CORTES GENERALES


DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS


COMISIONES

Año 2022 XIV LEGISLATURA Núm. 772

JUSTICIA

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. FELIPE JESÚS SICILIA ALFÉREZ

Sesión núm. 38

celebrada el miércoles,

19 de octubre de 2022

ORDEN DEL DÍA:


Comparecencias de personalidades y funcionarios de la Administración del Estado, al objeto de informar sobre temas relativos al Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2023. (Número de expediente 121/000125).


- Del señor secretario de Estado de Justicia (Rodríguez Esquerdo). A petición de los grupos parlamentarios Ciudadanos (número de expediente 212/002542), Plural (número de expediente 212/002574), VOX (número de expediente 212/002412),
Popular en el Congreso (número de expediente 212/002746), Socialista y Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común (número de expediente 212/002622) ... (Página2)


- De la señora subsecretaria de Justicia (Sánchez Hernández). A petición de los grupos parlamentarios Ciudadanos (número de expediente 212/002544), VOX (número de expediente 212/002413), Popular en el Congreso (número de expediente
212/002747), Socialista y Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común (número de expediente 212/002623) ... (Página15)

Página 2

Se abre la sesión a las nueve de la mañana.


COMPARECENCIAS DE PERSONALIDADES Y FUNCIONARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO, AL OBJETO DE INFORMAR SOBRE TEMAS RELATIVOS AL PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA EL AÑO 2023. (Número de expediente 121/000125).


- DEL SEÑOR SECRETARIO DE ESTADO DE JUSTICIA (RODRÍGUEZ ESQUERDO). A PETICIÓN DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS CIUDADANOS (Número de expediente 212/002542), PLURAL (Número de expediente 212/002574), VOX (Número de expediente 212/002412),
POPULAR EN EL CONGRESO (Número de expediente 212/002746), SOCIALISTA Y CONFEDERAL DE UNIDAS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-GALICIA EN COMÚN (Número de expediente 212/002622).


El señor PRESIDENTE: Señorías, buenos días.


Vamos a dar inicio a la Comisión de Justicia, que tiene en su orden del día las comparecencias de personalidades y funcionarios, en este caso del Ministerio de Justicia, para dar cuenta del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del
Estado en lo que al Ministerio de Justicia se refiere.


Tenemos prevista la comparecencia del señor secretario de Estado de Justicia y, una vez que esta se produzca, la de la subsecretaria de Justicia. Por tanto, iniciamos el primer punto del orden del día con la comparecencia del señor
Rodríguez, secretario de Estado de Justicia, que tiene la palabra


El señor SECRETARIO DE ESTADO DE JUSTICIA (Rodríguez Esquerdo): Muchas gracias, señor presidente.


Buenos días, señorías. Comparezco ante esta Comisión para exponerles los proyectos presupuestarios del Ministerio de Justicia contenidos en el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2023. Durante mi intervención
presentaré las líneas generales de la sección presupuestaria 13, abordando las partidas presupuestarias más destacadas dentro de cada uno de los capítulos de gasto y destacando la relevancia de los fondos asignados por el Mecanismo de Recuperación y
Resiliencia, así como el Plan Justicia 2030. Seguidamente, presentaré las líneas generales de los organismos del Centro de Estudios Jurídicos y de la Mutualidad General Judicial y, como decía el presidente, después intervendrá la subsecretaria, Ana
Sánchez, para darles información de tres programas importantes del ministerio.


Señorías, con carácter previo quiero recordar que estos son los presupuestos de justicia social y de eficiencia económica que, por un lado, refuerzan el Estado del bienestar como garante de unos servicios públicos de calidad en un contexto
de incertidumbre por la invasión rusa de Ucrania y, por otro lado, consolidan el crecimiento y la creación de empleo a través de un cambio de modelo productivo impulsado por los fondos europeos, manteniendo el compromiso con la responsabilidad
fiscal. La ciudadanía espera que la justicia cuente con las garantías de un Estado social y democrático de derecho y que, partiendo de ellas, se configure un servicio público accesible y eficiente en el que se pueda confiar y que sea ágil y
sostenible.


Para lograr estos hitos, nuestra tarea es llegar a la percepción que la ciudadanía tiene respecto a la Administración de Justicia, que esta percepción sea la de la vinculación que ofrecen otros servicios de políticas públicas y,
singularmente, las propias de un Estado del bienestar, como son la sanidad, la educación o la atención a la dependencia. La justicia debe ser un servicio público próximo y accesible en el que confiar cuando se acude a él y debe gestionarse de modo
que generemos un sentimiento ciudadano de que estamos ante una política pública básica y cotidiana. Así, la justicia debe considerarse como una palanca de cambio en la consecución de la igualdad de oportunidades. Para ello, los presupuestos
generales del Estado para 2023 avanzan en la articulación de la generación de sinergias entre los fondos nacionales y los fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y de una forma consistente y coherente entre sí, de
forma que puedan operarse las transformaciones necesarias.


En este contexto, los recursos presupuestarios que se destinan a la política de justicia en el ejercicio 2023 ascienden a 2291 millones de euros. En este punto, señorías, quiero detenerme brevemente porque ha habido alguna interpretación,
vamos a decir que con escaso conocimiento o rigor, para explicar que, dentro de este gasto de política pública de justicia, se encuentra el programa del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia del componente 11, inversión 2.


Como ustedes sabrán, el Ministerio de Justicia, en cogobernanza absoluta y unánime con las comunidades autónomas con competencias transferidas, acordó en la pasada reunión de la Conferencia Sectorial de Administración de Justicia del 25
marzo de 2022, la planificación de los ejercicios 2022 y 2023

Página 3

y una transferencia de créditos por importe de 179,2 millones de euros. De esta manera, en junio del presente año se han transferido créditos por valor de 161,2 millones de euros, que representan el 90 % del importe acordado, quedando
únicamente pendiente para 2023 la cifra de 17,9 millones de euros, es decir, el 10 % restante. Este hecho ha provocado que el importe destinado a los fondos europeos disminuya considerablemente, porque casi hemos cumplido la totalidad de la
transferencia 2022-2023 en este año 2022.


De este modo, dentro del importe global dotado para la política, únicamente se recogen 57,5 millones de euros como anualidad prevista para 2023 en el marco, como les digo, de esos fondos europeos, lo que supone una disminución de 152
millones de euros y una variación en negativo de 72,6. Esto, que debería considerarse un éxito, alguien lo ha querido representar como un presupuesto sin incremento. Para ser realistas, debemos eliminar este efecto del Mecanismo de Recuperación y
Resiliencia. Por tanto, los recursos destinados a la política de justicia para 2023 ascienden a 2 233,82 millones de euros, es decir, 160 millones más que en el ejercicio anterior, lo que representa un incremento del 7,8 %. Repito, un incremento
del 7,8 %, para que a aquellos capciosos les quede sumamente claro. En este importe la participación del Ministerio de Justicia para el desarrollo de esta política, incluido el Centro de Estudios Jurídicos, alcanza una dotación de 2155,48 millones
de euros, lo que supone un aumento definitivo de 158 millones de euros. Este es el dato cierto, no el que algunos han querido interpretar, vamos a decir, ladinamente. Por su parte, la participación del Consejo General del Poder Judicial en la
política es de 78,34 millones de euros, lo que implica un incremento del 2,98 %.


Señorías, la transformación de la política de justicia se opera mediante la ejecución del Plan de Justicia 2030. Se trata de un proyecto colectivo que estamos desarrollando en el Ministerio de Justicia a través del diálogo con todas las
instancias implicadas, buscando consensos, trabajando en cogobernanza con las comunidades autónomas, con el Consejo General del Poder Judicial y con la Fiscalía General del Estado. Con este plan queremos alinear la justicia con la transformación
que se está produciendo en el país para no dejar a nadie atrás. En este sentido, el primer objetivo del plan es la accesibilidad. Para hacer la justicia accesible a la ciudadanía hemos emprendido proyectos para mejorar la asistencia jurídica o las
oficinas de víctimas, pero también otros aspectos que han sido menos habituales como la claridad del lenguaje para que todas y todos podamos entender la justicia de manera más sencilla. Dentro de este objetivo destaca el proyecto de oficinas de
justicia del municipio, que acercarán la justicia a la ciudadanía con un punto de acceso físico en cada pueblo, sin importar lo pequeño que este sea. De esta manera, reforzaremos la accesibilidad a los servicios en todo el territorio y, en
especial, a las áreas con baja densidad de población, favoreciendo la cohesión territorial. Un elemento esencial en este proyecto es el sistema de acompañamiento para neutralizar la brecha digital que afecta, particularmente, a personas mayores, a
personas con discapacidad y a colectivos vulnerables. De este modo, las personas que tienen dificultades para aproximarse al mundo digital tendrán quien les ayude a realizar sus trámites sin verse forzados a desplazarse a sus municipios. Además,
en estas oficinas se presentarán servicios a los ciudadanos no solo en materia de procedimiento judicial, sino también en otros relacionados con distintas áreas de la Administración pública. Las oficinas de justicia se convertirán así, señorías, en
un elemento facilitador del desarrollo económico y de la cohesión social, además de territorial.


También está la accesibilidad de las personas que prestan diariamente el trabajo en el servicio público de justicia. Estamos impulsando la adquisición de nuevas competencias por parte de los profesionales del sector, evolucionando y
adaptando los perfiles profesionales a las reformas y a la transformación digital. En este sentido, hemos emprendido una mejora de la formación a través del Centro de Estudios Jurídicos y, además, vamos a seguir facilitando el acceso a las
profesiones jurídicas, a la carrera judicial, a la carrera fiscal, al cuerpo de letrados de la Administración de Justicia y al cuerpo de abogados del Estado mediante un sistema de becas y preparación online, al que luego me referiré, que va a
asegurar que nadie que quiera contribuir al país desde la Administración de Justicia quede atrás por falta de recursos económicos. A ello cabe añadir que las nuevas oficinas se están proyectando para hacer posible el trabajo deslocalizado y el
trabajo de las empleadas y empleados públicos contribuyendo, sin duda, a la conciliación de su vida laboral y familiar, así como a reducir desplazamientos, cuidando también del medioambiente.


El segundo objetivo del plan es la eficiencia, señorías. Los proyectos asociados con la consecución de este objetivo se mueven en un triángulo cuyos vértices son tres leyes. La primera ley es la ley de eficiencia organizativa, que pondrá
en marcha los tribunales de instancia. Hoy tenemos 3600 juzgados de primera instancia en España y vamos a organizarnos para tener 431 tribunales de instancia, uno por cada partido

Página 4

judicial, una puerta grande visible y accesible a la que podrán llegar todas las personas. Internamente, se va a estructurar una oficina judicial con recursos compartidos que distribuya los trámites para equilibrar las cargas de trabajo.
La segunda ley es la ley de eficiencia digital, que establecerá la base jurídica de la transformación digital que permitirá la celebración de juicios telemáticos, las declaraciones a distancia, la petición de cita previa, la tramitación desde la
oficina judicial del municipio o la obtención de un certificado desde un ordenador o desde un smartphone. Por último, la ley de eficiencia procesal, que mejorará los procesos judiciales e introducirá los medios adecuados para la resolución de
controversias dentro del propio servicio público de justicia. Queremos una sociedad cohesionada no crispada. Queremos que hablar y dialogar sean antes de llegar a la jurisdicción para ensanchar el propio campo de la justicia.


El tercer objetivo del plan es la sostenibilidad, no solamente la sostenibilidad medioambiental, sino también la sostenibilidad económica y social, destacando la contribución de la justicia a la construcción del proyecto de país. En este
objetivo cabe resaltar la rehabilitación de las sedes judiciales para que sean sostenibles desde un punto de vista energético, así como la reducción del consumo de papel o los desplazamientos. En definitiva, señorías, Justicia 2030 es la expresión
para la justicia del proyecto de país que este Gobierno está impulsando interrelacionado, plural, igualitario, cohesionado y solidario.


Señorías, en términos de presupuesto agregado, el presupuesto del Ministerio de Justicia y sus organismos y entidades adscritas asciende a 2471,12 millones de euros. Insisto, si eliminamos el efecto de los fondos europeos que antes he
explicado, el presupuesto agregado del Ministerio de Justicia y sus organismos y entidades adscritas, como les decía, tiene un incremento del 7,8 %.


Entro ya, por tanto, en el ámbito del presupuesto del Ministerio de Justicia y paso a presentarles las principales partidas presupuestarias de cada capítulo de gasto correspondiente a la sección 13 del Ministerio de Justicia. El capítulo 1,
gastos de personal, se cifra en 1785,68 millones de euros, cuantía necesaria para dar cobertura a los gastos de todo el personal que percibe sus retribuciones con cargo al presupuesto del Ministerio de Justicia. La relevancia de este capítulo
refleja su peso en el conjunto del presupuesto del ministerio, ya que las retribuciones del personal de la Administración de Justicia representan el 77,5 % del presupuesto del ministerio. La tendencia de este capítulo, como ustedes habrán visto, es
ascendente, ya que incrementa su dotación en 139 millones de euros, un 8,4 %, pasando de 1 646,7 millones de euros a 1 785 millones de euros. Este presupuesto incorpora la implantación del nuevo modelo de Oficina Judicial con 8,72 millones de
euros; la creación de 54 unidades de mediación con 5,78 millones de euros; la creación de 27 unidades administrativas de asistencia a las víctimas con 3,06 millones de euros; la creación de 70 unidades judiciales con 13,65 millones de euros; la
ampliación en 70 plazas la plantilla orgánica del Ministerio Fiscal con 6,67 millones de euros; la creación de plazas para dar soporte al nuevo registro central de titularidades reales con 0,34 millones de euros; la elevación a categoría de
magistrado de 5 partidos judiciales con 0,75 millones de euros; el incremento retributivo general para todos los empleados públicos con 77,18 millones de euros, y la adecuación de nuevas incorporaciones en el ámbito de los servicios centrales y
Abogacía del Estado con 2,4 millones de euros. Las dos últimas partidas, el crecimiento vegetativo y consolidaciones con 33 millones euros y la ejecución del acuerdo sindical de 15 de diciembre de 2021 -seguro que se acuerdan-, que supone aplicar
el 15 % de la cuantía total aprobada para cada uno de los cuerpos, con 6,19 millones de euros. Durante esta legislatura se ha realizado un notable incremento de la creación de órganos judiciales. Para jueces y magistrados, señorías, en 2019 se
crearon 79 unidades judiciales; en 2020, 33 unidades judiciales y 3 plazas de magistrados; en 2021, 56 unidades judiciales y 4 plazas de jueces de adscripción territorial; actualmente se encuentra en tramitación la creación de 70 unidades
judiciales, y para el año 2023 se prevén dotaciones presupuestarias para la creación de 70 nuevas unidades judiciales. Para los fiscales, adicionalmente, se ha realizado un notable impulso para la ampliación de las plazas de la plantilla orgánica
del Ministerio Fiscal. En 2019 se crearon 80 plazas; en 2021 los Presupuestos Generales del Estado presupuestaron la creación de 40 plazas, creándose, en mayo de 2022, 60 plazas en vez de las 40 presupuestadas inicialmente, y para el ejercicio de
2023 se prevé una dotación presupuestaria para la ampliación de la plantilla fiscal mediante la creación de 70 nuevas plazas más de fiscales. Las medidas que acabo de exponer forman parte de un proceso de implantación que acompañan a la ley de
eficiencia y que van a permitir una optimización de las dotaciones de personal al servicio del nuevo modelo organizativo.


El capítulo 2, gasto corriente en bienes y servicios, se mantiene prácticamente constante, alcanzando la cifra de 146,50 millones de euros, debido a que se reproduce una reordenación de 0,32 millones de euros en este capítulo al capítulo 3,
gastos financieros. La reordenación tiene como objetivo pagar con

Página 5

cargo al citado capítulo 3 intereses de demora que, tradicionalmente, se habían imputado al capítulo 2, pero, por indicación de la IGAE, se procede a pagar en el capítulo de gastos financieros.


El capítulo 3, gastos financieros, se incrementa en 0,33 millones de euros, llegando a 0,66 millones de euros tal como les explicaba en el capítulo anterior. El capítulo 4, transferencias corrientes, disminuye el 11,78 millones de euros
hasta alcanzar el importe de 71,30 millones de euros. Se lo explicaba antes, si descontamos el efecto de los fondos, la partida aumentaría en 3,5 millones de euros. Fundamentalmente, el incremento de gasto se debe a la transferencia que se realiza
para la financiación del Centro de Estudios Jurídicos. Algo muy importante es señalar que se mantiene la dotación destinada a financiar la asistencia jurídica gratuita y la asistencia psicológica a las víctimas prestadas por los psicólogos que se
integran en las Oficinas de Asistencia a las Víctimas.


El capítulo 6, inversiones reales, incrementa inicialmente sus dotaciones en 38,58 millones de euros respecto al presupuesto de 2022. Se trata de un incremento del 16 %, pasando de 241,2 millones de euros a 279,8 millones de euros. De esta
cuantía de 2023, un 19 %, 53,16 millones de euros, se destina a las infraestructuras, equipamientos y edificios y un 49,7 %, 138,98 millones de euros, a la modernización tecnológica. El 31 % restante se dedicará a la transformación digital de la
justicia, así como a la transformación energética de las sedes, ambas medidas en el marco de los fondos europeos, por un importe total de 87,64 millones de euros.


En este contexto, durante los ejercicios presupuestarios anteriores el Ministerio de Justicia ha alcanzado hitos importantes en el proceso de transformación digital de la justicia, que hacen que España sea uno de los países referentes en
justicia digital de nuestro entorno. Señorías, la trasformación digital de la justicia constituye una de las prioridades de este ministerio en esta legislatura y, como saben, una de las políticas emblemáticas europeas que obtienen financiación en
el marco de los fondos europeos. A través del trabajo de la Conferencia Sectorial de la Administración de Justicia, se han definido los Proyectos País para cumplir con unos requisitos establecidos desde la propia Comisión Europea y para el
aprovechamiento de los recursos ya inyectados, para que estos recursos sean el máximo para todo el territorio nacional. Con el espíritu de cogobernanza que rige los trabajos que se están proyectando, se ha realizado la planificación 2022-2023 de
los Proyectos País y de las iniciativas autonómicas que van a financiarse con cargo a las dotaciones de digitalización de la justicia, y les citaré once proyectos básicos.


El primer proyecto es la continuación en el despliegue de infraestructuras digitales básicas necesarias para el desarrollo de proyectos de transformación financiados con fondos europeos.


El segundo proyecto es la interoperabilidad de los sistemas de gestión procesal, no solo entre ellos dentro del propio ámbito judicial, sino también con el resto del ecosistema digital de la justicia, como son el Registro Civil, el sistema
de registros administrativos de apoyo a la Administración de Justicia, la Fiscalía, los institutos de medicina legal, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, las instituciones penitenciarias, los profesionales de la justicia, las
administraciones públicas y los demás colectivos que se relacionan con la Administración de Justicia.


El tercer proyecto es la creación de una arquitectura de información basada en datos para la generación de información y conocimiento para la elaboración de políticas públicas, es decir, una justicia orientada y basada en el dato.


El cuarto proyecto es la mejora de las capacidades de prevención, detección y respuesta a incidentes de ciberseguridad.


El quinto proyecto es la Carpeta Justicia, que permitirá la prestación de servicios personalizados y favorecerá a la ciudadanía, a las empresas y a los profesionales.


El sexto proyecto es la celebración telemática del mayor número posible de actuaciones con las máximas garantías procesales y de seguridad, a través de la integración de tres líneas diferenciadas: cita previa, escritorio virtual para la
interacción digital y clave justicia.


El séptimo proyecto es la textualización, que permite localizar rápidamente cualquier tipo de información relativa a las declaraciones y manifestaciones producidas durante la celebración de actuaciones documentadas mediante la grabación
audiovisual.


El octavo proyecto es la implantación de las herramientas tecnológicas que favorezcan el desarrollo de mecanismos alternativos de resolución de conflictos.


El noveno proyecto es un nuevo modelo de Registro Civil para la implantación de la Ley 20/2011 mediante un sistema informático de gestión integral de los servicios que prestará el Registro Civil digital, es decir, un proyecto de implantación
en todo el territorio del Estado de los tribunales de instancia de la oficina judicial y de las oficinas de justicia en los municipios, previstos, como les decía, en la ley de

Página 6

eficiencia organizativa. Estas oficinas de justicia en los municipios proporcionarán a los ciudadanos servicios judiciales ahorrando, como decía, desplazamientos y reforzando los servicios en todo el territorio.


El último proyecto es la creación del registro central de titularidades reales.


Señorías, junto a estos proyectos financiados por los fondos europeos, el Ministerio de Justicia va a seguir acometiendo diferentes inversiones en transformación digital con cargo al presupuesto ordinario por importe de 138,98 millones de
euros. Se va a trabajar intensamente para avanzar en los proyectos ya iniciados y acometer nuevos retos de acuerdo con el Plan Justicia 2030 en torno a tres líneas estratégicas que consisten, en primer lugar, en mejorar la eficiencia de la
Administración; en segundo lugar, en acercar la justicia al ciudadano y, en tercer lugar, en eliminar las brechas digitales y dar protección a los más desfavorecidos, haciendo que la Administración de Justicia sea una garantía de equidad.


Con respecto a la mejora de la eficiencia de la Administración, señorías, la aplicación de nuevas tecnologías previstas para 2023 está dirigida a alcanzar la digitalización de los órganos judiciales y la fiscalía, la consolidación de las
comunicaciones electrónicas, el mantenimiento de las infraestructuras en los institutos de medicina legal y el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses y la modernización de los registros administrativos de apoyo a la actividad
judicial.


Otra de las líneas que se va a continuar en 2023 es la colaboración con otras administraciones públicas, a través del Comité Técnico Estatal de la Administración Judicial Electrónica, centrando sus esfuerzos en la interoperabilidad de los
sistemas de gestión procesal y expedientes electrónicos, habiendo conseguido que todos los sistemas de gestión procesal del territorio nacional por primera vez envíen de manera satisfactoria expedientes judiciales electrónicos al Tribunal Supremo
con el desarrollo de un hub de interoperabilidad judicial. El desarrollo culminará en 2023 y se continuará mejorando para que con pleno consenso en el CTEAJE todas las administraciones continúen trabajando en una interoperabilidad automática
orientada al dato que permita no solo un intercambio completo y automatizado de los expedientes entre los distintos territorios, sino también el procesamiento automático de los metadatos de los mismos, mejorando la gestión y la eficiencia de la
Administración de Justicia, cuestión esta que nunca había ocurrido y que creo que hay que señalar.


Aprovechando el desarrollo digital de los sistemas de gestión procesal durante 2023, se abordarán proyectos de aplicación de inteligencia artificial y el machine learning, que facilitarán un procesamiento rápido y serán de utilidad para la
tramitación de expedientes judiciales, así como la custodia de la evidencia judicial y del control de las penas restrictivas de derechos. Entre dichas actuaciones se realizará la mejora del expediente judicial electrónico para que sea sostenible y
orientado a la interoperabilidad basada en el dato, centrándose en la implantación progresiva del resto de módulos de gestión y tramitación del nuevo sistema de justicia, permitiendo a la Administración de Justicia prestar a la ciudadanía un
servicio público en el marco de la sociedad digital con respecto a derechos administrativos. Una vez integrados los registros del orden penal en una sola base de datos, se realizarán mejoras tecnológicas y funciones de resolución de módulos
penales. Además, en 2023 se pondrá en funcionamiento el sistema ECRIS de intercambio de antecedentes penales de los llamados terceros países externos de la Unión Europea, dirigido especialmente a América Latina, Argentina, Chile, Colombia, Perú y
Costa Rica.


El capítulo 7, transferencias de capital, disminuye en 108,67 millones de euros, lo que supone un decremento del 84,4 % respecto al ejercicio anterior.


El capítulo 8, activos financieros, mantiene las mismas dotaciones que en 2022, con un total de 619,19 millones de euros.


Por último, señorías -acabo ya, señor presidente-, me referiré a los organismos públicos adscritos al Ministerio de Justicia, la Mutualidad General Judicial y el Centro de Estudios Jurídicos. El presupuesto de gasto destinado al Centro de
Estudios Jurídicos asciende a un total para 2023 de 19,62 millones de euros, lo que supone un incremento del 20,7 % respecto al presupuesto aprobado en 2022. Llegado a este punto, merece la pena destacar la importancia que para el año 2023 tiene el
crédito destinado a atender un programa de becas para la preparación de las oposiciones de la carrera judicial al cuerpo superior de letrados de la Administración de Justicia y al cuerpo de abogados del Estado, que se duplica en 1,62 millones de
euros, hasta alcanzar la cifra de 3,24 millones de euros. Luego, en la segunda intervención, les explicaré más desarrolladamente el proyecto de becas. La finalidad de este programa puesto en marcha por el ministerio es facilitar el acceso a las
profesiones jurídicas a quienes tengan la capacidad necesaria para acceder a las mismas, con independencia de su situación socioeconómica, porque la falta de recursos económicos en las familias no puede ser un obstáculo para ser juez, fiscal,
letrado de la Administración o abogado del Estado. Estas ayudas suponen un paso crucial para empezar

Página 7

a democratizar el acceso de puestos que requieren una oposición dura, larga y exigente. En 2023 prevemos convocar en torno a 500 plazas becadas.


En cuanto al presupuesto para el CEJ, proveniente del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, asciende a un importe de 1,3 millones de euros, destinándose este importe a la continuación en la creación de una oficina de
transformación pedagógica para definir y ejecutar una estrategia de aprendizaje, refuerzo y capacitación de colaboradores para la creación de contenidos de aprendizaje y un sistema de gestión de aprendizaje on line.


Para terminar, señorías, señor presidente, en lo que respecta a la Mugeju, su presupuesto para 2023 es de 128,17 millones de euros, lo que supone un incremento de 3,13 millones de euros, que financian principalmente los programas de
prestaciones económicas al mutualismo administrativo, 26,68 millones, y de asistencia sanitaria al mutualismo administrativo, 101,49 millones.


Concluyo mi intervención señalando que esta misma semana se celebrará la Comisión sectorial de la Administración de Justicia, que se realiza mensualmente y que afianza un modelo de cogobernanza para lograr la transformación del servicio
público de justicia. El Plan Justicia 2030, señorías, sigue avanzando y lo hace con el impulso del Ministerio de Justicia, con el respaldo unánime, insisto, de todas las comunidades autónomas, y espero que con su ayuda mayoritaria para poder
mejorarlo y conseguirlo.


Muchas gracias. Quedo a su disposición. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor secretario de Estado.


A continuación serán los portavoces de los diferentes grupos quienes tomen la palabra para plantear las cuestiones que entiendan oportunas al secretario de Estado y las valoraciones que consideren pertinentes. Recuerdo a los portavoces que
los turnos son de cinco minutos y luego el secretario de Estado responderá. Les pido que se ajusten a los tiempos, aunque ya saben de la flexibilidad de esta Presidencia.


En primer lugar, por el Grupo Parlamentario Ciudadanos tiene la palabra el señor Bal. Señoría, tiene la palabra.


El señor BAL FRANCÉS: Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario de Estado.


Le voy a preguntar, secretario de Estado, por los números. Esta es la Comisión de Presupuestos reunida en relación con los presupuestos y en este sentido no sé por qué se pone usted la venda antes que la herida acusándonos anticipadamente
de que le vamos a falsear a usted las cifras. No, no, se ha incrementado el presupuesto del ministerio un 7,83 %. No le voy a hacer trampas ni voy a excluir partidas ni nada parecido. No, nada de eso. Poco. La primera valoración es evidente:
poco. La hermana pobre de los presupuestos de siempre, que venimos a ver todos los años. Estos son mis terceros presupuestos aquí y siempre pasa lo mismo, muy poco dinero, 159 millones de euros.


Le quería preguntar también -porque no se ha referido usted a este dato, y no sé si lo tendrá preparado, solo por si usted lo tiene- sobre el grado de ejecución de los presupuestos del año anterior, que ya sé que no es el objeto específico
de esta comparecencia, pero si tiene usted el dato, me gustaría conocerlo porque venimos poniendo en tela de juicio la capacidad de ejecución de los presupuestos del Gobierno en todas las facetas de la Administración. Poco presupuesto y saca pecho
-y me parece bien, yo también lo hago- de los mecanismos alternativos de solución de controversias, respecto a los cuales este grupo parlamentario está completamente de acuerdo con el proyecto del Gobierno de eficiencia procesal. Pero es que en
estos presupuestos solo se prevén 54 unidades de mediación. Entonces, ¿qué pasa, que el tapón de la justicia lo vamos a trasladar a las unidades de mediación cuando se apruebe la ley de eficiencia procesal y la mediación sea obligatoria en tantos
asuntos civiles? No puede ser, hay que poner dinero, hay que crear más unidades si queremos que esto funcione y no se quede todo, como siempre en justicia, como un brindis al sol, con una buena voluntad por parte de los gestores -la suya, que le
presumo esa buena voluntad- pero sin dinero para poder ejecutar.


Falta de recursos evidente. El 48 % de los encuestados por el CIS dice que el funcionamiento de la justicia es muy malo. Seguimos con tiempos de espera, seguimos con un atasco que no conseguimos superar, no conseguimos llegar a los niveles
prepandemia y nos encontramos con esa famosa tasa horrible que es la tasa de congestión: los asuntos que entran en un año por los asuntos que salen en un año; las gallinas que entran por las que salen en definitiva. Pues esa tasa de congestión no
deja de subir: en 2011 era del 1,34; en 2021, del 1,49. Parece que ni a los gobiernos del Partido Popular ni a los gobiernos del Partido Socialista les importa un bledo el atasco de la justicia, siguen sin destinar más dinero a la justicia.
Pero, ¡qué curioso!, es que la Comisión Europea del Consejo de Europa para la

Página 8

eficiencia de la justicia dice que nuestra inversión en justicia está por encima de la media europea, es de un 0, 37 del PIB; resulta que tenemos fondos pero se gastan mal. Es decir, que nos encontramos con una negligencia continuada
durante cuarenta años de democracia por parte de los gobiernos de uno y otro signo para arreglar los problemas de la justicia. Tenemos dinero, pero se gasta mal. Luego nuestros gestores suspenden, evidentemente, en la asignación de este gasto.


Nos encontramos de nuevo -todos los años lo digo- con una tasa de jueces y una tasa de fiscales muy por debajo de la media y con un presupuesto que solo se incrementa con respecto a las plazas en un 0,3 %, trescientas plazas nuevas de
jueces, netamente insuficientes y usted lo ha dicho, y setenta nuevas plazas de la fiscalía, no saque pecho tampoco porque son netamente insuficientes y, sobre todo, si tenemos el plan de atribuir la instrucción de los procesos penales a la
fiscalía.


Revisión de salarios de jueces y fiscales. Mesa de retribuciones prevista en la disposición adicional primera de la Ley 15/2003, mesa salarial que se tiene que reunir cada cinco años y que ustedes han desconvocado; mesa salarial que en
veinte años de vigencia de la ley -del año 2003- nunca ha subido el sueldo de los jueces y los fiscales, nunca ha revisado al alza los salarios de los jueces y los fiscales. Eso sí, bajárselo sí se lo han bajado, tanto José Luis Rodríguez Zapatero
como Mariano Rajoy, con el tijeretazo que nos metieron a todos los funcionarios públicos y que para los del grupo A1, donde se encuentran los jueces y los fiscales, se puede establecer en el 9,73 % de bajada de sueldo. Y la mesa de retribuciones
sigue sin funcionar y la mesa de retribuciones sigue sin revisar el sueldo de los jueces, pero es que encima ustedes la convocan, no la reúnen. Esto es una burla a los pobres jueces y fiscales, a cuyos hombros se encuentra el correcto
funcionamiento, con mucha vocación y mucho sacrificio, del servicio público de la justicia, dado que sus gestores lo tienen desatendido absolutamente.


Qué decir de los complementos de insularidad en Ibiza o en Mallorca, que se lo hemos dicho muchas veces. Qué decir con respecto a la justicia gratuita, que es de las peores retribuidas de Europa a pesar de que España es el país europeo que
tiene mayor número de asuntos. Para que se hagan una idea, en Noruega se pagan los asuntos a 2 500 euros de media; 594 en Francia; 1000 en Portugal, y 147 euros en España y encima con la dispersión por comunidades autónomas, con lo que, al mismo
trabajo, salario diferente. A esto del beneficio de justicia gratuita, los viejos lo llamábamos antes el beneficio de pobreza, ¿verdad? Bueno, pues este es el beneficio de pobreza del abogado del turno de oficio. Y el IPREM al 3,6 % de subida.
Luego nos encontramos con que va a haber menos casos de justicia gratuita, menos reconocimientos de servicio de justicia gratuita; menos servicio público. Es como ustedes atienden los problemas, rebajando el ámbito de personas que van a entrar
dentro del servicio público. Suben el salario mínimo interprofesional, pero el IPREM no. O sea, sacrificios sí, pero que los hagan los empresarios, los demás. El Estado no se sacrifica para pagar a los abogados del turno de oficio.


Becas. Gracias, ya era hora de las becas, está bien. Extiéndanlas al resto de cuerpos del grupo A1 y extiéndanlas al grupo de funcionarios del grupo A2, porque en Justicia hay muchos otros funcionarios que también necesitan becas para esta
formación. Por lo tanto, tampoco saque usted pecho.


Y en edificios e infraestructuras -y con esto termino-, rebaja del presupuesto. Tal como tenemos las instalaciones, aquellos que hace tres años estábamos arrastrando la toga, sufriendo la toga en los juzgados y tribunales -en mi caso de
Madrid, pero con conocimiento de toda España-, nos encontramos con que la inversión de 8,9 millones de euros está en 6,9 millones de euros y con algún caso que verdaderamente resulta insultante, como es, por ejemplo, la Ciudad de la Justicia de
Valladolid, que solamente está dotada con 200 000 euros. Esto es una auténtica vergüenza. Le pido, por lo tanto, aclaraciones sobre todos estos aspectos y desde luego le agradezco su comparecencia y la claridad de su exposición.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchísimas gracias, señor Bal.


A continuación, en nombre del Grupo Confederal de Unidas Podemos-En Común Podem-Galicia en Común, tiene la palabra el señor Uriarte.


El señor URIARTE TORREALDAY: Señor Rodríguez, querido Tontxu, bienvenido a esta casa.


En primer lugar, vamos a intentar hacer una valoración de nuestro grupo de cuál es el esfuerzo presupuestario que está haciendo de cara a este ejercicio el Gobierno, y creo que para hacer cualquier valoración siempre hay que tener unas
coordenadas, hay que tener un contexto; hay que saber valorar las cosas en su contexto, porque, si no sabemos en relación a qué, algo puede ser poco o puede ser mucho. ¿Cuál es la situación que afronta presupuestariamente este Gobierno? Es una
situación heredada

Página 9

de Gobiernos anteriores que -por poner simplemente dos pinceladas para poder valorar la situación- partía de una litigiosidad mucho más alta que la media europea, en concreto 2,7 litigios por cada cien habitantes frente a una media europea
de 2,2 litigios por cada cien habitantes, de acuerdo con los datos de la Comisión Europea. Y, por otra parte, en el contrapunto, teníamos un nivel de personal bastante inferior a la media europea. La media europea es de 17 jueces por cada 100 000
habitantes mientras que la española -la herencia que recibe este Gobierno- es de 11 jueces por cada 100 000 habitantes; es decir, es una herencia realmente pobre; todos los gobiernos a lo largo de la democracia han generado esta situación en la
cual tenemos una litigiosidad muy por encima de la media europea y, sin embargo, unos recursos personales muy por debajo de la media europea. Esta es la situación que usted hereda y, por otra parte, el contexto en el que la hereda es el contexto de
una situación de profunda pandemia, la más grave en los últimos ciento y un años, y, posteriormente, la de la crisis energética generada por la invasión de Ucrania. En esta situación, como es lógico, para cualquier Gobierno responsable la absoluta
prioridad tienen que ser la sanidad y la protección social de la ciudadanía, y especialmente de la ciudadanía más débil, pero sin abandonar otro tipo de servicios públicos y muy especialmente el servicio público de justicia. ¿Y qué ha hecho el
Gobierno? Pues, como bien ha expresado usted, ha impulsado un paquete de medidas legislativas para garantizar la eficiencia, una mayor agilidad del servicio público de justicia desde una perspectiva de servicio público más que de poder -que es la
perspectiva que hereda de gobiernos anteriores-, y un apoyo presupuestario importante; no solo medidas legislativas, sino también políticas públicas. Un esfuerzo presupuestario que se podría concretar en un incremento de más de un 7 % en el primer
año, de más de un 11 % en el segundo año y en este tercer año de nuevo cerca de un 8 % de incremento, con lo cual el incremento añadido hará que el siguiente Gobierno acceda a la gestión de la justicia con un tercio más de recursos que la herencia
que recibió el actual Gobierno.


¿Cuáles son las partidas más relevantes del presupuesto que se nos pone a examen? En primer lugar, en materia de personal hay un incremento importante de un 8,4 % en la partida de personal, con una oferta pública de 200 plazas de ingreso en
la carrera judicial y fiscal. En este sentido, quisiera preguntarle cuál será el efecto estimado sobre las condiciones precarias de los trabajadores interinos y sobre la sobrecarga de trabajo que actualmente existe. ¿Cuál es el efecto que prevé de
este incremento presupuestario y de esta dotación de plazas?


En segundo lugar, otro de los elementos importantes que se contiene en el presupuesto es la implementación de nuevos servicios; es decir, los servicios de mediación, los MASC, con la creación de 40 unidades de mediación, con 6 millones de
dotación, y la implementación de 27 unidades administrativas de asistencia a víctimas, con un presupuesto de 3,06 millones de euros. Quería preguntarle, señor Rodríguez, qué previsiones tiene de implementar este presupuesto, porque, como sabemos,
no se trata solo de tomar medidas legislativas o presupuestarias sino también de saberlas implementar bien. ¿Qué previsiones tiene para implementarlas de mutuo acuerdo, qué colaboración prevé con las comunidades autónomas?


En tercer lugar, un capítulo muy a destacar por parte de nuestro grupo es el capítulo de la formación. Por primera vez en la historia este Gobierno, el Gobierno de coalición, ha dotado un sistema de becas para la carrera judicial. Otros
grupos parece que critican que sea poco, cuando ellos cuando han gobernado jamás han dedicado ni un solo euro a esto y para una vez que un Gobierno decide crear un sistema de becas y decide en este ejercicio presupuestario concreto incrementar su
dotación en un 5,19 % pues resulta que es poco. Claro, ¿poco en relación a qué? Es decir, si lo comparamos con el cero que han dedicado todos los gobiernos anteriores, cualquier poco es muchísimo, porque en relación a cero es un avance enorme.
Entonces es un avance de 5,19 % en dotación respecto de lo que ya había. Y en materia de formación hay un elemento que para nosotros es muy importante y que ya estaba en el diagnóstico que hizo la ministra de Justicia y también el ministro de
Justicia anterior, que es el hecho de que tenemos una justicia profundamente masculinizada como consecuencia de que durante toda la historia del derecho la mujer ha tenido en este país prohibido el acceso a la justicia hasta el año 1966; es decir,
todavía hemos conocido en vida esa prohibición. Y la reversión de esto requiere una intervención importante en materia de formación, por eso le pregunto -y con esto voy terminando- cuáles son las previsiones que tiene el ministerio de formación
continuada en materia de igualdad de género y de interseccionalidad para, de alguna forma, compensar estos déficits heredados de la vieja Administración de Justicia.


Muchas gracias.

Página 10

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Uriarte.


A continuación, en nombre del Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra su portavoz, el señor Ortega Smith.


El señor ORTEGA SMITH-MOLINA: Muchas gracias, señor presidente. Muchísimas gracias, señor secretario de Estado.


En primer lugar -lo decimos todos los años y lo repetiremos cuantas veces sea necesario-, la justicia tiene dos partes fundamentales, la que atiende a la cuestión básica de la independencia del Poder Judicial y la que atiende a los medios
necesarios para poder ejercer esas funciones. Sin independencia judicial no hay Estado de derecho, no hay división de poderes, no hay democracia. Pero eso es un 50 %, el otro es tener los medios humanos, materiales y legales suficientes para poder
ejercer ese poder del Estado. Sobre la independencia del Poder Judicial es evidente -y lo hemos hablado muchísimas veces en esta Comisión- que España adolece de una verdadera independencia desde el momento en que llevan décadas repartiéndose los
órganos judiciales entre el Partido Popular y el Partido Socialista, y además, según todos los anuncios, pretenden seguir haciéndolo con el mayor de los descaros y no solo en el Consejo General del Poder Judicial, sino también en las altas
magistraturas de la justicia. Pero hoy venimos aquí a hablar de la otra parte, de los medios humanos y materiales. Y aquí la Comisión Europea, el CEPEJ, ha sido muy claro con respecto a España. Y podemos aburrirnos repitiendo datos, porcentajes,
pero yo creo que los españoles se merecen que los políticos no les mintamos y les desgranemos qué hay detrás de esos datos y de esos presupuestos. En definitiva, que les digamos si detrás de todo ese gasto público que tanto nos cuesta pagar a los
españoles a través de los impuestos existe un servicio público de calidad y eficiente o lo que existe es un servicio público malo y, sobre todo, mucha propaganda.


Hablemos de datos. España realiza un gasto en justicia de 78,8 euros por habitante, cuando la media europea es de 40,79. Por tanto, el primer dato ya es llamativo. Resulta que gastamos el doble que la Unión Europea y esto es muy
importante decirlo, porque los gobiernos son los administradores, los gestores de los recursos públicos. Y resulta que en justicia, a pesar de que se repite hasta la saciedad el mantra de que hay que poner más dinero, no es un problema de más
dinero. Estamos gastando el doble que la media de los países de la Unión Europea. Pero algo está pasando, porque cuando llega la hora de la verdad, habiendo gastado el doble, resulta que en el número de jueces por 100 000 habitantes tenemos 11,5
frente a los 17,7 de la media europea. Y si hablamos del número de fiscales, resulta que España tiene 5,2 fiscales por cada 100 000 habitantes cuando la media europea está en 11,25. Alguien se estará preguntando dónde va este dinero. Pero
podríamos hablar del número de asuntos que soporta cada juez o magistrado, y resulta que en España superamos más de mil asuntos por año y juez; es decir, tres asuntos por día. Quien haya conocido o quien haya tenido la necesidad de acercarse a la
Administración de Justicia sabrá que un asunto judicial es algo muy serio, que requiere mucho estudio y mucho trabajo. Pues imagínense resolver una media de tres asuntos al día. ¿Lentitud procesal? Al máximo. ¿Burocracia procesal? Al máximo.
¿Digitalización? En los titulares, porque el expediente judicial no existe y donde existe está duplicado, porque seguimos con toneladas y toneladas -por no decir camiones y carretillas- de papel y más papel. Sobre las plataformas digitales, que
usted anuncia que ya está solucionado o en vías de solución, sigue habiendo una falta de conexión o interconexión entre las diferentes plataformas digitales. Y podríamos ir a otro dato que creo que es importante. No solo el número de jueces, no
solo el número de fiscales, no solo la carga de trabajo, veamos lo importante. ¿Qué es lo importante de la justicia? La resolución de los asuntos judiciales que se someten a los jueces y tribunales, a los órganos judiciales. Y resulta que de los
veintisiete países de la Unión Europea, España ocupa el país número veinticinco por la cola en la tardanza en resolución de asuntos judiciales; por ejemplo, más de doscientos días para resolver un asunto en primera instancia. El veinticinco de
veintisiete en resolución de asuntos. Y si hablamos de la ejecución de los asuntos ya resueltos, nos vamos también a la cola. Por tanto, señor secretario de Estado, gastamos mucho, pero gastamos mal, tenemos un mal servicio público. Y de esto no
solo es responsable el Partido Socialista y todos sus socios actuales, sino también los gobiernos anteriores, porque el Partido Popular, con mayorías absolutas, tampoco corrigió esta situación. En definitiva -y con eso voy terminando, señor
presidente-, ineficacia y despilfarro de recursos públicos. Eso sí, mucha mucha propaganda. Porque cualquiera de los españoles que le haya escuchado ha oído que, según ustedes, con estos presupuestos vamos a tener una justicia resiliente,
igualitaria, sostenible, confiable, eficiente. Yo creo que muchos españoles se están preguntando si esto es un anuncio de una bombilla o de una batería, porque lo que está claro es que no vamos a tener ni una justicia independiente

Página 11

ni una justicia eficaz. No sé lo que significa todo eso que ustedes dicen, que nos repiten hasta la saciedad en sus agendas 2030, pero el justiciable y el profesional de la justicia lo que sigue viendo son montones y montones de
expedientes; montones y montones de días, de años de retraso en la resolución. Y los profesionales de la justicia, entre otros los magistrados, lo que ven son malas retribuciones, malos sueldos y poca ayuda por parte del Gobierno. Por tanto, y
termino con esta frase, podría usted decirnos que han multiplicado por 200 el presupuesto y yo le diría: peor. No mejor, peor. Porque si cada euro que gastan resulta que nos da peores resultados, lo mejor es que dejaran ustedes de gastar dinero y
se preocuparan de buscar una solución real para los problemas de la justicia.


Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ortega Smith.


A continuación, en nombre del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, tiene la palabra su portavoz, el señor Jerez.


El señor JEREZ JUAN: Muchas gracias, señor presidente.


Señor secretario de Estado, viene usted a defender una cuestión compleja y lo hace hablando con entusiasmo del documento presupuestario como si de un proyecto riguroso se tratara, pero parece usted olvidar que dichos presupuestos y el cuadro
macroeconómico en el que se sustentan han sido desautorizados por la máxima autoridad monetaria de este país hace apenas un par de días. Señor secretario de Estado, escuchándole uno tiene la certeza de saber desde qué lado del espejo nos habla
usted cuando se refiere a los presupuestos, y lo hace desde el lado de la ficción, presentándonos como creíbles unos presupuestos cuyo cuadro económico no se sostiene.


Señor secretario, lo que pomposamente llaman ustedes Justicia 2030 no tiene reflejo presupuestario suficiente en el documento, condenando al servicio de justicia a ser de nuevo la cenicienta de estos presupuestos. ¿Podría usted explicarnos
por qué? ¿Podría usted detallarnos dónde están las partidas presupuestarias que deben servir para implementar leyes como la de Eficiencia Organizativa, la de Eficiencia Procesal y la de Eficiencia Digital? ¿Puede usted decirnos, señor secretario,
dónde están las partidas para llevar a término lo dispuesto en la Ley Concursal o en la Ley del Derecho de Defensa, de la que dependen miles de abogados del turno de oficio en este país? Podemos mirar el documento presupuestario desde su lado del
espejo y ver el incremento de 159 millones de euros o podemos verlo desde otro lado, desde el lado de la realidad, y darnos cuenta de cómo el mayor incremento se produce precisamente en el capítulo 1, donde seguimos muy alejados de la media europea
de jueces y fiscales y donde ustedes se limitan a proveer 200 plazas de acceso. Podemos ver la inversión en infraestructuras judiciales desde su lado del espejo y hablar de los 49 millones de euros previstos o podemos hablar de la realidad y
destacar que esa cifra, la de 49 millones de euros, sigue siendo 100 millones de euros menor que la de los últimos presupuestos del señor Cristóbal Montoro. Podemos preguntarnos si los 49 millones de euros de los que le hablo, previstos para
infraestructuras judiciales, incluyen las partidas necesarias para acometer las reformas de las sedes judiciales que hacen falta para la efectiva implantación de los 341 tribunales de instancia previstos en la Ley de Eficiencia Organizativa. Y si
nos preguntamos todo esto, la respuesta es clara; la respuesta es que no, que no hay medios suficientes. ¿Podríamos preguntarle cuál será el grado de ejecución presupuestaria en esas partidas? ¿Nos lo podría usted decir? ¿Se compromete usted a
que ronden el cien por cien de ejecución? Porque no hacerlo, señor secretario, significaría reconocer la realidad, y es que buena parte de esas partidas provienen -ya se ha dicho aquí- de partidas no ejecutadas en presupuestos precedentes.


Podemos hablar, como digo, desde su lado del espejo y destacar que se van a destinar 8,72 millones de euros al nuevo modelo de oficina judicial o hablar del lado de la realidad, del lado de la verdad, y recordarle que ustedes se han negado a
negociar las relaciones de puestos de trabajo con las organizaciones sindicales, vulnerando el derecho a la negociación colectiva, cuando en esas oficinas judiciales se van a tocar derechos funcionariales básicos. ¿Es ese el coste que ustedes
manejan para la negociación de la relación de puestos de trabajo y las obras necesarias para la nueva oficina judicial? Señor secretario, no nos suena nada bien. ¿Dónde están las partidas presupuestarias necesarias para la implementación de las
oficinas municipales de justicia? ¿O es que ese coste tendrán que asumirlo los ayuntamientos, cuando se trata claramente de competencias impropias no contempladas en la Ley de Bases de Régimen Local?


Señor secretario -y voy terminando-, sobre las partidas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, su lado del espejo muestra 105 millones de euros que se sumarán al presupuesto

Página 12

del Ministerio de Justicia. La realidad es bien diferente, ya que en el presupuesto de hace dos años ustedes solo asumieron el reto de gestionar 27 millones de los 27 000 que vinieron a España. ¿De verdad nos está usted diciendo que en
total llegarán íntegramente los insuficientes 410 millones del fondo, como inicialmente ustedes prometieron? ¿O de lo que estamos hablando es de partidas que se conforman con las partes no ejecutadas en el ejercicio anterior y que son simplemente
transferidas a las comunidades porque ustedes no son capaces de gestionarlas adecuadamente? Señor secretario, confío que sean suficientes para acometer los proyectos de digitalización que la Administración de Justicia necesita, como esa plataforma
necesaria para poder aplicar la Ley Concursal a más del 90 % de los concursos de este país y que sigue todavía pendiente. ¿Cree, señor secretario -de verdad, lo cree-, que con 5,7 millones de euros podremos aplicar lo que ustedes nos han presentado
como Proyecto de Ley de Eficiencia Procesal? ¿Está usted convencido de eso? ¿Está usted seguro de eso? ¿Cincuenta y cuatro unidades de mediación es su apuesta, su verdadera apuesta por la mediación?


Señor secretario de Estado, termino con el turno de oficio. Me gustaría que me contestase, porque esta cuestión sí que es altamente sensible, especialmente por la vocación de los profesionales que se dedican al turno de oficio. Me gustaría
que me dijese si estos presupuestos contemplan la aplicación del baremo por aquellas funciones que desarrollan y que no les son propias al turno de oficio, cuestión importante a resolver y que en estos presupuestos no vemos por ningún lado.


Muchísimas gracias, señor presidente. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchísimas gracias, señor Jerez.


A continuación, por el Grupo Socialista, tiene la palabra su portavoz, el señor Aranda.


El señor ARANDA VARGAS: Gracias, señor presidente, y gracias, señor secretario de Estado, querido Tontxu.


Yo les escucho, de verdad, pero es aquello de que cuando no hay porque no hay y cuando hay porque hay; no hay quien les entienda. Bueno, sí que les entiendo, siguen abonados a esa teoría de no dejar que la realidad empañe el sesgo
preconcebido. Si el nivel de trabajo, de eficiencia, de lealtad, de cogobernanza de este ministerio tanto para con su propia política de gestión como para su relación con las diferentes comunidades autónomas e instituciones tuviera una traslación a
esta Comisión, ustedes no tendrían más remedio que rendirse a la realidad. Yo les diría: asuman la realidad. Y la realidad es que este ministerio trabaja, proyecta y cumple, y solo quienes se instalan en esa cómoda realidad paralela pueden venir
a negar la ley de la gravedad.


Señor secretario de Estado, yo le agradezco su intervención y los datos que ha dado. Son unos datos que hablan de cómo en el último año la ministra, usted y su equipo han trabajado de manera impecable para seguir con la hoja de ruta de
modernización y transformación de la justicia. Es una hoja de ruta que, como hemos dicho muchas veces, tiene tres pilares fundamentales. En primer lugar, los fondos de resiliencia. Usted ha explicado muy bien la eficiencia en relación con su
gestión. En segundo lugar, el proyecto Justicia 2030. Y, en tercer lugar, la cogobernanza y la lealtad con las administraciones. Resumiendo, buen trabajo.


Es innegable, irreprochable e impecable el liderazgo del Ministerio de Justicia y de la ministra para convertir a este imprescindible servicio público, pilar del Estado, en un servicio próximo, eficiente, digital y moderno. Esa es la base
sobre la que se está cimentando el futuro de la justicia en este país. Ahí están los datos, ahí están los incrementos de dotación y ahí está el compromiso, pero, sobre todo, ahí está la sensibilidad para acertar con el diagnóstico de un problema
que todos sabemos que lleva años latente y presente. Y creo que todos coincidiremos en que esto no es fácil. Por eso, mi grupo quiere poner de manifiesto una vez más el trabajo serio, discreto y eficiente del ministerio para, junto a la labor de
este Legislativo, levantar el sistema público de justicia y ofrecer a los operadores que en él participan y a la ciudadanía, que es nuestra principal destinataria, una justicia plenamente instalada en el siglo XXI.


Quiero recordar aquí los trabajos para reformar la Ley del Registro Civil, los trabajos más recientes para transformar la Ley Concursal y, también, los trabajos para trasponer directivas europeas. Esos trabajos legislativos son pistas de
aterrizaje para las tres grandes leyes de eficiencia. Estamos ya trabajando en la ley de eficiencia organizativa, hemos abierto plazo para comparecientes en la procesal para escuchar al sector y estamos preparados para recibir la digital. Ese
triángulo legislativo es la piedra de bóveda de la nueva justicia, como lo son la política de becas, que aprovecho para resaltar un año más, o las políticas de igualdad y de lucha contra la violencia machista. Este ministerio, con la ministra
delante, está liderando -reitero- y está transformando paso a paso la justicia.

Página 13

Señorías, les decía el año pasado, y creo que también sirve para este, que en momentos en que a veces existe la tentación y la práctica de hacer política de corto vuelo o política vacía, de tuits o de titular reconforta encontrarse con quien
prestigia el servicio público y con su trabajo muestra un respeto absoluto tanto por los compromisos adquiridos, como por la propia rendición de cuentas, y eso es lo que yo creo que hemos de agradecer a este Gobierno y a usted que está aquí
representándolo.


Señorías, el Gobierno y este ministerio siguen cumpliendo, y la garantía de que cumplirán es su hoja de servicios hasta ahora. Ustedes cumplen con la hoja de ruta, cumplen con el compromiso adquirido, cumplen con el estilo de trabajo y
cumplen con las relaciones con las administraciones públicas, que les aprueban todos los trabajos -bueno, aquí algunos votan en contra, pero sus comunidades votan a favor-, cumplen, en definitiva, con aquello que nos marcamos al inicio de la
legislatura, y algunos de ustedes, más allá del ruido y de las cortinas de humo que quieran poner, en su fuero interno lo saben. Saben que están ante un ministerio que ha impulsado cerca de veinte leyes en este periodo, saben que están ante un
ministerio que hace del diálogo una bandera, saben que están ante un ministerio que cumple su palabra y saben, pese a que les cueste reconocerlo, que este ministerio sabe muy bien lo que quiere y lo está alcanzando.


Quiero pensar que, cuando se baja el telón del teatro, cuando se apagan las luces de los focos y volvemos a la realidad, ustedes, como yo, saben que está en nuestras manos y en nuestra capacidad de diálogo y acuerdo el aprobar estas tres
leyes, las más fundamentales de los últimos años en materia de justicia y que marcarán posiblemente su futuro. Por eso, yo acabo siempre mis intervenciones en ese escenario real, en esa realidad, donde les cito y donde espero que contemos con su
trabajo, compromiso y lealtad.


Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchísimas gracias, señor Aranda.


A continuación, para contestar a las preguntas que se le han planteado, tiene la palabra el señor secretario de Estado, el señor Rodríguez.


El señor SECRETARIO DE ESTADO DE JUSTICIA (Rodríguez Esquerdo): Muchas gracias, señor presidente.


Señorías, quiero agradecer nuevamente a los miembros de esta Comisión la calidad del debate y el examen atento del presupuesto de este ministerio, a pesar de algún aspecto negativo y catastrofista que algunos de ustedes han presentado. Tomo
buena nota, sin duda, de lo que se ha dicho y de sus propuestas, que algunas servirán para avanzar en el camino de mejorar y modernizar la Administración de Justicia. Y agradezco, sin duda, al señor Uriarte y al señor Aranda sus palabras, por
entender lo que quiere ser este presupuesto de Justicia.


Señor presidente, permítame rápidamente contestar a algunas de las afirmaciones que han hecho ciertos grupos parlamentarios. Señor Bal, permítame que saque pecho. Ya que vengo, pues mejor sacar pecho que no esconderse. (Risas). Usted
sabrá por qué se da por aludido cuando decía que por error algunos han interpretado malintencionadamente los presupuestos. Mire, usted decía que iba arrastrando las togas por Madrid, y yo le recuerdo que las infraestructuras de los edificios de
Madrid corresponden a la comunidad autónoma madrileña. Entiendo que ustedes no pueden hacer la pregunta, porque no tienen representantes en el Parlamento de Madrid, pero hágale la pregunta al consejero de Justicia de Madrid de por qué usted estaba
así cuando usted arrastraba la toga por Madrid, como dice.


Por supuesto que no nos importa un bledo la justicia, al contrario, traemos tres leyes a este Parlamento, que espero que cuenten con su apoyo. Usted habla de la mesa de retribuciones, que efectivamente se ha desconvocado de acuerdo con un
acuerdo sindical que se aprobó por parte del Gobierno y las centrales sindicales y que, sin duda alguna, se retomará a principios de año. Y me preguntaban usted y el representante del Partido Popular sobre la ejecución presupuestaria. Los datos
que les puedo dar a fecha de hoy es que estamos en un 91 % de ejecución del presupuesto ordinario y en un 99 % en cuanto al mecanismo europeo, con lo cual creo que a estas alturas no va mal de ejecución.


El señor Ortega Smith -no está en esta sala- no ha entendido nada de lo que he explicado. Es lógico que no lo haya entendido, porque se ha tirado toda la comparecencia hablando con su compañero de grupo y, por lo tanto, no ha escuchado nada
de lo que le he dicho. Pero sí quiero decirle que, efectivamente, los españoles merecen que no les mintamos y, sobre todo, merecen que los diputados, fundamentalmente los de VOX, estén atentos a lo que dice el Gobierno. Hablaba el señor Ortega
Smith de la digitalización, y ahí le quiero ver, apoyando las leyes de digitalización para hacer, como él decía, una

Página 14

justicia mucho más rápida, mucho más eficaz y mucho más transparente. No es que tenga una bola de cristal, pero me da la impresión de que cuando llegue la ley de eficiencia digital a esta Cámara el señor Ortega Smith y el Grupo VOX no la
van a apoyar. Es mi opinión en este momento, igual luego cambian y sí lo hacen.


El señor Jerez, del Grupo Popular, decía que quiere más detalles en la partida presupuestaria. En fin, yo soy de letras, pero le he dado todos los números que he podido, aunque saco una impresión rápida de su intervención, y es que ustedes
han pasado por España sin gobernar nunca. Yo no le voy a citar los ministros de Justicia que ha tenido el Partido Popular en los gobiernos del señor Aznar y del señor Rajoy, pero ustedes no hicieron nada por la justicia española, ni por los
ciudadanos ni por los funcionarios ni por el resto de operadores jurídicos ni por los jueces ni por los fiscales ni por los letrados de la Administración de Justicia ni por los abogados del Estado ni por la mediación de la que usted habla -ustedes
eso no lo controlaban ni lo aceptaban- ni por los abogados del turno de oficio. En fin, eso sí que es sacar pecho, señor Bal, de algo que efectivamente no tenían que hacer. Y a una pregunta que usted me ha hecho sobre el coste para los
ayuntamientos de la ley de eficacia organizativa o de las oficinas judiciales municipales, ya le digo que ninguno.


En tiempos difíciles y de incertidumbre, señorías, la justicia es una prioridad para el Gobierno y para el desarrollo y el bienestar de la ciudadanía. El compromiso de servicio público de justicia se materializa con estos presupuestos que
les he presentado, con el objetivo de transformar y modernizar la Administración de Justicia. Son tres leyes, la ley orgánica de eficiencia organizativa, que he explicado antes y que está en esta Cámara, la ley eficiencia digital, que se encuentra
también en tramitación en esta Cámara y que contempla las reformas necesarias para aumentar la eficacia y la celeridad en los procedimientos, con una dotación presupuestaria para introducir esos criterios de medios adecuados para la solución de
conflictos, y la ley de eficiencia digital, que establece una cobertura jurídica necesaria para el avance de la transformación digital. Señorías, 139 millones de euros destinan los presupuestos a la modernización tecnológica, con actuaciones
importantes, la interoperabilidad de todos los sistemas de la Administración General del Estado y la interoperabilidad con sistemas autonómicos de la Administración de Justicia, contribuyendo, sin duda, a un proyecto de país, al acercamiento de la
Administración de Justicia a la ciudadanía, dotándola de mecanismos de acceso digital y evitando desplazamientos innecesarios a las dependencias judiciales mediante la inmediación digital, en busca de una mejor calidad de vida y también de reducir
los gastos económicos y de tiempo.


Quiero reseñarles en esta última intervención una oportunidad única para España con tres proyectos que creo que son importantes: el proyecto Carpeta Ciudadana, con el objetivo de ofrecer a particulares y empresas no solo puntos unificados y
homogéneos de contacto con la Administración de Justicia, sino un servicio personalizado en cada contacto; el proyecto de inmediación digital, cuya finalidad es implementar las herramientas tecnológicas necesarias para hacer posible la celebración
telemática del mayor número posible de actuaciones, dotándolas de las máximas garantías procesales y de la seguridad jurídica, y el proyecto de Registro Civil, que pretende impulsar, sin duda, la implantación del Registro Civil en los próximos dos
años, mejorando la aplicación DICIREG y aumentando la velocidad de paso de los documentos. Estos presupuestos van a permitir la creación de veintisiete unidades administrativas de asistencia a las víctimas, algo muy importante para este Gobierno.
Además, en el ámbito de los registros vinculados con la fe pública, uno de los objetivos, sin duda, para el ejercicio 2023 es la consolidación y mejora del Registro Central de Titularidades Reales.


Señorías, les hablaba antes también del capítulo 1 de personal. Para este año la ley de presupuestos prevé un incremento, una tasa de reposición del 120 % para la Administración de Justicia. El resultado de la aplicación de dicha tasa de
reposición vendrá determinada por el real decreto que establezca la oferta de empleo público. Además, no les tengo que recordar que esa tasa de reposición de efectivos en el proyecto de presupuestos posibilita la opción de que, con carácter
extraordinario, haya una tasa específica necesaria para dar cumplimiento al objetivo de temporalidad previsto en la Ley 20/2021, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público.


Como les decía antes, una cuestión muy importante para este ministerio y que plasma claramente el carácter social de estos presupuestos y la garantía de un servicio público es el programa de becas para las carreras fiscal o cuerpo superior
de letrados de la Administración de Justicia y el cuerpo de abogados del Estado. Les agradezco, señor Bal y Grupo Socialista, que vean que ese trabajo en becas es importante para la Administración de Justicia, que tiene como meta resolver unos
retos derivados del elevado coste de la preparación de las oposiciones para acceder a estos cuerpos de justicia. Señor Bal, usted mejor que

Página 15

nadie lo conoce. Estas becas vienen a sufragar las necesidades vitales de gastos asociados a la preparación de las oposiciones. El criterio principal que se ha seguido para su concesión ha sido el de menor renta familiar, sin olvidar la
condición de víctima del terrorismo, la condición de víctima de violencia de género y, por supuesto, la superación de exámenes en los propios procesos selectivos, además de guardar un 5 % para personas con discapacidad. Se incluyó en 2022 una
partida de 1 619 000 euros para la convocatoria de 245 becas, con un importe individual de 6611 euros anuales, como les señalaba antes y se ha duplicado esa cantidad en los presupuestos, destinándose una cantidad récord con el objetivo de consolidar
el programa de becas, permitir la incorporación de nuevos opositores, de nuevos jóvenes en 2023 y para reducir esas brechas socioeconómicas en el acceso a los cuerpos de mayor responsabilidad de justicia.


En definitiva, y termino, señor presidente, el presupuesto del Ministerio de Justicia para 2023 que presentamos hoy ante esta Cámara contribuye al objetivo de los presupuestos generales del Estado: ser la mejor ayuda para el conjunto de la
sociedad española en un momento de tránsito y de volatilidad en el ámbito internacional, garantizando un sólido sistema de bienestar y una protección social, impulsando al mismo tiempo la modernización y la transformación de la economía, sin
olvidar, por supuesto, un compromiso importante como es el de la responsabilidad fiscal. Son unos presupuestos, señorías, que van a aportar estabilidad a España y modernidad a la justicia, a pesar de que algunos no lo quieran. La ciudadanía,
nuestra economía y nuestra sociedad en última instancia van a ser los beneficiarios de esos presupuestos. Con estos presupuestos para la justicia española, señorías, no se pretende otra cosa que fortalecer el Estado de derecho y el Estado de
bienestar para hacer de la justicia un verdadero servicio público moderno, transparente, ágil y eficaz. Todos, señorías, todos, como hacen comunidades autónomas tan dispares políticamente como Galicia o Euskadi, Cataluña o Castilla y León, Aragón o
Andalucía, Valencia, Extremadura o Castilla-La Mancha, todos, junto con el Ministerio de Justicia, deberíamos pensar en avanzar juntos y no poner palos en las ruedas.


Muchas gracias, señorías. Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchísimas gracias, señor secretario de Estado.


Antes de pasar al siguiente punto del orden del día, a la siguiente comparecencia, vamos a interrumpir brevemente la Comisión para poder despedir al secretario de Estado. La reanudaremos de inmediato. (Pausa).


- DE LA SEÑORA SUBSECRETARIA DE JUSTICIA (SÁNCHEZ HERNÁNDEZ). A PETICIÓN DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS CIUDADANOS (Número de expediente 212/002544), VOX (Número de expediente 212/002413), POPULAR EN EL CONGRESO (Número de expediente
212/002747), SOCIALISTA Y CONFEDERAL DE UNIDAS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-GALICIA EN COMÚN (Número de expediente 212/002623).


El señor PRESIDENTE: Señorías, reanudamos la Comisión con el segundo punto del orden del día, correspondiente a la comparecencia de la subsecretaria de Justicia, la señora Sánchez, para seguir dando cuenta del presupuesto en lo que al
Ministerio de Justicia se refiere. Señora Sánchez, sin más dilación le doy la palabra para que nos pueda explicar el presupuesto.


La señora SUBSECRETARIA DE JUSTICIA (Sánchez Hernández): Muchas gracias, presidente.


Señoras y señores miembros de la Mesa, señorías, me complace volver a comparecer ante esta Comisión de Justicia para informarles del proyecto de presupuestos para 2023, concretamente, la sección 13, correspondiente al Ministerio de Justicia.
En el Ministerio de Justicia seguimos trabajando intensamente en el Plan de Justicia 2030, y este presupuesto permitirá, sin duda, continuar con el proceso de transformación del servicio público de justicia, que pivota sobre las tres leyes de
eficiencia: organizativa, procesal y digital.


Como ya ha señalado el secretario de Estado, la justicia debe ser un servicio público accesible, eficiente y ágil, que sitúe al ciudadano en el centro, especialmente a los más vulnerables, y que abogue por la sostenibilidad, no solo la
medioambiental sino también la económica y social. Como ya conocen sus señorías, el fondo de Recuperación, Transformación y Resiliencia nos ha permitido incrementar la financiación de los principales proyectos de Justicia 2030, siendo la dotación
de este fondo para el ejercicio 2023 de 107,21 millones de euros. De esta cantidad, 57,5 millones se destinarán a proyectos tractores de digitalización de la Administración General del Estado, cuyos principales proyectos acaban de

Página 16

ser mencionados por el secretario de Estado. Los otros 49,71 millones de euros se corresponden con el programa 50, componente 11, inversión 4, Plan de Transición Energética en la Administración General del Estado, en el que me detendré a lo
largo de mi intervención. Sin tener en cuenta el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, dentro del ámbito departamental del Ministerio de Justicia, corresponden a este ministerio 2197,36 millones de euros, lo que supone un incremento
de 159,63 millones, un 7,8 % más respecto del presupuesto actualmente vigente.


En esta comparecencia me voy a ceñir a exponerles las principales partidas de los presupuestos para el año 2023 que inciden en las competencias de la Subsecretaría de Justicia. En concreto, los siguientes programas presupuestarios; el
programa 50, componente 11, inversión 4; el programa 111.N, Dirección y Servicios Generales de Justicia; programa 112.A, en lo que se refiere a obras, infraestructuras, arrendamientos y equipamientos de mobiliario de la Administración de Justicia
y Ministerio Fiscal; el programa 921.S, de asesoramiento y defensa de los intereses del Estado, y, por último, el programa 135.M de protección de datos de carácter personal.


Con respecto al programa 50, del componente 11, inversión 4, Plan de Transición Energética de la Administración General del Estado, uno de los objetivos fundamentales de la subsecretaría -y hoy más que nunca- es incrementar la sostenibilidad
medioambiental y energética. Para ello, el Ministerio de Justicia en 2023 realizará una gran inversión en rehabilitación de sedes judiciales a través del mencionado programa. El Ministerio de Justicia participa en este programa con la
rehabilitación de 37 sedes judiciales, a cuyos efectos se formalizó un acuerdo con el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, siendo la dotación para nuestro ministerio de casi 60 millones de euros, de los que 49,71 millones
corresponden al presupuesto de 2023. Estas inversiones se integran dentro del proyecto de sedes sostenibles del Plan Justicia 2030. La Administración de Justicia tiene un parque de edificios amplio -en torno a unas 1500 sedes- y algo más de 400
corresponden al territorio del Ministerio de Justicia. El resto se encuentra en las comunidades autónomas con competencias transferidas. Con independencia de qué administración le corresponde gestionar las infraestructuras, la ciudadanía tiene
derecho a acceder a sedes judiciales con características homogéneas. Por este motivo se definió conjuntamente con las comunidades autónomas un estándar para la rehabilitación que permita, partiendo de lo común, adaptar la sede a las necesidades de
cada órgano judicial. Este estándar se ha desarrollado en el marco europeo Level(s) y ha sido aprobado en cogobernanza en la Conferencia Sectorial de Justicia celebrada el 25 de marzo de 2022. El estándar incorpora once ámbitos de actuación, entre
los que podemos destacar la rehabilitación de la envolvente de los edificios para aumentar su eficiencia energética, el estudio sobre qué tipo de energía renovable es más conveniente en cada emplazamiento y la adecuación del diseño para mejorar la
accesibilidad y la usabilidad. A estas actuaciones se añade el compromiso de huella de carbono nula. El compromiso adquirido es compensar las emisiones de gases de efecto invernadero de los trabajos de rehabilitación con un programa de
compensación de CO2 a través de proyectos de reforestación.


Por lo que se refiere al programa 111.N, Dirección y Servicios Generales de Justicia, cabe decir que se trata del programa que dota de créditos para satisfacer los medios y servicios comunes del ministerio. Este programa cuenta con 135,36
millones de euros de dotación, lo cual supone un incremento notable respecto de la cifra que hasta ahora se disponía; es un 25,54 % más que en 2022. Veamos su distribución por capítulos. En relación con el capítulo 1, los gastos en materia de
gestión de los recursos humanos de la Administración General del Estado tienen una dotación de 107,28 millones de euros. Esta cantidad incluye tanto el incremento previsto de las retribuciones de los empleados públicos como el importe para el pago
de los salarios de las nuevas incorporaciones de efectivos previstas para 2023. La oferta de empleo público para 2022, aprobada por Real Decreto 407/2022, de 24 de mayo, supone un refuerzo considerable de las plantillas de la Administración General
del Estado, siendo un 12,17 % superior a la cifra de 2021. En el Ministerio de Justicia se han incorporado recientemente cien empleados públicos de nuevo ingreso a diferentes cuerpos y se han solicitado para su incorporación en los próximos años
más de cuatrocientos efectivos de nuevo ingreso. Además, durante el ejercicio 2022 se han realizado ajustes en la relación de puestos de trabajo para cumplir con los objetivos del ministerio. La planificación de los recursos humanos adquiere un
valor estratégico y, de la misma manera que el Ministerio de Justicia apuesta por la modernización y transformación de la justicia, ha de adaptar su estructura a las necesidades de personal derivadas de la puesta en marcha de las nuevas políticas.
Por lo que se refiere al capítulo 2, gastos corrientes en bienes y servicios, la propuesta para el próximo ejercicio es de 15,01 millones de euros, lo que representa una subida del 0,47 % respecto al presupuesto vigente. En este capítulo se

Página 17

realiza fundamentalmente un reajuste de créditos que se traduce en un incremento de los créditos destinados a servicios de reparación y mantenimiento y a recoger de manera individualizada los créditos asociados a la Presidencia española del
Consejo de la Unión Europea, que ascienden a 415 000 euros. En cuanto al capítulo 6, inversiones reales, su dotación es de 12,75 millones de euros, lo que supone un incremento de un 53,47 % respecto del presupuesto actualmente vigente. De ellos,
4,76 millones se corresponden a inversiones en infraestructuras y equipamiento y 7,98 se dedicarán a la modernización tecnológica. Dentro de las inversiones en inmuebles, se invertirán en 2023 más de 4 millones de euros frente a los 900 000 euros
de 2022. Como novedad para el ejercicio 2023, se potenciarán las actuaciones de mejora para la reducción de los consumos de energía, agua y otras materias primas en los edificios sede del ministerio, en ejecución del Plan de medidas de ahorro y
eficiencia energética de la Administración General del Estado, aprobado por acuerdo de Consejo de Ministros de 24 de mayo de 2022. Uno de los ejes esenciales de ese capítulo es la mejora y consolidación de los medios tecnológicos, dedicándose casi
8 millones de euros a inversiones en nuevos equipos informáticos y licencias de programas. Durante el año 2023 y posteriores, en el programa 111.N se llevarán a cabo acciones orientadas a la transformación digital con el objetivo de lograr la
máxima calidad en la prestación de servicios informáticos, en la asistencia a los usuarios en temas relacionados con las tecnologías de la información y las comunicaciones, así como de los desarrollos a medida de aplicaciones informáticas que se
requieran para un mejor desempeño de las misiones y actividades encomendadas a los servicios centrales del departamento. Además, se marcan como objetivos la potenciación de los servicios electrónicos para que los ciudadanos conviertan ese canal en
la vía preferente de relación con la Administración, la mejora de los servicios y aplicaciones internas y el fomento de la intermediación de datos y expedientes electrónicos que permitan una gestión más eficiente. Es necesario destacar el esfuerzo
que estamos haciendo en el ministerio por potenciar la robotización de procedimientos que puedan liberar a los funcionarios de tareas rutinarias, reduciendo el riesgo de cometer errores humanos al realizar labores repetitivas y aumentando la
productividad de los empleados públicos, pudiéndose dedicar estos a otras tareas.


En cuanto al programa 112.A, programa de los tribunales de Justicia y Ministerio Fiscal, tiene como finalidad dotar a los órganos que integran la Administración de Justicia de los medios personales, materiales, tecnológicos y financieros
para cumplir lo establecido en los artículos 117 y 124 de la Constitución española. Este programa en el año 2023 estará dotado con 1965,19 millones de euros, un 6,87 % más respecto del presente ejercicio. Su objetivo es modernizar el servicio
público de justicia y dar soporte al nuevo modelo de Oficina Judicial, así como las restantes medidas que el secretario de Estado ha tenido ocasión de explicarles en su comparecencia.


En relación con infraestructuras, equipamientos y alquileres de la Administración de Justicia del Ministerio Fiscal, contaremos con más de 50 millones de euros. Se incrementa la partida de inversiones para obras de rehabilitación, así como
reposición de mobiliario. Este gasto del capítulo 6 es de vital importancia no solo para la mejor prestación del servicio público de justicia, sino para la cohesión y para la vertebración del país a través de las infraestructuras de justicia. Para
el ejercicio 2023 se contará con 39,83 millones, lo que supone un 50,77 % de incremento. De ellos, 2,4 millones se corresponden con mobiliario y equipamiento y 37,43 millones con infraestructuras, correspondiendo el 57 % a obra nueva y el 43 % a
rehabilitación. Para 2023 se prevé la realización de proyectos de obra de los nuevos edificios de juzgados de Talavera de la Reina, Tomelloso, Illescas, Cartagena, Molina de Segura, Cáceres, Navalmoral de la Mata, Valladolid, Ibiza y Ciudadela.
Además, tendrá lugar la licitación y el inicio de las obras del Tribunal Supremo; de la biblioteca jurídica del Ministerio de Justicia; de los nuevos edificios de juzgados de Torrijos, Lorca y Manacor; de las nuevas sedes del Instituto de
Medicina Legal de Toledo y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses en Dos Hermanas; de la rehabilitación de la Audiencia Provincial de Salamanca y del edificio de juzgados de Ocaña; y se continuarán las obras ya iniciadas, como
las del nuevo edificio de Badajoz. Por último, se prevé finalizar obras de rehabilitación del edificio de juzgados de Manzanares y Puertollano y la rehabilitación del Palacio de Justicia de Toledo.


Señorías, pasando al programa 921.S, el presupuesto de la Abogacía del Estado para el ejercicio 2023 asciende a 44,66 millones de euros, lo que supone un incremento del 4,34 % respecto al presupuesto actual. A continuación les destacaré las
dotaciones principales, la dotación del capítulo 1, gastos de personal, asciende a 38,60 millones de euros, lo que supone un incremento de 4,49 % respecto al anterior. El incremento se debe, por un lado, a la incorporación de veinticinco abogados
del Estado como consecuencia de la oferta de empleo público de 2019 y, por otro, a la nueva estructura de la Abogacía General del Estado, actualmente en tramitación, que dotará a la organización de una

Página 18

estructura más racional y eficiente, reforzará el ámbito consultivo posibilitando mayor desarrollo de instrucciones y dictámenes, fortalecerá el ámbito contencioso mediante una mayor especialización de la jurisdicción
contencioso-administrativa y garantizará la prestación de una asistencia jurídica estable en aquellas provincias en las que es difícil cubrir los puestos de trabajo en la actualidad. Por lo que se refiere al capítulo 2, la dotación proyectada
asciende a 3,95 millones de euros, lo que representa un incremento del 5,38 % respecto al presupuesto actual. Con esta cantidad se realizarán actuaciones de mantenimiento de sedes; contratación de asistencias para la revisión, gestión y escaneado
de archivos, así como la actualización e integración en Sorolla del inventario de bienes muebles de la Abogacía General del Estado.


Finalmente, en cuanto al programa 135.M, la actividad de la Agencia Española de Protección de Datos ha experimentado un considerable aumento como consecuencia de las nuevas funciones y potestades introducidas por la Ley Orgánica 3/2018, de 5
de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales. Esto explica que su capítulo 1 se incremente en 1,72 millones de euros, un 17,38 % más, hasta los 11,60 millones de euros. La aprobación del incremento en el
capítulo primero de gastos supondrá una mejora en las capacidades de la agencia para ejercer de forma adecuada la carga de trabajo actual y el cumplimiento efectivo de sus funciones y el ejercicio de sus poderes. El capítulo 2 prevé un incremento
del 2,02 %, por lo que su dotación será de 5,47 millones de euros. Con ello asumirá el mantenimiento de las actuaciones relacionadas con la Administración electrónica y los sistemas de tramitación de la agencia, tales como la gestión de
reclamaciones o de brechas de seguridad. El capítulo 6, inversiones reales, se incrementa un 7,54 % hasta llegar a los 998 350 euros, incremento que responde a la evolución de los portales web, las iniciativas de mejora de la sede electrónica y
automatización en el proceso de gestión de reclamaciones y al proyecto de generación de cuadro de mando con los datos de actividad de la agencia.


Señorías, ya termino. Como les decía al principio de mi comparecencia, el Ministerio de Justicia está inmerso en un ambicioso proceso de modernización del servicio público de justicia, tanto desde el punto de vista procesal como digital y
organizativo. El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y el Plan Justicia 2030 serán fundamentales para lograr nuestros objetivos, como también lo han sido y son estos presupuestos actualmente en vigor. Creo que los presupuestos para
el año 2023 que les acabo de presentar supondrán el impulso definitivo para transformar la justicia en un servicio público accesible, eficiente, igualitario y sostenible.


Muchas gracias, quedo a su disposición. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchísimas gracias, señora subsecretaria.


A continuación tienen la palabra los portavoces para hacer las consideraciones que consideren y poderle preguntar a la señora Sánchez aquello que estimen oportuno.


En nombre del Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra su portavoz, el señor Bal.


El señor BAL FRANCÉS: Muchas gracias, presidente.


Muchas gracias, señora subsecretaria, por esta comparecencia. También le podríamos preguntar sobre el resto de las partidas presupuestarias del Ministerio de Justicia, dado que usted, como responsable político de este ministerio y nada
menos que subsecretaria, evidentemente tendrá que tener también un conocimiento sobre el resto de las partidas aparte de las que ha leído, pero me ceñiré a las que ha leído.


En primer lugar, respecto al tema de las infraestructuras, dotaciones, edificios, etcétera, tiene presupuestadas diecinueve obras. Es verdad que solamente nos referimos al territorio del Estado, no al territorio que está dependiendo de la
competencia de las comunidades autónomas, pero el territorio del Estado desde luego es muy grande y solo hay diecinueve obras, cuando a cualquiera que haya ejercido con la toga la justicia le consta, desde luego, que las instalaciones de justicia
dejan mucho que desear. Antes le citaba al secretario de Estado los juzgados de Madrid y me remitía a la Comunidad de Madrid, que es echar la pelota fuera, cuando ya se podía preocupar también el ministerio de que los edificios de las comunidades
autónomas estuvieran bien, y, desde luego, no nos vamos a ir por las ramas con el problema de la financiación autonómica porque pasa lo mismo con los juzgados del territorio del Estado. Hace falta el reacondicionamiento de muchísimos edificios de
justicia si queremos esa justicia de calidad y, sobre todo, una buena imagen de cara al usuario del servicio de justicia. En todos los sitios, al final, te encuentras con que el funcionario se lleva su calefactor de casa porque hace un frío que
pela en invierno, nos encontramos con goteras... Yo he llegado a ver cubos puestos en los edificios judiciales, y no de la Comunidad de Madrid, sino del territorio del Estado. Solo diecinueve obras nuevas y una que

Página 19

continúa, usted la ha citado, la continuación de las obras de los juzgados de Badajoz. Tenemos Talavera de la Reina, Tomelloso, Illescas, Cartagena, Molina de Segura, Cáceres, Navalmoral de la Mata, Valladolid, Ibiza, Ciudadela, las obras
del Tribunal Supremo, la biblioteca jurídica del Ministerio de Justicia -que no estropeen esa maravillosa biblioteca que tiene el Ministerio de Justicia-, Torrijos, Lorca, Manacor, el Instituto de Medicina Legal de Toledo -también lo ha citado-,
también el de Dos Hermanas o la Audiencia Provincial de Salamanca. Pero, ¿qué me dice de la Ciudad de la Justicia de Valladolid, esa magna obra que parece que nunca va a terminar y a la cual solamente dotan de 200 000 euros? ¿Y eso por qué?
¿Porque en Castilla y León Gobierno el Partido Popular con VOX? ¿Por qué solamente 200 000 euros a la Ciudad de la Justicia de Valladolid? ¿No se merecen los castellanos y leoneses una justicia eficaz?


Pero también ha omitido usted, me imagino que de forma intencionada, que este presupuesto para obras se ha reducido, precisamente, en un año de 8,9 millones a 6,9 millones, un 23 % menos y, además, la fecha de finalización de estas obras,
que estaba prevista para el año 2025, en los presupuestos para el 2023 la amplían a 2026. En definitiva, ineficiencia en la ejecución de las obras. A 2025 ya no llegan, ahora vamos a prorrogarlo, vamos a darnos un plazo a nosotros mismos para
ejecutar estas obras hasta el 2026.


En segundo lugar, cita usted la modernización de mi querida Abogacía del Estado. Ya era hora de que se ocuparan ustedes de la Abogacía del Estado. El año pasado incrementaron ustedes el presupuesto en muy poquito, y dice usted que van a
acometer la modernización de la Abogacía del Estado. La modernización de la Abogacía del Estado está pendiente no solamente del presupuesto, sino de la tramitación de la reforma del reglamento del Servicio Jurídico del Estado. ¿Nos podría usted
contar qué expectativas tienen respecto a la reforma de la estructura orgánica de la Abogacía del Estado y de ese reglamento del Servicio Jurídico del Estado de 25 de julio del año 2003, que está ahí en una tramitación que no se sabe muy bien por
dónde anda, porque de eso va a depender después que puedan aplicar o no puedan aplicar los fondos?


También quiero decirle que en materia de justicia gratuita sigue la cosa igual de mal. Usted dirá que esto no es competencia suya, pero seguimos con baremos de justicia gratuita, de letrados del turno de oficio, diferentes por comunidades
autónomas, con algunas comunidades autónomas agraciadas, como es el País Vasco o es el caso de Asturias, y otras, las del territorio del Estado, bastante perjudicadas y agraviadas, con un nivel de asuntos, además, que es enorme y que se basa
esencialmente en la vocación de servicio público que tienen los letrados del turno de oficio, con unos rangos de retribución de la justicia gratuita que son una vergüenza en Europa, una vergüenza, de los peores países de Europa frente a cómo se
pagan en Noruega, en Francia o incluso en nuestra vecina Portugal, que atienden a estos abogados del turno de oficio.


Lo mismo nos encontramos con la subida del IPREM, claramente insuficiente, que excluye del servicio de justicia gratuita prácticamente a la inmensa totalidad de los ciudadanos, porque sube muy poco y, de esa forma, se quedan fuera la mayor
parte de los ciudadanos y solamente beneficia a aquellos que viven solos y no a aquellos que viven en pareja o que tienen familia e hijos a su cargo. En este sentido, ustedes gestionan los servicios públicos restringiendo el ámbito de los servicios
públicos, impidiendo el acceso a ese servicio público.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Bal.


A continuación, por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, tiene la palabra su portavoz, el señor Uriarte.


El señor URIARTE TORREALDAY: Bienvenida, señora subsecretaria.


Ya hemos tenido oportunidad, en la anterior intervención, en esta misma Comisión de exponer nuestras prioridades en materia presupuestaria, y muy especialmente en los apartados de personal, de implementación de elementos de servicios de
mediación y de ayuda a las víctimas y en materia de formación. Así que, me gustaría aprovechar esta segunda intervención para incidir en algunas de las críticas hechas por los grupos de la oposición.


Estoy de acuerdo en el diagnóstico que hacen de que la justicia y su imagen no solo se mejoran con una mayor inversión presupuestaria y con las leyes de eficiencia que estamos abordando, sino que hacen falta también otras cuestiones. En
este sentido, creo que son importantes los consensos parlamentarios y la generación de un determinado ambiente. Creo que es bueno que algunas leyes, como ha sido la ley de reforma de la justicia concursal, se hayan aprobado con amplios consensos.
También creo que es

Página 20

relevante que cada año estemos consiguiendo renovar los presupuestos con consensos importantes frente a la situación que heredamos, en la cual había prórrogas presupuestarias de unos presupuestos realmente deficitarios.


Es evidente que no todo va bien y que hay, digamos, un elefante en la habitación, que es un elemento muy importante y del cual la responsabilidad no es en general ni del Gobierno ni de todos los grupos de la oposición, sino de solo uno de
esos grupos. Es el hecho del bloqueo de la renovación de los órganos constitucionales. La desobediencia, el desacato del mandato constitucional de renovación en tiempo y forma de los órganos constitucionales es un elemento que deteriora
enormemente la imagen que la ciudadanía tiene de la justicia. En ese sentido, la responsabilidad del Partido Popular creo que es extremadamente grave y que no se puede perder ni una sola oportunidad de llamarles un poco a la razón, de llamarles a
la sensatez, porque con la actitud que llevan no van a adelantar ni un solo día su obsesión por el acceso al Gobierno y, sin embargo, van a generar una situación realmente alarmante para cuando ellos lleguen, porque el deterioro va a ser
irreversible.


Estas semanas está habiendo una escalada que yo no sé dónde nos va a llevar, sinceramente. El Gobierno mencionaba las diecinueve excusas diferentes que ha puesto el Partido Popular para desacatar el mandato de renovación de los órganos
constitucionales y algunas de ellas han sido increíbles. Hemos visto al líder de la oposición defendiendo que solo dos partidos estaban legitimados para participar en los consensos de renovación y que cualquiera que no fuera esos otros partidos
quedaba deslegitimado de comienzo, y lo ha defendido así. Esa es una de las excusas que puso y que, desde una perspectiva democrática, me resulta inconcebible. Pero la otra de las excusas -y la que hemos oído la semana pasada- es tremenda también:
Le voy a obligar a firmar un papel de que me va a reformar la ley en el futuro para que yo cumpla la ley en el presente, la ley actualmente vigente. Esto es algo que, desde una perspectiva democrática, es increíble. En democracia, si uno no está
de acuerdo con el contenido de la ley, y es legítimo querer cambiarla, lo que necesita es suscitar un consenso parlamentario, y si no lo tiene, pues esperar a tener una mayoría suficiente. Pero pretender utilizar el chantaje de no le voy a cumplir
la ley, le voy a boicotear y le voy a bloquear la renovación si usted no me firma un papel de que va a cambiar su voluntad legislativa, es algo inverosímil. Es que no encuentro otro precedente en democracia.


Pero esta semana hemos avanzado todavía un paso más, hasta llegar al nivel de decir: Oiga, si ustedes quieren que les desbloqueemos la renovación de este órgano constitucional, lo que tienen que hacer es ser más delicados, más suaves y más
amables con nuestro líder en los debates. Esto ya es el colmo de los colmos. Sinceramente, no me gusta la política bronca, me gustan las buenas formas en política, pero pretender acogotar y tener maniatado al Gobierno y no poder participar en
condiciones de igualdad en los debates, utilizando para ello el chantaje del desbloqueo de un órgano constitucional, es de un nivel de perversión de la democracia que a mí me parece espeluznante. Yo no sé ya a dónde pretende llegar el Partido
Popular o qué nueva condición de ventaja o de chantaje está dispuesto a exponer para cumplir con sus obligaciones y participar en lo que es el cumplimiento de la ley y del mandato constitucional. Entonces, sinceramente, hago un llamamiento de buena
voluntad al Partido Popular para que cese en su actitud, porque es una actitud radicalmente incompatible con cualquier mínimo principio de funcionamiento democrático.


Muchísimas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchísimas gracias, señor Uriarte.


A continuación y en nombre del Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra su portavoz, el señor Ruiz.


El señor RUIZ NAVARRO: Muchas gracias, señor presidente.


Señora subsecretaria de Justicia, bienvenida.


Escuchando al portavoz de Podemos, no sabía si nos encontrábamos ante un debate de presupuestos o ante un nuevo capítulo en el reparto de sillones que están negociando el señor Feijóo y el señor presidente del Gobierno. Lo cierto es que
aquí toca hablar de presupuestos, según creo, ¿no? Y, partiendo de esta premisa, tenemos que plantearnos la idea de que este proyecto de ley de presupuestos que nos trae el Gobierno es absolutamente quimérico. Y no lo digo yo, lo dice la AIReF y
lo dice el Banco de España.


Entrando en concreto en el programa 111.N, que es el que más específicamente afecta a la subsecretaria de Justicia, nos encontramos con que, tal y como ha reconocido, el presupuesto para funcionamiento interno del ministerio aumenta un 25 %
respecto al del año vigente, pero es que, además, respecto a 2020, el aumento es de más del 130 %. Nos da la impresión de que muy eficiente el

Página 21

funcionamiento del ministerio no es, salvo que nos pueda explicar la señora subsecretaria por qué se produce un aumento tan importante de presupuesto para el funcionamiento interno de un ministerio.


Por otra parte, también encontramos con que aumenta el gasto en personal eventual en este proyecto de ley en más de un 10 %. Es el más alto desde el año 2010. Nos gustaría que nos explicara si esto se debe a que se volverán a contratar a
más asesores o cuál es la razón por la cual aumenta más de un 10 % esta partida, especialmente cuando nos ha reconocido que la idea que tiene el ministerio es impulsar la robotización de los procesos, lo cual implicaría que, si efectivamente esto es
así, haría falta menos personal para realizar tareas más rutinarias.


También nos preguntamos por materia de arrendamiento de inmuebles. Esto lo hemos preguntado varios años a las personas que han ocupado su puesto, señora subsecretaria, porque vemos que concretamente la partida económica 202 se está
estancando, no baja de 2 millones de euros. Nos preguntamos por qué el Ministerio de Justicia no aprovecha los inmuebles que son patrimonio del Estado en lugar de dedicarse a pagar alquileres para ubicarse desde el ministerio.


En cuanto a compras por la Presidencia española del Consejo de Europa, nos preguntamos qué tienen que ver los 415 000 euros por la Presidencia española del Consejo de Europa de los que ha hablado la señora subsecretaria con la Subsecretaría
del Ministerio de Justicia. Por qué su ministerio internamente tiene que hacer este gasto, que es lo que se prevé en el proyecto de ley.


También nos gustaría que nos aclarase cuál es el coste de mantener abiertas veinte gerencias del Ministerio de Justicia más otras cuatro oficinas delegadas en todo el territorio español y si considera que es indispensable el mantenimiento de
estas oficinas, sobre todo cuando, según usted misma ha reconocido esta mañana, se está apostando por una administración digitalizada y tecnológica, de forma que los procesos, evidentemente, se puedan realizar online, en la distancia. Le pregunto
si es posible centralizar en el propio ministerio la labor de las gerencias. Y que quede claro que nosotros no cuestionamos la gran labor que realizan los funcionarios del ministerio que están destinados en las gerencias. Solo queremos que nos
explique la necesidad hoy de su existencia. Si no, ¿para qué sirven esos más de 56 millones de euros destinados a la digitalización de la Administración de Justicia y de la Administración General del Estado en materia de justicia dentro del
Mecanismo de Recuperación y Resiliencia? Por cierto, como ha reconocido el secretario de Estado, ha menguado desde el presupuesto de este año en más de un 272 %. Me gustaría que nos explicase en qué se está gastando en este ejercicio ese dinero
destinado a digitalización, y espero que no se dedique exclusivamente a realizar cambios de bombillas por bombillas led. ¿Sabe dónde no se está gastando el dinero del ministerio? No se está gastando en remunerar dignamente las guardias judiciales,
ni en adecuar correctamente el salario de los letrados de Justicia, ni en homogeneizar los complementos territoriales de los funcionarios de Justicia de todo el Estado, ni tampoco en adecuar la indemnización por residencia en Baleares y en Canarias,
tal y como se comprometió este Parlamento, ya que se aprobó una resolución para que se hiciera, lo cual implica que es muy difícil dar cobertura a las plazas de funcionarios de Justicia, por ejemplo, en la isla de Ibiza. También nos preguntamos por
qué no se destina este dinero, por ejemplo, a adecuar los grupos de población de los funcionarios de Justicia, de los letrados de Justicia, porque lógicamente tienen un compromiso, según se habló con el secretario de Estado de Justicia, de que esto
se iba a realizar y no vemos previsión económica en los presupuestos.


Por último, ya que usted ha hablado de protección de datos -y además el secretario de Estado de Justicia ha hablado de que la justicia se basa en el dato-, quiero preguntarle si usted cree que la introducción de una dirección en el Consejo
General del Poder Judicial y de una unidad en la Fiscalía del Estado en la Ley Orgánica 7/2021 implica cumplir adecuadamente con el mandato que recoge el considerando 20 del Reglamento Europeo 2016/679, y también con la Ley Orgánica 3/2018, cuando
dice expresamente que el tratamiento de los datos en materia de la Administración de Justicia se ha de poder encomendar a organismos específicos establecidos dentro del sistema judicial de un Estado miembro. Al respecto yo le pregunto concretamente
si usted cree que esta unidad dentro de la Fiscalía General del Estado y esta dirección dentro del Consejo General del Poder Judicial son organismos específicos o más bien son dependencias de organismos.


Nada más y muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchísimas gracias, señor Ruiz Navarro.


A continuación, en nombre del Grupo Popular, tiene la palabra su portavoz, el señor Jerez.

Página 22

El señor JEREZ JUAN: Muchas gracias, señora Sánchez.


Hemos seguido con atención su comparecencia y, desde nuestro punto de vista, ha sido una intervención excesivamente entusiasta por su parte, ya que se ha centrado básicamente en recitar incrementos porcentuales que a su vez, efectivamente,
representan recursos económicos con los que desarrollar políticas y nosotros nos queremos centrar precisamente en las políticas porque creemos que son lo importante. Que quede claro que da usted por seguro que a mayores dotaciones presupuestarias,
mejores resultados, y yo le aseguro que una cosa no es directamente proporcional a la otra y mucho menos en este presupuesto, porque se pueden tener muchos recursos y se pueden seguir haciendo malas políticas, como es el caso.


Usted tiene la responsabilidad en el ministerio de impulsar una serie de programas esenciales para el desarrollo de políticas y le digo que en esta tarea ustedes tienen a buena parte -que no es cosa menor- de los operadores jurídicos en
contra.


Comenzaré hablándoles de los procuradores. En la página 121 de su presupuesto hablan de descargar a los órganos jurisdiccionales de actuaciones relacionadas con la averiguación patrimonial y tareas de gestión auxiliar, como es el caso de la
gestión de bienes embargados, en clara referencia a la fase de ejecución. Y dice textualmente que en este empeño se conforman los servicios comunes procesales, al frente de los cuales se sitúan los LAJ. Aquí ustedes no disimulan nada ni se
esconden y lo dejan claro: ustedes han decidido dar un portazo a los procuradores, que se ofrecen como elemento colaborador para quitar peso a la Administración de Justicia a través de su participación en el proceso de ejecución; así de claro.
Por lo tanto, dependiendo de la solución que se dé en este caso, se va a mantener a la procura en una situación más compleja todavía, situándola ante un futuro incierto y susceptible de agravarse cuando se sustancie la ley de eficiencia digital. La
pregunta es clara: ¿están ustedes dispuestos a integrar a la procura en más funciones en la Administración de Justicia para ganar eficiencia, sí o no? Eso es lo que me gustaría que me resolviera usted, porque sí que es cierto que el verdadero
talón de Aquiles de la Administración de Justicia es la pendencia de asuntos que existen en la ejecución en los juzgados, que se traduce en nada más y nada menos que en 10 500 millones de euros sin ejecutar, 10 500 millones de euros que no están en
el mercado. Por lo tanto, ya va siendo hora de saber, por lo menos, qué medidas ustedes piensan poner en práctica para que esos 10 500 millones de euros acaben ejecutándose.


Hablando de operadores jurídicos, ustedes tienen también enfadados a los propios letrados de la Administración de Justicia, un cuerpo altamente representativo. Lo único que reclaman es una cosa, mire qué fácil, que cumplan ustedes la
palabra; no piden ni más ni menos, piden que se materialicen los acuerdos asumidos. Les acusan a ustedes del retraso injustificado de la reforma del decreto de sustituciones; les acusan a ustedes de un comportamiento inapropiado con relación a la
cláusula de enganche -y sabe a lo que me refiero-, que no tuvo su reflejo en las leyes procesales en tramitación, y de que no ha sido publicado el escalafón. Mantienen sus quejas porque todavía no ha sido presentado el proyecto del estatuto
orgánico y porque no se están autorizando prórrogas de jornada en órganos con planes de refuerzo. Este es un breve resumen del catálogo de incumplimientos al que se enfrenta el Ministerio de Justicia cuando hablamos de los letrados de la
Administración de Justicia. Y le formulo otra pregunta clara, y le pido que la respuesta también lo sea: ¿cómo piensan reaccionar ustedes en relación con estas peticiones? ¿Qué piensa hacer el ministerio? ¿Qué medidas piensa poner en práctica
para satisfacer las peticiones del cuerpo de letrados?


Según se desprende del programa 111.N, le corresponde a su negociado, entre otras tareas, la promoción legislativa en materia de derecho penal, civil y procesal, a lo que yo añadiría: excepto a la promoción legislativa de todo aquello que
también en estas materias se atribuye a sí mismo Unidas Podemos y que ustedes no pueden controlar. Pues bien, ustedes se han propuesto abordar en esta legislatura un amplio elenco de leyes, ya que se han puesto a fabricar textos legislativos como
si no hubiera un mañana, y la tarea legislativa -bien lo sabe usted- requiere de menos fervor en la fabricación y más sentido común en los fines que se persiguen.


Y en lo que se refiere a la Justicia 2030, encontramos en las leyes de medidas para la agilización un buen punto de partida y una buena base si nos lo tomamos en serio y ahí nos va a encontrar. Nuestro grupo parlamentario está en clara
predisposición para abordar esta tarea en una actitud altamente constructiva, y la posición que hemos adoptado en las enmiendas a la totalidad habla por sí sola. Pero permítame que le diga que la ley de agilización procesal que ustedes han
presentado en este Congreso está todavía lejos de alcanzar el fin que se persigue y no solo está lejos de alcanzar el fin que se persigue, sino que introduce una serie de medidas que no van a dar respuesta a la intención de agilizar los

Página 23

procedimientos en los juzgados. Me referiré básicamente a la disposición final décima, que dice lo siguiente: 'La presente ley entrará en vigor a los tres meses de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, excepto el Título I, los
apartados 1, 4, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 56, 57, 59, 60, 63, 64, 69, 72, 79, 103, 110, 135, 137, 138, 140 del artículo 20, las disposiciones adicionales 1.ª, 2.ª, 4.ª, 5.ª, 6.ª, y Disposiciones finales 1.ª y 3.ª, que lo harán a la entrada en vigor
del Estatuto del Tercero Neutral'. Como ustedes se plantean que la entrada en vigor del estatuto del tercero neutral se produzca una vez cumplido un año de la aprobación de esta ley, ¿es eficiencia esto? Esto es un dislate y un disparate y ustedes
lo ponen negro sobre blanco y se atreven hasta a eso. ¿Cómo pretenden aplicar medios de resolución adecuada de conflictos planteando una serie de disposiciones de futuro incierto e incluso de contenido absolutamente desconcertante? Explíquelo,
porque esto no tiene ni pies ni cabeza.


Y acabo con las infraestructuras judiciales. Me da la sensación de que estamos en el día de la marmota o que ustedes han entrado en bucle porque, leyendo la comparecencia del año pasado, ustedes anuncian aquí unas actuaciones en una serie
de juzgados y hoy las acaba de repetir todas y cada una de ellas. Entonces, la pregunta es clara: ¿qué han hecho ustedes en un año? Porque en el caso de Ibiza, por ejemplo, que lo conozco bien, ustedes decían el año pasado que iniciarían y
continuarían la segunda fase de Ibiza y hoy dicen en el presupuesto que la van a licitar. ¿Qué pasa? ¿Que vamos para atrás? ¿Que vamos al revés? ¿El año pasado continuábamos la segunda fase y este año la vamos a licitar? ¡Aclárense! ¡Aclárense!
Por lo tanto, yo les pediría un poco de entusiasmo en todo esto.


Acabo, señor presidente. En relación con los arrendamientos, de los que se hablaba también el año pasado, ustedes lo que dicen en su presupuesto es que la idea es dejar de arrendar tanto y utilizar más edificios públicos. Ya me dirá usted
qué intención tiene de resolver contratos de arrendamiento en este momento para trasladar juzgados a edificios de propiedad pública. Si lo dice usted en el presupuesto, tendrá claro cuáles son.


Acabo con dos cuestiones concretas.


El señor PRESIDENTE: Señor Jerez, le pido, por favor, que termine porque lleva haciéndolo desde hace varios minutos.


El señor JEREZ JUAN: Acabo con esto.


En primer lugar, en el año 2018 estaba prevista la remodelación de la Audiencia Provincial de Salamanca -usted, hoy, lo recoge también aquí- y, según los rumores que hemos escuchado, ustedes ya han renunciado a la licitación: ¿me podría
usted aclarar esta circunstancia? Y, en segundo lugar, me gustaría saber si ustedes tienen previsto un Juzgado de Primera Instancia de Instrucción más para Aranda de Duero.


Muchísimas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Jerez.


A continuación, tiene la palabra la portavoz del Grupo Socialista, la señora Tizón.


La señora TIZÓN VÁZQUEZ: Gracias, presidente.


En primer lugar, señora Sánchez, quiero darle la bienvenida y agradecer una exposición tan completa de la sección que le corresponde de los presupuestos.


El portavoz del Partido Popular hablaba de disparates y yo le pregunto lo siguiente: ¿qué hicieron ustedes con la justicia mientras gobernaban? En cualquier caso, vamos a poner un poco de sentido común y a comenzar a tratar lo importante.
Sin duda, de acuerdo con lo referido por la señora Sánchez, el año 2023 será clave para alcanzar el objetivo fundamental de transformar y modernizar la Administración de Justicia y acercarla a los ciudadanos mediante la racionalización de la
organización judicial, sus recursos personales y medios materiales.


Está claro que la Administración de Justicia debe transformarse en un servicio público accesible, eficiente, eficaz y sostenible, que tenga como eje vertebrador la igualdad entre mujeres y hombres. Y está claro que, para ello, los recursos
que se destinan a la política de justicia en este ejercicio para 2023, suponiendo 7,7 millones más que en los anteriores presupuestos, son más que relevantes. Es fundamental continuar desarrollando el Plan de Justicia 2030 para adecuar la planta
judicial con la previsión de dotaciones presupuestarias adecuadas, situando el acceso de las personas a la justicia en el centro, especialmente a los más vulnerables. Justicia para todos.

Página 24

La modernización de la justicia es un objetivo clave en esta legislatura y vemos cómo este ministerio, con la ministra a la cabeza, la hará efectiva el próximo año sobre el eje -como usted refería- de la eficiencia organizativa, procesal y
digital. Sin duda, un gran avance será la rehabilitación sostenible de las sedes judiciales. Pero, para modernizar y dar soporte a este nuevo modelo de oficina judicial, hay que incrementar la plantilla con la ampliación de personal. Hablamos de
nuevos juzgados; hablamos de más plazas y mejores retribuciones, y hablamos de un refuerzo sin precedentes. Más plazas, señorías. Todos recordamos aquella época de congelar oposiciones, pero está claro que, frente a ello, aquí se presenta una
estabilización numérica para jueces y fiscales, menos interinidad, menos tiempos de espera y más protección para la ciudadanía.


Se habla también de un incremento destinado a fortalecer la labor de la Abogacía del Estado, de la que usted ha hablado en la Agencia Española de Protección de Datos. Es necesario fortalecer nuestras instituciones. Sin duda, la
cogobernanza en la justicia española se juega en un tablero, en el que la inversión, pero también los acuerdos y consensos, son imprescindibles para el correcto y normal funcionamiento de los órganos judiciales. Por tanto, más empeño, menos trabas
y más cordura, por si algunos quieren escuchar, porque la justicia parece más justicia si no se bloquea.


La cogobernanza ha de ser clave para una adecuada planificación y gestión del servicio público. Hablamos, por ejemplo, de la implantación del nuevo modelo de Registro Civil previsto para 2023, tras su arranque en 2022. Hablamos también de
la oficina de justicia en el municipio, una puerta abierta a la justicia en cada rincón, en cada municipio español. Creo que colaborar, en este caso, con el reto demográfico es, sin duda, hacer justicia, algo que se complementa con la referida
rehabilitación sostenible de las sedes judiciales de las que ya hablábamos.


Para que la justicia sea eficiente ha de adaptarse a los tiempos. Es indudable que la transformación digital es una de las prioridades del Ministerio de Justicia en esta legislatura y se articula en torno al marco normativo, las
herramientas de cooperación y las herramientas tecnológicas.


Señorías, estos son los presupuestos más sociales de la historia, con dos claves: optimizar los recursos para un adecuado ahorro energético y optimizar los recursos para democratizar el acceso de la ciudadanía a la justicia. Estos son los
presupuestos que los españoles y las españolas se merecen, sin trabas, sin tasas y sin recortes. Estos presupuestos se presentan como una oportunidad para el presente, pero con una visión de futuro.


Y, para terminar, quería, señora Sánchez, hacerle dos preguntas. La primera, como usted habla de potenciar la robotización de los procedimientos que pueden liberar a los funcionarios de sus tareas rutinarias y que aportan valor añadido a la
organización -está claro que el futuro ya está aquí-: ¿cómo prevén que esto se lleve a cabo y en qué mejorará la prestación de este servicio público de justicia? Y la segunda, como considero que el esfuerzo en la inversión respecto a
rehabilitación de muchas de las sedes, de las que usted hablaba en cuanto a ahorro energético hay que resaltarlo, pero, además, yo, que soy de una provincia como Ourense, que padece del reto demográfico, para ella es tremendamente importante todo lo
que se pueda aportar en cuanto a la cohesión territorial, por ello quería pedirle simplemente que amplíe un poco más la información al respecto.


Muchas gracias de nuevo. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchísimas gracias, señora Tizón.


A continuación, para responder las cuestiones que han planteado y hacer las valoraciones que estime oportunas, tiene la palabra la señora Sánchez, la subsecretaria de Justicia.


La señora SUBSECRETARIA DE JUSTICIA (Sánchez Hernández): Muchas gracias, presidente.


Quiero dar las gracias por todas las intervenciones porque siempre es útil saber cuáles son los puntos de vista de sus señorías. Voy a contestar en la medida de lo posible y en la medida de lo que yo conozca o pueda trasladarles.


El señor Bal ha comentado que no tiene muchas esperanzas respecto de la aprobación del real decreto nuevo que va a regular la nueva estructura de la Abogacía del Estado. Le pido que tenga confianza y que tenga esperanza, porque realmente es
un gran proyecto -como entiendo que usted puede intuir- de nuestra abogada general del Estado, que ha puesto todo su empeño en que salga adelante, y le puedo decir que a día de hoy este texto está en el Consejo de Estado. Con lo cual, alégrese
porque el proyecto va a salir. Además, es un proyecto que va a contribuir a una notable mejora del funcionamiento de la Abogacía del Estado, con grandes especializaciones en derecho tributario, en derecho económico, en

Página 25

derecho administrativo y en contratación. Va a mejorar el funcionamiento de la Abogacía ante el Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional y los juzgados centrales y también la propia estructura de la Abogacía del Estado. Tenemos mucha
confianza en los buenos resultados que va a tener este proyecto.


En cuanto a las obras que usted ha planteado, es común en todos los presupuestos al hablar de infraestructuras que haya reiteración de las mismas sedes judiciales, porque a ninguno se nos escapa que las obras no se hacen en un año. En las
obras hay que empezar por las licitaciones del propio proyecto de obra, luego conseguir los permisos, licitar la propia obra y hacer la obra. Con lo cual, esto me lleva a plantearme que somos eficientes y también me lleva a alegrarme porque no
hemos abandonado ningún proyecto de los iniciados hace un par de años; seguimos con estos proyectos, lo cual significa que nos los tomamos muy en serio y que los vamos a finalizar. Entonces, creo que es una buena noticia que sigamos viendo estas
obras. (El señor Jerez Juan: ¡Salamanca!).


En cuanto a Valladolid, precisamente en el presupuesto de 2023 duplicamos la partida que estaba prevista en el año 2022; con lo cual, más seria no puede ser la intención de este ministerio a la hora de sacar adelante la Ciudad de la
Justicia, que todos somos conscientes de que se necesita y en ello estamos trabajando.


En el presupuesto hay muchas más obras que se van a acometer. Estas obras no están individualizadas, pero tengan por seguro que van a recoger las necesidades de los edificios judiciales.


El señor Ruiz ha comentado también que se ha estancado la partida de arrendamientos. Efectivamente, la partida de arrendamientos lleva estancada muchos años, precisamente porque es complicado terminar una obra, ya que las obras tardan
muchísimo. Lo que sí que me alegra es que no se haya incrementado la partida de arrendamientos, porque, obviamente, en la medida en la que vayamos construyendo nuevas sedes o que el proyecto de trabajo a distancia o trabajo deslocalizado vaya dando
sus frutos y podamos reestructurar los espacios, nuestro objetivo es reducir estos alquileres. Tenga por seguro que ese es el objetivo que tiene este ministerio.


En cuanto a por qué suben tanto las partidas del programa 111.N, a ninguno se nos debería escapar que gran parte del incremento en esta partida se debe a la subida salarial recientemente acordada con las organizaciones sindicales y que tiene
su reflejo en este presupuesto. Además, también se debe al incremento de la partida destinada a mejorar la eficiencia energética en las sedes centrales del ministerio.


Respecto al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, creo que el secretario de Estado ya lo ha explicado. El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia sigue una lógica distinta a los presupuestos. La cantidad que el
Ministerio de Justicia tenía era de 410 millones; en el primer ejercicio se repartió una cantidad, unos 60 millones de euros; en el ejercicio de este año es cuando se ha repartido el grueso del dinero y ahora repartimos lo que queda para completar
esos 410 millones. La lógica es diferente a la del presupuesto. Por lo tanto, este año tendría que disminuir porque, si no, superaríamos esos 410 millones.


En cuanto a los LAJ, les puedo decir que se está tramitando un decreto de sustituciones profesionales y que el ministerio está permanentemente en contacto con este colectivo para mejorar su situación. De hecho, en el ejercicio 2023 se
culmina el incremento salarial que se pactó con los letrados de la Administración de Justicia y este va a ser ya el ejercicio en el que se culmine ese acuerdo.


Respecto a las entradas en vigor de las leyes, creo que lo serio es precisamente establecer este tipo de entradas en vigor diferidas para los aspectos que así lo necesiten porque esto aumenta la seguridad jurídica. No podemos sacar una ley
que perjudique la seguridad jurídica de los operadores jurídicos. Por lo tanto, nuestra obligación es mejorar el funcionamiento y, por eso, hay determinados puntos en los que se difiere la entrada en vigor hasta que puedan funcionar perfectamente.
(El señor Jerez Juan: Hay que traerlos terminados aquí).


Me gustaría también, como me ha pedido la señora Tizón, extenderme en algunos de los proyectos en los que estamos trabajando en el ministerio. En cuanto al proyecto de robotización, me gustaría recalcar que este proyecto no supone la
utilización de la inteligencia artificial en estos procedimientos ni tampoco la toma de decisiones por parte de estos robots. Simplemente se pretende que aquellas tareas más automatizadas puedan ser hechas por máquinas, de tal manera que los
funcionarios y el resto del personal que trabaja en el ministerio puedan dedicarse a tareas más eficientes, a tomas de decisiones y a procesos con alto valor añadido. Para ello tenemos que analizar primero cuáles son los procedimientos susceptibles
de poder aplicarse esta robotización, viendo aquellos que tienen las tareas más repetitivas, también una alta volumetría de operaciones de trámite -la periodicidad también será un elemento a tener en cuenta- y que el carácter de la tramitación sea
prácticamente automático. En algunas unidades del ministerio ya

Página 26

hemos practicado con este ejercicio, en la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil y en la División de Derechos de Gracia, y les puedo decir que el resultado es que se ha conseguido liberar quince horas semanales a los
trabajadores que han participado en este proyecto. Los siguientes proyectos que vamos a lanzar van a ser de robotización en la Abogacía del Estado y en algunas unidades de la secretaría general del servicio público de justicia.


En cuanto al proyecto de sedes sostenibles, el objetivo que el Ministerio de Justicia se ha marcado es que las sedes judiciales y las sedes administrativas sean neutras en carbono en el año 2050. Empezamos ahora con la rehabilitación de 37
sedes en el territorio ministerio, pero, evidentemente, el objetivo es llegar a todas las sedes judiciales tanto en el territorio ministerio como en el territorio transferido a las comunidades autónomas. Es por ello que el estándar se aprobó en la
conferencia sectorial, pero lo que queremos es que este sea el modelo que se utilice en todos los órganos judiciales y por eso queremos utilizar el marco Level (s). El marco Level (s) pretende integrar energía, edificación, movilidad, resiliencia
climática y un uso sostenible de los edificios y se está actualmente debatiendo en el seno de la Comisión Europea. En el futuro será una directiva y lo que pretendemos es que, cuando llegue la aprobación de esta directiva, España se haya adelantado
y ya esté aplicando este sistema a los órganos judiciales, a todos los órganos judiciales. Porque lo que sí que está claro es que los ciudadanos tienen derecho a acceder a unos órganos judiciales que presten servicios homogéneos y que tengan
características homogéneas, en los que se va a dar una especial relevancia al diseño de las necesidades del proceso judicial, es decir, a los itinerarios de circulación específicos para cada usuario de la sede, ya sea profesional del sector justicia
o ciudadano que acude a los órganos judiciales. Se trabajará en la protección de las víctimas adaptando la oficina judicial. También la modernización de la propia oficina tiene que tener reflejo en las sedes judiciales, y eso se va a incluir en
este estándar de rehabilitación.


Otro elemento que nos preocupa especialmente es introducir todos los aspectos sobre accesibilidad que impliquen cambio de señalética, importancia en el lenguaje y accesibilidad cognitiva, no solo accesibilidad física, es decir, preocuparnos
por las dificultades tanto de uso como de desplazamiento de las personas en las sedes judiciales. Este modelo no solo ha sido aprobado en la conferencia sectorial, sino que también ha sido validado por el IDAE y, además, como ya comenté
anteriormente, todas estas obras y todas estas construcciones que vamos a hacer a lo largo de los próximos años van a compensar el CO2 que emitan a través de la reforestación. Está claro que en España, y lo hemos visto especialmente este verano,
tenemos un problema con los incendios y el sector justicia quiere contribuir a que la masa forestal en nuestro país se acreciente y se cuide.


Sin más, quiero agradecer que me hayan invitado a participar en esta Comisión. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchísimas gracias, señora subsecretaria, señora Sánchez.


Señorías, sin más puntos que tratar en el orden del día, damos por terminada la Comisión.


Eran las once y treinta minutos de la mañana.