CORTES GENERALES


DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS


COMISIONES

Año 2022 XIV LEGISLATURA Núm. 643

PARA LA AUDITORÍA DE LA CALIDAD DEMOCRÁTICA, LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LAS REFORMAS INSTITUCIONALES Y LEGALES

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. ÍÑIGO ERREJÓN GALVÁN

Sesión núm. 13

celebrada el miércoles,

6 de abril de 2022

ORDEN DEL DÍA:


Debate y votación del informe de la subcomisión y de los votos particulares.


- Subcomisión relativa al análisis de las medidas necesarias para reforzar la imparcialidad e independencia de autoridades independientes y organismos de regulación, y la protección de la figura del denunciante de los casos de corrupción.
(Número de expediente 154/000003) ... (Página2)

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Se abre la sesión a las cinco y diez minutos de la tarde.


El señor PRESIDENTE: Buenas tardes.


Comenzamos la sesión de la Comisión para la Auditoría de la Calidad Democrática, la Lucha contra la Corrupción y las Reformas Institucionales y Legales.


Como saben ustedes, el objeto de la sesión de esta tarde es el debate y la votación del informe realizado por la Subcomisión, así como los votos particulares de los diferentes grupos. Establecimos en la última reunión de Mesa y Portavoces
la forma de proceder en el debate y se lo recuerdo. Inicia el turno el grupo proponente, que en este caso será el Grupo Socialista, que defiende el informe y agrupa en su primera intervención el informe y la defensa de sus enmiendas propias, y
después intervienen los portavoces de los grupos de menor a mayor que tengan votos particulares. El portavoz de Ciudadanos había pedido que hiciéramos una excepción para que él pudiera intervenir primero, pero parece ser que finalmente no va a ser
capaz de llegar y que le sustituyen, así que lo hacemos estrictamente en el orden que habíamos dicho de menor a mayor. Comenzaremos con el Grupo Vasco y acabaremos en último lugar con el Grupo Popular y después intervendrán, también por diez
minutos, los grupos que solo quieran fijar posición y que no tengan enmiendas o votos particulares propios.


Una vez se hayan producido estas intervenciones, pasaremos a votar, en primer lugar, los votos particulares y después el informe tal y como haya quedado. Con la votación de los votos particulares les recuerdo dos cuestiones: una, que se
pueden establecer transacciones como han hecho en Subcomisión quienes han estado entre votos particulares y, dos, que los votos particulares de cada grupo se votan en bloque, salvo que alguien pidiera que en algún caso se hiciera por separado.
Entonces, salvo petición, por defecto votaríamos en bloque los votos particulares de cada grupo. Votados los votos particulares, pasaríamos a votar finalmente el informe.


Una cuestión de orden. Son las cinco y cuarto y, como saben ustedes, en Comisión la votación no es por voto ponderado, sino por mano alzada, por número de personas, y, por si se lo quieren indicar a los diputados de sus grupos, calculamos
que en torno a las seis y veinte o seis y media estaremos realizando las votaciones y para que lleguen estableceremos un descanso de cinco minutos.


Comenzamos con el debate del informe. Para su defensa tiene la palabra, en primer lugar, la señora diputada Elvira Ramón, portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.


La señora RAMÓN UTRABO: Muchas gracias, presidente.


Votamos hoy el primer informe de la Subcomisión relativa al análisis de las medidas necesarias para reforzar la imparcialidad e independencia de autoridades independientes y organismos de regulación que, como saben, tiene una segunda parte,
que es la protección de la figura del denunciante de los casos de corrupción referente al primero de los objetivos, que es el análisis de autoridades independientes y organismos de regulación.


El informe que hoy debatimos y votamos es fruto de un trabajo que comenzó el 11 de noviembre de 2020 y que supuso el paso por la Comisión de veintiún comparecientes, a partir de cuyas ideas y testimonios se redactó un texto base al que se
incorporaron sesenta y una enmiendas de todos los grupos. Este texto base se estructuró a su vez en un índice presentado por el letrado de la Cámara que asistía a la Comisión y que fue aprobado por la propia Subcomisión para estructurar los
trabajos. La labor de los dos letrados que han asistido a la Subcomisión, Pedro José Peña y Fernando Galindo, ha sido fundamental en la elaboración de este informe y quiero aprovechar para reconocer en nombre de mi grupo, y estoy segura de que
también en el del resto de los grupos, sus valiosas aportaciones. También quiero agradecer a todos los grupos sus enmiendas, todas ellas valiosas y a tener en consideración. Esta es una Subcomisión de trabajo en la que no debería de caber el tono
bronco propio de otras actividades parlamentarias, al menos así lo percibimos desde mi grupo, el Grupo Parlamentario Socialista.


Los diputados y las diputadas que tuvieron la oportunidad de asistir a las comparecencias que se celebraron en la Comisión pudieron comprobar que casi todas ellas analizaron la situación de las autoridades administrativas independientes
desde dos puntos de vista. Por un lado, se habló de la independencia de estos órganos y su posible refuerzo, y, por otro lado, también se habló por parte de los expertos, y mucho, de la necesidad de mejorar la rendición de cuentas de este tipo de
organismos. Quedó muy claro a raíz de las comparecencias, y también del índice propuesto por el letrado, que no se trataba solo de realizar recomendaciones en el sentido de reforzar la independencia de estos organismos, como en principio era el
objeto de la Subcomisión, sino de plantear, y el informe no podía ser ajeno a ello, que es necesario evitar que estas instituciones no respondan ante nada ni ante nadie de sus actuaciones

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porque son parte de la Administración y todo organismo público en un sistema democrático debe rendir cuentas de cómo ejerce la labor que tiene encomendada. Este equilibrio entre reforzar la independencia y reforzar la rendición de cuentas
no ha resultado sencillo de alcanzar y desde el texto base hasta hoy mismo hemos ido entre todos afinando nuestras propuestas, de ahí que se hayan transado y aprobado tantas enmiendas.


El informe afirma que las autoridades independientes son una excepción al normal funcionamiento de la Administración, una excepción que debe estar justificada por razones bien fundamentadas. Esto ha molestado a algunos grupos que nos acusan
de buscar con ello el descrédito de las autoridades existentes. Cualquiera que lea detenidamente el informe se dará cuenta de que no hay nada más lejos de la realidad. Eso sí, coincidiendo con la mayoría de los expertos, el informe afirma que en
determinados campos está justificada la existencia de autoridades independientes, pero que el funcionamiento normal del Estado democrático no es a través de autoridades independientes, sino del ejercicio del poder por instituciones elegidas directa
e indirectamente por los ciudadanos, es decir, a través del Parlamento y del Gobierno y sometidas a control político. En definitiva, el de las autoridades independientes es un modelo idóneo para determinados ámbitos de actuación, pero no
trasladable de forma generalizada a nuestro sistema de gobierno.


Se cuestiona también que el informe haga referencia a la necesaria legitimidad democrática de este tipo de instituciones. Algunos grupos consideran que su creación por una ley ya es suficiente y que a partir de ahí cómo se desarrolle el
nombramiento o las funciones de este tipo de instituciones es ajeno a este principio democrático, pues cualquier regulación que se establezca al tener origen en una ley ya respeta ese principio. En el párrafo veinticuatro ya se recoge esta idea.
La legitimidad democrática de origen de las autoridades independientes se basa principalmente en su ley de creación, pero, además de esta legitimidad de origen, recogiendo la opinión de muchos expertos que han pasado por la Comisión, el informe
incide también en que el principio democrático debe proyectarse más allá de las leyes por las que se constituyen; por ejemplo, de restringir el principio democrático a la ley de creación, como hacen algunos grupos, el nombramiento de los dirigentes
de este tipo de instituciones le podría corresponder a cualquiera desde colegios profesionales y empresas que cotizan en bolsa hasta expertos elegidos por sorteo. Nosotros no pensamos así, nosotros creemos, como se desprende del informe, que una
institución que ejerce por delegación de la Administración un poder público debe de tener una relación con la democracia que no se circunscriba a su origen legal, sino que se extienda al nombramiento de sus dirigentes y a la rendición de cuentas
ante la sociedad y sus representantes, y, de hecho, así es en la mayoría de los países que tienen este tipo de instituciones. Sus dirigentes no son elegidos por sorteo o por un comité de tecnócratas, sino por el Poder Ejecutivo en combinación con
el Poder Legislativo y deben de comparecer ante los Parlamentos para dar cuenta de sus actuaciones, y todo ello refuerza su legitimidad democrática, respetando a la vez su imparcialidad e independencia, y así debe de seguir siendo. Por tanto,
circunscribir la democracia al origen legal, desconectando a partir de ese momento a estas instituciones del conjunto de la sociedad, no es el modelo de la mayoría de los países y tampoco es el que defiende este informe.


Un aspecto especialmente importante del informe relacionado a su vez con la independencia y con la rendición de cuentas son sus recomendaciones respecto a la participación de las Cortes Generales en el nombramiento y seguimiento de la labor
de las autoridades independientes. Citaré dos de ellas de especial trascendencia. Una primera, con el objetivo de reforzar la independencia de este tipo de organismos, se recomienda que las mayorías para ratificar los nombramientos de sus
dirigentes sean una mayoría cualificada, y otra es que se propone que los nombramientos y comparecencias pasen a realizarse por una Comisión Consultiva de Nombramientos con funciones reforzadas.


En cuanto a una recomendación de varios expertos, que en apariencia también reforzaba el papel del Parlamento, como son los mandatos-marco, nuestro voto particular propone su supresión a propuesta del letrado. Es un nuevo ejemplo de cómo el
Grupo Socialista, con la colaboración y apoyo de otros grupos, hemos ido afinando nuestras propuestas acogiendo las opiniones de todos en un intento de buscar ese equilibrio entre independencia y rendición de cuentas del que hablaba al principio de
mi intervención. Aprovecho para agradecer de nuevo al letrado todas las mejoras de contenido que hemos incorporado al texto definitivo a través de nuestro voto particular.


Pese a que los dirigentes de estas instituciones nos han afirmado en sus comparecencias que ejercen de manera independiente su labor, el informe ha considerado conveniente recoger algunas recomendaciones que pueden suponer garantías
adicionales a las ya existentes de independencia e imparcialidad. Citaré cuatro: un mandato más largo de sus máximos dirigentes para reforzar su

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inamovilidad; un refuerzo de las plantillas para dotar de capacidad a estas instituciones para realizar sus funciones en plenitud; la eliminación de algunos recursos de alzada ante la Administración General del Estado contra algunos
acuerdos que todavía permanecen, aunque de forma marginal, en el ordenamiento jurídico, y el refuerzo de las mayorías necesarias en el Parlamento para ratificar el nombramiento de sus dirigentes.


El informe habla también de la gobernanza. Algunas recomendaciones en este sentido son el carácter colegiado y plural de sus órganos de gobierno, la participación de estas instituciones en la elaboración del reglamento que las estructura y
un aumento de la transparencia en su proceso de toma de decisiones.


En conclusión, este informe considera que no es incompatible la independencia con la rendición de cuentas. Concluye que es deseable que existan este tipo de autoridades, pero solo en determinados ámbitos que lo justifiquen, como así ocurre
con las actualmente existentes. Concluye que hay que reforzar los mecanismos para asegurar que en el ejercicio de sus funciones las autoridades actúan con eficacia, imparcialidad e independencia, tal y como marca la ley. Concluye a su vez que la
sociedad, a través de sus representantes democráticos, tiene el derecho a poder hacer un seguimiento de su labor sin que ello afecte a su independencia, porque nadie puede estar exento en una sociedad democrática de rendir cuentas de su trabajo,
tampoco este tipo de instituciones. Por último, concluye que estas autoridades deben de ser transparentes en su funcionamiento. Es un informe equilibrado y por eso el Grupo Socialista va a apoyar con su voto su aprobación junto al voto particular
que también presentamos para pulir determinados aspectos señalados por el letrado.


En definitiva, y acabo, ni hacemos afirmaciones propias de regímenes autocráticos ni somos liberales ni tenemos planteamientos perversos, como dice el Grupo Popular en su voto particular. Respetamos la posición de todos los grupos, respeten
ustedes la nuestra y discrepen si quieren, pero sin entrar en la hipérbole. ¿No es lo que predica su nuevo líder? Pues pasen de los eslóganes a los hechos.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Ramón.


A continuación, tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario Vasco, el señor Legarda, para la fijación de su posición y la defensa de sus votos particulares.


El señor LEGARDA URIARTE: Muchas gracias, presidente.


Seré muy breve. Siguiendo la cita romana clásica scripta manent, verba volant, es decir, lo escrito queda, las palabras vuelan, aunque parece que tenía un sentido contrario al que le damos nosotros hoy en día en el Senado romano, y cogiendo
el significado en castellano que lo escrito escrito está y que lo que se habla vuela o no tiene tanta perdurabilidad, nuestro grupo se ha pronunciado a lo largo de las distintas sesiones de la Ponencia sobre cuál era nuestra posición de manera
escrita. Ahora he presentado un voto particular posicionándome en contra del dictamen en el que de una manera compilada reúno con carácter general, quitando alguna cuestión, el grueso de las observaciones que he ido haciendo. Constan en el Diario
de Sesiones y, por tanto, no veo necesidad de aburrirles a todos ustedes volviendo a repetir lo que he ido escribiendo y poniendo en su conocimiento en todas y cada una de las sesiones y también en la que nos ocupa.


Sin más prolegómenos, simplemente concluyo diciendo que no nos satisface el contenido del informe, que respetamos todas las aportaciones que han hecho cada uno de los miembros y portavoces de la Comisión, aunque tenemos una discrepancia
profunda y de fondo, y que, por tanto, no apoyaremos el informe.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Legarda.


Solo una precisión técnica, las intervenciones en Subcomisión no cuentan, pero los votos particulares y el trabajo redactado, lo escrito, y ahí me remito a su primacía de la palabra escrita, sí que cuentan finalmente en las actas del trabajo
de la Comisión.


A continuación, tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Ciudadanos el señor López-Bas.


El señor LÓPEZ-BAS VALERO: Gracias, señor presidente.


Buenas tardes, señorías. El Grupo Ciudadanos ha presentado un voto particular al informe de esta Subcomisión relativa al análisis sobre las medidas necesarias para reforzar la imparcialidad e independencia de autoridades independientes y
organismos de regulación y la protección de la figura del

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denunciante de casos de corrupción en un voto que justificamos plenamente en el propio texto del mismo, por lo que en principio me referiré someramente a nuestros motivos, independientemente de que me remita íntegramente a lo que en dicho
voto ya se expresa.


Nuestro voto particular viene precisamente motivado en la percepción que tenemos de que el informe que se propone en absoluto tiene por objeto defender la independencia y la imparcialidad de esas autoridades, precisamente llamadas
independientes, ni de los órganos reguladores. Es más, creemos que se está tratando justamente de todo lo contrario. Si no se puede o no se quiere, que sería mucho peor, garantizar la independencia y autonomía de estas entidades, parece que lo que
se pretende es desterrar esos principios de independencia e imparcialidad para aceptar que puedan ser ocupados desde el Gobierno con criterios políticos y partidistas. Basar el informe en un principio, creemos, de sospecha y duda sobre los
funcionarios públicos nos parece inaceptable, es poner en cuestión algo que es inherente y fundamento de su dedicación al servicio público. Esa dedicación no puede ser puesta en entredicho y, desde luego, mucho menos por grupos parlamentarios que
hoy están en el Gobierno. La defensa del servicio público pasa precisamente por la defensa de quienes lo ponen en marcha cada día, con independencia del poder, y hemos pensado siempre que la base del sistema es garantizar una función pública a
través de la que se ejerce el poder, pero sin que el poder pueda imponerle valores ideológicos o partidistas.


Precisamente en ese camino tiene una radical importancia todo lo relacionado con los balances y equilibrios entre poderes, y a ello contribuye la función de control que el Legislativo ejerce sobre el Ejecutivo. Creemos sinceramente que la
propuesta de informe diluye esta manera de ser las cosas y cómo deben producirse en un Estado democrático y de derecho, y por ello reclamamos el papel esencial no solo de las Cortes Generales, sino de agencias como la Airef, la CNMC, o la CNMV, que
ya han expresado su preocupación por los intentos de politización y, por tanto, de control de las mismas por el Gobierno.


Esto, señorías, es el mundo al revés. Resulta que nos enfrentamos a una situación en la que quien debe ser controlado es quien pretende controlar a órganos creados precisamente con esa finalidad y objetivo. En ese sentido, no solo por el
fundamento último constitucional de las agencias independientes y de los órganos de regulación, sino por el régimen de nombramiento de quienes los integran, es esencial respetar el máximo nivel de excelencia, experiencia y profesionalidad de quienes
son llamados a cumplir esa función, porque la excelencia, la experiencia y la profesionalidad son precisamente la garantía de su independencia e imparcialidad. Señorías, la independencia debe estar fuera de toda duda, y ello no casa bien con estar
afiliado a un partido político o haber desempeñado cargos en los mismos y a continuación, o al mismo tiempo, estar en una de estas entidades.


Debemos constatar que el texto definitivo, como ya dijimos, mejora el inicial, por supuesto, pero sigue siendo no ya un texto insuficiente, sino un texto contrario a la lógica precisamente de lo que estamos tratando. Esa es nuestra opinión.
Cómo garantizar la imparcialidad y la independencia de agencias y organismos de regulación creemos que sigue siendo una asignatura pendiente de análisis. Con la Agencia Española de Protección de Datos hemos tenido el primer episodio de la
reconvención por parte de la justicia del Gobierno en sus intentos de politizar y someter a un organismo independiente de control precisamente a través del nombramiento teledirigido de sus miembros. No podrán ustedes decir en el futuro que no están
avisados de que este no es el camino. En esa línea, y en alguna otra, pero fundamentalmente en la de reforzar la idea de la independencia e imparcialidad de quienes forman parte de estas agencias y organismos de regulación, está lo principal de
nuestro voto particular por convicción de quienes creemos en la función de esas entidades y por la necesidad de garantizar el buen funcionamiento del sistema democrático con los controles internos apropiados.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor López.


A continuación por el Grupo Republicano Catalán, tiene la palabra la señora Carvalho Dantas. (Denegación). Es verdad que usted no tiene votos particulares, interviene en fijación de posiciones. Perdón por mi error. En ese caso, tiene la
palabra, por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos, el señor Hurtado.


El señor HONRUBIA HURTADO: Gracias, señor presidente.


En primer lugar, quiero dar las gracias a todos los grupos por el trabajo realizado desde el inicio de la Comisión. Como ya se ha comentado, hace más de un año que empezamos con los trabajos y el resultado

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del informe viene a ser la consecuencia de todo ello. También quiero dar las gracias a los letrados por el trabajo realizado, tanto por el anterior como por el que vino a sustituirlo, aquí presente; le doy las gracias por las aportaciones
que ha ido haciendo.


En primer lugar, lo que queremos plantear es que lo que se va a votar es un informe y que votar a favor no implica que uno tenga que estar de acuerdo necesariamente con el contenido en su conjunto. Se puede estar en contra de algunas
cuestiones concretas que vengan en el informe, se puede pensar incluso que hay algunos contenidos que podrían haberse incluido, y que no lo estaban, incluso se puede ser crítico con la metodología que se ha llevado a cabo para la realización del
mismo, y ello no implica necesariamente que se tenga que votar en contra. Si uno está a favor de la visión de conjunto que expresa el informe respecto a la idea que tiene su grupo parlamentario de lo que debe ser el funcionamiento de las
autoridades administrativas independientes o si cree que la mayor parte de las recomendaciones y propuestas que se hacen en el mismo son de su agrado, eso debería ser suficiente para votar a favor del mismo. Es el caso de nuestro grupo, que no
compartimos el cien por cien del informe, pero sí el espíritu que lo rige; compartimos, digamos, las reflexiones de fondo que se hacen sobre lo que deben ser estos organismos y, por tanto, votaremos a favor.


De la misma manera, no podemos estar de acuerdo con aquellos grupos que a través de sus votos particulares han expresado una crítica en el sentido de decir que el contenido del informe no se adecua a lo que originalmente era el objetivo de
la subcomisión de estudio. Como bien ha explicado previamente la portavoz del Grupo Socialista, creemos que a lo largo de la comparecencia quedó bastante clara la preocupación que existía en torno al funcionamiento de estas administraciones y que
todo debería tener cabida en el contenido del informe. Nosotros estamos de acuerdo en que las normas que rigen estas instituciones les dan legitimidad democrática, y de alguna forma ya tienen capacidad de hacer que se garantice su independencia y
su autonomía, pero entendemos que también hay una serie de peligros que van de la mano de la existencia de estas administraciones y que, por tanto, habría que reflexionar al respecto. Pensamos que siempre existe el peligro de la captura de estas
administraciones por agentes externos a los mismos, que pueden ser políticos, económicos, o de otro ámbitos relacionados con su espacio de actuación, y también el de que estas administraciones, en determinados contextos, puedan ser utilizadas por
determinadas fuerzas políticas para hacer oposición a un Gobierno legítimo cuando precisamente no están en ese Gobierno. Todos sabemos que por desgracia la derecha en este país tiene cierta tendencia a pensar que el poder le corresponde por derecho
divino, que no suelen reconocer como legítimos a los Gobiernos que no son los suyos, y que suelen utilizar cualquier mecanismo, cualquier organismo que pueda estar a su alcance como fuerza de oposición. Por tanto, como entendemos que existe algún
riesgo de que esto pudiera pasar con las autoridades independientes, o con algunas de ellas, creemos que también es necesario que en este informe avance en cómo establecer mecanismos para que eso no ocurra.


Tampoco creemos que sea cierto que lo que se hace en este informe es sembrar dudas y desconfianza respecto de la existencia de estas administraciones; más bien lo contrario. Pensamos que lo que se hace precisamente es intentar acabar con
cualquier duda o desconfianza que pueda existir respecto de su existencia, porque, efectivamente, como se vio durante la comparecencia y como se ha expresado por algunos grupos tanto durante las mismas como en el trabajo en subcomisión, esta duda
existe. Lo que se ha pretendido en este informe, y nosotros creemos que se ha hecho con éxito, es, en primer lugar, incidir en la idea de que dicha existencia, además de tener una legitimidad democrática, tiene que estar también debidamente
justificada y, a su vez, tiene que tener un carácter de excepcionalidad; es decir, que no se puede convertir en norma lo que tiene que ser un trabajo de carácter excepcional para determinado ámbito.


En segundo lugar, se ha intentado también que se establezcan una serie de pautas comunes en lo que tiene que ver con los sistemas de elección de sus máximos representantes, así como con los mecanismos de control que los poderes públicos han
de ejercer sobre las mismas y con cuestiones relacionadas, por ejemplo, con la transparencia. En tercer lugar, como ya he dicho, establecer una serie de límite a su autonomía e independencia, en línea de lo que ya he comentado, para evitar que
puedan ser capturadas por determinados intereses políticos o económicos, e igualmente evitar que pudieran llegar a ser usadas para unas funciones de tipo político que no son las que les corresponden. Todo esto se recoge en el informe y por eso,
entre otras cuestiones, lo aprobaremos.


Respecto a los votos particulares que se han presentado, el voto del Partido Nacionalista Vasco la verdad es que nos parece que tiene una gran calidad técnica y jurídica, pero no compartimos el enfoque

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de fondo. Creemos que parte de una visión excesivamente positiva sobre la existencia y funcionamiento de estas administraciones, y que desde esa perspectiva deriva una especie de negación de que pueda existir un debate sobre su legitimidad
o sobre cómo encajarlo dentro del sistema político y administrativo español, porque supuestamente este debate ya se realizó durante los años noventa, porque ya hay una serie de legitimidades constitucionales, etcétera, que lo amparan y, por tanto,
no se tendría que volver a debatir sobre lo mismo. Obviamente, no estamos de acuerdo, y me gustaría decir al señor Legarda -que se ha ido-, sobre alguna de las propuestas que hacen en su voto particular, que se echa en falta que las hayan
presentado como enmiendas, porque probablemente si se hubieran sometido a votación muchas de ellas hoy en día estarían integradas en este informe.


Sobre el voto particular de Ciudadanos, la verdad es que lo vemos creíble, pero desde una perspectiva, que tampoco compartimos, de la política absolutamente tecnocrática, una perspectiva de un espacio político que se ha creído aquello del
triunfo de la democracia liberal sobre todas las cosas, del fin de la historia, de los tiempos tristes del fin de la historia y, por tanto, un tiempo en el que los debates ideológicos forman parte del folclore y que lo que de verdad importa son las
cuestiones que tienen que ver con la gestión y con la evaluación de las políticas. Nosotros creemos que lo que hace al final es confundir la política con la técnica, y especialmente las políticas públicas, las políticas sociales con la economía,
partiendo de una serie de dogmas neoliberales que no compartimos. Hay una frase que nos parece demoledora dentro su voto particular cuando hablan de que es incuestionable la valía de la política como espacio de debate, confrontación ideológica y
respeto a la pluralidad en el entorno de una democracia liberal, pero también la de las políticas como elementos de mejora de la vida de los ciudadanos, algo a lo que prestar atención, evaluar y rediseñar si no dan los resultados esperados. Creo
que los resultados esperados, la evaluación sobre las políticas que hace un Gobierno, y que resultan de los debates que se ven en los parlamentos, se ejercen cada cuatro años a través de los votos de los ciudadanos. Si una ciudadanía no está de
acuerdo con el resultado de unas políticas votará por otro partido y habrá un Gobierno diferente que hará las políticas que le parezcan oportunas, pero no creemos que tenga que haber administraciones independientes para multitud de ámbitos que
sustituyan los espacios de toma de decisiones políticas, como, por ejemplo se ha pretendido con el hecho de que era una administración independiente para la gestión de los fondos europeos. Nosotros no creemos en ese modelo y, por tanto, el enfoque
que hacen en su voto particular, aun reconociéndole que nos parece creíble y sincero en sus planteamientos ideológicos, no lo compartimos.


Luego están los votos particulares de VOX y Partido Popular, que directamente no nos lo creemos. No nos creemos la defensa que hacen de la democracia liberal, de la democracia en sí misma, presentándose como los verdaderos defensores de la
democracia. Un partido político como VOX, por ejemplo, que cuando llega al Parlamento lo primero que hace es decir que el Gobierno es ilegítimo, que esta mañana, por ejemplo, ha comparado al presidente del Gobierno nada más y nada menos que con
Hitler, que quiere ilegalizar a la mitad de los partidos que estamos presentes en esta Cámara por ser independentistas, por ser de izquierdas, que quiere ilegalizar hasta al PNV, la verdad es que no nos da mucha credibilidad que ahora se presente
como defensor de la democracia. Hay una cosa con la que sí que estamos de acuerdo, y es cuando plantea que hay algunas instituciones importantes que han sufrido, digamos, una degradación a lo largo del tiempo por los enjuagues que se hacen en la
selección del personal que las ocupa, en concreto yo diría que la Monarquía. Si hay una institución que está degradada en este Estado es precisamente la Monarquía, primero por cómo viene de origen la selección, derivada de un régimen fascista, y
segundo por todos los escándalos de corrupción en los que se ha visto envuelta. Por tanto, si tenemos que cambiar el sistema de elección de alguna institución del Estado, lo que planteamos es que se cambie el sistema de elección de la Monarquía y
que dejemos en paz a las administraciones independientes.


Finalmente, en relación con el voto del Partido Popular, simplemente quiero señalar alguna frase de su informe, cuando dicen, por ejemplo, que es un informe intervencionista y antiliberal. Queda claro que simplemente lo que hacen es
utilizar este debate para construir un puro relato en el que seguir incidiendo en la idea de un Gobierno ilegítimo y tirano, etcétera, etcétera, el que van de la mano con Vox; también, por ejemplo, cuando dicen que este es el Gobierno, más opaco de
la democracia, y lo dice el partido de los sobres en B de Bárcenas, lo dice el partido que tuvo un Gobierno con una foto de catorce personas de las cuales doce de ellas han estado condenados o imputados por casos de corrupción, etcétera, etcétera.
Hablar de opacidad -y ya termino- de este Gobierno con esos ejemplos previos... Lo que más me sorprende es cuando habla de deriva autoritaria el partido de la policía patriótica, de la Kitchen, el que

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controla al Supremo por la puerta de atrás, el que tiene secuestrado el Consejo General del Poder Judicial, etcétera, etcétera. Hombre, que acuse a este Gobierno y a los partidos que lo forman de ser autoritarios, de tener una deriva
autoritaria, la verdad es que tampoco es muy creíble. Precisamente por esta falta de credibilidad...


El señor PRESIDENTE: Tiene que terminar.


El señor HONRUBIA HURTADO: Termino, señor presidente.


... creemos que era importante que el informe se planteara como se plantea, porque en el fondo lo que pensamos es que lo que ustedes quieren es controlar estas autoridades independientes para que cuando no estén en el poder puedan
utilizarlas como arma de oposición contra el Gobierno legítimo al ustedes no reconocen legitimidad.


Nada más y muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Honrubia.


Tiene la palabra, a continuación, por el Grupo Parlamentario VOX, el señor Zambrano.


El señor ZAMBRANO GARCÍA-RAEZ: Gracias, señor presidente.


Con carácter previo, quiero agradecer a la Presidencia, y especialmente al letrado, el apoyo y el trabajo que se ha realizado en la subcomisión. En segundo lugar, quiero decir que en nuestro voto particular se han cometido unas erratas de
las que queremos dejar constancia en el Diario de Sesiones. En la enmienda 8, donde dice los párrafos 44 a 46, debería decir 44 a 47. Es público y notorio que estamos en contra de las cuotas de género en los nombramientos de cualquier tipo y el 47
debería quedar sin contenido. En la enmienda 24, al final del párrafo propuesto para sustituir el apartado 109, debe añadirse: ejerzan un control, que también por error mecanográfico se omitió en el texto. Por otro lado, vamos a pedir el voto
separado del punto 14 del voto del Grupo Socialista y otros para la supresión de parágrafo 111, por cuanto este grupo está totalmente en contra de los acuerdos marco y del control político de este tipo de organismos.


Paso ya a la defensa de nuestro voto particular. Señorías, seamos realistas y seamos sinceros. Durante décadas hemos sufrido una política partidista que lo invade ya prácticamente; hemos sufrido una clase política cuyo único objetivo ha
sido acaparar todo el poder posible para sus respectivos partidos políticos, el poder como único objetivo por encima de todo. Las consecuencias de esta ambición sin límite y sin escrúpulos nos han llevado a un progresivo deterioro de las
instituciones y del propio sistema democrático. La politización partidista ha llegado a todos los ámbitos, y es una realidad palpable en distintas instituciones, en distintos ámbitos de la política, especialmente en el tercer poder, el Poder
Judicial, que es público y notorio cómo es un campo de batalla para el mercadeo constante de nombramientos de la mano en su día de una interesada reforma socialista de la Ley Orgánica Poder Judicial, que luego utilizó el Partido Popular en su
beneficio cuando tuvo mayorías parlamentarias. Desde las sedes nacionales de partidos, como el Partido Socialista o el Partido Popular, se han decidido nombramientos de vocales del Consejo General del Poder Judicial, de magistrados del Tribunal
Constitucional, y en el pasado se han negociado nombramientos del presidente del Tribunal Superior de Justicia, de presidentes de audiencias provinciales. Por otro lado, la Fiscalía General del Estado es presidida por una exministra socialista, la
cual a su vez practica, cómo no, una política de nombramientos guiada por criterios ideológicos, partidistas. Es de destacar el reciente varapalo que ha sufrido el Tribunal Supremo al anularse por falta de motivación el nombramiento del fiscal de
menores, perteneciente precisamente a la Unión Progresista de Fiscales. La politización a través de asociaciones profesionales podría dar lugar a debates para hacer una comisión precisamente para ello.


Esta deshonesta actitud se ha reflejado, efectivamente, en multitud de instituciones y organismos, y ha sido especialmente la izquierda la que ha hecho lo posible por controlarlo todo: el Centro de Investigaciones Sociológicas está dirigido
por un miembro de la ejecutiva socialista; el Tribunal Supremo ha suspendido la renovación de la dirección de la Agencia Española de Protección de Datos por estar el proceso viciado de raíz ante el hecho notorio de que el nombramiento estaba
decidido antes de convocarse el proceso selectivo. Así que no nos engañemos y no engañemos a nadie, esta politización partidista es una realidad que se refleja incluso en el propio Congreso de los Diputados. Una clara muestra de la actividad
partidista es, por ejemplo, el cordón antidemocrático al que se vienen sometiendo a mi propio grupo parlamentario desde que comenzó la legislatura, no ya solo por ser el único al que no se le ha

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permitido la participación política en las mesas de comisiones, sino, además, por la consigna de la izquierda de rechazar cualquier propuesta del Grupo VOX, sea cual sea, sin entrar a analizar su contenido, su posible bondad. Se
desnaturaliza desde la actividad política parlamentaria cualquier debate; se deslegitima moralmente la labor parlamentaria. Hemos puesto de manifiesto este hecho ya en la subcomisión. Esta actitud antidemocrática pone en evidencia que la mayoría
de la clase política de hoy día pone los intereses partidistas por encima de los intereses de España.


Siendo conscientes de esta realidad, afrontamos la labor de esta subcomisión para elaborar un informe que tiene como finalidad proteger la imparcialidad e independencia de las autoridades independientes y organismos de regulación;
entidades, en definitiva, que son esenciales para la labor de control del poder político, esenciales para la protección de los derechos de los españoles frente a los abusos del Poder Ejecutivo, del Ejecutivo, y esenciales, además, para la
transparencia en materias clave. Por ello, el Grupo VOX entiende que lo primero que debemos hacer es tener la responsabilidad y la madurez para reconocer tal realidad, denunciarla y optar por modificar el sistema de nombramiento de los máximos
responsables de estos organismos y entidades. La realidad es que actualmente los partidos políticos que sostienen al Gobierno dirigen los nombramientos, y lo hacen cuando les interesa ordenando a sus diputados defender las designaciones decididas
en sus sedes de partido, por sus ejecutivas nacionales y por mero interés partidista.


Nos ha llamado la atención una frase que utiliza Ciudadanos, que casa con este argumentario que hemos expuesto en nuestro voto. Dice: La mayoría parlamentaria de turno equivale a decir el Gobierno, y es cierto, al final es el Gobierno, que
es decir el partido, el que decide. Y como explicamos en nuestro voto particular, estas actitudes desnaturalizan la propia democracia. Se produce una inaceptable concentración de poder, y es una concentración de poder a favor de los partidos del
Poder Ejecutivo y lo que debería ser un sistema de contrapesos y control mutuo entre poderes queda en la práctica en un mero disfraz. El sistema de partidos previsto por aquellos que nos precedieron, y que son los redactores de la Constitución, que
sobre el papel se muestra lleno de virtudes democráticas, ha sido arrastrado a una burla del verdadero sentido y finalidad del propio texto constitucional. La causa fundamental de ello no ha sido otra que la falta de honestidad en el ejercicio del
poder político durante décadas, y por ello consideramos que lamentablemente esta subcomisión ha fracasado en su labor. A pesar de encontrarnos ante una labor muy trascendente cuya razón de ser es la defensa de un sistema de instrumentos que a su
vez sirven de control al propio Gobierno, el resultado del trabajo de esta subcomisión no responde al interés de España, sino al de una izquierda política que en realidad defiende el interés de los partidos políticos, defendiendo un modelo en el que
en realidad se pretende poder esquivar, de manera disimulada, cualquier control real del ejercicio del poder. No responde al modelo que reclama VOX en defensa de los derechos de los españoles y en defensa de un sistema verdaderamente democrático en
el que en determinados ámbitos el Poder Ejecutivo esté sometido a un especial control y asesoramiento técnico y profesional absolutamente objetivo e independiente que, a su vez, sea lo más transparente posible.


Por todo lo anterior es por lo que el grupo formula su voto particular, manteniendo una serie de enmiendas que se traen a la Comisión para su valoración, debate y votación. Quizás el apartado más importante a destacar, que es la mayor
diferencia que tiene el Grupo VOX con este informe, sometido a esta Comisión, es el sistema de selección y nombramiento de los máximos responsables de las actuales autoridades independientes y organismos reguladores. El Grupo VOX considera que
debemos inspirarnos en el ejemplo positivo de nuestro vecino Portugal, y por ello proponemos la designación de un comité específico que se encargaría de la selección y nombramiento; un comité elegido por el Congreso de los Diputados, formado por
personas ajenas a la actividad política; un comité que recibe del Congreso su legitimación y encomienda, de tal forma que el poder político procura así sustraer, ante el partidismo político, la selección y el nombramiento de los máximos
responsables de las autoridades independientes y organismos reguladores. En definitiva, apostamos por un sistema de participación indirecta de los políticos, de forma que estos no elijan a los máximos responsables de estas entidades, sino a los que
eligen a estos. Además, podemos destacar de nuestro voto particular una serie de objetivos, algunos de los cuales hemos visto que comparten otros grupos políticos, como puede ser defender como esencial el respeto al Estado de derecho y a la ley;
en definitiva, que estas administraciones independientes puedan ejercer funciones normativas y de supervisión. Debe evitarse un excesivo control de la labor de estos organismos que pueda privarles de su independencia y su autonomía. La
financiación de estos organismos debe ser suficiente, con fuentes de ingresos lo más autónomas posibles. A ello se une la conveniencia de que el control de las decisiones de tales organismos pase a ser, como regla general, el control

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jurisdiccional. Estas entidades deben disponer de una plantilla especialmente cualificada y configurada por los responsables del organismo en cuestión. Objetividad, libre concurrencia, publicidad, mérito y capacidad deben ser criterios
para la selección del personal. Debe establecerse una normativa común básica para estas entidades en garantía de su independencia. Además, para ahondar en la protección de su independencia, este tipo de entidades debe disponer de medios
suficientes para contratar una defensa legal que le defienda frente a conflictos con las administraciones, las cuales disponen de un cuerpo de letrados propio. Estos son los elementos esenciales de nuestra postura y se contradicen con el modelo que
se presenta.


Por último, voy a mencionar al grupo que ha intervenido antes que el diputado que les habla. Cuando VOX habla de que el presidente del Gobierno ha accedido de manera ilegítima al poder, no dice que lo haya hecho de manera ilegal, pero sí de
una manera ilegítima, moral y políticamente, porque accedió después de una campaña electoral en la que hizo unas promesas que al día siguiente incumplió. Lo que viene a decir nuestro grupo es que accede al poder mintiendo y engañando a los
electores. Esa simple aclaración creo que servirá al diputado que me ha precedido en el uso de la palabra para entender cuál es la postura de VOX en este aspecto.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Zambrano.


Tiene la palabra, a continuación, para la defensa de su voto particular, el señor Postigo, del Grupo Parlamentario Popular.


El señor POSTIGO QUINTANA: Gracias, señor presidente.


Señorías, buenas tardes. En primer lugar, quisiera manifestar que en los antecedentes de este informe, como ya tuvimos la oportunidad de decir en el primer y último debate de esta subcomisión, se debería haber incluido una breve reseña del
devenir de la constitución de la subcomisión, en los que se hubieran explicado tanto los pormenores del reparto de cupos por grupos en la designación de comparecientes en cada una de las materias a tratar en la subcomisión, como los vetos a las
sucesivas propuestas de comparecientes solicitadas por el Grupo Parlamentario Popular. En cuanto al reparto del cupo para la designación de los comparecientes entre los distintos grupos parlamentarios, debería haber figurado que se realizó sin
atender a la proporcionalidad de cada uno de los grupos y, por tanto, de respeto a la representatividad de los distintos grupos parlamentarios en la Cámara. Así, se asignó al Grupo Popular, con ochenta y ocho diputados, el mismo cupo que a un grupo
que tiene nueve diputados. Igualmente se debería haber reseñado, por lo insólito del hecho, tras la ya extensa historia de nuestro parlamentarismo, y más al estar en la Comisión que se denomina de Calidad Democrática, los continuos y reiterados
vetos por parte de la mayoría de la Mesa de la Comisión, configurados por los miembros que apoyan al Gobierno, a las sucesivas propuestas de comparecientes solicitados por el Grupo Popular -hasta en tres ocasiones ha sucedido esto-, hecho que, al
margen de habernos privado de valiosas aportaciones que hubieran enriquecido aún más las expuestas por los comparecientes admitidos, vulnera de forma palmaria los derechos fundamentales de los diputados del Grupo Popular y la doctrina ya amplia del
Tribunal Constitucional.


Entrando ya en el informe propiamente dicho, quisiera señalar que, en nuestra opinión, se cometió un grave error en la Comisión -ya lo advertimos en el debate pertinente-, y que se ha visto con toda claridad a lo largo de todos los debates
de la subcomisión, al aceptar la propuesta del PSOE y de Más País como método de trabajo de un texto base cerrado para ser sometido a debate en la subcomisión por parte de los distintos grupos. En su lugar, se debería haber elegido por los grupos
políticos un índice de los conceptos precisos que se debieran someter a debate, y a la vista del posicionamiento de los distintos grupos finalizar con la elaboración por el letrado de un texto que recogiera el sentir mayoritario de los grupos, como
también propusimos mediante un escrito que fue rechazado. Lo lógico y natural hubiera sido decidir cuáles eran los aspectos que deberíamos incorporar en atención al objeto de esta subcomisión, que no era otro que reforzar la imparcialidad e
independencia de las autoridades administrativas independientes y organismos de regulación, y no someternos a un texto que se presentó, como todos pudimos comprobar, con un fin distinto al perseguido y abiertamente en contra del objeto para el que
se constituyó la subcomisión. Lejos del objeto que todos aprobamos, el texto del informe atacaba frontalmente la constitucionalidad y la legitimidad de las autoridades independientes, su existencia misma y, por ende, su independencia e
imparcialidad, abriendo las puertas a un desmantelamiento de las mismas, a una politización de sus actividades y a un intento de sometimiento de sus fines a los intereses partidistas del Gobierno.

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En lo sustancial, el texto ya sometido a enmiendas, debate y votación es muy mejorable gramatical y técnicamente, pero inasumible en su espíritu; un texto sin estructura que supera al objeto aprobado en el Pleno, con incorrecciones técnicas
y con contradicciones varias e inconexas; un texto que no está a la altura de un Parlamento y que choca frontalmente con los fines de estos organismos y la razón misma de su implantación en todas las democracias avanzadas.


El texto base presentado por el Grupo Socialista y por el Grupo Plural, Más País, aprobado en la Comisión para ser objeto de debate en la subcomisión y que debería inicialmente servir para reforzar la imparcialidad e independencia de las
autoridades independientes y de los organismos de regulación, paradójicamente resultó ser un texto que preconizaba justo lo contrario, un cuestionamiento y descrédito permanente de la constitucionalidad de las autoridades independientes y órganos de
regulación de difícil encaje constitucional, se atrevían a decir en el texto; un cuestionamiento y descrédito permanente de la legitimidad de las autoridades independientes y de los órganos de regulación, olvidando que su legitimación procede de la
ley que las crea, aprobada por las Cortes Generales; un cuestionamiento permanente de la independencia e imparcialidad de las autoridades independientes y de los órganos de regulación; una pretensión de control político de las autoridades
independientes y de los órganos de regulación por parte del Gobierno; una pretensión de modificar, cambiar y orientar, con criterios políticos o directrices de oportunidad, las decisiones de las autoridades independientes y de los órganos de
regulación y considerar a las autoridades independientes y órganos de regulación como una excepción o una suerte de anomalía al normal funcionamiento democrático de las instituciones; una aberración jurídica y, desde luego, democráticamente
inaceptable.


Después de las tres sesiones celebradas en la subcomisión en las que se han presentado cincuenta y seis enmiendas por el Grupo Parlamentario Popular para corregir esas barbaridades referidas, para aparcar de una vez por todas el debate
estéril que la izquierda de este Parlamento aún no ha asumido -después de casi un siglo de haber sido admitido por todas las democracias del mundo y por la Unión Europea-, porque se empeña en seguir cuestionando que las autoridades independientes
sean elementos fundamentales y necesarios para mantener, perfeccionar y dignificar democracias y hacerlas más perfectas, tenemos que concluir que el sectarismo se ha impuesto al rigor y hasta a la propia razón. Nos reafirmamos con rotundidad,
señorías de todas las izquierdas del actual Congreso y en particular del Grupo Socialista, en que las autoridades independientes son plenamente constitucionales, que tienen la suficiente y necesaria legitimidad democrática, y que por ello su
independencia e imparcialidad se han de mantener a toda costa a salvo de las injerencias del Gobierno, que es, en definitiva, lo que pretendían con el texto base presentado y que aún rezuma en todo lo que queda al no admitir las enmiendas
presentadas por el Grupo Parlamentario Popular.


Quisiera señalar también que hemos perdido la ocasión de crear una nueva autoridad independiente para la recuperación económica de nuestro país, tal y como desde el Grupo Parlamentario Popular hemos propuesto y algunos grupos de expertos y
distintos comparecientes han reclamado y sugerido para gestionar los 140 000 millones de euros del mecanismo europeo de recuperación. Una autoridad independiente con plena independencia orgánica y funcional respecto al Gobierno, cuyo objetivo y
objeto serían garantizar de forma transparente, eficaz y desvinculada de decisiones políticas y partidistas la correcta aplicación de los Fondos Next Generation.


Quiero señalar también que, paradójicamente, durante toda la subcomisión y por las enmiendas presentadas por algunos de los grupos, nos hemos visto obligados no solo a mejorar la independencia y la imparcialidad de las autoridades
independientes, que era de lo que se trataba, sino a contrarrestar los ataques, la desconfianza y las sospechas contra las autoridades independientes, así como el intento de asalto a su independencia, su legitimidad y a la intromisión por parte del
Gobierno en las directrices de las mismas, lo cual resulta intolerable e inaceptable, máxime proviniendo del Grupo Socialista, que, como se ha visto, ha aceptado y asumido sin ningún tipo de escrúpulos los dictados del populismo más radical.


Por último, he de señalar que el informe que hoy se somete a su aprobación, con independencia de las enmiendas presentadas que puedan ser aprobadas con la connivencia de los grupos parlamentarios que siempre terminan plegándose a la voluntad
del Gobierno, sigue destilando una enorme animadversión hacia las autoridades independientes, hacia su independencia y legitimidad, y sobre todo un intento de controlar su trabajo y sus informes y de someterlos al dictado del Gobierno, y en eso el
Grupo Popular jamás estará con ustedes. No podemos olvidar que en el texto definitivo se sigue considerando a las autoridades independientes y a los órganos de regulación como una excepción al normal funcionamiento democrático de las instituciones;
se sigue manifestando que las autoridades independientes son una

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fragmentación del poder público administrativo; se sigue cuestionando, incluso con descrédito, la constitucionalidad y la legitimidad de las autoridades independientes; se sigue queriendo introducir una interferencia en la independencia de
las autoridades independientes por parte del Gobierno. Siguen existiendo cuestiones que crearían o que crearán una más que probable incompatibilidad con el derecho de la Unión. Suprimen el párrafo 40 por indicación del señor letrado -muchas
gracias, señor letrado-, pero siguen dejando varias párrafos como el 100, el 102, el 109, el 110 y el 111, que siguen insistiendo tanto en la necesidad de restar su independencia como en la necesidad de orientar las decisiones de las autoridades
independientes, lo que seguirá siendo una más que probable incompatibilidad tanto con nuestro ordenamiento jurídico como con el derecho de la Unión.


A pesar de las ligerísimas correcciones -ya concluyo, señor presidente-, claramente insuficientes ante lo erróneo del conjunto, persiste la pretensión de desacreditar su legítima naturaleza, que procede de la ley, con el espurio fin de
acabar con ellas por sustraerse al control del Gobierno más opaco, vuelvo a repetirlo, de la democracia española.


Por todo lo expuesto y lo indicado en el voto particular presentado por el Grupo Parlamentario Popular, estamos en contra del informe resultante de la subcomisión para llevar a cabo las medidas necesarias para reforzar la imparcialidad e
independencia de las autoridades independientes y organismos de regulación, y por ello votaremos en contra del mismo.


Gracias, presidente. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Postigo.


Tiene la palabra en último lugar, por el Grupo Republicano catalán, la señora Carvalho Dantas.


La señora CARVALHO DANTAS: Moltes gràcies, senyor president.


Con 21 votos a favor y 14 abstenciones, el 11 de noviembre de 2020 quedó aprobada la solicitud de creación de esta subcomisión para garantizar la imparcialidad e independencia de las autoridades independientes y organismos de regulación y la
protección de la figura del denunciante en caso de corrupción, y es que las administraciones independientes facilitan la labor de fiscalización del Ejecutivo, y sus informes públicos enriquecen el debate y permiten una mejor gobernanza.


El informe que hoy votamos ha sido realizado en esta subcomisión con las aportaciones de las comparecencias habidas durante varios meses de veintiuna personas expertas a propuesta de todos los grupos parlamentarios. Agradecemos desde mi
grupo parlamentario a todas las personas expertas que han comparecido en esta subcomisión, muy especialmente a la señora Sandra Vicente Barreira, periodista y miembro de Open Generation, y al señor Andrés García Berrio, abogado experto en la defensa
de los derechos humanos y criminólogo, codirector de Iridia, Centro para la Defensa de los Derechos Humanos, indicadas las dos personas por mi Grupo Parlamentario.


Voy a hacer algunas valoraciones del informe final y también de los votos particulares. Obviamente, algunos cambios que se han incorporado durante el proceso no nos gustan del todo, y cito algunos. En cuanto al contenido, por ejemplo en el
párrafo 47, el informe decía que sería conveniente introducir una normativa que afectara a todas las autoridades independientes por igual, y la obligatoriedad de que el ministerio correspondiente publicara antes del nombramiento una convocatoria
pública de candidatos y candidatas, como ocurre ya en el proceso para el nombramiento para la Presidencia de la Agencia Española de Protección de Datos, por ejemplo. Pero tras una transaccional entre el PSOE y el PP, ha desaparecido la
obligatoriedad de las convocatorias públicas, quedando bastante descafeinado este requisito en el texto. Abro comillas: 'Sería deseable que las respectivas normas reguladoras recogieran, además de esos criterios comunes, los requisitos específicos
en función de la especialidad de cada una de ellas, especificando con mucho más detalle los méritos concretos con los que deben contar los aspirantes a cargos directivos de las autoridades independientes', cierro comillas. Eso sí, la idoneidad del
nombramiento tendrá que ser ratificada y aprobada por mayoría cualificada por el Congreso, por esta casa, y en ningún caso puede salir adelante con el voto afirmativo de un único grupo parlamentario que tenga un papel más preponderante a la hora de
hacer un seguimiento a esos organismos independientes.


Algo que tampoco nos ha gustado en cuanto al procedimiento y metodología, por ejemplo, es que la acumulación de convocatorias -y creo no hablar solo por mi Grupo Parlamentario- de comisiones diferentes de temas similares y en las mismas
fechas imposibilita la participación de los grupos más pequeños en igualdad de condiciones que los grupos mayoritarios, y en nuestro caso nos ha imposibilitado, desgraciadamente, acudir a todas las sesiones donde se discutían partes relevantes del
informe.

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También me gustaría comentar, porque creo que es importante decirlo -no se ha mencionado aquí, pero es importante-, que hace unos días, leyendo la prensa he visto que hubo filtraciones -bajo mi punto de vista interesadas- a los medios de
comunicación de los borradores que todavía no se habían terminado, o un contenido que todavía no estaba aprobado, que han puesto en cuestión el trabajo de esta subcomisión, quizás para usarlo como arma arrojadiza.


Se ha criticado muchísimo en esta Comisión que se pretenda limitar la acción de las administraciones independientes y a nosotras nos generó algunas dudas, tengo que decirlo, pero el informe que va a quedar al final creo que no va en esta
línea. (Rumores). No consigo concentrarme, hay mucho ruido.


El señor PRESIDENTE: Es la última intervención, a ver si pueden guardar silencio y respetar a la oradora, por favor.


La señora CARVALHO DANTAS: Es que no conseguía concentrarme, lo siento.


Lo digo nuevamente: se ha criticado mucho en esta Comisión que se pretenda limitar la acción de las administraciones independientes, y a nosotras nos generó dudas, tengo que decirlo, pero al final el informe que va a quedar supongo y
pensamos que no va en esta línea. PSOE, Unidas Podemos y también Más País han recogido en su voto particular -que apoyamos- algunas de las recomendaciones del señor letrado, y pienso que el contenido final del informe no incurre en injerencias
sobre la independencia de los organismos. Por lo tanto, no incumple la normativa europea.


También compartimos algunos de los argumentos jurídicos y metodológicos que el Grupo Nacionalista Vasco expone en su voto particular sobre las dificultades del proceso, por eso nos vamos a abstener en el voto particular del PNV.


En Esquerra Republicana valoramos positivamente algunos cambios que se han incorporado durante el proceso, por ejemplo, que se haya hecho un esfuerzo de incorporación de muchas propuestas de distintos signo que finalmente han mejorado el
primer borrador, por lo que es un informe hecho a muchas manos. Es importante resaltar también que hemos exigido más rendición de cuentas y más transparencia, como pidieron muchos expertos que comparecieron en esta Comisión. Claro que los
organismos deben ser independientes y tomar sus decisiones, pero la ciudadanía nos exige a nosotras transparencia y accountability, y nos gusta que este informe ponga el peso de que la necesaria rendición de cuentas se haga en el Parlamento, porque
para eso sirve esta institución; es decir, se quite el peso al Gobierno y se dé más peso al Parlamento, a esta casa. Exigirles transparencia y rendición de cuentas no es limitar su independencia ni orientar su actuación, es garantizar la calidad
democrática y el buen funcionamiento. Resaltamos también lo que se ha añadido al informe en relación con los requisitos exigidos para acceder a dichas instituciones, porque existen parámetros de una genérica apelación a la competencia y
profesionalidad sin más especificaciones, y en general los requisitos son excesivamente laxos.


Se han tenido en cuenta muchas de las enmiendas que planteó el Grupo Parlamentario Republicano que creemos que han mejorado el texto, como la siguiente incorporación en el párrafo 25 -abro comillas-: 'La razón fundamental que justifica la
existencia de administraciones independientes es la conveniencia de desligar ciertas funciones públicas del ciclo electoral y asegurar que los intereses político-partidarios de los gobiernos no afectan al funcionamiento de determinadas actividades,
así como evitar el conflicto de interés entre un gobierno que regula la actividad económica y que, simultáneamente, supervisa el cumplimiento de dicha regulación por los agentes. Además, ciertas decisiones económicas de los gobiernos presentan un
riesgo de inconsistencia temporal que minan su credibilidad y operan en contra de generaciones futuras, parte de las cuales no pueden participar en los procesos electorales' -cierro comillas-. Para nosotras, desligar estas funciones del ciclo
electoral es una garantía de independencia y evitar los conflictos de interés entre el Gobierno y las autoridades independientes también lo es, por eso la rendición de cuentas no debe hacerse ante el Gobierno, sino ante el Parlamento, y así se ha
orientado este informe.


En esa línea iba nuestra enmienda aprobada para el párrafo 27, por ejemplo, donde introdujimos que existen argumentos poderosos en favor de la existencia de administraciones independientes que permiten sostener una posición expresada, por
ejemplo, con muchísima precisión por el catedrático de Filosofía Política, el señor Daniel Innerarity -abro comillas-: 'En vez de calificarlas como instituciones de una democracia 'constitucionalmente restringida' cabe considerarlas como una pieza
de un 'constitucionalismo democráticamente configurado'' -cierro comillas-.


Valoramos bastante que durante el proceso de enmiendas se han introducido en el sistema de elección la garantía y la promoción de la igualdad de género. Esto es muy importante, puesto que existe un gran

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déficit de paridad en los altos cargos en este país, y lo consideramos un avance. Ahora, esperamos que se cumpla o que se aprueben normas para que así sea, porque garantizar y promover la igualdad de género, tanto a la hora de proponer las
candidaturas como en su elección, es necesario para respetar la paridad en los altos cargos de los organismos independientes y en todos los otros órganos del Estado.


Hay algunos puntos que no nos gustan del todo en cómo ha quedado la redacción final, y en otros apartados nos hubiese gustado haber tenido oportunidad, vuelvo a decirlo, de haber participado más, pero como suelo decir, en esta casa la
máquina parlamentaria está pensada para grupos grandes, mayoritarios, y nos queda al resto de grupos -nos incluimos- intentar realizar nuestro trabajo de una forma más o menos asidua, eso sí, cuando no se solapan dos, tres o cuatro comisiones, que
es lo que suele ocurrir -acabo, señor presidente-. Con esto quiero decir que el proceso de elaboración de este informe ha sido difícil para las periferias, pero aun así hemos presentado enmiendas. La mayoría han sido aprobadas, y con el resultado
del texto final, incorporando los votos particulares, votaremos favorablemente al informe.


Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Dantas.


Habiendo concluido tanto el turno de defensa de las enmiendas como el de fijación de posiciones, pasaremos a la votación. Vamos a dejar unos minutos para que llegue la gente que tiene que llegar. Les recuerdo que los diputados que vayan a
votar en sustitución de aquel al que le que corresponda en esta Comisión, tienen que acercarse a la Mesa e indicarnos en sustitución de quién lo hacen. Asimismo, de momento solo tenemos un voto particular separado, a petición del Grupo
Parlamentario VOX, sobre el punto decimocuarto del voto particular conjunto del Grupo Socialista, del Grupo de Unidas Podemos y de Más País; es la única petición que tenemos de voto separado. Si hay alguna más necesitamos saberla para organizar la
votación, así como si hubiera transacciones entre los votos particulares o el texto final. Hacemos una pausa y procederemos a la votación. (Pausa).


Vamos a proceder con las votaciones. Antes va a leer el letrado las sustituciones de todos los miembros para ver si son correctas y para que nos digan ustedes en todo caso si en su grupo falta alguien o hay alguna sustitución que no se ha
indicado.


El señor LETRADO: Muchas gracias, presidente.


A la señora Fernández Benéitez la sustituye el señor Cuatrecasas, al señor Gutiérrez Vivas le sustituye el señor López-Bas, a la señora Ruiz Solás la sustituye la señora Rueda, al señor Aragonés le sustituye la señora Marcos, al señor Asens
le sustituye la señora Saavedra, al señor Sahuquillo le sustituye la señora Seva, al Señor Santiago le sustituye la señora Franco y al señor Suárez le sustituye la señora Moro.


El señor PRESIDENTE: ¿Es correcto? ¿Alguien encuentra una incorrección o echa en falta a alguien de su grupo? (Pausa). Les pido un poco de silencio y procederemos a las votaciones.


Al ser correctas todas las sustituciones y estando todos los miembros de los grupos en la Comisión, eso son treinta y seis diputados, procedemos a las votaciones. Como saben ustedes, votamos en primer lugar los votos particulares. Los
votos particulares se votan agrupados por cada grupo, salvo en el único caso que se ha pedido que se vote de manera desagregada; votamos en orden de menor a mayor de los grupos que los han presentado. Votamos, en primer lugar, el voto particular
presentado por el Grupo Nacionalista Vasco.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 1; en contra, 33; abstenciones, 2.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.


Votamos a continuación el voto particular del Grupo Parlamentario de Ciudadanos.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 1; en contra, 34; abstenciones, 1.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.


Votamos a continuación el voto particular del Grupo Parlamentario de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 7; en contra, 29.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.

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Votamos a continuación el voto particular del Grupo Parlamentario VOX.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 5; en contra, 31.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.


Votamos, a continuación, el voto particular del Grupo Popular.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 9; en contra, 27.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.


A continuación, del voto particular presentado por el Grupo Socialista, Unidas Podemos y Grupo Plural votamos, en primer lugar, la enmienda que ha pedido el Grupo Parlamentario VOX votar separada, que es el punto décimo cuarto. Votamos el
punto décimo cuarto de la enmienda compartida entre estos tres grupos.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 25; en contra, 11.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el punto decimocuarto del voto particular presentado por los tres grupos.


Votamos, a continuación, el bloque del voto particular conjunto registrado por los grupos Socialista, Unidas Podemos y Plural, Más País.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 20; en contra, 15; abstenciones, 1.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado y, por tanto, incorporado al texto definitivo del informe que es el que procedemos ahora a votar. Es decir, ahora votamos el informe completo con las modificaciones de las dos últimas votaciones, el
punto decimocuarto que había pedido VOX que se votara por separado y el voto particular compartido por los grupos Socialista, Unidas Podemos y Plural. (Rumores).


Discúlpenme, había un punto que dijimos que habría que considerar por parte de los grupos, que era adjuntar en el informe la constitución de la Comisión, las comparecencias de todos y cada uno de los comparecientes -los expertos que han
venido-, la documentación recibida -porque, como saben ustedes, todos los comparecientes han remitido documentación a la Comisión- y las actas de las sesiones celebradas. Consulté esto antes y, en principio, no había detectado que hubiera grupos en
contra, pero si quieren ustedes lo votamos. Es todo aquello que los comparecientes han dicho o nos han adjuntado como documentación. Si alguien pide que lo votemos, lo votamos.


El señor POSTIGO QUINTANA: Perdón, ¿los vetos también se recogen?


El señor PRESIDENTE: Cuando hemos decidido las comparecencias se ha decidido por las votaciones de Mesa. Lo que usted llama vetos es que los comparecientes los decide la Mesa y aparecen reflejadas las votaciones en Mesa que aprueban unos
comparecientes y otros.


El señor POSTIGO QUINTANA: Los que hemos propuesto y los que se han presentado.


El señor PRESIDENTE: Todo eso aparece, sí.


El señor LETRADO: Bueno, eso no.


Lo que ha preparado la Secretaría General es una relación de hechos, la constitución por acuerdo del Pleno de la Cámara el 20 de diciembre de 2020, las comparecencias que se han celebrado en la sesión de la Comisión, la constitución de la
Subcomisión, las sesiones que ha celebrado la Subcomisión y luego, como anexo, los informes que han mandado los comparecientes. Pero no hay nada de discusión interna de Mesa para ver quién comparece o quién no comparece. Eso no está.


El señor POSTIGO QUINTANA: Debería recogerlo.


El señor LETRADO: No es lo habitual. Lo que normalmente se incluye en las comisiones son los hechos.

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El señor POSTIGO QUINTANA: Perdón, presidente. Ha dicho el señor letrado que lo que habitualmente se recoge son los hechos. ¿Correcto? ¿Ha dicho eso el letrado? ¿Y los vetos no han sido hechos?


El señor PRESIDENTE: Esto lo solucionamos de una forma muy sencilla. (El señor Legarda Uriarte pide la palabra).


Señor portavoz del Grupo Nacionalista Vasco si es sobre este punto le doy la palabra, si no, mi propuesta es que yo pensaba que en todas estas cuestiones había acuerdo. Si el Grupo Parlamentario Popular quiere que, además, figure una cosa
particular, pues...


El señor POSTIGO QUINTANA: No, no, que creíamos que también estaba incluido.


El señor PRESIDENTE: No consta en la documentación que tiene que ver con los comparecientes y con lo que han remitido. Si ustedes quieren solicitar una votación en concreto sobre esto...


Señor Legarda.


El señor LEGARDA URIARTE: No me aclaro muy bien. ¿Los votos particulares se anexan con el informe, como en una sentencia vienen los votos particulares, o los votos particulares están publicados, pero no van a ir con el informe? Alguien
los puede juntar, pero esa es mi única duda.


El señor PRESIDENTE: Lo que me dice el señor letrado es que se publica el informe y se publican los votos particulares de todos los grupos, que todo eso se publica, hacemos un mismo acto en el que lo publicamos todo. Si se acuerdan
ustedes, por lo menos los que estaban en la Subcomisión, eso lo acordamos ya, dijimos que se iba a publicar. Y yo sometí a consideración lo de la documentación enviada, así como las comparecencias de todos aquellos que han comparecido ante la
Comisión, y en eso teníamos acuerdo, entiendo, porque nadie manifestó lo contrario.


El señor LETRADO: Lo que hemos preparado en la Secretaría General para cumplir lo que entendimos que hoy se iba a someter a votación en la Comisión es lo habitual de introducción en los informes de las subcomisiones y son estos apartados:
Creación de la Subcomisión, solicitud de creación, cómo arranca esto, objeto de la Subcomisión, composición, adopción de acuerdos, funcionamiento, plazo. 2, creación por el Pleno. 3, composición de la Subcomisión. 4, sesiones celebradas, las que
han tenido lugar en Comisión, que fueron veintiuna comparecencias, y luego las sesiones de la Subcomisión, que han sido cuatro sesiones, como ustedes saben. Eso es todo lo que hay, no hay actas y no hay explicaciones de discusiones que haya podido
haber en órganos de la Comisión o de la Subcomisión que yo, por otra parte, tampoco he estado en la parte de los vetos. Esto es lo que hay.


El señor PRESIDENTE: Se lo aclaro y si ustedes quieren solicitar una votación sobre esto la solicitan. Para la decisión de quiénes comparecían se han producido votaciones en la Mesa. Esas votaciones de la Mesa han decidido quiénes eran
los comparecientes. El Grupo Popular tiene interés...


El señor POSTIGO QUINTANA: Las peticiones y los comparecientes.


El señor PRESIDENTE: El Grupo Popular tiene interés en que esto figure. Pues si le parece, sometemos a votación si esto va a figurar en el informe o no. (Rumores). De acuerdo, ¿queda claro en qué términos lo vamos a votar?
(Asentimiento). De acuerdo, lo votamos.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 14; en contra, 20; abstenciones, 2.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la propuesta.


Lo que no votamos, porque entiendo que no hay ninguna oposición y que hay acuerdo de todos los grupos, es que figuren la constitución de la Comisión, todas las comparecencias, así como toda la documentación remitida por los comparecientes.
Esto no lo votamos, lo aprobamos por consenso. (Asentimiento). De acuerdo.


En los términos resultantes de los dos votos particulares que hemos votado a favor más estas incorporaciones por acuerdo de todos los grupos, votamos el informe final remitido por la Subcomisión.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 20; en contra, 16.

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El señor PRESIDENTE: Por tanto, queda aprobado en Comisión el informe remitido por la Subcomisión.


Queda una última cuestión antes de cerrar la sesión por hoy, que es la cuestión de la elevación o no al Pleno del informe hoy aprobado en Comisión. Yo pregunté si esto era como lo anterior, una cuestión de acuerdo entre todos los grupos o
no, parece ser que no lo es y que, por tanto, es una cuestión que debe ser votada.


Por tanto, lo que votamos ahora es si el informe votado en Comisión se eleva al Pleno o no se eleva al Pleno. En esos términos lo votamos.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 6; en contra, 20; abstenciones, 10.


El señor PRESIDENTE: Queda, por tanto, rechazada la propuesta de elevarlo al Pleno.


Con esto les agradezco la sesión y la paciencia.


Se levanta la sesión.


Eran las seis y cuarenta y cinco minutos de la tarde.