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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 406, de 25/05/2021
cve: DSCD-14-CO-406
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CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 2021 XIV LEGISLATURA Núm. 406
HACIENDA
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. ELOY SUÁREZ LAMATA
Sesión núm. 16
celebrada el martes,
25 de mayo de 2021
ORDEN DEL DÍA:
Aprobación con competencia legislativa plena, a la vista del informe elaborado por la ponencia sobre:
- Proyecto de ley de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal, de transposición de la Directiva (UE) 2016/1164, del Consejo, de 12 de julio de 2016, por la que se establecen normas contra las prácticas de elusión fiscal que
inciden directamente en el funcionamiento del mercado interior, de modificación de diversas normas tributarias y en materia de regulación del juego. (Número de expediente 121/000033) ... (Página2)
Ratificación de la ponencia designada para informar sobre:
- Proyecto de ley de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal, de transposición de la Directiva (UE) 2016/1164, del Consejo, de 12 de julio de 2016, por la que se establecen normas contra las prácticas de elusión fiscal que
inciden directamente en el funcionamiento del mercado interior, de modificación de diversas normas tributarias y en materia de regulación del juego. (Número de expediente 121/000033) ... (Página2)
Se abre la sesión a las once de la mañana.
RATIFICACIÓN DE LA PONENCIA DESIGNADA PARA INFORMAR SOBRE:
- PROYECTO DE LEY DE MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA EL FRAUDE FISCAL, DE TRANSPOSICIÓN DE LA DIRECTIVA (UE) 2016/1164, DEL CONSEJO, DE 12 DE JULIO DE 2016, POR LA QUE SE ESTABLECEN NORMAS CONTRA LAS PRÁCTICAS DE ELUSIÓN FISCAL QUE
INCIDEN DIRECTAMENTE EN EL FUNCIONAMIENTO DEL MERCADO INTERIOR, DE MODIFICACIÓN DE DIVERSAS NORMAS TRIBUTARIAS Y EN MATERIA DE REGULACIÓN DEL JUEGO. (Número de expediente 121/000033).
El señor PRESIDENTE: Buenos días.
Señorías, abrimos la sesión procediendo a tramitar el orden del día con la aprobación con competencia legislativa plena, a la vista del informe elaborado por la ponencia, del proyecto de ley de medidas de prevención y lucha contra el fraude
fiscal, de trasposición de la Directiva 2016/1164, del Consejo, de 12 de julio de 2016, por la que se establecen normas contra las prácticas de elusión fiscal que inciden directamente en el funcionamiento del mercado interior, de modificación de
diversas nombras tributarias y en materia de regulación del juego.
En primer lugar, someto a la Comisión la ratificación de la ponencia designada para informar el proyecto de ley de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal, de trasposición de la Directiva 2016/1064, del Consejo, de 12 de julio
de 2016, por la que se establecen normas contra las prácticas de elusión fiscal que inciden directamente en el funcionamiento del mercado interior. ¿Queda ratificada por asentimiento la ponencia, señorías? (Asentimiento).
APROBACIÓN CON COMPETENCIA LEGISLATIVA PLENA, A LA VISTA DEL INFORME ELABORADO POR LA PONENCIA SOBRE:
- PROYECTO DE LEY DE MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA EL FRAUDE FISCAL, DE TRANSPOSICIÓN DE LA DIRECTIVA (UE) 2016/1164, DEL CONSEJO, DE 12 DE JULIO DE 2016, POR LA QUE SE ESTABLECEN NORMAS CONTRA LAS PRÁCTICAS DE ELUSIÓN FISCAL QUE
INCIDEN DIRECTAMENTE EN EL FUNCIONAMIENTO DEL MERCADO INTERIOR, DE MODIFICACIÓN DE DIVERSAS NORMAS TRIBUTARIAS Y EN MATERIA DE REGULACIÓN DEL JUEGO. (Número de expediente 121/000033).
El señor PRESIDENTE: Iniciamos el debate para la aprobación con competencia legislativa plena de este proyecto de ley.
Tiene la palabra, por un tiempo de diez minutos, el representante del Grupo Mixto, el señor Mazón. Cuando quiera.
El señor MAZÓN RAMOS: Intervendré muy brevemente, solamente para ratificar lo que dijimos en la ponencia, lo que hemos dicho a lo largo del tiempo en la tramitación de esta ley y en el Pleno del Congreso. Damos la bienvenida a una ley que
creemos que es fundamental para la lucha contra el fraude, que es la gran asignatura pendiente que tenemos a la hora de recaudar impuestos. En las enmiendas que se han ido tramitando, después de negociarlas con el Partido Socialista, estamos de
acuerdo prácticamente en todas. La única sería la 246, que es una enmienda relativa a la modificación de los límites de las emisiones de CO2. Tenemos la posibilidad en el Senado de hacer alguna matización a alguna otra enmienda pero en estos
momentos vamos a mantener lo que dijimos en la ponencia técnica y vamos a apoyar las transaccionales y las enmiendas en la línea de lo pactado con el Partido Socialista.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Mazón.
Tiene la palabra la señora Sagastizabal Unzetabarrenetxea.
La señora SAGASTIZABAL UNZETABARRENETXEA: Gracias, presidente. Perdón por el retraso.
Simplemente quiero anunciar que el Grupo Vasco retira la enmienda que mantiene viva en estos momentos. En línea también con lo dicho por el señor Mazón, hemos llegado a un acuerdo satisfactorio en el resto de enmiendas, sobre todo con las
presentadas en materia de aduanas, que para nosotros eran muy importantes y se han aprobado prácticamente todas, y sobre la base de ese acuerdo actuaremos hoy
en consecuencia. La ley de fraude entendemos que es necesaria y que hay que abordarla para que entre en vigor en el plazo más breve de tiempo.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Sagastizabal.
Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra su portavoz, la señora Martínez.
La señora MARTÍNEZ GRANADOS: Muchas gracias, presidente.
Desde mi grupo parlamentario queremos, en primer lugar, dar las gracias a la portavoz de Hacienda y ponente de esta ley, Patricia Blanquer, con la que hemos mantenido algunas reuniones previas a la ponencia que tuvo lugar la semana pasada.
Es cierto que nos quedamos siempre con mal sabor de boca porque podríamos haber hecho muchísimas cosas, pero aquí quien tiene la última palabra es el Ministerio de Hacienda, que sabía perfectamente qué quería hacer y qué no. Por eso muchas veces el
trabajo del Legislativo de este Congreso de los Diputados se ve muy mermado, porque no se abren al diálogo, no se abren a tener otras opciones y la verdad es que eso nos entristece porque esta podría haber sido una ley mucho mejor. Como digo, damos
las gracias a la portavoz del Grupo Socialista, así como a los partidos con los que hemos intentado negociar para obtener otro tipo de mayorías, unas mayorías alternativas para temas que nos parecían muy importantes y que, desgraciadamente, no hemos
podido sacar adelante. Pero hay que decir que se ha hecho un trabajo muy importante para aprobar una serie de enmiendas que desde mi grupo parlamentario consideramos fundamentales.
Para luchar contra el fraude fiscal hay varias vías. La primera en nuestro país es hacer esa trasposición y luchar contra el que defrauda cuando declara, pero también hay otra vía, que es luchar contra el que no declara. Esta ley podría
haber sido una oportunidad, además de para trasponer esta directiva, para entrar en otro tipo de asuntos donde existe una recaudación potencial muy elevada y donde existe un problema, porque muchísimos ciudadanos, ya sean empresarios o trabajadores
por cuenta ajena, sí cumplen con la fiscalidad, sí cumplen con la Agencia Tributaria y sí cumplen con todos los españoles por responsabilidad fiscal, pero existen otros que no lo hacen. Por tanto, podría haber sido un momento maravilloso para
entrar de lleno en la economía sumergida y también para hacer un informe detallado sobre cuál es la economía sumergida y dónde puede haber mayor fraude fiscal, aun habiendo realizado la declaración de impuestos. Por tanto, creemos que esta ley nos
daba la oportunidad de hacer mucho más, pero que no hemos llegado ahí.
Nosotros hemos presentado bastantes enmiendas, también para el tema de aduanas, que ha sido bastante polémico en esta ley. El propio ministerio se dio cuenta de que había errado en la trasposición y en los términos utilizados para referirse
a los agentes de aduanas. Nosotros hemos participado en una serie de transaccionales con otros partidos para mejorar el texto en este sentido. Nos llama la atención que nos hayamos quedado a medias en algunos temas, por ejemplo, en el tema de los
pactos sucesorios. Muchos partidos estábamos de acuerdo en ello e incluso hemos intentado buscar una solución porque entendemos que lo que recoge la ley respecto de los pactos sucesorios supone criminalizar o determinar a priori que todo el que
acude a los pactos sucesorios va a hacerlo para defraudar, lo que nos pone en alerta porque hay que cumplir, pero es cierto que no se puede establecer a priori que todo el que acude a una figura de ese tipo lo hace para defraudar. Esa figura nació
por unos motivos, porque en ciertos territorios, por el tipo de sociedad, personas que tenían propiedades o explotaciones necesitaban que sus hijos se hicieran cargo de esas explotaciones o de esas propiedades para seguir manteniendo una actividad,
pero, ahora, realmente esa figura se desvirtúa un poco. Nosotros hemos luchado por ella hasta el final con otros partidos políticos, pero ha sido imposible.
Para finalizar, quiero decir que la lucha contra el fraude solo tendrá un objetivo claro y conocido si existe un informe claro y conocido, pero también si existen medios suficientes, algo que hemos intentado vía Comisión de Reconstrucción y
vía presupuestos para que se aumente la plantilla, para que se cuente con ellos también e incluso para que se escuche a esas personas que forman parte de la Agencia Tributaria, que saben que no tienen medios suficientes y que los protocolos que
tienen tampoco lo son porque no pueden inspeccionar todo lo que querrían y con la calidad que querrían. Por eso, creemos que habría sido una buena oportunidad para que el Gobierno diera un paso adelante en adecuar la plantilla de la Agencia
Tributaria y sus funciones para luchar de manera mucho más firme y más potente contra el fraude.
Muchísimas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Martínez.
A continuación, intervendrá el Grupo Parlamentario Plural, que se repartirá el tiempo. En primer lugar, tiene la palabra señor Rego.
El señor REGO CANDAMIL: Grazas, señor presidente.
El BNG presentó enmiendas a los artículos 30 y 36, que hacen referencia los pactos sucesorios y herencias en vida, propios del derecho civil en Galiza, que contemplan la posibilidad de realizar actos de entrega de bienes en vida del causante
a cuenta de la herencia. Se trata, por tanto, de actos que deben ser calificados a todos los efectos, también el fiscal, como mortis causa. En consecuencia, estas transmisiones patrimoniales deben tributar a través del impuesto de sucesiones y
nunca del IRPF, como se recoge en esta ley.
La reforma que se pretende invade, además, competencias de la Comunidad Autónoma de Galiza, es una vuelta de tuerca más centralizadora de una ley que sale de este Parlamento y, por tanto, debe ser retirada del texto. Además, supone un
tratamiento discriminatorio desde el punto de vista fiscal para aquellos herederos o herederas que reciban bienes en vida frente a los que lo hagan tras la muerte del causante, en este último caso. Si tras heredar el causante, vende esa propiedad
solo debería tributar por la plusvalía desde el momento de la recepción del bien y hasta la efectiva transmisión y no desde que lo recibe la persona testadora.
Resulta a todas luces injusto considerar que realizar un acto legítimo según el derecho civil de Galiza y respetando las normas tributarias propias de nuestro país, sea una práctica de elusión fiscal. Si se mantiene el texto actual va a
suponer un grave perjuicio para muchos y muchas gallegas que se hayan acogido a esta modalidad hereditaria y que, desgraciadamente, ante la situación de crisis económica, pueden verse en la necesidad de vender los bienes recibidos para hacer frente
a sus gastos vitales o para mantener un negocio a flote. Por tanto, entendemos que no sería justo que se aprovechase esta circunstancia, asumiendo además el Estado unas competencias que no le corresponden.
Por tanto, pedimos a los grupos políticos que voten a favor de nuestras enmiendas y de la transaccional que va en este mismo sentido.
Obrigado.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Rego.
Tiene la palabra el señor Bel.
El señor BEL ACCENSI: Muchas gracias, señor presidente.
En primer lugar, quiero manifestar que nuestro grupo va a votar a favor de este proyecto de ley, y así lo manifestamos desde el principio, sin que esto signifique que estamos de acuerdo con la integridad del mismo, como se ha puesto de
manifiesto a lo largo de los últimos meses.
También quiero manifestar mi agradecimiento no solo a la señora Patricia Blanquer, sino también a los diferentes ponentes del grupo mayoritario que dan respaldo al Gobierno por su intento de negociar y llegar a acuerdos; acuerdos que se han
concretado en algunos casos, como en el de la rectificación en relación a la responsabilidad adicional que se les quería imputar a los agentes de aduanas, que no solo perjudicaba a este colectivo sino que creo que harían menos competitivos nuestros
puertos y generaría un problema de competencia, sobre todo en los puertos de Cataluña o del País Vasco. Esto se ha solventado y nosotros hemos transaccionado la 219, la 220, la 217, la 218, la 227, la 233 y la 234. Por tanto, en este ámbito nos
damos por satisfechos.
En cambio, debo manifestar nuestra disconformidad con la solución en relación a los pactos sucesorios. Los pactos sucesorios forman parte del derecho civil catalán, al igual que forman parte del derecho civil gallego o de otros derechos
civiles. Dar un trato fiscal asimétrico al trato civil no tiene ningún sentido; dar un trato asimétrico dentro del ámbito fiscal no lo tiene. Los pactos sucesorios a efectos de impuesto sobre sucesiones son considerados una sucesión y, si son
considerados así, en el IRPF deben ser considerados como tal, como una sucesión. No se puede pretender hacerles tributar como si fuera una donación cuando realmente es una sucesión, y más en el caso de Cataluña, donde l'heretament acumulatiu
implica que para que al pacto sucesorio se le pueda aplicar el artículo 33 del IRPF debe incluir el conjunto de todo el patrimonio. Por tanto, estas actividades especulativas que se han podido detectar en algún caso, que no responden nada más que a
un fraude fiscal posterior, cuando el hipotético beneficio de la venta de algún inmueble o de algún elemento lo acaba disfrutando el padre en lugar del hijo que es quien lo ha recibido, es como matar moscas a cañonazos, es hacer pagar a justos por
pecadores. Si hay
alguien que en algunos casos -y especialmente en algunas comunidades- ha abusado de esta fórmula jurídica se le debe combatir desde la persecución del fraude fiscal que implica, pero no limitando que esta fórmula, esta institución del
derecho civil catalán se pueda aplicar, porque lo que están haciendo es una interferencia clarísima en el ámbito del derecho civil catalán. No sirve que el ámbito civil y el ámbito tributario tengan que estar absolutamente desvinculados, más allá
de que la modificación que se realiza del artículo 30, con la acumulación de donaciones y contratos y pactos sucesorios, no tiene absolutamente ningún sentido, porque se considera una donación -y por eso se acumula- cuando realmente es una sucesión
y están liquidando por sucesiones. Por tanto, nos parece un error que el ministerio se haya cerrado en banda, más allá de la buena voluntad de alguno de los ponentes socialistas de intentar resolverlo. Creo que es un error; tienen el Senado para
subsanarlo y si no, en todo caso, va ser un elemento conflictivo, al menos desde Cataluña.
Dos cuestiones más. En cuanto a la enmienda 246, les recomiendo que, antes de votar, miren la enmienda que presenta el Partit Demòcrata. Lo digo porque esta enmienda trata del impuesto sobre matriculaciones, que fue modificado no
propiamente por acción, sino por omisión por parte del Gobierno el 1 de enero de este año. Pretendemos que, al menos de forma transitoria, durante los dos próximos años, se mantenga la misma tributación que tenían estos vehículos a 31 de diciembre.
Digo esto porque vamos a ver cómo se vota hoy, porque en esta Comisión hay mayoría suficiente para que esta enmienda prospere. Lo digo porque el PRC, el PNV, Bildu, Esquerra, Ciutadans y el PP suscribieron una enmienda en el Senado el día 22 de
febrero de 2021, comprometiéndose con la patronal del sector, con los sindicatos del sector del automóvil, para votar favorablemente. Claro, si se vota favorablemente en el Senado una PNL y aquí, que es donde se tiene capacidad legislativa, una
enmienda legislativa no se vota favorablemente, habrá que hablar claro a las empresas y habrá que hablar claro a los sindicatos, porque una cosa es el postureo y otra cosa es el compromiso real.
La ley de fraude fiscal es una oportunidad aprovechada parcialmente. Reconozco que hay algunos aspectos que van a ser muy significativos para poder luchar contra el fraude fiscal; hay otros que, desde nuestra óptica, entendemos que son más
de cara la galería, y hay algunos casos donde entendemos que no se acaba de resolver una parte del problema, y me explico. La implantación del valor de referencia puede tener un significado especial y puede tener un interés en impuestos como el
impuesto sobre sucesiones o el impuesto sobre el patrimonio. Nosotros entendemos que en el impuesto sobre transmisiones patrimoniales, donde se pretende gravar la transmisión patrimonial, el valor de referencia no va a resolver nada y va a tratar
injustamente a aquellas personas que seguramente venden porque tienen una situación económica delicada o porque están en una situación comprometida y tienen que vender seguramente por un precio por debajo del mercado, que es su venta real, y, en
cambio, van a tener que tributar cuando están en peor situación por un valor de referencia que ellos nunca habrán podido conseguir en la transmisión. Esto va a generar una injusticia, como se generaba hasta ahora, más allá de que me van a explicar
ustedes cómo en determinadas circunscripciones o en determinados municipios o en determinadas comarcas se va a fijar el valor de referencia cuando las transmisiones son muy pocas, escasas y muy diferentes.
Voy finalizando, señor presidente. En todo caso, repito, nuestro grupo va a votar favorablemente el proyecto de ley. De las diferentes enmiendas, habrá algunas que votaremos favorablemente y otras que no compartimos y que vamos a votar
desfavorablemente.
Muchísimas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Bel.
A continuación, por el Grupo Parlamentario Republicano, tiene la palabra el señor Margall.
El señor MARGALL SASTRE: Gracias, presidente. Buenos días, diputades i diputats.
Para Esquerra Republicana estamos ante una nueva oportunidad perdida y ya van unas cuantas. Tenían la opción de hacer una nueva ley sobre fraude fiscal ambiciosa, progresista, con medidas de izquierda de gran calado, que dotase de
herramientas útiles y potentes a las instancias políticas y técnicas que luchan contra el fraude en el Estado español, pero no han querido que sea así, no han querido entrar en la negociación con los partidos de izquierdas y aprovechar esta mayoría
que hay en el Congreso y también en esta Comisión. Han preferido hacer los mínimos retoques, una ley de mínimos, y armar una mayoría con partidos de derecha y aquí no se mueve nadie más. De hecho, señoras y señores del PSOE, no esperábamos mucho
de ustedes, ya que hicieron lo mismo en la Ley sobre determinados servicios digitales y en la Ley sobre transacciones financieras.
Hace pocos días, el presidente del Gobierno presentaba la estrategia 2050, una serie de objetivos a cumplir...
El señor PRESIDENTE: Señorías, por favor, guarden silencio, no se escucha al interviniente.
Siga, señor Margall.
El señor MARGALL SASTRE: Gracias, presidente.
Hace pocos días el presidente del Gobierno presentaba la estrategia 2050, una serie de objetivos a cumplir por parte del Estado español en ese año, con medidas para que el crecimiento sea sostenible durante los próximos años. Uno de los
objetivos que el presidente planteó, en particular el referido al objetivo estratégico de reducir la economía sumergida a la mitad, dejaría obsoleto este proyecto de ley tal y como está si no se incorporan, en mayor o menor amplitud, cuatro medidas
que consideramos esenciales, tanto nosotros como varias entidades de la sociedad civil, como por ejemplo la Plataforma por la Justicia Fiscal.
Punto uno, la evaluación de la economía sumergida. Presentamos una enmienda en el sentido de tener encima de la mesa en pocos meses un informe técnico y riguroso para saber exactamente dónde estamos en economía sumergida en el Estado
español y, por tanto, implementar iniciativas para reducir este agujero negro.
Punto dos, el aumento de plantillas y la cualificación de los técnicos de Hacienda, imprescindible para alcanzar objetivos de lucha contra el fraude fiscal, sobre todo en lo que se refiere a las grandes fortunas. Tampoco han querido
negociar nuestras enmiendas que iban en esta línea. No estamos pidiendo nada del otro mundo, sino situar al Estado español al mismo nivel que están otros países de Europa. Si esta es una ley de lucha contra el fraude, lo que es evidente es que en
una lucha necesitamos personal para que la lleve a cabo.
Punto tres, la colaboración entre administraciones tributarias, compartir información entre las agencias tributarias. Nos parece importantísimo el acceso a los datos tributarios por parte de la Agencia Tributaria catalana, para que esta
disponga de más herramientas contra el fraude fiscal. Ustedes no lo aceptan, lo consideramos hasta grotesco, y más cuando lo planteamos al director de la Agencia Tributaria en una comparecencia en esta Comisión y nos dijo que, por su parte, no
había problema. Por tanto, el problema es político, el problema es suyo. Una agencia tributaria que, por ejemplo, el año pasado levantó 200 millones de euros en fraude fiscal. Imagínense qué podría hacer con más herramientas.
Y, por último, en la línea de los portavoces del BNG y el PDeCAT, queremos defender una figura propia del derecho civil catalán y balear -del gallego, también- que es el régimen de pactos sucesorios. La redacción de esta ley es un misil a
la línea de flotación del derecho civil catalán y balear. Gracias a esta figura -ya lo han explicado otros portavoces- es posible entregar en vida bienes a sus familiares, con los beneficios sociales que esto comporta. Siempre estaremos para
salvaguardar las competencias de los territorios -en nuestro caso, como partido catalán, las de la Generalitat de Catalunya- y muchas otras medidas que por falta de tiempo no voy a explicar. En todo caso, como decíamos al principio, estamos ante
una nueva oportunidad perdida y lo lamentamos profundamente. Ustedes son el Gobierno más progresista de la historia, efectivamente lo son, por desgracia lo son y por desgracia no se aprovecha esta oportunidad para hacer una nueva ley de lucha
contra el fraude fiscal ambiciosa, progresista y homologable a las de otras democracias europeas. No lo decimos por ustedes, señoras y señores de Unidas Podemos, que sabemos que han hecho un esfuerzo para que el Partido Socialista se moviera un
poco hacia la izquierda.
Para terminar, cuando uno hace políticas que podría firmar perfectamente la derecha, pasa lo que pasa, que la derecha les pasa por encima como les pasó en Madrid el 4M. Nuestro voto va a ser una abstención.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Margall.
Por el Grupo Confederal de Unidas Podemos, el señor Guijarro tiene la palabra.
El señor GUIJARRO GARCÍA: Muchas gracias, señor presidente. Buenos días a todas y a todos.
Querría comenzar por algunos agradecimientos. Han pasado largos meses para la elaboración de la ponencia y para llegar a este punto y sería injusto no agradecer el trabajo de Patricia Blanquer, la compañera del Partido Socialista, que creo
que ha hecho un trabajo encomiable, así como el resto del
Grupo Socialista. También quiero agradecer la voluntad de llegar a acuerdos que han demostrado la mayoría de grupos parlamentarios, aunque finalmente no se hayan podido concretar algunos de los más interesantes. En todo caso, siempre es
bueno aplaudir esa actitud colaboradora y constructiva que se ha demostrado.
Quiero empezar por anunciar que mi grupo parlamentario va a votar a favor de esta ley, como no podría ser de otra manera. Es verdad que se podía haber sido un poquito más ambicioso, pero creo que nadie puede dudar que objetivamente se
produce un avance, diría, casi histórico, avance que voy a tratar de describir en su justa medida. Porque, como ustedes bien saben, todo esto arranca en el año 2013 cuando la OCDE elabora el famoso Plan BEPS, que se supone que estaba destinado a
evitar la erosión de las bases imponibles y el traslado de beneficios, que muchos de los Estados de la OCDE estaban padeciendo ya entonces, un problema que por cierto no ha hecho más que agravarse. Ya entonces, en 2015, la OCDE estimaba la
presencia de estas erosiones entre un 4 y un 10 % de la recaudación del impuesto sobre sociedades en todo el mundo y esto suponía en términos globales -para dimensionar lo que esto supone- entre 100 000 y 240 000 millones de dólares anuales. Sin
duda, un elemento que llamaba la atención o que debería llamar a atención de todos los Estados. Creo que los países europeos de la OCDE participaron en aquel debate de una manera entusiasta -por la cuenta que les traía- y a raíz de su culminación y
de la publicación del famoso Plan BEPS es cuando el Consejo Europeo elabora la Directiva 2016/1164, que es en realidad la que está en el origen de la ley que estamos discutiendo actualmente. Decía entonces el Consejo que es necesario garantizar el
pago del impuesto allí donde se generen los beneficios y el valor, reforzar a nivel medio de protección contra la planificación fiscal abusiva y establecer normas contra la erosión de las bases imponibles en el mercado interior y el traslado de
beneficios fuera del mismo. Creo que nada más pertinente que lo que citaba aquí el Consejo. Esa directiva en realidad abordaba distintos ámbitos, en total cinco de ellos, entre ellos el establecimiento de una norma general antiabusos, el
tratamiento de las denominadas asimetrías híbridas -sobre las cuales ya hemos legislado recientemente- o la limitación de la deducibilidad de intereses. Sin embargo, faltaban por desarrollar otros dos elementos sustanciales de aquella directiva,
básicamente un nuevo régimen de transparencia fiscal internacional y la regulación de lo que se viene llamando la imposición de salida, y sin duda este texto legal que tenemos hoy delante avanza en esos dos elementos en los que era necesario
avanzar.
¿Por qué es necesario avanzar? Aquí los datos son elocuentes, entre 25 000 y 45 000 millones de euros se escamotean anualmente por parte de los defraudadores en España. Las estimaciones de los expertos sitúan la bolsa de fraude fiscal en
nuestro país entre los 40 000 y los 60 000 millones de euros. Es decir, dinero que perdemos todas y todos precisamente por la acción de algunos, yo les llamaría, cuando menos, insolidarios. Es verdad que el fraude fiscal detectado se ha reducido
el año pasado, el año 2020, hasta en un 37 %; también es verdad que las propias inspecciones han sufrido en su propia eficacia por efecto de la pandemia y era hasta cierta medida lógico que nos encontráramos con un resultado así para este año. En
todo caso, nos debe llamar la atención este tipo de necesidades que tiene la caja fiscal española precisamente para legislar cuanto antes en el sentido en que lo estamos haciendo y hacerlo además para ir convergiendo con las políticas que ya se
están implementando en otros países europeos y que se están discutiendo en el seno de las mesas multilaterales. Porque, siempre lo hemos dicho, no va a ser posible afrontar el gran reto fiscal que tienen los Estados modernos si no es con una
actuación conjunta, porque efectivamente un Estado solo actuando no puede tener eficacia. En ese sentido, es fundamental que podamos trabajar en el seno de esos acuerdos internacionales, si bien es cierto que ya hemos denunciado en esta misma
Comisión que los mismos se suelen mover con una exasperante lentitud, siempre mucho más tarde de lo que requeriría la propia realidad, y por eso hemos sido también defensores de que España tome medidas unilaterales con la esperanza de que en un
futuro podamos converger con el resto de países europeos en determinadas políticas; pero esa convergencia, como digo, es la condición de posibilidad para un sistema tributario futuro justo y sobre todo eficaz.
Dicho esto, creo que con ello -como digo- justificamos la importancia de sacar adelante una ley de estas características y de trasponer finalmente la directiva del año 2016 a la que me acabo de referir, pero no querría terminar esta
intervención sin entrar un poco en el debate de lo que hoy estamos aquí discutiendo. Porque ciertamente tengo la sensación de que cuando hablamos de fiscalidad las presiones externas se suelen multiplicar, lo cual tiene cierta lógica; el pecunio,
cuando tocas el bolsillo de la gente es quizá cuando más reacción política se levanta. Para esto yo querría hacer aquí con ustedes un cierto ejercicio de honestidad en el sentido de que aquí todas y todos somos presionados y somos presionables
y me parece que decir lo contrario es engañar a la gente y engañarse a uno mismo. La cuestión aquí o la pregunta que hay que hacerse es: ¿presionable por quién o por quiénes? Porque no es lo mismo dejarse presionar por unas grandes
empresas o por un determinado sector económico muy interesado en bajar determinada fiscalidad, por ejemplo, a cuestiones verdes, que atender a las presiones que se puedan despertar desde el ámbito de la sociedad civil, desde los movimientos
ecologistas, feministas -hablo concretamente en este caso de la Plataforma por la Justicia Fiscal, que se ha citado anteriormente-. Y yo sí les digo que mi grupo parlamentario es sensible a estas presiones, no a la de los grandes bancos, no a la de
las grandes empresas, no a la de los grandes sectores, pero sí a la de los sectores sociales que se movilizan para que en España exista una justicia fiscal que por el momento todavía no está garantizada. Y declaro aquí abiertamente, como digo, que
mi grupo parlamentario no solo se siente presionado por esos grupos, sino que entiende que moralmente debe atender algunas de esas presiones. Quiero detenerme, por lo tanto, en algunas de ellas, que para mi grupo parlamentario resultan claves para
entender esto que estoy diciendo. Por ejemplo, se ha citado aquí ya el problema que tiene nuestro país con la economía sumergida y el hecho de que se hubieran presentado ya enmiendas para la creación de, al menos, un observatorio que dimensionara
el estado de la cuestión en España con objeto de, posteriormente, acometer una reforma reglamentaria o legislativa, o lo que correspondiere, pero parecía que un primer paso lógico hubiera sido establecer ese observatorio o, al menos, hacer un
esfuerzo e incluirlo en el texto de la ley para que el Estado dimensione y entienda bien el fenómeno al que se está enfrentando, que no es tan sencillo. Nos sentimos también presionados cuando hablamos de la necesidad de adecuar la plantilla de
trabajadores de la agencia y de otras instancias del ministerio a la media de la Unión Europea porque, como hemos hablado ya también en esta Comisión, se han venido perdiendo efectivos y recursos humanos a lo largo de estos años; se ha hablado
incluso de volver o regresar al umbral de los 28 000 trabajadores que se tenían en su momento. En mi grupo parlamentario creemos que incluso regresar a ese umbral sería insuficiente y que converger con Europa implica también necesariamente hacer un
esfuerzo en términos de plantilla y de formación. Hablamos también, por ejemplo, de la conveniencia que hubiera supuesto la publicación de la lista de determinados defraudadores -aquellos que tienen un nivel de defraudación a partir de una
determinada cota-; hubiéramos preferido que se hubieran podido revisar las cargas y las funciones de los propios técnicos para, eventualmente, modificar categorías y hacer de la Agencia Tributaria y demás organismos una institución más eficaz para
adecuar, como digo, capacidades técnicas y cargas de trabajo. No ha podido ser, lo lamentamos. En todo caso, votaremos a favor de las correspondientes enmiendas, pero entiendo, como digo, que el resultado global del texto es positivo y, por lo
tanto, mi grupo parlamentario votará a favor del dictamen.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Guijarro.
A continuación, por el Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra su portavoz, el señor Jiménez Revuelta.
El señor JIMÉNEZ REVUELTA: Muchas gracias, presidente. Buenos días, señorías.
Yo voy a intentar poner un poquito de luz a lo que ha sido este proyecto de ley. Recuerdo que el día 11 de mayo se constituyó la Mesa, el 18 de mayo tuvimos la ponencia y allí lo que sucedió fue que el Gobierno llegó ya con todo pactado,
llegaba ya con los acuerdos con el Partido Nacionalista Vasco y con el Partido Regionalista de Cantabria, y prácticamente no dio opción a los grupos parlamentarios a poder debatir sobre las enmiendas que se habían presentado: exactamente, 248.
Además, la señora Blanquer decía que esto era lo que decía el ministerio y que era lo que había que cumplir.
Nosotros hemos presentado bastantes enmiendas. En el informe de la ponencia que nos presenta el grupo mayoritario -el Gobierno-, sobre las enmiendas de la primera parte resulta que nosotros teníamos un enmienda, la 54, que era la misma que
la de otros grupos parlamentarios; sobre la segunda parte teníamos la enmienda 53, que también era la misma; sobre la tercera parte teníamos la enmienda 61, que también era la misma, y sobre la cuarta parte de enmiendas teníamos la 68. Desde
luego, con este grupo parlamentario no se ha puesto en contacto nadie; no es que esté yo esperando la llamada de la señora Blanquer por ningún motivo, pero, cuando menos, hubiera sido de agradecer que por lo menos hubieran incorporado estas
enmiendas. Con lo cual, nosotros creemos que esta no es la forma de proceder; creemos que le quita capacidad legislativa a esta Cámara. Entendemos que se deberían haber debatido una a una cada enmienda y haber expuesto cada portavoz su posición;
haber escuchado, porque a lo mejor así hoy no llegaríamos -como han dicho otros portavoces- con todo prácticamente decidido y en
una semana -desde el 18 de mayo al 25 que estamos hoy- presentar un proyecto de ley de estas características, un proyecto que creemos que es bastante importante. Además, vuelve a ser otra chapuza porque aquí, al final, se están modificando
bastantes leyes. Además de incluir la trasposición de la directiva comunitaria, se modifican bastantes normas tributarias, nada más y nada menos que diecisiete normas tributarias: la Ley General Tributaria, impuesto sobre sociedades, Ley del IRPF,
Ley del impuesto sobre la renta de no residentes, sobre patrimonio, impuesto sobre sucesiones y donaciones, transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, Ley del Mercado de Valores, Ley del IVA, Ley de Impuestos Especiales, Ley del
régimen fiscal canario, Ley del Catastro Inmobiliario, Ley de Haciendas Locales, Ley de prevención del fraude fiscal, Ley de Regulación del Juego, Ley de normativa presupuestaria y tributaria, y Ley por la que se regulan las sociedades anónimas de
inversión en el mercado inmobiliario. Como digo, diecisiete normas, ¡casi nada! Y todo ello en una semana. O en una hora en la que no se ha permitido ni siquiera debatir. Una ponencia de tal importancia entendemos que no se debería haber llevado
así.
Y, si me lo permiten -porque nosotros no tenemos experiencia parlamentaria; entiendo que otros grupos parlamentarios, sí-, parece ser que esta es la forma de proceder; es decir, no es que el Gobierno que actualmente gobierna actúe de esta
manera, sino que se venía actuando en otras legislaturas de la misma manera. Pues si me lo permiten sus señorías -decía-, les voy a leer el artículo 114 del Reglamento del Congreso de los Diputados, que dice lo siguiente: Concluido el informe de
la ponencia, comenzará el debate en Comisión, que se hará artículo por artículo. En cada uno de ellos podrán hacer uso de la palabra los enmendantes al artículo y los miembros de la Comisión.
Señorías, sinceramente, este artículo no se ha tenido en cuenta y, como comprenderán, hoy, en la Comisión, en diez minutos, intentar defender las enmiendas es prácticamente imposible. Solamente nos podemos atener a comentar unas ideas
generales.
Y, señora Blanquer, en el proyecto de ley inicial no venía nada sobre las normas del control sobre el tabaco crudo y el régimen sancionador, que lo han metido ustedes después y que se podía haber debatido. Me consta, además, que esta Cámara
-y aquí hay diputados de otros grupos parlamentarios- en otros proyectos de ley sí que ha tenido esto en cuenta y se ha debatido artículo por artículo, y creo que ese debería ser el devenir de cada ponencia y de cada ley a debatir, y más de la
importancia que creemos que tiene esta.
Sobre nuestras enmiendas, sí que me gustaría -y ya lo ha comentado el señor Bel- mencionar que creemos que va a generar muchos problemas el valor de referencia, porque lo que se pretende en el proyecto de ley es eliminar cualquier tipo de
margen de discusión sobre el valor de bienes inmuebles sustituyendo un concepto indeterminado, como el valor real, por un valor objetivo, que es el denominado valor de referencia. Sin embargo, dicha medida es muy criticable porque permite a la
Administración tributaria sujetar a tributación una base imponible que no tiene por qué coincidir con la capacidad económica que se pone de manifiesto en la operación, ya que puede pasar en muchas ocasiones que el valor de mercado, el pactado en la
escritura, sea muy inferior al fijado en el valor de referencia, que no deja de ser un valor estadístico. En nuestra enmienda establecemos que si el valor declarado por el sujeto pasivo es inferior al valor de referencia, este presentará, junto con
la autoliquidación, testimonio notarial de certificación del precio de la compraventa como prueba suficiente de dicho valor. En estos casos, la Administración tributaria solicitará a la Dirección General del Catastro la rectificación de ese valor
de referencia.
También quiero comentar, sobre las medidas adoptadas para la limitación de los pagos en efectivo, que existe disparidad de criterio en el seno de la Unión Europea. De hecho, fue rechazada por el Banco Central Europeo en un dictamen que hizo
público durante el trámite previo de consulta pública de esta norma; la autoridad europea dictaminaba que bajar 1000 euros la limitación de los pagos en efectivo en operaciones en las que el pagador actúa en calidad de empresario profesional
resulta desproporcionado si se considera su posible repercusión adversa en el sistema de pagos en efectivo. De hecho, aún prevalece una mayoría de países en la Unión Europea que no han adoptado ninguna medida de reducción del efectivo -Alemania o
Bélgica, entre otros- y, en el caso contrario, experiencias como las de Italia han demostrado cómo limitar el uso del efectivo no tiene un impacto significativo en los niveles de fraude. Como medida para favorecer el crecimiento, las autoridades
transalpinas se vieron obligadas a volver a incrementar los límites que había en vigor, manteniéndose la tasa de fraude tras esa decisión no solo sin cambios sino, incluso, registrando un ligero descenso.
Por último, algo que parece que ha pasado desapercibido y merece mención especial es la disposición adicional tercera sobre el régimen fiscal del Instituto Catalán de Finanzas, al que se le aplicará el del
Instituto de Crédito Oficial. El señor Margall ha dicho que no estaba contento con esta ley pero lo que está claro es que esta disposición adicional tercera no es más que una pasarela fiscal que exigió el Grupo Republicano para financiar el
ICO catalán, y es una enmienda pactada con los republicanos para garantizar en las emisiones del Instituto de Finanzas Catalán la exención fiscal que ya se reconoce al Instituto de Crédito Oficial. El Instituto de Finanzas Catalán es el equivalente
al ICO a nivel catalán y dispondrá del mismo régimen fiscal del que disfruta el ICO, cuya peculiaridad es que exime de tributación los rendimientos obtenidos por los inversores no residentes en España que deciden adquirir títulos emitidos por el
ICO, del mismo modo que sucede con las emisiones de deuda pública realizadas por el Tesoro. La Generalidad y sus organismos tienen bloqueado su acceso a los mercados de capitales desde hace años por la prudencia que la Ley de Estabilidad
Presupuestaria obliga a imponer. El Gobierno, hasta la fecha, había mantenido que ninguna comunidad autónoma salga a los mercados mientras se aplique la respiración asistida del Fondo de Liquidez Autonómica y mientras no pueda garantizar que el
mercado no les vaya a exigir un tipo de interés superior a 50 puntos básicos del que se exige por los títulos del Estado, en niveles de rentabilidad históricamente bajos. De hecho, en los últimos años el Instituto Catalán de Finanzas ha recurrido a
la emisión de pagarés autorizados por el Gobierno de España y con garantía de la Generalidad, lo cual tiene una ventaja para los catalanes con respecto a España, puesto que ellos podrían acceder al Instituto de Finanzas Catalán y al ICO mientras que
los españoles, en principio, solamente podrían acceder al ICO. Está claro que el Grupo Republicano ha descubierto una ventaja competitiva que el Tesoro se reserva para sí a la hora de obtener financiación en los mercados internacionales.
Por último -ya veo que no me queda tiempo-, nosotros, dado cómo se ha tramitado este proyecto de ley, votaremos no al texto del informe.
Nada más. Muchísimas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Jiménez Revuelta.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra su portavoz, la señora España.
La señora ESPAÑA REINA: Muchas gracias, presidente.
Señorías, el compromiso del Grupo Popular en la lucha contra el fraude fiscal está fuera de toda duda. De hecho, fue este partido el que puso en marcha la ley antifraude del año 2012, la Ley 7/2012, de modificación de la normativa
tributaria y presupuestaria y de adecuación de la normativa financiera para la intensificación de las actuaciones en la prevención y lucha contra el fraude. Ejemplo de ello es que cuando estábamos en el Gobierno aumentó la recaudación
considerablemente como consecuencia de la lucha contra el fraude. Así, en el año 2018 la recaudación superó los 15 000 millones de euros; es decir, una subida del 50 % respecto al último año de Gobierno socialista, que fue de 10 000 millones de
euros en 2011, un incremento de 5000 millones de euros de 2012 a 2018. Por lo tanto, en el Partido Popular siempre hemos estado y vamos a estar a favor de la lucha contra el fraude fiscal, y lo hemos demostrado con hechos.
Nosotros entendemos que una ley tan importante como esta requiere el consenso de todos los grupos, pero sobre todo del principal partido de la oposición, y ese consenso se consigue aceptando enmiendas. Ustedes solo han aceptado una enmienda
nuestra de las treinta y nueve que hemos presentado, enmiendas que recogen el espíritu de los profesionales que de alguna forma se ven afectados por esta ley y que se han reunido con nosotros. Por lo tanto, al no aceptar más enmiendas entendemos
que no les importa ese consenso que debe regir en materia impositiva en general y en medidas antifraude en particular. En términos generales, nosotros podemos estar de acuerdo con parte de esta ley, pero, desde luego, tenemos algunas líneas rojas
que nos impiden votar a favor de la misma. En primer lugar, los pactos sucesorios. Hemos presentado una enmienda -la 89- al artículo 3.2 y, dado que afecta de lleno a comunidades autónomas como la gallega, Baleares o Cataluña, va a defender este
tema nuestro portavoz adjunto, Javier Bas, que lo hará a continuación, ya que es gallego.
Otra línea roja son las enmiendas 196 a 202, del Grupo Socialista, relativas a la entrada sorpresa en domicilios o en un negocio sin previo aviso; es decir, inspecciones sorpresa. Saben ustedes que el pasado mes de octubre el Tribunal
Supremo estableció que irrumpir en un negocio o domicilio sin avisar, sin tener un motivo justificado, simplemente con el objeto de hacer una inspección, va en contra de un derecho constitucional. Así, la sentencia del Supremo establece que la
Agencia Tributaria no puede presentarse en un establecimiento sin avisar, aunque tenga una autorización del juzgado, porque crea que su facturación es sospechosa al no ser similar al resto de establecimientos de la zona. Y ustedes aprovechan la
transposición de la directiva para colar estas enmiendas. Al final, estamos hablando de inspecciones sorpresa en domicilios o negocios sin previo aviso. Para reducir las garantías de entrada en domicilios y negocios no cuenten con el
Partido Popular. No podemos votar a favor ni por las inspecciones sorpresa ni por los pactos sucesorios.
También nos preocupa otro artículo, el relativo el pago en efectivo, por el cual ustedes han limitado el mismo, que se reduce de 2500 a 1000 euros cuando uno de los intervinientes es empresario o profesional. Así nos lo hicieron llegar
también las empresas afectadas por este tema. Nosotros creemos que estas nuevas prohibiciones van a plantear importantes problemas en el normal desarrollo de la actividad en determinados establecimientos comerciales abiertos al público en general.
Tampoco han aceptado nuestra enmienda.
En cuanto al tema de las aduanas, también hemos estado reunidos con el sector. Había mucha preocupación por las medidas incluidas en este proyecto de ley, que aumentaban la responsabilidad del personal que trabaja en las aduanas y que
podían suponer una pérdida de competitividad de los puertos españoles, pudiendo elegir las empresas otros puntos europeos de entrada y salida de sus mercancías. Al final, efectivamente, se consiguió una transaccional que mejora la situación de
partida.
En cuanto a la forma, queremos expresar nuestra sorpresa por la tardanza en tramitar este proyecto de ley, un proyecto que entra en el Congreso, en las Cortes, el 14 de octubre del año 2020 y se constituye la ponencia casi siete meses
después, el 11 de mayo. Es decir, una ley que se supone que va a luchar contra el fraude fiscal y la economía sumergida y lleva siete meses en el cajón de PSOE y de Podemos. No sabemos si es que no se han puesto de acuerdo los socios de Gobierno,
pero la realidad es que el Ministerio de Hacienda había previsto recaudar más de 700 millones este año con la nueva ley, ingresos previstos que quedarán en papel mojado, como las previsiones de crecimiento, que han tenido que ser reducidas en un 30
%. Miren, la AIReF estima que el retraso producido en la tramitación de esta ley es de 273 millones de euros; es decir, 273 millones de euros perdidos por no ponerse de acuerdo. Han anunciado el mayor atraco fiscal de la democracia -80 000
millones de euros de subidas de impuestos- y mientras la Ley de lucha contra el fraude fiscal estaba en el cajón. Oiga, somos los cuartos en el ranking de esfuerzo fiscal de la Unión Europea; vayan contra la economía sumergida y aumentará la
recaudación sin subir los impuestos, que tenemos una economía sumergida que puede doblar la media de la Unión Europea. Afloren recursos antes de subir los impuestos. Hemos perdido una oportunidad de oro para entrar de lleno contra la economía
sumergida, pero, claro, es más fácil subir el diésel, los peajes, las sucesiones, eliminar la tributación conjunta... Por eso al final les entraron las prisas con esta ley, ante la avalancha de críticas por la subida masiva de impuestos.
Por lo tanto -y termino, señor presidente, para que pueda intervenir mi compañero-, sí a la lucha contra el fraude fiscal, pero el Partido Popular no será cómplice de este Gobierno que quiere rebajar las garantías con las entradas en
domicilios y negocios y con las inspecciones sorpresa, ni seremos cómplices de este Gobierno que no respeta los pactos sucesorios, que afectan fundamentalmente a Galicia, Baleares y Cataluña.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora España.
El señor Bas tiene la palabra por el mismo grupo parlamentario.
El señor BAS CORUGEIRA: Muchas gracias, presidente. Buenos días a todos.
Bueno, yo sí voy a argumentar y defender la enmienda 89, que ha presentado el Partido Popular y que tiene que ver con los pactos sucesorios o las llamadas herencias en vida. Para nuestro grupo es un tema sumamente importante porque, si
prospera la redacción que figura en el proyecto de ley, asistiremos una vez más a un nuevo ataque frontal a las competencias de las comunidades autónomas por parte de este Gobierno, en este caso arremetiendo expresamente contra los derechos civiles
de gallegos, baleares, catalanes y foral de Aragón. Esto es así porque, en relación con los pactos sucesorios, el proyecto de ley presume un comportamiento antijurídico que no admite prueba en contra y que constituye una auténtica ficción legal.
El Tribunal Constitucional ya se ha manifestado sobre ficciones legales y ha sido muy claro. Las ha declarado inconstitucionales advirtiendo que no son una presunción de un delito, sino que recurren a una argumentación en donde la ley deduce un
hecho inexistente. Es más, la ficción legal aludida por este proyecto de ley parece que desconoce el sentido y la finalidad de los pactos sucesorios, y es que la naturaleza de los pactos sucesorios es anticipo de herencia y su utilidad responde a
la necesidad del
heredero de recibir los bienes que le corresponden en la herencia con anticipación al fallecimiento del causante, en muchos casos para emprender una actividad profesional o para adquirir otro bien como podría ser, por ejemplo, una vivienda.
Hay que señalar que, ante la crisis que está viviendo este país, son muchos los jóvenes que acuden a esta figura para poder encauzar su vida. Sorprende que el señor Sánchez en su fantasía del año 2050 quiera dar una herencia a todos los jóvenes
españoles para labrarse un futuro o adquirir una vivienda y en la realidad del 2021, la actual, les niegue esta oportunidad, por ejemplo, a los jóvenes gallegos. Luego se preguntarán el porqué de la mayoría absoluta de Feijóo, del espectacular
resultado de Ayuso o del descalabro del Partido Socialista y de Podemos.
Señorías, si el objeto del pacto sucesorio no es dinero, posiblemente el que hereda se verá obligado a la venta para poder disponer de la liquidez que necesita y, por ello, la circunstancia de que el heredero venda no solo no es un síntoma
de fraude fiscal, sino que puede ser lo habitual. Recordemos que lo que se pretende con este proyecto de ley es perseguir el fraude fiscal y, en consecuencia, el foco debe ponerse en el defraudador, que es quien hace mal uso de esta figura
jurídica. En esta línea, las medidas que se tomen nunca debieran vulnerar los derechos de los ciudadanos que recurren a los pactos sucesorios respetando de forma escrupulosa el cumplimiento de la ley. Lo que corresponde no es aferrarse a una
ficción legal para arremeter contra los pactos sucesorios, poniendo trabas y penalizaciones a su utilización. Lo que corresponde es mejorar los mecanismos de inspección en las distintas administraciones para perseguir a quien defrauda. Ojo, si el
Gobierno se empecina en seguir adelante con la redacción actual, tengan por seguro que las denuncias se acumularán en los juzgados, porque una norma tributaria no puede vulnerar nunca un derecho civil.
Acabo, presidente. Presentamos la enmienda para que se respeten los derechos civiles de los ciudadanos y la autonomía competencial de las comunidades autónomas y pedimos que se suprima el párrafo que hace referencia a los pactos sucesorios
en el apartado 2 del artículo 3 de la ley, dejando, por tanto, sin efecto la modificación del artículo 36 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre. Por ello, pido el apoyo de todos los grupos a esta enmienda -aún estamos a tiempo-, muy especialmente
el de los diputados gallegos, catalanes y baleares.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Bas.
Para finalizar, por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Blanquer.
La señora BLANQUER ALCARAZ: Gracias, presidente.
Señorías, es un hecho que con esta ley que hoy debatimos avanzamos en el gran objetivo de país de prevenir y luchar contra el fraude y la elusión fiscal; un objetivo que constituye el componente 27 del Plan de Recuperación enviado a
Bruselas y que es compatible con la Estrategia 2050 presentada por el presidente del Gobierno. Es un proyecto clave que persigue el interés general y en el que incluimos modificaciones en distintas normas que consideramos necesarias y apropiadas.
Lejos de las críticas escuchadas, son medidas que se enmarcan en la estrategia integral de España, planificada y alineada con Europa, para reducir el fraude fiscal, fortalecer la concienciación social y favorecer y controlar el correcto cumplimiento
de las obligaciones tributarias. Es de justicia que todos contribuyamos a la consolidación de las cuentas públicas y a la financiación de los servicios públicos de acuerdo con nuestra capacidad económica. Con la lucha contra el fraude fiscal
protegemos la recaudación. Queremos recaudar lo que toca. Por tanto, no aceptaremos las enmiendas que buscan mayor fiscalidad al entender que deben ser abordadas en el marco del análisis de la reforma fiscal que está haciendo el grupo de expertos.
No aceptaremos las enmiendas presentadas que son puertas traseras abiertas a la pérdida de ingresos ni tampoco las enmiendas que ustedes presentan y que no están relacionadas con la lucha contra el fraude fiscal ni contra la evasión fiscal.
Simplemente, lo único que pretenden es poder atender a las presiones que están recibiendo hasta el último momento.
Las medidas incluidas en el proyecto de ley no son medidas aisladas e improvisadas, sino que forman parte de una estrategia planificada plasmada en el Plan Estratégico de la Agencia Tributaria y en el Plan anual del Control Tributario y
Aduanero, donde se va actualizando la proyección de los medios necesarios y las modificaciones normativas que nos permitan contar con un marco legal apropiado para optimizar los resultados en la lucha contra el fraude, por lo que tampoco pensamos
que haya que incluir algunas enmiendas que no aportan mayor compromiso que el que ya ha adquirido el Gobierno.
Es un hecho que con los presupuestos de este año ha habido un incremento presupuestario del 8,48 % con respecto al año anterior y una previsión de inversiones en medios y personal por un total
de 596 millones en el periodo 20202024. Fue con el Gobierno del Partido Popular cuando se produjo la mayor reducción de efectivos en la Agencia Tributaria, una caída acumulada de un 10 %, y es un hecho que los socialistas hemos corregido la
tendencia en 2019. Señora España, es un hecho que con el Gobierno progresista presidido por Pedro Sánchez protegemos los ingresos fiscales y prohibimos las amnistías fiscales por ley, como hacemos en esta norma. Con el Gobierno del Partido Popular
se llevó a cabo la mayor subida de impuestos, al mismo tiempo que se hacía una amnistía fiscal injusta e inconstitucional. Así que lecciones de ustedes, ninguna.
Por otro lado, quiero subrayar que el proyecto de ley se enmarca dentro de una estrategia alineada con el derecho de la Unión para hacer frente al desafío global de la competencia fiscal desleal y que permita proteger los ingresos fiscales
de nuestro país. En este sentido, cabe destacar las medidas armonizadas como las derivadas de la incorporación de la trasposición del régimen de trasparencia fiscal internacional y la regulación de la llamada imposición de salida; medidas de
protección que pretenden evitar la planificación abusiva que realizan algunos sujetos para trasladar los beneficios a lugares con imposición más baja. Así, garantizamos el pago de impuestos donde se genera el valor. Se adecúa el término de
paraísos fiscales al de jurisdicciones no cooperativas y es un hecho que su definición atiende escrupulosamente a las conclusiones del Consejo en Europa. Además, se pretende la publicación de estas de forma periódica y con un enfoque dinámico con
el que garantizar una respuesta firme y actualizada frente a quienes utilicen estos territorios con fines defraudatorios. Son reseñables también las medidas incorporadas para luchar contra el fraude en el entorno de las actividades de juego en
todas sus manifestaciones y la adaptación de un régimen de control y sanción en el mercado de tabaco crudo con un triple objetivo: reducir el fraude fiscal, el riesgo sanitario y la perturbación del marco de tabacos asociado al tráfico irregular.
También se incorporan medidas para reforzar el control tributario de las que quiero destacar algunas. En primer lugar, ante el crecimiento importante de inversiones de alto riesgo en monedas virtuales, que ni cuentan con el respaldo de una
autoridad pública ni están cubiertas por mecanismos de protección al cliente, incorporamos nuevas obligaciones de suministro de información sobre los saldos que mantienen los titulares y acerca de las operaciones que se realicen con las mismas. Se
estima que a finales de 2020 existían más de 6500 criptomonedas en circulación. En segundo lugar, reforzamos la colaboración de los notarios con la Agencia Tributaria para prevenir usos fraudulentos de la forma jurídica societaria con NIF revocado
y, además, la adaptación del ordenamiento legal respecto a las entradas en los domicilios de los obligados tributarios plenamente respetuosas y coherentes con el derecho a la inviolabilidad del domicilio según la jurisprudencia del Tribunal Supremo.
Se trata de una adaptación que está alineada con la normativa del derecho comparado y, en particular, con el derecho de la Unión. Hay que ser consciente de que, si se comunicara previamente la comprobación al obligado tributario, podría eliminar
las pruebas de defraudación por parte de los evasores fiscales. Con ese tipo de actuación, en los últimos años se ha detectado fraude en un porcentaje muy superior a la media en general, se ha obtenido la conformidad de los obligados tributarios y
el nivel de recuperación de deuda tributaria ha sido muy alto.
Además, con esta ley también se pretende incentivar el cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias y evitar conductas elusivas. Queremos destacar -también lo han mencionado otros grupos- el aumento de operaciones de pactos
sucesorios con conductas que persiguen claros fines elusivos del pago del IRPF. Por eso, aportamos una respuesta proporcionada, que es respetuosa con el derecho civil, pero haciendo valer la competencia fiscal que corresponde al Estado en la
fijación del valor de adquisición que se toma para la determinación de la correspondiente ganancia patrimonial en IRPF derivada de la enajenación del bien. Por tanto, no compartimos para nada aquellas cuestiones que ha planteado el Grupo
Parlamentario Popular, porque bien sabe que, para corregir estas conductas que sí que persiguen claros fines elusivos, también hemos presentado una enmienda transaccional con el fin de mejorar el proyecto de ley, pero no ha habido por parte de los
grupos proponentes ningún interés por aproximar posturas al respecto. Realmente, con su posición, el Grupo Parlamentario Popular no defiende el derecho civil autonómico, porque esta ley no lo ataca. El Grupo Parlamentario Popular no defiende el
interés general, está claramente defendiendo un interés de parte. Como siempre, se sitúa en la puerta trasera. No atacamos a ninguna comunidad autónoma, como sí lo hicieron otros Gobiernos del Partido Popular.
Por otro lado, también incentivamos la declaración voluntaria de los arrendamientos de viviendas al aclarar que no cabe reducción ni mejora fiscal si se declara en procedimiento de comprobación por Hacienda. También es importante destacar
-y nadie lo ha reseñado- el hecho de que no se permita la producción y el empleo de software de doble uso que permita la manipulación de los datos contables y de
gestión. Además, reducimos el límite general de pagos en efectivo a 1000 euros en aquellas operaciones en las que alguna de las partes interviene en calidad de empresario profesional, garantizando así la trazabilidad de la operación. La
verdad es que llama la atención que algunos grupos que se muestran tan críticos con esta medida pidan en sus enmiendas la desaparición del efectivo para un determinado sector y, al mismo tiempo, no quieran reducir el límite a todos los sectores. En
su presentación evidenciaron contradicciones, evidencian -y continúan haciéndolo- falta de credibilidad en sus críticas y debe ser por eso por lo que finalmente las retiraron, aunque, después de escuchar al Grupo Parlamentario Popular, es evidente
que se dejan llevar por algún grupo de presión.
Se incorporan cambios en la regulación del valor de referencia de la Dirección General del Catastro para dotarlo de mayor rigor, precisión y seguridad jurídica en su determinación y contribuir a la mayor transparencia en la publicación;
valor que, con esta norma, también se incorpora en la fijación de la base imponible de aquellos impuestos que gravan la transmisión de los inmuebles, al considerarlo más ajustado a la realidad física y jurídica del inmueble para cumplir con el
principio de justicia tributaria.
Por tanto, para finalizar, señorías, desde el Grupo Parlamentario Socialista hemos planteado hechos y realidades y, por eso, votaremos a favor de esta ley. Es una ley importante para luchar contra el fraude y para reforzar el control
tributario. Es esencial para incentivar el cumplimiento voluntario de las obligaciones fiscales y evitar las conductas elusivas. Tenemos una gran oportunidad. No es verdad que haya una oportunidad perdida. Hoy tenemos la gran oportunidad de
aprobar este proyecto de ley. Votaremos a favor en defensa del interés general, porque contribuye a garantizar y proteger los ingresos fiscales con los que financiar los servicios públicos. Tenemos la oportunidad de garantizar y proteger los
ingresos fiscales, de no dejarnos llevar por ningún tipo de presión y de que no se acepten enmiendas que suponen claramente reducir ese compromiso de proteger los ingresos fiscales tan necesarios para financiar los servicios públicos, tan necesarios
especialmente en estos momentos de pandemia sanitaria cuando se ha evidenciado que el fortalecimiento de los servicios públicos y que se recaude todo lo que se tiene que recaudar es tan importante y fundamental. Es importante para nuestro grupo,
porque no puede existir justicia social sin justicia fiscal.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Blanquer.
Suspendemos por cinco minutos la sesión para que se ubiquen sus señorías, porque vamos a votar electrónicamente. (Pausa).
Señorías, a la vista de que se ha solicitado votación a mano alzada, lo vamos a hacer así. Les anuncio que han sido retiradas las enmiendas 215 y 222 del Grupo Parlamentario Plural, PDeCAT, y la número 79 del Grupo Parlamentario Vasco.
Comenzamos a votar las enmiendas presentadas al proyecto de ley de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal. Empezamos por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. Procedemos a la votación de las enmiendas 121 a 123.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; en contra, 19; abstenciones, 1.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmienda número 125 del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 6; en contra, 29; abstenciones, 1.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmienda número 126 del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 3; en contra, 28; abstenciones, 5.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmienda número 127.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 6; en contra, 29; abstenciones, 1.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmienda número 128.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 7; en contra, 20; abstenciones, 9.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmienda número 133.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 1; en contra, 34; abstenciones, 1.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmienda número 134.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 6; en contra, 30.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmiendas 135, 138 y 139.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 11; en contra, 25.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmienda número 136.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 11; en contra, 24; abstenciones, 1.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmienda número 137.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 11; en contra, 25.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmienda 140.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 6; en contra, 29; abstenciones, 1.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmienda 142.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 10; en contra, 20; abstenciones, 6.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmienda 141.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 10; en contra, 21; abstenciones, 5.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Resto de enmiendas, 120, 124, 131 y 132.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; en contra, 20.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Pasamos a las enmiendas del señor Ferran Bel Accensi, del Grupo Plural. Votamos la enmienda 213.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 6; en contra, 30.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos la enmienda 221.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 7; en contra, 29.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Como les he dicho, la enmienda 222 ha sido retirada. Votamos la 243.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 11; en contra, 20; abstenciones, 5.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos la enmienda 223, del Grupo Plural.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 7; en contra, 29.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos la enmienda 229.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 6; en contra, 29; abstenciones, 1.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos las enmiendas 230 y 231.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15; en contra, 19; abstenciones, 2.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos la enmiendas 236.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 6; en contra, 29; abstenciones, 1.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos la enmiendas 237.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 6; en contra, 29; abstenciones, 1.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos la enmiendas 239.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 8; en contra, 19; abstenciones, 9.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos la enmienda 240.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 7; en contra, 20; abstenciones, 9.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos la enmiendas 241.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 8; en contra, 19; abstenciones, 9.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Se ha pedido la votación separada de las enmiendas 242 y 246. Entonces procedemos a votar la 242.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en contra, 19.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos la enmienda 246.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 18; en contra, 17; abstenciones, 1.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Votamos la enmienda 244.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 7; en contra, 29.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos la enmienda 245.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 7; en contra, 29.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos la enmienda 247, del Grupo Plural.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 7; en contra, 19; abstenciones, 10.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos la enmienda 248.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 2; en contra, 28; abstenciones, 6.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos el resto de enmiendas, 212, 214, 216...
El señor BEL ACCENSI: Perdón, presidente, tengo una duda que me tendrá que resolver la señora Blanquer. ¿Ha habido una transaccional con la 212 o no?
La señora BLANQUER ALCARAZ: La habíamos presentado, pero no me han contestado.
El señor BEL ACCENSI: De acuerdo, entonces se vota. ¿Y la 215 está retirada?
El señor PRESIDENTE: Sí. Por eso procedemos a votar el resto de enmiendas, 212, 214, 216, 224, 226, 228, 232 y 235.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; en contra, 20.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Procedemos a votar el grupo de enmiendas del Grupo Plural, presentadas por el señor Errejón. Votamos las enmiendas número 5 y 26.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: en contra, 35; abstenciones, 1.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos la enmienda número 10.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15; en contra, 20; abstenciones, 1.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos la enmienda número 11.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 7; en contra, 20; abstenciones, 9.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Procedemos a votar las enmiendas 12, 18 y 19, porque se ha solicitado votación separada de la 25.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 2; en contra, 34.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmienda número 25.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 6; en contra, 30.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmienda número 13.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 1; en contra, 25; abstenciones, 10.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmienda número 23.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 10; en contra, 26.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmienda número 31.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 10; en contra, 25: abstenciones, 1.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos las enmiendas 32, 34 y 36, porque de la 37 se ha solicitado votación separada.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos en contra, 35; abstenciones, 1.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmienda número 37.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos en contra, 34; abstenciones, 2.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmienda número 35.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos en contra, 34; abstenciones, 2.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Aquí se ha solicitado votación separada de la enmienda número 30, así que votamos la enmienda número 3.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 5; en contra, 31.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmienda número 9.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 5; en contra, 31.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmienda número 30.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 5; en contra, 31.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Resto de enmiendas.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 1; en contra, 35.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Pasamos a continuación a la votación de las enmiendas del señor Rego Candamil. Enmienda número 1.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; en contra, 19; abstenciones, 1.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmienda número 2.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 7; en contra, 28; abstenciones, 1.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
A continuación, pasamos a la votación de las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Republicano. Se ha solicitado votación separada de la 159. Votamos las 145, 152, 164 y 169.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 2; en contra, 34.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmienda número 159.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 6; en contra, 30.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmienda número 156.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 11; en contra, 25.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmiendas números 158 y 166.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 2; en contra, 34.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmienda número 170.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 7; en contra, 20; abstenciones, 9.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmienda número 174.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 2; en contra, 24; abstenciones, 10.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmienda número 175.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 20; en contra, 15; abstenciones, 1.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Enmienda número 176.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 2; en contra, 24; abstenciones, 10.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Se ha solicitado votación separada de las enmiendas 165 y 172. Votamos la enmienda número 165.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 5; en contra, 31.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmienda número 157, que me la había dejado antes, y de la que también se había solicitado votación separada.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 1; en contra, 34; abstenciones, 1.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmienda 172.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 5; en contra, 31.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Resto de enmiendas.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 1; en contra, 35.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Pasamos a la votación de las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario VOX. Enmiendas 38, 41, 47, 48, 51, 58, 62 y 72.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15; en contra, 20; abstenciones, 1.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmienda 43, 45, 46, 50, 52 y 67.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15; en contra, 20; abstenciones, 1.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmienda número 55.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 7; en contra, 29.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmienda número 56.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 7; en contra, 29.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmienda número 57.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 6; en contra, 30.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmienda 63.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 6; en contra, 29; abstenciones, 1.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmienda 75.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 6; en contra, 30.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Resto de enmiendas del Grupo Parlamentario VOX.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 14; en contra, 21; abstenciones, 1.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
A continuación, pasamos a votar las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular. Las enmiendas número 87, la 88, 94 y 95.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15; en contra, 20; abstenciones, 1.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmienda número 89.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en contra, 19.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmienda número 105.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 10; en contra, 20; abstenciones, 6.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmienda 106.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 10; en contra, 20; abstenciones, 6.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmiendas 82, 86, 102, 107, 114, 118 y 119.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15; en contra, 21.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Resto de enmiendas del Grupo Parlamentario Popular.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; en contra, 20.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
A continuación, pasamos a votar el informe de la ponencia con las enmiendas que, en su caso, se han incorporado como consecuencia de la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 21; en contra, 14; abstenciones, 1.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado por la Comisión, con competencia legislativa plena, el proyecto de ley de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal, de trasposición de la Directiva (UE) 2016/1164, del Consejo, de 12 de julio
de 2016, por la que se establecen normas contra las prácticas de elusión fiscal que inciden directamente en el funcionamiento del mercado interior, de modificación de diversas normas tributarias y en materia de regulación de juego, que se remitirá
al Senado a los efectos previstos por el artículo 90.1 de la Constitución.
Les recuerdo que el próximo martes, a las diez de la mañana, están ustedes convocados a esta Comisión.
Señorías, sin más cuestiones que tratar, se levanta la sesión.
Era la una y diez minutos de la tarde.