CORTES GENERALES


DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS


COMISIONES

Año 2022 XIV LEGISLATURA Núm. 811

DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS ACUERDOS DEL PACTO DE ESTADO EN MATERIA DE VIOLENCIA DE GÉNERO

PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª BEATRIZ MICAELA CARRILLO DE LOS REYES

Sesión núm. 16

celebrada el miércoles,

16 de noviembre de 2022

ORDEN DEL DIA:


Minuto de silencio ... (Página2)


Comparecencia de la señora secretaria de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género (Rodríguez Martínez), para informar sobre las medidas de impulso e implementación de los acuerdos del Pacto de Estado contra la violencia de género.
A propuesta del Gobierno. (Número de expediente 212/002828) ... (Página2)


Comparecencia de la señora delegada del Gobierno contra la Violencia de Género (Rosell Aguilar):


- Para informar sobre las medidas de impulso e implementación de los acuerdos del Pacto de Estado contra la violencia de género. A propuesta del Gobierno. (Número de expediente 212/002829) ... (Página28)


- Para dar explicaciones sobre la semana negra en violencia de género. A petición del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 212/002227) ... (Página28)

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Se abre la sesión a las once y cinco minutos de la mañana.


MINUTO DE SILENCIO.


La señora PRESIDENTA: Buenos días, señorías.


El próximo día 25 se celebra el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y les pido a sus señorías que guardemos un minuto de silencio por todas las víctimas asesinadas por violencia de género. (La Comisión,
puesta en pie, guarda un minuto de silencio).


Muchísimas gracias.


- COMPARECENCIA DE LA SEÑORA SECRETARIA DE ESTADO DE IGUALDAD Y CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO (RODRÍGUEZ MARTÍNEZ), PARA INFORMAR SOBRE LAS MEDIDAS DE IMPULSO E IMPLEMENTACIÓN DE LOS ACUERDOS DEL PACTO DE ESTADO CONTRA LA VIOLENCIA DE
GÉNERO. A PROPUESTA DEL GOBIERNO. (Número de expediente 212/002828).


La señora PRESIDENTA: Procedemos ahora a tramitar el orden del día con la celebración de comparecencias. En primer lugar, comparece la secretaria de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género a petición propia para informar sobre
las medidas de impulso e implementación de los acuerdos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Quiero agradecer a la secretaria de Estado su presencia y la información que hoy va a facilitar a esta Comisión, que será de gran utilidad
para los futuros trabajos de la Subcomisión para la renovación y la actualización del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Bienvenida, secretaria de Estado, tiene el uso de la palabra.


La señora SECRETARIA DE ESTADO DE IGUALDAD Y CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO (Rodríguez Martínez): Muchísimas gracias, presidenta.


Muchísimas gracias, señorías, por estar hoy aquí en estas comparecencias a petición propia, tanto la mía como la de la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, que nos parecían particularmente oportunas teniendo presente el mes
en el que estamos y también la necesidad de seguir actualizando la información al respecto del cumplimiento de los acuerdos que, como saben, el Gobierno está desarrollando en relación con el Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Además,
creemos que es un tiempo importante para las políticas de violencia de género -hablaré de ello e intentaré centrarme en esto en mi comparecencia, aunque después podrá completar la delegada otros aspectos que son más propios de la delegación-, porque
estamos avanzando en algunas materias que son relevantes. Estoy hablando del catálogo de referencia que aprobamos ayer en la conferencia sectorial con las comunidades autónomas, de la futura Estrategia Estatal para Combatir las Violencias Machistas
que se aprobará el martes y de la futura Ley Integral contra la Trata que se aprobará también en los próximos días. Creo que son hitos de gran calado, muy relevantes y de los que merecen ser informados en esta comparecencia.


Siempre empezamos haciendo una foto de cuál es la violencia que seguimos sufriendo las mujeres en este país. La presidenta acierta haciendo un minuto de silencio por las asesinadas que, como saben, ya son 1171 desde que contabilizamos y 38
desde el principio de este mismo año. Ha habido 48 asesinatos de menores desde 2013 hasta hoy -2 menores asesinados en lo que va del año 2022- y 365 huérfanos. Pero esto no es suficiente para hacer la foto de la violencia y quiero insistir siempre
en ello, porque no podemos hablar solamente de aquellas mujeres a las que no hemos podido ayudar y a las que no hemos llegado a tiempo. Quizás la tarea más importante que tiene esta Comisión y la tarea más importante que tenemos nosotras como
Gobierno es intentar llegar a aquellas mujeres que podemos proteger a tiempo, intentar llegar a aquellos casos que aún no se están dando e intentar prevenir la violencia para que no termine habiendo otro asesinato más. Ahí hay datos que son
relevantes y que nos tienen que servir para cuantificar y para ser conscientes de que es un problema muy grave. No es una cuestión excepcional ni son casos aislados. Estamos hablando de casi 2 millones de denuncias desde 2009 hasta 2022,
concretamente, 1 959 035 denuncias. Este año van 87 508 denuncias solamente hasta junio, en el primer semestre del año; como ven, es una cifra de enorme gravedad, casi 90 000 denuncias en el primer semestre del año. Estamos hablando de que desde
que hay recuentos -desde 2009- se han dado 500 000 órdenes de protección. Ha habido 19 881 órdenes de protección en el primer semestre de este año, casi 20 000. En cuanto a las llamadas al 016, desde el año 2007 ha habido 1 119 245 y en lo que va
de año -esta vez hasta septiembre- ha habido 78 146 llamadas pertinentes al 016. Todas estas son mujeres que en este momento están sufriendo una situación de violencia y necesitamos poder actuar a tiempo para que no vaya a más. Fíjense en las
cifras si se suman: 87 000 denuncias, 20 000 órdenes de

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protección incoadas y 78 000 llamadas al 016. No parece una cuestión menor ni muchísimo menos. Además, si nos detenemos en las agresiones sexuales, todos los informes del Ministerio de Interior están hablando de unas 16 000 agresiones
sexuales al año, que creo que es una cifra muy relevante.


Esto, señorías, me hace comenzar por una reflexión que quizás pueda ser controvertida pero que nos vemos en la obligación de traer a esta Comisión. Queremos defender que la violencia machista no es solamente una lacra. Creo que esta es una
expresión que se ha venido utilizando mucho en los últimos años, pero que no es del todo correcta para decir lo que pasa en nuestro país. Una lacra, según la RAE, es una secuela o una señal de una enfermedad, es un vicio físico o moral que marca a
quien lo tiene. Sin embargo, nosotras creemos que la violencia es mucho más que una cuestión de detalle, no es simplemente una cicatriz que se queda de manera excepcional.


La señora PRESIDENTA: Disculpad un momentito. Nos están pidiendo que paremos la sesión porque no entra el sonido.


La señora SECRETARIA DE ESTADO DE IGUALDAD Y CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO (Rodríguez Martínez): Sí, claro. No sé si puedo hacer algo... No será porque no hablo alto. (Risas.-Pausa).


La señora PRESIDENTA: Perfecto, ya está.


Gracias.


La señora SECRETARIA DE ESTADO DE IGUALDAD Y CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO (Rodríguez Martínez): Muy bien, muchísimas gracias.


Aprovecho también para dar las gracias a todos los equipos del Congreso que hacen siempre esto posible. Se dice pocas veces, pero no solamente están las letradas y las taquígrafas, que son las que tenemos aquí más presentes, sino también
los ujieres y los técnicos de sonido y de vídeo que hacen posible la labor del Congreso de los Diputados, una labor encomiable e indispensable para el mantenimiento de esta institución.


Decía que creemos que no es suficiente con decir que la violencia machista es una lacra, porque, como bien dice la RAE, una lacra tiene que ver con una cuestión excepcional que una enfermedad produce, una pequeña cosa que ocurre, por
ejemplo, cuando se pudre la comida o una cicatriz que te queda en la piel. Nosotras defendemos -y así lo dicen todos los estándares internacionales y todo nuestro ordenamiento jurídico- que la violencia es mucho más que una cuestión excepcional y
aislada. Es un problema social, es un problema político, es un problema cultural y es un problema estructural cuyas causas y consecuencias, por tanto, son también estructurales y deben ser abordadas de este modo.


Esta reflexión es la que nos hizo comenzar esta legislatura teniendo muy claro que no era suficiente con poner pequeños parches, como se había hecho en otras ocasiones con las políticas de igualdad a lo largo de la historia de nuestra
democracia. Ha quedado muy claro que en el marco del pacto de Estado precisamente lo que se quería dar era una respuesta estructural a este problema de violencia, un marco que comparten todas sus señorías. En este sentido, el trabajo que hemos
venido haciendo estos años ha sido intentar completar un puzle que tenía algunas piezas que ya estaban muy bien colocadas. Estoy hablando, por supuesto, de la Ley 1/2004 y estoy hablando de todos los mecanismos de protección a las mujeres que ya se
habían desplegado, tanto la tutela judicial como todos los servicios de atención integral. Pero, como el pacto de Estado bien señalaba, faltaban piezas relevantes y, además, algunas de las piezas que ya habíamos colocado no estaban funcionando como
debieran. Lo que nosotras os planteamos como hoja de ruta desde el primer minuto en esta Comisión era un cambio de paradigma y dijimos muy claro que queríamos intentar llegar a cumplir con todas las obligaciones que teníamos como Estado para todas
las víctimas de todas las formas de violencia contra las mujeres que existen actualmente en nuestro país. En este sentido, nos quedaban muchos deberes pendientes, porque claro está -y así lo señalaba el pacto de Estado- que había una serie de
políticas públicas desplegadas para una serie de violencias y, sin embargo, para otras aún estábamos en una posición de mucha más baja intensidad en el nivel de las políticas públicas que se estaban desarrollando.


Hace cinco años, con la aprobación de este pacto de Estado, había una serie de tareas muy concretas que las instituciones estatales y autonómicas teníamos que desarrollar. Creo que el informe que la delegación envía siempre a esta Comisión
sobre el cumplimiento exacto de cada una de las medidas del pacto es un muy buen documento, y me consta que lo han recibido sus señorías también para nuestras

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comparecencias. Estoy segura además de que la delegada dará parte de cada una de las medidas y de su estado de cumplimiento. Así pues, yo quisiera hacer una reflexión sobre algunos de los hitos más importantes que articulan esa propuesta
política que nosotras hemos puesto en marcha para dar cuenta de este cumplimiento y también de cuáles son los retos que consideramos que tenemos por delante.


Quizás el primer reto al que nos enfrentamos, que nadie supo prever en el pacto de Estado pero que nos gusta pensar que ha servido para tener una reflexión muy profunda sobre cómo deberían ser las políticas contra la violencia de género,
tuvo que ver con la pandemia. Señorías, quiero recordarles que el reto fundamental que nos encontramos en las políticas contra la violencia de género durante la pandemia era que los servicios de atención a víctimas no eran esenciales y, como no
eran esenciales, tuvimos que traer un real decreto-ley al Parlamento para que sí lo fueran. Esto nos ha hecho reflexionar sobre qué consecuencias tiene que estos servicios no sean esenciales, es decir, qué consecuencias tiene para las mujeres que
necesitan esta atención integral que los servicios de atención a víctimas a día de hoy no sean una red pública en todos los lugares con una serie de estándares mínimos que deberían ser cubiertos. Por tanto, el hecho de poder reflexionar en momentos
de crisis sobre qué consecuencias tenía esto para las víctimas fue también algo que permitió el pacto de Estado y probablemente si no hubiera habido un dictamen que nos permitiera decir que esta era una cuestión muy relevante en términos políticos y
sociales, no solamente para la ciudadanía, sino especialmente para los actores políticos e institucionales que conformamos las instituciones de nuestro país, habría sido muy difícil plantear o introducir un análisis como el de la necesidad de cubrir
las necesidades de las víctimas de violencia de género durante la pandemia. Y todo lo que ha venido después -la crisis social y económica a la que nos estamos enfrentando en este momento como consecuencia de la guerra de Ucrania, la inflación de
los precios y, por supuesto, la crisis energética- también necesita una mirada de género muy atenta, particularmente hacia lo que necesitan las víctimas de violencia de género. No podemos analizar solo desde la óptica del pacto de Estado lo que
sucede con las políticas específicas de violencia de género, sino que es necesario pensar, por ejemplo, si una víctima de violencia de género va a necesitar que se la proteja especialmente con el uso de un bono social energético, porque es probable
que así sea.


Querría comenzar con esta reflexión, porque hay un elemento que nos parece especialmente relevante, que se va a estar discutiendo en las próximas semanas y que tiene que ver con la violencia económica. En un contexto en el que tenemos
consecuencias discriminatorias especiales para las mujeres por la situación económica, a aquellas mujeres que además están sufriendo una vulneración de sus derechos como es la violencia de género tenemos que protegerlas de manera especial. ¿A qué
nos referimos con apuntalar las herramientas para proteger a estas mujeres de la violencia económica? Pues a desarrollar los mandatos que nos ha dado la ley de libertad sexual en materia del Fondo de Garantía de Pensiones. Como saben, la
jurisprudencia del Tribunal Supremo ha establecido que el incumplimiento del pago de pensiones es violencia económica. Es evidente que poder tener autonomía económica es un elemento fundamental para las víctimas. Esta no es una percepción ni mucho
menos ideológica, sino que es profundamente objetiva, y así lo analizan todos los organismos internacionales. Por tanto, es importante que cumplamos el mandato que nos ha dado la ley de libertad sexual vigente desde el 7 de octubre y que nos obliga
a modificar tres aspectos que son fundamentales: la accesibilidad y la mejora de la eficacia de este Fondo de Garantía de Pensiones y su dotación económica. Lo que queremos modificar para garantizar estos tres elementos que plantea la ley de
libertad sexual es poder garantizar el 72 % de las pensiones compensatorias y el 81 % de las anualidades por alimentos con anticipos garantizados que van a hacer que las mujeres no dependan de sus maltratadores para poder tener autonomía económica.
Este es un debate que se va a dar en los próximos meses, concretamente en la elaboración y la aprobación de la ley de familias. Contamos con que esta Comisión pueda apoyar esta reforma, porque consideramos que es uno de los elementos que estaba
también presente en el pacto de Estado, y nos parece fundamental que tengamos en cuenta también que las mujeres necesitan protección ante la violencia económica.


Han cambiado muchos elementos en los últimos cinco años y algunos no solamente han cambiado porque nuestro país haya cambiado. Creo que el feminismo nos ha dado muchas lecciones desde el año en el que se debatía el dictamen del pacto de
Estado hasta hoy, pero también los organismos internacionales nos han señalado algunas cuestiones que son relevantes. No es menor que tanto el GRETA como el GREVIO y Naciones Unidas -a través de las recomendaciones generales 35 y 38 del Comité
CEDAW-hayan dado nuevas instrucciones a nuestro país en cosas que no estábamos cumpliendo aun con el dictamen del pacto de Estado aprobado. Esto es muy relevante, porque han puesto deberes específicos a España que tenemos que desarrollar. En este
sentido, se ha vuelto a insistir por

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parte del GREVIO en la necesidad de mejorar todas nuestras políticas públicas respecto al cumplimiento del Convenio de Estambul y del Convenio de Varsovia, así como de fortalecer las medidas para prevenir y luchar contra la violencia que
afecta a las mujeres, porque podrían estar discriminadas por razones que tienen que ver con la interseccionalidad. Evidentemente, en este sentido hay mucho en lo que trabajar. Las mujeres que son víctimas de violencia y que siguen estando en una
situación administrativa irregular o que son discriminadas por otras causas que tienen que ver con la clase, la raza o la discapacidad necesitan a día de hoy más herramientas para ser protegidas, y esto es lo que precisamente nos señalan los
organismos internacionales. También debemos mejorar la coordinación interinstitucional entre los distintos tipos de corpus normativos que se han desarrollado en nuestro país en los últimos años. Sabéis que existen muchas normas autonómicas que son
excelentes pero que necesitan también un desarrollo normativo a nivel estatal que pueda acompasar y afinar esos instrumentos que nos sirven para prevenir todas las formas de violencia y proteger a todos los tipos de víctimas.


También nos instan a que incorporemos de algún modo a las ONG especializadas en todos los procesos que estamos realizando. Este fue un asunto que quizás no quedó bien protegido con el dictamen del pacto de Estado. La financiación
suficiente de estas entidades es un elemento que señalan todos los organismos internacionales, ya que necesitamos que puedan tener independencia para hacer informes de evaluación independientes sobre lo que establecen las instituciones. También hay
que reforzar las estructuras de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, que deben ser descentralizadas, y veremos a continuación el papel fundamental que van a tener en la futura ley integral contra la trata. Evidentemente,
tenemos que mejorar mucho las herramientas que tenemos para castigar otras formas de violencia que estaban particularmente ausentes en nuestro ordenamiento jurídico, como la mutilación genital femenina o la violencia digital; aspectos que, como
saben, estaban absolutamente ausentes con carácter previo a la aprobación del dictamen del pacto de Estado. Lo mismo ocurre en materia de políticas públicas, si bien muchas de ellas tenían su correlación en delitos o conductas delictivas que podían
ser sancionables por el Código Penal.


Este puzle de políticas que estamos intentando componer desde entonces se sostiene con una serie de avances normativos de gran calado, de los cuales me gustaría dar breve cuenta, porque creo que no son menores. Comienzo con la Ley orgánica
10/2022 de garantía integral de la libertad sexual, que no solamente hace una modificación del Código Penal de la que estoy segura que hablaremos a continuación, sino que también incide en una serie de medidas que tienen que ver con la protección,
la prevención y la sensibilización sobre estas formas de violencia. Tan importante es lo sancionable en el Código Penal como la protección de las mujeres, tan importante es lo sancionable en el Código Penal como la prevención de las violencias.
Sin entender esta síntesis no seremos capaces de abordar el problema de la violencia en su totalidad. Desde luego, creo que la ley de libertad sexual va mucho más allá de colocar el consentimiento en el centro del Código Penal, puesto que también
habla de cómo cambiar la cultura sexual en nuestro país. Igual de importante es lo que puedan hacer los jueces como lo que puedan hacer los profesores y las profesoras en los colegios, tan importante es que se sancione la violencia desde el punto
de vista penal como que se prevenga desde el punto de vista educativo. En este sentido, creo que esta ley es un avance muy importante.


También hemos modificado a través de esta ley la Ley 35/1995 de ayudas y asistencia a las víctimas de delitos violentos y contra la libertad sexual -me parece muy relevante mencionarlo, puesto que esta es una de las formas de violencia que
tenemos pendiente de abordar-, para que se reconozca a las madres víctimas de violencia vicaria que hasta ese momento no tenían sus derechos reconocidos. Estamos hablando de mujeres cuyos hijos e hijas han sido asesinados por violencia vicaria y
que no tenían derecho a ayudas porque los asesinados habían sido sus hijos e hijas. Esto se ha modificado también a través de la ley de libertad sexual y es una buenísima noticia, porque creo que estos casos son de extrema gravedad.


Asimismo, es una muy buena noticia la aprobación de la ley de infancia, con elementos tan importantes para la lucha contra la violencia de género como considerar que los hijos e hijas de las víctimas de violencia de género son víctimas
directas de la misma -no solamente aquí, sino también en la modificación de la Ley 1/2004 que se hace a través de la ley de libertad sexual y que ya se había hecho con carácter previo en la legislación de protección del menor en el año 2015- y el
desarrollo de medidas especiales de protección para los niños y niñas que están en ambientes familiares en los que se produce la violencia. Querría destacar dos medidas fundamentales. Por un lado, la prohibición del síndrome de alienación parental
que, como saben, es un síndrome falso que ha permitido que muchísimas veces los

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niños y las niñas no pudieran ser creídos ni escuchados debidamente y tal y como establece Naciones Unidas. Por otro lado, la suspensión del régimen de visitas al más mínimo indicio de maltrato. Aquí no vemos ninguna avalancha por parte de
los jueces revisando todos los regímenes de visitas que tienen los maltratadores con sus hijos y que a día de hoy se siguen dando. Suponemos que tiene que ver con que..., bueno, tampoco les quedó clara aquí la intención del legislador al respecto.


En relación con la Ley de Educación, la LOMLOE, creo que también se han hecho avances importantes en cuanto al desarrollo de la igualdad de los derechos y oportunidades al respecto de la diversidad afectivosexual y también en la inclusión de
todos los aspectos vinculados a la educación en igualdad intercalados en todo el sistema educativo. La futura ley del aborto -conocen bien que esta semana habrá un trabajo intenso respecto a esta norma- creo que también es un avance para proteger a
las mujeres que sufren violencias en el ámbito reproductivo. Quiero agradecerles, señorías, todo el trabajo que están haciendo en esta materia y, por supuesto, el trabajo en Ponencia y Comisión que van a realizar en los próximos días, así como la
premura y el rigor con los que siempre trabajan en todas sus normas.


Esto respecto a lo que tiene que ver con el puzle normativo, pero quizás donde ha habido un avance más importante es en el diseño de las políticas públicas, y esto es de lo que menos se suele hablar. En este sentido, hay distintos planes de
actuación en materia de políticas públicas. Quizás no son medidas que sirven para poner en un tuit ni sirven para poner en un titular ni son por las que ustedes me preguntarán en sus intervenciones, pero creemos que son las verdaderamente útiles
para transformar cómo son los entresijos de las políticas públicas de nuestro país. Estoy hablando de distintos planes que el Gobierno ha puesto en marcha. El primero de ellos fue el plan de contingencia para la protección de las víctimas de
violencia de género y las víctimas de trata, en el ámbito de la explotación sexual y para mujeres de contextos de prostitución ante la situación derivada de la COVID-19. Creo que fue un plan que nos permitió reaccionar pronto y que, como saben, fue
reconocido por todos los organismos internacionales, ya que fuimos de los pocos países del mundo que protegimos de manera especial a las víctimas de violencia de género durante la pandemia.


Además, el Plan de mejora y modernización contra la violencia de género que aprobamos en julio de 2021 derivó, como saben, no solo en un análisis detallado y minucioso de todos los protocolos y mecanismos que teníamos contra la violencia de
género, sino que sirvió también para poner en marcha algunos elementos que son fundamentales y que también estaban en el dictamen del pacto de Estado como, por ejemplo, esa herramienta del Sistema Nacional de Salud para la detección precoz, que es
uno de los elementos que consideramos fundamentales. Sin un Sistema Nacional de Salud público y fuerte que sea capaz de atender y dar entrada a todas esas mujeres -especialmente, en aquellos lugares en los que no hay tantos centros de atención a
víctimas-, la única manera que tienen muchas de ellas de acudir a un centro de información es ir a su médico de cabecera. Esto está perfectamente estudiado y ha hecho grandes reflexiones al respecto el delegado del Gobierno, Miguel Lorente. Por
tanto, creemos que esta es una de las herramientas que más éxito nos va a dar en la detección temprana de la violencia.


También hemos elaborado el Plan de acción contra la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes en el sistema de protección a la infancia, que fue aprobado en el año 2022 en las conferencias sectoriales de Igualdad y de Infancia
conjuntamente. Es muy relevante para hacernos cargo y no mirar a otro lado ante la situación de máxima gravedad que se estaba dando en los centros de protección a la infancia, donde se han detectado distintos casos de explotación sexual. Además de
una ausencia clara de formación de muchos de los trabajadores y trabajadoras que hay en estos centros -puesto que no estaba prevista-, tampoco existen en nuestro país recursos especializados a los que derivar a estas niñas que pueden estar sufriendo
estas violencias; estos se prevén en este plan y están también financiados en nuestra propuesta de presupuestos que hemos trasladado a las Cortes, así que creo que será una buena noticia que podamos desarrollar estos recursos.


También hemos aprobado el Plan operativo para la protección de los derechos humanos de mujeres y niñas víctimas de trata, explotación sexual y mujeres en contextos de prostitución, el conocido como Plan Camino. Es un plan que viene a
allanar los itinerarios que necesitan las mujeres que son víctimas de estas formas de violencia para poder recuperarse, dejando muy claro cuáles son los derechos fundamentales de los que deben ser titulares al ser víctimas de estas formas de
violencia.


Estamos hablando de elementos que son muy sencillos de comprender. Si a una víctima de violencia de género le queremos reconocer la posibilidad de poder estar viviendo en otro lugar, con protección especial, con ayudas económicas si las
necesita, con derechos laborales si los necesita, cómo no lo vamos a reconocer para una víctima de trata o explotación sexual. Estas mujeres necesitan desde el

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principio casa, trabajo, papeles y la posibilidad, por supuesto, de recuperarse del daño que han sufrido. Creo que este plan, que ha concitado el consenso de todos los departamentos implicados en la materia, va a ser un muy buen camino para
estas mujeres.


También hemos aprobado el plan de inserción sociolaboral para mujeres y niñas víctimas de trata y explotación sexual, que, como saben, tiene el objetivo fundamental de, a través de la colaboración con distintas entidades de la sociedad
civil, crear itinerarios de empleo y de formación para las víctimas de estas violencias, enfocados especialmente al sector tecnológico. Creemos que puede ser muy relevante que aquellos lugares de inserción laboral en los que colocamos a estas
mujeres no sean lugares precarizados que terminen haciendo que puedan volver al círculo de la trata y la prostitución del que estaban saliendo. Esto es especialmente relevante y, por eso, lo que estamos trabajando con estas entidades es que sean
trabajos más cualificados, para los cuales se necesita más formación. En esto consiste este plan que ya está en marcha, y esperamos, en breve, poderles dar más noticias al respecto.


Hemos realizado numerosísimas campañas de sensibilización, muchas de ellas en cumplimiento de lo que establecía el pacto de Estado; muchas de ellas también tienen que ver con avances políticos que hasta este momento no estaban encima de la
mesa. Desde luego, las campañas vinculadas a hablar de todas las formas de violencia, no solamente de la violencia en el ámbito de la pareja, como la violencia que no se ve, sino también las campañas dirigidas a hablar sobre la violencia sexual,
especialmente dirigidas a jóvenes, como 'El sexo es un sí', o la campaña vinculada a la creación de los puntos violetas. Estoy convencida de que de esto hablará a continuación la delegada, pero creemos que la herramienta de los puntos violeta ha
sido imprescindible para poder acercar la información no solamente a las mujeres que son víctimas, sino a su entorno, para poder crear entornos seguros, que sean capaces de colaborar para que esas mujeres puedan denunciar o puedan empezar a tener
acompañamiento cuanto antes y, por tanto, encontrar puertas grandes por las que entrar en las instituciones y poderse sentir más seguras.


También creo que son muy relevantes las campañas que hemos empezado a realizar dirigidas a hombres. Como saben, la próxima campaña del 25 de noviembre también nos hará reflexionar sobre el papel de los agresores en la violencia machista.
Hablaré también de ello al final. Por supuesto, también están todas las campañas dirigidas a la necesidad de empoderar a las mujeres que son víctimas de estas formas de violencia, como la campaña 'Querernos vivas, querernos libres', que creo que ha
sido quizás de las más bonitas. Sé que esto es susceptible de ser ridiculizado en esta Comisión, pero creo que es una campaña preciosa, porque una de las cosas que hacemos en esta Comisión y en este Gobierno es intentar acompañar a las
supervivientes de esas violencias, que han visto cómo sus vidas han sido destrozadas en muchos aspectos. Poderles reconocer ese daño, y acompañarlas en él también es un acto de reparación colectiva, y creo que es particularmente importante.


Hemos implementado también muchas medidas en materia de protección de las víctimas. Hay dos que particularmente son muy relevantes y que tienen que ver con el cumplimiento de lo que establecen tanto el Convenio de Estambul como el Convenio
de Varsovia, que es esta idea de que las mujeres no necesitan denunciar para poder acceder a los derechos. En este sentido, es una buenísima noticia que se haya aprobado tanto el título habilitante, vinculado a la acreditación de la situación de
violencia de género de las víctimas de violencia en el ámbito de la pareja o expareja, como la herramienta análoga, concretamente la acreditación administrativa de la condición de víctima de trata de seres humanos y/o explotación sexual, que también
se ha aprobado a efectos de los derechos sociales que pueden tener estas víctimas. Ambas herramientas administrativas han sido aprobadas en conferencia sectorial y ya están funcionando. Ya hay mujeres que son víctimas de trata o víctimas de
violencia de género que se pueden acercar a un centro de información, a los servicios sociales o a una oficina de atención a víctimas y, con esta acreditación, pueden ser titulares de derechos. Creo que esto es un éxito para nuestro país. Creo que
estas mujeres están más protegidas con la existencia de estos documentos administrativos y creo que también este era uno de los mandatos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género.


En materia de atención integral, hemos desplegado el Plan España te protege contra la violencia Machista. Sin duda va a venir a mejorar todos los servicios que se prestan por parte del Estado, en colaboración, algunos de ellos, con las
comunidades autónomas. Estamos hablando, por supuesto, de la mejora del 016, que, como saben, ya atiende a todas las formas de violencia contra las mujeres, incluida la trata desde hace poco. Creo que esto es una muy buena novedad: las víctimas
de trata pueden llamar al 016. Creo que es algo que tenemos que intentar que se sepa y que se utilice, porque puede ser una vía de salida para muchas de estas mujeres. También las víctimas de violencia sexual pueden llamar al 016. Además, este
teléfono no solamente presta orientación jurídica e información, como hacía hasta ahora,

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sino que también establece un servicio de atención psicológica y emocional, que creo que es particularmente relevante y que también puede ser prestado por Whatsapp; esta fue una de las novedades que introdujimos durante la pandemia y que ha
sido, desde luego, muy exitosa. También hemos mejorado la prestación del servicio Atenpro y de los dispositivos, de las conocidas pulseras, fundamentalmente ampliándolos a todas las formas de violencia contra las mujeres. Seguramente la delegada
relatará el momento y forma procesal en el que se encuentran estas mejoras.


Es muy importante tener presente que parte de las mejoras que aquí estamos intentando realizar tienen que ver con mejoras tecnológicas. Estoy convencida de que si sus señorías han tenido la oportunidad de conocer el sistema COMETA,
coincidirán con nosotras en que las mejoras tecnológicas son necesarias y que ahí probablemente tenemos un lugar en el que proteger a las mujeres. Es una herramienta muy interesante que tiene nuestro país y que otros gobiernos, como el francés o el
belga, cuando nos visitan, están muy interesados en conocer. En este sentido, somos punteros en todo el mundo, y creo que es una herramienta que debemos proteger, mejorar y ampliar para que sea capaz de llegar a otras mujeres.


Dentro de este plan España te protege también está la creación de los centros de crisis. Como saben, en este momento se va a crear uno por provincia. Vamos a comenzar, en las próximas semanas, algunas visitas a los lugares que esperamos
que en pocos meses puedan ser esos centros de crisis. La verdad, creemos que es la mejor de las noticias que también las víctimas de violencia sexual vayan a tener recursos especializados abiertos veinticuatro horas y con toda una serie de
servicios de estándares mínimos que, como saben, establece el Convenio de Estambul. También esto es cumplimiento del pacto de Estado.


Sobre la hoja de ruta, sobre qué va a pasar, qué vamos a hacer, qué es lo que nos queda por delante, quisiera hablarles al menos de cuatro elementos para concluir mi intervención. En primer lugar, sobre los acuerdos de Tenerife y la
aprobación ayer en conferencia sectorial del catálogo de referencia; en segundo lugar, sobre la ley de trata; en tercer lugar, sobre la estrategia contra las violencias machistas, y en cuarto lugar, sobre los futuros presupuestos generales del
Estado, que confío que se puedan aprobar.


Comienzo, por tanto, por el Acuerdo de Tenerife. Como les decía, ayer en la Conferencia Sectorial de Igualdad se aprobó el catálogo de referencia de políticas y servicios en materia de violencia contra las mujeres, además de un calendario
de trabajo para las próximas sesiones del grupo de trabajo del pacto de Estado que tenemos tanto las comunidades autónomas como el Gobierno del Estado y la FEMP. Quiero trasladarles la mayor de las satisfacciones con esta aprobación. ¿Para qué va
a servir este catálogo? Para poder asentar una red de servicios públicos y de políticas públicas en nuestro país que -permítanme la metáfora- sirva para seguir construyendo esa casa segura que debe ser el pacto de Estado. Si el pacto de Estado era
el plano del arquitecto para poder hacer la casa, desde luego lo que necesitábamos por parte de las instituciones eran también los materiales para seguir construyendo esa casa; una casa que va a tener que ser mucho más grande, porque ya no nos
quedaban habitaciones para todas. Ya no solamente teníamos que atender a una parte de las víctimas, sino que este círculo ha crecido enormemente y, por tanto, la casa hay que ampliarla. En esta ampliación hemos conseguido diseñar este catálogo
como parte de ese marco de cooperación que hemos acordado con las comunidades autónomas, que nos va a permitir la estabilidad del pacto de Estado como una política pública permanente, la estabilidad de su financiación, la plurianualidad de sus
programas y la flexibilización en la política de gasto vinculada a su financiación, que además esperamos que pueda ser incrementada.


¿En qué consiste este catálogo? Tiene cuatro bloques divididos en aquellos bloques de políticas que establecía el propio dictamen del pacto de Estado. Digamos que es una traducción aterrizada en lo que las instituciones hacemos de lo que
el dictamen planteaba. Es decir, si el dictamen planteaba que en el eje de ruptura del silencio tiene que haber toda una serie de políticas vinculadas a la sensibilización y a la educación, lo que hace el catálogo es detallar de alguna manera
cuáles son esos estándares mínimos que las comunidades autónomas y el Gobierno del Estado tenemos que cumplir para desarrollar el dictamen del pacto de Estado. Son instrumentos que tienen naturaleza diferente, atendiendo a los lugares de diferente
naturaleza donde son aprobados y a los objetivos que tienen. Esto es una política pública que, además, es necesaria en el ámbito de ese marco de cooperación.


¿Para qué va a servir? Si a partir de ahora vamos a tener planes conjuntos plurianuales -quiero insistir en que esta es una herramienta que prevé la propia Ley 40/2015 del sector público-, para poder decir que, de aquí a cinco años, las
administraciones públicas vamos a realizar estas políticas -por ejemplo, crear centros de atención para víctimas de explotación sexual de niñas que son menores de

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edad- tal como lo establece un plan, tendremos que establecer cuáles son los estándares que tienen que cumplir estos centros de atención a víctimas. Por tanto, el catálogo va a servir para poder desarrollar estas herramientas, y el plan
conjunto, para poder programar cuál es la creación de todas esas políticas y medidas en los próximos años. Sin este plan conjunto -que viene posibilitado por el catálogo- tendríamos muy difícil cambiar la política de gasto, que es lo que
verdaderamente nos ha llevado a esta situación.


Quiero recordar que ha sido una demanda de las comunidades autónomas y también de esta Comisión la necesidad de flexibilizar el tipo de gasto que se hacía en el pacto de Estado y también que fueran programas plurianuales. Con esta
herramienta, con el plan conjunto -que, insisto, es una herramienta prevista en la Ley 40/2015, del sector público-, se van a poder realizar esta flexibilización y estos programas plurianuales a través del desarrollo del catálogo de referencia de
políticas y de servicios mínimos que hemos consensuado con las comunidades autónomas. Hay algunos elementos que son muy interesantes, porque si bien es un catálogo de mínimos, les sorprendería saber el gran consenso -independientemente de los
colores políticos de los gobiernos- que concita en la conferencia sectorial que hemos tenido en aspectos tan importantes como la educación en igualdad, el acceso a la justicia o la reparación. Les invito a leer en detalle el documento que les hemos
enviado para que lo podamos discutir. Creo que pertenece a esta Comisión la capacidad de evaluarlo y analizarlo, y estaremos dispuestas a cuantas revisiones y explicaciones sean necesarias en este sentido.


Quiero aclararles también que no termina aquí el trabajo de los acuerdos de Tenerife, porque después de la aprobación de este catálogo tenemos otras herramientas que seguir aprobando. Me gustaría podérselas trasladar, porque creo que tienen
bastante relevancia y nos van a tener ocupadas en el diseño, como digo, de esta idea del pacto de Estado como una política pública permanente y de Estado. ¿Cuáles son esas herramientas? La siguiente que tenemos que realizar, como establecían los
Acuerdos de Tenerife, tiene que ver con un sistema de datos y de evaluación conjunto, que pueda permitir comunicarnos informaciones relevantes entre comunidades autónomas y Gobierno del Estado. Por supuesto, tiene su complejidad hacer esto en
estricto cumplimiento y en el respeto del marco competencial de la conferencia sectorial, pero va a ser de gran utilidad porque ustedes mismas saben que en muchas ocasiones es muy complicado tener una foto total de cuáles son, por ejemplo, los
delitos contra la libertad sexual o cuántos recursos hay disponibles en cada momento por el propio marco competencial. Poder compartir un sistema conjunto de datos que además nos permite hacer una mejor evaluación a posteriori de las políticas
públicas creo que es una muy buena noticia. Este trabajo lo vamos a estar realizando en diciembre; en enero vamos a realizar una sesión del grupo de trabajo relativa a lo que tiene que ver con los criterios de reparto del pacto de Estado.
Confiamos en poder hacerlo con los presupuestos generales del Estado aprobados ya y con el correspondiente incremento presupuestario que esto va a suponer, y en febrero realizaremos la sesión correspondiente al plan conjunto, que va a ser lo que
permita finalmente esta nueva etapa de las políticas públicas, que comienza hacia la consolidación de las políticas públicas contra la violencia machista como una red de políticas y servicios públicos que son permanentes y que tienen la misma
entidad y la misma esencialidad que puede tener las políticas del Sistema Nacional de Salud o del sistema educativo.


Creo que vamos en muy buena dirección, con muy buen ritmo, y confío en que este trabajo, del que queremos ir reportando a esta Comisión, sea complementario y acorde con el trabajo que sus señorías van a realizar en esa subcomisión, trabajo
al que, desde luego, por parte del Gobierno queremos dar la enhorabuena y reconocer todo el valor que tiene. Estamos, por supuesto, a disposición y expectantes para poder leer todas cuantas modificaciones se puedan hacer de ese dictamen, y si fuera
necesario, modificar el catálogo de referencia que las comunidades autónomas y el Gobierno del Estado hemos realizado.


En este sentido, creo que va a ser muy relevante el trabajo de los próximos meses, pero quiero incidir en una cuestión, el dictamen del pacto de Estado mientras tanto está vigente; es decir, lo que establecía este dictamen -como ustedes
bien saben, señorías- era la necesidad de una serie de compromisos económicos para los cinco primeros ejercicios, pero por supuesto el dictamen sigue vigente. En este sentido, en el nos hemos amparado nosotras también para hacer todas estas
propuestas del marco de cooperación, del plan conjunto, del catálogo de referencia y también las propuestas presupuestarias, de las que hablaré a continuación.


Paso a detallarles el siguiente de los elementos relativos a la hoja de ruta que, como les decía, tiene que ver fundamentalmente con la trata. La próxima ley contra la trata va a ser una ley integral que acogerá todas las formas que existen
de trata en nuestro país, que, como saben, es un país en el que hay especial

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tránsito y destino de víctimas de trata. Como saben, las distintas formas de trata, además de ser gravísimas vulneraciones de derechos humanos, son también en su mayor su mayor parte -y así lo establecen los distintos informes del CITCO, de
la Fiscalía General del Estado y de los distintos organismos internacionales- delitos que afectan especialmente a las mujeres. Estamos hablando de que un 76 % de los casos tienen que ver con las mujeres, independientemente de que sean formas de
trata vinculadas a la explotación sexual, al matrimonio forzado, al servicio doméstico o incluso a la trata con fines de explotación laboral. En este sentido, en el planteamiento político que hemos querido hacer con esta norma -que es una norma que
hemos realizado, debatido y trabajado muy intensamente desde los departamentos de Interior, de Justicia, de Inclusión y de Igualdad, como no podría ser de otra forma, también por supuesto el Ministerio de Trabajo y de Derechos Sociales- es, en
primer lugar, trasladar una idea contundente, que es que la trata no solamente es un delito, sino que es una vulneración de derechos humanos, y por tanto tan importante es la sanción penal y la persecución y la investigación policial y judicial de
estos delitos como la protección de sus víctimas. En este sentido creo que es una buenísima noticia que esta ley vaya a cumplir con lo que establece el Convenio de Varsovia, que se vaya a desligar la necesidad de la denuncia de que estas víctimas
puedan ser titulares de derechos. Para ello se crea un mecanismo nacional de derivación, en el cual, por supuesto, la primera identificación provisional partirá de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, pero, a partir de ahí, habrá toda una
serie de mecanismos territorializados y multidisciplinares de los cuales formarán parte el ministerio fiscal y, por supuesto, las unidades de violencia contra las mujeres, que, como saben, también tienen competencias en materia de trata, como de
manera refleja también lo tienen la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género y esta secretaría de Estado. Esta identificación provisional podrá pasar a ser una identificación definitiva a través de lo que establezca este mecanismo
nacional de derivación, y ambas identificaciones, la provisional y la definitiva, darán también acceso a permisos temporales y definitivos en los distintos momentos procesales de trabajo y residencia, sin los cuales sería imposible acceder a la
recuperación de estas víctimas.


Creo que estamos dando cumplimiento así a lo que establece la propia Estrategia de la Unión Europea de la lucha contra la trata de seres humanos, 2021-2025, a las recomendaciones del GRETA, a las recomendaciones de la CEDAW y, por fin,
teniendo una propuesta de ley de trata encima de la mesa que fundamentalmente está preocupada por proteger a sus víctimas. Creo que este es uno de los elementos más relevantes. Ojalá se apruebe en los próximos días y por tanto la puedan conocer.
Por supuesto, en primera vuelta pasará por el Consejo de Ministros y luego pasará a órganos consultivos, como no podía ser de otra forma. Esto también es cumplimiento del pacto de Estado, y creo que es muy relevante que vaya a pasar precisamente
ahora, cuando estamos a punto de cumplir esos primeros cinco años del pacto de Estado.


También en materia de cumplimiento del pacto de Estado estaba pendiente esa nueva estrategia nacional contra las violencias machistas, una estrategia estatal contra las violencias machistas. Recuerden que la última estrategia fue 20132016.
Se trata de una estrategia que además aspira -y estoy convencida de que de esto podrá hablar mejor la delegada- a consolidar todas las responsabilidades que los poderes públicos tenemos para la protección de las víctimas, pero en el ámbito de todas
las violencias. Digamos que si el dictamen del pacto de Estado era ese mapa de arquitecto o arquitecta para poder construir la casa, esta estrategia es el mapa de los arquitectos que estamos en el Gobierno, que necesitábamos diseñar este mapa para
poder seguir trabajando.


Voy a ir terminando, señorías. Por supuesto, parte de la hoja de ruta que tenemos por delante son los presupuestos generales del Estado. En este sentido, saben que en nuestro departamento hemos propuesto un incremento de un 9 %, de 48
millones de euros. Esta cifra, desde luego, es sin tener presente el MRR y sin tener presente lo que tiene que ver con el Instituto de las Mujeres; saben que, si no, los porcentajes cambian. Es verdad que es un incremento que viene a sumarse al
que ya hemos consolidado a lo largo de toda la legislatura; estamos hablando de un incremento total en toda la legislatura de 392 millones de euros. Además, analizando lo que esto supone para las políticas en materia de violencia contra las
mujeres, creo que son unos muy buenos presupuestos, porque van a desbordar el planteamiento del dictamen del pacto de Estado. No solamente vamos a incrementar esas transferencias a las comunidades autónomas en distintas partidas para casi doblar
esos 100 millones que planteaba el dictamen del pacto de Estado, sino que, por supuesto, vamos a ver incrementado ese presupuesto de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género en un 15 %. Creo que es una cifra muy positiva y confiamos
en que pueda servirnos para desarrollar todas estas políticas que les acabo de mencionar.

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¿Cuáles son los retos que nos quedan a futuro? ¿Qué reflexiones políticas querría compartir con ustedes, especialmente en este mes, en el que todas estamos pensando de manera más especial en la lucha contra el machismo? En primer lugar, lo
caro que sale luchar contra el machismo. Creo que esta es una cuestión que afecta a las mujeres de todas las posiciones políticas, ya que somos las que más sufrimos las consecuencias de exponer públicamente nuestras posiciones. Creo que esta
Comisión debería reflexionar sobre esta materia. No me preocupa tanto cómo se le llame mientras se reconozca que existe esta forma de agresión a las mujeres. Y no es una cuestión de colocarse en el lugar de víctimas; es una cuestión de colocarse
en el lugar de ser titulares de derechos. No puede suceder en un país como el nuestro que haya diputadas, políticas, activistas, abogadas, víctimas que, por el hecho de reivindicar que sus derechos sean protegidos, sufran más discriminaciones, más
insultos y más violencia. La libertad de expresión no puede ser lo contrario de la protección de las víctimas. Tenemos que esforzarnos en coser una cosa con la otra. La expresión de las mujeres, la capacidad de las mujeres de expresarnos
libremente y de proteger nuestros derechos es un ejercicio de ciudadanía, y es evidente que existen formas de violencia que están destinadas, enfocadas y originadas con el objetivo de minar estos ejercicios de ciudadanía que las mujeres feministas
hacemos cuando reivindicamos nuestros derechos políticos y cuando reivindicamos la protección, la seguridad y la libertad de nuestros cuerpos. Creo que, de verdad, esta Comisión debe reflexionar sobre esta materia, y sería buenísima noticia, en mi
opinión, que ese dictamen del pacto de Estado pudiera incluir reflexiones respecto a la violencia política, a la violencia institucional y, por supuesto, respecto a la traducción que tiene esto en las redes sociales y las distintas formas de
violencias digitales que, sin ningún tipo de cortapisas, están sufriendo muchísimas mujeres en nuestro país.


Es muy importante también este mes reflexionar sobre cuál es el papel de los hombres en todo esto. Nosotras defendemos que hacer política contra el machismo también tiene que ver con hacer política con los hombres. No vamos a parar la
violencia machista hasta que los hombres también estén implicados en esta ecuación. Tenemos que reflexionar no solamente sobre el hecho de que una de cada dos mujeres ha sufrido violencia, sino sobre que esto se traduce en que uno de cada dos
hombres la ha ejercido. No tenemos una respuesta clara para esto y sigue siendo incómodo plantearlo. Ningún hombre quiere reconocer que ha ejercido violencia, pero si ellos no la han ejercido, entonces ¿quién ha ejercido esta violencia? Esta es
la pregunta que nosotras queremos lanzar este mes, para animar a que los hombres también puedan hacer una reflexión para seguir luchando contra el machismo. Ojalá que, de una vez por todas, el pacto de Estado pueda ser un pacto que también implique
a los hombres en la lucha contra el machismo, para que rompan el único pacto que hasta ahora han respetado, que es el pacto de caballeros, que es la condición de posibilidad de violencia machista. Ojalá los hombres empiecen a formar parte de la
lucha contra la violencia machista.


Por último, señorías, compareciendo este mes, no puedo hacer otra cosa que darles las gracias a todas las feministas que, a pesar de todo lo que pasa, a pesar de todo lo que se nos dice, a pesar de todo lo que se insulta, a pesar de todo lo
que se agrede, a pesar de todas las discriminaciones, de las mentiras, de los bulos, de las infamias que tenemos que escuchar cada día, de las noticias falsas, siguen peleando desde cada pueblo, desde cada asociación y desde cada barrio para seguir
protegiendo la vida de las mujeres, porque no hay nada más importante que nos traiga a esta Comisión, a este ministerio y, probablemente, a muchísimas de las mujeres que están en esta habitación que proteger los derechos y las vidas de las mujeres.
Es lo único que nos importa; el resto son simplemente formas de seguir ejerciendo el machismo contra las mujeres. Así que, gracias a las feministas que lo hacen todo posible y que, a pesar de todo, están consiguiendo que este país sea un país
mejor.


Gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchísimas gracias a la secretaria de Estado.


Comenzamos con el turno de palabra de los grupos parlamentario. En primer lugar, por Grupo Parlamentario EAJ-PNV, tiene la palabra el señor Agirretxea.


El señor AGIRRETXEA URRESTI: Muchas gracias, señora presidenta.


Señora secretaria de Estado, muchas gracias por su comparecencia y por las palabras, que son muchas, y su énfasis en algunas cuestiones que comparto plenamente. Normalmente lo obvio lo pasamos por alto, pero a veces hay que pararse un
minuto y recordar que lo obvio también es necesario. En ese sentido, es importante que sigamos manteniendo viva la llama de la lucha contra la violencia de género. Es decir, no podemos dar por sentado que todo está hecho.

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Esto no es algo que se acaba con leyes que se aprueban; esto no es algo que se acaba con planes que se hacen; esto no es algo que se acaba con las intervenciones de las administraciones competentes en cada materia, esto es algo que, a
nivel de conciencia interior de cada uno de nosotros y de lo que representamos, tiene que seguir vivo. Es decir, mientras siga habiendo una única persona agredida, la lucha contra la violencia de género debe marcar nuestras agendas como prioridad.
En ese sentido, en esa lucha necesaria, hay que seguir completando lo que la ley dice y seguir ahondando y desarrollando las cuestiones que aprobamos entre todos y todas en el pacto de Estado en su momento, así como otras que voluntariamente han ido
desarrollando las administraciones competentes en la materia, porque no todo y solo se ha decidido desde aquí. Creo que hay que hacer hincapié en esto, porque antes de que hubiera pacto de Estado y antes de que os pusierais en marcha, algunos y
algunas ya trabajaban y desarrollaban políticas en contra de la violencia de género. Por tanto, tenemos la perspectiva social, tenemos la perspectiva política y tenemos la perspectiva institucional, y todas ellas han de trabajar de la mano, sin
duda alguna.


Quiero acabar diciendo -voy a ser muy breve- que sé que hubo una conferencia sectorial, pero creo que no podemos dejar todo en manos de la conferencia sectorial en dos sentidos. En primer lugar, porque no es la única competente y tampoco es
competente en todo. Habría que mirar lo que dice la ley sobre las funciones que tiene la conferencia sectorial; es decir, ni vamos a descargar en ella responsabilidad ni ella ha de asumir responsabilidades que no le corresponden. En segundo
lugar, voy a ser un poco partícipe de lo que mi Gobierno ayer mismo planteaba en la conferencia. Estamos de acuerdo en colaborar, estamos de acuerdo en trabajar conjuntamente, pero una cosa es trabajar con la Administración central y otra cosa es
trabajar para la Administración central, que son dos cuestiones muy diferentes. En ese sentido, creo que ya no es necesario que las autonomías -por lo menos, algunas- tengan una especie de tutela o control, como si la Administración central fuera
la piramidal, la que decide, y otros los que ejecutan. En este sentido, dejemos libertad, dejemos que trabajen como tienen que trabajar y no para la Administración central, que no es la única que hace políticas de igualdad ni debe tener criterios
piramidales. Veo que se me enciende la luz. Por tanto, dejo aquí estas reflexiones.


Muchas gracias, señora presidenta.


La señora PRESIDENTA: Muchísimas gracias.


El siguiente turno parlamentario es el del Grupo Plural. Señor Pagès.


El señor PAGÈS I MASSÓ: Muchas gracias, señora secretaria de Estado. Coincido con el compañero que me ha precedido en que la lucha contra la violencia de género debe continuar. Pacto de Estado, sí. Respeto por las competencias de cada
uno, también, así como respeto también por las de las comunidades autónomas. Leyes, sí. Y ahora yo creo que tenemos encima de la mesa una nueva cuestión, la necesidad de reformar la cultura política de algunos ámbitos, incluso del Estado, en
materia de violencia de género; por ejemplo, la del Poder Judicial.


Hace no muchos días, el 2 de noviembre, la ministra de Igualdad, señora Irene Montero, pronunció las siguientes frases: Tanto la Fiscalía General del Estado como la jurisprudencia en nuestro país son claras respecto a que si las penas
impuestas entran dentro de un nuevo rango de penas, de la nueva horquilla de penas que sale de la nueva ley -en referencia a la ley del solo sí es sí-, no cabe la revisión de penas. Continuaba la ministra diciendo que es tan importante el titular
que se saca para generar terror sexual, para volver a criminalizar la lucha feminista, para poner en cuestión los avances feministas y para hacer dudar a las mujeres que salen muchos titulares escandalosos, pero todavía no se conoce una sola
reducción de penas. Esto lo decía el 2 de noviembre. Hoy es 16 de noviembre y ya tenemos, hasta el momento, tres casos. Por lo tanto, hay un goteo de resoluciones judiciales en sentido exactamente contrario a las previsiones que hizo la ministra
Montero el 2 de noviembre y una serie de sentencias que rebajan las penas a condenados por abusos sexuales.


Es especialmente preocupante -usted ya lo sabe, yo creo que va a ser el tema de hoy- la reducción de las penas a los condenados por abusos sexuales con base en una determinada interpretación de la ley conocida como del sí es sí. Se publicó
el informe del Consejo General del Poder Judicial e inicialmente se entendió que estaba advirtiendo al Ministerio de Igualdad de que la ley podía comportar revisiones a la baja. En aquel mismo momento, el Ministerio de Igualdad, concretamente la
señora Victoria Rosell, tachó de regresivo el informe. Ahora nos encontramos con que la señora Victoria Rosell defiende con vehemencia la bondad de la reforma penal que introduce la LOGILS, la ley del sí es sí, y que lo achaca a la ideología de los
jueces. Tenemos que darle la razón a la señora Vicky Rosell. Seguramente, la literalidad de la ley

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no da para la interpretación que se está dando a esta ley por parte de algunos jueces, porque el problema realmente es que no se puede dejar nada a la discrecionalidad de los jueces, porque hay un problema de cultura política de los jueces
españoles. Este es el problema. Lo decimos por experiencia, porque también es el caso de los delitos de sedición y de rebelión -usted lo sabe perfectamente-, que se apuntaron y se aplicaron con una intención claramente política. Por esta razón,
estamos en contra de la reforma penal del delito de sedición, porque abre la puerta a una aplicación arbitraria de la ley por parte de los jueces de la parte que esta ley aporta un nuevo delito de desórdenes públicos agravados.


Señora secretaria de Estado, quería terminar preguntándole cuál va ser la reacción del Gobierno ante esta situación. Por un lado, la ministra María Jesús Montero ayer mismo apuntaba la posibilidad de una reforma legislativa. Según decía,
estas sentencias han abierto la puerta a interpretaciones, que deben ser estudiadas y que seguramente merecen una reforma legislativa y, por tanto, una rectificación de la ley. Por otro lado, el Ministerio de Igualdad sigue afirmando que el
problema no es la ley, sino la ideología de los jueces que aplican la ley. Yo quiero que nos diga qué pasos han previsto dar ante este fracaso legislativo, que -insisto- no es tanto por la letra de la ley, sino por la falta de precisión de la ley,
en el sentido de que permite interpretaciones que llevan a la arbitrariedad de los jueces. Le agradecería, para eliminar esta creciente alarma social, esta actividad discrecional de los jueces, que nos aclarara cuáles son las actuaciones que tiene
previstas el Gobierno.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchísimas gracias.


Por el Grupo Parlamentario Republicano, la señora Vallugera.


La señora VALLUGERA BALAÑÀ: Gracias, presidenta. Buenos días, secretaria.


Una cuestión previa. Lamento no haber estado durante la exposición, pero es que el tren no ha llegado a su hora.


Otra cuestión previa. No voy a hacer ninguna valoración respecto a las consecuciones en el cumplimiento del pacto de Estado. El documento que lo analiza me llegó ayer por la tarde y me ha sido absolutamente imposible leerlo. Por tanto,
pediré una nueva comparecencia para poder tratar cada medida, una vez haya podido analizar y contrastar esa rendición de cuentas, que considero imprescindible en una Administración mínimamente democrática.


En tercer lugar, quiero hacer referencia a algo que tiene que ver con lo que planteaba el diputado anterior. Hace dos semanas -no hace tanto- compareció la ministra en esta Comisión y lo primero que le pregunté fue la posibilidad, que ya se
estaba oyendo, de que estas sentencias fuesen revisadas. Efectivamente, como indicó la ministra, existe jurisprudencia que impide esta revisión, pero también hay que decir que todas las que nos dedicamos a diferentes disidencias -llámese feminismo
o llámese independentismo- sabemos que, al final, lo que prevalece no es la cultura política de los jueces, sino la incultura democrática de los jueces. Por tanto, también sabemos que, cuando se trata de violencia machista, todas las
interpretaciones que se hacen en sede judicial, en general, con honrosas excepciones, como en todo, suelen ser contra la víctima. Insistimos otra vez en la nomenclatura. Me gustaría que pudiésemos hablar con palabras que denoten lo que queremos
decir, que podamos hablar de violencia machista. Hemos pedido mil veces que se rectifique y que se denomine la violencia por su nombre en el Código Penal y en todas las leyes anexas, para aclarar el panorama, al igual que hemos pedido que la
violencia obstétrica esté en la ley de salud reproductiva y derechos sexuales. Si no separamos el grano de la paja ni explicamos qué sucede, difícilmente podremos combatirlo.


Ahora se nos abre otro problema, y creo que tiene mucho que ver con el Pacto de Estado contra la Violencia, y es la reparación de esas víctimas, porque van a ver reabiertos sus casos. Es decir, a este paso vamos a ver una triple
victimización: la primera, por el hecho; la segunda, por el proceso, y, la tercera, por el nuevo proceso que, por revisión de sentencia, puede realizarse. Aunque solo sea por la fuerza simbólica que tiene que haya condenas de agresores que han
sido ya procesados y condenados que se reviertan o que se atenúen. En el fondo, es un misil a la línea de flotación de todo lo que estamos planteando y también es un misil no exento de una voluntad de hacer parecer al ministerio como negligente.
Es decir, la incultura democrática de los jueces tiene el componente político del ataque y derribo a los ministerios que están trabajando para garantizar la libertad de las mujeres y el resto de personas que son disidentes respecto a los fundamentos
de un Estado no democrático. No voy a perder dos segundos en esta sede para combatir el análisis de la sedición, aunque lo haré cuando salgamos con

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él personalmente, porque creo que no es el momento ni el lugar. Es decir, al final esta violencia que nos ocupa como mujeres es tan transversal que es una lucha universal, una lucha internacional.


Quisiera también poner de relieve la violencia institucional, a la que usted ha hecho referencia al final de su intervención. Hace dos semanas avisé de ello, porque las diputadas de esta Cámara a veces ejercemos violencia institucional
contra determinadas mujeres, por los discursos que se esgrimen, por las palabras que se vierten, por los prejuicios que sistemáticamente salen en el debate parlamentario. Pedí que fuéramos responsables a la hora de defender nuestras legítimas
convicciones y que todas nuestras manifestaciones fueran lo menos lesivas posible, pero parece ser que no surtió ningún efecto. Casi que nos vamos a tener que dotar de un código de conducta, porque hay momentos en que el máximo ejercicio de
violencia institucional se da desde los escaños del Congreso español. Estábamos acostumbrados como catalanes, pero pensábamos que como mujeres eso ya estaba superado.


Gracias por el trabajo. Hagamos un análisis con más profundidad cuando podamos. Y aunque somos muy poco amigas del punitivismo populista o del populismo punitivo -como se quiera decir-, quiero decirle que, si debe modificarse la ley para
garantizar la permanencia de los agresores en la prisión y en el cumplimiento de sus penas, nos van a tener a su lado.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchísimas gracias.


Por el Grupo Parlamentario de Unidas Podemos, tiene la palabra la señora Fernández.


La señora FERNÁNDEZ CASTAÑÓN: Gracias, presidenta. Buenos días, secretaria de Estado, gracias por la comparecencia.


Creo que, aunque ya se haya hecho un minuto de silencio y también se hayan dado los números, teniendo muy presente que cada vida cuenta y que estamos hablando de vidas, nuestro grupo parlamentario no puede sino condenar en esta Comisión los
recientes asesinatos de una mujer de 28 años y el de su hija, acaecidos el pasado 6 de noviembre. Han sido asesinadas treinta y ocho mujeres en el ámbito de pareja o expareja en lo que va del año 2002, así como dos menores. Me parece importante
tener esto presente. También es muy importante algo que ha dicho la secretaria respecto a la terminología -también se ha referido a ello la portavoz de Esquerra, que creo que se acaba de ir-. En lo que se refiere a la lacra, ¿por qué muchas
hablamos de violencias machistas? La violencia contra las mujeres responde al sistema machista, al sistema patriarcal, y es necesario estar señalando ese sistema para poder erradicar esa violencia contra las mujeres. Creo que es importante también
que tengamos presente el lenguaje para no perder los objetivos que nos tienen que traer a esta Comisión.


Sobre los acuerdos en la conferencia sectorial de Tenerife, agradezco muchísimo la extensa exposición de ese catálogo de referencia que ha hecho la secretaria de Estado. Entendemos que sirve para afianzar la lucha contra las violencias
machistas como una cuestión de Estado y que lo sea en todos los ámbitos de la Administración y a todos los niveles. Hay un trabajo en curso -ya vemos que tiene una serie de reuniones, tanto de carácter telemático como presencial, y que va a seguir
teniéndolas quincenalmente-, al que llevaremos algunas cuestiones, que destacamos: ese respeto competencial, del que siempre cabe hablar en el Congreso, y que se entienda como un suelo y no como un techo; la recogida de datos -durante la
elaboración del dictamen del pacto de Estado en aquella subcomisión en la sala Lázaro Dou dijimos que era fundamental poder tener los datos para poder elaborar no solo una legislación, sino también políticas públicas-; la detección en todos los
ámbitos educativos, pero también en los sanitarios, de los servicios sociales; la asistencia y la reparación de manera integral, de manera multidisciplinar; también incidir en la necesaria contratación pública para esa tarea, y poder hacerlo sin
necesidad de que medie una denuncia, y, por supuesto, la coordinación de todos los ámbitos. Este paso tan importante se ha dado desde los distintos planos del Ejecutivo, el estatal o los autonómicos, pero es importante también que sea de cara a los
Presupuestos Generales, y que ese sistema de financiación, esas partidas, y también esa ejecución, que es lo que nos corresponde en esta Cámara, vayan acorde para poder garantizarlo.


Paso a hacer un par de reflexiones en el tiempo que me queda. Una tiene que ver con lo que ha mencionado el portavoz del Grupo Plural, y es que no podemos decir que la ley del solo sí es sí es un fracaso. Es una ley elaborada en
cumplimiento de aquello que nos mandataba el pacto de Estado, que es que tuviésemos legislación contra las violencias sexuales, entendiendo que lo que se quería era proteger de manera integral nuestra libertad sexual. Ha supuesto un cambio de
paradigma reconocer o poner negro sobre blanco que el consentimiento es la clave y que todo lo que no sea así es una agresión a la libertad

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sexual de las mujeres. Por tanto, no se puede tildar de fracaso. Creo que ese cuestionamiento tiene que ver con el terror sexual, el que Nerea Barjola explica bien en su libro Microfísica sexista del poder y que también han mencionado la
ministra, la delegada de Gobierno y la secretaria de Estado estos días. Es algo que los medios de comunicación supieron hacer de una manera muy clara para las niñas de mi generación y que se puede seguir haciendo si ahondamos en esa idea.


La interpretación judicial, y esto lo puede contar infinitamente mejor que yo la delegada del Gobierno -tendrá una comparecencia después-, es ineludible en cualquier caso, y esa interpretación nos la encontrábamos con la norma anterior, una
norma que, por citar un ejemplo que se ha escuchado estos días, condenaba a dos oficiales de uniforme que habían violado a una mujer a dos años y un cursillo, mientras la Fiscalía pedía treinta y tres años de condena. Con esa norma anterior existía
esa interpretación. Por eso nuestro grupo parlamentario siempre ha dicho, y sobre todo lo ha dicho el movimiento feminista, que aquí hay un problema que nos indica también la recomendación general 35 de la CEDAW, que es que hay una interpretación
con un sesgo machista. No sé si es una cuestión que quiera tildar el portavoz de ideológica, pero desde luego hay un sesgo machista que opera en la judicatura, y esto no depende solo de las leyes, depende también de la formación de todos los
agentes jurídicos. Tenemos que tener presente eso y recordar que la ley del solo sí es sí no tenía un espíritu meramente punitivista, sino que sobre todo buscaba dar un despliegue de políticas públicas acorde con el que teníamos en la Ley 124,
cuando la violencia se ejercía dentro del ámbito de pareja o expareja. Además, es importante hacerlo desde esta ocupación del espacio público -acabo ya, presidenta-, que entiendo que era a lo que se refería también la secretaria de Estado cuando
hablaba del poder y la violencia simbólica que se ejerce por parte de quienes estamos en espacios públicos de opinión y de capacidad de acción. Creo que tenemos que ser muy conscientes de ambas cosas y entender que este es un espacio profundamente
simbólico en ese sentido.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchísimas gracias.


Por el Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra la señora Toscano.


La señora TOSCANO DE BALBÍN: Gracias. Gracias, señora Rodríguez.


Empiezo por el final. Ha estado hablando otra vez de violencia política, otra vez del victimismo en todas sus intervenciones, quejándose de los insultos por ser mujer, por ser supongo de su partido, no ha añadido esta vez su condición
sexual. Le quiero recordar que, si eso es violencia política, las mujeres de VOX somos las que más violencia política sufrimos, porque somos las que más insultos y amenazas de muerte sufrimos por nuestras ideas.


Me centro en la intervención. Ha estado usted hablando, obviamente, de la violencia de género, de su preocupación y de la preocupación del Gobierno, y de todas las medidas que aplican para combatir la violencia contra la mujer. Pero yo
quiero que hablemos un poquito de la realidad y de las incoherencias. Por ejemplo, cada vez hay más agresiones y violaciones por parte de inmigrantes que provienen de culturas que no respetan a la mujer. Este año han sido treinta y siete las
mujeres asesinadas, y lo han sido por veinticinco españoles y doce extranjeros. Le voy a recordar los números que ya le he dado del INE: de 491 personas condenadas en 2021 por agresiones sexuales, 267 eran españolas y 224 eran extranjeras; de las
condenas por violación, que en 2021 fueron 46, eran españoles 22 y eran extranjeros 24. Esos extranjeros representan un 11 % de la población nada más, así que haga cálculos. ¿Tiene algo que decir sobre estos números?


Otra incoherencia -ya no sé cómo llamarlo- es su promocionadísima ley del solo sí es sí. Se supone que era para proteger a las mujeres, pero para lo único que sirve esta ley es para facilitar que se denuncie falsamente a los hombres
inocentes y para rebajar la pena a los culpables. Ha tenido que salir a la palestra la ministra María Jesús Montero. A ver cómo lo arreglan. Cuando VOX avisó de que esta ley iba a suponer una pena menor para los agresores, usted dijo
-precisamente usted- que eran bulos y propaganda machista. Queda bien claro, porque ya ha ocurrido en tres ocasiones, y las que quedan, que aquí los bulos los difunde usted, no VOX.


Es que, además de totalitarios y sectarios, hacen unas leyes que son una auténtica chapuza y, encima, no protegen a las mujeres. Entonces, quedamos en que traen inmigrantes que no respetan a la mujer, promulgan leyes...


La señora PRESIDENTA: Señora Toscano, cíñase, por favor, a la cuestión.

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La señora TOSCANO DE BALBÍN: Me estoy centrando absolutamente en la cuestión. Estoy hablando de violencia contra la mujer.


La señora PRESIDENTA: Le pido y le ruego, por favor, que discursos xenófobos aquí, en esta Comisión, y en la Cámara, mientras esté esta Presidencia, no se los vamos a permitir. (Aplausos).


La señora TOSCANO DE BALBÍN: ¿Es el INE xenófobo? Porque son datos del INE.


La señora PRESIDENTA: Se lo vuelvo a repetir, señora Toscano, no entre en debate...


La señora TOSCANO DE BALBÍN: No era ningún discurso xenófobo. Son datos del INE. Y no me interrumpa, por favor.


La señora PRESIDENTA: Señora Toscano, no la quiero llamar al orden. Cíñase, por favor, a la cuestión, y no entre en debate con esta Presidencia.


La señora TOSCANO DE BALBÍN: Estoy hablando de la cuestión, de la no me he salido en ningún momento. Por favor, no me interrumpa.


Vamos a hablar de los niños también, aparte de su chapucera ley de solo sí es sí. Hablan mucho de violencia vicaria, de niños que son víctimas cuando el hombre es el agresor, pero le quiero recordar que su ministra Irene Montero no condenó,
porque condenar tarde y mal por presión de VOX y presión mediática no es condenar, el crimen de Olivia. Usted tampoco lo condenó. Ustedes no condenan los crímenes de niños cuando la agresora es la madre. Quiero recordar aquí también, ya que
hablamos tanto de violencia vicaria, lo que pasa cuando la madre denuncia que el niño está sufriendo malos tratos y lo que pasa cuando denuncia el padre: cuando denuncia la madre se activan inmediatamente recursos policiales y judiciales, pero
cuando denuncia el hombre ese niño sigue en manos de la agresora porque no se hace nada. También quiero recordar la ley de huérfanos de violencia de género, por la que los niños que son hijos de la mujer asesinada reciben una pensión tres veces
mayor que si el asesinado es el padre. Con lo cual, queda claro que a ustedes las mujeres y los niños no les importan. A ustedes les importan las víctimas si sirven para su causa y para sus delirios ideológicos.


Señora Rodríguez, ¿va a hacer algo el Gobierno para agravar las penas por agresión sexual? Por ejemplo, hoy hemos guardado un minuto de silencio por una mujer asesinada, pero ¿qué pasa con los hombres asesinados?, ¿qué pasa con los niños
asesinados por una mujer? ¿Qué pasa con ellos? ¿Van a hacer alguna reflexión sobre que no puede haber víctimas de primera y de segunda? ¿Puede explicar a los españoles por qué unos niños y unas mujeres merecen un trato distinto según los
genitales del agresor?


Quiero terminar -esto es ya lo último- con una reflexión. Señorías, hay hombres buenos y hay algunos hombres malos y hay mujeres buenas y hay algunas mujeres malas. La violencia no tiene sexo; la maldad, tampoco. Todas las víctimas, no
importa quién sea el agresor, son importantes. Nos tiene que importar todo el dolor, todo el sufrimiento y toda la violencia. Si no nos importan todas las víctimas, somos una sociedad enferma. Creo que tenemos que trabajar por cualquier víctima,
cualquier niño, cualquier mujer y cualquier hombre...


La señora PRESIDENTA: Termine.


La señora TOSCANO DE BALBÍN: ..., tienen que hacernos reflexionar -termino, pero a otros les ha dejado más tiempo-, tenemos que sufrir por todos ellos, porque todas las vidas son sagradas. Eso es igualdad...


La señora PRESIDENTA: Señora Toscano, finalice.


La señora TOSCANO DE BALBÍN: Si esto no lo entienden, cierren su ministerio y váyanse a casa.


Gracias. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Le vuelvo a recordar, como en todas las sesiones, que esta es la Comisión del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. En esta Comisión ningún grupo parlamentario y ninguna de sus señorías están en contra de los
hombres. Vuelvo a repetir que estamos en contra de la violencia de género, que es una cuestión de Estado. Este es el objetivo de esta Comisión, no otro.

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La señora TOSCANO DE BALBÍN: Mi debate es con la secretaria de Estado.


La señora PRESIDENTA: Es que ya está bien, ya está bien.


Por el Grupo Parlamentario Popular, la señora Romero.


La señora ROMERO SÁNCHEZ: Muchas gracias, presidenta. Buenos días, señorías.


Buenos días, secretaria de Estado, y bienvenida a la comparecencia aquí, en esta Comisión, para hablar del grado de cumplimiento del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, un pacto de Estado que es un hito histórico, que se aprobó
por acuerdo y consenso de todas las fuerzas políticas de Congreso de aquel momento -tiene cinco años ya de vigencia- y que es la mejor hoja de ruta que tienen en el ministerio para luchar contra la violencia de género, esta gran lacra social.


El Grupo Popular viene insistiendo en que se cumpla. Nos resulta sorprendente -no es la primera vez que lo decimos- la falta de compromiso del Gobierno, del Gobierno de PSOE y de Podemos, de ejecutar y de impulsar este pacto de Estado tan
necesario y tan importante. Les está costando mucho trabajado llevarlo adelante, y no sabemos si es -se lo hemos dicho y se lo volvemos a decir- porque el Ministerio de Igualdad está dirigido por miembros de Podemos, grupo que se abstuvo cuando se
aprobó aquí el pacto de Estado. Nosotros les hemos pedido en diferentes iniciativas un informe o una evaluación del grado de cumplimiento de este pacto de Estado. Ayer se despachaban con un informe que nos mandaban -se ha dicho aquí por parte de
algún otro interviniente- a las cinco y media de la tarde, un informe para cubrir el expediente un poco antes de que viniera aquí a comparecer, un informe carente del rigor, de la seriedad y de la independencia que exige un informe de estas
características. Me imagino que lo habrá hecho para cubrir el expediente, como digo, alguno de los asesores de esa estructura faraónica que tienen en el Ministerio de Igualdad. En definitiva, es una chapuza más de su ministerio.


Nosotros, en las diferentes iniciativas venimos insistiendo en que no solo se cumpla, sino que también se evalúe y se actualice, puesto que está próximo a cumplir su vigencia. Pedimos una subcomisión para actualizar el pacto de Estado,
subcomisión que ya se ha aprobado en esta Comisión. Esperamos que cuanto antes podamos realizar los trabajos desde aquí.


Son las comunidades autónomas, las entidades locales y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado las que están cumpliendo con este pacto y en las que ustedes se escudan para poder justificar algo del trabajo hecho. Han venido aquí, a
esta Comisión, asociaciones de mujeres a denunciar que no se estaba cumpliendo el pacto, que se ponen en marcha medidas inconexas unas con otras, la fuga de financiación para otras cosas, sobre todo para la autopropaganda de su ministerio. No nos
han traído los textos legislativos fruto del pacto de Estado, como, por ejemplo, una ley integral contra la trata, que de nuevo vuelve a anunciar hoy, pero que sigue sin venir. Mientras tanto, ¿a qué se han dedicado en estos años? Se han dedicado
a crear problemas donde no los hay, a traer leyes sin escuchar a nadie, a crear enfrentamiento y división en la sociedad, mujeres contra hombres, incluso enfrentamientos entre las propias feministas, como estamos viendo con la ley trans.


Lo último es la ley de libertad sexual, a la que, desgraciadamente, me tengo que referir hoy y que está de máxima actualidad, conocida por la ley del solo sí es sí. Hemos conocido en estos días rebajas de condenas de delitos de abuso sexual
consecuencia de esta ley. Ayer conocíamos -saltaban todas las alarmas- el recorte de dos años para la pena de prisión de un acusado de abusar sexualmente de su hijastra de catorce años, al amparo de la nueva ley que entró en vigor el pasado 7 de
octubre. El Partido Popular ya les avisó de que la aprobación de esta ley podía tener consecuencias dramáticas. También lo hizo el Consejo General del Poder Judicial a través de su informe, aprobado de forma unánime por todos los vocales. Ustedes
no quisieron escuchar al Consejo General del Poder Judicial en relación con la desaparición de la diferencia entre abuso y agresión y el cambio de horquillas de las penas. (La señora secretaria de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género,
Rodríguez Martínez, hace gestos negativos). Como le veo decir con su cabeza que no, le leo lo que dice el informe, la observación 245 del informe del Consejo General del Poder Judicial: La reducción de los límites máximos de las penas comportará
la revisión de aquellas condenas en las que se hayan impuesto las penas máximas conforme a la legislación vigente. (Aplausos).


Solo en la Audiencia Provincial de Madrid hay una veintena de reducciones de penas, consecuencia de su torpeza, de su obsesiva manera de legislar de forma irresponsable, cuando estamos hablando de tocar, nada más y nada menos, que el Código
Penal. Encima, la reacción es insultar a los jueces, llamarles reaccionarios. La ministra también decía hace unos días que esto era propaganda machista. Pues, miren, el problema no son los jueces, el problema son ustedes y sus leyes. El Partido
Popular se lo dijo. Lo

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dijimos en el Pleno cuando vino la ministra a presentar la ley. Aun así, decidieron aprobarla. Hoy tenemos en España una la ley -ustedes dicen que es feminista- que desprotege a las víctimas, a las mujeres y a los menores, una avalancha de
revisiones a la baja de condenas por delitos de agresiones sexuales y una inseguridad jurídica tremenda.


La señora PRESIDENTA: Señora Romero, finalice.


La señora ROMERO SÁNCHEZ: Todo es gracias a ustedes, empeñados en legislar desde la ideología, de espaldas a la realidad y sin escuchar a los especialistas.


La señora PRESIDENTA: Termine, señora Romero.


La señora ROMERO SÁNCHEZ: Termino enseguida.


Este es su balance a día de hoy en España, con sus atropellos legislativos ideológicos: ganan los agresores sexuales, ganan los malversadores, ganan los golpistas, pierde la democracia, pierde el Estado de derecho, pierde la justicia, pero,
sobre todo, pierden las mujeres. ¿De quién es responsabilidad este atropello legislativo de consecuencias tan dramáticas, de la señora Irene Montero? No solamente, de ustedes también, señorías del Partido Socialista, y de Pedro Sánchez; todo el
Gobierno aprobó esta ley.


La señora PRESIDENTA: Señora Romero, le pido que finalice, por favor.


La señora ROMERO SÁNCHEZ: Y termino pidiendo que se modifique cuanto antes, que se revise cuanto antes para que tengan más consecuencias y no tengan más amparo los violadores, los condenados por delitos sexual, y se proteja de verdad a las
víctimas de delitos sexuales.


Muchísimas gracias, presidenta. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Fuensanta.


La señora LIMA CID: Gracias, presidenta. Gracias, señora Rodríguez, por la exposición.


Voy a empezar con algo que entiendo que todas las señorías deberían tener como principio fundamental cuando vienen a esta Comisión. El Grupo Socialista, al que hoy tengo el honor de representar en esta comparecencia, tiene claro que el
cometido que se nos encomienda en esta Comisión es abordar de forma seria, rigurosa y desde el consenso y el compromiso más profundo, nunca a golpe de noticia, que la violencia machista como violencia estructural debe ser erradicada, y esto lo voy a
repetir cada vez que pueda y tenga el honor de comparecer. Porque ya no hablamos de que la violencia machista sea una lacra, como aquí se ha dicho, es una masacre; la violencia machista es la mayor vulneración de derechos humanos fundamentales y
se ha llevado por delante 1170 vidas de mujeres. Señorías, estamos hablando de vidas. Para erradicar la violencia machista no valen ni las medias tintas ni la tibieza ni la negación. Pedimos capacitación a los profesionales y no podemos olvidar
que nuestra mayor responsabilidad a la hora de legislar es dar un mensaje claro, respetuoso y sincero, sin demagogia; no se pueden dar mensajes populistas sin base alguna, que solo sirven para hacer daño, que es el mensaje que enviamos a la
sociedad en su conjunto, que es el mensaje que enviamos a nuestros jóvenes en particular. Por ello, debemos aportar una actitud responsable, respetuosa -vuelvo a decirlo-, clara y sincera, pues estamos hablando de vidas.


El Partido Socialista nunca se ha escondido -y añado esto a mi intervención, aunque tenía el tiempo ya marcado-, nuestro presidente lo ha dicho esta mañana bien claro, señorías, porque nosotros no nos lanzamos directamente a lo que la prensa
quiera escuchar, somos serios. En su momento aprobamos aquí democráticamente... (Rumores). Por favor, yo he escuchado durante todo este tiempo, señorías. Nosotros democráticamente presentamos aquí la Ley de garantía integral de la libertad
sexual y se aprobó. Esa ley ha tenido una serie de sentencias. Dejemos el tiempo suficiente para que tribunales y Fiscalía... (Continúan los rumores). Por favor, yo no he hecho ademanes ni he interrumpido.


La señora PRESIDENTA: Señorías, por favor, silencio.


La señora LIMA CID: Dejemos que los tribunales y la Fiscalía puedan estudiar con detenimiento las sentencias, y desde el Gobierno haremos lo que tengamos que hacer para que nunca se acorten las penas, porque esta ley nunca ha tenido esa
prevalencia. (La señora González Vázquez: Cuanto más tiempo, más sentencias). Hasta ahí llego. Tenemos muchas más cosas de las que hablar.

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La señora PRESIDENTA: Señora Fuensanta, un segundito.


Por favor, se ha respetado el turno de palabra de todas las portavoces que habéis intervenido. Espero, por favor, que se siga haciendo.


La señora LIMA CID: Gracias, presidenta.


Nos dotamos de un Pacto de Estado contra la Violencia de Género entendiendo que, como violencia estructural, todas las instituciones públicas y partidos políticos debíamos buscar el consenso. Un dictamen de 214 medidas que luchaban para
eliminar la violencia contra las mujeres en defensa de nuestros derechos y libertades fundamentales. Es esencial poder tener una evaluación rigurosa para saber qué debemos acometer de aquí en adelante.


Para concretar nuestro compromiso político, hemos hecho hincapié en la importancia de contar con una nueva estrategia estatal con objetivos claros como elemento fundamental para marcar una hoja de ruta. Nos alegramos de que se haya aprobado
dentro de ese consejo sectorial y que se pueda aprobar pronto en Consejo de Ministros y ministras.


En este momento estamos tramitando un presupuesto que da certidumbre a las palabras, a las leyes y a los compromisos llevados a cabo, cumpliendo con las comunidades autónomas, con las entidades locales y, sobre todo, aumentando las partidas
para que se puedan llevar a cabo, porque son retos ineludibles ante esta brutal vulneración de derechos fundamentales. Tenemos un compromiso claro de renovación: la aprobación de la subcomisión para desarrollarlo; la nueva estrategia nacional,
pendiente de aprobar en Consejo de Ministros y ministras, y el acuerdo con las comunidades autónomas y con la FEMP para desarrollar el catálogo de referencia de políticas y servicios en materia de violencia contra las mujeres, que plantea políticas
de prevención, sensibilización y asistencia social integral. Por lo tanto, tenemos todas las herramientas para abordarlo desde esa rigurosidad, desde esa seriedad, pues no nos olvidemos nunca de que estamos hablando de vidas humanas.


Luego hablaré del tiempo que se nos ha dado para poder dar lectura de los informes que se nos han presentado y me referiré a algunas otras cuestiones. Pero termino con dos preguntas. La Estrategia Nacional 2026 ha tenido un tiempo de
participación pública. ¿Podría adelantarnos qué conclusiones generales se han aportado? Y con respecto al catálogo de referencia de políticas y servicios en materia de violencia contra las mujeres, se habla de medidas de atención
multidisciplinares, integrales, interseccionales y transversales que consideramos muy importantes, pero me gustaría saber si también habéis acordado la financiación necesaria para llevar todo esto adelante.


Gracias, presidenta. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Muchísimas gracias.


Finalizado el turno de intervención de los grupos parlamentarios, responde la secretaria de Estado nuevamente.


La señora SECREARIA DE ESTADO DE IGUALDAD Y CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO (Rodríguez Martínez): Gracias, presidenta. Gracias, señorías, por las intervenciones.


Comienzo según el orden de intervención. Expresaba el señor Agirretxea preocupación por si la Conferencia Sectorial de Igualdad estaba respetando el marco de su propio reglamento. Hombre, le puedo asegurar que sí. Por mucha capacidad que
podamos tener las distintas personas que conformamos la conferencia sectorial, hay un ordenamiento jurídico que debe ser respetado y, evidentemente, el reglamento ha sido modificado por unanimidad en la antepenúltima conferencia sectorial. Por
tanto, ¡claro que se respeta el marco! Lo único que estamos intentando plantear es otra forma diferente de hacer política que no sea la de la imposición, sino la de la colaboración, que es muy diferente. Es decir, que haya asuntos en los que
necesariamente el Gobierno del Estado y el Gobierno de las comunidades autónomas se deban sentar a hablar. Y esto también aplica al Gobierno del País Vasco, y no solamente porque no pueda recibir un tipo de financiación no le aplica a todo lo
demás. Sin ir más lejos, los fondos europeos y los centros de crisis son unos elementos que también conciernen al Gobierno vasco. Es decir, que esa necesidad de colaboración es evidente e importante. Por tanto, lo que nosotras estamos intentando
establecer es un marco de cooperación, no de imposición, no de exigencia, no de obligación, sino un marco de cooperación. Honestamente, yo creo que es un marco político que supera lo que hasta ahora ha sido simplemente la coordinación
interinstitucional, que en muchas ocasiones ha dado lugar precisamente a discrepancias y tensiones entre los distintos gobiernos que desde luego no han sido resueltas en muchas ocasiones más que con el silencio y con la falta de celebración de
espacios conjuntos

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entre ambos gobiernos en los que se pudieran trabajar estas cuestiones. Nosotras estamos muy satisfechas del trabajo con las comunidades autónomas. Por cierto, el feedback que recibimos por parte de todos los gobiernos, sean del Partido
Nacionalista Vasco, del Partido Popular, del Partido Socialista o de Unidas Podemos, es muy bueno. La relación con las comunidades autónomas es la mejor de las relaciones. De hecho, tiene todo el sentido y me parece muy legítimo que, por ejemplo,
ayer en la votación de la conferencia sectorial -y pasa históricamente así cuando hay asuntos que tienen que ver con financiación que no aplica al País Vasco- el Gobierno vasco se abstuviera, pero eso no quiere decir que el Gobierno vasco no haya
participado de todo el proceso político de elaboración de estos acuerdos de Tenerife, y creo que sus aportaciones han sido fundamentales para la construcción del marco competencial de unas políticas que, por cierto, han rebasado lo que ya teníamos
hasta ahora, tanto en las leyes autonómicas como en las leyes estatales. Esto requiere de más conversaciones. Nadie quiere reescribir lo que ya estaba, pero requiere de más conversaciones, no de menos, y esto también es pacto de Estado. Las
políticas contra el machismo han crecido, son más grandes, pero no porque el problema haya crecido, sino porque nos estamos haciendo verdaderamente cargo del problema, y esto quiere decir que tenemos que ir más allá. Hasta ahora había cosas
excepcionales, desiguales, heterogéneas, e intentar hacer una política de Estado en colaboración con las políticas que se hacen desde los distintos gobiernos autonómicos yo creo que, en cualquier caso, es una buena noticia para las víctimas.


Con respecto a la valoración sobre si la ley de libertad sexual es un desastre o no -además de que la señora Castañón probablemente ha respondido mejor de lo que pudiera hacerlo yo hoy-, veo que no está el portavoz y, por tanto, no tiene
demasiado sentido responder porque, además, ahora entraré en las apreciaciones que se han hecho al respecto de la ley de libertad sexual.


Lo que se ha ido planteando por el resto de las distintas portavoces, evidentemente, me lleva a hablar de esta cuestión. ¿Por dónde empiezo, señorías? Es espectacular que ante la posibilidad de un cambio de opinión, ante la posibilidad de
que cambie una pena -que ni siquiera tenemos ahora mismo una condena firme-, automáticamente le echen la responsabilidad al Gobierno, a pesar de que esta ley ha sido evaluada por el Consejo General del Poder Judicial, por el Consejo Fiscal, por el
Consejo de Estado, por el Consejo Económico y Social, por la Oficina de Calidad Normativa, a pesar de que tuvo dos vueltas en el Consejo de Ministros y fue aprobada por esta Cámara; de hecho, pasó por el Senado y volvió otra vez a esta Cámara.
Ustedes, señorías, son tan responsables de lo que dice la Ley orgánica de garantía integral de la libertad sexual como lo es el Gobierno. Ustedes son responsables porque todos hemos aprobado esta norma, el Ejecutivo y el Legislativo. Ante la más
mínima duda, lo que hacen ustedes es acusar al Ministerio de Igualdad, y esta acusación no habla de los problemas de la ley, habla de la misoginia que ustedes siempre ponen encima de la mesa con esta materia. Da igual lo que haga el ministerio, da
igual lo que diga la ley, porque sus enmiendas, señorías, no decían nada al respecto de los máximos y los mínimos de las penas, no estaban planteadas en ese sentido; no estaban planteadas en ese sentido. Entonces, ¿por qué plantean esta crítica?
Vamos a hablar de esta crítica. (Rumores).


Señorías, de verdad, es muy difícil intervenir en estas comisiones. Pido un poco de respeto. Yo les he escuchado con atención. Por favor, les pido un poco de respeto. Es muy difícil intervenir si ustedes están siempre hablando.


La señora PRESIDENTA: Discúlpeme un momentito, secretaria de Estado. Es cierto, el murmullo que se escucha impide poder seguir... (La señora Romero Sánchez: ¡Qué exageración!). No -lo digo sin acritud alguna-, es que se escuchan todas
las conversaciones. Llega aquí un ruido y es imposible que la compareciente pueda seguir con su intervención. Les ruego silencio, por favor.


La SECRETARIA DE ESTADO DE IGUALDAD Y CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO (Rodríguez Martínez): Gracias, presidenta, y gracias también, señorías. De verdad, a mí me cuesta. Será cuestión de mis capacidades, pero agradecería poder intervenir con
tranquilidad.


Bien. ¿Qué plantea la reforma del Código Penal? Hay un elemento que es fundamental y del que nadie está hablando. Por cierto, nadie está hablando -lo ha hecho solamente la señora Vallugera- de cuál es la situación de la víctima ahora
mismo. Aquí lo importante es decir que el Ministerio de Igualdad lo ha hecho mal, de todo lo que está pasando, de que un juez haga una interpretación machista del Código Penal, de que haya una mujer que vaya a ser revictimizada, de que haya un
agresor al que se le pueda rebajar la pena, de todo lo que está pasando lo más importante que tienen que decir el Partido Popular y VOX es que el Ministerio de Igualdad lo ha hecho mal. Esa es su visión de la realidad. Siempre el Ministerio de
Igualdad se lleva la peor parte de todo lo que tienen que decir. Es un argumento hasta cutre. ¿Pero qué

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es lo que está pasando aquí? Lo que ha sucedido con esta propuesta de sentencia es lo que sucedió con la sentencia de La Manada, donde un juez vio jolgorio en que cinco tíos penetraran por la boca, por el culo y por la vagina a una mujer;
dijo que ahí había jolgorio. ¿Qué está pasando aquí? Un padrastro le pide a su hijastra de 13 años en la cama -un señor que cumplía el papel de padre- que le haga una felación, y el juez -el juez- dice que no hay situación de superioridad o de
vulnerabilidad de la víctima. ¿Cómo podemos decir que cuando un padre le pide a su hija de 13 años que le haga una felación no hay superioridad por parte de la persona que está ejerciendo esa agresión sexual? ¿Cómo tenemos la cara de decir que
este es un problema del Ministerio de Igualdad? El problema es de interpretación del Código Penal. ¡Y claro que hay margen de interpretación del Código Penal! ¡Claro que hay margen de interpretación del Código Penal! El problema también es,
señorías, que cumplir la ley de libertad sexual no solamente es cumplir la interpretación del Código Penal -que por supuesto que hay margen para los jueces, faltaría más, por eso hay separación de poderes-, sino que lo que hay que hacer es cumplir
con los artículos que hablan de la formación de los operadores jurídicos, cumplir con eso, y eso lo tiene que hacer el Consejo General del Poder Judicial. ¿Dónde está la formación? ¿Por qué lo primero que ha elegido hacer el Consejo General del
Poder Judicial es decir que a lo mejor la ley Montero estaba mal y no formar a todos sus jueces, que lo dice Naciones Unidas, que en España los jueces no tienen formación en materia de género, que es una vergüenza? Fórmense, señores jueces,
fórmense. Este es el mensaje que les lanzamos. Esta es la hoja de ruta que les proponemos para esta situación, porque no queremos volver a escuchar que cuando un padre le diga a su hija que le haga una felación ahí no hubo uso de la superioridad,
que ahí no hubo vulnerabilidad de la víctima. No queremos volver a escuchar por parte de un juez que con cinco señores violando a una mujer en un portal ahí hubo jolgorio. No queremos volver a escuchar por parte de un juez que se condena a dos
policías, para los cuales se pedían treinta y tres años, a dos años y un cursito. Este es el problema. El problema es quién lee lo que pone en el Código Penal.


Señorías, ¿cómo podemos plantear que no estaba clara la intención del legislador en una ley que se llama Ley de garantía integral de la libertad sexual, que tiene ocho títulos y no sé cuántas disposiciones finales y transitorias? ¿Cómo es
posible que no quedara clara la intención del legislador? ¿Cuando el operador jurídico coge esta norma no tiene claro que el legislador quería que se sancionaran todas las conductas contra la libertad sexual? ¿De verdad no está claro esto? ¿Qué
hay que hacer? ¿Alguien pensaba que por aprobar una reforma del Código Penal se iba a acabar la justicia patriarcal? No somos tan ingenuas; no somos tan ingenuas. Acaba de empezar la pelea, porque hemos lanzado un mensaje muy claro desde el
Gobierno y desde el Legislativo -ustedes también, señorías, han lanzado este mensaje- que es poner el consentimiento sexual en el centro del Código Penal, la libertad sexual de las mujeres por encima de todas las cosas. Dejamos de ser objetos,
pasamos a ser sujetos, y los jueces no comparten esta visión. Lo acaban de volver a decir. Tampoco comparten que esa niña de 13 años tuviera una situación de vulnerabilidad. Porque es normal, ¿verdad?, es normal, por eso se puede rebajar la
pena. Es escandaloso. Lo que tienen que hacer los jueces es formarse, señorías. Les invito a leer no solamente lo que establece el artículo 181 modificado del Código Penal, sino a que se lean el apartado 2 del 178, cuando señala que tiene que
haber una pena diferente. Creo que no se lo han leído y que lo único que están haciendo es reproducir una y otra vez lo que dicen algunos medios de comunicación de derechas. Tanto es así, señoría, que usted me ha planteado que el problema es que
era un delito de abusos. El delito de abusos es lo primero que se elimina en esta reforma del Código Penal. Es que hay falta de rigor en lo que están planteando. Hay falta de rigor.


Por supuesto, claro que pensamos que los jueces tienen que formarse y claro que lo vamos a seguir defendiendo, sin ningún tipo de miedo, sin ningún tipo de vergüenza en plantear este problema, porque creemos que cuando hablamos de un pacto
de Estado el pacto de Estado no solamente es entre los grupos del Congreso y no solamente es entre los actores institucionales que estamos en los gobiernos. ¿Qué pasa, que el Poder Judicial no tiene nada que decir al respecto de esto? ¿Qué va a
hacer el Poder Judicial para cumplir el Pacto de Estado? ¿Han cumplido algunas de las medidas a las que se instó al Consejo General del Poder Judicial para poder mejorar en los últimos cinco años? Es que ni siquiera han sido capaces de dejar su
puesto cuando estaban ya en una posición caducada. ¡Es que este es el problema! Este es el problema con los jueces. ¿Alguien pensaba que estos mismos señores, que no han sido capaces de irse, iban a ser capaces de decir: pues sí, efectivamente,
si un padrastro le dice a su hija que le haga una felación, ahí hay una situación de vulnerabilidad? Eso es machismo, señorías. Eso es machismo, es misoginia y da igual lo que se cambie en el Código Penal, porque hasta que haya formación de verdad
vamos a tener exactamente el mismo problema.

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Luego, no contentos con esta cuestión, tengo que decirle a la señora Toscano que usted hace unas intervenciones que son racismo y xenofobia, racismo y xenofobia, además de machismo, que es evidente. (La señora Toscano de Balbín: ¡Claro!).
Claro, es usted una racista, una xenófoba y una machista. Es verdad. (Varias señoras diputadas: ¿Eso no es insultar?). Y le voy a explicar por qué; le voy a explicar por qué. (Protestas).


La señora PRESIDENTA: Por favor, secretaria de Estado. Por favor, no hagamos alusiones ni acusaciones directas.


La señora TOSCANO DE BALBÍN: Yo no la he insultado a ella y ella sí me está insultando a mí.


La señora PRESIDENTA: Señora Toscano, no le he dado la palabra. Por favor, estoy interviniendo. (Protestas). Por favor, os ruego contención, que nos ajustemos a la cuestión y que podamos proceder como naturalmente se desarrollan todas
las comisiones en este Congreso, con libertad de expresión pero respetando a sus señorías. (La señora Riolobos Regadera: Dígaselo a ella, que no provoque). Por favor, por favor.


Señora secretaria, puede continuar.


La SECRETARIA DE ESTADO DE IGUALDAD Y CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO (Rodríguez Martínez): Sí. ¿Qué nos señalan los datos del Ministerio del Interior, señora Toscano? Primero, nos dicen un elemento que es importantísimo: el 79 % de los
delitos contra la libertad sexual son cometidos por hombres de nacionalidad española. ¿Qué le hace pensar a usted este dato? Hombres de nacionalidad española; es decir, la mayoría de los violadores en este país son hombres españoles. ¿Pero sabe
cuál es el problema? Que cada vez más mujeres violadas -y estos son datos del Ministerio del Interior- son mujeres extranjeras, lo cual explica su posición. El machismo rara vez no va unido al racismo y a la xenofobia, rara vez no va unido,
porque, al final, son más formas de opresión hacia las mujeres. Una mujer que es migrante en este país, por lo que dicen los datos, cada vez tiene más posibilidades de sufrir un delito contra la libertad sexual, y usted, mientras tanto, se dedica a
decir que el problema es que los hombres extranjeros o que están en situación administrativa irregular cometen más delitos contra la libertad sexual. Es falso, no hay ni un solo dato que sostenga eso, señoría. De verdad, eso es alimentar el
discurso de odio contra las personas que vienen de otro país, que tienen otra raza o que tienen otra etnia. Es algo que no se debería permitir en una democracia como la nuestra, señoría.


Luego, además, le quiero decir una cosa que es gravísima. Usted nos acusa a nosotras todo el rato de que no hacemos medidas para proteger a los niños. No voy a mencionarlas porque son evidentes, si no, léase el BOE, que es quizás lo que
debería hacer para venir a estas comisiones. ¿Sabe cuál es el problema? Que usted está hablando todo el rato de los menores no acompañados cuando son niños. Está alimentando el discurso de odio contra esos niños que son niños solos, y diciendo
que el problema es que esos niños solos son los que cometen los delitos contra la libertad sexual. Es vergonzoso; vergonzoso.


Señorías, quiero trasladarles una cuestión. Antes, cuando les decía que la violencia contra las mujeres no es una lacra, sino que es un problema estructural, lo digo porque creo que a veces se nos olvida que hay un continuo de violencia que
no empieza solamente en una casa. ¿Usted qué cree que sucede cuando hay una mujer que, tal y como dicen los estudios y las estadísticas, durante ocho, nueve, diez u once años está aguantando que su marido le pegue o le insulte?, ¿qué cree que
sucede cuando en la tele sale el discurso de algunas de sus señorías que cuestionan lo que le está pasando a esa mujer? Que validan lo que está haciendo ese hombre. ¿Qué creen que es lo que pasa a continuación?


Los discursos que se dicen en esta Cámara cuestionando la asistencia de la violencia contra las mujeres y cuestionando el daño que han sufrido esas mujeres son parte del círculo de la violencia: alimentan las posiciones de los agresores,
blanquean las posiciones de los maltratadores, blanquea la posición de señores que están cometiendo delitos contra la libertad sexual y de malos tratos. Son delincuentes, son machistas, y ustedes les están blanqueando permanentemente con los
discursos en esta Cámara. Deberían, al menos, tener la decencia de no hacerlo en esta Comisión, que es una Comisión para luchar contra el machismo. Es insoportable.


¿Qué les dicen a esas mujeres que ven en la tele mientras sus maridos les están sometiendo a violencia de control, a violencia psicológica, a violencia económica, a violencia sexual, a violencia física? Que ustedes creen que la violencia no
existe. ¿Saben cuál es el problema? Que la única manera de arreglar el problema de la violencia contra las mujeres no solamente es la persecución de los delitos, es

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que exista verdad, justicia y reparación. Cuando ustedes cuestionan que exista verdad, cuando ustedes cuestionan que lo que les ha pasado a las mujeres no existe, les están robando a las mujeres la posibilidad de recuperarse del daño que
han sufrido.


¿Saben lo que pasa? Lo dicen los datos de la macroencuesta. En nuestro país existe un 4 % de posibilidades de que una mujer adulta tenga pensamientos de suicidio. ¿Sabe cómo cambian esos datos? Suben al 18 % si han sufrido algún tipo de
violencia, como la psicológica, y a un 25 % si han sufrido alguna violencia física o sexual. Mujeres que se quieren suicidar por lo que les ha pasado y ustedes blanquean ese daño. No es democrático, no es decente, no es ético, no es soportable, no
hay quien se lo crea. Deberían parar y ojalá consigamos alguna vez las feministas que ustedes estén fuera del Parlamento, porque no se sostiene que en una democracia como la nuestra ustedes sigan aquí blanqueando a delincuentes y a machistas.


La señora PRESIDENTA: Seguidamente tenemos el turno de réplica por un tiempo de tres minutos para aquellos grupos que quieran utilizarlo.


Comenzamos con el Grupo Parlamentario Vasco. Señor Agirretxea.


El señor AGIRRETXEA URRESTI: Intervendré muy brevemente para mencionar alguna cuestión de la que antes no he hablado, relativa a este tema que tanto ha dado que hablar. Yo quiero dejar claras tres cuestiones en nombre de mi grupo. La
primera, las leyes tienen que ser dinámicas; si han de ser revisadas, se revisan, no hay ningún problema, pero no con un procedimiento basado en titulares. Las revisiones tienen que ser más pausadas, tienen que ser planteadas con sosiego y sobre
la base de criterios de verdad y no de titulares de periódicos.


Segunda, el núcleo central de la ley de libertad sexual sigue intacto. El núcleo central, el avance, la progresión, el salto cualitativo que dio esta ley sigue intacto, independientemente de lo que algunos jueces hayan querido o hayan
aplicado. Creo que ese es el gran salto y creo que es el objetivo que nos tiene que unir a todos. Ese es el motivo precisamente que hace que esta ley sea diferente tras el clamor por las injusticias que se estaban cometiendo. (La señora
vicepresidenta, Franco Carmona, ocupa la Presidencia).


Y tercera. Nosotros, como legisladores, tenemos la responsabilidad que tenemos, no podemos ir más allá; los jueces tienen la responsabilidad que tienen sobre la base de sus sentencias. Cada uno tiene que asumir su responsabilidad, pero la
actuación de uno no ha de cuestionar la de otros. Eso es lo que quería decir. Me parece que es suficiente que dejemos de funcionar a base de titulares escandalizadores. A mí me dan bastante... -no sé qué palabra utilizar- las sentencias que se
han dado y las actuaciones de algunos jueces, pero creo que no es una cuestión de un principio de la ley, sino de su interpretación. Tampoco el objetivo ha de ser siempre, cuando se hace una ley, que sea cada vez más punitivista; creo que el
objeto de la ley es el de ser garante de que 'solo sí es sí' y todo lo demás es no. Cada uno que asuma su responsabilidad.


Por lo demás, entiendo lo que usted ha comentado, señora secretaria de Estado, pero sigo pensando que hay que dejar un poquito más de libertad a las comunidades autónomas, que son capaces y han demostrado su responsabilidad.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Franco Carmona): Gracias, señor Agirretxea.


Por el Grupo Parlamentario Plural, el señor Pagès.


El señor PAGÈS I MASSÓ: Muchas gracias.


En la línea del diputado que me ha precedido, quiero insistir en que el gran logro de la Ley orgánica de garantía integral de la libertad sexual debe permanecer intacto, debe permanecer absolutamente inalterable. Este no es más que el que
gira alrededor del consentimiento en las relaciones sexuales. Evidentemente, este logro se debe proteger como un bien no superior, sino incluso extraordinariamente superior. Insistimos en la preocupación que nos genera este goteo de sentencias que
interpretan de forma absolutamente improcedente e inaceptable la letra de la ley y que tergiversan el espíritu de la ley totalmente.


Cuando antes he hablado del fracaso que se ha producido, no es en relación con la ley. La ley es un triunfo, es un logro. Yo creo que el fracaso es que esta ley, desgraciadamente, ha caído en manos de quienes no están capacitados para
interpretarla debidamente, y están incapacitados porque están

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inmersos en una cultura política franquista, una cultura política predemocrática, una cultura antidemocrática que está muy presente en la judicatura y que en este caso se manifiesta a través de un evidente machismo. La falta de valores
democráticos en la justicia es un problema. Usted misma, señora secretaria, lo ha puesto de relieve. Por tanto, siempre vamos a estar a favor de que los jueces, que en su gran mayoría no son ni antidemócratas ni machistas, pero en algunos casos sí
lo son, acaben con esta cultura de la impunidad ante los crímenes machistas.


Finalmente, lo que queremos poner de relieve es que ante esta realidad social en el mundo de la justicia, donde hay evidentemente una presencia -no sé si preeminente o no, pero creo que muy evidente- de cultura machista, lo que se tiene que
hacer es tomar medidas. Pensamos que unas medidas oportunas podrían ser, en el marco de una revisión de la ley, determinar de forma estricta y no dejar margen a la interpretación de los jueces los flecos o los resquicios que han quedado. Que han
quedado, es evidente, y el hecho de que se produzcan estas sentencias es lo que lo demuestra.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Franco Carmona): Gracias, señor Pagès.


Por el Grupo Parlamentario Confederal, la señora Castañón.


La señora FERNÁNDEZ CASTAÑÓN: Gracias, presidenta.


Seré muy breve. Solo me referiré a dos cuestiones, por coincidir tanto en la respuesta que ha dado la secretaria de Estado, sobre la cuestión de la judicatura y de la interpretación que se puede hacer de la ley del solo sí es sí, como con
la intervención del portavoz del Grupo Vasco, que responden bien a lo que también habíamos querido decir desde nuestro grupo parlamentario.


Quisiera decir una obviedad más. Aparte de que entendemos que el machismo es consustancial en todos los ámbitos en los que estamos, en tanto que es un problema sistémico y estructural, cuando el movimiento feminista decía justicia
patriarcal, no estaba diciendo leyes patriarcales, estaba diciendo justicia patriarcal y señalando exactamente lo mismo que nos señala la CEDAW, lo mismo de lo que nos vienen advirtiendo, que es ese sesgo machista que atraviesa a esta institución,
como atraviesa a otras, pero resulta que esta es la que tiene que estar dictaminando las sentencias.


Hay otra cuestión en relación con algo que se decía en la intervención anterior sobre el espacio público en el que estamos, entendiendo además que tiene una simbología que es clave. Hay una responsabilidad no solo institucional en todo lo
que decimos en esta Cámara, sino que también es una responsabilidad social. No sé si somos conscientes y tampoco sé cuánto tenemos presente, más allá del Diario de Sesiones, hasta qué punto lo que estamos diciendo está conformando y reflejando,
pero también alimentando, lo que esta sociedad puede ser dentro de su plano institucional, que no deja de ser un plano privilegiado mucho más visible y que, además, tiene la capacidad de poner en espacios tan importantes como el BOE las cosas negro
sobre blanco. Por eso, más allá de entrar en los ruidos que muchas veces se dan en esta Comisión -no es la única, pero en esta se dan especialmente-, agradezco la vehemencia de todas las feministas que comparecen en esta Comisión, las que vienen de
los ámbitos de la sociedad civil y las que están en las instituciones, en el Gobierno y en el Ministerio de Igualdad. Esa vehemencia es necesaria cuando de lo que estamos hablando -y creo que esta es una de las comisiones más importantes del
Congreso- es de las vidas libres de la mitad de la población, de la vida y de la libertad de las mujeres. Así que quiero agradecerle al ministerio esa vehemencia incesante, pese a todos los ataques a los que se enfrenta, y agradecérselo también a
todas las feministas que mantienen esa vehemencia en todos los ámbitos.


Gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Franco Carmona): Gracias.


Por el Grupo Parlamentario VOX, la señora Toscano.


La señora TOSCANO DE BALBÍN: Quiero decir una cosa antes de la réplica. Quiero pedir que, por favor, retire la secretaria de Estado, por el artículo 71.3, los insultos contra mi grupo parlamentario. Nos ha acusado de cosas que son un
delito. Entonces, que lo retire.


La señora VICEPRESIDENTA (Franco Carmona): Comience su intervención.


La señora TOSCANO DE BALBÍN: Sí, sí, pero que lo retire.

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La señora VICEPRESIDENTA (Franco Carmona): Comienza el tiempo.


El señor STEEGMAN OLMEDILLAS: Señora presidenta...


La señora VICEPRESIDENTA (Franco Carmona): No tiene la palabra. La palabra la tiene la señora Toscano para comenzar su intervención.


El señor STEEGMAN OLMEDILLAS: La señora secretaria de Estado ha insultado gravemente. El artículo 71.1 del Reglamento ampara a la señora Toscano...


La señora VICEPRESIDENTA (Franco Carmona): No tiene la palabra, le voy a llamar al orden. Si no apaga el micrófono, le voy a llamar al orden.


Usted no tiene la palabra, la palabra la tiene la señora Toscano. Si no respeta a esta Presidencia, por lo menos respete a la portavoz de su grupo. (Varias señoras diputadas: ¡Muy bien!-Aplausos).


El señor STEEGMAN OLMEDILLAS: Señora presidenta, la palabra la puede pedir cualquiera.


La señora VICEPRESIDENTA (Franco Carmona): Se lo repito, no tiene la palabra. Le voy a llamar al orden.


El señor STEEGMAN OLMEDILLAS: Pido amparo a la presidenta. (Rumores).


La señora VICEPRESIDENTA (Franco Carmona): No tiene la palabra.


El señor STEEGMAN OLMEDILLAS: Invoco el artículo 71.1. (Rumores).


La señora VICEPRESIDENTA (Franco Carmona): No tiene la palabra. Le llamo al orden por primera vez. (Una señora diputada: Cualquiera puede pedir la palabra.-Protestas).


Cualquiera puede pedir la palabra en esta Comisión, pero la presidenta la puede dar o puede no darla. En ese momento está haciendo uso de la palabra la señora portavoz del Grupo Parlamentario VOX.


La señora TOSCANO DE BALBÍN: ¿Va a retirar la secretaria de Estado los delitos de los que nos ha acusado a mi grupo parlamentario? ¿Sí o no?


La señora VICEPRESIDENTA (Franco Carmona): Señora portavoz del Grupo Parlamentario VOX, yo le pregunto: ¿quiere hacer uso de su turno de palabra?


La señora TOSCANO DE BALBÍN: Sí, pero he planteado una cuestión previa.


La señora VICEPRESIDENTA (Franco Carmona): Estupendo, pues comience su réplica, por favor. Tiene tres minutos.


La señora TOSCANO DE BALBÍN: Sobre la ley de libertad sexual ha mentido, ha dicho que el Consejo General del Poder Judicial no dijo nada. El Consejo General del Poder Judicial sí avisó de que se iban a rebajar las penas con su ley. Me dan
mucha pena los jueces por cómo les están echando la culpa. Ha intentado echar la culpa a los jueces y a todos los partidos, porque la ley se aprobó en el Congreso. Nosotros tenemos el orgullo de decir que votamos en contra de esa ley.


Ha dicho tantas cosas que a ver si me da tiempo a responderle. Ha explicado con muchísimos detalles y de manera muy escatológica el abuso que sufrió esa niña, y dice que ese delito con formación dejará de ocurrir. Entonces tengo que decir
otra vez que la señora ministra Irene Montero, al hablar de la formación y la educación sexual, ha vuelto a hacer apología de la pederastia, en eso se escudan. ¿Usted cree que un hombre con ese perfil, un miserable que abusa de una niña como en el
caso del que estamos hablando, teniendo formación va a dejar de hacerlo? ¿Nos está tomando por tontos?


Lo más grave de su discurso, aparte de que sus leyes no sirven para nada, es que sí sirven para meter siempre las cuñas de discurso de odio contra VOX. Nos ha acusado de racista y de machistas, nos ha acusado de apoyar a los agresores. Nos
ha acusado de que si una mujer oye nuestro discurso y está siendo agredida por su marido pensará que es normal que la agredan, y que además nosotros negamos que la agreden. Eso es mentira, eso es incitar al odio contra VOX. Me ha preguntado que
qué le diríamos a esa mujer. A esa mujer le diremos que su ley no la va a amparar, que la va a amparar una ley como la de VOX, porque queremos endurecimiento de las penas, porque queremos que tengan recursos para

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ellas, no para sus chiringuitos. Cualquier mujer maltratada sabe que nosotros la defendemos a ella y que queremos que el agresor esté en la cárcel, no como ustedes, que les sacan antes, como están haciendo con la ley de libertad sexual.


Y ya lo último. Ha vuelto a poner de manifiesto su vena totalitaria cuando ha dicho que espera que en algún momento nos saquen del Congreso. Pues no, la democracia tiene esto, que se puedan oír opiniones distintas a la suya. La verdad es
que sus leyes no funcionan y sus leyes violan derechos fundamentales, violan la presunción de inocencia y la igualdad ante la ley. Lo que hace VOX es pedir el endurecimiento de las penas y pedir la defensa para todas las víctimas, no nos importa
quién sea el agresor; para todas, y no como ustedes, que solo les importan unas cuantas.


Gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Franco Carmona): Gracias, señora Toscano.


Por el Grupo Parlamentario Popular, la señora Romero.


La señora ROMERO SÁNCHEZ: Muchas gracias. Seré muy breve.


En primer lugar, intervengo para decirle que estoy de acuerdo cuando dice que son responsables de esta ley quienes votaron a favor, evidentemente. El Partido Popular no votó a favor esta ley, votamos en contra de esta ley. Además, nos
reafirmamos en que esta ley es un fracaso por el daño que está haciendo, porque en este momento hay una avalancha de revisiones de sentencias por todos los juzgados del panorama nacional. Desde luego que es inadmisible gobernar desde la soberbia,
es una tremenda irresponsabilidad. Esta ley es indefendible, aunque usted pretenda echar la culpa, a través del insulto, a los jueces. Por cierto, en esta intervención quiero pedirle que retire todos los insultos, todas las descalificaciones y
exabruptos que ha vertido hoy aquí contra los jueces, diciendo que no están formados, llamándoles machistas, misóginos y todo tipo de insultos. Le insto a que los retire y si no lo hace usted, que lo haga la presidenta retirándolos del Diario de
Sesiones, porque la separación de poderes hoy por hoy es una realidad constitucional en nuestro país, y usted debiera saberlo. (Aplausos).


El Partido Popular se lo advirtió, se lo dijo claramente y está en el Diario de Sesiones. Dijo que algo tan serio como esto podía ocurrir, y desgraciadamente está ocurriendo ya, porque el Código Penal es muy claro. Se lo dijo mi compañera,
la portavoz que intervino en el Pleno, cuando ustedes trajeron la ley, cuando intervino la ministra. (La señora presidenta ocupa la Presidencia). El Partido Popular le dijo que el Código Penal es muy claro con cualquier modificación que suponga
una mejora en la condición del reo, y eso es lo que están aplicando en este momento los jueces. Por eso, por parte de las defensas de los que están condenados con sentencias firmes por agresiones sexuales a menores y a mujeres, se están solicitando
esas revisiones de las condenas de las penas. Ustedes, desde su ministerio y desde su Gobierno -Podemos y Partido Socialista-, les están dando la oportunidad a esos violadores, a esos delincuentes sexuales de que puedan ver rebajadas sus condenas,
y están desprotegiendo a las víctimas. Por eso insisto en que se revise la ley cuanto antes. ¿Por qué? Porque cuanto antes se revise la ley, antes frenaremos las posibles rebajas de condenas que amparan a los agresores sexuales y a los violadores
que tienen una sentencia firme en este momento, porque si no, eso va a tener consecuencias irreparables e irreversibles, como usted sabe, en el Código Penal. Insistimos en que se revise cuanto antes y que asuman sus responsabilidades. Ojalá dejen
de estar cuanto antes en el Gobierno por el bien de las españolas, por el bien de conseguir la igualdad de oportunidades, por el bien de erradicar la violencia de género y, sobre todo, para proteger a las víctimas, mujeres y menores, que ustedes,
con su irresponsabilidad y su fracaso legislativo, han dejado desprotegidas.


Muchas gracias. (Una señora diputada: ¡Muy bien!-Aplausos).


La señora PRESIDENTA: En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, la señora Fuensanta Lima.


La señora LIMA CID: Gracias.


Quiero zanjar este tema, porque tenemos muchísimos más temas encima de la mesa, porque parece que nos olvidamos de las 1171 mujeres asesinadas y en qué Comisión nos encontramos ahora. En primer lugar, repito, el objetivo de este Gobierno
era proteger a todas las mujeres contra cualquier tipo de violencia sexual. (Rumores). Por favor, presidenta, pido que no se me interrumpa cada vez que hablo. Y, en segundo lugar, el objetivo nunca ha sido minorar las penas, sino en algunos de
los casos, incluso, aumentarlas. A partir de ahí, ese objetivo no ha cambiado ni cambiará para este Gobierno. Dejémonos de titulares.

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Voy a las cuestiones importantes de las que tenemos que hablar hoy. Del informe del seguimiento, quiero plantear varias cuestiones. No sé si estaría dentro del eje 2 o del eje 3, de mejora de la respuesta institucional o del
perfeccionamiento de la asistencia, ayuda y protección a las víctimas. Señorías, me he reunido -eso es lo que hay que hacer- con las mujeres supervivientes de violencia de género en Málaga. Me comentaban que, obviamente, están muy agradecidas por
la protección de sus datos, pero que cuando van a una institución pública, hoy por hoy, todavía se encuentran -estoy bajando de lo grande a lo pequeño y a la realidad, que es lo que creo que debemos tratar aquí- con que llevan más de dos años de
tramitación, porque tienen que hacer los trámites presencialmente. Cuando piden una cita telefónica, la mayoría de esas personas que están en esas instituciones públicas -ya daré conocimiento a cada uno de los ministerios que les competa de cuál es
la circunstancia- no las atienden, porque solo lo puede hacer el director o directora de esa institución personalmente. Por lo tanto, se pueden ver en el limbo y tirarse dos años sin poder acceder a una prestación básica para poder continuar con
sus vidas y las de sus hijos.


Haría también un especial hincapié en el seguimiento del pacto de Estado, en el sentido de que es muy importante continuar trabajando sobre los sistemas de indicadores de seguimiento y evaluación. Nos gustaría saber cómo está esa
tramitación. Respecto al seguimiento estadístico, el eje 6, cuyo informe me he estado leyendo, en el Grupo Socialista entendemos que la interseccionalidad es muy importante, sobre todo, en los aspectos de estadísticas e informes que se pueden hacer
de mujeres víctimas de violencia de género en materia de discapacidad en el ámbito rural.


Para terminar, en cuanto al catálogo de referencia, creemos que es fundamental -lo hemos hablado varias veces en nuestro grupo y con los ayuntamientos- que la FEMP sea interlocutor válido con los ayuntamientos a la hora de impactar la
financiación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género y que se pueda cerrar un acuerdo para que funcione mejor. También es importante hacer especial incidencia en las mesas de coordinación en el ámbito local, porque, al final, lo local es
lo que vertebra todo lo que ocurre a nivel nacional.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Muchísimas gracias.


A continuación, tiene el turno de palabra la señora secretaria.


La señora SECRETARIA DE ESTADO DE IGUALDAD Y CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO (Rodríguez Martínez): Gracias, presidenta.


Intervengo muy brevemente, porque queda todavía la comparecencia de la delegada y creo que es respetuoso no extenderme demasiado. Quería comenzar por agradecer el tono de la diputada Fuensanta, del Grupo Socialista. Sería muy interesante
que en esta Comisión pudiéramos discutir sobre los elementos que conforman las políticas públicas contra la violencia machista. Por ejemplo, creo que el debate sobre el sistema de indicadores que vamos a tener que utilizar en la próxima etapa, una
vez presentemos este informe de finalización de evaluación de los cinco primeros años del pacto de Estado, es un debate fundamental y se debería dar también en esta Comisión. Nosotras estamos trabajando ya en un nuevo sistema de evaluación, porque
el que se ha utilizado hasta ahora no ha sido lo suficientemente operativo, solo para tener -que no es poca cosa, pero aspiramos a más- una especie de check list de las cosas que se pueden cumplimentar y las que se han cumplimentado. Creemos que
cuando se trata de evaluar políticas públicas no es suficiente con tener estos indicadores, sino que esos indicadores deben servir también para orientar hacia otras nuevas políticas públicas. Ahí es donde creemos que tenemos margen de mejora. Esto
respecto a la valoración del pacto de Estado.


También sucede lo mismo con los indicadores de la mayor parte de los datos estadísticos que estamos manejando en el ministerio. El ejemplo más claro de esto es el recuento de feminicidios, cómo hemos introducido nuevos elementos a la hora
de hacer esa fotografía o el próximo macroestudio en materia de prostitución, que también esperamos que pueda estar en marcha pronto, porque nos parece que siguen existiendo una cantidad de datos que aún no están en la foto y que son fundamentales
para diseñar las políticas públicas que vienen por delante. Ahí coincido con usted en que lo que tiene que ver con la interseccionalidad, como nos señalan los organismos internacionales, es fundamental. Creo que no podemos dejar de obviar que las
mujeres sufren más discriminaciones por muchas otras causas -se ha visto en esta Comisión-: por su etnia, por su discapacidad, por sus distintas condiciones sociales y económicas. Este es un elemento que nos tiene que ocupar en los próximos
tiempos, porque, si no, no estaremos afinando bien las herramientas.

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En cuanto a la primera pregunta que me realizaba en materia de protección de privacidad de los datos de las víctimas y cómo podemos hacer para compaginarlo con la agilidad de los servicios, tomo nota, vamos a estudiar qué se puede hacer. Me
temo que es una cuestión que tiene que ver más con servicios sociales que con lo que nosotras podamos arbitrar, porque los centros de información para la mujer no funcionan de ese modo ni tienen ese tipo de reglas al respecto de quién es la persona
que atiende a qué víctimas, sino que son más bien de otros canales. De hecho, una de las medidas del Plan de modernización que pusimos en marcha era trabajar en una ventanilla única, que permitiera a las mujeres víctimas de violencia de género
acceder a cualquier ámbito de los servicios sociales sin tener que pasar por los lugares comunes, pero esto está generando debate con las comunidades autónomas y es una cuestión que todavía está por cerrar. Por tanto, recojo el guante porque es una
cuestión que a nosotras también nos preocupa y nos parece importante.


Comparto absolutamente la reflexión al respecto de las entidades locales y el papel de la FEMP. De hecho, creo que es muy buena noticia que, dentro del Plan España te protege contra la violencia machista, la FEMP vaya a tener un papel
fundamental en la construcción de ese centro de referencia en Alcorcón para el trabajo con ATENPRO y con el resto de los servicios que van a prestarse dentro de ese plan. Creo que aspiran -así me consta- a que no haya un único centro de referencia,
sino que pueda haber sendos centros en más lugares del país y que esto sirva, también, para que esas políticas que se están haciendo a nivel municipal puedan estar coordinadas en otra instancia. Este tema creo que es muy interesante porque al final
se trata de dar proximidad para las víctimas.


Con respecto al resto de cuestiones que se han vuelto a señalar, no voy a volver a explicarla mi posición, porque creo que ha quedado clara. Además, ahora intervendrá la delegada y seguramente les podrá dar otro tipo de precisiones mucho
más técnicas en términos jurídicos, pero, políticamente, creo que ha quedado muy claro.


El último mensaje que quisiera trasladar es que nos acercamos al 25 de noviembre. Estoy absolutamente convencida de que las mujeres y los hombres que en este país pensamos que la violencia machista es uno de los problemas más graves
políticos, sociales y culturales que existe en nuestro país y en nuestra democracia, somos mayoría en este país, con muchas diferencias ideológicas y políticas. No me cabe ninguna duda de que también el Poder Judicial está lleno de feministas y
demócratas, hombres y mujeres, que quieren hacer las cosas bien, pero creo que hay excepciones y es nuestra obligación señalarlas. Ojalá, cada vez el machismo sea una cuestión más residual, que estemos juntas como siempre estamos el 25 de
noviembre, y cada vez que haya un nuevo caso sigamos luchando contra el machismo, que es la causa por la cual existe esta Comisión. Es una tarea profundamente democrática, constitucional y de la que, desde luego, muchísimas de aquí nos sentimos muy
orgullosas, independientemente de nuestro partido político.


Muchas gracias, señorías.


La señora PRESIDENTA: Muchísimas gracias, señora secretaria. Gracias por sus aportaciones y por el trabajo.


A continuación, damos paso a la señora delegada. (Pausa).


COMPARECENCIA DE LA SEÑORA DELEGADA DEL GOBIERNO CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO (ROSELL AGUILAR):


- PARA INFORMAR SOBRE LAS MEDIDAS DE IMPULSO E IMPLEMENTACIÓN DE LOS ACUERDOS DEL PACTO DE ESTADO CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO. A PROPUESTA DEL GOBIERNO. (Número de expediente 212/002829).


- PARA DAR EXPLICACIONES SOBRE LA SEMANA NEGRA EN VIOLENCIA DE GÉNERO. A PETICIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 212/002227).


La señora PRESIDENTA: Señorías, continuamos con la comparecencia siguiente de la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género. En primer lugar, quisiera darle las gracias a la delegada del Gobierno, a la señora María Victoria
Rosell. Le agradecemos su presencia, teniendo en cuenta que la experiencia y la información que nos proporciona la institución que dirige son siempre extremadamente valiosa para el objeto de trabajo de esta Comisión, y también lo serán para la
subcomisión para la

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renovación y actualización del pacto de Estado en materia de violencia de género, que recientemente aprobó crear la Comisión.


Sin más, damos la bienvenida a la delegada de Gobierno. Tiene usted el uso de la palabra.


La señora DELEGADA DEL GOBIERNO CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO (Rosell Aguilar): Muchas gracias, señora presidenta.


Señorías, es un placer comparecer de nuevo ante esta Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género por segunda vez en este año 2022, por cuarta vez desde mi nombramiento como delegada
del Gobierno contra la Violencia de Género en 2020. Además, considero especialmente relevante comparecer en este momento, cuando están a punto de cumplirse los cinco primeros ejercicios de vigencia del pacto de Estado. Pero, como siempre,
permítanme que mis primeras palabras sean para las víctimas y supervivientes de violencia contra las mujeres, las asesinadas y las vivas que confían en nosotras a pesar de la inseguridad y la alarma que crean el negacionismo y el sensacionalismo y
la doble victimización de la que ya han hablado, que conlleva una justicia parcial con sesgo machista o sexista como la crearía una justicia con sesgo racista, solo que con menos dudas en el público. Nuestra solidaridad y nuestro trabajo diario por
ellas, por sus hijas e hijos, y para prevenir los daños, proteger, prestar asistencia integral y reparar el dolor causado por la violencia machista, por el machismo, en la medida de lo posible.


Quería seguir recordando que el propio informe de la subcomisión del Congreso para un Pacto de Estado en materia de Violencia de Género, aprobado por el Pleno de este Congreso de los Diputados el 28 de septiembre de 2017, solo hablaba de la
vigencia temporal del pacto en sus medidas relativas al compromiso económico. En este sentido, el informe señalaba que la financiación de las medidas incluidas en el mismo debía alcanzar el horizonte temporal necesario para materializar el conjunto
de las medidas acordadas en el mismo y desde el inicio incluía un primer escenario que abarcaba los años 2018 a 2022, pero el propio informe aprobado por ustedes en esta Cámara representativa de la soberanía popular preveía que este horizonte
temporal pudiera actualizarse y redefinirse dentro de esta comisión de seguimiento constituida en el Congreso. En la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género siempre hemos considerado que para el resto de las medidas del pacto de
Estado estas mantienen su vigencia hasta su pleno cumplimiento.


Como ustedes saben, respecto de la financiación, el 25 de noviembre de 2021, con motivo del Día internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, la mayoría de los partidos políticos con representación parlamentaria,
todos los partidos que asumen y acatan el contenido de la Constitución, cuyo artículo 1.1 pone de manifiesto la igualdad como valor esencial de nuestro ordenamiento jurídico, firmaron un acuerdo de renovación del dictamen donde nuevamente plasman la
voluntad de todos los actores institucionales de seguir trabajando por el cumplimiento de las medidas del pacto, lo cual es una buena noticia para este país. Entre los puntos del dictamen, los grupos firmantes se comprometen a consolidar un sistema
de cooperación interinstitucional -por supuesto, abarca a la Administración del Estado, gobiernos autonómicos y entidades locales, al igual que a las diputaciones forales, los consejos, etcétera-, así como hacer permanente la obligación de dotar de
una financiación pública estable, suficiente y adecuada para sostener las labores de detección, de aseguramiento y que dé una respuesta integral y especializada y de reparación de las violencias machistas.


La Conferencia Sectorial de Igualdad -como ya ha mencionado la secretaria de Estado-, en su reunión de 22 de julio de 2022 en Tenerife, alcanzó un magnífico acuerdo con todas las comunidades autónomas que persigue impulsar el diseño de
mecanismos para la estabilidad presupuestaria y administrativa que permitan sostener los actuales y futuros servicios vinculados al Pacto de Estado contra la Violencia de Género, y establecer un marco adecuado, de colaboración y de respuesta
interinstitucional integral, eficaz y coordinada.


Por otra parte, la disposición adicional cuarta de la Ley Orgánica 10/2022 -una ley integral de garantía de la libertad sexual y no solo una reforma del Código Penal- mandata a las administraciones públicas a establecer un sistema de
financiación de las políticas públicas en materia de violencia contra las mujeres en el marco de este pacto de Estado. Según esta disposición, a los efectos de garantizar la estabilidad financiera de las políticas desarrolladas por las
administraciones públicas en relación con la lucha contra la violencia contra las mujeres, en el marco del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, el Gobierno garantizará el sistema de financiación articulado por el Pacto de Estado contra la
Violencia de Género que permite destinar, entre otras, partidas presupuestarias vinculadas al pacto,

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dirigidas a las comunidades autónomas y entidades locales. Porque sin esta financiación, sin este dinero, estarían -como han mencionado en algunas de sus intervenciones anteriores sus señorías y, desde luego, pone de manifiesto la sociedad
civil organizada y el movimiento feminista- siempre en riesgo los servicios y recursos que tan valiosos son para las mujeres víctimas, supervivientes de violencias machistas y sus hijas e hijos. Ayer, 15 de noviembre, se aprobó -como también han
mencionado- en la Conferencia Sectorial de Igualdad el catálogo de referencia de políticas públicas y servicios en materia de violencias machistas, que es ese suelo común, ese mínimo en el que nunca nos habíamos puesto de acuerdo, un compromiso por
la diligencia debida del Estado y que también determina el destino de la financiación. Yo creo que este es un avance objetivo, un avance notable al nivel competencial de la Conferencia Sectorial de Igualdad en la ejecución de sus medidas y, por
supuesto, basada en el acuerdo o en el consentimiento de los gobiernos conforme a sus respectivas competencias. Decía antes el portavoz del Grupo Vasco que hay veces que vivimos tiempos en los que hay que recordar lo obvio. Pues vale la pena
recordar que el valor del pacto de Estado -uno de los pocos pactos de Estado aprobados en España- es precisamente su condición de tal, es decir, que tiene el respaldo del conjunto de las fuerzas políticas democráticas que formaban el arco
parlamentario en 2017.


Para hacer un balance y facilitar el seguimiento de la implementación del pacto de Estado he traído una presentación en PowerPoint para seguir mi intervención. (Apoya su intervención en una presentación digital). Comenzamos por las
reformas legislativas aprobadas y ahí tienen en las cuatro primeras líneas las que tuvieron lugar entre 2018 y 2019. En primer lugar, la Ley de Presupuestos Generales del Estado en cuanto a la disposición final quinta que modificó la Ley 35/1995 de
ayudas y asistencia a las víctimas de delitos violentos y contra la libertad sexual. En segundo lugar, el Real Decreto Ley 9/2018, de 3 de agosto, en la legislatura corta del Partido Socialista, cuando, viendo que podían decaer otras medidas que el
Gobierno anterior no había puesto en funcionamiento, se adoptaron las medidas más urgentes sobre todo en materia de justicia con algunos hitos relevantes, como la no necesidad de autorización del progenitor agresor para la asistencia psicológica a
los menores, reformando el artículo 156 del Código Civil. En tercer lugar, la Ley Orgánica 5/2018 que reformó la del Poder Judicial en esas medidas de justicia en aplicación del pacto de Estado. En cuarto lugar, la Ley 3/2019 de mejora de la
situación de orfandad de las hijas e hijos de víctimas de violencia de género y otras formas de violencia contra la mujer.


A continuación, tienen las medidas legislativas que, en cumplimiento del pacto, se han dictado en esta legislatura desde 2020. Cronológicamente la primera sería la Ley 1/2021 -en plena pandemia- de medidas urgentes en materia de protección
y asistencia a las víctimas de violencia de género que, por evolución del Real Decreto Ley 12/2020 -y entre otras cosas-, declaró esenciales los servicios de atención integral contra las violencias de género. Después tenemos esa ley orgánica que
por rango ocupa este primer lugar en la presentación, la Ley Orgánica 3/2020 que modifica la Ley Orgánica de Educación. La Ley 6/2021 por la que se modifica la Ley del Registro Civil, como recordarán, hace referencia a los apellidos de los hijos de
los agresores. Cabe destacar también el Real Decreto 902/2020, de 13 de octubre, de igualdad retributiva y la Ley 8/2021 que reforma la legislación civil y procesal en apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica.
Es muy difícil resumir una ley mencionando solo uno de sus artículos con la perspectiva de la violencia de género, pero, evidentemente, les estoy resumiendo mucho el contenido de estos textos legislativos. La Ley 8/2021, LOPIVI, de protección
integral a la infancia y adolescencia frente a la violencia reformó precisamente algunas medidas relativas a la custodia y el régimen de visitas y modificó, entre otros, el artículo 94 del Código Civil bajo la norma de que un maltratador no puede
ser un buen padre, permitiendo solo en casos excepcionales regímenes de visitas acordados judicialmente previa valoración por expertos del interés superior del menor en cada caso concreto.


La Ley Orgánica 2/2022 de mejora de la protección de las personas huérfanas víctimas de la violencia de género recogió la mayoría de las medidas solicitadas por la Fundación Mujeres y el Fondo de Becas Fiscal Soledad Cazorla Prieto, que
lleva el nombre de esta primera fiscal de Violencia sobre la Mujer que todas recordamos. El Real Decreto Ley 6/2022, de 29 de marzo, en el marco de las respuestas a las consecuencias económicas y sociales de la guerra de Ucrania, está todavía
pendiente de la voluntad de sus señorías en el Congreso respecto a su convalidación, derogación o modificación, pero no contiene solo medidas temporales, sino que en su artículo 47 contiene una forma de acreditación civil o administrativa de las
víctimas de trata de seres humanos con fines de explotación sexual, a propuesta del

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Ministerio de Igualdad, que ha supuesto un hito en la mejora de su protección no condicionada a la colaboración eficaz mediante denuncia contra las mafias o contra los tratantes.


La Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual ha supuesto un hito en la protección de los derechos de las mujeres en nuestro ordenamiento, ya que, después de tantos años tras firmar el Convenio de
Estambul en 2011 y ratificarlo en 2014, por fin en España se cierra la brecha de protección de la Ley orgánica de medidas de protección integral contra la violencia de género, que protegía a las mujeres por el hecho de ser parejas o exparejas de un
hombre, que realmente era la violencia más relevante y la primera en la que España fue un referente internacional. Ahora se pasa a prestar y prever esta protección y reparación integral para todas las formas de violencia contra las mujeres
recogidas en el Convenio de Estambul y por el Consejo de Europa, cerrando esta brecha de protección que había sido también puesta de manifiesto por los organismos internacionales de derechos humanos. Esta es la gran virtud de esta ley, que se
aprobó en esta Cámara a finales de agosto y se publicó el 7 de septiembre; la mayoría de su articulado entró en vigor el 7 de octubre y otra parte lo hará a los seis meses, el 7 de marzo de 2023.


Por último, el Real Decreto 752/2022 ha cambiado el Reglamento del Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer después de muchas versiones y años de trabajo, previendo también en su composición la participación de la sociedad civil
representativa de las víctimas de violencias machistas con una perspectiva interseccional, es decir, de las mujeres con discapacidad, las mujeres gitanas o las mujeres de origen extranjero. Hay otras normas en tramitación que todavía no están
aprobadas, como son las de justicia, de eficiencia organizativa y de eficiencia procesal, y otras normas en proceso de redacción, por ejemplo, esa ley integral contra la trata de seres humanos que está en el acuerdo del Gobierno de coalición y,
desde luego, nuestra firme voluntad es terminarla antes de que finalice la legislatura. Esto en cuanto a las normas que se exigían en esas medidas del pacto de Estado y se han cumplido o están en vías de cumplimiento.


En cuanto al eje 1, la propia LOMLOE, la ley educativa, cumplía las medidas 4, 6, 21 y 22, como ven ahí. Otras medidas, como la 5, ya se estaba cumpliendo a través del Plan director para la convivencia y mejora de la seguridad en los
centros, una regulación de inferior jerarquía normativa pero que ya preveía talleres de actividades de prevención en violencia contra las mujeres. Con esto consideramos objetivamente que se ha dado cumplimiento a las medidas de educación a través
de la reforma de la ley de educación.


En este mismo eje de prevención y sensibilización, en relación con las campañas de sensibilización, ahí está reflejado el cumplimiento que está teniendo la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, sin perjuicio de que se
introduzca la perspectiva de género de manera cada vez más notable en otro tipo de campañas. En 2018, como ven, se hicieron las campañas 'Somos una' contra la violencia de género en la adolescencia; 'Pues no lo hagas', que cumple la medida 26, y
la campaña 'No trates' contra la trata, medida 265. En 2019 se hizo la campaña contra la violencia sexual 'Respeta los límites sí o sí', medida 254; la campaña 'No estoy sola', medida 24, y la campaña 'Pasión no es posesión' para adolescentes y
población general. Ya en esta legislatura, en 2020 se hizo la campaña 'Estamos contigo, la violencia de género la paramos unidas' en paralelo a la campaña por la prevención y la protección frente a la COVID-19. En 2021 se hizo la campaña dirigida
a la población general 'La violencia es mucho más de lo que ves', que iba haciendo un zum sobre situaciones que nos parecen cotidianas e incluso nos pasarían desapercibidas, como un comentario de violencia psicológicoeconómica de un padre a una hija
y a su pareja o el acoso en el transporte y el acoso laboral, que no se habían mostrado hasta ahora en campañas; otra campaña dirigida a las adolescentes, 'El sexo es un sí'; otra dirigida a los hombres, 'Eres parte de la solución', además de la
última campaña, 'CeroDieciséis: La violencia sexual no es una película', que coincidió con el inicio de la tramitación de la Ley Orgánica 10/2022. En este año 2022, por ahora se ha hecho la campaña 'Querernos vivas, querernos libres' contra la
violencia sexual y en los próximos días, coincidiendo con el 25N, habrá la campaña de la que les ha hablado la secretaria de Estado, 'Si tú no has sido, ¿entonces quién?', que se dirige también a los hombres. He puesto unas imágenes por si les
resulta más fácil recordarlas así, aunque no son solo de esta legislatura. Aquí están las de 2019; aquí las de 2020, en pandemia, y las de 2021 tenían estas imágenes corporativas. Entre 2021 y 2022 creo que me he saltado la campaña 'Por los
buenos tratos' y la del verano 'Querernos vivas, querernos libres' que hacía referencia a varias situaciones de violencias sexuales y a los recursos que el Estado pone a disposición de las mujeres para enseñarles a la vez el problema y la puerta de

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salida, que en unos casos eran los Puntos Violeta, en otras las fuerzas y cuerpos de seguridad y en otros los recursos estatales y administrativos de los gobiernos, como el 016 y demás.


También dentro del eje 1, de prevención y sensibilización, se ha cumplido la medida 30 de implicación de las entidades locales en cuanto a la elaboración de campañas, protocolos de actuación y puntos seguros con las campañas de los Puntos
Violeta. Desde antes del verano de 2021 se fomenta la instalación de Puntos Violeta municipales. Estos no están solo en fiestas, espacios de ocio o festivales; por ejemplo, la Delegación del Gobierno en Castilla y León y en otras comunidades
autónomas han realizado esta campaña a lo largo del Camino de Santiago con una buena aceptación por parte de las usuarias del camino. Puntos Violeta son todos los consulados y embajadas de España para las mujeres españolas que residen en el
exterior y también se colocó el Punto Violeta en los CREADE, los centros de recepción, atención y derivación para personas desplazadas desde Ucrania y sus hijos e hijas, y en los medios de transporte en ese momento de gran necesidad. Además, los
Puntos Violeta contienen el QR que ven. Esta es una de las enseñanzas de la pandemia, pues el acceso por QR nos ha servido también para la accesibilidad, porque las mujeres de nacionalidades y alfabetos distintos al nuestro podían no comprender
otras campañas anteriores que se escribían conforme a nuestro alfabeto y a nuestra numeración de origen arábigo. Por tanto, esta ha sido aceptada también como una medida de accesibilidad.


Pasamos al eje 2, mejora de la respuesta institucional. La medida 62 era esencial, la promoción del acuerdo internacional contra la violencia de género en el lugar de trabajo, que es el Convenio 190 de la OIT ratificado por España para
eliminar la violencia y el acoso en el trabajo. La medida 63 insta a trabajar con los consulados en la mejora de la atención a las mujeres españolas víctimas de violencia en el exterior. Tenemos un protocolo interministerial ahora mismo en proceso
de revisión, pendiente de firma y negociado entre todos los ministerios con competencias que amplía y mejora el suscrito en 2015, y esperamos cerrarlo este mismo mes de noviembre. Hay una medida nueva en los presupuestos generales del Estado desde
el ejercicio anterior que aprobaron ustedes en esta sede, que es una transferencia de 500 000 euros al Ministerio de Asuntos Exteriores para proveer de asistencia jurídica a las españolas víctimas de violencia de género en el extranjero. A veces,
con nuestros avances y lo referente que es España, se nos olvida que la asistencia jurídica gratuita que tan esencial es para las mujeres víctimas de violencia de género es propia de nuestros países, pero fuera buscar asesoramiento -no ya una vez
que estás en España, donde hay un convenio con la Fundación Abogacía Española que asesora online de forma gratuita, sino también en los países de origen para no meter la pata con la repatriación o en la toma de decisiones previa- puede ser
disuasorio por el precio de un abogado o de la asistencia jurídica en Londres, en París o en Berlín. Por ello, hemos dotado con esta nueva transferencia por convenio al Ministerio de Asuntos Exteriores. Además, la Conferencia Sectorial de Igualdad
de 27 de mayo de 2022 aprobó un acuerdo conjunto sobre el traslado y retorno de las víctimas españolas con todas las comunidades autónomas, lo cual es muy importante. Aunque sea una obviedad, cuando una mujer pisa suelo español ya está en alguna de
las comunidades autónomas. Por lo tanto, estos gobiernos han hecho alarde de su voluntad de acuerdo y en algunos casos de su generosidad, porque estas mujeres sin apoyos previos pueden constituir una carga a nivel económico o social para el
Gobierno autonómico. Sin embargo, hubo un acuerdo para que ninguna mujer víctima de alguna violencia se viera sin comunidad autónoma de referencia, fuera cual fuera su situación al volver del extranjero.


Dentro también de este eje 2, en la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género consideramos cumplidas las medidas 67, 99 y 163 sobre el Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer. Hacía referencia antes al nuevo real
decreto que incorpora la participación de organizaciones de mujeres con discapacidad e inmigrantes, del medio rural, gitanas, víctimas de trata o explotación sexual y mujeres mayores, y también se incorpora el Instituto de la Juventud.


Dentro de este mismo eje, están las medidas 70 y 71 sobre la acreditación civil -no penal- de las situaciones de violencia de género. Al principio, en un estadio inicial de nuestra legislación protectora de la violencia de género, el único
título que te habilitaba como víctima era una sentencia o un auto judicial firme. Luego, se añadió la orden de protección, después un informe del ministerio fiscal y, finalmente, la modificación del artículo 23 de la Ley Orgánica 1/2004 -mediante
el real decreto ley de 2018 al que hice referencia antes- prevé un sistema de acreditación civil o administrativa aprobado en conferencia sectorial. Este acuerdo se adoptó el 3 de abril de 2019 sobre el modelo unificado de acreditación y el listado
de organismos, y fue un primer paso muy importante que culminó en otro acuerdo de conferencia sectorial el 11 de noviembre de 2021 sobre este procedimiento para la acreditación por parte de los

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servicios especializados de las comunidades autónomas y los servicios sociales; también se actualizó este modelo de informe y la relación de organismos y entidades que lo emiten. De todas maneras, es un anexo abierto a que las comunidades
autónomas -obviamente, en el ejercicio de sus competencias propias y exclusivas- vayan decidiendo, incrementando o reformando los organismos acreditadores de la violencia contra las mujeres.


También en este eje de la mejora de la respuesta institucional está la medida 85, relativa a la movilidad de trabajadoras públicas según el acuerdo de la conferencia sectorial, que se encuentra en el BOE de 17 de noviembre de 2018, y la
medida 90 en materia de igualdad en la empresa con la aprobación del Real Decreto 901/2020, de 13 de octubre, proveniente del Ministerio de Trabajo, por el que se regulan los planes de igualdad y su registro.


Pasamos al eje 3, asistencia, ayuda y protección a las víctimas. Contiene la medida 135 sobre unidades de valoración forense integral, la medida 147 sobre oficina de asistencia a las víctimas y las medidas 154 y 155 sobre mejoras en el
sistema VioGén. Aquí hay que reseñar dos instrucciones de la Secretaría de Estado de Seguridad -disculpen, se lo he puesto en siglas, SES-: la Instrucción 4/2019 sobre el nuevo protocolo de valoración que incluye más variables relacionadas con los
hijos e hijas y la Instrucción 5/2021 que establece el Protocolo Cero para los casos en que no hay denuncia. En estos casos, se insta a recoger los testimonios de familiares o integrantes del entorno social cuando la víctima directa no está aún en
condiciones de presentar denuncia para generar los mecanismos policiales de protección adecuados no condicionadas a la interposición de denuncia previa.


En este mismo eje 3 de asistencia, ayuda y protección a las víctimas, la medida 165 preveía el mapeo de los recursos autonómicos para lo que se ha puesto en marcha la web de recursos de apoyo y prevención ante casos de violencia de género,
la que llamamos WRAP. Si teclean esto dentro de la web de la delegación, les llevará a un mapa geolocalizado con el tipo de recurso por localización de la víctima o de la persona que lo está buscando. También se ha desarrollado una nueva
estadística, la DERA, Estadística de recursos autonómicos en materia de violencia contra la mujer, que ha sido muy bien recibida por las entidades feministas para cuantificar y medir la existencia y evolución temporal de los recursos que se ofertan
desde el sector público.


Dentro de este mismo eje 3 de asistencia, ayuda y protección a las víctimas está la medida 165 de actualización permanente de la guía de derechos, cuya portada inicial tienen más a la derecha y que ahora también está contenida en ese QR,
conforme les decía antes. Se ha actualizado incluso para las víctimas ucranianas y esto ha exigido más que una simple traducción; porque no es la guía para españolas traducida al ucraniano, no, sino que es la adaptación de qué derechos tienen
estas mujeres, porque no tienen todos los derechos de las mujeres españolas. La verdad es que esta actualización está muy bien valorada, incluso internacionalmente, y hay que dar las gracias al equipo técnico de la delegación y del conjunto del
ministerio, porque esta labor de actualización permanente requiere un esfuerzo enorme.


La medida 170 trata de potenciar el servicio de información telefónica 016. Ahí tienen el hashtag o el eslogan con el que le damos difusión, porque la difusión es muy importante. Aunque ya ha hecho referencia a ello la secretaria de Estado
de Igualdad y contra la Violencia de Género, cuando yo llegué a la delegación el 016 atendía de forma gratuita y confidencial a las víctimas de violencia de género en la pareja, pero desde marzo de 2021 atiende a todas las formas de violencia
recogidas en el Convenio de Estambul y desde marzo de 2022 a las víctimas de trata con fines de explotación sexual y a las víctimas de explotación sexual conforme al Convenio de Varsovia. Además, se han incrementado los medios. No solo está el
teléfono, sino el correo electrónico, el WhatsApp y el chat online, un nuevo sistema que, si tienen curiosidad, está alojado en la web de la delegación en la esquina de abajo a la derecha; espero que no cambie según los dispositivos. Estos medios
silenciosos fueron muy valorados por ONU Mujeres y por todos los países que conectaron con España durante la pandemia y en lo más duro del estado de alarma. Señorías, recibimos muchas llamadas y muchas videoconferencias de otros países, incluidos
países europeos que consideramos muy desarrollados, preguntando qué estaba haciendo España. Nos parece que esto es marca España y que es motivo de orgullo que el resto de la comunidad internacional, ante una situación imprevista como fue la
pandemia y los confinamientos domiciliarios, preguntara a España qué estaba haciendo y después recomendara nuestro WhatsApp o las vías silenciosas, lo que demuestra que las mujeres no podían ni siquiera hacer una llamada en voz alta desde sus
propios domicilios.


Las medidas 191 a 194 para las mujeres con discapacidad están cumplidas en cuanto a la garantía de accesibilidad a todos los recursos del Estado a través de esos medios y del 016 y en cuanto a la mejora del conocimiento de la violencia de
género y su relación evidente y su mayor impacto en las mujeres con

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discapacidad. El capítulo 4 de la macroencuesta de violencia contra la mujer de 2019 se preparó durante 2018, ha sido un granito en la medición y a él nos referimos siempre en cuanto a los datos. También los estudios 'Mujer, discapacidad y
violencia de género' y 'La violencia sexual de las mujeres con discapacidad intelectual' han cumplido estas medidas.


En cuanto a la medida 198 contra la violencia vicaria, por fin se modificó con la disposición final décima de la LOPIVI -la Ley Orgánica 8/2021- el artículo 1 de la Ley Orgánica 1/2004 para incluir a las víctimas de violencia vicaria. El
hecho de haberlas incluido en el artículo 1 implica que toda la protección integral prevista en la Ley Orgánica 1/2004 también es de aplicación a las mujeres que sufren una violencia por persona interpuesta, es decir, a las víctimas de quien daña a
menores -hijos, familiares o allegados- para causar a la mujer el mayor perjuicio posible. La modificación de la Ley 35/1995 a través de la disposición final quinta de la Ley Orgánica 10/2022, la ley de solo sí es sí, facilita el cobro de las
ayudas reguladas en esta ley a las madres cuyos hijos han sido asesinados como consecuencia de la violencia de género, porque ellas estaban teniendo dificultades para ser incluidas en esta medida y se las ha incluido específicamente.


En el eje 4 las medidas son de asistencia y protección a los menores. Las medidas 200 y 201 son para la mejora de la situación de los y las huérfanas respecto a la prestación de orfandad no contributiva y la medida 202 trata de estudios de
la delegación sobre menores: el estudio sobre menores y violencia de género, que se lleva realizando ininterrumpidamente durante años y tiene gran valor estadístico; el estudio de la respuesta judicial a la violencia sexual que sufren los niños y
las niñas, realizado en cooperación con Mujeres Juristas Themis, y el estudio sobre la situación de la violencia contra las mujeres en la adolescencia en España.


Las medidas 203 a 205 sobre los regímenes de custodia y visitas están cumplidas con los cambios introducidos por la Ley 8/2021 en los artículos 94 y 156 del Código Civil. El artículo 156 ya había sido reformado para no requerir el
consentimiento del progenitor agresor para la atención y asistencia psicológica a sus hijos menores, pero ahora se incluye el caso de que la madre esté acreditada no solo judicialmente, sino también con la acreditación administrativa de la que
acabamos de hablar. También se cumplen con los cambios introducidos por la LOPIVI, la Ley Orgánica 8/2021, entre ellos, la prohibición del falso síndrome de alienación parental -medida 129 del pacto de Estado-, además de las modificaciones en la
Ley de Enjuiciamiento Criminal y en el artículo 92 del Código Civil de improcedencia de custodia compartida en casos de violencia de género.


En cuanto a la formación de profesionales, el eje 5, se ha cumplido la medida 221 mediante un convenio con el Consejo General de Colegios Farmacéuticos que firmamos en el verano del año 2021 y que supone la colaboración de miles de farmacias
comunitarias que reciben formación de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género. Demostraron en pandemia de manera ejemplar que son un punto de confianza y un lugar seguro donde pueden acudir las mujeres para ser informadas y para
recibir información oficial, lo que tiene un valor esencial en tiempo de bulos y de fake news. También se han cumplido las medidas 223 y 224 con la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial para la formación de personal judicial. Ha habido
también convenios de colaboración con Muface y el Centro de Estudios Jurídicos. Ya hemos terminado las primeras formaciones y están localizables por ustedes en YouTube, si así lo desean. Asimismo, la colaboración con el INAP para la formación de
personal funcionario de nuevo ingreso ha abarcado a miles de funcionarios de nuevo ingreso y se presta directamente por personal de la delegación, además de los servicios que gestiona la delegación. Y, por supuesto, actualizamos la formación de
todo el personal que presta servicios en los recursos de nuestra titularidad -016, ATENPRO y dispositivos-, cuyo esfuerzo también hay que poner de manifiesto, porque quienes se estaban dedicando antes en el 016 solo a asesorar e informar sobre la
violencia en la pareja ahora informan sobre acoso, sobre explotación sexual y sobre todas esas formas de violencia contra las mujeres. Han debido reciclarse, actualizarse y recibir órdenes de servicio revisadas o emanadas todas de la delegación y
están prestando un servicio muy valorado por las mujeres víctimas.


En el eje 6, mejorar el conocimiento y los datos estadísticos, las medidas 233, 236, 238 y 256 se encuentran cumplidas con la Macroencuesta de Violencia contra la Mujer de 2019 y la nueva estadística de feminicidios desde 2022, cuyos datos
del año se reportarán al inicio de 2023 aunque ya se han facilitado los del primer semestre. Desde enero de 2022 ya sabemos que se han computado hasta el 30 de junio diecinueve mujeres asesinadas por ser mujer fuera del ámbito de la pareja o
expareja, mujeres que antes pasaban por debajo de los radares oficiales. En cuanto a las víctimas asesinadas en pareja, ahí tienen el cuadro en el que pueden apreciar que los tres últimos años han sido los de menor incidencia

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junto con 2016, con menos de cincuenta víctimas asesinadas, y además tenemos un mínimo histórico a fecha de hoy. Ojalá no haya que sumarle más víctimas a este año 2022, pero ese dato evidentemente está cerrado al día de la fecha para esta
comparecencia.


En esta misma mejora del conocimiento y datos estadísticos, los estudios publicados en el pacto de Estado son los previstos en la medida 192, sobre mujeres mayores; 3167, 178 y 187, sobre mujeres rurales; 236, sobre mujeres con
discapacidad; 238, sobre percepción social de la violencia sexual -literalmente-, y 239, sobre acumulación de asesinatos. Ahí tienen otros estudios publicados. Voy tan deprisa porque no quiero hacerles perder tiempo, pero, por supuesto, aquí les
dejo a su disposición el pendrive con la presentación, por si alguien quiere utilizarla.


En el eje 7, de recomendaciones a comunidades autónomas, entidades sociales y otras instituciones, hay siete medidas con recomendaciones a la FEMP, al Consejo General del Poder Judicial y a las comunidades autónomas, entre otros. Ahí hemos
reseñado los acuerdos de cooperación y coordinación interinstitucional y los acuerdos alcanzados en el seno de la Conferencia Sectorial de Igualdad.


En el eje 8, otras formas de violencia contra las mujeres, las medidas 250 a 256 sobre violencia sexual se han cumplido con la aprobación de la Ley Orgánica 10/2022, de garantía integral de la libertad sexual, por su vocación de tratamiento
integral de todas estas manifestaciones. Las medidas son toda esa enumeración que tienen ahí en rojo y que les evito reiterar. Como les decía antes, siguiendo el ejemplo de la Ley Orgánica 1/2004, ya que en esta Cámara se aprobó que existiera una
ley integral por cada forma de violencia contra la mujer de mayor relevancia, se prevé una regulación integral.


Para terminar, el eje 8, otras medidas en materia de violencia sexual, son esas transferencias específicas a comunidades autónomas finalistas para programas de apoyo y creación de los centros de atención integral veinticuatro horas o centros
de crisis a víctimas de violencia sexual, que no existían en nuestro país, salvo en la Comunidad Autónoma de Asturias y una en el Ayuntamiento de Madrid, Madrid capital. Es un servicio muy bien valorado por las víctimas de violencia y que, por
ejemplo, permitirá atender a las víctimas de violencias prescritas, que ahora mismo no tendrían policial o judicialmente ningún viso de prosperabilidad de las medidas de protección previstas en otras leyes.


Respecto a estas otras formas de violencia contra la mujer, las medidas 257 a 270 prevén esa ley integral contra la trata que está en trámite, aunque hay otras medidas de menor nivel o jerarquía normativa, como el incremento de las
subvenciones, la acreditación administrativa -de la que ya les he hablado-, la ampliación del 016, la inclusión de estas víctimas como perceptoras del ingreso mínimo vital y el primer plan nacional de inserción sociolaboral o Plan Camino para las
víctimas de estas tremendas violencias.


Eje noveno, el compromiso económico. Las medidas 273 a 279 se han ido cumpliendo con las leyes de presupuestos generales del Estado y el incremento mínimo del 15 % anual, 20 % desde 2018, para las medidas contra la violencia de género y su
financiación, transferencias a comunidades autónomas y entidades locales.


Por último, el eje 10, de seguimiento del pacto de Estado. Antes de esta legislatura se elaboró por la delegación un texto refundido, con gran trabajo, con las medidas de los informes del Congreso y del Senado. Se diseñaron entonces unas
fichas de recogida de información que tienen 2000 indicadores de seguimiento de las 290 medidas. Lo que hemos hecho después ha sido poner en marcha la contratación de una aplicación informática para la recogida de la información, así que en la
presentación les he incluido el tipo de fichas de la aplicación informática que estamos recogiendo con gran esfuerzo -hay que reconocerlo- por parte de las comunidades autónomas, pero también de la propia Delegación del Gobierno contra la Violencia
de Género, respecto a la información que derivan los demás departamentos ministeriales y órganos estatales. Por supuesto, este balance es provisional. En cuanto a los datos que van arrojando respecto a la Administración General del Estado -todavía
no de las comunidades autónomas, porque estamos en fase de recabar esta información, quiero aclararlo- son esas las medidas por eje, subeje y grado de cumplimiento, en el que distinguimos, en color morado, las cumplidas; en rosa, en proceso, y en
azulado, las pendientes. Como ven, ese es el grado de cumplimiento que arroja este primer sistema informático, insisto, dentro de las medidas encomendadas a la competencia de la Administración General del Estado. Esto, como está incluido en la
documentación, se lo dejo también a su disposición. Por último, ya más desglosado, tienen este grado de cumplimiento de las medidas del propio Ministerio de Igualdad.


Espero no haberles aburrido demasiado. Lo único, después de este balance, es decirles, como últimas noticias -ya las ha tratado la secretaria de Estado-, que además del catálogo de políticas públicas y servicios que se aprobó ayer, 15 de
noviembre, en la conferencia sectorial, también se presentó como

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punto informativo -porque irá, si sale todo bien, al acuerdo del Consejo de Ministros de 22 de noviembre- la estrategia estatal para la erradicación de las violencias machistas 2022-2025. Evidentemente, 2022 será el año de su aprobación y
se implementará hasta 2025. Recordarán que la primera fue de 2013 a 2016, después vino el pacto. Frente al conjunto de medidas que suponen el pacto -que desde luego han sido la guía para el ministerio, para este Gobierno y para la delegación-, la
ventaja de la estrategia no es solo que las medidas estén imbricadas dentro de una estructura estratégica, sino también que haya atribución competencial -se dice quién tiene que cumplir cada medida, y esta persona o entidad pública ha aceptado que
tiene que cumplir esa medida-, previendo también desde el principio su evaluación. En cuanto estén acordadas las medidas, vamos a diseñar también el proceso y los indicadores de evaluación, porque, evidentemente, dependen del contenido de la propia
medida, para que vayan parejos y no vernos ahora pidiendo un grado de información que requiere un notable esfuerzo de todas las administraciones para evaluar el pacto de Estado a posteriori.


Con esto creo que ya me he explicado sobradamente. Disculpen por abusar de su paciencia. Gracias por su tiempo. Estoy a su disposición para lo que quieran preguntarme.


La señora PRESIDENTA: Muchísimas gracias, delegada.


Comenzamos con el turno de los grupos parlamentarios. Por el Grupo Parlamentario Plural, el señor Pagès.


El señor PAGÈS I MASSÓ: Muchas gracias, señora delegada, por su balance de las medidas de impulso en relación con los acuerdos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Le agradecemos su intervención. En ningún caso nos parece
que sobren todas las aclaraciones para explicar esta materialización de los pactos a los que se ha llegado en este pacto.


Usted ha comentado en un momento de su intervención el daño que bulos, propaganda y fake news hacen a las políticas contra la violencia de género, y precisamente antes le he citado una intervención en Comisión, aquí, en sede parlamentaria,
de la ministra de Igualdad, Irene Montero, de hace solo unas semanas, del 2 de noviembre, en la que se refería a estas cuestiones. La ministra afirmaba lo siguiente: Como vivimos en un contexto donde es más importante el titular que se saca para
generar terror sexual, para volver a criminalizar la lucha feminista, para poner en cuestión avances feministas y para hacer dudar a las mujeres, ocurre lo que ocurre, que salen muchos titulares escandalosos, pero todavía no se conoce una sola
reducción de penas y no se va a conocer. Es propaganda machista.


Desgraciadamente, esta propaganda machista, estas fake news, estos bulos han acabado tomando forma y han acabado tomando forma en sentencias que se van repitiendo -hasta tres conocemos a día de hoy-, consistentes en una interpretación
absolutamente injustificable, abusiva y torticera -incluso más que torticera, diría que políticamente interesada desde un punto de vista machista y totalmente retrógrado- de la ley del sí es sí, la Ley de garantía de la integridad de la libertad
sexual. No quiero entrar en las cuestiones de si ya lo advirtió el consejo general, de si lo advertimos nosotros o incluso una de sus declaraciones recientes, donde usted decía que no se podía advertir. La cuestión es que esto ha acabado
sucediendo y que se tienen que tomar medidas -entiendo yo-, porque, efectivamente, los procesos parlamentarios, sobre todo los procesos legislativos, tienen que estar atentos a la realidad donde operan. La cuestión es que ahora la justicia
patriarcal, la justicia machista se ha manifestado. Esta justicia que existe y que en buena parte ocupa el espacio del Poder Judicial -no todo ni mucho menos, esto queremos dejarlo muy claro-, en definitiva, pone en entredicho, pone en crisis al
menos alguna parte de la Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual. Está encima de la mesa qué hacer ante esta situación. Nosotros, como usted ha afirmado, creemos que la ley es buena, que la ley debería ser suficiente, que la literalidad de
la ley no lleva a estas resoluciones a las que se ha llegado, pero nos encontramos con que hay jueces que no piensan lo mismo. Le queremos preguntar cuál es su opinión sobre los pasos que se deben dar.


Usted ya ha dicho -estaba buscando ahora sus declaraciones- que esta aplicación de la ley del solo sí es sí es una lectura reaccionaria y sorprendente por parte de algunos jueces, que el Poder Judicial tiene que hacer su trabajo formándose y
aplicando la ley completa tal como es y no de una manera tan reaccionaria y sorprendente y que la norma es magnífica. Yo le voy a decir que coincido a 120 % con todas sus afirmaciones, pero la cuestión es que estas afirmaciones, sin ser falsas ni
mucho menos y coincidiendo con ellas, no sirven ante la aplicación de esta ley por parte de algunos jueces. ¿Qué vamos a hacer, señora delegada? En su propio Gobierno hay algunas voces ya, concretamente la ministra María Jesús Montero, que se han
manifestado indicando la posibilidad de iniciar una reforma legislativa. Nosotros pensamos que, ante la realidad social que afecta a buena parte de la judicatura, una reforma legislativa

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que concrete, que limite y que imposibilite que los jueces acaben haciendo este tipo de sentencias que rebajan las penas para los agresores sexuales puede ser una buena solución, y nos prestamos a estar al lado de esta reforma.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchísimas gracias.


En el siguiente turno, tiene la palabra la señora López, de Unidas Podemos.


La señora LÓPEZ DOMÍNGUEZ: Gracias, presidenta.


Bienvenida, señora Rosell, de nuevo a esta Comisión. Gracias también por explicar los avances en materia de lucha contra la violencia de género y hacerlo con todo el trabajo que supone prepararlo y explicarlo en poco tiempo; aunque usted
haya dicho que nos ha robado demasiado, no ha sido así. De hecho, tanto usted como la señora secretaria que le ha precedido han venido con esta intención: contarnos información concreta sobre lo que atañe al orden del día, es decir, informar sobre
las medidas de impulso e implementación de los acuerdos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género.


No obstante, nos encontramos una vez más con quienes ponen piedras en el camino para acabar con la violencia contra las mujeres. En el día de hoy no solo ha tenido lugar con intervenciones de los grupos parlamentarios, que lejos de aportar
alguna cosa importante para el cumplimiento de las 214 medidas del pacto que atañen al Congreso, han llegado incluso a cuestionar la existencia sistémica de la violencia contra las mujeres. Además, hoy se ha querido desgastar este debate
centrándolo en el que viene siendo el tema del día, que desgasta un debate útil que podríamos haber tenido en esta Comisión, cuando lo que intentan es un desgaste barato al Gobierno en general y, en concreto, al Ministerio de Igualdad. En este tema
-que le podríamos llamar debate, pero más bien es una cortina de humo-, a las palabras que ya han dicho mis compañeros y mis compañeras, tanto la señora Castañón como las portavoces de otros grupos, y la propia secretaria o usted misma en otra
ocasión, quiero añadir que no todo vale realmente para desgastar al Gobierno. Decir y repetir que una interpretación reaccionaria hecha por ciertos jueces es responsabilidad del Gobierno lo que provoca es, lamentablemente, un desgaste a la lucha
contra la violencia contra las mujeres, porque contribuye a que se pierda la confianza en las instituciones. Lo dijo la propia ministra Montero, la señora Irene Montero: a finales del año pasado, el 84 % de las mujeres víctimas de violencia sexual
no buscaron respaldo institucional tras ser agredidas, ni tampoco lo hizo el 66,9 % de las que sufrieron violencia en el ámbito de pareja o expareja. Creo que contribuir a que las mujeres pierdan confianza en un sistema que les está dando cada vez
más respuesta es muy irresponsable.


Además -usted debe ser muy consciente de ello-, el Ministerio de Igualdad firmó a final del año pasado un acuerdo con Justicia, justamente siendo conscientes de que faltaba formación en materia de género en el ámbito judicial, para que todas
las personas, los profesionales que trabajan en este ámbito, tuviesen formación suficiente y pudieran responder de manera adecuada en la lucha contra la violencia contra las mujeres. Usted misma nos podrá explicar más, pero creo que es una
evidencia que el Ministerio de Igualdad trabaja no solo desde el ámbito legislativo, como usted nos ha podido contar, sino también desde todos los ámbitos para acabar con la violencia contra las mujeres.


No obstante, aunque la violencia machista sigue siendo una realidad en nuestro país, donde muchas mujeres sienten todavía la necesidad de abandonar distintas situaciones de violencia machista, llevábamos desde 2016 sin ningún tipo de
estrategia estatal que abordara estas formas de violencia. Usted ha hecho referencia a esta estrategia al final de su intervención, y nos consta, por lo que ha contado y por lo que sabemos, que ha sido una estrategia muy participada, con todo tipo
de actores: gobiernos autonómicos, diferentes agentes de la sociedad civil, víctimas, operadores jurídicos, etcétera. Además, se ha puesto especial cuidado en esta estrategia para que se constituya en un mecanismo de implementación de los
diferentes estándares internacionales que estamos obligadas a cumplir, y queremos hacerlo. No obstante, me gustaría preguntarle si puede desarrollar un poco más qué medidas se van a desplegar específicamente en esta estrategia para la erradicación
de la violencia vicaria, que, como usted sabe, es cada vez más visible. También quería preguntarle sobre las medidas contempladas contra la forma de violencia llamada violencia económica.


Para continuar, debido a la importancia que tienen los ayuntamientos en la lucha contra la violencia de género, por ser la institución -como sabe- más próxima a la ciudadanía, me gustaría que, si pudiese, hiciera una breve referencia al
aumento de presupuesto al que usted ha hecho mención en esta línea y también a una de las acciones llevadas a cabo por el ministerio, que usted también ha nombrado, que es la puesta en marcha, el desarrollo, el funcionamiento y la consecución de
objetivos de los puntos violeta.

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Por último -señora presidenta, ya termino-, debido al preocupante incremento de violencia contra las mujeres jóvenes perpetrada por hombres cada vez más jóvenes, le pediría, señora Rosell, si puede esbozarnos más medidas de las que usted ya
ha nombrado para atacar este lamentable asunto.


Nada más. Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchísimas gracias.


En el siguiente turno, por el Grupo Parlamentario VOX, la señora Nevado.


La señora NEVADO DEL CAMPO: Gracias, presidenta. Buenos días, señorías.


No me voy a referir solamente a usted, señora Rosell. Yo quiero poner de manifiesto que es muy desagradable venir a estas comisiones del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, porque ustedes nos están acusando constantemente de
cosas que nosotras no decimos. La señora de Podemos acaba de decir que mi grupo parlamentario, VOX, niega la violencia de género. Nosotros no la llamamos violencia de género, eso es cierto, pero nosotros no negamos ningún tipo de violencia. Esta
es la diferencia. Mi grupo, el Grupo Parlamentario VOX, no niega ningún tipo de violencia, y esa es la diferencia entre el Grupo Parlamentario VOX y el resto del arco parlamentario y de todas las personas aquí presentes. Nosotros estamos apelando
constantemente -por favor- a abordar todo tipo de violencia, provenga de donde provenga, porque nos parece que es muy injusto criminalizar al hombre por el mero hecho de ser hombre. Ese es nuestro discurso. Ustedes pueden retorcerlo todo lo que
quieran, pero las personas también podrán ver lo que se produce en estas comisiones, podrán ver cómo traducen ustedes lo que nosotros decimos, porque es perfectamente comprobable. Por tanto, nosotros estamos tranquilos, porque sabemos que todas las
mentiras que se vierten contra nosotros no son más que eso, mentiras.


Nos gustaría, nos encantaría poder venir a estas comisiones y que se nos escuchara, que pudiéramos debatir; que no viniera usted aquí, señora Rosell, a leernos un informe, sino que pudiéramos de verdad entrar en un diálogo. Yo sé que la
dinámica de estas comisiones no la decide usted, pero quizá habría que plantearse poder hablar de otra manera, no pensar que nosotros somos el enemigo. Señorías, nosotros no somos el enemigo, nosotros somos un grupo parlamentario que tiene un punto
de vista diferente que quiere poner encima de la mesa, porque los datos están arrojando que ustedes se están equivocando. Simplemente por eso. Yo estuve el día 1 de marzo hablando con usted, señora Rosell, y le rogué, por favor, que me escuchara;
le dije que, por favor, nos dejara que pusiéramos de manifiesto algunos casos de los que nos habíamos hecho eco, casos de padres que estaban siendo sistemáticamente denunciados y no había ninguna prueba en contra de ellos; se habían archivado un
montón de denuncias y sabíamos que todo era porque la madre se había empeñado en que no le dieran la custodia de sus hijos. Señora Rosell, usted no me quiso escuchar y Olivia está muerta. Hay muchas más Olivias en este país, y eso es lo que dice
mi grupo parlamentario.


Irene Montero hace poco ha dicho que si queremos doblar el número de víctimas a las que atiende el Estado, tenemos que ser capaces de doblar el compromiso presupuestario que queremos para poner en marcha todos estos servicios. Cada euro
gastado en prevenir la violencia está bien gastado. Lo que nosotros decimos es que no podemos entender cómo ha crecido el número de menores víctimas de violencia machista un 30 %. Eso es lo que le estamos preguntando. No entendemos por qué, por
mucho que hagan ustedes, no son capaces de erradicar la violencia. ¿Por qué hay cada vez más violencia? Eso es lo que hay que plantearse. Hay que sentase a ver por qué hay más violencia, porque nosotros a veces pensamos que estas leyes de
desconfianza de la sociedad, de polarización de la sociedad, de miedo, a lo mejor también están generando violencia. Yo creo que deberían ustedes escuchar, deberían hacer el esfuerzo de escuchar a nuestro grupo parlamentario, que dice que hay
conflictos entre las parejas. Claro que hay conflictos, hay muchos conflictos entre las parejas, unos son más suaves y otros son más agresivos, pero no se puede criminalizar a un hombre, meter en el mismo saco a un hombre que agrede a su pareja,
que a un hombre que en un momento determinado le dice tonta. Y muchas veces se está metiendo en el mismo saco a los hombres por un insulto que por un maltrato a otro nivel. Así que, por favor, de verdad, señora Rosell, vamos a sentarnos; nosotras
estamos dispuestas a sentarnos con usted...


La señora PRESIDENTA: Señora Nevado, tiene que finalizar.


La señora NEVADO DEL CAMPO: Un segundito.


... públicamente o en privado, de verdad, porque lo que queremos es terminar de una vez por todas con esta demonización de nuestro grupo parlamentario, con este nivel de violencia. Ya que ustedes le

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llaman violencia a todo, nosotras de verdad nos sentimos muy violentadas en estas comisiones. Por favor, yo le pido, le ruego que se sienten con nosotras y que hablemos y velemos por evitar todo tipo de violencia, la ejerza quien la ejerza.


Nada más. Gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchísimas gracias.


Tiene la palabra la portavoz del Grupo Parlamentario Popular, señora Redondo.


La señora REDONDO CALVILLO: Gracias, presidenta.


Buenas tardes, delegada del Gobierno para la Violencia de Género. Gracias por su comparecencia.


La verdad es que el hecho que esté hoy aquí compareciendo debería ser más frecuente de lo que es, porque esta es la Comisión específica en la materia que usted coordina desde el Gobierno, la lucha contra la violencia de género, pero también
le competen su prevención, la intervención de las administraciones públicas y la recuperación de las víctimas. Pero parece que desde que ustedes llegaron no les gusta esta Comisión. Sentimos como que la menosprecian; ni cuentan con la Comisión ni
con las diputadas que formamos parte de ella. Parece que se siente más cómoda en otro tipo de foros que en el Congreso, y es una pena, señora delegada, porque la tarea más importante que usted tenía encomendada desde que llegó precisamente era
conseguir que el pacto de Estado se cumpliese, y donde se debe tener ese conocimiento más que en ningún sitio es en esta Comisión, aquí, en esta casa, donde, por cierto, hace apenas dos semanas que un diputado de su formación tuvo que dejar su
escaño precisamente por haber sido denunciado por violencia de género.


Prueba del absoluto desprecio que tienen a esta Comisión es que no se han dignado a venir aquí a informarnos sobre el catálogo que ayer aprobaron ni sobre la estrategia que pretenden aprobar como nuevo marco de actuación para los próximos
cinco años. Prefieren llevarlo a la Conferencia Sectorial de Igualdad para aprobar una nueva estrategia, sin haber informado previamente de cómo está la ejecución del pacto de Estado, sin haber evaluado su resultado, sin siquiera ver si es
necesaria la incorporación de nuevas medidas. Pero ¿esto qué es? ¿Nadie les ha comunicado que esta misma Comisión aprobó hace dos semanas la creación de una subcomisión para evaluar el pacto de Estado y para la elaboración de un nuevo texto para
los próximos cinco años? Probablemente tampoco le han informado de que las primeras personas que va a tener que comparecer en esa Comisión van a ser ustedes, que van a tener que aportar -lo lógico y lo coherente- la evaluación interna, pero también
la externa del trabajo que llevan ustedes realizando estos años. Si han trabajado tanto y tan bien como usted manifiesta, no deben tener ningún problema con este compromiso, pero, tal como vemos las cosas, la sensación es que están ustedes ganando
tiempo y utilizando la política de hechos consumados, despreciando el acuerdo parlamentario que se puede conseguir aquí, en esta Comisión, porque lo que intentan es imponer su visión exclusiva ante los problemas que sufren miles y miles de mujeres.


Mire, hace menos de una semana un hombre mató a su pareja y a su hija de seis años en Móstoles; el 5 de noviembre fue una señora de sesenta y nueve años en Benalmádena, y dos días antes una niña había sido asesinada por su madre en Gijón.
Desde aquí queremos trasladar a las familias de estas víctimas nuestro cariño ante esos terribles asesinatos, pero son treinta y siete mujeres asesinadas, lo que significa que tenemos que seguir avanzando en la prevención y en la concienciación de
la sociedad de que esto no puede seguir ocurriendo.


El 28 de julio del año pasado aprobaron ustedes en Consejo de Ministros el catálogo de medidas urgentes del Plan de mejora y modernización contra la violencia de género por un repunte de asesinatos que hubo precisamente en aquel momento.
Supuestamente se realizó un diagnóstico de la situación en los meses previos, se identificaron una serie de áreas de mejora y se estableció un catálogo de medidas urgentes dentro de un plan con quince medidas en el área de prevención,
sensibilización detección temprana, etcétera; un plan lleno de esas palabras que tanto les gustan a ustedes, pero que en el fondo no sirven nada más que para rellenar páginas y para parecer más que realmente para hacer, como el documento que nos
envió ayer por la tarde -que no es el mismo que el que usted ha presentado aquí y, la verdad, ha sido difícil seguirlo-, según el cual, como ha dicho usted, hay una serie de medidas que se pueden considerar cumplidas. Más que una rendición de
cuentas de su trabajo a esta Comisión, parece que nos está pidiendo un acto de fe.


Volviendo al plan de modernización...


La señora PRESIDENTA: Señora Redondo, tiene que ir finalizando, por favor.

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La señora REDONDO CALVILLO: No me diga. Termino ya.


Volviendo al plan de mejora y modernización, ¿cuáles son las medidas que se han implantado en este catálogo y cuál ha sido el presupuesto utilizado?, porque entre documento y documento han pasado cinco años y el pacto está sin ejecutar.
Ahora ya está obsoleto, porque tienen otro documento, ¿pero ustedes no saben que hace cinco años ya se hizo un diagnóstico, que se hizo y se hizo bien, y que las actuaciones que había que acometer ya estaban ahí? Le pregunto: ¿Qué han hecho para
convertir este texto en realidad? ¿Dónde está el protocolo para facilitar la detección de la violencia de género en el Sistema Nacional de Salud? ¿Dónde está la ventanilla única para las víctimas, en la red de servicios sociales de base, de la que
escriben ustedes continuamente en su documento? ¿Dónde está el plan de actuación y desarrollo de los derechos de los niños y niñas como víctimas directas de la violencia de género, que estaba dirigido al ámbito judicial, al de la familia, a
servicios sociales?


Nos preguntaba la ministra Montero hace un par de semanas qué hacía el Partido Popular por la infancia, que incluso había votado en contra de la Ley Orgánica de Protección a la Infancia y la Adolescencia. Yo no sé si mintió a posta, porque
mintió, o es que tiene un desconocimiento grande de la ley, porque nosotros no solo votamos a favor, sino que además tuvimos desde el minuto número uno un ánimo de construcción y positivo.


Ahora soy yo la que le pregunto dónde están las medidas de la ley orgánica puestas en marcha, porque hace un año y medio de esto. ¿Dónde están? ¿Qué han hecho para mejorar el servicio ATENPRO? ¿Dónde está el aumento de recursos personales
y materiales para las unidades de atención a la familia y a la mujer?


La señora PRESIDENTA: Termine, por favor.


La señora REDONDO CALVILLO: ¿Dónde está el aumento de medios personales y materiales para los equipos Mujer-Menor de la Guardia Civil?


Muchas gracias y disculpe, presidenta. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Prieto.


La señora PRIETO NIETO: Gracias, presidenta. Señora delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, señora Rosell, bienvenida.


Señorías, el Grupo Parlamentario Socialista condena todos y cada uno de los asesinatos machistas; el de una mujer y su hija es de los últimos. En lo que va de 2022 ha habido treinta y ocho mujeres asesinadas y dos los menores asesinados.
Señorías de VOX, no reconocer la violencia de género como violencia específica y estructural contra las mujeres es negarla. (Aplausos). Basta ya de utilizar a las víctimas de la violencia de género de manera partidista. Respeten a las víctimas.


Las mujeres y los hombres socialistas condenamos con rotundidad todo tipo de acto de violencia contra las mujeres y, en especial, contra menores de edad, también los que se cometen a través de los hijos con el único objetivo de utilizar la
violencia para hacer un daño irreparable a las mujeres, a las madres; me refiero a la violencia vicaria. Por ello, queremos poner en valor el acuerdo político que supuso el Pacto de Estado contra la Violencia de Género que se realizó en 2017 en el
Congreso y el Senado. Y es desde el contexto del pacto de Estado desde donde se debe seguir avanzando; también, por supuesto, desde el ministerio. Precisamente, ayer anunciaron que Igualdad y comunidades autónomas aprobaron el catálogo de
referencia de políticas y servicios en materia de violencia contra las mujeres, que usted, señora delegada, ha puesto en valor. Quisiera plantearle dos cuestiones. La primera es si las comunidades autónomas tendrán garantizada la sostenibilidad
presupuestaria de las políticas incluidas en el catálogo de referencia. También si nos puede detallar el funcionamiento de la orden de protección internacional para víctimas de violencia de género españolas en el extranjero. Lo pregunto porque
algunas comparecientes nos han informado de carencias actuales en este mecanismo de protección.


Según datos del Ministerio del Interior, las denuncias por violencia de género ascienden a 87 508 en el primer semestre del año 2022, unos datos que muestran la necesidad de seguir abordando la prevención y la sensibilización de todo lo
concerniente a violencias machistas desde el ámbito local y rural. En el Ministerio del Interior el periodo que comprende la legislatura actual ha resultado muy prolífico con respecto a las acciones desarrolladas para mejorar los procedimientos
coordinados e implementados por la Secretaría de Estado de Seguridad, como la actuación y formación de las fuerzas y cuerpos, en especial en las zonas rurales, y los mecanismos de coordinación interinstitucional; por ejemplo, contar con

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profesionales sanitarios para la detección precoz y actuación utilizando las consultas médicas, centros sanitarios y las más de 22 000 farmacias en España.


Quisiera decir que, dada la orientación a la que, una vez más, la ultraderecha ha intentado dirigir el debate, no tengo más remedio que llamar la atención de esta Comisión y avisar de que ustedes se instalan en su particular día de la
marmota, intervención tras intervención. Lo digo porque la ultraderecha, VOX, utiliza cualquier situación para cuestionar la violencia de género y la responsabilidad de los varones, en lugar de proponer avanzar tanto en la lucha contra esta
violencia como contra el resto de las violencias. Ustedes, la ultraderecha, siempre se oponen a cualquier progreso, como se ha demostrado a lo largo de la historia. Desde luego, señorías de VOX, deberían trabajar más sus intervenciones, porque -lo
digo con todo el respeto- su léxico es pobre y de una sintaxis elemental (risas), y esto les limita para un razonamiento complejo y crítico como el que se requiere. Todos conocemos su actitud negacionista y su oscuro mensaje, que surge de una
ideología reaccionaria con rechazo a la modernidad.


La señora ROMERO VILCHES: Señora presidenta, pido la palabra. No podemos seguir escuchando insultos constantemente...


La señora PRESIDENTA: No tiene el uso de la palabra.


La señora ROMERO VILCHES: ¿Qué mujeres tienen que defender, que no lo entiendo?


La señora PRESIDENTA: No tiene el uso de la palabra. Le recuerdo que insistentemente... (La señora Romero Vilches pronuncia palabras que no se perciben). Por favor, no tiene el uso de la palabra.


La señora ROMERO VILCHES: Por eso la estoy pidiendo amparándome en el Reglamento...


La señora PRESIDENTA: No está en el uso de la palabra, señora Reyes Romero, por favor.


La señora PRIETO NIETO: Todos conocemos la actitud negacionista de la ultraderecha y su oscuro mensaje, surgido de una ideología reaccionaria de rechazo a la modernidad. Es una actitud que, a lo largo de la historia, ha implicado el
desprecio por los más débiles, tal y como se puede deducir de sus palabras. Pero la política española tiene que estar por encima de las descalificaciones y del odio; debe ser una política útil para proteger a las ciudadanas -y digo ciudadanas, sí-
ante los complejos momentos que vivimos.


La señora PRESIDENTA: Señora Prieto, tiene que ir finalizando.


La señora PRIETO NIETO: Termino.


Los avances en el pacto contra la Violencia de Género son progresos, y lo que la ultraderecha representa en toda época es un freno al desarrollo, un desarrollo que hace más digna y habitable la vida de las personas, en especial la vida de
las mujeres, que somos la mitad de la humanidad, ni más ni menos.


Continúo en la segunda intervención. Muchas gracias. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: A continuación, tiene el turno de palabra de nuevo la señora delegada del Gobierno. Cuando quiera.


La señora DELEGADA DEL GOBIERNO CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO (Rosell Aguilar): Muchas gracias.


Contesto al Grupo Plural. Hemos conocido varias informaciones, pero pocas sentencias, sinceramente. Es muy evidente que sí se pueden revisar algunas sentencias que sean de hechos de menor entidad, pero todavía no hemos encontrado a nadie
que esté cumpliendo penas en este país por hechos que ahora se consideran agresión sexual y que antes han sido derivados a vejaciones injustas, a coacciones, a la infradenuncia del tocamiento de carácter sexual en el metro, en el transporte o en
lugares de ocio.


¿Qué está pasando con revisiones que no son de este posible subtipo atenuado? Con este realmente tratamos de evitar la huida del derecho penal, que está diagnosticada desde hace muchísimos años, lo que no permite ni la jurisprudencia del
Tribunal Supremo ni la disposición transitoria quinta del actual Código Penal, introducida con la última reforma, ni la circular de la Fiscalía General del Estado 3/2015, en

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espera, que se está preparando ahora y que, desde luego, hace mucha falta, de derecho transitorio. ¿Que un tribunal considere que un padrastro que penetra bucalmente a una niña de trece años, hija de su pareja, no lo haga con abuso de
superioridad? La remisión tiene que ser, simplemente, un poquito más fina. Antes se remitía al 178, que solo consideraba agresión sexual la violencia o intimidación, y ahora está incluido el abuso de superioridad, además de la vulnerabilidad de la
víctima o que esté su voluntad anulada por el uso de sustancias, etcétera. Pero es abuso de superioridad. Es tan evidente como que este hombre tuvo acceso a esa niña precisamente por su posición, que la propia sentencia dice que era equiparable a
la de padre, por esa convivencia.


Y nos hemos enterado de otro caso sujeto a revisión y, por supuesto, a recurso -así esperamos que suceda- ante el Tribunal Supremo, esperamos que por parte del Ministerio Fiscal, ya que tiene encomendada la defensa de las personas menores de
edad y más desvalidas. Es el caso de un profesor con alumnos de cuatro años. Dicen los medios de comunicación que se ha despenalizado el acto sexual mediante engaño. ¿Qué están diciendo, que han consentido? Y este último, que dicen que se ha
despenalizado el engaño a mayores de dieciséis y menores de dieciocho. El consentimiento, que está en el artículo 178, tiene que ser expreso y tiene que ser libre.


Recibo a través de las redes sociales muchos insultos y críticas malsonantes del lado que aquí se victimiza. La verdad es que cuesta un poquito solidarizarse, pero lo hacemos; de ahí la sororidad. Recibo muchos insultos de VOX y de la
ultraderecha en redes, pero ayer había personas que, sin embargo, querían debatir y me preguntaban si no era previsible esta interpretación. A ver, ¿era previsible que con la ley anterior se les impusieran dos años a dos policías municipales de
Estepona que penetraron -los dos- a una joven delante de sus amigos cuando estaba de vacaciones en su apartamento cuando el Ministerio Fiscal pedía treinta y tres años? ¿Era previsible que se les impusieran dos años? Es que fue con la ley
anterior. ¿Cuál es la buena? ¿La de los dos años? Tampoco hubo abuso de superioridad ni de autoridad. Iban uniformados, ¿eh?, les dieron el alto cuando volvían a casa. Claro que hay ese margen de apreciación judicial. Ahora bien, la
disposición transitoria quinta dice que se pueden revisar las sentencias cuando la atenuación sea taxativa, no sometida al árbitro judicial. Creemos que es evidente que esto no es lo que está sucediendo.


Y preguntaba usted, con intención propositiva y, por lo tanto, constructiva que qué hacemos. ¿Nos cargamos desde el Gobierno o desde el Legislativo el margen de apreciación judicial? ¿Esta es una opción en un Estado de derecho? Vamos con
el padrastro, que esta sentencia sí la hemos leído. Trece años, en la cama, después de ver una película, y felación. En el caso de abuso de superioridad y penetración la pena no es que haya bajado al mínimo, de ocho a seis años, es que ha subido a
diez. Claro, existe la vía del recurso y esa, efectivamente, tendrá que ser la que se aplique por el camino. Mucho echar en cara esta revisión y no al tribunal que la ha dictado, sino al Gobierno, y muy poco pensar en esa víctima. Son trece años.
Nos cargamos ese margen judicial o ¿cuáles son los pasos siguientes? Formar a ese Poder Judicial. Esto lo dice la propia Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual.


¿Qué ofrecimos, con programa en la mano, no a través de una llamada telefónica? La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género ofreció un programa al actual Consejo General del Poder Judicial, para que, además, escucharan a las
víctimas y no se retroalimentaran en sus propios prejuicios, porque si a la carrera judicial solo la forma la carrera judicial, evidentemente tienen muy pocas posibilidades de salir de ahí. A la vez se lo ofrecimos -el mismo programa- al Centro de
Estudios Jurídicos dependientes del Ministerio de Justicia, que forma a cuerpos tan importantes como el de la Abogacía del Estado, del Ministerio Fiscal, de letrados y letradas de la Administración de Justicia, de Medicina Forense donde no está
transferida, del personal de la Administración de Justicia donde este personal no es competencia de las comunidades autónomas. Ofrecimos a la vez, cuando se reformó y estuvieron en funciones, esta exclusiva potestad y, por lo tanto, la
responsabilidad de la formación de la carrera judicial. La verdad es que en estos dos años no ha habido respuesta por parte del Consejo. Pero sí hubo respuesta del CEJ, hasta el punto de que ya hemos terminado esa formación, que, como les decía,
está a su disposición en YouTube y que ha sido un ejemplo de interdisciplinariedad. Hemos oído a víctimas, incluso una nos ha explicado las piedras que se iba encontrando en ese camino, ante la policía, ante la justicia, y eso es lo que nos tiene
que hacer reflexionar y lo que conduce a un buen diagnóstico y a un reconocimiento de los propios sesgos y de los propios estereotipos. Solo así saldremos de esa justicia machista, por la que nos ha llamado la atención la CEDAW, en la recomendación
33, y la propia relatora especial sobre la violencia de género; en el último caso, por uno de violencia vicaria.

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Pero no crean que son resquicios imputables al Gobierno, no crean que son imputables a la ministra de Igualdad, ni siquiera a mí, aunque tengo mucha más responsabilidad que ella, ni al Ministerio de Justicia, que, evidentemente, revisó todas
las penas, la no necesidad de transitoria específica. Es que la disposición transitoria quinta actual, esa circular 315, y la jurisprudencia son claras. En mi opinión jurídica, no sirve subir penas, porque con que un código más favorable haya
estado en vigor un día o una hora las sentencias anteriores ya se pueden revisar. Es decir, ahora agravarlo no serviría de nada, conforme a nuestro artículo 2 del Código Penal y el 9 de la Constitución, una norma evidentemente consolidada; es que
tienes derecho a que no se aplique una ley que no estaba en vigor en el momento de ser dictada y a retroactividad de la ley más desfavorable.


Usted ha hecho referencia a la reflexión de la ministra María Jesús Montero. Yo entiendo que fue un comentario en un corrillo ante la prensa, queriendo decir que habría que reflexionar si se necesitaba algún cambio, porque la ley no
pretendía esto. Creo que es perfectamente comprensible, al no ser jurista, hacer esta primera reflexión y que después tampoco se magnifique que esto realmente no tendría el efecto pretendido.


Unidas Podemos me preguntaba qué medidas contiene la estrategia para la violencia vicaria. Les puedo dejar el texto de la estrategia en el que estamos trabajando en cuanto se apruebe, si todo sale bien, el 22 de noviembre en el Consejo de
Ministros. Es todo el eje 371 y se llama Actuando contra la violencia vicaria. La medida 72 y siguientes de este eje son la elaboración del primer plan de actuación y desarrollo de los derechos de los niños y niñas como víctimas directas;
programas de atención especializada; difusión de los derechos de las niñas y niños, como el de atención psicológica sin autorización paterna, conforme al artículo 156 del Código Civil; actualización de los protocolos de actuación y formación del
personal; impulso de las medidas de derivación y coordinación. Estas víctimas han estado más ocultas o más invisibilizadas que el resto y las hemos sacado a la luz. También se menciona por primera vez la violencia económica, que está en una
disposición adicional también de la LOGILS, en las medidas 28, 32, 56, 57, 74 y 216 de la actual propuesta de estrategia. Evidentemente, esperamos que sean pocas las que cambien, pero está previsto realizar campañas de concienciación social y
publicar estudios sobre el análisis de violencia económica -ya hemos comenzado algunas formaciones con la magistrada que se lo propuso al propio Gobierno, Lucía Avilés, que mandó una propuesta de tipificación-, elaboración e inclusión de indicadores
de violencia económica o situación abusiva en lo económico, y otras.


Respecto a los puntos violetas, la mayoría se realizan con medios propios y materiales de la delegación. La delegación lo que hace, evidentemente, es supervisar los materiales desde la pandemia, cuando los mandábamos en formato digital,
porque ni siquiera podíamos mandar papel. Yo me los he encontrado en festivales y en lugares de ocio, y la verdad es que te daba satisfacción verlos. Recuerdo el de Cáceres, que estaba impulsado por el ayuntamiento, la diputación y el Gobierno de
la Junta de Extremadura. Allí la sola presencia de expertas y feministas en un festival ya es disuasoria para algunos tocamientos y algunos comportamientos. Hay como unos ojos, una solidaridad y un mensaje de que están ahí que ya los evitan. Y,
por supuesto, en plena coordinación con los centros de salud o con las policías, si se dieran casos graves. Pero, muchas veces, precisamente por su presencia, no se llega a estos. Y quienes están viajando al exterior nos están corroborando -aunque
no haría falta, porque, evidentemente, la dirección general de consulares nos lo dice-, con alegría y con satisfacción, que están en todos los puntos de atención consular. Todos tienen teléfono 24 horas, todos tienen su QR en su idioma y todos
están prestando esta atención a las víctimas en el exterior, que habían sido algunas de las grandes olvidadas. Además, este trabajo va a ser reconocido por la delegación el próximo 25 de noviembre.


Respecto a la revisión de las sentencias, me remito a lo que le he dicho al portavoz del Grupo Plural. Es algo que nos preocupa enormemente y que, lamentablemente, reafirma el diagnóstico que realizó la ONU, pero sin duda creemos que tendrá
solución con esta circular de la Fiscalía General del Estado que está preparando sobre el derecho transitorio, entre otros aspectos, de la Ley Orgánica 10/2022, que seguro que no se apartará de lo que ya dijo en la reforma de 2015 del Código Penal,
que fue del Partido Popular, con su mayoría absoluta, y cuyas normas están claras: si la pena que has impuesto en la sentencia anterior cabe con la ley actual, no se revisa. Y esto se matizó en una sentencia de 2013 -la 266/2013, creo-, cuyo
ponente fue Cándido Conde-Pumpido, ex fiscal general del Estado y magistrado del Tribunal Supremo, pero que también decía que podía revisarse con arreglo a leyes penales posteriores más beneficiosas si la aplicación de los parámetros
individualizadores de la sentencia revelan con claridad que, de haber estado en vigor la nueva norma, se hubiera puesto una pena inferior.

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Y es que la situación es completamente distinta. Hemos visto que paralizaban -no sabemos el resultado- un juicio en la Audiencia Provincial de Girona diciendo que podría haber habido una agresión sexual por una expareja y que, por tanto,
esperaban a la entrada en vigor de la LOGILS el 7 de septiembre. Es que la expareja ahora es una nueva agravante, recomendada por el Convenio de Estambul e incluida en la LOGILS. Por tanto, si se juzgaran con arreglo a la nueva ley, sería más
grave la violación grupal de La Manada, por supuesto, o sería más grave la del padrastro. Como es evidente que hay, por lo menos, error judicial, cuando no voluntariedad interpretativa en contra de los avances feministas, creemos que, aunque
lamentablemente las víctimas o el Ministerio Fiscal tengan que transitar por este camino, accederán al Tribunal Supremo y se verán aclaradas por esa circular de la Fiscalía General del Estado.


Insisto en que lo que sí era factible era revisar a la baja los comportamientos de menor entidad que hemos incluido, con una pena desde seis meses en vez de desde un año, que tampoco es una enorme diferencia, en la reforma del Código Penal.
Pero de esta no nos ha llegado a ninguna, porque, por ahora, ningún tribunal ha detectado que un hombre estuviera cumpliendo pena por este tipo de hechos, de tocamientos, etcétera, en nuestro país. Además, hemos incluido y mejorado la regulación
del acoso reiterado o stalking, del acoso sexual, que ahora pueden cometer también las personas jurídicas, cosa que hacía mucha falta, y de lo que algunos comentaristas de la ultraderecha llamó penalizar el piropo, porque, por ejemplo, era impune en
nuestro país masturbarse en un banco delante de una joven de dieciocho años solo por ser mayor de edad y dirigirle todo tipo de proposiciones allí en directo o como fuera. Desde luego, la pena es leve, porque el feminismo propone penas
proporcionales, pero estamos viendo poco estos nuevos avances del Código Penal gracias a la LOGILS. Igual que el que tiene que ver con el artículo 443, por ejemplo, del Código Penal o sobre las mujeres que están internas en los CIES o en otros
centros de retención y custodia o el 197.7, que se introdujo en una enmienda en esta Cámara, para la difusión de vídeos consentidos, inicialmente, pero que puedan atentar gravemente contra la dignidad de la intimidad de la víctima. Son, sin duda,
mejoras penales, aunque algunos quieran que se oscurezcan y crear alarma y terror sexual a las mujeres.


La representante de VOX ha empezado diciendo que se siente ofendida porque no niega la violencia de género. La llama de otra manera. Según este planteamiento, no conoceríamos a ninguna pintora, a ninguna historiadora, a ninguna política, a
ninguna parlamentaria e iríamos siglos atrás si dejáramos de nombrarlo, porque lo que no se nombra no existe. Claro que hay que abordar todo tipo de violencia, pero es como si ustedes llamaran privilegio -permítanme el recurso vulgar al ejemplo- a
que existiera una unidad de cáncer de próstata. Claro que hay otros cánceres, pero cada uno debe tratarse en su unidad específica, y este es muy prevalente, es sistémico, nos lo están diciendo los números, aquí y en todo el mundo, porque coinciden
las cifras. Lo que es injusto es no tratar de forma especializada a cada tipo de violencia tal como la conocemos, y la que es de mi competencia es la violencia contra las mujeres. Cuando comparezca la directora general de Infancia, por ejemplo,
ante el Congreso de los Diputados, podrán hablar de otra violencia, pero la mía es la violencia contra las mujeres, es de mi competencia, y de eso vengo a dar cuenta como miembro del Gobierno.


Usted misma dice: estamos tranquilos. Son tres mujeres. Yo les invitaría a nombrarse como lo que son, para que no parezca que está hablando una voz en off, algún hombre sentado en ese banco, que realmente están ocupando dignamente ustedes
gracias a los avances del feminismo.


Usted dice que quieren debatir y, sin embargo, a continuación me dice que conocen archivadas un montón de denuncias. Ustedes me piden rigor en los datos, la exigencia es máxima. Les pediría simplemente lo mismo. Igual que el respeto,
tiene que ser mutuo. No digan un montón. Los números de denuncias falsas los da la Fiscalía General del Estado, Consejo General del Poder Judicial. El número de denuncias falsas es 0,069. Ustedes, cuando apelamos a ese número, me dicen que sí,
pero que esas son las denuncias falsas con condena. Claro, como los asesinatos, como los robos. Son los que se han denunciado y se han demostrado.


Usted me ha hecho una pregunta directa, en sentido interrogativo: ¿por qué hay cada vez más violencia? Lo siento, pero no hay cada vez más violencia. Si miran los números de asesinadas -los hemos puesto en los datos-, cada vez hay menos.
Yo espero que ustedes valoren el decrecimiento: en 2003, que es desde que llevamos el cómputo, hubo setenta y seis asesinadas y en 2021 hubo cuarenta y ocho. Hay una diferencia de casi treinta mujeres. Estoy segura de que lo valoran.


Sí le pediría, aunque ya ha suscitado algún murmullo su expresión, que piense antes de decir que no es lo mismo que un hombre en un momento determinado te diga tonta. Son muchos años de carrera judicial, veinticinco en el ámbito penal,
oyendo 'mi marido me pega lo normal', como decía Miguel

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Lorente; viendo a nuestras hijas decir ante las cámaras respecto a las voces animales que salían del colegio mayor Elias Ahuja: nos insultan, pero son nuestros amigos, lo hacen con buena intención, y escuchando en el juzgado de guardia
decir a una mujer: las lesiones de la parte de delante me las hizo él, la de detrás, las de la espalda, me la hice yo cuando me di contra la nevera. Es que en esas justificaciones entra la de que en un momento dado te llame tonta. Si no
justificamos la microviolencia, no justificamos el camino ascendente que llega a la violencia más extrema. Estoy segura de que no era su intención -me lo está diciendo-, simplemente le hago esta reflexión. No le pido que lo retire ni que lo
niegue, solo que reflexione sobre ello.


La señora Redondo, del Partido Popular, me ha dicho que podría venir más frecuentemente. He comenzado diciendo que eran cuatro veces, después de dos años de pandemia, y dos veces en 2022. Yo he pedido en ocasiones comparecer. Desde luego,
estoy cómoda, comparecería cuantas más veces mejor y establecería este diálogo con ustedes en el mayor grado posible.


Me dice que no me he dignado a informar del catálogo aprobado ayer. Es que se aprobó ayer y hay que respetar la separación de poderes y, por lo tanto, cada uno de los marcos. Al Legislativo le corresponde, sin duda, y en eso estamos
completamente de acuerdo, renovar el dictamen. Si quieren volver a oír a expertas, desde luego que el Gobierno, esta delegada, comparecerá cuantas veces sea posible mientras continúe en el cargo, pero a las comunidades autónomas y al Gobierno del
Estado les corresponde la parte de administración y de ejecución, que somos Poder Ejecutivo, y hemos acordado estos servicios mínimos, que de inmediato -creo que ayer mismo- se les ha enviado. No se les pudo enviar antes porque se aprobó ayer y
salimos de esa reunión de la Comisión Sectorial de Igualdad a mediodía. Cada vez que se va aprobando un documento de interés, o los que me pidan porque ustedes los consideren de interés, se van enviando. Pero es una cuestión de separación de
poderes.


Me ha recordado que las asesinadas en octubre y noviembre, y que son treinta y siete en 2022, así como la necesidad de seguir avanzando. Lo comparto e insisto en que es el mínimo histórico a estas alturas del año. Ojalá -me alegro que sea,
sin duda, el deseo común- continuemos ahí.


El catálogo de medidas urgentes del 28 de julio de 2021 contenía, efectivamente, un diagnóstico previo y quince medidas relacionadas con lo que ustedes en la pregunta parlamentaria que me remitieron llamaban semana negra de violencia de
género, porque entre mayo y junio de 2022 se produjo una acumulación de asesinatos machistas, entre el 2 de mayo y el 25 de junio, diez asesinatos por violencia de género, más la confirmación de uno que en realidad se había producido en el mes de
abril. Entonces, efectivamente, tomamos esta iniciativa y nos reunimos con el observatorio, del cual forman parte también las comunidades autónomas, las entidades de la sociedad civil, sindicatos y asociaciones empresariales y el Consejo General
del Poder Judicial, la Fiscalía General del Estado y los ministerios con competencias, además de las expertas que forman parte del mismo, que se creó con la Ley Orgánica 1/2024. Y, a propuesta de la ministra de Igualdad, la de Justicia, el de
Interior, la de Sanidad y la de Derechos Sociales y Agenda 2030, el Consejo de Ministros aprobó ese catálogo, cuyas medidas se pueden ver en el BOE de 5 de agosto de 2021, y una de ellas es, por ejemplo, la formación al Consejo del Poder Judicial y
al Centro de Estudios Jurídicos, en colaboración con la Delegación del Gobierno.


El del Centro de Estudio Jurídicos ya lo hemos hecho y el del Consejo General del Poder Judicial lo hemos impulsado hasta darles un programa, pero es competencia exclusiva también del propio Consejo General del Poder Judicial, conforme a la
Ley Orgánica 6/1985, del Poder Judicial.


Me ha preguntado específicamente por el protocolo de salud. Existe desde el año 2012 y los instrumentos de detección se han aprobado en este año 2022. Lo tienen en la documentación que se reenvió ayer y desde luego entiendo que, siendo la
documentación de ayer, no hayan podido verla exhaustivamente. Sin embargo, me dice que es distinta del powerpoint. El powerpoint, efectivamente, es un resumen y no coincide necesariamente, porque si yo les leo hoy la documentación que les mandé
ayer sobre el informe de cumplimiento, no es que no salgamos de aquí hoy, es que no salimos mañana, pero lo pongo también a su disposición. De hecho, les voy a dar en un pendrive, por si les viene mejor, las fichas del pacto de Estado tal como van
de los ministerios y el powerpoint del pacto de Estado para el Congreso a la presidenta, que seguro que lo pone también a su disposición.


Respecto a las mejoras de ATENPRO, por las que también ha preguntado específicamente, están en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Se ha dotado con 32 millones de euros y ya se está encargando con mucha premura de
llevarlo a cabo la Federación Española de Municipios y Provincias. A día de hoy hay más de 17 000 usuarias activas en este servicio, que tiene que ir incrementándose paulatinamente a todas las formas de violencia contra las mujeres, y creo que es

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especialmente apto para las mujeres de núcleos municipales pequeños, del mundo rural o para otras que no tienen medidas judiciales, como las de los dispositivos de localización geográfica, que llamamos pulseras. Con esto espero haber
respondido a todas sus preguntas.


Respecto a las preguntas del Grupo Parlamentario Socialista, efectivamente, hay unas mejoras ya iniciadas en el ámbito rural. Las ha mencionado específicamente, y es que es verdad que las consultas médicas y las farmacias son puntos focales
de detección, son esenciales porque son lugares de confianza y seguros para las mujeres y están llevados adelante por profesionales que merecen todo nuestro reconocimiento. En julio de 2021 firmamos un protocolo con esas farmacias comunitarias y
con respecto a las consultas médicas, me remito -así lo tienen en la documentación- a ese instrumento de detección de 2022 y al protocolo de salud que existe desde 2012.


El trabajo del Observatorio de Salud de las Mujeres es ímprobo, con toda la carga que han tenido, y más en los últimos años. En cuanto a la detección y al cribado de la COVID-19, han manifestado su voluntad de no abandonar el cribado de las
violencias machistas. Aunque parezca anecdótico, el 14 de agosto, al mediodía -cuando muchas, en teoría, estábamos de vacaciones-, tuvimos una reunión en la sede del Observatorio de Salud de las Mujeres, dentro del Consejo Interterritorial del
Servicio Nacional de Salud, con presencia de todas las comunidades autónomas, y sin diferencias ni exabruptos mediáticos, porque estábamos en una reunión interna, estuvimos poniendo en común todo lo que sabíamos respecto a los pinchazos y a este
nuevo mecanismo de terror o alarma sexual, sobre todo para las más jóvenes. Desde luego, es un órgano que presta un conocimiento desde la detección por parte del sistema de salud y establece unas medidas con el máximo rigor y especialización, por
lo que es muy reconocido por parte de la delegación.


En cuanto a las órdenes de protección internacional, la europea, en concreto, está basada en el reconocimiento mutuo de resoluciones judiciales. Este es un sistema más rápido que el exequatur, el viejo sistema que aún está vigente en la
generalidad de países con reconocimiento de resoluciones judiciales a través de los ministerios de Justicia, con intervención mixta del Poder Judicial y de los órganos de Justicia, y también es más sencillo, pero, evidentemente, depende en gran
medida de estos dos sistemas, tanto de los ministerios -no solo del requirente, sino también del requerido- como de los órganos judiciales, sea el Ministerio Fiscal u órganos judiciales, en el caso sobre todo de España, que aún cuenta con el sistema
especial de juzgados de Instrucción. En cualquier caso, seguro que puede mejorarse, pero es competencia del Ministerio de Justicia y del propio Poder Judicial. Estamos abiertas a todo tipo de sugerencias, aunque también es verdad que hacer de la
violencia de género un crimen de persecución global, un crimen europeo, fue una propuesta precisamente de los grupos de izquierdas en el Parlamento Europeo que inicialmente no salió adelante por oposición de la derecha europea.


Respecto al final de su intervención, que nosotras, que lamentablemente estamos tan acostumbradas a que ejerzan violencias contra nosotras de todo tipo y que en esto nos autorreconocemos tanto en la lucha como en los medios puestos a
disposición para ello, frente a otras violencias del cariz de las que estamos hablando, de la gravedad, de la entidad de las que afectan a mujeres y niñas y a las hijas e hijos de las mujeres víctimas de violencias machistas, hablemos de léxico
pobre o reaccionario, digamos que no es exactamente una violencia, sino ejemplo de la tradición del parlamentarismo español y europeo. Espero que seamos un poco más tolerantes con el léxico propio y un poco más intolerantes con todos los tipos de
violencias.


La señora PRESIDENTA: Muchísimas gracias, delegada.


El turno de réplica será por tres minutos, si es necesario, porque no hay que agotarlo hasta el final.


Comenzamos con el Grupo Parlamentario VOX, señora Nevado.


La señora NEVADO DEL CAMPO: Gracias, presidenta.


Señora Rosell, lo que le he querido decir es que el protocolo para los hombres que son denunciados por violencia de género es el mismo si te pegan una paliza o si tienes un pequeño roce en casa. Esa ley, evidentemente, no es justa y lo sabe
todo el mundo. Si quiere hablamos, pero para eso me tenía que haber respondido usted, haberme dado una fecha, un día y una hora, en la que nos pudiéramos sentar a hablar tranquilamente de este tema. Me da igual si es públicamente o en privado,
porque nosotros la única intención que tenemos es intentar erradicar todo tipo de violencia. Pero ya veo que se siguen sucediendo los insultos hacia nuestro grupo parlamentario; se siguen refiriendo a nosotros como la extrema derecha y la señora
del PSOE también nos ha puesto a parir. Así que yo lo único que les puedo decir es que vamos a esperar al final de la legislatura a ver qué tal les va con sus leyes de dividir a la sociedad, a ver qué tal

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les va con la ley trans, con la ley de violencia de género, con la ley del solo sí es sí. A ver qué tal les va con todas estas barbaridades, con el aborto, y al final de la legislatura nos cuentan. De verdad, a mí me encantaría poder
felicitar a este Gobierno por una sola de las leyes que salgan del Ministerio de Igualdad. Me encantaría poder hacerlo, porque, señora Rosell -se lo digo de verdad-, yo lo haría. El problema no es que usted me pida rigor en los datos, porque los
datos los tiene todo el mundo, los datos se pueden leer de una manera o de otra. Ustedes lo que hacen es manipular la lectura de los datos, pero los datos están ahí y están a la vista de todo el mundo. Yo solamente deseo, de verdad, de todo
corazón, que ustedes sirvan para algo y que el trabajo que están haciendo desde el Ministerio de Igualdad sea para mejorar a esta sociedad, aunque solamente sea un poco. Ojalá sea así, porque yo seré la primera en reconocérselo, pero me temo que no
va a serlo.


Muchísimas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchísimas gracias.


Turno del Grupo Parlamentario Popular, señora Redondo.


La señora REDONDO CALVILLO: Muchas gracias.


Me refería a antes de su aprobación, señora delegada, por respeto a la Comisión y por cortesía, no por no por obligación. Y con respecto al documento, me había anotado que tenía que agradecerle lo pormenorizada que está la información y es
verdad que se me ha pasado, pero lo hago ahora.


Lo triste de hoy es que usted y la secretaría de Estado no son noticia por el trabajo que lleven hecho o por los avances que se hayan hecho respecto al pacto de Estado, sino por las tristes declaraciones de ayer, cuando hablando de sus
compañeros los tacharon de poco formados y de reaccionarios. Usted ha dicho antes: ¿Esto quién lo podía prever? ¿Pero no es el legislador el que tiene que prever? El legislador tiene que prever, más aún cuando el Consejo General del Poder
Judicial ya se lo dijo en relación con la desaparición de la diferencia entre abuso y agresión y con el cambio de la horquilla de las penas. Antes decía usted con la cabeza que no, pero es sí. Y seguro que si no lo sabía, de ayer a hoy se lo sabrá
de memoria, pero le leo literalmente la observación 245 del informe del Consejo General del Poder Judicial: la reducción de los límites máximos de las penas comportará la revisión de aquellas condenas en las que se hayan impuesto las penas máximas,
conforme a la regulación vigente. ¿Cómo pudo usted decir ayer, señora delegada, que en ningún caso le habían advertido de la revisión de las condenas? ¿Cómo pudo decir eso?


La señora DELEGADA DEL GOBIERNO CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO (Rosell Aguilar): Se lo explico enseguida.


La señora REDONDO CALVILLO: Está hablando sobre todo de dos sentencias, pero tenemos noticias de más de veinte, de más de veinte reducciones de pena solo en la Audiencia Provincial de Madrid. Esto es consecuencia de mucha torpeza, de mucha
imprevisión, pero sobre todo de obstinarse por mantener una idea que no sé a quién se le ocurrió cuando se está tocando ni más ni menos que el Código Penal, y además con prisa.


Igual que ahora dice que no serviría para nada cambiarlo. ¡Claro que sí! Claro que sí, para todas las que puedan venir después, para todas las que puedan solicitar su revisión. ¿Cómo que no? De hecho, mi grupo parlamentario ya está
trabajando en esta revisión. Por favor, se lo pedimos de verdad, dejen de elaborar planes y documentos y más documento y más protocolos y coordinen más con los ministerios, con Justicia, con Interior, con Trabajo, con Seguridad Social, para que se
cumpla el pacto de Estado íntegro. Tristemente, el anterior responsable de su formación política nos decía a nosotros: tictac, el tiempo se está acabando. Pues se lo voy a decir yo a usted ahora: se les está acabando el tiempo, tictac, tictac.


Gracias. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Gracias.


Tiene la palabra la señora Prieto.


La señora PRIETO NIETO: Gracias, presidenta.


Queremos agradecer su trabajo, señora Rosell, porque en la erradicación del patriarcado y de la violencia de género queda todavía mucho camino por recorrer y muchas batallas por librar. Es verdad que

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en España nos enfrentamos a numerosos desafíos y para superarlos será necesario el talento de todas y de todos.


No quiero finalizar sin referirme a una mujer gallega, gallega como yo, Concepción Arenal, que dejaba dicho que las cadenas se rompen con ideas y no a bayonetazos. Las mujeres y los hombres socialistas no dejaremos de luchar con nuestra
palabra y nuestras ideas para romper las cadenas del patriarcado y de la violencia de género, y es en esa lucha donde estamos las mujeres y los hombres socialistas.


Se acerca el 25 de noviembre y para despedirme quiero que ese día y todos los demás gritemos y que resuene fuerte que nos queremos vivas.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.


Tiene la palabra la señora delegada para responder y cerrar la sesión de hoy.


La señora DELEGADA DEL GOBIERNO CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO (Rosell Aguilar): Morir de hambre tampoco entraba dentro de nuestros planes hoy, pero hemos empezado muy tarde y les agradezco muchísimo la atención y las intervenciones.


El protocolo no es el mismo cuando hay una paliza o una violación que cuando se trata de un roce en casa o de un insulto. (La señora Nevado del Campo: ¡No!). Tenemos muchos grados de valoración del riesgo en VioGén, tenemos muchas
actuaciones distintas -evidentemente, proporcionales- en el ámbito de la justicia y recursos especializados para cada tipo de violencia -cada vez más, afortunadamente-, culminando con esos centros de crisis 24 horas que estarán abiertos en diciembre
de 2023 en todo el territorio nacional por parte de la Administración.


Entiendo que tanto el PSOE como VOX me han entendido cuando he dicho que reaccionario es una voz que forma parte de lo mejor del parlamentarismo español y que no es un insulto. Llamar reaccionario a un grupo parlamentario o a un determinado
sector de la judicatura en confrontación con otro con cada vez más formación feminista, afortunadamente, es decir que están reaccionando frente a las leyes progresistas, y específicamente contra las leyes feministas. Esto ha sido una constante
tanto en las interpretaciones del propio Poder Judicial como de su órgano de gobierno, del Consejo General del Poder Judicial. Recordemos los informes que hizo a la propia Ley Orgánica 1/2004, a la del matrimonio igualitario y a la del solo sí es
sí o respecto de la ley del aborto, de la interrupción voluntaria del embarazo y salud sexual y reproductiva anterior, la Ley 2/2010, estando a la espera de la reforma. Es una evidencia que hay un sector de la justicia y del Poder Judicial que es
reaccionario. Y sí, he hecho referencia a sentencias de la manera más pedagógica posible, porque ser padrastro y ocupar el lugar del padre es el mejor ejemplo de abuso de superioridad, es el gran ejemplo del prevalimiento siempre. Igual que los
menores de cuatro años no pueden consentir sexualmente y las personas que no son menores de dieciséis son adultas a efectos del Código Penal y también tienen que consentir con arreglo a la nueva ley.


Con esto paso también a contestar al Partido Popular. Yo no he dicho que el Consejo General del Poder Judicial no hiciera referencia a la revisión. Hacía referencia, precisamente, a lo contrario de lo que ustedes están diciendo; es que el
diablo está en los detalles, como dicen los ingleses. Efectivamente, el Consejo General del Poder Judicial dice en su informe a la LOGILS: respecto de los marcos penales proyectados -lo ha leído usted misma-, cabe señalar que el anteproyecto no
ofrece suficiente justificación de los nuevos umbrales de pena previstos y la reducción de los límites máximos de las penas comportará la revisión de aquellas condenas en las que se hayan impuesto las penas máximas conforme a la legislación vigente.
Y nosotras no bajamos las penas máximas. El Consejo, precisamente, nos está dando la razón en que si tú bajas los máximos, si hay alguien cumpliendo quince años por violación y bajamos la pena a trece, cosa que no ha sucedido, hay que revisar la
condena. Lo que ni el Consejo ni el Ministerio Fiscal ni el Consejo Fiscal ni el Consejo de Estado ni ningún grupo parlamentario podía prever, porque se está apartando de la ley, de la jurisprudencia y de la circular de la Fiscalía, es que se
revisaran condenas diciendo: como impusimos el mínimo de ocho años, separamos el mínimo de los ocho años y ahora ponemos un mínimo de seis años. Se están equivocando, porque el mínimo en el caso del padrastro -insisto-, con penetración y abuso de
superioridad, sin la agravante específica de prevalimiento, es de diez. Ha pasado del mínimo de ocho al mínimo de diez. Y sí, podrían revisarse -insisto- los hechos de menor entidad, pero creo que ninguna de las mujeres civilizadas y con formación
que aquí nos hallamos diría que son de menor entidad y susceptibles, por tanto, de revisión conforme a esa mínima reforma esos umbrales de pena.

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Dice usted: se equivoca, delegada, al decir que no servirá para nada si agravamos ahora, servirá para las siguientes. Estamos hablando de revisión, no cambiemos los marcos. Las siguientes tienen en sus manos el gran instrumento jurídico
que es la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual, que ha penado el acoso por persona jurídica; que ha mejorado el stalking o acoso reiterado, no exigiendo que afecte gravemente a su vida, sino simplemente que afecte a su vida
cotidiana; que ha penado el acoso leve en el 173; que ha penado la difusión de imágenes que en un momento dado podías haberle mandado a alguien consentidamente, pero que no has consentido que se difundan en el centro de trabajo o en otros centros,
que acaban, como conocemos tristemente el caso, en el suicidio de la trabajadora. Todas esas mejoras se aplican desde el pasado 7 de septiembre, y esa es la gran noticia para las mujeres. La peor es que una interpretación reaccionaria, que siempre
tiene ese margen, pueda dar lugar a resultados indeseados, y yo no he dicho que imprevistos. Desde luego, tan imprevistos como la imposición de una pena de dos años a los dos policías municipales de Estepona que cometieron las agresiones sexuales
estando uniformados y contra personas menores de veinticinco años. Quiero decir que es tan previsible como que, pidiendo el Ministerio Fiscal treinta y tres años, se acabe llegando a un acuerdo de dos años y un curso de formación, eludiendo toda
entrada en prisión. Ese margen, que nunca debe convertirse en arbitrariedad, que no es lo mismo que el arbitrio judicial, es tan imprevisible como confiamos en que susceptible de corrección en vía de casación por el Tribunal Supremo y seguro que de
análisis riguroso en esa -esperamos- inminente circular de la Fiscalía General del Estado sobre interpretación y aplicación de la Ley Orgánica 10/2022 y sobre derecho transitorio, el cual, lamentablemente, muchos y muchas deberían estudiar un
poquito más. No me refiero a ustedes, sino a quienes se dan de juristas y te echan en cara una sola línea de un artículo.


Los códigos se han modificado desde siempre. Ustedes han modificado muchísimos códigos penales, muchos de ellos con delitos también a la baja o al alza, dependiendo. Los de corrupción, a la baja, pudiéndose solo investigar durante seis
meses, etcétera. Se ha atenuado algún tipo de tráfico de drogas, que era necesario por política criminal, y ahí nadie echó en cara al grupo proponente que iban a salir a la calle todos los narcotraficantes, pero, claro, luego está que la gente
pueda prever o no unas interpretaciones, insisto en que algunas deliberadamente machistas y de las que ya nos han advertido los organismos internacionales. La buena noticia -o la menos mala- es que son susceptibles de corrección y de interpretación
armonizada, como ha dicho el propio presidente Sánchez hoy ante los medios, cuando hablen la Fiscalía General del Estado y el Poder Judicial entendido en su cúpula como quien crea jurisprudencia, que es solo el Tribunal Supremo, y no en este caso la
Audiencia Provincial de Madrid, a quien también leeremos con atención. Pero hasta ahora consideramos que los ejemplos que han facilitado los defensores de los violadores a la prensa la verdad es que han sido cuando menos muy desafortunados y en la
mayoría de los casos -creo que en todos, menos en el del padrastro- con oposición del Ministerio Fiscal.


Muchísimas gracias por su atención y les dejo todo el material a su disposición.


La señora PRESIDENTA: Muchísimas gracias, delegada. Gracias por su intervención, por su comparecencia y por el trabajo compartido en esta Comisión, donde sabe usted que es bienvenida siempre que lo desee. Aquí está su casa, como no puede
ser de otra manera.


Antes de despedirme, señorías, quiero recordar el día 25 de noviembre, al que han aludido tanto la secretaria de Estado como los grupos parlamentarios y ahora, por último, la delegada de Gobierno. Yo esta mañana hacía mención a las víctimas
y también quiero incluir a quienes se refería la delegada, a las supervivientes de la violencia de género. Quiero recordar que la violencia de género es una violación de los derechos humanos que impide el desarrollo democrático de nuestro Estado,
así como el avance y desarrollo de las mujeres y de la igualdad fundamentalmente.


Cerramos esta sesión agradeciendo la participación y las intervenciones de todos los grupos parlamentarios.


Gracias.


Eran las tres y veinticinco minutos de la tarde.