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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 652, de 26/04/2022
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CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 2022 XIV LEGISLATURA Núm. 652
ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. CELSO LUIS DELGADO ARCE
Sesión núm. 30
celebrada el martes,
26 de abril de 2022
ORDEN DEL DÍA:
Ratificación de la ponencia designada para informar sobre:
- Proyecto de Ley General de Telecomunicaciones. (Número de expediente 121/000074) ... (Página2)
Emitir dictamen a la vista del informe elaborado por la ponencia sobre:
- Proyecto de Ley General de Telecomunicaciones. (Número de expediente 121/000074) ... (Página2)
Se abre la sesión a las diez de la mañana.
RATIFICACIÓN DE LA PONENCIA DESIGNADA PARA INFORMAR SOBRE:
- PROYECTO DE LEY GENERAL DE TELECOMUNICACIONES. (Número de expediente 121/000074).
El señor PRESIDENTE: Muy buenos días, señorías.
Con la puntualidad que intentamos siempre mantener, vamos a abrir la sesión de esta Comisión de Asuntos Económicos para tramitar el orden del día que consiste en la emisión del dictamen a la vista del informe elaborado por la Ponencia sobre
el Proyecto de Ley General de Telecomunicaciones que tienen ustedes a su disposición y que, por lo que yo he podido ver, es un informe en el que se ve que ha habido un acuerdo importante entre los grupos a juzgar por el número de enmiendas
transaccionales que están incorporadas al informe; algunas enmiendas han sido aceptadas y otras no lo han sido todavía. Por lo tanto, el primer paso es la ratificación de la Ponencia. ¿Aprueban la ratificación de la Ponencia? (Asentimiento).
EMITIR DICTAMEN A LA VISTA DEL INFORME ELABORADO POR LA PONENCIA SOBRE:
- PROYECTO DE LEY GENERAL DE TELECOMUNICACIONES. (Número de expediente 121/000074).
El señor PRESIDENTE: A continuación, vamos a proceder a la emisión del dictamen y para ello vamos a tener el debate correspondiente. Como saben ustedes, será un solo turno de menor a mayor para defender las enmiendas que están vivas y para
que ustedes fijen posición en relación con este proyecto de ley por un tiempo máximo de diez minutos, comenzando por el Grupo Mixto, representado en este caso por don Sergio Sayas, a quien doy la palabra.
El señor SAYAS LÓPEZ: Muchas gracias, presidente.
Intervengo simplemente para dar por defendidas las enmiendas que queden pendientes.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Sayas.
Por el Grupo Parlamentario EH Bildu veo que en este momento no hay ningún parlamentario. ¿Desea intervenir el señor Mazón por el Grupo Mixto? (Denegaciones).
Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra el señor Legarda.
El señor LEGARDA URIARTE: Muchas gracias, presidente.
Intervendré muy brevemente para señalar que hemos acordado tres enmiendas transaccionales hoy mismo a última hora, aparte de las dos que acordamos ya en Ponencia. Nos han quedado una serie de enmiendas pendientes y quizá las de más enjundia
son las ocho que se agrupan en una final nueva que se refiere al decreto ley sobre seguridad de las redes y sistemas. Por una serie de circunstancias, convalidamos en una legislatura pasada ese decreto ley, abrimos el periodo de enmiendas para la
tramitación como ley, se disolvió la legislatura y, finalmente, no pudimos enmendar el decreto ley de seguridad de las redes y sistemas que trasponía una directiva de la Unión sobre redes y sistemas.
Nosotros ya manifestamos en su momento que este decreto ley vulneraba las relaciones institucionales entre la Administración General del Estado y las comunidades autónomas porque atribuía la seguridad de las redes y del sector público de las
comunidades autónomas no solo a la Administración General del Estado. Esa supervisión con competencias sancionadoras se atribuía a la Secretaría de Estado de Seguridad y al CNI, al Centro Nacional de Inteligencia, lo cual, por una serie de
circunstancias, en estos días cogió dimensión o calor el asunto. Ahí agrupábamos ocho enmiendas y entendíamos que, por un principio de autonomía institucional, por una mejor justificación de la recepción de la Directiva NIS y porque la articulación
que se hace no es proporcionada de acuerdo con la protección de redes y sistemas, ni siquiera con la ley de protección de las infraestructuras críticas que se coge como referencia, no se sigue ese mismo patrón en el que el órgano competente es el
que corresponde a la materia. Por tanto, nos han quedado pendientes ocho enmiendas. No ha sido posible modificar ese real decreto ley, pero sí otro real decreto ley que es el de Administración digital en el que creemos que se ha hecho un avance
importante sustituyendo una autorización con unos contornos difusos por una comunicación previa por
parte de la comunidad autónoma, de manera que el Estado tenga capacidad de reacción, si lo considera, ante los tribunales, y otras más que no seguiré detallando para no extenderme demasiado.
En conclusión, es una pena que no podamos apoyar el proyecto en sus términos y, por todo ello, nos abstendremos.
Muchas gracias, presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Legarda.
Por el Grupo Parlamentario Eukal Herria Bildu, no está el señor Matute. Por el Grupo Ciudadanos, tiene la palabra doña María Muñoz.
La señora MUÑOZ VIDAL: Gracias, presidente.
Buenos días a todos. Como ya anuncié ayer a la letrada, mi grupo parlamentario retira las enmiendas 54, 58 y 59 y solicitará la votación de las enmiendas que queden vivas por separado.
Dicho esto, me gustaría hacer hincapié en esta ley, que es el principal instrumento que regulará el mercado de las telecomunicaciones y el despliegue de nuevas conexiones de última generación. Esto es particularmente importante porque la
digitalización ofrece numerosas oportunidades económicas y sociales para nuestro país. Si no contamos en nuestro país, en España, con el marco adecuado, las infraestructuras y las señales de mercado que necesitan los operadores, sería imposible
alcanzar ese objetivo de llegar al cien por cien de la población con una conexión rápida y en el tiempo oficialmente establecido para el despliegue de la Red 5G.
Nuestro trabajo en esta ley ha sido intenso. Hemos querido introducir una batería de enmiendas para mejorar los aspectos de la misma basándonos en los principios fundamentales que siempre guían nuestra acción política como liberales: la
igualdad entre los españoles, el buen funcionamiento del mercado, la innovación y el futuro. Así, presentamos treinta y seis enmiendas para mejorar el texto original del Gobierno y, gracias al trabajo de todos con otros grupos parlamentarios y
también con el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, hemos conseguido que se acepten directamente tres enmiendas y que se transaccionen otras trece. En conjunto, son dieciséis enmiendas que llevan el sello naranja a esta ley
del mercado de las telecomunicaciones. En cuanto a las enmiendas aceptadas directamente, por ejemplo, que se definan de forma adecuada las pequeñas empresas y las microempresas para asegurar que todas las empresas españolas puedan beneficiarse de
las provisiones de esta esta ley o que se tengan en cuenta el estado de la técnica y la proporcionalidad a la hora de exigir actuaciones a los operadores. Respecto a las enmiendas que hemos conseguido transaccionar, yo creo que también se han
obtenido grandes éxitos para mejorar la realidad de este mercado de las telecomunicaciones y la calidad, por tanto, del servicio que se les va a dar a los españoles.
Hemos conseguido que se mencione expresamente en esta ley el teletrabajo como uno de los objetivos principales para facilitar la extensión de estas telecomunicaciones. Todos sabemos que el teletrabajo vino de forma abrupta con la crisis
sanitaria y que ha llegado para quedarse. Su mención específica es una manera de tenerlo en cuenta para mejorar u ofrecer flexibilidad tanto a las empresas como a los trabajadores y también una oportunidad para cerrar esa brecha entre las zonas
rurales y las zonas urbanas.
Hemos conseguido también que se encomiende a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia el seguimiento de calidad de conexión que se ofrece en las zonas rurales y se compare con la ofrecida en las zonas urbanas para poder trabajar
en esa reducción de la brecha digital.
Otro logro importante ha sido reducir los plazos para resolver las solicitudes de ocupación por parte de los operadores. Es decir, hemos conseguido hacer más ágil el proceso de decisión para evitar que las empresas españolas que hacen
posible este despliegue de redes 5G se vean obligadas a esperar indefinidamente por la lentitud de la Administración. Por tanto, como lo hemos llamado nosotros, hemos conseguido crear esa ventanilla única de solicitudes para evitar la maraña
burocrática y de trámites, procesos, procedimientos y plazos diferentes de las administraciones locales, autonómicas y la Administración General del Estado. Por tanto, las empresas, que necesiten permiso de despliegue de redes de
telecomunicaciones, podrán dirigirse a ese único punto de gestión y serán las instituciones las que se ocupen de facilitar los trámites.
También hemos obtenido grandes logros en esta ley en defensa de la libertad y, en concreto, de la privacidad de la información y de los datos personales. Ese éxito se traslada a que el texto contempla la posibilidad de que la Administración
pueda requerir a las empresas sus algoritmos de cifrado, lo que podría suponer un gran riesgo para la libertad de la empresa y su propiedad intelectual e industrial, pero
también para la privacidad de la información y de los datos de los usuarios. Después de ver el reparto de puestos que se ha hecho y el manoseo -me van a permitir la expresión- de la Agencia de protección de datos entre los grandes partidos,
PSOE y PP, cuyos dedazos han sido paralizados por la justicia, esto es muy importante, la Administración solo podrá requerir a las empresas la obtención de esos algoritmos de cifrado en los casos en los que estén en riesgo la seguridad nacional y la
seguridad pública o en los casos de persecución de delitos.
Por último, hemos conseguido algo más simbólico, pero igualmente importante, y es que esta ley acaba finalmente con las cabinas telefónicas que han poblado nuestros pueblos y ciudades durante tantos años. Sin embargo, existe el riesgo de
que esa infraestructura se convierta ahora en un resquicio abandonado, se deteriore o, incluso, suponga un problema para la seguridad. Para evitarlo, hemos introducido una disposición adicional en esta ley que fomenta que las cabinas telefónicas
desperdigadas por toda nuestra geografía se conviertan en puntos públicos de acceso a la red wifi y de envío y recogida de paquetería. De este modo, incluso los pueblos más recónditos de nuestra España rural podrán tener algún punto que permita a
sus ciudadanos conectarse a Internet por wifi o recibir o enviar paquetería a través de servicios digitales, marketplaces o empresas de reparto.
Cierto es que hay muchas otras enmiendas que se han quedado en el tintero que hemos mantenido vivas y que hubieran mejorado el texto final que vamos a someter a votación, pero no hemos encontrado el respaldo que merecían del resto de los
grupos parlamentarios. Por eso, las empresas españolas que se dediquen al despliegue de conexiones de redes 5G se quedarán, si no hay una votación a favor, sin una bonificación fiscal del cien por cien de los impuestos de telecomunicaciones, algo
que habría incentivado aún más el despliegue de esas redes en España, evitando problemas que han tenido algunas empresas con unos costes excesivos que limitaban su demanda del espectro en las subastas. Por desgracia, también ha sido imposible
conseguir que se garantice cobertura suficiente a lo largo de las vías de alta ocupación, como autovías o líneas de ferrocarril, que habría sido algo excepcional para responder ante emergencias y para mejorar la experiencia de los viajeros.
En definitiva, la ley no es perfecta y podría haber sido mucho mejor si se hubieran aceptado todas las enmiendas -entiendo que todos los grupos dirán lo mismo- que cada grupo propone. No es nuestra ley, pero, sin embargo, hemos hecho un
gran trabajo en defender los intereses de los ciudadanos y de las empresas, por lo que votaremos a favor.
Gracias, presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Muñoz.
Solo una aclaración, para que quede constancia. Dice usted que retira las enmiendas 54, 58 y 59. ¿Es así, verdad? (Asentimiento).
Muchas gracias.
A continuación, ¿desea intervenir la diputada doña Míriam Nogueras por el Grupo Parlamentario Plural? (Denegaciones).
Por el Grupo Parlamentario Republicano, tiene la palabra don Joan Capdevila.
El señor CAPDEVILA I ESTEVE: Muchas gracias, señoría.
Esquerra ha presentado un total de sesenta y cuatro enmiendas, como le consta, a este proyecto de ley, que queremos clasificar en cuatro grandes grupos. Un primer grupo para reforzar las competencias autonómicas y locales competentes.
Hemos presentado un total de catorce enmiendas con este objetivo y quiero destacar todas aquellas enmiendas trabajadas con Localret, cuyo objetivo ha sido que las administraciones locales puedan establecer condiciones técnicas y jurídicas relativas
a cómo ha de llevarse a cabo la utilización del dominio público. (Rumores).
El señor PRESIDENTE: Señorías, les ruego silencio para que el señor Capdevila pueda concentrarse bien en su intervención y nosotros podamos escucharle.
Muchas gracias.
El señor CAPDEVILA I ESTEVE: Muchas gracias, pero ya estoy acostumbrado. (Risas).
En el marco de la normativa patrimonial básica estatal y propia de los entes locales quiero destacar la enmienda 137 y la enmienda 138, con el objetivo de que las administraciones territoriales, en especial las locales, en el ejercicio
legítimo de sus competencias puedan velar por el despliegue ordenado de las infraestructuras y redes de comunicaciones electrónicas y, a la vez, para el desarrollo tecnológico,
garantizando alternativas al derecho de ocupación de los operadores con el valor añadido de dar premio a la I+D, dar espacio a la evolución del concepto cabina telefónica, como ya se ha comentado, y, en este sentido, poner en valor la
contribución de mi grupo a una enmienda transaccional que espero que pronto esté en su poder.
En un segundo bloque queríamos garantizar el servicio público audiovisual con un total de nueve enmiendas que se han negado a negociar, porque se niegan una y otra vez a la evidencia de la incidencia del régimen de las telecomunicaciones
sobre el sistema audiovisual, queriendo practicar un divorcio que no debiera existir.
Nuestro tercer bloque pretendía garantizar una protección efectiva de los derechos de las personas consumidoras. Quiero destacar la enmienda 158, de restricción de las llamadas publicitarias no solicitadas. Creo que es una demanda social
-cualquiera de los miembros de esta Comisión ha sufrido llamadas no deseadas y absolutamente molestas a horas intempestivas- y pretendíamos con nuestra enmienda poner coto y freno a estas prácticas. En este sentido, creo haber conseguido acordar
una enmienda transaccional con los partidos que dan apoyo al Gobierno y que también tendrán sus señorías en breve.
La enmienda 151 proponía algo tan extravagante como recuperar un derecho que la actual ley de comunicaciones ya prevé en su artículo 47.1, que es el derecho a la continuidad del servicio y a obtener una compensación automática por su
interrupción, y ahí no hemos tenido éxito. Tampoco lo hemos tenido en la protección de los derechos lingüísticos de las personas consumidoras y su derecho a ser atendido siempre en el idioma oficial que corresponda, que es el que solicitan, y estas
son las enmiendas 157, 161 y 169.
Hay una enmienda que consideramos básica para muchas zonas rurales, donde el plazo de resolución de las averías telefónicas y de Internet se puede demorar muchos días. La situación de crisis creada por la COVID-19, así como la lucha contra
la despoblación rural entre los Objetivos de Desarrollo Sostenible, exigieron una respuesta rápida y urgente en esta materia para poder garantizar, entre otros, el teletrabajo, la telemedicina o la enseñanza online para toda la ciudadanía,
independientemente de la zona del territorio en que se encuentre. Por ello, hemos introducido este derecho a un tipo de reparación de averías inferior a cuarenta y ocho horas en la enmienda 153.
Y, en cuarto y último lugar, pretendíamos un bloque de enmiendas para evitar el abuso que en muchos casos ejercen los grandes operadores. Mediante las enmiendas a esta ley hemos creído prioritario poner fin a un problema que afecta a
muchísimos ayuntamientos, como el que supone que miles de cables de fibra óptica y de comunicaciones en general se acumulen sin criterio y sin sentido en las fachadas de los edificios. Este diputado ha tenido que sufrir la imagen de cables clavados
sobre románico y esta imagen me ha acompañado durante el intento de negociación con los partidos que dan apoyo al Gobierno. En esta ocasión, creemos que se desaprovecha una oportunidad de limpiar de cables las fachadas de nuestros edificios, máxime
de los que a veces están protegidos por ser patrimonio de la humanidad. Por ello, hemos propuesto una nueva redacción del artículo 49.8 para obligar a los operadores a usar siempre las canalizaciones subterráneas o del interior de los edificios.
En caso de que no sea posible, los operadores tendrán que asumir su coste y realizar las obras de infraestructuras necesarias bajo la supervisión municipal, porque la no existencia de dichas canalizaciones no exime a los operadores de dar el
servicio requerido. Además, proponíamos otorgar más competencias a las entidades locales para dotarlas de herramientas que garanticen que las instalaciones de telecomunicaciones aseguren la accesibilidad a la vía pública y a la protección del
paisaje urbano.
En conclusión, ustedes notarán la sensación agridulce que otros portavoces ya han mostrado, en la medida de la fuerza de nuestros votos y de nuestra poca capacidad de convicción, de haber movido un poco esta ley y de ser una ocasión perdida.
Por todo ello, coincidiendo plenamente con las salvedades que el señor Legarda ha expresado y muy atentos a las posibles enmiendas transaccionales que pudiera haber, la posición de nuestro grupo no puede ir más allá de la abstención.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Capdevila.
Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, tiene la palabra don Roberto Uriarte.
El señor URIARTE TORREALDAY: Gracias, presidente.
En primer lugar, tenemos que felicitarnos hoy por la aprobación del informe, pues, por desgracia, tendemos a vivir en un modelo en el que cada día se insiste más en los disensos y menos en los
consensos, y también es importante poner en valor que hay consenso. Creo que es importante poner en valor el trabajo que se ha realizado tras las múltiples negociaciones a lo largo de la tramitación de esta ley y que a día de hoy se haya
ratificado por asentimiento la Ponencia.
La posición que nuestro grupo ha defendido tiene cuatro líneas fundamentales. En primer lugar, la defensa de los derechos de los consumidores y usuarios, unos derechos que, por desgracia, en la mayoría de los servicios a día de hoy están
llegando a una devaluación importantísima. Creemos que los derechos de los consumidores y usuarios de los servicios son una asignatura pendiente de la democracia. En segundo lugar, la cuestión de la cohesión social y el acceso de los sectores más
perjudicados de la población a los servicios. En tercer lugar, la cohesión territorial, una asignatura fundamental en nuestro país. Y, en último lugar, un desarrollo tecnológico del cual, en cierta medida, podemos sentirnos orgullosos porque
nuestro país, comparativamente con países con un desarrollo económico similar, tiene unos servicios relativamente buenos de acceso a Internet. Para nosotros es fundamental el cumplimiento de los acuerdos de Gobierno y de la Agenda 2030 con la
garantía de un servicio de 30 megas en todo el territorio. En este momento todavía seguimos con las negociaciones correspondientes y, por eso, no voy a concretar más nuestra posición. Simplemente, quiero que esto sirva como explicación de las
líneas fundamentales que han guiado nuestra labor y, de nuevo, quiero dar la enhorabuena a esta Comisión por el trabajo realizado.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Uriarte.
Por el Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra el diputado don Rodrigo Jiménez Revuelta.
El señor JIMÉNEZ REVUELTA: Muchas gracias, presidente.
Buenos días, señorías. Este proyecto de ley que debatimos hoy ya viene cocinado desde casa y, en este caso, el partido del Gobierno parece haber encontrado socios diferentes a los que nos tienen acostumbrados. Me estoy refiriendo,
concretamente, al Grupo Popular y a Ciudadanos, que en este proyecto de ley han transaccionado nueve y trece enmiendas, respectivamente, de las treinta y una enmiendas transaccionales que han sido aceptadas por el Gobierno. Pero es que, además, el
Grupo Popular ha considerado que debía facilitar el trabajo al Gobierno y ha retirado dieciséis enmiendas de las que había presentado, todo ello dentro de un pasteleo al que últimamente nos tienen acostumbrados, como han sido, por ejemplo, las
renovaciones del Tribunal de Cuentas, del Defensor del Pueblo, de Radiotelevisión Española y del Tribunal Constitucional.
Pero es que, una vez más, el Gobierno incumple el artículo 114.1 del Reglamento del Congreso de los Diputados, que establece lo siguiente -cito textualmente-: 'Concluido el informe de la Ponencia, comenzará el debate en Comisión que se hará
artículo por artículo. En cada uno de ellos podrán hacer uso de la palabra los enmendantes al artículo y los miembros de la Comisión'. Señorías, nunca se ha debatido artículo por artículo. Nos suelen decir habitualmente la excusa de que siempre
se ha hecho así, pero me consta que ha habido leyes que han seguido escrupulosamente el contenido del artículo 114.1 del Reglamento y esto provoca que el Gobierno aplique el rodillo al que nos tienen acostumbrados, porque las leyes en España no se
integran en el Estado de derecho, sino en el programa del reality show del Gobierno.
Se modifican o aprueban normas sobre cualquier cosa menos sobre lo que verdaderamente importa, porque no son leyes para que se cumplan, sino marketing para llevarte al huerto y amenizar el show. Un ejemplo de ello es lo recogido en el
artículo 4.6 del texto normativo que debatimos hoy, ya que supone confirmar una especie de estado de excepción digital. Respecto a la ley 9/2014, denominada como decretazo digital, que se aprobó en la Comisión permanente del día 27 de noviembre de
2019 por 50 votos a favor, 10 en contra, incluido el de VOX, y 8 abstenciones, mi compañero Víctor Sánchez del Real destapó con verdadera genialidad las vergüenzas del denominado decretazo impulsado por lo sucedido primero con el referéndum de 1 de
octubre de 2017 en Cataluña y, posteriormente, con la llamada república digital catalana, con el objeto de crear un Estado virtual en Cataluña, y con este decretazo se lo cargaba de un plumazo. Pero el problema no es ese, el problema es que hay
otros mecanismos recogidos en la Constitución como son la aplicación de los artículos 116 y 155. Por cierto, no ese 155 blandito que se aplicó en su día, cuya aprobación en el Senado en octubre de 2017 tuvo los votos en contra de Unidas Podemos,
Esquerra Republicana, Partido Nacionalista Vasco y PDeCAT.
Señorías, esta facultad para intervenir redes, cortar comunicaciones o suspender páginas web no es propia de un sistema democrático y debe ser suprimida por más que en el precepto se ponga la venda
antes que la herida y señale que, en ningún caso, esta intervención podrá suponer una vulneración de los derechos fundamentales y libertades públicas recogidos en el ordenamiento jurídico. Lo grave es que supone la censura y el secuestro de
contenidos, que las comunicaciones dependerán exclusivamente del Gobierno, es decir, de Sánchez, y que no será necesaria ninguna mayoría ni tramitación parlamentaria y, lo más sorprendente, tampoco habilitación judicial. Ya en el real decreto
14/2019, de 31 octubre, se permitía el cierre cautelar de comunicaciones digitales en casos de defensa de seguridad pública, protección civil, emergencias, la vida humana o interferencia con otras redes.
Lo que hizo el decreto ley y hoy confirma el proyecto de ley es ampliar estos supuestos, recogiendo los motivos de garantía de la seguridad pública y de la seguridad nacional. Señorías, esto es un motivo generalista, y, en manos de este
Gobierno, será totalmente espurio, oscuro, discrecional y no motivado, lo que creará una situación de inseguridad jurídica al aunar en el texto que se pretende aprobar excepcionalidad y orden público. Por ejemplo, las llamadas fake news o
manifestaciones públicas discordantes podrían derivar en alteraciones de orden público. También se podría dar la posibilidad de aplicarlas con el solo anuncio de una manifestación en contra de alguien o de algo. Van a cerrar canales y perfiles en
redes sociales en cualquier momento bajo estos pretextos y se hará extensible a cualquier situación que les incomode. Por ello la enmienda de VOX propone que este artículo 4.6 debe ser suprimido. Los que apoyen hoy esta ley que luego no se
lamenten si Sánchez procede de forma espuria.
Señorías, le están poniendo ustedes una alfombra roja a Sánchez. No se puede otorgar un poder de estas características y arrogarse competencias que son del Poder Judicial. ¿Qué harán hoy los grupos parlamentarios que en su día votaron en
contra del decretazo digital precisamente por este artículo? Votaron en contra entonces Esquerra Republicana -que hoy se abstiene-, Junts, PNV, EH Bildu y Compromís. De hecho, en este último, su representante, el señor Baldoví Roda, expresó:
Nosotros no vamos a apoyar este decreto, creemos que la calidad democrática de este país se está viendo perjudicada por las últimas leyes. Hay un endurecimiento de las leyes que coartan libertades: primero fue la ley mordaza, luego la reforma del
Código Penal y ahora este decreto -el llamado entonces decretazo digital- permite intervenir Internet como lo hacen países como China, Arabia Saudí, Turquía o Iraq. Esto decía el señor Baldoví. Me pregunto qué es lo que harán los partidos que
entonces votaron en contra. Hoy lo veremos.
Otra apartado que nos preocupa de este proyecto de ley es la disposición adicional duodécima, que establece la creación de una comisión interministerial sobre radiofrecuencias y salud. Les recuerdo, señorías, que la disposición adicional
décima de la anterior Ley 9/2014, de 9 de mayo, contempló la creación de una comisión interministerial sobre radiofrecuencias y salud. ¿Qué es lo que ha sucedido para que después de ocho años esta comisión no se haya creado? Incluso no se ha
creado pese a diversas reclamaciones del Defensor del Pueblo y de plataformas ciudadanas que tenían el objeto de que, mediante el correspondiente desarrollo reglamentario, se constituyese la referida comisión. Señorías, esta no se ha creado en ocho
años y han cambiado ustedes la disposición adicional duodécima por la décima. Ahora se contempla nuevamente la creación de esta comisión interministerial sobre radiofrecuencias y salud mediante real decreto, como digo, en la disposición adicional
duodécima, pero es de risa, señorías, es de risa, no se ha creado en ocho años. Ustedes están a otras cosas, por un lado, muestran una cara afable, un tono tranquilo, sosegado y pausado, sin embargo, lo único que defienden son sus propios
intereses. La pregunta es: ¿por qué no se ha creado la comisión interministerial? ¿Por qué ahora, después de ocho años, tenemos que pensar que sí se creará?
Por su parte, entre las finalidades de la administración del dominio público radioeléctrico, el artículo 85.2 del presente proyecto de ley recoge preservar la salud de la población mediante la determinación, control e inspección de los
niveles únicos de emisión radioeléctrica tolerables que no supongan un peligro para la salud pública. Ahora bien, se entiende que ha de incluirse este término entre los principios y objetivos de la nueva ley, es decir, en el artículo 3, que es
garantizar la prevención y protección de la salud de la población en relación con las emisiones radioeléctricas, mediante la investigación, determinación, control e inspección de los niveles únicos de emisión radioeléctrica tolerable, que no
supongan un peligro para la salud pública, como defiende en este caso nuestra enmienda al artículo 3.
Para ir terminando, otro apartado que también nos preocupa es el apartado h) del artículo 3, sobre fomentar la neutralidad tecnológica en la regulación. Señorías, esto sigue siendo un brindis al sol. Debe analizarse la terminología
empleada por la Directiva europea 2018/1972 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2018, por la que se establece el Código Europeo de las Comunicaciones Electrónicas. En la versión española se emplea el término garantizar, y lo
que este grupo propone es
cambiar el término fomentar por el de garantizar. El proyecto de ley solo se preocupa de la neutralidad tecnológica, atendiendo a los operadores de telefonía móvil, y especialmente a las facultades que se otorgan a ciertos operadores para,
con frecuencias que han recibido para la explotación de servicios menos avanzados, proveer servicios más avanzados en demérito de sus competidores. La neutralidad tecnológica debe ser una garantía de la competencia y no del mantenimiento del poder
de los exmonopolistas. Como digo, la contenida en el proyecto es una regulación insuficiente y muy parcial de la neutralidad tecnológica y se debiera prever la neutralidad tecnológica como valor de la competencia.
Para ir concluyendo, otro apartado que nos preocupa es el artículo 103.2 de la ley, que prevé que los titulares de fincas o bienes inmuebles en los que se ubiquen equipos, estaciones o cualquier clase de instalaciones de telecomunicaciones,
deban permitir el acceso a dichos bienes por parte del personal de inspección, requiriéndose el consentimiento de dichos titulares o autorización judicial solo cuando sea necesario entrar en un domicilio constitucionalmente protegido o efectuar
registros en el mismo. Para este grupo parlamentario es abusivo y podría violentar el derecho fundamental a la inviolabilidad del domicilio consagrado en el artículo 18 de nuestra carta magna. La redacción técnicamente es deficiente: entrar o
efectuar registros. Es evidente que la disyuntiva no es rigurosa, pero para registrar hay que entrar. Por eso la enmienda que propone el Grupo Parlamentario VOX recoge el concepto constitucional de domicilio, que es más amplio y abarca también a
las personas jurídicas.
Por último, señor presidente, para terminar, parece mentira que a diferencia de otras normas que semana tras semana se van convirtiendo en un vago recuerdo, pues se les acumulan veinte y hasta treinta prórrogas de plazos de enmiendas, esta
ley de telecomunicaciones cogió velocidad de crucero enseguida. No hubo apenas aplazamientos, debe ser porque se trata de un proyecto de ley que conviene atender con esmero, ya que de cómo quede la redacción definitiva dependen los objetivos
comerciales de los grandes operadores, que son los grandes beneficiados. Casi nada, señorías.
Nada más. Muchísimas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Jiménez.
Es el turno del Grupo Parlamentario Popular. Tiene la palabra don Mario Cortés.
El señor CORTÉS CARBALLO: Buenos días a todos.
Quiero señalar que en el cuaderno de votación había una pequeña errata, las enmiendas 97 y 98 también estaban retiradas.
En primer lugar, me gustaría agradecer el trabajo que todos hemos desarrollado durante todos estos meses. Sí quiero remarcar el cambio de actitud que ha tenido el Grupo Socialista, que es el grupo que gestiona y que sustenta al Gobierno,
puesto que por primera vez en mucho tiempo se ha sentado con el Grupo Popular para negociar enmiendas y para conseguir un texto final mucho más enriquecido y que sea un texto acorde -lo quiero decir así: acorde- con el espíritu de la directiva que
estamos aplicando. No olvidemos que lo que estamos haciendo es actualizar una ley del año 2014 que desarrolló el propio Grupo Popular, que obtuvo una amplia mayoría parlamentaria -fue aprobada por cerca del 95 %-; y lo que estamos haciendo,
asimismo -lo digo para la tranquilidad de muchos de los intervinientes-, es trasponer la directiva del código de comunicaciones electrónicas de la Unión Europea al ordenamiento jurídico español, así de simple, con un objetivo -lo dice bien claro la
directiva- que es el fomento de la inversión privada en redes de telecomunicaciones ¿Qué quiere decir esto? Que todo lo que estamos haciendo aquí o, mejor dicho, deberíamos estar haciendo aquí es buscar mecanismos que agilicen, que favorezcan, que
eliminen trabas para que la inversión, en vez de huir a otros países, se quede en España. ¿Por qué hay que hacer hincapié en esto? Porque muchas de las enmiendas que aquí se han planteado por parte de otros grupos que han sido rechazadas lo han
sido porque iban en contra del espíritu de la directiva. Si de lo que se trata es de favorecer la inversión y de reducir los trámites, las trabas y de agilizarlo todo, no tiene sentido aceptar enmiendas que vuelvan a poner trabas, más burocracia y
más problemas a la hora de hacer inversiones.
Quiero recordarles a todos ustedes que tenemos pendiente llegar a la España despoblada, al mundo rural, a aquellas zonas donde no es rentable y sí es complejo que haya despliegues de fibra óptica por la dificultad orográfica o porque los
trazados requieren -y pongo un ejemplo muy concreto: si hay que ir a una localidad que está distante- que haya que pasar la fibra por carreteras comarcales, por carreteras provinciales, por carreteras autonómicas, por cuencas hidrográficas. Eso
supone que cada uno de esos pasos es un trámite administrativo y un permiso, que, en la práctica habitual, se están retrasando incluso dos años. ¿Qué quiere decir? Que la propia Administración está retrasando los despliegues al mundo rural
y a la España despoblada, cuando todos -se ha visto en los distintos discursos que ustedes dan e incluso en los distintos debates entre todos- nos quejamos de que la España despoblada está desatendida. Sin embargo, cuando tenemos la
oportunidad, y es ahora, de agilizar todos esos trámites, volvemos de nuevo a mirarnos el ombligo y a argumentar que si la competencia de la comunidad autónoma de turno está por encima del ordenamiento nacional, etcétera. Luego pongámonos de
acuerdo. Si estamos de acuerdo y estamos dispuestos a dar ese empujón a la España despoblada y para eso necesitamos agilizar al máximo posible los despliegues, no parece lógico querer meter más trabas administrativas para esos despliegues, y más
cuando estamos planteándonos, como bien saben ustedes, unas inversiones cuantiosas en ayudas para despliegues precisamente en estas zonas. Si a eso le sumamos lo que vendrá, que estamos hablando ya del despliegue 5G, que va a suponer una serie de
despliegues de pequeñas unidades, pequeñas antenitas en las distintas ciudades, y empezamos a buscar problemas a esos despliegues, ya me dirán ustedes cuándo vamos a desplegar el 5G en este país, cuando todos estamos de acuerdo en que hay servicios
muy interesantes que van sobre 5G y cuando ustedes mismos reconocen que hay servicios que necesitan de esta red para el desarrollo económico de nuestro país.
Por tanto, ¿qué hemos hecho nosotros en este proceso de negociación? Primero, garantizar que se cumpliera el espíritu de la legislación, es decir, evitar que se introdujera algún tipo de enmienda que provocara volver atrás, volver a
establecer trabas o más burocracia a la hora de los despliegues, y lograr que mantuviéramos el espíritu original de la directiva. Y también hemos sumado algún paso más, sobre todo a la hora de los distintos procesos que se van a dar: ya hemos
hablado de la fibra óptica para el mundo rural, hemos hablado del 5G; también podemos hablar de los tan necesarios cables submarinos, recordemos que hay que conectar y hay que seguir potenciándolos, porque cada vez el caudal de datos es mayor, por
tanto, hace falta establecer nuevos cables submarinos. Hay una inversión internacional y privada muy interesante que debemos garantizar en nuestro país, tanto para la conexión con las islas como con Ceuta y Melilla, y para la conexión entre las
propias islas; ya hay distintos proyectos pendientes y además con posibilidad de acceder a fondos europeos. Luego, legislemos y legislemos rápido.
En esta línea, ¿qué hemos introducido? Un órgano que precisamente lo que viene a intentar solucionar es el problema competencial y acabar con las trabas administrativas, porque muchas veces los propios ministerios se contradicen a la hora
de dar un permiso. Eso lo primero que hace es que paraliza tremendamente la inversión, pero al mismo tiempo paraliza el futuro servicio que debería imponerse de forma inmediata. Entonces, esa comisión, que hemos conseguido introducir vía enmienda
y transaccional, lo que vendrá a resolver precisamente son estos problemas competenciales que hay, que no solo se dan entre los propios ministerios, sino, por supuesto, también entre las comunidades autónomas y los ayuntamientos que se adhieran, a
la hora de que ante un conflicto, ante un trazado o ante un proyecto que queda paralizado sine die y además sin justificación, los mismos se puedan acelerar y no impidan el desarrollo económico de esa zona o impliquen la pérdida de la subvención
europea correspondiente, la cual, como bien saben ustedes, tiene una serie de plazos que hay que cumplir; y si empezamos a poner trabas administrativas y a dilatar los procesos, al final acaba perdiéndose la inversión y, lo más importante, esa zona
rural, esa España despoblada, sigue quedando sin ningún tipo de conexión en banda ancha.
También se ha introducido, por fin, la regulación de los servicios de mensajería sin numeración, o sea, los famosos WhatsApp, Telegram, WeChat, Messenger, etcétera. No es necesario que se consideren como un operador, pero, evidentemente, lo
que no pueden es estar fuera de la regulación. Por ello, nosotros también abogábamos por que hubiera un registro para conocer estadísticamente cuáles son las funciones, sobre todo porque cuando llegue la hora de que la CNMC establezca quién es el
dominante en el mercado, si no atendemos precisamente a este gran volumen de servicios de voz sobre IP, tendremos el problema de que estaremos falseando realmente los datos del mercado y, a la hora de regular, no lo haremos de forma correcta.
En esa línea también hemos pedido, y se ha aceptado, que se tenga en cuenta la volatilidad y la gran rapidez con la que cambia el mercado de las telecomunicaciones en el mundo. Hoy existe un servicio como, por ejemplo, los servicios de voz
sobre Internet, que ha revolucionado la telefonía habitual, y, sin embargo, como la CNMC establece informes de valoración de mercado cada cinco años, resulta que no contempla esta nueva situación, y, como digo, se falsea realmente el mercado y, por
lo tanto, se producen disfunciones a la hora de tomar decisiones de competencia. ¿Qué se ha pedido y se ha aceptado? Que esos informes en mercados dinámicos como este se hagan cada menos tiempo, porque el mercado sigue cambiando constantemente ya
que cada vez nos inventamos más y más servicios, y la legislación competencial también debería adaptarse a esos nuevos cambios. Eso es crucial, porque ahí estamos
lastrando a compañías de bandera de nuestro país en el mercado nacional e internacional precisamente por no tener claro que el mercado cambia muy rápidamente y que la fotografía que hacemos hoy no va a ser la misma dentro de dos o tres años
o simplemente seis meses. Ahora se están anunciando fusiones entre operadoras, por ponerles un ejemplo, luego eso va a cambiar radicalmente el mercado. No puede ser que estemos esperando cinco años para hacer la fotografía y tomar decisiones desde
un punto de vista competencial.
Asimismo, se ha hecho un especial hincapié -por eso lo hemos conseguido- en los servicios de personas con discapacidad. Tenemos que pensar de una forma muy muy clara que todos nosotros, absolutamente todos, como mínimo en los últimos quince
años de nuestra vida vamos a vivir con algún tipo de discapacidad, eso es una realidad, ya sea auditiva, de visión o funcional; por tanto, debemos prever que los servicios de telecomunicaciones tengan en cuenta esa realidad. Se ha conseguido, vía
enmienda, que el Consejo Nacional de la Discapacidad cuente a la hora de la toma de decisiones en las distintas áreas. Doy este dato, porque creo que debemos ser sensibles no solo a la realidad de la discapacidad de nuestro país, sino porque la
esperanza de vida supone evidentemente que esa discapacidad nos afectará a todos, y todos seguiremos usando los servicios de telecomunicación en el futuro, incluso más todavía.
En cuanto a las llamadas indeseadas -aquí se ha hablado de eso-, hay que tener en cuenta una cosa: lo que nosotros proponemos es que haya libertad para que el usuario decida si quiere o no quiere que le llamen, así de simple. ¿Por qué?
Porque cuando te llaman, te hacen ofertas comerciales y tú decides si las quiere aceptar. ¿Qué hemos propuesto? Lógicamente, vía negociación, se ha establecido que se potencien los servicios que hay en los que un usuario puede registrarse para no
recibir llamadas; ejemplo: la famosa Lista Robinson. Se ha planteado que el propio ministerio realice algún tipo de campaña de comunicación a los usuarios para explicar y poner de manifiesto que existe ese servicio público y, por tanto, que
cualquier usuario que se dé de alta en esa lista automáticamente deje de recibir llamadas. Pero no creemos que deba ser por ley, puesto que en muchos casos algunas de las ofertas comerciales que te hacen te pueden interesar y puedes cambiar de
compañía. Luego hurtar la posibilidad de que un ciudadano decida si se cambia o no se cambia de compañía y, por tanto, reciba o no una oferta comercial no nos parece lógico; dejemos a la decisión del propio ciudadano si le interesa o no recibir
ese tipo de llamada. Y, como existen esos registros para no recibir llamadas, simplemente difundámoslos, demos información a los usuario e intentemos promocionarlos, y, lógicamente, eso se hace vía campaña y utilizando los fondos públicos, que para
eso los tenemos.
También se establecen una serie de ventajas y servicios en cuanto a los contratos de cara al usuario, pero eso suponía una disfunción de los propios prestadores del servicio, en el sentido de que si se cambian los contratos y se establecen
limitaciones, lógicamente no puede hacerse con carácter inmediato. Si hoy se aprueba la ley, no puede entrar en vigor al día siguiente; hay que dar un plazo mínimo para que las operadoras cambien los contratos, las condiciones. Ahí hemos
conseguido, vía enmienda, que se establezca una pequeña moratoria de unos meses para que la ley entre en vigor, algo lógico, sencillo y totalmente razonable, puesto que no se pueden cambiar millones de contratos de un día para otro.
Sí tenemos pendientes algunas cosas. Estábamos hablando de la necesidad de que la ingeniería y los proyectos se tuvieran en cuenta. ¿Por qué? Porque estamos hablando de instalaciones complejas que requieren seguridad y unos trazados
correctos. Sin ir más lejos, no es lo mismo hacer un trazado de fibra utilizando una protección de los cables para que ningún tipo de roedor acabe rompiéndolo que no hacerlo; eso supone un incremento de costes a la hora de los despliegues y tiene
que estar reflejado y considerado en los proyectos técnicos. Se hacen proyectos técnicos para todas las disciplinas, por lo que no parecía lógico que no hubiera proyectos técnicos para la disciplina del despliegue de telecomunicaciones. Sin ir más
lejos, el pasado 5 de marzo, el propio ministerio junto con UNE, que es el organismo de normalización, están ya desarrollando las nuevas normativas de despliegue para infraestructuras urbanas, en las que se atienden canalizaciones y los nuevos retos
que vienen, como los problemas de cobertura que puede haber ahora en edificios 5G, la necesidad de tener fibra directamente en la toma de tu televisión, puesto que ahora tenemos la famosa 4K y 8K. Lógicamente, eso supone unos retos técnicos a la
hora de los despliegues en las viviendas, sin embargo, de momento, el Grupo Socialista se niega a aceptarlo. Es un poco absurdo, porque, por un lado, el ministerio está trabajando en las nuevas normas técnicas de despliegues, pero, por otro, no
consideramos esto en la propia ley. Por lo tanto, sí pido que se reconsidere ese concepto, puesto que parece incongruente trabajar en una línea y luego en la legislación hurtarla.
Asimismo, vemos que hay un tema que deberíamos replantearnos -ahí mantengo viva la enmienda-, que es que se limitan los contratos a veinticuatro meses por ley, cuando nosotros lo que pedimos es que si está de acuerdo el usuario se permita la
prórroga, con consentimiento previo. ¿Por qué decimos esto? Porque ahora vienen los despliegues del 5G y, por tanto, los nuevos terminales 5G. Los terminales móviles 5G son mucho más caros que los terminales actuales, si hurtamos que se puedan
ampliar los contratos, estamos impidiendo que aquellos ciudadanos con menos poder adquisitivo puedan acceder a ese tipo de terminales, puesto que ya no cabrá la opción de que en el propio contrato de telefonía te regalen -entre comillas- el
terminal. Evidentemente, veinticuatro meses es un plazo insuficiente para poder amortizar este tipo de terminales. Por tanto, pido que se replanteen también esta enmienda y que dejemos que sea el propio ciudadano el que decida si amplía o no el
tiempo de contratación con ese fin, como les digo, de permitir que puedan introducir los teléfonos las distintas operadoras.
Por mi parte, tenemos algunas enmiendas técnicas más, pero quiero hacer dos comentarios para responder a VOX. Primero, un tema muy importante, porque no queremos crear alarma social: las señales de telecomunicación no producen ningún
efecto negativo para la salud; quiero que quede bien claro, porque puede parecer que estamos diciendo lo contrario. El propio ministerio obliga a toda las operadoras a hacer mediciones de sus antenas para que cumplan los estándares. Y otro tema
muy importante con relación al 5G, sobre el que muchas veces hemos escuchado que se crea alarma social de forma infundada: si recuerdan ustedes, todos hemos tenido que resintonizar nuestras televisiones -lo que se ha llamado el dividendo digital-
para cambiar la frecuencia de televisión que teníamos antes de las actuales. ¿Para qué? Para dejar que esa frecuencia de televisión sea ahora la frecuencia del 5G. Luego parece evidente que si antes recibíamos la señal de televisión en nuestra
casa y no tenía ningún riesgo para la salud, ¿por qué ahora, cuando esa señal se utiliza para el 5G, va a tenerla? Como ven ustedes, es completamente absurdo, pero quería dejar claro que no hay ningún tipo de riesgo en esa línea, y eso lo
defenderemos en cualquier foro.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Cortés.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el diputado don Javier Alfonso Cendón.
El señor ALFONSO CENDÓN: Muchas gracias, presidente.
Señorías, permítanme que mis primeras palabras sean de agradecimiento a todos los colectivos que trabajan y han trabajado por la transformación digital en nuestro país, y a todos los grupos parlamentarios que han estado trabajando por un
gran consenso en esta ley y en esta Comisión, lo cual creo que es algo notable y a resaltar. Particularmente, también quiero agradecerle a la secretaría de Estado, y concretamente al secretario de Estado Roberto Sánchez y a todo su equipo, su
implicación para desarrollar una ley de telecomunicaciones a la altura de nuestro país. Recordemos que el proyecto de ley general de telecomunicaciones ha tenido 238 enmiendas, de las que 27 fueron aceptadas y 31 transaccionadas en la fase de
ponencia, y hoy decidiremos, debatiremos y votaremos sobre la pertinencia de incorporar el resto de las mismas.
Este proyecto de ley traspone al ordenamiento jurídico español la Directiva europea 2018/1972 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2018, por la que se establece el Código Europeo de las Comunicaciones Electrónicas, se
regula el régimen general de las telecomunicaciones, se compendia la normativa vigente y se actualizan aquellos aspectos que han sufrido importantes modificaciones desde la aprobación de la vigente Ley 9/2014, de 9 de mayo, que también tuvo un
importante consenso en aquel momento, y se sientan las bases hoy para el despliegue de las redes de muy alta capacidad. Por tanto, la ley introduce reformas estructurales en el régimen jurídico de las telecomunicaciones a fin de fomentar la
inversión de los operadores en redes de muy alta capacidad, de mejorar la protección de los derechos de los usuarios y de actualizar, entre otras, la normativa sobre servicio universal, gestión del espectro y seguridad de las redes, contribuyendo a
la vertebración del territorio y a la lucha contra la despoblación y el cambio climático. También cabe destacar que esta ley es uno de los compromisos establecidos por nuestro país en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y que sin
duda contribuye a la consolidación del talento del personal dedicado al campo de las telecomunicaciones en nuestras fronteras.
Dicho esto, a nadie se le escapa que las telecomunicaciones constituyen uno de los sectores más dinámicos de la economía y uno de los que más puede favorecer el crecimiento, la productividad, el empleo y, por tanto, el desarrollo económico y
el bienestar social de nuestro país. Además, como se ha
demostrado, la pandemia de la COVID-19 puso de manifiesto la importancia de las telecomunicaciones a la hora de minimizar el impacto económico y social de las medidas adoptadas para proteger la salud de la ciudadanía, al tiempo que
contribuyen a vertebrar las distintas partes del territorio español y combaten el éxodo rural y el cambio climático. En este sentido, no olvidemos que son también un elemento de impulso a la transición ecológica y hacia nuevos modelos económicos y
sociales basados en la eficiencia energética, la movilidad sostenible y la economía circular, por lo que se consideran fundamentales al facilitar un uso más eficiente de los recursos energéticos en otros sectores.
En concreto, este proyecto de ley pretende regular los distintos tipos de operadores: los proveedores de servicios de Internet, los proveedores de comunicaciones interpersonales, tanto los que utilizan numeración como los que no, y los
operadores de transporte de señales o interconexiones que prestan servicio a otros operadores. Estos tres tipos de operadores tienen distintas obligaciones, distinta regulación y distintos servicios administrativos. Esta ley trata de equilibrar
las obligaciones de registro, de seguridad frente a riesgos y de información para, por ejemplo, conocer la transmisión y el tratamiento de los datos que utilizan o fomentar el despliegue de redes de muy alta capacidad, como señalaba antes, tales
como la fibra óptica o el 5G, lo que contribuirá a la lucha contra la brecha digital, la despoblación y el cambio climático. Sin duda, se trata del principal objetivo de la ley, ya que la expansión de nuevas redes en el medio rural, en especial en
los territorios con gran dispersión poblacional, como en una provincia como la mía, la de León, pero también en tantas otras de este país, resulta imprescindible para posibilitar un adecuado desarrollo económico y fomentar el emprendimiento y la
creación de empleo. Además, el establecimiento de nuevas redes, al ser palanca de vertebración territorial, ayudará a la fijación de población en el medio rural.
Por otro lado, se velará por la ampliación y la mejora de la protección de los derechos de usuarios, reforzando, por ejemplo, las obligaciones de transparencia y regulando los paquetes de ofertas. Se ofrecerá también protección de los datos
personales y de los derechos y las obligaciones de carácter público vinculados con las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas, respetando el principio de no discriminación, el secreto de las telecomunicaciones conforme a la regulación
actual y la protección de los datos de carácter personal. Y se introducen medidas que faciliten la portabilidad, como la posibilidad de conservar el saldo prepago, el mantenimiento del número un mes después de una portabilidad y el reenvío gratuito
de los correos electrónicos, algo que es de vital importancia.
También está prevista la actualización de la normativa sobre el servicio universal de telecomunicaciones con la introducción de medidas en materia de seguridad destinadas a gestionar los nuevos riesgos a los que se ven sometidos las redes y
los servicios. En esta ley se establece la obligación de prestar servicios a la población con criterios de precio asequible, pero además se establece la obligación de la universalización del servicio de comunicaciones mediante el impulso del 5G y
el apoyo de las inversiones del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Este servicio universal lo será independientemente de la localización geográfica, será adecuado y suficiente y con una calidad determinada, así como con un precio
asequible, y se ajustará a las nuevas realidades y a las necesidades de la ciudadanía y del sector. En este punto también es de vital importancia el refuerzo del funcionamiento del 112 como número de llamada de emergencia en toda Europa,
estableciendo obligaciones de accesibilidad para personas con discapacidad e introduciendo la posibilidad de enviar a través del mismo mensajes de alerta a toda la población.
La ley contempla también racionalizar la adjudicación y la gestión del dominio público radioeléctrico, introduciendo medidas que faciliten el uso compartido del espectro por operadores móviles, evitando restricciones indebidas en la
implantación de puntos de acceso inalámbricos para pequeñas áreas y estableciendo una duración mínima de las concesiones. Otras medidas son el establecimiento de distintas categorías de servicios de comunicaciones electrónicas o clasificaciones de
los servicios, acogiendo el principio de aproximación de las obligaciones aplicables a unos y a otros bajo el criterio de imponer obligaciones similares a servicios semejantes, y la regulación de la posibilidad de que la Comisión establezca tarifas
únicas máximas de determinadas llamadas de voz a escala europea.
Para terminar, quiero resaltar de nuevo que la reforma de la Ley General de Telecomunicaciones está prevista en el Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia, en concreto, en el componente conectividad 5G y ciberseguridad, que prevé
una inversión de 4000 millones de euros para extender la conectividad al 100 % de la población de nuestro país impulsando el desarrollo del 5G e impulsando el ecosistema de ciberseguridad. Por su indudable importancia, una vez más llamo al consenso
para seguir
conformando entre todos los grupos el mejor presente y la más justa regulación que nos mantenga como país puntero y competitivo en materia de telecomunicaciones.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Alfonso Cendón.
Ha terminado el turno de intervenciones y de posicionamiento de los portavoces de los diferentes grupos.
Como saben ustedes, dada la complejidad de la ley, la necesidad de preparar los cuadernos de votaciones y de que nuestra letrada examine las transaccionales y conozca a través de los portavoces aquellas peticiones de votación separada que se
puedan realizar, vamos a suspender la sesión, advirtiéndoles de que la reanudamos a las doce menos cuarto con la intención de proceder a las votaciones. (El señor Jiménez Revuelta: No lo sabíamos). Es la práctica habitual en los proyectos de ley
en los que hay una gran complejidad de transacciones que, para que la letrada pueda formalizar el cuaderno de votaciones e incorporar transacciones de última hora, se suspenda. (El señor Jiménez Revuelta: No sabíamos nada y hemos avisado a los
compañeros para votar). Sí, este es un problema que se puede solucionar. Es inevitable puesto que, si no, no hay manera de efectuar las votaciones. Así pues, disculpen las molestias, pero debe ser así.
Muchas gracias.
Se suspende la sesión a las once y cinco minutos de la mañana.
Se reanuda la sesión a las doce y veinticinco minutos de la mañana.
El señor PRESIDENTE: Vamos a hacer primero el recuento de efectivos para saber cuántos parlamentarios estamos exactamente. Del Grupo Parlamentario Socialista, están los trece parlamentarios; del Grupo Parlamentario Popular, nueve; del
Grupo Parlamentario VOX, cinco; del Grupo Parlamentario de Podemos, cuatro; de Esquerra Republicana está Capdevila; el Grupo Plural está también; de Ciudadanos está María; del Grupo Vasco está Legarda; del Grupo Mixto no hay nadie, y de EH
Bildu tampoco ha venido nadie. Entonces, de los 37 miembros que tenemos en la Comisión, están presentes 35. Lo digo a efectos de los cálculos por los secretarios.
La señora MUÑOZ VIDAL: Si me dais cinco minutos os lo agradezco, pero lo que queráis. Son unas cuantas enmiendas y nos las acabáis de dar ahora.
El señor PRESIDENTE: Tenemos votaciones en Hacienda también.
La señora MUÑOZ VIDAL: Pues nada.
El señor PRESIDENTE: ¿Qué hacemos, María? Esperamos dos minutos, a ver si te traen el criterio.
La señora MUÑOZ VIDAL: Sí, o me lo mandan por WhatsApp. Os lo agradezco.
El señor PRESIDENTE: Dos minutos y empezamos, porque está esperando que le pasen criterio sobre las transaccionales. (Pausa).
Señorías, vamos a empezar las votaciones. Tomen asiento, por favor. Recuerdo que estamos 35 diputados, aunque somos 37 en la Comisión.
Comenzamos a votar de conformidad con el guion que les ha sido remitido. En primer lugar, votamos las enmiendas del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) agrupadas: la enmienda transaccional a la número 6, la enmienda transaccional a la
número 9 y la enmienda transaccional a la número 12.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 19; en contra, 5; abstenciones, 10.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Enmienda número 13.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 3; en contra, 28; abstenciones, 1.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmienda número 21.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 4; en contra, 28.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos las enmiendas agrupadas 7, 8, 10 y 11.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 3; en contra, 28.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Resto de enmiendas salvo las transaccionadas.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 3; en contra, 28.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos las enmiendas de Ciudadanos. En primer lugar, la enmienda transaccional a la 30.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 32; abstenciones, 2.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Enmienda 30.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 6; en contra, 28; abstenciones, 1.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmiendas 45 y 46.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; en contra, 18; abstenciones, 1.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Resto de enmiendas.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 6; en contra, 28; abstenciones, 1.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Vamos a votar ahora las enmiendas del Grupo Parlamentario Plural. En primer lugar, las enmiendas de Pilar Calvo Gómez, que se agrupan en varios grupos. El primer de grupo incluye la enmienda transaccional a la 223, la enmienda
transaccional a la 234 y la enmienda transaccional a la 235.
El señor JIMÉNEZ REVUELTA: ¿Se puede votar por separado?
El señor PRESIDENTE: ¿Qué votación desea que se haga por separado?
El señor JIMÉNEZ REVUELTA: Las tres enmiendas por separado.
El señor PRESIDENTE: Vamos a votarlas por separado. En primer lugar, la enmienda transaccional a la 223.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 20; en contra, 15.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Enmienda transaccional a la 234.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 24; abstenciones, 10.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Enmienda transaccional a la 235.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 34; en contra, 1.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Enmiendas 222 y 237.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 4; en contra, 31.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas 224, 229, 230, 231 y 239.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 2; en contra, 31; abstenciones, 2.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Resto de enmiendas salvo las transaccionadas.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 2; en contra, 31; abstenciones, 2.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos el siguiente grupo de enmiendas transaccionadas del Grupo Socialista con el Grupo Plural, señor Bel, y con Esquerra Republicana de Catalunya. ¿Las votamos en conjunto? (Asentimiento). Votamos las enmiendas transaccionales a las
197, 129 y 130; a las 203, 204 y 144; a las 205 y 145, y a las 206 y 146.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 19; en contra, 14; abstenciones, 1.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Enmienda transaccional a la 202 del Grupo Parlamentario Plural.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 29; en contra, 6.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Votamos las enmiendas del Grupo Plural. En primer lugar, la número 211.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 8; en contra, 26; abstenciones, 1.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos la enmienda número 217.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 8; en contra, 22; abstenciones, 1.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos la 220.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 8; en contra, 26; abstenciones, 1.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos a continuación la número 218.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 6; en contra, 28; abstenciones, 1.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos a continuación las enmiendas 193 y 195.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 1; en contra, 32; abstenciones, 1.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos las enmiendas 194, 198, 201, 207, 209 y 216.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 1; en contra, 31; abstenciones, 3.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos el resto, salvo las transaccionadas.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 2; en contra, 32; abstenciones, 1.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos la enmienda transaccional a la 2, del señor Baldoví.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 34; abstenciones, 1.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Ahora votamos las enmiendas 109 y 120 del diputado señor Rego.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 2; en contra, 32; abstenciones, 1.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos el resto de las enmiendas del señor Rego.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 8; en contra, 26; abstenciones, 1.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Respecto a las del Grupo Parlamentario Republicano, en primer lugar, votamos la enmienda transaccional a la 135.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Enmienda transaccional a la 139.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 21; en contra, 14.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Enmienda transaccional a la 149.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 21; en contra, 14.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Enmienda transaccional a la 155.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 24; en contra, 10.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Enmienda transaccional a la 158.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 20; en contra, 14.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Enmienda transaccional a la 161, que es de adición al texto de la ponencia.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 20; en contra, 15.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Enmienda transaccional a la 172.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 25; en contra, 10.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Enmienda transaccional a la número 178.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 21; en contra, 14.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Votamos, a continuación las enmiendas 123, 132, 142, 150, 153, 156, 164, 173, 182 y 184.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 2; en contra, 31; abstenciones, 2.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos el resto de las enmiendas, salvo aquellas que han sido transaccionadas.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 1; en contra, 32; abstenciones, 1.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
El Grupo Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común ha retirado sus enmiendas y, por tanto, no se votan.
Votamos a continuación las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular. En primer lugar, las enmiendas números 82 y 100.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 14; en contra, 20; abstenciones, 1.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos, a continuación, las enmiendas 89, 91, 92 y 99.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15; en contra, 19; abstenciones, 1.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos, en último lugar, la enmienda número 86.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 31; en contra, 2; abstenciones, 2.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Terminadas las enmiendas, vamos a votar el texto del informe.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 27; en contra, 5; abstenciones, 3.
El señor PRESIDENTE: Por tanto, queda aprobado.
Recuerdo a sus señorías que, como saben, el jueves 28 tenemos Pleno. Por tanto, según acuerdo de la Mesa y debido a su tramitación en el próximo plenario, el plazo para el mantenimiento de enmiendas finaliza hoy a las 14 horas, y son las
13:10.
Muchas gracias a todos. Se levanta la sesión.
Era la una y diez minutos de la tarde.