CORTES GENERALES


DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS


COMISIONES

Año 2021 XIV LEGISLATURA Núm. 339

POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA

PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª MARÍA LUISA CARCEDO ROCES

Sesión núm. 9

celebrada el jueves,

18 de marzo de 2021

ORDEN DEL DÍA:


Comparecencia del señor ministro de Política Territorial y Función Pública (Iceta i Llorens):


- Para informar sobre las líneas generales de la política de su departamento en la XIV Legislatura. A propuesta del Gobierno. (Número de expediente 214/000094) ... (Página2)


- Para que explique las líneas generales de actuación de su departamento. A petición del Grupo Parlamentario Ciudadanos. (Número de expediente 213/000845) ... (Página2)


- Para dar explicaciones sobre sus prioridades y proyectos al frente del Ministerio de Política Territorial y Función Pública hasta el final de la Legislatura XIV. A petición del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de
expediente 213/000846) ... (Página2)


- Para informar sobre las líneas generales de la política que va a llevar a cabo en su ministerio. A petición del Grupo Parlamentario Republicano. (Número de expediente 213/000857) ... (Página2)

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Se abre la sesión a las tres y treinta y cinco minutos de la tarde.


La señora PRESIDENTA: Buenas tardes. Se abre la sesión.


Tal como acordamos en la reunión de Mesa y portavoces, vamos a proceder a sustanciar la comparecencia del señor ministro.


En primer lugar, le damos la bienvenida a su Comisión y que compruebe por sí mismo el buen ambiente y clima que tenemos aquí. Como había varias solicitudes de comparecencia del ministro, además de la realizada a petición propia, vamos a
sustanciarlas de forma conjunta. Son las siguientes: la presentada a petición propia; la del Grupo Parlamentario de Ciudadanos; la del Grupo Parlamentario Popular, y la del Grupo Parlamentario Republicano. Como decía, procederemos a
sustanciarlas conjuntamente.


Como saben, el desarrollo de la Comisión consistirá en una intervención inicial del ministro, una primera intervención de los portavoces, por un tiempo máximo de siete minutos; una segunda intervención del ministro; un turno de réplica
para cada grupo parlamentario de tres minutos, y, finalmente, cierra el ministro.


Sin más prolegómenos, reiterando la bienvenida, damos la palabra para su primera intervención al señor Iceta.


El señor MINISTRO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA (Iceta i Llorens): Muchas gracias, presidenta. Buenas tardes a todas y a todos.


Para mí es un gran honor comparecer ante esta Comisión, y como es la primera vez que lo hago, quiero subrayar mi respeto hacia el Parlamento, hacia la Cámara, hacia esta Comisión y hacia todos sus integrantes. Para mí, la primera
comparecencia es importante porque es la que señala prioridades y traza caminos. Desde luego, quiero que sepan que voy a tener muy en cuenta el trabajo que ya viene haciendo esta Comisión y el que podamos hacer juntos en el futuro, pero no solo en
el día de hoy. Yo digo que el ministerio es el ministerio de la cooperación, de los pactos y los pactos que se establecen en sede parlamentaria tienen una relevancia muy, muy, muy importante.


Quiero decirles que formo parte de un Gobierno comprometido con el diálogo, que vamos a mantener esa oferta permanente a todos los grupos, a todas las administraciones, con independencia del color político de sus Gobiernos, porque creemos
que es la mejor manera de avanzar y, desde luego, en esta Cámara, en las Cortes, se expresa la pluralidad de los puntos de vista y de los proyectos políticos porque es la representación más genuina de la voluntad ciudadana. Por tanto, me pongo, en
primer lugar, a disposición de todas y todos ustedes, les ofrezco toda mi colaboración con voluntad de acuerdo, pero también les avanzo que tengo una gran disposición a aceptar tanto criticas como propuestas, porque de ellas se derivará una mejor
acción colectiva.


Quisiera subrayar dos aspectos esenciales de mi función como ministro, que creo que la lucha contra la pandemia ha subrayado de forma muy especial. En primer lugar, la importancia de los servidores públicos, de los trabajadores y las
trabajadoras de las administraciones públicas, que con su labor han demostrado su compromiso mucho más allá de las obligaciones, porque es necesario contar con unos servicios públicos suficientemente dotados y eficaces. Si algo ha puesto de
manifiesto la emergencia sanitaria es la importancia de lo público, de la función pública y de la gestión pública para dar respuesta a lo extraordinario, porque hemos visto que lo excepcional, desde luego, puede ocurrir y por ello, más que nunca,
debemos tener presente que cuando reducimos recursos de los servicios, de las administraciones, de la pieza esencial de los servicios públicos, como son sus trabajadores y trabajadoras, estamos debilitando nuestra capacidad de respuesta ante
situaciones como la del coronavirus, con todo lo que ello implica. Señorías, a la hora de la verdad, lo único que nos separa del desastre es lo público.


En segundo lugar, en nuestro Estado se sostienen valores democráticos que se encarnan en el diálogo, la negociación y el pacto, imprescindibles para el desarrollo del Estado de las autonomías. Un Estado de cooperación entre administraciones
en el que las técnicas federales son la mejor vía para solucionar los problemas. Recientemente, Funcas ha publicado el informe 40 Años de Descentralización en España: balance y perspectivas, en el que se concluye que los procesos de
descentralización intensa, rápida y específica de nuestro país, de democratización y de consolidación del Estado del bienestar han sido exitosos, pero también señala que hay aspectos que deberían mejorar y que forman parte de nuestra hoja de ruta
colectiva, como son, primero, el refuerzo de las instituciones propias de los países descentralizados, como lo es el Senado o las conferencias de presidentes y las conferencias sectoriales. Un segundo elemento es la apuesta por esa cultura federal
de diálogo, negociación y pacto de cooperación

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permanente. Un tercero en el que podemos avanzar, creo que muchísimo, es aprovechar mejor el intercambio de experiencias entre comunidades y entre administraciones. Saben que siempre he apostado por una España fuerte en su unidad y
orgullosa de su diversidad, y este es el camino que pretendo seguir.


Señorías, quería empezar con una declaración, si me lo permiten -y con su amabilidad puedo contar con ello, creo-, de principio. Yo soy federalista, es verdad; el federalismo entendido de la forma que lo hacía el poeta Joan Maragall, de
unión y libertad, la idea de que es posible construir una filosofía política basada en la fraternidad. Pero el federalismo no solo es filosofía, no solo son valores, sino que constituye una guía de soluciones prácticas a los problemas que plantean
las estructuras políticas complejas y es también un conjunto de mecanismos para poner en práctica el principio de subsidiariedad. Es un federalismo que ha de aunar autogobierno y Gobierno compartido y, por tanto, y no me cansaré de repetirlo, el
federalismo, sobre todo, es cooperación. Por ello, desde el Ministerio de Política Territorial y Función Pública vamos a reforzar todos los mecanismos de coordinación, cooperación, colaboración y cogobernanza entre el Gobierno, las comunidades
autónomas y las ciudades autónomas, pero también las diputaciones, los cabildos, los consejos comarcales y, por supuesto, y prestándoles una especial atención, los ayuntamientos, representados por la Federación Española de Municipios y Provincias.
La pandemia producida por la COVID-19 es el mayor desafío al que se ha enfrentado este país desde la llegada de la democracia. Pero una de las grandes lecciones aprendidas es que la cogobernanza funciona. Como he señalado anteriormente, la
pandemia ha demostrado que juntos somos más fuertes, que colaborando somos todos más eficaces.


El segundo elemento de mi comparecencia es hablar de la guía de actuación del conjunto del Gobierno, que no es otro que el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. España está enfrentando uno de los momentos más difíciles de su
historia reciente. La pandemia ha supuesto un enorme coste humano y en términos de salud, pero también ha comportado importantes costes sociales y económicos y ha puesto de manifiesto algunas de nuestras debilidades como sociedad; debilidades que
podremos superar también gracias a una de nuestras principales fortalezas: nuestra pertenencia a la Unión Europea. El Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, puesto en marcha por la Comisión Europea, que se materializará en España en el Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia diseñado por el Gobierno, ha de servir para potenciar la recuperación económica y para adecuar nuestro modelo productivo a los requerimientos de la nueva sociedad del siglo XXI bien entrado ya. Las
comunidades autónomas, las ciudades autónomas y las entidades locales están llamadas a jugar un papel clave en la gestión de los fondos europeos. Serán uno de los protagonistas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y participarán
en su ejecución. El plan, que todos ustedes ya conocen, consta de cuatro ejes transversales: transición ecológica, transformación digital, cohesión social y territorial e igualdad de género y diez políticas palanca, una de ellas, la cuarta, la que
lleva el título Una Administración del siglo XXI, se desarrolla en el componente 11 del Plan del Gobierno, bajo el título Modernización de las Administraciones Públicas. Para ser concretos, el Ministerio de Política Territorial y Función Pública
invertirá 1 000 de los 4 000 millones de euros del componente 11. De estos 1 000 millones, 970 serán gestionados por comunidades autónomas y entidades locales y 30 millones de euros los gestionaremos directamente desde el ministerio. En estos
momentos estamos terminando de diseñar los criterios que deben informar los proyectos que deberán ser desarrollados en el marco de este componente y que presentaremos a la Conferencia Sectorial de Administración Pública y a la Comisión Nacional de
Administración Local, junto con los parámetros de distribución de los fondos que a dichos proyectos se destinan.


Nuestro principal papel en el componente 11 del plan se encuentra en acometer las reformas que deben llevarnos a una verdadera modernización de la Administración y que se refieren, por una parte, al empleo público, concretamente a la
reducción de la temporalidad, al refuerzo de las capacidades de las empleadas y empleados públicos y a la captación del talento hacia la Administración; por otra parte, a la evaluación de las políticas públicas, a la transparencia, a la mejor
gobernanza y a la rendición de cuentas, y, por último, a la arquitectura institucional, reforzando la cooperación entre Administraciones. Estas reformas contempladas en el plan están marcando la agenda de trabajo del ministerio y son, por tanto,
nuestra principal prioridad en esta legislatura.


Empleo público. Como he señalado al principio de mi intervención, una de las lecciones aprendidas de la crisis sanitaria es la importancia de contar con unos servicios públicos suficientemente dotados y eficaces. En este aspecto, la
columna vertebral de los servicios públicos, las trabajadoras y trabajadores públicos, merecen todo nuestro respeto, reconocimiento y que las administraciones les prestemos nuestra máxima atención. Ellos y ellas tienen una importancia trascendental
y decisiva y durante la pandemia han

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demostrado una dedicación y un compromiso dignos de elogio. Me refiero a las y los profesionales sanitarios que lo han dado todo, y siguen haciéndolo, para cuidar de la salud de la ciudadanía durante una pandemia que probablemente marcará
su carrera profesional, pero también me refiero a los servidores públicos que trabajan en servicios administrativos, en los servicios sociales, me refiero al profesorado de los centros educativos y las universidades, que han tenido que adaptarse a
unas circunstancias extraordinarias, a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, a las policías autonómicas y locales, a los cuerpos militares, a los diplomáticos, a los bomberos, al personal al servicio de la cooperación internacional, de
extranjería y asilo, de sistemas y tecnologías y a tantos y tantos ejemplos de dedicación, vocación y compromiso. Todos ellos y ellas deben saber que el ministerio que ahora dirijo es también su casa, como lo es esta Comisión parlamentaria.
Permítanme, y eso marca un cierto acento, una especial mención a unos servidores públicos que no siempre tienen relieve público, que son los técnicos de la Administración Civil del Estado que, por ejemplo, durante el primer estado de alarma han
redactado unas 3 000 páginas en más de 70 órdenes con la carga de trabajo y sobreesfuerzo que supuso en esos duros momentos y trabajando en condiciones muy, muy, muy adversas. Quiero subrayar en la Cámara el compromiso del Gobierno, y especial y
personalmente del presidente del Gobierno, con los servidores públicos y mi propósito será hacer valer ese compromiso y tratar de mejorar sus condiciones de trabajo, consolidar sus empleos e incrementar la valoración ciudadana sobre su desempeño.


Hemos de hablar necesariamente sobre la reforma para reducir la temporalidad en el empleo público. Señorías, quiero lanzar, si me lo permiten, un mensaje a las y los trabajadores de la función pública. Somos conscientes, creo que todos, en
todo caso el Gobierno lo es, del problema que supone la elevada temporalidad en la función pública y trabajaremos para reducirla drásticamente. La crisis económica de 2008 y las políticas de austeridad generaron un problema durante años,
principalmente aquellos en los que no hubo oferta de empleo público o no se ofertaron plazas suficientes, porque, entre otros factores, mientras las administraciones tenían la necesidad de mantener la oferta de servicios públicos, se veían limitadas
por una tasa de reposición que entre 2012 y 2015 llegó a ser del 0 % y se vieron abocadas a la contratación de personal temporal. En este aspecto, quiero subrayar que los Presupuestos Generales del Estado para 2021, los primeros plenamente vigentes
en casi tres años, han elevado por primera vez la tasa de reposición hasta el cien por cien, llegando, en determinados ámbitos y circunstancias, al 110 y al 115 %. En este sentido, también quiero anunciarles que en junio se publicará la oferta
pública de empleo de este año, porque no queremos debilitar el servicio público ni limitar sus capacidades.


Señorías, la temporalidad es un problema que alcanza al conjunto de las administraciones, pero no a todas por igual. Por supuesto, en la Administración General del Estado se producen casos de temporalidad injustificada, pero he de decirles
que en menor medida que en otros ámbitos de la Administración. En el caso de la Administración General del Estado estamos hablando de una temporalidad de un 8 % frente a ratios que en ocasiones superan el 30 % a nivel autonómico y que se suelen
concentrar en los servicios de salud y educación, también en otros, como en la justicia o en la investigación y también en los ayuntamientos.


He dicho ya en otras ocasiones que en algunos casos cierta temporalidad es aceptable, incluso necesaria. Necesitamos poder cubrir bajas con urgencia en servicios que no pueden dejar de prestarse, pero en el ministerio, de acuerdo con los
trabajadores y sus representantes y en colaboración con las comunidades autónomas, las ciudades autónomas y las entidades locales, debemos lograr que lo normal sea que las personas que ejercen un trabajo estructural en la Administración lo hagan
desde una plaza fija. Y también, esto no es un objetivo quizá fundamental y puede no ser compartido por parte de sus señorías, yo lo entiendo perfectamente, nos gustaría proceder a una internalización de servicios. Hay servicios que cuando se
externalizan acaban costando al contribuyente más que si se desarrollan desde la propia Administración. Cada Gobierno, en el marco de sus competencias y de acuerdo con sus prioridades políticas, debe decidir cuál es la mejor manera de prestarlos.


Les decía que vamos a abordar la situación de la temporalidad dialogando con las comunidades y con la Federación Española de Municipios y Provincias, también con los sindicatos, hemos empezado a hacerlo ya, en torno a tres aspectos. En
primer lugar, vamos a reducir la actual tasa de temporalidad en las administraciones a través de medidas eficaces que eviten nuevas bolsas de empleo público temporal. La semana pasada mantuve mis primeras reuniones con los representantes sindicales
y me comprometí con ellos a traer a esta Cámara la reforma del Estatuto Básico del Empleado Público, de modo que se establezca la obligatoriedad de las administraciones públicas de cubrir las plazas existentes que hoy ocupan personas sin contrato
fijo. El objetivo es desarrollar medidas efectivas para prevenir y sancionar

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el abuso y el fraude en la temporalidad, de modo que se ponga el énfasis en su carácter excepcional y se delimite su duración máxima. A todos nos conmueven esas informaciones que hablan de personas que están quince o veinte años ejerciendo
sus funciones en la Administración sin un contrato fijo. No puede ser, la ley lo ha de prohibir. Estoy hablando permanentemente de la necesidad del acuerdo y el pacto y no vamos a hacer las cosas por decreto, la vamos a hacer dialogando con las
administraciones, buscando las mejores fórmulas y pensando también que problemas que han alcanzado una dimensión, como el de la temporalidad, no tienen solución a cortísimo plazo y mucho menos inmediata.


En segundo lugar, vamos a actuar para remediar la elevada temporalidad existente, regulando una nueva ampliación de los procesos de estabilización, ya que observamos que se están desarrollando de manera más lenta de lo inicialmente previsto.
Todos pudimos escuchar declaraciones del ministro Montoro hablando de unos acuerdos que se habían alcanzado para la reducción de esa temporalidad, pero que luego, en su desarrollo, probablemente no han alcanzado los objetivos que se fijaron.


En tercer lugar, en los procesos de estabilización que he mencionado se debe promover desde el necesario respeto a los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad en el acceso a la función pública, la estabilización con
carácter fijo del personal interino que realiza de forma permanente funciones de tipo estructural. Perdonen que ponga ejemplos de un universo tan amplio, pero el puesto de las trabajadoras y trabajadores de la limpieza en las administraciones es de
carácter estructural. No me imagino que llegue el día en el que una administración decida que sus sedes, sus instalaciones no sean mantenidas permanentemente en un estado muy razonable de funcionamiento. Por tanto, estamos hablando de hacer lo
lógico. Si una persona está en la Administración ejerciendo una función que es permanente, lo normal es que la desarrolle desde un contrato fijo, no desde una temporalidad que precariza su empleo y que, además, hace muy difícil plantearse el
futuro. Nosotros esperamos hallar puntos de encuentro entre todas las partes, las comunidades, las entidades locales y las organizaciones sindicales para la definición de las medidas concretas que nos permitan alcanzar estos objetivos con prontitud
y eficacia.


Señorías, la temporalidad no es el único problema que aqueja a los empleados, a las empleadas públicas. La función pública en nuestro país tiene otros retos que hay que abordar. Uno de ellos es la elevada edad media de las plantillas,
cincuenta y dos años de media, frente a cuarenta y dos años y medio en el sector privado, o la necesidad de reforzar las capacidades del empleo público. Para el primer reto, el de reducir la edad media de las plantillas públicas, trabajamos en un
plan de captación de talento que busca promover la orientación laboral de la ciudadanía hacia la Administración; es decir, un plan que van a nacer con la vocación de que la Administración pública sea una opción atractiva para las nuevas
generaciones que se incorporan al mercado laboral. En este ámbito se hace preciso repensar los mecanismos de selección, así como modernizar los perfiles profesionales en el empleo público. Es necesario preguntarnos por qué motivo, en demasiadas
ocasiones, las plazas que se ofertan quedan vacantes. ¿Es que el empleo público no resulta atractivo? ¿Es que no somos capaces de proyectar suficientemente su variedad, la posibilidad de crecer en una vida profesional en la Administración? Uno de
los elementos que queremos contemplar es que el acceso a la función pública tenga más en cuenta la capacidad y la aptitud, y menos la habilidad memorística de los candidatos, como ya ocurre en muchos países de nuestro entorno. Por ello trabajamos
en la elaboración de un plan estratégico de reforma del modelo de acceso al empleo público que agilice y modernice la entrada al sector público. Les anuncio también que después del verano el Gobierno aprobará un real decreto de teletrabajo en la
Administración General del Estado, con el que daremos soluciones a las zonas el declive demográfico y a la cobertura de plazas que suelen quedar vacantes en determinadas partes del territorio. Esto también incorporado a la estrategia del reto
demográfico que nuestro país tiene que abordar de forma urgente.


Respecto al segundo reto, el refuerzo de las capacidades de los empleados públicos, el Instituto Nacional de Administración Pública dispone de un plan estratégico para la mejora, desarrollo e implantación de estos aspectos. El objetivo es
conseguir reforzar y apoyar la labor de las empleadas y los empleados públicos, alineado con el Plan de Capacitación Digital aprobado recientemente por el Gobierno. Este plan recoge otros compromisos, como es el desarrollo de una ambiciosa oferta
formativa que pone el foco en las competencias más que en la acumulación memorística de conocimientos. De igual manera, como saben sus señorías, el Ministerio de Política Territorial y Función Pública trabaja en un borrador de Ley de Función
Pública de la Administración del Estado que siente las bases de una reforma integral, profunda y ambiciosa del régimen del empleo público en la Administración General del Estado. Esta nueva ley pretende consolidar un modelo de empleo público
profesional, productivo, eficaz y motivador, con una

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organización en materia de recursos humanos más flexible, ágil e innovadora en sus procedimientos. Quizá uno de los aspectos más novedosos de la ley en la que estamos trabajando sea el desarrollo de la figura del directivo público
profesional como elemento clave que nos acerca a los modelos de función pública más avanzados. La figura del directivo público profesional es un elemento consolidado en nuestro entorno europeo y es una figura ya prevista en el Estatuto Básico del
Empleado Público. Ahora nos proponemos definir sus funciones, requisitos, procedimiento de nombramiento, mandato, planificación y evaluación de su desempeño, así como el régimen de conflicto de intereses y cese.


Señorías, antes de terminar este primer bloque de reforma relacionado con el empleo quiero subrayar el importante trabajo desarrollado en el III Plan para la Igualdad de Género en la Administración General del Estado y en los organismos
públicos vinculados o dependientes de ella. Desde el Ministerio de Política Territorial y Función Pública daremos el necesario impulso a la implementación de las medidas que contempla.


Quiero hablarles también de un reto que nuestro Plan de transformación pone sobre la mesa, que es el de la evaluación de las políticas públicas, la transparencia y la gobernanza. Ya desde hace mucho tiempo, la Comisión Europea y la OCDE
vienen recomendando a los Estados la importancia de la evaluación de las políticas públicas y la necesidad de contar con instituciones y marcos adecuados para la evaluación. En España, la institucionalización de la evaluación de políticas públicas
aún tiene camino por recorrer para alcanzar un nivel aceptable, según coinciden diversos estudios, y contar con una política integral de evaluación de las políticas públicas. Durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero se creó la Aeval, la
Agencia de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios, que también conoce la presidenta de esta Comisión, la querida Luisa Carcedo, puesto que presidió aquel organismo en aquel tiempo. Los sucesivos Gobiernos fueron restando
presupuesto y atribuciones a la agencia hasta que quedó reducida al actual Instituto de Evaluación de Políticas Públicas, que depende de la Secretaría de Estado de Política Territorial y Función Pública. La fragmentación de las actividades de
evaluación que se realizan en las distintas administraciones públicas dificulta tanto la visibilidad como el intercambio de información y de buenas prácticas evaluadoras, y ello ocurre tanto a nivel central como en otros niveles de Gobierno, para lo
que se requieren actuaciones de coordinación y cooperación. Esta fragmentación se hace especialmente evidente en el análisis del impacto de las políticas públicas sobre la igualdad de género, el medioambiente, la transición ecológica y energética,
la despoblación, el crecimiento económico, la redistribución de la riqueza, la adecuación a la normativa y directrices europeas o la adecuada alineación con los objetivos de la Agenda 2030.


Señorías, el Gobierno está trabajando ya en el impulso de un sistema público de evaluación de políticas públicas en las administraciones y ha comprometido esta reforma encuadrándola también en el ya referido componente 11 del Plan de
Transformación, Recuperación y Resiliencia. Para ello les anuncio que elaboraremos un proyecto de ley de evaluación con el objetivo de institucionalizar la práctica de la evaluación de las políticas desarrolladas por las administraciones públicas
desde un enfoque integral, transversal y bajo los principios de coordinación y cooperación. Se trata de establecer, en línea con las recomendaciones de la OCDE, una definición clara y precisa de los conceptos y principios generales de evaluación de
políticas públicas y de su institucionalización en las Administraciones.


Señorías, otra de las reformas que estamos comprometiendo con la Comisión Europea para la ejecución del Plan de Transformación, Recuperación y Resiliencia tiene que ver con la gobernanza y la transparencia en la actuación de la
Administración pública. Como saben sus señorías, el IV Plan de Gobierno Abierto, aprobado en octubre de 2020, supuso una apuesta conjunta de las Administraciones y de la sociedad civil por la transparencia y la integridad. Es un plan nacional
fruto de la participación ciudadana y de la deliberación conjunta entre Administraciones y la sociedad civil.


El IV plan recoge diez compromisos altamente innovadores en los que ya estamos trabajando. El objetivo es impulsar la transparencia a la hora de crear políticas públicas con más trazabilidad, reactivar la participación ciudadana, la
implantación de la comunicación inclusiva y, por supuesto, una mayor participación de las comunidades y ciudades autónomas, así como de la Federación Española de Municipios y Provincias, para el Gobierno abierto y transparente. En este aspecto, me
comprometo a reformar la normativa básica estatal en materia de incompatibilidades con el fin de establecer un sistema de prevención del conflicto de intereses más completo y acorde con la Administración actual, al tiempo que se corrigen las
disfunciones detectadas en la aplicación de la ley. Con esta reforma se regularán de manera más efectiva las condiciones de compatibilidad con la actividad privada, se delimitarán adecuadamente las actividades exceptuadas y se contemplará, entre
otros aspectos, un sistema de incompatibilidades al cese para el personal directivo.

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En cuanto a la regulación de los grupos de interés o lobbies, puedo informarles de que he dado instrucciones para que se aceleren los trabajos para la creación de un registro obligatorio. Son muchos los países de nuestro entorno que tienen
normas reguladoras y, además, en nuestro país hay ya comunidades autónomas y corporaciones locales que han abordado esta regulación y cuyo carácter pionero quiero también saludar. Asimismo, el Plan Nacional de Recuperación, Transformación y
Resiliencia compromete la reforma del marco regulatorio de la transparencia y, en primer lugar, y conscientes del retraso que se ha acumulado en este terreno, nos comprometemos a que en este primer semestre podamos enviar al Consejo de Ministros el
reglamento de desarrollo de la Ley de Transparencia.


Señorías, el último y gran eje de reformas que acometeremos en el marco del Plan de Transformación, Recuperación y Resiliencia tiene que ver con la arquitectura institucional, un ámbito en el que, además de reformar la cooperación entre los
diversos niveles de la Administración, es indispensable incorporar a las entidades locales, tanto desde el punto de vista de su participación en la toma de decisiones como desde la óptica de la resolución de sus problemas de índole administrativo y
competencial. En este punto, quiero detenerme en un tema para nosotros prioritario, que es el estatuto básico de municipios de menor población que queremos traer a las Cortes cuanto antes. Queremos darles a los pequeños municipios más facilidades
para ejercer sus funciones y queremos hacerlo en el marco de la estrategia frente al reto demográfico. Los municipios de menor población tienen una singularidad propia que nos obliga a que dispongan de una normativa adaptada a su realidad
específica. Este estatuto básico quiere ser la palanca para provocar ese cambio y, por supuesto, para garantizar la calidad democrática y de la prestación de los servicios públicos. Seguro que sus señorías saben de esa problemática. Existe una
enorme dificultad, por ejemplo, para cubrir en municipios muy pequeños las plazas de habilitados nacionales, secretarios e interventores, así como otros puestos de funcionarios. Municipios alejados de los grandes núcleos de población son poco
atractivos para determinados profesionales de la Función pública y no podemos desamparar a esos municipios. Es verdad que los muy pequeños municipios se topan también con obstáculos a la contratación debido a la actual redacción de la Ley de
Contratos Públicos. Carecen de incentivos que impulsen la asociación intermunicipal para ahorrar costes a la hora de ofrecer determinados servicios. La ley debe permitir que cada ayuntamiento pueda agilizar los procedimientos. Debe ser posible la
cooperación y el apoyo de los municipios con más recursos y las comunidades autónomas a los que pertenecen, sin que esto suponga una pérdida competencial. El estatuto básico del municipio de menor población será una normativa que, en definitiva,
garantice una prestación de servicios públicos de calidad a la ciudadanía, independientemente del lugar de residencia.


Señorías, la pandemia nos ha obligado a todos a gobernar más y mejor desde la cooperación y a coordinarnos más y mejor desde los ayuntamientos, las comunidades autónomas, las ciudades autónomas y el Gobierno de España. Cada semana, los
miércoles por la tarde, tengo la oportunidad de participar de un órgano de características federales. Me refiero al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, en el que las comunidades autónomas, junto al Gobierno de España y de manera
reciente, con la participación de las entidades locales a través de la Federación Española de Municipios y Provincias, adoptan decisiones que afectan al conjunto de la ciudadanía. Este consejo es el órgano de gobernanza del Sistema Nacional de
Salud y durante la gestión de la pandemia se ha convertido en el órgano que nos ha permitido, y nos permite, responder de manera coordinada, cohesionada y unida, y este es el camino en el que debemos seguir profundizando: más y mejor cooperación,
más y mejor coordinación y más cohesión. El sistema funciona mejor cuando compartimos objetivos comunes y en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, y he podido comprobarlo personalmente, eso se demuestra cada semana.


Las incertidumbres del presente y del futuro solo encontrarán adecuada respuesta desde el equilibrio de un autogobierno potente y cercano y de un Gobierno compartido. Por ello, también la cooperación y la coordinación son nuestras guías de
actuación en la Unión Europea. Hasta el inicio de la pandemia y, con ella, del primer estado de alarma en marzo de 2020, los instrumentos de cooperación existentes funcionaban como mecanismos de coordinación entre comunidades autónomas y el
Gobierno de España, las conferencias sectoriales, cada una con dinámicas propias y con sistemas de toma de decisión también propios. Por ejemplo, la propia Conferencia de Presidentes funcionaba de forma muy rígida, con serias dificultades para
alcanzar acuerdos y con una frecuencia de reuniones que dependía tan solo de la voluntad del Gobierno de turno. Sin embargo, se han celebrado más conferencias de presidentes en 2020 que desde que se constituyó este mecanismo de coordinación en 2004
y se ha erigido en este tiempo como una herramienta eficaz. No quiero decir que no sea perfectible y las comunidades autónomas, que han celebrado que se hayan organizado tantas reuniones de esta conferencia, también están planteando

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reforzar el papel y mejorar el proceso de toma de decisiones, y tienen razón y habrá que abordar su reforma. Por otra parte, la participación de la Federación Española de Municipios y Provincias en los órganos de cooperación es compleja
porque la FEMP tiene un carácter asociativo, no es una institución como tal y, por lo tanto, no goza del mismo tratamiento que las comunidades autónomas. Sin embargo, hoy por hoy, afortunadamente, la FEMP ya participa en varias conferencias
sectoriales.


La gestión de la crisis sanitaria ha demostrado que la cooperación es un instrumento imprescindible de escucha y un mecanismo de trabajo para los planes ministeriales. La cooperación es también la forma en que debe apoyarse nuestro modelo
de Estado descentralizado para su óptimo funcionamiento. Por lo tanto, nos comprometemos a seguir haciendo de la cooperación la única fórmula viable para el diálogo, el acuerdo y la toma de decisiones compartidas. Después del largo camino
recorrido, después de una reflexión sobre las lecciones aprendidas durante los últimos meses, la más clara, la más contundente, es la lección de la obligada cooperación entre instituciones, entre Gobiernos que a veces tienen problemas distintos, que
tienen perspectivas distintas y también propuestas de solución distintas, pero debemos abrir el diálogo y el acuerdo entre comunidades y ciudades autónomas que tienen problemas similares para buscar soluciones comunes. El diálogo es siempre una
oportunidad para el acuerdo y el diálogo y la cooperación horizontal entre las comunidades autónomas es un camino que tiene todavía mucho, mucho trecho por delante en nuestro país. Ha llegado, pues, el momento idóneo para que desde este ministerio
propongamos fórmulas que construyan un nuevo tejido de cooperación más sólido, así gestionaremos mejor la diversidad, pero también la discrepancia, que cabe en un Estado complejo como el nuestro.


Otra de las revelaciones de este año de crisis sanitaria ha sido el papel de las delegaciones del Gobierno. Se han mostrado como instrumentos eficaces y rápidos de la Administración General del Estado, complementando también este modelo
cooperativo del que les hablo, ayudando a Gobiernos autonómicos y locales en la aplicación y gestión de las decisiones que durante el estado de alarma se iban tomando. No quiero alargarme aquí en ello, pero estamos poniendo en marcha un plan que
mejore la calidad de los servicios públicos que las delegaciones prestan en el ámbito de su competencia.


Señorías, he hablado hasta ahora de las grandes reformas que acometeremos y comprometeremos en el marco del Plan de Transformación, Recuperación y Resiliencia y quiero, ahora que hablaba de los buenos resultados de la cooperación, referirme
a la salud de nuestro Estado de las autonomías. Las comunidades autónomas han desempeñado un papel protagonista en la construcción del Estado del bienestar, también han tenido un peso determinante en la consolidación de derechos y servicios
públicos esenciales para la ciudadanía, como la sanidad, la educación o los servicios sociales, así como la igualdad entre hombres y mujeres. En materia de política territorial este ministerio avanza sobre dos ejes muy claros. Por un lado, el
desarrollo sin cortapisas del Estado de las autonomías como lo quisieron los constituyentes que nos presiden, que es un Estado diverso, plural y que, por tanto, ha de atender a realidades muy distintas desde la proximidad, pero también desde la
cooperación. Y, por otro, el impulso del municipalismo. En lo que se refiere al desarrollo autonómico, en el Gobierno estamos comprometidos con el pleno desarrollo de las competencias autonómicas y de los estatutos y trabajamos día a día de la
mano de los diferentes Gobiernos autonómicos para avanzar en los procesos de transferencias. Es conocido por todos ustedes que estamos finalizando la negociación con el País Vasco del traspaso de la gestión de instituciones penitenciarias recogido
en su estatuto de autonomía y que seguimos trabajando en otras competencias que figuran en el Estatuto de Gernika y que poco a poco, y en la medida en que vayamos alcanzando nuevos acuerdos, se irán traspasando. Pero tenemos también abiertos
procesos de negociación con la Comunidad Foral de Navarra, Andalucía, Castilla-La Mancha, Baleares y Canarias, y estamos estudiando ya las peticiones que recientemente ha realizado la Xunta de Galicia.


Señorías, voy a ilustrar con un ejemplo muy claro por qué vengo diciendo que este quiere ser el ministerio de los pactos. Llevo al frente de este ministerio siete semanas, solo siete semanas. En este periodo he firmado ya trece acuerdos
que han evitado llevar al Tribunal Constitucional conflictos de competencia entre el Estado y las comunidades autónomas. He iniciado también cuatro procesos de negociación, según dispone el artículo 33.2 de la Ley Orgánica del Tribunal
Constitucional, pero también es cierto que he firmado dos solicitudes para interponer sendos recursos de inconstitucionalidad y debo decirles que ha hecho mucho más ruido la interposición de los recursos que los acuerdos alcanzados. Eso ocurre
siempre. Los conflictos hacen mucho más ruido, pero deben saber, y a través de ustedes el conjunto de los ciudadanos, que resolvemos muchos más conflictos de los que finalmente hay que elevar al Tribunal Constitucional. Pero aprovecho este
comentario para también decirles que deberíamos quitar a veces el dramatismo con que algunos presentan los recursos frente al alto Tribunal. El Estado de las

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autonomías, entre otras cosas, se define por la existencia de diversos niveles de gobierno y, cuando se produce un conflicto que las partes no logran resolver de mutuo acuerdo, hay que recurrir al árbitro y el árbitro no es otro que el
Tribunal Constitucional, pero, insisto, antes de llegar al recurso al árbitro, vamos a seguir trabajando para llegar a acuerdos, acuerdos que no son oscuros, ocultos, sino que están perfectamente recogidos en la propia ley que regula al Tribunal
Constitucional.


Es verdad que estando en estas tres semanas en el ministerio se ha producido una novedad que quiero resaltar, que venía ya iniciada, lógicamente, de la anterior ministra, y es que por primera vez en la historia hemos evitado recurrir al
Tribunal Constitucional a través de la reforma de una ley estatal. Normalmente, la costumbre era instar a las comunidades autónomas a que modificasen su propia normativa. Pues bien, hemos abierto una posibilidad que yo creo que también es
razonable: a veces es el Estado el que debe reformar su normativa para mejor acomodar, para mejor encajar las competencias autonómicas. Concretamente, eso se produjo con el acuerdo alcanzado con Andalucía sobre medidas urgentes para la adecuación
ambiental y territorial de las edificaciones irregulares en la Comunidad Autónoma de Andalucía. Creo que es una buena noticia y demuestra que, si hay voluntad de colaboración y de diálogo, los acuerdos son posibles. No digo que sean sencillos,
pero son posibles. El compromiso de modificar una ley básica estatal en el marco de un procedimiento, según el artículo 33.2, surge del esfuerzo de colaboración por mejorar la articulación competencial con las comunidades, en este caso concreto con
Andalucía. Permítanme que destaque este acuerdo porque creo que es una gran relevancia y pone de manifiesto una manera muy positiva y dinámica de entender el Estado de las autonomías.


Señorías, este es el Ministerio de Política Territorial y, por lo tanto, es también la casa de los ayuntamientos. La COVID-19 ha vuelto a tensionar las políticas públicas locales, pero los municipios y sus responsables, de todos los colores
políticos, salen bastante bien parados del envite. Sin embargo, al traje se le están rompiendo algunas costuras. Los Gobiernos locales tienen que lidiar con diferentes limitaciones y hasta ahora han ocupado una posición subsidiaria en la
organización territorial del país. La prioridad era el desarrollo autonómico, pero eso, a partir de ahora, no puede ser la excusa para demorar el necesario apoyo a la Administración local. Está claro que en España debemos reactivar el Gobierno
local con más competencias, una mejor financiación y una mayor flexibilidad o libertad de movimientos, y por eso, y tal como nos comprometimos, vamos a impulsar la reforma de la legislación en el ámbito local. Se trata de una decisión
imprescindible y acuciante. Los ayuntamientos exigen y necesitan el apoyo del Gobierno y se lo vamos a dar. Las dos crisis, la del 2008 y la del 2020 -las dos crisis recientes-, que en este siglo están soportando los ayuntamientos españoles han
puesto de manifiesto disfunciones y carencias en el régimen jurídico y la hacienda de los Gobiernos locales. A mi juicio, la aprobación en el año 2013 de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, lejos de resolverlos,
agravó dichos problemas y, por lo tanto, el horizonte de trabajo de este ministerio pasa también por revertir el recorte de competencias que trajo consigo la LRSAL, que lo que hizo fue limitar la capacidad de gastos de los ayuntamientos sin
introducir ninguna reforma estructural en el régimen jurídico ni tampoco en el de la hacienda local.


Señorías, las reformas que traeremos a la Cámara garantizarán los elementos nucleares de la autonomía local, abordando, además, como señalé anteriormente, la especial casuística de los pequeños municipios. Este es un reto de nuestra
sociedad y debe resolverse en la proximidad, donde la participación y el buen Gobierno pueden ponerse a prueba para conseguir municipios más inclusivos y equitativos. Desde este ministerio queremos avanzar, como ya han hecho otros países europeos,
que han puesto en marcha la reforma de las administraciones territoriales. Para ello, en líneas generales, han dado más responsabilidades a los Gobiernos locales, desarrollando progresivamente la Carta Europea de Autonomía Local. Esa es también
nuestra carta y nuestra brújula. En definitiva, señorías, se trata de facilitar el trabajo de los ayuntamientos y desde el ministerio vamos a hacer lo posible para que los servicios públicos, sea quien sea su titular, se presten de manera adecuada
y eficaz. En este sentido, y lo he dicho ya en diversas ocasiones, la Federación Española de Municipios y Provincias es para este Gobierno la referencia en el ámbito municipal y se le ha dado más protagonismo. Por vez primera, el 26 de octubre del
año pasado la FEMP participó en la Conferencia de Presidentes y desde hace dos meses está presente en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud y, créanme, su participación enriquece las discusiones y nos ayuda a tomar entre todos
las mejores decisiones. La FEMP participa también en las reuniones de la Conferencia Sectorial de Asuntos Europeos, así como en el reparto de los fondos europeos, y queremos que esté presente en más conferencias sectoriales.

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Por otra parte, desde este ministerio se ha colaborado y cooperado con la FEMP para desplegar el IV Plan de Gobierno Abierto, al que me refería antes, en un ejercicio claro de cogobernanza. De todo ello hablaremos en la próxima reunión de
la Comisión Nacional de Administración Local que reuniremos por primera vez en el Senado. No les quiero esconder la voluntad de este ministerio y de este ministro de darle al Senado el protagonismo que merece en la arquitectura territorial
institucional del Estado, y de ahí el sentido de que nos gustaría que muchas conferencias sectoriales pudieran reunirse en el marco de la Cámara Alta y que fuéramos entre todos avanzando en una reflexión sobre su eventual reforma.


Señorías, finalizo ya. Han sido meses difíciles para todos, también para poder dar cumplimiento a la agenda normativa del Gobierno, soy muy consciente de ello, pero los compromisos que se tomaron desde el inicio de la legislatura siguen
vigentes. Quiero subrayar que desde este ministerio trabajamos con empeño para facilitar la vida a la ciudadanía y a los trabajadores y trabajadoras públicos. Asimismo, vamos a colaborar, a cooperar y a cogobernar desde una mirada federal para
fortalecer las comunidades autónomas, las ciudades autónomas y las entidades locales desde el diálogo y el acuerdo porque esta es la esencia de este ministerio. Así vamos a actuar en todos los temas, también en temas tan delicados, pero para mí tan
queridos, como el fomento de las lenguas españolas que no son el castellano: en la Función pública, en las Administraciones y en la relación de los ciudadanos con estas. Voy a defender un Estado de las autonomías del siglo XXI que profundice en su
carácter federal para que sea capaz de proporcionar todo lo que de él se espera. Uno, el respeto a las identidades diferenciadas dentro de España, que es perfectamente compatible con un compromiso colectivo con el proyecto común. Como ya dije
desde mi toma de posesión, creo en una España fuerte en su unidad y orgullosa de su diversidad. Dos, solidaridad para seguir reduciendo las desigualdades territoriales y garantizar la igualdad de derechos de los ciudadanos, vivan donde vivan, y ahí
encaja también nuestra voluntad decidida de participar en el desarrollo de la estrategia frente al reto demográfico. Cooperación, colaboración y cogobernanza entre este Gobierno, los Gobiernos autonómicos, los Gobiernos de las ciudades autónomas y
las entidades locales. Y, sobre todo, lo que nos ha de mover a todos y estoy convencido de que nos mueve a todos, la mayor eficacia posible en la gestión de los recursos y de los servicios públicos. Eso es para lo que he venido y aquí me tendrán
siempre a su servicio, a su disposición para escuchar, para dialogar, para acordar y para colaborar.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchísimas gracias, ministro.


A continuación, iniciamos el primer turno de portavoces, como siempre, de menor a mayor, y a los grupos parlamentarios que se hayan repartido el tiempo les advertiremos de acuerdo con las notas que han hecho llegar a la Mesa y que
adjudicaremos a cada uno de los portavoces de cada grupo.


Empezamos por el Grupo Mixto. Como saben, el turno es de siete minutos, pero el Grupo Mixto ha acordado repartirse el tiempo entre el señor Mazón, que tendrá cinco minutos, y el señor Martínez Oblanca, que tendrá dos minutos.


Señor Mazón tiene la palabra.


El señor MAZÓN RAMOS: Muchas gracias.


Bienvenido, señor ministro. Enhorabuena por el nombramiento. Espero que tenga usted muchos éxitos en su función.


Voy a ser breve, ya que además voy a compartir el tiempo con el compañero del Grupo Mixto.


Nos ha hecho usted un relato exhaustivo, todo lleno de buenas intenciones. Todos sabemos que este ministerio tiene una función que es complicada; es complicado llevar a la práctica muchos de sus acuerdos porque fundamentalmente tiene que
coordinar, y resulta que muchas veces todas estas buenas intenciones se quedan por el camino. Hay unos retos, desde luego, que están pendientes y ahora hay una oportunidad de que este ministerio vea su virtualidad, que son los fondos europeos, y en
este sentido yo le quiero recordar -usted nos ha dicho ahora el dinero del que van a disponer- que desde las comunidades autónomas, por lo menos desde Cantabria, se piensa que vamos muy retrasados; otros ministerios ya han tenido conversaciones con
los responsables autonómicos para ver cómo se reparten, para ver qué proyectos hay, y este ministerio todavía no lo ha hecho. Desde mi partido me solicitan que usted, cuanto antes, convoque una conferencia sectorial. Hay un mundo de la
digitalización pendiente, hay bastante dinero -luego ya veremos cómo se reparte-, espero que usted, que tiene que ser el ministro de las Administraciones territoriales, o sea, tiene que defender no solamente al Consejo de Ministros, a

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su Gobierno, sino que tiene que defender a las otras administraciones, pues aquí ponga empeño, sobre todo en los repartos.


Yo pertenezco al Partido Regionalista de Cantabria, un partido totalmente autonomista, de hecho se creó para conseguir la autonomía de Cantabria, y al mismo tiempo también es un partido que es eminentemente municipalista, por eso nos parece
muy bien que haya esta idea de sacar adelante una ley que facilite el trabajo a los ayuntamientos, sobre todo a los más pequeños, porque si ya es difícil gestionar la Administración en los grandes, no digamos en los pequeños, donde la Ley de
contratos o incluso todos los temas relacionados con el personal son un martirio.


La verdad es que la Administración española siempre ha funcionado bastante bien, en mi opinión, comparada con muchas de las Administraciones del resto de Europa, especialmente los funcionarios, pero es cierto que yo creo que en los últimos
años ha ido a peor, ya se lo dije también a su antecesora, esto es algo bastante claro. Probablemente sea muy necesario ese estatuto de los directivos entre los funcionarios, porque a veces, si los directivos son los políticos, los políticos no son
muy buenos patrones para dirigir las organizaciones y está bien profesionalizar, digamos, una serie de mandos para que gestionen con rigor todos los asuntos que haya entre manos.


No tengo mucho tiempo, y lo único que le quiero decir es que tenga suerte, que se ponga a la tarea, que convoque cuanto antes a las comunidades autónomas, y, en materia de financiación le rogaría que no haga como la ministra de Hacienda,
que, cuando reparte el dinero entre las comunidades autónomas, no les comunica ni siquiera los criterios hasta que no está hecho. Por lo tanto, esa es la petición que le hago.


Nada más. Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Mazón.


A continuación, tiene la palabra el señor Martínez Oblanca.


El señor MARTÍNEZ OBLANCA: Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias también a usted, señor ministro, por su primera comparecencia.


La primera cuestión que me planteo es al hilo de su diáfana referencia sobre los funcionarios públicos y la necesidad de reducir su alta tasa de temporalidad. Me alegro de que reconozca usted que, efectivamente, miles de trabajadores
públicos viven en una permanente situación de precariedad laboral derivada del abuso de temporalidad, situaciones que, efectivamente, incumplen directivas europeas, la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea -sentencia de hace
justamente un año- y asimismo vulneran los principios de equivalencia y de efectividad porque los trabajadores afectados están, en definitiva, desprotegidos e indefensos. Urge, por lo tanto, una solución y que esta sea conforme a la legislación y,
sobre todo, señor Iceta, que sea urgente. Por tanto, le pido al Gobierno del Estado prioridad para acometer este problema y dar soluciones en los ámbitos de las administraciones, sin excepción.


La segunda cuestión que le planteo es la necesidad de acometer sin más dilaciones la reforma del modelo de financiación autonómica, que en el caso concreto de Asturias es ya una cuestión de absoluta emergencia. Para nosotros esta reforma
tiene variantes de singular importancia: el altísimo envejecimiento de nuestra población, las circunstancias que incide en el coste de los servicios públicos esenciales y el cumplimiento de las exigencias de estabilidad presupuestaria. Asturias
sufre desde 2009 un sistema de financiación nefasto y, además, la comunidad autónoma ha sido sistemáticamente relegada en el capítulo 6 de inversiones. Hizo usted, señor ministro, referencia a la salud del estado las autonomías. No habrá
desarrollo competencial si no se dotan a las comunidades autónomas de recursos suficientes, singularmente a las que estamos olvidadas en la periferia de España.


Finalmente, lleva usted siete semanas en el Gobierno y el señor Sánchez lleva de presidente dos años y ocho meses incumpliendo el compromiso de acometer la reforma del sistema de financiación. En Asturias, a la par que le deseamos éxito en
su gestión, estaremos muy pendientes, señor Iceta, de las medidas que corrijan la flagrante discriminación, el reparto de recursos y que los asturianos no sigamos siendo siempre para el Gobierno españoles de segunda.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Martínez Oblanca.


A continuación, por el Grupo EH Bildu tiene la palabra la señora Aizpurua, por siete minutos.


La señora AIZPURUA ARZALLUS: Muchas gracias, presidenta.

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Ministro de Política Territorial, zorionak, desde el principio y realmente deseo que sea una enhorabuena su nombramiento y que sea enhorabuena para que se solucionen las cuestiones más urgentes e importantes que su ministerio tiene sobre la
mesa. Porque es cierto, usted se ha referido a los retos que tiene su ministerio y creo que sí, y creo que, ante todo, tiene uno en especial porque como cualquier tarea de Gobierno tiene sus retos, pero el suyo, su cometido, su trabajo al frente
del Ministerio de Política Territorial y Función Pública en este Estado tiene pendientes de solucionar bastantes problemas que llevan décadas y décadas sin solucionar y que no se abordan. Por ello digo que ojalá sea de enhorabuena.


La primera cuestión a la que me voy a referir es la de la territorialidad y eso que se llama el problema territorial del Estado y he de reconocer que me sorprende. Me ha sorprendido muchísimo que usted, en esta primera comparecencia no haya
hecho ninguna mención a la cuestión catalana. Realmente me sorprende muchísimo y de alguna forma me preocupa también porque quizá esto quiera decir que no se quieren tomar medidas a la realidad de lo que está sucediendo. ¿Usted sabe que este
Estado se configuró en 1978, dejando irresueltas suficientes cuestiones como para que hoy estén al orden del día en el primer plano de la actualidad y en el primer plano, creo yo, de la responsabilidad política también? Cataluña es un ejemplo de
ello. La insatisfacción generada durante tantos años se ha ido acumulando y en la actualidad son cada vez más en diferentes territorios del Estado, tanto en Euskal Herria como en Cataluña, como en Galicia, que nos reivindican un modelo diferente de
relación con el Estado y, todos lo sabemos, esa cuestión topa de bruces con la legalidad actual, y no voy a hacer un recorrido histórico de incumplimientos, de transferencias pendientes.


Se ha referido usted, sí realmente, se ha acordado ya la transferencia de prisiones. Llevamos casi cincuenta años sin que se complete el estatuto, con lo cual, ya de paso, quisiera preguntarle cuándo se va a completar el estatuto de
autonomía en su totalidad. Me gustaría saber qué previsiones tiene al respecto.


Ha hablado también de los recursos de inconstitucionalidad. Se ha referido a la figura del árbitro. No voy a decir que el árbitro este comprado, no es el caso, el árbitro es de parte. Entonces, el resultado de un partido que se rige en
este corsé legal, que es el problema que tienen estas situaciones, naturalmente sabemos cómo termina.


Ha hablado también de diálogo. Me ha extrañado que no hable de Cataluña y del diálogo, se lo repito. Ha hablado en general sobre el diálogo. Yo, con su predecesora, en algunas ocasiones que hemos tenido de hablar de este tema, del
problema territorial, recuerdo que siempre respondía que ella estaba obviamente por solucionar los problemas a través del diálogo, pero que cuando terminaba el diálogo y no había acuerdo se imponía la ley. Ese era el recorrido que establecía su
predecesora. Espero que el suyo no termine ahí, que vaya más allá, porque eso significaría que toma conciencia de la realidad y, más importante que eso, que quiere poner la cuestión de la territorialidad en vías de solución y no en una vía muerta.
Porque la pregunta es obvia: ¿Qué ocurre cuando la mayoría de una población, de un territorio, desea otra forma de relación con el Estado y esa ley es la que impide que pueda expresar su derecho a decidir? En toda esta cuestión hay una certeza que
es que el Estado de derecho, por lo menos la tenemos nosotros, el Estado de derecho, este Estado de derecho y el Código Penal no van a solucionar estos problemas. Y otra certeza también, que la cuestión territorial del Estado precisa de una nueva
forma de mirar y encarar esta realidad. Diría finalmente que no vale abstraerse de la realidad. Diálogo, sí, señor, ministro, pero también pasos. Voy a hablar de otra cuestión. Son tres cuestiones las que le quería plantear. La primera era
esta, de la territorialidad y fundamentalmente lo he cambiado de orden precisamente porque me ha extrañado mucho que no hable de este tema.


La segunda cuestión es el de la temporalidad abusiva, que creo que todo el mundo se referirá a esta cuestión. Es verdad que ha dado usted una serie de palabras, alguna serie de promesas, pero realmente no ha habido medidas concretas y yo,
de alguna forma, sí esperaba que usted viniese a esta comparecencia, sobre todo sabiendo que la situación es lacerante para mucha gente y que hay millones de personas que esperan respuesta; que esperan respuesta de este ministerio, además. Sí,
realmente yo esperaba más medidas concretas, incluso algunas de aplicación inmediata y tengo que decir que ha quedado en una mera declaración de intenciones. Supongo que usted lo sabe, la gente está cansada de las buenas palabras sin que se
concreten las cosas. Casi, en El País, en la información que venía hoy, no voy a decir que hubiese más información de la que usted ha dado aquí, pero por lo menos en algunas cuestiones, como la del Estatuto Básico del Empleado Público, se ponen una
serie de plazos. Yo le pediría que a ver si puede concretarnos un poco más y si hoy, ahora, no puede concretar estas medidas, por lo menos que nos diga cuándo va a poder concretarlas, cómo se va a seguir todo esto adelante.

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Finalmente, me voy a referir también a la cuestión de los derechos y las lenguas. Se ha referido usted de pasada...


La señora PRESIDENTA: Tiene un minuto.


La señora AIZPIRUA ARZALLUS: ¿Un minuto? De acuerdo, un minuto me queda.


Recientemente, la pasada semana estuvo a debate en el Congreso esta cuestión de las lenguas minorizadas y los derechos de los hablantes, los deberes que tiene la Administración para con ellos. Hay una cuestión que la Administración del
Estado y su ministerio tiene que resolver también, que es el respeto a los derechos de los hablantes del euskera. Y cuando digo euskera me refiero al resto de lenguas cooficiales del Estado, allí donde son cooficiales, porque hay algo que se nos
olvida muchas veces que es, que, si dos lenguas son cooficiales, las dos son oficiales, con lo cual una no debe prevalecer sobre la otra, que es lo que está ocurriendo, en muchos casos también en la Comunidad Autónoma Vasca. Quiero recordarle que
Europa ha evaluado en cinco ocasiones el cumplimiento de la Carta de Lenguas Minoritarias. Se ha referido usted también a la Carta Europea de la Autonomía Local, que si se va a profundizar ahí. Muy bien, pero es que ocurre que la Carta de Lenguas
Minoritarias está aprobada, ratificada, con lo cual es de obligado cumplimiento para el Estado español.


La señora PRESIDENTA: Ha finalizado su tiempo ya.


La señora AIZPURUA ARZALLUS: Y, sin embargo, no se ha cumplido todavía. Pregunto si piensan empezar a cumplirla.


Gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.


A continuación, es el turno del Grupo Vasco (EAJ-PNV). El señor Legarda tiene la palabra.


El señor LEGARDA URIARTE: Muchas gracias, presidenta y muchas gracias también al ministro que comparece y agradecerle también las explicaciones. Aprovecho, como ya ha hecho algún otro portavoz, no había tenido ocasión de hacerlo antes,
para felicitarle por su nombramiento y desearle la mejor de las suertes, sobre todo en estas situaciones que usted ha manifestado, digamos, de incertidumbres, de complicaciones. En este sentido sí quería desearle, como alguna vez leí que alguno
deseaba a otro, que la incertidumbre le sea favorable.


Me ha sido muy grato oírle cuáles han son los valores sobre los que piensa inspirar su mandato en un Estado compuesto, los valores del diálogo, la negociación, el acuerdo en un Estado con complejo. Enlazo con una de las últimas
manifestaciones que ha hecho sobre cuatro principios que usted iba a tener muy presente, que es el respeto a las identidades diferenciadas, la solidaridad, la cooperación y gobernanza y la mayor eficacia posible.


La solidaridad la ha referido usted también a la igualdad de derechos de los ciudadanos, vivan donde vivan. Y luego ha manifestado que en política territorial el desarrollo del Estado autonómico pueda atender a las realidades distintas. Yo
sí le quisiera manifestar un matiz, digamos, de divergencia, digo un matiz. Cuando empezamos la andadura del Estado autonómico, la jurisprudencia constitucional y la interpretación del 149.1.1.ª, la interpretación vigente era, efectivamente, que
todos los ciudadanos, vivamos donde vivamos, debemos tener todos los derechos. Pero claro, el problema era compaginar esto con unas autonomías que no eran autonomías administrativas sino que eran autonomías políticas. Es decir, cabía la
posibilidad de hacer distintas políticas públicas y eso significaba que los ciudadanos, según dónde vivieran, podrían estar sometidos o estar viviendo con políticas públicas distintas. Esto daba alternativas políticas y proyectos distintos.


El Tribunal Constitucional interpretaba el 149.1.1.ª que si yo vivía en Andalucía yo iba a tener los mismos derechos que el conjunto de población que viviera en Andalucía, pero no significaba, voy a seguir el ejemplo, que en determinadas
políticas públicas los ciudadanos que viven en Andalucía tuvieran los mismos derechos y las mismas obligaciones, porque si eso fuera así no habría estado autonómico con autonomía política, con Parlamentos y con políticas públicas potencialmente
distintas. Usted ha manifestado que el desarrollo de las autonomías debe atender a las realidades distintas. Desde nuestro punto de vista, lo matizaríamos; no debe atender a realidades distintas, debe permitir las realidades distintas. En ese
sentido, la legislación básica creemos que tiene una vis expansiva y que está jugando

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realmente como leyes armonizadoras y consideramos que ahí ha habido una desviación del Estado autonómico.


Pero, ya entrando en las cuestiones más concretas que usted ha ido manifestando, ha planteado un programa normativo y legislativo intenso. Por centrarme: empleo público. Efectivamente, nuestro grupo incluso presentó hace un par de meses
-y conseguimos un gran consenso con casi todas las fuerzas políticas- una iniciativa sobre la interinidad en la Administración pública. Realmente el problema, ministro, no está en cambiar la normativa para que, de cara al futuro no se vuelva a
reproducir la situación. El problema está en cómo se digiere la gran bolsa de personal interino que tenemos en las administraciones y cómo gestionamos esta asimilación con los principios de igualdad, mérito y capacidad, porque ese es el gran
problema. Ministro, la realidad nos pone de manifiesto que las OPE generan una gran insatisfacción entre el personal interino, porque después de muchos años las capacidades para enfrentar una oposición, un concurso-oposición son complicadas. Se
queda mucha gente atrás y gente con veintitantos años de servicio es un desperdicio. El procedimiento de las OPE no va a permitir resolver un problema de una forma satisfactoria. Hay posibilidades. La conferencia sectorial creo que está
trabajando en el asunto y creo que se debieran dar soluciones valientes, respetando, claro, los derechos de todas las partes, incluso los derechos latentes que puede haber. Pero eso es una cuestión importante.


Directivo público, cuando hablamos de la profesionalización de la Administración pública, creo que tenemos una Administración pública profesional. Yo soy funcionario desde hace treinta y cuatro años y en todas las administraciones yo he
visto buenos profesionales, malos también, pero elevar a categoría el directivo público me parece un poco que es un movimiento en paralelo, en personas individuales como el que se hace en personas jurídicas de la Administración independiente. ¿Es
que la Administración pública no puede atender las políticas, los servicios públicos de una manera eficiente?


La señora PRESIDENTA: Un minuto le queda.


El señor LEGARDA URIARTE: Voy finalizando, ministro. Luego seguiré en los tres minutos.


No estoy en contra del directivo exactamente, pero me parece que tiene un cierto contenido de huida de lo público.


Muchas gracias, presidenta y continuaré luego en los tres minutos.


La señora PRESIDENTA: No ha agotado su tiempo.


Muchísimas gracias, señor Legarda.


A continuación, es el turno del Grupo Parlamentario de Ciudadanos. Por su grupo tiene la palabra el señor Espejo-Saavedra.


El señor ESPEJO-SAAVEDRA CONESA: Muchas gracias, presidenta.


Buenas tardes, señor ministro Iceta y bienvenido. Sabe que tenemos una relación personal de los años en el Parlament y que, más allá de las enormes discrepancias políticas que ahora se pondrán de manifiesto, nos tenemos, creo yo, un aprecio
personal mutuo, aunque no va a evitar lamentablemente que sea muy crítico, como corresponde a un grupo de la oposición como Ciudadanos.


En su reciente nombramiento dijo usted que la palabra que definiría su gestión al frente de este ministerio sería la de continuismo y yo debo reconocerle que cuando dijo aquello muchos supimos exactamente por qué estaba aquí ocupando
precisamente este ministerio. Porque usted no era el ministro ideal para dirigir la política territorial del Gobierno de España sino más bien para dirigir y despachar las demandas del nacionalismo, porque llegó aquí como consecuencia del cambio de
ministerios que impone la cuota de su partido, el Partido Socialista de Cataluña, porque se convocaron elecciones en Cataluña. Lamento tener que decírselo así, señor Iceta, pero la realidad es que su partido lleva en el Gobierno desde el verano de
2018 y lo único que hemos visto es cómo han utilizado su ministerio para pagar los favores debidos a sus socios en esta Cámara.


No me voy a entretener a repasar todo lo que hizo Sánchez desde que llegó a la Moncloa para ganar el favor de esos socios, como es, por ejemplo, levantar el control financiero a Torra, cesar a mi compañero Edmundo Val de la Abogacía del
Estado por acreditar precisamente la violencia de los hechos del procés. Algo, señorías, que ni siquiera la pandemia ha detenido y no me diga que no son estos también, señor Iceta, sus designios porque cuando mi grupo parlamentario arrimó el hombro
para intentar negociar unos presupuestos de emergencia nacional, usted precisamente fue una de las voces socialistas más contundentes apoyando que se negociaran precisamente con el bloque de la investidura, es decir,

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con Esquerra. Este Gobierno, y lo vio toda España, pudiendo prescindir del separatismo, lo integró en la dirección del Estado que lamentablemente creemos que es la idea exactamente que usted tiene de España.


Como ya nos conocemos de los años en el Parlament, donde le reconozco a usted momentos en los que tuvimos ideas y objetivos compartidos, le voy a decir la verdad. A mí me gustaría que el Ministerio de Política Territorial de mi país lo
dirigiera alguien que creyera en una España de libres e iguales y no alguien que defiende un país de privilegios para unos y agravios para otros, o que crea que en España hay una decena de naciones o que haya que indultar a los que tanto daño han
hecho a nuestra tierra dando un golpe contra la democracia. Creo, lamentablemente, que está usted aquí para apuntalar esa visión de España que no es la que tenemos en Ciudadanos. Tampoco es la del socialismo español de años atrás, pero le confieso
que, ante todo, yo, como catalán y español constitucionalista, me sigue provocando también orgullo ver que socialistas conservadores y liberales podemos votar juntos en Europa cuando defendemos el buen nombre de nuestra democracia, para levantar,
por ejemplo, el suplicatorio del señor Puigdemont. Yo le pediría, por cierto, que se pronunciara también sobre esto si no se enfadan sus socios.


Por eso, señor Iceta, le digo que lo que hace falta en su ministerio es un giro de 180 grados en cuanto a las prioridades de su política, de la España de agraviados y privilegiados a la España de libres e iguales, de la España del qué hay de
lo mío a la España del qué hay de lo nuestro. Porque esa es una idea que lleva usted defendiendo mucho tiempo, creemos, sin saber sus consecuencias. Las naciones, señor Iceta, son soberanas y en España la soberanía reside en el pueblo español y no
en una parte de él.


Comienzo con las preguntas, ¿ese continuismo pasa por volver a la mesa del chantaje entre el Gobierno de España y los separatistas? Y, en ese caso, ¿a qué nación representará usted, a la española o a la catalana? Porque ustedes hablan de
diálogo, pero en España ya tenemos las instituciones necesarias para que se produzca ese diálogo y el encuentro, como estas Cortes Generales formadas por el Congreso y el Senado. ¿Piensa, su ministerio, tratar en condición de igualdad a todos los
representantes de los catalanes o su intención es la de seguir privilegiando a los que son independentistas? ¿Va, el Gobierno, a seguir utilizando la política territorial para pagar los favores que deben a los nacionalistas y separatistas?


Pasando también -porque su ministerio es de Política Territorial y Función Pública, hay otros aspectos de la política territorial que no queremos dejar de lado, no todo va a ser el separatismo-, debo preguntarle por uno de los fenómenos que
más gravemente está afectando a España: la despoblación. ¿Qué medidas pretende adoptar a fin de luchar contra la despoblación, señor Iceta? ¿Prevé la regulación de incentivos o regímenes fiscales especiales para los pueblos en riesgo de
despoblación?


También me gustaría formularle preguntas en relación, como decía, con la Función pública. Cabe resaltar que el grado de politización de las administraciones públicas y del sector público en general es una fuente interminable de ineficacia,
de mala gestión y, en último término, de algo peor, como es la corrupción, y esto lo acreditan muchos estudios. Hemos de abordar la separación de las carreras políticas y funcionariales en nuestro país porque el nivel de integración actual es
inaceptable. Quería preguntarle si piensa tomar medidas en este sentido y cuáles serían, si comparte con nosotros la necesidad de desarrollar, y se ha hablado aquí antes de ello, el estatuto del directivo Público, aún pendiente de desarrollo en la
normativa actual, a efecto de garantizar la profesionalización de la Función pública y la separación de carreras políticas y funcionariales.


La señora PRESIDENTA: Le resta un minuto.


El señor ESPEJO-SAAVEDRA CONESA: Gracias, presidenta.


¿De qué manera pretende garantizar la existencia de un verdadero esquema de incentivos adecuados para premiar el mérito y la capacidad en la Función pública? También, si tiene intención de reformar el sistema de elección y nombramiento de
los secretarios, interventores y tesoreros de Administración local, un cuerpo que tiene unos problemas específicos, y si se compromete a reformar la Ley de Transparencia para ampliar la información que debe hacerse pública por las administraciones
públicas y sus cargos.


Nada más. Muchas gracias, presidenta.


La señora PRESIDENTA: Muchísimas gracias por ajustarse tanto al tiempo.


A continuación es el turno del Grupo Plural. Tiene la palabra el señor Bel.


El señor BEL ACCENSI: Muchas gracias, presidenta.

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Señor ministro, benvingut, bona tarde. En primer lugar, quiero felicitarle en nombre del Partit Demòcrata y todo el Grupo Plural y desearle muchísima suerte en el desempeño de sus funciones.


Si me permite, voy a empezar no tanto por lo que ha dicho sino por lo que no ha dicho. No hace falta que le recuerde que usted es el tercer ministro de Política Territorial y Función Pública,que comparece en esta Comisión en menos de tres
años desde la moción de censura. De las dos ministras que anteriormente comparecieron en sus primeras intervenciones, la señora Batet, el 7 de julio del 2018, habló de la crisis de Cataluña e hizo unas propuestas. Obviamente, nosotros no las
compartíamos, pero hizo unas propuestas sobre una cuestión muy concreta. La ministra Darias, el 27 de febrero del 2020, compareció y habló específicamente del conflicto político en Cataluña e hizo unas propuestas que nosotros no compartíamos, pero,
en todo caso, eran las propuestas del Gobierno. Y la verdad es que a nosotros nos causa una profunda decepción que usted hoy no haya hecho ninguna referencia a lo que su antecesora denominaba el conflicto político en Cataluña. Por tanto, mi
primera pregunta, si reconoce si en Cataluña hay un conflicto político y, si lo reconoce, que no tengo duda de que será así, nos gustaría saber cuáles son sus propuestas en relación con Cataluña. Sus propuestas no a nivel personal, obviamente, sino
como Gobierno y como ministerio, porque nos parece inaudito que en esta primera comparecencia, ya no porque usted sea catalán y lo conozca perfectamente, sino porque realmente entendemos que es un conflicto político de primer orden y que cualquier
ministro de Política Territorial que comparezca por primera vez en el Congreso de los Diputados para dar explicación o para exponer sus líneas de actuación durante los próximos meses, debería hacerlo. Por tanto, nos gustaría conocer cuál es su
posición respecto a las actuaciones inmediatas que se deben llevar a cabo desde el Gobierno del Estado con relación a solucionar el conflicto político de Cataluña.


Respecto a lo que sí ha dicho, la verdad es que compartimos muchas de las declaraciones de buenas intenciones, aunque también debo recordarle sin acritud que muchas de estas declaraciones de buenas intenciones ya las han hecho sus
antecesoras y la verdad es que no hemos avanzado mucho.


En relación con la Función pública, el tema que nos preocupa obviamente a todos y me consta que le preocupa a usted personalmente, es el de la temporalidad. Tampoco hemos avanzado mucho a lo largo de estos últimos tres años prácticamente,
porque se debe resolver, se debe establecer un proceso de estabilización, yo creo que en eso estamos todos de acuerdo, pero respecto a estas medidas concretas que usted nos ha avanzado, que se están negociando y que hoy no podía adelantar, nosotros
también lo podemos comprender, pero sí le pediríamos que estableciese un calendario; un calendario para que todos pudiésemos trabajar sobre esa base. Nosotros no le vamos a pedir ninguna comparecencia por este tema a corto plazo, pero sí que, si
no se avanza, nos veremos obligados a pedir explicaciones, porque lo de la temporalidad vinculado a la tasa de reposición es una obviedad. Es evidente que cuando desde el 2012 al 2015 no hay tasa de reposición y se continúa contratando porque las
necesidades se tienen que cubrir, el problema se incrementa de forma espectacular. Pero la tasa de reposición no es suficiente que se establezca al cien por cien o al 110 % con los antecedentes que llevamos, porque no vamos a solucionar el
problema.


Respecto a la tasa de reposición, si me permite, nosotros entendemos que hay una excesiva tutela respecto al resto de administraciones territoriales y establecer una tasa de reposición a corporaciones locales y comunidades autónomas de forma
idéntica y sin diferenciar la situación en que están, no nos parece correcto.


En cuanto al municipalismo, el tema de la LRSAL es ya más que conocido. La señora Batet en julio de 2018 y la señora Darias en febrero de 2020 decían que eso se debía afrontar, que la barbaridad, el atraco que había hecho a las competencias
municipales el Gobierno del Partido Popular se debía revertir, se debía solucionar y, como tantas cosas, desde la moción de censura hasta acá, no se ha solucionado. Se tenía que derogar la Ley Mordaza y no se derogó, se tenía que derogar la LRSALy
no se derogó, se tenía que derogar la reforma laboral y no se derogó, en algunos aspectos afortunadamente. Por tanto, también necesitamos un calendario específico, un calendario para la derogación de la LRSAL.


Respecto a los ayuntamientos, tenemos pendiente el fondo COVID que se le prometió a la FEMP por parte de la ministra de Hacienda. Sé que no es competencia suya, pero sí puede interceder y le pediríamos también su parecer al respecto.


Finalmente, termino como acabé cuando la primera intervención de la anterior ministra. Diálogo, siempre nos tendrá a su disposición. Es imprescindible. La política sin diálogo no se entiende, no se comprende, pero el diálogo en sí mismo
no es ninguna finalidad. El diálogo debe tener y generar frutos. En todo caso, si es un diálogo que no se concreta con acuerdos, es un diálogo estéril y que genera más

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frustración. Por tanto, ofrecimiento el diálogo sin ningún tipo de paliativos, sin ningún tipo de cortapisas, pero también exigencia de resultados en este diálogo.


Muchísimas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchísimas gracias, señor Bel, por ajustarse al tiempo.


A continuación, es el turno del Grupo Republicano y la señora Telechea tiene la palabra.


La señora TELECHEA I LOZANO: Gràcies, presidenta. Bona tarda, diputades i diputats. Benvingut, senyor ministro.


Hoy está usted aquí para que explicarnos las líneas generales de trabajo de su ministerio, pero antes quiero hacer una breve referencia al marco político global. Vemos cómo resurge en todo el mundo la amenaza del autoritarismo, y en esta
Cámara también. Esta ola provoca temor entre todas las personas comprometidas con la paz, con el diálogo y la defensa de la democracia, controlando algunos de los Estados más poderosos, negando la crisis climática, alimentando guerras de expansión,
limitando los derechos y libertades fundamentales de mujeres y hombres, especialmente de las mujeres, degradando, en definitiva, la vida política. Todas las izquierdas democráticas deben estar dispuestas a desarrollar su actividad política
atendiendo de modo prioritario el objetivo de combatir la intolerancia y el miedo y a la lucha para la protección de los derechos fundamentales.


Pero en el marco interno España también vive su propia crisis. La España concebida por la FAES de Aznar, esa España uniforme, hegemonizada por la derecha, ha sido incapaz de reconocer y asumir su complejidad interna y ha utilizado los
aparatos del Estado y el poder mediático dominante para procurar eliminar su pluralidad. Se ha encargado al Estado la represión y la expulsión de la discrepancia y la imposición de una identidad única, y los desequilibrios sociales y territoriales,
lejos de disminuir, han aumentado. Envejecimiento, escasa iniciativa, infraestructuras faraónicas infrautilizadas... España necesita abordar las urgencias sociales y dejar de subordinar los intereses generales a los de las elites que han mandado
siempre y siguen mandando.


España tiene una crisis territorial que no se circunscribe únicamente al conflicto con Cataluña. Hoy se escuchan también los ecos de la España interior, ahora vaciada por la voracidad capitalina. Hacen falta políticas de izquierdas en
España, políticas que reconstruyan un relato que se ha basado en la exclusión y la no integración de la diversidad lingüística, cultural y nacional. Dentro de esas medidas que usted también ha mencionado en su exposición, hay algunas que son de
especial urgencia, y en eso coincidimos, como, por ejemplo, la reforma del EBEP, el Estatuto Básico del Empleado Público. Es urgente -ya lo hemos repetido en otras ocasiones- proteger los derechos de las trabajadoras públicas que se encuentran en
esa situación de interinidad. Debemos permitir que todas las administraciones públicas que tengan personal con más de tres años de interinidad o temporalidad puedan abrir procesos especiales de consolidación de plazas, y todo ello sin quitar
competencias, sino respetando las competencias de cada Administración pública. No nos podemos permitir, como usted también ha dicho, el lujo de perder todo ese talento; debemos conservarlo. ¿Cuándo piensa su ministerio, por tanto, resolver esa
situación? No nos dé ninguna evasiva, que se le da muy bien hacerlo y ha sido su práctica habitual al frente del PSC, sino que concrete y ponga una fecha. Todas saben que además venimos aquí a defender los intereses de las catalanas, pero tampoco
somos ajenas a los intereses del resto de los pueblos. Venimos a denunciar también los abusos de un modelo de Estado que está empobreciendo a millones de personas para beneficio de cientos, y sobre todo venimos a luchar por el futuro de nuestro
país, a exigir el ejercicio efectivo del derecho a la autodeterminación, que la ciudadanía de Cataluña decida su futuro democráticamente, y estamos cansadas de recibir humillaciones, chantajes, y son reiterados los incumplimientos sistemáticos de lo
pactado por el Gobierno. Así que ya basta.


Señor ministro, recientemente usted ha manifestado -y cito textualmente- que este es el ministerio de los pactos, los acuerdos y la cooperación, y del diálogo, la negociación y el pacto para avanzar en el autogobierno. De momento, lo único
que hemos visto es su diálogo con el Partido Popular y con VOX y aquella manifestación que todas recordamos con Societat Civil Catalana. Tampoco nos sirve que después nos responda que ha leído que VOX quiere meter a Salvador Illa en prisión, porque
estaban dispuestos a aceptar sus votos en Cataluña.


Más allá de esto, también le preguntamos por el presente y por el futuro, para que no nos reproche que estamos centradas en el pasado. ¿Qué piensa hacer para resolver el conflicto que tiene España con Cataluña? Mi compañero Ferran Bel ha
insistido sobre este tema y también mi compañera Aizpurua. Y no me diga que no es un tema territorial, porque sí lo es, además de un tema democrático. Sabe que un

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buen demócrata es aquel que defiende la democracia y la voluntad del pueblo, porque no nos podemos olvidar de que estamos aquí y que somos servidoras públicas, y precisamente mucho diálogo y negociación no es que haya habido.


Señor ministro, usted, como catalán, conoce la realidad catalana como yo, conoce a muchas personas de mi partido como Carme Forcadell, como Dolors Bassa, Marta Rovira, Raül Romeva, Oriol Junqueras, verdaderos demócratas que luchan por los
derechos y las libertades de nuestro país y, de hecho, eran compañeros suyos en el Parlament de Catalunya. ¿Cuál es su opinión sobre la represión que están sufriendo? ¿Cree que es justa? ¿Sabe que dentro de su partido hay muchas personas que ven
la gran injusticia que se está haciendo con ellos? Y se lo digo con conocimiento de causa porque, por si no lo sabía, yo antes militaba en el Partit dels Socialistes de Catalunya y, por tanto, aún tengo mucha relación con muchos compañeros de su
partido. Como demócrata -supuestamente-, ¿no se le cae la cara de vergüenza de no haber ido a visitar a los presos polítics a la cárcel? ¿Los podrá mirar a los ojos cuando salgan, que lo harán, y más convencidos que nunca? ¿Usted sabe que sin
diálogo con nuestros y nuestras dirigentes no se va a avanzar en nada? ¿Cómo piensa, entonces, resolver el problema y trabajar por ese autogobierno que usted mencionaba? ¿O ese autogobierno del que habla es solo una pose de cara a la galería pero,
en realidad, no existe?


La señora PRESIDENTA: Le queda un minuto.


La señora TELECHEA I LOZANO: Gracias, presidenta.


Si le gustan tanto, como también ha dicho usted, los Parlamentos, los acuerdos y las negociaciones, ¿cómo piensa resolver el conflicto con Cataluña si Oriol Junqueras, presidente del partido que tiene la llave de la gobernabilidad en
Cataluña, está en prisión y no quiere visitarlo, o Marta Rovira en el exilio? Usted también sabe que el 80 % de la sociedad catalana pide poder votar, tanto los que quieren la independencia como los que no y, como también ha dicho usted muchas
veces, el Partido Socialista es un partido que gobierna a favor del interés general. ¿Me puede decir si va a respetar ese interés general?


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Telechea.


A continuación, por el Grupo Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, tiene la palabra el señor Honrubia.


El señor HONRUBIA HURTADO: Muchas gracias, señora presidenta. Bienvenido, señor Iceta. Nos sumamos también a las felicitaciones por su nombramiento y le deseamos un buen trabajo, que sea provechoso para todos y todas y que puedan
resolverse algunos de los muchos problemas que tenemos pendientes, como bien se ha dicho ya en el ámbito de esta Comisión.


En primer lugar, queríamos preguntarle también por el tema que tiene que ver con la cuestión de los interinos y de la temporalidad. Creemos que hay dos ámbitos en los que se puede abordar la cuestión, como siempre decimos cuando se aborda
este tema; por un lado, las medidas que se van a tomar para que no se vuelva a generar la situación que de los últimos años y también, por supuesto, las medidas que se van a tomar para dar solución a la situación que ya se ha generado y
principalmente a la situación en la que viven todas estas personas que llevan acumulando una situación de abuso de temporalidad durante tanto tiempo y que ahora están, en muchos casos, con el riesgo de perder sus puestos de trabajo. Para la primera
de las cuestiones entendemos que se ha anunciado repetidamente la modificación del artículo 10 del Estatuto Básico del Empleado Público y ahora estamos viendo que ya están apareciendo noticias en prensa en las que se nos dice que hay una presión por
parte de Europa que condiciona que se hagan lo antes posible este tipo de reformas para la forma en que se van a poder recibir los fondos europeos y, por tanto, como han hecho otros grupos previamente, nos gustaría preguntarle si existe algún
calendario o están previstos plazos para que se lleve a cabo esta reforma anunciada y si nos podría adelantar las líneas por las que iría esta reforma. En esta misma Comisión se aprobó una PNL en la que se ponían encima de la mesa algunos
planteamientos de cómo debería de hacerse. Y quisiéramos saber si eso puede servirnos de referencia para el trabajo que se va a hacer en la modificación de este artículo del EBEP.


En cuanto a cómo solucionar el problema de las personas que ya se encuentran en esta situación, usted habla de las tasas de reposición y, como se ha dicho anteriormente, parece que todos sabemos que el origen del problema se encuentra ahí,
pero sí nos gustaría saber cuál va a ser su propuesta para que esto no se vuelva a repetir, porque, como también se ha dicho previamente, con unas tasas de reposición

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del 100 %, del 110 % o del 115 %, lógicamente, no vamos a conseguir que se resuelva. Por tanto, queríamos saber si se está pensando en el ministerio en una eliminación directamente de las tasas de reposición o se está pensando en alguna
otra variable, como podría ser, por ejemplo -también se ha sugerido previamente-, una utilización flexible de esta tasa en función del territorio o en función de los sectores que están más afectados por estos problemas de temporalidad, como puede
ser la educación, como puede ser la sanidad, la justicia y otros.


Por otro lado, para dar respuesta a gente de las plataformas, de estos movimientos de interinos que están de alguna forma pendientes de lo que se hable hoy aquí, sabemos que estas plataformas ponen encima de la mesa una reivindicación que
tiene que ver con que mientras no se le dé solución al problema que tienen, que se paralice la oferta de empleo público que afecta a las plazas que ellos están ocupando actualmente. Querríamos saber si su ministerio contempla esta posibilidad o si
no lo hace, más que nada para que se pueda responder a las preguntas que nos hacen llegar cuando nos reunimos con ellos y con ellas.


Usted ha hablado también de la ley de Función pública, que, efectivamente, ya fue anunciada aquí por su predecesora, y ha hablado de que usted tiene el compromiso de que se va a efectuar a lo largo de esta legislatura. Querríamos saber
igualmente si existe algún plazo para ello y en qué fase de los trabajos nos encontraríamos ahora mismo y, si puede, que nos adelantara algunos contenidos que usted considere que serán centrales en el desarrollo de esos trabajos.


En cuanto a la reforma del Estatuto Básico del Empleado Público, queremos saber si además del artículo 10 hay en mente algún otro tipo de reforma. Es decir, si la reforma se va a acotar solo a este artículo y solo para abordar el problema a
de la temporalidad, o si tiene pensado que sea una reforma más amplia que toque otros aspectos que tengan que ver con el EBEP.


Por lo que se refiere a la utilización del fondo europeo, que ya se ha anunciado que se utilizaría para la modernización de la Administración General del Estado, nos gustaría que pudiera adelantarnos algunos planes, algunos proyectos
concretos que vayan en esta línea de modernización y del uso que se le va a dar a estos fondos.


Con respecto a la cuestión territorial, aquí esta semana pasada se aprobaron dos PNL que hablaban sobre la activación de la comisión bilateral con Galicia para el traspaso de competencias. Usted lo ha citado, pero queremos que confirme si
su ministerio tiene pensado activar esta comisión y, en su caso, cuándo se iniciaría.


Finalmente, en las reuniones que hemos tenido con sindicatos mayoritarios nos trasladan una serie de cuestiones que están acordadas que no se están cumpliendo. Por ejemplo, lo que tiene que ver con el convenio del personal laboral que se
firmó hace dos años o con el acuerdo sobre fondos adicionales. Queremos saber si efectivamente estos acuerdos no se están cumpliendo y, en su caso, si se tiene pensado hacer algo para cumplirlos.


Termino de verdad. Aunque sabemos que es un asunto que no se va a solucionar desde el ámbito de sus competencias, aunque se llame Ministerio de Política Territorial, nos resulta curioso que, por un lado, un grupo político le señale como que
prácticamente usted va a ser el que responda a todo lo que le demanden los grupos soberanistas de esta Cámara y, luego, que los grupos que supuestamente a ustedes le van a servir le estén diciendo que no ha abordado la cuestión. Dentro de ese
planteamiento, creemos que, como ministro de Política Territorial, aunque sabemos que no va a ser usted el que resuelva esta cuestión, nos gustaría escuchar cuál es su planteamiento al respecto. Y quiero decirle al señor Espejo Saavedra -que me
parce que no está- que para saber que España es plurinacional basta con tener ojos, tener oídos y leerse la Constitución y entender que hay estatutos de autonomía que son bloques de constitucionalidad que recogen la naturaleza de sus territorios.
Por tanto, cuando algunos hablan de España con ese planteamiento uninacional, parece que tiene más que ver con lo que quisieran que fuera España que con lo que de verdad es el Estado español, que es una realidad plurinacional.


Muchas gracias y bienvenido.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Honrubia.


A partir de ahora, dos portavoces van a compartir el tiempo de sus grupos parlamentarios. A los tres minutos les advertiré, si veo que no están terminando.


Por el Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra el señor Del Valle.


El señor DEL VALLE RODRÍGUEZ: Con la venia de la Presidencia, señor ministro.

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Señor ministro, ha empezado usted hablando de respeto a esta Cámara, pero en realidad ha tardado dos meses en comparecer, cuando la primera obligación de un ministro es venir aquí y responder a las preguntas que se le hagan, exponer las
líneas de lo que va a ser su plan de gobierno. Por fin le tenemos entre nosotros. En cualquier caso, a mí me ha defraudado su comparecencia, he podido comprobar que no ha preparado bien la escenografía en esta ocasión, y de política territorial
poco ha dicho: muchas generalidades, palabras huecas, vaguedades, reiteraciones de medidas que ya han anunciado las anteriores ministras el año pasado y el anterior, poca sustancia. Nos habla del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia,
que ya nos había contado el secretario de Estado en su comparecencia sobre presupuestos. Con respecto a la transparencia, dígale al señor Marlaska que atienda y conteste las numerosas resoluciones del Consejo de transparencia que tiene pendientes
de atender. En fin, veo que los pasos de baile no estaban bien coordinados, el show no me ha gustado y usted comparece tarde y mal.


Mire, al Grupo Parlamentario VOX, al que tengo el honor de representar, le preocupa la deriva de este Gobierno socialcomunista del que usted forma parte y que está poniendo en peligro la unidad de la nación española por las cesiones que
realiza ante los chantajes de los partidos nacionales e independentistas, cuyos votos les son necesarios para la permanencia de Sánchez en la Moncloa, y un claro ejemplo de esta deriva es su nombramiento. Usted ha llegado a decir literalmente que
para algunos nación y Estado son lo mismo y la nación es homogénea, pero que para usted no y que por eso España es una nación de naciones. Ustedes desean desmembrar España, ha manifestado que tenemos un Estado federal que no tiene ni instituciones
ni cultura federal, por lo que hay que modificar la Constitución, aquella famosa frase de que tenía contadas ocho naciones, bueno, nueve, si contaba Navarra. A usted se le conoce como el ideólogo del Estado plurinacional, el obseso defensor de una
reforma de la Constitución que entierra el sistema autonómico para imponer su tantas veces ensoñado federalismo asimétrico. Usted ha llegado a decir que cuando lleguen al 60 % los independentistas, habrá que pensar en que hay que hacer un
referéndum de independencia.


Mire, señor ministro, usted ha sido nombrado para normalizar el chantaje nacionalista, para legislar el privilegio de diversas regiones que, amparándose en sus presuntos rasgos diferenciales, han hecho de la amenaza su modo de vida. Por
encima de las competencias que prevean los estatutos de autonomía que puedan ser asumidos por las comunidades autónomas, está el interés general de España. Por tanto, no tienen que hablar siempre de que van a cumplir lo que dice el estatuto de
autonomía tal y cual. Mire, hay competencias que recogen estatutos de autonomía, como puede ser la gestión de la Seguridad Social -de la que el PNV, en su asamblea del 2016, decía que era un primer paso para tener pensiones propias y romper el
equilibrio de la Seguridad Social en el resto del territorio nacional-, pero que el interés general de España en este momento exige que no se transfieran. Ahora, ustedes tienen que pagar el precio que tiene que pagar.


Señor ministro, ¿cuál es su modelo de Estado? Porque no nos lo ha dicho todavía. Ha hablado de sus ilusiones federalistas, pero ¿tiene el actual PSOE algún modelo de Estado?


La señora PRESIDENTA: Ya ha consumido los tres minutos y medio.


El señor RUIZ NAVARRO: Gracias, presidenta.


¿Cuántas naciones, en su caso, caben en la nación española? ¿Mantienen su apuesta por un federalismo plurinacional asimétrico? ¿Y cómo se calcula esa asimetría?


Señor ministro, lo que preocupa a los españoles es que este Gobierno se ha colocado en la equidistancia entre la Constitución y los que la vulneran, entre la ley y los que la incumplen, entre los que creemos y defendemos la unidad de España
y los que tratan de romperla, y todo por un puñado de votos.


Nada más y muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Del Valle.


Ahora es el turno del señor Ruiz Navarro.


El señor RUIZ NAVARRO: Muchas gracias.


Señor ministro, en primer lugar, quiero darle la enhorabuena por su nombramiento y desearle suerte. Siguiendo la línea de mi compañero, quiero comentarle que, durante su intervención, no he podido evitar acordarme de esa famosa película de
Bill Murray -que usted recordará también- conocida como El día de la marmota. ¿Se acuerda usted de esa película? Lo digo porque su predecesora, la señora Darias,

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también compareció aquí y vino a decir prácticamente lo mismo. Es verdad que usted ha dado un par de toques especiales, ha hablado, como ha dicho mi compañero, de federalismo y ha hablado del tema lingüístico regional. Pues, mire, a su
predecesora también le pregunté por este tema y ella me dio una respuesta un poco esquiva, pero me dio una respuesta. Vamos a ver si tengo suerte con usted.


¿Qué opina, señor ministro, del requisito lingüístico en materia de Función pública? Sabe usted que hay autonomías que han aprobado leyes propias en materia de Función pública que introducen el requisito lingüístico como obligatorio para
poder ocupar o ganar plaza de funcionario público en dicha autonomía. Los casos más conocidos son los de Baleares, Cataluña y la Comunidad Valenciana y la Galicia de Núñez Feijóo. La cuestión está, señor ministro, en que el talibanismo lingüístico
regional afecta no solo a los derechos de los funcionarios, sino también a la vida de las personas, de los españoles, tanto que puede poner incluso en riesgo su propia salud, como ha ocurrido en centros sanitarios, en hospitales, en el caso más
recientemente conocido de Ibiza, donde una neuropediatra tuvo que dejar su plaza y dejó a la isla de Ibiza sin la especialidad durante más de un año. Y le pregunto: ¿qué va a hacer usted con esto? ¿Va usted a apoyar esta situación o va a impedir
que se levanten barreras para que los funcionarios públicos españoles puedan moverse libremente por el territorio nacional?


En segundo lugar, me gustaría que nos explicase cómo le va a poner usted patas a la mesa para cumplir la directiva europea que prohíbe el abuso de temporalidad de los empleados públicos. Hay cientos de miles de empleados públicos en España
y sus familias que están esperando que usted dé una solución, porque usted, como ministro del Gobierno de España, es el máximo responsable para encontrar la solución que ponga fin a su precaria situación. Ha hablado usted de procesos de
estabilización basados en principios de mérito y capacidad. Efectivamente, nos parece razonable, pero ¿cómo lo va a hacer usted esto? Me gustaría que nos explicase cómo lo va a hacer para que los empleados públicos contratados en abuso de
temporalidad puedan tener una solución satisfactoria a su situación. Por eso le decía: póngale usted patas a la mesa porque así podremos empezar a hablar.


También nos gustaría conocer qué sistema propone usted de acceso a la Función pública, porque usted ha hablado de cambiar el modelo actual, que se basa en el principio de mérito y capacidad y de objetividad e imparcialidad. Claro, este
modelo actual funciona, y nos gustaría saber cuál va a proponer usted.


Gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias. Se han ajustado al tiempo.


Es el turno del Grupo Popular. En primer lugar, tiene la palabra el señor Betoret. Tiene tres minutos y medio y le advertiré.


El señor BETORET COLL: Muchas gracias, señora presidente. Buenas tardes, señor ministro.


Quisiera iniciar mi intervención felicitándole por su nombramiento. Es más que evidente que para usted, como para cualquier español, ser ministro del Reino de España es un honor y, a la vez, una gran responsabilidad, y tiene usted por
delante retos muy importantes, el primero de los cuales pasa por convertir el Ministerio de Política Territorial y Función Pública en el verdadero y único interlocutor entre el Gobierno de España y las comunidades autónomas. Y digo esto porque
hasta ahora el ministerio que usted tiene el honor de dirigir ha quedado relegado a una cartera de segunda categoría, un negociado del nivel del de Consumo o del de Igualdad, porque ni presupuestariamente ni por nivel de protagonismo la ministra del
área, hasta el momento, pasó de ser una mera espectadora en las reuniones del ministro de Sanidad en el Consejo Interterritorial de Salud, sin que se conozca ninguna decisión relevante durante este poco más de un año de legislatura. Espero y confío
en que usted en el ministerio tenga algo más de dinamismo y protagonismo.


Su antecesora -y lo ha hecho usted también- se vanaglorió de ser la ministra que más conferencias de presidentes convocó. Y, efectivamente, así fue si las medimos a peso; diecisiete reuniones en las que muchos de los presidentes se
quejaron de que esas citas fueron conferencias en el sentido más estricto del término. A eso ustedes lo llamaron diálogo. Desde la última reunión de la Conferencia de Presidentes se han producido varios hechos relevantes: la redeclaración del
estado de alarma, la estrategia de vacunación, el reparto de los fondos llegados de la Unión Europea, las restricciones que afectan, más allá de la situación sanitaria, a la economía de nuestro país. En este contexto me gustaría preguntarle si no
tienen nada que hablar ustedes con las comunidades autónomas, puesto que hace más de cuatro meses que no les han reunido, ¿o es que el presidente se hartó de los monólogos?

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Esta situación deberían revertirla de manera inmediata, aunque solo fuera por guardar las formas y que parezca que se escucha y que se negocia de verdad con las comunidades. Y hasta aquí llegó lo que ustedes llamaron cogobernanza. Hablando
de diálogo y cogobernanza, nos interesa saber qué papel va a jugar su ministerio en el reparto de los fondos, porque ya que ustedes no han querido crear una autoridad independiente que distribuya de manera transparente y con criterios de objetividad
esos fondos, deberían al menos dialogar con los presidentes de las comunidades autónomas sobre este tema. De momento, parece ser que todo va a quedar en Presidencia del Gobierno. ¿Era esto la cogobernanza, el diálogo, la transparencia? Tengo la
sensación de que todos estos términos utilizados por ustedes van a ser como el 'saldremos más fuertes', 'no vamos a dejar a nadie atrás', en definitiva, puro marketing o, como lo denominan ahora los más jóvenes, postureo.


Y hablando de diálogo, ¿qué van a hacer con la denominada por ustedes mesa de diálogo? ¿En serio cree usted que es necesario volver a reeditar el sainete de sentar en una mesa, en pie de igualdad, al Estado con una comunidad autónoma? ¿No
creen que la mesa en la que debe tratarse cualquier tema que afecte a todo el Estado español es la Conferencia de Presidentes, conferencia de las nueve naciones o como quiera usted llamar a una reunión donde estén todos los españoles representados?
¿Por qué deslegitiman dicha conferencia para legitimar el bochornoso espectáculo de ridiculizar al Gobierno de España para negociar algo innegociable, con interlocutores que no tienen voluntad sincera de dialogar, sino que lo que pretenden es
imponer sus tesis y humillar al Estado y a su Gobierno? ¿No ven que esto no conduce a nada más que a prolongar la agonía del problema?


Para finalizar, en los últimos meses hemos oído hablar de indultos y, esta misma semana, de un proyecto de ley de amnistía. ¿Cuál es la hoja de ruta en relación con los políticos presos que van a seguir ustedes? ¿Van a ser todos los
españoles iguales ante la ley, o unos van a ser más iguales que otros? En definitiva, no sé cuántas mejillas les quedan a ustedes por poner. Espero que, al menos, les quede algo de dignidad.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias. Ha consumido justo la mitad de tiempo.


A continuación, tiene la palabra la señora Llanos de Luna.


La señora DE LUNA TOBARRA: Gracias, presidenta. Buenas tardes, señor ministro. Yo también me sumo a las felicitaciones por su nombramiento y también le deseo suerte y aciertos en esta etapa al frente del ministerio.


Yo, una vez que he oído toda su exposición, me voy a centrar en Función pública y le voy a plantear una serie de preguntas y además le voy a hacer un ruego para el final. Como usted sabe, la Ley de Función Pública de la Administración
General del Estado ha sido una demanda constante tanto de los sindicatos como de los colectivos de los funcionarios públicos, el propio Estatuto Básico del Empleado Público también prescribió este desarrollo para el ámbito de la AGE, una aprobación
de Función pública que incrementaría la seguridad jurídica, cubriría algunas normativas y permitiría la implantación de elementos esenciales para una reforma de la Función pública. Señor ministro, ¿en qué situación se encuentra la ley de Función
pública? Desde que en junio de 2020 finalizó el trámite de consulta pública no hemos tenido noticias al respecto. ¿Tiene previsto su ministerio, dentro de la citada ley, el reconocimiento de las lenguas cooficiales del Estado como mérito en el
acceso a la Función pública, o seguirá permitiendo, como han establecido algunas comunidades autónomas, que sea un requisito excluyente? ¿Va a impulsar desde su ministerio medidas para corregir las diferencias retributivas entre administraciones
públicas y acabar con esta brecha salarial existente?


Con respecto al tema de la temporalidad, en el cual usted ha hablado hoy y también todos los que me han antecedido en el uso de la palabra, aparte de lo que ha dicho sobre la temporalidad, sobre todo en la Administración autonómica y local y
la necesidad de reformar el artículo 10 del EBEP, ¿qué actuaciones, además de la citada reforma, va a realizar su ministerio para acabar con esta temporalidad y acabar con el abuso y el fraude de ley de la contratación temporal? ¿Va a fijar su
ministerio qué situaciones de contratación temporal se consideran en abuso y en fraude de ley y va a establecer medidas sancionadoras, incluso disuasorias, así como también reparadoras o compensatorias con las víctimas? Y, por último, sí que me
agrada que haya dicho que va a someter estas medidas al consenso de la Mesa General de Administraciones Públicas, como ya habíamos propuesto desde el Grupo Popular, toda vez que forman parte la AGE, los sindicatos mayoritarios, las comunidades
autónomas y la FEMP.

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Para finalizar, también quiero -y aquí es donde vendrá el ruego- decirle que ya sabe que mi grupo ha denunciado una situación que se está produciendo, que es la falta de vacunación de los mutualistas mayores de ochenta años, situación que
también ha denunciado el propio CSIC. Parece ser que las comunidades autónomas, que son las últimas responsables en la vacunación en sus territorios, no están recibiendo correctamente los datos de estos mutualistas. ¿Qué procedimiento está
siguiendo la Muface para el envío de los datos de los beneficiarios a los servicios sanitarios de las comunidades? ¿Tiene la Muface plena constancia de que las comunidades autónomas los han recibido y disponen de los datos actualizados? ¿Se ha
investigado por qué no están incluidos en los distintos grupos de vacunación? Aquí es donde, como le decía, le hago el ruego de que dé las instrucciones para que se investigue qué es lo que está pasando, por qué siendo un tema de salud pública
fundamental están siendo excluidas más de 2 200 000 personas, tanto los propios mutualistas como sus familiares. Además, está ocurriendo con todos, no solo con la Muface, con el Isfas y con la Mugeju, sino que, a pesar de que esas mutualidades no
sean de su competencia, usted también sabe que la que marca el criterio del mutualismo administrativo de prestación de asistencia sanitaria es la Muface y, por tanto, sería muy importante que se investigara qué es lo que está ocurriendo.


También quiero decirle que me alegra que hable de que se van a ampliar los procesos de estabilización, que ya se acordó en su momento por los Gobiernos del Partido Popular en los años 2017 y 2018, e igualmente he de indicarle que me ha
dejado un poco preocupada lo de los accesos o los nuevos mecanismos de incorporación a la Administración pública, porque tengo miedo, tenemos miedo de que se pueda perder la objetividad o la imparcialidad que hay hasta el momento, sobre todo
teniendo en cuenta la macroadministración que ustedes han creado con sus últimos Gobiernos en los que ha entrado muchísima gente en la Administración, y lejos de tener en cuenta la profesionalidad, la capacidad, el mérito y esta objetividad, se ha
tenido más en cuenta una afinidad política o una afiliación a determinado partido.


Muchísimas gracias, ministro.


La señora PRESIDENTA: Ya ha finalizado su tiempo. Muchas gracias.


A continuación, es el turno del Grupo Parlamentario Socialista, y en primer lugar tiene la palabra la señora Andrés.


La señora ANDRÉS BAREA: Gracias, presidenta.


Buenas tardes, ministro. Benvingut. Como ve es una comparecencia esperada. Es su primera comparecencia tras su toma de posesión. Lo digo por situarnos un poco en el tiempo. La verdad es que era una comparecencia esperada para saber qué
pasa con la política territorial, pero habrá visto que aquí la polarización es evidente.


De entrada, quiero decirle al representante de Ciudadanos que ha vuelto a intentar poner en evidencia o confrontar la situación personal del ministro, y yo quiero pensar que es por los malos días que ustedes están pasando. Pero he visto la
estela de VOX, he visto que salían ustedes de la caverna y vuelven a hablar de desmembrar España, de obsesos. La verdad es que ustedes utilizan un lenguaje bastante pasado.


El representante del PP, perdóneme, pero ha sido menos original. Ha querido ridiculizar al ministro y desprestigiar la conferencia de presidentes y desprestigiar también el Consejo Interterritorial de Sanidad. No lo entendemos, porque es
una cuestión importante y que funciona.


Nosotros, ministro, los socialistas queremos soluciones y vamos a trabajar para ello. Queremos diálogo, queremos consenso y queremos respeto, cumplir con la palabra que el presidente Sánchez dio y se comprometió en su investidura. Defender
la legitimidad de las instituciones, actualizar el Estado autonómico. Aquí ha habido dos alusiones en la cuestión y el conflicto catalanes. Actualizar el Estado autonómico es simple y llanamente dar respuesta a las diecisiete comunidades autónomas
y a las dos ciudades autónomas también. Por lo tanto, es dar respuesta desde el ministerio al conjunto de España.


Se ha hablado de la financiación autonómica, importante, no le corresponde a este ministerio, pero también tendríamos que hablar de la financiación de la Administración local, que nos preocupa igualmente.


Y se ha hablado del concepto de conciliar. Nosotros los socialistas vamos a trabajar para afianzar la cogobernanza y evitar las dificultades, que haberlas, haylas.


También ha hablado el ministro de disminuir la litigiosidad en el caso de las competencias o conflictos competenciales entre las comunidades autónomas y el Estado, y la verdad es que es importante lo que ha dicho: conciliar y resolver.
Vamos a trabajar para devolver la dignidad a la Administración local, la que

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le robó el Partido Popular, la del 2013, con la modificación de bases de la Larsal y la modificación de la Ley de Bases, la rotura de las costuras del traje, como ha dicho el ministro, y hablar de la financiación, la anunciada modificación
de la Ley de Bases, no olvidamos el Estatuto del Pequeño Municipio, como ha adelantado, y las entidades locales menores, la puesta en valor de la FEMP y el gran papel de la Administración local en la recuperación local ante la pandemia, así como los
fondos React-EU de los que usted ha hablado.


Respecto a la trasparencia, que es un gran valor para los socialistas, tenemos el IV Plan del Gobierno Abierto; como usted ha dicho, queda pendiente el reglamento, que ha dicho que en seis meses lo traerá, los convenios con el Consejo de
Europa y la modificación del proyecto de ley, que parece ser que vendrá pronto. En mi opinión, habría que hablar de un decálogo ético y de transparencia al utilizar el Portal de Transparencia.


Luego ha hablado del fomento de las lenguas cooficiales. Me parece fundamental que no exista una preponderancia de unas lenguas sobre otras. Por lo tanto, ministro, nosotros vamos a trabajar con todo, dando nuestro apoyo. Adela Cortina
dice que es una obviedad decir que en democracia hay que sentarse a la mesa contando con todo el mundo, y eso es lo que nosotros vamos a hacer. Vamos a continuar trabajando y apoyando a este Gobierno.


Nada más y muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Andrés.


A continuación, el señor Aceves tiene la palabra.


El señor ACEVES GALINDO: Muchas gracias, presidenta.


Señorías, buenas tardes. Por supuesto, lo de ser el último en la primera intervención, señor ministro, me obliga también, pero lo hago con énfasis, a felicitarle en esta su Comisión, en su primera comparecencia por una exposición prolija.
Prolija porque, aunque a algunos no les guste, usted ha avanzado y ha tocado los temas que yo creo que están en la agenda en este momento en esta Comisión y en nuestro país.


Quisiera también unirme al agradecimiento que ha hecho a todas las empleadas y empleados públicos de nuestro país por el trabajo que hacen cotidianamente, pero también por el que han desarrollado durante este trágico año de pandemia, en el
que han demostrado que, por encima de todo, tenemos en nuestro país los mejores profesionales y un buen servicio público a la ciudadanía. Por lo tanto, me uno también, en nombre de mi grupo, a ese agradecimiento. En esa apuesta por lo público,
señor ministro, desde el Grupo Socialista la verdad es que nos llama la atención que algunos grupos parlamentarios que durante sus ejercicios de gobierno utilizaron la externalización, utilizaron el recorte, utilizaron políticas que son contrarias a
los intereses de lo público, ahora se preocupen o vengan a dar lecciones, y la verdad es que no deja de ser chocante, con la eliminación incluso, tanto de empleo público como de la oferta del mismo.


Creo que es necesario reconocer que la apuesta que está haciendo este Gobierno desde que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, llegó a La Moncloa, ha sido precisamente por lo público, y nos agrada, señor ministro, de una manera muy
especial que hablen de conceptos que son fundamentales para la modernización de las administraciones en nuestro país, en la evaluación de las políticas públicas que, como bien ha dicho, el presidente Zapatero puso en marcha y que la llegada del
Partido Popular a nuestro país, al Gobierno, sirvió para darle una larga cambiada, y desde luego no apostar por una evaluación de políticas públicas tan necesaria para un país en Europa y para un país que mira a la modernización.


Nos agradan también, desde luego, los avances -y esperemos que sean cercanos- de la nueva Ley de Función Pública de la AGE, entre otros muchos aspectos que les ha comentado el ministro, pero yo añado uno más para que, de una vez por todas,
los grupos b y los titulados de grado de formación profesional tengan por fin reconocido su espacio en la Administración pública.


Desde luego, el tema estrella, señor ministro, usted lo ha dicho -desde luego este grupo parlamentario fue el primero que lo trajo a esta Cámara-, es el problema de la temporalidad; se aprobó en esta Comisión una proposición no de ley y
después trabajamos, junto con el Grupo Vasco y otros grupos, para aprobar en el Pleno una apuesta clara que para nuestro grupo tiene dos diferencias. Señorías, yo me dirijo, por ejemplo, a los señores de VOX, y en vez de proponer tanto pin
parental, donde tienen ustedes ocasiones de poner en un brete al Partido Popular, más pin de la Administración, es decir, menos temporalidad. Apuesten, en vez de por pin parental, por rebajar la temporalidad donde tienen ocasión. Y al resto de
señorías lo mismo; si donde ustedes tienen Gobierno también son consecuentes y responsables de que

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haya una alta temporalidad, ¿o quién ha firmado los contratos en las administraciones públicas, locales o autonómicas? Señorías, un poco de seriedad.


Por lo tanto, en esto tiene que buscarse una posición común, y la apuesta del Gobierno -lo ha dicho hoy el ministro y este grupo lo comparte- es que tiene que haber dos grandes consensos. Primero, con las administraciones públicas y la FEMP
para apostar, tanto por reformar el EBEP, para que el artículo 10 no vuelva a producir en nuestro país esta gran bolsa de temporalidad, como para dar una solución a las personas, a los trabajadores públicos que llevan quince, veinte, veinticinco
años trabajando y sin tener todavía asegurado su empleo.


La señora PRESIDENTA: Señor Aceves, ya ha consumido su tiempo.


El señor ACEVES GALINDO: Termino, señora presidenta.


Y también, desde luego, con las centrales sindicales, para que ese doble consenso sirva para solucionar problemas, En eso, señor ministro, desde luego, contará con la participación y el apoyo de este grupo parlamentario, porque nos parece un
tema fundamental para el futuro.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Aceves.


A continuación, para responder a las cuestiones planteadas o cuantos asuntos considere de interés aclarar a la Comisión, tiene la palabra el señor ministro.


El señor MINISTRO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA (Iceta i Llorens): Muchas gracias, presidenta.


Quiero agradecer a todos los grupos su contribución al debate. Me guardo la valoración, algunas son contribuciones más positivas, otras quizá menos, pero, en cualquier caso, yo creo que todo el mundo está guiado por una idea, que es tener
un país mejor, que es tener una Administración mejor y es considerar cada vez más y mejor a nuestros empleados y empleadas públicas.


Permítanme que primero dé una noticia, y es que el Ministerio de Política Territorial y Función Pública yo no creo que sea un ministerio de segunda. Yo un ministerio de segunda no lo habría aceptado, pero lo que sí que es verdad es que es
un ministerio que no va solo por la vida. Es verdad. El Ministerio de Política Territorial y Función Pública ejerce una labor que a veces le sitúa entre ministerios titulares de competencias y comunidades autónomas que aspiran a desarrollarlas, y
hace un esfuerzo a veces de acercar posiciones y de llegar a acuerdos.


En el tema de la temporalidad, que a ustedes les preocupa tanto como a mí, el jueves día 25 se va a reunir la Comisión Coordinadora de Empleo Público, que reúne a este ministerio, a las comunidades y a la FEMP. En ella nosotros vamos a
plantear las propuestas concretas que ustedes me solicitan, porque nuestra idea es, no nuestra idea, nuestra obligación es acordarlas. Nosotros no podemos decidir por el conjunto de administraciones. Hay alguna reflexión sobre la temporalidad y,
créanme, que nadie la tome como una crítica. Las cosas no pasan porque sí. Si en seis años de Gobierno del PP la oferta pública de empleo era de 67 250 y en tres años de Gobierno del PSOE ha sido de 92 747, ¿quién ha hecho más por reducir la
temporalidad? Seamos todos un poco sensibles a lo que ha pasado.


Miren, Administración General del Estado, tasa de temporalidad en el año 2011, 7,09 %, hoy, datos del 2020, 7,04 %. Yo creo que alguien debe decir que en la Administración General del Estado se ha hecho un esfuerzo por que la temporalidad
no aumente. En cambio, no ha sido lo mismo en otros niveles de la Administración, por motivos en los cuales el Estado seguramente tiene también algo que ver, no quiero decir que sea su única responsabilidad. Por ejemplo, la temporalidad en las
comunidades autónomas, año 2011, era del 25,34 % y hoy es del 36,66 %. En las entidades locales, en el 2011 era del 6,73 % y hoy es del 12,28 %. ¿Tendrá algo que ver que, en los años 2012, 2013, 2014 y 2015 la tasa de reposición era cero? Lo digo
porque, vamos a ver, yo puedo entender perfectamente -y por eso digo que no deriven de esto un comentario crítico- que cada Gobierno establezca sus prioridades y se encuentre con sus limitaciones presupuestarias, y por lo tanto yo no quiero atribuir
a nadie la responsabilidad única y en negativo de lo que ha pasado, lo que sí digo es que, si no aprendemos, si no sabemos leer la causa de los problemas que tenemos, no vamos a ser capaces de resolverlos. Resulta que la tasa de reposición, que en
el 2009 fue del 30 %, en el 2010 bajó al 10, en el 2011 siguió en el 10 %, probablemente porque aquí teníamos también los efectos de la crisis económica del 2008, pero luego se ha ido recuperando. También en el Gobierno del PP pasa al 50 %, en el
Gobierno del PSOE pasa al 75 % hasta ahora al cien

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por cien. Y hay quien dice con razón: en algunos sectores tiene que ser más, porque si no, no recuperaremos el retraso. Efectivamente, y por eso desde 2018 a 2021 se ha llegado en algunos sectores al 110 y al 115 %. Es verdad que mucho
se concentró en fuerzas de seguridad, porque había habido una caída muy importante de sus plantillas y, por lo tanto, había un problema muy acuciante para responder a las necesidades de seguridad de la gente.


¿Nosotros qué les hemos propuesto y qué vamos a proponer a las comunidades autónomas? Primero, desde luego, revisar el EBEP y decir una cosa muy clara: si una Administración no cubre en el plazo que decidamos una plaza fija, con una
persona contratada de forma fija, va a perder esa plaza, porque consideraremos que no la tiene por imprescindible. Por tanto, vamos a poner un elemento, por así decir, de presión al conjunto de administraciones, pero las administraciones nos dicen,
y tienen razón: oiga, no me ponga usted esa soga al cuello si no me pone una tasa de reposición o un mecanismo alternativo que me permita recuperar el tiempo, y que me permita recuperar plazas; y ahí vamos a ir, que sería lo ideal. Ya sé que
personas como la señora De Luna, que conoce mucho mejor que yo la Administración concreta, sabe que eso no siempre es posible, tener un catálogo que establezca con rotunda y cristalina claridad qué puestos de trabajo son fijos y, por lo tanto, solo
pueden ser desempeñados por personal fijo, y cuáles no. Pero eso sería lo ideal. Por eso nosotros hacemos un esfuerzo de negociación con las comunidades, porque escuchen, las comunidades no todas están igual, y las mezclo para que nadie piense que
estoy pensando en colores políticos. Pero, por ejemplo, la mía, en Cataluña la temporalidad está en un 43,93 %, muy elevada, pero en Canarias está en el 47,55, en el Principado de Asturias está en el 45,19. ¿Eso por qué ha pasado? Probablemente
por la evolución de la situación económica, pero también, y quiero decirlo, porque puede haber prioridades políticas distintas en Gobiernos distintos. Puede ser, tranquilamente. Me acuerdo de aquel manual de economía que empezaba: ¿cañones o
mantequilla? Me parece que era el Samuelson. Había que decidir qué querías más, qué priorizabas y, por lo tanto, habrá habido Gobiernos autónomos que hayan priorizado la inversión sobre la reposición de plazas o algunos que se hayan encontrado con
que, aun sacando plazas a concurso, la plaza no se haya cubierto, y eso territorialmente nos dice mucho de la diversidad de este país.


Yo casi me atrevo a rogarles que permitan que en los meses que van desde ahora mismo al verano alcancemos con las comunidades autónomas y los sindicatos el acuerdo, tanto para la reforma del EBEP como del contenido concreto de la oferta
pública de empleo que, la verdad, no podemos paralizar porque los perjudicados en la paralización de la oferta pública de empleo serían no solo aquellos que puedan sentirse perjudicados por el hecho de no contar con una plaza fija, aun habiendo
trabajado para la Administración y a veces en el mismo sitio durante muchos años, sino el conjunto de los ciudadanos, que verían cómo la prestación de determinados servicios se resiente. Por lo tanto nosotros tenemos que hacer las cosas bien.


Por último -y aquí pido disculpas porque probablemente no me he explicado bien-, cuando digo 'cambio de los métodos de acceso' no me refiero a modificar lo que la Constitución establece, esos criterios de igualdad, mérito y capacidad. Lo
que sí que digo es que se pueden cambiar y se deben cambiar las pruebas concretas, los contenidos, el carácter eliminatorio de determinadas pruebas para hacer una valoración más global, y por lo tanto más justa y objetiva, de las capacidades de cada
persona que pretende acceder a la Función pública. Nosotros vamos a decirlo de la forma más suave y clara: no nos vamos a saltar la Constitución en ningún caso, pero queremos que se tenga muy en cuenta la experiencia de aquellos que llevan
trabajando para la Administración pública durante mucho tiempo, y eso no niega el carácter de igualdad, mérito y capacidad, pero sí permite valorar de la forma más adaptada posible a la realidad las capacidades de cada persona.


Me dicen, y tienen ustedes razón: hombre, es que usted dice lo mismo que sus antecesoras; ya les he anunciado que yo vengo a hacer una política de continuidad. Hay quien piensa que cuando llega cambia el mundo; me parece que le llaman
adanismo a ese defecto. Yo, que tengo muchos, este no lo tengo. Ahora, también les diré una cosa que se puede prestar a mucha broma, pero si hay un ministerio con un alto grado de rotación es el mío (Risas), y les diré que convendría -y en ese
sentido el Estatuto del Directivo es importante- que, a pesar de que pueda haber cambios, seguramente justificados por muchos motivos, se diera una continuidad en las políticas. Por eso para nosotros es tan importante acordarlas con las comunidades
autónomas y con los sindicatos, para dotarlas de continuidad. Porque yo ya supongo que algún día el Partido Socialista no gobernará, cuanto más tarde mejor, pero pasará. En cambio, si hemos sido capaces de trabar un acuerdo político sindical,
territorial, sobre esta cuestión, podemos estar todos muy tranquilos en el sentido de que ese rumbo trazado se va a mantener.

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El jueves 25, si me lo permiten -porque alguien hablaba de baile-, empieza el baile. Empieza el baile con propuestas del ministerio que se van a intentar acordar. Es verdad que hay una cuestión con la que tampoco podemos jugar: si no hay
acuerdo, lo que no va a haber es excusa para tomar decisiones. Por lo tanto, una cosa es la voluntad de llegar a acuerdos, y ahí no nos va a ganar nadie, creo, pero desde luego si en un plazo razonable el acuerdo no se produjera, también les diré
que yo soy optimista, ¿por qué? Porque las comunidades autónomas quieren resolver este problema, porque las entidades locales quieren resolver este problema, porque los sindicatos quieren resolver este problema. Ahora bien, nos piden que lo
hagamos unos y otros, y no me hagan señalar, con equilibrio, porque hay gente que dice: cuidado, no vayáis a hacer ahora una especie de coladero que signifique un agravio con respecto a quienes accedieron a una plaza fija en unas determinadas
condiciones. Y ahí también hay razones en ese argumento, y nosotros hemos de ponderarlo. Por eso, si alguien ha entendido que iban a cambiar los principios es que me he explicado mal, pero sí vamos a hacer pruebas que se ajusten más; pero es que
hay tanta casuística que entramos mucho en los detalles, pero por ejemplo una prueba oral para determinadas funciones en la Administración es muy importante; para un neurocirujano igual no tanto. O sea, que vamos a ver, hagamos las cosas bien y
hagamos un esfuerzo, porque nuestra Administración, que efectivamente ha crecido, se ha diversificado, atiende a cuestiones muy distintas, por lo tanto lo ha de hacer con perfiles muy distintos, y probablemente habíamos -ya históricamente-
uniformizado en exceso los criterios de acceso, y eso nos ha hecho perder seguramente la perspectiva en muchas cosas.


Yo quiero agradecer al Grupo Socialista y al Grupo de Unidas Podemos su apoyo, faltaría más, pero créanme, buscaré el apoyo de cuantos más mejor, porque yo sé que todos ustedes tienen responsabilidades de gobierno en uno u otro lugar o que
pueden llegar a tenerlas en un plazo razonable y, por lo tanto, o vamos un poco juntos o no estaremos sirviendo de verdad a la Administración y a España como debemos hacerlo.


En el tema de la Muface tengo algunos datos aquí. En estos momentos todas las comunidades autónomas tienen ya los datos actualizados de Muface a efectos de vacunación y otros elementos, y también el Isfas y la Mugeju -que me cuesta a veces
decirlo-. La verdad es que se había concentrado en alguna comunidad autónoma y por problemas de falta de actualización de datos: de gente mayor que no está tan atenta como quizá los jóvenes a determinados cambios en su situación, en su domicilio,
etcétera, y también algún problema informático derivado de la presión que hemos sufrido todos en este último periodo de pandemia. Por lo tanto, nosotros creemos que están en estos momentos puestas las condiciones para que los problemas que
efectivamente se produjeron, y hace bien la diputada en señalarlos, se corrijan.


Nosotros la parte que queremos hacer, lo vuelvo a decir, es la referida a cambiar el estatuto para que las administraciones no puedan dormirse, ampliar los periodos de estabilización, porque aquí se intentó hacer un esfuerzo, el ministro
Montoro intentó hacer un esfuerzo a través de un acuerdo con los sindicatos que no se ha culminado, y por eso queremos ampliar esos procesos, no desde la crítica, no, desde aprovechar para, si me permiten la expresión, con perdón, rematar. Y por
último, ¿cómo favorecemos a las personas que han dedicado lo mejor de su vida a la Administración, pero no lo han podido hacer desde un puesto fijo, para que se incorporen en plenitud a ella? Y eso es perfectamente posible desde el respeto a la
legalidad, desde el respeto a la Constitución y buscando el mejor servicio público.


Igualdad salarial entre comunidades. Hay algunas distorsiones, también hay comunidades que nos dicen que habría que introducir criterios -que tienen sus razones en pedirlo- sobre el diferente coste de la vida en unos lugares y otros. O
sea, que es un terreno en el cual nos movemos todos con dificultad, siempre en búsqueda de la equidad y de la justicia, pero con dificultad.


La Ley de la Función Pública de la AGE nosotros pensamos sacarla en lo que queda de año, y ahí verán contestadas algunas de sus inquietudes, aunque quizá no todas, y quizá no todas con la intensidad o la sensibilidad de cada uno.


Señor Betoret, vamos a ver, verdadero y único interlocutor; a mí las cosas únicas me dan un poco de miedo Yo no soy el único interlocutor de este Gobierno ni con las comunidades autónomas ni con los ayuntamientos. Ahora lo que sí puedo
decirles es que, en mi labor, también dentro del Gobierno, lo que intento es que los criterios de cooperación con comunidades autónomas y entidades locales prevalezcan. ¿Quiere decir que eso siempre se cumple? Desgraciadamente, seguro de que no
siempre es así, y hay que hablar del papel del ministerio en el reparto de los fondos; yo me pensaba que era de las cosas en las que había sido más claro, pero intentaré serlo todavía más. A mí me han dicho: Componente 11, tienes 1 000 millones
de euros para la digitalización y la modernización de las administraciones. Les he

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dicho: ¿cuál era el criterio? 1 000 millones: 970 para comunidades y entidades locales y 30 para gestión del propio ministerio. ¿Cómo lo vamos a hacer? A través de acuerdo de conferencia sectorial. Aquí no hay ni trampa ni cartón. Les
diré, tenemos ya una cierta baremación en la que la población tiene un papel muy importante, por lo tanto, no esperen muchos inventos, pero me he dejado una cosa que es relevante. No todos los fondos que van a poder ser gestionados por las
comunidades autónomas y las entidades locales son estos, porque muchos de los otros componentes del plan tienen también una finalidad territorializable. Por lo tanto, nuestra función también es que sean las conferencias sectoriales las que
establezcan los criterios, a ser posible por acuerdo. Yo les diré lo que a mí me angustia: tenemos un tiempo tasado para utilizar esos fondos de un plan que todavía la Comisión Europea no ha aprobado definitivamente, por lo tanto, hemos de hacer
las cosas muy bien. Y también les diré que la Administración, incluso la Administración General del Estado es compleja. Resulta que nuestro ministerio tiene que gestionar unos fondos dedicados a la digitalización, pero resulta que nuestro
ministerio no tiene las competencias digitales, porque precisamente con la creación de una Secretaría de Estado de Digitalización han ido allí. Por lo tanto, ¿qué hemos hecho? Lo razonable: hemos establecido un convenio entre el Ministerio de
Política Territorial y Función Pública y el Ministerio de Economía y Transformación Digital. Por lo tanto, vamos a trabajar de la forma más coordinada, más ordenada y eficaz posible.


Al señor Betoret no le gusta -o me ha parecido- la Mesa de Diálogo. Lo respeto. Pero, mire, llevado al extremo el planteamiento, alguien nos podría decir que le parece mal que convoquemos la Comisión bilateral con Galicia, por la que se
preocupaba el portavoz de Unidas Podemos. (El señor Betoret Coll hace gestos negativos). No, ya sé que usted no, usted seguro que está a favor, y además a mí me lo ha pedido el presidente Feijóo, y voy a hacerlo. (El señor Betoret Coll: No es lo
mismo). Precisamente, no es lo mismo. El diálogo se puede establecer de muchas formas, pero reconozcamos, aunque sea difícil para algunos, que el problema que se está viviendo en estos momentos en Cataluña no es un problema de la transferencia de
una autopista. Reconozcámoslo. Yo no digo ni que haya ni más ni menos razón. Yo lo único que digo es que el Gobierno se comprometió, y sigue comprometido en el diálogo, y acordó con Esquerra Republicana de Cataluña, lo digo con todas las letras,
la constitución de una mesa de diálogo en la que se pudiera abordar políticamente esa cuestión. Ahora, como ustedes dicen: no, si todo lo que usted dice es para alegrar los oídos a Esquerra Republicana, al PDeCAT y a otros, yo les digo: no;
entre ellos y nosotros hay diferencias importantes.


Nosotros, por ejemplo, consideramos -podemos equivocarnos- que la presidencia de Quim Torra no fue favorecedora de ese diálogo. Teníamos un presidente de la Generalitat, legítimamente porque tenía la confianza del Parlament, que dijo: La
estrategia es de confrontación. Mal asunto para combinarlo con una estrategia de diálogo. Y dijo una cosa que es una reflexión que yo supongo que en el mundo independentista tiene su valor. Él decía: No, si el principal obstáculo -dijo
literalmente- para la independencia es la propia autonomía. Yo no creo eso. De entrada, yo no comparto el objetivo de la independencia, pero, además, yo creo que un desarrollo autonómico potente y eficaz redunda en un mejor servicio a los
ciudadanos, catalanes y de otros lugares.


Se me ha criticado por parte de algunos grupos que no he hablado de Cataluña. Todo lo que quieran, lo que pasa es que no creo que les sorprenda. Nosotros tenemos una hoja de ruta que los partidos independentistas no comparten, pero que yo
siempre llevo encima, que es la Agenda para el Reencuentro. En la última reunión de la mesa de diálogo celebrada precisamente en Barcelona, en el Palau de la Generalitat, el presidente del Gobierno de España sugirió un temario; un temario que no
era otra cosa que la respuesta no siempre positiva, no siempre total, a los listados planteados sucesivamente por los presidentes Mas y Puigdemont. Aquí había desde apoyo ante catástrofes naturales, impulso a las infraestructuras, políticas
sociales, mejora de la cooperación, temas de financiación autonómica y, efectivamente, el diálogo político y la regeneración institucional. Yo reconozco que el mundo independentista considera esta agenda absolutamente insuficiente, y tienen derecho
a considerarlo así, es su posición política. Aquí la cuestión es si entre esa agenda y los planteamientos que legítimamente los partidos independentistas puedan hacer, hay puntos de encuentro suficientes en beneficio de la ciudadanía de Cataluña.
Yo, la verdad, no me quiero venir arriba, pero hemos tenido elecciones hace muy poco y lo que ha ido defendiendo mi partido, humilde, que a veces esquiva, no han sido malos, tenemos un candidato mucho mejor (risas), pero además yo creo que ha habido
un reconocimiento a un esfuerzo por encontrar caminos, que no son caminos contradictorios ni con la unidad de España ni con la vigencia de la Constitución.

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Otra cosa es que yo, que luego entraré porque me han preguntado amablemente, soy partidario de reformar la Constitución. De hecho, yo creo que las constituciones que no se reforman suelen correr mucho más riesgo que las que se reforman. Y
me remito a cosas históricas. Se me ha dicho: Es que usted no dice cuál es su modelo de Estado. ¿Cómo que no? El de la República Federal Alemana o el de Canadá. Yo tengo una idea. Ahora, esto es España, no vamos a poder copiar, como no
copiamos en 1978, un modelo territorial. ¿Qué hicimos -ellos-? Encontrar un acuerdo, intentar responder a la realidad de un país que nos guste o no nos guste, que a mí me gusta, es muy diverso y plural. Si quiere que discutamos de naciones,
cuando quieran, pero ahí me permitirá, José María Espejo, hay naciones que no son soberanas, ¿qué quiere que le diga? Y una persona tan poco sospechosa como Manuel Fraga, precisamente tenía miedo, y algunos, quizá retroactivamente, le dan mucho la
razón, que la introducción en la Constitución española del término nacionalidad abría la puerta a no se sabe qué males.


Yo he venido a la vida para ponernos de acuerdo y, por lo tanto, cuando busco argumentos también a veces me limito. Aquí solo ha estado en peligro la unidad de España cuando se ha hecho un referéndum sobre la independencia, cuando en el
Parlament de Cataluña, que José María Espejo y yo tuvimos que sufrir aquellas fechas, se quebró con la Constitución y el estatuto de autonomía los días 6 y 7 de septiembre de 2017. Esos han sido, a mi juicio, los dos únicos momentos en los que
realmente podía haber un riesgo para la unidad de España y para el cumplimiento de la Constitución en el conjunto del territorio. Yo creo que ese momento durísimo ha sido felizmente superado, pero eso no ha resuelto el problema.


Yo entiendo a la señora Telechea, dice: Tú no has ido a ver a los presos independentistas. No, porque no quiero que nadie piense que apoyo la política que desarrollaron. En lo personal cada uno puede tener sus afinidades, pero nosotros
creemos que romper con la legalidad fue un gravísimo error con consecuencias muy duras para todos, en primer lugar, para los que habían provocado aquella situación. Ya sé que en eso no estamos de acuerdo, pero yo lo que reivindico es que, desde
posiciones tan distintas, podamos trabajar para encontrar de forma dialogada una solución. Si pensásemos igual, ya estaríamos. Yo ahora podría haber hecho lo que hacemos muchas veces: visto lo que dice el Grupo de VOX y de Ciudadanos, y visto lo
que dice el Grupo de Bildu y Esquerra Republicana, me sitúo en un confortable terreno central. No es verdad. ¿Saben por qué no es verdad? Porque el problema es real y nadie tiene, creo, una solución mágica, porque no existe. ¿Es verdad que
existen identidades nacionales? Sí. ¿Que a veces cuestan de definir? Sí. Pero si me intentan tirar de la lengua, lo conseguirán. Yo no creo en una España donde unos tengan unos privilegios y otros carezcan de ellos, pero nunca. Yo llevo en
política desde el año 1977 y he defendido siempre, de entrada la democracia que no existía, la Constitución y los estatutos, y ahí quizá hay un elemento de discrepancia con algunas de sus señorías. Yo considero los estatutos parte del bloque de
constitucionalidad y no considero que se pueda interrumpir el desarrollo estatutario por una determinada interpretación del interés general, como ha dicho su señoría del Grupo de VOX, y puedo decir a continuación: Oiga, yo respeto esa posición,
pero no es la mía. Si no recuerdo mal, VOX ha llegado a hablar de que lo que habría que eliminar es el Título VIII de la Constitución. Bueno, yo lo defendí y lo defiendo.


Nuestra Constitución tiene, a diferencia de otras, la ventaja de que es reformable de arriba abajo, no hay ningún intangible. Hay constituciones que marcan partes intangibles, la nuestra no. ¿Por qué? Probablemente -y ahí quizá abuso de
la juventud que tenía entonces-, porque hubo gente muy sabia que no se atrevió a predeterminar hasta el último detalle que iba a pasar sencillamente porque no lo sabía. Y hoy uno lee el Título VIII de la Constitución y no sabe cuántas autonomías
tiene España ni cuáles son. Y eso, que algunos pueden considerar que es un error, yo creo que fue un acierto, y es verdad que los constituyentes decidieron -y a eso me parece que los juristas le llaman principio dispositivo- que el contenido del
autogobierno se definía fundamentalmente por los estatutos de autonomía, que no tenían por qué ser iguales. Es verdad que luego ha habido un proceso de equiparación progresiva en muchos terrenos, pero ese no tenía por qué ser el final de aquel
proceso, porque nadie sabía cuál iba a ser el final de aquel proceso. Perdonen si me pongo un poco vehemente, primero, porque recuerdo cuando era joven e iba pidiendo el voto a la Constitución por los institutos de Barcelona y luego recuerdo la
ilusión con la que muchísimos intentamos participar de forma absolutamente secundaria y minúscula en aquel esfuerzo.


Decía el señor Betoret, porque no quiero perder el hilo, que es diferente una comisión bilateral que una mesa de diálogo. Tiene usted razón. Si con la comisión bilateral que existe, Estado y Generalitat, fuera suficiente, no se hubiera
creado la mesa de diálogo. La señora Telechea se acordará, hará dos o tres semanas se llevó, por parte de Esquerra Republicana, una moción al Pleno y el Partido Socialista y

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Unidas Podemos volvimos a comprometernos a convocar la mesa de diálogo. ¿Qué falta para eso? Sobre todo, que haya Gobierno en Cataluña y yo, como entenderán, tengo una idea muy clara de qué Gobierno le convendría a Cataluña, pero no lo voy
a decir aquí porque mi obligación como ministro es entenderme con el Gobierno que obtenga la confianza del Parlament de Cataluña, y no quiero hacer y decir nada que pueda perjudicar ese diálogo. Ahora, pretender equiparar las posiciones de unos y
otros... Yo creo que la política que ha hecho el PSC en Cataluña ha encontrado un cierto refrendo ciudadano, en todo caso, mayor que el que han encontrado otros. ¿Eso nos da o quita razones? No, nos da mayor o menor refrendo ciudadano. No quiero
abusar de una situación. Yo he estado también muchas veces en minoría y, de hecho, sigo en minoría ahí. ¿Y el problema cuál es? El de siempre, encontrar un punto de acuerdo en el que se sienta cómoda muchísima gente, y me permito decirles: No
caigamos en la política española en una dinámica de bloques enfrentados como se ha caído a menudo en la política catalana. Pensemos de verdad en España. Pensemos en la convivencia, pensemos en lo que hemos de hacer juntos, preocupémonos más de
aquello que nos puede unir que de aquellos elementos que nos dividen porque somos una sociedad democrática en la que hay sensibilidades y posiciones distintas.


Requisito lingüístico en la Función pública. En esto yo quiero ser clarísimo. Para ejercer funciones públicas en comunidades autónomas con lenguas cooficiales hay que acreditar un dominio suficiente de las dos lenguas cooficiales. Eso es
así. Tenemos una discusión en la que luego entraré sobre qué podemos hacer más desde el Estado para el reconocimiento de todas las lenguas. Entonces, hay posiciones que dicen que hay que hacer exactamente lo mismo y algunos decimos que exactamente
lo mismo no responde a la realidad y, por lo tanto, tenemos que encontrar caminos que, respetando los derechos de todos, no perjudiquen los derechos de nadie. Por lo tanto, todos los españoles iguales ante la ley. Ahora igual en algún sitio hay
más carreteras que en otro, igual en algún sitio la atención primaria está más cuidada que en otro lugar; lo digo porque a veces utilizamos la palabra derechos, unas veces con mayúscula y otras con minúscula. Los derechos consagrados en la
Constitución han de ser iguales para todos los ciudadanos de España y eso ha de permitir también, como decía su señoría, representante del PNV, que se pueden hacer políticas distintas en función de los colores políticos distintos de los diversos
Gobiernos. Una cosa no impide la otra.


Estamos en el día de la marmota. Señor Ruiz Navarro, yo creo que no, pero es verdad que yo no le voy a decir cosas distintas a las que dijo en sede parlamentaria la ministra Batet o la ministra Darias. Entonces, como a usted tampoco le
gustaba lo que decían ellas, tampoco le gustará mucho más lo que diga yo, pero son las cosas. Y le reitero, porque usted ha sacado el tema, si me he expresado mal y alguien ha pensado que pensábamos en cambiar los principios constitucionales de
acceso a la Función pública, no era el caso.


El señor Del Valle me decía que he llegado tarde. Es posible, siete semanas. La verdad es que, por respeto a la Cámara, yo no hubiera querido venir antes de saber en qué me había metido, se lo digo así. No hubiera querido venir a la
Cámara sin hablar con todos los presidentes de las comunidades autónomas, se lo digo así. No hubiera querido venir a la Cámara sin hablar con todas las fuerzas sindicales de la Mesa de la Función Pública, pero comprendo que alguien pueda pensar,
podría haberlo hecho perfectamente. Le decía que yo no veo en peligro la unidad de la nación española, a menos que nos empeñemos todos en romperla, entonces sí que podríamos, pero yo no la veo en peligro. No se normaliza el chantaje nacionalista,
no se normaliza. Ahora, las personas y las fuerzas políticas que son nacionalistas tienen una visión muy distinta a la que incluso usted y yo podamos tener. Yo, cuando veo un escudo de España me veo totalmente identificado y reflejado, y hay
españoles que, en cambio, ven la bandera o el escudo de España y consideran que no va con ellos, y eso hemos de respetarlo. Ahora, respetar no quiere decir ceder a la tentación de dar la razón a quien crees que no la tiene en un tema que para ti es
sustancial, y por eso, y tienen ustedes razón, el diálogo no es un objetivo en sí mismo, para nada, pero el diálogo sí que tiene una finalidad de promover la cooperación, de facilitar que se llegue a acuerdos. Nosotros vamos a hacer las cosas.


Me preguntan: ¿Usted cree que España es una nación de naciones? Sí, como Gregorio Peces Barba; tiene un libro precioso explicando los debates constitucionales. Pero existe el debate -y ahí venía la disquisición que podía tener con José
María Espejo- en el sentido de si todas las naciones son soberanas o hay naciones que expresan una identidad, pero no son titulares de soberanía, aunque esto más bien es propio de las aulas del Derecho constitucional que no de una comparecencia de
este tipo.


Nosotros vamos a cumplir con los estatutos de autonomía, vamos a hacerlo, siendo a veces difícil. Aquí, me parece que era usted, si no recuerdo mal y, si no, discúlpeme, quien mencionaba las

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competencias de Seguridad Social. Perdone, era el señor Del Valle. Por eso no se han transferido hasta ahora, porque no hemos encontrado un punto de equilibrio, al menos desde la perspectiva de quienes hemos gobernado en el País Vasco y
quienes hemos gobernado en España, sucesivos partidos, que permita ahora decir: Oiga, usted no haga esa transferencia porque eso va en contra del interés general. Las transferencias en las que nos podemos poner de acuerdo creo que no van en contra
del interés general, sino a favor.


Se ha pedido alguna precisión por el Grupo de EH Bildu sobre el tema de la política penitenciaria, mejor dicho, del traspaso de la competencia de centros penitenciarios, para hablar con propiedad. Creo que se va a poder producir en abril,
pero esa es una de muchas competencias que se estableció en un informe hace tiempo en el País Vasco de lo que implicaba el desarrollo de todo el estatuto y algunas que han venido nuevas. Cuando se hizo ese informe, probablemente, no creo que me
equivoque, no figuraba el ingreso mínimo vital. ¿Por qué? Porque no existía y, por lo tanto, el mundo del desarrollo autonómico es un mundo también dinámico, fluido, no exento de dificultades. Les pondré otro ejemplo, hay comunidades autónomas
que en su estatuto hablan de ordenación del litoral; otras, que han hecho una reforma estatutaria más reciente, hablan de ordenación y gestión del litoral. ¿Qué valor le damos a cada palabra y en qué medida consideramos que se está aludiendo a
cosas distintas? Yo no he conocido dos juristas que piensen igual y en este terreno muchas opiniones son igualmente válidas, pero hay que decidir. ¿Cuál es nuestra labor? Acercar posiciones, resolver problemas, intentarlo hacer en un plazo
razonable y eso es lo que hacemos con Euskadi. ¿Por qué se habla tanto de Euskadi? Porque es la primera comunidad autónoma, llegó antes, la que tiene el primer estatuto y, por lo tanto, la primera consejera con la que he hablado y que he tenido
una reunión presencial ha sido la del País Vasco, pero en atención a eso, no porque considere que el País Vasco es más que La Rioja. Lo digo para que entiendan o al menos intentar yo explicarme.


Me hablaban también del cumplimiento de los acuerdos con los sindicatos. Nuestra idea es, efectivamente, que se cumplan, pero el problema con los sindicatos, se lo diré claramente, no es que no se estén cumpliendo algunos acuerdos, sino que
algunos compromisos concretos y temporalizados se han alargado más de la cuenta. ¿Por qué? Entre otras cosas, porque nos ha venido la pandemia a ver. ¿Por qué? Porque este es un Estado compuesto en el cual cuando hablas de Función pública no hay
una voz que represente a todos. Eso ha dificultado algunas cosas.


Se hablaba también, su señoría de Unidas Podemos, del tema de Galicia. Sí, vamos a hacer comisión bilateral con Galicia. Aquí tenía los traspasos que se han planteado; está la titularidad de la AP-9, por ejemplo, que se ha planteado, y
hay ese tema, precisamente, de ordenación y gestión del litoral, porque la palabra 'gestión' no figura en el estatuto gallego, pero allí hay un legítimo planteamiento de decir: me tenéis que buscar una solución. Lo mismo dice Euskadi, porque
Cataluña, como tiene un estatuto más reciente y ha precisado el tema de la gestión, ha permitido un tipo de acuerdo que, si nos atenemos estrictamente a la literalidad y a una interpretación muy cerrada de las cosas, no sería posible en otros
lugares. Vamos a buscar soluciones, desde luego, en eso y en todo.


Su señoría de Unidas Podemos decía que si nos hemos planteado paralizar la oferta de empleo público, no sé si lo decía con estas palabras, pero hacía referencia a la incidencia que eso tiene sobre la temporalidad. Hemos sopesado todas las
posibilidades, pero es unánime el criterio de la gente del ministerio, no solo el ministro, que la paralización de la oferta de empleo público sería nefasta para el conjunto de administraciones y, por lo tanto, eso lo que nos hace es un estímulo
para encontrar la solución que merecen los interinos y las interinas, pero no hasta el punto de encontrar una medida tan, digamos, drástica como esta que nos acabaría perjudicando a todos.


Aludía su señoría Telechea -que no está aquí- al temor que le producía una corriente autoritaria. Ahora sí, perdonen que haga esta trampa que hacemos siempre, el señor Espejo-Saavedra me acusa de ser un feroz partidario de la mayoría que
hizo posible la moción de censura y la investidura de Pedro Sánchez, no voy a desmentir a José María en eso. La hemeroteca, además, es clarísima. Ahora bien -ahí es donde viene mi matiz con José María-, ¿el hecho de preferir una mayoría implica no
querer acordar con otros o con todos? No. Lo digo claramente. Creo que en este país falta diálogo, falta acercamiento, para mi gusto veo demasiada polarización, no siempre la veo justificada y no sigo por aquí porque me precipitaría al abismo. Y
me ha parecido muy bien cuando desde Esquerra Republicana se reivindica no solo venir a la Cámara a representar los intereses de los catalanes, sino a representar una sensibilidad de izquierdas que tiene -yo también lo creo- beneficios para gente
que no son catalanes y, por lo tanto, ahí nos tenemos que encontrar mucho, a pesar de las dificultades que encontraremos.

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Algunas de las cosas que he dicho pueden servir para responder a la intervención de Ferran Bel, que me ha dicho una cosa que me ha dolido, pero he entendido y dice: Estoy decepcionado, me ha causado una profunda decepción que no haya
hablado de Cataluña en primer lugar. Le diré que la comparecencia es la intervención inicial, la réplica y la segunda réplica y yo pensaba que, como existen grupos territoriales, lógicamente iban a plantear con mayor contundencia esas cuestiones y
me había reservado, pero, en fin, si eso ha molestado o ha inquietado, no puedo más que pedir disculpas.


Respecto al tema de la tasa de reposición, seamos claros, está en duda, está en discusión, lo está y hay gente que nos dice que es imprescindible para no sé qué control de evitar que en el futuro los gastos de personal nos desborden y hay
quien dice que el control presupuestario que el Estado mantiene sobre las comunidades autónomas no hace necesario o hace redundante esa tasa de reposición. Yo, como en tantas cosas, o al menos hasta ahora, no mantengo una posición dogmática. Yo lo
único que digo es que, si se nos concentra en sanidad y educación, que la tasa de sanidad y educación llegue al 130 % y en tres años, iba a decir liquidamos, aunque no es la palabra, pero puede ser, ¿por qué no? En lo que no creo es en una flat
tax, digamos, una flat reposition tax. Esto no. Por lo tanto, creo que hemos de encontrar entre todos una solución. Ahora, lo queremos discutir con las comunidades, lo tendrá que aprobar esta Cámara y, por lo tanto, una mayoría lo más amplia
posible deberá inclinarse en uno u otro sentido.


El debate sobre la derogación de la LRSAL. Yo creo que la LRSAL ha de ser sustituida por otra cosa, pero no sería justo que pensando que al derogar la LRSAL hemos resuelto el problema y no nos hemos ocupado de él. Efectivamente, aquí hay
cuestiones que no dependen de mi ministerio, pero en lo que mi ministerio tiene posición es en los temas de financiación. Yo ya sé que en la vida todo es muy complicado, pero es que probablemente hoy, en el año 2021, no podemos hacer un debate
sobre financiación autonómica separado del de financiación local, incluso separado de una revisión competencial o al margen de un debate sobre la reforma fiscal. Probablemente no se puede, y hay que tratar -y, desde luego, yo soy partidario- de
activar los mecanismos de negociación y de diálogo para abordar esas cosas, a ser posible desde un punto de vista global, y, si no, al menos las que resultan más acuciantes.


Más cosas que me estoy dejando. José María, yo creo que he hablado bastante de su intervención.


El estatuto del directivo público llegará este año. A nosotros nos preocupa mucho cómo establecemos mecanismos eficaces y no arbitrarios de evaluación del desempeño en la Función pública, porque hay quien decía: Cuidado con lo que hagamos.
Nosotros creemos en lo público, pero para creer en lo público hay que hacer las cosas muy bien en Función pública, porque, si no, tú puedes querer mucho al sector público y hundirlo. Por ejemplo, antes les decía, yo el otro día asistí a un debate
muy interesante sobre el plan estratégico de Renfe, por el cual Renfe ha decidido internalizar algunos servicios que se habían externalizado, entre otras cosas porque considera que se pueden prestar de forma más económica, que se ahorran el IVA y
otras historias. Me parece bien. Yo no tengo tampoco en esto una aproximación dogmática, pero sí creo, y lo he dicho al inicio de mi intervención, que, a la hora de la verdad, lo que tenemos es lo público y, por lo tanto, lo público ha de merecer
en todos nosotros una prioridad.


Me ha parecido entender que José María hablaba de regímenes fiscales especiales, pero igual me he equivocado, pero como lo hacía en referencia a los municipios de menor tamaño, igual no. Ahora se me iría todo muy lejos, pero el Gobierno ha
aprobado una estrategia frente al reto demográfico de 138 medidas articuladas en diversos bloques, diversos sectores; la reforma institucional es una, pero el apoyo al desarrollo que antes llamábamos rural, creo que ahora se nos queda corta la
palabra, va a ser muy grande. Efectivamente, tenemos un tema de acceso de secretarios e interventores, no solo para los pequeños municipios. Probablemente ahí es más grave, por lo que tomo nota y cuando tengamos ideas, criterios o propuestas
claras al respecto, estaré encantado de compartirlos.


Aquí, creo que ya lo he dicho, no venimos a pagar favores, venimos a hablar, venimos a encontrar puntos en común y, desde ese punto de vista, agradecer el planteamiento que me ha parecido positivo y propositivo del Partido Nacionalista
Vasco. Somos distintos, tenemos perspectivas distintas, pero sabemos que tenemos que trabajar en beneficio de la Comunidad Autónoma vasca y de todos los españoles, y eso es lo que vamos a intentar hacer. Y créanme, desarrollar el Estatuto de
Autonomía del País Vasco para mí es una obligación como servidor público, como ministro del Gobierno de España. Es verdad, yo tengo una visión, quizá otros no la compartan, de que los estatutos de autonomía forman parte del bloque de
constitucionalidad y, por lo tanto, no pueden ser considerados como una cosa subalterna o ajena, entre otras cosas porque han tenido el aval del Tribunal Constitucional en muchos casos. Por cierto, antes me he dejado una cuestión que alguien había
planteado, no sé si era la señora Mertxe Aizpurua quien decía: Es que el árbitro es de parte.

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Vamos a ver, yo me acuerdo, y además recordarlo no me beneficia, que el Partido Socialista en un momento determinado pactó la Ley Orgánica de Armonización del Proceso Autonómico, también llamada Loapa; la mayoría de sus señorías quizás son
tan jóvenes que no lo recuerdan. Fue el Tribunal Constitucional el que dijo: Os habéis equivocado y no se puede, a través de una ley orgánica, armonizar el proceso autonómico. Y le cayó la 'a' a esa ley en el título. O hace muy poco he leído
sentencias del Tribunal Constitucional, que reiteran que la política sobre subvenciones corresponde a las comunidades autónomas, a pesar de que el Estado de vez en cuando sigue manteniendo que quiere tener la titularidad, el dominio, el poder sobre
ellas. Por tanto, el hecho de que el Tribunal Constitucional tenga una composición que es la que es, y aunque muchas veces uno pueda discrepar de sus sentencias, no está escrito y en momentos históricos muy relevantes, como este de la Loapa, que
surge directamente del golpe de Estado del 23 de febrero, el Tribunal Constitucional mandó parar. Por tanto, no hay manera -creo yo, pero si alguien la tiene también estoy dispuesto a cambiar de opinión- de dirimir conflictos competenciales entre
diversos niveles de Gobierno, si no hay una autoridad que diga, si no nos hemos puesto de acuerdo, que tiene más razón este que aquel. Por eso digo que vamos a intentar desde el ministerio que llegue el menor número de conflictos competenciales al
Alto Tribunal y vamos a agotar las vías de acuerdo, pero si llegan, lo que no vamos a hacer es rasgarnos las vestiduras, porque creo que estamos traicionando de alguna manera ese esquema de gobernanza.


Me preguntaba la señora Aizpurua que cuándo se completará el desarrollo estatutario. Yo no me atrevo a decir una fecha, lo que sé es que tenemos con el Gobierno vasco acordado un calendario que vamos a intentar cumplir, que existe una
voluntad tanto por su parte como por la nuestra de hacerlo, y que además estamos trabajando muy a fondo. Hay quien dice que tenemos que acordar bloques de competencias, yo soy en este sentido más partidario de que a medida que alcancemos acuerdos,
firmemos los correspondientes traspasos. En fin, son discusiones que son también legítimas entre Gobiernos y, por tanto, vamos a estar ahí.


El tema de las lenguas. Se produjo hace pocos días también en esta Cámara un debate sobre el asunto de las lenguas, de una moción que habían presentado varios grupos y una propuesta de enmienda del Grupo Socialista a esa moción. Los grupos
proponentes legítimamente -faltaría más- decidieron que esa enmienda no satisfacía sus pretensiones. Pero yo debo decirle que el texto y lo que allí se apuntaba es lo que en el ministerio vamos a desarrollar. En esta vida todo es mejorable, hay
quien piensa que nuestro apoyo a las políticas lingüísticas de las comunidades autónomas con lengua propia está poco menos que atentando a la unidad de España, y hay quien piensa que no estamos atendiendo suficientemente a la realidad plural del
país. En fin, ahí había, yo creo, una propuesta que el Grupo Socialista hizo que contribuía a avanzar, pero fue considera insuficiente por los proponentes y ahí quedó. Desde luego, yo soy muy partidario de que España haga suyo de verdad ese
patrimonio pluricultural y plurilingüe, lo soy. Yo creo que el catalán es una lengua española. Una de las primeras discusiones que tuve -imagínense si ya era raro de joven- fue sobre si había que decir lengua castellana o lengua española. Yo
siempre decía que lengua española no, porque lenguas españolas hay más de una. Imagínense si viene esto de lejos, estoy hablando de que cuando hacíamos este tipo de discusiones estaba en COU. Yo soy partidario de que España haga suyo, de verdad,
sin cortapisas, sin restricciones, su patrimonio lingüístico y cultural, que es diverso y potentísimo. Por tanto, me encanta cuando el Estado toma medidas como las que está tomando en el sentido de que las webs públicas estén en las lenguas del
Estado, y no solo en castellano, y que se avance en un dominio, en una consideración, y también cuando el Instituto Cervantes se dedica a promover la enseñanza de otras lenguas que no son el castellano. Yo soy de los que lo celebra y, por tanto
vamos a seguir trabajando desde el respeto también a la Constitución. ¿Por qué lo digo? Porque la Constitución tiene el artículo 3, aunque hay gente que solo ha sabido leer los artículos 1, 2 y 155. (Risas). Pues no, hay muchos más artículos en
la Constitución. El artículo 3 de la Constitución dice que las lenguas españolas distintas del castellano merecen un especial respeto y consideración, y a ello nos vamos atener, a ello nos vamos a acoger para seguir promoviendo esa normalidad que,
al menos para mí, es esa consideración plural del Estado. Creo que he pedido disculpas suficientes por no haber hablado de Cataluña en la primera parte. Me parece bien lo de la Carta Europea de las Lenguas Minoritarias. Vamos a ver ahí qué
compromisos realmente España asumió y si está a la altura en su cumplimiento o no, me parece bien. Yo soy de los que cree que la normativa europea y los tratados internacionales acaban siendo derecho interno y, por tanto, deben ser cumplidos
exactamente.

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Señor Martínez Oblanca, sobre la financiación le he dicho lo que yo pienso. Aunque ya se fue, no quiero que me diga que los asturianos son ciudadanos de segunda, desde luego, para mí no lo son, para este Gobierno no lo son, y para el
Gobierno del Principado de Asturias todavía menos.


Acabo, presidenta. Estaba la cuestión de los fondos europeos que ha planteado el señor Mazón. Tiene razón. He explicado que no solo se trata de los fondos de los que va a disponer o distribuir este ministerio, sino del conjunto de los
fondos europeos. Vamos a buscar los mecanismos de cooperación para que el hecho de que las competencias de digitalización no estén en mi ministerio, no pueda hacer más lento el desarrollo de los fondos y que llegue realmente donde han de estar, en
manos de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos. Es verdad que la gente dice que es mucho dinero. Bueno, a la que empiezas a dividirlo entre muchos, puede no ser tanto. Además, si no llega a tiempo habrá administraciones que no podrán
gastarlos, que es lo que a mí me quita el sueño y nos estimula a trabajar más y mejor en todo.


Quiero agradecerle a todo el mundo el tono y las discrepancias cuando lo son, aun cuando alguna me parezca injusta. Desde luego quiero reiterar mi voluntad de acordar, de dialogar, de resolver problemas y de no contribuir a un debate
político que abra un abismo entre nosotros, entre los españoles. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.


Antes de abrir el segundo turno de tres minutos, voy a informar a sus señorías de que ha habido un problema técnico en la grabación de la sesión. No fue posible subsanarlo con carácter general y se han desplazado técnicos de la casa para
poder grabar in situ esta sesión. Probablemente, haya quedado algunos minutos de la sesión sin grabación, quiero que sepan que ha sucedido eso. Suspendemos la sesión durante unos minutos, señorías. (Pausa).


Señorías, retomamos el orden previsto e iniciamos el segundo turno de portavoces. Empezamos, en primer lugar, por el Grupo Mixto. Por un tiempo de tres minutos, tiene la palabra el señor Mazón. Si el interviniente no está acabando, le
avisaré. Si veo que está finalizando, me callaré.


El señor MAZÓN RAMOS: Gracias.


Gracias, señor Iceta. Yo no voy a hablar de Cataluña porque ya ha hablado largo y tendido. Yo creo que casi todos aquí ya sabemos muy bien lo que opinamos. La verdad, debo decirle que a mí me ha gustado, lo que dice usted a mí me gusta
mucho. Le deseo mucha suerte y además hace falta que alguien en Cataluña defienda a los catalanes no independentistas, porque los independistas ya se defienden bien ¿no? (Risas).


En cuanto a lo nuevo, le pido que concrete un poco más -y así se lo han pedido otros portavoces- sobre los plazos de las normas que ha enumerado. Para mí ha habido cuatro normas que son fundamentales. La primera, se refiere a la ley de la
Función Pública, que ha dicho que estará para este año. No sé si se refiere a que el proyecto de ley entrará aquí en el Congreso, o si ya piensa que estará la ley aprobada este año. La segunda, sería sobre el estatuto básico de los municipios, que
también me gustaría que concretara la fecha. La tercera, se refiere al Estatuto Básico del Empleado Público, el EBEP, y por último, está el reglamento de transparencia.


Luego hay otras dos cuestiones que yo no tengo muy claro y me gustaría que si pudiera me las aclarase. Si el estatuto del personal directivo, el proceso de estabilización y el modelo de acceso van a ir dentro del Estatuto Básico del
Empleado Público, o si van a tener un tratamiento independiente. En cuanto al proceso de estabilización es verdad que hay comunidades autónomas que han funcionado de una manera diferente, pero quizás tengan más herramientas. Le pediría que
concretase un poco estos temas, ya que en estos dos meses me imagino que con su equipo habrá hecho un buen plan. Antes dijo que no era un ministerio de segunda, yo tenía previsto decirle antes que la Función pública al final siempre era el segundo
plato, porque se acababa dejando la mayor parte de las veces -no sé si es porque es más conflictiva- para el futuro.


Con respecto a la conferencia sectorial, tampoco tengo muy claro lo que usted ha convocado para el día 25. Me imagino que no es la conferencia sectorial del reparto de los fondos, que esa es la que se le urge, porque ya le he dicho que
otros ministerios están en ello. Ya veo que usted está preocupado por el asunto. Yo le iba a decir lo mismo, que es muy difícil gastar el dinero. Además, aquí el tema de la digitalización es fundamental no ya por el tema europeo, sino porque si
no modernizamos la Administración, si no la digitalizamos, arrastra todo lo demás, y entre otras cosas, algo fundamental como es informatizar bien todos los procesos de recaudación y la lucha contra el fraude fiscal, que si no tienen estas

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herramientas es muy difícil. Por tanto, este tema también está urgiendo. Efectivamente, se va a solicitar eficacia para que consigan que estos fondos se gasten de verdad.


Por último, quiero hacerle una pregunta, independientemente de todo lo demás. Su ministerio tenía previsto hacer pagos de ayudas a algunas comunidades autónomas por el tema de las inundaciones. Los pagos anteriores se retrasaron muchísimo,
hay todavía uno pendiente, cuyo plazo de presentación termina, por cierto, el 31 de marzo, para que reciban toda la documentación. Me gustaría saber qué plazos están manejando para estos pagos y le solicito que no pase lo mismo que la vez anterior,
porque en concreto se tardaron más de dos años en algunas ocasiones de pagos comprometidos, en concreto, con la Comunidad Autónoma de Cantabria, que sufrimos unas inundaciones muy graves en distintos sitios y ahora también estamos pendientes de
esto.


Por lo demás, ya se lo he dicho al principio. Le deseo mucha suerte en todo y por supuesto tendrá toda nuestra colaboración.


La señora PRESIDENTA: Muchísimas gracias, señor Mazón.


A continuación tiene la palabra, por el Grupo EH Bildu, la señora Aizpurua.


La señora AIZPURUA ARZALLUS: Gracias por las explicaciones, señor ministro.


De alguna forma, hago mía la petición que se ha hecho, sobre si puede dar mayor concreción en el tema de las medidas que van a tomar para atajar la temporalidad, aunque sea en el tema de fechas, simplemente porque desconozco si hay una
reunión pendiente. Por lo menos ha dado ya esa noticia de que el próximo jueves va a haber una reunión, es lógico pensar que ahí se tienen que dirimir y tomar las decisiones, pero yo sí querría saber si al menos la tasa de reposición está en
discusión. Nosotros creemos que la tasa de reposición es uno de los mayores problemas para consolidar el empleo y querríamos saber si van a permitir o no que se amplíen las tasas de reposición. Si puede, me gustaría que concretara este tema un
poco más, aunque entiendo que si está en discusión tampoco me va a poder avanzar mucho.


Respecto a los otros temas, únicamente quiero agradecerle el tema de su posicionamiento en cuanto a la Carta de las Lenguas Minoritarias y que lo revise, porque el Gobierno español a lo largo de diferentes ocasiones ha sido cinco veces
reconvenido por Europa para que la aplique y para que tome las medidas necesarias para que realmente en la Administración pueda atender a las personas en la lengua que quieran los hablantes, en euskera o en castellano. En este caso, yo le digo esto
porque hablo desde Euskal Herria. También le comento que en reiteradas ocasiones el Consejo de Europa en el ámbito de la Administración de Justicia ha dicho, por activa y por pasiva, que el Estado español tiene que modificar el artículo 231 de la
Ley Orgánica del Poder Judicial, para de esa forma poder adecuarse a lo firmado en la carta europea.


No voy a detenerme en otras cuestiones, supongo que tendremos más ocasiones de hablar de otros temas de aquí en adelante. Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.


A continuación por el Grupo Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra el señor Legarda.


El señor LEGARDA URIARTE: Muchas gracias, presidenta.


Muchas gracias, señor ministro, por las explicaciones que nos ha dado. Siguiendo un poco con la intervención que tenía anteriormente, quiero animar al ministro y a su ministerio a seguir con la voluntad de pactos que son el vehículo más
eficiente para llegar a acuerdos, aunque no siempre se consigue por mucha voluntad de pactos que se tenga.


En cuestiones concretas quiero animarle a proseguir con el proceso de completar el Estatuto vasco, en todas sus dimensiones, también la lingüística. El Tribunal Constitucional dice que en las lenguas rige el principio de territorialidad, no
el de Administración pública, porque se atiende a la ciudadanía de ese territorio. Por tanto, consideramos que la Administración del Estado tiene un retraso notable en esta cuestión, al menos en el País Vasco. Le animo a hacer un proceso
lingüístico adecuado para poder atender a toda la ciudadanía. También quiero recordar -y me sumo a sus palabras porque es evidente que el Estatuto vasco, los estatutos de autonomía no son normas naif, son normas jurídicas y forman parte del bloque
de la constitucionalidad- que este asunto es un incumplimiento. No hay que tener distintas actitudes según se cumpla una parte del ordenamiento u otra, porque también es incumplimiento del ordenamiento jurídico. Cierto es que a veces las
interpretaciones dificultan los traspasos de funciones y

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servicios, por cierto, nunca de competencias; las competencias son indisponibles y están en la Constitución y en los estatutos de las comunidades autónomas.


Por último, en cuanto a las reformas normativas vinculadas al plan de recuperación, en los tres ejes -Función pública, gobernanza y materia local- que ha citado, quiero animarle en todas estas normas. Me parece muy importante el de
evaluación de políticas públicas, transparencia o materia local. Le animo a que sean cuidadosos con estas normas, que vengan trabajadas desde el Gobierno. Digo cuidadosos, sobre todo, con el principio de autoorganización y de autonomía política de
las comunidades autónomas.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Legarda.


A continuación, por el Grupo Ciudadanos, tiene la palabra el señor Espejo.


El señor ESPEJO-SAAVEDRA CONESA: Señor Iceta, en primer lugar, le tengo que decir que más allá de esa discrepancia considero que es usted una persona que se explica, que no se esconde detrás de un discurso fabricado y eso es enriquecedor
para esta Cámara y para mí personalmente, porque me permite establecer un diálogo con una persona a la que respeto intelectualmente de una manera profunda, como usted sabe.


Podemos discutir si está en riesgo la unidad de España ahora y tener opiniones diferentes, pero lo que es indiscutible es que quienes sin ningún género de dudas tienen su razón de ser en atacar esa unidad de España están hoy en la dirección
del Estado, y esto es lo que ha defendido usted, teniendo una alternativa. Es un hecho que su talante es pactista y proclive al acuerdo, pero teniendo la oportunidad, como digo, optó por acordar con esos que sí que tienen esa razón de ser. Esto es
lo que resta, desde mi punto de vista, fiabilidad a ese talante pactista y negociador. No obstante, yo prefiero quedarme con sus palabras de hoy respecto de ese talante negociador, pactista y de voluntad de llegar a acuerdos con el conjunto de las
fuerzas políticas. Estoy seguro de que no nos vamos a poner de acuerdo en su actitud frente a las demandas del separatismo, veo muy complejo que nos pongamos de acuerdo ahí, pero sí en otros aspectos de política territorial y de Función pública de
las competencias de su ministerio, pues yo creo que sus palabras son razonables y podemos hacer cosas para que no solo queden en una interesante reflexión, sino que se conviertan en algo que sea productivo para el conjunto de los españoles. Desde
luego, en Ciudadanos y en este portavoz va a tener siempre la disposición a sentarse para hablar de esas cuestiones, y digo hablar porque considero como usted que la dinámica de enfrentamiento, a la que algunos quieren abocarnos, es pésima para
España. Pero no se olvide que esos algunos a los que yo me refiero son compañeros también suyos del Consejo de Gobierno. Si quiere, por tanto, ser creíble hoy en ese discurso -que alabo- sobre voluntad de acuerdos, empiece por explicárselo a
ellos. Estoy seguro de que en cuestiones que sí redunden en beneficio de todos los españoles, y no solo de una parte de españoles que se sienten independentistas, podremos llegar a acuerdos en las materias objeto de su competencia.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Espejo.


Por el Grupo Plural, tiene la palabra el señor Bel.


El señor BEL ACCENSI: Muchas gracias, presidenta.


Muchísimas gracias, señor ministro, por sus respuestas. Les habrá quedado claro, a aquellos que no le conocían en esta Cámara, que sus comparecencias no van a ser ni tediosas ni aburridas y que van a ser un estímulo intelectual, con lo cual
yo espero que pueda comparecer mucho y que tengamos la ocasión de poder contrastar pareceres.


Respecto al tema de Cataluña, yo entendía que debía estar en la primera parte de su intervención, aunque usted es libre de proceder como quiera, más que nada porque es un problema de primer orden, como yo creo que usted comparte. Su hoja de
ruta es la agenda para el reencuentro, pero, en todo caso, me ha parecido entender que esta es su posición negociadora y que la posición negociadora que pueda tener el Govern de la Generalitat o que podamos tener otros partidos independistas la
respeta. A partir de aquí se tendrá que llegar a un acuerdo, cada uno cediendo en lo que sea posible. En todo caso, me quedo con esta parte positiva. A todos aquellos que nos acusan de atacar la unidad de España, quiero decirles que nosotros
tenemos otra visión diferente. Nosotros no tenemos ningún problema con España, lo que

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queremos es defender el derecho a decidir de Cataluña, y esto entronca con esta visión de las naciones no soberanas que no compartimos. Nosotros entendemos que Cataluña es una nación y es una nación soberana para poder decidir su futuro.


Me quiero referir a otros temas que también son muy interesantes, como el tema de la temporalidad. Señor ministro, usted llega aquí y dice -no soy nadie para darle un consejo- que cuando haya una reunión entre las comunidades autónomas, la
FEMP y el ministerio, allí se pondrán las propuestas encima de la mesa. Me parece correcto, pero sepa que aunque el Gobierno abusa de que viene aquí con acuerdos del diálogo social, con acuerdos con la FEMP, después quien aprueba o no aprueba estos
acuerdos es esta Cámara. Por tanto, dialoguen con esta Cámara y con los grupos parlamentarios porque le puede pasar como aquel acuerdo al que llegó el Gobierno con la FEMP, que después los grupos parlamentarios -que nos habían excluido del diálogo
y del acuerdo- no les convalidamos la propuesta legislativa.


Calendario. Díganos cuándo va a llegar una propuesta respecto al tema de la temporalidad a esta Cámara. Respecto a la Larsal, un poco lo mismo. Tampoco yo soy de derogar por derogar, pero sí por reformar. Llevamos casi tres años de
Gobierno socialista -voy terminando, señora presidenta- y, por tanto, necesitamos un calendario, los ayuntamientos necesitan un calendario. Otro matiz, señor ministro. Ha dicho que la financiación de las corporaciones locales no puede ir separada
de la financiación de las comunidades autónomas. Discrepo con usted. Tenemos el peligro de que la financiación de las comunidades autónomas, si se negocia conjuntamente con la financiación de las entidades locales estas últimas salgan
perjudicadas. Estoy de acuerdo en que no puede ir separado de la reforma de las competencias para las corporaciones locales, pero yo creo que las corporaciones locales llevan muchos años, igual que las comunidades autónomas, pendientes de esta
reforma de su financiación y también nos gustaría al respecto poder tener un calendario.


Muchísimas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Bel.


Por el Grupo Republicano, la señora Telechea no está presente, ni tampoco hay nadie del Grupo Confederal de Unidas Podemos. Por tanto, pasamos al turno del Grupo Parlamentario VOX. Tiene la palabra el señor Del Valle.


El señor DEL VALLE RODRÍGUEZ: Gracias, señora presidenta.


Señor ministro, le agradezco que haya contestado en mayor o menor medida a las cuestiones planteadas por mi grupo parlamentario, cosa que no estamos acostumbrados en esta Comisión. Por eso le doy las gracias.


Los dos somos partidarios de reformar el título VIII de la Constitución, usted para enterrar el sistema autonómico e introducir el federalismo asimétrico, y yo, para suprimir las autonomías tal y como las conocemos, con Ejecutivo y
Parlamento, con unas desorbitadas competencias que solo generan desigualdad entre los españoles. Lo que ocurre es que a usted con esta pretensión de reforma de la Constitución se le considera un demócrata y constitucionalista, y a mí, con esa
pretendida reforma del título VIII de la Constitución, se me considera fascista, de extrema derecha y anticonstitucionalista. Esa es la realidad, por desgracia, que vivimos en este país.


Ha presumido del número de Conferencia de Presidentes celebradas desde que Sánchez llegó a la Presidencia. Le pregunto: ¿cree sinceramente que han valido para algo? Yo solo le voy a exponer la literalidad de las citas del presidente de mi
comunidad autónoma, del señor Revilla, que gobierna en coalición con su partido, con el Partido Socialista Obrero Español. De todas estas conferencias, lo que iba saliendo en la prensa regional, el presidente Revilla dijo -entrecomillado, literal-:
Los presidentes autonómicos nos enteramos por las ruedas de prensa de lo que se está haciendo; llevamos siete conferencias -cuando dijo esto llevaban siete, ahora llevan diecisiete- de presidentes, de aproximadamente cinco horas de duración de
media cada una, que solo han valido para que el señor Sánchez nos informe de lo que ya han hecho, no han valido para mucho más; esta es una reunión devaluada, una ocasión perdida, un fracaso de reunión; es una vergüenza que no tengan el detalle de
llamar a los presidentes autonómicos para adelantar las medidas que van a anunciar; veo en televisión filtraciones sobre quién pasa de fase y quién no, mientras los presidentes seguimos sin noticias. Por tanto, señor ministro, no presuma tanto de
esa cooperación, de eso que llaman cogobernanza, entre el Estado y las comunidades autónomas, pues es manifiesto el desencanto existente.

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Un matiz sobre algo que ha dicho. Ha comentado el artículo 3 de la Constitución, pero ese artículo también dice algo más, establece que el castellano es la lengua oficial del Estado y que todos los españoles tienen el deber de conocerla y
el derecho a usarla; derecho y obligación que la Constitución no reconoce en relación con las demás lenguas españolas. Por tanto, hay una obligación constitucional de establecer el castellano como uso obligatorio en las relaciones con la
Administración en todo el territorio nacional, con independencia del uso de otra lengua española con la que cohabite, pero es obligatorio. Si un ciudadano en cualquier parte del territorio español decide relacionarse en español, tiene derecho a ser
contestado en esa lengua.


La señora PRESIDENTA: Ya ha consumido los tres minutos.


El señor DEL VALLE RODRÍGUEZ: Termino ya, señora presidenta.


Por último, de sus palabras de hoy se desprende que la España nación de naciones va a llegar oficialmente.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: A continuación es el turno del Grupo Parlamentario Popular y, en primer lugar, tiene la palabra la señora De Luna.


La señora DE LUNA TOBARRA: Muchas gracias, señora presidenta.


Gracias, señor Iceta. Nos parece muy necesario este diálogo y este consenso que ha manifestado con las comunidades autónomas, con las entidades locales y también con los sindicatos mayoritarios para dar una solución a la temporalidad. Sí
quiero aclarar aquí por las alusiones que se han vertido, que parece que esta grave temporalidad se hubiera creado en los primeros años del Gobierno del Partido Popular por la escasez de las tasas de reposición, si bien, como todos saben, los
Gobiernos de Zapatero nos dejaron un endeudamiento tremendo, pero es que, además, fue el propio Zapatero quien en 2011 impulsó una reforma del artículo 135 de la Constitución que obligaba a controlar el gasto público. No obstante, una vez aclarado
esto, los siguientes años sí se llegó a grandes acuerdos con los sindicatos para estabilizar el empleo público y las condiciones de los trabajadores del sector público en los años 2017 y 2018. Y en todo lo que sea buscar medidas para solucionar la
temporalidad, así como en todo lo que redunde en profesionalizar la Administración Pública, quiero que sepa, ministro, que va a tener la colaboración de mi grupo parlamentario.


Por último, me alegro de que se hayan solucionado algunos problemas que había con el envío de datos informáticos de la Muface por falta de actualización, pero sigo pidiendo que haya un control posterior y que todos estos mutualistas y sus
familiares vean verdaderamente que no se queda ahí y que están incluidos en los planes de vacunación porque han llegado correctamente; es decir, que haya un seguimiento posterior.


Y termino aquí para dejar un poco de tiempo a mi compañero.


Gracias.


La señora PRESIDENTA: Señor Betoret.


El señor BETORET COLL: Muchas gracias, señora presidenta.


Señor Iceta, he de reconocerle, como por otra parte ya imaginaba, que tiene usted una forma amable a la par que simpática de reconocer que es usted el titular ahora mismo de una secretaría de Estado con nombre de ministerio; dependerá de lo
que usted haga, como le decía en mi primera intervención, para que sea un ministerio de primera. Ha demostrado también una habilidad envidiable para llamar nación a algo que no le es. Le invito a que busque en la Constitución el término nación
cuando no se refiere a la nación española. La Constitución habla de nacionalidades y de regiones, pero la nacionalidad no es lo mismo que la nación.


Y respecto a las cuestiones a las que usted me ha dado respuesta, le diré para intentar aclararlas que no es que nosotros seamos contrarios al diálogo, lo que pasa es que no podemos equiparar las conferencias bilaterales a las mesas de
diálogo; en las primeras en ningún caso se va a hablar de asuntos que son directamente contrarios a lo establecido en nuestro orden constitucional, por lo tanto, no es equiparable la mesa de diálogo que, a nuestro juicio, no debe producirse a las
conferencias bilaterales que están reguladas completamente. Por otro lado, no se lo he dicho en mi primera intervención, pero si quieren ustedes ayudar a las entidades locales, le invito a que retomen una propuesta que se hizo aquí

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en una PNL, y luego también en la discusión del presupuesto en relación con un fondo incondicional de 5 000 millones de euros para ayudar a las entidades locales en todo lo que han tenido que gastar en la gestión de la pandemia y demás; y,
por supuesto, la reforma de un sistema de financiación -ya sé que todo esto no es de su competencia directa, pero entiendo que indirectamente sí le vincula de alguna manera- injusto y que crea españoles de primera y de segunda.


Muchas gracias, muy amable, señora presidenta.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Betoret.


Finalmente, es el turno del Grupo Parlamentario Socialista. Tiene la palabra, en primer lugar, la señora Andrés.


La señora ANDRÉS BAREA: Muchas gracias, presidenta.


La verdad, señor ministro, debo felicitarle por su valentía y su claridad. Yo creo que todo el mundo se lo agradece aquí con la boca grande o con la boca pequeña, pero yo le felicito completamente. Desde luego, este es un ministerio que ha
tenido tres ministros en tres años, como ha dicho el señor Bel, y es verdad que es un ministerio que hizo desaparecer el PP -lo acaba de recordar el señor Betoret-, que lo relegó a categoría de secretaría de Estado y nada más por no reconocer el
criterio territorial. Es un tema que está sin solucionar, en el que tenemos que coger velocidad y dar respuestas a algunas cuestiones. Y las cuestiones prioritarias son: un compromiso del presidente del Gobierno y de usted mismo de convocar la
mesa de diálogo, Cataluña, muy importante porque hay que solucionar ese problema, así como la voluntad de hablar con todas las comunidades sobre las competencias y cuestiones que no son directamente de este ministerio, pero que también afectan al
ámbito territorial, como son las cuestiones financieras.


Y nada más, señor ministro. Para ser la primera comparecencia nos ha sorprendido a todos.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: El señor Aceves tiene la palabra.


El señor ACEVES GALINDO: Gracias, presidenta.


Señor ministro, gracias por las explicaciones. Agradezco a sus señorías el debate que hemos tenido esta tarde que para mí, desde luego, ha sido muy positivo porque todos hemos hecho algo fundamental en una Comisión como esta, que es
dialogar para acordar y consensuar. Señor Bel, esto es algo fundamental en el marco de esta Comisión y en esta Cámara. Y quiero terminar mi exposición afirmando que hoy es un día histórico, señorías; en primer lugar, esta mañana la Cámara ha
aprobado la Ley de muerte digna, que es un nuevo derecho de la ciudadanía en nuestro país, pero también es histórico desde un punto de vista negativo; esta mañana se ha producido un verdadero atentado a la democracia porque -hay que decirlo en esta
Comisión- se han comprado voluntades en un Parlamento autonómico y, desde luego, el transfuguismo es corrupción, hay que decirlo absolutamente claro. (Aplausos). Y, además, señorías, prostituyendo el lenguaje con un término como el de libertad,
desde luego es terrible. El lunes que viene se debate una moción de censura en mi tierra, Castilla y León, y yo apelo a sus señorías para que entiendan que nuestro territorio el lunes tiene esperanza para avanzar en lo que los ciudadanos ya votaron
en el mes de mayo de 2019.


Termino con un tema importante, se abre hoy en esta Comisión una hoja clara en la solución de la temporalidad con la reunión del día 25 y lo que viene después que ha expuesto el señor ministro, que me parece de primer nivel en esta Comisión.
Finalmente, para mí que provengo de una tierra como es Segovia, dentro de la España, que yo no llamo vaciada sino de las oportunidades, es relevante la apuesta del Gobierno del presidente Sánchez que se produjo ayer con una hoja clara de ruta
respecto de los fondos -como ha explicado el ministro- para la digitalización y la modernización de las administraciones. Concluyo con esto porque es importante para nuestro país.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Aceves.


Entramos ya en el último turno de la tarde, que corresponde al señor ministro para concluir y dar respuesta a las cuestiones que sus señorías han planteado. Señor ministro, tiene la palabra.

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El señor MINISTRO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA (Iceta i Llorens): Gracias, presidenta. Aprovecho para felicitarla por la aprobación esta mañana de un proyecto de ley en el que se había empeñado y que nos hace más libres a
todos.


Señor Mazón, vamos a traer la ley de Función pública de la Administración General del Estado, el Estatuto Básico del Empleado Público, el estatuto de los pequeños municipios y el reglamento de transparencia este año, y aquí habrá que
discutirlo. Aprovecho para decir -porque tiene toda la razón el señor Bel- que vamos a hablar con los grupos parlamentarios, pero me permitirán que primero ahormemos el debate con comunidades y sindicatos, pero tiene razón el señor Bel; o la
Cámara lo aprueba o todo quedaría en agua de borrajas. En el Estatuto Básico del Empleado Público vamos a poner solo lo de la estabilización, lo del directivo público irá a la ley de Función pública de la AGE. Además, le diré que yo tengo una
aproximación pragmática, a veces en exceso, pero ahora tenemos un problema muy gordo que tenemos que abordar muy rápido, y eso no impide que más adelante, si vemos que hay algunos elementos del Estatuto Básico del Empleado Público que haya que
tocar, lo hagamos, pero ahora -con perdón- vamos a lo que vamos.


Señora Aizpurua, desde luego, repasaremos la carta. En el tema de la tasa de reposición yo quiero ser claro, hay tres posibilidades: eliminarla, pura y llanamente; sustituirla por otro tipo de figura; o hacer un uso lo que yo llamo
flexible e inteligente de la misma. Mi deriva pragmática quizá me arrastre más a la última, pero eso es lo que tenemos que hablar entre todos porque, al fin y al cabo -y ha hecho muy bien Ferran Bel explicándolo-, esto va a venir aquí y, entonces,
aquí se tendrá que aprobar.


Agradezco al señor Legarda su disposición. Y digamos todos la verdad; el tratamiento del castellano y de las otras lenguas españolas no es el mismo en la Constitución, no lo es. Y es verdad que hay quien dice que la territorialidad que la
Constitución indica para las lenguas que no son el castellano es limitativa. Sí, pero, por ejemplo, garantiza lo que algún grupo de esta Cámara no quiere, que es la obligatoriedad del conocimiento para ejercer la Función pública en las comunidades
autónomas con dos lenguas cooficiales porque la territorialidad también es eso. Entonces, nosotros lo que decimos es: vamos a cumplir con la Constitución, vamos a cumplir con el espíritu constitucional que es considerar españoles a igual título a
los que tienen una lengua o a los que tienen dos y, por lo tanto, vamos a intentar hacer de las lenguas un factor de comunicación y de convivencia, no una barrera entre la gente. Vamos a intentarlo y en todas las reformas -porque lo dice usted,
pero también porque es nuestra obligación- que traigamos a la Cámara seremos especialmente cuidadosos con las competencias autonómicas. Por ejemplo -me parece que usted se refería a ello-, en el tema de evaluación, a mí no me importa si la
evaluación de las políticas públicas la realiza un instituto vasco de evaluación, lo que si le pediré, y creo que usted estará dispuesto a concederme, es que haya una cooperación entre los diversos instrumentos de evaluación que desarrollemos, por
el beneficio de todos, porque a nosotros nos interesa mucho saber qué se hace y qué resultados tiene una determinada política pública en el País Vasco. Yo, a veces, hago una broma -y me dicen, no hagas bromas- cuando hablamos de meteorología,
siempre digo: Yo quiero saber si llueve en Bilbao. Por lo tanto, nosotros también en eso queremos cooperar, no vamos a hacer de ello una cuestión de instrumento, pero sí de objetivo. Aquí tendríamos que reconocer todos que no tenemos instrumentos
potentes de evaluación de políticas públicas, nosotros tenemos una obligación de gastar bien los dineros de los ciudadanos, y la única manera de gastar bien es evaluar si las decisiones que tomamos alcanzan los objetivos que habíamos fijado o si hay
una manera mejor, más rápida o económica de conseguirlo.


Sobre el tema de las lenguas, yo quiero poner en valor la enmienda que hizo el Grupo Socialista -porque la señora Aizpurua hablaba también de los temas de justicia-, que decía: Fomentar la capacitación en lenguas propias del personal al
servicio del Estado en todas las administraciones públicas, incluida la de justicia, y en todos los servicios públicos, de modo que se garanticen los recursos necesarios para atender los derechos de los hablantes en cualquier caso y se promueva el
uso de las lenguas propias en las administraciones públicas y en sus distintas páginas oficiales. Yo no dudo de que alguien considere que esto es poco, pero para mí no es poco y me daré con un canto en los dientes si, acabado mi mandato, hemos
conseguido avanzar en la dirección que aquí se marca. Había otras cuestiones, pero me sonaba lo de la justicia y eso estaba en la enmienda que propuso el Grupo Socialista y quiero reivindicarla.


Señor José María Espejo, se nos ve demasiado la sintonía. No sé si te conviene en estos días de tormenta de azufre (risas.-El señor Espejo-Saavedra Conesa: Igual no), pero te voy a decir una cosa; yo no estaría en un Gobierno que pensara
en romper la unidad de España, no estaría, no; sería ir contra mi historia, sería ir contra mis principios. Ahora, es verdad que ideas de España hay muchas y aquí igual

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hay gente todavía muy tributaria de una idea de España que es legítima, pero yo considero que es excluyente. A nadie podemos decir cómo se ha de sentir español, pero, en fin, esto nos llevaría muy lejos.


Y luego está el tema que yo ya sé que es doloroso, también para los independentistas, pero me gusta decir las verdades. El Estado se impuso cuando hubo un reto secesionista, se impuso, porque ¿qué estaba en duda?; que la Constitución fuera
de aplicación en el conjunto del territorio español, esa era la cuestión. Y también quiero decir una cosa, señor Betoret, en ese momento el Partido Socialista estaba en la oposición y se puso al lado del Gobierno de España porque consideró que era
su obligación. Yo también. Yo ya comprendo que tenemos una discusión y que puede ser muy tremebunda, pero hay unos hechos y, entonces, yo lo que pediría es que por ganar el argumento no cayéramos en la exageración o en poner unos muros que nos
dividieran más. Por lo tanto, agradezco de todas maneras la disposición al diálogo del Grupo de Ciudadanos.


Respecto a la intervención de Ferran Bel -perdón, casi tuteo-, nosotros respetamos lo que pueda plantear el Gobierno de Cataluña, igual no estamos de acuerdo, pero respetamos. La gran virtud que puede tener, si somos capaces de hacerlo
funcionar, es que cada uno pueda plantear su posición política sabiendo que no tiene ningún derecho a que la otra parte la acepte, pero sí tiene el derecho a expresarla. ¿Tan difícil es? En cuanto a lo de naciones y soberanías - ¡es que me van a
sacar esto en los periódicos!-, vamos a ver, ¿a alguno le gusta el rugby?, ¿sabéis que existe el Torneo de las Seis Naciones?, ¿sabéis que varias de esas seis naciones no tienen un Estado?, ¿algún inglés discute que Escocia o Gales son nación?
Yo no puedo porque tampoco tengo tanto..., pero es que he escrito un libro sobre esto que se llama La tercera vía: Puentes para el acuerdo, y en el que me encantaría que alguien a quien realmente interese, profundizara, no para convencer; yo hice
un esfuerzo para explicarme ante mí mismo y ante quienes pudieran tener interés. Por lo tanto, efectivamente, en cuanto a si nación y nacionalidad es lo mismo, lo decía Fraga para evitar que se introdujese el término nacionalidad, no quiero engañar
a nadie. Yo lo que digo es que nación y Estado no es lo mismo, es mi opinión. Y hay algunos que dicen: No, ha de ser lo mismo, y se les suele llamar soberanistas; a los que dicen: No, no, si soy una nación tengo una soberanía y, por lo tanto,
derecho a un Estado propio independiente. Yo no hago ese camino hasta el final, pero creo que hay comunidades con fuertes sentimientos de identidad que pueden ser llamadas naciones o comunidades nacionales sin que nadie pierda nada por ello. O
sea, en las políticas hay cuestiones que tienen que ver con los derechos y otras políticas un poco más difíciles de abarcar que son las políticas del reconocimiento. Yo creo que los pueblos de España, por cierto, expresión que está en la
Constitución, merecen reconocimiento, pero quiero tranquilizar -me acusaran de todo ahora, luego volveré- al señor Del Valle. Dice: Bueno, ya veo que esto de naciones de naciones va oficial. Mire, no, porque aquí oficial solo puede ir lo que
alcance un amplísimo consenso en el Congreso y en el Senado y, eventualmente, en un referéndum ciudadano. Por lo tanto -también muy tranquilos-, les digo claramente: Yo soy partidario de reformar la Constitución, sí, pero de reformarla si alcanzo
el consenso necesario para hacerlo. La historia de España es lo suficientemente grave, dura en algunos momentos, como para que no volvamos a caer en el error de que cada vez que había una mayoría, aunque fuera cortita, imponía su Constitución a la
mayoría anterior. No, no, eso fue lo que nos han legado, y yo creo que ese reconocimiento hay que hacerlo.


Ferran Bel decía: Hay que hacer un acuerdo político y parlamentario. Efectivamente. ¿Cuándo llegará aquí? Me gustaría precisar más, quisiéra que antes del verano pudiésemos traer la reforma del EBEP, y creo que hay condiciones para
hacerlo, pero yo no puedo sustituir a las comunidades autónomas, no puedo hablar en su nombre. No me gustaría traer una cosa no acordada, no aplomada suficientemente. Es curioso, en lo que ha de poner el Estatuto Básico del Empleado Público hay un
acuerdo casi unánime, pero las comunidades autónomas nos dicen, y tienen razón: no me pongas la cuerda al cuello si no me das los instrumentos para garantizar que esa bolsa inmensa que nos ha desbordado de interinos pueda reducirse. Tiene quizás
razón su señoría en que la financiación autonómica y local pueden ir en carriles distintos y, a veces, cuando uno acumula problemas, queda vencido por el peso de los problemas, es verdad. De todas maneras, para bien o para mal, como esto es una
secretaría de Estado ilustrada eso no depende de mí. (Risas). No conocen ustedes a mi secretario de Estado, ya tendrán ocasión de ver que es un magnífico viceministro. (Risas).


Dice el señor Del Valle, y tiene usted en eso razón, que a usted no se le puede llamar fascista porque no crea en las autonomías, no. Ahora, si usted, no digo que sea el caso, quisiera limitar los derechos de las mujeres o de las personas
homosexuales, o pensara que en la democracia no todos los votos valen igual, si usted pensara esto, alguien podría llamarle otras cosas. Yo lo intento, seguro que he cometido ese

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error en algún caso, pero el fascismo era el fascismo. Hay una biografía que ha salido hace relativamente poco tiempo de Mussolini, que es magnífica y, por lo tanto, devaluamos tanto las palabras, nos parece que para ganar el argumento
cuanto más grueso sea el adjetivo, mejor, y yo intento no moverme en ese terreno. Yo pido la reforma y a mí me llaman otras cosas, me llaman independentista. Lo que pasa es que tengo muchos independentistas en la Cámara que me pueden ayudar a
matizar la opinión de sus señorías. (Risas). Lo decía Gabriel Rufián el otro día con gracia en el Pleno. Yo creo que las conferencias de presidentes, y paso ahora a un tema que ha planteado el señor Del Valle, han de mejorar. ¿A mí qué me
gustaría?, pero hemos de hablarlo entre todos, que se residenciaran en el Senado, que hubiera un secretariado permanente de las conferencias de presidentes, que eso asegurara la convocatoria, el conocimiento del temario, el trabajo previo de las
cosas. Yo es lo que haría. Ya puestos a condenarme al fuego del infierno, a mí lo que me gusta es el Senado alemán, que además tuve la oportunidad de visitar.


Más cosas. Haremos lo que nos pide su señoría, Llanos de Luna, y efectivamente haremos un informe, pasado este episodio de problemas de conexión de datos con Muface y las otras mutualidades.


Creo que algunas cosas del señor Betoret se me han escapado ya y las he contestado antes. Miraremos también la cuestión de ese Fondo COVID, en qué ha quedado y dónde está, pero en eso tiene usted razón, Hacienda es Hacienda, y yo no voy a
desautorizar en absoluto los criterios del Ministerio de Hacienda. Puedo intentar en muchas ocasiones compaginar con criterios, demandas y reivindicaciones, pero es verdad que nos hemos encontrado en un periodo tan excepcional, en el que la
movilización de recursos públicos es tan brutal, que incluso la Unión Europea ha reconocido que España es el país que ha dedicado más recursos en términos de PIB a la ayuda directa a empresas y ciudadanos, y es verdad que esto seguramente hace más
delicado o más lento algunas reformas.


Acabo por donde empecé, agradeciendo al Grupo Socialista y a Unidas Podemos su apoyo. De nuevo me pongo a disposición de todos ustedes y, señor Del Valle, yo intento contestar siempre a lo que me preguntan.


Muchísimas gracias. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Muchísimas gracias, señor ministro.


Gracias a sus señorías por la colaboración. Se levanta la sesión.


Eran las siete y veinticinco minutos de la tarde.