CORTES GENERALES


DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS


COMISIONES

Año 2022 XIV LEGISLATURA Núm. 713

DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS ACUERDOS DEL PACTO DE ESTADO EN MATERIA DE VIOLENCIA DE GÉNERO

PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª BEATRIZ MICAELA CARRILLO DE LOS REYES

Sesión núm. 13

celebrada el jueves,

23 de junio de 2022

ORDEN DEL DIA:


Minuto de silencio ... (Página2)


Comparecencias. Por acuerdo de la Comisión de seguimiento y evaluación de los Acuerdos del Pacto de Estado en materia de Violencia de Género:


- De la señora psicóloga clínica y forense, experta en victimología y violencia de género (Vaccaro), para evaluar el desarrollo del Pacto de Estado en materia de Violencia de Género. (Número de expediente 219/000847) ... href='#(Página2)'>(Página2)


- De la señora presidenta de la Asociación Española de Abogados de Familia, AEAFA (Lozano Ortiz), para evaluar el desarrollo del Pacto de Estado en materia de Violencia de Género. (Número de expediente 219/000848) ... href='#(Página13)'>(Página13)

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Se abre la sesión a la una y cuarenta minutos de la tarde.


MINUTO DE SILENCIO.


La señora PRESIDENTA: Señorías, se abre la sesión.


Quiero que mis primeras palabras sean para expresar mi rotunda condena y rechazo a las últimas víctimas de violencia de género. Dos mujeres han sido asesinadas en estos últimos días, una de Madrid y otra de Sevilla. Quiero pedir a sus
señorías un minuto de silencio por las dos víctimas, para que podamos lanzar desde esta Comisión y también desde esta Cámara nuestro afecto y nuestro cariño a los familiares. (La Comisión, puesta en pie, guarda un minuto de silencio). Gracias.


COMPARECENCIAS. POR ACUERDO DE LA COMISIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS ACUERDOS DEL PACTO DE ESTADO EN MATERIA DE VIOLENCIA DE GÉNERO:


- DE LA SEÑORA PSICÓLOGA CLÍNICA Y FORENSE, EXPERTA EN VICTIMOLOGÍA Y VIOLENCIA DE GÉNERO (VACCARO), PARA EVALUAR EL DESARROLLO DEL PACTO DE ESTADO EN MATERIA DE VIOLENCIA DE GÉNERO. (Número de expediente 219/000847).


La señora PRESIDENTA: En esta sesión tenemos dos comparecencias. Señorías, saben que tienen un turno de cinco minuto y tres minutos de réplica.


Comienzo con la presentación de la primera compareciente, la señora Sonia Vaccaro, psicóloga clínica y forense, experta en prevención y asistencia a víctimas de violencia de género. Acuñó, además, hace algunos años, en el año 2012, el
término de violencia vicaria; ha diseñado protocolos para las víctimas y el maltrato de niños y niñas, adolescentes; ha participado como asesora en varias instituciones públicas y tiene un currículo extensísimo. Por lo tanto, queremos en esta
Comisión darle la bienvenida, señora Vaccaro, y darle las gracias por su asistencia, por la contribución que va a hacer sobre todo a los trabajos de esta Comisión. Sin más dilación, le paso la palabra.


La señora PSICÓLOGA CLÍNICA Y FORENSE, EXPERTA EN VICTIMOLOGÍA Y VIOLENCIA DE GÉNERO (Vaccaro): Gracias, señora presidenta.


Buenos días, señorías. Es una gran distinción para mí comparecer ante vosotras y vosotros. Agradezco vuestro interés, en especial al Grupo Socialista por invitarme y permitirme acercar mi aporte a esta Comisión de Seguimiento y Evaluación
de los Acuerdos del Pacto de Estado en materia de Violencia de Género.


En el año 2017 el pacto de Estado que hoy nos reúne incorporó un concepto que yo había acuñado cinco años antes, el concepto de violencia vicaria. Hasta entonces, nadie, solo las víctimas que la padecían y yo sabíamos de su existencia, y
algunas de esas víctimas aún no le habían puesto nombre. Como psicóloga, antes de continuar, debo hablar de la importancia de las palabras, porque las palabras generan pensamientos y los pensamientos construyen realidades. Por eso, en psicología
afirmamos que lo que no se nombra no existe. De ahí la importancia de haber nombrado este tipo de violencia que las mujeres comenzaban a padecer cuando planteaban el divorcio o después de separarse de un hombre violento. Fue por este pacto de
Estado y a través de incorporar el concepto de violencia vicaria, que en septiembre de 2017 permitió a las madres cuyas hijas e hijos habían sido asesinados por sus parejas violentas cobrar el estatus de víctima de violencia de género, porque hasta
ese momento ninguna tenía un fallo judicial que así la definiese.


Podemos ver en la hemeroteca la cara de Ruth Ortiz ese día -madre de Ruth, de seis años, y José, de dos años, víctimas del asesino José Bretón- agradeciendo al saberse nombrada, mencionada y considerada en su dolor, porque no existe una
palabra que defina el estado en que se queda una mujer cuando su propio maltratador asesina a sus hijos. Ese día se supo que eran víctimas de violencia vicaria. Hoy, habiendo transcurridos cinco años -mejor dicho, doce años- ya nadie duda de que
la violencia vicaria es un tipo de violencia de género, de violencia contra la mujer y que aparece cuando esa mujer plantea separarse de un hombre violento, creyendo que a través del divorcio pondrá fin y distancia a la violencia que viene
padeciendo durante años. Aunque hoy en día sabemos que, si tiene hijas o hijos menores de edad con ese hombre violento -y remarco el binomio gramatical hombre violento para que se considere de modo indisoluble-, comenzará a padecer otra forma de
violencia de género que incluirá a las hijas e hijos de modo preferente.

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Señorías, en la separación o divorcio de un hombre violento ser madre es un factor de vulnerabilidad, porque ese individuo violento no va a escatimar ninguna acción para hacer valer su poder y continuar el maltrato, ahora por interpósitas
personas, las hijas e hijos de modo preferente, ya que la justicia y las instituciones le permiten continuar teniendo contacto y poder de decisión sobre ellos. Por esto, definía la violencia vicaria como aquella violencia contra la mujer que un
maltratador realiza, como dije antes, a través de hijas e hijos de modo preferente, porque también puede utilizar a otras personas significativas para ella, incluidas las mascotas, a quienes utilizará como objetos para continuar su violencia contra
la madre. Tomé el término vicario como adjetivo que viene definido, según la RAE, como el que ocupa el lugar de otra persona o cosa y la sustituye. La violencia vicaria, por lo tanto, es violencia contra la mujer que se realiza sobre las hijas e
hijos con el objetivo de dañarla. La expresión extrema de esta violencia vicaria es el asesinato de esas niñas y niños o su desaparición. Ese hombre violento sabe que de ese golpe la mujer no se recuperará jamás, y lo sabe porque ella ha tolerado
violencia y maltrato durante muchos años solo para protegerles. Es muy importante conocer que en toda mujer víctima de violencia de género, cuando tiene hijas e hijos, hay una madre protectora; rol este que, de acuerdo al grado de victimización
que padece por el maltrato sufrido, podrá ejercer de forma más o menos eficiente. Para continuar hablando de la generalidad, sepamos que en la violencia vicaria a quien el hombre violento ataca es a esa mujer a través de su rol de madre, y en
muchas ocasiones la justicia y las instituciones favorecen esta ruptura, arrancando a las hijas e hijos de la protección de esta madre, dejando a esas criaturas a merced de un individuo violento que no solo no les protegerá, sino que puede llegar a
asesinarles, porque para él ellos son objetos a su servicio, instrumentos de su poder y de su control, un arma aleccionadora que utilizará contra la mujer que ha osado dejarle.


Hace unos años se utilizó un constructo falaz como el SAP o el falso síndrome de alienación parental para castigar a las mujeres que osaban separarse de un hombre violento, acusándolas de aleccionar a las hijas e hijos y, de este modo,
justificar la separación forzada de estas criaturas de su lado. En la actualidad, al quedar al descubierto el carácter acientífico e impostor de este invento, se utilizan sucedáneos que permiten el mismo fin, cumplir con la amenaza que realiza todo
hombre violento cuando le plantean el divorcio o la separación: te quitaré a los niños. Hoy sabemos que esto es violencia vicaria porque el SAP y todos los constructos que sirven para castigar a la mujer a través de romper su vínculo materno son
representantes directos de esta violencia vicaria.


En diciembre de 2021, junto a la Asociación de Mujeres de Psicología Feminista e investigadoras de la Universidad de Granada, realizamos el primer estudio de casos de violencia vicaria extrema en España. Analizamos 400 casos desde el año
2000 hasta el año 2021 y encontramos 51 asesinatos por violencia vicaria, asesinatos con la concausalidad de querer dañar a la madre, asesinatos de la pareja de esa mujer con el claro objetivo de dañarla.


Quiero compartir con vosotras y con vosotros algunos de estos datos, sabiendo que detrás de cada cifra y de cada número hay una criatura asesinada a manos de a quien se le respetó la categoría de padre. (Apoya su intervención en una
presentación digital). De los datos que quiero compartir en especial hay uno que quiero mostrar aquí, que es que la mayoría de estos hombres tienen entre treinta y cincuenta años de edad -estoy hablando de los asesinos-, lo cual nos indica que,
teóricamente, son individuos en una madurez cronológica. En el 82 % de los asesinatos de estas criaturas el asesino era el padre biológico, y digo 82 % porque en un 15 % no se encontraron datos del vínculo con las niñas y niños asesinados, aunque
todos los indicios daban como resultado que era la pareja de la madre y que cumplía o debía cumplir el rol paterno. Las víctimas tenían mayoritariamente entre cero y cinco años de edad, lo que nos da la pauta de la vulnerabilidad. Los asesinos
eran en un 72 % hombres, como dije antes, entre treinta y cincuenta años; pertenecían a todas las clases sociales; tenían todos los niveles educativos, desde estudios primarios a doctorados y máster. El 96 % de los asesinos no tenía diagnosticada
ninguna enfermedad mental. El 60 % de los asesinos había amenazado explícitamente con lo que haría, en un 28 % no encontramos datos acerca de las amenazas y en el 12 % restante no se registró directamente este dato, aunque todas las mujeres
víctimas de violencia vicaria que yo entrevisté -todas sin excepción- me dijeron que él las había amenazado con lo que iba a hacer, con frases como te quitaré lo que más quieres, no les volverás a ver, ya verás lo que le harás a las niñas. Ninguno
de ellos tenía antecedentes penales y, aquellos que sí los tenían, los antecedentes estaban asociados a la violencia de género de parejas anteriores.


Antes de la sanción de la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, la 1/2004 -por eso dije que el estudio abarcó desde el año 2000, queríamos saber si había alguna diferencia de tratamiento antes de la
sanción de esta ley-, encontramos tres casos puntualmente

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donde la mujer fue culpada como partícipe necesaria o cómplice del asesinato de sus hijas e hijos. Estos fueron algunos de los argumentos que se esgrimieron para esta condena: que no transmitió en la denuncia la gravedad de la situación,
que no impidió que el asesino cometiera el delito, que no protegió suficientemente a los niños. Fallos que, sin lugar a dudas, no solo obviaron la condición de víctima de violencia y las graves secuelas que deja la victimización por violencia de
género, sino que carecían de la imprescindible perspectiva de género necesaria para impartir una justicia ecuánime, porque, señorías, convivir con un hombre violento no es solamente -y subrayo y pongo entre comillas esta palabra- que ese hombre
pegue y castigue. Es, por ejemplo, vivir en un ambiente de tensión, en estado de alerta constante, intimidada, acusada de todo y por todo, criticada y denostada. Es convivir con el hecho de que la misma mano que acarició antes sea la que castigue
y dañe unos minutos después, que la misma voz que dijo palabras de amor insulte y amenace de muerte, que la misma mirada que se presentó amorosa se transforme en amenazante e intimide. Esta disociación cognitiva que se produce en las víctimas de
violencia de género no se da en cualquier otro tipo de violencia interpersonal, y a partir de ello es donde se instala el trauma y las secuelas que producen la victimización posterior. Las secuelas en la violencia de género son extensas y requieren
de un abordaje específico que, si no se considera como tal, se vuelve a victimizar a la víctima. Asimismo, esta temática requiere un tratamiento especializado constante para su prevención y su erradicación. No me voy a detener en esto, que ya está
explicitado en cientos de textos en el mundo entero, solo quería remarcar cómo la sanción de la ley contra la violencia de género en nuestro país produjo un cambio en la forma en que se debían juzgar estos delitos y modificó la mirada a través de la
cual se debe valorar a una mujer víctima de violencia de género, aquella que padece por el hecho de ser mujer.


Y regreso al pacto de Estado, señorías. Considero que este pacto de Estado aprobado en el año 2017 por unanimidad, al igual que la Ley 1/2004, es algo que no solo merece una evaluación, seguimiento y ratificación con mejoras y correcciones
necesarias que se han ido identificando a lo largo del tiempo, sino que es preciso que volvamos a los tiempos de la unanimidad y, como su nombre indica, a un verdadero pacto de Estado. No puede haber fisuras ante el dolor y el sufrimiento de las
víctimas vulnerables. No podemos permitir que intentos negacionistas, que solo favorecen a los hombres violentos, a quienes aún hoy se continúa denominando padres, echen por tierra años de acuerdo para erradicar lo que se considera en todo el mundo
-y así lo definió la misma Organización Mundial de la Salud- como una pandemia. Y por esto, hago un llamamiento a los padres de verdad, a aquellos que cuidan, protegen y se postergan por el bienestar de sus hijas e hijos, a aquellos que les
transmiten cada día ternura, y les pido que intenten no ser confundidos con estos individuos. Un maltratador nunca es un buen padre y su capacidad de engendrar hijos les da, a lo sumo, el estatus de fértiles, pero no de padres. Sois vosotros,
aquellos padres verdaderos, quienes también debéis pedir no ser comparados ni equiparados a esos individuos, ni siquiera a través de una misma denominación. Con esto, quiero significar que es preciso cuestionar si un individuo violento que ataca el
vínculo de apego protector de una madre merece ser denominado igual que aquellos que lo respetan y valoran.


Quisiera señalar que tal vez el dato que más me ha impactado del estudio que acabo de mencionar y que presentamos en abril de este año -casual y fortuitamente justo el día que en Sueca, Valencia, un hombre violento asesinaba a su hijo de
doce años el día de su cumpleaños- es el silencio que merecieron las niñas y los niños amenazados por quien se consideraba su padre. En los 51 casos encontrados de violencia vicaria no existió una sola medida de prevención para protegerles, aun
cuando la madre denunció la amenaza proferida por ese asesino. Nadie suspendió el contacto con ese hombre violento y nadie emitió una sola orden de protección para ese niño o esa niña. Incluso mujeres como Ángela Carreño, que llegaron a denunciar
hasta cincuenta veces, no pudieron encontrar esa protección. Solo las mujeres fueron protegidas por orden de alejamiento o alguna medida de protección. En el año 2018, después del asesinato en Castellón de Martina y Nerea -dos niñas creo que de
cuatro y dos años de edad-, se incluyó en el sistema VioGen -que es el que mide el riesgo- a niñas y niños como factor de riesgo de la violencia contra la mujer. Por eso, cada día debemos continuar el seguimiento y la evaluación de los instrumentos
que nos van señalando qué medidas se deben corregir, mejorar y adecuar a nuevas formas de violencia de género que los hombres violentos van incorporando a su poder y su control.


España es pionera en Europa con la sanción de una ley que protege a las mujeres víctimas de violencia de género; es pionera en la creación de juzgados especializados; es pionera para Europa y Latinoamérica en el concepto de violencia
vicaria y su incorporación en leyes de protección a las víctimas de violencia de género, a sus hijas y a sus hijos. Es importante resaltar que para Europa España es

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referente en este tema, pero es muy importante saber que para Latinoamérica también. México acaba de aprobar en cinco de sus treinta y dos Estados la ley de violencia vicaria y hay diez Estados más que la están tramitando. Argentina acaba
de presentar la semana pasada un proyecto de ley y Colombia, Perú y Chile estudian reformas en este sentido. Por todo esto, creo importante saber que la violencia de género en la cual las hijas e hijos son víctimas directas es un grave problema
internacional que nos convoca a todas y todos. No podemos interrumpir su interés y su tratamiento, no podemos mirar hacia otro lado, porque la neutralidad en este tema siempre juega a favor de los agresores.


Para cerrar mi exposición quisiera compartir un vídeo de un minuto de duración que tal vez muestre de modo gráfico algo a lo que he hecho referencia. (Se proyecta un vídeo). Este vídeo está tomado por una cámara de seguridad; muestra una
escena en una pastelería. Como ven, entran un niño y una niña con su padre. Vienen de McDonald's donde les regalaron globos. El padre los ha llevado porque querían comer dulces y les está haciendo elegir cuáles quieren. Como ven, les está
comprando los que ellos eligieron y va a comprar una barra de pan porque les va a hacer la comida. Termina la escena. Dos horas después, este individuo asesinó a esas dos criaturas e intentó huir. Esto sucedió en Francia, era la primera vez que
estaba en contacto con sus hijos después de un divorcio contencioso. Lo que quiero mostrar con este vídeo es que estos individuos no son enfermos, los asesinatos no son producto de un ataque desenfrenado de ira, sino que, por el contrario, todos
son planeados y calculados al milímetro. Estos individuos son hijos sanos de un patriarcado que continúa protegiéndoles. De todas y todos nosotros depende que no se lo permitamos.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Muchísimas gracias, señora Vaccaro.


Comenzamos con el turno de intervenciones. El primer grupo parlamentario que tiene la palabra es Unidas Podemos, la señora Fernández.


La señora FERNÁNDEZ CASTAÑÓN: Gracias, presidenta.


Honestamente, cuesta un poco hablar después de esto.


Gracias por esta intervención, pero sobre todo por el trabajo de todos estos años, por darnos también una manera de nombrar un tipo de violencia que nos permite estudiar, legislar y profundizar. La verdad es que creo que lo ha explicado
todo bastante bien, y solo quería preguntarle qué valoración hace de la incorporación de las medidas 129 y 204 del informe del pacto de Estado, que se han traducido legislativamente en la ley de protección a la infancia y adolescencia -en el
artículo 10 bis, en concreto- y también la que se ha incorporado a través de la LOGILS, de la ley de protección integral de las garantías de libertad sexual, con esa inclusión dentro de la Ley Orgánica 1/2004 de la definición como violencia de
género de la violencia, vicaria; cuál es la valoración que hace, entendiendo que son incorporaciones legislativas muy recientes, muy muy recientes. Asimismo, quisiera saber que otras cuestiones debemos acometer para que no se sigan dando
situaciones en las que si hay un 60 % de denuncias previas enunciadas por parte de las madres, sin embargo seguimos viendo noticias tan terribles que creo que de manera unánime nos dejan totalmente arrasadas como sociedad.


Gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Fernández.


El siguiente turno es para el Grupo Parlamentario VOX, la señora Nevado.


La señora NEVADO DEL CAMPO: Gracias, presidenta.


Buenos días, señora Vaccaro. Soy Magdalena Nevado, del Grupo Parlamentario VOX. Imagino que cuando usted ha hablado de los negacionistas se refería precisamente a mi grupo parlamentario por no estar dentro del consenso de este Pacto de
Estado contra la Violencia de Género. Señora Vaccaro, usted ha nombrado el caso de Ruth, cuyo marido asesinó a sus dos hijos. Fue algo espeluznante y toda la sociedad lo sintió inmensamente, pero es una realidad. Usted está hablando de una
realidad que existe, existen los hombres violentos que además utilizan a sus hijos para seguir haciendo daño a sus parejas, nadie ha negado jamás eso. Lo que mi grupo parlamentario quiere decir es que también existen mujeres que hacen lo mismo, y
nosotros no podemos legislar para una sola parte de la sociedad. Vivimos en un país democrático que tiene como valores la igualdad y estamos saltándonos artículos de nuestra propia Constitución para hacer leyes que dejan fuera y que desprotegen a
una serie de personas, sean homosexuales o un abuelo maltratado dentro de su ámbito familiar. Por eso, nosotros proponemos ampliar

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esa ley para que sea una ley de violencia intrafamiliar, para que no se criminalice al hombre por el mero hecho de ser hombre, para que no se victimice a la mujer por ser mujer. No es lógico que se crea a una mujer directamente, que pueda
acusar a un hombre de lo que quiera y ese hombre sea condenado.


Señora Vaccaro, usted acuña el término de violencia vicaria, pero resulta que todos los días o casi todos los días o todas las semanas, no en España, sino en el mundo entero nos encontramos noticias de este tipo (muestra un recorte de
prensa): La acusada de matar a su hija en Sant Joan Despí confiesa que lo hizo para causar daño a su padre. Esto también existe (muestra otro recorte de prensa): Fidicidios, ¿qué hay detrás de los asesinatos de los niños a manos de su madre?
Esto existe, señora Vaccaro, y esto hay que abordarlo; hay que abordar la violencia en el ámbito intrafamiliar, en la familia. No puede ser que se considere al hombre maltratador o potencialmente maltratador y se diga que lo lleva en el ADN; no
puede ser así porque no es real. Tampoco es cierto lo que he escuchado en alguna conferencia suya -me he preparado porque he querido saber de usted y de sus comparecencias- cuando habla de que las denuncias falsas son un mito. Eso no es verdad, no
es verdad que sean un mito; el 43 % de las denuncias acaban archivadas o sobreseídas y, de esas denuncias, muchas, desgraciadamente, son una herramienta contra un hombre, bien porque se quiere separar y ella no, o por multitud de cuestiones. No
puede ser que llamen negacionistas a personas como nosotros por querer que se proteja a todas las víctimas de todos los violentos y que ustedes no se consideren negacionistas cuando están diciendo que las denuncias falsas no existen.


Le voy a decir una cosa, si a usted de verdad le preocupa la violencia, le voy a proponer un reto. Le voy a poner un caso delante para que lo estudiemos usted y mi grupo parlamentario -usted y yo- y después me dice si hay o no hay denuncia
falsa, si hay o no hay madres que están utilizando a sus hijos para hacer daño a sus parejas. Me gustaría que se comprometiera, porque sería la única manera en la que nosotros podríamos empezar a debatir y a abrir diálogo con otras fuerzas
políticas para intentar erradicar todo tipo de violencia de una manera coherente, no criminalizando a una parte de la sociedad y victimizando a otra parte. Además, es usted victimóloga -lo he leído en algún sitio- y le tengo que decir que es un
tema que habría también que abordar y del que habría que hablar muy seriamente, porque la victimización directa de la mujer no ayuda en absoluto. A una mujer no se la empodera dándole un ministerio, dándole un puesto de trabajo o dándole dinero;
es, como usted bien sabrá porque es psicóloga, cuestión de otras muchas cosas. Precisamente, cuando una mujer decide dejar de ser víctima es cuando empieza a recuperarse, y ahí también deberíamos hablar y abrir un dialogo.


Veo que se me acaba el tiempo. Me encantaría seguir y le repito que me encantaría que usted aceptara el reto de recibir los casos que yo le ponga por delante -uno o dos, no más-, y luego vuelva usted a decir que es mentira que existen las
denuncias falsas.


Gracias. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Muchísimas gracias.


En el siguiente turno parlamentario, interviene por el Grupo Popular, la señora Fanjul.


La señora ÁLVAREZ FANJUL: Gracias, presidenta.


Lo cierto es que me cuesta bastante intervenir ahora. Tengo treinta años, señorías, y hay cosas que no entiendo. Creo que el debate sobre la violencia de género está más que superado, no tratamos a las mujeres como víctimas porque son
mujeres ni decimos que todos los hombres cuando nacen -en la tripa de sus madres- nazcan con una etiqueta de violentos. Cuando se habla de hombres violentos hablamos de aquellos que atacan, que agreden o que asesinan a una mujer, y lo hacen por el
hecho de ser mujer, porque tienen más fuerza, porque tienen más cuerpo o por lo que sea, pero el hombre mata a la mujer. Si llega a ser al revés y las estadísticas hubiesen sido al revés, quizá hubiésemos legislado de otra manera, pero no podemos
tratar de obviar este debate.


Evidentemente, existen denuncias falsas, pero tampoco creo que se puedan manipular los datos, que el día de mañana una señora decida poner una denuncia falsa y negar la mayor: que no existe la violencia de género. Creo que es irresponsable
hacer este tipo de comentarios, porque en parte también les puedo dar la razón de que quieran abordar todo tipo de violencias, pero no negando una o valorando una frente a la otra.


Lo cierto es que desde 2003, 1151 mujeres han sido asesinadas, 356 niños menores de dieciocho años se han quedado huérfanos y 47 menores han sido asesinados. Hasta el día de hoy, 23 de junio, ya van 21 mujeres asesinadas y un menor. Creo
que en esta Comisión debería existir un consenso y tratar de trabajar juntos. También hay aquí para todos, porque me hubiese gustado que la ministra de Igualdad,

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después de dos años, hubiese pasado por esta Comisión, por lo menos para tratar de debatir o ver cómo se está ejecutando ese pacto de Estado y de qué manera lo podemos mejorar. Por tanto, a la vista de estos datos, cabe resaltar aún más la
importancia del consenso en esta Comisión.


Según la jurisprudencia del Tribunal Supremo, aumenta el riesgo cuando victimario y víctima siguen conviviendo una vez que está tomada la decisión de romper la relación, así como también el temor a una agresión mayor es en gran medida la
causa del silencio de la víctima o de la interposición tardía de la denuncia. Me gustaría preguntarle, señora Vaccaro -a la que, por cierto, agradezco que venga a comparecer-, qué podemos hacer en estos casos, cómo podemos ayudar a las mujeres
víctimas a que tomen la decisión de denunciar, y también me gustaría preguntarle cuál es el estado psicológico en el que se encuentran esas mujeres. Si a todo esto le sumamos la triste realidad que han vivido muchas mujeres durante la pandemia de
la COVID-19 y el peligro que ha supuesto para ellas y sus hijos la convivencia continuada como consecuencia del largo y duro confinamiento, imagino que esa ha sido posiblemente una de las situaciones más difíciles de gestionar.


Mi pregunta es si hicimos todo lo que pudimos, si se prestó algún tipo de ayuda psicológica especial en esos meses tan difíciles de pandemia. Durante el año 2021 los juzgados españoles recibieron un total de 162 848 denuncias por violencia
de género, dato que arroja una media de 446 diarias, con un aumento de un 8 % respecto al año anterior. Creo que ese dato es preocupante y la tendencia debería ir siempre a la baja, aunque las circunstancias hayan sido especiales. También me
preocupa mucho la violencia de género, sobre todo en los adolescentes, y más según los datos que tenemos recogidos en la macroencuesta de violencia de género del Ministerio de Igualdad, en el 2019. Se advierte de las graves consecuencias de la
violencia psicológica y de control que sufren uno de cada cuatro adolescentes de entre dieciséis y diecisiete años, dato que me parece bastante alarmante. También constata que las niñas y jóvenes menores de dieciocho años quedan en gran medida
fuera del foco de las campañas y recursos contra la violencia de género. El 6,2 % de los adolescentes de dieciséis y diecisiete años ha sufrido violencia física por parte de parejas o exparejas, un 6,5 % violencia sexual, un 16,7 % violencia
emocional y un 24,9 % violencia psicológica o de control. Repito, el 24,9 % de los adolescentes han sufrido violencia psicológica, dato que me parece también muy alarmante. Me gustaría preguntarle cómo podemos ayudar a bajar esos índices, qué tipo
de campañas podamos llevar a cabo, porque me imagino que en esas edades es todavía más complicado.


Me gustaría hacerle algunas preguntas en cuanto al pacto de Estado. En el eje 3, que trata del perfeccionamiento de la asistencia, ayuda y protección de víctimas, concretamente en la medida 134, habla de dotar de mayores recursos a los
equipos psicosociales para que los jueces puedan contar con los pertinentes informes, evitando así el colapso de los juzgados. ¿Contamos con todos esos recursos o con los recursos suficientes para poder llevar a cabo ese trabajo? Me gustaría saber
también en qué se basan esos informes. En cuanto al eje 4, que aborda la asistencia y protección de menores, ¿qué protocolos utilizamos en esos casos?


La señora PRESIDENTA: Señora Fanjul, tiene que ir finalizando.


La señora ÁLVAREZ FANJUL: La última pregunta, muy rápidamente, sobre la formación de los distintos agentes en tema psicológico. Si nos podrías explicar cómo lo hacéis, sería de agradecer.


Muchas gracias, presidenta.


La señora PRESIDENTA: Muchísimas gracias.


En el siguiente turno parlamentario, por el Grupo Socialista, la señora Guinart.


La señora GUINART MORENO: Gracias, presidenta, y muchas gracias, señora Vaccaro, por sus aportaciones tan valiosas, por lo que nos ayudan a la hora de analizar e intentar comprender algo absolutamente inaceptable, como es el asesinato de
niños y niñas con el único objetivo de dañar de la manera más terrible a sus madres.


La violencia vicaria es un término que acuñó usted en 2012 y debemos agradecerle que lo hiciera, porque lo que no tiene nombre no existe. Lo que no somos capaces de identificar, de nombrar, de señalar, de analizar y de condenar está
destinado a reproducirse. Difícilmente lo podremos combatir y erradicar. Así, desde 2013 contamos con estadísticas de niños y niñas asesinados. Sabemos que ya son cuarenta y siete. De hecho, son muchos más con anterioridad a esa fecha, igual que
son muchas más de 1151 las mujeres asesinadas antes de 2003. No son cifras, son personas, son niños

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y niñas, son adolescentes, son mujeres, asesinadas ellas por ser mujeres y porque alguien, pareja o expareja, no ha consentido que sean libres, no ha consentido su autonomía personal, su individualidad, y les ha considerado su posesión. Es
el machismo el sustrato de esa barbarie. La mayoría de asesinos de niños y niñas, el 82 %, lo decía usted, son padres biológicos de esos menores. Es así de duro, pero es la realidad. Los asesinatos se cometen mayoritariamente en el hogar, allí
donde los asesinos se sienten impunes. El momento crítico es aquel en el que se produce o está a punto de producirse la ruptura de la pareja y la mayoría de los asesinados son muy pequeños, los más vulnerables, los más indefensos.


Todos esos datos y muchos otros los pone negro sobre blanco su reciente estudio, muy interesante, sobre casos de violencia vicaria extrema, que ha titulado Un golpe irreversible contra las madres, porque ese es precisamente el objetivo de la
violencia vicaria y otras violencias; por cierto, no están impunes, no quedan impunes, sino que están perseguidas en el Código Penal. En el estudio se cita una investigación realizada en el Reino Unido por el equipo de criminología de la
Universidad de Birmingham. Según esta investigación, en todos los casos la masculinidad y las percepciones de poder configuran el trasfondo de los crímenes. Para empezar a solucionar este problema hay que reconocer el papel del género,
reconociendo que son principalmente los hombres los que van a recurrir a este tipo de violencia. En definitiva, lejos de la pretendida ideología de género que citan los negacionistas y, por ende, de la violencia vicaria, la no aplicación de la
perspectiva de género en el análisis y enjuiciamiento de estos delitos no permite asociar ni la peligrosidad previa del agresor ni la vulnerabilidad de sus víctimas, y cito en este caso las conclusiones de su estudio, señora Vaccaro. Señalar a las
víctimas, en este caso a las madres, sea desde la sociedad, desde el ámbito político o judicial, es un error imperdonable, máxime cuando en la práctica totalidad de los casos ella ha sido víctima directa de manera previa al asesinato de sus hijos y
lo ha sido de violencia de género. Son las instituciones las que deben proteger a las víctimas, no ellas a sí mismas. Denunciar es importante y, si ellas no pueden hacerlo, su entorno y los profesionales que en un momento determinado intervengan
tienen también obligación de actuar y de denunciar.


El Gobierno y el Legislativo están impulsando medidas que redundan en una mayor y mejor protección de menores ante violencia machista. Desde hace ya cuatro años, el sistema VioGén -lo decía usted- ha incorporado en sus valoraciones de
riesgo de víctimas de violencia de género a los hijos e hijas. Hemos mejorado la protección de personas huérfanas de violencia de género a propuesta de este grupo parlamentario, que ha recogido la demanda de Fundación Mujeres en la Ley Orgánica
2/2022, de 21 de marzo, y la Ley Orgánica de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia deja claro y diáfano que un maltratador nunca puede ser un buen padre y, en este sentido, proscribe visitas de menores a sus
progenitores en casos de violencia de género.


Se ha demostrado la eficacia de la norma, ya que en este último año han disminuido drásticamente las concesiones. Las suspensiones judiciales de visitas a maltratadores se incrementaron en 2021 un 413 % respecto al año anterior, aunque el
ritmo de aplicación de la norma es dispar en función de los territorios. Navarra y Murcia van a la cabeza, mientras que territorios como Salamanca o Álava van más rezagados, según datos del Consejo General del Poder Judicial. Igualmente, queda
absolutamente proscrita desde la aprobación de la ley, que ahora ha cumplido un año, la aplicación del falso SAP, síndrome de alienación parental. En la ley de garantía de libertad sexual, en trámite en el Senado, avanzamos también en la
consideración, identificación y protección de las víctimas de violencia vicaria. Escuchar y tener en cuenta la opinión de los y las menores en casos de violencia de género, incrementar su protección, estar atentos en el entorno a cambios que puedan
denotar que algo malo ocurre son cuestiones a las que no podemos sustraernos ni como responsables políticos institucionales ni tampoco como sociedad.


Un par de preguntas para terminar, señora Vaccaro. ¿Qué opinión le merece que se sucedan a veces en un corto periodo de tiempo varios asesinatos machistas? Se lo pregunto porque el grupo de trabajo de la Conferencia Sectorial de Igualdad,
que tiene encomendada la tarea de renovación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, ha incorporado recientemente este extremo a su análisis y se ha comprometido a formular propuestas. Para terminar, quería conocer su opinión sobre la
necesidad de impulsar campañas específicas para jóvenes, ya que resulta preocupante el incremento estadístico de la violencia de género en edades tempranas. ¿Cómo cree que deben ser estas campañas, más allá de apelar a este colectivo de edad, en un
momento en el que estas personas todavía se están formando?


Gracias. (Aplausos).

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La señora PRESIDENTA: Muchísimas gracias, señora Guinart.


Tiene la palabra de nuevo la señora Vaccaro.


La señora SICÓLOGA CLÍNICA Y FORENSE, EXPERTA EN VICTIMOLOGÍA Y VIOLENCIA DE GÉNERO (Vaccaro): Gracias a todas, que se han mostrado interesadas en el tema formulando preguntas.


Comienzo en el orden de las intervenciones. La diputada Fernández me preguntó qué medidas creía que se podían tomar para continuar reforzando el concepto de violencia vicaria y evitar que se sucedan nuevas violencias. Con esto voy a
responder un poco también lo que el resto de las señorías me han preguntado. Yo creo que la medida más efectiva es continuar tratando el tema permanentemente, hacer medidas constantes, no creer que ya terminamos todo por más que llevemos años. El
patriarcado tiene más de cinco mil años, por lo que tenemos un largo camino por delante para continuar y erradicar todos los estereotipos que ha instalado y todas las diferencias jerárquicas que ha impuesto. Por lo tanto, las medidas más efectivas
son esas: hablar, seguir, evaluar y continuar formando en la prevención, especialmente.


A la señora Nevado, diputada de VOX, le voy a responder. Le agradezco en especial su interés en el tema. Le agradezco que usted traiga las excepciones a una regla, porque es verdad que ha mostrado un caso, pero yo la invito a usted, que
está interesada en el tema, a que, si puede, inicie un estudio. Yo he escuchado a 2000 mujeres en diez años; usted puede escuchar otros tantos, y si logra un quántum, una cuantía similar puede incluso acuñar un nuevo término, y seguramente será
otro tipo de violencia la que esté identificada. Yo tengo pacientes hombres y nunca escuché algo a la inversa, pero de todas formas yo la invito a que usted lo haga así. Bueno, usted tiene un puesto de privilegio respecto al mío, usted está en un
ámbito donde se diseñan leyes y propuestas legislativas, o sea, que seguramente su palabra y su estudio va a tener muchísimo más peso que el que yo haya podido hacer.


Le remarco solamente lo que he dicho, que a lo mejor no lo he mencionado del todo claro: no hablo de hombres, hablo de hombres violentos. Por lo tanto, no estamos hablando de una mitad de la población contra la otra mitad de la población
en el mundo, porque esto no es un capricho español, me parece que todas lo sabemos. Esto es algo que está diagramado así en el mundo entero y todo el corpus jurídico que existe en el mundo entero hasta que comenzaron, allá por finales de los
setenta u ochenta, a diagramarse leyes con perspectiva de género y a mostrarse la asimetría jerárquica entre mujeres y hombres estaba a favor de proteger todo tipo de violencia que pudieran sufrir los hombres.


Lo que pasa es que hay un detalle que a lo mejor se nos olvida. Cuando hablamos de violencia de género hablamos de la violencia que sufren las mujeres por el solo hecho de ser mujeres. Los hombres no sufren violencia por el solo hecho de
ser hombres. Le voy a dar un dato que seguramente usted conoce. Creo que la Ley 1/2004 -yo no soy jurista, pero voy a repetir algo que me han dicho juristas- es la ley que más recursos anticonstitucionales tuvo, creo que son más de cien, y así y
todo siempre se han rechazado. Por lo tanto, en ese sentido, yo le diría que se quede tranquila, que estamos dentro de la Constitución.


La voluntariedad en dejar de ser víctima. A esto tengo que responderle en el sentido de que ojalá dependiese de la voluntad de cada mujer ser víctima, ojalá dependiese de ella. La victimización y las secuelas que deja son tan graves que en
realidad no se trata de proponérselo nada más. Una mujer puede ser sobreviviente una vez que realiza un proceso de recuperación y se cura de las graves secuelas que le deja el maltrato continuado. Yo tengo cuarenta años de experiencia profesional
en psicoterapia, he visto muchas mujeres víctimas de violencia y le aseguro que no es tan fácil como decir cada día: hoy me siento bien y ya no soy víctima. Así que tenemos que saber que eso es algo en lo que nos tenemos que empeñar para que de
verdad dejen de ser víctimas. Es verdad, nadie quiere perpetuar a una mujer como víctima, por supuesto que no.


Creo que le he respondido a lo que usted preguntó. Creo que luego tiene otro turno de palabra.


A la señora Fanjul le doy las gracias por su agradecimiento y por sus preguntas, y por recordarme estos datos terribles y esta preocupación por el grupo de jóvenes que están repitiendo modelos y estereotipos patriarcales. Yo insisto en que
tenemos que continuar educando, formando, como bien señaló usted, haciendo campañas, haciendo prevención y sabiendo que tenemos que hacerlo permanentemente, sin cansarnos, y tratando de vencer los obstáculos que se puedan poner en el camino, que
puedan ser tentadores en cuanto a querer desviar este tema.


Este es un tema internacional, es un problema muy grave que, insisto, la Organización Mundial de la Salud denominó como una pandemia. Todo el mundo se alertó muchísimo con el COVID, con la primera

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pandemia que supuestamente estábamos viviendo. La violencia contra las mujeres es una pandemia que vivimos hace ya muchos años, pero pareciera que no produce el mismo estado de alerta o de alarma.


¿Qué podemos hacer para que las víctimas denuncien? Yo diría que el hecho de protegerlas con el tema que figura ahora la ley, que permite que un maltratador no tenga acceso a los hijos, es una forma para que ellas, a lo mejor, se sientan
más seguras denunciando. Porque lo que yo estoy escuchando en los últimos años, y me preocupa muchísimo, de boca de las mujeres víctimas de violencia es: Voy a aguantar, no me voy a separar porque me dijo que me va a quitar a los niños, y sé los
casos de fulana, fulana y fulana -aparte los nombra con nombres y apellidos-, a quienes les han quitado los niños. Eso produce un miedo atroz en las mujeres y los maltratadores lo están utilizando. Es decir, la frase 'te quitaré a los niños' es
una frase terrible que todavía no ha despertado el estado de alerta suficiente como para que actuemos ante la primera mención. Así que creo que por ese lado podemos hacer cosas.


Hay una cifra preocupante que usted trajo hasta aquí, y se la agradezco una vez más, que es que se producen 446 denuncias diarias. Tenemos que hacer un poco de historia, porque la violencia de género fue una violencia que precisamente por
creer que era intrafamiliar, y en la familia nadie podía entrar porque era un coto cerrado -estoy hablando de los orígenes, allá por los años sesenta o setenta-, lamentablemente, nadie se animaba a denunciar. Hubo un caso, y aquí se fue testigo, de
una señora que fue la que precisamente comenzó en los años ochenta en Andalucía. La señora se animó a denunciar públicamente la violencia que padecía y fue asesinada al poco tiempo por su maltratador. Lo que quiero decir con esto es que cuando
comenzamos a nombrar un tipo de violencia y las mujeres comienzan a tener conciencia de lo que les está pasando y de cómo se llama, las denuncias aumentan. ¿Por qué? Porque ya no queda en un coto privado, como puede ser la familia, sino que la
mujer sabe que ese es un delito que tiene que pasar a lo público. ¿Por qué? Porque aparte siente que ahí fuera hay gente que la puede apoyar e incluso proteger. Por eso las denuncias aumentan. Pero es verdad que no solo aumentan por la
concienciación, sino que se ha visto que después de la pandemia -cuando las denuncias habían disminuido y habían aumentado las peticiones de ayuda telemática-, las mujeres se animan a salir y a denunciar personalmente como lo habían hecho antes.
Ese puede ser el dato que nos esté mostrando el aumento de las denuncias.


Me ha preguntado también usted acerca de las secuelas. Yo mencioné una secuela de pasada, que no por eso quiere decir que sea menos importante, que es la disociación cognitiva. La disociación cognitiva de una víctima de violencia, que se
produce precisamente por esto que yo definí o intenté definir de modo muy rápido como que la misma mano que acaricia, pega; es un mecanismo de defensa que permite seguir viviendo, pero lamentablemente produce una fractura cognitiva que hace que esa
persona se anestesie y que normalice lo que le está pasando y que en muchas ocasiones, incluso, lo niegue. Eso produce síntomas infinitos, como por ejemplo, trastornos del sueño, trastornos en la alimentación, trastornos en la sexualidad, la
incapacidad de disfrutar el ocio, la imposibilidad de relajarse o tener un momento de distensión y miles de cosas que se están tapando con psicofármacos, porque es algo automático y muy rápido, aparte de muy muy barato. Lamentablemente, las
secuelas en una víctima de violencia de género, primero, tienen las características de cada víctima y de cada historia vital de esa víctima, pero, en reglas generales, las que acabo de mencionar las vemos casi siempre. Los ataques de ansiedad son
muy comunes, las fobias y los miedos irracionales, también; irracionales entre comillas, por supuesto, porque no están asociados a algo puntual. Pero lo que sí puedo afirmar es que todas comparten que son secuelas a largo plazo y que están
instaladas como improntas a lo largo de muchos años. Espero haber respondido. Luego volveremos.


En cuanto al pacto de Estado, creo que usted mismo me preguntó sobre el eje 3 del pacto de Estado, si se están haciendo los informes y la formación de los agentes. Los equipos psicosociales de los juzgados es verdad que necesitan ser
formados con especialidad puntual en violencia de género. ¿Por qué? Porque algunas personas y algunos profesionales que los integran tienen formación en eso y otros no, porque son seleccionados desde una bolsa de trabajo que, a veces, no
necesariamente se trata de seleccionar con determinadas características. A grandes rasgos es esto.


¿Qué es un equipo psicosocial? Usted me dijo que le respondiera en qué consistía. Está formado por psicóloga y trabajadora social, y son las que evalúan un caso de acuerdo a lo que la jueza o el juez les pregunte, si hay riesgo, si no hay
riesgo. En el caso de niñas y niños, la mayoría de ellos tampoco tienen formación en psicología infantil, algunos sí, pero estoy hablando de la mayoría, algunos sí pero por voluntad propia. Por lo tanto, es necesaria una formación específica de
estos equipos e, incluso, hacer guardias, porque en los turnos de guardia no existen equipos psicosociales como para, por ejemplo,

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atender una urgencia. Dicen que no dan abasto porque a veces hay turnos para dentro de tres o seis meses y, a lo mejor, no se puede evaluar ni valorar un riesgo a lo largo de tanto tiempo.


Los recursos, ¿son suficientes? No, y no solo los recursos en equipos psicosociales. Creo que la justicia necesita una asignación de recursos como, por ejemplo, un programa que interconecte todos los juzgados. España tiene un programa
maravilloso, que lo tiene Hacienda, que interconecta absolutamente todos los gastos y compras que hacemos todas y todos los que vivimos aquí. Ese mismo programa sería importante que lo tuviera la justicia para que casos como el que sucedió, por
ejemplo, en Sueca, el caso que acabo de comentar de Valencia, no sucedan, porque no puede ser que se esté tramitando en un juzgado de violencia una causa donde hay impedimento de contacto con la madre y paralelamente un juez en lo civil esté viendo
las medidas de visitas de ese mismo hombre con los hijos. Entonces, creería que en eso la justicia es necesario que tenga asignación de recursos, si es que eso escasea por falta de recursos. De todas formas, luego habrá otra compareciente que creo
que va a hablar de recursos más específicos, especialmente para niñas y niños.


Señora Guinart, gracias. Gracias también por la lectura de mi estudio y por su interés en los datos que mostramos en él. La verdad es que fue un estudio que tuvo muchísima dedicación por parte de todas las que lo integramos, casi sin
financiamiento, eso hay que decirlo también, pero finalmente lo pudimos hacer. Hablo en tercera persona porque mis compañeras pusieron muchísimo interés y muchísima fuerza y tiempo extra permanentemente para poder terminarlo en el plazo que era
necesario.


¿Qué opinión me merece que ocurran asesinatos? En una semana, creo que fue la semana pasada o la anterior, hubo cuatro asesinatos; cuatro asesinatos en siete días, de verdad, es una alarma social que, sin embargo, no se produjo, y a mí me
preocupa mucho que no se produzca una alarma social más que la mención que se hace en recintos como este, especializados, con gente interesada, en comisiones especiales y nada más. Creería que tendría que dar lugar a una alarma muchísimo más
importante que la que está sucediendo.


En cuanto a campañas específicas para jóvenes, por supuesto, creo que ya lo respondí también. ¿Y qué podemos hacer? No cansarnos de tocar este tema y saber que tenemos que seguir día a día y permanentemente. No lo podemos dejar un minuto,
no lo podemos dejar en ninguna legislatura ni aplacarlo ni creer que ya está hecha la mayor parte, porque esto es algo que tiene que ser constante y permanente. De lo contrario, no lo vamos a erradicar. Insisto, esto es algo mundial. El mundo
entero tiene este grave problema. La brecha de género está en todos los países, incluso, en los que hoy en día consideramos muchísimo más desarrollados o más avanzados en este tema. Yo como psicóloga no receto, por supuesto, pero si tuviese que
hacer una receta diría: repetir, repetir y repetir, sin cansarnos y sin Pausa.


Por mi parte, creo que respondí a todo.


La señora PRESIDENTA: Muchísimas gracias.


Señorías, tienen el turno de réplica. Les rogaría, por favor, que fuera lo más breve posible porque llevamos un retraso bastante importante y tenemos la siguiente comparecencia pendiente. Por tanto, les pediría ese esfuerzo para que la
réplica fuera lo más breve posible.


Por el Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra la señora Nevado.


La señora NEVADO DEL CAMPO: Gracias, presidenta.


Señora Vaccaro, insisto, no son casos aislados. Usted ha dicho que yo he venido aquí con la excepción que confirma la regla. De verdad que quiero insistir, una y otra vez, en que no es una cuestión de sexos, es una cuestión de personas y
hay que abordar la violencia como es. Es una cuestión de personas malas y personas violentas.


Quiero insistir nuevamente en que mi grupo parlamentario condena enérgicamente la violencia que el hombre ejerce hacia la mujer, y con más vehemencia si además utiliza a los hijos para seguir haciendo daño a la mujer. Pero, señora Vaccaro,
al contrario, también existe la mujer que hace daño al hombre a través de sus hijos, y tenemos que intentar abordar la violencia en su totalidad. No solamente podemos abordar la violencia cuando la ejerce un hombre hacia una mujer. Yo sé que usted
ha insistido también en que se refiere, una y otra vez, al hombre violento, pero es que, a lo mejor, lo que usted no sabe es que en España las leyes no se hacen para los hombres violentos, se hacen para los hombres en general. La presunción de
inocencia no existe; el principio de in dubio pro reo, tampoco, y también ha hecho usted mención a que no me preocupe, porque la ley de violencia de género es constitucional porque así lo declaró el Tribunal Constitucional. Lo mismo usted tampoco
sabe que hubo un vicepresidente del Gobierno

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socialista, el señor Guerra, que afirmó que él había hablado con miembros del Tribunal Constitucional y que, efectivamente, le habían dicho que era una norma inconstitucional pero que estaban recibiendo muchas presiones. De verdad, señora
Vaccaro, yo le agradezco, porque es loable que usted esté preocupada por este tema, que quieran erradicar la violencia, pero hay que erradicar la violencia en general, violencia de los hombres hacia las mujeres y de las mujeres hacia los hombres y,
sobre todo, hacia los niños.


Le he pedido que se comprometiera conmigo, le he lanzado un reto de estudiar un solo caso, para que luego volvamos a hablar y me vuelva usted a decir que no existen las denuncias falsas. Tengo verdadero interés en poner aunque solamente sea
un caso encima de la mesa, se trata de alguien que hace siete años que no ve a su hijo porque la mujer no se quería separar y dijo: te vas a enterar. Y empezó con una denuncia tras otra. El proceso de divorcio, como usted bien sabe, lo paraliza
el proceso penal y este señor lleva siete años sin ver a su hijo, y es absolutamente inocente. Me gustaría enseñarle ese caso, de verdad. Luego, le daré mi tarjeta y me gustaría seguir en contacto con usted para estudiar y ampliar esta lacra que
tenemos delante. (Rumores).


Gracias.


La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Álvarez Fanjul.


La señora ÁLVAREZ FANJUL: Voy a ser muy breve.


Quiero agradecerle a la señora Vaccaro su comparecencia y darles una fecha, 18 de mayo de 2020, fecha desde la que no viene la ministra a esta Comisión. Ya que no hace caso a las peticiones de comparecencia de este grupo parlamentario,
también nos conformamos con una petición propia de comparecencia. Queremos que venga.


Gracias.


La señora PRESIDENTA: Señora Guinart.


La señora GUINART MORENO: Muy brevemente también.


Solo quería hacer hincapié en la necesidad de compromiso y de seriedad en la aplicación de las normas legales vigentes por parte de todos los operadores jurídicos y de los responsables institucionales. El Pacto de Estado contra la Violencia
nos apela a todas y a todos, a la sociedad en su conjunto, a las instituciones, a los actores políticos, y su renovación cuasi unánime, como lo fue su aprobación hace cinco años, no puede quedar en un mero compromiso que no vaya acompañado de un
verdadero impulso, que no tenga traducción en todas aquellas administraciones -central, autonómicas o locales- implicadas en esta lucha. Lo digo porque no siempre encontramos respaldo al pacto de Estado en todas las instituciones y, como ejemplo,
voy a poner el de la Comunidad Autónoma de Madrid, que ha recibido un severo varapalo por su mala aplicación no ya de los fondos del pacto, que también, sino por la de la ley integral 2004 en lo que a las ayudas a las víctimas se refiere. El
Tribunal Superior de Madrid ha dado la razón a una mujer víctima de violencia de género a la que la Comunidad de Madrid negó una ayuda económica. Esta sentencia anula, además, una norma de la comunidad autónoma que limita los supuestos en que las
mujeres pueden acceder a estos recursos públicos establecidos en 2004 en la ley integral, y esto, junto con el desaprovechamiento absoluto de los fondos del pacto de Estado, hacen que Madrid destaque por su desprotección a las víctimas. Y algo
parecido podemos afirmar de otras comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular. En Castilla y León no se han dignado a aprobar el protocolo que permite proteger a víctimas, aunque no hayan denunciado. Es un retroceso sin parangón, que
rompe la unanimidad en torno a la lucha contra el machismo y la desigualdad. Así lo ha calificado la ministra de Justicia, Pilar Llop. Es lo que tiene arrimarse a los negacionistas y compartir Gobierno con ellos.


Y, con esto, termino. Gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchísimas gracias, señora Guinart. Tiene, de nuevo, la palabra la señora Vaccaro.


La señora PSICÓLOGA CLÍNICA Y FORENSE, EXPERTA EN VICTIMOLOGÍA Y VIOLENCIA DE GÉNERO (Vaccaro): Vuelvo a agradecer a todas sus señorías la invitación y mi presencia aquí.


A la señora diputada de VOX le digo solo un detalle: fueron 153 las medidas de inconstitucionalidad que se le presentaron a la Ley 1/2004. No creo que el vicepresidente haya tenido que hablar 153 veces.

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O sea, que esto es sobrado y fue a lo largo de muchísimos años. Pero usted me acaba de pedir un reto y yo le pido otro reto a usted: estudie, por favor, junte casuística en ese sentido y, cuando tenga una cantidad de datos similar a la que
hizo que yo enuncie un concepto, hágalo también. Con mucho gusto veré un caso, como usted me dice. Por eso yo hablo de la excepción. Usted me habla de un caso (la señora Nevado del Campo: No, son muchos), me refiero al que me quiere plantear.
Entonces, con mucho gusto, técnicamente hablando como psicóloga, claro que la escucharé y podré ver de qué caso se trata, pero quiero que sepamos que estamos en un recinto donde tengo entendido -porque yo jamás pertenecí a la política partidaria-
que se legisla para la mayoría y para las generales de la ley, dice la palabra. Por lo tanto, no podemos legislar para la excepción que confirma esa regla. Yo vengo de la ciencia y a mí me han enseñado que, cuando se parte de una premisa falsa, se
llega a conclusiones falaces. Por lo tanto, si partimos de negar la violencia de género, lamentablemente, las conclusiones nunca pueden ser verdaderas. De todas formas, atenderé el caso puntual que usted está interesada en que yo conozca y le
agradezco muchísimo su interés en mi palabra, por supuesto.


A la señora Fanjul creo que no tengo nada que responderle ya, porque no depende de mí lo que usted señaló.


A la señora Guinart, mil gracias por traer el tema de los derechos de las mujeres víctimas. Solo quiero mostrarles en qué influenció lo que mencioné al comienzo, nada más, que era la inclusión del concepto de violencia vicaria en el pacto
de Estado en el año 2017 y que se considere a esas mujeres víctimas como víctimas de violencia de género. Hablé con alguna madre que me dijo que, gracias a ese derecho, ella se pudo trasladar laboralmente de la ciudad donde estaban viviendo y donde
asesinaron a sus hijas, porque no tenía a nadie ahí, a nadie de su familia. Solo se habían ido a vivir porque estaba con él y no se quería quedar más y, gracias a que la consideraron víctima de violencia de género, pudo pedir el traslado a un
puesto de trabajo a la ciudad donde tenía a su familia. Solamente quiero mencionar esto para que veamos la importancia de las palabras y la importancia de los conceptos que vamos incorporando.


Una vez más, mil gracias por todo. Buenas tardes. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Muchísimas gracias, señora Vaccaro.


Solamente quiero agradecerle su presencia hoy aquí, su contribución a través de esta comparecencia que en tan poco tiempo es verdad que no resume realmente toda la magnitud del trabajo que usted ha desarrollado y, sobre todo, para luchar
contra una de las lacras más graves y más urgentes que tenemos en nuestra sociedad, no solamente en este país, como usted apuntaba, sino que tiene una dimensión mundial, planetaria. Solamente podemos acabar con esto con firmeza y unidad, si no,
esto es un imposible. Los debates contribuyen a mejorar siempre las medidas políticas, legislativas, económicas, etcétera, y siempre es bienvenido ese debate, pero no podemos arrancar cuestionando precisamente esa violencia específica que va
dirigida no solo a las mujeres, sino también a los niños y a las niñas para hacer daño a las madres.


Quiero mostrarle mi agradecimiento en nombre de toda la Comisión. Aquí tiene su casa para cuando quiera volver de nuevo.


Muchísimas gracias. (Aplausos).


- DE LA SEÑORA PRESIDENTA DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE ABOGADOS DE FAMILIA, AEAFA (LOZANO ORTIZ), PARA EVALUAR EL DESARROLLO DEL PACTO DE ESTADO EN MATERIA DE VIOLENCIA DE GÉNERO. (Número de expediente 219/000848).


La señora PRESIDENTA: Señorías, comenzamos con la siguiente comparecencia. Damos la bienvenida a la señora Dolores Lozano, presidenta de la Asociación Española de Abogados de Familia, asociación que reúne a unos tres mil socios, abogados y
abogadas. Me indica la presidenta que el 80 % de la profesión son mujeres, con lo cual, creo que se nota ese acento de las mujeres. Es especialista en Derecho de Familia, y es una organización que cuenta con el reconocimiento de numerosas
instituciones, entre ellas el Consejo General del Poder Judicial, la magistratura constitucional especializada, el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional. Con lo cual, además de tener aquí la presencia de la presidenta de la Asociación
Española de Abogados de Familia, sabemos de su compromiso y de su trabajo también en el campo de la violencia de género. Le reitero nuestra bienvenida, señora Lozano. Tiene usted la palabra.

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La señora PRESIDENTA DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE ABOGADOS DE FAMILIA, AEAFA (Lozano Ortiz): Gracias, presidenta.


Señorías, muchísimas gracias, en primer lugar, por la oportunidad y por esta invitación que se ha brindado a la Asociación Española de Abogados de Familia para poder comparecer ante esta Comisión y darles a conocer nuestra perspectiva y
nuestras propuestas para el seguimiento, para la mejora del pacto de Estado. Cómo no, me uno a las condolencias a los familiares y a los seres queridos de las dos últimas víctimas de violencia de género.


Hay poco tiempo, es una hora muy mala, porque son las tres de la tarde, pero voy a intentar hacer un resumen lo más completo posible de qué es lo que nosotros consideramos que se puede mejorar en atención a la legislación que tenemos
actualmente. La premisa, aparte de la ley de violencia de género, es la Ley Orgánica 8/2021, de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia, una ley pionera, una ley fundamental y que lógicamente tiene su incidencia
directa en cómo influye la prevención de la violencia de género. Tiene como pilares cinco aspectos básicos: la sensibilización, la prevención, la detección precoz, la protección y la reparación del daño. Su finalidad es erradicar la violencia, la
protección del menor y la necesidad de preservar las relaciones familiares, si es posible y si es positivo para los niños y las niñas. Es una ley muy centrada en la prevención, es una idea esencial en los procesos de ruptura. Impone una adecuada
valoración inicial. Todo esto viene a renglón de que vamos a necesitar una serie de recursos para prevenir y para detectar. Es una ley que en su propia exposición de motivos exige una gran aportación en medios humanos, en medios de infraestructura
y, lógicamente, en inversión económica. Leyes de un calado social tan importante como la Ley Orgánica de Protección de la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia o como la ley que modifica la legislación civil y procesal para las personas
con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica son leyes que necesitan medios económicos, inversión, y muchas veces, por desgracia, la inversión, en lo que se refiere a la familia, desde mi punto de vista, no está a la altura que debería.
Como he dicho, exigen una gran aportación de medios, porque hay que identificar los grupos de riesgo para poder prevenir la violencia y hay que hacer un trabajo sobre la comunicación de las situaciones de violencia de forma ágil y segura. Tiene
especial importancia la familia como unidad básica de la sociedad, porque es el primer escalón para la prevención de la violencia, el refuerzo de los recursos de asistencia, asesoramiento y atención y la necesidad de dotar de apoyos a los
progenitores para que puedan llevar a cabo o desarrollar sus responsabilidades parentales.


Desde mi punto de vista, hay tres artículos fundamentales, el 26, el 28 y el 29. El artículo 26, porque promociona la corresponsabilidad y la parentalidad positiva, advierte de que no se utilice la parentalidad positiva para imponer una
guarda y custodia compartida no acordada; advierte de que no ha de ser relacionada la parentalidad positiva con situaciones como las del SAP, que no tiene un aval científico, y habla de programas concretos de formación de adultos, de niños, de
niñas y adolescentes en habilidades de negociación y de resolución de los conflictos intrafamiliares. El artículo 28 está dedicado a las situaciones de ruptura, en las que voy a incidir posteriormente. El objetivo es garantizar que las rupturas no
tengan consecuencias perjudiciales en el bienestar y el desarrollo de los hijos, el impulso de los servicios de apoyo, los puntos de encuentro y otros recursos -podemos hablar posteriormente de la coordinación de parentalidad-, el impulso de los
gabinetes psicosociales de los juzgados, de los servicios de mediación y de conciliación. Esto marca un objetivo claro, y es que va en una dirección distinta a algunas reformas. Y luego, el artículo 29 se refiere a las medidas concretas en
situaciones de violencia, que son: especial atención a la protección del niño, niña o adolescente, garantía de la detección, garantía de respuesta específica integral de apoyo necesario a las madres e hijos, garantía de atención especializada,
garantía de la recuperación, derivación y coordinación con los servicios de atención especializada y el seguimiento de los protocolos de actuación en la materia.


Lo que está claro es que la sociedad actual exige un alto grado de eficiencia y agilidad en el sistema judicial, una justicia eficaz que debe garantizar el respeto de los derechos fundamentales de todos para facilitar la paz social y porque
es un elemento estratégico no solamente en la actividad económica de un país, sino en su seguridad jurídica y un sistema de resolución de conflictos, y esto se eleva a la enésima potencia cuando estamos hablando de violencia de género.


Es importante también hablar de la ley ordinaria de apoyo a las personas con discapacidad, a las que me referiré posteriormente. La aplicación de estas dos leyes promulgadas en el año 2021 exige un alto nivel de especialización de todos los
operadores jurídicos y de todos los profesionales, porque la especialización reduce los costes marginales de la resolución de los casos, permite acortar la duración de

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los procesos, incrementa la cantidad, la calidad y la seguridad en las resoluciones y en las decisiones judiciales que se adoptan. Para ello se precisan, además, medidas eficaces y efectivas para que se preserve el derecho de los niños y de
las niñas a mantener su relación con su padre y con su madre con una respuesta rápida y especializada, pero siempre previniendo el riesgo de una situación de violencia, porque estas leyes lógicamente se rigen por una serie de principios de derecho
necesario y de protección del menor de los que no se impregnan otra serie de leyes.


Es importante destacar que en esta Ley Orgánica 8/2021 se estableció en la disposición final vigésima la especialización de los tribunales y de los jueces que dirijan estos tribunales para todos aquellos asuntos que se instruyen y se juzgan
sobre personas que han cometido delitos contra menores. Además, esta disposición final vigésima establece la obligatoriedad de la creación de la especialización en infancia, familia y capacidad. Pues bien, el Gobierno tenía un plazo desde que fue
dictada la Ley Orgánica 8/2021, y ha aprobado un proyecto en el Consejo de Ministros de 12 de abril de 2022, sobre el que se están presentando en estos momentos enmiendas, y la AEAFA lo ha hecho en el sentido que les voy a comentar.


Ustedes saben que a partir de que este proyecto sea virtualizado en una ley, en las capitales de provincia se va a reformar la planta judicial y van a ser tribunales y, dentro de estos tribunales, existirán las secciones: sección de lo
laboral, sección de lo Mercantil, sección de lo Civil, sección de lo Penal, sección Contencioso-Administrativo. Como regla general, en todos los juzgados de la capital, de tal manera que cualquier ciudadano de esa provincia -si es una comunidad
autónoma con una sola provincia, de la comunidad- pueda ser atendido o pueda acudir a esos tribunales con independencia del lugar de su residencia en dicha provincia. Pues el anteproyecto se ha descolgado -y lamento el término- con la dicción de
que las secciones de familia se establecerán, en todo caso, si hay carga de trabajo suficiente, mientras que las secciones de lo Mercantil se establecen con carácter general.


Les voy a explicar por qué. El 53 % de la población de nuestro país no tiene acceso a un juzgado de familia porque es el lugar de empadronamiento, el lugar de residencia, lo que determina que un ciudadano tiene este derecho cuando se
produce un conflicto en su vida familiar que tiene que ser resuelto por un tribunal, que es lo que determina la competencia del juzgado que te corresponde. Eso significa que solamente hay 126 juzgados de familia en nuestro país, y el resto de los
asuntos de familia son conocidos por juzgados de Primera Instancia o juzgados mixtos, que son aquellos que tramitan al mismo tiempo temas civiles de todo tipo y temas penales. Con lo cual, hay una discriminación del ciudadano por razón del lugar de
su residencia a la hora de que su asunto de familia sea conocido, sea decidido por un juzgado especializado de familia, que conlleva la adscripción de un equipo técnico, de un equipo psicosocial, y conlleva una serie de instrumentos accesorios que
no tienen los juzgados de instancia y no tienen los juzgados mixtos.


Si vamos al volumen de asuntos, les puedo decir que en el año 2019, según las estadísticas del Consejo General del Poder Judicial -y hablo del año 2019 porque es el año prepandemia y no podemos tomar como estadística fiable la de 2020-, se
tramitaron en total de asuntos civiles 2 384 147. Dentro de estos 2 364 000 se contabilizan los asuntos de familia, que fueron 557 142, es decir, el 25 % de los asuntos de ordinarios civiles. Esto sin contar dentro de este 25 % los procesos de
ejecución, que son todos aquellos procesos que se tramitan en los juzgados para cuando se producen incumplimientos de las sentencias, como el incumplimiento del pago de las pensiones o el incumplimiento del régimen de visitas; eso no está
contabilizado. Para atender a la especialización y a que todas las capitales de provincia en nuestro país tengan una sección de infancia, familia y capacidad, se tiene que atender al volumen de asuntos. Pues si contamos la jurisdicción mercantil,
la que se dedica a la empresa, en el año 2019, los asuntos fueron 106 798, es decir, una quinta parte de los asuntos de familia, y los asuntos de lo laboral, que tienen una jurisdicción especial -cuando digo jurisdicción especial o especialización
me refiero a que el juez que conoce en primera instancia es un juez especial, que cuando va el recurso de apelación a la sala de la Audiencia Provincial es un juez especial, que un juez no se puede pasar de una sección a otra si no es especialista
en la materia, no nos puede venir a una especialización de mercantil un juez que venga de penal o un juez que venga de contencioso-administrativo, sino que tiene que seguir una formación específica para poder abordar la materia-, se llevaron 374 000
asuntos, es decir, el 60 % de la cantidad de asuntos de familia. ¿Qué significa esto? Significa que desde la especialización no solamente de la materia de infancia y adolescencia contra la violencia, sino desde la especialización de los juzgados
de infancia, familia y capacidad, se va a poder mitigar y se va a poder prevenir la violencia de género y la violencia frente a los niños y las niñas.

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Les voy a hablar de unas conclusiones a las que llegamos la AEAFA junto con el Consejo General del Poder Judicial y la Abogacía Especializada, así como con los gabinetes técnicos de psicología y jurídica del menor y forense, en una reunión
que celebramos en Barcelona los días 3, 4 y 5 de noviembre de 2021. Abordamos la problemática que supone la falta de especialización y el impacto directo que esta falta de especialización tiene en la violencia de género, en la violencia doméstica y
en la violencia filioparental. Por el impacto social es prioritario el abordaje de una serie de reformas para mejorar la respuesta, para contener las situaciones de riesgo. Desde el ámbito jurisdiccional y desde el ámbito de la abogacía de
trinchera, la que estamos cada día en el juzgado, podemos observar que las grandes bolsas de violencia sobre la mujer no son las que se están llevando a cabo en los juzgados especializados de violencia. Ahí, en los juzgados de violencia,
fundamentalmente son los conflictos que han estallado en forma de malos tratos físicos, pero no nos podemos olvidar de que gran parte de las rupturas de pareja, de separaciones y de divorcios que se tramitan ante los juzgados civiles, que son los
juzgados de familia, los juzgados de instancia y los juzgados mixtos actualmente, existe una violencia larvada oculta que es necesario abordar especialmente cuando hay niños menores. La mala gestión de estos conflictos es un semillero de futuros
episodios de violencia en la fase posterior al enjuiciamiento. Por eso les digo que la contumaz negativa del legislador español, con independencia del Gobierno que esté en cada momento -pues la Asociación Española de Abogados de Familia llevamos
veinticinco años solicitando la especialización en infancia, familia y capacidad-, a crear la especialización en infancia, familia y capacidad con carácter general dentro de la jurisdicción civil perjudica enormemente a las mujeres, perjudica
enormemente a los niños y a las niñas y es un caldo de cultivo de hechos luctuosos, como ponen de manifiesto las estadísticas.


Señorías, hay dos herramientas básicas para lograr una sociedad igualitaria: la educación y la justicia como sistema de protección. Justicia y educación, dos servicios públicos a la ciudadanía que precisan de inversiones prioritarias, de
inversiones suficientes para poder abordar, proveerles de medios humanos, de medios tecnológicos y de, sobre todo, inversión para poder llevar a cabo todo lo que las leyes que se han promulgado -que son la ley de la infancia y adolescencia frente a
la violencia, como la ley de la capacidad- para que pueda llevarse a cabo todo lo que ellas han establecido. Desde luego, en ambas leyes se establece la necesidad imperiosa de que todos los operadores jurídicos -jueces, juezas, fiscalía, letrados
de la Administración de Justicia, todo el personal, los equipos técnicos, abogacía, procuradores- tengan una formación obligatoria en discapacidad y una formación obligatoria en violencia de género.


Hemos de tener en consideración la necesidad de abordar todos los asuntos desde la perspectiva de género, lo que nos abre la posibilidad de creer en el poder transformador del derecho, la posibilidad de visibilizar y de revertir los efectos
derivados de las estructuras de poder que sostienen la exclusión y la marginación. Nuestra magistratura está obligada a integrar el principio de igualdad real y efectiva en las resoluciones judiciales, y se tiene que razonar con una lógica distinta
a la de épocas pasadas, que resulte útil para remover los obstáculos que dificulten la igualdad efectiva.


Les voy a comentar una serie de cuestiones y de propuestas para someterlas a su consideración y valoración para, en su caso, estudiarlas por si pueden servir de ayuda para mejorar y para prevenir la violencia. Es la necesaria conexión entre
los juzgados de familia y los juzgados de violencia sobre la mujer. Les voy a hablar de la violencia de género oculta en los procesos civiles de familia. ¿Cuál es la finalidad de esta conexión que consideramos absolutamente necesaria? La
finalidad es la detección. Detectar las bolsas de violencia que no están en el juzgado de violencia, pero que deberían estar en el juzgado de violencia y están en el juzgado de familia. Les voy a hablar de la necesidad de una matrícula familiar.
Es una medida que consideramos imprescindible para resolver la coordinación y la falta de información que existe entre un juzgado y otro. Los juzgados no están conectados. Ni siquiera hay programas informáticos en muchos sitios donde el juzgado no
está conectado con fiscalía, donde utilizan sistemas informáticos diferentes y, además, el sistema siempre se cae. Esta es otra cuestión en la que nos encontramos. ¿Por qué? Porque esta falta de coordinación y esta falta de información da lugar a
situaciones como la de Sueca.


Una pareja que estaba en el juzgado de violencia, donde había una causa penal abierta contra el padre y, al mismo tiempo, estaban tramitando en un juzgado independiente un procedimiento civil, un convenio regulador. Evidentemente, si el
juzgado de familia tiene conexión no solamente a través del programa VioGen de esa familia, esa pareja o, de forma conjunta e individual, ese niño en alguna ocasión ha estado en un procedimiento judicial, seguramente el juzgado de familia o el
juzgado de instancia se hubiese inhibido completamente y hubiese pasado la competencia al juzgado de violencia. Estos desfases se producen.

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Una cosa es lo que dice el papel y otra cosa es lo que vemos cada día. Víctimas de violencia que no quieren denunciar, víctimas de violencia que dicen que quieren que su tema se lleve en el juzgado de familia porque no quieren denunciar.
Una cosa es el papel y otra cosa es lo que ocurre en el día a día. Esto sería una fórmula. ¿Por qué? Porque si existe esta matrícula a la que pudieran acceder cuando hay un proceso de familia o hay un proceso de cualquier índole para toda la
familia, cualquiera de sus miembros, podríamos ver si este señor, que ahora se está divorciando o se está separando de esta señora, ha tenido una relación, ha tenido un procedimiento anterior donde ha habido un asunto de violencia. Podemos ver el
histórico porque esos asuntos, que dejan de ser un número de juzgado, por ejemplo el 1, 2 o 3/2021, se convierte en López/Pérez. Eso significa que son personas que recurrentemente están en el juzgado. Cuando una familia tiene cuatro, cinco, siete
y hasta quince asuntos en un juzgado por separación, divorcio, ejecución, apelación, medidas previas, ejecución porque no paga la pensión, ejecución porque no tiene al niño, ahora le cambio de colegio o ahora no le cambio.


Cuando una familia tiene ese histórico de asuntos en el juzgado, ahí hay una situación que, como mínimo, llama la atención. No podemos olvidar que el justiciable querulante, el que continuamente está interponiendo procedimientos judiciales,
normalmente contra la mujer, para asfixiarla con procedimientos judiciales, esto es una victimización y hay que mirar qué es lo que está ocurriendo de esa manera. Por tanto, esto es una medida que consideramos que es perfectamente factible, además
no es cara y, si lo es, va a resultar barata porque cada vez que hay un procedimiento, el equipo psicosocial, si existe en el lugar donde se está tramitando ese proceso, que esa es otra, tiene que evaluar a esa familia. Entonces, nos evitaríamos
con todos los antecedentes tener que estar evaluando continuamente a la familia, y esto es un coste muy importante. En las comunidades autónomas donde el equipo psicosocial va colapsado y tarda hasta tres años en emitir un informe pericial, no
podemos tener una familia así... Entonces, el Ministerio de Justicia lo que hace es concertar con los colegios de psicólogos una bolsa de profesionales para que puedan llevar a cabo esas periciales.


¿Qué más creo que tenemos que hacer? La especialización obligatoria y la ampliación del catálogo de delitos constitutivos de violencia sobre la mujer a la violencia económica, como es el impago de las pensiones y el ahogo económico con las
pensiones; trabajar en un catálogo de los indicios más relevantes que ayuden a apreciar la existencia de violencia de género doméstica en sede de un proceso civil, aun cuando esta violencia no se haya denunciado; establecer con carácter
obligatorio la formación y que todos los operadores jurídicos cuenten con conocimiento sobre las repercusiones de las cuestiones de ámbito psicológico en el desarrollo de los niños, las niñas y de los adolescentes.


Muchas veces los operadores jurídicos que se dedican a familia -y cuando hablo de familia, me refiero a toda su extensión: infancia, familia, capacidad, violencia- no entienden cómo se comporta una víctima, no entienden que ese tipo de
secuelas pueden hacerla actuar de determinada manera, no entienden que ponga una denuncia y la retire, que vuelve a poner otra denuncia y la retire, que tenga dudas. Eso no se entiende porque desconocen cuáles son las repercusiones de un maltrato
continuado. Eso también pasa en los niños. No entienden cómo un padre o una madre puede llevar comportamientos de manipulación hacia los niños de tal manera que los niños se sientan posicionados a uno o a otro. No se entiende porque cuando hay un
maltrato de un hombre hacia una mujer evidenciada y objetivada, los niños, sobre todo los adolescentes, se ponen del lado del padre y dejan a la madre de lado, y se revictimiza de nuevo otra vez. Todo eso considero que hay que conocerlo, pero no
solo los psicólogos, evidentemente, sino la Abogacía y la Fiscalía para poder llevar a cabo un abordaje adecuado.


¿Qué recursos necesitaríamos? Puntos de encuentro. Puntos de encuentro bien organizados, señorías, no lo que tenemos ahora. Puntos de encuentro controlados con personas especializadas. Un punto de encuentro no es una guardería donde dejo
al niño, lo suelto hasta que regresa el otro a recogerlo y hago un informe al juez diciendo que el niño llegó bien, le dio un beso a su padre o le dio un beso a su madre, luego se marchó. No. Un punto de encuentro, con personal especializado.


La coordinación de parentalidad, tan discutida, para supuestos de alta conflictividad que no necesariamente tiene que coincidir con situaciones de violencia de género doméstica o filioparental. Aquí el quid de la cuestión es tratar de
dirimir lo que es una relación conflictiva por su ruptura de pareja de una relación de violencia de género. Esto es importante. Si quieren, luego, en las preguntas o si nos da tiempo, puedo hablarles de las conclusiones del servicio de
coordinación de parentalidad de Navarra.


Por tanto, desde el ámbito judicial, aparte de la especialización, proponemos la introducción de la perspectiva de género en la resolución de los conflictos, la coordinación y cooperación entre los juzgados de violencia y los juzgados de
familia, la necesidad de ampliar el catálogo de los delitos, de ampliar el

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catálogo de los indicadores de riesgo, de dar audiencia a los niños siempre que haya indicios de violencia sobre la mujer, a pesar de que los progenitores hayan llegado a un acuerdo en el convenio regulador que hayan podido firmar en un
juzgado de violencia. No olvidemos que un juzgado de violencia tramita la pieza de violencia, pero también tramita la pieza de familia. Los fiscales tienen que escuchar a los niños, aunque sea un proceso de mutuo acuerdo. En la vía civil no se
escucha a los niños cuando es un proceso de mutuo acuerdo. Claro que, para que los fiscales puedan escuchar a los niños, señorías, necesitamos muchos más fiscales, porque si hay una deficiencia en este país, aparte de los jueces, es de fiscales y
habrá que crear más plazas de fiscales. Si hay un fiscal para cuatro juzgados de familia y los cuatro juzgados de familia señalan al mismo tiempo, y estoy hablando de los sitios donde hay juzgados de familia, el don de la ubicuidad de momento no
existe. Entonces, hay procedimientos de familia donde sí o sí tiene que estar el fiscal porque la ley lo dice, y no puede estar porque está en otro lado. Esto, de alguna manera se tiene que evidenciar y, desde mi punto de vista, se tiene que poner
en conocimiento, la aplicación, lógicamente, del párrafo cuarto del artículo 94, en caso de que se aprecie existencia de indicios de violencia sobre la mujer, en el caso de resolver y la necesidad de adoptar medidas de protección en los niños, en
supuestos de indicios de violencia, aunque la víctima no quiera denunciar y no se esté tramitando el asunto en la vía del juzgado de violencia.


Otra cuestión es la perspectiva desde el ámbito del trabajo social forense. La violencia invisibilizada. La macroencuesta que hizo el Ministerio de Igualdad sobre violencia de género en 2019 apuntó que el 25 % de las mujeres que sufren
violencia no lo denuncian, y la verdad es que no es extraño. No es extraño porque en los procedimientos de familia encontramos situaciones de violencia que deberían ser puestas en conocimiento del juzgado de violencia y no se hace, y situaciones de
violencia que estaban en el juzgado de violencia que, o se archiva, o se sobresee la causa y vuelven al juzgado de familia, y hay una violencia soterrada en el orden civil de los juzgados de familia. Por tanto, entendemos que se tiene que abordar
la perspectiva de género de una manera transversal entre los órdenes judiciales civil y penal y que tiene que existir una verdadera coordinación entre ambos.


Además, considero poner en alza las aportaciones del trabajo social forense, que valora y evalúa la interacción de la persona con las diferentes dimensiones de su vida. En el tema de la violencia es importantísimo ver las redes de apoyo
formales e informales, es decir, desde el ámbito familiar, formativo, económico, laboral, sanitario, social y, además, tener en cuenta un indicador muy relevante desde nuestro punto de vista, que es el abuso y la violencia económica que impide a las
mujeres y a los niños menores acceder a los recursos económicos.


Otra forma de ejercer un control y ejercer un tipo de violencia es cuando, sin justa causa, el maltratador se opone siempre a cualquier propuesta de decisión de responsabilidad parental compartida: el cambio de colegio, tener que
trasladarme de sitio o un tratamiento médico para los niños. Esto es una forma que, en cualquier caso, tendríamos que sensibilizarnos más para poder suspender las funciones de la patria potestad durante determinado tiempo, sobre todo cuando estamos
inmersos en un procedimiento de violencia a efectos de no boicotear continuamente la vida de la madre con los hijos. Lógicamente, a la violencia vicaria no me voy a referir por la cortedad de tiempo que tengo y porque Sonia lo ha explicado
estupendamente, y ratifico todo lo que ha dicho.


Es necesario que los equipos técnicos psicosociales sean más eficaces. Es la opinión de la abogacía especializada no solamente de la AEAFA, sino también de la SCAF, de la Sociedad Catalana de Abogados de Familia. Nosotros tenemos un
observatorio de derecho de familia, una encuesta que pasamos de forma más o menos periódica a todos nuestros asociados y asociadas, que somos casi 3000 en todo el territorio español. Con ello formulamos una serie de preguntas para que nos vayan
diciendo, desde el punto de vista profesional, qué es lo que está pasando en sus ciudades, en los lugares donde estamos ejerciendo. Es evidente que el equipo psicosocial y la forma de llevar a cabo la exploración de los niños tienen los primeros
puestos de queja. El equipo psicosocial, por las deficiencias en los informes, por la falta de especialización, por la ausencia de protocolos, por los plazos de emisión.


Esto no solamente lo decimos nosotros, también lo dice el Defensor del Pueblo en sus informes y sus homólogos de las defensorías de las comunidades autónomas. De hecho, el Defensor del Pueblo ha emitido un informe explicitando lo mismo que
estamos diciendo desde la Asociación Española de Abogados de Familia. Las recomendaciones que realiza, y que nosotros también consideramos que se tienen que tener en valor, son: establecer que los equipos psicosociales tengan un número mínimo de
personas que deben formar parte del equipo, su especialidad, su formación continua, los criterios, las metodologías, la forma de hacer el informe pericial, la posibilidad de poder responder y contrastar este

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informe en la sede judicial; por tanto, protocolos de actuación. Desde nuestro punto de vista, consideramos que es un valioso instrumento de apoyo para analizar cómo podrían organizarse los equipos de psicólogos.


Nosotros somos conscientes de que no todas las comunidades autónomas tienen transferidas las competencias de justicia. Esto, a efectos prácticos del ciudadano o a efectos prácticos de los profesionales que nos dedicamos al mundo del derecho
y, sobre todo, a esta rama del derecho, nos produce una serie de inconvenientes bastante importantes. Estos inconvenientes se deben a que, como no hay protocolos de actuación, no hay un seguimiento, no funciona del mismo modo y nos crea un grave
problema. Por tanto, una de las propuestas que consideramos que sería bueno realizar es que hubiese una coordinación entre el Ministerio de Justicia y las comunidades autónomas para establecer criterios unitarios y protocolos de actuación de todos
los integrantes de los equipos psicosociales, con independencia del lugar donde estos equipos psicosociales estén radicados o con independencia de la comunidad autónoma o si pertenecen al ministerio, para poder llevar a cabo una atención
especializada, con unas garantías de estudio y forma de emitir ese informe. Informe que, tanto para el ámbito penal, cuando estamos en sede violencia de género, como pata el ámbito civil, cuando estamos en sede de un proceso de separación o
divorcio, donde el juez tiene que considerar la opinión del equipo técnico para establecer qué sistema de custodia va a ser el más adecuado para los niños, cómo tiene que desarrollarse el régimen de visitas y para la detección de si puede haber
violencia de género. Es fundamental que exista este tipo de protocolos y actuaciones de control.


Creo que un instrumento que puede ser tenido en consideración para ver cómo se ha hecho es el informe especial sobre los equipos psicosociales de Andalucía al servicio de la Administración de Justicia que llevaron a cabo una serie de
actuaciones con dicha finalidad. Además, está compuesto por todo el personal de la psicología y de trabajo social del instituto encargado de realizar todas las valoraciones de las ocho provincias de Andalucía para establecer estos criterios de
actuación, estos protocolos, y que sea la dirección del instituto el que fije los criterios para repartir, entre todo el personal que forma parte de estos equipos de toda la comunidad autónoma, la pericia requerida, porque no todos los profesionales
tienen la misma formación y especialización a la hora de emitir un informe y, además controlar los tiempos de emisión.


Otra de las cuestiones de las que les quería hablar es cómo se explora a los niños en sede judicial o cómo debería explorarse a los niños. Me estoy refiriendo tanto en el ámbito de los juzgados de familia o del orden civil como en el ámbito
penal. Ya todos sabemos que el niño tiene derecho a ser oído, a ser escuchado sin discriminación de ningún tipo y que, además, se debe tener en consideración sus opiniones en función, lógicamente, de su edad y su madurez, y debe recibir una
información en un lenguaje comprensible y en formatos accesibles adaptados a sus circunstancias. Evidentemente, todo esto viene ya establecido en una serie de leyes -la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor, la Ley de la Jurisdicción
Voluntaria-, pero el problema que quiero ponerles en evidencia es que, desgraciadamente, los niños que tienen que ir al juzgado no tienen todos la misma suerte a la hora de ser explorados, pues dependiendo del juzgado, de la localidad, del juez o
del fiscal, esa exploración se lleva a cabo de una manera o de otra.


No estamos pidiendo que sea como funciona en Navarra, que tienen una sala magnífica y estupenda con mobiliario infantil, donde los niños entran, se sienten cómodos. No estamos pidiendo esto. También nos gustaría poder tener como el
proyecto piloto que hay en un juzgado de Madrid, donde los niños son explorados y el juez está allí con una serie de perros y mascotas, y los niños están encantados y se abren, y todo es más asequible para los niños. Estamos pidiendo que los niños
no tengan que ser explorados en la sala de vistas. Los niños no tienen que ser explorados con el juez togado, el fiscal togado y todo el mundo vestido de negro. Los niños tienen que ser explorados con sensibilidad. Tiene que haber un protocolo de
recibimiento y un protocolo de salida, para liberar al niño de la culpa que le supone y de lo mal que se siente por haber tenido que ir allí a contestar una serie de preguntas. A un niño no se le puede preguntar a quién quieres más, si a papá o a
mamá. A un niño no se le puede preguntar: Tú ¿con quién quieres vivir, con papá o con mamá? A un niño no se le puede preguntar: ¿Verdad que tú quieres estar con tu padre los martes y los jueves como haces ahora? A los niños no se les puede
preguntar de ese modo. Las personas, jueces, fiscales y letrados de la Administración de Justicia, que realizan una exploración tienen que tener una formación, y esa formación tiene que ser acorde a las necesidades de los niños, porque, si no,
estamos victimizando y maltratando institucionalmente a los niños, y eso no es de recibo. Por tanto, sería importante tener en consideración estas cuestiones. Además, aquí no hay que perder de vista que en la exploración de un niño en la vía
penal, que se hace para preconstituir la prueba y para que

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el niño no tenga que repetir continuamente lo que ha pasado o lo que ha podido pasar, el juez de violencia tiene que tener formación sobre cómo tratar a un niño. Por tanto, la especialización es fundamental, ya no solo porque tengas la
suerte de vivir en el centro de la capital y te toque un juzgado de familia, sino porque cualquier ciudadano y cualquier niño o niña de nuestro país tiene derecho a que, cuando tenga que ser explorado judicialmente, el juez o la jueza que le reciba
sepa tratarle y confortarle adecuadamente.


Creo que me he pasado de hora ya. Me queda mucho por decir, pero, como supongo que hay un turno de palabra y que ni habéis comido, me sabe fatal seguir. Doy por finalizada la comparecencia, pero les pido por favor especialización,
formación y que, como Comisión del pacto de Estado, tengan la vista muy puesta en las enmiendas que varios grupos hemos presentado al proyecto de ley de eficiencia organizativa, que es en el que viene necesariamente en desarrollo de la Ley Orgánica
8/2021, para la creación de la especialización de infancia, familia y capacidad, además de los juzgados de violencia contra la infancia y la adolescencia, porque no perdamos de vista que, si esto no se hace, no vamos a parar la violencia en absoluto
y se nos escapará por las rendijas del cesto una parte importante de lo que tenemos que abordar. Desde mi punto de vista, creo que esto es una buena propuesta y medida para mejorar el pacto de Estado.


Muchísimas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchísimas gracias, señora Lozano.


La portavoz del Grupo Parlamentario Popular me pide, por favor, intervenir antes, porque tiene que marcharse a votar. Creo que la precede en el uso de la palabra la señora Franco. Si lo permite, señora Franco. (Asentimiento).


Señora Romero.


La señora ROMERO SÁNCHEZ: Muchísimas gracias, señora presidenta, y muchísimas gracias a las portavoces que me ceden la palabra, porque efectivamente tengo que participar en otra Comisión.


En primer lugar, quiero darle la bienvenida y agradecer su comparecencia a la presidenta de la Asociación Española de Abogados de Familia, doña María Dolores Lozano. Bienvenida. También quiero agradecerle que comparta su trabajo y sus
experiencias al frente de la asociación con esta Comisión, en la que trabajamos para erradicar la violencia de género. Ese es nuestro compromiso y esa es la razón de ser de esta Comisión. Sobre todo, queremos felicitarla porque ha hecho una
exposición brillante y cargada de muchas propuestas. Es un diagnóstico muy práctico de qué se vive, de cómo se vive y de cuáles son los procedimientos de separaciones y de divorcio, especialmente en los que hay violencia de género, y cómo esos
procedimientos se llevan a cabo en los juzgados de nuestro país. Creo que sus propuestas nos ayudarán todavía más a que nuestras decisiones como Legislativo puedan ser más acertadas, en definitiva, nos ayudan a hacer nuestro trabajo.


En el Grupo Parlamentario Popular estamos comprometidos con erradicar la violencia de género, con luchar contra la violencia de género y, desde luego, en las diferentes responsabilidades que hemos tenido siempre hemos estado ahí, como no
puede ser de otra manera. Yo quiero poner en valor también el Pacto de Estado Contra la Violencia de Género. Realmente, esta Comisión nace a raíz de ese pacto de Estado, que es una hoja de ruta muy importante y una herramienta muy útil para el
Gobierno y para todos los poderes públicos de cara a prevenir la violencia de género, a proteger a las víctimas, a las mujeres y a sus hijos, y, por supuesto, para sensibilizar y a concienciar, porque desgraciadamente sigue existiendo. Es una gran
lacra social en la que debemos estar todos unidos. Luchar contra la violencia de género es una cuestión de Estado. La unidad y la buena coordinación de todas las administraciones, de todas las entidades, conjuntamente con la sociedad civil y, por
supuesto, con toda la sociedad en general es en donde debemos estar. En definitiva, ese es el marco en el que trabajamos en el Pacto de Estado Contra la Violencia de Género.


En lo que llevamos de año ha habido ya veintiuna mujeres víctimas de violencia de género y un menor. Esta semana ha sido de nuevo una semana terrible: dos mujeres han perdido la vida por la violencia de género. Desde luego, en nombre del
Grupo Popular y en el mío también queremos mostrar nuestro cariño y solidaridad a las familias, porque es terrible. Sobre todo es terrible ver que estos datos no paran, todo lo contrario, y estamos hablando de personas, de víctimas, y muchas veces
los números se ven de forma fría. Repito, lo más importante es que no para. Y en función de los datos que se están dando, el propio Observatorio de Violencia de Género del Consejo General del Poder Judicial está diciendo que está incrementando el
número de denuncias y el número de víctimas. Por tanto, queda mucho camino por recorrer.


Nosotros venimos denunciando que el Pacto de Estado Contra la Violencia de Género está demasiado parado y que se necesita el impulso y el liderazgo del Gobierno que tenemos en este momento, sobre

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todo teniendo en cuenta que su ejecución no se está llevando a cabo al ritmo que se debería; así lo hemos venido diciendo. Se ha prorrogado este Pacto de Estado Contra la Violencia de Género -lo firmaron prácticamente todos los grupos,
menos el Grupo Parlamentario VOX-, pero firmamos la prórroga y no sabemos mucho más, porque no se está liderando ni se está impulsando un pacto de Estado que está demasiado paralizado. Y me gustaría preguntarle si tiene información sobre este
asunto, si desde el Ministerio de Igualdad se está contando con la asociación que usted representa hoy aquí de cara a ejecutar esas medidas.


Nos ha puesto encima de la mesa los problemas que hay ahora mismo en cuanto a la falta de especialización en nuestros juzgados que ustedes están demandando. Efectivamente, en la reforma judicial que se quiere llevar a cabo, en ese
anteproyecto de ley de eficiencia de la justicia, se está dejando al margen la creación de esas secciones de infancia, familia y capacidad, tan necesarias y tan importantes para resolver esos conflictos familiares, en los que se puede, agudizar más
el enfrentamiento y el conflicto y, por tanto, la violencia. A nosotros nos preocupa esto. Nos consta que nuestro grupo parlamentario ha estado reunido con su asociación y estamos estudiando esas enmiendas. La propia Ley 8/2021, de Protección
Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia, ya contempla la necesidad de esos juzgados de familia. Nos preocupa enormemente que los juzgados de familia se dejen al albur de la carga de trabajo, porque efectivamente se va a
producir esa discriminación que nos ponía encima de la mesa. Yo, que soy de una tierra rural, pienso en el medio rural, donde, desgraciadamente, es más difícil denunciar la violencia de género, donde la violencia de género es todavía más invisible,
y creo que esas mujeres lo van a tener todavía más difícil en esas situaciones, porque no van a poder contar con esos juzgados de familia en los que, claro, va a haber menos carga de trabajo.


La señora PRESIDENTA: Señora Romero, tiene que ir finalizando.


La señora ROMERO SÁNCHEZ: Con lo cual, vamos hacia una discriminación en función del código postal que nos preocupa enormemente.


Y respecto al caso de Sueca, al que ha hecho referencia...


La señora PRESIDENTA: Señora Romero, lleva un minuto.


La señora ROMERO SÁNCHEZ: Termino. Simplemente treinta segundos para decirle que nosotros, el Grupo Popular, ya preguntamos a la ministra de Igualdad y a la Delegación de Violencia de Género qué medidas iban a tomar, y me gustaría saber si
se ha contado con su asociación, desde el Ministerio de Justicia o desde el Ministerio de Igualdad, para mejorar esos sistemas de alerta, de conexión, de comunicación y de interoperabilidad que deben tener entre juzgados y que usted ha denunciado
aquí que no se están produciendo. Hemos visto casos, como el caso de Sueca, en el que esto efectivamente se ha producido y que se llevó de víctima a un menor.


Termino felicitándola porque nos ha hecho una exposición magnífica. Muchísimas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Romero.


Tiene la palabra la señora Franco.


La señora FRANCO CARMONA: Gracias, presidenta.


En primer lugar, quiero darle las gracias a la señora Lozano Ortiz. Ha sido muy interesante la exposición que ha realizado. De hecho, creo que nos ayuda a todos los grupos parlamentarios a poder seguir con nuestro trabajo para garantizar
que las medidas que están dentro del Pacto de Estado en materia de Violencia de Género se puedan implementar y pasar más allá del papel. Creo que es justo decir que este Gobierno está poniendo en marcha medidas que hasta ahora no teníamos y que no
habían estado sobre la mesa con Gobiernos anteriores. Creo que esos son avances, grandes avances, como usted también ha dicho en su exposición, y es cierto que cuanto más vamos avanzando, más claramente vamos viendo también las deficiencias del
sistema. En todo caso, creo que es importante que vayamos dando esos pasos, que son pasos valientes en la respuesta hacia las mujeres y hacia los niños y niñas que son víctimas de violencia machista.


En este sentido, creo que se puede destacar -también lo ha destacado usted, no le voy a decir nada nuevo- el trabajo que están haciendo tanto el Ministerio de Igualdad como el Ministerio de Derechos Sociales en coordinación, ambos dos, con
la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual. No se ha metido en profundidad en la violencia vicaria, porque hay muchas cosas de las que hay que hablar

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y de las que ya hemos hablado en la comparecencia anterior, pero esta ley reconoce la violencia vicaria, igual que reconoce otros tipos de violencia que en la anterior ley no estaban, aunque supuso también un gran avance respecto a la
situación que teníamos en aquel momento, en 2004. La verdad es que la ley contra la violencia de género supuso un enorme avance para esta sociedad y para la protección de las mujeres, de los niños y las niñas, igual que esta nueva ley supone un
gran avance y reconoce otro tipo de violencia conforme a lo que dicta el Convenio de Estambul, y también la Ley orgánica de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia, la Ley 8/2011, que, como decía, salió del
Ministerio de Derechos Sociales y en coordinación con el Ministerio de Igualdad, igual que con otros ministerios, por ejemplo el de Justicia.


Creo que en ese sentido es importante el reconocimiento por ley, por una ley orgánica además, de medidas que se acordaron aquí, en el pacto de Estado contra la violencia de género, que, como bien ha dicho la portavoz del Partido Popular, no
solamente se ha actualizado, sino que ya no es temporal, ahora es un pacto orgánico, estructural, que recoge medidas como la del falso síndrome de alienación parental, que carece absolutamente de ninguna base científica y que, desgraciadamente, en
muchos casos, por no decir en todos los casos, va en perjuicio de la mujer y de los niños y niñas. También recoge en la medida 204 el establecimiento del carácter imperativo de la suspensión del régimen de visita en los casos en los que se haya que
se hubiese presenciado, sufrido o convivido con situaciones de violencia. Se recogen otras medidas, como la del artículo 26.3, que en ningún caso pueda haber actuaciones para promover la parentalidad positiva que sean objeto de conflicto.


En ese sentido, como ya le digo, no voy a decir nada nuevo. Simplemente quiero agradecerle su intervención y decirle que recogemos desde el Grupo Parlamentario de Unidas Podemos las propuestas, y este Gobierno también creo que las va a
recoger, porque sinceramente creo que es un Gobierno que se toma muy en serio la lacra de la violencia machista que sufrimos las mujeres por el simple hecho de ser mujeres y que sufren los niños y niñas como víctimas de esa violencia machista y a
los que, por supuesto, hay que proteger igual que a las mujeres para terminar con esta lacra. Nada más. Simplemente decirle que recogemos sus propuestas, que creo que son muy adecuadas.


Gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchísimas gracias.


Tiene la palabra la señora De Meer.


La señora DE MEER MÉNDEZ: Gracias, señora presidenta.


Gracias a la señora compareciente. La verdad es que me ha gustado mucho escuchar la palabra familia muchas veces, que no se escucha en estas comisiones muy a menudo.


Le agradezco además que nos traiga de una manera tan profesional un diagnóstico de las carencias que sufre la jurisdicción de familia, a su juicio y en su dilatada experiencia, como el hecho de que la mitad de los españoles, por ejemplo, que
yo, por lo menos, lo desconocía, tengan un acceso igualitario a los juzgados de familia, lo que ha dicho usted de la necesaria coordinación, o la unidad, que también usted ha venido a decir aquí que considera imprescindible, y desde nuestro grupo
parlamentario todo lo que sea mejorar la profesionalización y una jurisdicción necesaria va a ser considerado y va a ser estudiado.


Sin embargo, yo quiero incidir en cuestiones quizás un poco más políticas, más incómodas, pero que consideramos absolutamente necesarias para avanzar en el camino de la profesionalización de la justicia. (La señora vicepresidenta, Franco
Carmona, ocupa la Presidencia). Estoy absolutamente segura de que usted, en su dilatada experiencia, ha visto y no es ajena a los problemas adicionales y silenciosos que está provocando la Ley Orgánica 1/2004, integral de violencia de género, una
ley manifiestamente inconstitucional que ataca principios y derechos fundamentales como la presunción de inocencia. Usted ha dicho también en su intervención que hemos de garantizar los derechos fundamentales de todas las personas. Pues bien, esta
ley no garantiza los derechos fundamentales de los varones por el hecho de ser varones y al mismo tiempo crea tribunales de excepción. Consideramos que esta ley está teniendo problemas que además ustedes, los abogados de familia, nos trasladan a
nuestro grupo parlamentario de manera muy recurrente, porque en el seno de problemas familiares, de problemas de rupturas de parejas, los procesos de violencia de género están siendo utilizados en muchas ocasiones para atacar indiscriminadamente a
los varones por el hecho de ser varones, y están siendo atacados además desde el punto de vista judicial para alejarlos de los niños. Estoy convencida de que usted lo sabe, como lo conocen los abogados de familia que nos han trasladado y nos
trasladan recurrentemente casos. Si nos vamos a los propios datos del Consejo General del Poder Judicial, en el informe anual sobre violencia de

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género, observamos cómo un 43,7 % de las denuncias presentadas en 2021 fueron tumbadas en el primer eslabón judicial. Es un indicio bastante grave el hecho de que el 43,7 % de estas denuncias fueran tumbadas en el primer eslabón, o sea, que
existe una utilización de estos procedimientos de manera ilícita, aprovechándose de este resquicio inconstitucional de la Ley 1/2004.


Al margen de esta pregunta, que quizás sea más incómoda, pero le ruego honestidad en su respuesta, quisiera también plantear la cuestión de los suicidios, de los miles y miles de hombres que se suicidan tras estos procesos traumáticos en los
cuales se les priva de poder ver a sus hijos durante uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis o siete años, todos los años en los que se vayan dilatando estos procedimientos, y que son apartados de sus hijos, a los que no vuelven a ver.


Por otro lado, quiero agradecerle la especial sensibilidad que ha mostrado con los niños, sensibilidad que compartimos absolutamente. Pensamos que los niños son lo más sagrado que tiene una sociedad, y esta sociedad está demostrando una
hostilidad especial con los niños, fundamentalmente con los niños más vulnerables. Es un una lacra que evidentemente hay que combatir esta falta de sensibilidad a los niños y fundamentalmente, aunque no venga al caso en esta Comisión, a los niños
no nacidos.


Por último, quería decirle que a nuestro grupo parlamentario le encantaría avanzar en esta profesionalización de la jurisdicción de familia, en liberar a la sociedad de esta ideología que está entorpeciendo recurrentemente los casos que ya
son traumáticos y que está diferenciando las violencias en función de quién las ejerza o quién las sufra. Acabamos de conocer el asesinato por arma blanca de un hombre a manos de una mujer en Villagarcía de la Vega, en León. Este asesinato de un
hombre por arma blanca a manos de una mujer tiene el mismo valor que el de una mujer por arma blanca a manos de un varón. Es una cuestión de absoluto sentido común en la que nuestro grupo parlamentario se encuentra solo y abandonado en esta Cámara
en la afirmación de que todas las víctimas merecen el mismo respeto, independientemente de quién sea su asesino.


La señora VICEPRESIDENTA (Franco Carmona): Tiene que ir terminando, señora De Meer, porque se ha acabado su tiempo.


La señora DE MEER MÉNDEZ: Ya termino, señora presidenta. Avanzando y ahondando en el concepto de violencia de género ustedes están haciendo daño a la realidad, están haciendo daño a las mujeres verdaderamente maltratadas por animales y
están haciendo daño a los niños asesinados; sea cual sea el sexo del asesino, estos hechos son igualmente reprobables.


Muchísimas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Franco Carmona): Gracias.


Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Guijarro.


La señora GUIJARRO CEBALLOS: Gracias, presidenta.


Gracias, señora Lozano. Bienvenida a esta casa y a esta Comisión. Muchísimas gracias por las aportaciones y por la labor que realizan todas y todos ustedes.


En primer lugar, cuente con la complicidad de este grupo parlamentario en la tarea de esa justicia que usted decía antes, esa justicia eficaz tan necesaria. Nos consta que se han reunido con compañeros nuestros de Justicia para tratar la
propuesta de especialización en las secciones de infancia, familia y discapacidad en esa nueva ley que vamos a tener de eficiencia procesal y organizativa, que se está tramitando y que creo que va a dar ese impulso que ustedes también reclaman de
modernización de la justicia, especialmente para ser muy eficaces en la lucha contra la violencia machista, que nos hace mucha falta, efectivamente, y también esa cuestión que usted hablaba de la matrícula familiar.


Ciertamente, todo es mejorable en la Administración de Justicia. Nos consta, por ejemplo, que los datos entre juzgados se pueden y se deben consultar en el inicio del proceso y durante el proceso y, por supuesto, siempre antes de dictar
sentencia, pero, como digo, todo es mejorable, y en eso está el Gobierno. También la ley de eficiencia organizativa en la que se está trabajando habla de crear dentro de los tribunales de instancia esa sección específica de violencia de género, que
va a atender todo lo que tenga que ver directa o indirectamente con la violencia de género, preferentemente lo relacionado con la familia. Por cierto, el concepto de familia es un concepto amplio y diverso, y en este país tan moderno y tan
democrático tenemos ya ese concepto de la familia.


Como decía, todo es mejorable. Es verdad que estamos recuperando el tiempo perdido con otros Gobiernos, ya que no se había puesto el foco en esta cuestión, pero me gustaría recordar que, aunque

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parezca de Perogrullo, estamos en la Comisión de Violencia de Género y, por desgracia, para las mujeres de este país la violencia machista existe. Es una violencia ejercida contra las mujeres por los hombres violentos por el hecho de ser
mujeres y así las cifras lo demuestran y quien lo niegue estará, una vez más, del lado de los maltratadores.


Además, en las últimas décadas hemos tomado conciencia de la importancia de atender un delito que ocurría en la familia, en la intimidad de la relación, en el interior de la casa, en el interior de esa familia absolutamente tradicional que
algunos solo quieren defender y que por ello se consideraba muy privado: la violencia contra las mujeres en el marco de esas relaciones familiares y de pareja.


Pero las mujeres continúan siendo asesinadas a manos de hombres violentos que no aceptan ser dejados o contrariados en ese afán de controlarlas y de someterlas y no aceptan que se cuestione ese poder de paterfamilias y ese privilegio que el
patriarcado les ha dado durante tanto tiempo. Es verdad que a menudo que hemos ido generando, afortunadamente para este país, nuevas leyes, órdenes de protección, dispositivos que cubren la brecha en la desigualdad entre mujeres y hombres, los
hombres violentos también han ido modificando y generando nuevas formas de continuar ejerciendo la violencia con ese objetivo de dominar a quienes consideraban de su propiedad, en este caso a los niños y las niñas. Quiero decir aquí que esa
violencia vicaria, de la que nos ha hablado también la anterior compareciente, es una de las formas más crueles de ejercer la violencia contra las mujeres; se quiere dañar a la mujer y ese daño se hace a través de esos terceros. (La señora
presidenta ocupa la Presidencia). Y esa gran derivada -los menores- es la que está contemplada en esa reciente aprobada ley de protección de infancia y adolescencia frente a la violencia en la que alguna de mis compañeras aquí presente hoy ha
trabajado muchísimo.


Se han incluido medidas de protección que nos parecen un gran acierto. Estas medidas -sé que se han dicho ya, pero me gustaría resaltarlas una vez más porque creo que son un gran avance en esta sociedad- son: la actuación a nivel
educativo, el apoyo familiar, los servicios sociales, la sanidad, la regulación de la publicidad, las redes sociales y todo el asunto de justicia. Se ha suprimido el concepto de síndrome de alienación parental y es muy importante esto porque se
eliminan esos planteamientos teóricos y esos criterios sin aval científico que presumían interferencia y manipulación adulta y ustedes lo saben mejor que nosotras, que están al cabo de la calle cada día en la Administración de Justicia.


En los asesinatos machistas el asesino pierde la patria potestad de los hijos. ¡Cuánto hemos tardado también en conseguir que eso ocurriera o que el juez o la jueza suspendan el régimen de visitas cuando se dicte una orden de protección con
medidas de contenido penal por violencia de género y haya indicios de que los hijos e hijas han presenciado o sufrido maltrato! Se reconoce eso que usted decía y que me ha parecido muy interesante: el derecho de las niñas y los niños a ser
escuchados a lo largo de todo el proceso. Efectivamente, hay que crear las condiciones para que se haga con la mayor sensibilidad posible, porque no nos olvidemos de que son menores y el derecho de protección al menor está por encima de cualquier
otra cosa.


Se ha reformado el Código Civil también para reforzar la protección de los menores en los procesos de separación y divorcio y los menores, víctimas de delitos violentos graves, van a tener ese derecho a asistencia jurídica gratuita, que
también era muy necesario.


A nuestro entender, se ha avanzado muchísimo en cuestiones legislativas que nos hacían mucha falta. Insisto, todo es susceptible de mejora y ahí están los compañeros de Justicia también dando vueltas a todas sus propuestas. No dude de que
este grupo parlamentario y este Gobierno trabajan sin descanso para que este problema -a veces decimos lacra, pero es verdad que es uno de los graves problemas de nuestra sociedad-, que es la violencia machista, sea erradicado.


La señora PRESIDENTA: Tiene que ir finalizando.


La señora GUIJARRO CEBALLOS: Termino ya. Una sociedad democrática digna e igualitaria no puede permitir el ataque constante y machista a las mujeres por el hecho de ser mujeres, porque, si no, nuestro silencio nos hará cómplices.


Y una pregunta muy rápida que me interesa hacer. Usted ha hablado mucho de la formación y me gustaría saber -porque me provoca mucha curiosidad y tengo algunas intuiciones, pero prefiero que usted me lo diga- cómo es la reacción de los
profesionales de la justicia a los que se les ofrece esa formación por parte del Consejo General del Poder Judicial, que es el que tiene esa potestad. ¿Cómo se recibe a veces? No sé si todo el mundo está deseando esa formación o hay profesionales
de la justicia que sienten reticencia ante esta cuestión.


Muchísimas gracias por todas las propuestas.

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La señora PRESIDENTA: Muchísimas gracias, señora Guijarro.


Tiene de nuevo la palabra la señora Lozano.


La señora PRESIDENTA DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE ABOGADOS DE FAMILIA, AEAFA (Lozano Ortiz): Muchísimas gracias.


Comienzo por lo último, porque lo tengo más fresco, el tema de la formación. Lógicamente, la especialización tiene que estar presidida por la formación continua de todos los operadores jurídicos. Aquí se avanza desde varias perspectivas;
por ejemplo, la Abogacía Española, a través de los cursos de formación continua de los Colegios de abogados, que invierten mucho tiempo, dinero y esfuerzo en que los colegiados estén formados. Nuestro estatuto de la Abogacía, que entró en vigor en
julio del año pasado, establece como derecho del abogado y de la abogada la especialización, porque eso también está directamente muy relacionado con la publicidad. Ofertarse como especialista en una materia sin serlo puede dar lugar a problemas y,
evidentemente, la especialización no solamente tiene que ser de boquilla, sino que tiene que ser de facto, constatada y, además, acreditada, porque, lógicamente, mostrarse como especialista sin serlo puede dar lugar a responsabilidad civil del
profesional de la abogacía que se oferta de determinada manera sin serlo. Por tanto, desde la institución del Consejo General de la Abogacía se está realizando una labor continua y muy activa en la formación de los colegiados en las distintas ramas
del derecho en las que ejercen la profesión.


Desde el punto de vista del Consejo General del Poder Judicial, y de lo que a mí me consta por la participación que he podido tener como asistente o ponente en los diversos encuentros del Consejo General, es evidente que, igualmente, realiza
un esfuerzo muy importante y muy continúo en la formación de los jueces, pero en España tenemos unos 5600 o 5700 jueces y aproximadamente unos 3000 fiscales y no se da abasto. Es decir, una cosa es la escuela judicial, que forma a los jueces que
han aprobado las oposiciones, y otra es la formación, que, prácticamente, si se coge el calendario y se mira la formación que el Consejo General del Poder Judicial ha tenido, se verá que es muy continuada. Evidentemente, la formación para estar en
determinado orden jurisdiccional tiene que ser promovida por el Consejo, pero también hay una formación que viene determinada por la experiencia y por servir en determinado juzgado. Además, los colegios de procuradores están llevando igualmente a
cabo la formación de sus colegiados, porque la ley nos lo indica, la ley nos obliga a ello y nos dice que todos los operadores jurídicos -ministerios, servicios sociales, psicólogos, trabajadores sociales, registradores, notarios y abogacía- tienen
la obligación de formarse en apoyos y en discapacidad. El derecho de familia es desde que naces hasta que te mueres y tenemos necesidad de apoyos cuando tenemos enfermedades degenerativas, un trastorno de algún tipo o nos estamos haciendo viejos.
Y qué bien llegar a viejo, pero uno llega a mayor -perdón- con una serie de enfermedades degenerativas y necesita apoyos. Por tanto, la atención a la familia o a las necesidades de la familia en todos los procedimientos -por eso se llama derecho de
familia, desde que uno nace hasta que se muere- necesita de operadores jurídicos formados. Tanto los que dictan sentencia como los que tramitan los expedientes, como los que tienen que ejecutar las resoluciones, que son los letrados de la
Administración de Justicia, como los abogados, los trabajadores sociales, los psicólogos, los mediadores, los coordinadores, etcétera, que intervienen han de estar formados.


Tampoco podemos perder de vista la necesidad de medios. Evidentemente, el derecho ha avanzado muchísimo, se ha hecho muchísimo y se va a seguir haciendo mucho, y mejor, seguramente, porque de los errores es de lo que más se aprende, pero no
es una cuestión de que no se haga, sino de que necesita medios económicos y humanos para llevarlo a cabo.


El perfil de las necesidades sociales ha cambiado. Hay muchísimos niños, niñas y adolescentes con problemas de conducta y no voy a hablar del origen del problema de conducta. Hay padres y madres con muchas dificultades para el ejercicio de
la responsabilidad parental que no saben dónde acudir porque no hay instituciones para ayudar a estos padres y madres a abordar los conflictos que tienen con sus hijos. Evidentemente, la ley de protección a la infancia y adolescencia -no me refiero
a esta, sino a la anterior, no recuerdo el año- habla precisamente de esto. Si ustedes preguntan en sus respectivas comunidades autónomas qué centros de ayuda hay para cambiar el comportamiento de un niño les dirán que no hay. No hay donde
ingresar a estos niños ni hay centros o escuelas para ayudar a estos niños y niñas. Esta es una cuestión. No sé si he contestado a su pregunta.


Contestando al Grupo VOX específicamente, la ley de violencia de género no es una ley inconstitucional. Hay que partir de la premisa correcta. Soy abogada y no puedo hablar de lo que opino

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personal o no personalmente, pero la ley de violencia de género es una ley que es constitucional. Todas las víctimas, sean niños, niñas, mujeres u hombres, tienen un reconocimiento y un respeto y se las trata de forma igual cuando somos
iguales y desigual cuando somos desiguales. Cuando se produce un acto de violencia de un hombre contra a una mujer, tenemos una especialidad dentro del orden jurisdiccional penal, que es la jurisdicción o el orden especial de violencia de género,
por unas determinadas circunstancias sociales y por unas determinadas circunstancias históricas para abordar la lacra de la violencia de género. Y cuando es una mujer quien comete un delito contra un nombre -sea pareja, expareja, no pareja o el
vecino de enfrente-, hay una jurisdicción, que es la jurisdicción penal, que es la que se aplica con todo el imperio de la ley.


Dicho esto, quiero decir, en cuanto a las denuncias que se tumban, que una denuncia lógicamente es una puesta en escena o una manifestación de hechos ante la policía, ante el juzgado de guardia o por escrito, donde se quiera, y puede
terminar de cuatro maneras. Puede terminar con una instrucción y una tramitación de un procedimiento con una sentencia hasta el final, que puede ser condenatoria, contra la que cabe recurso, o puede ser absolutoria contra la que cabe también
recurso. Esta denuncia puede terminar sobreseída, que significa que queda archivada provisionalmente. ¿Y por qué puede quedar archivada provisionalmente? En principio, por tres circunstancias: una, porque no se haya podido probar lo que se dice,
porque tenemos que probar lo que decimos después de una instrucción, es decir, después de una investigación; dos, porque, habiendo sucedido, si es que ha sucedido, no hay prueba, y, tres, porque no ha sucedido y, si no ha sucedido, eso puede dar
lugar a una denuncia falsa que el agraviado podrá interponer. Puede ocurrir también que, habiendo sucedido esos hechos que nos hemos encontrado -tú me has dicho, yo te he dicho, yo te empujé, tú no me empujaste, lo que sea-, se considera que no son
delito porque no todo trato, por muy inadecuado que sea, es constitutivo de delito. ¿Me explico? Lo digo porque hay que diferenciar en la conflictividad que se puede dar dentro de una pareja en un momento de crisis por ruptura si el hecho de que
yo te haya insultado a ti y tú a mí o que yo te haya dicho una cosa y tú a mí otra es necesariamente violencia de género y ese es el cribado necesario que se tiene que hacer. Por eso, hablo de la necesidad de hacer un cribado de elementos de riesgo
para diferenciar esa cuestión puntual de una situación de violencia. Porque no es aconsejable ni conveniente que los juzgados de violencia se nos llenen de asuntos que realmente no son violencia, como tampoco es aconsejable que los juzgados de
familia y los juzgados de instancia estén tramitando asuntos que, aparentemente siendo de familia, tienen violencia. Por tanto, al igual que puede haber situaciones en las que los hechos que se han denunciado han sido falsos -porque las hay y las
seguirá habiendo, nos guste o no, esto es una realidad- también hay mucha violencia que existe que no se denuncia. Los abogados vemos esto cada día, pero no por eso la ley es inconstitucional, no por eso hay una discriminación por razón de sexo en
cuanto a la ley y no por eso vamos a dar pasos hacia atrás en lo avanzado en la lacra de la violencia de género. Esto es lo que opino.


Al Grupo de Podemos quiero darle las gracias por su reconocimiento y sus palabras.


Me falta contestar a la señoría del Grupo Parlamentario Popular. Nosotros, como Asociación Española de Abogados de Familia, nos hemos reunido en diversas ocasiones con los grupos parlamentarios. La verdad es que en la pandemia las
reuniones fueron online. Normalmente nos hemos reunido con el PSOE y con el PP. En cuanto al Grupo Parlamentario de Unidas Podemos, le pedimos cita dos veces, pero no hubo forma de reunirnos -no sé al final qué pasó- y tenemos pendiente una
contestación respecto a la especialización. El pasado día 9 de junio pudimos reunirnos con el PSOE y con el PP para darles nuestras enmiendas al proyecto de eficiencia organizativa y estamos preparando las enmiendas para el proyecto de eficiencia
procesal para una serie de cuestiones y también para unas cuestiones de ámbito del derecho internacional privado de familia, porque no se nos puede olvidar la sustracción de los niños. No se nos pueden olvidar una serie de materias que estamos
padeciendo por la movilidad de las fronteras y que tenemos que reorganizar, precisamente, para que las sentencias que se dicten en este sentido de los procesos de familia sean sentencias que luego puedan cumplirse sin ningún problema y ser
reconocidas en el resto de Estados. Estamos pendientes de estas respuestas.


En realidad, tengo que agradecer enormemente a todos los grupos parlamentarios que hemos pedido audiencia para comentarles algún tema que nos hayan recibido con las manos abiertas. Si volvemos de vez en cuando es para intentar poner nuestro
grano de arena en lo que consideramos que podría venirles bien o servirles al menos de orientación.


Muchísimas gracias.

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La señora PRESIDENTA: Señorías, tienen el turno de agradecimiento para terminar la sesión. (Risas).


Señora Franco.


La señora FRANCO CARMONA: Intervengo muy rápidamente.


Enmendaremos la no celebración de la reunión y trabajaremos para la próxima ley de coordinación que, como bien ha dicho, es necesaria y muy importante.


Solamente quiero hacer una pregunta que no hice antes: ¿cómo ven ustedes las situaciones que hay de estereotipos de género e interseccionalidad que se puedan ver dentro de los juzgados?


Nada más. No quiero abrir un melón muy grande. Si es un melón muy grande, otra comparecencia será bienvenida.


La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra la señora Lozano.


La señora PRESIDENTA DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE ABOGADOS DE FAMILIA, AEAFA (Lozano Ortiz): Se me ha olvidado poner en evidencia una cuestión para acreditar la no discriminación. Es decir, el artículo 94 del Código Civil, que ha sido
modificado por la ley ordinaria 8/2021 de discapacidad y que ha dispuesto la prohibición del régimen de visitas, no fijarlas o suspenderlas, del régimen de custodia compartida, individual, etcétera, aunque no haya una denuncia, si se determina por
indicios que la violencia existe -solamente de forma excepcional el juez, previa valoración del estudio con el equipo psicosocial, lo hará y esto va a demorar muchísimo porque no hay equipos psicosociales y un niño puede verse en esta situación
mucho tiempo sin ver a su padre o a su madre- no es un artículo discriminatorio.


Sobre este artículo hay tres cuestiones de inconstitucionalidad planteadas. Los supuestos de hechos son los siguientes: en Aragón se plantea una cuestión de inconstitucionalidad porque la mujer es condenada por un delito de violencia
doméstica y lesiones contra el marido, y, en aplicación del Derecho foral aragonés -porque se ha aplicado el Derecho foral aragonés-, resulta que no se le puede atribuir la custodia del niño ni la custodia compartida ni el régimen de visitas. ¿Qué
hace el juzgado de Zaragoza? Plantear una cuestión de inconstitucionalidad. El artículo 94 habla de cualquier progenitor, no habla del hombre. En el caso de esta mujer condenada, y que se encuentra en proceso de separación de su pareja, el juez
plantea la cuestión de inconstitucionalidad, lo que supone la paralización del proceso, y, de momento, están como están.


¿Qué ocurre en Madrid? Resulta que una madre supuestamente ha agredido a su hijo, los progenitores tienen una custodia compartida sobre el niño -evidentemente, la madre está incursa en un procedimiento penal con toda la tramitación- y el
padre ha planteado que se aplique el artículo 158, que son medidas cautelares. ¿Y qué le ha solicitado al juez? ¡La suspensión de la custodia compartida que la madre tiene! ¡La suspensión del régimen de visitas! ¿Qué ha hecho el juez? Cuestión de
inconstitucionalidad.


¿Qué ha ocurrido en Andalucía, en Jerez de la Frontera? En esta pareja el señor está incurso en un proceso de violencia porque se le acusa -y se está tramitando- por delitos contra la libertad sexual de la esposa, pero los dos han firmado
un convenio regulador, porque los dos están de acuerdo en que los niños estén en custodia compartida, y el fiscal dice que, por imperativo legal del artículo 94, no puede informar favorablemente la custodia compartida, pero que él la ve bien. Es
decir, que, si no fuera por el imperativo legal, estaría de acuerdo con la custodia compartida. Por lo tanto, cuestión de inconstitucionalidad.


Dos mujeres se quedan sin sus hijos, sin régimen de visitas y sin custodia por aplicación legal del artículo 94. Tres cuestiones de inconstitucionalidad.


Este artículo va a dar muchísimo de sí. Ya les adelanto que sobre este artículo van a plantearse más cuestiones de inconstitucionalidad, porque no hay que perder de vista que la regla general aquí es la restricción y el automatismo,
mientras que la regla especial es previo informe favorable, una vez que el juez lo haya valorado con el equipo. ¿Qué ocurre? Esto es todo lo contrario a lo que se dice en las convenciones europeas e internacionales, que son derecho interno
español, y una norma interna española no puede ir en contra de una norma internacional que forma parte de nuestro ordenamiento jurídico. Esto vulnera el artículo 3, el artículo 9 de la Convención de los Derechos del Niño, el artículo 8 de la
Convención de los Derechos Humanos Europeos e igualmente la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que, nos guste o no, es jurisprudencia que está por encima de la del Tribunal Supremo español. Quiero decir que en Derecho 2 y 2 no
son 4 -en matemáticas sí, en matemáticas el orden de los factores no altera el producto-, en Derecho es todo lo contrario. Por tanto, aquí tenemos la regla general de suspensión sí, cuando en todo el resto es al revés, la regla general es la no
suspensión, salvo que existan

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circunstancias y sea el juez el que descienda a valorar si la circunstancia va caso por caso. Por tanto, evidentemente, la situación de aquellos padres que estén en estos momentos sin poder ver a sus hijos porque hay un procedimiento penal
incurso, donde se ha dictado una orden de protección -orden de protección que se dicta cuando hay indicios racionales de criminalidad y situación de riesgo- es la misma que la de las madres que tienen una denuncia en curso o un procedimiento penal
en este sentido.


Les agradezco la escucha por la hora que es y por la paciencia que han tenido.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchísimas gracias.


Señora De Meer, tiene la palabra.


La señora DE MEER MÉNDEZ: Muchas gracias, señora presidenta.


Bueno, señora letrada, con una excepción, ¿no? Y es que los varones no han gozado en el procedimiento al que se han enfrentado de la presunción de inocencia de la que sí han gozado las mujeres. Me hubiera gustado un poco más de honestidad
intelectual por su parte y, fundamentalmente, en el ámbito del tratamiento de las víctimas. (Rumores). Usted dice que todas las víctimas se tratan de forma igual y, sin embargo, vemos cómo en esta Comisión se hacen recurrentemente minutos de
silencio por mujeres asesinadas por parte de varones y no vemos ni un solo minuto de silencio por hombres asesinados por sus mujeres, como es el caso de Villagarcía de la Vega, en León. Hemos visto también cómo nuestro vicepresidente de la Junta de
Castilla y León ha sido abandonado esta mañana y se ha quedado solo en un minuto de silencio por este hombre asesinado en Villagarcía de la Vega. Esa es su doble vara de medir permanentemente, de la que nosotros no vamos a cesar en sacarles.


No voy a entrar ahora en el fondo del debate, pero este país necesita saber que, cada vez que ahondemos en el concepto de violencia de género, estamos dañando profundamente la realidad, porque la violencia de género es una profunda falacia.
La violencia de género, como ustedes la definen, es la violencia contra una mujer por el hecho de ser mujer. En el momento en el que definimos una violencia contra una mujer por el hecho de ser mujer estamos ocultando las verdaderas causas de esa
violencia, que también podrían concurrir en otros supuestos de violencia, como pueden ser la violencia contra las personas con discapacidad, la violencia contra las personas con dependencia, la violencia contra los mayores, la violencia de
adolescentes a sus progenitores dentro del círculo familiar o los neonaticidios, que, de hecho, en más de un 90 % también son cometidos por mujeres contra sus bebés recién nacidos.


Creo que hace falta que vuelva el sentido común a esta Cámara y que ataquemos, de una vez por todas, esta falacia de la violencia de género que, desde luego, está dañando profundamente a la sociedad en su conjunto.


Muchísimas gracias.


La señora PRESIDENTA: Solamente quiero hacer una puntualización: ruego respeto a la compareciente. No se puede cuestionar la honestidad intelectual, porque sería un cuestionamiento personal que se hace a la compareciente. Por lo tanto,
pido respeto, reconocimiento y agradecimiento, porque está hoy aquí aprovechando estos minutos para mejorar el Pacto de Estado contra la violencia de género. (Aplausos).


Tiene la palabra la señora Romero.


La señora ROMERO SÁNCHEZ: Simplemente, quiero darle las gracias, como hice al principio, por su comparecencia aquí a la señora Lozano. Discúlpeme que no haya podido estar en su contestación a las cuestiones que planteamos. Estaban mis
compañeras y, en todo caso, me preocuparé después de poderla leer en el Diario de Sesiones de esta Comisión. Cuando entré nuevamente a la Comisión, estaba hablando otra vez de los equipos psicosociales y de esos retrasos que existen por falta de
recursos suficientes. Me gustaría preguntarle, sin querer reabrir mucho más el debate, sobre la posible reforma que hay ahora mismo, sobre todo en el ámbito de la justicia, donde hay una resolución del ministerio que pretende que esos equipos, que
hasta ahora dependían de Fiscalía, dependan administrativamente del Instituto de Medicina Legal. No sé si conoce esa resolución, pero me gustaría saber su opinión sobre esto.


Muchísimas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Romero.


Señora Guijarro, tiene usted la palabra.

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La señora GUIJARRO CEBALLOS: Perdón, porque antes estaba la luz verde y por eso me he ido yo alargando en el tiempo. Ha sido un lapsus.


Señora Lozano, quiero agradecerle muchísimo su comparecencia. Gracias por su honestidad intelectual y también por su profesionalidad y su trabajo al frente de una asociación que representa a muchos profesionales, aunque a veces no
compartamos el 100 % de sus afirmaciones. Quiero insistirle en que este grupo parlamentario está dispuesto a seguir escuchando y a seguir trabajando conjuntamente con diálogo para intentar mejorar, porque lo que necesitamos en este país es una
respuesta eficaz de las instituciones a algo que, desgraciadamente, sí existe en este país, que es la violencia de género, la violencia machista.


Gracias.


La señora PRESIDENTA: Señora Lozano, tiene la palabra.


La señora PRESIDENTA DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE ABOGADOS DE FAMILIA, AEAFA (Lozano Ortiz): Muchísimas gracias por sus palabras. La AEAFA cuenta con poder trabajar con cada grupo parlamentario en lo que se la requiera.


Respecto a lo que comentaba la representante del Grupo Popular, la señora Romero, quiero decirle que dentro de la disposición adicional vigésima de la Ley Orgánica 8/2021 también se contempla que en el plazo de un año las administraciones
deberán llevar a cabo la reforma de los equipos psicosociales para establecer la formación, la composición, los criterios y los protocolos de actuación, para que pueda pasar a regularse como ley ordinaria y establecer los requisitos de la
especialización de todas las personas que tienen que formar parte de esos equipos. Al igual que se está haciendo el proyecto que ya ha entrado en el Consejo de Ministros y está en fase de enmiendas, también se tiene que modificar el Estatuto del
Ministerio Fiscal para la especialización de los fiscales. No sé cómo va la marcha de esta ley, pero tienen que modificar su estatuto para la especialización de los fiscales en infancia y en adolescencia. Por eso, nosotros considerábamos que se
tendría que crear algún tipo de organización o de comisión entre el Gobierno, los grupos parlamentarios y los representantes del trabajo social para determinar los criterios de organización de los equipos psicosociales, con independencia del lugar
donde estén radicados y con independencia de las administraciones que los gestionen, porque, si no, esto dará lugar a muchas deficiencias.


Y, por último, simplemente por alusiones, la representante de VOX, me imagino que en su exaltación a la hora de defender de su posición y también por su juventud, quizá se ha extralimitado a la hora de cuestionar mi honestidad intelectual.
Yo no he venido aquí en presencia de todas ustedes para hacer demagogia política con absolutamente nada, sino simplemente como técnica, como una técnica en derecho, en infancia, en familia, en capacidad y en violencia, para poner en evidencia cuáles
son, desde nuestro punto de vista, las dificultades o las realidades que se pueden encontrar y las posibilidades que hay con una serie de propuestas, que podrán parecer buenas, malas o peores, para intentar mejorar, ayudar y colaborar. Por tanto,
no se preocupe, se lo tengo por no dicho.


Gracias. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Muchísimas gracias, señora Lozano. Gracias por su tiempo, gracias por su dedicación y por su profesionalidad. Espero y deseo, como creo que lo hace la mayoría de los grupos parlamentarios, que las enmiendas a la ley
que han propuesto, sobre todo en lo que se refiere a mejorar la eficiencia organizativa, puedan ser de gran provecho para mejorar la capacidad legislativa y que la ley llegue lo antes posible para las mujeres, las familias y también para los niños y
niñas, que tanta falta nos hace. Si recordamos, hace unos años había una situación de desigualdad brutal entre hombres y mujeres y de desprotección hacia la infancia, pero hemos dado un salto cualitativo y cuantitativo a la hora de afrontar el gran
problema de la violencia de género.


Sentimos muchísimo no tener más tiempo, pero estaremos encantadas de volverla a escuchar en esta casa para que siga aportando al trabajo que nos ocupa en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género.


Señorías, muchísimas gracias también por su tiempo.


Se levanta la sesión.


Eran las cuatro y cuarenta minutos de la tarde.