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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 778, de 18/10/2022
cve: DSCD-14-CO-778 PDF



CORTES GENERALES


DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS


COMISIONES


Año 2022 XIV LEGISLATURA Núm. 778

DERECHOS SOCIALES Y POLÍTICAS INTEGRALES DE LA DISCAPACIDAD

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JOAN RUIZ I CARBONELL

Sesión núm. 33

celebrada el martes,

18 de octubre de 2022



ORDEN DEL DÍA:


Comparecencias de personalidades y funcionarios de la Administración del Estado, al objeto de informar sobre temas relativos al Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2023. (Número de expediente 121/000125):


- Del señor secretario de Estado de Derechos Sociales (Álvarez Peralta). A petición de los grupos parlamentarios Ciudadanos (número de expediente 212/002531), Plural (número de expediente 212/002575), VOX (número de expediente 212/002383),
Popular en el Congreso (número de expediente 212/002736), Socialista y Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común (número de expediente 212/002686) ... (Página2)


- De la señora secretaria de Estado para la Agenda 2030 (Verstrynge Revuelta). A petición de los grupos parlamentarios Ciudadanos (número de expediente 212/002532), Plural (número de expediente 212/002576), VOX (número de expediente
212/002382), Popular en el Congreso (número de expediente 212/002737), Socialista y Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común (número de expediente 212/002687) ... (Página19)


- Del señor subsecretario de Derechos Sociales y Agenda 2030 (Baz Vicente). A petición de los grupos parlamentarios Plural (número de expediente 212/002577), VOX (número de expediente 212/002381), Popular en el Congreso (número de



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expediente 212/002738), Socialista y Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común (número de expediente 212/002688) ... (Página31)


Transcripción literal al no ser posible la presencia ni corrección por parte del personal del Departamento de Redacción del Diario de Sesiones.


Se abre la sesión a las cuatro y cinco minutos de la mañana.


COMPARECENCIAS DE PERSONALIDADES Y FUNCIONARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO, AL OBJETO DE INFORMAR SOBRE TEMAS RELATIVOS AL PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA EL AÑO 2023. (Número de expediente 121/000125):


El señor PRESIDENTE: Por favor, vayan ocupando sus lugares.


Vayan sentándose, por favor. Si alguien tiene que salir, que salga.


Una cuestión previa. Por favor. Una cuestión previa. Por favor. Una cuestión previa. Al terminar la tercera de las comparecencias haremos una, -espero- corta reunión de Mesa y Portavoces para decidir un par de temas meramente
burocrático, pero que los hemos de acordar por parte de la Mesa y Portavoces.


Se abre la sesión.


Como saben sus señorías, en el día de hoy procedemos a celebrar tres comparecencias de personalidades y funcionarios de la Administración del Estado, para informar sobre el proyecto de ley de presupuestos generales del Estado para el año
2023. Concretamente, don Ignacio Álvarez Peralta, secretario de Estado de Derechos Sociales, que ya nos acompaña; doña Lili Vestringe Revuelta, secretaria de Estado por la Agenda 2030; y don Rubén Paz Vicente, subsecretario de Derechos Sociales y
Agenda 2030.


Para una mejor ordenación del debate, les informo que en los tres casos intervendrá, en primer lugar, el compareciente, por un tiempo orientativo de 20, 25 minutos, a continuación, de menor a mayor, por un tiempo de 5 minutos, los portavoces
de los distintos grupos parlamentarios y cerrará el debate el compareciente por un tiempo, también orientativo, de 10 minutos. También les pido a los grupos que tienen más de un portavoz que nos indiquen por escrito a la Mesa quién intervendrá en
cada una de las tres comparecencias.


Para empezar, ya tenemos, como he indicado, aquí, con nosotros, al señor Ignacio Álvarez Peralta para informar sobre el proyecto de ley de presupuestos, a quien no hace falta que le dé la bienvenida, porque esta es su casa. Cuando quiera,
tiene usted la palabra.


- DEL SEÑOR SECRETARIO DE ESTADO DE DERECHOS SOCIALES (ÁLVAREZ PERALTA). A PETICIÓN DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS CIUDADANOS (número de expediente 212/002531), PLURAL (número de expediente 212/002575), VOX (número de expediente 212/002383),
POPULAR EN EL CONGRESO (número de expediente 212/002736), SOCIALISTA Y CONFEDERAL DE UNIDAS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-GALICIA EN COMÚN (número de expediente 212/002686).


El señor SECRETARIO DE ESTADO DE DERECHOS SOCIALES (Álvarez Peralta): Muchísimas gracias por la calurosa bienvenida. Buenas tardes. Es, como siempre, un placer, un honor estar en esta Cámara, compareciendo ante esta Comisión de Derechos
Sociales y Políticas Integrales de la Discapacidad para presentar las que son las líneas principales en el ámbito de los Presupuestos Generales del Estado de mi Secretaría de Estado de Derechos Sociales.


Permítanme sus señorías, en todo caso, que comience mi intervención haciendo referencia y poniendo en contexto estos Presupuestos Generales del Estado. Después de poner en contexto estos Presupuestos Generales del Estado, me detendré con un
mayor detalle en las partidas específicas a la Secretaría de Estado de Servicios Sociales. No quiero tomarme mucho tiempo, así que se me interrumpa cuando corresponda y yo trataré de atenerme al tiempo marcado.


Esta no está siendo una legislatura fácil, y esto es evidente. Está resultando una legislatura, desde el punto de vista de las políticas públicas, desde el punto de vista de la política económica y, en particular, desde el punto de vista de
las políticas sociales, cuando menos, exigente. Creo que esa es la palabra. En el contexto de una pandemia, en el contexto de una guerra en el corazón de Europa que ha desencadenado



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un choque internacional de precios de la energía que está suponiendo un importante impacto sobre los ingresos de los hogares, creo que todos convendrán conmigo en que no está siendo, podríamos decirlo, una legislatura normal. Está siendo
una legislatura exigente. De hecho, estos son los terceros presupuestos generales que se traen a esta Cámara, y están, lógicamente, muy marcados por este contexto económico, social, de ámbito nacional, de ámbito que supera a nuestras fronteras, de
ámbito internacional.


En el año 2021, en 2020 traíamos a esta Cámara para su aprobación unos Presupuestos Generales del Estado, los del 2021, que estaban marcados por ese contexto de pandemia al que hacía referencia. Era necesario en aquel entonces salvaguardar
la economía del colapso asociado a la pandemia y por eso se puso en marcha unos presupuestos que de alguna forma construían un escudo social y empresarial, porque se habla mucho del escudo social, pero creo que habría que decir siempre escudo social
y empresarial que permitió la supervivencia de millones de puestos de trabajo en este país y de millones de empresas en este país.


A los Presupuestos Generales del Estado del 2021, esos presupuestos del escudo social, le siguieron los Presupuestos Generales del Estado del 2022, que llegaron a esta Cámara con un firme propósito. Eran los presupuestos que tenían que
propiciar la recuperación de nuestra economía después de la pandemia. Es más, eran los presupuestos que tenían que propiciar la propia reconstrucción de algunos ámbitos de nuestra economía que se habían visto lastrados por las medidas de
confinamiento para salvaguardar la salud de los españoles.


Los presupuestos generales del 2022 fueron los presupuestos del estímulo fiscal. Después de toda una década de austeridad se ponía punto y final a la austeridad con una política de estímulos que permitía garantizar la recuperación, y no
solo la recuperación económica, sino una recuperación inclusiva, una recuperación que además integraba los fondos provenientes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, negociados en el ámbito europeo, a partir de la decisión de
mutualización de deuda que se adoptó por los líderes de la Unión Europea.


Los resultados de esos presupuestos generales del 2022 son palpables y son evidentes hoy día. La previsión de crecimiento de la economía española en este año 2022 supera el 4 %. A pesar de la rebaja prevista para el 2023, fruto de la
difícil situación económica, tenemos que la previsión de crecimiento para el año que viene aún supera el 1 %. Son previsiones que, en el caso de la economía española, sitúan a nuestra economía en tasas de crecimiento por delante de, tanto en este
ejercicio como en las previsiones del año que viene, por delante de otras economías.


Creo que más que las tasas de crecimiento, seguramente las tasas de empleo y afiliación y desempleo muestran que los presupuestos generales del 2022, como punto intermedio para llegar a estos, han supuesto una nueva forma de orientar la
política económica de este país y la política social, que es lo que afecta a esta comisión, distinta a la que se siguió en años anteriores. Distinta a la experiencia de la última década.


La economía española ha conseguido superar la barrera de los 20 millones de personas afiliadas. A pesar del durísimo contexto económico y social que tenemos en este momento, el número de parados está por debajo de los 3 millones de
personas, volviendo a los niveles previos al 2008. En todo caso, esto constituye, yo diría, un avance sin precedentes, relevante, porque no se produce en un contexto normal, en un contexto de crecimiento, de expansión del ciclo económico. Se
produce en un contexto de enormes dificultades internacionales, fruto de la pandemia, de enormes dificultades, fruto de la incertidumbre económica, que se ven agravadas -y paso a estos presupuestos generales- por la invasión a Ucrania de las tropas
rusas, que nos sitúa en un contexto de enorme incertidumbre. Un contexto que ha venido marcado por el incremento de la inflación subyacente y que ha determinado una preocupante pérdida de capacidad adquisitiva para muchos hogares en nuestro país.


Contesto al que se ha sumado la reciente subida de tipos de interés del Banco Central Europeo, que aumenta, aún, si cabe más, el riesgo de recesión en la Unión Europea.


Ante esta situación, los Presupuestos Generales del Estado tienen -y así lo hacen- que cumplir, desde nuestro punto de vista, una triple función. Es ese el triple propósito con el que estos Presupuestos Generales del Estado llegan a esta
Cámara.


En el ámbito de los Servicios Sociales, en el ámbito de los derechos sociales, creo que esa función, esta triple función a la que me referiré, se ve razonablemente bien abordada.


En primer lugar, los presupuestos tienen que priorizar medidas que eleven, podríamos llamar, el salario indirecto de las familias, aquellas prestaciones sociales, aquellas transferencias monetarias, aquellas cargas impositivas que puedan
verse reducidas para incrementar este salario indirecto. Este ha sido el propósito que se adoptó con, por ejemplo, la decisión de la gratuidad del transporte en nuestro país, con los



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incrementos que ha habido en el ámbito de la indexación de las pensiones públicas o con otras prestaciones, como la ampliación de la deducción por maternidad de 0 a 3 años, a la que después me referiré.


En segundo lugar, adaptar la economía española al nuevo escenario energético, siguiendo, aún, si cabe, con más hincapié, en el reforzamiento de las inversiones para transitar hacia una economía más renovable.


En tercer lugar, creo que estos presupuestos generales cumplen una tercera función, que es el refuerzo de nuestro Estado del bienestar y, en particular, en lo que tiene que ver, no solo con la sanidad, no solo con la educación, sino muy en
particular, -y después me referiré con más detalle, porque afecta a nuestra Secretaría de Estado- a los cuidados de larga duración.


Para poder afrontar esta triple función, estos Presupuestos Generales del Estado del 2023, acometen, dan pasos relevantes hacia una primera reforma fiscal. Una primera reforma fiscal que ha reducido la brecha de gravamen que existe entre
las rentas del trabajo y las rentas del capital, con una subida de varios puntos para las rentas del capital, superiores a los 200 000 euros, que ha puesto un cierto límite a las reducciones de la base imponible que pueden hacer los grandes grupos
empresariales y que han desfiscalizado a lo largo de la última década el impuesto de sociedades, como saben sus señorías. En tercer lugar, introduciendo un impuesto de solidaridad a las grandes fortunas.


Estos elementos contribuyen a incrementar los ingresos de las Administraciones públicas y, en particular, de la Administración General del Estado, precisamente para acometer, para cumplir esas tres funciones a las que antes me refería.


Estas tres funciones se concretan, se materializan y se sustancian en una serie de hechos que creo que son muy relevantes en lo que tiene que ver con el impulso de los derechos sociales en estos presupuestos generales.


En primer lugar, estos presupuestos generales dan cumplimiento a aquel acuerdo que sus señorías alcanzaron en el marco del Pacto de Toledo y dan cumplimiento a una ley, como es la de pensiones, que garantiza su indexación con el IPC para
mantener el poder adquisitivo.


Creo que, además, hacer extensible esta indexación al Ingreso Mínimo Vital ayuda a que millones de pensionistas en este país, a que cientos de miles de personas que reciben este Ingreso Mínimo Vital, vean cómo, estoy hablando, permítanme,
creo que todos lo saben, de grupos sociales que están fuera del mercado de trabajo, y que, por lo tanto, no tienen otros instrumentos para defender su capacidad adquisitiva, más que las pensiones o el Ingreso Mínimo Vital. Decía que estos grupos
sociales no vean perder capacidad adquisitiva. Más de dos tercios de las pensiones en España son pensiones que están por debajo de los 1200 euros y, por lo tanto, constituía un imperativo político. Un imperativo moral y ético, garantizar la
indexación de estas pensiones.


En segundo lugar, estos Presupuestos Generales del Estado van a restablecer el 60 % de la base reguladora en la prestación contributiva por desempleo. Recordemos que en el año 2012 esta se redujo al 50 %. La posibilidad de que las personas
que cobran una prestación por desempleo, una prestación contributiva por desempleo, experimenten este incremento en un contexto de fuerte inflación, como es el que tenemos, garantiza también que este colectivo vea cómo no se produce una pérdida de
poder adquisitivo en sus ingresos. Además, se produce también un incremento del IPREM, un indicador clave, como sus señorías saben, para acceder a las prestaciones sociales hasta los 600 euros al mes.


En tercer lugar, el acuerdo de presupuestos generales viene acompañado de dos medidas que son relevantes, en el ámbito de la vivienda y en el ámbito de la inclusión financiera. En primer lugar, vienen acompañados de un plan para transferir
la titularidad de las viviendas de la Sareb, pactado con cada una de las comunidades autónomas para avanzar hacia la creación de un parque público de viviendas. En segundo lugar, vienen acompañados de una propuesta para elevar los umbrales de
ingresos máximos, pasando de dos veces a tres veces el IPREM para acceder a una cuenta bancaria gratuita.


En cuarto lugar, estos presupuestos generales se acompañan de un elemento que es crucial, y es el incremento que se produce en los ingresos para la reducción por rendimientos del trabajo, pasando de 18 000 a 21 000 euros anuales. Esto
significa fundamentalmente reducir los impuestos, algo, una medida que beneficiará al 50 % de los contribuyentes con rentas más bajas.


Creo que era una medida de justicia, ampliar la contribución a la Hacienda Pública que hacen las grandes fortunas de este país y, al mismo tiempo, aliviar parte de la contribución que hacen las rentas más bajas en España.


En quinto lugar, la presentación del proyecto de presupuestos generales de 2023, que en este momento están haciendo las distintas secretarías de Estado, ministras y ministros en estas Cortes, se va



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a ver acompañada de una ley de enorme importancia, la futura ley de familias, que en breves semanas será remitida a Consejos de Ministros.


Esta ley de familias contempla elementos que son esenciales para seguir fortaleciendo las prestaciones públicas en nuestro país, para el conjunto de las familias y para seguir reconociendo la diversidad familiar que existe en nuestro país.
España ha cambiado mucho en lo que tiene que ver con la diversidad de modelos familiares que tenemos. Reconocer jurídicamente esta diversidad, respaldar económicamente al conjunto de las familias era también una necesidad, y creo que, con estos
presupuestos generales acompañados de la futura ley de familias, estamos dando parte de respuesta a esa necesidad.


En primer lugar, las familias monoparentales, monoparentales de dos hijos serán consideradas familias numerosas. Pero, además, esta ley va a permitir trasponer la Directiva Europea de Conciliación con la creación de nuevos permisos de
cuidados. En primer lugar, los permisos cortos de cuidados de hasta siete días para los cuidados familiares. La creación de un nuevo permiso parental para el cuidado de hijos y de hijas de hasta ocho semanas para que hasta los ocho años de edad
puedan disfrutar los padres y las madres de estos permisos. Permisos que ya existen en otros países europeos, y que la transposición de la Directiva en el marco de esta ley de familias, hará posible que también en España puedan existir, o la
igualación de los permisos de nacimiento de las madres y los padres solos de las familias monoparentales, a los de las familias biparentales.


Creo que son elementos que, yendo más allá de esta transposición de la Directiva, permitirán avanzar en una ley de familias que acompañe a estos Presupuestos Generales del Estado, de forma razonablemente sólida para reforzar las prestaciones
del conjunto de las familias.


Permítanme que me extienda también con una medida que se incorpora ya en la propia Ley de Presupuestos Generales del Estado y que es muy relevante, desde mi punto de vista, que es la extensión de la deducción por maternidad en el IRPF a
nuevos colectivos de madres que hasta ahora no cobran los 100 euros al mes, con la deducción actualmente existente.


En concreto, aquellas que se encuentren trabajando, por ejemplo, a tiempo parcial y que hasta ahora no tienen derecho a cobrar el cien por cien de la prestación, podrán hacerlo, o las que tengan contratos fijos discontinuos, que hasta ahora
no cobran el conjunto de la prestación, podrán hacerlo. Podrán hacerlo también las madres que, en el nacimiento, en el momento del nacimiento de un niño, una niña, estén cobrando una prestación o un subsidio por desempleo. En ambos casos se
accederá también a esta deducción por maternidad, y aquellas que, con posterioridad al nacimiento, pasen a cotizar al menos 30 días.


Son medidas muy importantes. Son medidas muy importantes, sobre todo, para las 250 000 madres que van a ver cómo la prestación llega a ellas cuando hasta ahora no lo hacía.


Esta extensión de la deducción por maternidad va a permitir que se incremente hasta en un 50 % el número de beneficiarias de esta prestación, alcanzándose una tasa de cobertura que supera el 85 % en esta prestación.


De hecho, si sumamos la cobertura que tiene la deducción por maternidad para mujeres que tienen un niño, una niña de 0 a 3 años, con el complemento a la infancia, el llamado complemento a la infancia del Ingreso Mínimo Vital, entre ambas
cosas, estaremos prácticamente universalizando las ayudas a la infancia en el tramo de 0 a 3 años.


Creo que es un logro que dice mucho de la voluntad de este Gobierno por luchar contra la pobreza, muy en particular, contra la pobreza infantil, que es la que en mayor medida lastra la igualdad de oportunidades del futuro en nuestro país.


Permítanme que pase, en segundo lugar de mi exposición, a ver con mayor detalle las prioridades de políticas públicas recogidas en el ámbito de la Secretaría de Estado de Derechos Sociales, y reflejadas, como no cabe de otra forma, en las
prioridades presupuestarias de esta Secretaría de Estado de Derechos Sociales.


Creo que no voy a hacer una exposición de números, pero creo que hay números que hablan por sí solos y que reflejan las decisiones políticas de este Gobierno, muy en particular, en materia de políticas sociales.


La Secretaría de Estado de Derechos Sociales, en 2023 va a gestionar casi 4100 millones de euros, un 17 % más de presupuesto que el año pasado. Un 17 % más de presupuesto del año pasado que traslada una firme convicción del conjunto del
Gobierno de coalición por avanzar en una serie de partidas que consideramos de crucial importancia. Me voy a referir, sin ánimo de ser exhaustivo, a cinco de ellas, a las cinco más relevantes en el ámbito del presupuesto de la Secretaría de Estado
de Derechos Sociales.



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En primer lugar, mantenemos e incrementamos la financiación del Plan de Choque en Dependencia. Como saben ustedes, el conjunto de las comunidades autónomas acordamos, en la Administración General del Estado con las comunidades autónomas
acordamos en el seno del Consejo Territorial, en 2021, un plan de choque en Dependencia que también se firmaba con los interlocutores sociales, cuyos propósitos eran el de reducir listas de espera, mejorar las condiciones laborales de las
trabajadoras del sector y la calidad de los servicios prestados.


Este plan de choque en atención a la dependencia supuso la incorporación, tanto en los presupuestos generales del 2021 como en los del 2022, de 600 millones de euros adicionales en cada una de esas dos ediciones. En los presupuestos
generales del 2023 de nuevo se produce un incremento de 600 millones de euros adicionales.


Hablamos de una inversión histórica, de una inversión que permite consolidar claramente un cambio de tendencia. Después de una década en donde el sistema necesitaba prácticamente un reinicio, una puesta en marcha de nuevo, que exigía no
solo financiación, sino que exigía que esa financiación se utilizase para avanzar hacia un cambio de modelo, estamos en una legislatura en donde, tanto la apuesta de la financiación, el compromiso de las comunidades autónomas, y quiero destacarlo de
nuevo en esta Cámara, porque es un compromiso firme, como el desarrollo de nuevos criterios para abordar el modelo de atención a la dependencia, están permitiendo resolver parte, buena parte de los problemas que nuestro sistema de atención a la
dependencia ha tenido a lo largo de la última década.


De hecho, en apenas tres años, el incremento de la financiación en el ámbito de la Dependencia es superior al 130 %, concretamente, el 132 %; más de 1800 millones de euros adicionales, en relación con la financiación del 2020, que están
permitiendo este avance.


De hecho, si a lo que es estrictamente presupuesto ordinario de Dependencia, sumamos el incremento en la cotización de las cuidadoras no profesionales, que ha pasado de 68 millones de euros a 184 millones de euros, y sumamos también el Plan
de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que este Gobierno tomó una decisión que no todos los Gobiernos europeos tomaron, que era dedicar una parte relevante a los cuidados de larga duración, una parte superior a los 3000 millones de euros a
lo largo de la legislatura.


Tenemos que el conjunto de la financiación en el ámbito de la Dependencia experimenta un crecimiento a lo largo de estos tres años, de 4600 millones de euros. Creo que es una oportunidad. Creo que es una oportunidad, no para tal o cual
partido político, no para un Gobierno de coalición o para. No, es una oportunidad para el conjunto del país. Es una oportunidad para el conjunto de los gestores de la dependencia en este país, para el conjunto de las Administraciones públicas,
comunidades autónomas y ayuntamientos de uno u otro color político, que son los que, al fin y al cabo, tienen la responsabilidad de desarrollar las políticas de atención a la dependencia. Me consta que es una oportunidad que los gestores en el
ámbito de la Dependencia están, estamos aprovechando lo mejor que podemos, lo mejor que sabemos para, precisamente, acometer los retos que tenía el sistema.


La segunda política en el ámbito de la Secretaría de Estado de Derechos Sociales, a la que me quiero referir, es la relativa a los Servicios Sociales. Estos Presupuestos Generales del Estado refuerzan los Servicios Sociales. Un refuerzo
que se produce además en un contexto en donde la demanda, como se pueden imaginar sus señorías, de estos servicios, es importante. Estos presupuestos generales consolidan el incremento de 100 millones de euros que se produjo en los presupuestos
anteriores y permiten tener un llamado Plan Concertado de más de 200 millones de euros de transferencias a las comunidades autónomas para garantizar un apoyo a estos servicios sociales, particularmente importante en vísperas de una ley que pronto
también será remitida al Consejo de Ministros. La Ley de Servicios Sociales, que pretende dar cohesión al conjunto de los servicios sociales que tienen, como saben, las comunidades autónomas en el ámbito de sus competencias.


No me refiero al detalle, al desglose de estos 200 millones de euros. Podemos entrar después con mayor detenimiento. Pero hablamos, lógicamente, de las prestaciones de Servicios Sociales del Plan Concertado, pero también del programa Beca,
de los programas de ayuda a las familias, de atención a la infancia o del Plan de Desarrollo Gitano.


En tercer lugar, esta Secretaría de Estado consolida también un fondo para reforzar la atención de niños, de niñas y adolescentes migrantes no acompañados por parte de las comunidades autónomas.


En 2021 se creó un fondo para financiar dos elementos que consideramos esenciales. El traslado de los menores a península y el reforzamiento de aquellas comunidades autónomas que, por su situación fronteriza, Ceuta, Melilla, Canarias o
Andalucía, se ven expuestos a un mayor flujo de migrantes. En el año 2022, este fondo que se creaba en el 2021, era incrementado y reforzado hasta los 35 millones. En este año 2023 se



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mantiene el compromiso del Gobierno con esos 35 millones, de forma que permitan seguir haciendo la tarea que hasta ahora hemos venido haciendo. En primer lugar, apoyar a aquellas comunidades autónomas que necesitan del esfuerzo y de la
solidaridad de otros territorios con traslados interterritoriales, particularmente Canarias, Ceuta y Melilla y, en segundo lugar, financiar, a través de los servicios sociales, la atención de aquellas comunidades que reciben a estos menores, a
través del nuevo modelo de gestión de contingencias, que ha sido aprobado en Conferencia Sectorial por el conjunto de las comunidades autónomas.


La cuarta política a la que me quiero referir, el plan contra la pobreza en Canarias. Es un plan que en ocasiones anteriores no formaba parte de los presupuestos generales de esta Secretaría de Estado, pero que en esta ocasión se consolida
de forma permanente como subvención nominativa, con el objeto de reducir la pobreza y que vuelve a alcanzar el importe de 30 millones de euros.


Finalmente, en quinto lugar, el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, cuyo componente 22 se radica, reside en esta Secretaría de Estado, se incrementa, incrementa su financiación hasta los 1 100 040 millones de euros en el
2023.


Repito la cifra, porque es una cifra a la que, desde luego, los servicios sociales no estamos acostumbrados. Más de 1100 millones de euros que van a permitir fundamentalmente una financiación en tres días, crucial para las comunidades
autónomas, en más de un 90 %. Esta financiación la ejecutan las comunidades autónomas, como pensamos que debe ser, a través, en primer lugar, del Plan de Apoyos y Cuidados de Larga Duración, financiando el nuevo modelo de residencias que se acordó
en el seno del Consejo Territorial con las comunidades autónomas. En segundo lugar, a través del Plan de Modernización de los Servicios Sociales. En tercer lugar, a través del llamado Plan España, País Accesible para financiar actuaciones en el
ámbito de las políticas de discapacidad. Además, este año hay una novedad en esta quinta pata de las políticas de la Secretaría de Estado, que es la relativa al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Del componente 19 incorporamos
casi 100 millones de euros, 97 millones de euros adicionales para el programa CODI, el programa de Competencias Digitales de la Infancia, desarrollado codo a codo, de la mano del Alto Comisionado contra la pobreza infantil, y que, recientemente,
ayer, si no recuerdo mal, aprobamos en el Consejo Territorial con el conjunto de las comunidades autónomas, de forma unánime y de forma afirmativa, para trasladar esta financiación para el desarrollo de estas competencias digitales de la infancia,
en lo que responde al presupuesto del 2022, y duplicaremos en estos presupuestos generales ese presupuesto para el año 2023.


Termino en tres minutos más, haciendo referencia al desglose de este presupuesto ordinario de la Secretaría de Estado, en función de cada uno de los centros directivos. Hemos hecho el contexto de los Presupuestos Generales del Estado, y
revisadas las principales políticas de la Secretaría de Estado. Permitan sus señorías que me refiera al desglose particular de cada uno de los centros directivos en el seno de la Secretaría de Estado.


En primer lugar, decía, el total del presupuesto de esta Secretaría de Estado, asciende a casi 4100 millones de euros, 4092 millones de euros, de los cuales, más de 3600, casi el 90 % se corresponden a la financiación que recibe el Imserso,
a las transferencias que recibe el Imserso, que lógicamente capta la mayor parte de la financiación de la Secretaría de Estado, en buena medida, vinculado con las transferencias del Sistema de Atención a la Dependencia y del crecimiento y el
reforzamiento que este sistema ha experimentado a lo largo de esta legislatura.


En segundo lugar, son también significativas las transferencias que experimentan las comunidades autónomas en el ámbito de los Servicios Sociales, 235 millones de euros. En tercer lugar, tenemos 12 millones de euros en nuestros presupuestos
generales, que corresponden a las subvenciones nominativas de las entidades del tercer sector, a lo que se añade el 0,7 de la recaudación de Hacienda, que va a parar, lógicamente, a las entidades del tercer sector, y que en el año 2022 ascendió a
326 millones de euros. La recaudación del 2023, lógicamente, todavía no la tenemos cerrada. No tenemos esa información, pero sí que hay un firme compromiso, alcanzado en acuerdo con las entidades del Tercer Sector de Acción Social, y en acuerdo
con las comunidades autónomas en el Consejo Territorial, de que finalmente este 2023 se consolide el reparto del 80 % de la financiación del 0,7 para el tramo autonómico, el 20 % restante para las entidades del tercer sector de ámbito estatal. Ese
acuerdo, alcanzado tanto con el tercer sector de ámbito estatal como con las comunidades autónomas, se ha ido adoptando de forma progresiva en estos últimos dos años y terminará de hacerse efectivo en este 2023.


Como decía, paso a referirme, para terminar, a la financiación de cada uno de los centros directivos. Me he referido ya a la financiación del Imserso. La Dirección General de Diversidad Familiar y Servicios Sociales tendrá un presupuesto
que asciende a los 346 millones de euros. La Dirección General de



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Derechos de la Infancia y la Adolescencia, donde está radicada buena parte de la política relativa al despliegue y seguimiento de la LOPIVI, de la Ley de Protección a la Infancia, está dotada de un presupuesto de 37 millones de euros, y la
Dirección General de Políticas de Discapacidad cuenta en su presupuesto con 7 millones y medio, a los que hay que añadir los 8 millones de presupuesto del Real Patronato de la Discapacidad, que, como saben, es una entidad vinculada también a la
Dirección General de Discapacidad.


En total, el presupuesto en el ámbito de la discapacidad es algo mayor de los 15 millones y medio de euros. Destacan en este ámbito, muy en particular, los 5 millones de euros relativos al programa de becas educativas para personas con
discapacidad, que permiten, prácticamente universalizar una ayuda para toda persona con discapacidad que quiera seguir estudios superiores, bien sufragando la asistencia personal, intérpretes en lengua de signo, guías para personas sordociegas,
productos de apoyo o cualquier otro apoyo tecnológico para las personas que tengan alguna discapacidad.


El Instituto de la Juventud tiene un presupuesto en este 2023, de 55 millones, de casi 55 millones de euros, con un incremento de 2,4 respecto del presupuesto anterior, vinculado fundamentalmente a la dotación de los programas Erasmus Plus y
el Cuerpo Europeo de Solidaridad.


Finalmente, para terminar, permítanme que me refiera a una cuestión relativa al Imserso, que considero relevante. Más allá, lógicamente, del presupuesto que la entidad tiene, fundamentalmente centrado en las políticas de atención a la
dependencia y de prevención, de autonomía para la prevención de la dependencia, el Imserso incorpora este año un crecimiento de 5 millones de euros en la partida relativa al programa de turismo social para una eventual nueva licitación de los
programas de turismo social, de forma que permitan, no solo garantizar que los programas se mantienen con el coste actualmente existente para todos los usuarios, sino también en el caso de que finalmente se produzca, una licitación que permita
incorporar los costes que en este momento se están produciendo en el sector para los actores económicos del sector turístico español.


Finalmente, el programa de Turismo Social, en el año 2023, no solo incorporará, como debe ser, y como siempre ha sido, a los españoles, a los jubilados españoles radicados en nuestro país, sino también a los españoles que viven en el
extranjero, de forma que, a partir de ahora, también los españoles que viven en el extranjero podrán participar del programa de Turismo Social en las próximas ediciones.


Sin más, muchas gracias por la atención y quedo totalmente a disposición de cuantas dudas surjan o cuantas interpretaciones o críticas se quieran hacer.


Gracias.


El señor PRESIDENTE: Muy bien, se ha ajustado.


A continuación, tienen la palabra los portavoces de los diferentes grupos parlamentarios. Como saben, tienen cinco minutos para preguntar, pedir aclaraciones o manifestar lo que crean conveniente.


En primer lugar, tiene la palabra el portavoz del Grupo Ciudadanos, Sara Giménez. Cuando quiera.


La señora GIMÉNEZ GIMÉNEZ: Gracias, presidente. Señor secretario de Estado, muchísimas gracias por su exposición.


Desde nuestro grupo parlamentario siempre hemos defendido la necesidad de mejorar nuestro tejido social, con el objetivo de dotar ayudas y prestaciones a los sectores más vulnerables. Si bien es cierto que estos presupuestos aumentan
considerablemente la partida destinada a los derechos sociales, seguimos echando en falta una materialización y seguimiento efectivo de los recursos. Concretamente, mayor evaluación.


En materia de Dependencia es necesario seguir reduciendo las listas de espera y el colapso administrativo al que se enfrentan las personas destinatarias de estas ayudas. Para reducir las listas no basta solo con la dotación económica, sino
que es necesario hacer un seguimiento para saber en qué está fallando y qué servicios son necesarios reforzar.


En lo que respecta a las residencias, cabe señalar que la dotación de 822 millones de euros del Plan de Apoyos y Cuidados de Larga Duración, la cuestión de la desinstitucionalización, equipamientos y tecnología, nos gustaría tener mayor
información de en qué estado se encuentra todo este tipo de procesos.


Por darle algunas cifras, en España hay un total de 1 415 578 personas dependientes, en diciembre de 2021, y de ese más de 1 millón de personas, 193 436 no reciben ninguna prestación, a pesar de tener derecho a ella, puesto que han sido
reconocidas como dependientes.


Por lo tanto, hay una evidencia de que hay que hacer un mayor seguimiento, una mayor evaluación y ver dónde está fallando el sistema para que no lleguen las ayudas a quien lo está solicitando.



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Otro punto importante de las partidas hacen referencia a la partida presupuestaria, los programas de discapacidad, que creo que han sido notables los avances que hemos trabajado también en esta Cámara en materia de discapacidad,
accesibilidad cognitiva, los temas de esterilización forzosa, también las mejoras en los temas de tutela.


O sea, ha habido un proceso legislativo favorable en materia de discapacidad. Pero tenemos que insistir en una cuestión. Como bien sabrá, nosotros somos impulsores del trabajo y de no dejar atrás a las personas que sufren la ELA. Son 4000
personas. Cuando estas personas se encuentran en un estado de enfermedad grave, necesitan asistencia en su domicilio. Pero es una asistencia, principalmente médica, y actualmente no se está brindando el apoyo que precisan desde los Servicios
Sociales. Necesitan apoyos en los transportes, apoyos en el domicilio, las familias no los pueden trasladar. Al final, lo que está sucediendo es que una cruel y terrible enfermedad está suponiendo también una situación cruel para el paciente y
cruel para la familia.


Conocerá los datos de la Fundación Luzón, en las que nos dice que son los servicios que necesitan para las personas con ELA en los grados de la enfermedad más importante. Ellos especifican cuáles son los servicios que necesitan en la
atención al domicilio, y supondrían un 0,02 de nuestro presupuesto.


Llevamos 18 prórrogas de las enmiendas de la ley de la ELA en esta Cámara. Me gustaría solicitar su compromiso. Me gustaría solicitar el apoyo, porque me parece que por mucho que evolucionemos y digamos que tenemos unos presupuestos
sociales, si realmente miramos para otro lado, cuando hay 4000 personas a las que no les estamos brindando un servicio necesario, pues deja muchísimo qué desear.


En relación con el Ingreso Mínimo Vital y otras prestaciones sociales, es importante también hacer una evaluación y ver si se está llegando, si se están cumpliendo los objetivos e ir un paso más allá. Ya hace un tiempo, ya hace más de dos
años que tenemos en marcha el Ingreso Mínimo Vital y tenemos que evaluar el desarrollo no solo de la llegada, sino de la ejecución de las políticas de inclusión, de las políticas de formación y empleo de sus destinatarios. Pero, además, también
tener en cuenta qué familias se están quedando fuera. Yo en más de una ocasión he hecho referencia en la Cámara que hay familias que viven en la misma unidad familiar, que son familias independientes, pero que cada una de ellas no puede pedir el
Ingreso Mínimo Vital. Esa composición social en familias vulnerables, en familias en estado de necesidad, que es que dos hermanos compartan la vivienda porque no se pueden permitir tener viviendas independizadas, porque son personas en situación de
pobreza, es algo que actualmente el Ingreso Mínimo Vital no está cubriendo.


Se están analizando las mejoras que se tiene que realizar al propio Ingreso Mínimo Vital para que realmente ninguna persona que lo merezca esté viviendo, digamos, una situación de desprotección. Luego, en materia de pobreza infantil, que
usted la ha mencionado, la tasa de riesgo de pobreza y exclusión afecta a un 28,3 de los niños y niñas en España. Es decir, a 2,2 millones. De acuerdo con las previsiones de Save the Children, en 2030 tendremos un 26,5 % de niños y niñas en
situación de pobreza.


El último informe que ha publicado Unicef en nuestro país nos dice que 1 de cada 3 niños está en riesgo de pobreza o exclusión social. Sé que nos van a decir que han invertido adecuadamente en temas de pobreza infantil, pero lo sitúan en un
1,3 % del Producto Interior Bruto, frente a un 2,3 %, que es la media de la Unión Europea.


Están replanteando el que se tenga que llegar con mayor incidencia a la pobreza infantil, porque además el reparto de estas ayudas resulta ineficaz, ya que el grueso de las deducciones se realizan en vía fiscal, por lo que aquellas familias
que no llegan a tributar, pues difícilmente reciben esta ayuda, más bien quedan excluidas.


Finalizo con una cuestión más. Desde Ciudadanos valoramos muy positivamente la introducción de una prestación por crianza. Es una ayuda a la crianza y no es una prestación con el objetivo de reducir, pues para reducir las tasas de
natalidad que tenemos y también el que los niños y las niñas estén en situación de pobreza.


Me gustaría saber si van a apostar más por invertir en infancia. Me gustaría saber si van a impulsar también la prestación por crianza de una manera universal para que llegue a todas las familias, igualmente, independientemente de sus
ingresos, para fomentar la natalidad.


Muchísimas gracias.


El señor PRESIDENTE: A continuación, tiene la palabra, por parte del Grupo Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, su portavoz, Pilar Garrido. Tiene cinco minutos.



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La señora GARRIDO GUTIÉRREZ: Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, secretario de Estado, por sus explicaciones en relación con el contenido presupuestario de su ministerio.


Estos Presupuestos Generales del Estado no debemos de olvidar que son la herramienta fundamental que tiene un Gobierno para hacer política. Pero, es más, para establecer el sentido de la política y para establecer las prioridades reales que
se ven en cada una de las medidas que aprueba el Gobierno, y que están y forman parte de esos presupuestos.


Por lo tanto, creo que estos presupuestos generales, que todavía son un proyecto, vienen a consolidar el cambio de paradigma que ya se inició hace dos presupuestos, donde ya se puso fin a las políticas austericidas y a los recortes de
derecho a la privatización de los Servicios Sociales, que, como sabemos, supuso un debilitamiento claro de nuestro Estado del bienestar para avanzar en construir una protección social más robusta.


En ese sentido, a mí me gustaría destacar algunas cuestiones, sobre todo, porque ya llevamos muchas comparecencias. Yo, por lo menos en la Comisión de Presupuestos, y oigo a la oposición criticar, y quizás hace falta hacer hincapié en el
momento que supuso la entrada del Gobierno. Es decir, este Gobierno no se ha encontrado con una situación normal ni medio normal, sino con una situación excepcional.


Quiero volver a recordar que pocos meses, muy poquitos meses después de entrar, se encontró con una pandemia, ni más ni menos que yo creo que es la crisis más grave de nuestra historia reciente. En ese momento se ven las prioridades de un
Gobierno. Una prioridad que, en esos Presupuestos Generales del Estado del 2021, pues ya se pudo comprobar que fueron los presupuestos del escudo social, que no iban a recortar, sino que caminaban hacia un cambio de paradigma que sujetó o
amortiguó, si no solucionó el problema de miles y miles de familias. El sufrimiento de miles y miles de familias.


En el 2022 creo que se siguió por esa misma senda, además, por impulsar la actividad económica en unos presupuestos que podemos llamar, en este caso, si antes eran presupuestos del escudo social, ahora presupuestos de la recuperación, pero
no de cualquier recuperación, sino de una recuperación inclusiva. Una recuperación que, como solemos decir desde mi grupo confederal, que no deje a nadie atrás.


En ese sentido, empezaron a impulsarse cambios estructurales para atender a desafíos a medio plazo que ya se daban en nuestro país. A pesar de todo ello, quiero recordar que ya al final del 2021, el Ministerio de Derechos Sociales ya había
cumplido con algunos de sus compromisos, como la Ley de Infancia, el Plan de Choque de Dependencia, con una inversión histórica, o la aprobación de la Estrategia de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030.


En estos presupuestos que ahora vienen aquí a discutirse, pues también, desgraciadamente, vuelven a encontrarse con una situación superexcepcional. En este caso, ya hemos salido, medio salido de la pandemia, pero nos hemos encontrado con
una situación económica grave, fruto de la invasión de Rusia en Ucrania, de una crisis energética tremenda, lo que ha repercutido en una situación de inflación que no voy a explicar porque todos conocemos.


Pues bien, estos Presupuestos Generales del Estado, tal como ha explicado el secretario de Estado, tienen una serie de medidas que recuperan el poder adquisitivo. Al final, todas esas medidas no dejan de ser más que un salario indirecto a
las familias que peor lo están pasando. Por lo tanto, en este sentido, quiero establecer un suelo donde veamos un poco a partir de dónde estábamos y dónde hemos llegado, a pesar de los pesares. Podríamos hablar -y lo hago muy rápidamente, porque
el secretario de Estado ya lo ha explicado-, de la inversión que se ha dado en la financiación de la atención a la dependencia, la cantidad de millones, el incremento. Podríamos hablar de más de un 130 % de incremento, 1839 millones que ha
repercutido en algo que es muy importante. Es decir, esto no es dedicar dinero sin más, sino que hay unos resultados claros que ya se están viendo, que es que por fin las listas de espera se están reduciendo y cada vez hay más personas, 160 000
nuevas personas dependientes con una prestación efectiva.


Por lo tanto, se está invirtiendo, y se está invirtiendo bien. Podríamos hablar también del cambio, del cambio de modelo de cuidados de larga duración. En la pandemia hemos visto el modelo residencial y tampoco tengo que hacer hincapié en
la situación por la que han tenido que pasar nuestros mayores. Ahora mismo se está invirtiendo mucho dinero en que eso cambie y tengan un modelo residencial más centrado en la atención a las personas.


Voy acabando. También, destacar la prestación, la deducción por maternidad, que junto a la ayuda que ya estaba en el Ingreso Mínimo Vital a la infancia, pues hace que caminemos ya, estemos muy cerquita de esa universalización de ayuda a la
crianza.



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Me parece muy, muy buena noticia que nos diga el secretario de Estado que la ley de familias está llegando, que va a llegar pronto al Consejo de Gobierno y, por lo tanto, también a esta Cámara, y también esa ley de Servicios Sociales, que
esperamos que sea también fruto del acuerdo y de la colaboración con los diferentes territorios, como viene siendo hasta ahora.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: A continuación, tiene la palabra por parte del Grupo Parlamentario Vox, su portavoz, Reyes Romero. Cuando quiera.


La señora ROMERO VILCHES: Muchas gracias, señor presidente.


Señor Álvarez, lo primero que tenemos que decirle es que los derechos sociales de los españoles están sufriendo unos ataques brutales por parte de su Gobierno, y así se demuestra con los datos y estadísticas que voy a tratar de resumir en
cinco minutos.


Hemos dicho muchas veces desde Vox, y no nos cansaremos de repetir, que la mejor política social es una política dirigida a facilitar el emprendimiento, abaratar costes y procurar el pleno empleo, aumentando así las posibilidades de crear
riqueza, como bien se reconoce en el artículo 40 de nuestra Constitución.


Pero, claro, esa política de sentido común no cabe en las cabezas de los socialistas, que están empeñados en controlar, en aumentar la burocracia, en encarecer y en engordar lo público y en ahogar a las empresas, para después aparecer como
salvadores que reparten migajas y subvenciones públicas entre los pobres, que ustedes mismos han creado.


Es verdad que la pandemia y la guerra de Ucrania han influido en la situación actual que tenemos en España, pero la realidad es que la situación ya era bastante preocupante antes de 2019. Así que su Gobierno no puede eludir la
responsabilidad en cuanto a los defectos estructurales de la economía española, porque tanto el Partido Socialista como el Partido Popular han estado gobernando más de 40 años, en los últimos 40 años.


Resumiendo, tenemos récord de paro en Europa, con un 12,6 %. Tenemos récord de paro juvenil, solo por detrás de Grecia, con un 27,9 %, que es una cifra verdaderamente aterradora, como aterradora es la situación de dependencia e ineficiencia
energética a la que ustedes nos han llevado, con el consecuente daño a las empresas y a las familias, que tendrán que afrontar el invierno más duro desde la posguerra.


Una pobreza galopante, que no solo es energética. La inflación está desbocada. El 52 % de las familias españolas, incluso las que tienen trabajo, no llegan a final de mes.


La cesta básica de la compra ha aumentado un 15,2 %. No me refiero a esas cestitas básicas que han presentado ustedes, que más bien a mí me recuerdan a unas cestas para celebrar un cumpleaños feliz.


Ante este panorama desolador han decidido reducir el volumen global de gasto de la Secretaría de Estado de Derechos Sociales. Pero eso sí, han aumentado el gasto en personal en más de un 21 %.


Tenemos más funcionarios, más personal laboral, más asesores, más subidas de salarios públicos, como si todo esto resultara sostenible. Porque esa política de endeudamiento conduce al aumento de los gastos financieros que, por supuesto, al
final pagaremos todos los españoles.


Además de este desolador panorama, han presupuestado ustedes muy generosamente la previsible Presidencia europea de España para el segundo semestre de 2023.


Con la que está cayendo, señor Álvarez, para este Gobierno el gasto político es intocable, y no solamente es intocable, sino que no para de crecer año tras año.


Realmente, no tenemos tiempo de detallar todos estos desmesurados gastos ideológicos de subvenciones a entidades próximas a sus intereses, como por ejemplo las que dicen luchar contra el antigitanismo que supuestamente existe en la sociedad
española, o las subvenciones a asociaciones que pretenden recrear una supuesta memoria histórica del exilio republicano. Por no hablar de las partidas destinadas al impulso de la Agenda 2030, ese programa suicida para nuestra economía y también
para nuestra soberanía.


Se mantienen los gastos destinados a fomentar la inmigración ilegal. Tenemos más partidas para fomentar la ideología de género y el activismo trans. Es decir, que en sus obsesiones de siempre, para eso sí hay dinero.


Queremos poner de relieve algunos detalles concretos, como por ejemplo que este Gobierno socialista destine el doble de gasto para las llamadas familias monoparentales, en detrimento de las familias numerosas.



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No sé si se dan cuenta de que con esta proporción la ayuda per cápita es totalmente discriminatoria, perjudicando a las familias numerosas. Si a ello añadimos programas de fomento de parentalidad positiva, como le llaman ustedes, que no
sabemos exactamente en qué consistirán, pues llegamos a la conclusión de que están rediseñando el modelo de familia, porque al parecer, no les gusta el modelo de familia que mayoritariamente representa a la sociedad española. Esto a pesar de que es
la familia natural y no sus ineficientes políticas socialistas, el verdadero escudo que está impidiendo un estallido social en nuestro país.


Además, nos resulta verdaderamente insultante que hayan aumentado en más de un 23 % las partidas destinadas a proteger los derechos de los animales, cuando tenemos a un 52 % de las familias españolas que, aunque tienen trabajo, no llegan a
final de mes.


Está claro que los recursos son limitados y para gastar en una partida tenemos que recortar en otra. Así que resulta evidente que a medida que ustedes están humanizando a los animales, están animalizando a las personas.


En resumen, estamos ante unos presupuestos antisociales, insostenibles y tendenciosos que contribuirán a arruinar el estado del bienestar de los españoles.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: A continuación, tiene la palabra por parte del Grupo Parlamentario Popular, su portavoz, en esta ocasión, Alicia García. Cuando quiera. Tiene cinco minutos.


La señora GARCÍA RODRÍGUEZ: Gracias, presidente. Bienvenido, secretario de Estado.


Ha dedicado más tiempo a hablar de medidas de otros ministerios que a su Secretaría de Estado. Pero he echado en falta que no ha hablado de un ministerio, del incremento del gasto en Defensa, en concreto, que dijo la ministra Belarra, que
no apoyaría los presupuestos, si, efectivamente, finalmente, pues ha subido el gasto en Defensa. Usted le ha señalado tres ministros del Partido Socialista, que usted conocía precisamente este hecho. Pero usted está aquí. Yo pensaba que no
estaría presentando estos presupuestos precisamente por esto.


En cuanto a estos presupuestos del año 2023, nacen caducados, porque fueron corregidos en 24 horas por organismos independientes, instituciones públicas. Todas ellas estiman que vamos a crecer menos. Usted ha hablado de economía, que va a
haber más déficit, más deuda, que habrá más paro y, por tanto, también son unos presupuestos que no protegen ni a la clase media y trabajadora, porque se les vuelven a subir impuestos por la puerta de atrás de la inflación, consolidando la pérdida
de poder adquisitivo del 20 %. Tampoco avanzan en justicia social, porque no generan riqueza, sino que distribuyen pobreza, como hemos venido viendo durante estos años.


Se olvidan de 10 millones de personas con ingresos inferiores a 14 000 euros, a los que les niegan la bajada del IVA de los productos básicos de la cesta de la compra, como pide el Partido Popular. Por tanto, es indecente que dejen fuera a
las familias más vulnerables y a las clases medias, mientras que la estructura política del Gobierno dispara este gasto hasta los casi 1000 millones de euros, un 37 % más, 252 millones más que en 2018, y el gasto en propaganda se incremente hasta
los 158 millones.


El Gobierno vive cada vez mejor, pero las familias viven cada vez peor. Somos el último país en recuperar el crecimiento y la riqueza previo a la pandemia, pero sí somos los primeros en los índices de desigualdad y de pobreza. Porque,
según la propaganda del Gobierno, nos encontramos con el mayor gasto social de la historia. Pero la realidad es que apenas se refuerza la partida destinada a Servicios Sociales y Promoción Social y, además, ustedes a 31 de agosto solo han ejecutado
un 48 % del presupuesto vigente.


Por otro lado, hablan de equidad y de justicia social, pero la realidad es otra, porque tenemos el indicador AROPE, que nos dice que está ahora mismo en un 28,7 %. 13 millones de personas están en riesgo de pobreza, 400 000 personas más que
hace tan solo un año.


La carencia material severa está en un 8,3 %, la más alta de los últimos años, porque la inflación se ha convertido en un quebradero de cabeza para muchas familias, y según la Red Europea Contra la Pobreza, el 14 % de la población no puede
mantener su hogar a la temperatura adecuada, o casi el 50 % de las personas españolas, de los españoles, tienen dificultades para llegar a fin de mes.


Por tanto, sus recetas, por mucho que nos las vendan, y por muchos números que nos cuente, no han funcionado. Una recaudación récord, 27 000 millones de euros que llevan hasta la fecha, pero olvidan al 80 % de las familias, a los más
vulnerables y a las clases medias.



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Es que la mejor medida para proteger a las familias es la creación de empleo y la bajada de impuestos. Por eso nosotros planteamos un plan social que apoye a las familias más vulnerables, a la clase media, que contenga bajadas de impuestos,
deducciones fiscales, en coordinación con todos.


Si hablamos de infancia, pues usted se ha referido a la LOPIVI, pero realmente la Dirección General de Infancia y Adolescencia crece un 2 %. No sé cómo piensa implantar la LOPIVI, desarrollar reglamentariamente, si siguen sin dotar
presupuestariamente a esta ley.


Han anunciado medidas a favor de las familias que no están recogidas en los presupuestos, que usted ha vuelto a mencionar. Pero es que la ley tenía que estar aprobada, según ustedes, en enero de este año, que dijeron, la propia ministra,
que se aprobaría en septiembre, estamos en octubre y dicen que próximamente se aprobará.


Pero si hablamos de dependencia, es cierto, no hay que negárselo, ustedes van metiendo en el Plan de Choque, millones y millones. Pero lo que es verdad es que incumplen sus propias previsiones. Dijeron que en el 2021 saldrían 60 000
personas de la lista de espera. Al final salieron 38 000 nada más, dejando a 21 000 en la estacada. Ustedes están hablando de desinstitucionalización, de impulsar un cambio y, en definitiva, eso no lo están haciendo, porque no se ha mejorado las
listas de espera ni la calidad de los servicios y tampoco han mejorado la calidad y las condiciones laborales de las personas trabajadoras y tampoco las prestaciones.


Igualmente, el Gobierno de España debe aspirar a cumplir la Ley de Dependencia, que es que las comunidades autónomas aporten lo mismo que el Estado, y eso es lo razonable.


Igualmente, si se aprueban acuerdos en el marco del Consejo Territorial, como es el acuerdo de acreditación y calidad de los servicios y centros del Sistema de Atención a la Dependencia, es necesario que se apruebe una memoria económica para
dotar de recursos, precisamente, a este acuerdo, y para que se pueda, para que las personas puedan vivir donde quieran vivir, pero para ello hay que reforzar los servicios de proximidad y reforzar el modelo de atención residencial en los centros de
día.


La verdad es que su ministerio es una mera gestoría. Usted lo ha dicho hoy. Transferencias al Imserso, transferencias a las comunidades autónomas, reparto de dinero, una mera gestoría que encima funciona mal.


Me preocupa sinceramente que a la Dirección General de Familia y Servicios Sociales, simplemente el crecimiento presupuestario sea de un 0,14 %, cuando hay en previsión o en cartera, o eso dice usted, que se aprobarán dos leyes. La de
familias y la Ley de Servicios Sociales. Pregunto, ¿por qué crece solamente un 0,14 % esta dirección general, igual que la de Familia, la de Infancia y Adolescencia, que creció un 3. Pero sí que crece, por ejemplo, la de Bienestar Animal, un 23 %.
¿Por qué esta diferencia? Si lo analizamos -y ya termino- por capítulos, resulta que manteniendo prácticamente el mismo personal, eso parece, este año el capítulo 1 creció un 11 %. No sé si eso tiene algún tipo de explicación o a qué van a
destinar los 3 millones de estudios y trabajos técnicos realizados por empresas y profesionales si ustedes defienden lo público. O ¿a qué van a destinar los 4 millones de publicidad y propaganda? O ¿qué va a pasar o por qué se ha reducido un 27 %
el programa del mecanismo de recuperación y resiliencia, España, País Accesible?


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: A continuación, tiene la palabra la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, que en este caso es Sonia Guerra. Cuando quiera.


La señora GUERRA LÓPEZ: Gracias, presidente.


Gracias, secretario de Estado, por su detallada explicación sobre los Presupuestos Generales del Estado, el proyecto de presupuestos para el 2023. Presupuestos que, como usted mismo decía, no solo consolidan, sino que incrementan la
inversión social, como hemos hecho en los últimos tres años de manera consecutiva. 6 de cada 10 euros de estos presupuestos van destinados a políticas sociales, y digan lo que digan las señorías de la derecha y de la ultraderecha, los presupuestos
muestran -lo comentaba la portavoz de Unidas Podemos- la priorización política de este Gobierno. Está claro que este Gobierno ha situado en el centro las necesidades de la ciudadanía y trata de dar respuesta a esas necesidades. Esa es la prioridad
de este Gobierno. Lo que no sabemos cuál es la prioridad de los Gobiernos del Partido Popular, ni cuáles eran cuando estaba gobernando M. Rajoy, ni cuáles son en las comunidades autónomas que todavía gobiernan.


Las cifras son claras. Este proyecto de presupuestos presenta una inversión de 266 719 millones de euros en inversión social, mientras que el Partido Popular presentaba una inversión de 196 911 millones de euros. Mientras unos practicaban
políticas austericidas para abandonar a la ciudadanía a su suerte,



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recordemos que se quedaban en el paro, sin Ingreso Mínimo Vital y perdiendo sus pisos a manos de la banca, otros fortalecen el Estado del bienestar para dar respuesta precisamente a las clases trabajadoras y medias para que estén protegidos
los que menos tienen.


Daba la señoría García -me sabe mal que ahora no esté en la sala- algunos datos, y a mí me gustaría darle otros, porque creo que no coinciden. Según la EPA, los hogares sin ingresos han disminuido en el año 2022, llegando al índice pre
2018. 250 000 hogares tienen el complemento de infancia, gracias al Ingreso Mínimo Vital. Ha relatado el secretario de Estado algunas de las medidas más importantes que recogen estos presupuestos. A mí me gustaría destacar algunas que él ha
destacado, pero también otras.


En relación con la protección a las familias y atención a la pobreza infantil. Se ha incrementado el presupuesto respecto a 2018, cuando gobernaba el Partido Popular, el 86 %. ¿Cómo se atreven a decir que nosotros no atendemos a las clases
medias y trabajadoras.


En relación con la promoción del envejecimiento activo y atención a la dependencia, se ha incrementado la partida, como comentaba el secretario de Estado, vinculado con el termalismo social. El nuevo modelo de cuidados de larga duración,
que también ha salido aquí de manera reincidente. Todo el tema de la accesibilidad universal, vinculado con el componente 22, más de 41 millones de euros para accesibilidad universal. Se acaba de aprobar el nuevo decreto que recoge el nuevo baremo
de reconocimiento de la discapacidad, teniendo en cuenta los derechos humanos.


En cuarto lugar, y yo creo que es muy importante también, y hemos hablado muy poco esta tarde, hoy aquí, todo el tema de inversión en políticas emancipatorias para la juventud.


Yo creo, sinceramente, señora García, que ustedes se tienen que decidir en si quieren hacer política constructiva o política destructiva, como están haciendo últimamente. Si quieren defender realmente a la clase media trabajadora o si
únicamente quieren defender a los ricos y poderosos. Si creen en un modelo de derecha europea o creen en un modelo de derecha como la del Reino Unido y como la que están ustedes, últimamente, bastante vinculados.


Decídanse, pero sobre todo no mientan, porque si defienden los derechos de todos y todas y se les llena la boca con el concepto de acompañar a la ciudadanía, deberían defender también esta propuesta de Presupuestos Generales del Estado.
Porque si defienden los derechos de todos y todas, deberían dejar de votar en contra de todas las medidas que este Gobierno está realizando e implementando para garantizar los ingresos de todos y todas, desde el salario mínimo interprofesional, a la
reforma laboral, a la reforma de las pensiones, a las becas para jóvenes, a la bonificación para el transporte, etcétera.


No pueden decir que defienden a las personas y estar en contra de las medidas que ayudan precisamente a esas personas, a las más vulnerables, a llegar a final de mes. Por no hablar de la intervención que ha hecho la señoría Romero, de Vox.
Yo les pediría realmente en una situación de incertidumbre como la que estamos viviendo, que dejemos de hacer política destructiva, que intentemos hacer política constructiva y que dejemos de hacer política que enfrenta a la ciudadanía por los
recursos. Es lamentable que, más allá de la campaña completamente xenófoba que hizo Vox en la Comunidad de Madrid, contraponiendo los ingresos que podía recibir en ayudas económicas, un menor no acompañado con una pensionista, ustedes ahora se
hayan sumado al carro de decir que las pensiones no son viables, porque si no, no tenemos para hacer políticas activas de emancipación para jóvenes. Estos presupuestos muestran que se puede mantener las pensiones vinculadas al IPC de nuestros
mayores y, al mismo tiempo, son los presupuestos que más invierten en juventud, en la historia de nuestro país.


Para finalizar, secretario de Estado, celebro, igual que ha hecho la portavoz de Unidas Podemos, que estemos a punto de ver la luz de dos instrumentos legislativos que sin duda van a transformar los Servicios Sociales y los van a convertir
en el cuarto pilar. Por un lado, la Ley de Servicios Sociales, que nos van a ayudar a mejorar el sistema de Servicios Sociales a nivel organizativo y, por lo tanto, a mejorar la atención a la ciudadanía y la calidad de los servicios. En segundo
lugar, todo el tema de ley de familias, que estoy muy contenta de que huyamos de la familia natural que defiende Vox y seamos completamente ricos en diversidad familiar.


Finalmente, para acabar, presidente, comentaba un investigador de la Universidad de Barcelona, el señor Celorrio, que cada vez que un menor con pocos recursos falta un mes a la escuela, el equivalente es como si faltase, como si hubiese
hecho absentismo por 4,5 meses.


Por lo tanto, celebro también esos 97 millones de euros para digitalización, porque eso ayudará a muchos niños y niñas a no descolgarse del sistema educativo.


Muchas gracias.



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El señor PRESIDENTE: A continuación, tiene la palabra el secretario de Estado, el señor Álvarez Peralta, para contestar a los portavoces. No hace falta que le diga que en el caso de que crea conveniente hacer llegar a los miembros de la
comisión, para completar alguna respuesta, algún escrito, lo que sea, si nos va a hacer llegar, con mucho gusto lo remitiremos a los miembros de la comisión. Cuando usted quiera.


El señor SECRETARIO DE ESTADO DE DERECHOS SOCIALES (Álvarez Peralta): Muchas gracias. Son muchas las apreciaciones, comentarios que surgen y, por lo tanto, es materialmente imposible dar respuesta a todos, lógicamente. Pero, en todo caso,
lo reitero, siempre lo digo cuando vengo a esta comisión. Las puertas de la Secretaría de Estado son puertas que están abiertas al conjunto de las fuerzas políticas que están hoy aquí representadas y, por lo tanto, esta conversación puede
mantenerse, puede continuar, y yo creo que debe hacerlo, porque, además, en próximas semanas, en próximos meses, vendrán a esta Cámara dos leyes que espero que terminen viendo la luz con el apoyo de sus señorías. La ley de familias y la ley de
Servicios Sociales.


Decía la diputada Giménez al respecto de la dependencia, que echaba en falta algunos elementos de evaluación de la dependencia. Bueno, yo creo que sobre la evaluación de la dependencia, el Gobierno viene trabajando con intensidad. En
primer lugar, se acaba de publicar un estudio importante, se ha remitido al Consejo Territorial y las comunidades autónomas lo conocen, en donde se hace una evaluación profunda del sistema de atención a la dependencia en nuestro país. Pero es que
además es el propio Consejo Territorial y son los propios interlocutores sociales en el marco del diálogo social, los que vienen haciendo un seguimiento pormenorizado de ese plan de choque en atención a la dependencia, que se acordó tanto con los
interlocutores sociales en el diálogo social como con las comunidades autónomas en el Consejo Territorial.


En el marco de la aplicación de ese nuevo plan de choque en atención a la dependencia, se han incorporado ya más de 160 000 nuevos usuarios al sistema. Tengamos en cuenta que la incorporación de usuarios requiere de una valoración, de una
baremación que no siempre puede hacerse por las comunidades autónomas rápidamente. Pero insisto, más de 160 000 usuarios incorporados al sistema, creo que dan muestra del compromiso de las comunidades autónomas con este plan de choque.


El Gobierno también ha demostrado, y lo está haciendo a través de reuniones con las asociones, su compromiso por avanzar en dar una respuesta a las personas que sufren ELA. De hecho, hoy en Consejo de Ministros se aprobaba el nuevo baremo
de la discapacidad. El nuevo baremo de la discapacidad contempla una cuestión que, desde nuestro punto de vista, es clave, que es una tramitación de urgencia para valorar el grado de alguna persona que sufra una discapacidad. Precisamente, esta
era una de las cuestiones que las asociaciones de enfermedades que sufren ELA venían trasladándonos la necesidad de que haya un canal de actuación rápido, un canal de actuación que acelere los procesos de valoración habituales en el ámbito de
atención a la dependencia o a la discapacidad.


Como no se le escapará a su señoría, este es un ámbito, insisto, ya se vienen produciendo reuniones de Gobierno con las asociaciones del sector, en donde el trabajo tiene que ser complementado por varios ministerios. No es una competencia
de los Servicios Sociales, el ámbito sanitario. Los Servicios Sociales deben trabajar también en esta materia. El baremo hoy aprobado en Consejo de Ministros da muestras de la voluntad para canalizar mecanismos de urgencia para las personas que
sufren alguna discapacidad, y muy en particular para aquellos casos, que es lo que contempla el baremo, de personas como las que sufren ELA. Es decir, cuando exista una situación, un agravante, puedan tener acceso a esta tramitación urgente.


El Ingreso Mínimo Vital, hacía usted referencia, es una prestación que hoy reciben ya casi 1 millón y medio de personas. Es una prestación viva. Es una prestación que nació con la urgencia con la que nació en el contexto de la pandemia,
pero que ha ido modificándose, que ha ido reformándose, que ha ido ampliándose y flexibilizándose para, precisamente, que hoy tengamos los datos que tenemos, más de 600 000 hogares que han accedido ya a la prestación, casi 1 millón y medio de
personas que están recibiendo el Ingreso Mínimo Vital.


Sinceramente, si alguien nos hubiera dicho que en el curso de dos años y medio podríamos tener a tantas personas en una prestación de estas características, creo que difícilmente lo hubiéramos pensado. Esto no significa ningún triunfalismo.
Al contrario, es una prestación viva que el Gobierno viene evaluando y vienen analizando de forma pormenorizada, y que, por lo tanto, tendrá que seguir reformándose, si es el caso. Pero, en todo caso, permita que le diga una cosa que también sirve
para la intervención de la diputada del Partido Popular, la estadística más actualizada que tenemos en este país, en este momento, sobre evaluación de la pobreza, el número de hogares que carecen de ingresos en la EPA, nos viene indicando que en los
seis últimos trimestres este dato se está reduciendo. Por lo tanto, es verdad lo que



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usted decía al respecto de la Encuesta de Condiciones de Vida. Pero recordemos que la Encuesta de Condiciones de Vida son datos monetarios de hace dos años. Si analizamos la evolución trimestral que están teniendo los hogares sin ingresos
en la EPA, lo que vemos es que, a pesar de un contexto económico enormemente difícil, enormemente complicado, sin embargo, ese número de hogares sin ingresos, que recuerdo, cuando la crisis financiera y cuando las medidas políticas de la austeridad,
se incrementó de forma muy rápida, en este contexto se viene reduciendo desde hace trimestres.


Estoy muy de acuerdo con usted, diputada, en que creo que España, compartimos, desde luego, una reflexión. Creo que España necesitaba avanzar hacia una prestación de carácter universal para el conjunto de las familias que tienen una
criatura entre 0 y 3 años. Creo que esta es una reflexión a la que, antes o después, muchos hemos venido llegando, como consecuencia de los propios datos y de la propia evidencia empírica. Nacer, no se nace donde uno elige. Se nace donde las
circunstancias a uno se lo determinan. La igualdad de oportunidades es algo que se construye desde la cuna. Para construir esa igualdad de oportunidades es necesario que todos esos niños tengan derecho a algún tipo de prestación o algún tipo de
ayuda en ese tramo de 0 a 3 años.


Cuando se inició esta legislatura, esto no era así. Esto solamente sucedía para aquellas en el ámbito de la deducción por maternidad como beneficio fiscal para aquellas mujeres que estaban insertas en el mercado de trabajo y que trabajaban.


Vamos a terminar la legislatura y prácticamente hemos universalizado para el conjunto de las familias que tienen una criatura de 0 a 3 años, esa prestación. Porque, o bien el complemento a la infancia del Ingreso Mínimo Vital permite que
por la vía de los ingresos esas familias reciban esa prestación o bien con la ampliación que se hace por la deducción por maternidad, con la extensión que se hace de esa deducción, en el marco del IRPF, vamos a dar entrada a un 50 % más de familias,
en concreto, a mujeres que tenían un contrato a tiempo parcial, un contrato fijo discontinuo, que no recibían el cien por cien de esta prestación, a mujeres que tenían una prestación por desempleo, incluso, un subsidio por desempleo, que no podían
acceder a esta prestación, o mujeres que en el momento del nacimiento no tenían derecho, por no tener un trabajo ni una prestación de tipo contributivo, y que ahora, después de cotizar 30 días, tendrán trabajo a esa prestación.


Muy de acuerdo con la reflexión. Creo que los pasos dados marcan de alguna forma y señalan esta complicidad en el análisis y esta necesidad de que España termine la legislatura con una prestación que ayude a reducir una de las tasas de
pobreza más hirientes que existen en el contexto europeo, que es la pobreza infantil.


Diputada Reyes Romero, hay algo que me cuesta entender. Es que creo que en todas y cada una de las intervenciones que yo he hecho en esta comisión, siempre se ha apelado a la crítica a las políticas, no que este Gobierno hace, sino a las
políticas públicas en el marco de la lucha contra el antigitanismo. Es algo que sinceramente no puedo entender. Como si el antigitanismo, como si la discriminación al pueblo gitano fuera un invento de este Gobierno, de esta comisión o de algún
diputado, cuando es una realidad que desgraciadamente sigue sufriendo nuestro país. Es una realidad que siguen sufriendo miles de gitanos y de gitanas en este país.


Ese empecinamiento en criticar una política pública que solamente llega a ser un parche de una realidad que sufren a día de hoy, después de siglos, miles de gitanos y gitanas en este país, es sencillamente incomprensible.


Igual que para mí es incomprensible la voluntad de enfrentar a unos españoles con otros. La voluntad de enfrentar unas familias con otras. Pero ¿por qué hay que elegir? ¿Por qué hay que elegir unas familias frente a otras? ¿Por qué no
reconocer que la España en la que vivimos no es la España del siglo XIX? Que afortunadamente es la España del siglo XXI, una España diversa, una España plural, que tiene familias monomarentales, monoparentales, que tiene familias numerosas, y que
las políticas públicas deben garantizar un apoyo al conjunto de las familias, que las políticas públicas no deben elegir. Lo que pasa es que la realidad en nuestro país ha sido que buena parte de la diversidad familiar no ha estado todavía
incorporada a esas políticas públicas. Lo que hace la ley de familias, lo que hará la futura ley de familias es precisamente reconocer el derecho a esa diversidad, a las familias formadas por dos mujeres, por dos hombres, por una sola persona, por
una familia numerosa, a esa diversidad y, al mismo tiempo, anclar la protección social a la que esas familias tienen que tener derecho. Porque, insisto, el país ha cambiado, afortunadamente, la Normativa debe acompañar los cambios de este país. La
voluntad de enfrentar unas familias a otras me parece una cuestión sencillamente del pasado y, de hecho, la futura ley de familias no solo consolida los derechos para las familias monoparentales y monoparentales que en



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este momento no tienen, sino que amplía los derechos de las propias familias numerosas, al considerar una categoría especial a aquellas familias de más de cuatro hijos.


Por lo tanto, no enfrentemos unos españoles con otros, no enfrentemos unas familias con otras. Vivimos en un país rico, diverso, plural. Aceptemos esa pluralidad y esa diversidad.


Creo que este Gobierno de coalición ha mostrado en un contexto muy difícil, como es el contexto de la pandemia, como ha sido el contexto de la pandemia, y en un contexto muy difícil, como es el contexto actual, de fuerte incremento de los
precios de la energía, fruto del momento geopolítico que vivimos, ha mostrado un claro compromiso. Un claro compromiso por reforzar el Estado del bienestar, por reforzar las partidas sociales del Estado del bienestar. En ese terreno, señorías, nos
van a encontrar siempre, todos los grupos parlamentarios, nos van a encontrar en ese ámbito.


En ese ámbito nos van a encontrar, y lo digo por una cuestión importante, que es la relativa a la necesidad de reforzar los ingresos del Estado. Recuerdo, lo digo a propósito de las palabras del Partido Popular, cuando en el año anterior yo
comparecía en esta Cámara, hablando precisamente de los presupuestos generales anteriores, estos van a ser los terceros presupuestos generales que se aprueban en esta Cámara, hace muchos años que no veíamos que un Gobierno trajese en tiempo y forma
tres presupuestos generales, uno tras otro a esta Cámara.


Pero recuerdo que el año pasado se decía, lo decían las señorías del Partido Popular, que los Presupuestos Generales del Estado, que el año pasado remitíamos aquí, eran ilusorios en relación con los ingresos que se iban a generar. Yo lo
recuerdo muy claro. No sé si lo recuerdan ustedes, que no se iban a generar los ingresos que nosotros decíamos que se iban a generar. Pero creo que hoy he oído alguna palabra, viniendo del Partido Popular, en donde se habla de recaudación récord.


Bueno, es que me parece que repetir todos los años la misma crítica, los ingresos.


El señor PRESIDENTE: Por favor, tiene la palabra.


El señor SECRETARIO DE ESTADO DE DERECHOS SOCIALES (Álvarez Peralta): Los ingresos no se van a cumplir, y los ingresos no solo se cumplen, sino que se superan, creo que dice mucho de una crítica que tendremos que contrastar a final de año.
Es la tercera vez que la oigo. Veremos si se cumple o no se cumple. En las otras dos ocasiones se cumplió. Pero me parece que más allá de que finalmente las previsiones se puedan cumplir o no se puedan cumplir, las señorías del Partido Popular,
el propio Partido Popular, tienen un cierto cacao con la propuesta fiscal que quieren hacer.


El Gobierno de coalición lo tiene muy claro, y lo ha dejado muy claro en la apuesta que ha hecho. Una subida del impuesto a las grandes fortunas. Una bajada de la fiscalidad para las rentas más bajas en el marco del IRPF para aquellas
personas que tienen menos de 21 000 euros.


Sin embargo, la propuesta del Partido Popular creo que sigue el mantra de bajar de forma generalizada y continúa los impuestos, bajar de forma generalizada y continúa los impuestos. Ojo, que acabamos de ver la impugnación que han hecho, no
algún economista, no, los mercados financieros a ese planteamiento en el Reino Unido. La impugnación que se ha hecho directamente a un mantra que ya hoy no produce la credibilidad que producía hace unos años. Es que no es verdad que las bajadas
generalizadas de impuestos produzcan una mejor actividad económica. Lo que producen es el socavamiento de los Estados del bienestar, las dudas de los mercados financieros respecto de la sostenibilidad de las finanzas públicas y, por lo tanto,
crisis económicas.


Me parece que esas bajadas irresponsables, que además terminan beneficiando, como hemos visto, a los más pudientes, como es el caso de la bajada que ha sido anunciada en Andalucía, constituyen un elemento del pasado. Un elemento retórico
del pasado.


También me genera dudas cuando oigo algo -y se lo oigo al Partido Popular, desde hace años, lo han vuelto a decir hoy aquí-, que la mejor política social es la creación de empleo. Yo estoy de acuerdo en una cosa; sin duda, crear empleo es
crucial. Es crucial. Hace menos necesaria la política social. Pero no cualquier empleo. Es que hemos estado acostumbrados durante décadas, y este país lo ha gobernado quien lo ha gobernado durante muchos años, a que el empleo que se creaba era
un empleo que no garantizaba un pasaporte de ciudadanía. Es que hemos estado acostumbrados en este país a tasas de temporalidad próximas al 30 %. Es que la primera vez que ha cambiado la tendencia estructural de nuestro mercado de trabajo ha sido
en esta legislatura, con la aprobación de una reforma laboral que contó con sus votos en contra, que ha permitido que la tasa de contratación a nivel mensual de los contratos indefinidos, pase del 10 % al 40 %.



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Durante décadas, el número de contratos que se hacía en el mercado de trabajo español, de contratos indefinidos, no superaba el 10 %. Estamos en el 40 % en este momento. Esto lo ha permitido una reforma laboral a la que sus señorías del
Partido Popular se han opuesto.


Por supuesto que la creación de empleo de calidad es una gran política social. Pero es que hasta que no ha llegado el Gobierno de coalición, hemos tenido tasas de temporalidad insoportables para millones de jóvenes en este país.


Es más, creo que todas y todos recordarán que en el seno de una durísima crisis como la que vivió este país, en el año 2012, el Partido Popular reducía la base reguladora de las pensiones, del 60 al 50 %. Es más, creo que todos recordarán
alguna nefasta expresión que una diputada dijo en el momento de votar ese recorte. Frente a ese planteamiento, el Gobierno de coalición lo que ha hecho es aumentar, recuperar la tasa, recuperar la base reguladora de la prestación contributiva por
desempleo y volver a situarla en el 60 %.


Creo, sinceramente, señoría, que tenemos mucho trabajo en común. Yo soy de los que respeta las diferencias, de los que respeta la crítica y plantea abiertamente la contracrítica, pero al mismo tiempo creo que tenemos mucho trabajo en común.
Mucho trabajo en común, porque las competencias en el ámbito de la Dependencia, como usted sabe, igual o mejor que yo, son competencias transferidas y son competencias, en muchas ocasiones, exclusivas de las comunidades autónomas.


Este Gobierno, decía usted, el compromiso de este Gobierno por alcanzar ese 50 % de financiación en la Ley de Dependencia que se contempla. Cuando nosotros llegamos, el compromiso durante los últimos años había sido nulo. La financiación
que la Administración General del Estado durante la legislatura que gobernó el Partido Popular incrementó en el ámbito de la Dependencia fue nulo.


En esta legislatura estamos pasando del 15 % al 30 % en la financiación que la Administración General del Estado traslada a las comunidades autónomas. Por lo tanto, creo que reconocer otra cosa, sencillamente es impropio de esta Cámara.


Pero en ese trabajo en común que tenemos, creo que hay que reconocer que precisamente hay varias comunidades sistémicas, algunas gobernadas por ustedes, que han sido gobernadas en esta legislatura, esta última legislatura en ámbito
autonómico por ustedes, que siguen teniendo hoy dificultades y problemas para reducir la lista de espera, a pesar de la financiación que les ha llegado desde la Administración General del Estado. En estas comunidades sistémicas, digo sistémicas por
el peso que dos comunidades autónomas tienen en la lista de espera de atención a la dependencia, creo que hay trabajo por hacer. En ese trabajo démonos la mano, avancemos conjuntamente, porque tenemos la financiación en este momento, disponemos de
las oportunidades financieras para hacerlo y, por lo tanto, reducir esa lista de espera es un reto ineludible.


Recuerdo, en todo caso, que se han incorporado al sistema más de 160 000 personas desde que se puso en marcha el Plan de Choque. Una matización, la ejecución presupuestaria de la Secretaría de Estado en este momento no es el 40 %, como
usted decía, es el 70 %.


En definitiva, creo que en este momento se visibiliza una nueva forma de enfrentar los retos que tiene el país. Una nueva forma muy distinta, una nueva forma que supone -y espero que así sea-, no una opción política del Gobierno de
coalición, sino, como decía la diputada Pilar Garrido, un cambio de paradigma.


Creo que esta legislatura está siendo capaz de plantear un cambio de paradigma. Frente a una gestión basada en los recortes en el pasado, en este momento se ha respondido con los ERTE, con el escudo social, con las moratorias hipotecarias,
con el tope a los alquileres, evitando el corte de suministros, con una reforma laboral que ha propiciado la creación de empleo de buena calidad y la reducción de la temporalidad, con un crecimiento del salario mínimo interprofesional, con un tope
al gas que está suponiendo ahorros de entre el 15 y el 20 % en las facturas de los consumidores, con una reducción de los impuestos para las rentas más bajas, con la gratuidad en los transportes y en la Renfe o reducciones importantes en su coste;
con un aumento del bono social para los hogares que lo perciben, de hasta el 80 % en algunos casos, y con la creación de una nueva figura, que permite reducciones en las facturas del 40 % para hogares con una renta inferior a los 28 000 euros; con
un crecimiento de las pensiones indexado al IPC y no como planteaba la reforma del Partido Popular de, como mucho, un 0,25 %; con un crecimiento puntual del 15 % de las PNC o del Ingreso Mínimo Vital; o con un crecimiento del IPREM hasta los 600
euros.


¿Qué pasaría si esta crisis la hubiéramos afrontado en el marco de la austeridad? Creo que, sinceramente, los avances que hemos hecho no son avances de un Gobierno. Son cambios de paradigma que espero que queden para todo el mundo y que
queden como otra forma de afrontar las crisis en este país.



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En esa tarea creo que los socios de coalición tenemos todavía un largo camino por recorrer en lo que queda de legislatura y en la próxima legislatura. Estoy convencido. Estoy convencido que la coalición funciona. La coalición funciona,
porque la política constructiva, aquella que no quiere enfrentar a unas familias con otras, a unos españoles con otros, aquella que quiere reforzar nuestro Estado del bienestar, que quiere crear empleo de calidad, es la que espero que sea valorada
por los españoles.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Bien, en todo caso, en nombre de la comisión, le agradezco mucho hoy su presencia, sus explicaciones y, además, que ha sido capaz de concentrar tantas respuestas en tan poco tiempo.


Paramos unos momentos mientras iniciamos la siguiente comparecencia.


(Pausa).


- DE LA SEÑORA SECRETARIA DE ESTADO PARA LA AGENDA 2030 (VERSTRYNGE REVUELTA). A PETICIÓN DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS CIUDADANOS (número de expediente 212/002532), PLURAL (Número de expediente 212/002576), VOX (número de expediente
212/002382), POPULAR EN EL CONGRESO (número de expediente 212/002737), SOCIALISTA Y CONFEDERAL DE UNIDAS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-GALICIA EN COMÚN (número de expediente 212/002687).


El señor PRESIDENTE: Por favor, vayan sentándose.


A continuación, damos la bienvenida a doña Lilith Verstrynge Revuelta, secretaria de Estado para la Agenda 2030, que comparece para informar sobre el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para este próximo año.


Cuando usted quiera. Ya sabe que tiene orientativamente 20, 25 minutos.


Cuando usted quiera, 25 minutos, pero es orientativo en el caso de los representantes del Gobierno. Cuando quiera.


La señora SECRETARIA DE ESTADO PARA LA AGENDA 2030 (Verstrynge Revuelta): Muchas gracias, presidente. Gracias, Johan. Buenos días, señorías.


Lo primero, les voy a pedir que disculpen un poco mi voz porque la tengo un poco tomada hoy. Voy a intentar que se me entienda y no carraspear en exceso. Es un placer comparecer hoy en esta comisión para informar sobre el presupuesto de la
Secretaría de Estado para la Agenda 2030, correspondiente al próximo año. Es un honor también tener la oportunidad de explicar aquí, en el Congreso de los Diputados, por primera vez, en mi caso, el detalle de las inversiones que nos permitirán
acercarnos un poco más a los objetivos de la Agenda 2030.


Este es, sin duda, un ejercicio de transparencia y de rendición de cuentas, pero también, y, sobre todo, una auténtica declaración de intenciones del futuro que queremos construir como Gobierno.


Como saben, en las próximas fechas tendré la ocasión de comparecer a petición propia para explicar las líneas generales de actuación de la Secretaría de Estado. En ella podré dar cuenta, tanto de los avances que hemos logrado hasta la
fecha, como de los retos y objetivos que nos hemos marcado para el resto de la legislatura. Pero siendo esta mi primera comparecencia en esta Cámara, me gustaría aprovechar la ocasión para transmitirles de forma muy breve cuál es mi visión sobre la
Agenda 2030 y los desafíos que creo que tenemos por delante.


Los presupuestos que hoy hemos venido a detallar contienen las prioridades políticas de este Gobierno. Por tanto, ofrecen una respuesta a los enormes retos del presente inmediato y a las preocupaciones cotidianas de la ciudadanía. Pero
también vislumbran los desafíos de futuro.


En ese sentido, la Agenda 2030 es una hoja de ruta que nos ofrece un camino también en el medio y largo plazo. Un camino atravesado por valores como la libertad, la igualdad, la fraternidad y la justicia, que están en el centro del
pensamiento de las mayorías sociales. La agenda nos permite traducir esos principios en políticas públicas que transformen nuestro país, y nos permiten hacerlo, además, basándonos en evidencias y en datos, tanto para analizar el punto de partida
como los avances que cosechamos.


Esta capacidad transformadora de la Agenda 2030 tiene aún más importancia, si cabe, en el momento actual. Me imagino que esta no es la primera. No sé si será la última comparecencia que tendrán ustedes hoy, y que todas las personas que han
comparecido antes, todos los secretarios de Estado habrán hecho mención a la situación actual que atraviesa nuestro país. Me vais a permitir que también haga un poco mi lectura, porque creo que es importante para poner en contexto estos
presupuestos.



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A lo largo de esta legislatura hemos atravesado de circunstancias que eran impredecibles, que han situado a nuestro país ante enormes dificultades. Esto es un hecho. En menos de tres años, nuestra ciudadanía ha sufrido las consecuencias de
la emergencia sanitaria, social y económica más grave de las últimas décadas. Cuando aún nos estábamos recuperando, comenzó la injustificable invasión de Ucrania por parte de Putin, empezando una guerra que parece alargarse y que ha tenido y sigue
teniendo efectos en todas las economías europeas.


En el caso de nuestros ciudadanos y ciudadanas, se ha traducido en dificultades para, por ejemplo, llenar la cesta de la compra o hacer frente a las subidas de los precios de la energía. Durante este tiempo, creo que el Gobierno de
coalición ha demostrado una orientación clara, apostando por políticas para proteger a la ciudadanía y fortalecer los servicios públicos y por avanzar hacia un modelo de desarrollo más sostenible y, sobre todo, más democrático. Así lo hemos
demostrado también en los presupuestos que año a año hemos ido aprobando en las Cortes Generales. En las primeras cuentas nos centramos en parar el golpe de la pandemia y reforzar con urgencia el sistema de protección social que llevaba décadas
desmantelándose. En las segundas seguimos avanzando en los cimientos de la reconstrucción, estableciendo nuevas bases para fortalecer lo público, y nos presentamos ahora con las terceras cuentas en tres años, con el objetivo de dar otro paso más en
ese camino. Estos presupuestos se presentan con un motivo fundamental, que es atender las demandas sociales urgentes y, sobre todo, proteger a las familias de nuestro país.


Pero no nos conformamos solo con aliviar malestares, sino que trabajamos también para ampliar el bienestar, aun en las consecuencias más adversas.


Ante esa excepcionalidad y el desasosiego, creo que un Gobierno responsable lo que tiene que hacer es redoblar su trabajo para aportar certezas y dar soluciones claras a todos los hogares de nuestro país. No se trata solo de superar la
crisis, no se trata solo de recuperar el bienestar perdido. Tenemos que ir más allá. Nuestro proyecto no se basa en la nostalgia ni en la añoranza, sino que aspira a transformar la realidad de nuestro país, a hacerla mejor, si cabe. Porque esa es
la esencia de la Agenda 2030. Garantizar un presente y un futuro mejor para todas las personas.


Por eso, estos presupuestos dan un primer paso en esa dirección, estableciendo un acuerdo que, por primera vez comienza a remediar el nulo esfuerzo fiscal que han hecho las grandes fortunas en nuestro país y las grandes empresas, mejorando
también las pensiones, el Ingreso Mínimo Vital o la prestación contributiva por desempleo, por ejemplo, llevando a niveles récords la inversión en Dependencia, fortaleciendo y ensanchando el sistema de cuidados o ampliando los fondos de lucha contra
las violencias machistas, dando pasos hacia ese futuro feminista que demanda nuestra ciudadanía. Lo hacen también mediante el compromiso entre los socios de Gobierno, de sacar adelante en las próximas semanas la ley de familias.


Estamos satisfechas de que nuestro socio de Gobierno haya entendido la urgencia de esta ley, pero esperamos que esto se traduzca en su aprobación en las próximas semanas, tal y como hemos acordado.


Vamos a estar vigilantes todos en unos plazos, porque esta ley es clave en este ministerio y para todas las familias de nuestro país.


Los presupuestos no son una simple previsión de gastos e ingresos, sino la traducción en cifras de un proyecto de país. En el caso de este Gobierno de coalición y de esta Secretaría de Estado, esa hoja de ruta es clara. Queremos un país
más justo, más próspero y trabajamos por construirlo con una mirada de largo alcance. Estamos convencidas, tanto de la necesidad de gobernar lo cotidiano como de caminar hacia las grandes transformaciones, que hagan que nuestro futuro se asiente
sobre bases más sólidas y que garanticen vidas plenas para las mayorías sociales de España. Porque gobernar es gestionar el día a día, pero también es algo más, es fijar un rumbo y avanzar en esa dirección.


En ese sentido, las cuentas del Gobierno de coalición muestran su compromiso pleno con esa guía, que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible.


La Secretaría de Estado que tengo el gusto de dirigir, contará en el próximo ejercicio de sus presupuestos, con 22 934.440 euros, excluidos los gastos correspondientes al capítulo 1, que serán presentados en detalle por el subsecretario en
su comparecencia. Eso supone un aumento del 6,4 % con respecto al año precedente.


Como bien saben, es competencia de esta Secretaría de Estado, proponer y ejecutar políticas de impulso, seguimiento y cooperación para la implementación de la Agenda 2030.


El compromiso con el futuro, según nuestro punto de vista, siempre es compartido. Nunca depende de una sola persona, de una sola Administración o de un solo país. Por eso trabajamos a todos los niveles,



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impulsando la colaboración en el seno de la Administración General del Estado, entre el Gobierno central y el resto de Administraciones públicas, o creando también sinergias con la sociedad civil, el sector privado y el resto de actores que
están concernidos por la Agenda 2030 para garantizar el cumplimiento de estas metas.


Por tanto, la cogobernanza y la coordinación son fundamentales para esta hoja de ruta que es transversal y que nos interpela a todos y a todas. Esto hace que el compromiso de este Gobierno no se manifieste únicamente a través del
presupuesto de la Secretaría de Estado, de esta Secretaría de Estado, sino que se refleja también en el resto de partidas presupuestarias.


Para cumplir con la Agenda 2030 necesitamos que el proyecto de Presupuestos Generales del Estado esté totalmente alineado con los grandes retos de nuestro país, que se expresan en la Estrategia de Desarrollo Sostenible y en muchas de las
demandas de la sociedad civil o de la ciudadanía organizada. Trabajar por reforzar la protección social y reducir la desigualdad, garantizar la igualdad plena y efectiva entre hombres y mujeres y abordar de forma decidida la emergencia climática
para garantizar la sostenibilidad del planeta son, sin duda, objetivos compartidos por todos y por todas.


A modo de ejemplo, y entre otras medidas, estos presupuestos traen consigo un amplio paquete de políticas que contribuirán a la reducción de la pobreza y la desigualdad, que es el primer reto de país que señala la Estrategia de Desarrollo
Sostenible. Coincidirán conmigo que no podemos hablar de un futuro justo, hasta que no cerremos la brecha entre los más ricos y los más humildes.


Hacia ese objetivo se encaminan medidas como la subida del IPREM, la mejora de la prestación por desempleo, la revalorización del Ingreso Mínimo Vital o la subida de las pensiones, conforme al IPC. También, propuestas que van a apoyar a los
hogares, como la próxima ampliación de la renta crianza a 100 euros para la familia con niños y niñas de 0 a 3 años o los permisos de cuidados.


Las cuentas incorporan también un importante esfuerzo presupuestario dirigido a fortalecer y ampliar el Estado de bienestar. Les daré una cifra bastante significativa. 6 de cada 10 euros de estas cuentas están destinadas al gasto social,
con aumentos importantes de las partidas para sanidad, educación, becas, ayudas al estudio y Dependencia. Esta última, por ejemplo, ha aumentado 1401 millones en los últimos presupuestos de la anterior legislatura, a más de 3500 millones en el
proyecto para 2023. Este dato da buena muestra, creo, del compromiso que tiene este Gobierno, esta ejecutiva, con el cuidado de lo común y con la necesidad de revertir la crisis de los servicios públicos, el sexto de los retos de país que señala
esta estrategia.


Tras años de recortes, necesitamos un verdadero impulso de lo público, y estoy convencida de que la mejor red de protección ante las necesidades sociales de hoy es esta, pero también uno de los mejores patrimonios que podemos dejar a las
generaciones de mañana.


Las políticas medioambientales y la transformación de nuestro modelo productivo ocupan otro importante capítulo de los presupuestos, alineándose con los retos 2 y 4 de la Estrategia de Desarrollo Sostenible. Por ello, vamos a destinar 57
400 millones de euros en el próximo ejercicio para impulsar un cambio de modelo productivo que nos permita caminar hacia una economía más diversificada, con cadenas que aporten un mayor valor añadido, menos dependiente del exterior y que contribuyan
a mitigar la emergencia climática, una de las mayores amenazas para nuestro futuro, que ningún gobernante sensato y serio creo que puede olvidar.


Finalmente, no puedo dejar de hacer referencia a las políticas que impulsan los derechos de las mujeres. Avanzar en feminismo es avanzar en democracia, según nuestro punto de vista. Muchas de las políticas que se financiarán están
destinadas a acabar con la brecha de género y conseguir, por fin, la igualdad real entre hombres y mujeres de nuestro país.


La financiación del Plan Corresponsables como política pública pionera en materia de conciliación, el aumento de los fondos contra las violencias machistas o el fin de la tasa morada, reducciendo el IVA de productos de salud menstrual, entre
otros, creo que reflejan el compromiso de este Ejecutivo.


Como ven, estos presupuestos están en plena sintonía con los objetivos de la Agenda 2030, como también ha puesto de manifiesto el respectivo informe de alineamiento, elaborado por la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos.


Le decía, está en plena sintonía con los objetivos de la Agenda 2030, como también ha puesto de manifiesto el informe de alineamiento, elaborado por la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos. Entre otras conclusiones, cabe destacar
que 3 de cada 5 programas presupuestarios contribuyen de forma directa al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y que al 58 % de los programas de gasto están alineados con 2 o más de estos objetivos.



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Esta es una de las herramientas más eficaces para integrar la perspectiva multidimensional del desarrollo sostenible en las políticas públicas.


Entrando ahora en el detalle del presupuesto, cuya gestión corresponde directamente a esta Secretaría de Estado, y como ya avancé al comienzo de mi intervención, está previsto que ascienda a un total de 22 934 440 euros, con un incremento de
1,38 millones con respecto a los Presupuestos Generales del Estado de 2022.


Al igual que no podemos lograr un planeta sostenible sin la comunidad internacional al completo, si esa comunidad internacional al completo no se implica en esta tarea, en nuestro país tampoco podemos abordar con éxito los Objetivos de
Desarrollo Sostenible, si cada uno de los niveles de la Administración no se emplea a fondo y no contribuye a esta labor común.


Por ello, una de las principales líneas de trabajo de esta Secretaría de Estado pasa por hacer realidad los Objetivos de Desarrollo Sostenible desde el ámbito local, reconociendo e impulsando aquellas iniciativas que claramente contribuyen a
alcanzarlos desde el nivel más próximo a la ciudadanía.


En ese sentido, creemos firmemente que las entidades locales juegan un papel determinante y vamos a seguir acompañando a los ayuntamientos para que desplieguen políticas alineadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, proporcionando
las buenas prácticas y distintas experiencias piloto que evidencian que estos objetivos mejoran la vida cotidiana de la ciudadanía en los más de 8000 municipios de nuestro país.


Vamos a destinar 6,6 millones de euros a las acciones para el impulso de la Agenda 2030 en las entidades locales, lo que supone un aumento de 600 000 euros en esta partida, destinada a las subvenciones por concurrencia competitiva, con
respecto al año pasado.


Con ello respondemos a la creciente implementación o implicación de las entidades locales, que se pone de manifiesto en el elevado y creciente número de propuestas que hemos recibido, casi 600, en la convocatoria de este año.


Además, a esta partida presupuestaria se suma la subvención nominativa por importe de 600 000 euros, que ya contemplaba el presupuesto del año 2022, y que nos va a permitir continuar apoyando el trabajo conjunto y las capacidades de la Red
de Entidades Locales para la Agenda 2030 de la Federación Española de Municipios y Provincias, que a día de hoy agrupa a 478 entes locales, en los que residen más de 26 millones de españoles y españolas. Se trata de la red con mayor participación
de todas las que coordina la FEMP, y en apenas un año se han adherido más de 100 nuevos Gobiernos locales, lo que demuestra, creo, que esta materia suscita un amplio interés y que vamos a acompañar desde la Secretaría de Estado todo su trabajo.


En línea también con la importancia que otorgamos al ámbito local, en este proyecto de presupuestos se crea una nueva partida, dotada de 2 millones de euros para contribuciones a organismos internacionales, con la que sufragamos una
aportación voluntaria al fondo conjunto de las Naciones Unidas para los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Esto lo que permitirá será crear un fondo para financiar proyectos en materia de localización de la Agenda 2030, que será complementado, a
su vez, por la Secretaría de Estado de Cooperación Internacional. Además, esta partida se enmarca en el acuerdo alcanzado con las Naciones Unidas, que va a posibilitar que Bilbao acoja la sede del Secretariado de la Iniciativa Coalición Local 2030
de Naciones Unidas, situando a nuestro país como referente internacional en materia de localización de la Agenda 2030.


Desde aquí quiero agradecer el trabajo del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, del Gobierno vasco también y del Ayuntamiento de Bilbao, que han colaborado estrechamente con el Ministerio de Derechos Sociales y
Agenda 2030, para lograr que la ciudad de Bilbao se convierta en sede de esta iniciativa tan importante para reforzar el trabajo de los Gobiernos locales y regionales.


La Agenda 2030 no puede entenderse tampoco sin las aportaciones de la ciudadanía organizada, sin el mundo académico o sin la participación de las empresas de nuestro país, pues todos estos actores están concernidos por los retos globales que
plantea. De hecho, en no pocas ocasiones ha sido la sociedad civil la que ha impulsado las transformaciones que después han llegado a las instituciones.


Por tanto, además de recuperar el tiempo perdido e intentar estar a la altura de las reivindicaciones de estos colectivos u organizaciones, lo mínimo que creo que podemos hacer es acompañar a aquellas iniciativas sociales que contribuyen a
un futuro mejor que estamos construyendo y que vamos a seguir impulsando.


La necesidad de implicar a la ciudadanía organizada está, además, en la propia génesis de la Agenda 2030 y de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que en su punto 17 nos insta a promover las



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alianzas y partenariados necesarios con distintos actores y forma parte de las funciones que el Real Decreto 452/2020 atribuye directamente a esta Secretaría de Estado.


En respuesta a este mandato, y conscientes de la aportación de los colectivos, las asociaciones y las fundaciones sin ánimo de lucro, así como las entidades y empresas de la economía social y las universidades públicas, en el proyecto de los
Presupuestos Generales del Estado se consigna una partida de 10 millones de euros para programas de apoyo a la implementación de iniciativas alineadas con la Agenda 2030. A esta convocatoria de subvenciones, que se otorgan por concurrencia
competitiva, tal y como regula el orden de bases, aprobado en 2021, podrán presentarse proyectos que complementarán los esfuerzos de las distintas Administraciones para abordar los retos de la Estrategia de Desarrollo Sostenible.


El presupuesto de la Secretaría de Estado para el próximo ejercicio también contempla otras partidas, destinadas tanto a impulsar el conocimiento de la Agenda 2030 en la sociedad como a desarrollar trabajos técnicos, que creemos que pueden
ayudar o complementar la labor de la Secretaría de Estado.


En ese sentido, vamos a disponer de 1,3 millones de euros para campañas de comunicación, cifra que representa aproximadamente el 6 % del presupuesto total de la Secretaría y que es coherente con el mandato del artículo 6, apartado m del Real
Decreto 452/2020, que nos insta a difundir de la forma más eficaz posible los avances y retos pendientes en materia de cumplimiento de Agenda 2030 y sensibilizar a la ciudadanía para que conozca esta agenda.


Un esfuerzo que vamos a seguir desarrollando a través de campañas en canales como los medios de comunicación y las redes sociales, por citar algunos de ellos. Asimismo, prevemos 1 020 000 euros a convenios con otras instituciones y 500 000
euros a estudios y trabajos técnicos que nos aportarán el conocimiento experto necesario para cumplir con estos Objetivos de Desarrollo Sostenible. Nuestra prioridad siempre es trabajar desde el rigor, con un proyecto sólido que esté basado en
indicadores y evidencias fiables.


Finalmente, la partida destinada a reuniones, conferencias y cursos, ascenderá a 400 000 euros y nos permitirá generar espacios de participación, de reflexión y de debate, tanto junto a actores no gubernamentales como con actores
gubernamentales que contribuyan a la Agenda 2030. Además, parte de este presupuesto se destinará a apoyar las actividades relacionadas con la Presidencia de España y el Consejo de la Unión Europea, durante el segundo semestre de 2023.


En definitiva, señorías, acercar la Agenda 2030 a la ciudadanía, porque esta agenda es, ni más ni menos que la agenda de la ciudadanía. Impulsar proyectos que contribuyan a materializar los Objetivos de Desarrollo Sostenible desde el ámbito
local, promover la colaboración con la sociedad civil, con la ciudadanía organizada y desarrollar todo este trabajo con una gestión rigurosa. Permítanme decirles que este año el grado de ejecución presupuestaria de esta Secretaría rondará en más
del 95 %. Estas son algunas de nuestras prioridades para el próximo año, tal y como he querido transmitirles en mi exposición.


En 2023 superaremos el ecuador de plazo de la Agenda 2030, desde su firma en el año 2015. Creo que es un momento idóneo para echar la vista atrás, ver los avances, fortalezas y debilidades que se han logrado construir en estos años. Pero
sobre todo toca mirar hacia adelante, hacia los desafíos que están pendientes, que tenemos, los ámbitos donde debemos redoblar los esfuerzos, los avances que debemos llevar a cabo para conseguir cumplir con nuestro compromiso.


Así lo ha hecho Naciones Unidas con la década para la acción que impulsó en el año 2020, y así debemos hacerlo nosotros y nosotras. Porque invertir en políticas alineadas con la Agenda 2030 es invertir en una sociedad basada en la justicia
social, la igualdad de condiciones, en unos servicios públicos fuertes, en la plena igualdad entre hombres y mujeres, en la erradicación de todas las formas de violencia machista, en un sistema productivo que genere mayor valor añadido y que sea
sostenible, en el abordaje decidido de la emergencia climática es, en definitiva, intervenir en mejorar nuestras vidas.


En ese sentido, quiero aprovechar mi comparecencia para hacer una reflexión que tiene que ver con ese futuro al que creo que nos dirigimos. Este fin de semana escuchábamos a un economista en un programa de televisión, decirle a una joven
que si no podía pagar el alquiler de su piso en Madrid tenía que irse a vivir a decenas de kilómetros. Le decía que no se puede aspirar a todo, como si vivir a una distancia normal de tu trabajo y no compartir 40 metros cuadrados con otra persona
fuese un lujo.


Nuestro deber es contrarrestar todos esos discursos que tratan de sumirnos en la resignación. Vamos a seguir trabajando para demostrar que siempre tiene que haber una alternativa y que hay un futuro mejor que está a nuestro alcance, sin
duda, porque vivir no es un capricho. Es nuestro derecho, el de todos y todas. Tengan por seguro que nosotros no vamos a parar hasta conseguirlo, porque creo que nosotras sí aspiramos a todo para todos y para todas.


Muchas gracias.



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El señor PRESIDENTE: Bien, tras la intervención de la secretaria de Estado, tiene la palabra, ya saben, por un tiempo de 5 minutos, cada uno de los portavoces de los diferentes grupos parlamentarios, para pedir aclaraciones, preguntar,
manifestar lo que crean conveniente.


En primer lugar, tiene la palabra por parte del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, su portavoz, Ismael Cortés.


El señor CORTÉS GÓMEZ: Gracias, presidente. Bienvenida a esta Comisión de Presupuestos, señora secretaria de Estado, y gracias también por su exposición. Quería empezar poniendo de relieve, precisamente, el carácter multidimensional y
multinivel de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.


El papel principal de esta Secretaría de Estado no es solamente gestionar y ejecutar unos presupuestos, sino coordinar y transversalizar los Objetivos de Desarrollo Sostenible con el resto de ministerios. Aquí querría poner de relieve
algunas cuestiones principales en las que viene trabajando la Secretaría de Estado dentro del Ministerio de Derechos Sociales. El fin de la pobreza, el cuidado de la salud pública, la educación, la igualdad de género, el cuidado de un agua limpia y
asequible para la ciudadanía, la energía sostenible y no contaminante, el trabajo decente y la reducción de las desigualdades.


Decía anteriormente el secretario de Estado que estamos en un contexto exigente, COVID más guerra de Ucrania. En este sentido, quiero destacar el conocido como escudo social, el papel que jugaron la moratoria a los alquileres, en la
contención de la subida de precios en los alquileres. Pero también lo que denominaba el secretario de Estado anteriormente, el escudo empresarial, los ERTE, sin los cuales, mediana empresa, pymes y medianas empresas no habrían podido hacer frente a
la crisis de la COVID.


La subida del salario mínimo en un 30 %, creo que tampoco es una cuestión baladí que se ha conseguido en un tiempo récord. La subida de las pensiones un 8.5 % y la dexación de las pensiones al IPC, reivindicamos, uniéndonos a la marea de
pensionistas, que esto se haga por ley y que no quede en la coyuntura una negociación de presupuesto entre los socios de Gobierno. Porque corremos el riesgo de que si hay una oleada reaccionaria, estos queden solamente actualizados al 0,25 %, como
ocurrió en el Gobierno de M. Rajoy.


Las medidas compensatorias que se están implementando a la inflación y a la subida de precios, yo creo que es un punto también interesante. Los que marcan los precios no son los Gobiernos. Es una falacia que reiteradamente desde las
derechas quieren instalar en la opinión pública, sino quienes regulan los precios son los dueños de los mercados, que en momentos en los que más hay que contribuir, precisamente, a la Hacienda Pública, ellos intentan tener máximos beneficios y
mínima cotización.


El esfuerzo con la educación infantil creo que es algo también que ha traído coordinado con el espíritu de la Agenda 2030, que es la implicación desde la primera infancia en los sistemas públicos educativos de toda la ciudadanía.


El sistema de una economía de cuidados, creo que esto también es algo relevante, y la desigualdad de género no se logrará sin esta coordinación en la coeducación y la cocrianza.


Una cuestión que ha tenido un debate que ha tenido lugar en la comparecencia anterior, que tiene que ver con la fiscalidad progresiva, y que, de alguna manera, tangencialmente ha tocado el secretario de Estado, y yo creo que es un acierto
del Gobierno progresista, que es ampliar la contribución de las rentas más altas. Recaudar más para redistribuir mejor.


El dogma neoliberal no funciona y vemos cómo precisamente el ejemplo de Reino Unido es muy ilustrativo a este respecto. En un momento en el que precisamente se intentaba librar de la carga a aquellos que más ganan, querían suprimir el
impuesto del IRPF del 45 % a las rentas superiores a 150 000 libras al año. Vemos que ha tenido un impacto desastroso. Ya decía el Banco Central de Inglaterra que iba a comprar deuda pública. El Fondo Monetario Internacional, que es el que más,
digamos, incisivamente se ha pronunciado, avisaba de déficit presupuestario, subida de la inflación y devaluación de la moneda, con el resultado de que ha tenido que dimitir el ministro de Economía, y veremos a ver si no se lleva también por delante
esta decisión dogmática neoliberal a la primera ministra.


Por lo tanto, yo creo que en contraposición, el acierto que trae la perspectiva del Gobierno, alineada, como decía anteriormente, con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, de hacer una fiscalidad progresiva. Aquí hablamos de una subida al
27 %, muy lejos de ese 45 % de impuesto a las rentas más altas que hay en Inglaterra, un 27 %, decía, a las rentas del capital de entre 200 000 y 300 000 euros y un 28 % a aquellas que están por encima de los 300 000 euros.



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Yo creo que este va a ser un debate en el que hay que hacer mucha pedagogía. En la transformación postsocialista de Europa, yo creo que hay un principio que se debe intentar aplicar con equilibrio, que es competitividad allí donde sea
posible y regulación allí donde sea necesario.


El dogma neoliberal que redundaba en menos impuestos y más recortes, es un absoluto colapso del Estado del bienestar, como vimos anteriormente.


Por lo tanto, reiterar mi gratitud por su exposición y continuar en esta senda, dejándonos también guiar de la mano por las reivindicaciones de los movimientos sociales, como decía anteriormente. Las mareas de salud pública, marea
pensionista, etcétera.


El señor PRESIDENTE: A continuación, tiene la palabra por parte del Grupo Parlamentario de Vox, su portavoz, en este caso, Magdalena Nevado. Tiene 5 minutos.


La señora NEVADO DEL CAMPO: Gracias.


Buenas tardes, señora Verstrynge. Es usted la tercera secretaria de Estado que pasa por aquí en esta legislatura. Le he escuchado decir que la Agenda 2030 es una hoja de ruta que nos ofrece un camino atravesado, con valores como la
libertad, la igualdad, la fraternidad, la justicia y que están en el centro del pensamiento de las mayorías sociales. Lo tiene usted ahí en sus apuntes. Yo he tomado nota, porque a ver si usted, que es la tercera secretaria de Estado, me responde
a una pregunta que llevo haciéndole a todo el mundo. ¿Dónde está en la Agenda 2030 la libertad, el concepto de libertad? Porque hablan de un concepto más amplio de libertad, pero no explican qué significa eso de un concepto más amplio de libertad.
No hay nadie que me haya respondido, a ver si (No se entiende lo que dice) hay es suerte.


Bueno, vamos a los presupuestos. Voy a aprovechar que usted ha hecho referencia a ejercicios anteriores para hacerle yo también un resumen de, aclaro, de la sección 921 i, porque usted ha hecho referencia a otras muchas más cositas, y aquí
estamos para hablar de la 921 i.


Mire, en lo que llevamos de legislatura llevan casi 100 millones de euros gastados en puro marketing, en intentar convencer a los españoles de que es bueno avanzar en la ruina de España. Desde que esta agenda se ha puesto en marcha hay 27
millones de personas en riesgo de exclusión. Su agenda promete el fin de la pobreza, pero hay 1 millón de pobres más cada año. Promete el trabajo decente, pero hay 3 millones de parados. Promete crecimiento económico y hemos alcanzado cifras
récord de inflación. Promete luchar por la vida y los ecosistemas terrestres, pero hay más incendios y más muerte que nunca. Prometen una energía asequible, pero la realidad es que este invierno no podremos poner la calefacción.


Somos el cuarto país de Europa con más personas en situación de pobreza y exclusión social. Ustedes dicen que son el escudo social y que esta agenda es la solución a todos los males de la humanidad. Nosotros, la verdad, que pensamos que es
más bien la raíz de todos los problemas.


Ustedes dicen querer poner fin a la pobreza, pero no tienen ningún inconveniente en gastar 100 millones en pura propaganda. 100 millones del bolsillo de las personas que no saben si van a poder comer el mes que viene.


Mire, llevan gastado en estos ejercicios de la legislatura en la que estamos, 63 millones de euros en personal. Actividades realizadas mediante convenio, 1 020 000. Esto es una partida nueva que ahora le explico. Atenciones protocolarias
y representativas, 14 200 cada año. Atenciones protocolarias y representativas, 14 200 cada año. Luego me explica a ver en qué se gastan ese dinero.


Dietas, 40 000, 80 000 y 80 000 por ejercicio. Es decir, 200 000 euros en dietas, pero dietas que no son locomoción. No, son dietas. Esto que es en comer. ¿Qué comen ustedes? ¿Gambas? ¿Caviar? ¿Carnes? Porque gusanos no, ¿verdad? ¿O
sí? Ahora me lo explica.


Gastos en Presidencia española del Consejo de la Unión Europea, 80 000 euros. También me gustaría que me dijera exactamente para qué. En locomoción, 80 000, 140 000 y 140 000, en total, 360 000 euros. ¿Esto qué es? ¿El Falcon privado
para que se vaya con sus amiguitas a Nueva York, a hablar del aborto?


Publicidad y propaganda, 9 millones en los tres ejercicios. 9 millones de euros en publicidad y propaganda pura y dura. Además, certificado. Reuniones y conferencias y cursos, 1 700 000 euros. Estudios y trabajos técnicos, 8 millones.
Eso sí lo voy a explicar luego.


En transferencias al fondo de la Federación Española de Municipios y Provincias, 1 200 000. Pero luego usted no dice luego qué se hace con ese dinero. Acciones para el impulso de la Agenda 2030 a las entidades locales, 17 600 000 euros.
Contribución voluntaria a la ONU para los ODS, 2 millones. Para que se reconozca y aplique la Agenda 2030, 600 000, y subvenciones a la sociedad civil, 25 millones de euros. Pura propaganda y puro marketing.



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En fin, son tres ejercicios en los que llevan, ya le digo, 100 millones de euros. Yo lo único que saco en claro, señora Verstrynge, usted acaba de llegar, pero ya me imagino que las personas que hacen los presupuestos han aprendido a
disfrazar las partidas y a que parezca que determinadas partidas se van reduciendo, cuando en realidad se están aumentando escandalosamente. Le explicó por qué. Porque reducen, por ejemplo, la partida de publicidad y propaganda de 4,7 millones a
1,3, para que parezca que han ahorrado 3,4 millones y resulta que crean una partida de subvenciones a la sociedad civil y le dan 10 millones de euros. O sea, que al final lo que hacen es gastar 6,6 millones más.


Esa sociedad civil, ¿a quién se refieren? ¿Con qué objetivo? ¿Qué es lo que van a realizar exactamente? Cuéntamelo, por favor. Hacen lo mismo con estudios y trabajo de esa partida, para que la gente nos entienda, es esos informes que
encargan ustedes a sus afines, antes destinaban 1 520 000 euros y ahora medio millón. Pero es que, por otro lado, encargan en consolidar, en la consolidación de esta partida, 1 020 000. Es decir, que aseguran esos estudios y trabajos a las
personas que sea y ya, y lo quitan de la partida de estudios y trabajo. Yo me pregunto una cosa. Me pregunto varias. ¿Exactamente a quién van esas partidas de estudios y trabajo? Exactamente, ¿a quién se las encargan?


Luego, por otro lado, también me gustaría saber si ustedes con 63 millones de euros de personal en lo que va de legislatura tienen la necesidad de encargar estudios y trabajo. ¿No son ustedes capaces de realizar esos estudios y trabajos?


En su organigrama hay cuatro altos cargos con un salario de medio,/ digo de media, de 100 000 euros.


El señor PRESIDENTE: Tiene que terminar, ha agotado su tiempo.


La señora NEVADO DEL CAMPO: De acuerdo.


A ver, señora Verstrynge, en definitiva, yo le quiero preguntar si no le da a usted cargo de conciencia, gastar casi 100 millones de euros en publicidad para impulsar la ruina de los españoles y para hacer leyes que vamos a tener que derogar
si queremos sobrevivir como sociedad.


Gracias.


El señor PRESIDENTE: A continuación, tiene la palabra por parte del Grupo Parlamentario Popular, su portavoz, en este caso, José Ángel Alonso.


El señor ALONSO PÉREZ: Gracias, presidente. Buenas tardes, señora Verstrynge.


En primer lugar, quiero reafirmar el compromiso del Partido Popular con los compromisos internacionales de nuestro país. En este caso, con unos Objetivos de Desarrollo Sostenible que se trabajaron, negociaron, firmaron y ratificaron por el
Gobierno de Mariano Rajoy. También, desde el Grupo Parlamentario Popular le damos la bienvenida como secretaria de Estado para la Agenda 2030. Pero no sé si aprovechar también para despedirnos. Sé que suena un poco raro esto que digo, pero es a
lo que nos han acostumbrado ustedes con el caos de este Gobierno.


Presupuestos Generales del Estado 2021. Su lugar lo ocupaba la señora Belarra. Presupuestos Generales del Estado 2022. Su lugar lo ocupaba el secretario general del Partido Comunista de España, Enrique Santiago. En los del 2023 le ha
tocado a usted, aunque entiendo que es la única que no teme ser sustituida, ya que a estas alturas tendrá asumido que estos son los últimos presupuestos de Pedro Sánchez y, por tanto, son sus primeros y últimos presupuestos.


Aun así, le quiero agradecer el esfuerzo de comparecer, ya que somos conscientes de que les gusta bastante poco cualquier tipo de control al Gobierno, entre otras cosas, se lo digo porque su jefa, la señora Belarra, desde que fue nombrada
ministra, no ha encontrado ni un par de horas para comparecer ante la Comisión Mixta de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. No sé si a ustedes esto les parece rendición de cuentas o si les parece coordinación multinivel y multilateral. A
nosotros, desde luego que no.


La grave situación que atraviesa España requiere de políticos capacitados, no políticos que vengan aquí a formarse. Esto lo digo porque de verdad deseo que usted se encuentre más preparada que el año pasado, cuando dijo aquello de que ya
estamos dentro de las instituciones, ahora hay que formarse entre nosotros.


Ustedes vienen aquí a anunciarnos muchas cifras, a decir lo buenas que son estas cuentas y a contarnos cuánto han aumentado el gasto. Si realmente piensan así es que la izquierda no ha aprendido nada en todos estos años. Demuestran muy
poco conocimiento de gestión, si siguen creyendo que gastar más es una cualidad, sin importarle si se gasta de forma eficiente o si lo vamos a poder pagar.


¿No sería más fácil que se ajustasen el cinturón y suprimiesen ministerios a seguir asfixiando con impuestos a los españoles? Como bien sabe, la recaudación de este año 2022 será récord. En los ocho



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primeros meses del año ha aumentado en 27 000 millones de euros, un 19 % más que en este mismo periodo en el 2021. Ya hemos escuchado al anterior secretario presumir de ello, así que supongo que usted también estará orgullosa. Pero a mí me
gustaría que explicasen a los españoles que todo este dinero está mejor en manos del Gobierno que en sus bolsillos.


Ustedes vienen a decir que lo recaudado es para sanidad y educación, pero no explican que en estos presupuestos la partida de altos cargos sube más de un 18 %. Son 144 millones de euros más que el año pasado y 252 millones de euros más que
en 2018. Si seguimos así, en el único sitio de España en el que se va a alcanzar el pleno empleo es en el Palacio de la Moncloa.


Gastar más no es ningún talento. Gastar mejor, sí.


Después de esta valoración general, como solo tengo 5 minutos, me gustaría hablar de la serie azul de los presupuestos. Quiero centrarme especialmente en su dimensión social, ya que ayer fue el Día Internacional de la Erradicación de la
Pobreza y el Gobierno de España no está siendo capaz de hacer frente a la grave situación que atraviesa nuestro país.


En el año 2021, un total de 13 100 000 españoles, es decir, el 27,8 % de nuestra población, se encontraba en riesgo de pobreza o exclusión social, una cifra que sigue creciendo.


Entonces, señora Verstrynge, ¿qué tiene que decir a esas 380 000 personas más que en un solo año han pasado a estar en riesgo de pobreza? ¿Qué está haciendo usted desde el ministerio y desde su Secretaría de Estado para evitar algo así.
Ustedes se indignaban y manifestaban cuando la luz subió un 4 % y ahora callan ante unos disparatados costes de la luz, del gas o de la cesta de la compra. Su gran respuesta es un Ingreso Mínimo Vital, del que ha hablado y que solo llega al 13 % de
la población bajo el umbral de la pobreza, mientras las colas del hambre no paran de crecer.


Los datos les acorralan y por eso la señora Belarra decidió el otro día invertir más tiempo de su intervención en insultar al principal partido de la oposición, que en hablar de pobreza.


Es el momento de impulsar los ODS, pero de verdad. De implementar medidas reales para hacer frente a la inflación, evitando el sufrimiento que está causando a la sociedad española, especialmente a los más vulnerables. Porque desde que
ustedes gobiernan, la salida a esta crisis no está siendo social. Está siendo socialista. Por eso salimos con más impuestos, más pobreza, más déficit y más deuda.


Señora Verstrynge, el papel lo aguanta todo. Pero no se engañen más a ustedes mismos. Tampoco engañen más a los españoles. Saben que sus medidas no están funcionando y que solo aciertan cuando nos copian. Así que, por favor, apliquen las
medidas que se recogen en el plan presentado por el Partido Popular. Sabe que solo así podrán garantizar la creación de empleo y el crecimiento económico. Pero háganlo de una vez, porque este Gobierno ya va muy tarde y España no tiene tiempo que
perder.


Respecto al presupuesto de su Secretaría de Estado, me gustaría que nos aclarase un par de cuestiones. Es que si saben en qué va a traducirse exactamente el 1 300 000 euros que se va a destinar a publicidad y propaganda, de una forma un
poco más detallada, si también nos puede explicar de una forma un poco más concreta en qué se va a dedicar el millón para actividades realizadas mediante convenio.


Por último, ustedes, que son tan de lo público, ¿a qué van a dedicar el medio millón de estudios y trabajos técnicos?


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: A continuación, tiene la palabra por parte del Grupo Parlamentario Socialista, su portavoz, Noemí Villagrasa. Cuando quiera, tiene 5 minutos.


La señora VILLAGRASA QUERO: Gracias, presidente. Buenas tardes, secretaria de Estado. Bienvenida a su casa, en esta primera comparecencia en el Parlamento, y gracias por detallarnos el objeto de este proyecto de ley de Presupuestos
Generales del Estado para el 2023 en su Secretaría, que ponen de manifiesto el objeto político de este Gobierno. El progreso del país en un contexto de derechos plenos, ambientes sanos y vidas dignas y seguras.


Estamos ante unos Presupuestos Generales del Estado para la Secretaría que, por fortuna, se definen continuistas, porque continúan poniendo el foco en el apoyo a las organizaciones de la sociedad civil, de la economía social y de la
universidad, en su contribución a la Agenda 2030 y a la Estrategia Española de Desarrollo Sostenible, así como en el impulso a través de las entidades locales, de la Federación Española de Municipios y en la localización de la agenda en las
políticas municipales, señora Nevado, para agua y saneamiento, para iluminación eficiente, para becas de comedor, para asistencia domiciliaria. Esas cosas que hacen los más de 8000 municipios que tenemos en España.



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Más de 17 millones de euros destinados al aterrizaje de la agenda desde su estudio y observancia, hasta que se traduce en impacto de su cambio a través de las políticas públicas y de su medición. La academia, la sociedad civil, los agentes
sociales, la empresa y las instituciones, todas las personas y todos los esfuerzos para garantizar la sostenibilidad y la vida en España y en el planeta.


Tenemos este año secretaria que volverá a hablar de una dualidad compatible, que es la modestia y la ambición. Cómo casi 23 millones de euros, una modesta cantidad, comparada con las que nos dan los presupuestos, marca e impacta sobre la
filosofía de todo un Gobierno.


Asistimos, además, a la tercera generación del informe de alineamiento de los Presupuestos Generales del Estado, que nos demuestra un alto grado de alineación de los presupuestos con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y con la Agenda
2030, evidenciando una cosa. El efecto multiplicador de las partidas sobre el cumplimiento de los ODS, y comprobando cómo el consolidado tiene un alto carácter de coherencia y mejora la eficacia y la eficiencia y la calidad del gasto público,
señores del PP.


Inmersos en plena crisis, desencadenada por las consecuencias de la guerra de Ucrania, los compromisos globales para abordar los retos comunes y la resolución de los principales problemas domésticos son ineludibles. La Agenda 2030 es más
necesaria que nunca en este tiempo. El descuento de la década de acción se está desarrollando en un marco de dificultades que sin duda han frenado los avances globales, e incluso nos han hecho retroceder en algunos, así como arrojan los datos, en
algunas de las metas.


Sin embargo, la puesta en marcha del escudo social y todas las medidas de acompañamiento que el Gobierno de España ha implementado para mantener con dignidad la vida de los españoles y las españolas, hacen sostenible el crecimiento
económico, a la par que la redistribución. Han significado un avance instrumental en la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.


Sin querer ser autocomplacientes, tenemos que decir que este grupo parlamentario nos sentimos orgullosas de que este Gobierno siga manteniendo el compromiso decidido con la agenda global y con su proyecto renovado de país que supuso la
Estrategia de Desarrollo Sostenible.


Sin querer sonar autocomplaciente, y siendo conscientes de que acelerar, a través de políticas públicas y de la inversión pública, es el horizonte más seguro para la consecución de la agenda.


El Gobierno de España es un firme valedor y una referencia por su política social y económica, llevada a cabo en esta legislatura, que hace que se nos perciba en el exterior como un país comprometido con las metas comunes, que cumple al
interior con la protección de su ciudadanía, implementando políticas públicas para incentivar la economía, para sujetar el impacto de la inflación en los hogares, para proteger a las familias, para becar a los estudiantes, para gravar a las grandes
empresas sobre los beneficios extraordinarios, para proteger a los trabajadores y a las trabajadoras por cuenta propia y ajena, para proteger a la infancia de las violencias, para asegurar la energía y bonificarla, para garantizar la seguridad
alimentaria y prohibir la venta a pérdidas.


Estamos seguras que fruto de esa percepción como país y Estado y de la cogobernanza de la que gozamos, la sede del Secretariado de la Iniciativa Local 2030, en el marco de los acuerdos de Naciones Unidas, estará en Bilbao, situándonos como
referente, como decía la secretaria, como referente internacional en la localización de la Agenda 2030.


Finalmente, es una obligación decir una vez más que la Agenda 2030 no es una amenaza para el país, ni para la vida de los españoles, ni de las españolas, que no nació ayer, señora Nevado, y con este Gobierno, que tiene décadas gestándose y
que emana del consenso y la reflexión, que los Estados, que los Gobiernos, que la sociedad civil organizada, que incluso los poderes económicos, llegaron como acuerdo desde hace décadas. Que esa acción no es intangible, también es conveniente
decirlo, que se traduce en los Presupuestos Generales del Estado y en el Boletín Oficial del Estado.


Señorías del PP, que solo hay dos maneras de estar con ella, señor Alonso, cuando se gobierna y cuando no se gobierna, sin matices. Disparatado fue rescatar a la banca y dejar caer a las personas, que esa fue la salida que ustedes nos
propusieron. Que nada más nos surge que tomar su camino, que los propios intereses y los límites del planeta y la transformación necesaria y, sobre todo, la responsabilidad que tenemos con la hipoteca sobre las generaciones futuras.


Gracias de nuevo, secretaria de Estado. Quedamos pendiente de sus anotaciones y también de su próxima comparecencia para hablarnos del informe de progreso en la Comisión para el Seguimiento de la Estrategia de Desarrollo Sostenible.


Muchas gracias.



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El señor PRESIDENTE: Por alusiones. ¿Has dicho qué artículo?


Me parece que no es ese el artículo, pero de acuerdo. Pero se tiene que ceñir al tema.


(00:02:41) (29): Sí, solamente le quería decir a la señora del PSOE que tiene como costumbre, cuando venimos a esta comisión, hablar conmigo. Usted tiene que venir aquí a hablar de los presupuestos del Estado con la señora compareciente
para informarle. Es que creo que no lo saben.


El señor PRESIDENTE: A continuación, tiene la palabra la secretaria de Estado para la Agenda 2030. Como ya ha dicho el anterior compareciente, si para contestar a alguna pregunta cree conveniente enviar algún documento o lo que sea, nos lo
hace llegar y con mucho gusto lo haremos llegar a todos los miembros de la comisión.


Cuando quiera, tiene 10 minutos orientativos.


La señora SECRETARIA DE ESTADO PARA LA AGENDA 2030 (Verstrynge Revuelta): Gracias, presidente.


En primer lugar, me dirijo en términos amplios a las derechas, si me lo permiten. ¿Dónde está en la Agenda 2030 la libertad? Señoría, cuando la derecha habla de libertad siempre reivindica algún privilegio. No habla de la libertad en
términos amplios. Cuando hablan de libertad de elección, hablan de salud privada, de colegio de pago o de centro de salud privado. Es decir, libertad en función del dinero que tengas.


Cuando hablan ustedes de libertad de empresa, hablan también de libertad en función del dinero que tengas y, en general, es competencia para los más pobres.


Cuando hablan ustedes de libertad individual, se olvidan del bien común y de la colaboración, que es lo que mueve el mundo. Señoría, no es lo mismo la libertad que el liberalismo económico.


Es curioso, señoría, que quien más dinero público ha invertido en propaganda, según términos o palabras suyas, y lo digo porque le recuerdo que 2 de cada 3 euros que ingresa su organización política provienen de las arcas públicas, debe ser
que la derecha, la inversión pública le gusta cuando es suya, pero no de los demás. Es llamativo que quien más dinero público, como le decía, ha invertido en la Agenda 2030, se oponga frontalmente a todos y cada uno de los objetivos de esta agenda.


17 objetivos, señoría, y ninguno les parece bien. Eso básicamente significa; están ustedes en contra de acabar con la pobreza en nuestro país. Están ustedes en contra de acabar contra el hambre en España. Están ustedes en contra de
proteger la sanidad y la educación pública de todos los españoles. ¿Me deja terminar? Por supuesto, están ustedes en contra de asegurar la igualdad entre hombres y mujeres. También están ustedes en contra del acceso al agua potable. Mi
preferida, están ustedes en contra de una soberanía energética y, por tanto, una factura de la luz accesible para todos sus compatriotas. Están ustedes en contra de que exista en España trabajo de calidad, crecimiento económico, un sector
industrial fuerte e innovador.


Están ustedes en contra de que nuestros campos y paisajes estén protegidos y cuidados, y también están ustedes en contra de que la justicia en las instituciones sean sólidas.


Dígame, señorías, a favor de qué están ustedes. Solamente están a favor de estar en contra. Deberían explicarle a los españoles, en un verdadero, por cierto, ejercicio de patriotismo, que lo que ustedes defienden es hambre y pobreza para
los españoles. Lo que ustedes defienden es una sanidad y una educación al alcance solamente de quien pueda pagársela. Que están ustedes encantados con los precios abusivos de la energía, porque son ustedes quienes mandan en las empresas
energéticas.


Ustedes de lo que están a favor es de que España decrezca económicamente, de que no exista producción nacional, sector industrial o innovación. Ustedes están a favor de que los españoles cobren mal y poco. También están ustedes a favor de
que nuestros campos y paisajes sigan quemándose y secándose verano tras verano.


La realidad, señorías, es que su agenda es una agenda, muy bien dicho y muchas veces dicho, anti España, y que cada vez que tienen ustedes que votar en esta Cámara, votan ustedes contra España.


Lo hicieron con la tasa Google, cuando este Gobierno planteó gravar a multinacionales para proteger los servicios públicos españoles. Ustedes votaron a favor de las multinacionales y contra España. Lo hicieron con la ley Ryder también,
cuando este Gobierno obligó a las multinacionales a que se respetasen todos los derechos de los trabajadores españoles. Ustedes votaron a favor de las multinacionales y contra España. Lo hacen cada vez que ustedes tienen que decidir, por ejemplo,
sobre las VTC, defendiendo a las multinacionales frente al sector del taxi español. Ustedes votan a favor de las multinacionales y en contra de España.



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Lo hacen en Europa, cada vez que eurodiputados suyos votan a favor de tratados de libre comercio que destruyen a los productores nacionales y a nuestra economía local o nuestra ganadería y agricultura. Ustedes, una vez más, votan contra
España.


A la vista de su programa y de sus votaciones en este Congreso, señoría, está claro que su patria no es España y su patriotismo no es para con la ciudadanía de este país. Ustedes no se sienten concernidos por el devenir del conjunto del
pueblo español, sino por sus intereses propios. Por eso rechazan la Agenda 2030 y se refieren a partidas en concreto, que creo que saben igual que yo que no tienen mucha importancia.


Miren, señorías, a España se la defiende aquí, en la sede de la soberanía popular, votando a favor de sus intereses, y ustedes siempre votan contra España.


Por hacerles un favor, en cuanto a sus (No se entiende lo que dice) discursivos, ya que me ha hablado usted también de libertad, señorías de Vox, les digo que la soberanía, que tanto se llenan la boca y tanto hablan de ello, reside en el
pueblo. A lo mejor tienen que leerse ustedes el artículo 1 de la Constitución. Soberanía son servicios públicos, soberanía es salarios decentes. Es cuidado de nuestra industria, impulsar la ciencia y evitar la emergencia climática o evitar que se
convierta en irreversible. Soberanía, señoría, o máximo poder de una república, sirve para garantizar la independencia de una nación y el bienestar y la seguridad de sus ciudadanos.


Soberanía implica también y, por tanto, independencia. Independencia del exterior y, desde luego, no votar contra España. Ustedes lo que son es ultraliberales y librecambistas. No son soberanistas y, en ningún caso, son tan poco patriotas
ni defensores de la libertad, porque cuando ustedes tienen que elegir entre España o las grandes empresas extranjeras, jamás eligen a España.


Así que le pediría, señoría, que el globalismo del que tanto se refieren cuando hablan de la Agenda 2030, se lo miren y se lo traten ustedes. A Vox no le gusta la Agenda 2030 porque defiende el bienestar de las mayorías y con ello la
soberanía de nuestro país.


Al Partido Popular. Me resulta bastante llamativo que haya mencionado en su intervención el compromiso del PP con la Agenda 2030. No me sorprende, porque lo hacen ustedes a menudo. Tengo la impresión, simplemente, señoría, de que el
Partido Popular solo se acuerda de la agenda cuando no gobierna, cuando no está en el Gobierno. Incluso, ahora en la oposición, donde espero, por cierto, que siga mucho tiempo, solo les interesa la Agenda 2030 y la Estrategia de Desarrollo
Sostenible para mencionarla brevemente en sus discursos. Pero en la praxis diaria demuestran que el PP camina en la dirección totalmente contraria u opuesta a la justicia social, la sostenibilidad, e incluso me atrevería a decir de la democracia.


Verá, entre los retos de país que fija la Estrategia de Desarrollo Sostenible y este Gobierno, está la reducción de la pobreza y de la desigualdad, el fin de la precariedad laboral y la reversión de la crisis de los servicios públicos. El
Partido Popular es el partido que congeló el salario mínimo que aprobó la reforma laboral, que provocó un enorme destrozo de los derechos de los y las trabajadoras, que condenaba a pensionistas al empobrecimiento y que recortó más de 11 millones de
euros en sanidad y en educación, tan pronto como llegaron ustedes a la Moncloa. Ahora, cuando el Gobierno de coalición ha aprobado el Ingreso Mínimo Vital, ha elevado el salario mínimo interprofesional y ha aumentado las pensiones más bajas. ¿Qué
ha hecho el Partido Popular? Oponerse a todos estos avances.


Ustedes gobiernan para unos pocos y son el partido de las élites y de la desigualdad.


El señor PRESIDENTE: Por favor.


La señora SECRETARIA DE ESTADO PARA LA AGENDA 2030 (Verstrynge Revuelta): Pero vamos a otro tema. Vamos a otro tema, por si este les molesta. La Estrategia de Desarrollo Sostenible también nos habla de la necesidad de hacer frente a la
emergencia climática y ambiental y de caminar hacia un modelo económico más diversificado y que aporte más valor añadido. El Partido Popular, en su senda de negar la evidencia y retrasar las transformaciones que necesita este país, llegó a
penalizar con un impuesto el autoconsumo de energía solar y aún hoy insiste en los combustibles fósiles, a pesar de que estos son los que nos han traído la actual crisis climática.


Todo esto por no hablar de su cerril oposición a medidas de sentido común, como el tope al gas o los planes de reducción en el consumo energético. A la señora presidenta de la Comunidad de Madrid, que pertenece a su organización política,
le he escuchado decir cosas como que los acueductos que los romanos construyeron en la Península demuestran que el cambio climático ha existido siempre. El señor Fijóo ha insistido en soluciones caducas, como las centrales térmicas o de carbón en
el actual contexto



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de crisis energética. Así que es muy llamativo que ustedes digan defender la Agenda 2030, porque el PP es claramente el partido de la inacción, por no decir del negacionismo, en cuanto a la emergencia climática. Podría seguir con otras
cuestiones igualmente importantes, como los derechos feministas. Pero creo que en este apartado no merece la pena siquiera detenerse. Podemos hablar, si quieren ustedes, de su voto en contra a la ley Solo sí es Sí o, por ejemplo, de la restricción
de derechos básicos de las mujeres, como el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo.


Con esa hoja de ruta de servicios y este registro de votaciones, comprenderá que no puedo tomarme en serio sus palabras cuando dice que el Partido Popular defiende los valores de justicia, igualdad y sostenibilidad en los que se basa la
Agenda 2030. Tampoco cuando se erige en defensor de los valores constitucionales y democráticos, mientras que cada vez que pierde la mayoría en las urnas, bloquea sistemáticamente el funcionamiento de los órganos, como el Consejo General del Poder
Judicial.


Al PP, ya lo dijo uno de los suyos, solo le vale la democracia si gobierna. Creo que caminan ustedes en dirección opuesta a la de nuestro tiempo. Si de verdad están ustedes comprometidos, sean consecuentes con sus votos, dejen de gobernar
con quien tacha la Agenda 2030 de conspiración.


A los compañeros del Partido Socialista y de Unidas Podemos, simplemente reiterar y agradecer el compromiso y el trabajo conjunto. Creo que nos queda mucho por hacer, que, efectivamente, como decía la diputada del Partido Socialista, no es
un momento, no debemos ser autocomplacientes. Creo que queda un año de legislatura y que hay que redoblar los esfuerzos.


Como les decía en mi intervención inicial, este Gobierno está firmemente comprometido con la Agenda 2030 y con la hoja de ruta para el futuro de nuestro país, para que sea más justo, más sostenible y más democrático, y ese compromiso se
demuestra, tanto en las decisiones del día a día como en una visión a medio y largo plazo, que transforme y sea ambiciosa en un sentido progresista.


Cuidar a las mayorías sociales y cuidar la democracia es una tarea que este Gobierno de coalición tiene que profundizar en este último año de legislatura para garantizar que España afronta en las mejores condiciones el próximo ciclo y para
blindar los avances frente a quienes propugnan un regreso a políticas fallidas del pasado.


En definitiva, vamos a seguir sentando las bases para que España en 2030 sea un país mejor.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Hemos terminado la segunda comparecencia. En todo caso, muchas gracias por su intervención, por la información que nos ha aportado. La esperamos cuando usted quiera.


Interrumpimos por un momento las comparecencias, mientras iniciamos la tercera y última.


(Pausa).


- DEL SEÑOR SUBSECRETARIO DE DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030 (BAZ VICENTE). A PETICIÓN DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS PLURAL (número de expediente 212/002577), VOX (número de expediente 212/002381), POPULAR EN EL CONGRESO (número de
expediente 212/002738), SOCIALISTA Y CONFEDERAL DE UNIDAS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-GALICIA EN COMÚN (número de expediente 212/002688).


El señor PRESIDENTE: Vamos a iniciar la tercera y última de las comparecencias de esta tarde. En este caso, el señor Rubén Baz Vicente, subsecretario de Derechos Sociales de la Agente 2030, a quien damos la bienvenida.


Comparece, igual que las dos anteriores comparecientes, para informar sobre el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para el próximo año. Cuando quiera, tiene usted la palabra.


El señor SUBSECRETARIO DE DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030 (Baz Vicente): Buenas tardes, señorías.


En primer lugar, para mí es un placer comparecer en esta comisión para presentar el proyecto de Presupuestos Generales del Estado del ejercicio 2023 del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030.


Comparecer de último siempre tiene más inconvenientes que ventajas. Así que procuraré ser lo más dinámico y liviano posible.


Comenzaré haciendo una breve descripción del proyecto de presupuesto del ministerio en términos globales y posteriormente explicaré con más detalle las previsiones que recaen dentro del ámbito competencial de la subsecretaría.



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Efectuado lo anterior, y aunque ya se ha referido a ello el secretario de Estado de Derechos Sociales, concluiré mi intervención con una sucinta referencia al servicio 50, relativo a los fondos provenientes del mecanismo de recuperación y
resiliencia, así como al presupuesto de los organismos autónomos, adscritos al ministerio y que son el Injuve y el Real Patronato sobre la Discapacidad. Igualmente, haré mención al presupuesto del Imserso, entidad gestora de la Seguridad Social,
adscrita también al ministerio que represento.


Permítame indicar que el presupuesto de este ministerio para el ejercicio 2023 se ha elaborado, teniendo en cuenta la necesidad de afianzar las políticas en materia de derechos sociales y bienestar social, de familia y de su diversidad, de
protección al menor, de cohesión social y de atención a las personas dependientes o con discapacidad, de adolescencia y juventud, así como de protección a los animales y de implementación de la Agenda 2030. Todas ellas, políticas que empezaron a
consolidarse a partir del presupuesto del año 2021, que fue el primero plenamente elaborado y ejecutado por este departamento.


En este sentido, es de destacar el aumento en 603 millones de euros que se incluyen en el presupuesto para mejorar la acción en Dependencia que se desarrolla a través del Imserso. Asimismo, este presupuesto tiene como uno de los objetivos
principales, lograr, en colaboración y coordinación con los órganos competentes de la Administración General del Estado, las comunidades autónomas y las Administraciones locales, la plena implementación de la Agenda 2030 en nuestro país y contribuir
así al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.


Como indicaba anteriormente, estos presupuestos presentan una estructura similar a los del ejercicio actual y se ha diseñado sobre la base de establecer un reparto de los recursos disponibles que permita una gestión eficaz y eficiente de
estos, habida cuenta del trabajo ya realizado para consolidar una estructura ministerial que aúna unidades y organismos que existían en la legislatura anterior, junto con otros que han sido de nueva creación, como la Secretaría de Estado para la
Agenda 2030 o la Dirección General de Derechos de los Animales.


En este sentido, la Secretaría de Estado de Derechos Sociales sigue siendo el órgano superior responsable de gestionar la parte más importante del presupuesto del departamento, casi 3700 millones de euros; excluido el mecanismo de
recuperación y resiliencia. Cantidad que supone un aumento de un 19,54 % con respecto al ejercicio del año 2022.


De esta cantidad total, 3673 millones de euros se destinan a transferencias al Imserso, principalmente asociadas a la dependencia. Cantidad que, como he indicado, se ha aumentado en 603 millones con respecto al ejercicio actual.


En resumen, el presupuesto global del departamento, incluido los fondos del mecanismo de recuperación y resiliencia, así como las transferencias internas, asciende a un total de 5 399 430 300 euros, lo que supone una variación de un 17,18 %
con respecto al presupuesto del ejercicio 2022, lo que en términos nominales se traduce en 791 500 000 euros de incremento.


A continuación, paso a describir el proyecto de Presupuestos Generales del Estado del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 para el ejercicio 2023, desglosado por capítulos y sin hacer mención a los créditos relativos a los fondos
europeos, ya que daré cuenta de los mismos de forma independiente.


La dotación consignada en el capítulo 1 es de 34 607 000 euros; cuantía que se ha presupuestado para consignar lo necesario para atender los gastos de personal para la prestación del servicio público encomendado al ministerio. Esta cuantía
supone un incremento de un 10,83 %; es decir, una variación de 3 381 000 euros, respecto a los presupuestos de 2022.


El aumento en este capítulo se ha realizado para adecuar la remuneración de los efectivos con los que cuenta el departamento, que en 2023 se prevé que sean 591, de los que el 73 % será personal funcionario, el 22 % personal laboral, el 3,5 %
personal eventual y el 1,5 % altos cargos.


La previsión del número de efectivos de personal funcionario con los que contará el departamento en 2023, se ha realizado teniendo en cuenta los distintos sistemas de provisión de puestos de trabajo, promoción profesional y las bajas por
jubilación que se producirán a lo largo del año 2023.


En cuanto al personal laboral, se prevén más incorporaciones derivadas de los sistemas de movilidad y de la oferta de empleo público. Se sigue manteniendo la estructura y el número de altos cargos, y las retribuciones anuales alcanzan
globalmente un importe de 735 400 euros, lo que supone una dotación idéntica a la del ejercicio 2022.


Por lo que se refiere al personal eventual, en primer lugar, procede indicar que los puestos asignados a este personal son los que se establecen en las disposiciones vigentes, y se distribuye de la siguiente



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manera. 12 en el gabinete de la ministra y 5 en cada uno de los gabinetes de las Secretarías de Estado. Del total de los 22 puestos indicados, 16 son del subgrupo A 1; 1 del subgrupo A 2; 4 del C 1 y 1 del C 2.


El coste anual presupuestado para las retribuciones de este personal en 2023 alcanza una cifra total de 1 024 000 euros, siendo un 4 % superior al del ejercicio 2022, lo que se explica por el incremento de retribuciones autorizado.


En cuanto al personal funcionario, en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2023 se ha tenido en cuenta que el número de efectivos será de 431, distribuidos entre los diferentes servicios que componen la estructura
presupuestaria del departamento, de forma que 106 corresponden al subgrupo A 1; 104 al subgrupo A 2; 120 al C 1; 100 al C 2 y 1 al grupo E; siendo el coste total de sus retribuciones de 21 852 000 euros.


Resulta oportuno destacar que dentro de esta cuantía hay 6 289 000 euros que corresponden al subconcepto destinado a necesidades adicionales. Lo que implica un incremento de 1 800 000 euros respecto de 2022 para hacer frente a las subidas
salariales acordadas para las empleadas y empleados públicos.


En relación con el personal laboral, se ha presupuestado un coste de 3 200 000 euros, que corresponden a un total de 127 puestos. En cuanto a los créditos relativos a incentivos al rendimiento, suponen una cuantía de 3 041 000 euros,
importe que se ajusta al número de efectivos respecto a la dotación prevista en el ejercicio anterior.


En este sentido, el subconcepto 150 de productividad incluye, tanto los créditos correspondientes a los altos cargos como al resto del personal funcionario eventual y tiene asignado un importe de casi 3 millones de euros.


Respecto a la productividad de altos cargos, se ha tenido en cuenta las cantidades que como máxima autoriza cada año la Dirección General de Costes de Personal del Ministerio de Hacienda y Función Pública, según el número de altos cargos
adscrito al departamento.


En el subconcepto 151 de gratificaciones se consigna la partida de 41 250 euros, sin variación con respecto a la dotación del ejercicio 2022.


En el artículo 16 se recogen las dotaciones destinadas a cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador. Para cotizaciones a la Seguridad Social, el importe presupuestado es de 4 120 000 euros, lo que supone un incremento de
258 000 euros respecto a la dotación del ejercicio corriente, debido a la previsión de incorporaciones de personal laboral, ya que todos ellos cotizan al Régimen General de la Seguridad Social.


Por último, y como novedad, en el servicio 02 se incluye el artículo 17, destinado a gastos de personal derivados de la Presidencia española del Consejo de la Unión Europea, artículo que es de nueva creación, y en el que se consigna un
importe de 166 390 euros.


El capítulo 2, dedicado a los gastos corrientes en bienes y servicios, experimenta un aumento de 1 049 000 euros, lo que supone en términos relativos un incremento del 5,31 % respecto de los presupuestos del ejercicio 2022.


La cuantía proyectada asciende a un total de 20 817 000 euros, destinados, por un lado, a hacer frente a los necesarios mantenimientos que requiere el edificio sede del ministerio, ubicado en el Paseo del Prado número 18, y, por otro lado,
para la prestación de los servicios transversales, que son compartidos con el Ministerio de Sanidad.


El aumento experimentado por este capítulo presupuestario con respecto al ejercicio 2022 se explican por la previsión hecha en dotaciones de material y suministros, como consecuencia, fundamentalmente, de la necesidad de dotar los créditos
destinados al pago de suministros energéticos y de que nuestro país asumirá la Presidencia rotatoria del Consejo de la Unión Europea en el segundo semestre del año 2023.


El capítulo 4, relativo a las transferencias corrientes, para el caso del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, es el más importante desde el punto de vista cuantitativo, al recoger los créditos que vehiculan el fomento de las
políticas sociales a través del apoyo de las actuaciones que desarrollan las entidades locales y las comunidades autónomas.


Pues bien, el capítulo 4 figura con una dotación de 4 089 987 000 euros para el ejercicio 2023, contemplándose un incremento de casi 605 millones de euros. Es decir, un 17,36 % más que en el ejercicio corriente.


En lo que respecta a la Secretaría de Estado para la Agenda 2030, se ha consignado un importe de 19,4 millones de euros en este capítulo 4. De estos, 6,6 serán destinados a promover acciones de impulso y apoyo a la implementación de las
iniciativas relacionadas con la Agenda 2030 en entidades locales, y 10 millones irán dedicados a la promoción en la sociedad civil y en los movimientos sociales.



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Resulta oportuno destacar la creación de un nuevo concepto presupuestario destinado a contribuir a organismos internacionales, concretamente para colaborar con el fondo conjunto de Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, al
que se le asignan 2 millones de euros para el ejercicio 2023. Como ha señalado la secretaria de Estado para la Agenda 2030, este es un asunto novedoso que deriva del acuerdo alcanzado con Naciones Unidas y que va a posibilitar que Bilbao acoja la
sede del Secretariado de la Iniciativa Local 2030.


En lo que respecta al capítulo 6, que recoge los gastos correspondientes a inversiones reales, se ha reducido en 100 000 euros, lo que supone un 5 % menos respecto del presupuesto aprobado en el ejercicio 2022, fijándose una cuantía total de
1 942 000 euros. Este crédito será dedicado exclusivamente al programa de dirección y servicios generales, que comprende el ejercicio de las funciones de dirección, planificación, organización y control de las actuaciones del ministerio.


La dotación correspondiente al capítulo 7, relativo a transferencias de capital internas de la Secretaría de Estado de Derechos Sociales a organismos autónomos, experimenta un aumento del 23,9 %, motivado, fundamentalmente, por un notable
incremento de las transferencias destinadas al Real Patronato sobre Discapacidad y al Imserso, sobre las que daré más detalles posteriormente.


Por último, en lo referente al capítulo 8, que recoge los gastos por activos financieros, se mantiene la misma dotación presupuestaria que en 2022, y que asciende a 42 880 euros destinados a sufragar los préstamos y anticipos a empleados
públicos.


A continuación, paso a facilitar un análisis más profundo de las partidas presupuestarias cuya gestión es competencia directa de la subsecretaría, salvo las relativas al personal, a las que ya me he referido en detalle.


En el capítulo 2 se considera un aumento de 1 750 000 euros con respecto al año 2022, en la asignación a la Subsecretaría de Servicios Generales para hacer frente a gastos extraordinarios que deberán acometerse por los diferentes actos y
compromisos que llevará a cabo el ministerio como consecuencia de la Presidencia de España del Consejo de la Unión Europea en el segundo semestre de 2023, así como a los suministros de energía.


Para el resto de las partidas de las que la subsecretaría es responsable, como los gastos de material o la prestación del servicio médico, que es común para los tres ministerios que tienen su sede en el Paseo del Prado número 18 de Madrid,
no se ha previsto ningún aumento, manteniéndose las mismas cifras que en el ejercicio 2022.


En materia de transferencias corrientes, capítulo 4, se ha reducido algunas partidas, como por ejemplo la destinada a contribuciones a organizaciones internacionales por parte de la Secretaría General Técnica, con un 1,74 % de disminución
respecto al año 2022, alcanzando los 11 300 euros.


En cuanto a las partidas dirigidas a inversiones reales, capítulo 6, es importante señalar que ya en el ejercicio 2022 se redujo a la mitad la asignación destinada a la subsecretaría, y en el proyecto de presupuestos para 2023 se han
suprimido las inversiones destinadas a la adquisición de fondos bibliográficos y de vehículos para peritajes, lo que ha supuesto una reducción de un 5 % respecto al ejercicio 2022.


Por lo que se refiere a la Dirección General de Derechos de los Animales, que orgánicamente está encuadrada bajo la dependencia de la subsecretaría, dispondrá de un presupuesto de 7 481 000 euros para el ejercicio 2023. Lo que supone un 23
% más que en el ejercicio 2022.


Este aumento está motivado por la necesidad de dar continuidad y mejorar diferentes acciones innovadoras que se han venido implementando en el año en curso, como las ayudas a entidades dedicadas a la protección y defensa de los derechos de
los animales o las subvenciones a entidades locales para acogerse a programas de gestión de colonias felinas, con el objetivo de que se controle el número de estas y se mejore el impacto, tanto de la salud pública como en la biodiversidad. Así,
esta partida ha experimentado un aumento de 650 000 euros con respecto a 2022, proyectándose un total de 1 950 000 euros para el ejercicio 2023.


Mención especial merece la actividad conjunta entre el Ministerio de Igualdad y el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, a través de la Dirección General de Derechos de los Animales, denominada (00:01:07) (36), que supone la
gestión de un programa destinado a acoger de forma temporal a los animales de las mujeres víctimas de violencia machista, y que contará con una nueva asignación de 350 000 euros para el año 2023.


En este punto procedo a hacer referencia a los créditos correspondientes al mecanismo de recuperación y resiliencia, ubicado, como conocen sus señorías, en el servicio 50. Seré breve, pues los



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detalles de esta partida presupuestaria han sido expuestos por el secretario de Estado de Derechos Sociales, como responsable de la gestión de los fondos europeos.


Hay una disminución cercana a los 90 millones de euros en el capítulo 2, que se corresponden con el descenso de los gastos corrientes del servicio 50, alcanzando un total de 27 millones de euros para el ejercicio 2023.


En lo que respecta al capítulo 4, resulta oportuno indicar que a lo largo del ejercicio pasado se transfirieron los créditos necesarios para que las comunidades autónomas pudieran desarrollar, tanto las actividades de modernización de los
Servicios Sociales como acometer la desinstitucionalización de los cuidados de larga duración.


En consecuencia, estas dos partidas han sufrido un descenso del 10,81 % y 33,62 %, respectivamente, con una dotación para el año 2023, de 68 millones y de 66 millones, también, respectivamente.


Asimismo, la partida correspondiente al Plan España, País Accesible, ha incrementado su asignación hasta los 8 165 000 euros, lo que supone una variación positiva de 5 300 000, lo que implica un aumento del 185 % en términos relativos.


En el capítulo 6, relativo a gastos en inversiones reales, se produce un importante aumento de los fondos provenientes del mecanismo de recuperación y resiliencia para poder hacer frente al cumplimiento previsto para este año de los hitos y
objetivos incluidos en las diversas líneas de inversión que son competencia del ministerio que represento, como responsable del componente 22 y como colaborador para el cumplimiento de una parte del componente 19 del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia.


En concreto, está previsto destinar un total de 8 677 000 euros para las inversiones del componente 22. Por una parte, se destinará 1 767 000 euros para la ejecución del plan de modernización de los servicios sociales. Por otro lado, los
proyectos enmarcados en el Plan España, País Accesible, contarán con una asignación de 6 900 000 euros para mejorar la accesibilidad desde un punto de vista integral.


Por otro lado, este ministerio contribuirá al cumplimiento del Plan Nacional de Competencias Digitales, encuadrado en el componente 19 y liderado por el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, ejecutando un total de 7
millones de euros en este capítulo 6, que irán destinados a contribuir a la formación de competencias digitales, de 950 000 niñas, niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad. En concreto, esta partida estará dirigida a la implementación de
una herramienta de formación en competencias digitales.


En lo que se refiere al capítulo 7, transferencias de capital, se produce igualmente un aumento del 39 % de los fondos provenientes del mecanismo de recuperación y resiliencia, con respecto al presupuesto de 2022 para dar cumplimiento a las
grandes inversiones que forman parte de este componente, y cuya finalización está comprometida para finales del año 2023.


Así, se aumenta un 32 % la partida destinada a financiar la puesta en marcha del plan de apoyos y cuidados de larga duración, que se centrará en el uso de los recursos para contribuir al cambio de modelo de cuidados de larga duración y la
dotación de los nuevos equipamientos públicos, como residencias, viviendas y centros de día, basados en una nueva arquitectura, centrada en la persona y en atención de entornos comunitarios.


Por último, en el marco del Plan Nacional de Capacidades Digitales, que acabo de mencionar, se transferirán un total de 90 millones de euros a comunidades autónomas y entidades locales e instituciones sin fines de lucro.


Para finalizar mi intervención, me referiré sucintamente al presupuesto consignado a los organismos autónomos y entidades gestoras de la Seguridad Social, adscritas al ministerio, en concreto, al Imserso. Esta información se detalla en los
capítulos 4 y 7 del presupuesto proyectado para el ejercicio 2023, que, como saben, recogen las transferencias corrientes y de capital destinadas a dichos organismos.


Por un lado, el Injuve recibirá la cantidad de 12 311 000 euros, un 5 % más que el año pasado. Es decir, 654 000 euros que irán destinados a financiar diversas actividades relacionadas con la Presidencia española de la Unión Europea.


En lo que respecta al Real Patronato sobre Discapacidad, se mantiene prácticamente la misma asignación presupuestaria que en 2022, aunque con una leve disminución de 245 000 euros.


Sin embargo, las transferencias corrientes al Imserso supone el 90 % del total presupuestado del capítulo 4, no contabilizando los fondos del mecanismo de recuperación y resiliencia.


En términos relativos, las transferencias se han incrementado en un 19,6 % respecto al presupuesto actual, suponiendo un importe total de 600 millones de euros. Este aumento se debe fundamentalmente



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a dos partidas. En primer lugar, la asignación de 2446 millones para la cobertura del mínimo garantizado de dependencia del ejercicio, partida que se incrementa en 300 millones respecto al año 2022, lo que supone un 14 % más. En segundo
lugar, al incremento de otros 300 millones para la partida de nivel convenido de dependencia en el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.


Este incremento implica disponer de una partida de 783 millones, lo que se traduce en un 62 % más del presupuesto asignado en 2022.


En cuanto a las transferencias de capital contenidas en el capítulo 7, se experimenta un aumento de la transferencia al Real Patronato sobre Discapacidad, que asciende a un total de 257 000 euros, destinándose la mayor parte a promover la
mejora de las condiciones educativas de las personas con discapacidad.


Igualmente, en 2023 se aumenta en un 49 % el importe de la transferencia interna al Imserso por parte de la Secretaría de Estado de Derechos Sociales para hacer frente fundamentalmente a los gastos en Dependencia, alcanzando un total de 13,5
millones de euros, de los que casi 2,5 comprenden a actuaciones del servicio 50.


Para concluir, me gustaría resaltar que el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2023, como ha quedado expuesto, tiene un marcado carácter social. No en vano son los más expansivos hasta la fecha. Permitirán al Ministerio de
Derechos Sociales y Agenda 2030, implementar y ampliar las políticas propias del departamento, garantizando los derechos sociales, avanzando en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y, en definitiva, mejorar la calidad de vida de
las ciudadanas y ciudadanos de nuestro país.


Sin más, muchas gracias por su atención y quedo a disposición de esta comisión.


El señor PRESIDENTE: A continuación, tienen la palabra los diferentes portavoces de los diferentes grupos parlamentarios. Ya saben que tienen cinco minutos para manifestar lo que crean conveniente, pedir aclaraciones o preguntar lo que les
parece.


En primer lugar, tiene la palabra por parte del Grupo Parlamentario Confederal Unidas Podemos-En Comú Podemos-Galicia en Común, su portavoz, Marisa Saavedra.


La señora SAAVEDRA MUÑOZ: Gracias, presidente. Buenas tardes, y muchas gracias, señor Baz por el detalle de la información que nos ha dado. Usted ha informado de presupuestos que hablan de unas prioridades claras en este ministerio, de
recursos humanos y recursos materiales destinados -usted lo ha dicho-, a un objetivo claro, el de afianzar derechos y afianzar políticas sociales y protección a la población, continuando el camino iniciado en 2021.


Hay que recordar, este Gobierno ha tenido que afrontar crisis tremendas, crisis históricas nunca vistas, en fin, a nivel mundial. Primero, una pandemia terrible, la cuestión del volcán, y ahora una guerra en el seno de Europa, con la
inflación consecuente y cómo está repercutiendo en la economía de las familias.


Hay que decir que este Gobierno ha afrontado todas estas crisis y situaciones muy duras con unas prioridades clarísimas que nada tenían que ver con lo anterior. Esto va en línea con lo que usted acaba de detallar, pues protección a la
gente, políticas públicas de sostén, protección de la actividad económica, de la actividad de las empresas, con los ERTE y con ese colchón para trabajadores y trabajadoras, manteniendo el empleo en brazos de lo público. Bueno, recuperando derechos
de todo tipo, laborales, sociales, en temas de dependencia, de familia, etcétera. Todas estas prioridades realmente se han venido trabajando desde el inicio en este Gobierno.


Hay también que contextualizar y recordar que veníamos, este Gobierno empieza su andadura después de diez años de políticas austericidas, de políticas que perjudicaban terriblemente a la gente, a las mayorías sociales. Políticas contra la
gente, que debilitaron lo público, con privatizaciones, con recortes. Recortes también de derechos a la población. Se ha hablado antes de las prestaciones de desempleo en el ámbito de la discapacidad. Yo soy trabajadora social y sé muy bien lo
que se ha sufrido en el ámbito de lo social. El sufrimiento también de trabajadores y trabajadoras en un momento donde se recortaban presupuestos para servicios sociales, momentos de crisis donde realmente había que atender a la población de una
manera, especialmente con intensidad. Todo esto se hacía mientras se rescataba a los bancos. Esto yo creo que conviene contextualizar para poner en claro cómo este Gobierno está actuando de manera absolutamente contraria, en un cambio de paradigma
y atendiendo a esas crisis terribles que estamos padeciendo, protegiendo a la gente.



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Nos hemos encontrado con una deuda de país, una deuda de país para atender a las familias, a trabajadoras y trabajadores, servidores públicos, a las personas con discapacidad, de los servicios sociales, a la infancia. Una situación
realmente grave es la que nos encontramos.


Usted ha detallado presupuestos y recursos destinados de manera además histórica, un presupuesto histórico, con un aumento de inversión histórica, esto, en un plan de choque, por ejemplo, para atención a la dependencia, cuando anteriormente
lo que vimos, los recortes del Partido Popular, que fueron terribles y, bueno, obligaban a la gente a elegir entre comprar comida o gastárselo en medicamentos, con el copago farmacéutico. Es un plan de choque que está resultando ya eficaz, está
dando resultados, en cuanto a esta reversión de los recortes, con esas inversiones, acabar con las listas de espera. Se está en proceso. El aumento de las personas que se han incorporado a la atención a la dependencia y a la cualificación también
profesional y condiciones laborales de trabajadores y trabajadoras.


Está también toda la inversión en Servicios Sociales, después de los recortes terribles de la década anterior. Todo esto, detallado, compartimentado en prestaciones básicas de todo tipo, apoyos a las familias, a todas las familias, y
políticas de infancia y de la adolescencia, desarrollo de la Ley de Infancia. Atención a la pobreza infantil, también a la infancia migrante, y también políticas, por ejemplo, de accesibilidad, en el ámbito de la discapacidad. Inversiones
realmente históricas para atender necesidades que son prioritarias de nuestra población.


Toda la parte también que ha detallado de plan de choque, de economía de los cuidados, de inversión, en este cambio de modelo de cuidados de larga duración, en la línea de la desinstitucionalización, tan necesaria, de los apoyos
domiciliarios a las personas, esa atención más personalizada, con asistencia personal, en el propio entorno, siempre que sea posible. Bueno, pues esa transformación de las residencias y ese propiciar en las nuevas residencias, que sean más
pequeñas, más parecidas al hogar, estamos hablando de un cambio de paradigma en la atención a las personas que este ministerio está impulsando de una manera realmente llamativa, vamos a decir y, sobre todo, en contraste con lo anterior.


Voy a ir acabando. Efectivamente, todo esto son recursos económicos ingentes que se están dedicando a esto, usted lo ha dicho, y esto hace necesario, va acompañado en estos presupuestos de una reforma fiscal, de un inicio de una reforma.
Vamos caminando, dando pasos en una reforma fiscal. Desde nuestro grupo parlamentario se venía demandando ya desde hace mucho tiempo, porque es esa exigencia de la Constitución, de que pague más quien más tiene. De otra manera no se pueden
sostener estas políticas de las que estamos hablando. Sí que pague más las grandes fortunas y, bueno, pues la parte de la población que hasta hoy no ha pagado tanto, necesitamos impuestos para sostener todas estas políticas públicas, frente a lo
que está diciendo la derecha, de bajadas generalizadas o sus prácticas de bajar impuestos a los ricos.


Tenemos por delante muchos retos para seguir fortaleciendo políticas públicas. La Ley de Vivienda.


El señor PRESIDENTE: Se le ha terminado el tiempo.


La señora SAAVEDRA MUÑOZ: Sí. Avanzar en justicia fiscal. Ampliar el Ingreso Mínimo Vital. No podemos nunca sentirnos satisfechas, pero desde luego sí que tenemos que valorar el gran esfuerzo que se está haciendo. Nuestro grupo
parlamentario está ahí para seguir impulsando y empujando las políticas que están animando.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: A continuación, tiene la palabra por parte del Grupo Parlamentario Vox, su portavoz, que en este caso es Juan Carlos Segura Just.


El señor SEGURA JUST: Muchas gracias, señor presidente.


Más que nada, agradecerle a usted su intervención. La he considerado altamente profesional, más que nada, porque estamos todavía con la resaca del anterior compareciente, aparte, veo que usted ha venido solo. La anterior compareciente, la
señora Lilibeth (No se entiende lo que dice) una especie de color celestial de personas que tiene colocadas ahí en el Ministerio de la Agenda 2030. Usted ha venido solo ante el peligro, porque aquí, los de esta parte han estado a favor de usted y
los de esta parte, en principio, vamos a criticarle. Pero tengo que decir que su intervención me ha gustado por la profesionalidad, en contrapartida a la falta de profesionalidad del interviniente anterior, que se ha limitado a traer unos escritos
a cargar contra Vox, cuando no sabía lo que le íbamos a preguntar y ha leído lo que tenía escrito por sus asesores y luego con el PP le ha pasado lo mismo. Ha venido aquí conmemorando, nos podía haber leído quizás el Quijote de la Mancha, que
habría sido más entretenido.



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A ver, de su intervención le quiero hacer una cuestión sincera. Usted habla de unas cifras que yo considero mareantes. O sea, de 5799 millones de euros es el gasto total de su Secretaría, que es un 17 % de incremento más con respecto al
anterior, con respecto al periodo anterior. Esto está muy bien si los números fueran reales. Pero yo creo que ustedes, los que está en la órbita socialista, cuando hablan de presupuesto, de números para Asuntos Sociales, están hablando de números
ficticios. Porque lo que no entiendo es que si ustedes, prácticamente, no pueden pagar las prisiones ¿cómo van a dedicar tanto dinero a los Servicios Sociales? No me cuadra. Simplemente, yo no soy de números, de ciencia. Yo soy de letras, pero
sé que 2 y 2 son 4 y no sé de dónde sacan ustedes el dinero, aparte de venir aquí a hacer grandes anuncios de incrementos del 17 %, de cientos de miles o decenas de miles de millones de euros para la discapacidad o para derechos sociales, y luego,
esto es un simple presupuesto, luego viene el ejercicio y ustedes prácticamente, simplemente es que no tienen dinero y no dedican nada, más que nada porque hemos visto que en derechos sociales, en España, desde que está el Partido Socialista al
revés, perdón, el Gobierno, hemos ido al revés y hemos ido en retroceso. O sea, eso resulta de las políticas socialistas, son políticas socialistas de miseria. Socialismo de miseria.


Un concepto que me ha llamado la atención. Había una partida que decía textualmente 'promoción de la sociedad civil y movimientos sociales'. ¿Qué quiere decir dedicar dinero a la sociedad civil y a movimientos sociales? ¿Que están ustedes
ya calentando un poco la calle, previendo que ustedes van a perder el poder cuando accedemos al poder nosotros o esos señores de ahí, del Partido Popular, tener la calle ya debidamente subvencionada y preparada para protestar contra el Gobierno?
Porque le recomiendo a usted, por ejemplo, que hoy ya hay una huelga general en Francia, de muchísimos sectores, por la subida del coste de la vida. Pero ¿qué pasa? Que hay un Gobierno ahí pseudo de derechas y por eso los sindicatos movilizan al
pueblo francés. Aquí en España, como en teoría se supone que está gobernando la izquierda, aquí nadie sale a la calle, nadie protesta y todo el mundo está contento.


Otro concepto llamativo, porque ustedes, las personas de la órbita socialista, a veces tienen cosas que a mí me llaman poderosamente la atención. Usted ha hablado del incremento del presupuesto de nada más y nada menos que 650 000 euros de
más en las colonias felinas. O sea, en las colonias de gatos, entiendo yo. A ver, no sé, en un derecho social de los gatos no acabo de entenderlo. Entiendo derecho social de los desempleados, de las personas con discapacidad, de las viudas, de
los pensionistas, pero de los derechos sociales de los gatos, no sé qué les van a dar ustedes, ratones para que cacen y se entretengan, o no sé, comida para gatos. La verdad es que no sé. Esto le ruego que me lo explique. Supongo que ustedes
tienen cosas más importantes en qué dedicar el dinero, que no a los derechos gatunos o felinos, más que nada, porque hacen una discriminación también con los perros. Si beneficia a los gatos, entiendo que los perros también tienen que verse
beneficiados, salvo que los gatos resulta que son de izquierdas y los perros son de derechas, que hasta ahora no me había dado cuenta de este pequeño detalle.


Otra cosa chocante de su intervención es que usted habla de una partida presupuestaria -también seguimos en el mundo animalista- para animales, digo textualmente, 'víctimas de violencia machista'. También me lo tiene que explicar usted muy
bien. ¿Qué quiere decir? ¿Qué un maltratador maltrata a su esposa o a su compañera y de paso también maltrata al perro? Entonces entiendo yo que una maltratadora, que también las hay, maltrata a su marido o compañero y de paso también recibe el
perro. Aquí parece que el perro siempre se lleva las de perder.


Luego, también ha hablado usted, una cifra que a mí la verdad es que me ha hecho estremecerme, 950 000 adolescentes vulnerables, en situación de vulnerabilidad. Eso es casi 1 millón de adolescentes. Lo consigo muy fuerte que un país como
España tenga un 1 millón de niños, de chicos que estén en el (No se entiende lo que dice) de la pobreza. Teniendo en cuenta que de esos 950 000, gran parte de ellos son MENA, son magrebís. Yo le digo una cosa para que se instruya, los MENA, el 90
o el 95 % vienen de Nador, exclusivamente de la ciudad de Nador, en Marruecos. Con un acuerdo con sus padres, que les dicen: 'Tú te vas a España. Te acoges a los derechos sociales que ahí te los van a dar, aquí en Marruecos no te los van a dar, y
cuando tenga los derechos sociales, con el dinero que cobres nos los mandas a nosotros, y cuando te den la nacionalidad española, que te la van a dar, como somos padres de un hijo español, vendremos a España con toda la familia y entonces nos
quedaremos a vivir'. Con lo cual, el tema de los MENA es una estrategia de penetración de inmigración ilegal, posteriormente legalizada en territorio nacional. Como veo que el presidente me está haciendo ya guiños, concluyo mi intervención.


Gracias.



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El señor PRESIDENTE: A continuación, tiene la palabra por parte del Grupo Parlamentario Popular, su portavoz, Carmen González Guinda. Cuando quiera, tiene cinco minutos.


La señora GONZÁLEZ GUINDA: Muchas gracias, presidente.


Señor subsecretario, señor Baz Vicente, bienvenido a esta, su primera comparecencia de presupuestos, que, por otro lado, con toda probabilidad será también la última.


Mire, el año pasado, en la comparecencia de presupuestos de su predecesor, tras su calificación de los presupuestos 2020-2022, como expansivo socialmente y de apoyo a los más venerables, le decía que no tendríamos problema en aplaudir sus
palabras si realmente creyéramos que era real y positivo para España.


Le dijimos entonces que eran unos presupuestos irreales y no creíbles, y así ha sido. La prueba es que nos han llevado a ser el país de Europa con la recuperación más lenta tras la pandemia y han sido muchos los que han dejado atrás. Sus
medidas no funcionan, y me circunscribo al ámbito que nos ocupa, del Ministerio de Derechos Sociales. Nos han llevado a unos niveles de pobreza con 13 millones de personas en riesgo de pobreza o de exclusión social, de los cuales 2 y medio son
niños, con 4 millones de personas en situación de carencia material y social severa.


Hoy, de nuevo aquí le digo a usted que más de lo mismo. Son unos presupuestos, los del 2023, irreales y electoralistas, que no solucionan los problemas de los españoles, no protegen a la clase media y trabajadora por negarse a ajustar el
IRPF a la inflación. No avanzan en la justicia social, ya que niegan a 10 millones de personas con ingresos inferiores a 14 000 euros, una bajada de IVA en la cesta de la compra y no garantizan la prosperidad económica, con subidas de impuestos que
lastran el crecimiento y la creación de empleo. Unos presupuestos que no son buenos para España, que no son reales, y de nuevo lo han vuelto a decir, tanto el AIReF como el Banco de España, cuyas cifras de crecimiento económico, de inflación y de
previsiones de creación de empleo, distan mucho de las de estos presupuestos; organismos estos últimos que, en contra de lo que ustedes afirman, retrasan la recuperación del PIP, prepandemia, hasta el 2020-2024, siempre y cuando la ejecución de los
fondos europeos sean los previstos, que está por ver.


Son unos presupuestos que se dejan atrás a mucha gente. Mire, le voy a poner un ejemplo, y me va a permitir que como portavoz de Discapacidad barra para la casa. La financiación de las entidades del tercer sector se financian en gran
parte, como usted muy bien sabe, con el 0,7 del IRPF y el Impuesto de Sociedades. Las previsiones de recaudación en el tramo estatal ha sufrido un descenso muy importante, 3 831 000 euros, de los que las entidades de la discapacidad han perdido más
de 2 millones. Mire, COCEMFE pierde 1100 millones; plena inclusión, 600; autismo, 250. Perdón, 1100 00 Cocemfe; plena inclusión, 600 000; autismo, 250 000 euros; salud mental, 250 000; (00:00:16) (41), 85 000, un total de 2 228 000 euros.
Es decir, el 60 % lo han perdido las entidades de la discapacidad en lo que se refiere al 0,7 del IRPF.


Ante esto, fíjese, en el programa 233 F, en la partida económica 482 de transferencias corrientes para entidades de discapacidad, ustedes hacen un aumento insultante de un 2,5 % respecto al año pasado, y a mayores, a estas entidades antes
mencionadas no les aumentan ni un euro. Pero vamos a ver, sus partidas de energía eléctrica se duplican, de combustible, se duplican, de gas, se quintuplican. ¿Cómo les explican ustedes a estas entidades que para ellos no hay un incremento en su
presupuesto? ¿Cómo creen que van a hacer frente a sus programas de apoyo a las personas con discapacidad y a sus familias, si además de padecer una inflación disparada con facturas de luz y combustible por las nubes, con un convenio de discapacidad
que prevé subidas de salarios, con un importante descenso en la asignación por el IRPF, con un nulo incremento en este presupuesto? ¿Sabe a qué van a verse obligadas? Pues se lo digo yo. A dejar fuera a programas que son importantísimos para el
avance en mejoras de apoyos a las personas con discapacidad y a sus familias.


Este análisis hágalo usted también extensivo al resto de instituciones sin fines de lucro, en la Dirección General de Infancia, en la Dirección de Diversidad Familiar, donde tampoco hay incremento en sus partidas. Todo esto mientras ustedes
incrementan considerablemente sus partidas para estudios y trabajos. Fíjese, 7 millones y medio, y propaganda, claro, estamos en año electoral, 3 600 000. Un total de 11 millones de euros, si los sumamos.


¿Cómo les explican a estas entidades que, ante esta situación, la partida 232 F de la Dirección General de Derechos de los Animales, la han incrementado en 1 millón y medio de euros y que en esa misma dirección general sí aumentan las
partidas a las entidades dedicadas a la protección de los animales, donde la 237 F, 461 de colonias felinas, se incrementa nada más y nada menos que un 60 %.



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¿Cómo les explican que en la Dirección General de los Animales ustedes han presupuestado 1 670 500 euros para estudios y trabajos, 500 000 para publicidad y propaganda? Sumado son 2 170 000.


Miren, ustedes en este presupuesto, además, tampoco han dotado a la reciente Estrategia Nacional de Discapacidad. ¿Cuál es el motivo? Porque una estrategia sin dotación se convierte en una mera declaración de buenas intenciones. También
han eliminado la partida para los afectados de talidomida. Señor subsecretario, mis preguntas van precisamente en ese sentido, ¿por qué esas partidas de apoyo a los más vulnerables no se han aumentado con incrementos para hacer frente a la
disparada inflación? Sin embargo, las de estudios y propagandas lo hacen de un modo escandalosamente desorbitado.


Le voy a hacer entrega de las preguntas, por el escaso tiempo que tenemos, los cinco minutos no dan para más. Veo la luz roja, y con mucho gusto se las entrego en papel y espero su pronta respuesta.


Muchísimas gracias, presidente.


El señor PRESIDENTE: Cinco minutos exactos.


A continuación, tiene la palabra por parte del Grupo Parlamentario Socialista, su portavoz, Pilar Rodríguez. Cuando quiera.


La señora RODRÍGUEZ GÓMEZ: Buenas tardes. Gracias, señor presidente. Señor subsecretario, bienvenido. Muchas gracias por su comparecencia y por haber realizado un análisis tan detallado de aquellas materias que son de su competencia
directa y por contribuir a poder visibilizar y entender aún mejor estos presupuestos. Igualmente, le agradezco las pinceladas sobre las principales líneas de acción e inversiones que motivan las dotaciones consignadas en las partidas
presupuestarias presentadas en los diversos capítulos, que configuran el presupuesto para el 2023. Un presupuesto continuista y que sigue estando orientado a afianzar las políticas en materia de derechos sociales y bienestar social, de familia y de
su diversidad, de protección del menor, de cohesión social y de atención a las personas dependientes o con discapacidad, de adolescencia y de juventud, continuando con la línea ya iniciada, como bien ha dicho en su exposición, desde el año 2021.


Es importante destacar que una buena planificación se culmina con una buena ejecución. En este sentido, podemos observar que con estos presupuestos se continúa con la línea de trabajo marcada en cuanto a la transferencia de la totalidad de
los fondo a las entidades competentes para llevar a cabo las políticas de bienestar social, ya sean del ámbito autonómico o local, como también en el caso de las instituciones del tercer sector sin ánimo de lucro, como se viene haciendo en los años
anteriores y que tanto redunda en el beneficio de la ciudadanía.


Como bien usted ha remarcado, no se puede obviar el compromiso que estos presupuestos muestran con las personas en situación de dependencia, con un aumento sustancial de 600 millones que se unen y se consolidan a los 1200 de los dos últimos
ejercicios. Además, el compromiso no solo queda en garantizar el mínimo nivel, sino que también se nutre al Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, con un 62 % más.


De esta forma, estos presupuestos garantizan que llegarán a las instituciones cercanas al ciudadano para la aplicación de las políticas sociales y de cuidados que se están llevando a cabo. Con estos presupuestos -y coincido con usted-
seguimos teniendo claro nuestro horizonte en el 2023, como lo tuvimos en el ejercicio 2021 y en el 2022. Reducir listas de espera, reducir tiempos de tramitación, asegurar que las condiciones laborales de las personas que trabajan en el SAD sean
apropiadas, mejorar los servicios y las prestaciones. En definitiva, proteger a las personas y colectivos sociales más vulnerables y desfavorecidos, en situación de abandono o desigualdad social, y junto a todo ello, mantener y consolidar el Estado
de bienestar.


Por otro lado, y después de lo que hemos tenido que escuchar por el portavoz de la ultraderecha, haciendo en un momento, ahora mismo, frases como 'con números ficticios', 'grandes anuncios', 'políticas de miseria', 'animales', 'violencia
machista', 'MENA', etcétera. No voy a entrar al trapo de quienes se retratan solos, por lo que, como decía anteriormente, y centrándome en lo que ha explicado en cuanto a las previsiones de gastos en los servicios comunes de su ministerio, nos
complace saber que se sigue manteniendo la estructura y que las retribuciones anuales suponen una dotación idéntica a la del ejercicio 2022. Mejorada, eso sí, por el incremento salarial autorizado por el Ministerio de Hacienda y Función Pública,
consolidando la actividad del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 con presupuestos continuistas, como decía, y estables, tan necesarios para los tiempos que corren.



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Para terminar, me gustaría plantearle una cuestión, si fuera tan amable, ¿podría explicarnos, aunque sea de manera breve, cómo se va a gestionar ese 1 750 000 euros de asignación que se le ha aumentado a la Subsecretaría de Derechos Sociales
y Agenda 2030?


Sin más, el Grupo Parlamentario Socialista le agradece su asistencia hoy a esta comisión, la detallada intervención que ha realizado y, por supuesto, le animamos a que sigamos trabajando con este nivel de exigencia y compromiso.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: A continuación, tiene la palabra para contestar a los portavoces de los diferentes grupos parlamentarios, el subsecretario de Derechos Sociales y Agenda 2030, el señor Rubén Baz. Como ya he dicho a los anteriores
comparecientes, si para contestar a alguna pregunta creen conveniente, además de lo que diga hoy, enviar algún documento o lo que sea, nosotros con mucho gusto se lo enviaríamos a todos los miembros de la comisión.


El señor SUBSECRETARIO DE DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030 (Baz Vicente): En primer lugar, muchas gracias, señorías, por sus intervenciones y, en general, también quiero decirlo, por el tono de las mismas. En definitiva, estamos todos
desarrollando aquí nuestro trabajo profesional, y no es otro que el de prestar un servicio público. Entonces, desde ese punto de vista, creo que estamos todos en el mismo barco.


Bueno, comenzando por la señora diputada del Grupo Parlamentario Unidas Podemos, agradezco su intervención. Efectivamente, desde este Gobierno progresista se están tomando todas las medidas que, en el momento de una legislatura muy
complicada, que yo denomino casi apocalíptica, con un montón de acontecimientos imprevisibles, pues para, lógicamente, tomar el ritmo y el pulso constantemente a la gestión pública en una situación realmente muy complicada, y donde no había la mayor
parte de las situaciones precedentes para los que poder agarrarse para tomar el rumbo de esta situación.


Por parte del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, evidentemente, hemos tenido siempre muy claro que esta es una crisis que hay que afrontarla con unos parámetros muy distintos a los de la crisis del año 2008 y estar siempre del
lado de los que más lo necesitan, y apoyar, por supuesto, a los colectivos más vulnerables.


Desde el punto de vista de las competencias propias del departamento, evidentemente, el esfuerzo que se ha hecho en materia del sistema de atención y ayuda a la dependencia ha sido enorme. Con el incremento de 600 millones que va para el
año 2023, pues acumulamos en total 3000 millones de euros de dotación que se va a consolidar en los presupuestos de ahora en adelante para un sistema que antes estaba poco menos que abandonado.


Señor Segura, voy a tratar un poco de aclarar sus comentarios. El presupuesto global del ministerio no es -igual, creo que lo he dicho bien, pero en todo caso, si no, le pido disculpas-, no es 5700 millones, son 5399.


En relación con lo demás que comentaba, básicamente, la Dirección General de Derecho de los Animales. La Dirección General de Derechos de los Animales es una dirección general de nueva creación y es una dirección general que es muy
necesaria, y que estoy convencido que ha nacido para permanecer en el futuro. España es un país que está cada vez más concienciado con el bienestar de los animales. Les diré que, sobre todo, con motivo de la pandemia, el número de animales de
compañía ha crecido los últimos años en torno al 40 % y, además, según datos de la Asociación Nacional de Fabricantes de Alimentos para Animales de Compañía, en España hay más de 28 millones de mascotas, de las cuales en torno a 7 millones son
perros y 4 millones son gatos.


Nos guste más o nos guste menos, el número de hogares donde hay más mascotas, en España se da la situación de que hay más mascotas que niños, nos guste más o nos guste menos, pero esto es una realidad. Una realidad que, gobierne quien
gobierne, va a tener que afrontarla. Nosotros, en este caso, lo hemos hecho a través de la creación de una dirección general que además quiero poner aquí en valor de su titular, Sergio García Torres.


Se ha incrementado el presupuesto de esta dirección general, básicamente, porque, como ustedes saben, hemos tramitado un proyecto de ley de bienestar, protección y derechos de los animales. Está ahora mismo en trámite parlamentario y prevé
ya en su memoria de análisis de impacto normativo, la necesidad de dotar presupuestariamente y ayudar a las entidades locales para la gestión de colonias felinas. ¿Por qué colonias felinas? Efectivamente, los perros y los gatos no son ni de un
partido ni de otro, porque las colonias felinas producen muchos daños al medio ambiente y también muchos daños a las



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personas por motivos de salud. Este es el motivo, ni más ni menos. Es verdad que actualmente esto es un asunto que muchos municipios no pueden atender, debido al gasto que les genera.


En definitiva, gestionando las colonias felinas, estamos contribuyendo al bienestar de las ciudadanas y los ciudadanos de este país.


Respecto del proyecto (00:03:26) (43), los animales pueden ser víctimas de violencia machista, evidentemente, en términos distintos de las mujeres, pero está demostrado que hay muchas mujeres que no abandonan el hogar del maltratador por
miedo al daño que le puede hacer el maltratador a su mascota, a su animal, a su perro.


Lo que tratamos de hacer con esta iniciativa desde el ministerio, que es conjunta al Ministerio de Igualdad y del Ministerio de Derechos Sociales, es favorecer que esa mujer víctima de maltrato tenga mucho más fácil abandonar su hogar, si en
este caso es una institución pública la que se hace cargo de tratar a su mascota, llevarla a un centro de protección, suministrarle las revisiones veterinarias que correspondan, etcétera. En esto se basa esta iniciativa, que en el año 2023 vamos a
dotar con 350 000 euros.


En definitiva, es una iniciativa que protege a las mujeres maltratadas de este país.


En relación con los 950 000 niñas, niños y adolescentes, se trata simplemente de habilitarles en competencias digitales, ni más ni menos.


Señora González, nada. Igualmente, le agradezco su intervención y quedo a su disposición para que me pueda facilitar sus preguntas y nosotros desde el ministerio, igualmente le daremos la respuesta procedente lo más pronto posible, sabiendo
que estamos en trámite de aprobación presupuestaria y que los tiempos corren muy deprisa y hay que entenderlo con la máxima celeridad.


Muchísimas gracias, igualmente, por su intervención.


Señora Rodríguez, nada. Igualmente, le agradezco su intervención y que haya puesto en valor la labor que hace el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030. En relación con su pregunta en concreto de qué es lo que vamos a hacer desde la
subsecretaría con el incremento de 1 700 000 euros, básicamente hay dos cuestiones principales. Una es atender el incremento de los costes de la energía, básicamente, y de los costes de suministros, pues del gas, de la electricidad que, como todos
sabemos, pues ahora mismo están disparados por la situación global. Entonces, nosotros en un ministerio, en un edificio que además ya tiene unos cuantos años y que estamos trabajando para que sea energéticamente mucho más eficiente, va a requerir
para el año 2023, todavía, además de muchas reformas, por lo menos, poder hacer frente al pago de las facturas. No se trata ni más ni menos que de eso.


En segundo lugar, también prevemos otra partida de en torno a 700 000 euros para poder estar a la altura de lo que se espera de España, del Gobierno de España, en la Presidencia Española de la Unión Europea. Creo que para todos va a ser un
reto, va a ser una oportunidad. Va a ser al final un pedestal que vamos a tener que liderar y que vamos a estar muy visibles en un momento muy complicado que, evidentemente, es también a nivel internacional, y en un momento muy complicado también
para Europa y los países de nuestro entorno, y España tiene que llevar a cabo y liderar una Presidencia que sea ejemplarizante, de las que, bueno, en definitiva, con un marcado carácter social y hacer realidad eso que se llama la Europa social.


Básicamente, este sería un poco el destino de ese incremento. Por mi parte, nada más. Igualmente, le agradezco de nuevo su atención.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Sin nada más, se levanta la sesión, y durante un momento, que espero que sea muy corto, nos tenemos que ver Mesa y Portavoces.


Eran las siete y cuarenta y cinco minutos de la tarde.