. Quiero comentarle que, en ese diagnóstico que hacía
usted respecto a qué se ha conseguido en materia de modificación de prioridades energéticas en nuestro

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país, el despliegue del autoconsumo no ha tenido precedentes en la realidad que vivimos hoy con respecto a la realidad previa que vivíamos a todo el proceso de modificación normativa energética en nuestro país. El volumen de recursos
puestos a disposición para el propio despliegue del autoconsumo para la constitución de comunidades energéticas, especialmente procedentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que se ha puesto al servicio de ese nuevo modelo
energético, no tiene tampoco precedentes. En último término, quiero volver otra vez a insistir en una cuestión que he comentado al principio. Creo que en estos momentos los resultados en comparación con la estructura de seguridad energética,
incluidos los precios, de nuestro país en el entorno europeo tampoco tienen precedentes, con lo cual creo que, reconociendo que puede haber errores, que siempre los hay -y como le comentaba a la diputada doña Idoia- estamos en ese proceso, porque
todos los países de la Unión Europea estamos en ese mismo proceso de identificación, porque nadie identificaba una situación como una guerra dentro de Europa que nos pudiese obligar a tomar decisiones con esta rapidez.


Efectivamente, coincido en la valoración de que la superficie necesaria en nuestro país para poder sustituir un modelo energético de carbono por un modelo energético descarbonizado es muy pequeña en relación con las necesidades energéticas
país. En ningún caso aspiramos -creo que lo comentaba usted, señor Rego, o el diputado Guitarte, ya no recuerdo- a convertirnos en la planta de generación energética para toda Europa. No, en ningún caso esto es así. Es más, cada país de la Unión
Europea aspira a tener un nivel de soberanía energética propio razonable, y nuestro país exactamente igual. Pero, en circunstancias extraordinarias como las que vivimos, los mecanismos de cooperación tienen que ponerse en marcha y quien lo
necesita, lógicamente, requiere el apoyo de quien puede prestárselo y así hemos funcionado y así hemos conseguido superar un período que se anticipaba como muy complicado para garantizar la seguridad energética en el conjunto de la Unión Europea.


Yo no coincido, en este caso concreto, con su apreciación respecto a que la Ley de Cambio Climático y Transición Energética haya sido un fracaso, tal y como ustedes anticipaban, más bien todo lo contrario. La ley de Cambio Climático y
Transición Energética ha permitido, entre otras virtudes, como país, haber asumido a lo largo de los últimos meses, casi del último año, que España se haya convertido en el país referencia en el conjunto de la Comisión Europea para revisar el
mecanismo de mercado energético europeo, y eso ha sido gracias a que, de partida, hay una Ley de Cambio Climático y Transición Energética que permite poner en marcha precisamente el mecanismo de revisión del modelo energético de nuestro país, con lo
cual creo que esa es la realidad.


El portavoz del Grupo Popular ha empleado casi todo el tiempo en debatir con algún otro diputado, pero entre algunas cuestiones que comentaba básicamente me centraré en una -por cierto, hacía un comentario y creo que la inicial era nuestro
libro-. En el último Consejo Nacional del Agua, el presidente de la Federación Nacional de Comunidades de Regantes de España, el señor Andrés del Campo, le dirigió el siguiente mensaje a la vicepresidenta: Señora vicepresidenta, felicite usted a
su equipo -le enviaré el acta para que la tenga-, porque creo que han conseguido, dentro de las necesidades que tiene el país, hacer un equilibrio razonable entre la disponibilidad del recurso y el destino de ese recurso. Por esa razón hemos
aconsejado al conjunto de las comunidades de regantes que no voten en contra de la planificación hidrológica en nuestro país. Lo digo, porque, como ciudadanos de este país, también forman parte del libro del Gobierno.


Cierro, señor presidente, parafraseando al portavoz del Grupo de Unidas Podemos: el riesgo de que pasen por buenos proyectos que son malos. No existe ese riesgo, más allá de que en un momento determinado pueda haber un error en una
evaluación que eso siempre ha sido así, ahora y antes y lo seguirá siendo en el futuro. No es posible que pasen proyectos malos por proyectos buenos sencillamente porque los proyectos malos no pasan, y a los números vuelvo a remitirme. La inmensa
mayoría de esos 118 proyectos evaluados no han conseguido pasar el filtro. Le garantizo que si todos esos proyectos no pasaron el filtro fue precisamente porque no eran buenos.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor secretario de Estado.

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PREGUNTAS:


- DEL SEÑOR REGO CANDAMIL, DEL GRUPO PARLAMENTARIO PLURAL, SOBRE PROYECTO DE REGENERACIÓN DEL COMPLEJO DUNA-MARISMA DE LA PLAYA GRANDE DE MIÑO (PROCEDENTE DE LA PREGUNTA AL GOBIERNO CON RESPUESTA ESCRITA NÚMERO DE EXPEDIENTE 184/085487).
(Número de expediente 181/001873).


- DEL SEÑOR REGO CANDAMIL, DEL GRUPO PARLAMENTARIO PLURAL, SOBRE PREVISIONES ACERCA DE SI EL MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO RESPETARÁ LAS COMPETENCIAS DE LA XUNTA DE GALICIA DESCARTANDO LA AUTORIZACIÓN DE LOS
65 PROYECTOS DE PARQUES EÓLICOS INFORMADOS NEGATIVAMENTE (PROCEDENTE DE LA PREGUNTA AL GOBIERNO CON RESPUESTA ESCRITA NÚMERO DE EXPEDIENTE 184/090034). (Número de expediente 181/002000).


El señor PRESIDENTE: Pasamos al segundo punto del orden del día, que son las preguntas que quedan pendientes, ambas del Bloque Nacionalista Galego. Hemos acordado con el diputado que va a hacer las dos en una única intervención. Seremos
un poco más flexibles con el tiempo y así responde de una vez y terminamos esta Comisión posiblemente un poquito antes de lo previsto.


Sin más, tiene la palabra el señor Rego.


El señor REGO CANDAMIL: Gracias, señor presidente.


La primera pregunta se refiere a una serie de proyectos de parques eólicos que, tras ser informados negativamente por la Xunta, en concreto sesenta y cinco fueron admitidos a trámite por el Gobierno. Estamos hablando de proyectos de parques
eólicos informados negativamente porque o se ubicaban fuera de las zonas predefinidas o afectaban a la Red Natura o tenía un importante impacto ambiental. No obstante, como decimos, fueron admitidos a trámite por el Gobierno. Queremos saber si en
estos casos el Gobierno va a respetar la competencia de ordenación del territorio de la Administración galega, si va a considerar vinculantes estos informes negativos de la Xunta de Galicia y por tanto denegar estos proyectos eólicos, y, en todo
caso, dado el tiempo que transcurrió, porque esta es una pregunta de junio del año pasado, ocho meses después -hay que decir que lamentablemente, a diferencia de otros ministerios que normalmente respetan el plazo de un mes, no es el caso del
MITECO-, nos gustaría saber cuál fue la resolución en estos proyectos, si es que se produjo, y si no qué es lo que piensa hacer el ministerio.


La siguiente pregunta es en relación con el proyecto de regeneración de dunas en la playa Grande de Miño. En este caso se presentó un proyecto inicial por parte del ministerio muy poco definido; es decir, un proyecto en el que no estaba
claro ni cuáles eran exactamente los espacios en que se iba a intervenir ni cuál era la cantidad de arena que se iba a retirar o que se iba a mover ni cuál podía ser la afectación, y esta es una de las principales preocupaciones de los habitantes de
la zona, especialmente de la cofradía de pescadores, a parques de marisqueo. Sabemos que recientemente, creo que fue la semana pasada, hubo una reunión con la cofradía de pescadores en la que el ministerio parece que aceptó las alegaciones
presentadas por la cofradía, y que van a estar limitada esta posible afectación al marisqueo en la zona. En todo caso, lo que nos gustaría preguntar, actualizando esa pregunta que hicimos en su día, es si efectivamente el ministerio piensa respetar
los compromisos que se establecieron en esa reunión con la cofradía de Miño, y especialmente también cuáles son las previsiones temporales de ejecución de esta actuación, cuáles son los plazos en los que piensa realizar esta actuación el ministerio.
Esto también es importante, efectivamente, por la afectación que puede haber durante las obras.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Secretario de Estado.


El señor SECRETARIO DE ESTADO DE MEDIO AMBIENTE (Morán Fernández): Respondo rápidamente. Se refería usted a los cuarenta parques eólicos. No voy a entrar en la discusión de por qué en todo este procedimiento ha habido que requerir en
diferentes ocasiones a la Xunta de Galicia que hiciese la aportación de los informes requeridos. Estamos hablando de una evaluación ambiental y un procedimiento de evaluación ambiental no atiende a mecanismos de planes estratégicos de desarrollo,
es una evaluación ambiental y atiende exclusivamente a los impactos ambientales, con lo cual es una herramienta de planificación del territorio per se. Nuestra planificación energética es esta. Yo no le pregunto eso, no es mi competencia. Dígame
usted, en relación con todos y cada uno de estos parques, uno por uno: este por estas razones de carácter ambiental no debería ser autorizado, etcétera, etcétera.

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Una vez superado todo ese proceso, que ha sido largo y tortuoso, la situación actual es la siguiente. En relación con los cuarenta parques eólicos, en estos momentos ocho de los parques tienen una declaración de impacto ambiental positiva;
nueve tienen una declaración de impacto ambiental negativa o bien se han archivado sin más; diecisiete están en estos momentos en evaluación ambiental, puesto que no se ha podido culminar el procedimiento hasta que no se han recibido los informes
que exactamente eran los que se requerían, y otros seis ni siquiera han comenzado todavía la evaluación ambiental porque no tienen la documentación requerida. En todo caso, en cada uno de los proyectos, una vez remitidas por la Administración
competente las valoraciones ambientales, los informes ambientales es cuando se evalúa ese proyecto: A este decimos que no porque no está dentro de la planificación. ¡Oiga, que yo respeto su planificación energética! Pero este proyecto, que lo
estoy evaluando porque es de mi competencia, tengo que evaluarlo desde el punto de vista ambiental, no de la planificación energética que corresponde a otros. En ese trámite se han ido pasando los meses hasta que efectivamente se han ido haciendo
las aportaciones de impacto ambiental, y con esos informes es cuando ya se pueden tramitar y emitir las declaraciones. Esos son los números.


En relación con el proyecto de regeneración del complejo dunar, marisma Grande de Miño, el proyecto está ahora mismo por actualizar porque, efectivamente, la pregunta es de hace algo menos de un año, creo. En este caso se trata de una
actuación de 1,72 millones de euros; plazo de ejecución prevista ocho meses; objeto del proyecto, resolver una problemática que hay en el entorno de esta esta marisma playa. En concreto, la zona de actuación la ensenada de Bañobre, dónde está el
arenal Grande de Miño, de unos 1600 metros de longitud y donde desemboca el río Baxoi, formándose marismas de trasplaya. El ecosistema de la duna había venido ya sufriendo una degradación progresiva desde la construcción de la carretera provincial,
la CP 4803, un aparcamiento muy desordenado en época estival y un antiguo campo de fútbol que se ubicaba justo sobre los rellenos de la marisma, y esto añadido a la presión turística que viene teniendo el espacio prácticamente todos los años, y que
conlleva un pisoteo indiscriminado de todo el espacio dunar, de tal manera que llegó un momento en el que prácticamente la vegetación dunar había desaparecido.


El objetivo de la actuación es, por tanto, la protección y recuperación del medio natural, corrigiendo los impactos y la reordenación de los usos. Las actuaciones son: La retirada de los rellenos del antiguo campo de fútbol, recuperando el
espacio como marisma; la eliminación de especies exóticas invasoras de las dunas, regenerando los espacios con especies psamófilas, plantas adaptadas a los sustratos arenosos y salinos; la protección y el balizado de los ecosistemas dunares, y la
ordenación y adecuación de los itinerarios y accesos peatonales. En cuanto a la solicitud de algunos datos concretos, tengo que mencionar que el proyecto -por cierto, ajustado siempre, porque es verdad que ha habido mucha aportación de
documentación por parte de la cofradía de pescadores, que es lo que ha permitido ir ajustando el proyecto, que era de lo que se trataba- dice: La zona a extraer estará situada en un área intermareal, por encima de la cota +2, esto es, fuera de los
bancos marisqueros, de acuerdo con los datos facilitados en su día por la propia cofradía; también se ha evitado proponer extracciones de arena en zonas de vegetación dunar que estuviese consolidada, y la movilización de áridos se realizará por
medios terrestres, evitando el uso de dragas u otra maquinaria anfibia, precisamente para evitar las afecciones al banco de marisqueo. La superficie de extracción prevista es de 4000 metros cuadrados y el volumen de arena a retirar de unos 3500
metros cúbicos. El proyecto se desarrolla prácticamente en medio terrestre, restaurando las dunas, los pasillos dunares y la vegetación. La retirada del campo de fútbol y la restauración de la marisma se realizan fuera de la actual ribera del mar,
con lo cual la afección será muy limitada. En todo caso, para evitar afecciones puntuales a las aguas se han implementado medidas de vigilancia ambientales. Atendiendo a las alegaciones que presentó en su momento la información trasladada
especialmente por la cofradía, pero también por la propia Xunta de Galicia, se ha ajustado el expediente, con lo cual en estos momentos se han realizado los cambios que mejoraban el mismo, fundamentalmente en el sentido de incorporar la señalización
del banco marisquero de Bañobre con las coordenadas que proporcionó la propia cofradía.


Tras todo este procedimiento se acaba de iniciar la tramitación económica tendente a la licitación y a la posterior ejecución, y una vez que se adjudique la obra realizaremos un programa de trabajos de forma que los mismos se ejecuten en la
mejor época posible. Para que esto sea así hemos previsto-no sé si lo conoce-, con la restauración de la ría do Burgo, un mecanismo de seguimiento ajustando los calendarios, los tiempos de recogida, los tiempos de siembra y demás para que sea lo
más compatible posible.

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Lamento el retraso en el traslado de la información, pero esta es la situación. Espero que en próximas fechas se pueda licitar.


El señor PRESIDENTE: Muchísimas gracias, señor secretario de Estado.


Gracias a todos y a todas.


Se levanta la sesión.


Eran las tres y cuarenta y cinco minutos de la tarde.