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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 447, de 23/06/2021
cve: DSCD-14-CO-447 PDF



CORTES GENERALES


DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS


COMISIONES


Año 2021 XIV LEGISLATURA Núm. 447

TRABAJO, INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. ANTONIO GOMÉZ-REINO VARELA

Sesión núm. 16

celebrada el miércoles,

23 de junio de 2021



ORDEN DEL DÍA:


Proposiciones no de ley:


- Por la que se insta al Gobierno a adoptar las medidas pertinentes para que los autónomos que tengan deudas con la Seguridad Social, puedan cobrar el 50 % de la pensión y el restante 50 % se derive a amortizar la deuda. Presentada por el
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/000077) ... (Página2)


- Relativa a impulsar la certificación de las retribuciones de las personas trabajadoras encuadradas en el Sistema Especial de Empleados del Hogar. Presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en
Común. (Número de expediente 161/000819) ... (Página6)


- Relativa a crear un fondo especial para la atención de la inmigración irregular destinado a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/001415)
... (Página10)


- Sobre la limitación del complemento salarial por asistencia. Presentada por el Grupo Parlamentario Republicano. (Número de expediente 161/001494) ... (Página14)


- Relativa a las consecuencias del incumplimiento del compromiso de salvaguarda del empleo. Presentada por el Grupo Parlamentario VOX. (Número de expediente 161/001566) ... (Página17)



Página 2





- Sobre el expediente de regulación de empleo anunciado por CaixaBank. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/002607) ... (Página22)


- Relativa a implementar un Plan Integral de Migraciones. Presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. (Número de expediente 161/002633) ... (Página26)


- Por la que se insta al Gobierno a reformar la regulación de las prestaciones de maternidad y paternidad en cuanto a los supuestos de muerte perinatal o gestacional. Presentada por el Grupo Parlamentario Plural. (Número de expediente
161/002748) ... (Página34)


- Contra el racismo y la xenofobia. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/002795) ... (Página38)


Votaciones ... (Página45)


Se abre la sesión a las dos y quince minutos de la tarde.


PROPOSICIONES NO DE LEY:


- POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A ADOPTAR LAS MEDIDAS PERTINENTES PARA QUE LOS AUTÓNOMOS QUE TENGAN DEUDAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL PUEDAN COBRAR EL 50 % DE LA PENSIÓN Y EL RESTANTE 50 % SE DERIVE A AMORTIZAR LA DEUDA. PRESENTADA POR EL
GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/000077).


El señor PRESIDENTE: Buenas tardes, señorías. Abrimos la sesión.


Como saben, hoy tenemos un orden del día cubierto íntegramente por el debate y votación de proposiciones no de ley. Más allá de que informalmente los diferentes portavoces hayan trasladado su voluntad de tener un debate ágil, les comunico
que en principio no votaremos antes de las cuatro y media de la tarde.


Sin más, empezamos con el orden del día que tenemos para hoy, con la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular que insta al Gobierno a adoptar las medidas pertinentes para que los autónomos que tengan deudas con la Seguridad
Social puedan cobrar el 50 % de la pensión y el restante 50 % se derive a amortizar la deuda.


Tiene la palabra el señor Movellán.


El señor MOVELLÁN LOMBILLA: Muchas gracias, presidente.


Señorías, en el Grupo Parlamentario Popular reafirmamos nuestro compromiso con los más de tres millones de autónomos de España y reconocemos nuevamente su imprescindible función en la política económica y social de nuestro país. Tenemos
claro que el presente y el futuro de España pasa por apoyar a los emprendedores y, de manera particular, a los autónomos y nunca nos vamos a cansar de decir que apoyar a los autónomos es apoyar la creación de empleo. Por ello, siempre van a
encontrar en el Partido Popular al mejor aliado para su supervivencia y para su pronta recuperación. Estas no son palabras huecas. Las hemos demostrado cuando hemos tenido responsabilidades de gobierno, siendo bajo los Gobiernos del Partido
Popular cuando más leyes se han aprobado y mayores avances en derechos se han hecho en favor de autónomos y emprendedores, y lo seguimos haciendo ahora desde la oposición. Prueba de ello es que la presentación y el debate de iniciativas en favor de
los autónomos en esta legislatura y en esta Comisión de Trabajo siempre llegan de la mano del Grupo Parlamentario Popular, mal que les pese a algunos y a algunas de sus señorías.


Hay que decir que España necesita hoy más que nunca el empuje económico que supone el colectivo de los autónomos y, señorías, los autónomos nos necesitan hoy más que nunca para poder vivir, sobrevivir, y para devolverles lo que por justicia
les pertenece tras largas vidas laborales cotizando y contribuyendo a generar riqueza y empleo en nuestro país. Como bien conocen, el artículo 47 de la Ley General de la Seguridad Social establece la obligatoriedad de estar al corriente del pago de
las cotizaciones para acceder a cualquier prestación. Esta obligatoriedad se está traduciendo en que aquellos autónomos que llevan toda una vida cotizando, pero que por diversas circunstancias no han podido hacer frente a algunas de las cuotas de
la Seguridad Social, llegado el momento de su jubilación no pueden cobrar una pensión



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a pesar de tener ampliamente los años de cotización requeridos. Esta situación está creando una enorme indefensión a los trabajadores autónomos afectados que, a pesar de haber estado trabajando y cotizando en algunas ocasiones durante más
de cuarenta o cincuenta años, no reciben su pensión y, por tanto, aunque tengan voluntad de cumplir, no tienen ingresos para afrontar el pago de las cuotas debidas; pero también está suponiendo un claro perjuicio para la Seguridad Social, que no
está recibiendo esas deudas. Esta rigidez en la legislación está suponiendo la ruina de muchos trabajadores autónomos y se trata, sin lugar a dudas, de un requisito injusto. Por eso, señorías, debemos valorar el enorme esfuerzo que supone el
emprendimiento y reconocer e impulsar el papel clave que los autónomos tienen en nuestra economía y en nuestro mercado laboral, y debemos hacerlo eliminando trabas y cargas.


En el Grupo Parlamentario Popular entendemos que es fundamental flexibilizar las condiciones para que los trabajadores autónomos con deudas con la Seguridad Social tengan derecho a cobrar la pensión. Seguramente escucharemos hablar a algún
grupo político, que seguirá dando la espalda a los trabajadores autónomos en este país, del procedimiento de invitación al pago en treinta días por parte de la Tesorería de la Seguridad Social. Veremos nuevamente el desconocimiento que tienen de la
realidad social y económica de los trabajadores por cuenta propia en nuestro país. Señorías, si hay algún colectivo que ha demostrado su responsabilidad, ese es el de los autónomos, que día a día arriesgan incluso su patrimonio personal para crear
riqueza y empleo en este país. No debemos estigmatizar a un autónomo porque haya tenido una mala época o un mal mes. Es nuestra responsabilidad ofrecer soluciones para que pueda hacer frente a esos momentos adversos. Esa es la verdadera política
social. ¿Tan difícil es de entender que si el trabajador autónomo no ha tenido tiempo para pagar antes la deuda, por mucho que le inviten al pago de la misma en treinta días, no podrá hacerlo a no ser a costa de un mayor endeudamiento?


Yo les pregunto, señorías, si no hablan con los autónomos de este país para saber que este año de pandemia, de cierres, de restricciones y de falta de ayudas directas por parte del Gobierno ha sido brutal para ellos. ¿No conocen la
situación actual de los autónomos en este país? Un millón y medio cesaron su actividad en 2020 y más de 450 000 siguen así en este momento. Un millón de autónomos han perdido más de 30 000 euros el año pasado y ya ascienden a más de 70 000
millones de euros las pérdidas que los autónomos estiman a día de hoy. Además, 300 000 de ellos prevén cerrar este año y uno de cada tres cree que su negocio no se recuperará hasta 2023. Esta y no otra es la dramática realidad que están viviendo
la mayoría de los trabajadores por cuenta propia, con una importante reducción de ingresos, que en muchos casos son casi inexistentes o nulos.


Nuestro deber es dar soluciones y no generar más problemas a los trabajadores por cuenta propia de este país una vez que ponen fin a su vida laboral y llegan a la edad de jubilación. Señorías, si el trabajador cobra su pensión y tiene
voluntad, podrá hacer frente a la deuda, aunque sea a plazos, y todos saldrán ganando. Ganará la Seguridad Social, que podrá empezar a cobrar las deudas que a día de hoy no está cobrando, y ganarán los autónomos que, después de cotizar durante toda
su vida, podrán cobrar parte de su pensión y destinar otra parte a abonar el pago de las deudas que tienen contraídas. Y lo harán progresivamente, hasta liberarse de las mismas y poder disfrutar del derecho a cobrar íntegramente su pensión de
jubilación. En definitiva, el Grupo Parlamentario Popular presenta esta proposición no de ley instando al Gobierno a que se adopten las medidas pertinentes para que los trabajadores autónomos con derecho a pensión que tengan deudas con la Seguridad
Social puedan cobrar el 50 % de la pensión que les corresponde y el restante 50 % se derive a amortizar la deuda.


Finalizo ya y lo hago, señorías, pidiéndoles que se sumen a esta propuesta del Grupo Parlamentario Popular, una propuesta que no responde a otro fin que hacer justicia y poner fin a la indefensión que sufren aquellos trabajadores autónomos
que ven que, tras una intensa y larga vida laboral en la que no han dejado de asumir riesgos y han aportado hasta su patrimonio personal para generar riqueza y empleo en este país, y debido a una mala época o algún mal mes en el que no han podido
afrontar sus obligaciones, se encuentran con la rigidez de una legislación que les impide acceder a cobrar su pensión de jubilación. Señorías, esta propuesta responde a una demanda del colectivo de trabajadores autónomos de nuestro país que ya
antes de la pandemia se encontraban con esta indefensión y que, sin duda, se ha visto agravada por un año de cierres, restricciones y grandes pérdidas para cientos de miles de autónomos de este país. Señorías, sumarse a esta iniciativa es hacer
justicia con los autónomos de este país.


Muchas gracias. (Aplausos).



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El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Movellán.


Por el Grupo Parlamentario VOX, para defender su enmienda, tiene la palabra la señora López Álvarez.


La señora LÓPEZ ÁLVAREZ: Gracias, presidente.


Señorías, buenas tardes. Hay que destacar que antes de la crisis producida por el coronavirus numerosas instituciones ya alertaban de la desprotección que sufren los autónomos ante las diferentes contingencias, en especial, la jubilación.
Actualmente, la pensión media del autónomo que ha cotizado en el RETA se sitúa en 780 euros al mes y es casi un 40 % inferior a la de los asalariados. Entre las razones de tan exiguas prestaciones están el número de años cotizados o las bajas bases
de cotización que eligen los autónomos, y es que España posee uno de los peores regímenes de autónomos en comparación con países como Portugal, Francia, Alemania o Dinamarca.


Por otra parte, que los autónomos cobren la pensión de jubilación y que a la vez puedan pagar sus deudas con la Seguridad Social es un problema cuando no van a percibir su pensión mientras estén en esa situación, pero hay que destacar que el
grueso del problema, el problema de fondo, radica en aquellos autónomos que tienen deudas y que no están en edad de jubilación, sino en edad laboral. Por lo tanto, la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular parte de carencias en
cuanto al enfoque. Además, también pasa por alto y se olvida del mecanismo de segunda oportunidad y de los problemas que estos planes de pagos contemplan, ya que la Administración pública conserva las preferencias en el cobro, a diferencia de un
acreedor normal o cualquier empresa, por lo que es evidente que la PNL se olvida de plantear cambiar el sistema de las prerrogativas que tiene la Administración pública si realmente lo que quiere es ayudar a los autónomos que tienen deudas.


Creemos que el problema es mucho mayor de lo que plantea la PNL del Grupo Parlamentario Popular, porque no se trata de parchear, sino de ayudar en ese problema de fondo del que parten los autónomos. A todo ello se une que el alcance de la
proposición tampoco contempla ni tiene en cuenta que el salario mínimo profesional es inembargable. En el caso de que se pusiera en marcha la propuesta, si el 50 % va a ir a pagar la deuda y el otro 50 % se cobra de pensión, ¿qué porcentaje iría a
pagar la deuda de una pensión de 900 euros si el SMI es inembargable? Y es lo mismo en el caso de la pensión mínima; igualmente, si ese salario es inembargable el alcance de la medida sería muy limitado.


Vayan por delante esas primeras consideraciones y carencias detectadas en la proposición, pero, como no puede ser de otra manera, apoyamos la propuesta porque la intención es positiva y, por supuesto, no podemos consentir que un autónomo con
cuarenta años cotizados pero que en el último año o en los últimos dos años le haya ido mal con la crisis -entre otras cosas, porque el Gobierno les obligó a cerrar durante meses- se quede sin una pensión, porque eso es muy cruel, y más aún cuando
nuestra economía sobrevive en la actualidad gracias al respirador que la sostiene a través de los ERTE y la carencia de concursos de acreedores, que no hay que olvidar que expira en 2022. El Gobierno sabe que habrá una tendencia al alza, porque ya
hay empresas que no aguantan más ni con el apoyo de los expedientes de regulación temporal por esa asfixia que sufren numerosos autónomos.


Así las cosas, España posee una economía zombi mantenida solo por el hilo de los ERTE y numerosos autónomos que ahora están en condiciones de jubilarse -muchos sobrevivientes de la crisis de 2008- ahora se encuentran con la crisis producida
por la pandemia, que ha afectado a numerosos sectores de la economía. Es evidente que en VOX entendemos que no se puede castigar sin la prestación de jubilación a aquellos autónomos que en condiciones de poder optar a una prestación por jubilación
no se les reconoce el derecho a la misma por no estar al corriente de las deudas con la Seguridad Social. Por ello, consideramos que se debería reconocer la prestación correspondiente, destinando un porcentaje progresivo de la misma a la
amortización de la deuda.


Nosotros hemos enmendado la propuesta del Partido Popular con el objetivo de mejorarla, pese a esas carencias detectadas y mencionadas. Por ejemplo, si consideramos a un autónomo que tiene una prestación por jubilación mínima, con
referencia a la medida de que pueda cobrar el 50 % y destinar el otro 50 % a la deuda, y es una pensión de 780 euros, se quedaría con 390 euros para vivir, lo que, evidentemente, es mejor que no recibir la prestación por jubilación. Pero creemos
que se podrían adoptar las medidas pertinentes para que los autónomos con derecho a pensión que tengan deudas con la Seguridad Social puedan disfrutar de la percepción de la prestación destinando un porcentaje progresivo del 25 %, 30 % y 50 % a la
amortización de la deuda, estableciéndose tramos en función de las variables



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en cada caso, de las deudas y de la prestación que corresponda, y todo con el objeto de compatibilizar el disfrute de una prestación digna para subsistir y saldar la deuda con la Seguridad Social.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.


El portavoz del Grupo Parlamentario Bildu no se encuentra en la sala, como tampoco el del Grupo Parlamentario Vasco.


Tiene la palabra el señor Gutiérrez por parte del Grupo Ciudadanos.


El señor GUTIÉRREZ VIVAS: Gracias, presidente.


Los trabajadores autónomos son uno de los colectivos que más acusan la pérdida de poder adquisitivo cuando acceden a la jubilación, en primer lugar porque las cuantías en la gran mayoría de los casos no se acercan a la renta percibida
durante su etapa en activo debido al sistema de cotización, y, para aquellos que no han tenido una carrera profesional estable o han sido golpeados duramente por las sucesivas crisis, porque finalmente no han conseguido acumular los derechos
suficientes como para percibir una jubilación suficiente. El propio artículo 47 establece que aquellos trabajadores que no estén al corriente de sus pagos a la Seguridad Social pueden optar a un plan de aplazamiento, que desde su aprobación
habilitaría al afectado a percibir su pensión siempre y cuando cumpla con las condiciones del aplazamiento. El problema es que el Decreto 2530/1970 establece que ese plazo sea de treinta días, un plazo que nosotros consideramos totalmente
insuficiente en muchísimas situaciones, dependiendo además de la cuantía de la deuda. Lo que deberíamos evaluar es si estos aplazamientos se producen y si son lo suficientemente flexibles como para suponer una verdadera oportunidad para devolver
las deudas que se han adquirido. Creo que ahí tenemos, señorías, margen de mejora, y deberíamos explotarlo. De nuevo, esta situación denota una falta de realismo por parte de la Administración. Esta situación también se da en otros ámbitos, como
en el concursal, sobre el que llevamos incidiendo en los últimos meses para que los pagos a la Administración no supongan una absoluta paralización de la actividad ni que tampoco impida a los trabajos autónomos disfrutar de los derechos que han ido
adquiriendo a lo largo de sus años de trabajo.


Por todo lo anterior, votaremos a favor de esta proposición.


Gracias, presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Gutiérrez.


El Grupo Parlamentario Republicano no va a intervenir.


Por el Grupo Socialista, tiene la palabra la señora baños.


La señora BAÑOS RUIZ: Gracias, presidente. Buenas tardes.


Señorías del Grupo Popular, reza un conocido refrán que obras son amores, y no buenas razones. Hoy presentan ustedes una PNL en la que presumen de su amor por los autónomos y la relación que estos mantienen con la Seguridad Social. Yo no
voy a entrar en sus sentimientos más íntimos, pero permítame que les diga que en este tema amor habrá, pero ideas pocas, y obras ninguna. Y no será porque no han tenido tiempo y oportunidades; sin ir más lejos, recientemente siete años
consecutivos en el Gobierno para poder hacerlas, pero fue tiempo perdido. Y con respecto a lo que nos traen hoy aquí, sinceramente, podrían haber sido más creativos y más serios, señorías.


Este es un momento en el que el Gobierno está dando pasos agigantados hacia un objetivo que hasta hace muy poco parecía mítico, la homologación de los autónomos con los trabajadores del Régimen General. En los primeros meses del Gobierno,
en 2018 ampliamos los derechos del colectivo al universalizar la protección por contingencias profesionales y cese de actividad, y ha sido gracias a esos cambios legislativos por lo que, con la llegada de la pandemia y como consecuencia del cese de
la actividad empresarial, se han concedido cerca de 10 000 millones de euros en ayudas y exoneraciones de cuota, ayudando así a más de un millón y medio de autónomos.


Ahora, señorías, estamos en lo que tenemos que estar. Toca seguir trabajando para eliminar la brecha que existe entre las pensiones de los autónomos y el resto trabajadores. Como ustedes saben, esto tiene que ver con la cotización, y ahí
es donde estamos ajustando para que haya una cotización acorde con los ingresos reales, lo que a su vez dará lugar a una mejora en su pensión. Este es el trabajo que toca ahora, señorías, estos son los grandes retos que el colectivo espera de todos
nosotros, y a esto es a lo que les invito a que ustedes se sumen, a mejorar el sistema, fortalecer la Seguridad Social para ampliar la



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protección, y no andar en cuestiones como la que plantean con esta iniciativa, que lo único que hace es debilitar la sostenibilidad de la Seguridad Social, porque cuando se daña la Seguridad Social se pone en riesgo el futuro de las
pensiones. Además, respecto a lo que ustedes pretenden con su PNL, saben muy bien que ya el sistema prevé válvulas de escape ante este tipo de situaciones para aquellos autónomos que tengan alguna dificultad en el pago de las cuotas. Ahora toca
hablar de una mejora de su futura pensión, no de estas cosas que nada aportan a la mejora de su sistema de protección social.


Por tanto, les pediría que se sumaran a esta labor que está haciendo el Gobierno de España y que estamos haciendo en el Grupo Socialista o que, en su caso, la complementen. Con propuestas como la de hoy lo único que logran es un daño a la
Seguridad Social y a los propios trabajadores. Lo que hay que hacer, señorías del Partido Popular, es proteger la Seguridad Social, hacerla más justa, más equilibrada, más accesible. Detrás de este sistema está el amparo a millones de pensionistas
y millones de trabajadores, y no hay que debilitarlo. Por tanto, señorías del Partido Popular, están invitados a sumarse a la labor del Gobierno, ayuden. Estamos en una época de grandes cambios en la relación de los autónomos con la Seguridad
Social, trabajando con diálogo social, con acierto. Si quieren unirse, gustosamente nosotros les haremos un hueco, pero con cosas serias, por favor, no con estos brindis al sol, que solo buscan el aplauso fácil de algunos. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Baños.


- RELATIVA A IMPULSAR LA CERTIFICACIÓN DE LAS RETRIBUCIONES DE LAS PERSONAS TRABAJADORAS ENCUADRADAS EN EL SISTEMA ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO CONFEDERAL DE UNIDAS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-GALICIA EN
COMÚN. (Número de expediente 161/000819).


El señor PRESIDENTE: Pasamos a la siguiente proposición no de ley, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos, relativa a impulsar la certificación de las retribuciones de las personas trabajadoras encuadradas en el sistema
especial de empleados del hogar.


Para defenderla, tiene la palabra el señor Alberto Rodríguez.


El señor RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Gracias, presidente.


Como saben, el Sistema Especial para Empleados del Hogar está integrado en el Régimen General de la Seguridad Social desde el año 2012, y, con carácter general, son las personas empleadoras quienes deben causar el alta en el mismo a las
personas empleadas y abonar las cotizaciones que las corresponden. Los rendimientos obtenidos por las personas empleadas para el servicio doméstico son rendimientos del trabajo y, si el trabajador o la trabajadora están obligados a presentar la
declaración del impuesto sobre la renta de las personas física, el IRPF, como todos conocemos, deberán incluirlos en su declaración de la renta. Ahora bien, como quien abona esos rendimientos es la persona física, que no desarrolla una actividad
empresarial ni profesional, el pagador no está obligado a realizar retenciones a cuenta del IRPF, aunque sí a descontar la parte de la Seguridad Social que corresponda al empleado o la empleada. La ausencia de obligación de retener a cuenta del
IRPF llevó a la Dirección General de Tributos a considerar que el empleador tampoco debe emitir un certificado de retenciones ni hacer declaraciones relacionadas con las retribuciones que abona al empleado del hogar, o, más bien, empleada, porque la
mayoría son mujeres.


Así las cosas, muchas personas empleadas del hogar integradas en el Sistema Especial de la Seguridad Social manifiestan tener problemas a la hora de hacer su declaración de la renta y necesitarían contar con una declaración de retribuciones
por parte de su empleador para facilitar sus obligaciones fiscales o trámites de cualquier otro tipo. En este sentido, se debería regular la obligación del empleador de suministrar tanto el salario anual abonado al empleado o empleada del hogar,
como el importe ingresado en la Seguridad Social en su nombre si el trabajador o la trabajadora así lo solicita.


El objetivo de esta iniciativa no es otro que adoptar las medidas necesarias para que las personas trabajadoras integradas en el Sistema Especial para Empleadas del Hogar de la Seguridad Social que así lo soliciten reciban obligatoriamente
de su empleador una declaración de retribuciones que contenga al menos el salario anual percibido y el importe que se ha ingresado en la Seguridad Social en su nombre. Esto supondría un gran avance para el sector, dado que se podría cuantificar por
parte de la persona trabajadora cuánto ha percibido de uno o varios empleadores, situación que ocurre muy a menudo en el sector, y además serviría para cuantificar estadísticamente la importancia del sector y poner en valor el



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trabajo de los empleados del hogar, muchas veces invisible y mayoritariamente desarrollado por mujeres, muchas de ellas migrantes, en condiciones de precariedad e indefensión también en múltiples ocasiones.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Rodríguez.


Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Cabezón para defender la enmienda.


El señor CABEZÓN CASAS: Muchas gracias, presidente.


Señorías, en el Partido Popular tenemos claras dos cosas, que es muy fácil hablar de lo que no se conoce y que las buenas intenciones, si se construyen mal, acaban mal. La PNL que debatimos hoy es un ejemplo claro de esto que les decía. El
partido que presenta esta iniciativa jamás ha hecho nada por crear un puesto de trabajo ni conoce lo difícil que es generar empleo o las trabas que hay que sortear para crearlo. Además, tienen tantos prejuicios trasnochados que no son capaces de
pensar en qué es lo mejor para los trabajadores integrados en el Sistema Especial para Empleados del Hogar ni para los empleadores. Este Gobierno y, muy particularmente, el Grupo Podemos piensan que quien contrata una ayuda en las tareas domésticas
son millonarios y explotadores. Y ustedes, que viven anclados en el pasado -permítanme que se lo diga-, siguen pensando a día de hoy que las empleadas de hogar son personas vestidas de negro y con cofia en la cabeza.


Pero no, señores de Podemos, la mayoría de los españoles no podemos permitirnos a una asesora pagada por la Administración con un sueldo de nivel 30 para ayudar en casa. (Aplausos). La gran mayoría de quienes cuentan con ayuda doméstica es
gente que, con gran esfuerzo personal, necesita a alguien que colabore en las tareas de la casa, porque sus largas jornadas de trabajo no le permiten lo contrario. Es la familia que madruga mucho y en la que ambos padres trabajan para llegar a fin
de mes sin poder llevar a sus hijos hasta la guardería o el colegio, es la hija que tiene padres mayores y que quiere que estén bien cuidados mientras ella está fuera y es gente que ve cómo, por culpa de un Gobierno ineficaz y preocupado solo de su
imagen, la Administración no ayuda ni facilita la creación de estos empleos. Esto, claro está, en Podemos no lo conocen. Ellos son más de tener a su ayuda doméstica sin dar de alta, sin generar derechos sociales y sin permitir que la
Administración la dé el respaldo que necesita. Si no, que pregunten por su experiencia al señor Echenique, que terminó condenado por el Tribunal Supremo.


Hoy traen una iniciativa que, persiguiendo un fin que puede ser bueno, la rodean de complicaciones para quienes crean los puestos de trabajo. Señorías, poner trabas o pegas administrativas a los empleadores lo único que hace es destruir
puestos de trabajo y fomentar el empleo sumergido. El fin es importante, pero los medios también, y esto se lo acaba de decir el Banco de España. Nuestro banco central acaba de decirles que por un fin bueno se limitó el crecimiento y se
destruyeron entre 100 000 y 180 000 empleos. Además, el empleo doméstico fue uno de los sectores especialmente perjudicados.


Señorías, hay que hacer cosas buenas, pero también es importante hacerlas bien, porque más obstáculos significa menos empleos. Por ello, mi grupo propone que cuando las personas del Sistema Especial para Empleados de Hogar precisen de
información autenticada de la que ya dispone la Administración, sea esta la que facilite los datos que resulten necesarios para cualquier trámite ante la propia Administración o terceros tanto a través de las oficinas presenciales de la Seguridad
Social como a través de las herramientas digitales, como Tu Seguridad Social o la propia sede electrónica de la Seguridad Social. Se debería poder disponer de información relativa a salario y cotización de todos los trabajadores sin trasladar otra
carga más a quien contrata. ¿Usted se imagina a mi abuela, que tiene una empleada del hogar, haciendo un certificado y exigiendo un certificado a sus trabajadores? ¿No quiere usted dar garantías a las empleadas del hogar y que sepan si están dadas
de alta en Seguridad Social y por cuánto están cotizando? Entonces, que sea la propia Administración la que dé estos datos, que ya obran en su poder.


Por ello mi grupo propone una enmienda en este sentido: más empleo y de más calidad, sí; más trabas que limiten la creación de puestos de trabajo y la economía sumergida, no, porque el PP sabe que el empleo es dignidad y esperanza, y este
es, ha sido y será siempre el sentido de nuestro voto.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Cabezón.


Por parte del Grupo Ciudadanos, tiene la palabra el señor Gutiérrez.



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El señor GUTIÉRREZ VIVAS: Gracias, presidente.


La proposición que nos trae el Grupo Parlamentario de Unidas Podemos es, creemos nosotros, un granito en medio de un problema de grandes dimensiones, que ningún Gobierno ha conseguido solucionar hasta ahora. En este caso contarán con
nosotros para solventar este problema formal que facilitaría la vida a aquellas empleadas del hogar que trabajan de forma regular. Sin embargo, esta no es una situación generalizada, y ese es el problema que debemos intentar solventar. No podemos
asumir un marco laboral que excluye a las empleadas del hogar por diferentes motivos: el primero, por la excesiva precariedad de este colectivo, con salarios muy bajos, que hace que los costes de las cotizaciones sociales y la tributación del IRPF
sean cantidades irrenunciables para las trabajadoras y puede llevar a sus empleadores a prescindir del servicio, y, por otro lado, encontramos las barreras burocráticas que impiden una fácil y rápida gestión para el establecimiento de la relación
contractual formal.


Votaremos a favor de esta proposición porque es cierto que no podemos ignorar el marco regulatorio que tenemos, pero desde el Grupo Parlamentario Ciudadanos no nos conformamos con solucionar pequeñas deficiencias de un sistema que no
funciona. Por ello, queremos aprovechar esta iniciativa del Grupo Parlamentario de Unidas Podemos para hacer un llamamiento al Ministerio de Trabajo y al resto de grupos para que entre todos podamos emprender una verdadera reforma del Sistema
Especial para Empleados del Hogar que les permita regularizar su trabajo de forma general y además reduzca la precariedad y la desprotección que sufre este colectivo.


Gracias, presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Gutiérrez.


Por Grupo Parlamentario Republicano tiene la palabra la señora Carvalho.


La señora CARVALHO DANTAS: Gracias, señor presidente.


En el Grupo Parlamentario Republicano estamos de acuerdo con la PNL de Unidas Podemos, agradecemos incluso su registro porque también es una instancia nuestra desde hace muchísimo. Sin embargo, compañeras de Unidas Podemos, estarán ustedes
de acuerdo conmigo en que desde el Poder Legislativo debemos hacer más y mucho más por este tema. Según Comisiones Obreras, de las 600 000, 700 000 personas ocupadas en el sector del trabajo del hogar, solo unas 400 000 están dadas de alta en la
Seguridad Social, lo que supone que un tercio del total está en la economía informal, el 35 %. Además, se trata de un colectivo claramente feminizado, el 98 % son mujeres, con peso muy importante de población extranjera, en torno al 40 %, buena
parte de la cual no tiene autorización administrativa, es decir, está sin papeles.


Por otro lado, las trabajadoras del hogar no tienen la misma cobertura de derechos laborales y prestaciones sociales que el resto de las personas asalariadas: ni el desempleo ni protección en salud laboral ni respecto a la negociación
colectiva ni en referencia a que los empleadores puedan cogerse a tramitación de expedientes de regulación de empleo, etcétera. Muchas trabajan en la economía informal, sin estar dadas de alta, y están sobreexpuestas a la discontinuidad, con las
consecuencias de añadir barreras para su acceso a la pensión de jubilación, al tiempo que, en general, quedan más expuestas a situaciones de abuso, que pueden manifestarse en salarios más bajos, jornadas extenuantes, acoso sexual, etcétera, así como
ante riesgos de contagio y enfermedad en el caso de la pandemia del COVID.


Estas condiciones afectan también a las personas extranjeras, que tienen mayores dificultades para poder renovar sus autorizaciones de residencia y trabajo por la temporalidad y parcialidad que definen a este sector. En este sentido, la
situación de irregularidad administrativa de muchas de estas trabajadoras añade una mayor precariedad e indefensión en lo que se refiere al cumplimiento de las condiciones laborales aplicables al sector, lo que conlleva situaciones de explotación
laboral cercanas a la semiesclavitud, y no es la primera vez que hablo de semiesclavitud aquí.


Desde el Grupo Republicano consideramos absolutamente imprescindible y urgente la flexibilización de las condiciones de acceso a la regularidad administrativa para las trabajadoras y trabajadores que desarrollen tareas de cuidados en
domicilios particulares. También urge, y esto es importantísimo, la ratificación del Convenio 189 de la OIT, sobre el trabajo decente para las trabajadoras y los trabajadores domésticos, que conlleva la dignificación del sector y la equiparación
real de las trabajadoras y los trabajadores del hogar al resto de trabajadores y trabajadoras del Régimen General de la Seguridad Social.


Por tanto, votaremos a favor de esta PNL.


Muchas gracias.



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El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Carvalho.


Por el Grupo Parlamentario VOX tiene la palabra el señor Aizcorbe.


El señor AIZCORBE TORRA: Muchas gracias, señor presidente.


La verdad es que esta proposición no de ley nos parecería digna y acertada si no hablase de la obligatoriedad del contratante. Coincidimos con la enmienda del Partido Popular en que la Administración debe facilitar y dar posibilidades a los
empleadores y a los empleados del hogar para que puedan tener las certificaciones de los ingresos que se realizan. Efectivamente, no estamos hablando de legalización de personas extranjeras, sino de que se diga lo que cobra un empleado de hogar.
Los certificados se hacen de forma voluntaria, pero obligar a personas que no tienen conocimientos, que no son empresarios a esa obligatoriedad no nos parece correcto. Así pues, hay que buscar mecanismos con los que exista la seguridad jurídica de
que estos empleados o empleadas de hogar, efectivamente, tienen la posibilidad de poder acceder, a instancia de parte, a través de la Administración y que esta facilite todos los datos. Y si hay una situación irregular, hay que denunciarla; y si
alguien está trabajando de forma ilegal, también hay que denunciarlo. O sea, aquí estamos hablando del estatuto, de las personas, de los empleados del hogar en unas circunstancias en que existe una intuitu personae, una confianza entre el empleador
y el empleado que, como se ha dicho antes, hace que el empleador no sea el empresario ad hoc y se faciliten las cosas a los empleados de hogar para que puedan tener la certeza y las ventajas de obtener esas certificaciones acudiendo a la
Administración, ya sea de forma telemática o de forma presencial.


Por eso, entendiendo que parecería una propuesta digna, no podemos apoyarla en su totalidad precisamente por ese concepto de obligatoriedad, sin tener en cuenta las características propias del tipo de empresariado o contratador del que
estamos hablando.


Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Aizcorbe.


Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Crespín.


La señora CRESPÍN RUBIO: Gracias, presidente. Seré muy breve.


El Grupo Socialista votará a favor de esta iniciativa, cuyo objetivo es facilitar y ayudar en la gestión del ejercicio exigido a muchas empleadas del hogar en la declaración de la renta. Es una iniciativa concreta y específica dirigida a
ayudar y facilitar en sus obligaciones fiscales o trámites de cualquier otro tipo. Por tanto, esta iniciativa tiene el apoyo de este grupo, como lo han tenido siempre cada una de las medidas impulsadas para mejorar las condiciones laborales,
sociales y salariales del colectivo de empleadas del hogar. Queremos reconocer hoy una vez más el papel de este colectivo y el trabajo que siempre realiza, pero especialmente y con más dificultades durante la pandemia, como uno de los servicios
esenciales, no exento de enorme problemática.


Por ello, este Gobierno, con el Real Decreto 11/2020, de 31 de marzo, recogió en su artículo 30 ayudas extraordinarias ante la falta de actividad y la situación de vulnerabilidad que afectaba a más de 380 000 personas afiliadas al Sistema
Especial para Empleados del Hogar. Reconocimiento y compromiso, señorías, para uno de los sectores más feminizados, con más desigualdad en cuanto a estabilidad y lagunas de cotización que dificultan el acceso a una protección adecuada. Y este
compromiso nos obliga también a la ratificación del Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo, en el justo avance de la igualdad laboral y salarial de este colectivo, así como un nivel de protección adecuado. Igualmente, llevamos
ese compromiso al informe de evaluación y reforma del Pacto de Toledo, que en su Recomendación 17, Mujeres y Seguridad Social, pone el acento en la corrección de los aspectos que lesionan la cotización y en la eliminación de los elementos
diferenciales respecto del régimen general ordinario.


El Grupo Parlamentario Socialista, como siempre, al lado del colectivo de las empleadas del hogar. Señorías, debemos proteger y ayudar a quienes ayudan y cuidan. Y, señor Cabezón, cuando hay buena intención todo debe salir bien.


Muchísimas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Crespín.



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- RELATIVA A CREAR UN FONDO ESPECIAL PARA LA ATENCIÓN DE LA INMIGRACIÓN IRREGULAR DESTINADO A LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS Y A LOS AYUNTAMIENTOS. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/001415).


El señor PRESIDENTE: Pasamos a la siguiente proposición no de ley, del Grupo Parlamentario Popular, relativa a crear un fondo especial para la atención de la inmigración irregular destinado a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos.


Para defender la PNL tiene la palabra el señor Ortiz.


El señor ORTIZ GALVÁN: Gracias, presidente.


Señorías, el artículo 149.1.2.ª de la Constitución española dice de manera clara: 'El Estado tiene la competencia exclusiva sobre las siguientes materias: nacionalidad, inmigración, emigración, extranjería y derecho de asilo'. Es muy
importante esta regulación que hace la Constitución de la competencia migratoria para defender la proposición no de ley que presentamos desde el Grupo Popular, aunque no sé si esta referencia a la Constitución tendrá mucha relevancia para el Grupo
Socialista a la hora de decidir su voto, teniendo en cuenta que en el día de hoy su Gobierno ha indultado a nueve golpistas independentistas, los mismos que atentaron contra el artículo 2, que dice que la Constitución se fundamenta en la indisoluble
unidad de la nación española, patria común e indivisible de todos los españoles.


La Constitución tiene que ser siempre nuestro marco de referencia, y en materia migratoria también. Por eso, al ser una competencia exclusiva del Estado, defendemos la puesta en marcha de un fondo económico por parte del Gobierno destinado
a las comunidades autónomas y ayuntamientos de zonas con fuerte presión migratoria. Es de sentido común -lo extraño es que no esté creado-, y así lo defendemos desde el Grupo Parlamentario Popular, al igual que lo propusimos vía enmienda a los
presupuestos generales del Estado, con el voto en contra de PSOE y Podemos.


Señorías, a hora de defender esta PNL, que pretende ayudar económicamente a las comunidades autónomas, pueblos y ciudades afectadas por la presión migratoria, tenemos como aliada a la Constitución. No se puede pretender que gobiernos
locales y regionales destinen dinero de sus propias competencias a otras que no lo son. Se trata de poner fin a lo que siempre digo: en materia migratoria, el Gobierno de izquierdas siempre invita y otros pagan. Esto no puede seguir así ni un
minuto más, y el defensor del pueblo español en su reciente informe sobre la crisis migratoria en Canarias también lo defiende al decir que no es razonable que los servicios de protección canarios asuman en solitario el efecto que ello supone,
solicitando, además, que cada Administración asuma sus competencias, que en este caso es estatal, manifestando que la dispersión de competencias en materia de gestión migratoria entre los propios ministerios y el Estado, comunidades autónomas y
ayuntamientos explica las carencias de coordinación en materia de migración.


La Constitución es clara, el defensor del pueblo lo exige y aconseja, pero es que hay más aliados de este fondo extraordinario que solicita el Grupo Popular. Estos les van a sorprender aún más, son alcaldes y alcaldesas de Barcelona,
Valencia, Cádiz, Lleida, Valladolid, San Sebastián, Palma de Mallorca y Tarrasa, todos ellos de Podemos o del PSOE, junto a todos los alcaldes, evidentemente, del Partido Popular, que venimos solicitando desde finales de 2018 un fondo extraordinario
económico ante la insuficiencia de recursos para atender a los migrantes, ya que las ciudades seguimos afrontando solas las crisis de emergencia que impactan sobre nuestros servicios municipales, sin ser de nuestra competencia, sino una cuestión del
Gobierno central, cuando, como critican estos representantes municipales, este fondo fue un compromiso surgido del pacto de Gobierno entre PSOE y Podemos, aunque sin dotación en los presupuestos generales del Estado.


Señorías socialistas y de Podemos, ¿ven bien que un ayuntamiento con pocos recursos como el de Barbate, en mi tierra, Cádiz, tenga que abonar los entierros de los migrantes que fallecen cruzando el Estrecho, ante la falta de respuesta del
Gobierno? ¿Ven bien que un ayuntamiento como el de Algeciras tenga que afrontar en solitario el coste de abrir pabellones, con los consiguientes gastos en limpieza, atención, alimentación y seguridad? ¿Ven bien que un ayuntamiento pequeño como el
de Moya, en Gran Canaria, tenga que destinar un colegio para acoger a menores no acompañados, afrontando, además, los gastos mensuales de suministros y privando a sus vecinos de este equipamiento porque el Gobierno no ofrece espacios? ¿Ven bien que
ciudades como Ceuta destinen varios millones de euros anuales, cantidad que este año será mayor por la actual crisis hispano-marroquí, para atender a la llegada de migrantes



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irregulares, con numerosos gastos de atención humanitaria? Es un dinero que corresponde a los ceutís, que pagan sus impuestos para la mejora de los servicios públicos de la ciudad, y no para cuestiones migratorias, insisto, competencia del
Estado. ¿Ven bien que a día de hoy Melilla no sepa cómo recuperar la plaza de toros, totalmente destrozada tras ser destinada a centro de acogida de migrantes, un espacio cultural de la ciudad que estaba en perfecto estado y que se habilitó a tal
fin tras la negativa del Gobierno a abrir espacios de su titularidad, quitándosela durante este año y medio a los melillenses y ahora en un pésimo estado? ¿Quién lo va a pagar, también Melilla? ¿O ven bien que las comunidades autónomas,
completamente desbordadas por la pandemia sanitaria, por lo que han tenido que aumentar el gasto en recursos humanos y materiales para sus servicios públicos de salud, hayan tenido que destinar fondos que no las corresponden para atender a
migrantes? Comunidades autónomas y ayuntamientos asumiendo competencias en migraciones, cuando es un asunto exclusivo del Estado, de un Gobierno que no pone fin a la migración irregular. Los datos lo confirman, el año pasado llegaron en España 41
000 migrantes irregulares, y en lo que va de año un 140 % más respecto al 2020.


Concluyo, presidente. Es urgente la puesta en marcha de este fondo extraordinario que solicitamos desde el Grupo Parlamentario Popular. Los ayuntamientos y comunidades autónomas afrontan a este fin gastos restando recursos públicos de sus
propias competencias. Con la migración irregular, el Gobierno invita; invita, pero no paga. ¿Y quién gana? Las mafias, como siempre. Aprueben este fondo, por favor, señorías de PSOE y Podemos. Todos lo defendemos. No se queden solos.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ortiz.


Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor Gutiérrez.


El señor GUTIÉRREZ VIVAS: Gracias, presidente.


Podemos adelantar que vamos a votar a favor de esta proposición no de ley del Grupo Popular, aunque no sería la que nosotros hubiésemos presentado.


El primer problema que encontramos cuando nos acercamos al asunto de la inmigración y las olas de llegadas de inmigrantes a nuestras costas es que nuestro sistema no está preparado para ello, y la incomparecencia del Ministerio de Inclusión,
Seguridad Social y Migraciones ha hecho que la situación se agrave todavía más en territorios como Canarias. La dejación de funciones del ministerio, la falta de capacidad de los servicios de atención, la inexistente coordinación entre las
comunidades autónomas y la paralización de todo el tráfico aéreo hizo que se desbordaran todos los servicios de las islas. La solución, creemos nosotros, es reformar el sistema de atención y acogida y los servicios de extranjería, así como
fortalecer la coordinación entre las administraciones públicas para que el sistema sea, cuándo y dónde sea, capaz de responder de una forma eficiente y garantizando siempre la dignidad de las personas que llegan a nuestras costas. El fondo que
propone el Partido Popular creemos que no es una solución al problema estructural, es más bien una respuesta resignada a una situación que no parece que vaya a cambiar si no hay una acción eficaz del Gobierno.


Gracias, presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Gutiérrez.


Por el Grupo Parlamentario Confederal, tiene la palabra el señor Rodríguez.


El señor RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Muchas gracias, presidente.


El trasfondo de la iniciativa quizá sería interesante. Evidentemente, es un tema que ha estado de actualidad y que lo seguirá estando siempre, porque los flujos migratorios no se detienen. Este debate político de profundidad sería posible
si no estuviera recubierto de un cinismo y de una hipocresía tremendos, porque el partido que trae aquí esta iniciativa durante todos los años que estuvo gobernando recortó hasta el infinito cualquier clase de recurso de acogida, cualquier
herramienta que nuestro país tuviera para evitar las vulneraciones de derechos humanos. Ahora nos trae esta iniciativa, cuando, para más inri si cabe, en las situaciones vividas en los últimos meses en Canarias, en las que hemos tenido que afrontar
la llegada de miles de personas en situaciones muy precarias y la sociedad canaria y las instituciones canarias hemos tenido que afrontar la gestión y la garantía de derechos de casi 3000 niños y niñas, de casi 3000 menores, lo que hemos recibido
del Partido Popular, que es un partido que gobierna en muchísimas instituciones tanto autonómicas como locales, ha sido insolidaridad y deslealtad.



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El ejemplo más paradigmático de esto -y con esto termino, porque el debate no se sostiene más- es que la propia Comunidad de Madrid, la capital de este país, un territorio con casi seis millones de habitantes, comunicó a las instituciones
canarias que ellos tenían 280 plazas -repito, un territorio de casi seis millones de habitantes tenía 280 plazas- y que lo sentían mucho pero que el problema de Canarias se lo arreglara Canarias. Mientras, evidentemente, les parecía buenísima idea
gobernar con quien usa los espacios públicos de ese territorio para hacer campañas de odio, racismo y xenofobia contra estos menores que vienen. Esta es la aportación que ha hecho la derecha política y mediática de este país para garantizar los
derechos humanos de las personas que vienen, en concreto, de los niños y las niñas. Por eso resulta cínico e hipócrita que traigan una iniciativa de este tipo, como la que estamos debatiendo hoy, que, por supuesto, va a contar con nuestro voto en
contra, como no podía ser de otra manera.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Rodríguez.


Por el Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra la señora López Álvarez.


La señora LÓPEZ ÁLVAREZ: Gracias, presidente.


Por la fecha de registro de la PNL que hoy trae el Grupo Popular a esta Comisión -es de septiembre de 2020, casi un año después-, los acontecimientos a los que se refiere como un agudo repunte en la llegada de pateras, se han convertido en
una situación dramática en los casos de Canarias y de Ceuta y también en los casos de Murcia o Almería; es más, a fecha 17 de junio, hace unos días, todas las rutas de la inmigración ilegal estaban activas, algo que no ocurría desde 2018, con
llegadas a Baleares, Alicante, Murcia, Almería, Granada, Málaga, Cádiz o Canarias, donde en tres días llegaron 300 ilegales en pateras, mientras que en Melilla hubo un intento de asalto a nuestra frontera y, según los datos de la Organización
Internacional para las Migraciones, un total de 9790 inmigrantes ilegales han entrado en Ceuta y Melilla por vía terrestre en lo que llevamos de año, unos datos que, por cierto, oculta el Gobierno. Pero la solución que hoy quiere sacar adelante el
Partido Popular es más bien seguir incentivando el efecto llamada a la inmigración ilegal. Ha justificado el Partido Popular que esta partida iría para la recuperación de, por ejemplo, la plaza de toros de Melilla. Señor Ortiz, ustedes no hablan
de recuperar lo destrozado a causa de la inmigración, como ha pasado con el polideportivo de Santa Amelia en Ceuta; ustedes hablan de un fondo para la ayuda social a la inmigración, como, por ejemplo, para montar y organizar dónde ubicar a tanto
inmigrante. Crear un fondo especial para la atención a la inmigración irregular para autonomías cuyos servicios de acogida se encuentren desbordados, como propone el Partido Popular, es incentivar el efecto llamada, porque ese dinero seguirá
llegando a los traficantes y a las asociaciones colaboradoras de las mafias.


El Gobierno de España no puede seguir siendo cómplice o cooperador necesario de la tragedia que provoca que miles de personas sean víctimas del tráfico de vidas. Ahora el Partido Popular nos invita a que apoyemos con un fondo especial a las
autonomías que darán ese dinero a las ONG para que se hagan cargo de los cientos y miles de inmigrantes que han llegado a ellas a causa de la política de puertas abiertas de este Gobierno, el Gobierno de las cumbres bilaterales de treinta segundos y
el Gobierno de pocas cosas más que feminismo y cambio climático, y además, cosas mal explicadas.


No cuenten con que VOX sea cómplice de este Gobierno de tráfico de personas, porque no vamos a blanquear las muertes de las que son colaboradores el propio Gobierno y las organizaciones tratando de blanquear la inmigración ilegal. Y ya no
lo decimos solo nosotros. La Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas, Frontex, ha abierto una investigación para determinar si algunas ONG colaboran activamente con las redes de tráfico ilegal de inmigrantes que operan entre el norte de
África y las costas europeas. Es prudente Frontex y habla de 'algunas'. Yo sé que todos aquí sabemos la verdad, y no son solo algunas, y lo que ahora investiga la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas es una realidad con la que
tenemos que acabar.


Miren, el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, por ejemplo, anunciaba a principios de junio que Ceuta recibirá en los próximos meses unos 10 millones de euros de ayudas europeas para gestionar la situación tan grave que
sufre la ciudad tras la invasión sufrida por parte de más de 10 000 inmigrantes en mayo, cuando Ceuta sigue estando invadida en todas sus calles por menores extranjeros y adultos que han montado campamentos ilegales en zonas de campo y en el puerto.
Pero, ¿saben?, Ceuta no vale 10 millones de euros, Ceuta no tiene precio; la seguridad de los ceutíes no tiene precio; la tranquilidad de los ceutíes no tiene precio; la situación dramática que viven cada día los camioneros, que se encuentran
desprotegidos ante los inmigrantes que se intentan colar en sus camiones con destino a la península, no



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tiene precio, y para colmo ustedes le están poniendo precio a la atención a la inmigración para estimular aun más el efecto llamada de redes criminales. También Canarias recibe dinero. Más de 43 millones de euros aprobó la Comisión Europea
dar adicionalmente a España para abordar las necesidades de las islas Canarias por el alto número de llegadas de inmigrantes irregulares este año. La semana pasada podíamos leer en la prensa que las llegadas a Canarias han aumentado más del 5400 %
tras la llegada de Pedro Sánchez, esto es, desde 2017 a 2020. El flujo de llegadas ilegales a las islas Canarias ha pasado de las 418 con las que cerró 2017 a las más de 23 000 registradas en 2020, y tampoco Canarias vale 43 millones, ni su
tranquilidad ni su turismo frustrado por tanta avalancha vale 43 millones de euros, como tampoco lo vale que los inmigrantes se dejen la vida en esa ruta, en la más peligrosa del mundo.


Las autonomías no necesitan ningún fondo adicional, porque la competencia en inmigración es estatal y el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ya se encarga de sobra de seguir regando con dinero a aquellas zonas receptoras
incesantes de inmigración, a mayor gloria de los socialcomunistas de este Gobierno, cuando lo que hay que hacer es invertir en defensa para la permanente presencia del Ejército en nuestras fronteras.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la señora Ramón, por el Grupo Parlamentario Socialista.


La señora RAMÓN UTRABO: Gracias, presidente. Buenas tardes, señorías.


El Partido Popular nos presenta hoy una proposición no de ley que llega tarde en el tiempo y que, por tanto, ignora el trabajo que este Gobierno de coalición ha venido realizando, pero lo cierto es que, desgraciadamente, el Partido Popular
siempre llega tarde en lo que a política social y migratoria se refiere. Y es que el primer Gobierno socialista se encontró con un total abandono de la política migratoria, con una total falta de recursos humanos y económicos y una falta de
infraestructuras adecuadas de mando para hacer frente al reto de la movilidad humana. En tan solo tres años, y con una pandemia de por medio, el Gobierno liderado por Pedro Sánchez ha iniciado una política integral sobre el fenómeno migratorio que
combina respeto por los derechos humanos de las personas migrantes, cooperación con los países de origen y tránsito, control de la inmigración irregular y lucha contra la trata de seres humanos y políticas de integración.


Resulta cuando menos curioso, señorías, que ustedes presenten ahora esta PNL cuando hace escasas semanas planteaban un chantaje en el seno de la ponencia sobre el fenómeno migratorio que tuvo lugar en el Senado, exigiéndonos -leo
textualmente- reducir el número de plazas de acogimiento permanente de inmigrantes en la Comunidad Autónoma de Canarias, pasando de las 7000 que propone el Plan Canarias del Gobierno a un máximo de 1500 plazas. Este era el requisito previo a
iniciar cualquier debate sobre el texto que los y las compañeras del Senado se encontraban debatiendo.


Señorías, la insuficiencia de instalaciones permanentes de acogida en Canarias en cantidad, calidad y capacidad suficientes creó graves problemas para hacer frente al incremento sostenido de llegadas a partir del segundo semestre del año
pasado. Ello supuso graves retos humanitarios y de asistencia, pero también en términos de imagen pública nacional e internacional, así como la propia preocupación social en Canarias, agravada por la situación de la pandemia. Sabemos hoy que la
generación de nuevas instalaciones de acogida, su acondicionamiento y gestión, llevó un tiempo considerable debido a la complejidad de los procedimientos administrativos y sabemos que no resultaría conveniente que esta situación se repitiera
eventualmente en el futuro. Por tanto, no solo aquí, sino allí donde es necesario este Gobierno ha asumido el coste de habilitar los centros de acogida necesarios para proporcionar una atención humanitaria digna y en condiciones de seguridad.


Asimismo y en defensa del marco competencial descentralizado derivado del orden constitucional, ustedes deberían saber que la competencia en materia de asistencia social recae en las comunidades autónomas y en las entidades locales. Hoy,
señorías, el Gobierno de España sigue trabajando a fin de que, sobre la base del principio de subsidiariedad y con un adecuado respeto al ámbito competencial se incentive a las comunidades autónomas para la atención y abordaje de la realidad
migratoria en un marco compartido que genere mayores eficacias y sinergias.


Señorías, les seguimos esperando con la mano tendida para abordar juntas y juntos la política migratoria con una visión de Estado y adaptada a la realidad vigente. Esta proposición no de ley nos habla de deberes ya hechos y de un pasado que
difícilmente es enmendable. Votaremos en contra.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Ramón.



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- SOBRE LA LIMITACIÓN DEL COMPLEMENTO SALARIAL POR ASISTENCIA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO REPUBLICANO. (Número de expediente 161/001494).


El señor PRESIDENTE: Pasamos a la siguiente proposición no de ley del Grupo Republicano, sobre la limitación del complemento salarial por asistencia. Para la defensa, tiene la palabra su portavoz.


El señor SALVADOR I DUCH: Bona tarda. Gracias, presidente.


La proposición no de ley que presentamos está basada en estudios de grandes sabios sobre el derecho al trabajo, como el señor Josep Arisa. Pretende poner encima de la mesa una injusticia escondida tras un complemento salarial que a priori
parece una mejora de las condiciones de los trabajadores, pero que en la práctica supone una vulneración de derechos, y voy a explicarme.


Estamos hablando del complemento salarial por asistencia. No sé cuántos de los presentes conocían este tipo de complemento o cuántos de ustedes pueden haberlo percibido durante sus vidas laborales, pero realmente son muy habituales. La
mayoría de personas que prestan servicios en puestos de trabajo que no exigen alta cualificación académica tienen algún plus de este tipo. Los complementos salariales por asistencia son definidos por los departamentos de recursos humanos como
mecanismos para combatir el absentismo laboral, es decir, instrumentos de la dirección de la empresa para incentivar a sus trabajadores a no faltar al trabajo. Básicamente consisten en un complemento salarial relativamente alto o muy alto para los
salarios base de los que estamos hablando, de 200, 300 o 400 euros mensuales más, que solo se perciben si no faltas ningún día al trabajo. De entrada no suena mal. En estos momentos de precariedad cualquier suma de dinero es recibida con alegría.
Sin embargo, el hecho de que un trabajador pierda 300 euros de su nómina por faltar un día al trabajo, incluso de forma justificada, repito, de forma justificada, es totalmente retorcido, y les voy a poner un par de ejemplos reales, que no son
inventados, son reales, y que pienso que ilustran y acabarán de convencer a quien no esté convencido. A una persona con un sueldo de 1300 euros al mes, con solo dos años de antigüedad en la empresa, que trabaja reponiendo cajas en los almacenes de
una gran superficie, el pasado mes de julio -es un caso real- le mandaron a casa mareado y con indisposición. Al cabo de tan solo tres días pudo volver al trabajo. Pese a ello, perdió su complemento por asistencia y pasó a cobrar 1100 euros en
lugar de 1300. Otro caso también real, una persona con sueldo de 1450 euros al mes que trabaja de administrativa, que ha ido acumulando responsabilidades y mejorando sus condiciones con los años. Llega un día en que no se encuentra nada bien, está
con fiebre alta y piensa que probablemente se trata de una gripe, sin embargo, no va al médico porque, total, pasar la gripe en casa no le compensa perder 300 euros al mes. La diferencia entre cobrar 1150 y 1450 es enorme o abismal, mucho más de lo
que nunca pueda entender gente que pueda cobrar 3000 o 4000 euros mensuales. En el caso del que les hablo, por suerte, este trabajador no tenía familia a cargo, pero los 300 euros de más o de menos marcaban la diferencia entre gastar todo lo que
ingresaba en la hipoteca y el propio sostenimiento o poder cenar algún día fuera o ahorrar un poquito, es de esto es de lo que hablamos.


Señorías, el complemento salarial por asistencia, tal y como se está aplicando hoy en día en muchísimas relaciones laborales, empuja a los trabajadores a ir a trabajar enfermos y a decidir no disfrutar de los días de permiso que les
corresponden por convenio colectivo. Esto supone una vulneración flagrante del derecho al descanso, a la salud y a la integridad física. Estas vulneraciones de derechos podrían combatirse desde los tribunales, es verdad, se les puede decir que
vayan al tribunal y seguro que ganan, ¿pero acaso no es trabajo de los parlamentarios, de los que aquí estamos, modificar las leyes necesarias para acercarnos a la idea de justicia?


No estamos pidiendo ilegalizar este complemento, sino hacer que no sea aplicable por razones de enfermedad o por el ejercicio de los derechos laborales de los trabajadores. Esquerra Republicana propone hacer los cambios legislativos
necesarios para que la gente nunca tenga que volver a escoger entre acatar las indicaciones médicas en caso de enfermedad y cobrar su sueldo entero. Seamos útiles a la ciudadanía, seamos útiles a la clase trabajadora, que lo llevamos en nuestro
ADN. Estas son las cosas que a nosotros nos importan.


Me gustaría decirles a los compañeros de Podemos y a los compañeros del Partido Socialista que de hecho es un complemento a la derogación del artículo 52.d), por el cual se impedía despedir a personas con enfermedad, si bien aquí decimos que
este tipo de complementos en los casos que se aplican no castiguen de esta manera, tan duramente, a la clase trabajadora. Por eso pedimos que se vote afirmativamente. Y si hay alguna laguna legal, que se nos puede decir, es precisamente el
Ejecutivo -si hiciéramos una ley o si lo proponen ellos mismos- el que lo podrá afinar y hacer lo que haga falta, pero



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creo que estamos poniendo encima de la mesa un tema realmente importante y que podemos solucionar y acercarnos así a esta idea de justicia que es nuestra obligación y llevamos en nuestro ADN.


Muchísimas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Salvador.


Se ha presentado una enmienda a esta proposición no de ley por parte del Grupo Socialista. Para defenderla, tiene la palabra el señor Sánchez Escobar.


El señor SÁNCHEZ ESCOBAR: Gracias, señor presidente.


Permítanme refrescar la memoria, señorías del Partido Popular. El 10 de febrero de 2012, fatídica fecha de la reunión del Consejo de Ministros del Gobierno de Mariano Rajoy, se aprobó la reforma de la legislación laboral en España a través
de un real decreto-ley y se modificó la anterior reforma laboral aprobada en septiembre de 2010. Justo antes de esto el Partido Popular se lanzó a la campaña electoral de entonces con el adjetivo de una campaña proletaria y el súmmum fue la frase
de la secretaria general del Partido Popular, por entonces Dolores de Cospedal, calificando al Partido Popular como el partido de los trabajadores. Vamos, de traca. Y la realidad no es otra que el Partido Popular es el partido que ha dejado sin
derechos a los trabajadores y trabajadoras. Para rematar la faena, el señor Luis de Guindos, ministro de Economía, en febrero de 2012 fue pillado por una cámara mientras le susurraba al oído al comisario europeo de Asuntos Económicos, Olli Rehn,
que el Gobierno iba a aplicar una reforma laboral extremadamente agresiva, quedando claro que el partido de los trabajadores, según Cospedal, mintió a la clase trabajadora.


La reforma laboral del Partido Popular dejó las manos libres a los empresarios para despedir; simplemente con la previsión de tener pérdidas podían despedir. Las empresas ya no necesitaban autorización del Gobierno para poner en marcha
expedientes de regulación de empleo, los ERE, y, además, despedir sería mucho más barato: se acabaron las indemnizaciones de 45 días por año trabajado y pasaron a 20 días, pero con un máximo de doce mensualidades, independientemente de los años que
llevaran en la empresa. Si el trabajador considera que el despido no está justificado, es él quien tiene que ir a los tribunales y demostrarlo, con el consiguiente gasto de la mitad de la indemnización por los nuevos impuestos judiciales.


En el primer año de la reforma laboral del Partido Popular se destruyeron la friolera de 850 000 puestos de trabajo, creciendo el paro en 691 000 personas. A los nueve meses comprendidos entre enero y noviembre de 2012, el número de
expedientes de regulación de empleo se incrementó aproximadamente en un 70 % respecto a las mismas fechas del año anterior. En definitiva, los empresarios se pusieron a despedir a diestro y siniestro, provocando una caída récord de afiliados a la
Seguridad Social y con cuatro millones menos de personas ocupadas que en el periodo 2004-2008. La reforma laboral de Rajoy ha sido mortal para la negociación colectiva. Señorías del Grupo Republicano, desde el punto de vista estrictamente laboral,
ha de señalarse que, de acuerdo con el artículo 26.3 del Estatuto de los Trabajadores, es la negociación colectiva o el contrato individual el que determina los complementos salariales, que se calcularán conforme a los criterios que a tal efecto se
pacten. Por otro lado, el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, regula el derecho a la adaptación de jornada y/o a la reducción de la misma,
necesarios para evitar la transmisión comunitaria del COVID-19. Quiero recordarles que este artículo ha sido prorrogado hasta el 30 de septiembre de 2021.


Es por todo esto, señorías del Grupo Republicano, que a la PNL que ustedes presentan, el Grupo Parlamentario Socialista le ha presentado una enmienda que espero acepten, pues entendemos que en el marco del diálogo social es necesario derogar
los aspectos más lesivos de la reforma laboral de 2012 y, por supuesto, la recuperación de la negociación colectiva, porque entendemos que es pieza fundamental para garantizar unas retribuciones salariales dignas.


Gracias, presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario de Unidas Podemos, tiene la palabra la señora Franco.


La señora FRANCO CARMONA: Muchas gracias, presidente.


Aunque en la realidad se dan casos como los descritos por la proposición no de ley a iniciativa del Grupo de Esquerra Republicana, es cierto que ahora mismo la ley, tal cual está, no permite el descuento



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en pluses de asistencia por causa justificada, sino solo por faltas de puntualidad en algunos casos y en porcentajes del total del salario que no son significativos, aunque, vuelvo a repetir, sí que suceden casos como los que ha descrito el
portavoz del Grupo de Esquerra Republicana. Con este criterio, creemos que lo que se pide en esta proposición no de ley sería posible aprobarlo y remitirlo al estudio del Gobierno con algunos cambios técnicos para que, en las competencias que tiene
el Gobierno, pueda actuar, todo esto teniendo en cuenta que la competencia de establecer pluses u otras estructuras salariales más allá del salario mínimo interprofesional es competencia de la negociación colectiva, ni siquiera solo del empresario,
sino de la negociación colectiva que se establece en convenio colectivo o, en todo caso, en acuerdos individuales. La competencia, repito, como bien dice el Estatuto de los Trabajadores en su artículo 82.3, es de la negociación colectiva. De
hecho, el artículo 82.3 establece en el punto d) que es una de las competencias del sistema de remuneración y cuantía salarial; también en el punto e) habla del sistema de trabajo y rendimiento, o de mejoras voluntarias de la acción protectora de
la Seguridad Social en el punto g), y así podríamos hablar de más cuestiones. Por tanto, creo que la regulación tal y como se plantea no es posible, pero sí sería posible si se modificase con el criterio de un estudio desde la tutela de la no
discriminación, que es una cuestión fundamental de nuestra Constitución, y de la salud laboral, que también es algo fundamental en nuestra Constitución y en el Estatuto de los Trabajadores.


Por tanto, vamos a esperar a que termine el debate, repitiendo de nuevo que estando de acuerdo con el espíritu de esta proposición no de ley de Esquerra Republicana, tal y como está no la podríamos votar a favor por cuestiones de normativa,
es decir, por cuestiones de competencia legal, y por una cuestión básica, que es también el respeto a la negociación colectiva. Pero, bueno, vamos a esperar a que termine el debate, porque es cierto que sería interesante que el Gobierno estudiase
los posibles casos en los que sí hay discriminación o no se estén respetando la salud y la seguridad en el trabajo.


Gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Franco.


Por el Grupo Parlamentario Vox, tiene la palabra el señor Aizcorbe.


El señor AIZCORBE TORRA: Muchas gracias, señor presidente.


No podemos particularizar lo general, y un ejemplo no es la práctica general. Precisamente el complemento de asistencia está pensado para evitar el absentismo laboral, especialmente en las microempresas.


En el punto 1 se plantea que la falta de puntualidad o de asistencia al trabajo por causas de COVID no pueda ser computada a efectos de perder el mencionado complemento. La falta de asistencia por causa justificada de COVID nos parece
lógica; la falta de puntualidad, no. Pensemos en las pequeñas empresas que tienen turnos de trabajo. ¿Qué hacemos con el trabajador que debe esperar a que llegue su compañero para seguir con el turno? ¿Cómo se justifica esa falta de puntualidad?
La práctica acredita que si empezamos a facilitar la falta de puntualidad o asistencia como consecuencia del COVID ahora que se supone que la pandemia va bajando, abrimos una puerta mayor al absentismo, dejando sin contenido la negociación
colectiva, los convenios e incluso el poder disciplinario de la empresa, del Estatuto de los Trabajadores e, insisto, de los propios convenios. Claro que hemos de atender las situaciones particulares como consecuencia del COVID, pero hagamos una
propuesta en la que la falta de asistencia, nunca de puntualidad, para esos casos justificados por consecuencia del COVID venga amparada por una justificación oficial y sea a cargo de la Seguridad Social, no de la empresa.


El punto 2, de aprobarse, desnaturalizaría el complemento. Lo que se pretende con estos complementos es precisamente la asistencia y la puntualidad. Cuando un trabajador está en IT, no olvide su señoría que la IT se calcula según la base
del mes anterior, así que con esta propuesta se está favoreciendo una vez más el absentismo, que para una gran empresa igual no es un problema, para una mediana quizá tampoco, pero para una pequeña, sí.


Y el punto 3 que se plantea, entendemos, con todo respeto, que es una verdadera aberración, ya que lo que se está proponiendo es que el trabajador, a su albur, siga cobrando el complemento, favoreciendo el absentismo. En la práctica sucede
que se plantea, en ocasiones sin justificación alguna, la no asistencia por cualquier motivo de salud sin ir al médico, incluso faltando uno o dos días. Esta medida es una proposición para el absentismo justificado y pagado, entendemos.


Consideramos que el punto 1 podría ser aceptable si realmente, insistimos, fuera justificado, pero la práctica judicial y la realidad del día a día en relación con los puntos 2 y 3 hace que nos parezcan impertinentes, porque se deja,
insistimos, la medida al albur del trabajador, y al igual que hay trabajadores



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superresponsables, los hay que no lo son, que no son así, igual que empresarios, y esto es abrir la puerta a gozar de unos días más para asuntos propios. La pregunta es qué es lo que está justificado; como bien se sabe en la práctica
forense, esa es la gran pregunta.


Muchas gracias, señoría.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Aizcorbe.


Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Marcos.


La señora MARCOS DOMÍNGUEZ: Muchas gracias, señor presidente.


Señorías, pensé que esta extemporánea PNL de Esquerra no llegaría a debatirse porque la retirarían a tiempo. No ha sido así; quizás es inevitable en este sorprendente momento político de reclamaciones fuera de lugar, donde nadie está en su
sitio.


Permítanme, señorías, algunas preguntas obvias. ¿Qué sentido tiene que Esquerra pretenda inmiscuirse en el ámbito de las competencias exclusivas de los interlocutores sociales para hurtarles su capacidad de decisión e imponerles otra
dictada, ahí es nada, por el Gobierno de la nación? Pues no tiene ningún sentido.


Los complementos de asistencia al trabajo son una prima que deciden dentro del convenio colectivo los interlocutores sociales para combatir el absentismo laboral. El convenio colectivo es ley para los afectados por él, pero quien dicta esa
norma no es ni el Gobierno ni el Parlamento, son los sindicatos y la patronal. Pero ustedes, en una muestra más de invasión de competencias ajenas y desatención de las propias, pretenden hurtar a trabajadores y empresarios sus competencias
exclusivas para que todo lo decida el gran Pedro Sánchez y su magnánimo Gobierno indultador. Formidable.


Aun tiene menos sentido que ustedes, señorías de Esquerra, esgriman la pandemia cuando hoy, por fin, parece que la estamos superando y que lo hagan para contarnos sus 'ideacas'. Al calor de la pandemia, el Gobierno de coalición que Esquerra
sostiene ha aprobado nada menos que 45 reales decretos-ley con los más variados propósitos; en la práctica totalidad de ellos hay asuntos ajenos y lejanos al presunto propósito de cada real decreto. Si tanto les preocupaban los complementos
salariales por asistencia, han tenido hasta cuarenta y cinco ocasiones para pedir al Gobierno -que ustedes sostienen- que incorpore un apartado con sus voluntades, por extravagantes que puedan parecer, siempre lo serán menos que incorporar al señor
Iglesias al CNI, por ejemplo.


Aún más extemporánea es la enmienda transaccional que le sugieren sus validos proindultos del PSOE. Sin que se entere la ministra Calviño, aprovechan esta PNL para pedir al Gobierno de Calviño y de Díaz que derogue la reforma legal que la
vicepresidenta segunda se ha comprometido con Europa a mantener a cambio de los millones del blando rescate europeo. El truco será muy del gusto de la vicepresidenta de másteres de quita y pon, ya que tiene el mismo aroma de Magia Borras que el
gaseoso currículo de doña Yolanda. Con su enmienda el PSOE se dice a sí mismo: señores europeos, resulta que el Parlamento nos quiere derogar la reforma laboral; nosotros no querríamos, de verdad que no, pero nos lo exige el Congreso de los
Diputados. ¡Ya! El PSOE con esta enmienda evita mencionar los complementos de asistencia. UGT sabe que esos asuntos se ventilan en convenio colectivo, pero si con el subterfugio de una PNL de Esquerra colamos una supuesta demanda contra la reforma
laboral, pues fenomenal. Sí, fantástico. Sobre todo si el objetivo es hundir a España también en sus menguadas posibilidades de recuperación económica.


Muchas gracias, señorías. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Marcos.


- RELATIVA A LAS CONSECUENCIAS DEL INCUMPLIMIENTO DEL COMPROMISO DE SALVAGUARDA DEL EMPLEO. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO VOX. (Número de expediente 161/001566).


El señor PRESIDENTE: Pasamos al 5.º punto del orden del día: proposición no de ley relativa a las consecuencias del incumplimiento del compromiso de salvaguarda del empleo. Presentada por el Grupo Parlamentario VOX. Para defenderla tiene
la palabra el señor Aizcorbe.


El señor AIZCORBE TORRA: Muchas gracias, señor presidente.


Volvemos una vez más a este tema. Recuerdo el 13 de abril de 2020, recién salido del hospital, la primera comparecencia en esta sede con el ministro Escrivá y entonces dijimos que nos preocupaba esta



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disposición adicional sexta del Real Decreto-ley 8/2020. Posteriormente, una semana más tarde, ya más recuperado, con la señora ministra también volví a insistir en los defectos del Real Decreto-ley 8/2020 y la interpretación de los
artículos 21 y 22 en relación con los ERTE por causa de fuerza mayor y por causas objetivas, así como la disposición adicional sexta que se agravaba después con el artículo 2 del Real Decreto-ley 9/2020 y que afectaba de forma muy importante a la
libertad de empresa y a la posibilidad de la reestructuración de empresas en unos momentos críticos para que pudiesen rehacerse antes la incógnita de qué es lo que sucedía, y más todavía cuando se les prohibía el poder trabajar.


Nosotros presentamos esta PNL, que sigue de plena actualidad, el 21 de octubre de 2020. Ha pasado mucho tiempo, pero ya decíamos en aquel momento qué es lo que estaba sucediendo ante la incertidumbre de cuáles eran las consecuencias que
podían acometer las empresas que incumpliesen, según el Gobierno, lo dispuesto en dicha disposición adicional sexta, y a pesar de que el artículo 5 del Real Decreto-ley 30/2020 intentó desarrollarlas no quedó claro bajo ningún concepto. Pedíamos
sencillamente que se dijera con claridad los dies a quo del cómputo del plazo de los seis meses de la cláusula del compromiso de salvaguarda empleo previsto en dicha disposición adicional sexta y el alcance exacto de las consecuencias del
incumplimiento de este compromiso. Sin embargo, dicha redacción no permite discernir si, en caso de reincorporar parte de la plantilla de trabajadores, el cómputo se reanuda respecto de los trabajadores reincorporados o respecto del total de la
plantilla. Guiándose por un criterio de interpretación prudente, actualmente -ya lo decíamos en aquel momento- estaban aplicando el plazo de los seis meses únicamente a los trabajadores reincorporados, pero no para aquellos trabajadores que
continuaban en ERTE, respecto de los que el plazo de seis meses se iniciaría una vez se reincorporen a su puesto de trabajo. En cualquier caso, esta es una interpretación generalizada por la práctica forense de los despachos de las empresas que se
estaban llevando a cabo por parte de los empresarios, pero no se sustenta en ningún criterio o posición oficial de organismo o instituto público, salvo unas directivas que salieron del Ministerio de Trabajo que no quedaban claras, pasando la pelota
al señor Escrivá.


En definitiva, ¿dónde nos encontramos? Pues nos encontramos ahora ante un aluvión de resoluciones judiciales contradictorias en distintos órganos territoriales y en distintos juzgados que tendrán que ir a aclarándose. Se lo decía a la
señora ministra el otro día: no se trata de que el Poder Legislativo vaya acogiendo parte de lo que dice el Poder Judicial, aunque sí que es cierto que en algunas de las cuestiones ha de tener en cuenta hacer las modificaciones legislativas que se
pretendan y que se crean convenientes para que el Poder Judicial tenga claro qué poder juzgar. Ya lo dijimos por primera vez -insisto- el 13 de abril de 2020, que no quedaba claro, y efectivamente no quedó claro.


Entendemos que esta proposición no de ley simplemente pretende clarificar. Se lo he dicho muchísimas veces a la señora ministra, incluso en privado, pero dice que es imposible porque forma parte del pacto social, y como el pacto social es
el gran mantra que ahora a todos nos acoge con estremecimiento, pues no hay nada que hacer. El problema es que esto lo están pagando ya las empresas ante la incertidumbre, muchos despachos profesionales que se dedican a asesoría laboral también lo
están sufriendo ante las diversas resoluciones contradictorias. Por eso entendemos que a pesar de que la proposición no de ley es de octubre de 2020 sigue en plena aplicación y exhortamos, pedimos y suplicamos al Gobierno que deje claro cuál es el
alcance de dicha disposición adicional sexta.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Aizcorbe.


A esta proposición no de ley no se han presentado enmiendas. Así pues, pasamos a la posición de los grupos parlamentarios. Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor Gutiérrez.


El señor GUTIÉRREZ VIVAS: Gracias, presidente.


La cláusula de salvaguarda desde el inicio ha sido una mala idea, y más ahora que hemos visto la destrucción del tejido empresarial de forma estructural, aunque es cierto que quizás no era tan obvio cuando se promulgó esta disposición. En
la situación en la que estamos tenemos que aceptar que habrá despidos en las empresas que se han acogido a los ERTE. La pregunta es si estamos dispuestos a reducir las consecuencias negativas de los mismos. En primer lugar, desde nuestro grupo
creemos que debemos asumir que por muy novedosa que haya sido la respuesta del Gobierno a la crisis de la COVID-19 no ha sido suficiente para evitar el cierre de empresas, un impacto muy sostenido en muchos sectores o incluso una transformación sin
precedentes en otros. Necesitamos que hagan desde el Gobierno un ejercicio de modestia y de sinceridad. Piensen si de verdad esta cláusula va a conseguir acabar con los despidos, o simplemente contribuirá a empeorar la ya delicada situación
financiera de miles de empresas.



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Tenemos que decir que albergamos escasas esperanzas de que el Ministerio de Trabajo lleve a cabo cualquier tipo de reflexión, teniendo en cuenta que fue vendido por su titular como una prohibición del despido, cuando en realidad solo fue un
encarecimiento. Además supone un castigo para aquellas empresas que habían usado los ERTE, no por gusto sino por necesidad, porque muchas de ellas ahora deberán devolver las ayudas que recibieron por una decisión sanitaria con la que además dichas
empresas no tenían nada que ver. Ninguna de las empresas que se acogió a los ERTE decidió cerrar la economía o imponer restricciones a la actividad, y por ello creemos que no deben pagar el precio de estas medidas.


Votaremos a favor de esta proposición, asumiendo que si fuera por nosotros esta cláusula de salvaguarda del empleo no existiría, o al menos no generaría las consecuencias tan negativas que la actual redacción de la disposición va a
ocasionar, tanto a los trabajadores como a los propios empresarios.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Gutiérrez.


¿El Grupo Parlamentario Republicano va a intervenir? (Denegación).


Pues entonces, por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos, tiene la palabra la señora Saavedra.


La señora SAAVEDRA MUÑOZ: Gràcies, president.


Desde Unidas Podemos consideramos que el objetivo de esta iniciativa está muy claro y es coherente con el gran esfuerzo que ha realizado el conjunto de la sociedad, al destinar una cantidad considerable de recursos a los ERTE. La
potenciación de este recurso, los ERTE, por parte del Ministerio de Trabajo ha conseguido, por una parte, sostener la continuidad de las empresas, y por otra, mantener el empleo, tras un periodo de regulación temporal en que trabajadores y
trabajadoras han mantenido derechos laborales y económicos y pueden reincorporarse -lo están haciendo- a su puesto de trabajo, una vez que la empresa reemprenda la actividad. El mes de abril de 2020 llegó a haber cerca tres millones y medio de
personas en ERTE, a finales de 2020 había 755 000 y a 31 de mayo de 2021 el número de personas en ERTE era de 542 000. También hay que decir que en mayo de 2021 se recuperó el nivel de afiliación previo a la pandemia. Hay que recordar que en la
anterior crisis, con las políticas de la derecha y las reformas laborales, se tardó más de diez años en recuperar los niveles de afiliación previos a la crisis.


El esfuerzo económico ha sido muy grande, según se desprende del programa nacional de reformas remitido a Bruselas junto al plan de estabilidad. En total, el coste de estas medidas durante 2020 y lo ya acordado para 2021 asciende a más de
37 283 000 euros. La cláusula de compromiso de salvaguarda de empleo a la que se refiere, prevista en el Real Decreto-ley 8/2020 de medidas urgentes y extraordinarias para hacer frente al impacto de la COVID-19, es una parte más de este esfuerzo
compartido. Las instancias competentes para la interpretación del sentido de la norma son los juzgados y los tribunales. Aunque se ha planteado la cuestión en la doctrina, en realidad desde el registro de esta PNL en octubre hasta ahora no se han
producido conflictos judiciales a la hora de aplicar la norma, por lo que no parece darse ninguna situación de caos normativo, como dice. Los ERTE han sido una medida especialmente apropiada y valorada en el resto de Europa para defender la
economía y los trabajadores y trabajadoras. La salvaguarda del empleo es una medida más asociada que defiende el trabajo, los derechos y la economía de nuestro país. Ustedes, como hacen siempre, votaron en contra de las empresas y de la gente
trabajadora a la hora de decidir estas medidas. Nosotros votaremos en este momento en contra de esta proposición no de ley.


Gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Saavedra.


Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Movellán.


El señor MOVELLÁN LOMBILLA: Muchas gracias, presidente.


Creo que hay pocos temas que susciten tanta unanimidad como que medidas como los ERTE han sido la medida estrella salvadora de los empleos de esta crisis sanitaria, ha sido gracias -volvemos a repetirlo a pesar de que al Partido Socialista y
a Podemos les moleste- a la reforma laboral del Partido Popular. Y les voy a decir más. En la anterior crisis, cuando gobernaba el Partido Socialista, los ERTE ya estaban regulados en el artículo 47 del Estatuto de los Trabajadores. Pero tal y
como los conocemos ahora, la verdadera reforma estructural, la flexibilización del procedimiento, esos ERTE salvadores de empleos -escuchábamos ahora decir a la portavoz de Podemos- que han conseguido que millones de



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personas no pierdan su trabajo son los de la reforma laboral del Partido Popular. El Partido Socialista no fue capaz de hacer lo que se hizo en la reforma laboral del Partido Popular. Antes de la reforma, con el Partido Socialista, un ERTE
era un procedimiento lento, burocrático e ineficiente donde se requería la autorización administrativa de la autoridad laboral. Fue el Partido Popular, con su reforma, el que suprimió este requisito y flexibilizó el procedimiento del ERTE, tal y
como ahora lo conocemos y lo convirtió en una herramienta eficaz contra la destrucción de empleo. Sin embargo, el Partido Socialista -como ya viene siendo tradición cada vez que gobierna- prefirió recurrir al despido masivo enviando a tres millones
y medio de trabajadores al paro, en vez de adoptar medidas eficaces contra la destrucción de empleo. Señor Sánchez Escobar, yo le pregunto: ¿esto qué es?, ¿son ustedes el verdadero partido de los trabajadores, el que envía a millones de españoles
al paro cada vez que gobierna? Además, hay que decirles que fueron incapaces, como en el caso de los ERTE, de agilizar el procedimiento, de suprimir esa autorización administrativa de la autoridad laboral. Podían haberlo hecho y no lo hicieron, lo
hizo el Partido Popular así que no se pongan medallas que no les corresponden. Ahora si quieren, tanto las señorías del PSOE como de Podemos, nos dan las gracias porque lo único bueno que ha hecho este Gobierno por el empleo y la empleabilidad de
los españoles ha sido aplicar los ERTE de la reforma laboral del Partido Popular.


Entrando en el fondo de la proposición no de ley que presenta hoy el Grupo Parlamentario VOX, la cláusula de salvaguarda o mantenimiento del empleo es una medida que afecta a aquellas empresas que han realizado un ERTE y que se han
beneficiado de exoneración de las cuotas a la Seguridad Social para mantener el empleo durante el plazo de seis meses; una medida que se entiende lógica y coherente ante la crisis que estamos viviendo y que tiene por finalidad salvar empleos.
Durante este tiempo de pandemia se han acordado cuatro cláusulas de mantenimiento del empleo: la primera que se recogió en esa disposición adicional sexta del Real Decreto-ley 8/2020, que afectaba a los ERTE de fuerza mayor; la segunda cláusula
recogida en el artículo 5 del Real Decreto-ley 30/2020; una tercera cláusula recogida en el artículo 3 del Real Decreto-ley 2/2021, que establecía esa prórroga del contenido complementario del Real Decreto-ley 30/2020, y la cuarta que se recoge en
el artículo 4 del Real Decreto-ley 11/2021.


¿Esto qué supone? Que desde el inicio de la pandemia hasta la actualidad está presente la cláusula de salvaguarda del empleo para todos los ERTE que se han beneficiado de exoneraciones. Pero es una realidad como se puede comprobar, si uno
se preocupa de hablar un poco en la calle con unos y con otros, con afectados por un ERTE, ya sea con trabajadores autónomos o con empresas, que esta medida es confusa, ya que no queda claro el alcance de esta salvaguarda, es decir, si la devolución
de las cuotas exoneradas afecta a todos los trabajadores o solo al trabajador que hipotéticamente se despida. Tampoco queda claro cómo se computa el plazo, si son seis, doce, dieciocho o veinticuatro meses los que alcanzaría ya esa salvaguarda del
empleo tras tantas modificaciones, restricciones y cierre de actividad a los que ha estado sometida nuestra economía durante la pandemia.


En cuanto a las consecuencias del incumplimiento a este compromiso existe incluso resoluciones contradictorias. Así para la Inspección de Trabajo de la Seguridad Social supone para la empresa la obligación de devolver la totalidad de las
exoneraciones percibidas por la empresa, no solo del trabajador o trabajadores que los incumpla, sino de todos los trabajadores implicados con el recargo del 20 % y los intereses que se generen hasta la fecha de devolución. Sin embargo, el pasado 5
mayo en una resolución de la Dirección General de Trabajo se decía que la devolución de las exoneraciones no afecta a toda la empresa, sino solo al centro de trabajo adscrito a la persona trabajadora, de la cual no se ha respetado la cláusula de
esta salvaguarda del empleo.


Señorías, volvemos a comprobar que como todo lo que nos trae aquí este Gobierno llega plagado de grandes titulares, mucho marketing y mucho autobombo, pero llega también plagado de incertidumbre, de inseguridad jurídica e inestabilidad tanto
para los propios trabajadores como para el empresariado. Señorías, los trabajadores, las empresas, los autónomos necesitan saber a qué atenerse, necesitan seguridad y no incertidumbre. Por eso votaremos a favor de esta iniciativa, para dotar de la
estabilidad y seguridad que requieren los propios trabajadores y las empresas, así como para no dejar en manos de la discrecionalidad de la Inspección de Trabajo la interpretación y el alcance del incumplimiento de esta salvaguarda.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Movellán.


Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Raya.



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La señora RAYA RODRÍGUEZ: Muchas gracias, presidente.


En el debate de esta proposición no de ley que trae hoy VOX a esta Cámara cabe recordar, como ha hecho el propio portavoz, que es una PNL absolutamente extemporánea. Efectivamente, se registra tal y como él indica en varias ocasiones el
pasado 20 de octubre de 2020. Desde esa época mucho ha llovido y llama la atención el hecho de que el régimen jurídico de la citada cláusula incorporada, la disposición adicional sexta del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, ha sido objeto de
mantenimiento con algunas matizaciones como la redacción dada por el Real Decreto-ley 18/2020 en los sucesivos acuerdos sociales para la defensa del empleo, incluido el actualmente vigente Real Decreto-ley 7/2021 concertado entre los agentes
sociales y el Gobierno -eso que el portavoz de VOX llama gran mantra-. Ustedes llaman gran mantra al acuerdo social, a mi grupo parlamentario le queda claro que ustedes nunca han creído en el diálogo social, ni ustedes ni sus compañeros de la
derecha, porque se ocuparon de mermarlo con la reforma laboral del Partido Popular de 2012. Señorías del Partido Popular, hay que tener cierto grado de ironía, y me lo quiero tomar así, para decir todo eso. Yo le agradezco que ponga en valor y
reconozca que los ERTE que ha aprobado este Gobierno, ante una crisis sin precedente -que no ha contado en ningún momento con el respaldo y la responsabilidad, ni con la altura de miras y la altura de Estado que se esperaba del principal partido de
la oposición-, han sido la medida estrella dentro de esta pandemia. Pero también le tengo que recordar algo, lo que sí es producto de un marketing y de echarle mucha cara es decir que esto es gracias a la reforma laboral del Partido Popular. Es
verdad que la reforma laboral del Partido Popular contribuyó a la recuperación económica de la crisis anterior, pero lo hizo atacando sistemáticamente a los derechos de los trabajadores, provocando pobreza y desigualdad y, sobre todo, provocando
precariedad, que hizo que en su momento la Organización Internacional del Trabajo denunciara la cantidad de trabajadores pobres que había en este país, precisamente a causa de las medidas adoptadas en su reforma laboral.


También le quiero recordar otra cosa, que estos ERTE son producto de la progresión de una ley -grábeselo bien-: la Ley 35/2010; por cierto, ley que ustedes votaron en contra. Sin duda es verdad que los ERTE han contribuido a la
recuperación de este país y a la protección, como no se había hecho hasta ahora, del desempleo y esto ha provocado que más de seis millones de personas se hayan visto beneficiadas por esta medida. A día de hoy quedan 550 000 personas todavía en
ERTE, pero hay un dato muy positivo que es que en este mes de junio están saliendo 10 000 personas diarias de la situación de ERTE. Asimismo, esta medida ha contribuido a fomentar el ahorro y a ayudar a las empresas, especialmente a las pymes, ya
que se han ahorrado más de 30 000 millones en cotizaciones y salarios. Por tanto, sí que tenemos un punto de coincidencia: nadie puede cuestionar a día de hoy esta medida; todo lo contrario, la tenemos que aplaudir.


En cuanto al contenido de la PNL, y por aclararlo, me gustaría resaltar dos cosas. En primer lugar, el objetivo era sin duda evitar que las empresas que han adoptado medidas de suspensión o reducción de jornada extinguieran los contratos
afectados, una vez se restableciera la normalidad, es decir, una vez que se reanudara la actividad. El compromiso del empleo asegura la efectividad y el efecto útil de las medidas temporales restableciendo la ocupación de las personas trabajadoras
afectadas y procurando una cierta estabilidad proporcional, al tiempo en que la empresa se hubiese aplicado el beneficio o exoneración. En este sentido hay que recordar dos cuestiones: el compromiso de empleo no prohíbe el despido ni afecta a las
prestaciones por desempleo y los efectos de su incumplimiento se limitan al reintegro de la totalidad del importe de las cuotas que han sido objeto de exoneración. Desde el ministerio, desde el principio, se ha venido actuando y actualizando este
tipo de medidas para aclarar dudas, tanto es así que la OCDE transmite al ministerio en su momento una serie de cuestiones y de dudas que ya en abril de 2020 son respondidas por parte del ministerio. Por tanto, la colaboración, la disposición de
los ministerios de Trabajo e Inclusión ha estado al alcance de cualquiera desde el primer minuto. Esta proposición no de ley no solo es extemporánea sino que a día de hoy carece de sentido.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Raya.



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- SOBRE EL EXPEDIENTE DE REGULACIÓN DE EMPLEO ANUNCIADO POR CAIXABANK. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/002607).


El señor PRESIDENTE: Pasamos al 6.º punto del orden del día: proposición no de ley, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre el expediente de regulación de empleo anunciado por CaixaBank. Para su defensa, tiene la palabra
su portavoz, señora Peña.


La señora PEÑA CAMARERO: Gracias, presidente.


Muy buenas tardes. Como bien saben, el pasado mes de abril la entidad CaixaBank anunciaba el mayor expediente de regulación de empleo de la banca española por el número de personas empleadas a las que afectaría, cerca de 8300, y porque hay
casi un 19 % del número total de personas empleadas en dicha entidad y por el número de oficinas que se cerrarían, más de 1500, lo que reduciría su red comercial en más de un 27 %. Un ERE en el que se arguye necesidades organizativas y productivas
generadas a raíz de su fusión con Bankia para evitar duplicidades y solapamientos.


Sin embargo, la representación de las personas trabajadoras considera que se pretende ir mucho más allá de la simple eliminación de duplicidades, siendo el objetivo último enjuagar unas pérdidas motivadas también por la grave crisis
ocasionada por el COVID a costa de la reducción de la plantilla y renegociar unas condiciones laborales a la baja, incluidos recortes en los salarios y las prestaciones sociales. Le preocupa al Grupo Parlamentario Socialista que a pesar de tratarse
de un ERE, del que se dice que será prioritariamente voluntario, se haya manifestado que si no se alcanzan los objetivos de excedentes a cubrir se procedería a los despidos forzosos. Es verdad que a raíz de la intervención del Gobierno, que invitó
al banco a repensar su reducción, este ha suavizado sus recortes al menos en un 6 % de lo previsto inicialmente, pero también es cierto que esto sigue necesitando de acción por todas las partes. Es verdad que este es un ERE que se encuentra en fase
de negociación y el perceptivo periodo de consultas ha sido prorrogado por acuerdo de las partes hasta finales de junio. Por eso estos días son vitales, de ahí que todos los actores posibles tengamos que hacer un esfuerzo para implicarnos. Así lo
ha hecho este Gobierno desde la facultad que la normativa vigente confiere a la autoridad laboral y desde el respeto a la autonomía negocial de las partes. La propia Dirección General de Trabajo ha requerido a la empresa el estricto cumplimiento de
la obligación legal que establece que en el periodo de consultas se han de debatir aquellas medidas dirigidas a reducir los despidos colectivos y atenuar sus consecuencias mediante el recurso de medidas sociales de acompañamiento, por cierto, en
parecidos términos además a los que se dirigió este Gobierno al BBVA que recientemente ha concluido, como saben, otro ERE de gran impacto.


Es evidente que podemos entender las necesidades que tienen las entidades financieras de reestructurarse para adecuarse al sector, a las nuevas demandas y conseguir así un sistema financiero sólido y que pueda apoyar el crecimiento económico
de nuestro país, pero esta reestructuración debe producirse sin olvidar las necesidades de la sociedad en su conjunto, de sus clientes y de sus trabajadores; trabajadores a los que hoy se les ofrecen una condiciones inasumibles, trabajadores que
por cierto han llenado de éxito hasta ahora a la entidad. En este punto hay que recordar que las ayudas públicas además sirvieron para reestructurar la banca en un momento en el que se presentaba como necesario, con el fin de garantizar la
solvencia financiera del sistema. Esta situación hace que entendamos que deben explorarse nuevas oportunidades de negocio, claro que sí, desplegar negocios rentables para la readaptación al sector, no solamente sobre la base de reducción del tamaño
o capacidad de la caída del número de empleados. Es verdad que sobre el sector financiero español, tras la reestructuración financiera de 2008, ya llueve sobre mojado. Desde 2008 hasta ahora han desaparecido en nuestro país el 47 % de las oficinas
de las entidades de depósito, han desaparecido cuatro de cada diez empleos en el sector financiero y hay peores datos en comunidades como Castilla y León, donde han desaparecido la mitad de los trabajadores de las entidades financieras y la mitad de
las oficinas que daban servicio a los clientes. Tenemos la ratio más baja, eso sí, de la Unión Europea de personas trabajadoras en cada oficina y encima somos los más eficiente.


Aun así, la Caixa -como les digo- plantea el cierre de 1534 oficinas y la desaparición del 20 % de su plantilla. Por eso nosotros estamos comprometidos en impedir también la dejación de funciones de las entidades financieras en el medio
rural. Hablamos de exclusión financiera en esta propuesta y también queremos prestar atención a todos aquellos mayores y ciudadanos con dificultades para manejarse con los medios digitales y las nuevas tecnologías, que seguramente se verán
afectados por la disminución de personal en la atención en sus respectivas entidades financieras. Los socialistas creemos que se han de



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realizar todos los esfuerzos necesarios para asegurar que las entidades financieras cumplan con las obligaciones que estas tienen frente a la sociedad en su toma de decisiones. Así lo decía ayer la propia ministra Calviño cuando apostaba
por una solución negociada que reduzca las cifras de salida y también por que estas sean voluntarias. La misma ministra cuestionaba también que los banqueros mantengan su salario mientras despiden a miles de personas y por ello, además, como bien
saben, el Fondo de rescate votó en contra de las remuneraciones de la cúpula del banco. Es importante, por tanto, lanzar hoy desde la sede parlamentaria, desde la soberanía del pueblo español, un mensaje nítido y comprometido con el empleo del
sector financiero y con el empleo de los trabajadores y trabajadoras de CaixaBank. Por eso estamos aquí apoyando esta propuesta, tras la huelga de ayer celebrada por primera vez en su historia antes unos ajustes que son tremendamente traumáticos
para el conjunto de los trabajadores y sus familias en el mayor ERE del sistema financiero español. Por eso, ¿qué pedimos y esperamos aquí? Conseguir el apoyo de todas las fuerzas parlamentarias. Los socialistas queremos que el Gobierno impulse
la asunción por el sector financiero de una serie de compromisos que limiten el impacto negativo en la sociedad de sus decisiones de reestructuración; compromisos que deben cubrir cuestiones como la minimización del impacto negativo sobre el
empleo, el fomento de la flexibilidad interna, como mecanismo de ajuste alternativo al despido, la formación de sus empleados, la recolocación de aquellos cuyo puesto de trabajo vaya a desaparecer y el compromiso -esto es importante- de incorporar
variables relativas a las condiciones de los trabajadores de la entidad y a la calidad del servicio a los clientes en las propuestas de retribución variable de los directivos, así como la adopción de medidas -como les decía antes- para evitar la
exclusión financiera y de ciudadanos que no puedan adquirir y generar su relación con los sistemas bancarios por falta de habilidades con las nuevas tecnologías. Entendemos que esta es una propuesta que necesita de un compromiso y que además lo
necesita ya. Recuerden que el próximo día 29 de junio termina el periodo de consultas y debemos dar un respaldo para que el sector financiero español siga creciendo.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Peña.


Se ha presentado una enmienda a esta PNL por parte del Grupo Parlamentario Popular. Para defenderla, tiene la palabra el señor Bas.


El señor BAS CORUGEIRA: Muchas gracias, presidente. Buenas tardes a todos.


La verdad, señora Peña, es que leyendo la propuesta del Partido Socialista aumenta nuestra preocupación ante la indolencia que demuestra el Gobierno del señor Sánchez en los temas importantes, porque con esta propuesta, el Partido Socialista
se ve en la necesidad de instar al Gobierno para que se interese por los trabajadores del sector financiero, un sector que está sufriendo continuos procesos de reconversión, como ya dijo, tras la crisis financiera vivida, la digitalización y ahora
por el COVID. Muy mal lo debe estar haciendo este Gobierno con el sector cuando el PSOE tiene que recordarle que debe conseguir el compromiso de las entidades financieras para que cumplan cuestiones básicas y elementales que limiten el impacto
negativo que sus decisiones de reestructuración puedan provocar en la sociedad.


Pero, señorías, ¿es necesario recordarle al Gobierno que intermedie para que las entidades financieras se comprometan al fomento de la flexibilidad interna como mecanismo alternativo al despido? ¿O que se comprometan a la formación de sus
empleados? ¿O a la recolocación de aquellos trabajadores cuyo puesto de trabajo vaya a desaparecer? ¿Es que no lo está haciendo ya? ¿De verdad que está tan mal la cosa para que tengan que instar al Gobierno a que se ponga a la tarea? ¿No es
consciente este Gobierno de lo que usted dijo, que desde la crisis financiera el sector ha cerrado más de 20 000 oficinas y ha perdido más de 100 000 empleos? ¿No es consciente de que los trabajadores del sector han tenido que asumir mayor carga de
trabajo y que la oferta de servicios financieros a sus clientes se ha visto reducida en muchísimos ayuntamientos?


Miren, si hay un sector en el que sus trabajadores están sometidos a una presión constante, este es el sector financiero. Usted lo dijo, señora Peña, España presenta la ratio de empleados por oficina más baja de toda la Unión Europea. A
estos profesionales siempre se les ha venido exigiendo muchas horas de dedicación antes las continuas reducciones de plantilla y, además, para poder mantener un alto estándar de calidad en el servicio a sus clientes, se ven obligados a realizar una
formación continua con la que adaptarse a los cambios tecnológicos y de legislación que afectan constantemente a su trabajo. Los trabajadores de las entidades financieras se han implicado de forma decidida y responsable con los valores de sus
entidades y han cumplido con creces el reto de adaptarse a los cambios, y es de justicia,



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ante una situación tan complicada como es un ERE, que los trabajadores vean reconocidos en las condiciones que se les planteen todo su buen hacer profesional y los esfuerzos y sacrificios realizados en favor de la entidad.


Por eso, señora Peña, no entendemos que en el encabezado de la PNL presenten para su debate en esta Comisión el ERE de CaixaBank con un expositivo repleto de argumentos que afectan directamente a las negociaciones de ese expediente de
regulación de empleo entre empresa y trabajadores y que, sin embargo, en la propuesta planteen una serie de cuestiones genéricas que tienen más que ver con un brindis al sol que con iniciativas referidas al ERE en cuestión. Una vez más, el Partido
Socialista busca su protagonismo recurriendo a expresiones vagas, que suenan muy bien pero con las que evitan a toda costa comprometerse con medidas concretas. Porque, señora Peña, usted debería explicar en qué se traduce el compromiso sobre la
minimización del impacto negativo sobre el empleo, o en qué consisten las medidas que proponen para evitar la exclusión financiera.


Nosotros sí proponemos una iniciativa concreta relacionada con los ERE en la banca. Les hemos presentado una enmienda, que iría como un punto más a esta proposición no de ley, en la que se pide instar al Gobierno a que adquiera el
compromiso de la patronal del sector para que cualquier ERE planteado lleve aparejado la voluntariedad del trabajador para acogerse a él. Es una reivindicación que estuvo presente en la jornada de huelga desarrollada ayer por los trabajadores de
CaixaBank y que está respaldada por todos los sindicatos con representación en las entidades financieras.


Espero que el Partido Socialista acepte esta enmienda, aunque en su intervención no se refirió a ella, porque, si no la acepta, estaría dando la espalda a los trabajadores del sector financiero y a sus representantes sindicales y se
demostraría que su iniciativa es claramente oportunista y puramente demagógica.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Bas.


El Grupo Republicano no va a intervenir. Pasamos al Grupo Ciudadanos. Señor Gutiérrez.


El señor GUTIÉRREZ VIVAS: Gracias, presidente.


Señora Peña, la desfachatez y la hipocresía son cada vez más habituales en política, sin embargo, no estamos acostumbrados a que cada vez sea más corto el intervalo de tiempo entre que nos dicen una cosa y la contraria, aunque, sin duda,
esta mañana el presidente Sánchez ha puesto el listón de la desvergüenza muy alto en este sentido.


En diciembre de 2020, la ministra Calviño se presentó en esta Cámara y nos dijo que la fusión era lo mejor que le podía pasar a Bankia, y se negó a contestar las preguntas de todos y cada uno de los grupos sobre el posible, y hoy certero,
despido de miles de empleados. Las ganancias de competitividad tienen un coste y parece que sus señorías del Partido Socialista se pensaban que se iban a ahorrar esos costes. Sin embargo, no parecían pensar que la mejora de la productividad
vendría porque ya no se necesitan miles de empleados, sobre todo en oficinas, aunque es verdad que también esto está sucediendo en los servicios centrales. Ahora, después de que en diciembre negaran la realidad que muchos grupos apuntamos, se
presentan en esta Cámara con una proposición no de ley sobre el ERE de CaixaBank como si fuera algo que no supieran, permitiéndose hablar del impacto negativo de los despidos en la sociedad, cuando el Gobierno está sentado en el consejo de
administración de la nueva entidad.


En diciembre, cuando ustedes solo veían bondades a la fusión y no les interesaba levantar la liebre sobre estos despidos, la sociedad iba a beneficiarse de un sector cada vez más competitivo, con menores costes, según ustedes. Ahora vienen
aquí refiriéndose a una decisión empresarial de una compañía cotizada. Su irresponsabilidad no puede ser mayor. ¿Cómo creen ustedes que los inversores ven este intento de intromisión en las decisiones de una compañía privada? ¿Es tan fuerte su
motivación o rentabilidad política que están ustedes dispuestos a inmiscuirse en una decisión empresarial de una entidad supervisada por el Banco Central Europeo? ¿Significa que ya no están ustedes a favor de la ola de fusiones que el Banco Central
Europeo ha recomendado para mejorar la rentabilidad del sector bancario? ¿O es simplemente un ejercicio, como decíamos al principio, de hipocresía y propaganda política?


Señorías del Partido Socialista, lo que debería hacer el Gobierno es poner en marcha ya, no dentro de seis meses, los ERTE de reconversión, precisamente por estas situaciones, y permitir que los trabajadores se reconviertan con el apoyo de
la empresa, por supuesto. Nosotros no eximimos de responsabilidad a ninguno de los actores, pero tampoco al Gobierno, señorías.



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El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Gutiérrez.


Por el Grupo Parlamentario de Unidas Podemos, tiene la palabra la señora Saavedra.


La señora SAAVEDRA MUÑOZ: Gràcies, president.


CaixaBank tuvo unos beneficios en 2020 de 1381 millones de euros, eso en un año atípico de pandemia, y a esto hay que sumar los beneficios de la operación de fusión. Para escándalo de la ciudadanía, que asumió gracias al Partido Popular el
pago del rescate bancario -más de 65 000 millones de euros de dinero público-, el nuevo presidente de CaixaBank, el señor Goirigolzarri, ha más que triplicado su sueldo y percibirá una remuneración fija anual de 1,65 millones de euros, más la
retribución variable. Esto es un escándalo sin paliativos.


Inicialmente, esta entidad propuso recortar en un 19 % la plantilla y cerrar el 27 % de sus oficinas. Esas condiciones se han suavizado relativamente por la presión sindical. Ayer mismo hubo una huelga de trabajadores y trabajadoras, a los
que trasladamos nuestro apoyo desde aquí. Sin embargo, el acuerdo entre trabajadores y empresa está lejos. Las condiciones propuestas por la empresa son inaceptables para ellos y entre ellas está el nuevo invento de las grandes empresas para
reducir el coste de los despidos e imponer una cláusula de equilibrio generacional, con el fin de evitarse las aportaciones por prejubilar a trabajadores de más de cincuenta años, siendo una empresa con enormes beneficios. Y la empresa no atiende a
una de las peticiones que consideramos fundamental: las salidas deberían ser voluntarias. Además, el cierre de oficinas amenaza con dejar a muchos pueblos sin oficina bancaria, privando a la población de zonas rurales de un servicio esencial.


La banca quiere asegurar sus beneficios por medio de reajustes y despidos, y esa no es la vía. En Unidas Podemos abogamos, seguimos haciéndolo, por una banca pública, porque la economía neoliberal no da respuesta a las necesidades de la
población y considera que trabajadores y trabajadoras son un simple recurso, como un gasto a evitar en lo posible. En este momento, con el Estado accionista de esta banca, lo mínimo que podemos pedir es lo que propone esta PNL. Dejando clara
nuestra voluntad de que el Gobierno presione de manera eficaz para conseguir acuerdos que protejan los derechos de trabajadores y trabajadoras, votaremos a favor de esta PNL, por supuesto.


Gràcies.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Saavedra.


Por el Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra el señor Aizcorbe.


El señor AIZCORBE TORRA: Muchas gracias, señor presidente.


Hace más de 2000 años, los seguidores de la ley mosaica, que eran aquellos que hacían manifestaciones externas de seguir la norma a rajatabla de la ley, no seguían el espíritu y, al fin y al cabo, fueron los que crucificaron a Jesucristo.
Me refiero a ello porque a esos personajes se les llamaba fariseos, que es lo único que se me ocurre ante esta proposición no de ley que hace el Partido Socialista. Es un canto de sirenas, es una proposición no de ley general, que habla en términos
generales, que no argumenta nada concreto, y que, además, habla de que, gracias a la intervención del Gobierno, que 'invitó' -entre comillas- al banco a repensar su 'plan de reducción' -entre comillas-, este se ha suavizado.


Doy por hecho que sus señorías saben cómo funciona esto de las fusiones entre empresas. En las fusiones entre empresas, hay una empresa y hay otra empresa, con unos trabajadores, con una serie de circunstancias, con unos balances, con unas
cuentas de explotación. Se reúnen los máximos dirigentes de las empresas, reúnen también a los trabajadores, y dichas empresas tienen unos accionariados, y en esas discusiones se habla de todo y también se habla de qué deberán hacer para que esa
fusión, ya sea por absorción o de la forma que sea, tenga unos resultados positivos. Y esto es lo que ha sucedido aquí. Pero, claro, el problema es que una de estas empresas está participada de forma mayoritaria por el FROB, y a su vez, ya sabemos
lo que es el FROB, es el BFA, Ministerio de Economía. O sea, el Partido Socialista, el Ministerio de Economía tenía detalles al momento de qué es lo que iba a suceder, y lo sabía antes de que se hiciera pública y formalmente la fusión, y lo supo en
todo momento, con lo cual estamos en lo de siempre, en lo que han dicho antes los compañeros de Ciudadanos y del Partido Popular, o sea, un acto de hipocresía del Partido Socialista que no tiene límites, que ahora cree efectivamente en la libre
economía, en que al sector financiero hay que ayudarle, que sus socios de Podemos siguen hablando de la banca pública, que apoyan la banca pública y por eso apoyan la PNL, que no aceptan la enmienda del Partido Popular, que es un añadido, es de
adición, que no es de supresión ni de otra cosa. Repito, el acto de fariseísmo de este Gobierno llega a tal grado



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de ineptitud que es tremendo, y se lo digo con todo el cariño y con todo el respeto; ya sé que el cariño debe ser difícil de comprender, pero sí con todo el respeto, de verdad.


Votaremos en contra porque nos parece un canto al sol tremendo y no nos parece de recibo en virtud simplemente de lo que he dicho, no quiero entrar en más detalles de números, de cifras que no nos llevarían a nada, incluso, de modificaciones
del Estatuto de los Trabajadores en relación con las obligaciones previas a los despidos colectivos, que eso sí que lo podían quizá haber cambiado, y no decimos que lo tengan que cambiar, pero que no vengan con estas PNL cuando podían haber hecho
cantidad de cosas antes que hacer esto.


Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Aizcorbe.


- RELATIVA A IMPLEMENTAR UN PLAN INTEGRAL DE MIGRACIONES. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO CIUDADANOS. (Número de expediente 161/002633).


El señor PRESIDENTE: Pasamos a la siguiente proposición no de ley, la número 7 del orden del día, del Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa a implementar un plan integral de migraciones. Para defenderla, tiene la palabra el señor
Gutiérrez.


El señor GUTIÉRREZ VIVAS: Gracias, presidente.


Señorías, los episodios vividos el pasado 17 de mayo en Ceuta y, en menor medida, en Melilla volvieron a demostrar la necesidad de que España cuente con una política migratoria robusta, inteligente y humana. El episodio vivido en la ciudad
autónoma en el pasado mayo va mucho más allá de una cuestión migratoria, pero sí puso en evidencia la debilidad de nuestro país en una política que ya ha sido clave en los últimos años en Europa, pero que lo seguirá siendo en el futuro próximo.


Según cifras del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, el año 2020 vivió un nuevo récord de personas que se ven forzadas a huir de sus hogares para escapar de la violencia, la guerra y la persecución. Pese a la pandemia,
que ha impuesto medidas estrictas de limitación de la movilidad, el año pasado hizo que se alcanzara el número de 82,4 millones de personas en búsqueda de protección internacional, un 4 % más respecto a 2019, año en el que también se batió un
récord. España es, además, el tercer país del mundo al que se dirigen más personas en busca de protección internacional, solo por detrás de Estados Unidos y Alemania. Esto se debe principalmente al deterioro de la situación en varios países de
América Latina, como Venezuela o Nicaragua, donde las tiranías chavistas han expulsado ya a millones de personas por la situación humanitaria crítica y la represión contra la población civil que se vive en ambos países. A estas cifras, hay que
sumar las personas que se desplazan por razones no contempladas en las legislaciones internacionales de asilo y refugio, es decir, personas que deciden dejar sus hogares por motivos económicos, para buscar mejores oportunidades para sus familias o
forzadas a migrar por razones no contempladas por el derecho de asilo, como son las catástrofes naturales o los efectos del cambio climático. En este sentido España tiene una posición muy delicada al ser la puerta de entrada a Europa desde el norte
de África, donde llegan muchas de estas personas que buscan oportunidades laborales y mejoras económicas para sus familias.


Durante décadas, España no ha contado con una política migratoria sensata para hacer frente a este reto y para poder gestionar flujos migratorios de forma sostenible y acorde a derecho. En 2018, el presidente Sánchez afirmó que España ahora
tiene política migratoria, a cuenta de la recepción del buque Aquarius en el puerto de Valencia; sin embargo, lo que España comenzaba a tener era un Gobierno que utilizaba hasta los asuntos más delicados para hacer campañas de marketing. Meses
después, el Gobierno se había desentendido de las personas que llegaron a España a bordo del Aquarius, el Ministerio de Transporte vetaba la llegada de nuevos buques que habían cumplido con su deber de acuerdo al derecho del mar y habían rescatado a
náufragos en el Mediterráneo, y el Ministerio del Interior seguía llevando a cabo devoluciones en caliente pese a las sentencias de la Justicia y pese a que el Partido Socialista se había opuesto a estas prácticas cuando estaba en la oposición.


Por todo ello, podemos concluir que España no cuenta con una política migratoria pese a que las cifras demográficas de nuestro país invitan a ver la migración como una oportunidad para atraer talento y garantizar la sostenibilidad de nuestro
sistema de bienestar y de nuestro sistema de pensiones. Por ello, desde nuestro grupo parlamentario, desde el Grupo Parlamentario Ciudadanos, queremos plantear un



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plan migratorio que cambie estas décadas de inmovilismo por parte de los viejos partidos, a izquierda y derecha, y que apueste por un modelo migratorio que se ajuste a nuestras necesidades reales.


En este sentido, proponemos un plan migratorio basado en cinco puntos clave. Primero, una mayor colaboración con los países de origen y tránsito para poder establecer centros de recepción de solicitudes de asilo en esas regiones, evitando
así que quienes buscan protección internacional se vean obligados a desplazarse y poner en riesgo su vida en manos de las mafias. Segundo, hacer cumplir la ley, reconociendo los esfuerzos de quienes utilizan vías legales de migración y asegurando
que quienes están en situación irregular vuelvan al país del que llegaron, incentivando los retornos voluntarios y condicionando los acuerdos de carácter económico con los países de origen y tránsito al cumplimiento de esa legislación de retorno.
Tercero, reforzar con recursos humanos y económicos la Oficina de Asilo y Refugio para evitar que se alarguen los plazos de resolución de solicitudes de protección internacional, algo que ya propusimos en los Presupuestos Generales del Estado para
2021 y que el Partido Socialista y Unidas Podemos rechazaron; además, debemos mejorar la formación del personal que atiende a solicitantes de asilo, especialmente aquellos que son objeto de persecución por su orientación sexual o identidad de
género. Cuarto, establecer un sistema de migración legal para la atracción de talento, basada en el visado por puntos de Canadá, por ejemplo, donde los perfiles que se ajusten mejor a las necesidades de nuestro mercado laboral o perfiles de
inversores y emprendedores que puedan aportar talento y recursos a nuestra economía se vean beneficiados. Y quinto, aprovechar el debate migratorio abierto a nivel europeo y la propuesta de pacto migratorio por parte de la Comisión Europea para
defender las prioridades españolas, un mayor apoyo económico y logístico a los países que somos frontera exterior europea, apoyando así a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado españolas en su tarea de gestión de fronteras.


Confío, señorías, que esta proposición no de ley que hoy Ciudadanos trae a esta Comisión sea valorada en la medida en la que esta propuesta creemos que va, por fin, a aportar una hoja de ruta verdaderamente razonable y yo creo que muy
acertada a las necesidades que tiene España para solucionar este gran problema y que este Gobierno deje de hacer improvisaciones permanentes en este tema que es tan importante, tan urgente y, desde luego, tan grave para todos aquellos que deben
sufrir una migración irregular, con el coste de pérdida de vidas humanas, que es lo más importante.


Gracias, señorías.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Gutiérrez.


Se ha recibido en la Mesa una transaccional a esta PNL, firmada por el Grupo Socialista y el Grupo Ciudadanos, que supongo que tienen ya todos los portavoces, lo digo simplemente a efectos del debate.


Pasamos a la defensa de las enmiendas precisamente. Empezamos por el Grupo Parlamentario Popular, por el señor Romero.


El señor ROMERO HERNÁNDEZ: Muchas gracias, señor presidente.


La migración no es un fenómeno solo de nuestro tiempo, ha existido desde siempre. El ser humano se ha desplazado de unas regiones a otras buscando mejores condiciones de vida. Los españoles fuimos a Alemania, a Francia, etcétera, y lo
hicimos de forma legal y ordenada. Sin embargo, hoy la inmigración se ha convertido en una gran preocupación para los ciudadanos y en un grave problema para España. A todos nos ha quedado patente el allanamiento que el fenómeno migratorio viene
perpetrando en la zona sur de España y, además, porque se va incrementando en número y en frecuencia. Todavía no nos habíamos olvidado de lo sucedido en Canarias cuando llega lo de Ceuta y también en parte lo de Melilla.


El motivo que hace causa a esta proposición no de ley de Ciudadanos ha sido la decisión del Gobierno de acoger por razón médica o humanitaria a Brahim Ghali, líder del Frente Polisario. Pregunto: ¿No se podría haber gestionado que el señor
Ghali se tratara en cualquier otro país de Europa o de América y evitase el enfado de Marruecos? Mala política, con consecuencias graves por una decisión errónea del Gobierno. Sin embargo, más que un enfado, Marruecos utilizó esto para echar un
pulso a España, para chantajearla una vez más, para hacer ver la fragilidad de nuestras fronteras y lo fácil que es violentar las fronteras españolas. Marruecos ha utilizado como arma de presión política hasta menores de edad. Debemos estar
preocupados porque mucho me temo que no será la última vez que lo haga.


Señorías, señor Gutiérrez, nosotros estamos de acuerdo en que se ponga en marcha un plan de refuerzo migratorio, el que usted ha presentado con la proposición no de ley y que se basa en un control de fronteras, que, por cierto, en la
transaccional, en la transaccional que hace con el Grupo Socialista, no habla usted nada de control de fronteras, lo ha quitado, no le gusta eso de controlar la frontera y que es necesario, un control que no puede ser el que hemos visto últimamente,
de más de 10 000 personas



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desafiando la legalidad y desafiando a España de forma descarada. Ya vemos que la protección de la frontera con Marruecos no funciona, el cumplimiento de la legalidad en la frontera no funciona, por tanto, algo hay que hacer, y usted no
propone nada, lo ha quitado de su proposición no de ley.


Asimismo, estamos de acuerdo en que tengamos una política de retorno voluntario, pero también retorno obligatorio para aquel que entra ilegalmente en España. Hoy por hoy no se puede decir que haya una política de retorno efectiva; se hace
un paripé, como dicen en mi pueblo, pero nada más.


Hay que reforzar al personal de asilo y de refugio para dar agilidad a quien solicita ese asilo y refugio, pero es un hecho que esto se ha convertido en una válvula de escape. La gran mayoría que viene no son ni asilados ni refugiados.


Es preciso apostar por una inmigración legal, cualificada, ordenada y regulada en función de lo que demanda el mercado laboral. Debemos potenciar la contratación en origen, como se está haciendo en la provincia de Huelva, donde más de 12
000 marroquíes son contratadas en origen para desarrollar labores agrícolas y que, cuando terminan las campañas, vuelven a sus hogares.


Por cierto, no voy a consentir que Podemos ni mucho menos Bildu vengan a denigrar a los agricultores de la provincia de Huelva, de manera generalizada, como se hizo la semana pasada y también se ha hecho en este Pleno. Todo lo que dijisteis
es incierto. Os pido tanto a Podemos como a Bildu respeto para los agricultores de Huelva. Antes de hablar mal de los agricultores debéis hacer un máster en respeto y enteraos bien de la situación para poder hablar.


Señorías, no podemos seguir así, hemos de buscar y habilitar un mejor sistema para salvaguardar la seguridad y la defensa de la frontera del sur de España. No puede ser que en España la inmigración que violenta la frontera y la legalidad se
haya convertido en la normal y la excepcional sea la inmigración legal y ordenada. Es necesario tener una política migratoria clara, basada en atraer a España a los inmigrantes con los perfiles que se necesitan, y además pedir la colaboración con
países como Marruecos, Mauritania, Argelia, Mali o Senegal, condicionando las ayudas de España y la Unión Europea a esa colaboración efectiva contra la inmigración ilegal. Y, por fin, ir a Europa, a Frontex, para que se pongan en marcha medidas de
protección de la frontera sur de España, que es la frontera sur de Europa.


Nosotros vamos a votar a favor de esa enmienda de común acuerdo que habéis hecho con el PSOE, pero lo decimos aquí, echamos en falta eso que usted ha quitado de su propia proposición no de ley, el respeto y el fortalecimiento de las
fronteras de España.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.


Pasamos al Grupo Parlamentario VOX. También para defender su enmienda, la señora De Meer.


La señora DE MEER MÉNDEZ: Muchas gracias, señor presidente.


Venimos aquí a debatir por parte del Grupo Parlamentario Ciudadanos una proposición no de ley en la cual nos proponen un plan migratorio, un plan novedoso para afrontar el asunto de la inmigración ilegal en España. He de decirle al señor
Gutiérrez que ya existe un plan migratorio que es el Plan 2050, que lo ha presentado el señor Sánchez y es el plan de traer a España 250 000 inmigrantes cada año como solución a la crisis demográfica que sufre nuestro país. Esta es la elección que
ha hecho ya el Gobierno de España y que, además, fue precedida por partidos como el Partido Popular.


Por supuesto, votaremos en contra de esta enmienda transaccional que ustedes han elaborado, puesto que nuestra enmienda pensamos que es la que ataja verdaderamente la raíz del problema.


Quiero dejar claro un concepto que a ustedes les cuesta mucho entender, pero que se ha visto muy claramente el pasado mes de mayo en Ceuta, que es una invasión migratoria. No es una crisis diplomática, no es una crisis migratoria, no es
nada de lo que ustedes se inventan permanentemente, sino que esto es una invasión migratoria. ¿Por qué es una invasión migratoria? Porque es masiva y porque constituye un fenómeno por el cual metemos masivamente poblaciones que no son integrables
en nuestra sociedad a tal velocidad y en tal masa. Por lo tanto, dejamos claro que esto es una invasión migratoria.


Si van a venir ustedes con el cuento de que las migraciones han existido siempre, que los españoles también nos hemos ido fuera y todo el rollo este de siempre, les diré que las invasiones también han existido siempre y en España, además,
también las hemos vivido, por lo tanto, vamos a llamar a las cosas por su nombre.


Por otro lado, hay interesados en aumentar estos flujos migratorios. Existen señores que directamente han dado estas órdenes a diferentes Gobiernos y son señores interesados en aumentar precisamente estos 250 000 inmigrantes al año o los
mil millones que preveía el Foro de Davos, y es que están



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directamente implicados grandes multimillonarios a los que ustedes obedecen servilmente, como siempre, pertenecientes al Foro de Davos. Es curiosa esta extraña alianza en España y en tantos países del mundo, donde la izquierda precisamente
obedece a estos amos del globalismo económico que lo que quieren es mano de obra esclava en naciones occidentales como España.


Por lo tanto, el plan migratorio ya existe, es el Plan 2050 con el que nosotros, por supuesto, no queremos tener nada que ver y que vamos a combatir hasta el final, porque pensamos que el relevo generacional, que la lucha contra la
despoblación debe hacerse fomentando absolutamente la natalidad y protegiendo y preservando nuestra identidad. Por otro lado, pensamos que esta situación se debe abordar tal y como les hemos planteado en nuestra enmienda.


El Partido Popular parece que, por un lado, estaba en desacuerdo pero, por otro, estaba de acuerdo, aunque finalmente va a aceptar esta proposición no de ley. ¿Qué esperar de un partido que ya regularizó en su día a 600 000 inmigrantes?
Muchísimos más, por cierto, que el Partido Socialista. Por lo tanto, es uno de los grandes autores de este plan migratorio que ahora mismo se pone en marcha.


Para el Partido Popular parece también que el problema de la invasión migratoria es Ghali. Parece que ustedes no han entendido nada. El problema son las pretensiones soberanistas de Marruecos sobre Ceuta y Melilla. No podemos cerrar los
ojos ante nuestro vecino del sur, que nos agrede desde el punto de vista internacional, y una nación fuerte y una nación soberana tiene que poner en valor en el mundo su soberanía y tiene que aplicar contramedidas desde el punto de vista
internacional, como hacen todos los Estados agredidos del mundo desde el punto de vista internacional. Nosotros hemos propuesto un paquete de medidas por las cuales Marruecos dejaría de burlarse de nosotros. Porque parece que nuestra solución a
todo esto es la política internacional y la diplomacia feminista, y resulta que Marruecos lo que está haciendo es reírse de nosotros porque ve un Estado débil y ve un Estado al que puede invadir. Por lo tanto, cualquier solución a este conflicto
pasa por la protección efectiva de nuestra soberanía y de nuestras fronteras.


Por otro lado, me extraña del señor Gutiérrez que afirme en la exposición de motivos de su proposición no de ley que hay Estados que están extorsionando a España, cuando usted mismo se burló cuando nosotros decíamos hace unos meses que
precisamente había Estados como Marruecos que estaban extorsionando a España y además lo estaban haciendo con los flujos migratorios, y desde hace ya muchísimos años, señor Gutiérrez.


Es imprescindible el fin de toda medida que aliente al efecto llamada, incluso el colaboracionismo con determinadas organizaciones no gubernamentales, absolutamente cómplices del tráfico de personas.


Es imprescindible esta diplomacia basada en nuestra propia soberanía y en poner en valor el nombre de España en el mundo con la aplicación de contramedidas, de sanciones económicas, de denuncias ante organizaciones internacionales, de
bloqueos de visados y de todas aquellas medidas por las cuales nos puedan tomar en serio en el mundo.


Hay que devolver a todos los inmigrantes ilegales que se encuentren en territorio nacional independientemente de su edad y, por supuesto, asegurando el cumplimiento de los acuerdos bilaterales, de los que parece que el Partido Popular sí que
se preocupa votando a favor de esta PNL pero que, por otro lado, no llevó a cabo cuando él estaba en el Gobierno.


Hay que fiscalizar las solicitudes de protección internacional. Porque no olvidemos que la crisis a la que nos estamos enfrentando, que la invasión migratoria no tiene naturaleza de asilo y de refugio. El asilo y el refugio no son un
problema.


El señor PRESIDENTE: Tiene que ir acabando, señoría.


La señora DE MEER MÉNDEZ: Ya voy terminando, señor presidente. Muchísimas gracias.


No estamos hablando de asilo y refugio. ¿Qué inmigrantes que entran por las costas españolas son refugiados? ¿Qué guerra hay en Marruecos? ¿Qué guerra hay en Argelia? ¿Qué guerra hay en Mauritania? Los únicos que pueden ser susceptibles
de ser considerados refugiados son los nacionales de Mali y no llegan siquiera a un 13 % del volumen de los que entran a través de nuestras fronteras.


Por lo tanto, hasta que no pongamos...


El señor PRESIDENTE: Tiene que acabar, señoría.


La señora DE MEER MÉNDEZ: ... en valor la soberanía española por supuesto que no vamos a afrontar convenientemente este problema y no protegeremos a los españoles.


Muchísimas gracias.



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El señor PRESIDENTE (Gómez-Reino Varela): Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Oria.


La señora ORIA LÓPEZ: Gracias, señor presidente.


He de confesar que no iba a empezar así mi intervención, pero es la primera vez que me dicen que soy un rollo, y nunca me he sentido un rollo, señora De Meer. Soy hija de la emigración; por desgracia, mis padres tuvieron que salir en los
años setenta buscando un mejor futuro para ellos y para sus hijos. Nací en Alemania, y nunca jamás nadie me ha insultado ni he sentido tanta falta de respeto como con sus palabras diciendo que soy un rollo. (Aplausos). Yo no soy un rollo. Somos
muchísimos los españoles que nacimos en esas condiciones porque nuestros padres, nuestras madres y nuestras familias querían darnos un futuro mejor, como el que aquí vienen a buscar esos inmigrantes. Dicho esto, de verdad que lo lamento, pero ha
sido una cosa que me ha tocado. No tiendo a personalizar las cosas, pero en esto, sí, porque durante los siete primeros años de mi vida tuve que vivir en Alemania, que fue donde mis padres pudieron conseguirnos un mejor futuro para mí y mis
hermanos. (Aplausos).


Dicho esto, gracias, señor presidente. Señorías, la política migratoria, como desafío global, implica una responsabilidad conjunta para conseguir un objetivo común en el que todos estaremos de acuerdo: una migración legal, segura, ordenada
y acorde al marco internacional de los derechos humanos. Como realidad compleja y en continuo cambio, es necesario abordarla desde un enfoque multisectorial y trabajar en todos y cada uno de los ejes que la componen, con mirada amplia y apuntando a
la multiplicidad de retos que nos plantea.


Quiero agradecer al señor Gutiérrez el carácter constructivo de esta proposición no de ley que han presentado y que debatimos hoy en Comisión. Agradezco el tono y también el compromiso con la que debe ser una política de consenso, de país,
una política de Estado. Por ello, hemos presentado una enmienda de corrección técnica, que se ha aceptado en todos sus términos, que recoge y profundiza el trabajo y la transformación que ha habido en torno a la política migratoria desde que el
Partido Socialista volviera al Gobierno en el año 2018, con aquella primera decisión valiente de acoger el buque Aquarius en el puerto de Valencia. Desde entonces, la política migratoria del Gobierno de nuestro país ha tenido unos objetivos claros:
luchar contra las redes de tráfico de personas, cooperar con los países de origen y tránsito, mejorar la protección internacional, reforzar la seguridad nacional y la cooperación europea en la gestión y control de fronteras, impulsar medidas de
retorno voluntario y profundizar en la política migratoria a nivel europeo.


Señoría, comenzando con el primer punto, los Estados miembros de las Naciones Unidas acordamos ya a finales del año 2018 adoptar un pacto mundial para una migración segura, ordenada y regular, que nos exige apoyar a los países de origen y
tránsito, tanto financiera como técnicamente, a fin de lograr una gestión ordenada de los flujos migratorios que incluyan el establecimiento de centros de solicitudes. Para este fin, la Secretaría de Estado de Migraciones ha venido trabajando en la
figura del reasentamiento, que, como conocen, consiste en que, tras una selección de perfiles efectuada por el ACNUR en algún campo de personas refugiadas de un país tercero, se concede la protección internacional en España a todas o parte de las
personas desplazadas, para asumir finalmente el coste de su traslado y posterior acogida en España.


En segundo lugar, como les decía, este Gobierno sigue comprometido con el diálogo político y la cooperación con los países de origen y de tránsito al objeto de prevenir las salidas de embarcaciones que conllevan pérdida de vidas humanas y la
vulneración de derechos humanos por parte de organizaciones criminales. En efecto, cuando estas medidas de prevención no resultan eficaces, el retorno es un pilar fundamental en la lucha contra la inmigración irregular. Cabe destacar que
anualmente se han venido financiando proyectos de retorno voluntario de personas migrantes desarrollados por organizaciones sociales especializadas en la materia y que, asimismo, el Ministerio de Inclusión y la Organización Internacional para las
Migraciones han suscrito -y suscriben con periodicidad anual- un acuerdo que tiene por objeto, entre otros asuntos, la financiación de proyectos en materia de retorno voluntario de personas migrantes vulnerables.


Por otro lado, hace tres días que celebramos el Día del Refugiado, y el Gobierno de España estuvo, está y seguirá estando profundamente comprometido con las personas refugiadas y solicitantes de protección internacional. Por poner un solo
ejemplo, según los datos de la Oficina de Asilo y Refugio, desde el año 2013 a 2017, de 31 740 venezolanos que pidieron la protección internacional, el Gobierno del Partido Popular solo se la concedió a 21 solicitantes; en el año 2019, y con sello
socialista, se impulsó



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la figura de las autorizaciones de estancia o residencia por razones humanitarias, y ello supuso que casi 40 000 personas recibieran ese mismo año protección internacional en España.


Señorías, el Gobierno sigue trabajando para que la formalización, la instrucción y la resolución de las solicitudes se hagan con la mayor brevedad posible. Por ello, se está reforzando la Oficina de Asilo y Refugio y se ha aumentado de
forma importante su personal, que ha pasado de una plantilla de apenas 67 funcionarios, incluido el personal laboral, a una plantilla que a día de hoy cuenta con 298 personas en la relación de puestos de trabajo.


Finalmente, y en relación con el visado de inspiración canadiense, tengo que decirles que esto es un tema de reforma normativa y no de gestión, con lo cual habría que hacer alguna reforma en la Ley de Extranjería.


En definitiva, señorías, siempre podrán contar con este Gobierno y con los grupos que lo sostienen para avanzar en la ordenación de las políticas migratorias conforme a los principios y exigencias de un Estado democrático y de derecho, el
respeto a la dignidad de todo ser humano y la garantía de la justicia social como prioridad de toda política pública, incluida la política migratoria.


Gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE (Gómez-Reino Varela): En el turno de fijación de posiciones, tiene la palabra, en primer lugar, por el Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu, el señor Matute.


El señor MATUTE GARCÍA DE JALÓN: Muchas gracias, señor presidente.


La verdad es que no iba a intervenir en este punto porque no tengo por costumbre debatir con quien cosifica a las personas. Cosificar a las personas es el primer paso que se da para después desposeerlas de derechos. En la medida en que son
cosas y no personas, cualquier cosa, cualquier medida que hagamos con ellos puede ser razonable.


Aquí se ha oído de todo, se ha oído hablar de población no integrable. Yo creo que hay más personas no integrables en esta Cámara que inmigrantes cruzando el Estrecho. (Aplausos.-Protestas). Pero se ha hablado también... Con calma, con
calma, que son cinco minutos, tenéis que aguantar un ratito. Digo que se ha hablado también de inmigrantes ilegales, y yo creo que si a alguien hay que explicarle a estas alturas de la vida que el inmigrante, en tanto que persona, no es ilegal, que
lo que puede estar es en situación de irregularidad y que esa es la realidad y no otra, pues es complicado establecer un debate. Por eso digo que no pensaba siquiera intervenir. O sea, debates que plantean una involución con respecto a lo que dice
la Declaración Universal de los Derechos Humanos supone de facto un debate y un tiempo estéril. Están haciendo gestos... ¿No? Pues, entonces, déjenme continuar.


Y ahora, en la segunda parte, voy a dedicar lo que me queda de intervención -que ya he dicho que en esto poco más tengo que decir- a una apelación directa que se nos ha hecho a mí y creo que al compañero de Esquerra Republicana de Catalunya.
Claro, se nos ha hablado de la necesidad de másteres en respeto. Bueno, yo creo que la figura del máster en el Estado español no es la más adecuada para ejemplarizar nada porque está más devaluada que un duro de madera (risas y aplausos), pero si
lo que usted pretende decir es que tengo que tratar con respeto a los agricultores y a los jornaleros andaluces, le diré que eso es lo que hice en la intervención del otro día, que lo que es faltar al respeto a los jornaleros, a las jornaleras y a
los trabajadores andaluces es permitir prácticas de esclavitud por parte de unos pocos, que es lo que dije también la semana pasada. Yo no sé qué dificultad tienen ustedes para manifestar tanta preocupación por que yo critique a gente que se dedica
a explotar a personas, y no lo digo yo desde una lógica subjetiva, lo dicen las denuncias que han venido realizándose por el Sindicato Andaluz de Trabajadores y a las que ustedes parece que quieren hacer oídos sordos. Pero, como le decía, las
denuncias existen y, por tanto, nada está inventado. Ahora bien, viendo el efecto que ha causado que nosotros desde el norte, desde Euskal Herria, podamos hablar de la situación de los trabajadores del campo andaluz, tengan por seguro que lo vamos
a seguir haciendo. No hay muchas cosas que nos agraden más que verles inquietos, nerviosos y preocupados.


Y termino con una cuestión, y es la que explica por qué vamos a seguir interviniendo, porque probablemente a mí con un jornalero andaluz, con sus vivencias, con sus preocupaciones y con su devenir diario, me unen pocas cosas, pero me une
pertenecer a la misma clase, no a la misma nación, cierto es, pero sí a la misma clase, que creo que no es la clase que usted defiende ni representa. (Aplausos).



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El señor PRESIDENTE (Gómez-Reino Varela): Gracias, señor Matute. Por el Grupo Parlamentario Plural, tiene la palabra el señor Baldoví.


El señor BALDOVÍ RODA: Miren, a mí me pasaba como al señor Matute, tampoco pensaba intervenir, pero cuando oigo las sandeces que se dicen aquí, tengo que intervenir, y para desmentir sobre todo esa afirmación de que hay inmigrantes
ilegales. Estoy de acuerdo en lo que ha dicho el señor Matute, no hay personas ilegales, hay personas que están en una situación administrativa irregular. Y cuando se dice que los españoles iban con contrato a Europa, se lo tengo que desmentir.
Miren, mi propio padre fue sin contrato a Francia, a criar a la familia, a las campañas de la vendimia y a las campañas del arroz. Mi suegra, diecisiete años en Francia, sin un solo jornal y trabajando en el trabajo doméstico en un marge perdido en
el Ródano, trabajando todos los días de la semana, diecisiete años. ¡Claro que iban de forma irregular allí! Porque el hambre, la necesidad, el querer criar a una familia no pone fronteras, y eso hicieron dos millones de españoles (la señora Oria
López: tres millones, tres) que entre 1960 y 1973 fueron a Europa, la mitad de forma irregular; la mitad. Esos dos millones, por cierto, ¿eran una invasión de españoles en Europa? ¿Podríamos considerar dos millones de personas una invasión?
Atendiendo a lo que hemos oído hace un momento, probablemente, sí. Y además les digo otra cosa: muchos de esos españoles, muchos, fueron también víctimas del tráfico de personas o de la trata de personas; víctimas. Por tanto, no insistan más en
este argumento de que todos los españoles iban a Europa con contrato porque es mentira; es mentira, y se lo digo porque lo conozco y porque está en mi propia familia.


Moltes gràcies. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE (Gómez-Reino Varela): Gracias, señor portavoz. Por el Grupo Parlamentario Republicano, tiene la palabra la señora Dantas.


La señora CARVALHO DANTAS: Me gustaría hacer un llamamiento aquí a los grupos del espacio de la humanidad, un llamamiento a los grupos parlamentarios del espacio de la humanidad, y es que dejemos ciertas palabras o ciertas expresiones para
el espacio de la no humanidad (rumores.-La señora Angulo Romero: ¡Oye!), como puede ser 'invasión', como puede ser 'masivo', como puede ser 'blanquear', como puede ser 'trabajo en negro', y muchísimas otras frases que son racistas, que son de cuño
racista. Yo veo y leo en muchas iniciativas parlamentarias demasiadas expresiones racistas. Intentemos aprender, intentemos deconstruirnos del racismo estructural.


Dicho esto, el Grupo Parlamentario Republicano no estamos de acuerdo con la PNL del grupo proponente por ser extremadamente garantista de la Europa fortaleza, según el nuevo Pacto de Migración y Asilo de la Unión Europea, pacto que se hizo
tras la total incapacidad de todos los Estados miembros y su falta de voluntad para dar respuesta desde una perspectiva de derechos humanos a los crecientes flujos migratorios. El Grupo Parlamentario Ciudadanos ha presentado la misma PNL en tres
comisiones: Exteriores, Interior y Migraciones; se ve que tiene muchas ganas de que se apruebe esta PNL.


¿Por qué no estamos de acuerdo el Grupo Parlamentario Republicano? Primero, porque asume un procedimiento acelerado en la frontera, lo que es discriminatorio y totalmente contrario a la esencia del derecho de asilo, totalmente; supondría
una merma en las garantías y sería un incumplimiento grave del principio de la no devolución, así como un uso excesivo de la detención. Dos, asume la solidaridad a la carta; se facilita a los Estados la posibilidad de elegir entre reubicación
desde los principales países de entrada o patrocinar los retornos a países de origen o tránsito a través de apoyo técnico y económico. Tres, asume la externalización de fronteras y de los retornos. Se pretende devolver o mantener a las personas en
terceros países en los que no se garantiza su protección; la consecuencia es el grave impacto negativo en derechos humanos, señoría, como ocurre, por ejemplo, con el acuerdo Unión Europea-Turquía. Cuatro, asume el control de fronteras y refuerza
Frontex como cuerpo permanente, ojo, de más de 10 000 efectivos que se despliegan o se desplegarían en este caso a partir del 1 de enero de 2021; esto es muy grave, es un ejército. Cinco, asume las vías legales y seguras, pero condicionadas, lo
que supondría imponer una visión utilitarista en la gestión migratoria -utilitarista- y provocaría la fuga de cerebros desde los países empobrecidos. Esto también ya se ha hablado aquí muchas veces, incluso, señorías del Partido Socialista, CEAR y
todas las plataformas que componen la plataforma DESC -que son muchísimas- consideran que el nuevo Pacto de Migración y Asilo de la Unión Europea no supone un nuevo comienzo.


El señor PRESIDENTE: Tiene que acabar, señoría.



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La señora CALVALHO DANTAS: ... sino más de lo mismo, que no pone remedio a los fallos evidenciados desde 2015 y sigue incidiendo en todo aquello que no ha funcionado en términos de derechos.


Muchas gracias. Votaremos que no a la PNL.


El señor PRESIDENTE (Gómez-Reino Varela): Gracias, señoría.


La señora DE MEER MÉNDEZ: Señor presidente, pido amparo al señor presidente. Por el 71.3, pido amparo al señor presidente porque la señora interviniente ha dicho que los que utilizábamos la expresión de 'invasión' no éramos humanos. Yo
creo que es algo como para que usted diga algo.


El señor PRESIDENTE (Gómez-Reino Varela): El señor presidente no se tiene que manifestar en absoluto al respecto de la libertad de expresión de la portavoz.


Tiene la palabra, por el Grupo de Unidas Podemos, su portavoz, la señora Franco.


La señora FRANCO CARMONA: Muchas gracias, presidente.


En primer lugar, creo que es importante ir hacia las soluciones, y desde Unidas Podemos vamos a utilizar este turno para hablar de las soluciones. No podemos olvidar que estamos hablando de personas, por tanto, de la necesidad de la
generación de vías legales y seguras de acceso al territorio y de la flexibilización de los criterios de regularización, y además, como ya hemos visto y hemos venido defendiendo estos meses, una regularización amplia de todas las personas que se
encontraban en el territorio cuando empezó la crisis sanitaria. Porque -repito- estamos hablando de personas con necesidad de que se les aseguren sus derechos como personas, los derechos humanos, sus derechos como personas también en el territorio
nacional español.


Si tanto les preocupan las mafias o las redes de tráfico de personas, les vamos a decir que no hay nada como brindar vías legales y seguras para que la gente no tenga que arriesgar su vida o pagar miles de euros a mafias para llegar a
Europa. Por eso es fundamental poner en marcha el mecanismo previsto para solicitar la protección internacional en todas las embajadas y consulados españoles, como prevé el artículo 38 de la Ley 12/2009, habilitando también la concesión de visados
humanitarios. Y otra de las propuestas es eliminar la exigencia del visado de tránsito por parte de España para aquellas personas que proceden de países en conflicto.


Otra medida fundamental, otra solución fundamental en cuanto a las personas que se encuentran en nuestro territorio es flexibilizar los criterios de concesión de permisos de residencia y trabajo de quienes se encuentran en nuestro país, para
que aquellas personas con permiso de residencia y trabajo que tienen que renovarlo no se encuentren, por la situación de precariedad laboral de nuestro país, en una situación de irregularidad sobrevenida.


Con respecto a las personas que se encuentran tramitando su permiso, hay que flexibilizar los criterios ajustándose al mercado de trabajo ante la imposibilidad -y digo ante la imposibilidad-, ya sea nacido en España o no nacido en España, de
generar un contrato de trabajo indefinido por un periodo de doce meses, con la absoluta precariedad que hay en nuestro país. Disminuir también el plazo de seis meses para obtener la autorización de trabajo. Por último, voy a hablar también de
flexibilización en la tramitación de los procedimientos de reunificación familiar y la concesión de extensiones familiares de asilo o autorizaciones de residencia por esta vía.


En último lugar, me voy a referir al portavoz del Partido Popular. Señor Carmelo Romero, usted no sé en qué mundo vive, sinceramente; ya llega un momento en que yo no sé en qué mundo vive. Usted es alcalde de un pueblo maravilloso como es
Palos de la Frontera. Ha hablado de Ceuta, ha hablado de Melilla, ha hablado de Canarias, ¿pero a usted no se le cae la cara de vergüenza de no hablar de los asentamientos de temporeros y temporeras que hay en Palos de la Frontera? ¿A usted no se
le cae la cara de vergüenza de no proporcionar vivienda digna a los trabajadores y trabajadoras que sacan el campo adelante en su pueblo? ¿No se le cae la cara de vergüenza de no proporcionar dignidad a los trabajadores y trabajadoras, temporeros y
temporeras...,


El señor PRESIDENTE: Señora Franco, tiene que acabar.


La señora FRANCO CARMONA: ... que están generando riqueza en su pueblo? ¿No se le cae la cara de vergüenza de no asegurar los derechos humanos en su pueblo? ¿No se le cae la cara de vergüenza? (La señora Angulo Romero: ¡Ha ganado con
mayoría absoluta!).



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Nosotras estamos al lado de los agricultores y las agricultoras, de los empresarios y las empresarias, y lo estamos demostrando con una ley de cadena alimentaria donde ustedes no están ni se les espera.


El señor PRESIDENTE: Señora Franco, tiene que acabar.


La señora FRANCO CARMONA: Los estamos defendiendo a ellos, pero también a los trabajadores y trabajadoras que están malviviendo en asentamientos y por los que usted como alcalde de Palos de la Frontera no está haciendo absolutamente nada, y
se le debería caer la cara de vergüenza. (El señor Movellán Lombilla: Sí, sí, por eso le votan.-Rumores).


El señor PRESIDENTE (Gómez-Reino Varela): Gracias.


El señor ROMERO HERNÁNDEZ: Señor presidente, quisiera intervenir por alusiones.


El señor PRESIDENTE (Gómez-Reino Varela): Sí. Adelante.


El señor ROMERO HERNÁNDEZ: Mire usted, las personas que usted visitó en los asentamientos, por los que usted me ha aludido y de lo que dice que tengo la culpa yo, ¿sabe usted quiénes son? Son los que se saltaron la frontera, los que el
Gobierno de la nación tenía que haber evitado que se saltasen la frontera. Pero no lo evitó, sino que los dejó, los favoreció y, al final, terminan...


La señora FRANCO CARMONA: Presidente, si se permiten los diálogos, yo también quiero dialogar.


El señor ROMERO HERNÁNDEZ: ¿Me permite, por favor? Y al final terminan en esos asentamientos que el Gobierno, que es el responsable por ser el competente, tiene totalmente abandonados. (Varias señoras y señores diputados: ¡Muy bien!).
No les eche usted la culpa a los alcaldes, no les eche usted la culpa; usted es Gobierno ahora. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE (Gómez-Reino Varela): Señor Romero, tiene que acabar.


La señora FRANCO CARMONA: ¡Y usted es Gobierno en Palos de la Frontera y en la Junta de Andalucía también! (Aplausos).


El señor PRESIDENTE (Gómez-Reino Varela): Señorías, no entren en diálogo. (Aplausos).


- POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A REFORMAR LA REGULACIÓN DE LAS PRESTACIONES DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD EN CUANTO A LOS SUPUESTOS DE MUERTE PERINATAL O GESTACIONAL. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO PLURAL. (Número de expediente
161/002748).


El señor PRESIDENTE (Gómez-Reino Varela): Pasamos al punto del 8.º orden del día: Proposición no de ley del Grupo Parlamentario Plural por la que se insta al Gobierno a reformar la regulación de las prestaciones de maternidad y paternidad
en cuanto a los supuestos de muerte perinatal o gestacional. Tiene la palabra el señor Baldoví.


El señor BALDOVÍ RODA: Moltes gràcies, senyor president.


Creo que esta proposición es necesaria, es justa y que se debe de abordar. La muerte perinatal o gestacional se produce con la muerte del futuro hijo o hija dentro del vientre de la madre, durante el parto o en las primeras semanas de vida
del bebé. Ahí, evidentemente, se produce un dolor físico y un dolor psicológico derivado de la pérdida de ese hijo que no han llegado a tener o que ha muerto, y constatamos que hay una falta de procedimientos y de protocolos para garantizar la
atención a estas madres y a estos padres. Por tanto, entendemos que se ha de revisar la estrategia de atención y asistencia a los partos, por una parte, para la atención a las mujeres que están en el hospital y, por otra parte, para que cuando
salgan del hospital se haga un seguimiento sanitario y psicológico de estas personas que han tenido una pérdida en sus vidas.


Esto será abordado en la Comisión de Sanidad, donde sabemos que hay una propuesta del Partido Socialista, otra que también presentamos nosotros, Compromís, y la que presentamos aquí, que tiene que ver necesariamente con que hay que revisar
las prestaciones por maternidad y paternidad, porque ahora mismo estas madres y estos padres quedan desprotegidos si ese futuro hijo o hija muere antes de los 180



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días y, por tanto, no se pueden acoger a esas prestaciones a las que sí se pueden acoger los que han superado esa barrera, cuando el dolor y la pérdida son exactamente los mismos. Les pongo el caso de una madre valenciana. Un trabajador o
trabajadora por cuenta ajena tiene derecho al 100 % del sueldo, a que a la empresa se le subvencione la Seguridad Social; si es autónomo, al 100 % de la base de cotización, a no pagar la cuota de autónomo y la Seguridad Social se hace cargo de la
Seguridad Social de la persona que tenga que contratar para sustituirle. En estos casos de muerte perinatal antes de los 180 días se tienen que coger una incapacidad laboral transitoria, por tanto, en el caso de que sea un trabajador por cuenta
ajena, cobraría el primer mes el 60 % y, luego, el 70 %; y en el caso de que fuera autónomo, los cuatro primero días después de producirse el hecho no cobraría, entre el día 4 y el día 20 cobraría el 60 % de la base de cotización, y, luego, del día
20 en adelante, el 75 %, y además tendría que pagar la cuota.


Caso de una madre valenciana que sufrió la muerte de sus hijos a las veinte semanas de gestación: entre lo que cobró de la mutua y lo que pagó a la Seguridad Social por su cuota de autónomo, le quedaron 120 euros. Con 120 euros pocas cosas
se pueden hacer. Por tanto, entendemos que es imprescindible revisar e implementar medidas en este caso para que también estas personas puedan acogerse a las prestaciones de maternidad y de paternidad. En este sentido, hemos presentado esta
propuesta y hemos llegado a una transaccional con el Grupo Parlamentario Socialista para que en la Mesa del diálogo social se implemente de una manera urgente ya, porque ya ha habido otras propuestas en otro tiempo y al final no se hizo nada. Por
tanto, entendemos que es el momento, con un Gobierno y con una mayoría social progresista, para que esto se aborde.


Agradecemos a la portavoz socialista la capacidad que hemos tenido de llegar a un acuerdo, que es la transaccional que les hemos trasladado. En nuestro caso, hubiéramos querido que fuera mucho más ambiciosa -es decir, que se marcaran unos
plazos-, pero entendemos que hay voluntad por parte del Gobierno para que esto se regule, confiamos en que efectivamente será así y preferimos que se vote positivamente por una amplia mayoría esta propuesta.


Moltes gràcies.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario Socialista, para defender su enmienda, tiene la palabra la señora Vilches.


La señora VILCHES RUIZ: Gracias, presidente.


Señorías, buenas tardes. Gracias a la proposición no de ley presentada por Compromís, tenemos la ocasión de debatir en esta Comisión una cuestión que es profundamente sensible e importante y que debe abordarse no solamente desde el punto de
vista laboral, tal y como nos plantea esta PNL, sino también desde el punto de vista sanitario y con perspectiva de género.


La muerte de un hijo o hija durante el embarazo o poco después del parto es una situación traumática, muy dura y profundamente dolorosa, especialmente para las madres. Todas nosotras, bien en nuestras carnes, bien en personas cercanas,
hemos podido vivir o conocer de cerca ese dolor. Leer el informe de Umamanita sobre la calidad de la atención sanitaria en casos de muerte intrauterina, con un estudio sobre 796 encuestas, o la tesis doctoral de Paul Cassidy sobre el duelo y la
desigualdad de género en la atención tras la muerte perinatal nos permite conocer de forma global y desde todas las ópticas posibles, a través de distintas experiencias, la realidad de la que hablamos y tomar conciencia de que, como legisladores,
debemos hacer lo posible por facilitar este proceso. Las posibilidades de expresar y, por lo tanto, de superar este duelo son muy limitadas, porque tanto a nivel institucional como también a nivel social suele estar desautorizado. Además, se
desarrolla en un contexto en el cual la mujer es tratada con posturas paternalistas regidas por estereotipos de género y donde tanto ellas como sus parejas y familias no suelen tener conocimientos previos para poder guiar sus acciones y la toma de
decisiones en tan difíciles momentos. Es por ello que la asistencia sanitaria juega un papel fundamental en la vivencia del duelo y puede tener tanto un efecto protector cuando es de buena calidad como perjudicial cuando no cumple con las buenas
prácticas. En su exposición de motivos, el señor Baldoví planteaba que es necesario revisar estrategias y protocolos de atención sanitaria, estableciendo un tratamiento específico para casos de muerte intrauterina desde el punto de vista
psicológico y humano, pero también mejorando la formación del personal sanitario. Así, las madres y padres que viven una experiencia tan dolorosa como la pérdida de un hijo o una hija tendrán herramientas para poder tomar decisiones de forma
autónoma y adecuada también a sus necesidades, a sus creencias y a sus propias circunstancias. En este sentido, el Grupo Parlamentario Socialista ha presentado una PNL que en la Comisión de Igualdad se podrá debatir en breve.



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Desde el punto de vista laboral, en esta PNL concreta se plantea reformar la regulación de las prestaciones de maternidad y paternidad para estos supuestos, ya que efectivamente dentro de nuestro ordenamiento jurídico se contempla como
situación protegida aquella ocurrida antes de los 180 días de gestación y solo para la madre, aunque el padre tiene derecho a permiso retribuido durante las dieciséis semanas desde que el bebé nace con la finalidad de asumir las tareas de cuidados.
No obstante, el reconocimiento del permiso retribuido para padres y madres antes de los 180 días de gestación propuesto supone, por un lado, el reconocimiento de la prestación económica de la Seguridad Social y, al mismo tiempo, implica la
suspensión del contrato de trabajo, por lo que afecta también a los derechos laborales. Por ese motivo, en el Grupo Parlamentario Socialista planteamos una enmienda para que, atendiendo a las recomendaciones del Pacto de Toledo, se estudie en la
Mesa del diálogo social la adecuación de las prestaciones por nacimiento y cuidado del menor para padres y madres en supuestos de muerte perinatal, previo análisis del impacto económico para el sistema de la Seguridad Social, y para que de una
manera gradual y proporcional ambos progenitores tengan derecho a estas prestaciones.


Creo que casi todos los que estamos aquí tenemos muy claro -y esta pandemia así lo ha puesto de manifiesto- que todos aquellos avances, todos los pasos que demos para seguir avanzando en derechos deben ser dados con ritmo cierto y seguro.
Por eso, este que ahora nos ocupa debe ser amparado dentro del marco del diálogo social para garantizar no solo su implantación, sino también su desarrollo y continuidad a lo largo del tiempo, quedando a su vez bajo el paraguas político del Pacto de
Toledo. Con este ánimo presentamos la enmienda y, además, agradecemos el buen talante negociador del grupo proponente, que nos ha llevado a una transaccional. Al resto de grupos les pido su apoyo y, si hacen política de esto, por favor, háganla de
la buena.


Gracias, presidente. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.


En el turno de fijación de posiciones, pasamos al Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común. Señora Saavedra.


La señora SAAVEDRA MUÑOZ: Gràcies, president.


Cualquier iniciativa que suponga ampliar la acción protectora de la Seguridad Social debe estudiarse dentro del marco de la Mesa del diálogo social existente para el seguimiento y desarrollo del Pacto de Toledo, así como en la propia
Comisión de seguimiento y evaluación de estos acuerdos, además de hacer la valoración de impacto económico en el sistema de la Seguridad Social. Pero, más allá del proceso y de la extensión que la protección deba recorrer, queremos referirnos al
fondo de esta cuestión. Como bien se ha explicado, actualmente solo se reconoce el derecho a la prestación económica por nacimiento y cuidado de menor a la madre biológica en casos de fallecimiento de hijo o hija en periodos de gestación de más de
180 días, y esto deja sin el apoyo de una prestación adecuada a los progenitores que hayan sufrido la pérdida de un hijo en periodos anteriores, bien por motivos naturales, bien por interrupción voluntaria del embarazo motivada por cuestiones
médicas de madre o hijo o hija. En Unidas Podemos consideramos que estas prestaciones se deben ampliar en estos casos y valoramos que esta PNL es muy pertinente y adecuada. Por tanto, votaremos a favor.


Gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Saavedra.


Por el Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra la señora Ruiz Solás.


La señora RUIZ SOLÁS: Muchas gracias.


Señorías, la muerte de un hijo es algo dolorosísimo. Cuando un hijo es deseado y querido por sus padres perderlo es terrible, es terrible desde el primer momento. Evidentemente, ese dolor terrible aumenta cuanto más cerca está la llegada
del bebé y se vuelve insoportable cuando ya está en el mundo. Pero ¿quién decide cuánto dolor y a partir de qué momento comienza ese dolor? ¿Son ustedes los que lo van a decidir? Porque eso es lo que están ustedes abordando en esta moción tan
dura, cuantificar ese sufrimiento para regular las prestaciones, cuando de ese dolor solo pueden hablar aquellos que lo han experimentado. (Rumores).


¿Puedo continuar? Gracias, muy amable.


Ustedes se centran con esta moción en la muerte perinatal, que es aquella que se produce desde de las 28 semanas de gestación, o incluso antes, hasta la primera semana de vida, y pretenden legislar para



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apoyar a los padres en su recuperación. ¿Pero qué pasa con la muerte gestacional, la que se produce cuando el bebé tiene más de 22 semanas, o con la muerte neonatal, que es la que se produce durante los 28 días siguientes? Por supuesto,
obvian también el sufrimiento de los padres cuando la muerte del bebé sobreviene en las primeras semanas del embarazo, porque entiendo que ustedes son de los que creen que esa vida no es igual de valiosa. Pero, díganme, ¿no sufren también física y
psicológicamente todas estas madres y estos padres?


Ustedes no solo pretenden decidir lo que es un bebé y desde cuándo es un bebé, también pretenden decidir cuánto sufre un padre y una madre y a partir de qué semana. ¿De verdad creen ustedes que las madres que pierden a sus hijos antes de
los 180 días sufren menos, que no se van a su casa desamparadas también, que no necesitan ayuda? ¿No merecen también esa atención asistencial cuando están ingresadas en un hospital o ese seguimiento sanitario y psicológico en los meses posteriores?
¿Cuáles son los criterios que aplican ustedes para decidir quién merece prestaciones de maternidad y paternidad y quiénes no? ¿Cuáles son los criterios que aplican para decidir quiénes merecen más o menos ayuda? ¿Cómo van a valorar qué tiempos
necesitan para su recuperación física y psicológica unos y otros?


Son muchas las preguntas que para nosotros en esta moción no tienen respuesta y, ante una moción tan dura, tan discriminatoria desde nuestro punto de vista y tan poco sensible con el sufrimiento de tantos padres que se quedan fuera y que
pierden a sus hijos en circunstancias muy duras, nosotros nos vamos a abstener.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora García.


La señora GARCÍA RODRÍGUEZ: Gracias, presidente.


El momento más bonito para una madre es el nacimiento de sus hijos. Perder a un hijo es un gran golpe para una mujer y para su pareja, se lo puedo asegurar. Escuchar la frase 'no encuentro el latido' es la peor noticia que una mujer
embarazada puede recibir, una experiencia para la que nadie está preparado. Y coincido con ustedes, la muerte perinatal existe, es una realidad; y, como es una tremenda realidad, hay que abordarla de una manera integral desde todos los ámbitos,
garantizando la salud y el bienestar de las mujeres que la sufren. Por eso, esta PNL es poco ambiciosa. Es imprescindible llegar a todos los ámbitos: sanitario, psicológico, laboral, más información, mayor concienciación, orientación,
acompañamiento. Por tanto, parece una obligación de todos aprobar protocolos específicos sobre atención en el proceso de muerte y duelo perinatal, que ofrezca recursos y acompañamiento a las mujeres y a sus parejas, así como acompañamiento y
asistencia psicológica y formación especializada para los profesionales, garantizando su aplicación.


En el ámbito psicológico, los especialistas hablan de valorar el aspecto emocional de la mujer en este proceso; por ello, hay que garantizar el acompañamiento, la atención al duelo físico y emocional de la mujer e, insisto, también de la
pareja. En el ámbito laboral, en España, con respecto a los permisos, cuando la muerte ocurre después de los 180 días, las mujeres tienen derecho a la baja, pero es lamentable que actualmente no exista ningún otro permiso al respecto y se les exija
a las mujeres que sigan adelante con su vida, con su trabajo. A veces son hasta cuestionadas y se encuentran indefensas, ya que tienen que volver a su trabajo al día siguiente de haber sufrido una muerte gestacional sin haber asimilado aún lo
ocurrido. Por ejemplo, recientemente Nueva Zelanda se ha convertido en uno de los primeros países en aprobar una baja por duelo para familias que pierdan a sus hijos antes del parto o sufran abortos espontáneos durante la gestación. Por tanto, es
importante que España avance en esta dirección, aprobando un permiso remunerado que, sin duda, supondría un avance de la legislación en clave de derechos.


Pero con lo que no estoy de acuerdo es con el discurso del señor Baldoví porque se ha caído; se ha caído en cuanto ha firmado esta transaccional con el Grupo Parlamentario Socialista. Todas sus pretensiones al acordar esta transaccional se
han caído. Se ha plegado usted al dictado del Gobierno, porque quería y peleaba por una reforma de los permisos y se ha quedado simplemente en un estudio condicionado al diálogo social y en una mera declaración de intenciones. Por tanto, falsos
discursos y cero compromisos.


Gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.



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- CONTRA EL RACISMO Y LA XENOFOBIA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/002795).


El señor PRESIDENTE: Pasamos al último punto del orden del día, la novena PNL. Proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista contra el racismo y la xenofobia. Para defenderla, tiene la palabra su portavoz, el señor Diouf.


El señor DIOUF DIOH: El Grupo Parlamentario Socialista trae esta PNL contra el racismo y la xenofobia, siendo, desgraciadamente, una vez más un momento necesario para la reflexión sobre esta lacra social, porque la xenofobia y el racismo
siguen siendo la gran pandemia de la humanidad. El racismo y la xenofobia desmantelan directamente los cimientos sobre los que se construyen los Estados de derecho, afectando a la dignidad de las personas y perjudicando gravemente la convivencia,
la paz social, el respeto y la tolerancia. Todo ser humano que aspira al progreso y a la mejora de la sociedad debe ser un firme defensor de los derechos inherentes a todas las personas, procedan de donde procedan. Nadie puede ni debe ejercer
actitudes y comportamientos racistas y xenófobos. No hay excusa. Quiero recordar a las personas racistas que los discursos de odio anteceden a los crímenes de odio. El Holocausto no empezó con la Cámara de gas, comenzó mucho antes con la
propaganda nazi.


En esta España plural y diversa no es de recibo escuchar estos días las alusiones racistas a Serigne Mbayé en la Asamblea de Madrid, el trato dispensado a María Carvalho Dantas en el Congreso y, desde hace años, ver cómo algunos utilizan las
situaciones personales de cada individuo para excusar una forma de hacer política que solo alimenta el odio. Señorías, en España ni se debe callar ni se debe aplaudir este tipo de discursos. La España única es de otro tiempo, del blanco y negro,
de los cuarenta años de terror para los que eran y pensaban diferente. Hoy España es una democracia y en la mayoría plural trabajamos para una España de sosiego, de diálogo y de consenso, donde todos y todas podremos vivir en paz con nuestras
diferencias lingüísticas, religiosas y culturales, porque eso, señorías, es lo que consagra la Constitución española.


El Gobierno ya lucha contra el racismo y la xenofobia de manera trasversal en todas las instituciones, pero queremos que se sigan impulsando medidas que continúen luchando contra las discriminaciones, que se sigan promoviendo actuaciones que
promuevan la cohesión social, tanto reforzando las funciones que lleva a cabo el Oberaxe, el Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia, como impulsando informes y estudios que nos den la oportunidad de obtener una radiografía de nuestra
sociedad en relación con el racismo y la xenofobia. Les invito a leer el último informe, publicado a principios de junio, sobre personas condenadas por delito de odio, en el que se nos indica que, según el perfil sociodemográfico, estas personas
son más jóvenes que la población general penitenciaria; son mayoritariamente nacionales, solteros y convivientes con la familia de origen; poseen un nivel educativo básico, no tienen trabajo remunerado ni ingresos económicos suficientes;
presentan un perfil criminológico e historial delictivo; presentan un historial familiar de ideología de odio, y pertenecen o se relacionan con un grupo organizado, con ideología de odio en el momento de los hechos delictivos, por ejemplo,
neonazis, extrema izquierda o ultras de fútbol.


Es necesario seguir reforzando la cooperación interministerial, así como las colaboraciones que se realizan con la Oficina Nacional de Lucha contra los Delitos de Odio, y que se sigan impulsando acciones para la lucha contra la
discriminación, como el Protocolo para combatir el discurso de odio ilegal en línea y el proyecto europeo ARLECO para combatir el discurso de odio, el racismo y la xenofobia con mecanismos de alerta y respuesta coordinada. Por eso, señorías,
recordemos que las palabras matan. Sí, las palabras matan, tanto como las balas. En nuestra memoria, hace una semana, la localidad murciana de Mazarrón clamó contra el racismo por el asesinato racista de su vecino Younes Bilal. Señorías, debemos
usar la palabra para que se convierta en una herramienta de la paz, una herramienta para la unidad social, para la armonía, en vez de que sea usada para trasladar bulos, mentiras y odio que se convierten en discordia, inseguridad y muerte.


¿Qué mejor forma de mostrar la verdad que con campañas que muestran la realidad tal como es? ¿Por qué no podemos poner en valor a todas las personas que viven y conviven en España? Todos y cada uno de nosotros hacemos que España se
enriquezca, aportamos para ser mejores como sociedad, potenciamos esta diversidad y el talento de cada uno de nosotros. Dejemos claro que dentro de la democracia no cabe el odio ni las discriminaciones, que esos tiempos pasaron ya. Quien trabaja
para la España de ahora y del futuro debe promocionar la solidaridad y la cohesión social. Pongamos nuestra mirada en las personas más vulnerables, seamos capaces de llevar a cabo medidas que se acuerden de



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las personas que sufren más de una discriminación; acordémonos de las mujeres refugiadas inmigrantes y sobre todo de los niños, las niñas y adolescentes no acompañados, que están solos, porque nosotros tenemos una responsabilidad como
adultos que es su protección. No hay excusas, señorías, para confundir a las personas, no hay excusas para crear diferencias donde no las hay, para crear odio donde no existe. No agiten esta bandera porque estará manchada de sangre.


Señorías de esta Comisión, el Grupo Parlamentario Socialista solo espera que esta proposición nos una y que los valores democráticos se vean una vez más fortalecidos con su voto a favor de la PNL. Y quiero recordarles que todos y todas
tenemos un compromiso con la convivencia pacífica en esta España plural y diversa.


Gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


Se han presentado dos enmiendas a esta proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista. Para defender cada una de sus respectivas enmiendas, en primer lugar, por el Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra la señora De Meer.


La señora DE MEER MÉNDEZ: Muchas gracias, señor presidente.


En primer lugar, no acepto lecciones del señor Diouf, un señor condenado por la Audiencia Provincial de Gran Canaria en el año 2008 por pegarle una paliza a un hombre y provocarle un traumatismo craneal y facial. Solo quiero decir que me
avergüenza compartir escaño con su señoría.


En segundo lugar, señora Carvalho Dantas, yo entiendo que debe ser duro vivir con el odio que lleva usted en su interior, con sus gritos, con sus insultos; y siento que invierta su tiempo, su obsesión y su dinero en diseñar y en encargar
pegatinas sobre VOX para empapelar su ordenador, y quién sabe si su despacho. Tiene que ser muy triste vivir así. Solo quiero decirle que a usted yo personalmente no le tengo ningún odio, ni a usted ni a nadie de esta Cámara, y que, más allá de
esta intervención, en cuanto salgo de esta sala solamente tengo la tranquilidad del amor a mis principios, a mi nación, a los españoles y a defender aquello en lo que siempre he creído. Por lo tanto, yo no les odio a ninguno de ustedes, faltaría
más.


Por otro lado, esta proposición no de ley, al fin y al cabo, viene a criminalizar a los españoles. Y no tenemos que huir de la realidad, porque los españoles humildes, los españoles que viven en barrios humildes, sufren la inseguridad. Si
se han dado una vuelta ustedes por algún barrio en el que haya un centro de menas y han preguntado a alguna asociación de vecinos, los españoles están preocupados porque haya un centro de menas en sus zonas, porque aumenta la criminalidad; y no lo
dice este grupo parlamentario, sino que lo dice la misma Policía. Los españoles están preocupados, sobre todo los españoles humildes y también de la tierra de donde yo vengo, de Almería, cuando tienen cerca de su casa un oratorio fundamentalista
islámico, cuando detienen a un yihadista o cuando detienen, como ha pasado el año pasado en Gran Canaria, a un individuo que se dedicaba a reclutar mujeres vulnerables para ser las esposas de los futuros muyahidines que lucharían por la yihad.
Aunque ustedes cierren los ojos, esto está pasando en España, y a todos esos españoles humildes ustedes les obligan a aceptar ese modelo de sociedad multicultural y además les insultan si no aceptan todos esos postulados que ustedes les ponen encima
de la mesa. Ustedes han decidido traicionar a todos esos españoles humildes, fundamentalmente a los de los barrios obreros de España.


Además, no lo hacen ustedes porque se les haya ocurrido. No, lo hacen ustedes porque son el escupidero de los multimillonarios y las élites progres del mundo; eso es lo que son ustedes, desde el Partido Popular hasta Bildu, en esta Cámara.
Ustedes son ese felpudo de la Agenda 2030 decidida en el Foro Económico Mundial en Davos y todos esos multimillonarios que les dan a ustedes órdenes fomentan este tipo de cosas que ustedes nos traen a los Parlamentos, como, por ejemplo, decir que es
bueno y positivo y que debemos aspirar a una sociedad multicultural, cuando ya vemos las consecuencias de una sociedad multicultural en los barrios humildes. Porque entre los ricos funciona todo muy bien, pero cuando estamos hablando de barrios
humildes ya no funciona tan bien la cosa y, además, lo vemos en el resto de Europa. Tenemos el espejo en Francia, lo tenemos en Bélgica, lo tenemos en Inglaterra. Por ejemplo, ¿saben ustedes que hay un Consejo de la Sharia Islámica en Leyton,
donde no se aplica la ley inglesa? ¿Han pasado ustedes por Molenbeek? ¿Han pasado ustedes por Barbès en París? De una vez por todas, miren aquello que les está rodeando y aquello que les obligan a traer a los Parlamentos en forma de iniciativas
legislativas. Las sociedades multiculturales son sociedades fracasadas y, por lo tanto, todos los chiringuitos que vengan a alimentar estas sociedades



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multiculturales son cómplices de este fenómeno, con la sobrerrepresentación, entre otras cosas, de las minorías. Y todo este fenómeno además se dedica a financiar movimientos como el BLM, el Black Lives Matter, que lo que pretenden al final
es arrodillar a los españoles ante la industria que solo interesa al globalismo económico, porque es el único beneficiado, porque es quien quiere los beneficios de traer mano de obra esclava a España.


Por lo tanto, con sus pretensiones de llamar racistas y xenófobos a todos los españoles, ustedes se lo llaman a los que caminan por Ceuta estos días y ven que hay 3000 menores deambulando por las calles porque no tienen adónde ir, y a los
que sufren la inseguridad y las consecuencias de todos esos menores; menores a los que han condenado tanto ustedes, porque son políticos cómplices, como el Reino de Marruecos, por haberlos utilizado.


Además, son cómplices todos ustedes de no querer y de no permitir a los españoles conservar lo que ellos heredaron de sus abuelos. Hay españoles que quieren conservar lo que han conocido, conservar lo que han heredado, conservar su
identidad, conservar sus valores, conservar sus principios, conservar su civilización, y no son culpables por quererlo.


Muchísimas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Continuamos con la defensa de las enmiendas.


Por el Grupo Parlamentario Republicano, tiene la palabra la señora Carvalho Dantas.


La señora CARVALHO DANTAS: Moltes gràcies, senyor president.


Agradecemos al diputado Luc Andre Diouf que nos traiga una PNL de estas características con la que estamos completamente de acuerdo en el Grupo Parlamentario Republicano. De hecho, desde que soy diputada no hago otra cosa que luchar desde
aquí contra el racismo, la xenofobia, los discursos de odio, etcétera.


El racismo estructural, el racismo institucional y el racismo social alimentan al fascismo, a la extrema derecha y al neofranquismo que nos quieren en las cunetas, nos quieren ahogadas en el mar, nos quieren presas en los CIE y en los CETI,
nos quieren dentro del armario, nos quieren deportadas, nos quieren obedientes y recatadas, nos quieren calladitas, nos quieren apaleadas y asesinadas en nuestros hogares, nos quieren violadas en los campos de plantación, nos quieren sin papeles.
La regularización ya, permanente y sin condiciones, de todas las personas en situación irregular sería, desde nuestro punto de vista, una medida gubernamental muy eficaz contra el racismo y la xenofobia, y estoy absolutamente convencida de que el
diputado Luc Andre está de acuerdo conmigo. El Gobierno debe hacerlo ya, señoría. Regularizar la situación de todas las personas en estado administrativo irregular sería una buenísima medida para luchar contra la xenofobia, contra el racismo,
contra los discursos de odio y contra la islamofobia. Sería básicamente luchar por los derechos de estas personas, que son directamente sujetos de derecho en su PNL.


El Grupo Parlamentario Socialista nos trae hoy una PNL contra el racismo y la xenofobia con la que estamos de acuerdo -ya he dicho antes que vamos a votar que sí- y a la que hemos presentado nueve enmiendas, aceptando el Grupo Parlamentario
Socialista una de ellas. Creemos que hay que realizar propuestas muy concretas, que doten de contenido y de efecto jurídico, pero también político, el planteamiento realizado en la parte expositiva de la proposición, que es muy bueno. No se puede
abordar un asunto tan importante como el racismo y la xenofobia sin introducir medidas que impliquen cambios reales y palpables en la vida de las personas que lo sufren.


Nos hacemos eco del alegato realizado y escrito por Safia El Aaddam, que es una comunicadora, filóloga, educadora social y activista, tras el asesinato a quemarropa del joven marroquí de treinta y siete años Younes Bilal este mismo mes en un
bar del puerto de Mazarrón. ¿Quién mató a este señor, a Younes? Carlos Patricio B.M., exmilitar de 52 años que mató a tiros en Murcia a este joven que defendía a la camarera y a sus amigos de los insultos racistas de su agresor. Quiero centrarme,
y ya acabo mi participación en esta PNL, en lo que dijo la compañera Safia. A Younes lo han asesinado en España por ser moro; a Younes lo ha asesinado un racista que lleva años alimentándose del racismo antimoro que campa a sus anchas en España
desde hace décadas; a Younes lo han asesinado por la impunidad que tienen los racistas en este país; a Younes lo han asesinado porque España no mira el racismo que tiene en casa, porque hace postureo barriendo fuera de ella; a Younes lo han
asesinado porque el Estado lo ha permitido; a Younes lo han asesinado porque no se han tomado medidas contra quienes usan nuestras caras moras en carteles electorales, contra quienes gritan en un mitin electoral que Mohamed, Ahmed, Brahim, Aisha,
Fatma y Amina reciben ayudas de alquiler, mientras los españoles de sangre, no, que los



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menas cobran miles de euros y tu abuela blanca, no; a Younes lo han asesinado porque en España hay un racismo antimoro que ya no cabe ni en el país...


El señor PRESIDENTE: Tiene que acabar, señoría.


La señora CARVALHO DANTAS: A Younes lo han asesinado por los comentarios de clase: moro de mierda, color de mierda, vete a tu país; y del patio del colegio al bar, de insultos a patadas y de patadas a disparos.


Ministerios, ¿dónde están las caras moras? ¿Dónde están nuestras madres moras a las que tantas veces han increpado en las calles? ¿Quién las representa? ¿Quién habla por nosotras? ¿Quién habla por tantísimos moros y moras?


El señor PRESIDENTE: Señoría, tiene que acabar.


La señora CARVALHO DANTAS: Acabo.


Nos habéis excluido de vuestro intento de diversidad e igualdad.


Vamos a votar que sí. El Grupo Socialista ha aceptado una de nuestras enmiendas. Y siempre, siempre, estaremos en la lucha antirracista.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría. Esa enmienda se hará llegar, por lo tanto, al resto de portavoces de los grupos.


Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos tiene la palabra el señor Gutiérrez.


El señor GUTIÉRREZ VIVAS: Gracias, presidente.


El lema de la Unión Europea es: Unidos en la diversidad, pero también lo es, aunque extraoficialmente, el de cualquier democracia liberal que se precie de serlo. La agregación de intereses de la pluralidad de ciudadanos es el triunfo
último de nuestra forma de organización política y debemos seguir luchando por sostenerlo. Esta pluralidad incluye a ciudadanos de diversos orígenes (étnicos, religiosos y sociales), y es nuestra labor continuar luchando por la igualdad de todos
ellos.


Desde Ciudadanos, como liberales, aspiramos a que cada persona, independientemente de su origen o condiciones, pueda desarrollar un plan de vida que no choque con los derechos y libertades de los demás. Y, en efecto, corren malos tiempos
para la defensa de esta idea. A pesar de que las tornas han cambiado en varios países, seguimos viendo cómo el discurso del odio ha permeado desde rincones ignotos de la sociedad hasta la esfera pública. Partidos políticos de diverso signo han
hecho bandera de la discriminación de otros por su origen, atacando los propios cimientos de nuestras democracias. A lo largo y ancho de la Unión Europea, aún el gran faro de los valores democráticos, sociales y liberales del mundo, los discursos
de odio antisemitas y racistas se siguen extendiendo. Es necesario que todos aquellos que creemos en el valor de la democracia liberal luchemos unidos contra ello. Por ello, no podemos menos que celebrar esta llamada a que se cree un gran consenso
en torno a esta cuestión. Aquí, como en muchos otros asuntos, solo grandes pactos de Estado y medidas consensuadas entre todos los actores podrán tener esperanza de éxito en el corto y en el largo plazo. En esta época de política polarizada, donde
parece más importante tener éxito en las redes que resolver los problemas reales del país, nosotros estaremos del lado de la concordia.


Podremos discrepar en muchas cosas, pero hay determinados asuntos en los que no puede quedarnos otra que sentarnos a limar nuestras diferencias: el racismo, la desigualdad de las mujeres o entre españoles, el mercado laboral, la situación
de nuestros jóvenes o una ley educativa que perdure más allá del ámbito temporal de un Gobierno. Nuestra esperanza es que, paso a paso, podamos dar forma a grandes consensos que ayuden a mejorar este país.


Señora De Meer, yo no voy a calificarla, como ha hecho usted con todos nosotros, sería fácil incluso en este tema y dada la proposición no de ley que estamos debatiendo. Solamente quiero decirle una cosa. Le voy a poner un ejemplo de
multiculturalismo del que estoy absolutamente convencido que usted se siente orgullosa, y es el de la ciudad de Melilla, española desde 1556. Melilla es un ejemplo perfecto de convivencia entre tres culturas: la cristiana, la musulmana y la judía;
es más, es el ejemplo que España debería exportar al resto de Europa. Tenemos uno de los mejores ejemplos de convivencia y de multiculturalismo que existen en el mundo; convencido estoy de que usted está orgullosa de ello, así que mire un poco
más, abra un poco más los ojos, porque creo que a veces le ciegan sus posiciones a la hora



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de entender la realidad en la que incluso viven muchos compatriotas nuestros. Por último, quisiéramos hacer una mención especial a la necesidad de tener también una política migratoria de Estado, que acabamos de defender también en esta
Comisión, con una estrategia centrada en la inclusión, la atracción de migración legal y la coordinación de toda la Unión Europea para afrontar este reto. Somos, como decía, un faro para el mundo en poder normativo, y por ello no podemos dejar
atrás nuestros valores y principios en ningún momento. Europa debe ser lugar de acogida y de defensa de los derechos de todos sus ciudadanos.


Finalizo, presidente. Por todo ello, votamos que sí y confiamos en que este sea el primer paso no solo para una sociedad más tolerante, plural, diversa y democrática, sino también una política de consensos y de defensa de los principios
liberales y democráticos, es decir, el único marco posible para la defensa de los derechos de todos los ciudadanos y la promoción de sus planes de vida en igualdad de oportunidades y sin importar sus circunstancias.


Gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario Confederal, tiene la palabra el señor Rodríguez.


El señor RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Gracias, presidente.


Cuando piensas como una nazi, cuando hablas como una nazi y cuando actúas como una nazi, pues está claro lo que eres. Pero el problema no es que se digan las barrabasadas que se han dicho aquí, en el Congreso de los Diputados; el problema
es que eso propicia y auspicia la forma de terrorismo más activa que hay ahora mismo en nuestro país que es el terrorismo de extrema derecha. Los discursos de odio y las barrabasadas como las que hemos oído hace escasos minutos hoy aquí propician
que una persona, que un energúmeno coja una pistola y le pegue tres tiros en el pecho a otra simplemente por el color de su piel o por su procedencia; propician que se navajee a personas en las colas de los bancos de alimentos al grito de, los
españoles, primero; propician que se den palizas y haya violencia de todo tipo contra personas racializadas, contra personas LGTB, etcétera. Por eso es tan importante aislar a gente que está totalmente fuera de cualquier atisbo de convivencia
democrática o totalmente fuera de cualquier atisbo de libertades y de derechos en nuestro país.


Por eso, en nuestro grupo parlamentario damos la bienvenida a una iniciativa como la que expuso el compañero del Grupo Socialista y, como no puede ser de otra manera, votaremos a favor. Esto es un problema que preocupa a muchísima gente y,
desgraciadamente, las cosas que se dicen aquí, con altavoces muy potentes y que son reiteradas o repetidas por muchísimos medios de comunicación, tienen consecuencia directa sobre la vida de muchísima gente en nuestro país. Esto, por supuesto, no
es ninguna broma, y nos tendrán enfrente siempre, por mucho que griten y por muy maleducados que sean, o maleducadas, con 'a'.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría. Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Angulo.


La señora ANGULO ROMERO: Gracias, presidente.


La Constitución española garantiza la igualdad de los españoles ante la ley, prohíbe toda discriminación y conmina a los poderes públicos a promover las condiciones para que esa igualdad sea real y efectiva, y bajo ese amparo se han
desarrollado las políticas públicas que nos protegen frente a las desigualdades o la discriminación. Por eso, en el Partido Popular defendemos el valor y el papel de la Constitución como máximo garante de la igualdad y la no discriminación, base
irrenunciable de la democracia liberal. Por eso nos resulta falso el discurso de quienes pretenden dar lecciones de la defensa en la lucha contra las desigualdades y el racismo y la xenofobia como máxima expresión, y que sean precisamente quienes
atacan o incumplen la norma que por encima de cualquier otra nos ampara frente a esos comportamientos repudiables, y a los que, lamentablemente, señores del PSOE, hoy se unen.


Ustedes se han aliado con quienes persiguen la ruptura de la igualdad y de la solidaridad entre los ciudadanos que proclama la Constitución española. Ustedes nos piden luchar contra el racismo y la xenofobia, con lo que nosotros estamos de
acuerdo, pero se alían con quienes, como ayer dijo el señor Díaz y hoy le vamos a repetir nosotros, tienen como ideario cosas como esta: 'Se debería esterilizar al débil mental de origen genético. Hay que defender a nuestra raza ante la llegada de
extremeños y andaluces, porque cuando las razas se mezclan no hacen avanzar la cultura'. O



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quienes hoy dicen que 'la distancia genética se hace más grande de norte a sur'. Eso es a lo que la diputada de ERC llama 'humanismo'.


¿Cómo lo llaman ustedes, señores del PSOE, señor Diouf? Mire lo que no hace tanto tiempo decían ustedes. Carmen Calvo, sobre el expresidente de la Generalitat: 'Es un xenófobo que no viene a aportar nada a la democracia'. El señor
Sánchez aquí, en un Pleno del mes de febrero, a diputados independentistas catalanes les pidió que se hicieran ver su odio y sus expresiones de extremismo y xenofobia. Pues esos son, señores del PSOE y de Podemos, sus socios; son los que les
mantienen a ustedes en el poder, son a quienes conceden indultos que representan la injusticia y la desigualdad y que aumentan los privilegios de unos pocos a costa del derecho de la mayoría. Por eso, lecciones al Partido Popular, ni de unos ni de
otros, porque no nos damos por aludidos.


Nuestro compromiso con la defensa de la dignidad de las personas, en la lucha contra el racismo y la xenofobia es indiscutible. Fuimos nosotros quienes creamos el Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia que hoy nos piden potenciar;
reformamos el Código Penal para dar una mayor protección penal frente a las conductas racistas y xenófobas; aprobamos el Estatuto de la Víctima del Delito incluyendo, entre otras, a las de delitos por motivos racistas o de origen racial o étnico.
Y frente a hechos, su hipocresía. Porque, señores del PSOE, nos dicen que es necesario combatir los mensajes de odio. Claro, y estamos de acuerdo, si reformamos hasta el Código Penal. Pero ustedes son los que apoyan despenalizar conductas que los
fomentan: el enaltecimiento del terrorismo, la máxima expresión del odio. ¿O es que hay algo más que pegar un tiro en la nuca como signo de odio? Asimismo, el ataque a las instituciones y a las normas que garantizan la igualdad y nuestro estado
de derecho.


España es un país de acogida porque también en su día fuimos un pueblo emigrante. Sí, señor, los extremeños, los andaluces emigramos y nos consideraron -algunos que hoy aquí nos quieren dar derechos- ciudadanos de segunda. Pero los
españoles quieren una migración legal, regular, ordenada, vinculada al mercado laboral, que es la que defiende el Partido Popular.


El señor PRESIDENTE: Tiene que acabar, señoría.


La señora ANGULO ROMERO: Y ustedes no estarán legitimados para dar lecciones de derechos humanos mientras mantengan en condiciones de vida indignas a miles de personas que llegan a nuestro país engañados y alentados por sus nefastas
políticas migratorias y de exterior. (El señor Diouf Dioh pide la palabra).


Miren, la persona, el individuo está en el centro del ideario del Partido Popular, y el Partido Popular estará ¡siempre! en la defensa de la dignidad de las personas y del respeto de los derechos humanos. Por eso nuestra intención es apoyar
su PNL, a la vista de cómo queda con la enmienda que ustedes hayan aceptado de ERC. Pero, señores del PSOE, les exigimos...


El señor PRESIDENTE: Por favor, tiene que acabar.


La señora ANGULO ROMERO: Termino.


... que vuelvan al respeto a la Constitución, porque esa es la que de verdad garantiza la igualdad entre españoles, vivan donde vivan y sean quienes sean, porque a lo peor son ustedes, señor Duch, ... (El señor Salvador i Duch pide la
palabra).


El señor PRESIDENTE: Acabe, señoría, por favor.


La señora ANGULO ROMERO: ... los que con sus acciones están fomentando la ruptura de la igualdad, la tolerancia y la solidaridad...


El señor PRESIDENTE: Acabe, señoría, o le retiro la palabra.


La señora ANGULO ROMERO: ... que supone nuestro Estado de derecho. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Gracias.


Pidió el señor Diouf, en el momento en que hubo alusiones, el turno por alusiones. Tiene un minuto, señor Diouf.


El señor DIOUF DIOH: En un minuto no me da tiempo porque son dos alusiones.


A la portavoz del Grupo Popular, se nota con el popurrí mezclando inmigración, mezclando racismo y mezclando los indultos, que estáis instalados en la micropolítica. Así que allá ustedes.



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En cuanto a la señoría de Vox, lecciones, ninguna. No estoy dando ninguna lección a nadie... Pero hay una alusión... (Rumores.-Protestas).


El señor PRESIDENTE: El señor Diouf pidió un minuto por alusiones y lo pidió en el momento en que hubo las alusiones. Esperé, por el orden del debate, a que acabara el debate y ahora tiene el minuto a sus alusiones. Respeten.


El señor DIOUF DIOH: Lecciones, señoría de Vox, ninguna; al contrario, la falta de educación, el sinsentido de sus intervenciones infantiles, el sinsentido de saber lo que es estar en otro país.


Mira, son personas como tú, las que durante cinco años me estuvieron provocando y llegaron a la agresión. No estoy aquí como delincuente, porque si tú crees en el Estado de derecho sabrás que tú eres diputada igual que yo; así que no me
vas a desganar a seguir haciendo mi trabajo.


Aprende, aprende, aprende a tolerar a la gente. Aprende a respetar a la gente,...


El señor PRESIDENTE: Tiene que acabar, señoría.


El señor DIOUF DIOH: ... y aprende, sobre todo, a saber que este país es un país plural y diverso, y tú con tu grupo no vais a impedir que la inmigración siga existiendo. (Aplausos-El señor Salvador i Duch pide la palabra).


El señor PRESIDENTE: Señor Salvador, dígame.


El señor SALVADOR I DUCH: Por alusiones graves a mi partido, Esquerra Republicana, al que se le ha acusado de racismo, le voy a contestar. (Un señor diputado pronuncia palabras que no se perciben). Sí, señor, usted ha dicho y ha acusado
al presidente de racismo, y le voy a contestar duramente.


El señor PRESIDENTE: Señor Salvador...


El señor SALVADOR I DUCH: Dice que no les debemos dar ninguna lección. Les vamos a dar tres lecciones. (Rumores y protestas).


El señor PRESIDENTE: Señor Salvador...


El señor SALVADOR I DUCH: Nos ha dicho: Son racistas...


El señor PRESIDENTE: Señor Salvador, si no me equivoco, no citó expresamente a la organización...


El señor SALVADOR I DUCH: Dijo ERC y Esquerra Republicana, y está recogido en el Diario de Sesiones, y tengo mi derecho a decirlo. (Una señora diputada pronuncia palabras que no se perciben). No, no, usted se ha puesto a hablar de mi
partido; y como usted ha mencionado a mi partido, yo voy a responderle por mi partido. (Una señora diputada pronuncia palabras que no se perciben.-Un señor diputado: ¡No, no!-Rumores). ¿Cómo que no? ¿Lo va a decir el presidente o lo va a decir
usted?


El señor PRESIDENTE: Señor Salvador, si no le importa.


Digamos que comprendo su voluntad, pero esta Presidencia entiende en este caso que no hubo unas alusiones directas o, por lo menos, yo no las escuché.


El señor SALVADOR I DUCH: ¡Pues ponga más atención! Lo voy a expresar directamente. Las ha dicho, están en el Diario de Sesiones. Ha dicho ERC varias veces y ha nombrado al presidente ¿O tampoco ha nombrado al presidente de mi partido?


El señor PRESIDENTE: Acabe ya, señor Salvador. No vamos a entrar en el asunto. (Rumores). ¡Señorías!.


El señor SALVADOR I DUCH: Les podemos dar lecciones a ustedes en todo... (Rumores).


El señor PRESIDENTE: Silencio.


Señor Salvador...



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El señor SALVADOR I DUCH: ... absolutamente en todo, desde corrupción hasta lo que a usted le dé la gana...


El señor PRESIDENTE: Se le acabó el turno de palabra, señor Salvador.


El señor SALVADOR I DUCH: De entrada, no hay ninguna ley de Esquerra Republicana que sea racista o xenófoba. Le reto a usted a mencionarla. Dígame una, una sola.


El señor PRESIDENTE: Señor Salvador, ya está.


Gracias.


El señor SALVADOR I DUCH: En cambio, ustedes estuvieron en el campo de los fascistas...


El señor PRESIDENTE: No tiene la palabra, señor Salvador, por favor.


Señorías, vamos a darnos cinco minutos para ordenar las enmiendas. Que todos los portavoces las tengan, y en cinco minutos, a las 6:55, votamos. (Un señor diputado: ¡Qué vergüenza!-Una señora diputada: Poneos la mascarilla, por
favor.-Un señor diputado: Vaya franquista. ¡Franquista! Ha estado en un partido franquista y usted sabe que está en un partido franquista.-Un señor diputado: ¡El tolerante!-Una señora diputada: ¡Déjalo estar!-Pausa).


VOTACIONES.


El señor PRESIDENTE: Señorías, empezamos a votar las proposiciones no de ley. Empezamos por la proposición número 1, del Grupo Parlamentario Popular, por la que se insta al Gobierno a adoptar las medidas pertinentes para que los autónomos
que tengan deudas con la Seguridad Social puedan cobrar el 50 % de la pensión y el restante 50 % se derive a amortizar la deuda. Se somete a votación en sus términos.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor 15; votos en contra: 20.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Continuamos con la segunda proposición no de ley, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos, relativa a impulsar la certificación de retribuciones de las personas trabajadoras encuadradas en el sistema especial de empleados del
hogar. Se votará en sus términos.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 21; votos en contra, 14.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


Proposición no de ley número 3, del Grupo Parlamentario Popular, relativa a crear un fondo especial para la atención de la inmigración irregular destinado a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos. Se votará también en sus términos.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 10; votos en contra, 25.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Seguimos con la cuarta proposición no de ley, del Grupo Parlamentario Republicano, sobre la limitación del complemento salarial por asistencia. Se votará en los términos de la enmienda transaccional entre el Grupo Republicano y el Grupo
Socialista que tienen todas ustedes.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 20; votos en contra, 15.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


Vamos con la número 5, proposición no de ley, del Grupo Parlamentario Vox, relativa a las consecuencias del incumplimiento del compromiso de salvaguarda del empleo. Se votará en sus términos.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 15; votos en contra, 20.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.



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Pasamos al punto 6 del orden del día, proposición no de ley, del Grupo Parlamentario Socialista, respecto al expediente de regulación de empleo anunciado por CaixaBank. Se votará también en sus términos.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 29; votos en contra, 6.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


Punto 7 del orden del día, proposición no de ley, del Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa a implementar un plan integral de migraciones. Se vota en los términos de la enmienda transaccional del Grupo Ciudadanos y el Grupo Socialista.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 27; votos en contra, 5; y abstenciones, 3.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


Votamos el 8.º punto del orden del día: proposición no de ley del Grupo Parlamentario Plural, por la que se insta al Gobierno a reformar la regulación de las prestaciones de maternidad y paternidad en cuanto a los supuestos de muerte
perinatal o gestacional. Se vota en los términos de una enmienda transaccional entre el Grupo Plural y el Grupo Socialista.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 30; abstenciones, 5.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


Por último, votamos el 9.º punto del orden del día: proposición no de ley contra el racismo y la xenofobia, del Grupo Socialista. Se vota en los términos de la enmienda transaccional del Grupo Socialista y Grupo Republicano.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 30; en contra, 5.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada. (Aplausos).


Se levanta la sesión.


Eran las seis y cinco minutos de la tarde.