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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 557, de 30/11/2021
cve: DSCD-14-CO-557 PDF



CORTES GENERALES


DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS


COMISIONES


Año 2021 XIV LEGISLATURA Núm. 557

DE DERECHOS DE LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA

PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª NORMA PUJOL I FARRÉ

Sesión núm. 11

celebrada el martes,

30 de noviembre de 2021



ORDEN DEL DÍA:


Comparecencia de la señora directora general de Derechos de la Infancia y de la Adolescencia (Assiego Cruz):


- Para informar sobre las líneas generales del departamento, la garantía infantil y la implementación de LOPIVI. A propuesta del Gobierno. (Número de expediente 212/001979) ... (Página2)


- Para informar de las gestiones y acciones realizadas por su departamento en relación a la crisis sanitaria del COVID-19 y las consecuencias sociales y económicas que de ella se deriven. A petición del Grupo Parlamentario Republicano.
(Número de expediente 212/000198) ... (Página2)


- Para informar sobre las líneas de actuación y medidas que se van a tomar, en el ámbito de sus competencias, para la protección de la infancia y la adolescencia. A petición del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de
expediente 212/001246)... (Página2)


Se abre la sesión a las once y cinco minutos de la mañana.


La señora PRESIDENTA: Buenos días, señorías. Se abre la sesión.


Procedemos a tramitar el orden del día. Celebración de las siguientes comparecencias de la directora general de los Derechos de la Infancia y la Adolescencia: a petición propia, para informar sobre las líneas



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generales del departamento, la garantía infantil y la implementación de Lopivi -?autor, el Gobierno-; para informar de las gestiones y acciones realizadas por su departamento en relación con la crisis sanitaria del COVID-19 y las
consecuencias sociales y económicas que de ella se deriven -?autor, el Grupo Parlamentario Republicano-, y para informar sobre las líneas de actuación y medidas que se van a tomar en el ámbito de sus competencias para la protección de la infancia y
la adolescencia -?autor, el Grupo Parlamentario Popular-. Si no hay inconveniente, estas comparecencias se pueden sustanciar acumuladamente, como las hemos puesto.


Por tanto, damos la bienvenida a esta Comisión a la directora general de Derechos de la Infancia y de la Adolescencia -?bienvenida, señora Assiego, a esta Comisión- y, acto seguido, le daremos la palabra a la compareciente por un tiempo
aproximado de treinta minutos, pero ya saben que somos flexibles, según lo que necesite la directora. Sin más dilaciones, cuando quiera.


La señora DIRECTORA GENERAL DE DERECHOS DE LA INFANCIA Y DE LA ADOLESCENCIA (Assiego Cruz): Muchas gracias, presidenta.


Buenos días, señorías. Es un honor poder comparecer en esta Comisión de Derechos de la Infancia y Adolescencia y compartir con todas y todos ustedes las actuaciones que hemos llevado a cabo y los proyectos en los que estamos trabajando
desde la Dirección General de Derechos de la Infancia y de la Adolescencia. Me gustaría comenzar subrayando la apuesta que por las niñas, niños y adolescentes está haciendo el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 con la creación de una
dirección general específica, la Dirección General de Derechos de la Infancia y de la Adolescencia, que refuerza la promoción y defensa de estos derechos desde una perspectiva integral. Son derechos recogidos en la Convención sobre los Derechos del
Niño que España ratificó en 1990, una convención de la que forman parte 190 países y que únicamente no ha sido ratificada por dos países: Sudán del Sur y Estados Unidos.


Entre otras líneas de trabajo, en esta Dirección General de Derechos de la Infancia y de la Adolescencia estamos impulsando, elaborando y coordinando diferentes planes, estrategias y programas de actuación en materia de promoción, prevención
y protección de la infancia y la adolescencia y de sus derechos. Si bien en algunos de ellos me detendré a lo largo de mi intervención, quiero destacar la estrategia de derechos de la infancia y la adolescencia que esperamos llevar a finales de año
para su aprobación al Consejo de Ministros. El trabajo en estas actuaciones solo puede ser posible desde la estrecha relación de cooperación y coordinación con todas las direcciones generales competentes en materia de infancia y adolescencia en las
comunidades autónomas y en las ciudades autónomas. También es posible gracias a un diálogo continuo y sincero que se tiene con las organizaciones de infancia y las entidades del tercer sector. Y, por supuesto, no sería posible realizarlo sin las
alianzas y conversaciones con otros departamentos ministeriales y con el Alto Comisionado para la Lucha contra la Pobreza Infantil. Este marco de cooperación, imprescindible a la hora de trabajar por los derechos de la infancia y de la
adolescencia, ha experimentado un cambio sustancial el pasado mes de septiembre tras la constitución de la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia. Su creación, como bien saben sus señorías, es un mandato de la Ley de protección integral a
la infancia y la adolescencia frente a la violencia, que fue aprobada en junio. Con esta conferencia sectorial España pone a la infancia en la centralidad de las políticas públicas para que sus necesidades y sus problemáticas, las de más de ocho
millones de personas menores de dieciocho años que viven en España, sean tratadas como una cuestión de Estado. La conferencia sectorial es un órgano de alto nivel político que, al igual que otros órganos semejantes, solo se entiende como un espacio
de trabajo, de diálogo y de consenso entre las administraciones públicas competentes en materia de protección a la infancia -?administraciones locales, autonómicas y estatales que están representadas en esta conferencia-, desde el Ministerio de
Derechos Sociales hasta las consejerías de las comunidades autónomas y la Federación Española de Municipios y Provincias, pero también con el Alto Comisionado para la Lucha contra la Pobreza Infantil y los ministerios de Inclusión, Seguridad Social
y Migraciones, Sanidad, Igualdad, Justicia, Interior, Educación y, desde luego, Asuntos Exteriores. La infancia como cuestión de Estado.


El principal encargo de la conferencia sectorial en los próximos meses es impulsar las medidas y actuaciones contenidas en la ley que llamamos la Lopivi. Es imprescindible luchar contra la violencia que sufren las niñas, niños y
adolescentes en España. También es verdad que va a ser un órgano de gobernanza imprescindible para implementar la Garantía Infantil Europea, de la que les hablaré en mi intervención junto con otras prioridades políticas. He ordenado esta en los
siguientes bloques: el despliegue de la Lopivi, la creación del Consejo estatal de participación de la infancia, el desarrollo de la



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Garantía Infantil Europea en España y la apuesta por los cuidados y las respuestas alternativas a la institucionalización de las niñas, niños y adolescentes que están en situación de riesgo.


Las políticas públicas sobre infancia y adolescencia han dado un salto de gigante en nuestro país con la aprobación de la Lopivi, cuya entrada en vigor se produjo el pasado 25 de junio. Todas y todos sabemos que se trata de una norma
pionera que desde hace más de una década nos pedía el Comité de los Derechos del Niño. Ha sido posible gracias al trabajo y a las aportaciones de todos los grupos, organizaciones de infancia y también de anteriores Gobiernos, y desde aquí expreso
mi reconocimiento. La norma supone un cambio de paradigma: todas las formas de violencia que sufren las niñas, niños y adolescentes no son un problema de ámbito privado, algo que deba quedar en la intimidad de los hogares, en los centros
educativos o en sus espacios de ocio. La violencia nos interpela a todas y a todos, es responsabilidad de toda la sociedad y, por supuesto, de las instituciones y de todos los niveles de la Administración pública. Hacer realidad esta ley,
materializar e impulsar su cumplimiento a través de la coordinación con las comunidades autónomas es una de las prioridades de esta dirección.


Además de constituirse la conferencia sectorial, de la que ya les he adelantado alguna información, está el Consejo estatal de participación de la infancia y de la adolescencia. Permítanme que me detenga en este consejo. Su orden de
creación se publicó el pasado 27 de septiembre en el BOE y la próxima semana, el 9 de diciembre, se va a celebrar su sesión de constitución. Las niñas, niños y adolescentes son titulares de sus propios derechos humanos y deben ser escuchados en
todas aquellas decisiones y cuestiones que les afectan como individuos y como grupo. A tal efecto, el Comité de Derechos del Niño había señalado a España en distintas ocasiones la necesidad de intensificar el trabajo para promover este derecho y
garantizar el debido respeto a las opiniones de las niñas, niños y adolescentes, no solo en su entorno familiar o en su entorno educativo, sino también en la sociedad en general. Con la creación de este consejo se garantiza en el marco estatal el
ejercicio efectivo del derecho de participación de las niñas, niños y adolescentes en la formulación, aplicación y evaluación de los planes, programas y políticas nacionales que les afectan. Es necesario subrayar que la conformación de los consejos
de participación de la infancia no es algo nuevo. Ya en 2004 al menos 87 municipios de España tenían un Consejo de Infancia; diez años después, en 2014, eran más de 120, y, en la actualidad, según datos de Unicef, existen como mínimo 427
estructuras de participación infantil y adolescencia a nivel local con múltiples modalidades de participación y en ellas participan más de 28 861 niños, niñas y adolescentes.


También es importante recordar que la necesidad de crear un consejo estatal que aglutine las voces e intereses de la infancia y adolescencia de todo el territorio fue una de las peticiones que formularon las propias niñas y niños ante esta
Comisión de Derechos de la Infancia en 2017. Precisamente, fueron los representantes de los consejos locales de participación infantil y adolescente los que trasladaron esa petición a los miembros de la Comisión de entonces. Esa era una de las
conclusiones que se habían recogido en el Manifiesto de Santander, que antes trabajaron conjuntamente en sus consejos entre ellas y ellos. Sin duda, estamos de celebración y haciendo historia con este consejo. El Consejo estatal de participación
es una realidad y estará formado por treinta y cuatro niñas, niños y adolescentes con edades comprendidas entre los ocho y diecisiete años en el momento de su designación y que participarán en condiciones de igualdad y paridad. Garantizamos que
ninguna barrera de género, de origen, de etnia, económica y racial podrá impedir el acceso a su participación. En total hemos recibido 136 candidaturas procedentes de todas las comunidades autónomas, excepto de una y de las ciudades autónomas de
Ceuta y Melilla, que no han podido participar. En estos días precisamente se está comunicando con todas las niñas y niños que han sido seleccionados. Con el Consejo estatal de participación España asume su compromiso de impulsar la participación
de la infancia y la adolescencia al incluir el enfoque participativo en sus políticas de infancia como la mejor manera de responder a las necesidades reales de las personas menores de edad y de garantizar que estas políticas sean efectivas y acordes
con sus derechos. Precisamente, la Unión Europea, en la recientemente aprobada Estrategia de la Unión Europea sobre los derechos de la infancia, incluye la participación en la vida política y democrática de la infancia como el primero de los seis
ámbitos temáticos en los que se fijan prioridades de actuación de la Unión para los próximos años. Invita la Comisión Europea a los Estados miembros a que empoderen a las niñas, niños y adolescentes para ser ciudadanos y miembros activos en la vida
democrática y propongan, establezcan, mejoren y proporcionen recursos adecuados para los mecanismos nuevos y también existentes de participación infantil a nivel local, regional y nacional.


Otro de los compromisos adquiridos por esta dirección general con la aprobación de la Lopivi, además de la constitución de la conferencia sectorial y de la creación del Consejo estatal de participación de la



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infancia, es iniciar los trabajos de elaboración de la estrategia de erradicación de la violencia sobre la infancia y la adolescencia. Esta se presentará en junio de 2022. A tal efecto, el pasado 15 de noviembre se acordó en el pleno de la
conferencia, junto con las comunidades autónomas, un plan de implementación de la Lopivi que supone una hoja de ruta que debe servir de brújula para la colaboración y la cooperación institucional en la toma de decisiones relacionadas con la
implementación de la ley, tanto a corto plazo como a medio plazo. Este plan debe guiar los primeros pasos de la elaboración de la estrategia que viene establecida en el artículo 21 de la Lopivi. El plan acordado con las comunidades autónomas para
la implementación de la ley encomienda a la conferencia sectorial, en unos plazos de tiempo comprendidos en el año 2022, la necesidad de adoptar un conjunto de recomendaciones comunes, homogéneas y armonizadoras que permitan ofrecer una atención
integral -?la mejor posible- de forma rápida, coordinada y eficiente a las niñas, niños y adolescentes que son víctimas de delitos violentos, especialmente a aquellas víctimas de delitos de naturaleza sexual, de trata o de violencia de género. El
fin de esta atención integral debe ser atender a todas las niñas y niños víctimas sin excepción y favorecer su recuperación a través de medidas de protección, apoyo, acogida y atención terapéutica.


Otro de los puntos del acuerdo adoptado es definir directrices y criterios que tienen que reunir los mecanismos de comunicación y de denuncia de la violencia que sufren las niñas y niños. Necesitamos que sean claros, seguros,
confidenciales, eficaces, adaptados, accesibles y, sobre todo, conocidos. Necesitamos que las líneas telefónicas gratuitas de ayuda, los medios electrónicos y las plataformas digitales, muchas de las cuales ya están funcionando, estén en la mente
de todas y todos los niños y en la mente de todas y todos los adultos que estamos cerca de ellos. Denunciar estas situaciones de violencia es clave para detectarla, prevenirla, evitarla y, sobre todo, atenderla. El canal prioritario de la Agencia
de Protección de Datos o el 017 del Instituto Nacional de Ciberseguridad de España son solo algunos de esos canales de denuncia específicos de la violencia en el ámbito digital, de la violencia que comparte contenidos en Internet contra la infancia,
y estos han de ser conocidos. De ahí que también en la conferencia vayamos a trabajar en acciones concretas que ayuden a la difusión y, cuando sea necesario, a la adaptación de todos estos mecanismos y canales de denuncia específicos para que sean
seguros y adecuados a la edad, al idioma y a la madurez de las niñas y de los niños.


Otro de los puntos clave en la implementación de la Lopivi es la aplicación de los diferentes protocolos de actuación que contempla la ley. Es necesario que en la conferencia sectorial, junto con las comunidades autónomas y con las
entidades locales, trabajemos en un documento que recoja las recomendaciones y los criterios comunes que deben contener estos protocolos. Como bien saben sus señorías, estos se refieren a aquellos que deben existir en los centros escolares frente a
indicios de abuso, de maltrato, de acoso escolar, de ciberacoso, de acoso sexual, de violencia de género, de violencia doméstica, de suicidio y de cualquier otra forma de violencia. También se refieren a los protocolos que han de existir en el
ámbito del deporte y del ocio; por supuesto, a aquellos protocolos a los que están sujetos los miembros de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para lograr y garantizar el buen trato al niño y niña víctima de la violencia y evitar su victimización
secundaria, y también a los protocolos que deben existir en los centros de protección de personas menores de edad. Debemos prevenir y detectar precozmente aquellas posibles situaciones de violencia para actuar. Debemos contemplar actuaciones
específicas ante posibles casos que se pueden dar de abusos, explotación sexual y trata de seres humanos que tengan como víctimas a personas menores de edad sujetas a medidas protectoras y que residan en los centros residenciales. El plan recoge
también que debe acordarse la próxima elaboración de directrices y pautas generales en el currículum de contenido formativo que contribuya a la formación especializada, inicial y continua, en materia de derechos fundamentales de infancia y
adolescencia que han de recibir los profesionales de distintos ámbitos y sectores profesionales en los que se requiere estar en contacto habitual y continuo con niñas, niños y adolescentes. Precisamente, como aspecto imprescindible, junto con estos
protocolos y la formación a los profesionales en el ámbito educativo y en las actividades deportivas, se impulsarán las acciones pertinentes para que en el curso 2022-2023 estén funcionando con total normalidad dos figuras que recoge la Lopivi en su
articulado y que serán referencia para la prevención y protección contra la violencia en el ámbito educativo y en el ámbito del deporte y el ocio: la figura del coordinador o coordinadora de bienestar y protección y la del delegado o delegada de
protección.


En este plan de trabajo de la conferencia sectorial también vamos a evaluar la efectividad de las campañas y de las acciones concretas de información, educación y sensibilización que destinamos a que la sociedad tenga conciencia acerca del
derecho de las niñas y de los niños a recibir un buen trato. También evaluaremos aquellas más específicas dirigidas a niñas, niños y adolescentes, a los educadores



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profesionales y, por supuesto, a las familias de estas niñas y niños. Acordaremos las modificaciones necesarias para reforzar la especialización en la composición de los equipos de intervención de los servicios sociales y también
acordaremos las orientaciones comunes que tienen que estar encaminadas a emplazar a que las administraciones competentes adopten e introduzcan los cambios necesarios para que se cumpla la obligación legal contemplada en la Lopivi de que todas las
niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia de género tengan acceso a la defensa y representación gratuitas por un abogado y un procurador. Por supuesto, estamos trabajando también estrechamente con el Ministerio de Justicia y con el
Ministerio del Interior en la orden de creación de la comisión de seguimiento de la Lopivi. Será una comisión fundamental para evaluar el grado de implementación de la misma y poder realizar las recomendaciones oportunas de modificaciones y
cambios.


Junto con el Ministerio de Igualdad, y dentro del catálogo de medidas urgentes del Plan de mejora y modernización contra la violencia de género, estamos trabajando en una medida que debe estar destinada a elaborar el primer plan de actuación
y desarrollo de los derechos de las niñas y niños como víctimas directas de violencia de género; un plan en el ámbito judicial, de familia, servicios sociales y servicios especializados. Es una prioridad de esta dirección general poner fin a la
violencia contra la infancia y, como bien saben, también lo es para el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 y para su ministra. Por eso es tan necesaria la cooperación, la coordinación y la comunicación. De ahí el valor y la valía de la
conferencia sectorial y del plan de implementación que hemos adoptado, pero todo esto no servirá si no escuchamos a las niñas y a los niños, si no les damos credibilidad. Según datos recientes de Educo, en su estudio 'Encuesta global 2021: la voz
de 8000 niñas y niños', dos de cada tres niñas y niños creen que una de las causas de la violencia es que las personas adultas no damos credibilidad a sus opiniones. Es una percepción preocupante cuando en el caso de los abusos sexuales se calcula
que entre un 10 y un 20 % de la población infantil en España ha sufrido algún tipo de agresión sexual y que solo el 15 % de estos casos se denuncia. Este manto de silencio, señorías, solo protege a los agresores y necesitamos que se resquebraje.
No son casos aislados y no son casos que solo les ocurren a los hijos y a las hijas de otros. Ningún esfuerzo ni ninguna política pueden ser en balde si nuestro objetivo es acabar con esta lacra que es la violencia que sufren miles de niñas y
niños. Este esfuerzo necesita que cambiemos de cultura, que cambiemos la mirada sobre la infancia para asumir que son una responsabilidad de todos, que no hay unos niños que son nuestros y otros niños que no, que todas y todos los niños tienen
derecho a la misma protección de sus derechos.


Precisamente, con esta premisa de universalizar la protección y el acceso a derechos clave, se aprobó el pasado 14 de junio de 2021 la Recomendación del Consejo de la Unión Europea por la que se establece una Garantía Infantil Europea, que
es vinculante para todos los Estados miembros y, por tanto, también para España. Como primer paso para materializar las implicaciones que tendrá la Garantía Infantil Europea para España se ha nombrado una figura de coordinación de la Garantía
Infantil Europea, que en el caso de España se asigna a la persona titular de la dirección general, en este caso, a mi persona como directora general. Es necesario aclarar que la Garantía Infantil Europea es uno de los instrumentos principales con
los que cuenta la Estrategia Europea sobre los Derechos de la Infancia y el Plan de acción del pilar europeo de derechos sociales. Este, en su principio 11, establece que las niñas y niños tienen derecho a ser protegidos de la pobreza con medidas
específicas para mejorar la igualdad de oportunidades. El objetivo de la Garantía Infantil Europea es prevenir y combatir la exclusión social garantizando el acceso de niñas y niños en situación de riesgo de pobreza y exclusión social a un conjunto
de derechos esenciales como son la educación, el cuidado en la primera infancia, la sanidad, la nutrición y la vivienda. Estos son derechos humanos vitales para la infancia, fundamentales para todas y para todos, pero vitales para quienes están en
una edad tan sagrada como es la niñez y la adolescencia. Una vez se ha nombrado la coordinación, ya hemos iniciado las reuniones con otros coordinadores y coordinadoras del resto de los Estados europeos y también se han iniciado, en colaboración
con el Alto Comisionado contra la Pobreza Infantil, los trabajos de elaboración del plan nacional de acción para la implementación de la Garantía Infantil Europea en España, plan que será presentado en marzo ante la Comisión para su aprobación.


La Garantía Infantil Europea no cuenta con una financiación adicional para su desarrollo, sin embargo, sí establece la recomendación que, en el marco del Fondo Social Europeo Plus, todos los Estados miembros destinemos un importe apropiado a
la lucha contra la pobreza infantil o la exclusión social de niñas y niños, siendo en el caso de los Estados miembros con una tasa de riesgo de pobreza o exclusión superior a la media de la Unión de un mínimo del 5 % de la asignación nacional. En
este sentido, España se compromete a dedicar al menos ese 5 % del Fondo Social Europeo Plus -?es decir, 527 millones de



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euros de esta ayuda europea- a la erradicación de la pobreza infantil. A esta financiación habrá que añadir la aportación en forma de cofinanciación que se realiza desde España y que dará la cifra total de 779 millones de euros destinados a
luchar contra la pobreza infantil de aquí hasta 2027.


Es necesario subrayar que los trabajos iniciados para la elaboración del plan de acción se han basado en un informe denominado 'Bases para el Plan de Acción de la Garantía Infantil en España', que fue encargado por la Comisión Europea y
liderado por investigadores del CSIC y de la Universidad de Alcalá, y que se presentó el pasado mes de octubre por parte del Ministerio de Derechos Sociales, del Alto Comisionado y de Unicef. Este estudio propone una serie de metas que España debe
alcanzar en 2030 a través de la Garantía Infantil Europea. Estas metas deberemos verificarlas tras la elaboración del plan nacional de acción, pero, desde luego, en esta dirección general asumimos como horizonte el año 2030 y trabajaremos para
reducir a la mitad la proporción de niños y niñas que viven en riesgo de pobreza o de exclusión social, para pasar de una tasa Arope del 31,2 %, tal como indica la Encuesta de Condiciones de Vida de 2020, a una del 17,2 %.


No podemos negar ni maquillar que España es uno de los países donde las desigualdades y la pobreza han aumentado de un modo notable durante la crisis económica que comenzó en 2008. El bienestar de las niñas, niños y adolescentes se
deterioró gravemente durante los seis años de la gran recesión y aquellos recortes en los programas educativos y sociales repercutieron gravemente en estas circunstancias.


La situación de la infancia vulnerable en nuestro país era relativamente mala anteriormente y, en comparación con la mayoría de los países europeos, así sigue siendo. La pobreza infantil moderada aumentó del 27,3, en 2008, al 30,5, en 2014;
la pobreza alta aumentó del 12 % al 16,7 % entre 2008 y 2015, y la pobreza severa lo hizo del 4,7 al 7,8 de 2008 a 2015. El gradual descenso que comenzó a partir de 2015 se vio truncado a partir de 2018, en el que se ha producido un ligero repunte.
Los datos de la Encuesta de Condiciones de Vida de 2020 muestran que más de 2 260 000 niños están bajo el umbral de la pobreza moderada.


El deterioro de las condiciones socioeconómicas de muchos hogares vulnerables como consecuencia de la COVID-19 ha hecho que las circunstancias sean todavía mucho más delicadas para un gran número de niñas, niños y adolescentes. Por este
motivo, la inversión destinada con la Garantía Infantil Europea y el desarrollo del Plan de Acción de Garantía Infantil Europea en España es una oportunidad real para abordar la pobreza infantil en este contexto de la COVID-19. Necesitaremos
políticas claras que garanticen el acceso a la educación de 0 a 3 años, una mayor atención a niñas y niños con necesidades especiales, promover un mejor equilibrio entre el trabajo y la familia y reducir la segregación familiar. Garantizaremos
políticas que en el ámbito de la salud faciliten el acceso a servicios de salud mental, odontológicos y oftalmológicos. Debemos potenciar con esas políticas la coordinación rápida y continua entre los servicios sanitarios, educativos y sociales.
Debemos adoptar políticas alimentarias de protección y promoción de salud infantil, y la nutrición es fundamental. Por último, la aplicación efectiva de la Garantía Infantil Europea requerirá -?dicen los expertos en el diagnóstico previo que han
hecho de España- de políticas que faciliten el acceso a una vivienda digna y que la intervención pública se realice en aquellos casos en los que las familias se enfrenten a desahucios o pobreza energética.


En el último bloque de mi intervención quiero abordar y remarcar la importancia que tiene orientar las políticas de infancia a reforzar y potenciar una atención de calidad a las niñas y los niños que están en situación de riesgo o en riesgo
de desamparo, también a sus familias. Es necesario que desarrollemos itinerarios de protección individualizados y eficaces para que cada niño y cada niña tengan de una forma individualizada su derecho a vivir en familia garantizado.


En el actual contexto marcado por la incertidumbre y el impacto de los efectos de la COVID-19, es fundamental aportar soluciones a las necesidades urgentes de la infancia con actuaciones innovadoras: desde la prevención universal a la
vulnerabilidad, desde la prevención a las situaciones de riesgo y desde la prevención a las situaciones de desamparo, en su caso. Es fundamental que combinemos los recursos generalistas con los especializados, que ampliemos la cobertura de la salud
mental infantojuvenil y que invirtamos en los recursos de intervención en riesgo medio y garanticemos el trabajo en red. A tal efecto, a principios de este mes de noviembre se ha publicado una orden de concurrencia competitiva para financiar la
realización de proyectos de innovación en materia de prevención a la institucionalización, desinstitucionalización y desarrollo de servicios de apoyo comunitarios; financiación con cargo al Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia para
materializar parte de la inversión procedente en los fondos de recuperación Next Generation, en concreto, la vinculada al componente 22, que se refiere al



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plan de choque para la economía de los cuidados y refuerzo de las políticas de inclusión. Pretendemos reforzar las políticas de atención a la dependencia y apoyo a la autonomía personal, impulsando también un cambio de modelo de apoyos y
cuidados en el ámbito de la infancia. A través de las actuaciones de esta componente, se desplegará en materia de infancia la realización de proyectos piloto en desinstitucionalización; se reforzarán los servicios basados en la familia y en su
entorno para permitir que todas las niñas y los niños crezcan no en instituciones, sino en familias, y apoyados en su entorno comunitario a través del acogimiento. Por otro lado, el adecuado acompañamiento y atención es necesario cuando tiene lugar
la institucionalización, y este debe ser temporal y en un espacio protector. Todo esto sin olvidar la necesidad actual de atender los procesos de transición a la vida adulta cuando las y los jóvenes han estado tutelados por las administraciones
públicas, procesos que han mejorado tras la aprobación de la modificación del Reglamento de extranjería y la introducción de mejoras sustanciales en el acceso a la percepción del ingreso mínimo vital para estos jóvenes.


Este enfoque ha de contribuir al cumplimiento de la Ley 26/2015, que modificó el sistema de protección a la infancia y a la adolescencia y que hacía hincapié en tres principios básicos que vienen recogidos en la convención, para que las
administraciones públicas tengan en cuenta, en los casos en los que una niña, un niño o un adolescente se encuentre en situación de riesgo, que el objetivo principal es priorizar la permanencia de la persona menor de edad en su familia de origen;
si esto no es posible, tendremos que primar las medidas de acogimiento familiar frente al acogimiento residencial, y únicamente cuando no sea posible ese acogimiento familiar o no sea aconsejable y lo sea en interés superior del menor, realizaremos
ese acogimiento residencial. Otro de esos tres principios nos dice que las medidas que adoptemos en el acogimiento residencial han de ser temporales, han de ser transitorias para lograr un menor desajuste emocional en la persona menor de edad. Por
último, las medidas que se adopten han de consensuarse con la familia de origen y han de tener en cuenta la participación de la niña y del niño o del adolescente. Además, estas no pueden interferir en su vida escolar, en su vida social o en su vida
laboral, en su caso. Sin embargo, señorías, las cifras de acogimiento institucional o residencial, seis años después de la aprobación de la ley, son descorazonadoras. Prácticamente uno de cada dos niños o niñas cuya tutela la tiene la
Administración pública vive en un centro residencial. En 2020, 1177 niños y niñas menores de seis años fueron acogidos en una institución, a los que hay que sumar otros casi 2000 entre siete y diez años. De aquellos chicos y chicas que causan baja
en un centro, el 47,7 % lo hacen porque han cumplido la mayoría de edad, frente apenas el 8,8 % que ha salido del centro para ser acogido por una familia. Esto nos indica que hay niñas y niños que pasan toda su infancia en un centro residencial.
En este sentido, es necesario que demos un nuevo impulso a las políticas, actuaciones y medidas de cuidados alternativos a la institucionalización, como es el acogimiento familiar como parte de las soluciones estables y estabilizadoras que se pueden
ofrecer a los niños, niñas y adolescentes cuya tutela asumen las administraciones públicas.


Como señalaba el secretario de Estado de Derechos Sociales hace pocos días en el acto inaugural del V Congreso de acogimiento familiar, la familia es esencial en el desarrollo de las niñas y de los niños. La familia es clave no solamente
porque a través de ella se vean garantizadas necesidades básicas como el alimento o el vestido, sino porque se trata de la piedra angular sobre la que pivota el desarrollo emocional y social de los seres humanos. La familia nos ayuda a entender
quiénes somos, cómo pensamos o vemos el mundo, a presentarnos ante los demás y a dotarnos de un marco de valores, a fraguar nuestras personalidades; es desde la familia desde donde nos acercamos a la experiencia de la educación o al mundo de
trabajo. La familia, como ambiente protector de amor y cuidado, excede al hecho biológico, y cuando por distintas circunstancias las niñas y los niños se ven abocados a crecer alejados de los que fueron sus progenitores, son otras relaciones
humanas las que, facilitadas o garantizadas por los poderes públicos, deberían hacer posibles las condiciones adecuadas para un desarrollo integral de niñas y niños, que si no pueden estar en familia, tienen que sentirse como en familia, en un
entorno de cuidados, respeto y atención al que tienen derecho sin distinción alguna todas las niñas y los niños.


España, conforme a la Convención de los Derechos de la Infancia y a su marco legal, tiene la obligación de proteger a cada niña, niño y adolescente que se encuentre en su territorio, independientemente de cuál sea su origen, su edad, su
situación migratoria o el modo en que haya entrado a ese territorio. El principio de partida de toda actuación de acogida, atención y protección de la infancia en nuestro país es su interés superior y debe ser la determinación de este, a título
individual, la que debe guiar la sucesiva toma de decisiones, incluida la adopción de una solución estable, apropiada a su edad y, desde luego, conforme al marco legal ya mencionado de 2015. Bajo esa premisa, vamos a



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continuar impulsando desde la dirección general los trabajos que ya iniciamos en julio -?en el marco de la gobernanza del consejo territorial entonces y ahora en el marco de la gobernanza de la conferencia sectorial- de acordar una
estrategia estable para la atención a niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados, cuyo borrador de trabajo se presentó en ese consejo territorial celebrado el pasado 26 de julio. Es un documento elaborado desde este centro directivo, en
el que se trabajó previamente con cada una de las directoras y directores generales autonómicos de infancia, y en su redacción inicial contiene la mayor parte de las recomendaciones que efectuó el Defensor del Pueblo el pasado mes de mayo al
Ministerio de Derechos Sociales. La elección de la Conferencia Sectorial de Derechos de la Infancia y Adolescencia como órgano estatal y centralizador de la información, actuaciones y seguimiento de la infancia migrante; la realización de una
evaluación de necesidades específicas y determinación formal del interés superior del menor; la necesidad de un plan de gestión a nivel estatal de las contingencias migratorias para menores de edad no acompañados que garantice las responsabilidades
compartidas de manera equitativa entre las distintas Administraciones públicas; la propuesta de un mecanismo nacional de reparto y derivación de cara a favorecer el reparto de plazas entre las comunidades autónomas, y la constitución de un grupo de
personas expertas para explorar las herramientas y protocolos que tenemos que poner en marcha en la adopción de soluciones duraderas que permitan ampliar el abanico de alternativas a la institucionalización de las niñas, niños y adolescentes
migrantes no acompañados son solo algunos de los contenidos de ese documento de trabajo.


Voy concluyendo, señorías. Soy consciente de la envergadura, de los retos y del trabajo que tenemos por delante. Soy consciente del contexto económico, del contexto sanitario, del contexto social y del contexto político, pero tenemos que
llevar a cabo estas actuaciones para afrontar esos retos y todas aquellas que garanticen los derechos de la infancia y la adolescencia. No hay otro compromiso posible desde esta dirección general que el de trabajar por asegurar y garantizar una
vida libre de violencias para todas las niñas, niños y adolescentes, una vida plena y feliz. No hay otro compromiso que el de trabajar por reducir hasta su eliminación la pobreza infantil, por garantizar el derecho a vivir en familia de todas las
niñas y los niños, por construir un marco común de protección para la infancia migrante y, por supuesto, por profundizar en la ciudadanía activa de la infancia como parte de nuestra sociedad democrática.


Cada día que pasa se multiplica la urgencia y la necesidad de que todas las instituciones, administraciones y organizaciones de la sociedad civil trabajemos juntas, no solo en dar respuesta a las necesidades de las niñas y de los
adolescentes, sino de dar respuestas a las necesidades de una sociedad que necesita una infancia con sus derechos garantizados. Es nuestra responsabilidad trabajar por un país que les ofrezca la seguridad de que sus vidas, sus problemas, sus
preocupaciones y sus miedos nos importan y son atendidos. Es un deber ético mostrar que nos importan y atender lo que les pasa, para que sientan la tranquilidad de que viven en una sociedad donde todas las niñas y los niños son una responsabilidad
común y que todas las vidas importan, que viven en una sociedad donde sus derechos son responsabilidad nuestra.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchísimas gracias, señora Assiego Cruz, por su extensa y detallada exposición sobre la materia.


A continuación, por un tiempo de diez minutos, intervienen los grupos parlamentarios, empezando con los solicitantes y continuando después de menor a mayor. Según este orden, con los grupos parlamentarios que tenemos en la sala,
intervendría, en primer lugar, el Grupo Parlamentario Republicano. Tiene la palabra la señora Dantas.


La señora CARVALHO DANTAS: Moltes gràcies, senyora presidenta.


Moltes gràcies, senyora Assiego, por venir a informarnos sobre las líneas generales del departamento y sobre la garantía infantil y la implementación de la nueva ley, pero también sobre las gestiones y acciones realizadas por el departamento
en relación con la crisis sanitaria del COVID y las consecuencias sociales y económicas derivadas de ella, sobre todo en relación con la infancia y la adolescencia.


Hemos dividido nuestras preguntas -?tenemos poquísimo tiempo- en tres puntos muy determinados, pero yo resumiría todo en la pobreza infantil. Europa decidió hacer con la garantía infantil, igual que hizo con la garantía juvenil, es decir,
el 5 por ciento de los fondos europeos tienen que ir destinados a la garantía infantil. O sea, entre fondos europeos y el Estado subirá más o menos unos 790 millones. Realmente se ha hecho un buen estudio sobre el tema y por esto preguntamos: ¿En
qué punto está el



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comité directivo de la Garantía Infantil Europea? ¿Cuántas reuniones se han hecho? ¿Cuándo está previsto volver a reunirse para poner medidas para hacer frente a la pobreza infantil?


Por lo que respecta al Consejo Estatal de Participación Infantil, también preguntamos: ¿Dónde debe haber miembros de todas las comunidades autónomas? ¿Cuándo se va a constituir oficialmente? ¿Cómo está el régimen especial de la Seguridad
Social para las acogidas profesionales? ¿Qué despliegue se está haciendo de los juzgados específicos de violencia contra la infancia y qué recursos económicos pondrá el Estado? ¿Cuándo se aprobará la estrategia del Estado para la erradicación de
la violencia contra la infancia? Y, sobre todo, ¿qué recursos pondrá el Estado?


También nos preocupa mucho todo lo referente a la infancia migrante y refugiada. Como sabemos, el Ministerio de inclusión hace poco ha hecho una reforma en el Reglamento de Extranjería para facilitar el acceso al permiso de residencia a la
infancia no acompañada y a los menores extutelados. Es una muy buena iniciativa -?según nuestro parecer- porque va directamente contra la vulnerabilidad social, es cierto, pero también sabemos que actualmente poquísimos sistemas de protección
cuentan con plazas, sobre todo las plazas de postutela y emancipaciones, que son muy necesarias para evitar que se queden en situación de calle cuando cumplen los dieciocho años, que es lo que está pasando actualmente. Por esto, preguntamos
-?también es una pregunta compartida con la ONG Save the Children-: ¿qué iniciativas pretende impulsar su dirección general para asegurar plazas postutela para los jóvenes que las necesiten y qué iniciativas se recogen en la anunciada estrategia
integral sobre infancia migrante en esta materia? ¿Se destinarán fondos específicos al refuerzo de los sistemas postutela y de apoyo a la emancipación? Y una pregunta que nos hacemos todas: teniendo en cuenta los Presupuestos Generales del
Estado, ¿cuál es el presupuesto real previsto que está dirigido específicamente a la implementación de la ley?


Termino hablando sobre otro tema que también versa sobre la situación de pobreza infantil: las becas comedor. Nos gustaría saber qué medidas contempla su dirección general acerca de las ayudas de comedor escolar, gratuito para todos los
niños y niñas bajo el umbral de la pobreza, y qué recursos contempla para ello. Sobre todo y en particular, ¿contempla utilizar el objetivo específico -?el 11- del Fondo Social Europeo, que hasta ahora se destinaba a proporcionar alimentos y a
financiar esta medida?


Por último, hay algo de lo que seguramente se hablará aquí y de lo que se está hablando muchísimo en la prensa. Usted lo ha explicado, pero nos gustaría que incidiera un poco más sobre cómo se implementará la figura de la persona
coordinadora del bienestar en los centros educativos, si habrá presupuesto, será personal externo, no será personal externo, será el personal docente. Estas son las preguntas.


Muchas gracias por su comparecencia.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Dantas.


A continuación, por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Redondo.


La señora REDONDO CALVILLO: Gracias, presidenta.


Buenos días y gracias, señora Assiego, por su comparecencia. Es verdad que usted es perfectamente conocedora de lo que hay, y lo ha dicho al final de su intervención, pero yo creo que no podemos estar en una comparecencia así sin hablar,
como ha dicho la señora Dantas, de pobreza.


España es uno de los países donde las desigualdades y la pobreza aumentaron de una forma mucho más importante en la crisis económica de 2008. El bienestar de los niños, las niñas y los adolescentes se deterioró muchísimo en estos seis años
de recesión, fundamentalmente por el aumento del desempleo y por el bajo nivel de protección del Estado de bienestar. La pobreza infantil moderada aumentó del 27 %, en 2008, al 30,5 %, en 2014; la pobreza alta aumentó del 12 % al 16,7 % entre 2008
y 2015, y la pobreza severa, del 4,7 % al 7,8 % en ese mismo periodo. Es verdad que había empezado a descender en 2015, pero este descenso se vio truncado en 2018. Los datos de la Encuesta de Condiciones de Vida de 2020 muestran que un 27,4 % de
las personas menores de edad se encontraba bajo el umbral de la pobreza moderada -?estamos hablando de 2,26 millones de personas-; que un 14,10 % se encontraba en pobreza alta, 1,16 millones de personas, y que un 5 % se encontraba en pobreza
severa, 411 000 personas. El análisis de la situación por franjas de edad nos preocupa particularmente, porque estamos hablando de la situación de los menores de seis años, y es que ha evolucionado muchísimo, con tasas de pobreza moderada en 2020
del 29,4 %, superando incluso los peores momentos de la crisis de 2008.


El deterioro de las condiciones socioeconómicas de muchos hogares vulnerables como consecuencia de la COVID ha hecho que las circunstancias sean aún más delicadas para un gran número de niños,



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niñas y adolescentes. Aunque es cierto que los datos disponibles todavía no nos permiten hablar con rotundidad, tanto el adelanto de la encuesta de vida de 2020 como los indicadores avanzados de evolución de las rentas tristemente apuntan a
un incremento de la desigualdad y a un deterioro de la situación de los colectivos más vulnerables. En este sentido, me gustaría saber qué medidas se adoptaron y se propusieron desde su dirección general para hacer frente a la pandemia y si usted
cree que fueron suficientes, y en cuanto a los presupuestos de 2021, cuánto se ha ejecutado, es decir, ¿se han conseguido los objetivos que se habían marcado con los presupuestos generales de 2021 hasta el día de la fecha y con el estado de
ejecución, que supongo que usted conocerá? Se lo pregunto porque no parece que sea así. Si vemos la tasa de riesgo de pobreza y exclusión social Arope, se sitúa en el 26,4 % de la población residente en España y afecta a 12,5 millones de personas,
frente al 25 % que había en el año anterior; en términos absolutos, estamos hablando de 620 000 nuevas personas que están en riesgo de pobreza o exclusión social este último año. Y empeoran dos de los tres componentes de la tasa Arope, el
porcentaje de población en situación de carencia material, que subió del 4,7 % al 7 % y afectó a 3,3 millones de personas, y el de las personas en riesgo de pobreza, que pasó del 20 % al 21 %, lo que significa que 9,94 millones de personas están en
riesgo. Si cogemos alguna ONG, como Cáritas, por ejemplo, nos decía que en 2021 ya son 11 millones las personas las que se encuentran en exclusión social en España. Se ha producido un ensanchamiento del espacio de la exclusión social, donde viven
2,5 millones de personas nuevas respecto a 2018. Desde 2007, las personas en exclusión severa superan los 6 millones en nuestro país, convirtiéndose en uno de los dos grandes damnificados por la COVID-19.


Ante este aumento preocupante de la tasa de pobreza, incluso el informe del Alto Comisionado para la Lucha contra la Pobreza Infantil nos ha alarmado en algunos de los datos que ha dado en el mes de julio, porque hablaba de los 2,3 millones
de niños que viven en pobreza, pero además la situación se agravaba en las grandes ciudades, ya que más de un millón de niños vivían en zonas muy pobladas; podemos observar que se ha producido un cambio de tendencia en las últimas décadas, pues la
tasa de pobreza más alta se concentraba en las zonas rurales y poco pobladas y, en cambio, los datos de 2020 muestran que la tasa de pobreza infantil de las zonas muy pobladas es del 27 % frente a la del 29,6 % de las zonas poco pobladas. En este
sentido, me gustaría que me dijera usted si cree que la cantidad que se ha presupuestado y las medidas que se van a tomar van a conseguir revertir esta situación que le estoy describiendo.


Usted ha hablado de la Ley Orgánica de la protección integral de la infancia y la adolescencia frente a la violencia. Es verdad que supone un cambio de paradigma en la protección de los niños y un paso grandísimo, pero, como también ha
reconocido, el trabajo que tenemos por delante es enorme. Aunque en realidad ha explicado cómo se va a implementar en este año, la verdad es que yo pensaba que quizá iba a descender usted un poquito más, porque lo que nos ha contado ya lo habíamos
podido ver en los medios o incluso en la propia ley, pues hay cosas en las que se ha limitado a decir lo que hay que hacer, que ya viene recogido en la propia ley. Me gustaría que me concretara la hoja de ruta que se han marcado las comunidades
autónomas y el Ministerio de derechos sociales; cómo se va a concretar este año en los presupuestos de 2022; cómo se va a abordar la participación de la justicia en la Estrategia de erradicación de la violencia, teniendo en cuenta las previsiones
que hay en este ámbito incluidas en la ley, y cuál es el presupuesto previsto específicamente para la implementación de la ley orgánica, porque en los presupuestos vemos 25 millones, pero en cambio la ministra decía que la memoria económica de la
ley era de 70 millones. Si ya todos los grupos veíamos muy escasos los 70 millones cuando se aprobó la ley, no digamos si el presupuesto es de 25 millones. Me gustaría que me concretara un poco más cuál es realmente el presupuesto con el que
contamos.


Recientemente el Ministerio de inclusión ha hecho una reforma del reglamento de extranjería que facilita el acceso al permiso de residencia a la infancia no acompañada tutelada por la Administración autonómica y para los jóvenes extutelados.
También lo ha dicho la compañera Dantas. Al final las preocupaciones y las inquietudes son las mismas, porque al final sabemos que hoy en día hay muy pocos sistemas de protección que cuenten con las plazas postutela y las emancipaciones necesarias
para evitar que se queden en situación de calle cuando cumplen los dieciocho años, y esta situación es más preocupante en ciudades como Ceuta y Melilla o en Canarias. Me gustaría que me dijera qué iniciativas pretende impulsar desde su dirección
general para asegurar las plazas postutela para todos los jóvenes que lo necesiten, qué iniciativas se recogen en la Estrategia integral sobre infancia migrante en esta materia y si se van a destinar fondos específicos para reforzar estos sistemas
de tutela y de apoyo a la emancipación o no.



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También quería hacer referencia a la familia, a la que usted también ha dedicado un ratito en su intervención. Igual que la ley orgánica le da un papel fundamental, como no puede ser de otra manera, nosotros creemos que todos los esfuerzos
deben ir a facilitar las herramientas y los recursos para que los niños puedan seguir con sus familias. En ese sentido, llevamos ya dos años presentando diferentes iniciativas y enmiendas a los Presupuestos Generales del Estado para dar un
verdadero impulso y ayudas a las familias, pero, tristemente, tengo que informarle de que no prosperan nuestras iniciativas. Quería preguntarle si usted comparte esta visión de la importancia de la familia. De su intervención se desprende que sí,
pero no entendemos entonces por qué después no se hacen iniciativas; si el problema es que las presenta el Partido Popular, yo animo al partido que sustenta al Gobierno a que las presente, porque nosotros sí que vamos a apoyar estas medidas que
ayuden e impulsen a las familias para que los niños tengan mayores posibilidades con sus familias.


El sistema español de apoyo a la familia y a la infancia se encuentra entre los menos desarrollados de nuestro entorno europeo. Las prestaciones son de escasa cuantía y están focalizadas sobre todo en las de menores ingresos, como son las
prestaciones por hijo a cargo de la Seguridad Social, que ahora son las de ingreso mínimo vital. Con respecto al ingreso mínimo vital, volviendo a Cáritas, tengo que decirle que solamente el 18,6 % de los solicitantes de pobreza severa lo están
cobrando o, si no lo han cobrado, lo tienen concedido.


Para casi la mitad del total de solicitantes en pobreza severa, para el 49 %, se les ha denegado, una cifra que podría resultar todavía más alta cuando se resuelvan las solicitudes del 32,6 % de hogares que siguen esperando una respuesta de
la Seguridad Social. Dicho de otro modo, señora Assiego, tres de cada cuatro peticiones están siendo rechazadas, probablemente por la excesiva burocratización y los errores en su diseño, que se ha concebido con muchos problemas. Son ayudas que
están focalizadas en reducir la intensidad y el número de niños y niñas en riesgo de pobreza, pero ninguna...


La señora PRESIDENTA: Señor Redondo, tendría que ir terminando, por favor.


La señora REDONDO CALVILLO: ... está planteada -?un minuto- como ayuda a la crianza. Me gustaría saber qué medidas plantea su dirección general para aumentar el nivel de apoyo a la crianza o de qué manera se puede incrementar la
efectividad del sistema de deducciones fiscales para que de verdad sea una herramienta y ayude a un mayor número de familias. Dejaré el resto para la réplica.


Gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Redondo.


A continuación, por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, tiene la palabra la señora Muñoz.


La señora MUÑOZ DALDA: Gracias, presidenta.


Muchísimas gracias a la compareciente, directora general de Infancia, Violeta Assiego, por explicar el trabajo que está desarrollando. En primer lugar, le queremos dar la enhorabuena por todo el trabajo que está haciendo en la Estrategia de
derechos de la infancia y adolescencia y cómo lo está haciendo: en cooperación con otras direcciones generales de las comunidades autónomas, en diálogo con las organizaciones de infancia y del tercer sector, construyendo alianzas con el resto de
ministerios y con el Alto Comisionado para la lucha contra la pobreza infantil, y especialmente enhorabuena por haber puesto en marcha esa Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, que desde luego es importantísima a la hora de poner en la
centralidad de las políticas públicas el tema de la infancia y ese diálogo entre administraciones públicas para poder llevar a cabo esas políticas públicas. Al final, lo que ponen de relieve todas estas cuestiones es que este Gobierno tiene en
cuenta a la infancia como una cuestión de Estado.


Ha hablado usted de cómo afectó la crisis de 2008 a los derechos de la infancia y adolescencia, y ahora mismo tenemos ese reto de reducir las desigualdades que se generaron entonces por los recortes sociales que tuvimos que sufrir. Estamos
hablando de reducir a la mitad ese 31,2 % de tasa Arope para el año 2030. Sin duda, es un objetivo ambicioso y le deseamos toda la suerte y todos los aciertos para ponerlo en marcha. Nos ha explicado que una de esas medidas importantes para
conseguirlo es la Garantía Infantil Europea. Usted coordina esa política. Pensamos que con ese 5 % de financiación, esos 527 millones de euros, más la aportación que vamos a hacer por parte del Estado, si no me equivoco 779 millones, tiene usted
muchísimo trabajo y le deseamos, ya le digo, toda la suerte y todos los aciertos en este reto, para el que va a poder contar con este grupo parlamentario en cualquier cuestión



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que necesite. La cuestión de la pobreza infantil va a necesitar de esta Garantía Infantil Europea, pero, tal y como usted ha señalado, también va necesitar la aplicación efectiva de políticas que garanticen una vivienda digna. Por eso
desde este grupo parlamentario celebramos ese preacuerdo entre los socios de Gobierno y esperamos que llegue cuanto antes esa ley de vivienda a este Parlamento.


Respecto a la Lopidi, también la felicitamos por el desarrollo y la rápida implementación que está teniendo. Es una de las leyes de las que más orgullosas nos podemos sentir en este Parlamento, en el que solemos dar imagen de crispación;
sin embargo, esta ley fue una de las que más consenso ha tenido, excepto en la ultraderecha, que está en contra de muchísimas cosas, está en contra de los trabajadores, en contra de las mujeres y también en contra de los niños y de las niñas,
inexplicablemente. Algún día nos tendrán que explicar las razones por las que se oponen a aprobar una declaración institucional en esta Comisión por el Día de los Derechos de la Infancia. Yo creo que esto no lo entienden ni sus votantes. Pero ya
tenemos ahí el Consejo Estatal de la Infancia para cumplir con los derechos de participación en la definición de políticas públicas de los derechos de la infancia, una cuestión que a nivel local ya estaba sucediendo. Por tanto, yo creo que tenemos
que aprender muchísimo todavía de las administraciones locales y de todo el trabajo que han venido desarrollando en derechos de la infancia y que ahora estamos empezando a poner en marcha en otros niveles de la Administración.


Respecto a la última cuestión que ha comentado, el desarrollo de itinerarios en los cuidados y las respuestas alternativas a la institucionalización, efectivamente necesitamos soluciones urgentes. Respecto a los procesos de transición a la
vida adulta de las personas menores tuteladas, creo que se está haciendo un esfuerzo muy grande por dar soluciones con esa modificación del Reglamento de Extranjería o con esa modificación del Ingreso Mínimo Vital. Las personas menores que han
estado en un centro residencial, cuando son mayores de edad no se pueden quedar en la calle y necesitan también del apoyo institucional. En eso se está trabajando. Y creo ha sido muy importante que señalara cuáles son los principios de este
Gobierno a la hora de dar una respuesta a las infancias en situaciones de vulnerabilidad, de riesgo, de desamparo y priorizar que se queden en la familia de origen y, en el caso de que no se pueda, priorizar el acogimiento familiar; que el
acogimiento residencial sea la última opción y que siempre se cuente con el consenso de la familia, con la voz de los menores, que todo ese proceso no interfiera en su vida escolar o laboral. Nos parece que esa es la forma de abordar esta cuestión
y creo que tenemos un reto muy grande; ya lo ha señalado usted, una de cada dos personas tuteladas está en un centro residencial. Es un modelo que se ha venido desarrollando en este país y que hay que cambiar sin ninguna duda porque -?también ha
citado al secretario de Estado de Derechos Sociales y coincidimos- la familia es esencial en el desarrollo de los niños y de las niñas.


Creo que la relevancia que otorgan las sociedades a los derechos de la infancia en buena medida puede medirse evaluando los presupuestos públicos, y si ya los Presupuestos Generales del Estado de 2021 marcaron el inicio de un antes y un
después en las políticas públicas de infancia y adolescencia, la aprobación de estos Presupuestos Generales del Estado para 2022 supone volver a constatar el compromiso del Gobierno con la mejora de la situación de las familias y de la infancia.


No le voy a hacer ninguna pregunta, creo que ha explicado perfectamente cuáles son las prioridades del Gobierno, todo el trabajo y todos los retos que tenemos por delante. La envergadura de los retos requiere de actuaciones coordinadas,
consensuadas y sobre todo rápidas. Tenemos un contexto difícil, pero nuestro grupo parlamentario comparte ese compromiso que ha explicado aquí la directora general de asegurar una vida plena y feliz a la infancia y adolescencia de este país.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchísimas gracias, señora Muñoz.


A continuación, por el Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra la señora López.


La señora LÓPEZ ÁLVAREZ: Buenas tardes. Gracias, presidenta.


Señora Assiego, gracias por comparecer en esta Comisión y por ratificar que usted, como responsable de la Dirección General de Derechos de la Infancia y de la Adolescencia, no está por la labor de proteger y velar realmente por los derechos
de los niños, sino que en su puesto solo trabaja para implementar unas directrices políticas que son ideológicas y que además le imponen desde fuera de nuestra fronteras.


A mí realmente me preocupa que los derechos de la infancia estén en manos de usted, por cuanto ya dijo en un artículo en El Diario.es el día 17 de enero de 2020: Los hijos son una responsabilidad, no una propiedad, y es el Estado el que
está obligado a velar por su protección, para que sus derechos se respeten. También decía usted que los hijos no pertenecen a nadie, tampoco a los padres. Realmente no



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pueden arrogarse usted ni la Dirección General de Derechos de la Infancia, ni el Gobierno la potestad de los padres respecto a sus hijos ni su derecho a educar a sus hijos y hacerlo en libertad conforme establece nuestra Constitución. No
puede hacerlo con unas políticas, además -?las suyas-, que solo llevan a la perversión de los menores, pero tampoco puede usted decir que los niños no pertenecen a sus padres. Es decir, quieren ustedes a todos los hombres lejos de sus hijos,
porque, según su macabra teoría, todos los hombres son muy malos maridos o muy malas parejas y muy malos padres, y ahora también, según usted, la mujer tiene que perder la libertad no solo de ser mujer, sino también de criar a sus hijos. En fin, yo
le pediría que apostara por ocuparse de los problemas que de verdad aquejan a la infancia y a la adolescencia, y que están muy lejos de la destrucción del orden natural y de arremeter, como hacen ustedes, contra la biología y la familia tradicional
y en contra del hombre y de los padres, porque hablan ustedes como si todos los españoles fueran muy malos padres, tanto que tienen que hablar e imponer en su Ley de protección a la infancia de una parentalidad positiva. Yo creo que los padres,
salvo en casos concretos, saben perfectamente cómo educar a sus hijos y así ha sido durante siglos. Por eso, y porque al final su función en la protección de la infancia está resultando bastante cuestionable, yo quisiera, por ejemplo y entre otras
cuestiones, que especificara el objetivo de la reducción de la pobreza infantil, que ustedes enmarcan dentro del acuerdo de la Estrategia 2030, algo que tampoco entiendo. ¿Por qué hay que luchar contra la pobreza infantil según nos diga una agenda
de fuera de nuestras fronteras? Además, viendo que no funciona; al contrario, puesto que la pobreza infantil en España sigue creciendo y más de dos millones de niños viven en situación de pobreza en España, casi el 30 % de la población infantil
española. Son datos que ha ofrecido usted. Yo le sugiero que se alejen de cualquier agenda, que, lejos de favorecer, está haciendo que España lidere los ranking de los peores datos, en este caso de pobreza infantil, pero en cuanto al paro juvenil
también lideramos el ranking de tener los peores datos -?afecta al 40 % de los jóvenes entre quince y veinticinco años- y en el abandono escolar también tenemos el más elevado de Europa. Mi pregunta no puede ir en otro sentido que en cuestionarle
si van ustedes a cambiar la política que están llevando a cabo para revertir estos datos, que indican claramente que lo están haciendo mal, que lo están haciendo ustedes muy mal.


Por otra parte, como es usted la directora general de Derechos de la Infancia y la Adolescencia y ha comentado en su comparecencia que poner fin a la violencia es el eje principal de su departamento, me gustaría saber su opinión sobre que
hace dos semanas en esta Comisión de Derechos de la Infancia y la Adolescencia todos los grupos parlamentarios, excepto Partido Popular y Foro Asturias, votaran en contra de una proposición no de ley de mi grupo para la creación de una comisión de
investigación sobre la gestión de los centros de protección de menores en España. Para votar en contra de nuestra proposición dieron toda una amalgama de argumentos sin fundamento que solo evidencian que algo se quiere ocultar en todo este asunto.
Por eso, ¿por qué no se ocupa desde su dirección general de asuntos de la importancia de este tema, de los abusos a menores en los centros de tutela de España y deja a un lado el imponer a los menores una educación de amoralidad sexual y del todo
vale? Porque hablamos de abusos que han salido a la luz en Baleares, en Canarias, en Valencia, pero ¿por qué se niegan a que se investiguen estos casos y otros muchos que se puedan estar produciendo? ¿Esa es su manera de proteger al menor,
imponiendo sus deseos, sus ideas y convicciones, que si ya están por encima de la genética y de la biología ahora también pasan por encima y atropellan el derecho a la protección de un menor en un centro de tutela, menores que están siendo abusados
sexualmente? ¿Por qué se niegan a investigar la gestión de los centros de menores? ¿Qué tienen que esconder? Porque estos niños pasan a ser custodiados por la Administración porque, teóricamente, sus familias lo hacen mal, pero se vuelve a
demostrar que las instituciones lo hacen peor. Eso es lo que quieren esconder.


Luego tenemos el problema de los matrimonios forzosos, matrimonio infantil o prematuro. Precisamente nuestros compañeros del Grupo Parlamentario VOX en el Parlamento de Cataluña han hecho un trabajo extraordinario para denunciar estos casos
en Cataluña. No sé si se habrá interesado por este grave asunto, pero solo en Cataluña se han detectado en la última década unos ochenta casos de matrimonios forzosos entre menores de edad. Sin embargo, en Cataluña se ha elaborado un protocolo
para la prevención y abordaje del matrimonio forzoso que no profundiza en las causas de esta práctica, porque alude a la etnia gitana y se olvida de que la mayoría de los casos se producen en el seno de comunidades islámicas, precisamente la
confesión religiosa de esa inmigración ilegal masiva que invade España desde hace décadas. Por tanto, ¿trabaja su departamento en este delito tipificado en el Código Penal desde el ámbito de la prevención? ¿Lo hace desde el abordaje del matrimonio
forzoso, con mención especial al islamismo radical? Porque la interpretación salafista del Islam es la principal causa de



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matrimonios forzosos de mujeres menores de edad en todo el mundo. ¿Tiene datos su departamento sobre esta cruel realidad en España de la mano del islamismo radical?


Entramos en la materia de los menores extranjeros no acompañados. De este tema yo podría estar hablando horas, pero vamos con dos detalles. Por un lado, sobre el interés del Gobierno en separarlos de su familia, conculcando el derecho de
los mismos a estar con ellas. Además, los desarraigan de sus países, y por tanto de sus raíces, para arraigarlos en España cuando ellos no quieren hacerlo porque hay otras pretensiones. De ahí que los barrios más humildes estén cansados de tener
un centro de menas en sus inmediaciones. Y si no, acérquese a hablar con los españoles que viven cercar de un centro de menores extranjeros no acompañados. ¿No cree que el Acuerdo de Rabat de 2007, de reagrupación familiar, habría que extenderlo a
todo menor extranjero no acompañado que se encuentre en España? Porque de nuevo, en esta Comisión también, en debates de proposiciones no de ley, este grupo llevó una proposición instando al cumplimiento efectivo de este acuerdo y, salvo el Partido
Popular, todos los grupos nos votaron en contra, para que, dos meses después y tras la invasión sobre Ceuta de miles de súbditos marroquíes, el ministro del Interior se apresurara a ponerlo en marcha haciendo una chapuza de esa reagrupación, pero
activó el acuerdo. Por tanto, una vez activado ese acuerdo, ¿no piensa que sería oportuna la reagrupación familiar de todo menor extranjero no acompañado? Claro, que para eso deberían ustedes hablar muy seriamente con su socio y amigo del Reino de
Marruecos, que, en un elegante lavado de manos para no ser expedientado por la Unión Europea, dijo en agosto que readmitía a todos los menores que cruzaron en mayo. Sabía Marruecos que este Gobierno de España, con su falso buenismo, no podría
efectuar esas reagrupaciones. Y una vez intentado hacer las cosas bien, resulta que ya solo quedan en Ceuta 425 menores, según dice la ciudad autónoma, algo que el Gobierno -?ustedes- contradicen y dicen que son unos 775, sin contar con los que
siguen en las calles. Para ustedes 300 más o menos son igual porque ya se han ocupado, junto al Gobierno del Partido Popular de Ceuta, de dispersarlos por toda la Península. Acercan a presos etarras a sus casas y alejan a los menores de su país y
de su hogar, y encima usted dice que hay que acordar un mecanismo nacional de reparto. Pero, señora Assiego, entre en razón y apueste por que esos niños vuelvan a sus casas; no siga alejándolos. Pero es que usted misma lo reconoce en la
entrevista que hace unos días ofreció en la Agencia de Noticias EFE. Dijo que estaba usted muy preocupada por el elevado número de menas en las calles de Ceuta. Ustedes quieren que esos niños estén en centros, pero ellos no quieren y, al final,
por su falso buenismo, están malviviendo y delinquiendo en las calles, rompiendo los cristales de hileras de coches aparcados, delinquiendo en manadas y mendigando. Eso es lo que ustedes han conseguido con esos menores; esa es la realidad.


Pero la clave en todo este asunto es muy sencilla. ¿Van a velar ustedes, de verdad, por el interés superior del menor? Si es así, esos menores deben volver con sus familias y a su entorno social. ¿Por qué su interés de desarraigarlos bajo
unos efectos llamada que, lejos de mirar por su bien, les perjudican a ellos y perjudican a los españoles, que ven cómo sus impuestos van destinados a sufragar gastos de la atención de menas mientras muchos padres no tienen qué dar de comer a sus
hijos? Y, además, ven sus barrios inseguros, barrios en los que sus hijos no pueden jugar en la calle porque las calles están invadidas.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señora López.


A continuación, por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Anguita.


El señor ANGUITA PÉREZ: Muy buenos días, señora Assiego. Muchas gracias, señora presidenta.


Habitualmente tengo el comodín de que interviene el partido Popular después de VOX; entonces, como que me tranquilizo un poco y, digamos, hago uso de ese comodín para no decir lo que uno piensa. Voy a decirle sencillamente que bienvenida a
esta Comisión de los Derechos de la Infancia y al siglo XXI. Y digo que bienvenida al siglo XXI porque el partido de la ultraderecha habla de la tasa de paro de quince a veinticinco años. ¡Sorpresa se van a dar cuando los chavales de quince años
sepan que no pueden trabajar! Luego hablaba con mucha efusividad de los abusos sexuales. Y digo: lo mismo van a hablar de la Iglesia católica, que lleva cientos de años violando y ocultando las pruebas. Pero no, lo querían utilizar otra vez para
intentar atizar al Gobierno. (Aplausos). Sencillamente quiero decirle que quizá por diputado, no sé si por mi nombre, no sé si por militar en las Juventudes Socialistas, ni siquiera sé si por ser ciudadano de este país, me parece repugnante,
vomitivo, volver a vincular la delincuencia con los extranjeros. (Aplausos). Le voy a decir una cosa a la ultraderecha y se lo digo a título completamente



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personal. En esta Comisión hay una compañera de Esquerra Republicana que no tiene apellidos españoles y que en los dos últimos años ha aportado muchísimo más a este país que las cincuenta y dos señorías con nombres compuestos de la
ultraderecha de este país. (Aplausos).


Señora directora general, bienvenida, como decía, al siglo XXI y a esta Comisión de los Derechos de la Infancia. Es brillante la exposición que ha hecho y no voy a utilizar los ocho minutos restantes, sino que sencillamente quiero hacer un
par de valoraciones de algún tema que a lo mejor no hemos sacado en esta primera parte de la intervención. Pero decía también que viene una semana buena; la semana pasada tumbábamos las enmiendas a la totalidad a estos Presupuestos Generales del
Estado que creemos desde los grupos que sostenemos al Gobierno que son una herramienta clave para poder combatir, por ejemplo, lo que aquí estamos tratando en este caso, la pobreza infantil. Hablaba en la última comparecencia con el Alto
Comisionado de la diferencia de los Presupuestos Generales del Estado del año 2018 a los presentados para el año 2022. Todas las partidas presupuestarias que tocaban directa o indirectamente a la infancia y adolescencia en el año 2018 sumaban 1430
millones y ahora, tanto directa como indirectamente, suman 6400 millones. Creo que el compromiso inequívoco del Gobierno de la nación de combatir uno de los grandes dramas y lacras que tenemos, como es la pobreza infantil, no está bajo ninguna
sospecha, y sobre todo cuando seis de cada diez euros de los Presupuestos Generales del Estado van a gasto social, lo cual demuestra el compromiso que tiene este Gobierno -como decía- de acabar con esta lacra.


Quería también sacar un tema -y ahora vuelvo a su intervención-, quizá porque como semijoven ya me he sentido bastante ofendido en el último año o año y medio por cómo se ha intentado criminalizar a la juventud y a la adolescencia durante el
periodo de la pandemia. Creo que hemos sido una generación -la mía ya es un poco mayor, que vivió la crisis de 2008, pero me refiero sobre todo a la gente de dieciocho, veinte o veintidós años- que ha vivido esta pandemia encerrada en sus casas y
ha sido solidaria y responsable. El hecho de criminalizar a la juventud por la incidencia en verano no respondió a otra cosa más que a que básicamente no estábamos vacunados; de hecho, ahora tenemos una de las tasas más bajas de incidencia. Y
quiero en este caso sacar pecho por la juventud, porque en la última semana vimos cómo se intentaba otra vez de acusar al Gobierno de tratar de comprar votos. Yo no sé mucho de comprar voluntades, pero hay partidos que sí tienen experiencia más que
sobrada en comprar voluntades, incluso la de los chóferes de su tesorero. Pero nosotros lo que estamos planteando es, a través por ejemplo del bono cultural -que es algo que toca directamente a los menores de edad de este año porque se va a aplicar
el año que viene-, intentar dar una oportunidad a aquellas familias a las que les cuesta muchísimo esfuerzo económico a final de mes poder seguir el ritmo cultural que puede seguir otro tipo de familias y además ayudar a un sector tan perjudicado
durante esta pandemia. Y se lo voy a decir directamente a las señorías conservadoras: no se compran votos a través de propuestas de ley. Nosotros no compramos la voluntad del colectivo LGTBI por aprobar el matrimonio igualitario, sino que
sencillamente estamos haciendo algo que se llama justicia social. De la misma manera que tampoco comprábamos los votos de aquellas personas que no pueden votar, que eran los residentes de manera irregular en este país, cuando les volvimos a meter
en la universalidad del Sistema Nacional de Salud Pública. Por lo cual, vamos a intentar elevar un poquito el discurso y no entrar en la crítica fácil.


Y escuchando al Partido Popular, da la sensación de que todos los datos que tenemos ahora son malos y es culpa única y exclusivamente de que estamos nosotros en el Gobierno. Hay que decir que para acabar con la pobreza estructural que tiene
este país, tanto la de la infancia, como la juvenil, como en general la que podemos llegar a sufrir, se tienen que aplicar medidas; no se puede cambiar de un año para otro, sino que tienen que aplicar medidas. Hace un par de semanas le sacaba lo
que habíamos hecho en el último año; es decir: los 2000 millones de transferencias no reembolsables a las comunidades autónomas para educación, para combatir la brecha educativa y que no se amplíe con la pandemia; los 290 millones para la
adquisición de medio millón de dispositivos móviles para no ampliar la brecha digital y que a su vez se amplíe la brecha educativa; el suplemento de crédito del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 para atender a las necesidades de
alimentación como consecuencia de los cierres de los comedores escolares; la garantía del suministro de agua y energía a los consumidores vulnerables; el Plan MeCuida, de reducción de jornada para las personas trabajadoras como consecuencia de la
suspensión de la docencia presencial, y también el ingreso mínimo vital. Creo que son elementos que hemos aprobado un año muy complejo y que permiten al menos empezar a respirar a gran parte de las personas beneficiarias de ese tipo de derechos.



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Yo quería preguntarle, si me puede comentar un poquito, sobre las competencias digitales en la infancia. Es un tema que también nos preocupa mucho porque entendemos que puede ser un nuevo modelo de desigualdad en el caso de que no se
aplique bien. Ni mucho menos estoy acusando de nada, todo lo contrario, sino que quiero que nos pueda explicar, sobre todo cómo lo estamos haciendo. Y también cómo se está impulsando el Plan Nacional contra la Obesidad Infantil porque entendemos
también que el derecho a la salud de los niños, niñas y adolescentes es muy importante.


Termino, porque la mayoría de las preguntas las ha hecho María, la compañera de Esquerra Republicana, pero hay dos temas sobre los que me gustaría saber su opinión, sobre todo para que quede muy claro. ¿El coordinador de bienestar es un
comisario político? Y si es un comisario político, ¿por qué lo votó a favor la derecha? Creo que tenemos que elevar otra vez el nivel, y se puede atacar al Gobierno porque nos vamos a equivocar en muchas cosas -no digo lo contrario-, pero al menos
en aquello en lo que estamos de acuerdo vamos a intentar poder hacer las cosas bien. Y luego le quería hacer una pregunta, y esta es directamente dirigida a usted, a saber su opinión. ¿Cómo valora las últimas encuestas y estadísticas que estamos
recibiendo donde un porcentaje cada vez mayor de jóvenes, niños, niñas y adolescentes niegan la violencia machista? Quería saber si la Dirección General de los Derechos de la Infancia, como todos los que estamos implicados con la infancia,
entendemos que esto es un problema, porque empezamos a ver que se niega algo que es una realidad. Y, sobre todo, que empezamos a debatir sobre temas que antes no debatíamos. Me gustaría saber si estamos todos más o menos en la misma posición,
sobre todo para poder coordinarnos en la repuesta.


Termino haciendo algo que quería hacer antes de acabar esta intervención, y es referirme a dos grandes mujeres. La primera es Almudena Grandes, que nos ha dejado este fin de semana. Creo que tenemos una pérdida enorme en lo cultural y
también en valor social y que por mucho que algunos y algunas intenten manchar su nombre jamás lo va a lograr. Y lo segundos es dar la enhorabuena a Alexia Putellas, que ha sido la primera futbolista española que ha ganado el Balón de Oro, y creo
sinceramente que esto va a servir para que muchas niñas y adolescentes sigan persiguiendo sus sueños también en la disciplina deportiva para que entre todos y todas podamos romper de una vez por todas las barreras machistas que también se encuentran
en la disciplina deportiva.


Nada más y quedo a su disposición. Muchísimas gracias. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Anguita.


A continuación, tras las intervenciones de los distintos portavoces, tiene la palabra la directora general de los Derechos de la Infancia para dar respuesta las cuestiones planteadas.


La señora DIRECTORA GENERAL DE DERECHOS DE LA INFANCIA Y DE LA ADOLESCENCIA (Assiego Cruz): Muchas gracias, presidenta.


Muchas gracias por cada una de las intervenciones, todas siempre útiles porque todas nos ayudan a cultivar el pensamiento crítico, que es un valor esencial en una sociedad democrática; la libertad de expresión y el pensamiento crítico. Voy
a intentar responder a la mayor parte de las cuestiones y, si no fuera así, les pido que en el momento de la réplica insistan, porque no es habitual que yo me desenvuelva en estos foros y la falta de práctica igual me hace olvidarme de alguna
cuestión de forma no intencionada.


Los datos de la pobreza infantil los tenemos delante, los sabemos, los compartimos, leemos los mismos informes, escuchamos a las mismas organizaciones de infancia; están ahí y son claros. La pobreza infantil es un problema estructural, es
un problema que no es puntual de esta legislatura o de esta crisis, sino que responde a una concepción de las políticas pública, a una concepción de la inversión pública en determinadas políticas que permiten el acceso universal a los derechos
básicos -como en el caso de la Garantía Infantil son la salud, la educación, la vivienda y los cuidados- o privatizan o imponen costes y precio a esos derechos, con lo que eso conlleva en la precariedad de las vidas de las familias más vulnerables
en situaciones más precarias. Desde luego, la Dirección General de Derechos de la Infancia y Adolescencia, en el marco de sus competencias -puesto que la competencia de la lucha contra la pobreza en su globalidad es una competencia que reside en la
Dirección General de Diversidad Familiar y Servicios Sociales-, estamos lógicamente muy satisfechas con algunas de las medidas que se vienen tomando en relación con el ingreso mínimo vital, algunas de ellas muy recientes, y también respecto a la
renta de crianza universal para todas las familias con hijos e hijas más allá del complemento hasta los 100 euros. Los Presupuestos Generales del Estado incluyen que este complemento ascenderá a 100 euros por hijo o hija de cero a tres años, a 70
euros por cada niño o niña de tres a seis años y a 50 euros por los hijos de seis a dieciocho años. Este es un primer paso, sin duda, para una renta de crianza universal, que



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es la apuesta que esta dirección general entiende más eficaz para luchar contra la pobreza infantil, aparte del despliegue que tenemos que hacer de las diferentes políticas en el marco de la garantía infantil europea.


En cuanto al ingreso mínimo vital, estamos muy satisfechas con las nuevas medidas que se van a incorporar, esas ayudas por hijo a cargo, aparte del acceso y de la facilitación del acceso a los grupos más vulnerables, como los jóvenes y las
personas en paro. Desde luego, estas ayudas tienen que llegar a las familias en situación de pobreza y es importante que desde ahí se trabaje y se invierta.


Con respecto al Consejo Estatal de Participación de la Infancia, el día 9 vamos a celebrar la primera sesión y entendemos que este ya es el momento de la constitución. Tienen por delante mucho trabajo que realizar, pero es un trabajo que
ellas y ellos van a fijar en su agenda, puesto que es un consejo con autonomía y no un consejo marioneta de ningún Gobierno ni de ninguna persona adulta. Obviamente, contarán con el acompañamiento correspondiente, pero sobre todo con el de sus
propias familias, que han autorizado que puedan participar en este consejo estatal, de los consejos territoriales que les han enviado, que les han impulsado a representar a otras niñas y niños y de las organizaciones a las que también pueden
representar. Es una muy buena noticia y hay una representación de todas las comunidades autónomas, efectivamente, excepto de aquellas que no han presentado candidatos. Pero es cierto que la representatividad territorial está completamente
garantizada.


Por lo que se refiere a las modificaciones que hay que realizar en la Seguridad Social, señora Dantas, en relación con el acogimiento profesionalizado, hemos contactado ya con el Ministerio de Inclusión. Aun así, desde lo que es el
componente que comentaba antes, el componente 19 de las políticas de innovación, de los proyectos de innovación en la desinstitucionalización, estamos también haciendo algunos análisis de cómo se puede materializar ese acogimiento profesionalizado
con la Seguridad Social. Desde luego, no es la respuesta a la realidad de desinstitucionalización de muchas niñas y niños, pero sí es una respuesta muy clara para perfiles de niñas y niños en situaciones muy vulnerables que requieren y necesitan
esos acogimientos más especializados, más profesionalizados. Es importante cuando hablamos del acogimiento residencial y de qué niños no quieren ser acogidos que hablemos de los perfiles de los niños y de las niñas que se quedan en los centros. Yo
he mencionado las edades, pero si entramos en el detalle, en las características personales de salud y de vulnerabilidad que tienen estas niñas y niños, se nos encogería el corazón al ver cómo a veces en ese acogimiento familiar estamos
preseleccionando al niño ideal que queremos acoger, en vez de centrarlo en el niño real que necesita una familia.


En relación con la estrategia para la erradicación de la violencia contra la infancia, nuestro objetivo es tenerla en marzo. El plan de implementación que les he comentado, la hoja de ruta, es parte ya del inicio de esos trabajos. Y las
plazas de postutela y de emancipación, todo lo que tiene que ver con la situación de la infancia extutelada, es un trabajo que tenemos que hacer en estrecha colaboración con las comunidades autónomas que tienen competencia directa en la atención de
los centros de protección y con las entidades locales, que son las que están en este momento haciendo frente a las necesidades de atención social desde los servicios sociales de todas esas niñas y niños y de los jóvenes que se encuentran en
situación de sinhogarismo por esa falta de recursos que usted mencionaba. En todo caso, la dirección está en muy estrecha colaboración con la Dirección General de Diversidad Familiar para poder unir dos realidades: la situación del sinhogarismo,
la situación de los extutelados y las respuestas que hay que dar a esos perfiles concretos. Desde luego, es una necesidad urgente y todos los foros que se están realizando están dando claras señales de alarma.


Lo que se ha presupuestado para 2022 en los Presupuestos Generales del Estado para la Lopivi, independientemente de lo que se presupueste en años posteriores, se refleja con claridad en la memoria de impacto en la infancia: 25 millones, que
nos pueden parecer insuficientes en el marco de los 70 millones, pero también tenemos que tener presente que la Lopivi es una ley que despliega multitud de políticas, con una ramificación de competencias que exigen que haya una confluencia de las
comunidades autónomas y de los ayuntamientos, que todos vayamos en la misma dirección y nos pongamos de acuerdo en esa inversión que hay que realizar cada año que tengamos por delante.


En cuanto a la figura del coordinador de bienestar infantil y delegado de infancia en el ámbito del deporte, aparece claramente detallada y descrita en la Lopivi, sus funciones y el contexto. Es una figura legal que, lógicamente, cuenta con
un análisis de su utilidad y desde los centros educativos y desde el propio Ministerio de Educación se valora como más que necesaria. En ningún caso estamos hablando de una figura de control de las conductas ajenas o de las conductas de los niños
si lo que queremos es un plan de convivencia y espacios seguros, que no segurizados, para las niñas y niños. El coordinador de



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bienestar infantil no es un policía ni muchísimo menos. Yo confío plenamente en los equipos directivos y en las comunidades educativas de cada uno de los centros escolares a la hora de cómo van a implantar y a materializar la regulación que
tienen que establecer las comunidades autónomas respecto de esta figura concreta en el ámbito de sus competencias. Yo confío muchísimo en la comunidad educativa y en los equipos docentes; creo que no permitirían en ningún caso que hubiera un
comisario en sus pasillos. Ese no es el objetivo de la figura ni muchísimo menos, como bien saben ellos y como bien sabemos quienes hemos trabajado en el ámbito educativo durante muchísimo tiempo.


Señora Redondo, por lo que se refiere a la hoja de ruta de la Lopivi, en grandes líneas es lo que he venido detallando en mi intervención. Fueron importantes las conversaciones previas que tuvimos, ya que detrás de cada uno de estos
acuerdos de la conferencia sectorial hay mucho trabajo. Es importante explicar y subrayar que cuando se celebra un pleno de una conferencia sectorial o de un consejo territorial, antes se han celebrado muchas otras reuniones con directores
generales y con las personas responsables de las comunidades autónomas en esta materia. Fue un trabajo importante porque el Estado no puede interferir en las competencias autonómicas de cada uno de los territorios y muchos de los temas que
señalamos en esta hoja de ruta tienen competencia ejecutiva directa en las comunidades autónomas, como el coordinador de bienestar, la materia de servicios sociales en el caso de las entidades locales o los centros de atención especializada. En ese
espacio de consenso y de diálogo fue muy interesante, muy productivo y muy gratificante comprobar el alineamiento por parte de todas las directoras y directores generales en lo que tenemos que hacer en la conferencia sectorial, que es fijar los
criterios, las directrices, las recomendaciones, las pautas, las baremaciones y los registros de evaluación que nos permitan hacer realidad la Lopivi, que nos permitan dotar de pistas, de contenido, de indicaciones y de pautas para que ese trabajo
de coordinación institucional que estamos haciendo en la conferencia sectorial se puede trasladar tanto a otros departamentos ministeriales como dentro de las propias comunidades autónomas. Fue muy gratificante confirmar cómo gran parte de las
comunidades autónomas se habían puesto ya a trabajar en la implementación de la Lopivi, con sus propios órganos de cogobernanza y en colaboración con otros departamentos y con otras consejerías. Es interesante reafirmar el compromiso conjunto y
común de que esta ley es importante y de que la vamos a materializar y a implementar entre todos y todas.


La familia. Creo que he dejado claro en mi intervención que la familia, la diversidad familiar, es fundamental. Sus señorías saben que desde la Dirección General de Diversidad Familiar y desde el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda
2030 se está impulsando una ley de familias que incorpora una serie de medidas y de políticas que sin duda van a invertir en la familia en nuestro país en un escenario mucho mejor que el que tenemos. Dejémoslo ahí.


Señora Muñoz, muchas gracias por el apoyo y por las felicitaciones. Tenemos muchísimo trabajo que realizar y siempre vamos a realizarlo con la mirada clara en los derechos de la infancia. El contexto que tenemos no es precisamente un
contexto de unanimidad, pero no es un contexto ajeno para quienes venimos del activismo y de la lucha por los derechos humanos, porque sabemos que siempre va a haber una reacción hacia la garantía y la universalización de esos derechos y tenemos que
contar con ella. Eso no quiere decir ni que sea un buen escenario ni que sea una buena noticia, sino simplemente significa que tenemos que hacer ejercicios de pedagogía, de comprensión y de empatía hacia todas aquellas personas que quizá se ven
seducidas por argumentos muy sencillos y muy simplistas, cuando sus necesidades tienen respuestas más complejas y mucho más elaboradas que, lamentablemente, no siempre sabemos o podemos ofrecer.


Con respecto a la señora López, de VOX, quiero agradecerle su intervención, simplemente. Podemos estar de acuerdo o podemos no estar de acuerdo, pero tengo que agradecerle su intervención porque me ayuda a pensar y a reafirmarme en la labor
de la Dirección General de Derechos de la Infancia como una labor de Estado y como una labor en la que no interfieren agendas externas, sino que interfiere la Convención de los Derechos de la Infancia. Le agradezco su intervención, por supuesto que
sí, por qué no, y no tengo mucho más que decir. Discrepamos radicalmente, incluso, hasta en el contenido del artículo que ha mencionado. Invito a sus señorías a que se lo lean, porque no dice exactamente lo que usted ha señalado.


Por último, señor Anguita, he perdido las notas de su intervención, discúlpeme. Sobre la figura del coordinador de bienestar, está clara y me parece importante, pero me parece también muy importante que pongamos el foco en la del delegado
de bienestar en el ámbito del deporte. Estamos teniendo noticias y denuncias muy claras de lo que está sucediendo en los ámbitos deportivos, en los ámbitos de ocio, en los ámbitos de esparcimiento de las niñas y de los niños. Desgraciadamente, las
cifras de las agresiones



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sexuales son dramáticas -?lo hemos señalado antes- y yo creo que hay que apostar por todas aquellas figuras que puedan velar -?lógicamente, con la formación adecuada, con la motivación adecuada y con la responsabilidad que conlleva la
formación en estos ámbitos- y garantizar que los niños puedan disfrutar de sus derechos en espacios seguros. Eso no es algo nuevo y lo que hacemos es trasladar al ámbito de la infancia figuras de apoyo, de supervisión y de acompañamiento que ya
estaban en otros ámbitos y que sabemos que son relevantes.


Con respecto a la violencia machista y los datos que reflejan que hay un porcentaje importante de jóvenes que niegan que exista una violencia machista, existe la preocupación de cómo están permeando y cómo están calando los mensajes
negacionistas en una parte de la población. Nos toca tomar nota y esforzarnos, redoblar esfuerzos y trabajar para poder conversar personalmente con cada uno de estos chicos y chicas, trasladarles nuestras opiniones, escuchar también y tratar de
entender qué hay detrás de ese negacionismo, qué frustraciones y qué situaciones se están canalizando a través de ese negacionismo y, desde luego, hacer siempre una apuesta por la claridad, por el diálogo y por los derechos de las mujeres y de las
personas LGTBI, como no puede ser menos. Desde luego, como bien saben ustedes -?y si no lo sabían, lo sabrán ahora-, es mi posición personal, y las personas que somos LGTB entendemos que tenemos todo el derecho del mundo a tener los mismos
derechos que el resto de las personas.


Con esto doy por concluida esta primera parte.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, directora.


A continuación, es el turno de los portavoces de los grupos parlamentarios que deseen intervenir, por un tiempo de cuatro minutos. Para empezar, por el Grupo Republicano, tiene la palabra la señora Carvalho Dantas.


La señora CARVALHO DANTAS: Moltes gràcies, senyora presidenta.


Empiezo diciendo que, ante el aumento del discurso de odio, me remito a los datos del Gobierno de Canarias y también del Estado español sobre las cifras objetivas -?vuelvo a decir, objetivas- que desmienten todos los datos de la extrema
derecha sobre la criminalidad en esas islas. De hecho, en los dos meses con más llegadas del año 2020, octubre y noviembre, la criminalidad cayó en 1 % y en un 3 %, respectivamente, y en diciembre el descenso en la criminalidad fue de un 18,8 %.
Contra el racismo, contra la xenofobia, contra tanta falta de humanidad, la verdad de los datos.


Señora Assiego, muchísimas gracias por contestar a todas, absolutamente todas mis preguntas. No se ha dejado ninguna en el tintero, muchas gracias. Pero en estos poquísimos minutos que me quedan me gustaría saber su posicionamiento y
también el posicionamiento de la dirección general sobre algo que a nuestro grupo parlamentario, el Republicano, nos preocupa muchísimo, que son los menores migrantes en Canarias. Me gustaría saber su posicionamiento en relación con la Lopivi. Es
un tema que nos preocupa mucho. De hecho, estuvimos in situ para ver, para escuchar, para sentir de cerca qué es lo que sucede con los menores migrantes. Los menores migrantes se encuentran en Canarias con la reticencia de la Policía para tramitar
su solicitud de asilo, sobre todo a los que están todavía pendientes de la determinación de edad. También hemos constatado que tienen preferencia los que ya están declarados como menores y están más o menos en el rango de los dieciséis y diecisiete
años. Otra cosa que hemos constatado es que solo hay dos intérpretes de bambara, no dan abasto. Se están tramitando solicitudes a menores con procedimiento de citas que los centros de acogida de menores conocen. Hay muy pocos casos de presuntos
menores pendientes de determinación y que sí han accedido a esa gestión, son muy pocos los que la consiguen. El retraso en la prueba de determinación de edad es lo que nos ha alarmado mucho; hay muchas cosas que nos alarman, pero el retraso en la
prueba de determinación de la edad es muy preocupante. Y doy dos ejemplos de por qué es tan preocupante, y seguro que usted también lo sabe: en Canarias hay alrededor de 2600 personas menores de edad tuteladas, de los cuales cerca de 1000 están
pendientes de esta prueba -1000 menores están pendientes de esta prueba-,. Pero ¿qué lleva a este retraso, a esta demora en la determinación de la edad? Pues que se está permitiendo que los menores, o los supuestos menores, convivan con personas
mayores. Por otro lado, si no tienen la determinación de la edad, estas personas no son escolarizadas, además de sufrir muchísimas otras violencias que se están cometiendo sobre esta base.


En cuanto al procedimiento de asilo en centros de menores en Canarias, algunos de los menores sí conocen el derecho y saben cómo procedes, pero la enorme mayoría, no. ¿Y de qué depende? De la formación de sus gestores, de que conozcan las
entidades, de tener una mayor proactividad por parte de las instituciones. Es una condición de violencia enorme por la que están pasando esos menores en



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Canarias. Urge determinar la edad de esos menores y, basándose en la Lopivi, nos gustaría que usted nos diera su parecer sobre el tema.


Muchísimas gracias por haber venido.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Carvalho Dantas.


A continuación, por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia En Común, tiene la palabra la señora Muñoz.


La señora MUÑOZ DALDA: Gràcies, presidenta.


Desde Unidas Podemos queremos reiterar nuestro agradecimiento y el apoyo a las políticas que está desarrollando el Gobierno y, en particular, la Dirección General de Infancia, para garantizar los derechos de la infancia y la adolescencia.
Aprovecho esta réplica para hablar de una cuestión, que ha comentado la compañera de Esquerra y también el compañero Anguita, que tiene que ver con la criminalización de la infancia y de la juventud. Aquí hay tres cuestiones. Creo que durante la
pandemia se ha criminalizado a la infancia durante una temporada concreta; cuando se pedía o se reclamaba desde la sociedad civil que pudiera salir a la calle a jugar, ahí les vimos en el punto de mira. También está la cuestión de que se hayan
vivido hasta cuatro olas de criminalización de la juventud. Primero, se les acusó de causar los rebrotes; después, de causar contagios con las manifestaciones de Pablo Hasél en defensa de la libertad de expresión; posteriormente hubo otra ola,
que si no recuerdo mal fue a final del estado de alarma, cuando vimos esas imágenes en la Puerta del Sol de los botellones, en los que había de todo pero el foco se ponía en la juventud, y una cuarta ola con el viaje de estudios de aquel grupo en
Mallorca causante del macrobrote.


A esto hay que sumar, además, el hecho de que desde la ultraderecha y también desde ciertos medios de comunicación se esté poniendo el foco en los menores extranjeros vinculándolos, además, con la delincuencia. Creo que desde los grupos
parlamentarios, desde las fuerzas políticas y desde el Gobierno hay que hacer un ejercicio de incidencia en los medios de comunicación, los cuales creo que son titulares de responsabilidades. El Estado es titular de obligaciones, la infancia es
titular de derechos y los medios de comunicación son titulares de responsabilidad y, por lo tanto, tenemos que trabajar también en este aspecto.


Nada más y muchísimas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Muñoz.


A continuación, por el Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra la señora López.


La señora LÓPEZ ÁLVAREZ: Gracias, presidenta.


Señora Assiego, permítame que me dirija un segundo al señor Anguita, que se ha referido a mi grupo. He de decirle que yo entiendo que le moleste la presencia de los cincuenta y dos diputados de VOX en el Congreso, pero eso es lo que han
querido cerca de cuatro millones de españoles, así que tenga paciencia porque le he visto muy exaltado en su intervención. Por cierto, señor Anguita, la cuestión no es vincular inmigración con delincuencia, la cuestión es por qué ustedes quieren
esconder los sucesos cuando el delincuente es un inmigrante.


Una vez dicho esto, señora Assiego, muchas gracias. Ustedes se delatan tanto con lo que hacen como con lo que no hacen y, volviendo a la Ley de protección a la infancia y a la adolescencia frente a la violencia, aprobada en mayo, en lo
referido a la implementación del objeto de la ley, que es aprobar una norma integral que proteja a los menores frente a cualquier violencia, el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, según una respuesta que nos dio la semana pasada, no ha
efectuado ningún acuerdo a partir de su entrada en vigor. Eso no lo digo yo, lo dice el Gobierno en una de sus respuestas a una pregunta de este grupo parlamentario del 24 de noviembre. En concreto, dice que la ley está en proceso de
implementación sin que el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 haya efectuado ningún acuerdo a partir de su entrada en vigor. Esta respuesta es de la semana pasada.


Pero ustedes sí que trabajan y se dejan la piel por los menores extranjeros no acompañados, cómo no, dentro de la Agenda 2030. Ustedes ya han presentado -?como usted ha explicado- en el Consejo Territorial de Servicios Sociales el
documento borrador de una estrategia estable para la atención de niños migrantes no acompañados que llegan a España. Es decir, lo tenemos todo: Agenda 2030, aunque usted me lo ha querido negar. Ya anunció el Gobierno su pretensión del Plan 2050,
con la previsión de que por entonces lleguen a España 255 000 inmigrantes. Por tanto, primer punto positivo que se cuelgan ustedes,



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negativo para los españoles. Y, segundo, se dan más prisa en establecer las líneas de lo que llaman estrategia estable para atención a menas, mientras la protección frente a la violencia en los menores, como dice esa respuesta, sigue sin
acuerdo para su implementación. Así es este Gobierno, siempre anteponiendo los intereses globalistas a los intereses de los españoles. Así nos va. Aunque sí, sí ha comentado usted que el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 quiere
presentar a finales de año la estrategia nacional sobre los derechos de la infancia y la adolescencia. ¿Podría darnos algunas pinceladas más precisas sobre esta estrategia, qué puntos principales va a desarrollar y con qué intenciones? Se lo
pregunto para ir preparándonos por lo que pudiera venir. Por cierto, ha hablado usted de reducir la segregación familiar. ¿Podría explicar a qué se refiere con ese término y con qué objetivo?


Respecto a los centros de menores y la corrupción, con graves abusos a menores, su respuesta -?o, mejor, su no respuesta- es tanto o más deficiente que los argumentos que nos dieron en la Comisión de debates de proposiciones no de ley de
hace dos semanas, cuando rechazaron la creación de esa Comisión de investigación de los centros de tutela en España, porque usted no ha querido responderme bajo el argumento de esa discrepancia. Es verdad, discrepamos, pero yo solo le preguntaba su
opinión acerca de esa negativa.


Ustedes presumen de haber aprobado la Ley de protección a la infancia frente a la violencia, pero ¿dónde queda la protección frente a la violencia de las niñas tuteladas en Baleares, del caso de las dieciocho lobas en Las Palmas de Gran
Canaria o de la niña del caso Oltra en Valencia? ¿A qué se debe tanta oposición y opacidad en investigar esos abusos que ustedes cubren con una cortina de humo? Ya podrían ustedes tomar ejemplo de Bruselas, que en octubre el Parlamento Europeo
aprobó que se investigara la explotación sexual de las menores tuteladas en Baleares. Claro, es cierto que se aprobó a pesar de tener el voto en contra del PSOE y de Podemos. Pero aún hay más en esa historia, porque, para colmo de males y por lo
que se ve, no tienen intención de modificar el sistema de protección a la infancia. Así que por sus hechos los conoceréis. Es un pasaje bíblico que no sé si lo conoce. Por sus hechos los estamos conociendo y los españoles también.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señora López.


A continuación, por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Redondo.


La señora REDONDO CALVILLO: Gracias, presidenta.


Creo que no voy a agotar los cuatro minutos, pero es que consumí el tiempo en la anterior intervención y no me pude referir a la Garantía Infantil Europea. Entre todos los objetivos que se plantean y todo lo que quiere asegurar esta
garantía me voy a referir a uno porque creo que es el más fácil de solucionar y, quizá, incluso el más económico. Me refiero a la comida saludable al menos una vez al día. En este momento solamente un 11 % de los niños y niñas de Educación
Infantil tienen ayuda de comedor, frente al 27 % que hemos dicho que estaban en situación de pobreza, y no existe un umbral estatal mínimo, por lo que hay una diferencia abismal entre unas comunidades y otras. Por ejemplo, el 2 % de Murcia frente
al 25 % de Canarias. Como digo, hay una diferencia abismal. Seguro que usted sabe que los niños que hacen uso del comedor presentan menos prevalencia de obesidad y de sobrepeso. O sea, la pobreza es uno de los factores de riesgo que explican el
elevado índice de obesidad y sobrepeso en la infancia. Según el estudio de Aladino de 2019, la obesidad se duplica en las familias de menos de 18 000 anuales con respecto a las de más de 30 000 euros anuales. Según la encuesta de condiciones de
vida de 2020, se ha producido un aumento muy significativo del porcentaje de niños y niñas en hogares que no pueden permitirse una comida de carne, pollo o pescado al menos cada dos días: solamente un 5,7, frente al 4,5 y el 3,7 de los dos años
anteriores. Entonces, la pregunta es qué tiene pensado la dirección general para poder acercar la ayuda de comedor escolar gratuito a los niños, sobre todo a los que están bajo el umbral de la pobreza. Y una duda con respecto a los recursos que se
van a utilizar para ello, los del objetivo 11 del Fondo Social Europeo Plus -?que son los que van a financiar esta medida-, ¿me podría usted aclarar si esos fondos son los mismos que los antiguos FEAD, que eran para proporcionar alimentos?


Con respecto a la base del plan de acción que se presentó hace un mes, solamente quiero compartir una reflexión. Una de las conclusiones decía que había que prestar especial atención a la colaboración con las entidades locales. Yo creo que
las entidades locales pueden hacer un uso de los recursos mucho más eficaz y eficiente porque conocen y localizan mucho mejor dónde puede estar esa pobreza. Me gustaría saber su opinión al respecto. Y le invito a que venga dentro de un mes, porque
con todos los



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datos que ha dado creo que puede ser muy interesante. Nosotros pediremos la comparecencia, pero si usted también la pide, tengo muchas más posibilidades de que venga.


Muchas gracias. (Risas).


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.


Para terminar el turno de los portavoces, tiene la palabra el señor Anguita por el Grupo Parlamentario Socialista.


El señor ANGUITA PÉREZ: Muchas gracias, señora presidenta. Solo treinta segundos.


En primer lugar, no contesto por segunda vez a la ultraderecha porque sería darla publicidad y creo que tenemos que ser responsables para evitarlo.


Me apunto, señora directora general, lo que ha dicho del delegado en el tema del deporte. Es cierto que quizá no lo estemos dando toda la visibilidad que debiéramos y me lo apunto como nota a tener en cuenta, sobre todo cuando estamos
viendo los casos de abusos que está habiendo en el deporte, especialmente cuando queremos impulsar esa igualdad en el mismo, tanto en el masculino como en el femenino, entre otras cosas, por cierto, y aprovecho para decirlo, para acabar de una vez
por todas con esos ropajes -lo voy a decir así- que se imponen a las competidoras en las competiciones oficiales, donde parece ser que se valora mucho más el cuerpo que lo que pueden hacer en el campo del deporte. Por tanto, me sumo también a esa
reivindicación.


Le animo a seguir trabajando como lo están haciendo también en esa participación sobre la infancia. Todos los portavoces hemos sido interpelados por las diferentes organizaciones del tercer sector para que exista una participación real y
efectiva de los niños, niñas y adolescentes. Por tanto, celebro el consejo estatal y también la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia.


Termino sumándome, como ha expresado la compañera del Grupo Popular, a la necesidad de valorar que también hay una desigualdad en lo referente al ámbito alimentario, por lo que espero que el tema de la obesidad sea un asunto importante que
considerar en todos los ámbitos posibles, especialmente cuando, por ejemplo, durante el confinamiento hemos visto poner pizzas a los niños que no pueden ir al colegio, en vez de ofrecerles una alimentación sana. Estamos completamente de acuerdo con
lo que decía la compañera del Grupo Popular.


Me sumo también a usted y a todos los grupos de izquierdas en este Congreso frente al reto de reducir la pobreza infantil en el año 2030 a la mitad. Es un reto por el que merece la pena luchar. Vamos a encontrar muchísimas dificultades en
ello, pero si algo merece la pena es dar una oportunidad a quienes no tienen culpa absolutamente de nada, como los niños, niñas y adolescentes en lo referente a tener no solamente una infancia sana, justa e igualitaria, sino con las mismas
oportunidades de futuro que hemos disfrutado o han disfrutado algunos. Por tanto, quiero sumarme con usted a ese reto, porque encontrará en el Grupo Parlamentario Socialista un aliado para ello.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Anguita.


Para contestar nuevamente a sus señorías tiene la palabra la señora Assiego Cruz.


La señora DIRECTORA GENERAL DE DERECHOS DE LA INFANCIA Y DE LA ADOLESCENCIA (Assiego Cruz): Gracias, presidenta.


Señora Dantas, efectivamente compartimos la preocupación por la situación de los niños y las niñas y adolescentes migrantes en Canarias, no solo por aquellos que no están acompañados por sus familiares directos, sino también por aquellos que
están en los centros. Desde esta dirección general mediante la estrategia de derechos de la infancia queremos mirar hacia la infancia migrante, tanto hacia la no acompañada, como hacia aquella cuyas familias se encuentran en situación irregular,
entre las que también venimos detectando vulneración de derechos muy básicos en cuanto al acceso a la educación y la sanidad, siendo derechos universales, al igual que respecto a la infancia migrante que se encuentra en los centros de ayuda
humanitaria, que también es importante.


Respecto al tema del procedimiento para la determinación de la edad, la LOPIVI establecía que ese procedimiento se tenía que regular y ya hemos finalizado los trabajos con el Ministerio de Justicia, que es el que tiene que elevar esa
modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil, el que tiene que materializar y llevar esa modificación a efecto. El otro día estuve con la directora general, Àngels Garcia Vidal, y confío en que esta regulación sobre el procedimiento de
determinación de la edad la podamos tener a finales de



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año, antes de que acabe 2021. Desde luego, va a suponer una garantía respecto a los derechos de la infancia migrante, de conformidad con las diferentes resoluciones y dictámenes negativos que hemos recibido por parte del Comité de los
Derechos del Niño relativos a cómo se han venido desarrollando estos procedimientos hasta ahora. En todo caso, según lo que me traslada la directora general, en Canarias ya se está empezando a poner en marcha un proyecto piloto para la
determinación de la edad de la infancia migrante si hay dudas sobre su edad y no se tiene documentación respecto a la misma, en colaboración con Fiscalía y organizaciones de la sociedad civil, y esperamos que desde este enfoque holístico que quiere
trasladarse mediante este proyecto piloto podamos avanzar en la línea correcta.


Como ya les he comentado, antes de la materialización del documento sobre la estrategia de atención integral que llevamos al consejo territorial, tuve la oportunidad de visitar diferentes comunidades autónomas. Hablé con todos los
directores y directoras, aunque no pude desplazarme a todas ellas, y en algunos casos pude comprobar que el procedimiento de determinación de la edad se realiza en plazos más cortos y con pasos mucho más sencillos gracias a la colaboración de todas
las partes implicadas en dichos procedimientos, desde medicina legal, a Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, protección de la infancia o en lo que tiene que ver con Fiscalía y Justicia, es decir, en nuestro país también se están dando muy buenas
prácticas respecto al procedimiento de determinación de la edad en algunos territorios. Lo que es cierto es que desde el Estado tenemos que dar una seguridad jurídica para esas buenas prácticas sean por ley para garantizar los derechos de la
infancia, que es lo que nos lleva a estar a todas en esta Comisión y mirando hacia el futuro.


Respecto a la criminalización de la infancia, tema que comentaba la señora Muñoz y algunas señorías de esta Comisión, y especialmente de la infancia migrante, a esta dirección le preocupa enormemente ese elemento. De hecho, podrán comprobar
que en muchos de los documentos que van a salir o que ya han salido no se utiliza el término mena, ya que, desgraciadamente, hoy día este acrónimo se emplea en un sentido más semejante a una banda criminal que en referencia al objetivo que
perseguía, que era el uso de una determinada terminología en documentos técnicos y jurídicos. Por tanto, el empleo distorsionado de un término que tenía una finalidad jurídica y técnica nos lleva a lo que en la dirección general creemos que es
importante, a poner el foco en las niñas, los niños y los adolescentes migrantes no acompañados, aunque esto nos lleve a utilizar, en vez de cuatro letras, seis palabras; no tenemos ningún problema porque creemos que eso también ayuda.


No obstante, en esas reuniones que mantuve con las direcciones generales de todas las comunidades autónomas también pude comprobar que algunas, que ya tienen estrategias para la atención al menor migrante, como Cataluña, contemplan en ellas
un apartado que es muy interesante, en el que se tratan de estrategias de desestigmatización de la infancia migrante. También existen acciones coordinadas por parte de todas las administraciones públicas a fin de que en dichas estrategias se
emprendan acciones de información contra el estigma y la criminalización y a favor de una mirada sobre la realidad, frente a situaciones que distorsionan y simplifican y el riesgo para la integridad que ello conlleva hacia los colectivos más
vulnerables, en este caso las niñas y los niños extranjeros no acompañados. Y este también será un punto que propugnaremos en el texto de la estrategia de atención integral que queremos trabajar en el seno de la conferencia sectorial.


Señora López, discúlpeme, pero no he entendido bien la pregunta respecto al tema de los acuerdos, por lo que le voy a pedir que me dé el número de pregunta para poder ver qué es lo que ustedes preguntaban y qué respondimos nosotros. No he
entendido bien si se refería a que no hubo acuerdos en la conferencia sectorial o si no había acuerdos respecto a las estrategias de atención migrante. Por eso, si me facilita el número de la pregunta, me comprometo a revisarla y ver si es que ha
habido un error en la respuesta o yo no la he entendido bien para en todo caso poder aclarar la circunstancia. No obstante, desde esta dirección general se están llevando a cabo diferentes estrategias -?quizás ese sea el motivo de la confusión-:
la estrategia de desinstitucionalización, la de atención a la infancia migrante, la estrategia de derechos de la infancia y la adolescencia y la estrategia de la erradicación de la violencia que se tiene que poner en marcha, a parte del plan
nacional de acción hacia la garantía infantil y el plan de obesidad, que ahora comentaré y que el alto comisionado está comenzando a trabajar, y nosotras nos sumamos, encantadísimas, a su invitación de colaboración.


Respecto al tema de la segregación familiar, me refería a la segregación escolar. Si me he expresado mal y he dicho segregación familiar, pido que se rectifique en el acta correspondiente. No me estaba refiriendo a ningún tipo de
segregación familiar, sino a la segregación escolar, que tiene que ver con la distribución de los



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fondos económicos y con la distribución de las poblaciones entre los distintos centros públicos y privados. Pero de esto seguro que puede informar muchísimo mejor la directora general de Educación.


Respecto a los centros de protección y los abusos sexuales, le invito a que apliquemos la LOPIVI, en cuyo título IV se establecen protocolos y medidas de actuación que desarrollar para que no se produzca ningún tipo de situación de
violencia, y además se refuerzan los mecanismos en todo lo que tiene que ver con abusos sexuales. Lo he comentado en mi intervención y viene claramente explicado en la LOPIVI. Apliquemos y hagamos realidad esta ley, porque creo que es lo que ahora
mismo nos tiene que centrar y donde hemos de poner el foco.


Respecto a las preguntas de la señora Redondo, estaré encantada de venir dentro de seis meses; sin ningún problema, todas las veces que ustedes entiendan que tengo que venir voy a venir. Además, me vienen muy bien estas comparecencias para
hacer un balance de todo lo que vamos haciendo. Desgraciadamente, el ritmo de trabajo en el día a día a veces nos impide hacer balances, tener perspectiva de lo que estamos haciendo y obtener fuerza para lo que tenemos que hacer, y para mí esta
comparecencia ha sido un honor entre otras cosas porque me ha permitido hacer eso. Por tanto, vendré todas las veces que haga falta, y, por supuesto, a iniciativa propia, lo haré dentro de seis meses. Está aquí el subdirector y le pido que me lo
recuerde para que no se nos olvide.


El Fondo Social Europeo Plus es el principal fondo del que se tirará para la garantía infantil, pero, por supuesto, se tendrán en cuenta otros, como FEAR, que también son necesarios. Este es uno de los aspectos que tenemos que lograr
materializar en el tramo estatal, porque, como saben, la financiación europea tiene un tramo autonómico y otro estatal. Trabajaremos en ello en colaboración con el Alto Comisionado contra la Pobreza Infantil, que -?si no lo he dicho, lo subrayo-
es clave en toda la gobernanza de la garantía infantil europea, como no podría ser de otra manera, y, lógicamente, con los ministerios competentes, aunque, como bien saben, el ministerio del que dependen los fondos FEAR no corresponde a esta
dirección general.


Por último, la obesidad infantil es una realidad que también está en la agenda de la dirección general y, desde luego, hemos respondido a la invitación del Alto Comisionado contra la Pobreza Infantil respecto al plan para luchar contra la
obesidad infantil que ha puesto en marcha y en el que ya estamos trabajando diferentes departamentos, junto a la sociedad civil. Me van a permitir que les traslade una reflexión al hilo de conversaciones mantenidas con algunas niñas y niños acerca
de cómo se sentían hablando de la obesidad, porque creo que debemos tener cuidado en no estigmatizar a los niños por su obesidad y caer en la gordofobia. Las personas adultas sabemos a qué nos estamos refiriendo con el tema de la obesidad infantil,
es decir, a la mala nutrición, los alimentos que no son saludables, a que en situaciones muy precarias y de pobreza estos son los alimentos que resultan más económicos y, por tanto, más accesibles, y además a veces se consumen sin las pautas
concretas. Solamente les lanzo esta reflexión con el fin de que busquemos las fórmulas, al igual que nos hemos visto abocados a buscar las fórmulas para no contribuir a la estigmatización de colectivos como la infancia migrante, para no contribuir
a la estigmatización de esas niñas y niños y sí poner el foco en lo que tiene que ver con una mala o descompensada nutrición en relación con las causas de la pobreza, la falta de recursos económicos y otras pautas, porque en muchas zonas predomina
el acceso a una alimentación poco saludable o a veces la alimentación saludable tiene una serie de precios. Por tanto, hagamos un análisis también económico y social de este problema que luego se traduce en obesidad perniciosa para la salud de las
niñas y de los niños.


Les agradezco nuevamente su presencia; encantada de haberles escuchado y les animo a cada una y cada uno, sin distinción, en su tarea y trabajo.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Muchísimas gracias por su comparecencia, señora Assiego. Esperamos volver a verla pronto en esta Comisión, será bienvenida todas las veces que haga falta. También agradezco a los diputados y diputadas la Comisión de
hoy.


Sin más asuntos que tratar, levantamos la sesión.


Eran las trece horas y quince minutos de la tarde.