CORTES GENERALES


DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS


COMISIONES

Año 2021 XIV LEGISLATURA Núm. 472

JUSTICIA

PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª ISAURA LEAL FERNÁNDEZ

Sesión núm. 24

celebrada el jueves,

9 de septiembre de 2021

ORDEN DEL DÍA:


Comparecencia de la señora ministra de Justicia (Llop Cuenca):


- A petición propia, para informar de las líneas generales de la política de su departamento. (Número de expediente 214/000128) ... (Página2)


- Para que explique las líneas generales que tiene previsto seguir al frente de su departamento. A petición del Grupo Parlamentario Ciudadanos. (Número de expediente 213/001307) ... (Página2)


- Para informar sobre las líneas de actuación a seguir desde su departamento durante la XIV Legislatura, tras la aprobación del Real Decreto 526/2021, de 10 de julio, por el que se nombra ministra de Justicia a doña María Pilar Llop Cuenca.
A petición del Grupo Parlamentario VOX. (Número de expediente 213/001320) ... (Página2)


- Para informar sobre las prioridades y medidas que piensa impulsar en lo que resta de la XIV Legislatura. A petición del Grupo Parlamentario Plural. (Número de expediente 213/001326) ... (Página2)


- Para informar sobre las líneas generales de la política de su departamento. A petición del Grupo Parlamentario Republicano. (Número de expediente 213/001377) ... (Página2)


- Para informar sobre las líneas generales de la política de su departamento. A petición del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 213/001450) ... (Página2)

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Se abre la sesión a las cuatro y diez minutos de la tarde.


La señora PRESIDENTA: Buenas tardes, señorías; bienvenidos de nuevo. Es un placer volver a reencontrarnos en este inicio del curso político y en el comienzo de este periodo de sesiones. Bienvenida, ministra de Justicia, señora Llop, a la
primera de las sesiones de la Comisión de Justicia correspondiente a este -como digo- nuevo periodo de sesiones, y lo hacemos con la primera de las comparecencias de la ministra de Justicia, la señora Llop, conforme al orden del día aprobado por la
Mesa de la Comisión. Tal como aparece en la convocatoria de la que todos ustedes disponen, hemos procedido a acumular las peticiones de comparecencia de la propia ministra y de los diferentes grupos parlamentarios. También, conforme a la costumbre
ya arraigada de esta Comisión, el desarrollo de esta sesión se hará como en anteriores comparecencias: en primer lugar, la señora ministra hará una primera intervención, a la que seguirán las intervenciones de los portavoces de los grupos
parlamentarios en orden de menor a mayor representación parlamentaria, una única intervención por un tiempo de diez minutos. A estas intervenciones de los portavoces dará contestación la señora ministra y, con esa intervención, daremos por
finalizada la sesión correspondiente a esta tarde. Les pido -y sé que siempre lo hemos obtenido- una gestión adecuada de los tiempos, de manera que seamos todos responsables del tiempo que nos corresponde.


Sin más demora, y reiterándole nuestra bienvenida a la primera de sus comparecencias, a la que sin duda seguirán muchas otras a lo largo de este y de los siguientes periodos de sesiones, tiene usted la palabra, señora ministra.


La señora MINISTRA DE JUSTICIA (Llop Cuenca): Muchas gracias, señora presidenta. Buenas tardes, señorías, diputados, diputadas.


Quiero empezar diciendo que es un honor y un placer comparecer en esta Comisión para exponer las principales líneas de actuación del Ministerio de Justicia. Permítanme una licencia y es que salude, cómo no, a los miembros de esta Mesa;
también a la letrada de la Comisión de Justicia; a los servicios de estenotipia y taquigrafía, que realizan un trabajo también muy importante; audiovisuales; al resto de los ujieres; al personal de limpieza, y al personal de seguridad.


Antes de informar sobre las líneas maestras del departamento, quiero agradecer al presidente del Gobierno, a Pedro Sánchez, que haya depositado su confianza en mí para esta enorme, esta gran responsabilidad, que asumo con humildad y respeto.
Es un gran honor servir a mi país, como siempre he hecho, y ahora desde el Ministerio de Justicia, dignidad que merece todo mi esfuerzo y mi responsabilidad, y quiero reconocer también el esfuerzo del presidente y de sus anteriores equipos. Nunca
pudimos imaginar, señorías, que atravesaríamos la mayor crisis sanitaria, social y económica de las últimas décadas. Y gracias a un Gobierno progresista, centrado en los problemas de la ciudadanía, vamos a salir sin dejar a nadie atrás.


Y sí, señorías, quiero hablar de socialdemocracia, porque está mencionada en el artículo 1 de nuestra Constitución. España es un Estado social y democrático de derecho; eso dice nada más y nada menos que el artículo 1 de nuestra
Constitución. Y quiero agradecer al legislador constitucional esa visión de futuro, esa generosidad. Solo la recuperación justa, con políticas sociales justas, equitativas, igualitarias, desarrolladas dentro y por instituciones fuertes y sólidas,
va a permitir hacer de nuestro país lo que los ciudadanos realmente merecen: el progreso, la riqueza, al tiempo que se fortalece nuestro Estado de derecho. Somos muy conscientes de la situación por la que atraviesan nuestros ciudadanos. En España
hay personas, hay niños, niñas, en riesgo de pobreza, de exclusión, y hay que combatirlo desde las políticas públicas y con nuestro Estado de bienestar.


Justicia, progreso, libertad, igualdad, respeto, señorías, respeto; respeto a la diversidad, respeto a la pluralidad. Concordia, convivencia. En eso trabaja este Gobierno, en esto trabaja esta ministra desde la política; la política como
herramienta para solucionar los problemas de las personas. Y lo hace desde la buena política, esa política que es la que huye del insulto, la que huye de la crispación, la que no provoca el conflicto, la que no rompe la convivencia.


También quiero expresar en esta mi primera comparecencia el agradecimiento a mi predecesor en el cargo, el ministro Campo, por su trabajo al frente del ministerio en esta etapa previa, en la que me ha dejado un legado muy preciado y una base
extraordinaria sobre la que continuar construyendo unos proyectos vanguardistas que suponen un cambio de paradigma en la justicia española.


Antes de continuar la comparecencia, también deseo rendir tributo a todos y cada uno de los hombres y las mujeres que han puesto en riesgo su vida, su salud, la de sus familias -algunos y algunas han fallecido- para que la justicia no se
paralizara. Si esta pandemia hubiera ocurrido hace veinte o treinta

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años, nuestro país se hubiera colapsado; aún estaríamos intentando salir de la crisis. Afortunadamente, esto no ha sido así.


Quiero dar también las gracias al equipo del ministerio -me acompaña el secretario de Estado, Pablo Zapatero, también el resto del equipo-, volcado absolutamente en la mejor gestión de un área tan sensible, una área que impacta directamente
en la protección y defensa de los derechos y las libertades de la ciudadanía, que pivota sobre una justicia democrática diseñada por el legislador constitucional, dotándole de la legitimación popular propia de cualquier poder de un Estado
democrático. Por ello, debemos situarnos en el marco constitucional, no salirnos de sus límites, porque otra cosa pone en riesgo el pacto de convivencia social y política.


Comparezco ante ustedes, señorías, a petición propia tras mi reciente nombramiento como ministra el pasado 12 de julio, y lo hago siendo consciente de la necesidad de responder de mi gestión ante esta Cámara y de la importancia que tiene la
relación institucional entre el ministerio que dirijo y esta Comisión de Justicia, con la que espero y deseo mantener un diálogo constante desde el respeto y la lealtad institucional. Seguro que me enriquecerán con sus debates de altura. Les hablo
de diálogo, porque pretendo y aspiro a que sea uno de los objetivos para los próximos meses ante el reto imprescindible, el reto necesario y apasionante que supone transformar la justicia en nuestro país, y posicionarnos, de este modo, a nivel
internacional en un lugar estratégico para incrementar la confianza en la seguridad jurídica aquí en España, atraer talento e inversión y contribuir a liderar equipos que luchen contra el crimen, contra el crimen transnacional, contra la corrupción.


Esta transformación va orientada hacia la tecnologización y hacia una organización de los juzgados y tribunales más eficiente, más sostenible, hacia cauces procedimentales más operativos, salvaguardando las garantías de los procesos
judiciales y de las partes. Esta transformación lleva años siendo demandada por el conjunto de la ciudadanía, también de los hombres y mujeres que trabajan en el sector de la justicia, y debe llevarse a cabo desde una dimensión de principios y
valores esenciales en nuestro ordenamiento jurídico, donde la igualdad se sitúa como uno de los elementos básicos en la construcción de nuestro Estado de derecho; igualdad entre mujeres y hombres en la configuración de un sistema de justicia que
remueva todos los obstáculos que impidan o dificulten la plenitud de derechos y libertades de las mujeres, las niñas y los niños.


Estamos en un momento propicio para acometer esta reforma, tanto por la experiencia que ya hemos acumulado y el aprendizaje basado en pruebas y errores, como por los estudios en materia de modernización que se han llevado a cabo en los
últimos años por parte del ministerio y de otras instituciones del mundo de la justicia. También por los avances que se han puesto en práctica. Pero, ahora, tenemos que decir que, por el marco económico en el que nos encontramos, al contar con los
fondos de la Unión Europea Next Generation, estamos en el mejor momento posible para ello.


Tradicionalmente, hemos encontrado obstáculos a la aplicación tecnológica: desde las propias normas procedimentales, superadas ahora, ya, en un nuevo contexto; la propia gestión por cada Administración territorial con competencias en
materia de justicia, que ha ido aplicando el sistema como ha podido y ha considerado oportuno, dificultándose la interoperabilidad y el diálogo entre los distintos órganos judiciales, ese necesario diálogo tecnológico; por la falta de cultura
digital en la Administración de Justicia, que puede generar a veces incertidumbre y frustración en los propios profesionales a la hora de afrontar un nuevo marco de gestión procesal.


Por tanto, llegados aquí, a este punto de la historia judicial de nuestro país, nos encontramos ante una encrucijada: o transitar por la vía de la transformación, o permanecer en el estancamiento en un modelo que ya está, como bien saben,
superado, que ya está agotado. Y permítanme que yo me posicione por la apuesta de cambiar el modelo de justicia de nuestro país. Me atrevo a decir que es la opción de la ciudadanía, me atrevo a decir que es la opción que tienen ustedes como
representantes de los ciudadanos -a quienes representan aquí, legítimamente, en esta Cámara-, me atrevo a decir que es la opción de los profesionales del sector de la justicia, me atrevo a decir que es la opción de los órganos de gestión en las
comunidades autónomas que tienen competencias transferidas. Es evidente que no vamos a poder recorrer este camino los unos sin los otros. En un Estado compuesto necesitamos poner en marcha todos los mecanismos de cooperación y diálogo territorial
entre las distintas administraciones, pero también entre las instituciones, organizaciones sindicales, asociaciones del sector involucradas. Por ello, tengo la convicción de que estamos ante un proyecto de Estado, un proyecto de país que supone un
cambio estructural para mejorar la vida de las personas, un proyecto que ya cuenta con un amplísimo consenso al que me debo con todo respeto y humildad.

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Al día siguiente de mi toma de posesión fijé con claridad el lema que servirá de referencia para la acción del Ministerio de Justicia: cooperación, diálogo, trabajo en equipo, pero también complicidad con la igualdad de género, con la
igualdad de mujeres y hombres. Las líneas maestras para los próximos meses en el departamento, en lo que respecta a la actividad parlamentaria, se basarán en el diálogo con todos los grupos políticos, sin exclusiones por mi parte, se lo puedo
asegurar. Además de las ocasiones en las que comparezca, estableceré con carácter general un cauce fluido y periódico para que tengan de primera mano la evolución del proyecto en el que estamos inmersos.


Antes de entrar en detalles sobre el proyecto del Ministerio de Justicia, quiero referirme también al contexto en el que nos encontramos. Como dijo el presidente del Gobierno la pasada semana, este mes de septiembre no solo comenzamos un
nuevo curso, también comenzamos una nueva etapa, la etapa de la recuperación y la transformación. El acuerdo alcanzado sobre los fondos Next Generation, de los que España recibe 140 000 millones de euros, el segundo país por cantidad recibida, ha
sido un elemento determinante para la recuperación. La aprobación de estos fondos, en los que España jugó un papel determinante, representa un paso histórico en el desarrollo de la Unión Europea. Así lo dijo expresamente la presidenta de la
Comisión Europea, Ursula von der Leyen.


La recuperación económica es una realidad y es muy importante contextualizar los proyectos de justicia en este escenario económico favorable, porque la marcha de la economía afecta directamente, impacta directamente en los juzgados, en la
tasa de litigiosidad, en la carga de trabajo y, sobre todo, en procedimientos relativos a concursos, despidos, reclamaciones de cantidad, ejecuciones hipotecarias, monitorios, lanzamientos, deshaucios, embargos, procedimientos de familia. Es decir,
cuestiones que nos afectan a todos nosotros en aspectos muy fundamentales de nuestras vidas. Es básico, en consecuencia, el reforzamiento del servicio público de justicia en esta nueva etapa, en la que el impulso del Estado de derecho y del acceso
a la justicia serán palancas transformadoras de España.


En este contexto, quiero destacar el feminismo, la igualdad de hombres y mujeres como un eje transversal de la que será la política del departamento; primero, por convicción, pero, también, por obligación democrática. Saben que tenemos un
Pacto de Estado contra la Violencia de Género, un pacto que aprobaron los grupos parlamentarios con representación en la Cámara en el año 2017, un documento de extraordinario valor político que sigue vivo. Hoy siguen operativas, siguen funcionando
las comisiones de seguimiento del Pacto de Estado contra la Violencia de Género en ambas Cámaras, en el Congreso de los Diputados -aquí, en esta casa- y en el Senado. Hoy también, hoy más que nunca, es una cuestión que sigue viva, es una cuestión
que nos obliga a todos los poderes públicos a emprender acciones para lograr la igualdad como base de la erradicación de la violencia contra las mujeres. Un pacto que exige que demos a cada violencia el tratamiento que requiere; la de género en el
ámbito de la pareja o expareja tiene especificidades propias por la relación que existe entre la víctima y su agresor y por el modo tan cruel, tan horrible, que afecta a los hijos e hijas de las víctimas, los más vulnerables. La violencia sexual,
la trata, la prostitución forzada, el acoso, las nuevas formas de cometerlos a través de medios tecnológicos que no deben ser un obstáculo a su impunidad. No cabe impunidad para los delitos cometidos a través de la red. El insulto, la amenaza, el
acoso en el espacio virtual es tan grave o más por su alcance que en el espacio físico. Gran parte de las medidas del pacto afectan a este ministerio y, por ello, por cumplimiento con este gran acuerdo político, social e institucional, por
cumplimiento con nuestro sistema democrático y nuestro Estado de derecho, y por cumplimiento con las comisiones de seguimiento que están operativas en el Senado y en el Congreso, es necesario que el Ministerio de Justicia asuma su parte en la
construcción de nuestro futuro libre de violencia contra las mujeres, los niños y las niñas. No hay democracia posible, no hay libertad si no se parte de una verdadera igualdad entre las personas, respetando su diversidad, derecho a la diferencia
sin diferencia de derechos, algo tan básico y elemental como esto.


Los países más avanzados en igualdad entre mujeres y hombres son aquellos con Estados del bienestar más sólidos y con instituciones más fuertes. Como he dicho en otras ocasiones, la COVID-19 ha levantado el velo de la aparente igualdad que
creíamos haber consolidado, y los datos nos lo han demostrado. Naciones Unidas ha puesto de relieve que se han incrementado las brechas salariales, que se ha producido un desequilibrio en los cuidados, que ha provocado la pérdida de un enorme
contingente de talento femenino. El Foro Económico Mundial eleva a casi un siglo el cierre de la brecha de género. Creo, sinceramente, que si no seguimos trabajando, si no seguimos empeñándonos en ello, la brecha no se cerrará como consecuencia de
los prejuicios y estereotipos que colocan, que nos colocan a las mujeres en roles de cuidados exclusivos, lo que dificulta extraordinariamente la emancipación y el acceso a puestos de mayor responsabilidad y mejor retribución.

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La más clara manifestación de la desigualdad entre mujeres y hombres es la violencia de género. Según datos de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, desde el 1 de enero de 2003 hasta el día de hoy, 1111 mujeres han sido
asesinadas en España por sus parejas o exparejas, 41 niños y niñas han sido asesinados por las parejas de sus madres o por sus padres, otros 320 niños y niñas han quedado huérfanos, sus hijos e hijas. Repito: 1111 mujeres asesinadas, 41 niños y
niñas asesinados. Y, frente a esta realidad, hay quien niega la violencia de género.


La desigualdad entre mujeres y hombres tiene también su reflejo en el ámbito de la justicia, donde el liderazgo participativo aún no ha encontrado su espacio. Han tenido que pasar doscientos años para que una mujer sea presidenta de Sala
del órgano supremo. Doscientos años. Este dato es tremendamente revelador y nos debe hacer reflexionar. En las últimas décadas se ha avanzado gradualmente en el equilibrio de género con un imparable acceso de las mujeres a la carrera judicial que
se deja ver con claridad en los últimos indicadores, llegando a alcanzar en algunas promociones hasta un 70 % de mujeres. A pesar de ello, aún están infrarrepresentadas en el Tribunal Supremo, donde alcanzan a penas un 22 %. Por eso, incorporar la
perspectiva de género en el trabajo del Ministerio de Justicia es uno de mis grandes objetivos, a través de la formación en perspectiva de género, la sensibilización, el desarrollo e implantación de planes de igualdad, la elaboración de protocolos
de prevención del acoso sexual y acoso por razón de sexo; a través de la concienciación y conocimiento del valor de la igualdad y la diversidad para contener los retrocesos de derechos que siempre impactan, mayoritariamente, sobre las mujeres, que
somos la mitad de la población, y también sobre otros colectivos vulnerables. Para ello he reforzado la Unidad de Igualdad del Ministerio de Justicia con la consigna de transversalizar la dimensión de este principio universal, de transversalizar lo
que es pura democracia en la actividad del ministerio.


En esta nueva etapa, el servicio público de justicia cumple un papel fundamental para la recuperación y la transformación. Funciona gracias a la dedicación de cerca de 254 000 profesionales: jueces y juezas, fiscales, letrados y letradas
de la Administración de Justicia, gestores y tramitadores procesales, personal de auxilio judicial, forensía, personal facultativo, psicólogos, psicólogas, graduados sociales, técnicos especialistas, ayudantes de laboratorio, jueces y juezas de paz,
personal funcionarial de la Administración General del Estado y de las comunidades autónomas, hombres y mujeres de la abogacía, procuraduría, registros, notarías, graduados sociales, a quienes debemos añadir intérpretes, peritos, personal de
mantenimiento, limpieza de sedes, archivo y depósito, personal técnico e informático, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, Guardia Civil, Policía Local y personal de seguridad privada, etcétera.


La justicia se imparte en más de 1400 sedes judiciales repartidas por todo el territorio y el presupuesto agregado para el sector justicia alcanza unos 4200 millones de euros. Aun así, el diagnóstico es que persisten muchas carencias en
materia de recursos humanos, en materia de recursos materiales y en materia normativa. Sin embargo, a pesar de los enormes esfuerzos personales de los y de las profesionales del sector, el modelo ha demostrado que es incapaz de asumir completamente
su tarea para cubrir las necesidades de la ciudadanía. Y lo hace de múltiples formas, puesto que ejerce competencias muy diferentes entre sí. Por un lado, como saben, gestiona el servicio público de justicia en el denominado territorio ministerio,
cinco comunidades autónomas que gestiona mi departamento: Castilla y León, CastillaLa Mancha, Murcia, Extremadura, Islas Baleares y las comunidades autónomas de Ceuta y Melilla. Por otro lado, cumple una función muy importante: la de coordinación
entre las diferentes consejerías de justicia, impulsando el diálogo territorial en el área y promoviendo la horizontalidad en la toma de decisiones, trabajando, asimismo, con el resto de profesiones jurídicas. Además, el ministerio es impulsor de
un gran número de iniciativas legislativas dirigidas al desarrollo de la línea política del Gobierno en las múltiples materias en las que es competente, a lo que me referiré a continuación.


La actividad parlamentaria impulsada por el ministerio ha perseguido el objetivo de una recuperación justa desde el inicio de la legislatura. Son muchas las iniciativas legislativas que se han aprobado en estos dos años, y de ellas un buen
número suponen un significativo avance en el reconocimiento de derechos a colectivos especialmente vulnerables, sensibles. Un claro ejemplo de ello es la Ley 8/2021, de 2 de junio, por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo
a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica, que ha entrado en vigor hace unos días. Con esta reforma, que supone continuar en la adaptación de nuestro ordenamiento jurídico a la Convención de Nueva York, se reconoce a
este colectivo su capacidad en igualdad de condiciones que las demás y se arbitran los instrumentos necesarios para que la ejerciten. Ya no se sustituye su toma de decisiones, sino que se acompaña y se apoya a la persona con discapacidad para que
tome la decisión libremente desde las cuestiones más básicas hasta las más personalísimas. Creo que no hay mayor dignidad para el ser

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humano que su libertad para decidir. El ministerio va a intensificar el plan formativo y la perspectiva de discapacidad. Esta está presente en las políticas que desarrollamos en este departamento, e impulsará, junto al Foro Justicia y
Discapacidad -en el que el ministerio también tiene voz-, un análisis del impacto de la ley en los órganos jurisdiccionales y en la Fiscalía.


Por otro lado, hace solo unos meses, esta Cámara aprobó también la Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y a la Adolescencia frente a la Violencia. Aunque la conocen sobradamente, permítanme esta mención por la enorme
importancia de la ley, que convierte nuestro país en un referente en el mundo en cuanto al marco de protección jurídica de la infancia y la adolescencia frente a la violencia. Con ella damos una respuesta integral a la violencia contra las niñas y
los niños, una violación de los derechos humanos de naturaleza multidimensional. Se prioriza la prevención y se incorporan medidas transversales en coordinación con las comunidades autónomas. Sin duda, es la aproximación definitiva al tratado
internacional que reúne al mayor número de Estados: la Convención de los Derechos del Niño. El ministerio potenciará las oficinas de asistencia a las víctimas con la finalidad de dar una respuesta eficaz al cumplimiento de esta norma para que el
interés superior del menor esté presente en todas las acciones de las mismas. También se formará en los aspectos de la nueva ley desde el Centro de Estudios Jurídicos en formación inicial y continua, dando herramientas a los profesionales para que
sus tomas de decisiones tengan presente el principio con una correcta interpretación al amparo de los tratados internacionales.


No podemos olvidar en este capítulo la Ley Orgánica 3/2021, de 24 de marzo, de Regulación de la Eutanasia. Con ella hemos dado una respuesta jurídica equilibrada y garantista a una demanda sostenida de la sociedad actual. Es el máximo
reflejo del reconocimiento de la dignidad y la libertad de la persona hasta su último momento de vida. Estas iniciativas normativas son una muestra de la forma en la que el ministerio impulsa las transformaciones sociales. El ámbito de la justicia
no puede quedarse relegado o en un segundo plano; mas al contrario, los tribunales deben ser vistos como motor de esas transformaciones en la correcta aplicación y desarrollo de las leyes.


Por otro lado, en materia de recuperación económica, es necesario señalar que, junto con otros ministerios, estamos impulsando una importante reforma de nuestro sistema concursal. El objetivo fundamental de esta modificación legislativa,
operada a través del anteproyecto de ley de reforma de la Ley Concursal, es adaptar nuestro ordenamiento al derecho de la Unión Europea, una vez que incorporemos una serie de cambios necesarios en el régimen concursal y preconcursal vigente,
trasponiendo la Directiva 2019/1023, sobre reestructuración e insolvencia, así como también actuar en una fase preventiva que evite la liquidación de los bienes de la persona o empresa que sea viable. Se trata de una reforma profunda y extensa que
afecta a más de doscientos artículos y que tiene por objetivo dotar a nuestro país de un sistema concursal más eficiente y ágil, adecuado a la nueva fase de recuperación económica que se inicia tras la superación de los peores momentos de la
pandemia. El anteproyecto de ley supone, en definitiva, una mejora estructural de los mecanismos de insolvencia para fomentar la reestructuración empresarial y establece un marco normativo ágil y flexible, que contribuye a minimizar la destrucción
del tejido productivo y facilita el mantenimiento de empresas y autónomos que sean viables, agilizando los procedimientos.


También debo referirme al nuevo anteproyecto de ley de enjuiciamiento criminal, aprobado por el Consejo de Ministros el 24 de noviembre de 2020. El objetivo de esta reforma es actualizar el procedimiento penal para hacerlo más eficiente,
reducir la duración media de los procedimientos, integrarlo en una estructura organizativa más avanzada que la vigente y adecuarlo también a los estándares europeos. Una vez concluida la primera etapa de su tramitación, mi intención es convocar a
las distintas instituciones del sector justicia para que puedan mejorar el texto con sus aportaciones.


En el ámbito de la violencia contra las mujeres, como saben, el Gobierno tiene entre sus prioridades reforzar la atención y protección de las víctimas. El Consejo de Ministros aprobó el pasado julio, a propuesta del Ministerio de Igualdad y
del Ministerio de Justicia, un ambicioso proyecto de ley orgánica de garantía integral de la libertad sexual. La norma supone un avance para la libertad sexual de las mujeres en tanto pone de manifiesto la relevancia, gravedad y amplitud de las
violencias sexuales en el marco de nuestra sociedad. Con esta ley vamos a otorgar mayor protección a la mujer víctima de violencia sexual durante y después del proceso para evitar su revictimización. Se amplían y desarrollan las medidas de
prevención sensibilización y detección de esta forma de violencia sobre la mujer. Como saben, también se refuerza la tutela penal dando la nueva configuración a estos delitos, que pivotará sobre la ausencia del consentimiento, siguiendo el criterio
del Convenio de Estambul.

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Por otro lado, el Gobierno está impulsando la aprobación de una ambiciosa ley de igualdad real y efectiva de las personas trans y garantía de los derechos de las personas LGTBI. Esta es una norma despatologizante, en la línea de las
indicaciones de los organismos internacionales, que facilita el reconocimiento registral de su identidad a las personas trans. Quiero trasladar que cuentan con mi compromiso claro de avanzar en el reconocimiento y consolidación de los derechos de
las personas LGTBI. También quiero que seamos responsables, que huyamos de manipulaciones políticas y que nos comprometamos en la lucha contra los delitos de odio, que socavan la convivencia pacífica y democrática. Para ello, el mismo presidente
del Gobierno presidirá la comisión de seguimiento del Plan de acción de lucha contra los delitos de odio.


Al margen de las iniciativas legislativas, uno de los fines del ministerio, a través del Centro de Estudios Jurídicos, es desarrollar y ejecutar las políticas de selección de las carreras y cuerpos al servicio de la Administración de
Justicia. En cuanto a la formación de los operadores, nos encontramos estudiando la posibilidad de configurar los cursos selectivos impartidos en el CEJ como una titulación oficial, en concreto como un máster universitario. De esta forma se podrá
ofrecer una estructura de formación reglada y reconocida a nivel europeo que responde a un estándar prefijado y estable. La participación de la universidad, además, permitirá complementar la formación teórica de los y de las aspirantes con
formación académica del más alto nivel y conectarla con las nuevas necesidades y retos sociales. A través del máster universitario damos respuesta a la reclamación de la carrera fiscal y del cuerpo de letrados de la Administración de Justicia de
contar con una oferta formativa de estas características, semejante a la de la carrera judicial y a otros funcionarios de cuerpos superiores en el ámbito de la Administración General del Estado. Espero poder informarles cuanto antes de esta
gestión.


En cuanto a la formación continua, uno de los ejes principales es la perspectiva de género y la lucha contra la violencia de género. Desde 2019 se han impartido un total de 460 horas de formación en materia de igualdad entre mujeres y
hombres y prevención de violencia de género, repartidas en 44 actividades formativas, en las que han participado 1423 miembros de los cuerpos al servicio de la Administración de Justicia. De este total, corresponden a la carrera fiscal 210 horas de
formación, 18 actividades formativas y 526 alumnos y alumnas. Actualmente, estamos trabajando en el desarrollo de un plan específico de formación en materia de igualdad de oportunidades y lucha contra la violencia de género para todos los cuerpos y
las carreras que se forman en el Centro de Estudios Jurídicos, a través del cual se apuesta por una formación integral, transversal y multidisciplinar.


Permítanme continuar mi intervención desarrollando en esta parte el plan de actuación a través del cual el Ministerio de Justicia está decididamente reformando el servicio público de justicia y poniendo siempre en el centro a la ciudadanía.
Este plan de actuación es Justicia 2030. Supone un auténtico proyecto de transformación de la justicia desde el análisis riguroso de la realidad. Ustedes lo conocen de sobra. Con este plan estamos sentando las bases de un servicio público
accesible, eficiente y sostenible, y estos son precisamente los grandes objetivos de este plan: accesibilidad eficiencia y sostenibilidad. Es, sin duda, producto de la reflexión compartida con ustedes. Como les decía antes, sé que no podemos
predecir el futuro. Sin embargo, el Gobierno sí lo puede planificar, y lo puede planificar también con sus ideas, de manera que obtengamos el mejor escenario posible. Insisto en que debemos hacerlo como responsables públicos, porque tenemos la
obligación de anticiparnos a los desafíos y de identificar las oportunidades.


Este ejercicio de análisis es Justicia 2030, que además se verá potenciado enormemente por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que responde a los principios de transparencia y rendición de cuentas. Señorías, como saben,
de los fondos europeos España recibe en torno a 140 000 millones de euros entre préstamos y subsidios a fondo perdido, que en el marco del Mecanismo para la Recuperación y la Resiliencia alcanza a 60 000 millones de euros, aproximadamente. La
concesión de estos fondos se vincula a la creación de planes nacionales que pongan el foco de atención en la transición ecológica y la transformación digital. Ambos, transformación digital y transición ecológica, son componentes con los que los
proyectos del ministerio están alineados, con la finalidad de lograr un sistema de justicia que mejore las condiciones de vida de las personas trabajadoras y de las personas que acuden a los juzgados, porque detrás de todas las estructuras jurídicas
y administrativas están las personas. De los 60 000 millones que recibe España del Mecanismo para la Recuperación y la Resiliencia, el ministerio es destinatario de 410 millones de euros más 60 millones para el proyecto de sedes sostenibles, un
total de unos 470 millones para el periodo 2021 a 2023, con los que potenciaremos el Plan Justicia 2030 para la transformación del servicio público. De hecho, ya lo hemos venido haciendo. En los presupuestos generales de 2021 el importe procedente
de estos fondos que fue destinado al misterio ha ascendido a más de 48 millones de euros.

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Justicia 2030, como conocen, está absolutamente alineado con las cuatro grandes prioridades del Gobierno: la transformación digital, la transición ecológica, la igualdad entre mujeres y hombres, y la cohesión social y territorial. Cada
subproyecto del plan es parte de un sistema bien estructurado dirigido a lograr los tres grandes objetivos de Justicia 2030. Antes de exponer los tres grandes objetivos, quiero presentarles un eje transversal que atraviesa el conjunto del plan, y
me estoy refiriendo al diálogo y a la cogobernanza. El Plan Justicia 2030 nace del diálogo con todos los actores involucrados en el sector justicia, partiendo de un análisis compartido con administraciones territoriales, instituciones, colegios
profesionales, asociaciones y agentes sociales. Tenemos -y hablo en nombre de mi equipo, que también está a su servicio; señorías, está a su disposición- la verdadera convicción de que Justicia 2030 y la política del ministerio deben ser
consensuadas, y deben serlo desde la horizontalidad, que significa solidaridad interterritorial, solidaridad territorial y lealtad institucional, impulsando, por lo tanto, todos los mecanismos de diálogo territorial, y además es en esos espacios
donde debe tener lugar este diálogo. Por ello convocaré en octubre la próxima conferencia sectorial en el Senado, la cámara de representación territorial, que creo que sería muy adecuado, y ya les digo que las posteriores probablemente se
celebrarán en los territorios de las comunidades autónomas. Además, en el frontispicio de mi agenda se situarán los encuentros con las administraciones competentes en los territorios, y los municipios representan una parte fundamental del plan,
para lo que contamos con la cooperación de la Federación Española de Municipios y Provincias. Buen ejemplo de la importancia que tienen las entidades locales en este proyecto es la puesta en marcha de las oficinas de justicia en el municipio. Como
les decía, ahora paso a exponerles los tres grandes objetivos del plan.


El primer gran objetivo del plan es la accesibilidad. Dentro este objetivo, destacan como principal proyecto las oficinas de justicia municipales. Con este nuevo diseño de oficinas se van a proporcionar a los ciudadanos y las ciudadanas
servicios judiciales sin tener que personarse físicamente, ahorrando desplazamientos y, por ende, costes económicos y medioambientales. De esta forma se refuerza la accesibilidad a los servicios en todo el territorio, en especial en las áreas más
despobladas. Se pondrá en marcha un sistema de acompañamiento para superar la brecha digital, que afecta particularmente a personas mayores, personas con discapacidad y colectivos vulnerables. Doy un dato: el 30 % de la población española es
culturalmente analógica y el 20 % supera los sesenta y cinco años. Además de un sistema de acompañamiento, en estas oficinas se prestarán más servicios a los ciudadanos, no solo en materia de procedimientos judiciales, sino también otros
relacionados con las distintas áreas de la Administración pública.


Otro elemento clave en la accesibilidad es la discapacidad. Trabajamos el lenguaje jurídico para una lectura fácil, en Braille o en lengua de signos, y también haciendo más accesible la justicia mediante la tecnología y los profesionales
que acompañen o faciliten la comunicación en los procedimientos, para lo que contaremos con la imprescindible aportación de las organizaciones del ámbito de la discapacidad.


Otro elemento que me resulta muy importante en cuestiones de accesibilidad es el de las lenguas oficiales, contempladas en el artículo 3 de la Constitución, por lo que las comunidades autónomas con lenguas oficiales podrán aportar ideas y
sugerencias muy valiosas para enriquecer este proyecto.


Otro elemento que garantiza el cumplimiento de este objetivo es la asistencia jurídica gratuita y el turno de oficio. El ministerio trabaja para que todas las personas, y especialmente las más vulnerables, puedan acceder al servicio público
de justicia con garantías, potenciando la eficiencia y la calidad de la asistencia jurídica gratuita y del turno de oficio. Debo aquí dar las gracias a la labor que desempeñan los colegios de la abogacía y de la procura hasta en el lugar más
recóndito de nuestro país. La inversión en asistencia jurídica gratuita en el territorio del ministerio durante el primer semestre del año ha sido de 33 millones de euros, de los cuales más de 29 corresponden a profesionales de la abogacía, de la
procura y de la psicología.


Quiero poner en valor otro recurso que sostiene el cumplimiento de la accesibilidad, las oficinas de asistencia a las víctimas. Estas oficinas prestan una asistencia integral, coordinada y especializada a las víctimas de todo tipo de
delito. Estamos trabajando en un nuevo plan de acción para las veintiséis oficinas dependientes del Ministerio de Justicia, dirigido a situar a las víctimas en el eje central del propio sistema, en la línea del catálogo de medidas urgentes del Plan
de mejora contra la violencia de género que se acordó por el Consejo de Ministros el 27 de julio. Estamos, por lo tanto, yendo más allá de lo que establece el propio Estatuto de la Víctima del Delito, pudiendo ampliar su ámbito de actuación a
través de medios telemáticos en las oficinas de justicia en el municipio, a las que hemos hecho ya referencia.

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El segundo de los objetivos perseguidos por el Plan Justicia 2030 es convertir la Administración de Justicia en un servicio público eficiente y de calidad. Para ello, el departamento que dirijo ha elaborado tres grandes propuestas
normativas de mejora sustancial de respuesta de nuestro sistema. Espero poder traerlas muy pronto ante ustedes y estoy segura de que mejorarán sustancialmente el rendimiento de nuestro sistema de justicia.


Quiero hacer referencia en este momento al nivel de litigiosidad al que se enfrentan nuestros órganos judiciales. Según el boletín estadístico del Consejo General del Poder Judicial, el número de asuntos ingresados en los tribunales
españoles a lo largo de 2019 fue de 6 279 302, con 6 079 000 asuntos resueltos y 2 800 000 asuntos en trámite. En el año 2020, con la pandemia, la litigiosidad bajó ligeramente con respecto al año anterior: el número de asuntos ingresados fue de 5
500 000, el de asuntos resueltos más de 5 200 000 y el de asuntos en trámite más de 3 millones. En lo que va de año 2021, el número de asuntos ingresados es más de 3 200 000. Para hacer frente a esta litigiosidad contamos actualmente con 5441
unidades judiciales, además de 217 jueces de adscripción territorial. En el año 2020 se procedió a la creación de 33 unidades judiciales. La previsión de creación para este año 2021 es de hasta 60 unidades judiciales. Estas 60 unidades se
distribuyen de la siguiente forma: ocho juzgados de Primera Instancia e Instrucción, nueve juzgados de Primera Instancia, seis juzgados mercantiles, seis juzgados sociales, un juzgado Contencioso-administrativo, un juzgado Penal, dos juzgados de
Violencia sobre la Mujer, dos juzgados decanos exclusivos, cuatro plazas de jueces de adscripción territorial y veintiuna plazas de magistradas y magistrados de la Audiencia Provincial. Además, de cara a hacer frente a la mayor litigiosidad
provocada por la pandemia, así como para facilitar la labor de los órganos judiciales, junto a las medidas ordinarias de refuerzo que se van adoptando, también se adoptaron dentro del Plan COVID otras medidas adicionales, que van desde las
comisiones de servicio, con y sin relevación de funciones, hasta los programas de autorrefuerzo que suma un total de 325 medidas. Según el informe de la Comisión Europea para la eficiencia de la justicia, en 2018 el gasto de justicia en España era
de 79,1 euros por habitante, mientras que la media europea se sitúa en 64 euros, por lo que no parece que sea un problema tanto presupuestario como de optimización, de organización, de priorización y de gobernanza. Es necesario, en consecuencia,
afrontar todo lo que impide la eficiencia y eficacia de nuestro sistema judicial. Y en este sentido, el primer gran proyecto normativo de los que les mencioné antes es precisamente el anteproyecto de ley de medidas de eficiencia procesal del
servicio público de justicia. Con esta norma se dotará de mayor agilidad, calidad y sostenibilidad a la prestación del servicio público y situará a la ciudadanía como eje central del sistema. Solo de este modo el sector justicia podrá cumplir el
papel de motor de recuperación económica y social que está llamado a desempeñar. Les adelanto que este anteproyecto se articula en tres ejes: integración de los medios adecuados de solución de controversias, reforma de las leyes procesales en los
cuatro órdenes jurisdiccionales y medidas de transformación digital. Con los medios adecuados pretendemos contribuir a generar un espacio de encuentro y entendimiento entre las partes para permitirles encontrar la mejor solución a su controversia;
esto es clave en una sociedad democrática. El diálogo y el respeto también deben llevarse a los espacios particulares y aprender de ello, construir de lo pequeño a lo grande en democracia. Por eso, la integración de los medios adecuados de
solución de controversias es un eje muy importante. Hablo, en resumidas cuentas, también de consolidar los principios de la cultura de paz en nuestro sistema de justicia, alineándonos con el ODS 16 de la mencionada Agenda 2030 de Naciones Unidas.
Tras su aprobación en primera vuelta del Consejo de Ministros, este anteproyecto se encuentra en trámite de informes ante el Consejo General del Poder Judicial y también del Consejo Fiscal para que tengan conocimiento.


La segunda propuesta normativa que traeré a esta Cámara es el anteproyecto de ley de medidas de eficiencia organizativa. Esta norma posibilitará la transformación organizativa del servicio público de justicia a través de la implantación de
431 tribunales de Instancia, uno por partido judicial, y de las oficinas judiciales que les den soporte. El de los tribunales de Instancia se tratará de un modelo ya existente en los países de nuestro entorno que pretende superar la estructura
actual de más de 3630 juzgados unipersonales atomizados. Ello desde la convicción de que esta forma de organización judicial responderá mejor a los actuales desafíos de la Administración de Justicia y a las necesidades de la ciudadanía. Para hacer
posible el cambio de sistema se ampliará la Oficina Judicial con una nueva terminal, la ya mencionada Oficina de Justicia en los municipios, nuevas ventanillas de entrada al servicio público desde las que realizar actividades procesales o declarar
en juicios telemáticos; una forma de llevar la justicia al ámbito rural y contribuir a la cohesión territorial. Sobre esta nueva infraestructura será posible dar también nuevos servicios como espacios de coworking, centros de trabajo compartidos,
para trabajar

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deslocalizadamente o facilitar gestiones e informaciones a otras administraciones. Tras su aprobación en primera vuelta del Consejo de Ministros, este anteproyecto también se encuentra en trámite de informes ante el Consejo General del
Poder Judicial y el Consejo Fiscal.


La total digitalización de la Administración de Justicia es, en tercer lugar, nuestra apuesta por la eficiencia que conecta con la transformación digital. Esto no es nuevo. Constituye ya desde hace mucho tiempo una de las prioridades del
ministerio y de otras administraciones también, pero ahora estamos en la buena dirección y yo les voy a dar algunos datos. Desde el 1 de enero de 2021 se han practicado casi 315 000 juicios telemáticos, las notificaciones por LexNET se han
incrementado un 50 % en relación con 2020 y la presentación de escritos un 46 %. Ello comporta un ahorro en lo que va de año de más de 4,5 millones de páginas, lo que equivale a algo más de 23 toneladas de papel, suponiendo una importante reducción
de emisiones de CO2, con el consiguiente beneficio para el medio ambiente. Este servicio, además, ha estado cien por cien disponible en todo momento sin experimentar ninguna caída. Se han textualizado 92 000 vídeos de vistas y se han concedido 208
000 citas previas por Internet. Por otro lado, en el territorio ministerio durante este año se han contabilizado seis millones y medio de horas de teletrabajo, con un promedio de 2400 usuarios y usuarias diarios de esta modalidad laboral; la
interoperabilidad con el resto de administraciones públicas se ha incrementado, dando lugar al intercambio de 64 571 expedientes, con 157 unidades administrativas pertenecientes a trece comunidades autónomas diferentes.


Y con la finalidad de dar el paso definitivo en esta materia, estamos preparando el anteproyecto de ley de medidas de eficiencia digital. Se trata de una propuesta normativa coordinada y alineada con el proyecto de transformación digital de
la Administración pública integrado por los fondos EU Next Generation. Por ello, consolida el sistema de cogobernanza con las comunidades autónomas con competencias transferidas. Desde aquí quiero agradecer a las comunidades autónomas su
implicación, sus esfuerzos en esta cuestión tan compleja desde el punto de vista técnico. La interoperabilidad, de la que después les hablaré, es esencial. Pocas dudas caben de que la transformación digital facilita que la eficiencia organizativa
y procesal sean posibles. Por eso es necesario dar lugar a un nuevo marco legal para que la tramitación electrónica de los procedimientos judiciales pueda abordar aspectos básicos como la firma digital, los juicios telemáticos, el expediente
judicial o el intercambio de datos en la Administración de Justicia. En este marco de eficiencia digital el objetivo es poner en marcha actuaciones que permitan la gestión telemática mediante tres subproyectos: inmediación digital y servicios no
presenciales, fe pública digital y puesto de trabajo deslocalizado y teletrabajo. También en relación con la eficiencia a través de la tecnología, se está orientando a través del Plan de Justicia 2030 la transformación digital de la Administración
de la Justicia al dato frente a la tradicional orientación al documento, lo que permitirá la explotación eficaz de los datos de gestión de la Administración de Justicia para el desarrollo de políticas públicas basadas en la evidencia, la importancia
de los datos.


Por otra parte, el nuevo paradigma de una justicia orientada al dato va a permitir disponer de un big data con grandes cantidades de informaciones difíciles de procesar. Para hacerlo, se requiere de implementación de la inteligencia
artificial, que facilitará un procesamiento rápido para una justicia inteligente artificialmente hablando; aquí también estamos trabajando en transformación. El Ministerio de Justicia, en el ámbito del Comité Técnico Estatal del CTEAJE, está
desarrollando y entrenando redes neuronales, en colaboración con el Centro de Supercomputación de Barcelona, para habilitar herramientas inteligentes de asistencia a la Administración de Justicia y apoyo de resoluciones judiciales, aprendiendo de la
experiencia que ya tenemos acumulada en los juzgados y tribunales en materia de violencia de género mediante la aplicación de VioGen y de valoraciones de riesgo. Así, debemos seguir trabajando en algoritmos que no sean discriminatorios.


Una cuestión de máxima importancia es el Registro Civil. La entrada en vigor de la Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil, se produjo finalmente el pasado 30 de abril. La puesta en marcha de la ley, más de diez años después de su
publicación, es un gran éxito fruto del trabajo colectivo. Señorías, el objetivo del nuevo Registro Civil, sobre el que seguimos trabajando, es claro: garantizar el acceso a toda la ciudadanía a través de una red de oficinas dotada digitalmente y
capilarizada por todo el territorio nacional. El objetivo es que el Registro Civil esté adaptado plenamente al nuevo entorno tecnológico y a la transición digital que vivimos, ofreciendo un servicio público gratuito y gestionado por empleados
públicos. Su engarce con las oficinas de justicia en el municipio evitará que se produzca la brecha digital, asegurando el acceso de todas y todos, con independencia de su disponibilidad o destreza tecnológica.


El tercer gran objetivo del Plan Justicia 2030 es la sostenibilidad, contribuir al proyecto país. Como vengo explicando a lo largo de esta comparecencia, la transición ecológica también es un eje prioritario

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para el Gobierno y, lógicamente, cómo no, en la Administración de Justicia. Creo firmemente que la transición hacia la sostenibilidad ecológica debe marcar el diseño de medidas de mejora en los procesos y en las sedes judiciales y
administrativas. Como apunté antes, en el marco del Mecanismo para la Recuperación y la Resiliencia, el Ministerio de Justicia recibirá 410 millones de euros, a los que se sumarán 60 millones más, para el proyecto de sedes sostenibles. Por otro
lado, sostenibilidad también significa cohesión social y territorial. En el Estado descentralizado, con cada Administración con competencias propias, se ha propiciado el desarrollo e implantación de hasta siete sistemas distintos con diferentes
funcionalidades y no interoperables entre ellos, además del sistema Minerva del Ministerio de Justicia. En el marco de la nueva cogobernanza estoy convencida de que debemos dar respuesta a la necesidad de que, con independencia del lugar en que se
encuentre el tribunal, se disponga de un sistema de gestión procesal que preste el servicio en las mejores condiciones. Para lograr este fin, en el seno de la conferencia sectorial se está trabajando en un nodo común de interoperabilidad dentro de
la Administración de Justicia y nuestra previsión es alcanzar ese objetivo en el segundo semestre de 2023. Se trata, como pueden comprobar, de un gran logro en la cogobernanza y en la interoperabilidad y pluralidad, manteniendo la coordinación.


En relación con la sostenibilidad entendida en sentido amplio, la lucha contra la corrupción también debe ser un objetivo prioritario de cohesión social. Como saben, la Directiva 2019/1937 tiene por objeto proteger a todos aquellos
denunciantes que informen sobre corrupción o fraudes y violaciones de las leyes de los países de la Unión Europea. Quiero trasladarles que el Ministerio de Justicia trabaja una propuesta de regulación en el ordenamiento jurídico español que
establecerá canales protegidos de denuncia y la prohibición de represalias contra denunciantes. En esta misma línea, la activación de la Fiscalía Europea constituye un auténtico punto de inflexión en el proceso de integración de los Estados
miembros de la Unión, así como un paso de gigante en la lucha contra la corrupción y el fraude a gran escala.


En este marco de recuperación no puedo dejar de referirme de forma específica a mi preocupación por el reforzamiento de las instituciones y la protección del Estado de derecho. Los poderes públicos tenemos la enorme responsabilidad de
cuidar de nuestro sistema democrático cada día, impulsando la regeneración y corrigiendo las malas prácticas. Por ello, no podemos permitir el deterioro institucional que generan las conductas partidistas irresponsables. Debo reiterar la necesidad
ante ustedes, aquí, de que procedan a la renovación de las instituciones del Estado y de superar cualquier bloqueo que impida el correcto cumplimiento de nuestra Constitución. Les quiero mandar un mensaje claro: no podemos contemplar otro
escenario que no sea la renovación del Consejo General del Poder Judicial. (Aplausos). No podemos contemplar otro escenario claro que no sea la renovación del Tribunal Constitucional, del Tribunal de Cuentas y de la Defensoría del Pueblo. Por
eso, apelo al Grupo Popular a que levante el bloqueo en el que se ha instalado, que proceda a negociar la renovación, que actúe con sentido de Estado, que actúe con altas miras y dé cumplimiento al mandato constitucional de la renovación. Me apena
ver cómo 1010 días después de la terminación de su mandato, el Consejo General del Poder Judicial continúa en funciones por este bloqueo incomprensible e injusto para la ciudadanía. La renovación, además, tiene que hacerse en las sedes de quienes
representan a los ciudadanos, que son el Congreso de los Diputados y el Senado. (Aplausos). Les pido, señores, señoras, diputados, diputadas, senadores, senadoras del Partido Popular que cumplan con la Constitución y entren a negociar la propuesta
que ya tiene el Grupo Parlamentario Socialista sobre la renovación del órgano constitucional. Es un sistema válido, un sistema constitucional, un sistema que validó el Tribunal Constitucional, el vigente, que el propio Partido Popular ha respetado
y que ha entrado a su renovación siempre que ha estado gobernando con mayoría en el Parlamento. La única opción es cumplir con la Constitución; no hay otra opción. En este sentido se pronunció también la pasada semana el presidente del Tribunal
Supremo, el presidente Lesmes, en su discurso de apertura del año judicial. Hizo mención a la imperiosa necesidad de renovar el órgano, de hacerlo conforme a la ley vigente, de hacerlo conforme al mandato constitucional, y dijo algo muy claro.
Dijo que el plazo de cinco años de mandato no es un plazo orientativo, sino un plazo que debe cumplirse. Este Consejo General del Poder Judicial lleva ya ocho años de mandato y no responde a la pluralidad del Parlamento, que debió renovarlo hace
más de dos años y medio. Así que apelo nuevamente al Partido Popular para que proceda a pactar la renovación del Consejo. No le corresponde al Gobierno la renovación del Consejo. El Gobierno no puede interferir en otro poder del Estado. Le
corresponde al Poder Legislativo, por lo que apelo nuevamente a que procedan a su renovación.


Señorías, me habrán escuchado decir esto antes, pero no hay mayor politización del Poder Judicial que bloquear el Consejo General del Poder Judicial. El ministerio -quiero decirles para ir terminando-

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está operando como un motor transformador desde una perspectiva progresista, teniendo presentes los diecisiete Objetivos de Desarrollo Sostenible aprobados por Naciones Unidas como parte de la Agenda 2030 y también parte de la Estrategia
España 2050.


Señorías, el progreso no llega por sí solo. Para seguir mejorando y converger con los países más avanzados y los poderes públicos de otros países también avanzados, hoy tenemos que promover iniciativas audaces, reformas profundas y reformas
transformadoras. España tiene que mirar al futuro, y lo tiene que hacer con menos crispación, con más rigor científico, con más optimismo, con información, con pluralismo, con diversidad y con igualdad.


Termino ya, señorías. Como dije al principio de esta intervención, no solo comenzamos un nuevo curso, sino también una nueva etapa, una etapa de recuperación y transformación. El Ministerio de Justicia va a hacer lo posible para que sea
una recuperación justa, para que llegue a todas y a todos, y es el siglo de las mujeres. Estamos aportando una mirada distinta y también vamos a dejar esta impronta en la justicia. Lógicamente, las mujeres queremos ser agentes activos en la
construcción de un sistema que dé respuesta a nuestra realidad. Tengan la certeza de que pondré todo mi empeño en este proyecto trabajando codo con codo con el conjunto de instituciones y operadores jurídicos.


Finalizo dejando clara la idea que inspirará la acción de mi departamento. Nos encontramos ante un auténtico cambio de paradigma en la justicia, un cambio de cultura judicial. Tenemos dos opciones, o contribuir a la transformación con
vistas a que quien venga después de nosotros se encuentre con un país mucho más próspero y más avanzado o poner obstáculos al desarrollo, al progreso y a la prosperidad. A mí me van a encontrar trabajando y aportando cuanto esté en mi mano en la
transformación del servicio público de la Administración de Justicia, pero este camino, como les he dicho, lo tenemos que recorrer juntos. No es un proyecto de esta ministra, sino del conjunto de la sociedad y del sector de la justicia. Queremos
que el servicio público de justicia esté a la altura de los grandes servicios públicos del Estado social y democrático de derecho, servicios como la educación, como la sanidad, servicios públicos que fueron construidos por grandes mujeres y hombres
como Ernest Lluch, a quien rendimos tributo hoy en esta sala. Confío poder contar con todos ustedes en esta tarea.


Señorías, diputados, diputadas, muchas gracias. Gracias, señora presidenta. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora ministra, señora Llop.


Para el buen desarrollo del resto de la sesión, informo a las señoras y señores portavoces que podrán quitarse la mascarilla durante su intervención y les ruego que inmediatamente que terminen se la vuelvan a colocar.


Al no encontrarse en la sala en este momento ningún representante del Grupo Mixto, va a corresponder el primer turno de intervención al portavoz del Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu, el señor Iñarritu García. Tiene usted la palabra.


El señor IÑARRITU GARCÍA: Muchas gracias, presidenta.


Bienvenida, señora ministra. En primer lugar, quería darle la enhorabuena por su nombramiento y, más allá de las diferencias que podamos tener, desearle suerte. Señora ministra, he escuchado con interés su intervención y ahora es cierto
que ha acabado usted la intervención poniendo énfasis en lo que se ha venido en llamar la crisis institucional que hay en este momento ante el bloqueo de la renovación del Consejo General del Poder Judicial. La primera reflexión o la primera
crítica -esto lo digo sin acritud- es que ustedes son un poco naifs, porque si tras mil días de intentos de negociación y mil excusas del Partido Popular en este momento siguen creyendo que va a haber esa negociación, me parece un poco naif. La
segunda alternativa es que los miembros del consejo dimitan, pero parece ser que eso no se va a producir. Usted decía que está apenada por esta situación. Pues yo le animo a que se den una alegría, porque ya le expuse la semana pasada que una
propuesta simple es la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, la inclusión de un solo artículo, y que todos aquellos miembros cuyo mandato haya caducado sean cesados automáticamente. Yo creo que eso es lo más fácil en este momento. Retiren
a esos miembros del consejo el sueldo, retírenles también el vehículo oficial y el despacho y verán qué rápido se consigue la renovación del consejo.


Es cierto que el señor Lesmes esta semana defendía la independencia judicial y, además, decía que era la garantía de esta democracia. El mérito de esta declaración es que el señor Lesmes pronunció esta frase sin un atisbo de sonrisa,
consiguió decirlo sin reírse, porque en este momento otro de los asuntos es que, aunque haya una renovación de ese órgano, la independencia judicial no queda garantizada. Es más, desde mi humilde opinión, este bloqueo ha servido para acabar con un
paripé, ese paripé en el que usted

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nos decía que es la responsabilidad de esta Cámara llegar a ese consenso. Sí, es cierto. Eso lo dice la teoría, pero también hemos visto cómo durante estos mil días las negociaciones han sido por parte de un ministro de Justicia con un
portavoz de justicia del principal partido de la oposición. ¿Hay que renovar el sistema? Puede ser. ¿Deben ser los magistrados y magistradas los que se autogobiernen? Ayer justamente hojeaba un libro -seguramente usted lo conoce- titulado El
fracaso del autogobierno judicial, del señor Diego Íñiguez, que tiene ya unos años, es del año 2008, y pasados trece años no es que estemos igual, es que estamos peor.


Hay propuestas de todo tipo, ya digo. Más allá de la renovación, está bien hablar del sistema. Hay incluso quien propone que los miembros del consejo sean elegidos por sufragio universal y directo teniendo en cuenta el poder que tiene ese
órgano. Pero ya digo que el autogobierno de los y las magistradas en este momento da miedo. Hoy leía un interesante artículo -no sé si lo ha podido leer- titulado: '¿Son conservadores la mayoría de jueces y juezas en España?' Lo ha publicado el
diario Público, escrito por la periodista Ana Pascual. Se lo recomiendo si no lo ha podido leer.


Señora ministra, es cierto que, siendo este el asunto principal, no es el único. Usted lo ha mencionado por encima. Uno de los asuntos que preocupa a mi grupo especialmente es el de las lenguas oficiales o cooficiales en diferentes áreas
del Estado, porque, cuando usted hablaba de la cultura analógica que hay en muchos ciudadanos de este Estado, hay otro problema que es el analfabetismo que hay en parte de los magistrados en una de las dos lenguas cooficiales en algunas naciones, en
algunas regiones del Estado. Es preocupante que cuarenta y dos años después de aprobarse la Constitución se siga dando este problema globalizado, que ha llevado incluso al Consejo de Europa a hacer varios llamamientos al Estado para que las lenguas
cooficiales tengan un uso normalizado. Yo estoy completamente de acuerdo con todo lo que usted decía sobre el respeto, la igualdad, la no discriminación en todo lo que tiene que ver con cuestiones de género, y además lo comparto. Ahora bien, en
este momento en este Estado hay personas que por una situación de lengua están siendo discriminadas en todo lo que tiene que ver con la justicia. Por eso, señora ministra, le animo a que se pongan las pilas, porque por esta Cámara pasan diferentes
ministros y ministras con buenas intenciones, con buenos propósitos, pero esta materia queda pendiente.


En otro orden de cosas, y hablando de justicia, a mi grupo y a mí nos preocupa también la existencia de tribunales de excepción en el siglo XXI, en el año 2021, y estoy hablando, cómo no, de la Audiencia Nacional, el antiguo Tribunal de
Orden Público. Señora ministra, hay ejemplos de libro en los cuales, por una razón de Estado, ya sea política o mediática, hay casos en los que se les ha privado de su juez natural para ser llevados a ese tribunal de excepción. En alguna ocasión
se ha comentado el caso Altsasu, un caso claro que debía haber sido juzgado en su tribunal natural y que, por un montaje policial y una falsa acusación que ya se sabía desde el inicio que no era válida, se consiguió que viniera a la Audiencia
Nacional, a Madrid. De igual forma, en este momento estamos viendo cómo ese mismo ejemplo se está llevando a cabo en Cataluña con otro tipo de montajes y otras acusaciones fuera de la lógica y del sentido común. Es tiempo de acabar con ese
tribunal de excepción y por eso no solamente le animo, sino que le pregunto si tienen intención de hacerlo.


Para ir acabando, me gustaría saber, señora ministra, respecto de un dictamen reciente del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas que hablaba sobre la inhabilitación arbitraria del que fuera magistrado, del señor Garzón. Durante
estos años hemos visto cómo ese mismo comité ha dictaminado diferentes asuntos en relación con Cataluña y con Euskal Herria, con el País Vasco, y ninguna de ellas se ha cumplido. Vemos que, sobre la base del principio de igualdad entre el Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Convenio Europeo, que digamos que tienen el mismo nivel de obligatoriedad -además recordamos el Programa de Derechos Humanos del año 2008- esto choca con el compromiso de dar efectividad a los
dictámenes del Comité de Derechos Humanos, que está ahí, pero no se cumple. Me gustaría saber si van ustedes a dar igual trato a las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que a las resoluciones y dictámenes del Comité de Derechos
Humanos de Naciones Unidas; me gustaría saber si van a hacer algo diferente de lo que han hecho hasta ahora.


Sin más, termino como empezaba. La he escuchado con interés. En varios asuntos que ha mencionado estoy completamente de acuerdo en todo lo que tiene que ver con derechos, con la igualdad del hombre, de la mujer, con los derechos del
colectivo LGTBI, pero también le digo, señora ministra, que en nuestro grupo seremos críticos con todo aquello que vemos con carencias básicas, tanto para la ciudadanía de Euskal Herria, del País Vasco, como para el resto del Estado. Dicho esto, le
deseo suerte.


Muchas gracias.

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La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Iñarritu. Le felicito por la gestión de su tiempo; se lo agradezco.


A continuación, le corresponde el turno de intervención al portavoz del Grupo Parlamentario Vasco, el señor Legarda Uriarte. Tiene usted la palabra.


El señor LEGARDA URIARTE: Muchas gracias, presidenta.


Muchas gracias también a la señora ministra por las explicaciones que ha dado respecto a su plan de legislatura.


He escuchado con atención cuáles son las líneas principales de actuación de su ministerio. Obviamente, no se parte de cero. Estamos en la mitad de la legislatura y podríamos considerarlo como que se inicia un segundo ciclo de una misma
andadura. Básicamente, hay cuestiones que teníamos planteadas en la legislatura. El gran reto en esta primera comparecencia ante esta Comisión sería no reproducir debates que hemos tenido en Comisión y en Pleno, porque esta legislatura no se
inicia hoy, estamos en la mitad de legislatura -hay un cambio ministerial, pero estamos en la mitad de la legislatura-, son cuestiones que ya se han abordado no solo por usted, señora ministra, sino por algún portavoz que ya me ha precedido y que
considero más propio realizarlos en otros momentos, bien en Comisión o en Pleno, que tiempo tendremos. Creo que este es un momento más de líneas generales.


En ese sentido, por lo que le he oído, creo que no ha cambiado el gran objetivo de la legislatura, que es cómo afrontar el problema -que yo diría que a veces es más ficticio que real- de la percepción ciudadana y social de que uno de los
poderes del Estado no subviene a las necesidades de la sociedad, que es la Administración de Justicia en todas sus manifestaciones. Ahí hay un gran proyecto lanzado por el ministerio que usted ha citado a partir de la mitad de su intervención, el
Plan Justicia 2030, que es realmente donde yo creo que está, desde mi punto de vista, la fuerza transformadora que en su caso pueda haber de este servicio público en sus tres ejes. Usted ha hablado, entre otros, de la eficiencia, la accesibilidad,
la sostenibilidad, pero desde los ejes, según consta en el documento, procesal, organizativo y digital. Creo que hay unos retos muy importantes que tendrán que manifestarse en textos normativos, que tendrán que remitirse a la Cámara y que,
realmente, son la palanca para transformar esa percepción que se tiene de la justicia, porque, según pone en el preámbulo de este Plan Justicia 2030, en los últimos veinte años los medios humanos y materiales se han ido incrementando. Ha habido
este proceso, incluso de disponibilidades presupuestarias. Sin embargo, la percepción social de la justicia o del servicio público va mermando.


También hay otra cuestión que ya comentamos hace no pocas fechas en esta misma Comisión, en la que se da una paradoja: han aumentado todos los medios -humanos, materiales, de todo tipo- y ha bajado la productividad un 5 %, cosa que no se
entiende muy bien. Este es realmente el gran reto, desde nuestro punto de vista, en lo que queda de legislatura: transformaciones radicales, la instancia en los órdenes sobre todo civil y penal, que es una auténtica revolución. Las oficinas
judiciales: veinte años y ¿cuánto hay? ¿Un veinte por ciento de implantación? Las oficinas municipales de justicia, que es una transformación; al desaparecer los juzgados de paz, lo poco que quedaba, los registros también... La eficiencia
digital: hay que dar una repensada a todo el sistema de gestión procesal y su compatibilidad o su unicidad; nosotros apostamos por la compatibilidad de sistemas, no por un sistema único. La eficiencia procesal: tenemos la mediación y arbitraje,
que es un mantra que lleva ¿cuánto? ¿Quince años? ¿Veinte años? La Ley de Enjuiciamiento Criminal: la reforma a la implantación llevará muchos años, pero el texto tenemos que recibirlo. Y una cuestión que llevamos arrastrando es la ejecución de
resoluciones judiciales, que es casi un problema mayor cómo se ejecuta que las propias sentencias, sobre todo en ciertos órdenes jurisdiccionales, como el civil; es una cuestión que se lleva arrastrando. Mediación y arbitraje, ya lo he dicho.


En fin, tenemos una serie de grandes cuestiones. Creo que están todas articuladas alrededor del Plan Justicia 2030 y que en lo que queda de legislatura habrá que ir viendo cómo lo vamos concretando, con unos retos realmente complicados.


Sin perjuicio de todo esto, por supuesto que compartimos las reflexiones que ha hecho sobre la igualdad y la perspectiva de género, sobre las políticas de discapacidad o los impactos que va a producir en la Administración de Justicia, en
todas sus manifestaciones, las políticas de discapacidad o la última reforma respecto a la capacidad jurídica de las personas con discapacidad, la asistencia a las víctimas o la futura Ley Concursal.


Por último -que creo que se me estará acabando el tiempo, presidenta-, quisiera comentarle una cuestión que no ha mencionado y que en esta Cámara ha tenido también muchos debates, no solo en

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esta legislatura, sino en anteriores. Posiblemente no estaba lo suficientemente atento, pero no tengo conciencia de haberlo escuchado. Vence ahora en septiembre la trasposición de la Directiva sobre protección de denunciantes de
infracciones del ordenamiento jurídico comunitario. La voy a leer porque la tengo aquí apuntada, en concreto la Directiva 2019/1937. No tenemos noticia de esa trasposición. Igualmente, hay distintas iniciativas legislativas en otras legislaturas,
y también en esta, de proyectos que aquí se han llamado un poco pomposamente de protección de denunciantes de corrupción. La pregunta que yo le hago va a ser doble. Primero, ¿va a mandar a tiempo la trasposición de la Directiva de protección de
denunciantes de infracciones del ordenamiento comunitario?; y, segundo, ¿se va a aprovechar la ocasión para no hacer dos normativas -denunciantes de infracciones del ordenamiento comunitario, denunciantes de infracciones del ordenamiento interno,
no comunitario- o van a aprovechar la ocasión para hacer una sola norma de protección de denunciantes de corrupción en ambas manifestaciones?


Nada más y muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Legarda.


A continuación, les corresponde el turno de intervención a los representantes del Grupo Plural que, tal y como han trasladado a esta Presidencia, compartirán su tiempo. Lo hará, en primer lugar, el señor Boadella Esteve. Tiene usted la
palabra.


El señor BOADELLA ESTEVE: Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señora ministra por su comparecencia y, evidentemente, desearle toda la suerte en esta nueva responsabilidad.


Usted nos ha planteado una actitud amable y creo que dialogante... (Rumores).


La señora PRESIDENTA: Ruego silencio, por favor.


El señor BOADELLA ESTEVE: Digo que, ciertamente, nos ha planteado una actitud amable y dialogante que, por supuesto, tengo que decirle que será recíproca en lo que pueda venir más adelante. A lo que sí llega hoy uno a la conclusión es que
es el día de la presión al PP, porque hemos tenido por la mañana la Comisión Constitucional y ahora la Comisión de Justicia, en la que el Gobierno redobla esa presión en relación con los cargos que no se han renovado del Tribunal Constitucional, del
Consejo General del Poder Judicial, del Defensor del Pueblo y yo le tengo que añadir -que esto nadie lo dice- del Tribunal de Cuentas, pues también finalizó el mandato de sus miembros el pasado 23 de julio, con lo cual también están caducados.
Seguramente una revisión del Tribunal de Cuentas, no ya de sus miembros sino de qué representa este tribunal en el marco del sistema institucional español, sería muy deseable.


Hay grandes temas en el ámbito de justicia: las reformas de la LEC, de la Lecrim, la reforma concursal... Usted nos plantea la eficiencia procesal en el horizonte 2030 y yo querría centrar mi intervención en algunos temas de una realidad
muy palpable. Sucintamente, cuando planteamos los escenarios de 2030, nosotros tenemos la experiencia de que el papel cero en los juzgados se acaba convirtiendo en llevar las copias en papel al cabo de unos días. Quizá podríamos hacer más
esfuerzos en hacer efectivas las medidas que se han aprobado y no en ir inventando nuevas, porque si el famoso papel cero se ha acabado traduciendo en llevar después el escrito en papel, pues poco papel cero hay.


En cuanto a las ocupaciones, se ha demostrado que a veces se ha generado un sistema ineficaz en alguna legislación para aquellos casos de situaciones de auténtico abuso, o de temas de transparencia. Se apuntaba antes a una directiva
pendiente de trasponer, pero también está caducada la 2019/1024, de los datos abiertos y la reutilización de la información del sector público, que por ejemplo podría ser aplicable en los registros mercantiles. Lo digo porque estas son cuestiones
muy palpables, muy fáciles de solucionar, que con voluntad política se puede hacer y que pueden suponer grandes cambios.


Además, me quiero entretener en una cuestión en la que en el Partit Demòcrata, el PDeCAT, hemos puesto mucho interés, que es la cuestión relativa a los pequeños hurtos y a la multirreincidencia, los cuales afectan a muchas ciudades -a la mía
en particular, a Barcelona, y a muchas más-. Presentamos en mayo de 2021 una proposición para combatir esta lacra de la inseguridad ciudadana. Si uno mira los diarios de sesiones, ve que la reforma del Código Penal iba en una línea que no es en la
que acabó resultando la sentencia del Tribunal Supremo de 2017, que cambió en parte la voluntad del trabajo del legislador. Pues bien, hay que enfocar esta cuestión para garantizar la seguridad jurídica, para garantizar la seguridad ciudadana, de
turistas, de pequeños comercios, para solucionar la cuestión relativa a la multirreincidencia que, le cuento, es el principal delito en Barcelona ciudad y en otras ciudades y que requiere de soluciones como esta modificación legislativa que
proponemos o de juzgados especializados

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en toda esta materia. Me consta incluso que el Ayuntamiento de Barcelona ha venido a hablar con el Gobierno para solucionar estas cuestiones, pero no se desbloquean en ningún momento.


Antes de finalizar mi tiempo, sí que quería hacerle dos apuntes muy rápidos. Uno, en materia de discapacidad. Es cierto que recientemente hemos aprobado la reforma de la legislación civil y el sector nos detecta que hay una cuestión
relativa a que al derivar estos procesos a la jurisdicción voluntaria pierden el derecho a la justicia gratuita. Por tanto, la obligatoriedad de ir con abogado y procurador en la jurisdicción voluntaria no existe y aquí ha habido una pequeña
laguna. Querría saber si el ministerio se plantea algún tipo de corrección -que es el único que lo puede hacer en un real decreto-ley- de esta cuestión. Finalmente, la lengua. Usted apuntaba la lengua. Yo debo manifestarle, también para que
quede por escrito, que solo el 7 % de las resoluciones que se redactan en Cataluña son en catalán. En 2020 un 7,44 % y en 2019 un 8,46 %. Es decir, va disminuyendo. ¿Qué planteamiento tiene el ministerio en relación con esta cuestión?


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Boadella.


Tiene la palabra el señor Pagès i Massó.


El señor PAGÈS I MASSÓ: Muchas gracias, presidenta.


Felicidades, señora ministra, por su nombramiento.


Hay dos cuestiones que nos preocupan a Junts per Catalunya con respecto a este ámbito de la justicia. En primer lugar, en relación con la justicia como servicio público. En el mes de mayo expresamos a su antecesor, el señor Campo, que
estábamos de acuerdo con la idea central del Plan Justicia 2030. Pasar de un Poder Judicial anclado en el siglo XIX a un servicio público de justicia orientado a los ciudadanos nos parece una opción a la que vamos a dar apoyo porque merece
realmente que se lleve a cabo.


Como señala el propio Plan 2030, el informe de la Comisión Europea para la Eficiencia de la Justicia de 2018 puso de relieve que el gasto en justicia en España es de 79 euros por habitante, por encima de la media europea que está en 64. En
cambio, la satisfacción de los ciudadanos y la cantidad de jueces por 100 000 habitantes es inferior. Aquí tenemos un problema de organización y, por tanto, esto no es culpa de los 5500 jueces y magistrados del Poder Judicial, sino que hay un
problema de organización, de eficiencia y de resultados del Poder Judicial en su vertiente de servicio público.


Señora ministra, aunque sean meras declaraciones de buenas intenciones nos parecen acertadas las líneas generales de su intervención y de su plan estratégico 2030: la focalización en los derechos de los ciudadanos, potenciar la
accesibilidad, la digitalización, la atención a las nuevas realidades sociales, la promoción de la mediación y el arbitraje y también, insisto, la reorganización para conseguir un servicio público eficiente. Tenemos una oportunidad histórica para
modernizar la justicia y terminar con la burocracia procesal. Estamos a favor de que se implante de una vez por todas la Oficina Judicial, que se implementen las políticas de digitalización, pero también advertimos de que esto no puede ser una vía
para laminar competencias de las comunidades autónomas, en concreto competencias en materia de justicia de la Comunidad Autónoma de Cataluña. Evidentemente, vamos a apoyar -y quiero que conste específicamente- las políticas de protección de los
menores desprotegidos y también todas las políticas de perspectiva de género, todas las políticas para potenciar la presencia de la mujer en la justicia y todas las políticas contra la plaga de la violencia de género.


En el poco tiempo del que dispongo quiero también incidir en una cuestión de la que ya han hablado algunos diputados que me han antecedido. Me refiero al uso de las lenguas cooficiales. Nos preocupa el flagrante incumplimiento de la Carta
Europea de las Lenguas Regionales y Minoritarias por parte del Estado español, que es derecho interno desde el año 2001. En cinco ocasiones el Comité de Ministros del Consejo de Europa ha requerido a España para que tramite una modificación del
artículo 231 de la Ley Orgánica del Poder Judicial para implantar el requisito de que sea obligatorio para jueces, fiscales y todo el personal de la Administración de Justicia la competencia lingüística en catalán, vasco y gallego; es decir, en las
lenguas cooficiales en los territorios donde estas lenguas son habladas, de modo que no se produzca una discriminación para una parte de los ciudadanos. Los datos de uso del catalán en la Administración de Justicia son demoledores -ahora lo
comentábamos-: solo el 7,7 % de las sentencias dictadas en Cataluña son en catalán; hemos pasado en diez años del 17 % a menos del 8 % y sigue empeorando. También nos preocupa que la normalización lingüística en el Plan 2030 se reduzca a
incorporar las lenguas oficiales a la gestión procesal y a los procesos de digitalización. El problema lo tenemos en el desconocimiento de la lengua por parte de jueces, magistrados y personal de la

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Administración de Justicia, un desconocimiento que tiene que ser superado con el requisito del necesario conocimiento de las lenguas cooficiales, en concreto del catalán, vasco y gallego.


La otra gran cuestión que nos preocupa, evidentemente, no es la justicia como servicio a los ciudadanos, sino la justicia como un poder a disposición de unas determinadas élites judiciales con una determinada ideología política. Este es el
gran problema de la justicia en España, el elefante en la habitación de la justicia, una cúpula judicial escorada a la derecha, incluso a la extrema derecha, que se cree investida del derecho de tener un poder propio más alto y superior que la
soberanía popular y que pueda controlar el resto de los poderes. Señora ministra, esta derecha judicial necesita que alguien le explique qué es la independencia judicial. Yo siempre había pensado que la independencia judicial es que los jueces y
magistrados individualmente puedan ejercer sus funciones sin injerencias externas y, concretamente, sin injerencias políticas, pero resulta que esta independencia judicial ha transmutado en una especie de independencia del Poder Judicial como poder
que se pretende que tenga una capacidad de influir en los otros poderes.


La señora PRESIDENTA: Debe terminar, señor Pagès.


El señor PAGÈS I MASSÓ: Voy terminando porque, en definitiva, lo que quería comentar es que esta independencia, entendida de esta forma, es perjudicial para la idea de justicia, como ya han puesto de relieve varias instancias
internacionales. En concreto, lo ha puesto de relieve el informe de 22 de junio de este año del Consejo Europeo, en el que específicamente se insta a España, junto con Turquía, a impedir injerencias judiciales en materia de disidencia política.


Nada más, solo desearle mucha suerte en su mandato.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Pagès.


A continuación, por el Grupo Parlamentario Republicano tomará la palabra su portavoz, la señora Telechea i Lozano. Tiene usted la palabra.


La señora TELECHEA I LOZANO: Gràcies, presidenta. Bona tarda.


Benvinguda, señora ministra, a aquesta Comissió y grácies per la seva compareixença d'avui. Intentaré ser breve en mi exposición porque muchos de los temas ya se han comentado aquí esta tarde, pero quiero hacer referencia a alguna de las
cuestiones que más nos preocupan y que interpelan directamente a esos tres ejes que usted ha expuesto sobre las líneas generales de su ministerio.


El primero y gran tema es la renovación de los órganos constitucionales. Esta mañana el ministro de la Presidencia ha indicado los días que llevan en funciones algunos de los órganos, lo que demuestra que es urgentísima su renovación. El
Consejo General del Poder Judicial, como usted ha dicho, lleva 1010 días en funciones; el Tribunal Constitucional, 672; el Defensor del Pueblo, 1512 días, y el Tribunal de Cuentas, 48 días, añadiendo que es un tribunal absoluta y descaradamente
politizado. En ese sentido, quisiera hacer una breve referencia a la reforma del Tribunal Constitucional, que está en trámite en esta Cámara. Creo que debería usted tener muy en cuenta la opinión contraria de la Comisión de Venecia respecto a la
reforma al Tribunal Constitucional, esa reforma que le otorgó competencias ejecutivas, si lo recordamos. La Comisión ya dijo que era un modelo único en el mundo y que no era recomendable. Estaremos atentas a ver en qué sentido se va a llevar a
cabo dicha reforma por parte del Grupo Parlamentario Socialista y de Unidas Podemos, si finalmente esa reforma se lleva a término. El ministro de la Presidencia también ha apelado a un nuevo acuerdo para la renovación, que usted ha reiterado esta
tarde. También, seguro que conoce ya la opinión de Bruselas en relación con el Consejo General del Poder Judicial, que considera que este órgano es vulnerable a la politización a causa del atasco en la elección de sus miembros. Y lo mismo opina
respecto a la fiscal general del Estado. En ese sentido, le pregunto: ¿qué seguridad tiene usted de poder llegar a ese acuerdo de renovación? Si no llega a ese acuerdo, ¿qué piensan hacer? ¿Qué modelo de elección de los miembros de dichos
órganos constitucionales tiene el Gobierno?


Otro tema que nos preocupa es el de las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, al que también se ha hecho referencia: el cumplimiento de las sentencias del Tribunal de Derechos Humanos por parte de los jueces españoles. A la
Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa le preocupa muchísimo el incumplimiento de las sentencias de este alto tribunal por parte de los jueces españoles; está constantemente en el orden del día. Como usted sabrá, es obligación del juez
nacional interpretar según los derechos humanos y no hay margen de discrecionalidad y, por lo tanto, se deben implementar

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las decisiones internacionales de los tratados, así como facilitar y agilizar la ejecución de las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Como también se ha dicho, España ratificó el Convenio Europeo de Derechos Humanos en
1979. Desde la fecha de esa ratificación han sido más de ochenta las sentencias condenatorias del Tribunal de Estrasburgo contra nuestro país. Durante muchos años en España no ha existido un procedimiento específico para las víctimas de una
vulneración de derechos reconocida por el Tribunal Europeo que pudiera lograr la reparación de esta en el ámbito interno, y, a pesar de que se han producido muchas reformas legislativas internas, la realidad de hoy es que la reapertura de procesos
internos no deja de suponer un costoso peregrinaje seguido por las víctimas de la vulneración de derechos, que no solo ha tenido que llegar hasta el Tribunal de Estrasburgo, sino que, después, debe volver a los tribunales españoles para instar la
ejecución de la sentencia europea. Nos gustaría saber su opinión y la del ministerio en este asunto.


Otro aspecto para nosotros también esencial, muy importante, es la paridad en la justicia y en la cúpula judicial. A pesar de que hay más mujeres juristas que hombres juristas, la realidad es que, a medida que ascendemos en el escalafón
judicial, la presencia de la mujer es cada vez más escasa. Eso se traduce, por desgracia, en todos los ámbitos de la vida. Por ello, el compromiso con la igualdad y la paridad en todos los ámbitos, también en Justicia, debe ser prioritario para un
Gobierno y transversal a todos los ministerios. ¿Nos podría, si es posible, informar de las medidas que tiene pensado adoptar su ministerio en este sentido?


Otro apunte, y relacionado también con lo anterior, es la lucha contra la violencia machista. La erradicación de esta lacra debe ser una lucha que debe afrontarse desde todos los ámbitos y los espacios, siendo la Administración la máxima
responsable en su compromiso con dicha lucha, también desde la justicia. Seguro que está de acuerdo conmigo en la afirmación de que el acceso a la justicia es un derecho humano y un elemento integral del Estado de derecho en una democracia que
funcione correctamente. A pesar de que el acceso a la justicia puede ser difícil para cualquiera, lo es más para las mujeres a causa de la desigualdad de género en la sociedad y los sistemas de justicia, las desigualdades económicas y sociales
persistentes, el sesgo de género y también los estereotipos de género y la violencia machista contra las mujeres. El acceso a recursos judiciales adecuados y efectivos es también fundamental para combatir la violencia machista, una de las peores
formas de discriminación contra las mujeres y la expresión más pronunciada de las relaciones de poder desiguales entre mujeres y hombres, que vulneran los derechos humanos de las mujeres. Garantizar el acceso igualitario de las mujeres a la
justicia es también una de las seis prioridades de la Estrategia de Igualdad de Género del Consejo de Europa 2018-2023. Nos gustaría tener más información sobre lo que usted tiene previsto en este sentido.


Otro de los aspectos al que se ha hecho referencia es la Carta Europea de las Lenguas Regionales y Minoritarias del Consejo de Europa. El Consejo de Europa -como ya sabrá- ha vuelto a avisar a España por el incumplimiento de la Carta
Europea de las Lenguas Regionales y Minoritarias, documento que fue firmado -como también se ha dicho- en el año 2001. El Comité de Ministros del Consejo de Europa ha vuelto a reprochar al Estado español que no se haya hecho ningún progreso en la
situación del catalán en la justicia y en la Administración del Estado, y ha reclamado una acción inmediata para garantizar la lengua en la justicia. ¿Qué medidas piensa adoptar su ministerio?


Otra aspecto que también le comentamos en la reunión que tuvimos la semana pasada es todo lo relacionado con el acceso a la carrera judicial. Es muy importante afrontar esta cuestión, porque no podemos permitirnos renunciar a todo el
talento que se pierde de muchas estudiantes que deben renunciar a opositar a la carrera fiscal y judicial por falta de recursos. Por lo tanto, creemos en un sistema de becas progresivas, que sería una buena medida. ¿Su ministerio tiene previsto
este sistema de becas? ¿Lo va a contemplar en los Presupuestos Generales del Estado?


Otro tema no menor es la jura de nacionalidad. Está pendiente de solucionar el bloqueo que actualmente existe en el Registro Civil. Un trámite burocrático, puramente burocrático, tiene a miles de personas en una situación de desprotección
jurídica por algo tan simple como una firma. A su predecesor también le avisamos de esta situación y quisiéramos saber si usted tiene pensado poner fin a esta cuestión.


Y por último, para acabar -no me queda tiempo para comentar todas las recomendaciones que Naciones Unidas ha hecho a España en relación con la protección de la libertad de expresión y otros derechos fundamentales-, por lo que únicamente
quiero hacerle referencia a una cuestión muy muy concreta, que tal vez no es de su entera competencia pero creemos que es de urgente necesidad. Es en relación con el informe que ha elaborado la Universidad de Salamanca, que saca a la luz que España

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vulnera los derechos de los solicitantes de asilo pendientes de un recurso al considerar que se encuentran en situación irregular y no reconocer los derechos de los solicitantes en fase judicial tras una resolución denegatoria de su
solicitud en primera instancia. Con ello se empuja a todas estas personas a la marginalidad y a la exclusión social. Nos gustaría saber si usted era conocedora de esta situación tan urgente y su opinión al respecto.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Telechea.


A continuación le corresponde el turno de intervención al portavoz del Grupo Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, y lo hará el señor Uriarte Torrealday. Tiene usted la palabra.


El señor URIARTE TORREALDAY: Gracias, presidenta.


Bienvenida, ministra, a esta su casa. Quisiera darle, en primer lugar, mi enhorabuena en nombre del Grupo Parlamentario de Unidas Podemos, desearle los mayores éxitos y, siguiendo la tradición del mejor parlamentarismo y del parlamentarismo
de las democracias más avanzadas, concederle, como se hace siempre, los cien días de cortesía y no incidir en la intervención en aquellos elementos críticos y, mucho menos, juzgar hechos o errores eventuales de anteriores gestores, sino simplemente
ver en qué se coincide o no se coincide con el diagnóstico que se realiza, con los objetivos que se plantean y con las prioridades que se marcan. Entonces, me voy a remitir a hacer eso simplemente.


Creo que algunos de los elementos que ha planteado son muy interesantes, especialmente algo que nunca está de sobra, como es la apelación a nuestro modelo constitucional. Tenemos un modelo constitucional que es el del constitucionalismo
social -que no es el del constitucionalismo liberal-, que es un constitucionalismo que surge con los precedentes de Querétaro y de Weimar, que surge con la segunda posguerra europea y que es probablemente lo más avanzado que ha hecho la civilización
en esta materia, siendo un modelo de equilibrio entre lo privado y lo público que hay que reivindicar continuamente porque hay mucho confusionismo y porque muchas interpretaciones que hoy en día se están imponiendo entienden la libertad como la
libertad contra los demás o la libertad de librarse más que la de ser libre. Es algo a lo que siempre hay que apelar porque la política no es solo gestión, sino que es también pedagogía. Entonces, le agradezco mucho esa apelación.


En cuanto al resto de las cuestiones que ha planteado y la necesidad de que esta segunda mitad de la legislatura sea mucho más productiva y avancemos en muchos de los puntos en los cuales tenemos deficiencias sistémicas y deficiencias
históricas, creo que es fundamental modernizar, dotar mejor, agilizar los procedimientos judiciales y, de alguna forma, limitar el nivel de litigiosidad, que es algo fundamental. Tenemos una sociedad demasiada volcada hacia el litigio. En ese
sentido, el propio planteamiento del litigio, de dos partes que, por decirlo así, se pelean y tiene que haber un árbitro para ver quién se impone a la otra parte, haría que eso fuera algo marginal y fuera siempre lo último, el último recurso. Igual
que ha hablado de la idea de feminizar la justicia, yo creo que esta idea de eliminar el exceso, la tendencia a pleitear o a litigar que tiene nuestra sociedad es buena y hay que promoverla con todos los instrumentos legales necesarios.


Creo que hay muchas asignaturas pendientes para conseguir tener una Administración de Justicia realmente eficiente y vanguardista, del siglo XXI. Una de ellas, muy importante, es garantizar que las personas que se forman para dedicarse a la
carrera judicial tengan un acceso en igualdad de oportunidades. Creo que es imprescindible que la igualdad de oportunidades del artículo 14 de la Constitución y también la igualación en los objetivos del artículo 9.2 de la Constitución se tienen
que hacer efectivos. Es muy difícil preparar una oposición que requiere dedicar veinticuatro horas al día prácticamente durante dos años con escasos recursos. De no tener otra vida y de no tener recursos, es muy difícil que alguien con escasos
recursos pueda hacerlo y pueda competir en igualdad. En ese sentido, quisiera transmitir mi felicitación a la Asociación Juezas y Jueces por la Democracia por los instrumentos que ha habilitado para garantizar que personas que no tienen todos los
recursos puedan acceder a la carrera judicial con una cierta no igualdad total, pero sí con una cierta aproximación a la igualdad.


Creo que hay muchísimas asignaturas pendientes, pero hay una especialmente pendiente para nosotros, para la clase política, en esa misma idea de dejar de entender la propia política como algo basado en el litigio, en el pleito y en la
necesidad de imponerse sobre el adversario. En este sentido, la desjudicialización de la política es un elemento importante. Yo aquí quisiera hacer un llamamiento a las compañeras y compañeros del Grupo Popular, un llamamiento con todo el cariño a
que reflexionen sobre una cuestión que han planteado y les he oído hacerlo en los siguientes términos: Nos negamos a cumplir

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la legislación actualmente vigente hasta que no nos garanticen que la van a reformar en el sentido que a nosotros nos gustaría. A mí no es la que más me gusta -la legislación vigente-, creo que se podría reformar; de hecho, siendo profesor
de Derecho Constitucional, antes de estar en política, publiqué en un medio nacional un método con el cual, sin ni siquiera necesidad de reformas legal, se podría garantizar la no adscripción de los magistrados a los partidos o a los grupos
mayoritarios. Se puede mejorar, pero lo que no se debería hacer, en mi opinión, con todo el respeto -y no voy a poner nombres- es condicionar el cumplimiento de la ley al cambio de leyes a futuro. Son dos líneas distintas: una es acatar, cumplir
las leyes, y otra es intentar modificarlas y buscar los consensos necesarios. Ustedes mismos reflexionen; muchas veces acusan a otros grupos de este Parlamento -concretamente a grupos catalanes-, cuando condicionan el cumplimiento de la ley al
cambio de leyes a futuro, de estar haciendo... una palabra que ustedes utilizan mucho y que para mí es muy fea y yo no voy a utilizar. Pero decir: yo no voy a cumplir algo hasta que no se cambie hacia un procedimiento que me gusta más... Oiga,
no lo veo correcto, sinceramente. Les pido que reflexionen porque no me parece la vía de avanzar hacia, digamos, unos equilibrios de poderes más acordes, unos checks and balances más propios de una sociedad democrática avanzada como la que nos
exige el preámbulo de nuestro texto constitucional.


Todo ello son cuestiones que quería plantear; no quiero incidir excesivamente, y mucho menos generar disputas. Creo que tenemos que ampliar consensos, creo que tenemos que reforzar la acción del Gobierno y de este Parlamento para
introducir las reformas necesarias para conseguir una Administración de Justicia de la cual nunca más se diga aquello que nos decían cuando estudiábamos Derecho: pleitos tengas y los ganes. Pues que esto nunca más suceda. Dejemos de tener tantos
pleitos y de que el pleitear se convierta en una auténtica maldición para una persona, incluso para quien los gana. Es decir, los pleitos deben ser lo último y deben ser algo ágil, algo eficiente y algo distinto de lo que han sido en nuestra
tradición histórica. Creo que hay que hacer un llamamiento a todos los grupos a una actitud propositiva y a crear un modelo judicial más eficiente, más ágil y más propio de las nuevas generaciones, con los instrumentos necesarios y con una distinta
sensibilidad -como decían- territorial, lingüística, una distinta sensibilidad respecto del feminismo; aquí hay lecciones importantes que aprender y hay pasos importantes que dar. Siguiendo esta idea de los cien días de cortesía, por supuesto, en
esta primera intervención no vamos a entrar en cuestiones en las que no estamos del todo de acuerdo, pero sí decirle que básicamente coincidimos en el diagnóstico de necesidades y coincidimos en los objetivos que deben guiar nuestra labor; luego
están en los instrumentos.


Y una última cuestión que quería abordar muy brevemente y en la cual le voy a pedir mucha audacia y mucha radicalidad: la reforma de los procedimientos concursales, que usted ha mencionado. Realmente, como bien dice nuestra vicepresidenta
segunda, hay dos prioridades de país que tendríamos que tener: una de ellas es la conservación del tejido productivo sano y la otra es la de la creación de trabajo digno y estable. Conservar es como decir crear una legislación, porque actualmente
la legislación concursal ya establece la necesidad de garantizar el mantenimiento de todas aquellas empresas que sean productivas y viables, pero tenemos que hacer que los instrumentos garanticen efectivamente que ni una sola empresa de este país,
ni una sola empresa productiva y viable vaya a desaparecer por culpa de unos procedimientos concursales regulados sin la suficiente eficacia.


Muchísimas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Uriarte.


Le corresponde ahora el turno de intervención al Grupo Parlamentario VOX y lo hará su portavoz, el señor Ortega Smith. Tiene usted la palabra.


El señor ORTEGA SMITH-MOLINA: Muchas gracias, señora presidenta.


Señora ministra de la Ideología de Género dentro de la Administración de Justicia... Porque usted no ha venido a hablarnos de justicia, ¿verdad? Usted ha venido a cumplir la cuota por la que la han elegido: género, género, género y más
género, y viva el género. Pero es que estamos en una Comisión de Justicia. Un poquito de respeto a la cuestión. Pero ocurre igual que con el señor Campos, que tenía que cumplir la cuota de agradecimiento a los socios del Gobierno, la cuota
separatista, y tenía que firmar los indultos, y sabía que en cuanto los firmase había cumplido y fuera. Pero qué se puede esperar, señora ministra, de una persona como usted, que en 2019 se atrevió a decir -lo voy a leer literalmente-: 'Una
democracia en la que la mitad de la población vierte violencia sobre la otra mitad no es democracia'. Pero, ¿de verdad no se quedó usted un poco diciendo: pero qué barbaridad he dicho? Porque, pregunto yo: ¿es la mitad del norte que es agresiva
contra la del sur, que sufre la violencia? ¿Se refiere a la mitad de los que llegan a

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los cuarenta y en adelante o a los que tienen menos de cuarenta? ¿O se refiere a la mitad de los que llegan en ingresos a la renta per cápita o tienen más? No; se refiere a hombres y mujeres. O sea, media población española, por su
condición de hombres, son machistas violentos y agresivos. Y la otra mitad, por su condición de mujeres, son todas víctimas. Eso lo ha afirmado usted: La mitad de la población vierte violencia contra la otra mitad. ¿Pero usted cree que se puede
ser ministra de Justicia manteniendo este tipo de afirmaciones? No me extraña que Pedro Sánchez la haya nombrado ministra de Justicia, porque nada de lo que es hablar de lo importante, de lo verdaderamente importante, de lo que tiene que ver con la
justicia, de la independencia de la justicia, que significa que el Consejo General del Poder Judicial no tiene que tener injerencias, interferencias ni manipulaciones políticas. Y usted venga a animarles: les animo a que se pongan de acuerdo, como
en los últimos cuarenta años, y sigan ustedes colocando los peones políticos. Sus propios compañeros de las asociaciones mayoritarias de jueces y fiscales han dicho que quieren una justicia donde los altos cargos de la Administración, las altas
magistraturas y los miembros del Consejo General del Poder Judicial se elijan por y entre los jueces. De eso, ni caso. Es lo mismo que tuvimos que denunciar aquí de la Fiscalía General del Estado. Claro, al final va a resultar que la Sala Tercera
del Tribunal Supremo en pleno, dentro de pocos días, le va a dar la razón al recurso de VOX y va a decir que fue un nombramiento improcedente, sin idoneidad: fiscal general del Estado del Partido Socialista, con carné socialista y puesta para
cumplir los objetivos. Claro que, probablemente, antes de que salga la sentencia el Gobierno del señor Sánchez saldrá corriendo a nombrarnos un fiscal general nuevo para no pasar el papelón de un cese desde el Tribunal Supremo.


¿Y del Estado de derecho? De eso ni hablar. Por ejemplo, respetar las sentencias de los tribunales, y en este caso me voy a referir a los golpistas, condenados en firme por dar un golpe de Estado, por pisotear la Constitución, por intentar
romper la unidad de España, y a los que su Gobierno les concede alegremente indultos -su predecesor los firmó- sin tener ni siquiera informes favorables del órgano sentenciador.


Usted dice que es improbable que los recursos que ha planteado VOX ante la Sala Tercera prosperen. Ya veremos. A lo mejor prosperan tan bien como su Gobierno, que ha pisoteado el Estado de derecho. De eso no ha hablado usted, se ha
olvidado. El Tribunal Constitucional ha dicho que el primer estado de alarma fue inconstitucional, que se vulneraron derechos fundamentales, que hubo un abuso de derecho. Y ahora parece que ya apuntan al segundo estado de alarma y que también van
a estimar el recurso de inconstitucionalidad de VOX y declarar nada menos que se habían delegado competencias a las comuniones autónomas sin que tuviesen facultades para ello o que directamente se había aplicado un estado de alarma -nosotros
dijimos, desde el principio, estado de excepción encubierto. Fíjese, también teníamos razón- sin control ninguno de esta Cámara. ¡Qué barbaridad! De eso no habla usted, ni de la justicia, que debe ser independiente, ni del respeto al Estado de
derecho.


Pues yo le voy a hacer una serie de preguntas, ya que parece que en estas semanas posteriores a las vacaciones esto está en todos los medios de comunicación: ¿va usted a luchar eficazmente contra los delitos de odio por razón de opinión
política? Es decir, ¿va a proteger su ministerio a todos aquellos que sufren violencia porque no somos de izquierdas, porque rechazamos el comunismo, a los que somos agredidos e insultados por pensar políticamente diferente, porque no aceptamos el
relato histórico único que intentan imponer con su memoria histórica? ¿Van ustedes, desde su ministerio, a trabajar eficazmente para luchar contra los delitos de odio por razón de sexo? Es decir, ¿van a trabajar para proteger a todos aquellos
hombres que quieren una igualdad real entre hombres y mujeres -real y efectiva-, para todos aquellos que son heterosexuales, para todos aquellos que son homosexuales pero que no aceptan la imposición de los lobbies LGTBI que se arrogan la
representación de todas las personas homosexuales o que sufren discriminación y amenaza porque no aceptan la ideología de género ni los lobbies de las feminazis? ¿Van ustedes a luchar eficazmente contra los delitos de odio por razón de origen
nacional, para defender a todos aquellos que creen en España, que defienden su unidad, que están orgullosos de ella, que rechazan el separatismo, que no quieren que rompan la unidad de España y que, por ejemplo, por su origen nacional, siendo
inmigrantes, no son inmigrantes ilegales?, ¿les van a proteger de aquellas agresiones? Y, por último, ¿van ustedes a proteger eficazmente a todos aquellos que sufren agresiones, desprecios por razón de su confesión religiosa, porque profesan la
religión católica o judía, que no son musulmanes o que rechazan el islamismo radical y a los talibanes? ¿Van a defender, en definitiva, a esos millones de españoles que, aunque no piensen como ustedes, sufren diariamente discriminación, amenazas y
desprecio por motivos de opinión política, por motivos sexuales, de origen nacional o de confesión religiosa?

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Señora ministra, España necesita menos demagogia, menos sectarismo, menos ideologías y resolución eficaz de problemas. Usted está al frente de un ministerio del que depende probablemente la garantía de los derechos fundamentales de los
españoles, la libertad, su libertad personal y también su libertad económica; un ministerio en el que se protege a los españoles de los abusos del poder; un ministerio que secularmente ha recibido el peor tratamiento político porque realmente no
le ha interesado a ningún Gobierno que haya separación de poderes, que en España haya un verdadero Estado de derecho, que tengamos la completa seguridad de que cuando tenemos delante a un juez o a un magistrado va a resolver exclusivamente
atendiendo a cuestiones de legalidad, de objetividad, de imparcialidad y de profesionalidad, y no al carné político y no a sus obsesiones ideológicas.


Señora ministra, sinceramente, en su primera comparecencia le tengo que decir, y ha bastado escucharla los primeros diez minutos, aunque ha dedicado usted el 45 % del tiempo a hablar de la ideología de género para arriba y para abajo, que no
esperamos de su mandato al frente de este ministerio nada que ayude al Estado de derecho ni la justicia, ni a la separación de poderes, ni a la eficacia en la Administración de los tribunales de justicia. No esperamos más que lo que ya estamos
viendo en este Gobierno: ideología, sectarismo y, eso sí, todos sus discursos llenos de resiliencia, llenos de consenso, de palancas y de políticas tractoras; mucha resiliencia, mucho sectarismo y muy poca eficacia. Señora ministra, qué pena
ocupar la cartera de Justicia de un Gobierno que ni cree en la justicia ni cree en el Estado de derecho y mucho menos cree en los problemas de España.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Ortega Smith.


A continuación, tomará la palabra el Grupo Parlamentario Popular a través de su portavoz, el señor Santamaría Ruiz.


El señor SANTAMARÍA RUIZ: Gracias, señora presidenta. Simplemente, quería apelar a su generosidad antes de que comenzara el tiempo. Dado que los grupos parlamentarios no tenemos la posibilidad de un turno de réplica, siempre nos gusta que
por lo menos se aplique con cierta generosidad el tiempo porque son muchas las cosas que la ministra ha dicho.


Señora ministra le queremos dar la bienvenida y las gracias por las explicaciones en nombre del Grupo Parlamentario Popular. Hemos visto una intervención muy académica -en algunos de los grandes principios estamos de acuerdo, en otros no
tanto-, muchas cifras, pocos datos, un resumen detallado de cosas que ya están hechas, muchas vaguedades, poca realidad y para mi gusto también poca ambición. Créame, señora Llop, que tengo que decirle -y lo lamento- que no puedo ser benevolente al
valorar su labor en estas semanas que lleva usted al frente del ministerio, porque de momento, señora ministra, peor imposible. Creo sinceramente que ni queriendo habría podido tener usted un peor comienzo.


Usted presumía en una entrevista de tener una visión de 360° y sin embargo comenzó criticando al Tribunal Constitucional por la sentencia sobre el estado de alarma. Señora ministra, debe usted saber que lo mínimo que esperamos los españoles
de nuestra ministra es que tenga el respeto debido o el mínimo de los respetos por las decisiones de los órganos jurisdiccionales y también por las resoluciones, decisiones y sentencias del Tribunal Constitucional. Usted justificó -fíjese la
barbaridad- sus críticas manifestando que la sentencia del tribunal había sido redactada desde la perspectiva de 1981 cuando no existían los medios informáticos y telemáticos que existen hoy, como si de dichos medios telemáticos o informáticos
dependieran los derechos fundamentales o, por ejemplo, la libertad de deambular. Entonces, le pedimos por favor, pues es usted la ministra de todos españoles, que no haga el ridículo. Además, es usted magistrada, ¿cómo puede hacer o mantener tales
afirmaciones?


También ha defendido los indultos concedidos a los presos condenados por el procés, prefiriendo ponerse al lado de quienes vulneraron la ley antes que al lado del Tribunal Supremo, lo cual supone dejar al Gobierno al margen de la ley. A
ello tenemos que sumar sus lamentables declaraciones en relación con la renovación del Consejo General del Poder Judicial, descalificaciones e insultos incluidos, que hoy también ha reiterado. También voy a aprovechar para agradecer el tono del
compañero de Podemos, pues echábamos mucho en falta un tono constructivo en el Grupo Parlamentario de Podemos; yo se lo agradezco. Señora ministra, ¿no se da cuenta de que defender lo que usted defiende contra el criterio de la Unión Europea, del
Consejo de Europa, de la Comisión de Venecia, del Greco y de la inmensa mayoría de los jueces españoles es luchar contra los molinos de viento de lo inexorable? No se dan cuenta de que España es una democracia europea, sostenida sobre el imperio de
la ley, la separación de poderes y la independencia judicial. Nosotros no vamos a renunciar ni a mirar al futuro ni a mirar a la Unión Europea.

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Ha manifestado usted también, señora ministra, que Campo fue un excelente ministro y que va a dar continuidad a sus políticas, lo que nos lleva a preguntarle por qué apuesta usted por el continuismo de unas políticas que en muchas ocasiones
han redundado en la humillación de los españoles ante el independentismo, la posconvergència del camarada Puigdemont y no sabemos si de sus espías rusos también, llegados al caso. Señora ministra -esto es una valoración- es usted miembro de un
Gobierno que hace aguas, un Gobierno que está en la cuerda floja, un Gobierno que ha decidido alejarse de Europa al defender que sea el poder político quien designe a los miembros del Consejo General del Poder Judicial. Parece como si quisieran
ustedes devolvernos a los lamentables años del aislacionismo franquista y, como le estoy diciendo, nosotros apostamos por estar al lado de Europa y por mirar al futuro.


Señorías, el 20 de julio de 2021 el comisario de Justicia de la Unión Europea, señor Reynders, ilustre socialista por otro lado, decía en su informe que el Estado de derecho en España se había deteriorado. Hacía un llamamiento para que el
sistema de elección de los miembros del consejo fuera por sus pares, lo que la ministra portavoz -por cierto, tan desafortunada como siempre- calificó de excusa. Hablaba Reynders de los insostenibles vínculos entre la fiscal general del Estado y el
Gobierno y también de la generalizada sensación de politización de la justicia que tienen los españoles, ya que la confianza y la independencia judicial ha caído cuatro puntos en apenas diez meses. Preguntado también el señor Reynders por la
conveniencia o no de tener una ley de pandemias, hablaba de la necesidad de contar con un marco legal adecuado, del que adolecemos los españoles a fecha de hoy por la cabezonería del señor Sánchez, que parece ser 'Sánchez I, el Empecinado', que
sigue insistiendo en dos cosas: una, politizar la justicia y, dos, judicializar la pandemia, y eso será lo primero que haremos nosotros cuando lleguemos al Gobierno, más pronto que tarde. Entretanto, apareció el señor Bolaños, y hoy ha aparecido
también por aquí, por la sede de este Congreso. Además, ha venido a ningunearla, porque le niega el papel protagonista que a usted le corresponde como ministra de Justicia y le otorga el papel de mojón de término o, si usted lo prefiere, de palmera
del señor Bolaños en el proceso de renovación del consejo. Yo le invito a que no renuncie a sus competencias y al papel que tiene usted en representación de todos los españoles.


Señorías, el señor Bolaños se atrevió a decir que los jueces no pueden elegir a los jueces, olvidando el ilustre procer que los jueces en España no son elegidos por los jueces, pasan unas oposiciones. Además, Bolaños -y usted estará de
acuerdo- alcanzó el esperpento al afirmar que no seríamos una democracia plena si permitiéramos que los jueces eligieran a los miembros del consejo de procedencia judicial, que es lo que está en la Constitución y lo que reclama la Unión Europea
desde hace ocho años, es decir, un auténtico sinsentido. Señora ministra, de sus palabras necesariamente se deduce la contradicción de Bolaños, es decir, si no somos una democracia plena, ¿qué sucede en aquellas democracias del centro y del norte
de Europa que sí aplican que los jueces sean elegidos por sus pares? ¿No son democracias plenas? Me parece de un atrevimiento..., que no es la mejor puerta de entrada para nuestra diplomacia. Esto a pesar de que el señor Bolaños, como dijo, es un
político designado por otro político, que va en contra de lo que dijo o declaró en la Cadena SER, lo cual nos deja aún más perplejos por la ignorancia de quien parecía ser el más sabio entre los sabios y que a duras penas ha quedado en monosabio,
con todo el respeto para quienes practican tan noble oficio. Señora ministra, quienes postulan que se aplique el tenor literal de la Constitución no estamos secuestrando nada, y también sepa que da igual lo grueso del lenguaje y los insultos que
ustedes empleen, porque jamás ambas cosas han sido fuente de la razón. Por si faltaba poco, el pasado lunes se produjo un fenómeno extraño: se transmutó el maestro Ciruela, que no sabía leer y puso escuela, en la persona de la fiscal general del
Estado para pedir que la justicia no se convirtiera en un campo para la batalla política; es decir, precisamente la fiscal general del Estado, o sea, el cazo diciendo a la sartén: no te arrimes que tiznas, lo cual ya es el colmo de lo que
estábamos preparados para ver. Señoría, ha hablado usted de bloqueo. ¿Cuántos años bloquearon ustedes la renovación del Tribunal Constitucional? Déjeme que se lo recuerde: tres. Por tanto, cuando se habla de negociación no se habla de sumisión,
no se habla de firmar papeles en blanco, se habla de negociación, se habla de llegar a acuerdos. Así que yo le pido que traslade esa voluntad de negociación, pero siempre dentro de la capacidad de cesión, no como ustedes, que se limitan a imponer
su voluntad. Señora ministra, nos pide usted sentido de Estado y lealtad cuando pactan ustedes con quienes no los tienen. Pactan ustedes con los podemitas nostálgicos que cuelgan pancartas de Stalin, como hemos visto en los últimos días, con los
que hacen prólogos al Manifiesto Comunista, con independentistas, con Bildu-abertzales, que hablan, como ya ha visto usted, de los montajes policiales, y con la posconvergència, cuyo sentido de Estado y de lealtad se reduce a intentar destruir la
unidad nacional. Explíquenoslo, porque nosotros no lo entendemos, y le pedimos sinceramente que no haga el ridículo.

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Le voy a enseñar -aquí lo tiene usted. Está muy lejos, pero seguro que su compañero portavoz de Justicia es capaz de leerlo- (muestra un tuit en la pantalla de una tablet) lo que decían ustedes en 2014, el señor Sánchez: Mi compromiso es
regenerar la vida democrática y hacer un consejo verdaderamente independiente. En el Congreso manifestó: Mi compromiso es primar la independencia, la profesionalidad y la imparcialidad; estoy dispuesto a que el PSOE no sea quien proponga los
miembros del consejo; no estoy de acuerdo con que seamos los partidos políticos los que decidamos el órgano de gobierno de los jueces. Por si no lo tenía suficientemente claro, un tuit del PSOE, partido al que supongo que usted pertenece, el 11 de
diciembre de 2014 decía: Hay que despolitizar el consejo, que los partidos dejen de proponer candidatos.


Señorías, todos sabemos que las palabras del presidente del Gobierno hace tiempo que cotizan igual que los bonos basura, poco valor hay que darles. Sin embargo, permítame que les diga que no deben ustedes preocuparse, porque las mentiras
del presidente del Gobierno las cumplirá el Partido Popular cuando llegue Pablo Casado a la Moncloa, en materia de indultos, en materia de tipificar el delito de convocatoria de referéndum ilegal, en materia de que sean los jueces quienes elijan a
los jueces y en materia de la despolitización del nombramiento del fiscal general del Estado. Seremos nosotros los que haremos verdad sus mentiras, señora ministra, y además lo haremos velando por el servicio público de justicia, sobre el cual le
voy a trasladar algunas inquietudes. No espero que me conteste ahora, pero en ese diálogo fluido que usted nos ha ofrecido, cuyo testigo nosotros recogemos, queremos trasladárselas.


En primer lugar, compartimos la preocupación del CSIT cuando reclama mejoras salariales para todo el personal de Justicia. En ese sentido, nos gustaría conocer por qué tras seis reuniones en la mesa de negociación las posturas siguen tan
alejadas a pesar del compromiso presupuestario asumido por el Gobierno en la disposición adicional 157 de la Ley de presupuestos. Pedimos que se reconozca la labor de los empleados públicos en términos de garantizar la subida de los salarios y la
no pérdida de poder adquisitivo en caso de que suba la inflación. Pedimos que se reconozca su labor en términos de garantía de estabilidad en el empleo, el refuerzo de las plantillas y por supuesto el mantenimiento de las clases pasivas, y que ello
se haga sobre la base de un acuerdo alcanzado en la mesa de negociación, y que de una vez por todas se pongan ustedes de acuerdo para poner en marcha los comités de seguridad y salud en el trabajo. Pedimos para los LAJ, para los cuerpos generales,
para los forenses y para los facultativos del INTCF todas estas mejores; y en especial para los LAJ, porque han asumido nuevas cargas y porque además de este Parlamento surgió un mandato, y fue que evidentemente se cumpliera y está plasmado en la
Ley de presupuestos.


Sobre la ley de agilización y eficiencia procesal, hay un informe del Consejo General del Poder Judicial que lo dice todo, pero voy a parafrasear al ausente hoy Edmundo Bal, compañero de Ciudadanos, que dijo que a este paso la Justicia 2030
será Justicia 20-ad aeternum, porque ni en los tribunales de Instancia hemos avanzado, las oficinas judiciales están por comenzar, puesto que todavía no ha habido análisis de la clasificación de puestos de trabajo ni RPT ni negociación sindical,
etcétera.


Voy rápido, señora presidenta, como digo, apelando a su generosidad. También nos gustaría saber si el ministerio tiene un plan B para el caso de que prospere el recurso planteado en el Supremo contra el Reglamento de justicia gratuita y nos
gustaría saber si el misterio va a mejorar las condiciones de los profesionales del turno de oficio, cuya partida presupuestaria -¡ojo!- disminuyó en los pasados Presupuestos Generales del Estado, y sobre todo cómo va la ley de justicia gratuita.
Sobre el Registro Civil dos cosas: no hay calendario para la implantación del nuevo Registro Civil -habrá que solucionarlo; esperamos su respuesta- y nos tendrá que explicar también por qué la dualidad de regímenes legales que se están aplicando.


Y termino ya con dos cuestiones. Señora ministra, sobre el próximo presupuesto, de 27 000 millones que vinieron de la Unión Europea, en el presupuesto de justicia hubo 27 millones, hubo que menoscabar las políticas del ministerio para poder
completar el presupuesto. Y en relación con la reforma de la Ley Concursal, ¡ojo, porque el sistema de solución que ha desarrollado el secretario de Estado, según nos llega, sobre los sistemas especiales no va a funcionar! Ya se lo advertimos, no
se ha desarrollado el Estatuto de la Administración Concursal; es más, solo se recupera el 20 % de la tasa de retorno, mientras que en otros países se sitúa entre el 70 y el 75; el sistema informático no está desarrollado, no se han traspuesto los
sistemas de alerta temprana y esto va a generar multitud de cuestiones prejudiciales, y no nos parece bien que desaparezcan las empresas especializadas.


Ahora sí que termino, señora presidenta, diciéndole, señora Llop, en cualquier caso, bienvenida al desempeño de su nuevo puesto. Siento tener que haber sido duro con mis palabras. Créame que me

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hubiera gustado expresarme en sentido contrario, pero usted nos lo ha puesto imposible. Si me permite el símil, le diré que creo sinceramente que es usted una persona cuyo principal mérito para ser ministra es ser una fervorosa devota de
esa nueva religión que es el sanchismo, que ha sustituido al socialismo sensato. Devoción que la llevó, siguiendo la voz de su amo, a anular en el Senado una votación dos días después de producirse; decisión que está pendiente e impugnada ante el
Tribunal Constitucional. Recuerde, señora ministra, cómo ha terminado el agnóstico sanchista señor Campo, que lamentablemente será recordado por haber sido el ministro de los indultos. Me pregunto por la clase de fechoría que sin duda alguna le
obligará a cometer el señor Sánchez.


Muchas gracias, señora ministra. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Santamaría.


El señor SANTAMARÍA RUIZ: Gracias, señora presidenta.


La señora PRESIDENTA: Terminará el turno de intervención que corresponde a los grupos parlamentarios el Grupo Parlamentario Socialista, y lo hará su portavoz, el señor Aranda Vargas.


Tiene usted la palabra.


El señor ARANDA VARGAS: Gracias, señora presidenta.


La verdad es que tenía una frase bonita para empezar, diciendo que hemos pasado de la Edad de Piedra del discurso de VOX al siglo XIX, pero creo que tampoco, porque el señor Santamaría también se ha instalado en la Edad de Piedra. Vamos a
ver si podemos remontar esto y situarlo en el siglo XXI.


Señora ministra, bienvenida a su casa, a la Comisión de Justicia. Gracias por su intervención, donde ha desarrollado los objetivos de su mandato como ministra de Justicia del Gobierno de España. El Ministerio de Justicia es de los llamados
de Estado, no tanto por el sentido que cada uno tenemos de Estado, que también, sino por la capacidad que se nos supone a todos para sobreponernos a las diferencias ideológicas y trazar de manera conjunta y consensuada cuantas más reformas
legislativas mejor, y que estas reformas den respuesta a las demandas de un mejor servicio de justicia, una mejor Administración de Justicia y deriven finalmente en una justicia moderna, adaptada a los nuevos tiempos y justa en su sentido más
amplio. Por eso, en mi Grupo Socialista agradecemos el impulso a Justicia 2030, a las tres leyes de eficiencia, a la implantación de la oficina de justicia, a los tribunales de Instancia, a las iniciativas en materia de formación y acceso a la
carrera judicial y, cómo no, sí, a instalar el feminismo y las políticas de igualdad en el centro de su ministerio. Señora ministra, cuando de más del 50 % de mujeres juezas por promoción apenas hay un 10 % en las cúpulas judiciales no es un
problema de capacidad. Ministra, usted ha desgranado fielmente su hoja de ruta. Vaya por delante, evidentemente, nuestro apoyo a esta hoja de ruta, a los valores y al talante que usted demuestra. Permítame que le diga que para nuestro grupo la
presencia de una mujer como usted, magistrada, especialista y con larga trayectoria en violencia de género, sensible a la justicia de proximidad, es una noticia excelente para el presente y el futuro de la justicia.


Señorías, a lo largo de estos últimos veinte meses de legislatura, en esta Comisión hemos visto tres grandes áreas de debate. En primer lugar, y hoy se ha repetido, aquellas demandas, aquellos temas de interés que los grupos traen a esta
Comisión y sobre los que mi grupo está de acuerdo, parcialmente de acuerdo o en desacuerdo, pero que, en todo caso, nos sirven de hilo conductor de debate y donde nosotros, nuestro grupo, también hemos puesto nuestra proa, en concreto, sobre todo,
en temas de violencia de género, igualdad, acceso a la carrera y cogobernanza. En segundo lugar, por las leyes que se han podido acordar y sobre las que hemos tejido mayorías, demostrando a la ciudadanía que los legisladores, máxime los miembros de
esta Comisión, trabajan por el bien del servicio público de justicia y por la propia ciudadanía. Y en tercer lugar, por nuestras discrepancias profundas en temas de calado, y a eso me referiré seguidamente. Sí, la reforma del Consejo General del
Poder Judicial, el gran elefante en la habitación del PP. Señorías, quien quiere hacer algo encuentra un medio; quien no quiere hacer nada encuentra una excusa. Señorías del PP, ustedes no quieren reformar el consejo, ustedes no quieren cumplir
con la Constitución, son insumisos constitucionales. Su partido, Pablo Casado, ya ha decidido, y esa decisión no es otra que la de boicotear la renovación, renunciar a encontrar un acuerdo, y para ello no dudan en inventar una excusa nueva cada
día; ya nos preguntamos cuál va a ser la siguiente. Pero es que no hay excusa que pueda tapar mil días de retraso, tres años. La erosión y el desprestigio de las instituciones que están provocando recaen sobre ustedes. Y es que para el PP de
Casado no se trata de

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un tema de democracia, es un tema de poder, de cómo se configura y cómo se ejerce, sobre todo cuando se pierde. Esto va con ustedes al no aceptar que la ciudadanía les puso en la oposición, y no han aceptado con dignidad y con sentido de
Estado su rol. Eso es justo lo que le falta a Casado, sentido de Estado para, desde la discrepancia, pero con lealtad institucional, cumplir los mandatos constitucionales. Y no hablaremos ya de cómo intentaron boicotear los fondos europeos, de
cómo se mofaron del objetivo común de la vacunación del 70 % a final de verano -creo que la historia les juzgará-, ¿pero saben qué pasa, señorías? Que la política ganaría si algunos dejaran de lado la calculadora y asumieran el rol de cada momento.
Así que, señor portavoz del Partido Popular, si quiere empiezo yo. A mí no me duelen prendas.


Usted ha sido muy duro en algunas sesiones, aquí y en Pleno; hoy un poquito, ¿por qué no? Yo estoy radicalmente en contra de muchas de las cuestiones que usted ha planteado y del tono y del lenguaje de brocha gorda que en alguna ocasión
usted ha tenido que ejercer o le han dicho que ejerza, pero le reconozco que usted y sus miembros de Comisión han realizado una tarea legislativa en algunas leyes de común acuerdo con mi grupo y con otros grupos de la Cámara. Le reconozco que hemos
sabido mantener el tono, el respeto, para sobreponernos a las discrepancias y alcanzar acuerdos. Sus señorías ya conocen algunos casos. Yo se lo reconozco, como también la labor del señor Bal, del señor Legarda, de la señora Telechea, del señor
Iñarritu y del resto de portavoces que, a excepción de los voceros de ultraderecha, vienen aquí a trabajar. (Rumores). Por cierto, es curioso escuchar decir al señor portavoz de VOX que España necesita menos sectarismo. Él, que se apartó de una
pancarta unitaria y un minuto de silencio; él diciendo que hace falta menos sectarismo. ¡Es curioso! Pero le digo también, señor portavoz, con la misma sinceridad, con la misma contundencia, que no hay alternativa al normal devenir de la acción
parlamentaria ejercida en los términos que desde hace más de cuarenta años nos hemos dotado. Es decir, partidos que dan soporte al Gobierno, partidos de oposición y un tercer elemento, señorías, sentido de Estado para llevar a cabo aquellas
decisiones, aquellos acuerdos que nos mandata la Constitución y que requieren altura de miras. A ustedes les ha tocado estar en la oposición en el momento en el que hay que renovar órganos constitucionales, como al PSOE en otras ocasiones, y estuvo
a la altura. De eso va la democracia. Esto no es un colmado donde ustedes eligen lo que quieren. Esto es el Poder Legislativo. Ustedes que critican, a veces con razón, a quien se salta la ley, ¡cúmplanla!, ¡den ejemplo! Señorías, la altura
política no se mide tanto por lo que uno es capaz de hacer desde el Gobierno como por cómo uno dignifica la tarea de la oposición. Porque lo primero es fácil, ¿no?, pero para lo segundo hace falta tener mucha talla política. Y en esto, señorías,
ustedes son de sobra conocedores que su actitud en estos mil días no tiene explicación alguna. Bueno, tendría una y es que el consejo nacido de aquella mayoría de 2013, de clara tendencia conservadora, no responde a la actual configuración de esta
Cámara surgida de la voluntad soberana de los españoles, ejercida en las urnas de manera democrática, y ustedes, de manera filibustera, lo bloquean con la esperanza de llegar al Gobierno y con otra mayoría escoger otro consejo.


Señorías, aquí se ha hablado de renovación del consejo, de debatir. Bien, el sistema se ha cambiado en muchas ocasiones, coexisten modelos en el derecho comparado, mi grupo tiene su opinión, pero déjenme que les diga: debate, sí;
renovación, también, ya, antes y urgente, sin excusas, sin dilaciones indebidas; es más, debate parlamentario, oigan, el que quieran. Pero hablemos también del sistema de acceso, de las becas, de los ascensos, de la poca presencia de la mujer en
las cúpulas. Hablemos y cambiemos de raíz los problemas endémicos y encallados de la justicia. La justicia a pie de juzgado. Nosotros estamos preparados. No será este grupo, que representa al PSOE, un partido con más de 140 años de historia y
comprometido con la democracia de este país, quien no esté listo para debatir con ustedes, el grupo conservador, sobre cómo debería ser la justicia, el Poder Judicial en su conjunto en este país. Lo que pasa es que ustedes hacen trampa a sí mismos,
al Parlamento, al Poder Judicial en su conjunto, a la ciudadanía y a la Constitución. Ustedes, bajo la deriva de Casado, en el fondo y en la forma niegan la mayor, niegan la posibilidad de que este Parlamento, expresión de la voluntad soberana de
la ciudadanía, ejerza su cometido marcado por la Constitución y por la Ley Orgánica del Poder Judicial por el mero hecho de que ustedes son el segundo grupo de esta Cámara y no el primero. Permítanme que, ahora que han acabado los Juegos Olímpicos,
les ponga el símil de que ustedes han cogido la medalla de plata y la han tirado al suelo en lugar de honrarla y actuar con sentido de Estado. Si fueran deportistas, serían malos perdedores, pero como son políticos son, además, poco patriotas.


Señorías, a lo largo de estos meses hemos trabajado con dos hojas de ruta trazadas desde el ministerio por el anterior ministro Juan Carlos Campo, respecto de quien mi grupo quiere dejar constancia aquí del buen hacer legislativo que ha
desarrollado. Son dos hojas de ruta muy claras: la primera, la cogobernanza, la toma de decisiones conjunta y rápida para hacer frente a toda la problemática COVID;

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la segunda, el Plan Justicia 2030. Es evidente que está en el deseo de todos que las políticas COVID tengan cada vez menos presencia, pues será señal de que la pandemia remite y volvemos a la normalidad, pero con Justicia 2030, con las
leyes de eficiencia, con la agenda legislativa que nos plantea hoy la señora ministra, no podemos por menos que congratularnos de la línea y el rumbo que quiere marcar la señora ministra al ministerio. Cuente con este grupo para el apoyo a su
agenda y sus objetivos; cuente con este grupo para seguir ejerciendo con responsabilidad las tareas encomendadas; cuente con este grupo para seguir buscando complicidades y tejiendo mayorías para llegar a acuerdos, y cuente, en definitiva, con
este Grupo Socialista para ayudarla a hacer de la justicia un lugar mejor y más justo.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Aranda.


Con la intervención del Grupo Parlamentario Socialista finaliza el turno de los grupos parlamentarios y corresponde el turno de intervención de réplica a la señora ministra de Justicia.


Tiene usted la palabra.


La señora MINISTRA DE JUSTICIA (Llop Cuenca): Presidenta, muchas gracias.


Quiero dar las gracias a todos los portavoces y las portavoces de los grupos parlamentarios por sus intervenciones de esta tarde y también por permanecer aquí durante la sesión. La verdad es que después de escuchar a algunos grupos
parlamentarios -y siento tener que empezar así-, en concreto al Grupo Parlamentario Popular y al Grupo Parlamentario VOX, tengo que decir una cosa, y es que me he equivocado en mi intervención. En mi intervención he dicho que estaba convencida de
que iba a aprender con sus intervenciones de altura, pero la verdad es que las intervenciones han dejado bastante que desear en términos de cortesía parlamentaria. (Aplausos).


En cualquier caso, y respondiendo a los portavoces de los grupos parlamentarios, al diputado Iñarritu García quería decirle que agradezco mucho el tono de su intervención, pero es evidente que usted y yo o usted y el Gobierno tenemos una
distinta concepción del Estado y también una distinta concepción de lo que es la división de poderes. Usted me pedía expresamente a mí, al Gobierno, que modifiquemos la ley para desahuciar a los vocales del Consejo General del Poder Judicial, pero
no es al Gobierno a quien corresponde la presentación de una iniciativa de este tipo, ni tan siquiera el Gobierno podría presentar un proyecto de ley en ese sentido porque lógicamente se trata de una iniciativa legislativa que corresponde a las
Cámaras, al Poder Legislativo, que es quien, según la Constitución y la Ley Orgánica del Poder Judicial, debe elegir a los vocales del Consejo General del Poder Judicial. Estoy de acuerdo en que hay que avanzar hacia la normalización lingüística en
las comunidades autónomas, es una competencia de aquellas que tienen las competencias transferidas en materia de justicia, y desde el ministerio lo que haremos en todos nuestros proyectos de eficiencia digital, de eficiencia organizativa y de
eficiencia procesal será intentar que en ese diálogo territorial, que es tan necesario y tan importante para llevar adelante todos los objetivos del proyecto de Justicia 2030, pueda también incardinarse ese aspecto que creo que es fundamental porque
está contemplado, ya lo he dicho, en el artículo 3 de nuestra Constitución española y además es un derecho que tienen los ciudadanos y las ciudadanas.


También quería dar las gracias al diputado Legarda Uriarte por su intervención; la verdad es que ha sido una intervención interesante. Quiero serle sincera -creo que usted además me ha entendido perfectamente a la hora de exponer este
proyecto, estás líneas generales del ministerio-, quedan dos años de legislatura, queda muy poco tiempo, y es evidente que está ministra y este ministerio se van a centrar en algo que es fundamental, que es darle la vuelta, hacer esa transformación
tan imprescindible en el servicio público de justicia. No concibo la justicia tanto, que lo es, como un poder del Estado desde el punto de vista de la posición que tiene el ministerio, de la gestión de las competencias que tiene que asumir, sí como
un poder del Estado en el sentido de respeto de lo que es la división de poderes, de la institucionalidad, pero la gestión del ministerio se tiene que centrar en lo que es la justicia como un servicio público, un servicio público además que tiene
que ser universal, que tiene que estar abierto a todos los ciudadanos y ciudadanas, y además la justicia es un ejemplo -yo siempre lo pongo- de cohesión social y territorial. Porque da igual donde uno resida, sea en una comunidad autónoma u otra,
da igual donde se paguen los impuestos, porque siempre el recurso público de justicia tiene que atender a todos los ciudadanos, da igual también la nacionalidad. Por tanto, es imprescindible que en términos de cohesión social, de cohesión
territorial, de que la justicia sea realmente ese motor para el desarrollo social y económico de nuestro país, trabajemos en esos proyectos tan importantes que están enfocados en la justicia como un servicio público. Le agradezco también que
comparta todos estos proyectos de eficiencia,

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pero tendremos tiempo cuando presentemos las leyes -que ya saben que están en fase de elaboración e incluso algunas en fase de informe- de poder debatirlas, de poder discutirlas aquí, y sinceramente estoy centrada, muy centrada, en este
proyecto de Justicia 2030.


Quería también dar las gracias al diputado Boadella Esteve, del Grupo Plural, por la actitud amable y dialogante que ha presentado a lo largo de esta comparecencia, pero ha dicho que el Gobierno no había apelado a la renovación del Tribunal
de Cuentas -también lo he mencionado-. Es imprescindible también que se proceda a la renovación del Tribunal de Cuentas por las importantísimas funciones que tiene, pero porque ya se le ha caducado el mandato en julio de este año.


Por otra parte, también quiero agradecer al diputado Pagès i Massó su intervención. Estoy de acuerdo con lo que ha dicho sobre la justicia como servicio público, la ciudadanía como objetivo central de estos grandes proyectos transformadores
que llevamos en el ministerio y que no se trata tanto de un problema presupuestario como de un problema organizativo y de eficiencia. Pero no estoy de acuerdo en algo que ha mencionado, y es que la digitalización no puede ser una vía para
injerencias en el sistema judicial en Cataluña. Por supuesto, esa no es la intención de este ministerio. Nuestra intención es compatibilizar los sistemas, la interoperabilidad, ese diálogo tecnológico que hay que mantener con esta horizontalidad y
con esa cogobernanza y respeto absoluto a las administraciones territoriales. Le puedo asegurar que desde el ministerio vamos a trabajar para que los proyectos de digitalización y eficiencia respondan también a las lenguas oficiales, como he
comentado con anterioridad. Me ha gustado la reflexión que ha hecho sobre la independencia judicial. Yo creo en la independencia judicial absolutamente. Hay que diferenciar lo que es el Consejo General del Poder Judicial de lo que es la
jurisdicción. El Consejo General del Poder Judicial es un órgano que no ejerce jurisdicción, la jurisdicción la ejercen los jueces, las juezas, magistrados y magistradas en los juzgados y tribunales y son absolutamente independientes. Yo creo en
la independencia, pero también creo en la independencia de los vocales del Consejo General del Poder Judicial. Yo creo en la independencia, y me estoy dando cuenta de que quien no cree en la independencia de los vocales del Consejo General del
Poder Judicial es el Grupo Popular, y no creen en su independencia precisamente porque dicen que hay que despolitizar la justicia. Por tanto, se duda de la independencia de aquellos vocales a los que el Grupo Popular ha propuesto y ha nombrado
durante treinta y cinco años, décadas y décadas, y en consecuencia también se estará dudando de la independencia de los magistrados y magistradas del Supremo, que son nombrados por los vocales del Consejo General del Poder Judicial. A mí esto ya me
parece mucho más grave, que se dude de la independencia de los magistrados y magistradas del Tribunal Supremo, porque ellos son quienes hacen la jurisprudencia que luego se aplicará por los tribunales de instancia. Por tanto, la verdad es que tengo
una enorme preocupación por que por el Partido Popular se esté poniendo en duda la independencia del Tribunal Supremo y de los vocales del Consejo General del Poder Judicial.


Por otra parte, quiero también agradecer a la diputada Telechea i Lozano su intervención y el tono amable que ha tenido. Ella me pregunta qué modelo de Consejo General del Poder Judicial es con el que el Gobierno está de acuerdo. Lo he
dicho muchas veces: es el modelo vigente, yo no contemplo otro modelo más que el vigente, que es el que está contemplado en la Ley Orgánica del Poder Judicial y en la Constitución. Es un modelo de un carácter mixto, un modelo en el que los jueces
y las juezas proponen a doce de los candidatos y candidatas, que luego serán nombrados por el Congreso de los Diputados y por el Senado, y los ocho candidatos y candidatas de juristas serán elegidos también por el Congreso de los Diputados y por el
Senado. Ese es el modelo que avaló el Tribunal Constitucional, el modelo que tenemos vigente y el modelo que tiene que permanecer, porque no se ha modificado la ley y, como no se ha modificado la ley, hay que cumplir con la legislación vigente. Yo
no entiendo que no se cumpla con la Constitución, no entiendo que no se cumpla con la ley orgánica. Por tanto, ese es el modelo que el Gobierno sostiene.


Luego ha hablado de algo muy importante -también se ha hecho referencia por algún otro diputado-, que son las becas. Este Gobierno, esta ministra, va a poner en funcionamiento -ya lo anuncio desde ahora- un sistema de becas para el acceso a
la carrera judicial y fiscal, también para letrados y letradas de la Administración de Justicia y para abogados y abogadas del Estado. Este sistema de becas todavía lo estamos desarrollando, estamos en conversaciones con el Ministerio de Hacienda,
y en el momento en que ya lo tengamos ultimado se lo comunicaré a la mayor brevedad posible. Creemos que el sistema de becas democratiza la igualdad de oportunidades, democratiza el acceso a la carrera judicial, a la carrera fiscal, a otros
cuerpos, como ya he dicho -Abogacía del Estado, letrados y letradas de la Administración de Justicia-, y es muy importante que personas que tienen esa vocación de servicio público y de impartir

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justicia o de dedicarse al mundo del derecho, de la justicia, puedan acceder en condiciones de igualdad de oportunidades, que de otro modo no tendrían porque en sus propias familias u hogares tienen algún tipo de dificultad que les impediría
este acceso. Además, en esas becas habrá por supuesto una reserva para personas con discapacidad.


Agradezco mucho al señor Uriarte Torrealday su intervención, agradezco la tregua de cien días de cortesía que me ha dado. La verdad es que cuando aterricé en el ministerio el día 12 de julio tuve ya que ponerme en marcha porque me subí en
ese tren que iba a 300 por hora, ese tren que llevaba estos proyectos que he podido exponer aquí, proyectos ilusionantes, proyectos apasionantes, proyectos que yo ya conocía por mi anterior etapa profesional y que había seguido muy de cerca por las
comparecencias que había hecho el ministro anteriormente. Creo que es un proyecto de país, ya lo he dicho, es un proyecto de Estado. Creo que es un proyecto de cogobernanza. Ya era hora, porque uno de los males endémicos de la justicia ha sido la
imposibilidad de comunicarnos entre los juzgados. Es algo que ha sido ciertamente decepcionante para los profesionales y las profesionales del mundo de la justicia. Y luego ese sistema, el sistema organizativo judicial, que lógicamente ya está
agotado y es incapaz de asumir la litigiosidad existente y además no responde a las necesidades de los ciudadanos.


Agradezco también que haya hablado de las becas. Ya le he dicho que estamos trabajando en ello, estamos trabajando con Hacienda, y agradezco también que haya puesto ese punto de sensatez en todo este momento de crispación, en este momento
de ruido, porque cuando bajamos el tono -uno puede ser muy duro, uno puede ser apasionado, pero yo no concibo el insulto, yo no voy a entrar en ese barro, la verdad, se lo digo-, cuando se relaja el tono, cuando podemos escucharnos, es cuando
realmente es posible llegar a acuerdos. Si no nos escuchamos, no sabemos lo que está diciendo la otra persona, vamos con nuestro discurso, con nuestro mensaje y no respondemos a las mínimas reglas de cortesía y de convivencia.


Señor Ortega Smith-Molina, ¡menuda entrada hemos tenido! Gracias por su no sé si era bienvenida o mal venida, no sé lo que me ha dado usted, la verdad. Yo he venido aquí a trabajar, porque soy una mujer con convicciones, soy una persona con
convicciones, soy una persona que me tomo en serio la democracia, que me tomo en serio el Estado de derecho, que me tomo en serio la igualdad entre mujeres y hombres, me la he tomado en serio siempre a lo largo de toda mi vida. Esta mañana he
estado escuchando la intervención de su compañera en la Comisión Constitucional y parece que le ha pasado los apuntes. Ha sido usted más blando que ella, tengo que decírselo, tengo que reconocérselo. Tengo que decirle que he visto cómo se
regocijan en este barro político. Ya le he dicho que yo no voy a entrar en ese barro que usted pretende, pero tengo que contestar a algo grave que usted ha dicho, algo importante que yo no puedo permitir que permanezca en el ideario de la opinión
pública, y es que con este tipo de manifestaciones, ese tipo de ridiculizaciones que usted hace, pone en riesgo a las mujeres y pone en riesgo a colectivos vulnerables, la verdad, se lo tengo que decir. Yo creo que lo hace como una especie de
táctica para infundir cierto miedo (El señor Ortega Smith-Molina hace un gesto con los brazos abiertos en señal de disconformidad), para que no acudan al sistema judicial, para que no pidan ayuda. Creo que sus mensajes son disuasorios. Desde
luego, tenemos un compromiso con la diversidad, un compromiso con los derechos humanos, un compromiso con los derechos de las personas LGTBI y, lógicamente, un compromiso con los derechos y las libertades de las mujeres y de las niñas.


Usted dice que constantemente son insultados. Pues, mire, yo le voy a decir una cosa. Tengo aquí un listado. Cuando ha dicho que en una ocasión yo dije que una democracia en que la mitad de la población vierte violencia contra la otra
mitad no es democracia, usted imagínese que esto es un país y aquí hay una mitad y ahí hay otra mitad. Ahora la violencia es muy sutil, ya no solo es una violencia física, también puede ser una violencia verbal, puede ser un insulto, puede ser una
amenaza, puede ser un menosprecio. Por una mitad de esta Cámara se han dicho contra otra mitad estas cosas: fallido; corrupto; machista; dictadores; independentistas batasunos; matón; nota el aliento de la justicia ahora que lleva la nuca
más despejada; no son de fiar; nos han mentido; fraude; mentiroso; estafador; sociópata, etcétera. Yo espero que entiendan que cuando esto sucede y esto se pronuncia por una mitad contra la otra mitad, no estamos respondiendo a los auténticos
valores de la democracia y pido de verdad respeto, igual que yo soy respetuosa con todos ustedes. (Aplausos).


Por otra parte, el diputado Santamaría Ruiz también ha expuesto cosas interesantes. La verdad es que llevo tiempo observando al Partido Popular y no me ha decepcionado. No me ha decepcionado porque ustedes han sido un partido de Estado, un
partido con sentido de Estado, un partido que ha gobernado, pero están ahora en un momento en el que tienen realmente que hacer una reflexión. Uno de

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los elementos clave de la democracia, diputado Santamaría, es aceptar la derrota; ese es uno de los elementos clave de la democracia, aceptar la derrota. Cuando uno no acepta la derrota, cuando uno no acepta que han sido derrotados en las
urnas, se sitúa en esa oposición contra todo. Yo, de verdad, quiero que hagan oposición, quiero que hagan crítica, que se sea una crítica constructiva y que controlen todo lo necesario, que controlen la acción del Gobierno, pero lo que no pueden
hacer es ir en contra de la Constitución -se lo tengo que decir nuevamente-, ponerse en contra de la Constitución, ponerse en contra de las leyes.


Habla del comisario de Justicia, de Reinders, y yo aquí tengo que hacer un poco de pedagogía. Yo llegué el día 12 de julio al ministerio y los días 14 y 15 de julio ya estaba reunida con el señor Reinders. Estaba reunida presencialmente en
Eslovenia, en una reunión bilateral que tuve la ocasión de tener con él, y el señor Reinders dijo que él opinaba que había que renovar ya el Consejo General del Poder Judicial, que había que renovarlo ya, y así consta en el informe sobre el Estado
de derecho que hizo el señor Reinders. Después él habló de la posibilidad de explorar otros modelos, pero él dijo que había que renovar ya el Consejo General del Poder Judicial.


Hay que tener en cuenta que hay un elemento fundamental para el engranaje de nuestro sistema institucional, para que funcione bien. Esto va conectado con esto que le digo de que hay que aceptar la derrota, es algo muy importante, la lealtad
institucional. Si no actuamos con lealtad institucional, si nos vamos por Europa a poner verde al Gobierno, a criticarle para que no consiga los fondos necesarios para que salgamos cuanto antes de esta crisis con el menor daño posible y además
transformando nuestro sistema, transformando nuestra economía -aunque los datos económicos son muy buenos ahora mismo-, si van por Europa haciendo esa crítica muy negativa para nuestro país, no están contra nuestra, no están en contra del Gobierno,
están en contra de España y están en contra de los españoles. Así que, de verdad, les pido altura de miras, les pido sentido de Estado y les pido que se sitúen dentro de la Constitución.


Para terminar, diputado Aranda, muchas gracias por su intervención. Gracias también por sostener a este Gobierno, por sostener los proyectos de este Gobierno; gracias por su sentido de Estado -tengo que decirlo-, gracias por insistir en la
necesidad de la renovación de todos los órganos constitucionales que están pendientes, no solo el Consejo General del Poder Judicial, y por defender la Constitución diciendo que su defensa es el cumplimiento; es que no cabe otra opción. La mejor
forma de velar por la independencia del Poder Judicial -usted también lo ha manifestado- es no obstaculizar el normal funcionamiento del órgano, porque, como ya he dicho, la no renovación impacta muy directamente en los problemas de cada día de los
ciudadanos, porque el Tribunal Supremo también decide sobre cuestiones como las hipotecas, cuestiones de familia, lo que vivimos día a día los ciudadanos y las ciudadanas.


Señorías, voy a seguir trabajando por el servicio público de justicia, por Justicia 2030. Lo voy a hacer a través de ese plan que ya les he expuesto y que ya conocían por el anterior ministro Campo. Va a ser un instrumento para la
transformación digital, la transformación ecológica, la sostenibilidad y la conexión social y territorial de nuestro país, y desde el ministerio vamos a cuidar de nuestro servicio público de justicia; lo vamos a hacer más eficiente, más accesible y
más sostenible, pero para eso les necesito a ustedes, no podemos hacerlo solos. Estoy segura de que las comunidades autónomas con competencias transferidas también están deseando que ustedes apoyen esos magníficos proyectos que vamos a traer lo
antes posible.


Muchas gracias, señorías. Seguiremos viéndonos. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora ministra de Justicia, señora Llop, por su comparecencia, la primera de las que vendrán. Será siempre bien recibida en esta Comisión. Gracias, señoras y señores portavoces, por facilitar un día
más el buen desarrollo de la sesión de la Comisión de Justicia.


Se levanta la sesión.


Eran las seis y cincuenta y cinco minutos de la tarde.