CORTES GENERALES


DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS


COMISIONES

Año 2022 XIV LEGISLATURA Núm. 799

DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS ACUERDOS DEL PACTO DE ESTADO EN MATERIA DE VIOLENCIA DE GÉNERO

PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª BEATRIZ MICAELA CARRILLO DE LOS REYES

Sesión núm. 15

celebrada el miércoles,

2 de noviembre de 2022

ORDEN DEL DÍA:


Comparecencia de la señora ministra de Igualdad (Montero Gil):


- A petición propia, para informar sobre las medidas de impulso e implementación de los acuerdos del Pacto de Estado contra la violencia de género. (Número de expediente 214/000179) ... (Página2)


- Para explicar las medidas y actuaciones que dentro del Pacto de Estado contra la Violencia de Género ha puesto en marcha desde su toma de posesión. A petición del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente
213/000633) ... (Página2)


- Para explicar el 'Primer Informe de Evaluación (España) del Grupo de expertas en la lucha contra la Violencia contra las Mujeres y la Violencia Doméstica (GREVIO)'. A petición del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de
expediente 213/000876) ... (Página2)


- Para explicar las medidas y actuaciones que va a adoptar el Gobierno de España para afrontar los nuevos escándalos de menores tuteladas en Baleares. A petición del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente
213/001145) ... (Página2)

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- Para explicar las medidas y actuaciones que está adoptando el Gobierno, incluidas las del Pacto de Estado contra la violencia de género, para intentar frenar la escalada de asesinatos a mujeres, seis en la última semana (una de ellas
embarazada) y un niño. A petición del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 213/001190) ... (Página2)


- Para dar cuenta de la acción de su departamento a raíz del incremento de víctimas de presunta violencia machista acaecido entre enero y mayo de 2021. A petición del Grupo Parlamentario VOX. (Número de expediente 213/001220) ... href='#(Página2)'>(Página2)


- Para explicar el catálogo de medidas urgentes del Plan de Mejora y Modernización contra la Violencia de Género. A petición del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 213/001456) ... href='#(Página2)'>(Página2)


- Para explicar el planteamiento del Gobierno relativo a la modificación anunciada en los medios de comunicación de la Ley Orgánica 1/2004, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género y sobre cómo va a prorrogar el Pacto
de Estado contra la violencia de género. A petición del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 213/001641) ... (Página2)


- Para informar de la situación vivida en este mes de diciembre en relación a los asesinatos de mujeres y niñas cometidos por violencia de género. A petición del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 213/001745)
... (Página2)


- Para informar a la misma tras la semana negra en materia de violencia de género en nuestro país. A petición del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 213/002118) ... (Página2)


- Para informar sobre los casos de asaltos realizados mediante pinchazos con jeringuillas a niñas y jóvenes en discotecas, fiestas y lugares de ocio durante el verano en curso, así como sobre las medidas puestas en marcha para dar seguridad
a las mujeres y a las familias, y tranquilizar a la opinión pública. A petición del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 213/002246) ... (Página2)


Se abre la sesión a las cuatro y cinco minutos de la tarde.


La señora PRESIDENTA: Buenas tardes, señorías.


Vamos a proceder a la tramitación del orden del día de la sesión, que consiste en la comparecencia a petición propia de la señora ministra de Igualdad, así como en las solicitudes formuladas por los grupos parlamentarios que se encontraban
pendientes de tramitación. Como ya sabéis, la organización del debate será la intervención de menor a mayor de los portavoces de los grupos parlamentarios durante un tiempo de cinco minutos, con la posibilidad de hacer uso de un segundo turno de
intervención por tres minutos cada grupo una vez haya respondido la señora ministra en su primera intervención.


Sin más preámbulos, agradezco la presencia de la señora ministra. Le damos la bienvenida y le cedo la palabra.


La señora MINISTRA DE IGUALDAD (Montero Gil): Muchas gracias, presidenta.


Muy buenas tardes, señorías. Comparezco, como decía la presidenta, ante esta Comisión a petición propia para dar cuenta del trabajo que hemos venido realizando desde el Ministerio de Igualdad en materia de lucha contra todas las formas de
violencia contra las mujeres. Como saben, la lucha contra las violencias contra las mujeres es el corazón del trabajo de este ministerio. Trabajamos y trabajaremos sin descanso hasta que logremos erradicar todas las formas de violencia contra
todas las mujeres, y trabajamos también para que el Estado despliegue toda su fuerza en la prevención, en la detección precoz, en la atención integral y en la reparación de las violencias machistas y, por supuesto, de las mujeres víctimas. Ninguna
política de igualdad, ningún avance social ni democrático tendrá sentido sin poner por delante esta prioridad. E insisto, nos referimos a todas las violencias, todas las mujeres y todas

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las responsabilidades que el Estado debe asumir. Para alcanzar este objetivo, hemos trabajado intensamente desde el inicio de la legislatura, también con las Cortes Generales -particularmente con sus señorías-, y siempre les digo que no
somos en absoluto autocomplacientes; sabemos que queda mucho trabajo por hacer para que en España los agresores machistas dejen de asesinar, de violar, de acosar en el trabajo o en los entornos de ocio a las mujeres por el simple hecho de serlo y
para que podamos vivir vidas libres de violencias.


No vamos a descansar hasta erradicar todas y cada una de las violencias contra las mujeres, pero, al mismo tiempo, somos muy conscientes de que gracias al trabajo de este Gobierno de coalición y también de sus señorías, del Poder
Legislativo, de la coordinación con las comunidades autónomas y ayuntamientos, la capacidad de nuestro Estado, de nuestras administraciones para luchar contra las violencias machistas ha avanzado de forma decidida y firme en estos años de
legislatura de Gobierno de coalición. Hoy ya está en vigor la Ley orgánica 10/2022, de garantía integral de la libertad sexual, para proteger a las víctimas de las violencias sexuales, para desplegar mecanismos de prevención y detección precoz de
estas violencias, para garantizar una atención integral a todas las mujeres víctimas y también para asegurar su reparación; una ley que nos permite avanzar como país también hacia una cultura sexual que esté basada en el consentimiento y no en la
violencia. También aprobamos la LOPIVI, la conocida como ley de infancia o ley Rhodes, para luchar contra todas las formas de violencia contra la infancia, incluyendo la violencia machista contra la infancia. En esta ley, como saben, incorporamos
dos demandas fundamentales del movimiento feminista en nuestro país como son, por una parte, la prohibición del falso síndrome de alienación parental y la suspensión del régimen de visitas a los maltratadores ante el más mínimo indicio de maltrato.
En cada ejercicio presupuestario hemos incrementado, como nunca antes en la historia de nuestra democracia, las partidas destinadas a la lucha contra las violencias machistas, cumpliendo con los mandatos del pacto de Estado y también superando las
previsiones presupuestarias recogidas en el mismo.


Con motivo de la emergencia sanitaria, y en previsión de la mayor vulnerabilidad en la que se encontrarían las mujeres víctimas de violencia machista ante esta crisis, convertimos en esenciales los servicios de atención integral a las
mujeres víctimas de violencia de género y progresivamente, en los meses posteriores, hemos ampliado la capacidad del 016 para atender a todas las formas de violencia contra las mujeres, incluida la explotación sexual y la trata con fines de
explotación sexual. También hemos sido un país pionero en Europa en destinar recursos de los fondos de Recuperación, Transformación y Resiliencia para la lucha contra las violencias machistas. Hemos impulsado la nueva ley de derechos sexuales y
reproductivos, reforma de la Ley orgánica 2/2010, de salud sexual y reproductiva y de interrupción voluntaria del embarazo, que ustedes debaten ahora en esta Cámara, porque la falta de acceso efectivo al derecho al aborto supone en la práctica una
violación de los derechos fundamentales de las mujeres; también porque nuestro país necesita reconocer como violencias contra las mujeres el aborto, la esterilización forzosa, la mutilación genital femenina, la explotación reproductiva o el
embarazo forzoso y también, por supuesto, para garantizar que la educación sexual sea un derecho garantizado en las aulas para todos los niños y todas las niñas, de forma que puedan aprender a identificar las violencias sexuales contra la infancia y
también tener herramientas para pedir ayuda, además de aprender sobre el consentimiento como base de nuestras relaciones sexuales y afectivas. Somos también el primer país que va a contabilizar de forma oficial todos los feminicidios, ampliando así
el trabajo que venimos realizando desde el año 2003 con la contabilización oficial de las mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas.


Hemos hecho también muchos esfuerzos en la renovación y permanencia del Pacto de Estado contra la Violencia de Género así como en su financiación. De esta manera, el pasado 25 de noviembre de 2021 todos los grupos parlamentarios de esta
Cámara, a excepción de los negacionistas de VOX, firmaron, junto al Gobierno, el acuerdo político para la renovación del pacto de Estado, incluyendo en esos acuerdos nuevos compromisos para mejorar la eficacia de las políticas públicas contra las
violencias machistas; unos compromisos que han ido construyéndose como consensos durante estos primeros años de desarrollo del pacto de Estado por parte de las diferentes administraciones competentes. En cumplimiento de este acuerdo político, en
el Gobierno hemos trabajado con las comunidades autónomas para asegurar, en el marco de nuestras competencias, la permanencia del Pacto de Estado contra la Violencia de Género y también -como les decía- su financiación, sus compromisos
presupuestarios. Por ello, el pasado 22 de julio celebramos una conferencia sectorial en Canarias, donde aprobamos los acuerdos de Tenerife, para concretar esos acuerdos en políticas públicas y en compromisos presupuestarios; un acuerdo que ahora
estamos desarrollando junto a las comunidades autónomas e integrantes de la Conferencia

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Sectorial de Igualdad. Precisamente hoy, el grupo de trabajo para el desarrollo de este acuerdo se ha reunido con el objetivo de ultimar el contenido final del catálogo de referencia de políticas y servicios en materia de violencia contra
las mujeres que nos mandataba realizar el citado Acuerdo de Tenerife.


Quiero destacar la predisposición al acuerdo y el buen trabajo que han desarrollado las diferentes comunidades autónomas, junto al Ministerio de Igualdad, para avanzar en acuerdos y en compromisos que nos permitan ser cada vez más eficaces
en la lucha contra las violencias machistas. No solo existe en esta Cámara una amplia mayoría parlamentaria feminista, con un compromiso inquebrantable en la lucha por un país libre de violencias, sino que también hay un compromiso y un trabajo
compartido con las comunidades autónomas para alcanzar este objetivo. El catálogo en el que trabajamos nos permitirá definir los estándares mínimos que deberán regir las políticas públicas de igualdad, tanto a nivel autonómico como a nivel estatal.
Entre ellos, se recogen la prevención y sensibilización frente a todas las formas de violencia contra las mujeres, para las que resulta imprescindible la educación en igualdad desde una perspectiva feminista e interseccional; impulsaremos además la
investigación y la recogida de datos que nos permitan definir de forma adecuada las políticas públicas; se reflejarán también estándares mínimos en cuanto a la asistencia social y la reparación integral a las víctimas, y también a la protección y
al acceso a la justicia de las mujeres que sufren violencias machistas. Este catálogo pretende, por tanto, asegurar que todas las víctimas de la violencia machista tengan sus derechos garantizados, vivan donde vivan.


Además, uno de nuestros objetivos principales -que era también una demanda recurrente de las comunidades autónomas y de sus señorías, y que ustedes conocen bien- es poder garantizar un sistema de financiación estable, plurianual y con fondos
suficientes para dotar presupuestariamente todos los servicios, los recursos humanos y técnicos, cumpliendo con los estándares de calidad, accesibilidad, adaptabilidad y no discriminación. Es evidente que si pretendemos llegar a todas las víctimas
de todas las violencias es necesaria también una modificación de los criterios y mecanismos de financiación de este pacto que puedan solventar algunos de los principales problemas a los que se han enfrentado las administraciones competentes en el
despliegue de esas políticas públicas y asegurar, por tanto, las mejores políticas públicas para luchar contra las violencias machistas en todo el territorio. Los compromisos presupuestarios de este Gobierno se reflejan también en los presupuestos
generales del Estado para el año 2023, a debate también en esta Cámara, en los que proponemos de nuevo una inversión histórica en las políticas de lucha contra la violencia machista. Cumplimos con los compromisos que mandata el pacto de Estado e
incrementamos el presupuesto de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género en un 15 %, hasta alcanzar los 80 millones de euros. En estos presupuestos se incrementarán también las transferencias a las comunidades autónomas para hacer
frente al mantenimiento de las políticas y servicios implementados como consecuencia del propio pacto, pero también para poder dotar económicamente con recursos suficientes toda la aplicación de la Ley orgánica 10/2022, de garantía integral de la
libertad sexual; y a este punto volveré más adelante en mi intervención.


Señorías, sé que esta Comisión ha comenzado ya sus trabajos para renovar el dictamen del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, y quiero recordarles que estaremos aquí a su entera disposición para lo que necesiten. Celebro que se
haya creado la Subcomisión para la renovación y actualización del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, y espero que puedan desarrollar el trabajo necesario para que esta actualización sea una realidad lo antes posible. Señorías, me
gustaría señalar que hay un único grupo parlamentario que no ha registrado la petición de esta Subcomisión y son los negacionistas de la violencia contra las mujeres, quienes utilizan sus posiciones de poder institucional para decir que la violencia
no tiene género y que las víctimas de los asesinatos machistas son unas privilegiadas. No hay excusas, señorías, para normalizar y blanquear a los negacionistas de las violencias machistas, y se lo digo especialmente al Partido Popular, que
comparte gobiernos y pactos estratégicos con la extrema derecha negacionista de la violencia contra las mujeres, cuando no incorpora directamente sus discursos a sus filas. Nuestra democracia y las mujeres de nuestro país no nos van a permitir
aceptar sin hacerles frente a quienes niegan los derechos de más de la mitad de la población, a quienes niegan la violencia machista y la necesidad de desplegar toda la fuerza del Estado para erradicar las violencias contra las mujeres y proteger de
forma efectiva a las víctimas. Soy consciente de que esta Subcomisión solicitará al Gobierno la evaluación precisa y sistematizada de la ejecución de todas las medidas del pacto, de acuerdo con el documento del texto refundido de todas las medidas
del Congreso y del Senado, así como la información relativa al presupuesto del Pacto de Estado y su efectiva ejecución por parte de las diferentes administraciones competentes involucradas. En este sentido, les informo de que cuando se cierre este

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ejercicio presupuestario, coincidiendo con el cumplimiento de los cinco años de vigencia inicial del pacto de Estado, presentaremos el informe de cumplimiento del mismo y estaremos también a su disposición, siempre que lo necesiten, para que
la actualización del dictamen nos permita luchar de forma más eficaz e igual de unidas que hasta ahora, hasta erradicar todas las violencias machistas.


Como ustedes saben, señorías, nuestro país es desde hace años un referente internacional en la protección y la garantía de los derechos humanos de las víctimas y supervivientes de la violencia de género. Con el trabajo desplegado junto a
ustedes en esta legislatura somos igualmente una referencia internacional en la implementación de políticas públicas que nos permitan luchar contra todas las formas de violencia contra las mujeres, y esta es también una tarea en la que debemos
caminar con todas las instituciones, organizaciones de la sociedad civil -particular y especialmente con el movimiento feminista- y con el conjunto de la sociedad. Todos y todas siempre podemos hacer algo para ayudar a una víctima de violencia
machista y también para parar los pies a los agresores. La campaña del Punto Violeta, que lanzamos en el verano del año 2021 en respuesta a un repunte de asesinatos machistas, tiene precisamente por objetivo facilitar no solo a las mujeres
víctimas, sino al conjunto de la sociedad, las herramientas necesarias para tender la mano a cualquier mujer que pueda estar sufriendo una situación de violencia. Además de coordinar la implementación de esta campaña con diferentes ayuntamientos e
instituciones, hemos firmado convenios con diversas entidades para que el mensaje y los recursos lleguen a todos los rincones de este país. Por eso, hemos conveniado el Punto Violeta con la red social TikTok, para acercar la información sobre
violencia machista; una comunidad, como saben, de más de mil millones de usuarios y usuarias de esta plataforma. Firmamos también un convenio con el colegio de farmacéuticos en el año 2021 para identificar las oficinas de farmacia como lugares
seguros para las mujeres víctimas. También hemos suscrito en 2022 convenios con el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana para que los puntos violeta lleguen a las estaciones de trenes, aeropuertos y puertos del Estado, así como con
la Federación Nacional de Empresarios de Ocio y Espectáculos, España de Noche, para hacer de las salas y espacios de ocio nocturno lugares que también sean seguros con un mensaje claro de rechazo a la violencia.


Señorías, quiero detenerme de forma específica en la violencia de género. La violencia machista en el ámbito de la pareja o la expareja sigue siendo una vulneración de los derechos humanos de las mujeres de nuestro país, con niveles de
prevalencia inaceptables en una democracia. No podemos descansar hasta que no haya ni una menos. Por ello, a diez años de la firma del Convenio de Estambul, tal y como apunta el GREVIO, nuestro país destaca por la firme determinación de
implementar políticas en el área de prevención y lucha contra la violencia contra la mujer. Con este propósito, como les decía, hemos trabajado desde el inicio de la legislatura sin bajar la guardia un solo día. En estos últimos tres años hemos
trabajado para que todas las mujeres tuvieran cada vez más puertas de entrada a las instituciones, para que esas puertas de entrada fueran seguras y para incrementar nuestra capacidad de detección precoz y prevención de esta violencia, así como de
atención integral y reparación para las víctimas. Para ello, hemos desarrollado el pacto de Estado y hemos ensanchado también sus propios mandatos. En los momentos más críticos de la emergencia sanitaria, solo tres países de Europa han puesto en
marcha planes para garantizar los derechos de las víctimas, y uno de ellos es el nuestro. Mediante el Plan de contingencia contra la violencia de género ante la crisis de la COVID-19, pudimos dar cumplimiento a esos objetivos en un tiempo récord.
Asimismo, como ustedes saben, hemos reforzado las obligaciones institucionales desarrollando diferentes acciones, como el Plan de mejora y modernización contra la violencia de género, de julio de 2021, que, detectando la necesidad de reforzar la
detección temprana y de proximidad, ha generado un instrumento común estandarizado para la detección temprana de la violencia de género en el Sistema Nacional de Salud. Debo mencionar de nuevo la ampliación del 016 a todas las formas de violencia
contra las mujeres -por tanto, a todas las víctimas- y, sobre todo, la habilitación de canales silenciosos, como el WhatsApp, para garantizar la comunicación de las víctimas con el 016, algo que fue especialmente importante en los momentos más
difíciles del confinamiento, donde las mujeres víctimas de violencia en el ámbito de la pareja o la expareja convivían las veinticuatro horas del día con su maltratador y les estábamos pidiendo desde las propias instituciones que no salieran de sus
casas. Además, a través del Plan España te protege contra la violencia machista, cuya inversión total asciende a casi 153,5 millones de euros, seguimos reforzando y mejorando la asistencia de atención telefónica y telemática para todas las
víctimas, ampliando y modernizando, entre otros, los dispositivos y mecanismos para su protección y seguridad, como es el servicio ATENPRO. Igualmente, no quiero dejar de señalar que, plenamente conscientes de las

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dificultades que enfrentan las madres que sufren violencia vicaria, hemos reformado la Ley 35/1995 para que se las reconozca como víctimas directas a todos los efectos. Además, quiero expresar de nuevo mi compromiso, que debería ser también
el de esta Cámara, con las madres protectoras que se defienden a sí mismas y a sus criaturas de la violencia machista. Deben saber que estamos trabajando para que todas las instituciones sean lugares seguros también para ellas.


Señorías, como les señalaba al inicio, también avanzamos de forma decidida en los compromisos del Estado para hacer frente a las violencias sexuales. Ya antes de la aprobación de la Ley orgánica de garantía integral de la libertad sexual,
hemos avanzado en su implementación a través de la inversión de 66 millones de euros de los fondos europeos para que todas las mujeres de este país que han sufrido, sufren o sufran una violencia sexual, dispongan de un centro de crisis al que acudir
para garantizar sus derechos. En 2023, como saben, todas las provincias de este país tendrán un centro de atención integral especializado, veinticuatro horas abierto, siete días a la semana, para acompañar a todas las víctimas de violencias
sexuales, a sus familiares y a personas cercanas en la superación de la vulnerabilidad psicológica y social a la que se enfrentan, y también para recibir toda la atención integral especializada que requieran y acceder a los mecanismos de reparación
de las violencias sufridas. Ninguna mujer más en este país tendrá que enfrentarse en soledad a las consecuencias de haber sufrido una agresión sexual ni a la culpa o la vergüenza que promueve la cultura de la violación. La ley solo sí es sí
garantiza un marco único para la protección y garantía de los derechos de todas las mujeres frente a las violencias machistas, reparando con ello una deuda histórica que teníamos como país con las víctimas y supervivientes de todas las formas de
violencias sexuales. Una ley que vuelve a situarnos nuevamente a la vanguardia como país en la lucha contra las violencias machistas, poniendo, además, el consentimiento en el centro para determinar la diferencia entre una agresión sexual y una
relación libre, voluntaria y consentida.


Les recuerdo, señorías, que las cifras de violencias sexuales en nuestro país son aún hoy insoportables. Según la macroencuesta del año 2019, una de cada dos mujeres mayores de 16 años en nuestro país ha sufrido algún tipo de violencia
machista a lo largo de su vida; una de cada dos mujeres, señorías. Fíjense, cuando se les pregunta a las encuestadas por los motivos por los que no denunciaron, porque solo el 8 % de las mujeres que han sufrido violencia sexual ha denunciado, los
motivos más comunes eran: era menor de edad, era una niña; no conceder importancia a lo sucedido, en un 30 % de los casos; la vergüenza, en casi un 26 % de los casos; que la agresión hubiera sucedido en otros tiempos en los que no se hablaba de
estas cosas -la normalización de la violencia-, un 22 %; o el temor a no ser creída, un 20,8 %. Mientras a algunos de ustedes les preocupa que se eduque a la infancia para prevenir esta violencia, mientras a algunos de ustedes les enfada que las
mujeres puedan decidir sobre sus propios cuerpos y su vida sexual, mientras hay quienes cuestionan a las víctimas, la realidad es que necesitamos ocuparnos de todo lo contrario: la infradenuncia, el silencio, la culpa y la impunidad de las
violencias sexuales. No queremos que ninguna mujer más se sienta sola. Todas deben saber que las instituciones son lugares seguros para poder ejercer sus derechos y para reparar el daño sufrido. Añado un dato más: un 3,4 %, 700 000 mujeres, han
sufrido violencia sexual en la infancia, antes de cumplir los 15 años de edad. Por ello, insisto, señorías, en que es imprescindible la educación sexual obligatoria, educación afectivo-sexual y así lo reflejaremos en todas nuestras leyes y
políticas públicas, porque una educación feminista es el primer y principal pilar de un futuro sin violencias. La reciente encuesta sobre sexualidad de las mujeres jóvenes en España también ponía el foco en esta cuestión: las encuestadas
suspendían a las instituciones en materia de educación sexual y consideraban haber necesitado más educación sexual y de mejor calidad. Ellas lo tienen muy claro, señorías, bastante más que algunas de ustedes.


El Ministerio de Igualdad tiene por delante, además, la obligación de acompañar a todas las víctimas, con atención especial a aquellas que enfrentan mayores vulneraciones de derechos humanos y que han sido siempre las grandes olvidadas, como
son las víctimas de trata con fines de explotación sexual, las víctimas de explotación sexual y también las mujeres migradas en situación administrativa irregular en contextos de prostitución. Para las víctimas de trata con fines de explotación
sexual es también la ley de garantía integral de la libertad sexual, que es la primera de nuestro ordenamiento jurídico en reconocer a estas mujeres como víctimas de violencias contras las mujeres, como víctimas de violencias machistas. Trabajamos
también para poder presentar en las próximas semanas una ley contra la trata que sume esfuerzos para proteger a las mujeres que sufren esta forma extrema de violencia machista. Ustedes ya saben la urgencia con la que necesitamos esta ley, me lo han
dicho también en numerosas ocasiones cuando hemos tenido la oportunidad de debatir, porque estamos viendo cómo mujeres en situaciones de

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extrema vulnerabilidad, víctimas de gravísimas violaciones de los derechos humanos, se están quedando sin la respuesta que el Estado y las instituciones tenemos la obligación de brindarles al no contar aún con una ley integral de lucha
contra la trata. Quiero recordarles, además, que, como ustedes ya saben, nuestro país ratificó el Acuerdo de Varsovia que nos mandata llevar a cabo un abordaje integral contra la trata y, además, debemos hacerlo con perspectiva de género y
feminista, porque la amplia mayoría de víctimas de trata -no solo las víctimas de trata con fines de explotación sexual, sino de todo tipo de trata- son mujeres y niñas. Según los últimos datos globales publicados en la estrategia de la Unión
Europea referidos a 2017 y 2018, el 72 % de las víctimas de trata de seres humanos registradas en la Unión Europea eran mujeres y niñas. Señorías, estamos trabajando para que esta ley de trata ponga el acento en las víctimas, y me explico. Saben
ustedes que la trata es uno de los delitos más complejos, pues una gran mayoría de las personas -fundamentalmente, como les digo, mujeres y niñas- que son tratadas son migrantes que no tienen regularizada su situación en el país al que son
desplazadas. Actualmente, para que podamos identificar y garantizar derechos a una víctima de trata, exigimos su colaboración policial. Debemos garantizar el acceso de las mujeres víctimas de trata con fines de explotación sexual a sus derechos
sin la obligación de esta colaboración. Precisamente, es la garantía de sus derechos una de las vías no solo para cumplir con los estándares de derechos humanos, sino también para favorecer que se sientan seguras para colaborar con nuestro sistema
policial y judicial.


Es nuestra obligación atender a todas las víctimas sin necesidad de poner denuncia. Trabajamos, por tanto, para tener una ley de trata que no ponga condiciones a las víctimas y que permita al Estado llegar a todas las víctimas, también a
las que se encuentran en situación administrativa irregular, para las que es esencial garantizar que acceden a autorizaciones de residencia y de trabajo. En respuesta a la invasión de Ucrania, no hemos dudado en actuar para blindar los derechos de
las mujeres que huían del conflicto armado y que corrían el riesgo de convertirse en víctimas de trata o en víctimas de explotación sexual. Del mismo modo, a las mujeres víctimas de trata con fines de explotación sexual en todo el mundo les debemos
una ley integral que mejore nuestras capacidades para la detección, identificación, recuperación, reinserción y reparación de todas ellas, para que los derechos de las víctimas puedan estar situados en el centro. Una ley que tenga un enfoque
integral, reparador y que sea interseccional y con perspectiva de género y de derechos humanos. Necesitamos dotar a estas mujeres de papeles, por supuesto, pero también de recursos económicos y de alternativas laborales dignas que les permitan
recuperar sus vidas con todos sus derechos.


Para todas las víctimas nuestra obligación y responsabilidad es protegerlas y garantizarles alternativas dignas. Por eso, durante los últimos años hemos avanzado, en coordinación con las comunidades autónomas, en la implementación de un
instrumento de acreditación complementario al policial y al judicial que nos permita su reconocimiento como víctimas de trata a efectos sociales y asistenciales para que accedan a derechos tan básicos como la vivienda o como los derechos económicos.
Así, en 2022 hemos sacado adelante la acreditación administrativa de la condición de víctima de trata de seres humanos y/o explotación sexual y por primera vez en este país hemos elaborado un plan de inserción sociolaboral para mujeres y niñas
víctimas de trata, de explotación sexual, y para mujeres en situación de prostitución, en colaboración con las organizaciones especializadas, cuyo objetivo es garantizar la autonomía económica y habitacional de estas mujeres, facilitando su acceso
al empleo, a la vivienda, a la atención psicosocial y sanitaria y a la recuperación integral.


Este plan se integra, como saben, en otra de las políticas públicas más importantes para este ministerio. El primer plan operativo para la protección de los derechos humanos de mujeres y niñas víctimas de trata, de explotación sexual y
mujeres en contextos de prostitución, que, como saben, se va a desarrollar desde el año 2022 -el año vigente- hasta el año 2026, el conocido como Plan Camino, dirigido a que todos los ministerios responsables luchen de forma coordinada contra la
industria proxeneta, contra la trata con fines de explotación sexual y contra la explotación sexual y de forma coherente y coordinada faciliten la garantía efectiva de los derechos humanos de las víctimas y ofrezcan a las mujeres alternativas de
vidas libres de violencias sexuales.


Para dotar de coherencia y de efectividad todas las políticas públicas de lucha contra las violencias machistas, llevamos años trabajando en la estrategia nacional contra las violencias machistas, y quiero informarles de que nuestra
previsión es aprobar esta estrategia el próximo 22 de noviembre en el Consejo de Ministros y ministras. Sin duda, esta aprobación será un paso importantísimo, que servirá para planificar y coordinar las políticas públicas en materia de violencia
contra las mujeres hasta el próximo año 2025. La estrategia se estructura en cuatro ejes. El primero, centrado en actualizar y consolidar las responsabilidades

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y obligaciones de los poderes públicos, tanto normativas como de diseño, implementación y también evaluación de las políticas públicas. El segundo, centrado en la sensibilización, prevención y detección de las distintas formas de violencias
machistas. El tercero, centrado en la protección, seguridad y atención integral, garantizando recursos adaptados y accesibles. Y el cuarto, en la respuesta coordinada y multiagencia de los derechos de víctimas y supervivientes, que minimice el
riesgo de victimización secundaria, implicando a las instituciones y profesionales competentes en estas tareas.


El intenso trabajo que les he detallado da cuenta de que la lucha contra las violencias machistas es un pilar de la acción de este Gobierno de coalición. Estamos dando pasos de gigante en una sola legislatura, pero les insisto en que no
somos autocomplacientes, no nos vamos a quedar aquí. Este impulso a la lucha contra las violencias machistas debe servir también para agendar nuevas prioridades y retos hasta erradicar todas las formas de violencia contra las mujeres. Sabemos que
debemos acompañar y evaluar la implementación de las leyes y políticas públicas que estamos sacando adelante, porque cuando una ley o una política pública no se pone en marcha, a pesar de estar aprobada, quienes ven vulnerados sus derechos son las
mujeres a las que van dirigidas esas políticas. Sirvan como ejemplo la implementación del sistema de detección precoz de las violencias machistas en nuestro sistema sanitario, y particularmente en la atención primaria, o la aplicación contraria a
la ley por parte de algunos jueces en nuestro país del falso síndrome de alienación parental, a pesar de haberlo prohibido en la ley de infancia, como les detallaba al inicio de mi intervención.


Nos preocupan también las formas de violencias machistas que aún no han sido suficientemente abordadas por nuestro país. Me refiero a las violencias digitales basadas en el género, violencias en las que los patrones de control, de acoso
sexual, de violación de la intimidad y la privacidad, los ataques basados en discursos de odio se despliegan a través de los canales digitales y convierten las redes en espacios inseguros para las mujeres. Por eso pensamos que es urgente trabajar
para que las mujeres, especialmente las más jóvenes, cuya socialización y cuyas vidas discurren también en las redes sociales, puedan evitarlas de forma segura y en plenitud de derechos.


No quisiera dejar pasar tampoco la oportunidad de hablarles de la violencia institucional, aquella que se tolera o incluso se ejerce desde las instituciones. Es importante reconocerla y hablar de ella porque es una realidad que a menudo se
silencia, pero es en las propias instituciones donde reside el poder para erradicarla. Cada vez que una sentencia judicial cuestiona los derechos de una víctima de violencia sexual, cada vez que desde una institución se niega abiertamente la
violencia machista, cada vez que se recorta en recursos que impiden el ejercicio de derechos o el acceso a servicios por parte de las mujeres se está ejerciendo violencia institucional, y así lo reconocen múltiples organismos internacionales, por lo
que es hora, señorías, de que lo reconozcamos también desde esta Cámara.


Quisiera referirme también a la violencia política contra las mujeres. Les invito a que lean los acuerdos internacionales, normativas y políticas públicas que al respecto se vienen desarrollando desde hace décadas en América Latina. Les
invito a que lean sobre Berta Cáceres, sobre Marielle Franco, sobre mujeres que por hacer política han sido asesinadas; que conozcan y reconozcan la realidad cotidiana que viven muchas mujeres por tomar su lugar en el espacio público y por ejercer
el poder para transformar nuestra sociedad en un sentido más democrático, más justo y más feminista, un poder que es tan nuestro, señorías, como lo ha sido hasta ahora de los hombres en exclusiva.


El acoso mediático y judicial, el escrutinio de nuestra vida privada, el insulto, la ridiculización, la promoción del odio son solo algunas de las estrategias con las que se despliega esa violencia política que sí, señorías, también ha
llegado a nuestro país de la mano de la extrema derecha, y no solo de la que está en esta Cámara. Les invito por ello a trabajar juntas también para hacer frente a la violencia política contra las mujeres, que busca expulsar del ejercicio del poder
a las mujeres que desde la sociedad civil o desde la política institucional promueven el avance de políticas feministas, pero que sobre todo busca disciplinar al conjunto de las mujeres, explicarnos que es mejor que no nos metamos en política si no
queremos ser objeto de esa violencia.


Quiero concluir invitando a una última reflexión que se referiría al papel de los hombres en la lucha contra las violencias machistas. Las mujeres somos las protagonistas de la lucha feminista, pero no vamos a erradicar las violencias
machistas sin la implicación de los hombres en esta lucha. No solo es que el feminismo construye vidas mejores, más dignas, más corresponsables, más plenas también para los hombres; es que los hombres pueden y deben hacer su parte: romper el
pacto entre caballeros por el cual se normalizan, legitiman o disculpan diferentes formas de violencia contra las mujeres; parar los pies a sus compañeros de trabajo o a sus amigos cuando pretenden ejercer violencia contra una mujer; acabar con

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los silencios cómplices; construir desde cada una de nuestras acciones cotidianas una sociedad en igualdad y libre de violencias. Como reflejaba la campaña 'El hombre blandengue', nuestro país ha cambiado mucho en pocas décadas gracias al
empuje y a la firmeza del movimiento feminista, que es sin duda lo mejor que tiene este país. Cada vez hay menos legitimación social para las identidades masculinas que se construyen sobre el trabajo invisible de las mujeres, sobre la desigualdad,
sobre el privilegio y sobre la violencia y la posesión de las mujeres. Cada vez, por el contrario, hay más legitimación social de diferentes masculinidades, diversas, corresponsables y que defiende la igualdad. Debemos hacer este debate cada vez
más fuerte en nuestra sociedad para garantizar que la lucha contra las violencias machistas y el combate del machismo es una tarea en la que también se implican los hombres. Hemos dado inicio al mes de la lucha contra las violencias machistas y
quiero concluir agradeciendo y reconociendo los esfuerzos de millones de mujeres desde hace décadas, desde las asambleas y entidades feministas, pero también desde las instituciones, para hacer que nuestro país sea hoy, aun con todos sus retos
pendientes, una referencia en la lucha contra las violencias machistas y que cada vez haya más puertas seguras para todas las mujeres en el ejercicio de sus derechos. La lucha contra las violencias machistas forma parte del corazón de nuestra
democracia y lo será cada vez con más fuerza hasta que no haya ni una menos. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Muchísimas gracias, señora ministra.


Comenzamos con el turno de los portavoces de los grupos parlamentarios. En primer lugar, por el Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu tiene la palabra la señora Pozueta.


La señora POZUETA FERNÁNDEZ: Buenas tardes a todas. Arratsalde on.


Como bien sabe, señora ministra, siendo un grupo soberanista -esto lo repetimos en todas las ocasiones y seguiremos haciéndolo-, el marco de los pactos de Estado no es precisamente el nuestro, como tampoco lo son las estrategias que se
plantean como nacionales. Usted ha dicho: plantearemos una estrategia nacional, pero siempre estamos recordando en cuanto a las estrategias nacionales que hay que tener en cuenta que hay grupos que no compartimos ese planteamiento, si bien hay
aspectos que por sentido común vemos necesarios. El tiempo transcurrido desde la aprobación del pacto y la creciente sensibilización de nuestra sociedad hacen que sea necesaria una importante actualización del citado pacto y, tal como aprobamos el
25 de noviembre anterior y como también planteamos la semana pasada con la creación de la subcomisión, supone una obligación desarrollar y establecer mecanismos para asegurar su efectiva aplicación, así como corregir los aspectos que presentan
disfunciones.


Se ha referido a muchas dimensiones de las violencias machistas que en su mayoría comparto, tanto su visualización como las estrategias para prevenirlas y erradicarlas, pero en este caso, con estos cinco minutos que tengo, me voy a ceñir a
lo relativo a nuestros territorios. En el caso de Navarra y de la Comunidad autónoma vasca, con respecto al tema de la financiación derivada del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, nos encontramos con una cuestión que no llegamos a ver
clara o que nos lleva a no compartirla. Nuestras comunidades autónomas no participan de la asignación presupuestaria del pacto por disponer de un sistema de financiación propio en virtud de la autonomía fiscal y presupuestaria derivada del
autogobierno.


Finalmente, hace pocas semanas, en el caso de Navarra, y tras nuestra insistencia, se nos ha dicho que, dadas las características extraordinarias de los fondos, Navarra tenía derecho al acceso de los mismos. En este sentido, por parte del
Ministerio de Igualdad se ha reconocido esta situación, que se expondrá en la próxima Comisión Coordinadora del Convenio Económico, que, si no he entendido mal, quizá sea hoy o inmediatamente. Pero volvemos a no saber cómo se darán. Según
estimación del Gobierno foral, estamos hablando de un 1,5 millones de euros. Tenemos capacidad plena para realizar nuestras políticas en torno a la violencia contra las mujeres, tenemos leyes muy desarrolladas que han sido pioneras y servido de
modelo para otras a nivel estatal por ser innovadoras. Hablo de la Ley foral 14/2015, de 10 de abril, para actuar contra la violencia hacia las mujeres, con sus diferentes actuaciones en el caso de Navarra, y también de la aprobada por el
Parlamento vasco en marzo de este mismo año, la Ley para la igualdad de mujeres y hombres y vidas libres de violencia machista contra las mujeres.


En el caso de Navarra, hay un plan de acción con diferentes acciones dirigidas a la prevención de la violencia contra las mujeres y la asistencia y protección a las víctimas derivadas de su propia ley, así como el establecimiento de pautas
de actuación homogéneas en toda la Comunidad Foral de Navarra destinadas a garantizar la atención de calidad en los ámbitos sanitario, policial, judicial y social, así como una labor preventiva a través de medidas educativas y de sensibilización.
Queremos seguir

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trabajando desde nuestro marco y desde nuestras propias leyes, pero consideramos que es necesario realizar cambios que faciliten la financiación.


Como sus señorías saben -se ha recordado en este marco en innumerables ocasiones-, el dinero que está llegando a los ayuntamientos en muchas ocasiones no se está gastando en el objetivo para el que iba destinado por falta de coordinación y
medios para realizarlo. El dinero llega a los ayuntamientos, pero no llega a los gobiernos de Navarra ni al Gobierno vasco. Vemos necesario que los ayuntamientos y la Federación Navarra de Municipios y EUDEL, junto con los gobiernos de nuestros
territorios, vayan en la misma línea y trabajen de manera coordinada e integral y para favorecer este proceder es necesario que se financie directamente a estos últimos, y después nuestras instituciones decidirán cómo gestionarlo.


Para finalizar, pedimos que se desbloquee cuanto antes el pago a la Comunidad Foral de Navarra de los fondos correspondientes al Pacto de Estado contra la Violencia de Género, petición que fue refrendada hace un mes por todas las fuerzas
políticas del Parlamento navarro. Hace unos meses también solicitamos información sobre su cuantía y estamos esperando la respuesta del ministerio.


Termino manifestando que comparto y remarco lo planteado por usted: más educación sexual y de mayor calidad. Urge realmente realizar una transformación social ante la lacra de la violencia machista y esta puede ser una verdadera
herramienta.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchísimas gracias.


Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos tiene la palabra la señora Giménez.


La señora GIMÉNEZ GIMÉNEZ: Gracias presidenta.


Señora ministra, muchísimas gracias por su comparecencia. Iniciaré mi intervención haciendo hincapié en algunas de las cuestiones que usted ha abordado. En primer lugar, en relación con el Pacto de Estado contra la Violencia de Género y
algunas de sus medidas, estamos totalmente conformes, como bien sabe, con la creación de esta subcomisión, que hay que acelerar. En varias ocasiones he manifestado mi preocupación por aquellas mujeres que desisten de continuar con el juicio o con
la interposición de denuncia o que la retiran, es decir, dentro de las víctimas de violencia, aquellas mujeres que renuncian a seguir con el enjuiciamiento o con la interposición de denuncia contra el agresor. Se corresponde con la medida 84 y me
gustaría saber si tenemos algún dato o hay alguna cuestión específica que nos permita saber cómo vamos en la ejecución, en el cumplimiento de esta medida. Y también quiero preguntarle por la medida 189, en cuanto al impulso con las comunidades
autónomas de la asistencia psicológica a los agresores desde el momento de la denuncia para reducir los temas de estrés, agresividad y prevenir daños a las víctimas. Es decir, un análisis de cómo se están ejecutando estas dos medidas. Además,
considerando que es muy importante que avancemos en esa subcomisión, sobre todo en materia evaluativa, quisiera saber si nos planteamos el nuevo reto de renovar el trabajo, de actualizarlo y de mejorarlo. Debemos hacerlo siempre desde una buena
base evaluativa para saber cómo debemos avanzar en materia de violencia machista.


Por otro lado, ha abordado usted la necesidad de la ley de trata. En nuestro grupo parlamentario siempre hemos reclamado esta necesidad y me gustaría saber incluso si hay algún calendario un poquito más concreto, porque nos parece una de
las principales prioridades. En relación con esta materia también, y con las regulaciones que hemos tenido en esta Cámara, quisiera preguntarle qué planteamientos se van a realizar en materia de prostitución en relación con aquellas mujeres que la
ejercen de manera libre y voluntaria, porque somos distintos los grupos parlamentarios que hemos hablado de condenar la trata, de condenar el proxenetismo, de condenar esa prostitución que provoca una agresión contra la mujer, pero me da la
sensación de que estamos dejando en una situación de desprotección total a aquella que lo ejerce de manera libre y voluntaria. Por tanto, me gustaría conocer cuál es su visión, su propuesta respecto de esta realidad que, como bien sabe, se ha
demandado por muchísimas plataformas y personas que representan y ejercen la prostitución de una manera libre y voluntaria.


Cambiando un poco el tercio, usted lleva también dentro de su ministerio la materia étnicorracial y sabe que siempre hago alguna pregunta referida a esto. En relación con la propuesta que llevó al Consejo para la promoción de la igualdad de
trato y no discriminación sobre la necesidad de un protocolo para evitar acciones antigitanas cuando el presunto delincuente es una persona gitana, como ya he explicado en alguna otra comisión, me gustaría saber si su ministerio va a avanzar en un
trabajo coordinado con el Ministerio del Interior para que podamos tener un protocolo preventivo respecto a este tipo de actuaciones.


Muchísimas gracias.

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La señora PRESIDENTA: Muchísimas gracias.


Por el Grupo Parlamentario Republicano tiene la palabra la señora Vallugera.


La señora VALLUGERA BALAÑÀ: Gracias, presidenta.


Buenas tardes, ministra. Buenas tardes, diputadas y diputados. Para empezar, una pregunta muy breve que tiene que ver con lo que nos estamos encontrando de las solicitudes de revisión de condenas, porque la nueva ley de garantía de la
libertad sexual prevé condenas más breves. Como se modificaron los tipos, también se modificaron las penas y, por tanto, tenemos una cierta sensación de alarma de la gente que está pidiendo revisión de las condenas. Usted sabe que la ley penal
siempre es favorable al preso y en este caso actúan retroactivamente las condiciones más favorables para la persona penada. La pregunta es si son ustedes conscientes de ello, si tienen datos, y si les sería posible de alguna manera intentar
tramitar la ley para que volvieran a tener las mismas penas, porque solo faltaría que una ley de garantía de la libertad sexual sirva para que los agresores tengan penas inferiores a las que estaban sentenciados, que ya es difícil que les
sentencien.


Dicho esto, quiero comentar tres elementos respecto a la definición que usted ha hecho de violencia. Tenían la oportunidad de incluir el concepto de violencia obstétrica en la ley de la interrupción voluntaria del embarazo, que estamos
tramitando, y no ha sido posible. Es importante porque en la medida en que decimos de qué tipo de violencia se trata, tenemos la oportunidad de que las mujeres que han sufrido este tipo de violencia -generalmente relacionada con el embarazo o con
el parto- sean capaces de poner nombre a lo que sufrieron, a lo muy desatendidas que se sintieron y a lo muy trozo de carne -siento decirlo de un modo un poco vasto, pero es como te lo relatan- que se sintieron cuando en el paritorio su voluntad no
fue respetada, sus deseos no fueron respetados y no parieron a su hijo o hija como querían.


Por otra parte, con respecto a la violencia institucional, nosotras tenemos que dar ejemplo. Creo que de algún modo en esta casa se está ejerciendo violencia institucional contra las mujeres trans y contra las personas que se dedican a la
prostitución de manera, como ellas lo relatan, libre y voluntaria. Por tanto, sería bueno que hiciéramos una especie de pacto entre todas para intentar hablar sobre estos temas de manera que no genere la doble victimización y la estigmatización
respecto de estas mujeres, porque muchas veces me he sentido agredida y violentada por determinados discursos.


Dichas estas cosas, la verdad es que pensaba que tendríamos una comisión más de rendir cuentas de las estrategias utilizadas hasta ahora. Comparto en gran parte la reflexión que hacía mi compañera de Bildu sobre que cuando ustedes empezaron
a capitanear este ministerio, uno de los pilares fundamentales de su ideología era una cierta proximidad con una idea federalista del Estado. La verdad es que vemos asombradas -y muchas veces dolidas- cómo determinadas incursiones en materias
responden a una mentalidad jacobina como no había visto muchas veces, y eso me preocupa extraordinariamente. Me preocupa porque ahora ha vuelto a hablar de una estrategia nacional y supongo que usted es consciente -en parte por eso lo hacen- de que
en el territorio del Estado la situación no es igual en todas las comunidades autónomas. Hay comunidades autónomas que llevan más de veinticinco años -y más de treinta-, en gran parte gracias a las asociaciones de mujeres que lo han impulsado, con
el tema de la violencia encima de la mesa. Por tanto, sus estrategias deben ser respetadas y no podemos entrar, como siempre, en que como el Estado tiene el dinero, que si quieres arroz, Catalina; es decir, lentejas, o las tomas o las dejas. Es
un temor que debo manifestarle porque es básicamente ideológico. Es decir, era esperable del PSOE; evidentemente, es marca del PP, y de VOX y de Ciudadanos ya no hablemos. Pero con ustedes el panorama tenía que ser diferente. Tenía que ser de
alianzas y de no utilizar las competencias que usted tiene en su Estado hasta el final, como manifestó; ver cuáles desde la subsidiariedad y desde el propio autogobierno son mejores llevar a cabo, porque la proximidad con el territorio sabe usted
que siempre es un valor. Siempre, en todo tipo de políticas públicas, pero en este caso además está marcado por un sesgo ideológico importante. Nosotros estamos aquí para lograr la consecución de un Estado propio, y seremos absolutamente leales
con todas las mujeres porque la lucha de las mujeres es nuestra lucha, pero también pedimos lealtad a cambio.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchísimas gracias.


Por el Grupo Parlamentario de Unidas Podemos tiene la palabra la señora Fernández.

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La señora FERNÁNDEZ CASTAÑÓN: Gracias, presidenta.


Bienllegada, ministra. Gracias una vez más por la comparecencia y por la explicación detallada de los acuerdos y planes que se vienen desarrollando desde el ministerio en la lucha contra las violencias machistas, contra la violencia de las
mujeres, y por dejar claro que no se puede tener una visión autocomplaciente mientras no hayamos erradicado todas las manifestaciones de violencia contra todas las mujeres. Es importante que haya destacado usted la LOGILS y la LOPIVI, las dos leyes
que han supuesto un cambio de paradigma respecto a cómo estamos reconociendo los derechos de las mujeres, el derecho a proteger de manera integral la libertad sexual y los derechos de la infancia y la adolescencia.


Un par de cuestiones respecto a algunas cosas que planteaba. Cuando hablamos de negacionistas de las violencias machistas, de la violencia que se ejerce contra las mujeres, deberíamos hablar tanto en primer como en segundo término, quienes
somos negacionistas de manera enunciativa y quienes, aunque no lo son de manera enunciativa, acaban pactando gobiernos y acuerdos con quienes sí lo son y, por lo tanto, contribuyen a ese riesgo de retroceso en unos derechos que ha costado mucho
conquistar.


Otra cuestión que planteaba es que las mujeres que sufren cualquier manifestación de violencia puedan reconocer las instituciones como lugares seguros, como entidades y espacios a los que acudir. Aquí enlazo con una cosa que comentaba la
portavoz de Esquerra hace un momento, que tiene que ver con la violencia política contra las mujeres que están en el espacio público y al mismo tiempo esa violencia simbólica de la que se hablaba. Aprovecharía para hacer un llamamiento. En este
sentido, el Ministerio de Igualdad tiene las cosas muy claras, pero quisiera hacer un llamamiento a la Cámara sobre cómo desde este espacio generamos simbología, generamos canon, y cómo se ha ejercido -pienso en las mujeres trans- violencia contra
la existencia y la realidad de todas esas mujeres. En todo caso, si queremos tener debates sobre la práctica política respecto a implementar políticas públicas, no deberíamos caer en este tipo de violencia de carácter simbólico.


Por no extenderme más, me gustaría que desarrollara algo más tres cuestiones en el tiempo que tiene. Una tiene que ver con los centros de crisis que mandata ahora la ley del solo sí es sí, una ley que se ha reconocido como pionera, que ha
vuelto a colocar al conjunto del Estado a la vanguardia internacional en la lucha contra las violencias machistas en sus distintas manifestaciones y que va a ofrecer un acompañamiento de información telefónica, telemática y también presencial las
veinticuatro horas. Se va a aumentar el presupuesto en 30 millones más en 2023 a través de una transferencia de derechos sociales, pero si nos quiere hablar más sobre estos centros de crisis, nos parece algo suficientemente relevante, innovador e
importante en la lucha contra las violencias de carácter sexual. Sobre la ley de trata, esta Cámara, en la X Legislatura, ya se pronunció en una Subcomisión que, además, decía que tenía que tratarse de manera integral la trata con fines de
explotación sexual y nos gustaría que nos contara en qué punto está el desarrollo de esa ley en la que lleva tiempo trabajando el Ministerio de Igualdad y cuál es la previsión que el ministerio tiene de cuándo podría llegar a la Cámara.


Por último, en lo que respecta a la educación sexual, que ya ha comentado, me parecía importante traer a colación para quienes tienen más reticencias las propias palabras de la Unesco en cuanto a la definición que hacen de educación sexual
de carácter integral. Se trata de un proceso de enseñanza y aprendizaje de los aspectos cognitivos, emocionales, físicos y sociales de la sexualidad que tiene una base curricular y cuyo objetivo es dotar de conocimientos, habilidades, actitudes y
valores para disfrutar de la salud, el bienestar y la dignidad. Esto, sumado al punto 28 de la recomendación general CEDAW, que dice precisamente que las niñas -y voy acabando ya, presidenta- y mujeres necesitan acceso a la educación para poder
tomar las decisiones en completa libertad y también a lo necesario que es que salgamos de una visión absolutamente heteronormativa y que entiendan la diversidad y también la diversidad sexual y de identidad de género, como un valor de nuestra
sociedad, nos hace reivindicar su presencia en el currículo académico. También queremos saber cuáles son los avances que el Ministerio de Igualdad consideraría positivos que el Legislativo siguiera en esa línea.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchísimas gracias, señora Fernández.


Por el Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra la señora Toscano.


La señora TOSCANO DE BALBÍN: Gracias.


Señora Montero, ahora no voy a entrar al trapo de sus delirios ideológicos y no me voy a rebajar a hablar de sus mantras sin hablar primero de lo que es realmente importante hoy: hoy vengo a esta Comisión con dolor y con rabia, con dolor
por el asesinato de Olivia y con rabia por su silencio. Señora

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Montero, ha estado varios días en silencio, un silencio atronador ante el asesinato de una niña de seis años, presuntamente asesinada por su madre. Por eso usted, como todo su aquelarre (la señora Berja Vega: ¿Aquelarre?), no se ha
dignado a condenar este crimen hasta hoy que usted ha dado unas migajitas, al igual que su compañera Aina Vidal, que, cuando se le preguntó en rueda de prensa si condenaba el asesinato de una niña, no lo condenó porque no era un asesinato machista.
Queda retratada su miseria moral y la miseria moral del feminismo porque, si una víctima no tiene el asesino adecuado, ustedes la ignoran. (La señora Berja Vega: ¿Miseria moral del feminismo?). Cuando la asesina es una mujer, la víctima no se
merece para ustedes ni un pésame ni un tuit ni una lágrima. No sé qué tienen dentro, señora Montero, les importan las víctimas según quién sea el agresor y les importan solo si conviene a su causa. Déjeme decirle que me parece monstruoso, que solo
una ideología infecta y podrida, como es la ideología de género, puede ignorar el asesinato de una niña y que solo el fanatismo más histérico y la maldad más abyecta pueden callar ante esta tragedia. (Rumores).


Pero el calvario que ha sufrido y sufre Eugenio García, padre de Olivia, con denuncias que fueron ignoradas hasta que la historia ha acabado como ha acabado, no es el único. La ley integral contra la violencia de género va dejando muchas
víctimas en el camino, hombres, mujeres y niños con la vida destrozada, como Jesús que, después de infinitas denuncias falsas, todas archivadas, se ha pasado más de diez años sin poder ver a su hijo; Rafael Marcos, que yo creo que el nombre les
suena, exmarido de María Sevilla, la secuestradora a la que usted llama madre protectora (la señora Berja Vega: ¡Madre mía!), denunciado sin parar siendo inocente; Javier Avellaneda, siete años sin ver a su hijo por denuncias falsas, a pesar de
que ella ya ha sido condenada -me ha dado esta camiseta para usted-, señora ministra (muestra una camiseta): Libertad para Alejandro; Teodoro Leandres, tres años en prisión siendo inocente por denuncias falsas por abusos sexuales por asociaciones
que ustedes riegan con dinero de los españoles; Carlos Valdivieso, falsamente denunciado por su exmujer, denuncias archivadas, quien en dos años ha visto a sus hijos Paula y Adrián media hora (muestra una camiseta); Fernando, denuncias falsas
archivadas, alienación parental, y Florencio, abuelo que ha sufrido denuncias falsas por abusos sexuales a su nieta. Hay tantos casos que podríamos estar aquí días contándolos y hay tantos porque la ley, el sistema y el Poder Judicial solo amparan
a la mujer y miran para otro lado cuando los niños inocentes están siendo maltratados y agredidos. La justicia no puede ser feminista, señora Montero, porque la primera premisa para la justicia es que sea imparcial. Usted tiene las manos manchadas
con las lágrimas de todos esos padres inocentes, de esos niños maltratados, de esas abuelas, de esas hermanas y de esas segundas mujeres que también sufren. (Protestas.-La señora Vallugera Balañà: Señora presidenta, por favor, estamos hablando de
violencia simbólica...).


La señora PRESIDENTA: Por favor, ruego silencio. Ruego que en esta Comisión, como en todas las comisiones de esta casa, nos contengamos y que nos ciñamos al respeto institucional y al decoro de esta casa. Simplemente lo ruego por el
trabajo que todos los grupos parlamentarios desarrollamos. Creo que esta Mesa lo mínimo que puede exigir a los grupos es el respeto a la palabra y que no haya insultos. En esta casa se garantiza la libertad de expresión, pero no se ampara la
palabra con cierta agresividad, y siento decirlo porque a veces provoca una situación muy tensa escuchar argumentarios que no son dignos de esta casa. Ruego, por favor, que todos los grupos parlamentarios mantengan silencio y que dejemos a todo el
mundo trabajar y expresarse con respeto en esta casa.


Puede continuar.


La señora TOSCANO DE BALBÍN: Gracias.


Espero que pida ese respeto también cuando insultan a VOX, señora presidente.


La señora PRESIDENTA: No entre en debate, por favor, señora Toscano.


La señora TOSCANO DE BALBÍN: Continúo. Su fanatismo y sus leyes quieren cambiar nuestra sociedad a costa de inocentes, pero la realidad se impone y la realidad es que la ley integral contra la violencia de género no salva la vida de las
mujeres. La realidad es que la violencia no tiene sexo y que los hombres y las mujeres pueden hacer el mal. La realidad es que esta ley consagra un apartheid contra los hombres intolerable en una democracia.


Acabo ya mi intervención. Como Olivia y los niños que han sido asesinados por sus madres no son dignos de un minuto de silencio yo, mejor que guardar un minuto de silencio, rezo por Olivia y por esos niños, para que sus familias tengan
consuelo y para que ellos descansen en paz.


Gracias. (Aplausos).

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La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Fanjul.


La señora ÁLVAREZ FANJUL: Gracias, presidenta.


Habemus, señora ministra. Parece que hay fumata blanca y no precisamente porque se haya elegido un nuevo Papa, sino porque la señora ministra se ha dignado a aparecer en esta Comisión después de dos años y medio. Si usted quiere se lo
traduzco en días, que seguro que así lo entiende mejor. Son 898 días, 898 días con treinta y seis mujeres asesinadas y un menor solo durante este año y con una niña asesinada hace dos días y una mujer de treinta años asesinada ante su bebé de
catorce meses. Lamentamos profundamente estos crímenes y queremos mandar nuestro cariño a las familias de las víctimas de parte de mi grupo parlamentario.


Antes de que usted nos salga con el cuento de las dos reuniones con Mesa y portavoces, déjeme que le recuerde la importancia de mantener el respeto institucional a esta Cámara y, por consiguiente, a esta Comisión. Porque presentar un
dictamen de renovación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género de hoja y media sin debate, sin consenso y sin previo aviso no es precisamente una normalidad parlamentaria, pero es que este Gobierno, desgraciadamente, nos tiene
acostumbrados a todo lo contrario. Probablemente usted hoy aquí ha estado más nerviosa por el hecho de que un diputado, hasta el lunes de Unidas Podemos, haya sido denunciado por violencia de género por su mujer. Usted ha salvado la papeleta de
comparecer hoy aquí ordenándole dejar su escaño, pero eso ocurrió hace dos días. Posiblemente tuvieron sus más y sus menos y se haya preguntado usted cómo iba a afrontar esta comparecencia precisamente en la Comisión que se dedica a conocer este
terrible fenómeno que afecta aún de manera excesiva a nuestra sociedad.


No queremos dejar pasar este tema por un hecho que ha llamado la atención de los medios de comunicación. Usted acostumbra a denunciar los casos de violencia de género con suma rapidez -claro, solo los que le interesan-, incluso
pronunciándose sobre personas que nunca han sido condenadas y tratándolas de maltratadores, pero en este caso usted guardó silencio toda la semana, se quedó muda. Es sorprendente porque tienen un conocimiento directo en su equipo de los juzgados,
las denuncias y las condenas por varios delitos, delitos como agredir a la policía o delitos contra la autoridad, como es el caso de su asesora Serra o el exdiputado Alberto Rodríguez, también de su grupo parlamentario.


Y con el debido respeto a la presunción de inocencia de toda persona, mostramos desde el Grupo Parlamentario Popular nuestro mayor rechazo a la violencia de género, sea cual sea la actividad a la que se dedique el maltratador, y nuestro
apoyo a las víctimas y a sus familias. Son tantas las polémicas que usted, con la actividad de su ministerio y la suya propia, han levantado durante esta nefasta etapa para la historia de las mujeres en España que, sinceramente, nos ha costado
mucho trabajo elegir las que podemos tratar ahora en esta intervención, y más después de llevar dos años y medio sin comparecer y lo haga ahora sobre once peticiones de comparecencia, pero no podemos dejar pasar la extraordinaria controversia que se
ha creado con el proyecto de ley trans, cuyo plazo de enmiendas al articulado termina hoy. Con este texto usted demuestra que no escucha a nadie ni a los científicos ni a los médicos ni a los psiquiatras ni a los psicólogos ni a los pedagogos ni a
los biólogos ni a las madres ni a los padres de los menores ni tampoco a las feministas, que le avisan del disparate que supone permitir que cualquier persona, menor o no, cambie su inscripción en el Registro Civil tan solo con su decisión, algo
especialmente grave en el caso de los menores de edad.


Tampoco le importa tensionar las relaciones con su socio de Gobierno. Podemos decirle que quizá ustedes ganen esta batalla que mantienen también con una gran parte de las mujeres socialistas, que no serán seguramente lo suficientemente
valientes como para oponerse a este atropello jurídico y defender lo que en conciencia creen, pero el Partido Popular, como Alberto Núñez Feijóo ya ha declarado, derogará estos preceptos de la ley si llega a aprobarse.


Y en materia de violencia de género usted ha conseguido, a trompicones, eso sí, y con el suspense que va aparejado a las propuestas legislativas que usted trae a la Cámara, la aprobación de la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad
Sexual, en cuya tramitación avisamos que la desaparición de la diferencia entre abuso y agresión sexual iba a suponer una ampliación de la horquilla de penas que podrían traer consigo beneficios penales para los ya condenados por delitos de carácter
sexual y que su combinación con el proyecto de ley de igualdad para las personas LGTBI podrían abrir una puerta al cambio de sexo de personas condenadas por delitos sexuales o de violencia de género.


Pues bien, usted nos contestó que el artículo 41.3 ya contemplaba ese problema y lo solucionaba mediante esta redacción. La rectificación de la mención registral del sexo y, en su caso, el cambio de

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nombre, no alterarán el régimen jurídico que, con anterioridad a la inscripción del cambio registral, fuera aplicable a la persona a los efectos de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre. Pero no piensa usted -cómo iba a pensarlo- en la
inconstitucionalidad que supondrá inaplicar la regla de retroactividad de la ley penal más favorable de los artículos 2.1 y 2.2 del Código Penal y del 99.3 de la Constitución española. Según el señor artículo 2.2, tendrán efectos retroactivos
aquellas leyes penales que favorezcan al reo, aunque al entrar en vigor hubiera recaído sentencia firme y el sujeto estuviese cumpliendo condena. Es decir, este hecho no puede ser cambiado por una ley de rango inferior. Y pretenden ustedes -en
especial su secretaria de Estado- tapar la veracidad de este principio a través de insultos a los abogados, llamándolos abogados de violadores y propagandistas machistas. Entonces, tienen ustedes muy malos asesores jurídicos, nula experiencia y muy
pocos conocimientos propios.


La señora PRESIDENTA: Señora Álvarez Fanjul, debe terminar.


La señora ÁLVAREZ FANJUL: Voy terminando, señora presidenta.


Esa combinación resulta muy peligrosa no ya para ustedes, sino para las mujeres españolas y para el conjunto de la sociedad.


Gracias, presidenta. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Muchísimas gracias.


Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Guinart.


La señora GUINART MORENO: Gracias, presidenta.


Ante todo, quiero aclarar que estamos en la Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Estado en materia de Violencia de Género, por si alguien se ha despistado. (Aplausos).


Tenemos que lamentar y condenar un nuevo asesinato machista, el ocurrido ayer en la provincia de Cáceres, cuando una mujer de treinta años fue asesinada por su pareja. Condenamos este y los 1166 asesinatos por violencia de género que se
contabilizan desde 2003. También condenamos cualquier forma de violencia contra la infancia, como el reciente asesinato de una niña en Gijón a manos de su madre. Para evitar y combatir esa violencia aprobamos una ley de protección integral a la
infancia y a la adolescencia. (La señora Berja Vega: Y la votaron en contra). Y de la misma manera condenamos los pronunciamientos negacionistas de la violencia de género y las barbaridades declarativas de la ultraderecha, a las que una sesión
tras otra tenemos que asistir. Lo único que consiguen es alentar la violencia y la misoginia.


Y, ahora sí, señora ministra, bienvenida a esta Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Estado en Materia de Violencia de Género. Comparece usted en un momento crucial, en un momento en el que hay sobre la mesa una
solicitud de creación de una Subcomisión para renovar y actualizar el pacto que suscribimos hace cinco años, una solicitud que ya fue aprobada la semana pasada en esta Comisión y que próximamente deberá ratificar el Pleno. Cuando eso ocurra, podrán
empezar los trabajos, que deberán concluir con el correspondiente informe antes de que finalice el próximo periodo de sesiones.


Aprobamos el vigente informe hace cinco años, fruto de una intensa tarea y de una gran voluntad de alcanzar el máximo consenso por parte de todos los grupos parlamentarios que participamos en 2017, precisamente los mismos grupos que ahora
estamos dispuestos a renovar y actualizar aquel compromiso y a buscar de nuevo el acuerdo.


Han sido cinco años intensos en todos los sentidos, desde el punto de vista político, social y por la coyuntura que nos ha acompañado, trufada de sobresaltos a cual más inesperado. En todos los casos -en la pandemia, la erupción volcánica
en La Palma o la actual guerra de Putin, una guerra en el continente europeo-, las mujeres han padecido sus efectos de manera especial porque la violencia de género, la violencia y la explotación sexual, y, en definitiva, la violencia machista en
todas sus formas, campan a sus anchas y se aprovechan en esos contextos de especial vulnerabilidad para algunas mujeres.


Por eso nos hemos visto obligadas tanto desde el Legislativo como desde el Ejecutivo a dar respuesta a esas manifestaciones de violencia de género fruto de contextos de crisis. Lo hemos hecho con leyes como la 1/2021, de 24 de marzo, de
Medidas Urgentes en Materia de Protección y Asistencia a las Víctimas de Violencia de Género, aprobada para dar respuesta a la situación de las mujeres víctimas en plena pandemia, confinadas con sus maltratadores. Y es el caso también de la
proposición de ley orgánica

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de este grupo parlamentario que modifica el Código Penal y agrava las penas para los delitos de trata de seres humanos desplazados por conflicto armado o catástrofe natural. Esa PL está ultimando su tramitación y en Comisión ha conseguido
ser aprobada por unanimidad. Son cuestiones que el documento de 2017 no las preveía, lógicamente, porque han sido sobrevenidas, pero lo importante es que estamos dando una respuesta ágil y adecuada.


Así pues, tanto desde esta Cámara como desde el Gobierno que preside Pedro Sánchez, con la implicación de diferentes ministerios, pero, de manera especial, algunos como Interior o Justicia, hemos trabajado para desarrollar legislativamente
las medidas del pacto de Estado que lo requerían. Han hecho lo propio en mayor o menor medida las diferentes instancias apeladas en ese acuerdo desde las comunidades autónomas con las que está trabajando el ministerio hasta los medios de
comunicación -Radiotelevisión Española, por ejemplo-, además del Poder Judicial. En resumen, los diferentes actores interpelados por el pacto, porque, efectivamente, este es un acuerdo político suscrito en sede parlamentaria que impregna y que
interpela a todas las instituciones y a la sociedad en su conjunto. Y como dijo acertadamente la portavoz de Igualdad de este Grupo, Laura Berja, en su comparecencia, ministra, en septiembre, ante esta Comisión, el pacto no es de las comunidades
autónomas ni de los ayuntamientos ni del actual Gobierno ni de los futuros gobiernos y lo que tiene de especial es que trasciende a todas esas instancias y las suma a todas en el compromiso porque el pacto, como su nombre indica, es del Estado.


Llegado a este punto, resulta imprescindible contar cuanto antes con una evaluación pormenorizada y adecuada a la estructuración, la formulación y la ordenación de las medidas del pacto de Estado. La Subcomisión, que empezará sus trabajos
en cuanto termine la tramitación de la solicitud, necesita conocer ya el punto exacto de ejecución en el que nos encontramos. Entiéndalo, ministra, como una petición firme de este grupo que, además, creo comparten el resto de los que han registrado
la solicitud de Subcomisión. Celebramos, por supuesto, que lo tenga en agenda, tal como usted ha anunciado hoy en esta Comisión.


La voluntad expresada por el Gobierno en su conjunto respecto al pacto es clara, una voluntad que tiene su máxima expresión en los presupuestos generales del Estado, que continúan su tramitación en el Congreso y que incluyen incrementos de
partidas para combatir la violencia de género, así como una indudable transversalidad en el compromiso contra la violencia machista y por la plena igualdad real entre mujeres y hombres.


Gracias.


La señora PRESIDENTA: Es el turno de la ministra para responder a sus señorías.


La señora MINISTRA DE IGUALDAD (Montero Gil): Muchas gracias, presidenta.


Intentaré dar respuesta grupo por grupo. En primer lugar, quiero decir a la portavoz de Bildu que tomo nota de sus consideraciones. Creo que sabe que somos un Gobierno que tiene bastante conciencia de la plurinacionalidad de nuestro Estado
y precisamente por eso entiendo lo que dice y tomamos nota de ello, y me refiero a la nomenclatura de la estrategia nacional o del pacto de Estado. Soy consciente de la incomodidad con el nombre, pero creo que siempre hemos sido capaces de ponernos
de acuerdo en las políticas que nos permitan proteger a las mujeres en Euskadi y también en España. En todo caso, lo que usted estaba planteando tiene que ver con los acuerdos económicos y con la financiación para las políticas de lucha contra las
violencias machistas en Navarra y en el País Vasco. Sabe que eso no depende directamente de nuestro ministerio, pero a nosotras nos parece perfecto que se contabilice la lucha contra la violencia de género en los acuerdos que tienen que ver con el
cupo. Ahora mismo no es un factor para el cálculo del cupo, pero nosotras estamos de acuerdo con ello y, de hecho, parte del trabajo que estamos haciendo con el catálogo del que antes les hablaba -y del que hoy ha habido una última o penúltima
reunión para poder dar forma a ese catálogo; después me referiré también a ello a raíz de la intervención de la diputada Vallugera- es que estamos construyendo precisamente un marco de financiación estable. Evidentemente, los ejes centrales tienen
que ver con la plurianualidad y con el tipo de partidas al que se pueden destinar los fondos -que son reivindicaciones clave de todas las administraciones competentes que tienen que aplicar las políticas de lucha contra la violencia machista, que
tienen competencias para ello y que tienen que destinar esos fondos del Pacto de Estado de la forma más eficaz posible-, pero el hecho de que exista un catálogo de políticas públicas, de un suelo básico que tiene que permitirnos en todo el Estado
garantizar la atención a todas las víctimas, puede tener también una influencia positiva en la garantía de la financiación en las comunidades con las que hay un tipo de acuerdos especiales. Por tanto, ese es el elemento central de lo que estaba
planteando y ahí podemos colaborar, aunque la determinación del cupo y del concierto económico no es estrictamente de nuestra competencia.

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La portavoz de Ciudadanos me ha hablado de varias cuestiones. En primer lugar, de las mujeres que no continúan con su denuncia o que en algún momento abandonan su proceso de denuncia ante los tribunales en nuestro país y nosotras estamos
muy alineadas en ese sentido con lo que mandata el Convenio de Estambul, que dice claramente que los derechos de las mujeres víctimas de violencias machistas tienen que estar garantizados por parte del Estado sin necesidad de poner denuncia. Antes
se lo decía a propósito de las mujeres víctimas de trata o de explotación sexual, pero esto se aplica a todas las víctimas de violencias contra las mujeres. Precisamente, una forma de garantizar que se sienten seguras para poner una denuncia y para
enfrentar el proceso judicial y todas las dificultades que esos procesos implican -incluso en muchos casos de violencia institucional y de revictimización- es que nunca estén solas y que el Estado despliegue y garantice todos los mecanismos de
atención integral a esas mujeres víctimas. Si desde el principio tienen garantizada la asistencia psicológica, el acompañamiento de un trabajador o de una trabajadora social, la asistencia jurídica para comprender cuáles son las vías legales de
denuncia que tienen, si tienen garantizada una vivienda o un salario o si saben que sus hijos e hijas están escolarizados y van a estar de forma eficaz protegidos, eso da muchas más condiciones de seguridad para denunciar que si no tienen acceso a
esos derechos. Por tanto, el trabajo central que hemos hecho desde el ministerio, precisamente para el cumplimiento de esa y de otras muchas medidas del Pacto de Estado y también en cumplimiento de la legislación vigente y del Convenio de Estambul,
tiene que ver con garantizar la atención integral especializada a todas las mujeres víctimas de todas las formas de violencia, porque precisamente garantizando la atención integral y el acceso a los derechos sociales y económicos se les permite a
muchas de ellas sentirse seguras y tener -no solamente sentirse- de verdad condiciones de seguridad, no solamente para denunciar, sino para afrontar esos procesos. Eso es especialmente relevante -por eso se lo decía a propósito de la trata con
fines de explotación sexual y en general de todas las formas de trata y explotación sexual- para las formas más crueles de violencia y para las mujeres que están en una situación de mayor vulnerabilidad. Pienso, por ejemplo, en las mujeres
migrantes en situación administrativa irregular. Si no somos capaces como Estado de garantizarles derechos sin necesidad de que pongan denuncia o de que colaboren con la justicia o con las autoridades policiales, ¿qué más les podemos pedir a esas
mujeres? ¿Cómo puede nuestro Estado seguir pidiéndoles eso a cambio de garantizarles derechos? Debe ser al revés: primero les garantizamos los derechos y después acompañamos y facilitamos, con esa garantía de derechos, que además denuncien y que
nos permitan perseguir a los agresores o la industria proxeneta.


Me preguntaba también por la atención psicológica a los agresores. Sabe que eso se produce en nuestro país tanto en tareas individuales como en terapias grupales, pero no obstante yo creo -y por eso lo decía al final de mi intervención- que
necesitamos un debate político que nos permita cada vez más afinar el tipo de políticas públicas y de propuestas políticas que hacemos para que los hombres tengan claro cuál puede ser su papel en la lucha contra las violencias de las mujeres. Creo
que ya vamos tarde cuando trabajamos con un agresor; es necesario, pero vamos tarde. Nuestro objetivo tiene que ser trabajar desde las edades más tempranas -precisamente por eso ponemos tanto foco y tanta atención en la educación sexual- para
prevenir y detectar de forma precoz las violencias -solemos pensar en las mujeres víctimas-, es decir, para detectar precozmente cuáles son las mujeres víctimas que están sufriendo violencia y que necesitan de la atención por parte del Estado, pero
también para ser capaces de pensar qué hacemos con los agresores. Cada vez que hay una víctima hay un agresor, y en la violencia machista es así. Claro que no todos los hombres agreden, pero todos los que agreden son hombres. (La señora Toscano
de Balbín pronuncia palabras que no se perciben). Por tanto, ahí tenemos una tarea que hacer y es una tarea que tiene que ver más con la prevención. Por eso les decía que es una reflexión -últimamente trabajamos mucho en el ministerio en cuáles
son los próximos pasos que hay que dar en materia de políticas públicas y también de campañas de concienciación y sensibilización, que son otro eje de trabajo del Pacto de Estado- que tiene que ver con cómo podemos facilitar que los propios hombres
rompan el pacto entre caballeros. Sigue ocurriendo todavía que son los propios hombres los que legitiman, normalizan, protegen, disculpan y relativizan los actos de violencia que ejercen sus compañeros de trabajo y sus amigos en contextos de ocio,
laborales y familiares. Esa ruptura del pacto entre caballeros es fundamental, porque muchas veces para un agresor la palabra de una mujer no tiene el mismo valor que la palabra de uno al que sí considera su igual. Por tanto, romper ese pacto
entre caballeros es fundamental. Y que todos los hombres sepan que pueden y deben hacer algo, no solamente para tender la mano a una víctima, sino sobre todo para parar los pies a los agresores -igual que lo estamos haciendo las feministas desde
hace mucho tiempo-, es una tarea fundamental sobre la cual tenemos la obligación

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de reflexionar y pensar en cómo puede traducirse también a políticas públicas. Es un trabajo que ya se apunta en el Pacto de Estado pero, desde luego, creo que institucionalmente tiene todavía mucho desarrollo. Y eso si hablamos del ámbito
de las violencias porque, cuando hablamos de la corresponsabilidad en las tareas de cuidados y en las tareas del hogar y de la asunción de los cuidados como un derecho y también como una tarea fundamental para la vida que no puede recaer en
exclusiva sobre los hombros de las mujeres, todo suma a esa reflexión que institucionalmente tenemos que hacer, porque España cada vez lo reflexiona más.


Varias de ustedes me han preguntado, entre ellas la diputada Fernández Castañón, por si podía dar un calendario más concreto de la ley de trata. Estamos trabajando para que pueda ser en las próximas semanas. No puedo dar más detalles
porque, además, no es una ley que dependa solo del Ministerio de Igualdad, pero creo que saben bien cuál es el histórico del debate y del trabajo al respecto de esta ley y sí que les puedo decir ya que va a ser en las próximas semanas. Soy
consciente -de nuevo vuelvo a insistir en ello- de que este debate en los movimientos feministas en España es un debate de largo aliento. El debate sobre la prostitución siempre ha removido las entrañas y hay pocos debates que hayan permanecido
durante tantas décadas presentes, con posiciones muy diversas entre compañeras feministas -compañeras que han sido capaces de construir enormes consensos juntas y de protagonizar las principales movilizaciones que en nuestro país han permitido el
avance de derechos-, pero yo creo que el objetivo de esta Cámara, más allá de poder dar nuestra legítima opinión al respecto, tiene que ser la búsqueda de consensos -no me escucharán ser una defensora del consenso por el consenso-, ya que en esto
tenemos una obligación como Estado y como instituciones, que es básicamente la que nos mandatan los organismos internacionales, que es proteger a las víctimas, por un lado, de lo que todas, independientemente de nuestra posición ideológica,
consideramos que son violencias contra las mujeres, que son la trata con fines de explotación sexual y la explotación sexual, también a las mujeres que están en contextos de prostitución, porque incluso, aunque no las consideremos víctimas, sí
sabemos que son mujeres que están en una situación de vulnerabilidad, que corren riesgo de sufrir violencias, insisto incluso aunque no las consideremos víctimas y, por tanto, merecen atención y protección por parte del Estado, y, por otro lado,
perseguir la industria proxeneta, que se está llevando 5 millones de euros al día en dinero negro, y sus tratantes. Entonces, creo que con esos objetivos de consenso hemos estado a punto en más de una ocasión de llegar a soluciones respecto a
políticas públicas, incluso modificaciones del Código Penal, que nos permitan avanzar en el cumplimiento de unos objetivos que nunca se han perseguido eficazmente. Esta es la primera legislatura en nuestro país en la que hay un plan de inserción
para mujeres en contextos de prostitución. Ninguna administración antes había pensado en destinar un solo euro de las arcas públicas a mujeres que están en contextos de prostitución para poder garantizar vivienda o acceso a documentación, si lo
necesitan, o para poder garantizar acceso a un plan de inserción sociolaboral a nivel estatal. Estoy hablando de la Administración General del Estado. Esto es la primera vez que ocurre en nuestro país. La persecución de la industria proxeneta ha
recibido diferentes tentativas de solución a nivel de Código Penal, pero los informes de Fiscalía son tozudos: siguen en la más absoluta impunidad. Ha habido varias reformas legislativas que han pretendido ese objetivo. Yo he hablado mucho de
esto con compañeras que saben mucho de la persecución de la industria proxeneta, y creen que incluso ha habido buena intención en alguna de esas reformas. Es decir, la lógica con la que se hicieron algunas de esas reformas pretendía ser más eficaz
en la lucha contra las violencias que se ejercen en este ámbito, contra la trata y contra la explotación sexual y no se ha conseguido.


Hay también mucha hipocresía en este debate, porque todas sabemos que el perfil de los proxenetas no es solo el prototipo de perfil de proxeneta que se nos viene a la cabeza cuando hablamos de este tema. Yo creo que tenemos obligación de
avanzar, independientemente de que tengamos posiciones ideológicas muy distantes. Saben cuál es la mía. Yo soy abolicionista, y sí, la orientación del ministerio y del Gobierno de coalición es claramente abolicionista, pero, independientemente de
eso, tenemos la obligación de llegar a consensos, y eso es en lo que estamos trabajando desde el principio en el ministerio.


Preguntaba también la diputada Giménez por la coordinación con Interior para algún tipo de protocolo en materia de lucha contra el racismo. Saben que en el plan anual normativo incorporamos a principios de este año una ley integral contra
el racismo. Todas esas medidas las estamos trabajando ya en el contexto de esa ley que esperamos que podamos presentar antes de que acabe la legislatura. Si queréis, en otro contexto -en la propia Comisión de Igualdad o como veáis-, lo podemos
hablar con un poco más de calma, por respetar los temas de trabajo de esta Comisión.

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Hay una cuestión muy importante a la que hacía referencia la diputada Vallugera sobre la modificación de penas, que también ha sacado el Partido Popular con la intención de criminalizar los avances feministas; en el caso de la diputada
Vallugera, con otro sentido. Sí, efectivamente, esto es propaganda machista; es el recurso que les queda a los defensores de los agresores sexuales cuando se avanza en la protección de los derechos de las víctimas y cuando se avanza en nuestra
sociedad hacia una cultura del consentimiento que ya no legitima ni normalizan ni blanquea las agresiones sexuales. Lo digo con toda claridad: Es propaganda machista. Tanto la Fiscalía General del Estado como la jurisprudencia en nuestro país son
claras respecto a que, si las penas impuestas entran dentro del nuevo rango de penas, de la nueva horquilla de penas que sale de la nueva ley, no cabe la revisión de penas. La jurisprudencia es clara en torno a esto; también las comunicaciones de
la Fiscalía General del Estado. Es verdad que todo condenado tiene derecho a pedir, con la modificación de una ley, una reducción de penas. Como vivimos en un contexto donde es más importante el titular que se saca para generar terror sexual, para
volver a criminalizar la lucha feminista, para poner en cuestión los avances feministas y para hacer dudar a las mujeres, ocurre lo que ocurre, que salen muchos titulares escandalosos, pero todavía no se conoce una sola reducción de penas, y no se
va a conocer, es propaganda machista. (La señora Berja Vega: ¡Muy bien!). Insisto, es el único recurso que les queda a los defensores de los agresores cuando hay avances feministas no solo en materia legal para proteger a las víctimas, sino
también en una cultura sexual que ya pone el consentimiento en el centro y que cada vez blanquea, normaliza y disculpa menos las actitudes machistas y, por supuesto, todas las formas de violencia contra las mujeres.


Usted hablaba también de violencia obstétrica. Yo me he manifestado muchas veces de acuerdo; no por nada, sino porque España acumula ya varias condenas por violencia obstétrica. Sin embargo, también he sido muy clara respecto a que creo
que el acuerdo que hemos alcanzado en la ley del aborto -y lo podrán ustedes debatir en las próximas semanas- es un buen acuerdo, porque nos permite poner encima de la mesa una solución. A mí me hubiese gustado que reconociésemos la violencia
obstétrica y sé que hay diversos grupos parlamentarios que lo han propuesto, que lo defienden y que lo van a seguir defendiendo. Creo que nuestro Estado hará bien, ya que en la medida en que reconozca las violencias, permitirá la reparación de las
violencias sufridas y la reparación a esas mujeres a las que nadie les va a quitar ya la violencia sufrida. Desde luego, la reparación institucional, aunque no es la única, es parte de los mecanismos que sabemos que son eficaces para combatir las
violencias. Creo que, en todo caso, haber establecido que la estrategia de atención al parto normal tiene que estar en el centro, en todos los paritorios, en todos los hospitales y en todos los servicios ginecológicos y de atención al parto en
nuestro país es un avance significativo; un avance, sobre todo si se implementa, lógicamente. Precisamente por eso también les decía que creemos que hemos dado pasos de gigante en esta legislatura, pero ahora somos conscientes de que queda mucho
trabajo, porque estamos reconstruyendo el armazón normativo de nuestro país, ampliando muchísimo las políticas públicas, pero eso, si no se despliega de forma eficaz, va a seguir derivando en una vulneración de los derechos de las mujeres. Por
tanto, una de las tareas que tenemos es la de acompañar esa aplicación de esos acuerdos. Pero la solución para evitar la violencia obstétrica es que a cada paritorio lleguen los protocolos de atención al parto normal y que seamos capaces de
proteger la actividad del personal sanitario. Hay también muchísimas matronas, muchísimo personal de los servicios ginecológicos y de obstetricia que cada vez saben más de esto, que se actualizan y que dan la mejor de las atenciones, y hay muy
buenos ejemplos de buenas prácticas, algunos de ellos en Cataluña. También en eso nuestro país, nuestro país de países, está avanzando mucho, y yo creo que eso también es importante que lo reconozcamos. Soy consciente de que la otra cara hubiese
sido también importante, y podemos seguir peleándola, pero creo que este es un paso, sin duda, fundamental.


Estoy de acuerdo con lo que decía -creo que me he extendido suficientemente- sobre la cuestión de la trata y la explotación sexual. Desde luego, hay muchas cosas que sí podemos hacer y debatir, pero, en mi opinión, si hay algo que podemos
hacer, si hay algo que tiene que estar fuera del debate es la estigmatización, la criminalización o la mayor vulnerabilidad para las mujeres que están en contextos de prostitución. Eso creo que tiene que ser una premisa fundamental. Nosotras no
estamos aquí para preguntarnos sobre las decisiones individuales o no, estamos para preguntarnos sobre cómo organizamos la sociedad para que en la sociedad no existan violencias contra las mujeres por el hecho de ser mujeres. Yo por eso soy
abolicionista. En todo caso, lo que sí pienso, también como abolicionista, es que cualquier debate institucional que demos tiene que pasar por la protección de los derechos de las mujeres y, desde luego, nunca por su criminalización o por su
estigmatización o por que el debate pase por unas mayores

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condiciones de vulnerabilidad para mujeres que están en contextos de prostitución. Creo que eso también podría ser un consenso en el que estemos todas de acuerdo.


En lo que no estoy nada de acuerdo, y no lo voy a dejar pasar, señora Vallugera, es en que usted nos diga que tenemos mentalidad jacobina. Admiramos algunas cosas de nuestros vecinos franceses, incluso también admiramos la Revolución
francesa, pero no. En esa estrategia estatal, en esa estrategia que denominaba nacional en mi primera intervención, hemos contado con el trabajo y con el consenso de todos los territorios, igual que para la elaboración del catálogo. Tenemos una
forma de trabajo que se basa en el consenso, y le aseguro que son muchas horas de trabajo, pero que hay predisposición para el acuerdo. No hay una dinámica de enfrentamiento territorial ni de incomprensión de las realidades territoriales en nuestro
país, todo lo contrario. Espero que me lo diga usted, porque sabe que tenemos una vocación transformadora estructural de las bases de desigualdad de nuestro país. De ahí la referencia a la Revolución francesa. Espero que sea por eso.


La diputada de Unidas Podemos, la diputada Castañón, hacía referencia a la trata. Ya hemos hablado de ello. También a la educación sexual. Para nosotras ese es un pilar de la acción de este Gobierno. También va a ser otro de los
elementos en cuya implementación tenemos que trabajar, junto al Ministerio de Educación, junto a las comunidades autónomas, para implementar realmente la obligatoriedad de la educación sexual desde las edades más tempranas y que sea una formación
integral, una formación completa, que nos permita detectar las violencias y nos sirva para dar herramientas para su identificación y para pedir ayuda; que nos sirva para conocer la diversidad de los cuerpos, las diferentes orientaciones sexuales,
las diferentes identidades de género; que nos sirva para conocer el consentimiento y para reflexionar sobre que tratar bien está bien y tratar mal está mal, y que nos sirva para comprender que nadie se puede burlar de nadie por la forma o por el
tamaño de su cuerpo. En todo ese camino creo que vamos a tener una mayoría parlamentaria que sostenga que la educación es un pilar para la erradicación de las violencias contra las mujeres, y no solo, también para otras muchas más cosas, para una
vida más democrática, más feminista, menos desigual y, por tanto, más justa. Desde luego, en materia de violencias, la educación sexual es un pilar de la prevención de las violencias a corto, a medio y a largo plazo.


Le agradezco también al Grupo Socialista su intervención. Perdonad que vaya antes de las intervenciones de VOX y del PP, a las que voy a contestar, desgraciadamente, de forma conjunta, porque no se han distinguido en nada.


Ustedes hablaban de la evaluación del pacto de Estado y, efectivamente, tenemos ese compromiso de presentarlo cuando termine el ejercicio presupuestario y de que esté a su disposición para facilitar los trabajos que tienen que hacer para la
actualización del dictamen. Creo que debemos celebrar que haya un compromiso compartido -del que su grupo parlamentario, ustedes y su partido han sido y siguen siendo, sin duda, protagonistas todos estos años- en la lucha contra todas las
violencias contra las mujeres. Tenemos muchos retos pendientes juntas. Tenemos una responsabilidad compartida -más con lo que tenemos en frente- a la que yo creo que no podemos fallar, una responsabilidad de garantizar que nuestro Estado
despliegue de la manera más fuerte que pueda todos los mecanismos para luchar contra todas las formas de violencia contra las mujeres y que eso permanezca en nuestro país gobierne quien gobierne. Y, por supuesto, debemos intentar seguir gobernando
quienes creemos en la lucha contra las violencias machistas, porque lo que tenemos enfrente es un negacionismo cada vez más salvaje y cada vez más desvergonzado y más orgulloso y que sitúa cada vez más en el centro de su acción política la
criminalización de las feministas y la negación de las violencias machistas. Ese es un problema de Estado que tiene nuestro país y que tenemos la obligación de enfrentar de forma conjunta, incluso aunque tengamos diferencias grandes o pequeñas en
uno o varios temas de este ministerio o de otros.


Para finalizar, respecto al Partido Popular y a VOX, ustedes tienen un problema muy grave con la democracia, y es que no se la creen. Ustedes no creen que debamos vivir en una sociedad donde los hombres y las mujeres seamos iguales en
derechos y tengamos el mismo acceso a los derechos. (La señora Cruz-Guzmán García: ¿Nosotros?). Ustedes no reconocen que existe una desigualdad estructural que hace que las mujeres, por el hecho de ser mujeres, tengamos, por ejemplo, más riesgo
de sufrir violencias, o más riesgo de cobrar menos por el mismo trabajo, o más riesgo de ser asesinadas a manos de nuestras parejas o exparejas, o más riesgo de caer en situaciones de pobreza y de caer en situaciones de vulnerabilidad y, por
supuesto, de asumir de forma mayoritaria, obligada o no, la mayoría de las tareas de cuidados en nuestras familias y en nuestros entornos más cercanos, y más cuanto más vulnerables y en situación más precaria están las mujeres.

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A mí, de verdad, me provoca vergüenza su campaña de criminalización de las mujeres. Que ustedes usen hoy con tanta crueldad el asesinato de una criatura para intentar atacar al feminismo, para intentar decir: Uy, claro, como ha sido una
mujer, ahora las feministas no van a condenar este asesinato. Claro, pero luego llegamos a esta Cámara, señorías, proponemos una ley de lucha contra todas las formas de violencia contra la infancia, y ustedes se abstienen y ustedes votan en contra.
Entonces, ¿Qué vienen a contar? ¿Qué vienen a contar? (Aplausos). ¿Qué nos vienen a contar a esta Cámara, señorías? ¿Qué nos vienen a contar? (La señora Redondo Calvillo: Hay que leer.-Rumores).


Ustedes no solamente tienen una tribuna privilegiada, como son las instituciones, desde la cual pueden defender sus discursos antidemocráticos, contrarios a los derechos humanos, negacionistas de la violencia contra las mujeres. Si ustedes
fuesen patriotas, se leerían mismamente el Reglamento de esta Cámara, la Constitución española. Tienen ustedes obligaciones como parte de uno de los poderes del Estado para legislar, para hacer políticas públicas que permitan resolver los problemas
de la gente. (La señora Cruz-Guzmán García: ¡Y usted también!). Eso es la política.


Ustedes, cuando ven que existe un problema de violencia contra la infancia, ¿qué hacen? Votar en contra de toda la acción del Gobierno, que está siendo pionero a nivel internacional en la protección de las violencias contra la infancia;
proteger a los agresores sexuales cuando forman parte de la Iglesia católica, legitimarles, normalizar esas violencias si vienen de la Iglesia católica, impedir que se investigue. (Una señora diputada: ¿Y la de Baleares?-Rumores). Eso es lo que
hacen ustedes: normalizar, blanquear la violencia, negar que existe violencia contra las mujeres y ser sus cómplices en ello. ¡No lo puedo comprender, de verdad! Es que no se puede a la vez firmar el pacto de Estado y que ustedes hoy vengan y
digan: ¡Uy, si era una página y media! Oigan, pues haber propuesto ustedes alguna medida para que fuesen dos páginas. Haber propuesto ustedes algo, porque ustedes lo que hicieron fue coger el documento y decir: Sí, lo firmamos. No podemos no
firmar la actualización del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. De hecho, estamos de acuerdo en que es necesario blindar la financiación del pacto de Estado, mejorarla, trabajar sobre los problemas estructurales, la plurianualidad, que
se puedan destinar a capítulo 1, a capítulo 6. Si es que estamos de acuerdo en muchas cosas. Trabajamos bien con ustedes, señorías del Partido Popular, cuando están en comunidades autónomas y tienen que gestionar, pero aquí vienen con el discurso
de criminalización de las feministas, de criminalización del Gobierno de coalición, del Ministerio de Igualdad. Contra mí pueden hacer lo que quieran, pero tienen un problema, y es que vamos a estar aquí, que estamos aquí, ¡que no nos vamos! Lo
siento mucho, es lo que hay, señorías. Contra mí, hagan lo que quieran, pero vigilen, porque están ustedes en una línea muy delgada, en la que para atacar al Gobierno de coalición están poniendo en duda su propio compromiso feminista, su propio
compromiso con el Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Están amparando gobernar con señores que llaman privilegiadas a las víctimas de violencia machista desde la vicepresidencia de Castilla y León. (La señora Toscano de Balbín: ¡Pero
qué dices!). De verdad, ¡es vergonzoso! Es vergonzoso que eso pueda ocurrir en nuestro país y que ustedes no hagan nada con tal de seguir gobernando en Castilla y León. Es impresionante que eso pueda ocurrir.


Negar la violencia de género desde un Gobierno autonómico, llamar privilegiadas a las víctimas, eso es lo que hacen. Sí, señoría, pero es que hablamos de las cosas que son importantes. (La señora Cruz-Guzmán García: Eso, eso). Claro,
hablemos de esto, porque cuántas mujeres, cuando escuchan al vicepresidente de su Gobierno en Castilla y León, después pueden decir: Oye, pues si mi marido me suelta una torta, a lo mejor me pega lo normal. (La señora Toscano de Balbín: ¡Venga
hombre!). Como se decía hace no tantos años: Mi marido me pega lo normal. A lo mejor hay mujeres que no se atreven a denunciar, que dicen: Es que si me encuentro con uno de esos que desde las instituciones dice que la violencia no tiene género,
cuando yo vaya a denunciar que mi marido me pega, me dice que me vuelva a casa, y encima se lo cuenta a los amigos en el bar y termino yo siendo la víctima, la señalada y revictimizada. Claro, es que esa es la realidad a la que se enfrentan muchas
mujeres en nuestro país cuando escuchan los discursos negacionistas, señoría, que no se atreven a ir a las instituciones, que no las sienten como lugares seguros, porque piensan que si se encuentran con uno de esos señores o señoras de VOX les van a
decir: Pues nada, vuélvanse a su casa, que la violencia no tiene género. Apáñese usted como pueda. Ese es el problema al que nos enfrentamos, señoría. No son discursos que se queden en un tuit, en un titular, en una confrontación que sacar por
YouTube. El problema es que esto tiene una consecuencia directa en la vida de las mujeres víctimas. Yo creo que tendría que haber un compromiso unánime de esta Cámara para mandarles siempre a las mujeres el mensaje, primero, de que la violencia de
género y la violencia contra las mujeres existe y de que ellas

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no son las culpables de esa violencia ni por cómo se vistan, ni por lo que digan o por lo que hagan, ni por el trabajo que tengan, ni por el lugar en el que vivan, y segundo, que tenemos la obligación de desplegar todos los mecanismos del
Estado para garantizar sus derechos, con independencia de que pongan o no denuncia.


Y, por último, sobre las madres protectoras. Cuando un maltratador asesina a sus hijos o hijas, entonces lloramos, pero cuando estamos diciendo con claridad que es necesario proteger a las madres que luchan para defenderse a sí mismas y a
sus hijos e hijas de la violencia machista, que es necesario dejar de criminalizarlas y establecer mecanismos eficaces de protección de esas madres protectoras, entonces les parece a ustedes muy mal. Solo les parece bien que intervengamos cuando se
asesina a sus hijos e hijas. Cuando se les pone en grave riesgo psicológico, emocional, físico... Cuando llega al asesinato, todos y todas lo condenamos. ¿Saben lo que yo quiero? No tener que condenar un asesinato más de un niño o de una niña a
manos de su agresor, del maltratador de su madre y de esa criatura. Prefiero proteger a las madres protectoras; sí, lo prefiero. (La señora Toscano de Balbín: ¿Y a los padres protectores?). Prefiero proteger a las madres protectoras y a sus
hijos e hijas para que no les terminen asesinando y para que España no tenga condenas por dejar solas a esas mujeres. Tienen que informarse un poco más antes de venir a esta Cámara. (La señora Cruz-Guzmán García: ¡Y usted!). ¡Por respeto!, ¡por
respeto!, ¡por respeto! Por respeto a las víctimas, ya no a esta Mesa o a este ministerio, por respeto a las víctimas. (Rumores). Hablamos de vidas, de vidas truncadas, de asesinatos. (Continúan los rumores.-La señora Toscano de Balbín pronuncia
palabras que no se perciben). Estoy yo en el uso de la palabra, señoría. Lo mínimo que le pido es respeto.


La señora PRESIDENTA: Por favor, el turno de palabra lo tiene la señora ministra, exactamente igual que han tenido todos los grupos parlamentarios el uso de la palabra. Por lo tanto, pido respeto. Es que no se escucha al final nada,
absolutamente nada.


La señora MINISTRA DE IGUALDAD (Montero Gil): Creo que tenemos la obligación de utilizar otras herramientas y otros elementos para el debate político. Reconocer que la violencia contra las mujeres es una cuestión de Estado -ustedes no lo
hacen, pero se supone que el resto de la Cámara sí- implica que en estos debates tengamos un poco de seriedad y que los afrontemos con la conciencia de que tenemos la obligación como Estado de garantizar todos los derechos para todas las mujeres
víctimas.


Por último, y con esto termino, han hecho ustedes referencia, señorías del Partido Popular, a la ley trans. Tan disparate es la ley, que ustedes mismas, en 2019, pusieron su firma a favor de la libre determinación de la identidad de género.
(Aplausos). Tan disparate es, señoría, que lo han aprobado en casi todas las comunidades autónomas de nuestro país; en la última, en Canarias, por unanimidad. A lo mejor el disparate se lo tienen que hacer mirar ustedes entre sus filas.
(Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Muchísimas gracias, señora ministra.


A continuación, los grupos parlamentarios tienen un turno de tres minutos de réplica, si así lo consideran.


Comenzamos con el Grupo Parlamentario Bildu, la señora Pozueta.


La señora POZUETA FERNÁNDEZ: Señora ministra, tan solo quiero volver a incidir en la necesidad del desbloqueo cuanto antes del pago a la Comunidad Foral de Navarra de los fondos correspondientes al Pacto de Estado contra la Violencia de
Género. Entiendo que el Ministerio de Igualdad no participa en la Comisión Coordinadora del Convenio Económico, pero solicito un compromiso de este ministerio para que, en lo que le compete, reme en la dirección que ayude a ese desbloqueo; es
necesario. Y, además, quiero volver a recordar que hace unos meses solicitamos información sobre la cuantía y no hemos recibido respuesta. Veremos los cauces por los que se nos puede facilitar esa información, porque la necesitamos cuanto antes.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchísimas gracias, señora Pozueta.


Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, la señora Giménez.


La señora GIMÉNEZ GIMÉNEZ: Gracias, presidenta.


Únicamente quiero resaltar la importancia de tener en cuanto se pueda -nos ha dicho que es a corto plazo- el calendario de trabajo de la ley de trata, que creo que es de interés común.

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En relación con el pacto de Estado, quería incidir sobre todo en la materia evaluativa de la que hemos estado hablando. Es necesario que nos pongamos a evaluar qué medidas se han implementado y qué medidas siguen pendientes, o sea, el
trabajo puro y duro a nivel técnico, que creo que compete a todos los que estamos implicados en la lucha contra la violencia machista. Hay que evaluar e incluso actualizar, incorporando nuevas formas de violencia que se identifican en la
actualidad, con todos los temas que hemos visto en relación con la sumisión química, que ahora está siendo utilizada, o con el uso de las redes sociales o de Internet en relación con las situaciones de violencia en mujeres jóvenes, para ir
actualizando también las medidas. Desde nuestro grupo parlamentario les animamos a ponerse cuanto antes a hacer esa evaluación y a trabajar en la puesta a punto tanto de esa renovación como de la ley de trata.


Gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchísimas gracias.


Por el Grupo Parlamentario de Unidas Podemos, la señora Fernández.


La señora FERNÁNDEZ CASTAÑÓN: Gracias, presidenta.


En realidad quiero compartir algo que en mi grupo parlamentario no vamos a dejar de señalar. Hay un marco para nuestras intervenciones, que es el que nos da, por ejemplo, el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos. Se trata de no caer en
algo que ya se ha reconocido internacionalmente como delito de odio y no caer en determinados señalamientos. Creo que la palabra hay que valorarla. No nos engañemos, tampoco es que tengamos aquí -salvando excepciones, seguro- un nivel de retórica
que haga que haya que salvaguardar la palabra por encima de salvaguardar la dignidad de las personas; creo que a esto segundo es a lo que nos debemos como mandato democrático. En una comisión que nace para hacer un seguimiento del pacto de Estado,
en tanto que reconoce la existencia de la violencia de género, de las violencias machistas y de la violencia contra las mujeres, podemos tener los debates terminológicos y los debates de práctica de políticas públicas que queramos, pero no podemos
estar saltándonos ese consenso democrático que no es que sea de esta Cámara, es un consenso democrático de la ciudadanía que esta Cámara refleja. Me parece que caer en determinadas cuestiones y que nos salvaguarde una palabra, que tampoco me parece
que tenga una retórica para nada brillante, es un problema para el propio trabajo de esta Comisión. Y lo voy a decir muy claro aquí: Mientras tengamos que estar recordando lo que esta Comisión tiene que hacer, nos costará mucho avanzar en aquella
que es su tarea principal, que es la de hacer seguimiento, la de ver cómo se implementan y la de evaluar las políticas públicas que sirvan para erradicar la violencia contra las mujeres.


Hay otra cosa que creo que no podemos hacer, y lo dice alguien a quien han educado para portarse muy bien, para hacer siempre las cosas perfectas y para quedarse callada muchas veces. Creo que ante determinadas cuestiones tenemos el mandato
democrático de no quedarnos calladas. Habrá quienes lo utilicen como una estrategia para llamar la atención, pero en la cámara de representación de la ciudadanía, ante el discurso que niega las violencias machistas, no nos podemos quedar calladas.
Pediría que entendiéramos que asistir a esta Comisión es aceptar que la violencia machista existe y, a partir de aquí, que nos dejasen a todas trabajar. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: El siguiente turno parlamentario es para el Grupo VOX, la señora Toscano.


La señora TOSCANO DE BALBÍN: Gracias.


Me temo que el hecho de que se rompa el consenso y de tener que oír opiniones distintas a las suyas es lo que tiene la democracia, lo contrario es dictadura. (Aplausos).


Dicho esto, veo que, señora Montero, usted oscila entre el silencio y la mentira. El silencio, que antes no me dio tiempo a decírselo, porque, aparte de la condena del asesinato de la niña, también se ha callado ante la denuncia a un
compañero suyo de Podemos, a Miguel Ángel Bustamante. Una de dos, en este caso, señora Montero: o ella dice la verdad y su compañero es un agresor o entonces VOX tiene razón y existen las denuncias falsas. Aquí también me llamó la atención su
silencio.


Hoy ha vuelto a sacar su discurso de odio y sus mentiras. No sé ni por dónde empezar, con todas las barbaridades que ha dicho. A nosotros sí nos pueden decir barbaridades; nosotros no podemos criticar a nadie, pero ustedes sí pueden
decírnoslas a nosotros. Usted tiene el discurso de odio dirigido a dos objetivos. El primero, contra los hombres. Por eso les quieren reeducar; por eso solo visibilizan la violencia que ejercen los hombres, no la que ejercen las mujeres; por
eso hablan de violencia vicaria e incluso nos prohíben hablar de alienación parental; por eso hay tribunales de excepción para hombres; por eso el

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artículo 94 del Código Civil impide que un hombre pueda ver a sus hijos, aunque no haya una sentencia; por eso se acredita la condición de víctima a una mujer, aunque no haya sentencia; por eso necesitan adoctrinar a nuestros hijos en que
la violencia que existe solo es del hombre hacia la mujer; por eso hablan de espacios seguros, de cultura de la violación, como que todo el sistema patriarcal está contra las mujeres. Eso es un discurso de odio contra el hombre.


Luego está el discurso de odio contra VOX, porque como somos los únicos disidentes aquí, tienen que acusarnos de las salvajadas que nos acusan, como que nosotros decimos que las víctimas de los asesinatos son unas privilegiadas. Eso jamás
lo hemos dicho, y le reto a que me demuestre cuándo hemos dicho eso. Nos acusan de agredir a homosexuales o de alentar la violencia. La ley de infancia no la hemos apoyado porque todas las leyes que hacen las pervierten con ideología de género;
por eso no hemos apoyado la ley de infancia, porque en esa ley de infancia también está previsto que a un hombre, sin sentencia, se le pueda quitar la custodia de sus hijos, aunque sea inocente. Nos han acusado de apoyar de alguna manera la
pederastia porque nos negamos a apoyar la comisión para investigar los casos de pederastia en la Iglesia católica. Nosotros nos opusimos porque consideramos que no era el contexto el Congreso de los Diputados; creemos que tiene que ser la justicia
quien lo investigue. Y queremos que se investiguen todos los casos de pederastia, de la Iglesia católica y de cualquier institución y particular, todos. Miren a ver por qué solo quieren investigar los de la Iglesia católica. Nos han acusado de
ser defensores de los agresores. Son acusaciones gravísimas, y todo porque decimos que el emperador está desnudo, que esta ley atropella derechos fundamentales de la mitad de la población, de los hombres, y vamos a seguir diciéndolo. Queremos
igualdad ante la ley, queremos presunción de inocencia, ni más ni menos. Y felicitamos a nuestro compañero, Juan García Gallardo, por su iniciativa en Castilla y León -termino enseguida- para que los fondos y los medios para luchar contra la
violencia doméstica sean para todos, sin importar que sean hombres o mujeres.


Termino ya con las palabras que ha dicho Eugenio García, el padre de Olivia. Esto no va de hombres y mujeres. Esto va de buenos y malos, señora ministra, esto no va de hombres y mujeres, esto va del bien y el mal. (Un señor diputado:
¡Muy Bien!).


La señora PRESIDENTA: Solamente una cuestión, porque sé que en muchas ocasiones miran a la Presidencia en esta Mesa. Vuelvo a reiterar lo dicho, la libertad de expresión no ampara el exceso a veces verbal con el que se usa la palabra.
Dicho esto, las portavocías tenéis además la obligación de responder, no así esta Mesa. Lo que sí voy a recordar -y creo que se ha dicho aquí y yo lo he repetido en varias ocasiones- es que esta es la Comisión del Pacto de Estado contra la
Violencia de Género y no voy a permitir que el asesinato de una niña se utilice como arma política, me parece degradante y esta Mesa, esta Presidencia y esta Comisión no lo vamos a permitir. El diálogo por encima de todo; se puede refutar, se
puede debatir y se puede estar en contra, pero jamás utilicemos a los niños y a las niñas como arma arrojadiza. (Protestas de la señora Toscano de Balbín). No entre en debate, señora Toscano, lo vuelvo a repetir, porque el trabajo de esta Comisión
implica el seguimiento y la evaluación, no implica crear tensión, porque eso no es la política y no voy a dar aquí ningún discurso de lo que significa la política a criterio mío particular y a criterio de lo que conocemos todos en la vida
democrática. Vuelvo a repetir y a insistir, se puede estar en contra de las medidas que se puedan tomar, incluso de las posiciones políticas, pero esta Comisión ha sido un ejemplo del consenso democrático de todos los partidos políticos -excepto
VOX- para luchar contra la violencia de género que nos afecta a las mujeres y afecta a la vida democrática de este país. Repito, diálogo, tranquilidad y consenso y el respeto, sobre todo, a la ministra, porque representa al Gobierno de España y hay
que respetarla. (Aplausos).


Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Álvarez Fanjul.


La señora ÁLVAREZ FANJUL: Gracias, presidenta, pero el respeto es bidireccional. ¿Sabe lo que es esto, ministra? (Señala su micrófono). Es un micrófono, con lo cual, si pulsa el botón, no es necesario que grite, porque entre los gritos y
lo que tengo que escuchar, luego me duele la cabeza.


Nos ha llamado negacionistas. Entonces, ustedes ¿qué son? ¿Con qué Gobierno nace el pacto de Estado? ¿Qué hicieron ustedes? ¿Se lo tengo que recordar? Se abstuvieron. ¿Quién pidió la creación de esa Subcomisión, desde agosto, además?
Ustedes hablan de obligaciones parlamentarias, 898 días sin venir por esta Comisión, pero también es una obligación parlamentaria decir la verdad y el Grupo Parlamentario Popular apoyó esa ley de infancia. También nos habla de lecciones del
Gobierno. Yo creo que el Gobierno actual no puede darnos lecciones de socios al Partido Popular y más cuando pactan con los herederos de ETA. Por un lado, hablan de casos de abusos sexuales, pero bien que han mirado a otro

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lado con el caso de Baleares o el caso de la Comunidad Valenciana. También hablaban de violencia política o de violencia institucional, entonces hablemos de cómo el Supremo ha aceptado la demanda de don Rafael Marcos por una presunta
vulneración del honor, sobre lo que me gustaría que dijese algo, porque eso también se puede llamar violencia institucional o violencia política, ¿no?


Gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchísimas gracias, señora Álvarez Fanjul.


Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Guinart.


La señora GUINART MORENO: Nosotros, el Grupo Parlamentario Socialista, tenemos muy claro para lo que estamos aquí y a qué se dedica esta Comisión y lo que queremos es trabajar para mejorar la vida de las mujeres y protegerlas más y mejor
contra la violencia de género. Por eso, queríamos conocer, ministra, de qué manera se van a hacer efectivos los compromisos adquiridos con las comunidades autónomas en el seno de la Conferencia Sectorial de Igualdad, que sabemos que continúan
-usted lo ha dicho- los trabajos técnicos para cerrar diversos acuerdos. Concretamente, queríamos conocer algunos aspectos referidos a la financiación de las entidades locales y de las comunidades autónomas.


En referencia a la plurianualidad de los fondos del pacto, me gustaría, si puede, que explicase desde cuándo, de qué manera se va a hacer efectiva y si será en algún momento extensiva igualmente también al ámbito local. Respecto a ese
ámbito de los municipios que trabajan desde la proximidad con las víctimas, han anunciado el diseño de mecanismos de cooperación específicos y queríamos saber en qué consistirán, si puede concretar algún aspecto. Como le hemos trasladado también
con anterioridad, creemos que es necesario que se acuerden con la Federación de Municipios y Provincias unos criterios estables de reparto de los fondos anuales para las entidades locales, y consideramos igualmente que sería conveniente el impulso
de una asesoría y de un banco de buenas prácticas que ayude a los ayuntamientos a enfocar mejor sus políticas financiadas por el pacto de Estado.


En referencia a la posibilidad de suscribir convenios entre el Ministerio de Igualdad y determinadas comunidades autónomas, queríamos conocer cuál va a ser su fuente de financiación y si implicará un incremento y unas partidas adicionales a
las contempladas en el actual pacto de Estado y, en definitiva, cómo considera, señora ministra, que debe evolucionar la financiación del pacto de Estado para dar cabida tanto a estos convenios como al plan conjunto de las comunidades autónomas y al
catálogo de referencia de políticas y servicios que va a acompañar al marco de cooperación en materia de violencia contra las mujeres.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchísimas gracias, señora Guinart.


Tiene ahora su turno la señora ministra, que cierra así la comparecencia en esta Comisión. Tiene la palabra.


La señora MINISTRA DE IGUALDAD (Montero Gil): Gracias, presidenta.


Agradezco a todos los grupos parlamentarios sus intervenciones. Diputada Pozueta, tomo nota de lo que me ha dicho, sobre todo para poder dar respuesta a algunas cuestiones más concretas -aunque no sea en el marco de esta intervención-, como
la cuantía, que sé que la han pedido por vía formal.


El Grupo Socialista ha hecho varias preguntas respecto a cómo van a quedar finalmente los compromisos políticos que están adquiridos por los acuerdos de Tenerife. Una buena parte de cómo va a poder desarrollarse eso es lo que estamos
pactando en el catálogo de referencia, porque no queríamos que fuese una imposición del ministerio o del Gobierno, porque somos conscientes de que cuando hablamos de financiación y de la implementación de políticas públicas -hablaban de bancos de
buenas prácticas-, precisamente este catálogo de referencia es algo más que un catálogo de buenas prácticas, porque lo que buscamos no es solamente glosar cuáles son las prácticas o las políticas públicas que pueden ser más efectivas, sino que tenga
un rango normativo, que al ser un acuerdo de conferencia sectorial ratificado por todas las comunidades autónomas, nos vincule no solamente a tener disponible un catálogo de qué políticas públicas se pueden hacer si queremos luchar de forma eficaz
contra las violencias machistas, sino que haya unos mínimos que tengan que ser de común aplicación. No solamente las identificamos como buenas prácticas, sino que de común acuerdo entre las comunidades autónomas y el Gobierno decimos: usted tiene
esas buenas prácticas, pero además nos damos colectivamente la obligación de implementarlas, como un suelo mínimo y, luego,

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evidentemente, cada Administración autonómica puede decidir mejorar ese suelo, ampliar las prestaciones o desarrollar mejores prácticas aún. Entonces, quiero ser muy prudente con los compromisos de ese acuerdo, porque además no he podido
reunirme hoy con la secretaria de Estado ni con la delegada de Gobierno, a pesar de que me ha acompañado un rato en esta Comisión después de la reunión del grupo de trabajo, y lo que estamos buscando es el acuerdo y el máximo consenso con todas las
comunidades autónomas, porque precisamente eso es lo que nos va a garantizar, al ser un tipo de acuerdo en conferencia sectorial, el consenso y el acuerdo entre todas las comunidades autónomas y el Gobierno, el que nos va a permitir poder aplicarlo
y que sea efectivo, tanto en lo que tiene que ver con los compromisos económicos, aunque no tiene que ver tanto con el aumento de la financiación como sí con los criterios de asignación y de gasto sobre todo de esos fondos, el carácter plurianual o
el tipo de partidas en los que se pueden destinar; pero quiero ser prudente porque además la previsión es que este acuerdo lo podamos tener muy pronto y que efectivamente permita resolver algunas de las demandas más importantes o los problemas que
hay en materia de ejecución de los fondos, que algunos tienen que ver con conocer buenas prácticas, pero otros tienen que ver con la continuidad de los servicios y, por tanto, con que los fondos estén disponibles por un periodo más amplio de tiempo
y después siempre cumpliendo con la Ley General Presupuestaria. Ese es el marco complejo en el que somos conscientes que nos estamos moviendo las comunidades autónomas y el Gobierno, pero sí vemos huecos para poder mejorar al menos la situación de
ejecución de esos fondos que ahora tenemos. En unas pocas semanas creo que podremos tener y dar cuenta más detallada de los consensos que hayamos alcanzado en ese catálogo, que solo puede ser por consenso. Es decir, si no alcanzamos un consenso,
no podremos seguir adelante. Y, aun así, los acuerdos de Tenerife tienen después otra serie de pasos, aunque yo creo que el catálogo es la medida más importante y por eso la primera que nos hemos puesto a desarrollar, para que llevemos al máximo
nivel normativo, al máximo rango normativo que nos permite la relación de la Administración central con las comunidades autónomas y los ayuntamientos presentes en la conferencia sectorial y que forman parte de los acuerdos, a través de la Federación
Española de Municipios y Provincias, el blindaje del Pacto de Estado, de las medidas y de su financiación también. Ese ha sido el objetivo siempre y ustedes lo tendrán que hacer también. O sea, la otra pata de ese compromiso es la actualización
del dictamen en sede parlamentaria.


Por último, hago solamente una reflexión para la derecha y la extrema derecha: democracia no es decir lo primero que se me pasa por la cabeza. Democracia no es decir cosas que atentan contra los derechos humanos. Eso se llama no creer en
la democracia, ser un fascista o ser un caprichoso o una caprichosa. Democracia no significa que yo digo lo que me viene en gana aunque atente contra la dignidad de otra persona. Democracia significa que el poder es de todos y de todas por igual,
que el poder lo ejerce el pueblo, sin desigualdades. Precisamente por eso, conocer las desigualdades estructurales que afectan a una sociedad y que, por tanto, impiden el ejercicio de la democracia plena es la primera obligación de todo ciudadano o
ciudadana, más aún si es un representante público. Por tanto, negar la desigualdad estructural que sufrimos las mujeres por el hecho de serlo es no entender el principio básico de funcionamiento de una democracia.


Los derechos humanos -de hecho, señoría, por eso tienen ustedes un problema con los derechos humanos- son un consenso internacional al que llega la humanidad precisamente para hacer frente al fascismo, que es lo que ustedes representan,
igual que las constituciones modernas europeas. El antifascismo es la seña principal de identidad del proyecto europeo. La democracia es incompatible con sus propuestas políticas, señoría. Por eso, es tan importante que ustedes tengan claro que
ataquen lo que ataquen, les vamos a plantar cara y no les vamos a dejar ganar. No les vamos a dejar ganar. Lo vamos a hacer las feministas en las instituciones y lo van a hacer las feministas en las calles. Y para suerte de nuestra democracia, el
movimiento feminista es lo mejor que tiene este país; y hay millones de mujeres que van a salir a las calles para que ustedes no toquen más poder institucional del que ya tienen sin presentarse a las elecciones, porque el poder no solo se obtiene
presentándose a las elecciones, y hay muchos poderes no elegidos democráticamente que operan en nuestro país. (La señora Romero Vilches: Somos la tercera fuerza política). Por suerte, en este país hay millones de mujeres que salen a las calles
para avanzar en derechos para todas nosotras. Y, por suerte, hay miles de personas trans y de personas LGTBI que están orgullosas de ser lo que son, de ser quienes son, que hacen frente a su violencia y a las consecuencias de sus discursos de odio.
Tienen ustedes que ser responsables. (Rumores).

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La señora TOSCANO DE BALBÍN: No, no nos puede acusar de violencia y que no pase nada.


La señora MINISTRA DE IGUALDAD (Montero Gil): Insisto, señoría, sea respetuosa que estoy yo en el uso de la palabra; que no tienen ni respeto.


La señora PRESIDENTA: Señora Toscano, no tienen el uso de la palabra.


Continúe, señora ministra.


La señora MINISTRA DE IGUALDAD (Montero Gil): Pues eso, que democracia no significa que una pueda decir lo que le dé la gana aunque atente contra la dignidad de otra persona; democracia significa que el poder lo ejerce el pueblo y que
todos los seres humanos debemos tener esa capacidad de ejercicio de poder decidir sobre nuestras propias vidas y sobre la organización de la sociedad. Por eso, reconocer la desigualdad estructural de las mujeres y reconocer la violencia que
sufrimos las mujeres por el hecho de serlo es un pilar de nuestra democracia, señorías. Por eso, a ustedes les molesta el movimiento feminista, porque es el que con más claridad está diciendo cómo tiene que ser la sociedad para que todas las vidas
merezcan la pena ser vividas y acabar con la desigualdad, que es lo mismo que decir acabar con sus privilegios.


La señora PRESIDENTA: En nombre de esta Comisión, le damos las gracias a la ministra por el trabajo y por su información, que seguramente va a servir de gran utilidad para el trabajo de esta Comisión. Asimismo, quiero dar las gracias a
todas sus señorías; y disculpen porque a veces el rol de esta Presidencia también es complicado y es difícil, porque el objetivo fundamental es el funcionamiento, el decoro y el respeto a la institución.


Sin más, muchísimas gracias, ministra. La esperamos pronto en esta Comisión.


La señora MINISTRA DE IGUALDAD (Montero Gil): Muchísimas gracias, presidenta.


La señora PRESIDENTA: Muchísimas gracias.


Se levanta la sesión.


Eran las seis y veinte minutos de la tarde.