CORTES GENERALES


DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS


COMISIONES

Año 2020 XIV LEGISLATURA Núm. 188

DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS ACUERDOS DEL PACTO DE TOLEDO

PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª MAGDALENA VALERIO CORDERO

Sesión núm. 4

celebrada el martes

27 de octubre de 2020

ORDEN DEL DÍA:


Debate y, en su caso, aprobación del informe de evaluación y reforma del Pacto de Toledo ... (Página2)

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Se abre la sesión a las diez y diez minutos de la mañana.


La señora PRESIDENTA: Muy Buenos días a todos y a todas.


Señorías, de conformidad con lo acordado en la reunión de Mesa y portavoces del pasado 23 de octubre, someto a su consideración el borrador del informe de evaluación y reforma del Pacto de Toledo. Dicho borrador es el fruto de los trabajos
de la Comisión desde el comienzo de esta legislatura; trabajos que -como bien conocen sus señorías- se iniciaron allá por el año 2016 con la remisión del informe del desarrollo del Pacto de Toledo 2011/2015, elaborado por la entonces Secretaría de
Estado para la Seguridad Social. Es decir, hoy cristaliza -y será rematada la tarea en el Pleno del Congreso- esta renovación de las recomendaciones del Pacto de Toledo tras cuatro años de arduas tareas. Cerraré este acto con algunos
reconocimientos, porque han sido muchas personas las que a lo largo de estos años han puesto mucho de sí mismas para que este acuerdo, para que esta renovación llegase a buen puerto.


El informe que se somete a la Comisión consta de siete partes. La primera es la parte de los antecedentes. En esta parte podrán comprobar ustedes cómo se relatan los datos relativos a la creación de la Comisión, su composición, todas las
sesiones celebradas y la documentación recibida a lo largo de los años transcurridos desde 2016 hasta hoy. La segunda parte es una introducción que, tras unas breves palabras de presentación y agradecimiento, expone la evolución legislativa del
sistema de pensiones hasta la actualidad, así como los datos más destacados sobre las prestaciones económicas que, a día de hoy, satisface la Seguridad Social. La tercera parte se refiere a las orientaciones comunitarias. En esta parte se describe
la posición de las instituciones de la Unión Europea en relación con la sostenibilidad financiera de los sistemas de pensiones y con la adecuación de estas en el marco diseñado por el pilar europeo de derechos sociales. La cuarta parte es la
relativa a la evolución demográfica prevista para España. En esta parte se exponen las principales proyecciones demográficas referidas a nuestro país, con especial atención a las previsiones y simulaciones elaboradas por el Instituto Nacional de
Estadística y también por la AIReF y por Eurostat. La quinta parte se refiere a las recomendaciones y es la parte medular del informe. En ella se encuentran las veintiuna recomendaciones elaboradas en las reuniones mantenidas por la Mesa y los
portavoces durante los últimos años. La sexta parte es el resumen en el que, con una finalidad divulgativa, se relacionan los principales rasgos definidores de las recomendaciones. Y la parte séptima es un anexo estadístico. Se trata de la parte
complementaria integrada por los cuadros y gráficos que sirven para ilustrar las explicaciones y demás datos que se ofrecen a lo largo del informe. Este borrador ha sido distribuido a sus señorías de conformidad con los plazos acordados en la
última reunión de Mesa y portavoces.


En relación con el contenido del informe, deseo agradecer en este momento la colaboración y ayuda recibidas de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social y también del Instituto Nacional de Estadística, en particular, a través de las
siguientes personas: don Miguel Ángel García Díaz, anterior director general de Ordenación Económica de la Seguridad Social durante los años 2016 hasta mediados de 2018; don Borja Suárez Corujo, director general de Ordenación Económica de la
Seguridad Social desde el año 2018, que sigue siéndolo en la actualidad y que además nos acompaña en la mañana de hoy; don Alberto Llorente Álvarez, director del gabinete del secretario de Estado de Seguridad Social y Pensiones, que también nos
acompaña hoy, y al propio secretario de Estado, que ha coordinado a todo este equipo.


Quiero también mencionar a una persona que no figura muchas veces y que no viene a todas las reuniones, pero que todos los que hemos pasado por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social -en este caso, Inclusión, Seguridad Social y
Migraciones- sabemos que es una persona esencial y que nos gustaría que no se nos jubilase nunca, y es doña María Teresa Quílez Pérez, subdirectora general de Planificación y Análisis Económico-Financiero de la Seguridad Social. También ha
colaborado una gran cantidad de cuadros -con nuestro querido letrado, Ignacio, al cual quiero agradecerle la inmensa labor que hace en esta Comisión para que todas las tareas lleguen a buen puerto-, concretamente, don Antonio Argüeso Jiménez,
subdirector general de Estadísticas Sociodemográficas del Instituto Nacional de Estadística.


Luego, al final, diré unas palabras de agradecimiento a todos los miembros de esta Comisión, a los portavoces, los actuales y los pasados, pero no quiero demorar más el inicio de la Comisión y me lo reservaré para el final de la misma.


Les voy a comentar cómo se va a desarrollar el debate. En primer lugar, se abrirá un turno de portavoces para la fijación de posiciones y ese turno se desarrollará de menor a mayor. Algunos de ustedes nos han comentado que quieren repartir
la intervención con otro compañero o compañera de su

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grupo parlamentario y se lo han hecho saber al letrado, así que lo tendremos en cuenta. Quería comentarles asimismo que, si existieran modificaciones puntuales que desearan introducir en el texto, por supuesto, están a tiempo. Lo que vamos
a ver hoy y se somete a la consideración de la Comisión es un borrador en el que ha habido acuerdo unánime, en el sentido de que estaba lo suficientemente maduro como para venir a esta Comisión, pero también se puede introducir alguna modificación
en la misma. Eso sí, les rogaría que, en caso de querer introducir algo en el texto, la propuesta la presenten por escrito a la Mesa.


Les adelanto también que cuando hemos revisado el resumen de las recomendaciones nos hemos dado cuenta de que faltaba incluir el resumen de la recomendación 3, la relativa al Fondo de Reserva, cuya adición deberíamos acordar en el día de
hoy, si así lo deciden sus señorías, en los términos del texto que se distribuirá en breve y cuya propuesta de redacción ha hecho en letrado; una propuesta de resumen de la recomendación 3 que, si se dan cuenta, no figura en el resumen.


Asimismo, les recuerdo a sus señorías que la Mesa, oídos los y las portavoces, también acordó por unanimidad que la Comisión, una vez aprobadas, eleve al Pleno sus recomendaciones para el debate de las mismas junto con el de los votos
particulares que, en su caso, se presenten. Ya el letrado nos aclaró que no era obligatorio someter estas recomendaciones al Pleno, pero en Mesa y portavoces, siguiendo el precedente que ha existido en la renovación de recomendaciones anteriores,
somos partidarios de que vaya al Pleno del Congreso y de abrir un plazo para la posible emisión, redacción y presentación de votos particulares por parte de aquellos grupos que lo consideren pertinente. Así que les hago una pregunta: ¿lo acuerda
así la Comisión? Porque esta es una propuesta de mesa y portavoces. (Asentimiento). Entonces, damos por aprobada esta propuesta por asentimiento.


Por último, pongo en su conocimiento que el plazo para la presentación de votos particulares, en su caso, finalizará a las catorce horas del miércoles 4 de noviembre y que estos pueden ser presentados en el Registro de Comisiones, el mismo
en el que se presentan las enmiendas a las proposiciones no de ley. Esta fue también una propuesta que se acordó en Mesa y portavoces. Evidentemente, sobre la fecha de Pleno no les puedo dar ninguna información porque, si salen aprobadas de aquí
estas recomendaciones, supongo que el letrado tendrá que remitirlas a la Mesa del Congreso para que se incluya en el orden del día del Pleno de la Cámara en cuanto sea posible. Saben ustedes que la semana que viene no tenemos Pleno; si pudiese ser
en la siguiente, sería estupendo para poder rematar estas tareas.


El otro día me decía una persona que si ya con esto hemos terminado las tareas de la Comisión del Pacto de Toledo. No quiero darles una mala noticia, de hecho, yo creo que para los que estamos aquí es buena: esto continúa, es un punto de
partida, no es un punto de llegada. A partir de ahora esta Comisión -que es una comisión no legislativa pero permanente- va a seguir muy pendiente de que estas recomendaciones -que espero y deseo que en el día de hoy sean aprobadas y que en los
próximos días también lo sean en el Pleno- se materialicen en normas, algunas de las cuales, sobre todo las que sean más potentes, tendrán que volver a pasar de una u otra manera, aparte de por la Comisión de Trabajo, por esta Comisión y serán
tenidas en cuenta.


Les voy a dejar alguna semana un poco de relax y no voy a convocar Mesa y portavoces. Veo que los portavoces respiran. (Risas). Es verdad que hemos tenido muchas reuniones, pero si miran ustedes los antecedentes, tampoco se quedaron
cortos ni cortas los de la XII Legislatura. La XII Legislatura fue muy intensa, hubo muchísimas comparecencias -están enumeradas-, se aportó mucha documentación. Así que lo que hemos hecho nosotros ha sido rematar esa tarea pero como punto de
partida; este es un punto de partida de un camino que se iniciará hoy y sobre todo el día que se apruebe en el Pleno.


Sin más preámbulos, paso ya la palabra a los portavoces para la fijación de las posiciones de sus grupos. En primer lugar, tiene la palabra la señora Oramas González-Moro, del Grupo Mixto.


La señora ORAMAS GONZÁLEZ-MORO: Muchas gracias, señora presidenta.


Hoy es uno de esos días que uno se siente satisfecho de ser diputado y de cumplir su obligación. En tiempos convulsos, en tiempos de crispación, en tiempos de angustia de los ciudadanos, hoy cumplimos un mandato que afecta a todos los
ciudadanos de este país, tengan la edad que tengan, estén en donde estén, y sobre todo quitamos una de las grandes incertidumbres que se había generado por la falta de acuerdo político sobre la garantía de tener una pensión; acabamos con la
incertidumbre de la sostenibilidad del sistema pero también de que esa pensión sea digna y que no vaya, a través de la falta de actualización, a una pérdida de poder adquisitivo. Creo -y lo digo de verdad- que una de las peores cosas que han pasado
en los últimos años en este país es haber hecho llegar a la gente que el sistema de pensiones no

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era sostenible, que estaban en riesgo las pensiones del futuro y sobre todo las pequeñas asomadas de hacer un uso político del tema de las pensiones.


El Pacto de Toledo nació precisamente para que ninguna fuerza política usara las pensiones como arma electoral. El Pacto de Toledo es necesario porque cuando uno habla de pensiones, legisla sobre pensiones o decide el futuro de las
pensiones, va más allá de una legislatura, de un Gobierno y de un partido. Yo creo que el hecho de volver al espíritu inicial ha tenido mucho que ver -y lo quiero decir- no solo con la actitud de todas las fuerzas políticas, sino también con haber
tenido una presidenta como Magdalena Valerio, que ha llevado los trabajos con gran solvencia, no solo por su propio conocimiento, sino también porque ha permitido que pudiera haber un debate amplio y franco. A los acuerdos se llega no por
imposición. Siempre se dice que el mejor acuerdo es aquel en que nadie se queda contento. Yo lo que creo es que con este acuerdo todos nos quedamos satisfechos. Hay cosas en las que hemos tenido que ceder, pero eso es lo que se pretende en el
Congreso de los Diputados, en el que entre todos representamos al cien por cien de la ciudadanía de este país.


Como diputada canaria, yo tenía un compromiso importante que era el tema de las pensiones no contributivas. Por un lado, porque -no sé si lo saben sus señorías- en Canarias hay tres veces más pensiones no contributivas de jubilación que en
el resto del país, que tienen además perfil de mujer, porque allí se fue a la emigración y no se cotizó; se trabajó toda la vida -sobre todo las mujeres, que trabajaron como burras- en las tomateras, en el campo, y no pudieron cotizar para tener
una pensión digna. Y esas abuelas hoy en día son mujeres que con 360 euros -o 380 o 390, que son ahora- han tenido que dar de comer en muchos casos a hijos y a nietos. Creo que la frase que recoge el informe del Pacto de Toledo de que la Comisión
considera importante disponer de las rentas mínimas suficientes y una revisión del sistema de pensiones no contributivas para garantizar una pensión suficiente y digna y que sea financiado por los presupuestos del Estado es muy importante. Asimismo
-y lo quiero decir aquí- espero el compromiso de los dos partidos que forman el Gobierno para que en esa reforma del ingreso mínimo vital se puedan clarificar, publicitar y gestionar que las mujeres con pensiones mínimas no contributivas puedan
acceder al ingreso mínimo vital mediante complementos o mediante un sistema que sea rápido, fácil, ágil e inmediato.


Dicho eso, quiero insistir también en que se garantice un sistema público de pensiones solvente, con una solidaridad del sistema en todas las partes, horizontal y vertical. Espero que vayamos, a través de políticas estructurales, a mejorar
esa diferencia que hay todavía en nuestra sociedad -y en el sistema de pensiones todavía es más aguda- entre hombres y mujeres. Creo también que tenemos un compromiso, toda la Comisión y yo personalmente, con todo el colectivo de personas que han
cotizado más de cuarenta años. Tenemos que decir, como ha dicho la presidenta, que el trabajo del Pacto de Toledo no se ha terminado, que vamos a ser exigentes con esos tres meses que le hemos dado al Gobierno para que se nos dé la información de
cuántas personas tienen más de cuarenta años de cotización -cuarenta y dos, cuarenta y tres, cuarenta y cinco, cuarenta y siete-. Hay que aclarar qué supondrá la incorporación de nuevos efectivos y qué agravios se están generando en estos momentos,
para dar respuesta a una situación injusta en nuestra sociedad. Yo, por lo menos, tengo el compromiso con todo el colectivo de hacer seguimiento de esos tres meses que da el Pacto de Toledo al Gobierno para traernos la información.


Creo que también es muy importante determinar que haya dos tipos de pensionistas: por cuenta propia y por cuenta ajena, remitiendo a los agentes sociales el acuerdo para autónomos, para que quede definido también el futuro del sistema de
pensiones de los autónomos de este país.


Quería tratar también el tema del compromiso de ir hacia una lucha contra el fraude, que es muy importante, porque este es un tema serio que tenemos que garantizar junto con la actualización del IPC real, y que no haya ningún Gobierno, como
hizo en su momento un Gobierno socialista con la congelación de las pensiones o el PP con una modificación de la revalorización, que a partir de estos temas encajen otra vez en el acuerdo de todos los partidos y, sobre todo, de todos los Gobiernos
de este país.


Es muy importante haber cerrado un acuerdo de que antes de 2023 el Estado, a través de los Presupuestos Generales del Estado, debe asumir todas las prestaciones no contributivas. Y lo más importante: hoy no se terminan los trabajos ni se
resuelve el tema del futuro de las pensiones; se resuelve a través de la incorporación a los presupuestos del Estado de las recomendaciones que hacemos hoy todos aquí, se resuelve con un compromiso de los Gobiernos de este país de legislar de forma
inmediata aquellos puntos que tienen que ir por desarrollo legislativo, y se garantiza a los ciudadanos a través del compromiso que adquirimos las fuerzas políticas. Creo que la unidad, el salir todos hoy y decir que, gobierne quien gobierne en
este país, los ciudadanos tienen que estar tranquilos de que están garantizadas

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sus pensiones, que los ciudadanos tienen que estar tranquilos de que se van a revalorizar, que los ciudadanos tienen que estar tranquilos acerca de que pueden hacer sus previsiones personales en los próximos años y no ir a jubilaciones
anticipadas, como ha pasado en los dos últimos años a raíz de la incertidumbre que creamos todos en la ciudadanía.


Termino, porque creo que hoy es el día de mandar un mensaje único y sobre todo de tranquilidad. Quiero decir que Coalición Canaria y el Partido Nacionalista Canario hemos hecho nuestra parte de trabajo, nuestras pequeñas aportaciones, hemos
hecho nuestras concesiones, pero vamos a estar vigilantes en el cumplimiento de los plazos, de las partidas presupuestarias y, sobre todo, con las pensiones no contributivas, como dije al principio de mi intervención. En ese sentido, quiero dar
también las gracias a todos los portavoces porque a mí personalmente me han enriquecido las propuestas, las críticas, el debate en profundidad sin descalificativos, con serenidad, y creo que ha tenido mucho que ver, como dije al principio, la
presidenta Magdalena Valerio, a la que agradezco toda su voluntad para que pudiéramos llegar al día de hoy.


Muchísimas gracias, señora presidenta.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señoría; muchas gracias, Ana Oramas, por ese reconocimiento, pero de verdad. Lo único que he procurado hacer al frente de esta Comisión -y seguiré haciéndolo- es cumplir con mi obligación, con la
obligación que tengo ante toda la ciudadanía de este país, al que debo tanto. No obstante, muchísimas gracias por sus palabras.


A continuación, tiene la palabra Iñaki Ruiz de Pinedo, de EH Bildu.


El señor RUIZ DE PINEDO UNDIANO: Buenos días. Me sumo al agradecimiento de todas las personas que hemos participado, aunque, dentro de la discrepancia, se ha discutido y vamos a seguir discutiendo afortunadamente, porque creo que podemos
tener tiempo de corregir algunos de los elementos que les voy a proponer a ustedes hoy y en los días sucesivos.


En nuestro grupo parlamentario no nos vamos a sumar al apoyo a esta propuesta de renovación del Pacto de Toledo, y esto porque no se tienen en cuenta algunas propuestas que son fundamentales y que se están haciendo desde el movimiento de
pensionistas y algunas de las reivindicaciones que hemos venido planteando en la Mesa últimamente. Por eso les anuncio de principio que vamos a abstenernos. ¿Por qué? Porque nos comprometimos desde el principio de este debate con el movimiento de
pensionistas, con las personas pensionistas, fundamentalmente con todas aquellas que están viviendo situaciones más paupérrimas, a traer sus reivindicaciones aquí a Madrid, y por eso lo vamos a hacer hasta el final. ¿Y qué nos están diciendo las
asociaciones de pensionistas? Creo que les habrá llegado a todos ustedes una carta abierta que nos han mandado en la que nos piden que, ante el inminente acuerdo para reformar las pensiones tras las reuniones del Pacto de Toledo, el movimiento de
pensionistas de Euskal Herria se dirige a los partidos políticos para instarles a que esta no sea una ocasión perdida para garantizar pensiones públicas, sí, y dignas, justas y suficientes. Por eso, en lo que podamos y en todo el proceso que nos
queda, ni mi grupo ni yo personalmente renunciamos a lograr un consenso y anunciamos que haremos votos particulares que presentaremos en el Pleno, e incluso tenemos la esperanza de que en la elaboración de la próxima ley de Seguridad Social algunas
de estas exigencias, que son sensatas, justas y, sobre todo, inaplazables, puedan ser recogidas por todas y todos nosotros.


Desde nuestro punto de vista, ¿de qué adolece básicamente este texto? En muchos aspectos, de ambigüedad e indefinición y, en otros, se vienen a confirmar algunos de los elementos más regresivos que se han dado en la legislación laboral en
los últimos años. Por eso les pido que nos hagan caso y, si no es a nosotros, por lo menos sí a los agentes sociales que representan a las y los pensionistas, para que algunos de estos elementos sean corregidos. Insisto, no renunciamos a poder
llegar al consenso y vamos a estar abiertos a trabajar en ese sentido siempre dentro de ese marco. ¿Cuáles son algunos de los aspectos que nosotros consideramos más débiles de esta propuesta que se nos hace, que hemos elaborado conjuntamente? En
el punto cero de recomendación, que es lógicamente el que corresponde al diagnóstico y a la definición de la situación, entendemos que falta un diagnóstico real de la situación tanto en lo social como en lo económico, porque la financiación del
sistema contributivo de las pensiones debe tener como elemento central la mejora de la calidad y de la cantidad del empleo. Falta, asimismo, un compromiso de qué hacer con ese reconocimiento de la deuda histórica cara a responder a las necesidades
de los colectivos de pensionistas. Entendemos que, efectivamente, es un avance que el documento se reafirme en el compromiso del mantenimiento del sistema, pero la recuperación de la

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confianza en las nuevas generaciones la haremos en base a que puedan aspirar no solamente a unas pensiones públicas, sino a que sean unas pensiones dignas cuando les llegue su época y su necesidad.


Con respecto a la primera recomendación, la consolidación y separación de fuentes y el restablecimiento del equilibrio financiero, falta un compromiso: que en todas aquellas pensiones que vayan a ser a cargo de transferencias haya un
compromiso de que no va a cambiar su naturaleza colocándolas en el ámbito de salarios de inserción social o complementos, en los que se les despoja de su carácter de derecho individual y pasan a ser elementos condicionados a ingresos de unidades
convivenciales y no derechos individuales; es decir, que empiecen a ser consideradas como pensiones no contributivas, como complementos sociales. Ese sería un aspecto, y el segundo aspecto sería que, desde el principio de la solidaridad
intergeneracional, se recomienda que el Gobierno proceda a reconocer esa deuda histórica que tiene contraída con los gastos propios que han sido asumidos históricamente con la Seguridad Social, y que sobre esa base se establezcan programas de
transferencias para gastos relativos a la subvención de coberturas. O sea, está bien que se vaya a hacer un estudio, pero también es importante que en los próximos años, teniendo en cuenta las coyunturas que vamos a tener, se establezca también un
compromiso por parte de las transferencias, de manera que se garantice que la Seguridad Social tiene derecho a esas transferencias no solo por justicia social, sino por justicia histórica.


La recomendación número 2 se refiere al mantenimiento del poder adquisitivo y mejora de las pensiones. Aquí se hace una recomendación de que la actualización de las pensiones sea en base al IPC, pero hay un vacío. Una cosa es el
mantenimiento del poder adquisitivo, la no pérdida de poder adquisitivo, y otra cuestión es qué vamos a hacer con la mejora de las pensiones que están por debajo del umbral de la pobreza. ¿Qué proponemos si no se recoge? El objetivo de este punto
básicamente es tener mecanismos de actualización. Por eso, el IPC va a ser el mecanismo automático de revalorización de esas pensiones, pero ¿de qué mecanismo nos vamos a dotar para que esas pensiones, sobre todo las que están por debajo del umbral
de la pobreza, se valoricen y puedan llegar a tener un poder adquisitivo por encima del umbral de la pobreza? Esto habría que ligarlo al salario mínimo interprofesional. Estamos perdiendo la oportunidad de hacer una recomendación en este sentido.


Paso a la recomendación número 5, que es la adecuación de las bases y periodos de cotización. No hace falta hacer nuevos estudios, aunque sean bienvenidos los que sean, para saber que la ampliación de los años de cotización a quince para
acceder a la pensión, o lo que se recoge dentro del texto de subida a 37 años mediante la aplicación legal de la progresiva ampliación de 35 a 37 años del periodo cotizado para poder alcanzar el cien por cien, o el aumento de los años para el
cálculo de las bases de las pensiones ha provocado, está provocando y va a provocar un decremento de las pensiones, y especialmente de aquellas que son más bajas y que afectan en gran parte a las mujeres. En este sentido, mínimamente, por mi parte
considero que no se tendría que dar la progresiva ampliación de 35 a 37 años, sobre todo teniendo en cuenta los periodos históricos en los que vamos a entrar, en que los periodos de cotización van a reducirse en gran manera. Y con respecto a las
mutuas colaboradoras con la Seguridad Social, no es aconsejable que tengan más competencias y sería necesario un mayor control.


En cuanto a la recomendación número 11, la contributividad, esta va unida al derecho a un trabajo y a un salario digno. Solamente en la medida en que se tiene un trabajo y un salario digno se puede contribuir suficientemente para obtener
una pensión digna, y un 30 % de la sociedad no puede acceder a un trabajo y a un salario digno. Por eso, la consecución del objetivo de la contributividad debe combinarse con el principio de la solidaridad. Este objetivo debe estar equilibrado con
este principio. El principio de la contributividad es suficiente siempre y cuando se cumpla el derecho a un trabajo digno, cuyo salario posibilite unas cotizaciones al sistema que garantice unas pensiones dignas. Por otro lado, dentro de este
punto, como les propuse en su día, debemos reconocer la contributividad indirecta, la de todos aquellos sectores sociales que han trabajado muchos años con salarios bajos y de modo discontinuo y que no les permiten el acceso a una pensión
suficiente. Estos sectores también han contribuido a la riqueza, al PIB, durante muchos años de modo indirecto y deben ser reconocidos.


En relación con la edad de jubilación, estamos dando por buena la ampliación de la jubilación obligatoria a los 67 años en este texto cuando decimos que la edad de jubilación debe aproximarse a la edad legalmente establecida. Esto es un
brindis al sol. ¿Quiénes van a poder trabajar hasta los 67 años por salud y por tener condiciones laborales que se lo permitan? Como digo, es un brindis al sol para obligar siempre a los mismos y a las mismas a tener que sufrir situaciones que les
van a llevar a reducciones importantes en la pensión porque no van a poder seguir trabajando. Por eso, dentro de este punto, hacemos varias consideraciones. Primero, tener en cuenta dentro de este texto que el alargamiento

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de la edad por encima de los 65 años hasta los 67 debe ser voluntario. Y otro elemento básico es que habría que tener en cuenta a aquellas personas que se han jubilado anticipadamente porque desde el sistema se les ha abierto y se les ha
obligado a tomar esa vía. En ese sentido, tenemos que tener en cuenta la inclusión del derecho a cobrar el cien por cien de la pensión para aquellas personas que con 35 o más años cotizados se han visto excluidos del mercado laboral
involuntariamente. Por otro lado, la Comisión del Pacto de Toledo debe reconocer que es necesario que aquellas personas que han cotizado más de 40 años a la Seguridad Social, cuando lleguen a su edad de jubilación puedan cobrar el cien por cien de
la pensión. Y tendríamos también que prestar atención a la situación de las personas jubiladas anticipadamente mutualistas, a las se les han aplicado unos coeficientes reductores de la pensión abusivos y que por lo menos han cotizado 35 años,
personas que se vieron abocadas en las reconvenciones industriales a ir al paro. Todos estos colectivos necesitan respuestas concretas, no simplemente un estudio. Estos y otros elementos, como el tema de las pensiones de viudedad justas y la
garantía de la suficiencia unida a la carta social y a los sistemas... Termino, porque voy mal de tiempo.


La señora PRESIDENTA: Señoría, debería ir usted terminando.


El señor RUIZ DE PINEDO UNDIANO: Gracias por la paciencia.


... los sistemas complementarios de pensiones, no creo que tengan que tener aquí cabida, dentro de una reforma de la Ley de Seguridad Social. Los sistemas complementarios son políticas individuales o colectivas de convenio y hay bastante
consenso en cuanto a que no puede ser uno de los elementos fundamentales estratégicos para dar respuesta a los problemas de las coberturas. Y, por último, hay que tener en cuenta a todos los colectivos que estamos dejando fuera de las coberturas.
Me refiero a las personas con discapacidad, a todos aquellos colectivos que están siendo excluidos de las coberturas y que necesitan una respuesta urgente.


A mi entender, estas son cuestiones a las que podemos dar respuesta desde el Pacto de Toledo y les propongo que en los próximos hitos que podamos ir recorriendo las tengamos en cuenta. Muchas gracias y no renuncio a que nos pongamos de
acuerdo para incorporar esto en la Ley de la Seguridad Social.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señoría.


A continuación, tiene la palabra Íñigo Barandiaran, del Partido Nacionalista Vasco.


El señor BARANDIARAN BENITO: Muchas gracias, señora presidenta.


Me sucede como a una persona que me ha precedido en el uso de la palabra, que lo primero que me viene a la cabeza cuando llega el día de hoy, en el que vamos a dar confirmación al texto del Pacto de Toledo, es satisfacción, satisfacción
sobre todo para quienes llevábamos ya tiempo trabajando largamente en este tema, con muchas horas, mucho esfuerzo y muchos flecos dejados en la gatera, por decirlo de alguna manera. Y a la vez me viene el agradecimiento y la memoria de todos los
que han tomado parte en esta Comisión y en la que la ha precedido, cuyo texto ha servido de base para el que hemos redactado hoy. No me quiero olvidar, por tanto, ni de Carles ni de Sergio ni de Ignasi ni de Gerardo y José María Barrios, y en
especial de alguien a quien me alegro inmensamente de verla hoy otra vez con nosotros, de Aina, que estuvo con nosotros antes y hoy la vemos otra vez por fin. (Aplausos). También me quiero acordar de los dos directores generales de Ordenación de
la Seguridad Social que han estado con nosotros, de Borja, de Alberto, y de todos los portavoces que hemos coincidido. Voy a poner un énfasis especial en Jordi y en Mercè, que junto conmigo, somos los tres supervivientes de la anterior Comisión,
con Aina ahora otra vez también, y que creo que merece la pena que sea citado. Como digo, son esas las sensaciones que me vienen en un día como hoy, en el que se supone que vamos a dar rienda suelta a que por lo menos la sociedad tenga conocimiento
de que es posible llegar a un acuerdo en el Parlamento, y lo es porque es conveniente recordar que el pacto como tal nace con un propósito determinado, que es el de implementar reformas que garanticen la viabilidad de un sistema de pensiones público
-reitero público-, pero sobre todo otro, que es el de dar confianza a los destinatarios del sistema, tanto pensionistas como trabajadores que en su día esperan tener la misma correspondencia que hoy tienen los actuales pensionistas.


También quiero destacar que el Pacto de Toledo ha vuelto a reafirmar lo que yo entiendo que son caracteres principales del sistema. Habla de un sistema público y de reparto, un sistema basado en la solidaridad intergeneracional, pero
también algo que no se ha destacado suficientemente y que es conveniente citar es que es un sistema en permanente reforma, de tal manera que ese también debe ser

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un carácter del sistema de pensiones públicas, que debe tener la capacidad de autoenmendarse para ser capaz de dar respuesta a los nuevos requerimientos sociales, económicos y del propio sistema. Quiero destacar también que en esta ocasión
ha sido posible obtener un consenso amplio, que ha estado lleno de cesiones pero también de coincidencias, que ha tenido un debate intenso pero también ha tenido capacidad de llegar a encuentros, y en el que sobre todo ha habido elementos
principales que han servido para construir los ejes vertebradores de este acuerdo, que son fundamentalmente la separación de fuentes, yo diría que es dar al César lo que es del César, y el sistema de pensiones es aquello que le corresponde con sus
caracteres. Es decir, vamos a dirigir al sistema sus prestaciones propias y en el ámbito de solidaridad y vamos a dirigir aquello que se llama gastos impropios hacia otros ámbitos presupuestarios.


También hay que hablar de la garantía de la suficiencia o de la sostenibilidad del sistema con un debate sobre cuya falsedad quiero llamar la atención, y es que se ha pretendido en algún momento contraponer la actualización de los sistemas
con la propia sostenibilidad, lo cual nunca debe ser óbice para garantizar a los pensionistas la existencia de unas cuantías dignas, y sobre todo al final una de las principales novedades del pacto ha sido la de intentar dirigirse a proyectar
soluciones a iniquidades que se han ido advirtiendo como consecuencia del paso del tiempo, como consecuencia de la advertencia de nuevos fenómenos sociales o de la advertencia de anteriores errores en el diseño del Sistema de Seguridad Social. Por
ejemplo, el año 2011 el debate giró en torno a la edad de jubilación, y hoy aún sigue en parte, pero esta vez sobre todo ha girado en torno a otras condiciones como la condición de la prejubilación o la aproximación de la edad real de jubilación a
la edad formal prevista en la ley. Pero también hemos hablado de mujeres y acceso a la pensión, de medidas que se dirigían a corregir la brecha de género también en materia de pensiones.


Creo que es especialmente importante la referencia que se hace de forma específica al ámbito de la juventud, no tanto solo porque se contempla que sus carreras de cotización se van a ver mediatizadas por una situación laboral de modalidades
que son precarias y que no les permiten acceder en condiciones de garantías o de dignidad en el momento en que vayan a poder acceder a la edad de jubilación, sino sobre todo en otra cuestión en la que hemos redundado todos y que es importante
destacar, la confianza. Yo creo que posiblemente es el mayor reto del Pacto de Toledo, infundir confianza a los jóvenes, infundirles la idea, primero, de que este no es un sistema de capitalización, pero sobre todo que no es un sistema en el que se
pretende dejar abandonados a quienes hoy participan del sistema porque los que hoy perciben las pensiones van a ser beneficiados por algunas mejoras. Eso no es así. Ese discurso hace falta corregirlo y acentuarlo para que a los jóvenes les podamos
convencer de que este es también su futuro.


Hemos hablado de discapacidad y condiciones de acceso anticipado de diversos colectivos con capacidades diferenciadas; hemos hablado de trabajadores migrantes; hemos hablado de ese discurso también falso que se hace en torno a la
inexistencia de aportación por parte de colectivos que son en todo caso menos favorecidos que los menos favorecidos que tenemos presentes en nuestra sociedad, a los que no se les puede no ya olvidar, sino que hay que hacerlos participar en
condiciones de igualdad como el resto de participantes en el Sistema de Seguridad Social, y hemos hablado de nuevas formas de economía y trabajo, de la participación de la economía digitalizada en el sistema, de diferentes formas y fórmulas de
participación en el sistema, de cotización para las que desde luego no tenemos una solución, pero sí pretendemos que se adecuen las formas de actividad económica nuevas que se vayan a producir a su participación en el sistema de una forma equitativa
o igualitaria a la del resto de trabajadores.


Hemos hablado de dos cuestiones que voy a referir porque han sido respecto a las que mi grupo ha hecho especial incidencia. Una, los sistemas complementarios. No voy a rehuir el debate. Hay quien ha considerado ya que ese es un debate
superfluo, ajeno al Sistema de Seguridad Social, sin embargo me gustaría decir que no se puede rehuir este debate. Quien rehúye este debate rehúye la realidad. No se trata de incidir en la suficiencia versus sistema complementario, sino en la
mejora a partir del ahorro incentivado. Esa es una realidad que está presente no ya en nuestro entorno europeo, sino también en nuestro ámbito. Quien niegue la participación de los sistemas complementarios en la esperanza de obtener unos ingresos
suficientes el día de mañana para poder sobrevivir en una situación de retiro está rehuyendo la realidad.


Finalmente, quisiera hablar de una cuestión para nosotros importante, que es la recomendación número 8, la gestión del sistema. Aquí, frente a una visión -yo diría que bastante extendida- que ha existido en el ámbito de la doctrina, en el
ámbito de la Seguridad Social y de la gestión del régimen económico del sistema, creo que hace falta dar paso a una visión no tan centralizadora como ha existido

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hasta ahora, entender que el carácter unitario del que se ha predicado hasta ahora se refiere al Sistema de Seguridad Social y no a la gestión del régimen económico del sistema de pensiones, y sobre todo hay que entender que la visión
integradora y solidaria que se predica del Sistema de Seguridad Social y del sistema de pensiones no es ajena al resto del bloque de constitucionalidad y no es ajena por tanto ni a los estatutos de autonomía ni a la propia Constitución y, en el caso
de Euskadi, ni a la disposición transitoria quinta del Estatuto de Autonomía del País Vasco ni al artículo 18.2 del Estatuto de Autonomía del País Vasco, que permiten la transferencia del régimen económico de la Seguridad Social. Entiendo que,
frente a determinada reacción que existía en el año 2011, se han dado algunos pasos conducentes a no ser un obstáculo en la materialización de esas trasferencias para las que ya sabemos que existe hoy día un acuerdo entre el Gobierno vasco y el
actual Gobierno del Estado para avanzar ya en un diálogo constructivo respecto de la posibilidad de hacer efectiva esa trasferencia. Pero es que además creo que la redacción actual de la recomendación número 8 pretende aportar un granito más de
arena o, mejor dicho, evitar quizá alguna piedra en el camino que antes existía en la interpretación que se hacía de su texto para hacer efectivo ese modelo constitucional al fin y al cabo de pluralidad en la gestión.


Con esto voy a terminar la propia reflexión sobre el contenido de las recomendaciones, no sin antes recordar que el objeto, el único objeto del Pacto de Toledo, ha sido desde su inicio garantizar la viabilidad del sistema. Lo he dicho en
primer lugar pero lo repito en último lugar. Cualquier otra transformación del sistema que sea conducente a su quiebra, a su inviabilidad financiera, podrá estar caracterizada de buenas intenciones, pero empedrar de buenas intenciones un camino que
lleva al abismo no es acertado. Lo que es acertado es construir entre todos puentes que lleven primero a la viabilidad del sistema, segundo a la suficiencia de las pensiones y tercero a la garantía de la dignidad de los pensionistas en el momento
del retiro.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señoría.


A continuación, le paso la palabra a don Pablo Cambronero, del Grupo Ciudadanos.


El señor CAMBRONERO PIQUERAS: Muchas gracias, presidenta.


Buenos días, señorías. Antes de empezar, quisiera dirigirme a todos los españoles que están sufriendo esta terrible situación de rebrote de pandemia para transmitirles toda nuestra fuerza y acompañar en el sentimiento a los cientos de
familias que han perdido a un ser querido en las peores condiciones; no están solos.


Señorías, espero que el espíritu de consenso de esta Comisión se traslade al hemiciclo para combatir nuestro enemigo, nuestro terrible enemigo, que es el virus, aunque ya hemos visto que hay un primer grupo que se autoexcluye del consenso,
lo cual tampoco me sorprende, es Bildu. Espero que ningún grupo más le acompañe. Hoy es un día importante, los trabajos de muchos diputados aquí, presentes y no presentes, con horas y horas de debate, análisis y propuestas, se plasman por fin en
un documento que espero y deseo sea firmado por los aquí presentes. Yo soy el más nuevo de esta Comisión, el más novato, pero estoy orgulloso de formar parte de ella. Nosotros sí lo vamos a suscribir, lo vamos a votar a favor. Hablamos de
justicia social, de suficiencia económica, de solidaridad intergeneracional; hablamos de pensiones. El futuro de todos los pensionistas y el nuestro propio está en juego; por eso sabemos que si hacemos las cosas bien -y quiero transmitir esto a
todos los pensionistas-, las pensiones están garantizadas en cuantía, en tiempo y en las futuras generaciones, pero hay que ponerse a trabajar en profundidad, y esta Comisión nació, creció y ahora está trabajando para ello.


Antes de empezar a analizar las recomendaciones, personalmente me gustaría rendir homenaje a todos aquellos diputados que con su trabajo contribuyeron a la creación de este texto; especialmente me gustaría mencionar a los de mi grupo
parlamentario: a María Muñoz y a Sergio del Campo, diputados de Ciudadanos. También quiero dar las gracias a todos y cada uno de los portavoces aquí presentes y a los miembros de la Mesa, con la presidenta a la cabeza, cuya cintura dialéctica y
talante nos ha servido mucho y ha llevado a efectivo cumplimiento este documento. Así que muchísimas gracias, presidenta. Tengo que decir también que he aprendido muchísimo de todos los portavoces, y no puedo olvidar tampoco al letrado, que ha
hecho un trabajo durísimo y titánico -sigue trabajando, de hecho-, a la altura de las expectativas de esta Comisión. También deseo dar las gracias a Borja, a Alberto y a todos los agentes sociales que nos han aportado su saber.


Pues bien, como decía, después de cinco años de trabajo interrumpidos por las sucesivas convocatorias electorales, por fin, esta Comisión ha podido dar a luz a unas nuevas recomendaciones que

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sirven de base para la próxima reforma de nuestro Sistema de Seguridad Social; unas reformas que en esta ocasión resultan, si cabe, más necesarias después de que España haya atravesado en menos de diez años dos terribles crisis; en medio
de una nos encontramos ahora mismo. Entrando ya en materia, el objetivo de mi grupo parlamentario ha sido hacer un análisis de la situación y, al mismo tiempo, adecuar la situación que tenemos ahora mismo a nuestro sistema. Somos conscientes de
que las líneas que señalan estas recomendaciones a muchos les resultan insuficientes, a otros excesivas -está claro, nunca llueve a gusto de todos-, pero creo que hemos hecho un buen trabajo de consenso. El trabajo de la Comisión, aunque no tenga
capacidad legislativa, pone en valor el auténtico objetivo con el que se ideó; el consenso tiene muchas veces más fuerza que una proposición o que una iniciativa legislativa. Pues bien, este espíritu de consenso y afán constructivo son los que han
inspirado la labor de mi partido y la mía propia. Por cierto, señorías, espero que seamos capaces de alcanzar este consenso, aunque ya parece que hay algún grupo que se autoexcluye.


A continuación, me gustaría esgrimir los principales hitos. Antes conviene aclarar que el contexto en que se formulan estas recomendaciones son dos grandes retos a los que se enfrenta nuestro Sistema de la Seguridad Social. El primero, a
corto plazo, pasa por conseguir un reequilibrio financiero del sistema, conseguir cerrar el déficit, que, descontando el gasto extraordinario de la COVID-19, asciende a unos 16 000 millones anuales. Conseguir este objetivo es fundamental, en primer
lugar, para conseguir una imagen fidedigna de la situación que tenemos. Debemos conocer cuál es el agujero real de nuestro sistema. En cuanto al reto a corto plazo, conseguir el equilibrio financiero del sistema, cobra especial importancia como
principio general y, de hecho, inunda todo el texto de la votación el principio de separación de fuentes de financiación. El planteamiento detrás del mismo es muy simple: las prestaciones contributivas han de financiarse siempre con cotizaciones y
las no contributivas con cargo a ingresos generales del Estado. Esto es algo que no ha venido sucediendo en nuestro sistema y que tenemos que recuperar. Por eso, las recomendaciones que hoy sometemos a votación hacen especial hincapié en la
necesidad de culminar este proceso de separación, marcando como objetivo conseguirlo para el año 2023. Esto implicará que gastos impropios, como incentivos al empleo, etcétera, dejarán de ser financiados por cotizaciones y pasarán a ser financiados
con cargo a presupuestos generales. Otro principio plasmado nítidamente en el contenido total de las recomendaciones hace alusión a la contributividad, que hace referencia a la necesaria existencia de una relación estable e idealmente proporcional
entre lo cotizado y lo percibido por cada trabajador. Cierto es que existen mecanismos que modulan este principio para garantizar la función redistributiva del sistema, por ejemplo, estableciendo cuantías mínimas y máximas, pero deben aplicarse con
prudencia para no romper la contributividad esencial porque, al fin y al cabo, si un trabajador percibe una cantidad que no guarda relación con lo que aporta puede plantearse precisamente si aportar. Sin embargo, no podemos negar que entre las
recomendaciones nos preocupa que se haya puesto en cuarentena este principio de contributividad, abriendo la puerta a que parte de las prestaciones contributivas puedan ser financiadas con cargo a la imposición general; una posibilidad que, si se
interpreta más allá del sentido estricto de que esta imposición general financie los elementos no contributivos que puedan tener las prestaciones sociales, puede iniciar una senda que menoscabe quizá de manera irremediable la contributividad del
sistema; algo que entendemos se debería evitar en lo máximo posible. Sobre esta cuestión estamos planteando presentar el primero de nuestros votos particulares, simplemente con el ánimo de aclarar ese extremo en una línea que entendemos está en
coherencia con los principios del Pacto de Toledo.


El segundo reto al que se enfrenta nuestro sistema de pensiones y que inspira estas recomendaciones es un reto a largo plazo: la sostenibilidad de las pensiones, pero antes hay que mencionar un principio que también debe ponderarse a la
hora de valorar las medidas con las que pueden adoptarse, el principio de suficiencia. En efecto, la Constitución mandata que las pensiones deben ser suficientes y adecuadas para mantener su poder adquisitivo. Es importante no perder de vista este
principio porque el sistema de pensiones ha de ser sostenible, sí, pero no a cualquier precio; no a costa de ignorar por completo el concepto de suficiencia. La Comisión ha tenido esto muy presente y, fruto de esta concienciación, ha puesto fin a
una polémica que venía arrastrando desde la reforma de 2013. En concreto la relativa al índice de revalorización de las pensiones, conocido popularmente como el IRP, que sustituía a la antigua actualización en base al IPC. Pues bien, el IRP no
cumplía las expectativas desde el punto de vista de suficiencia porque, aunque este índice garantizaba las revalorizaciones aun cuando el IPC era negativo, no lo hacía así cuando era positivo, y esto a largo plazo podía tener muchas consecuencias y
muy serias para el poder adquisitivo de los pensionistas. Por tanto, la Comisión ha optado por una solución muy clara:

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recuperar el IPC como el mecanismo de revalorización. Este es un gran logro de los trabajos de esta Comisión. Queda por ver cómo esta actualización en base al IPC real se aplica. Pero este logro conlleva también una gran responsabilidad.
La Comisión ha sido consciente de la necesidad de adoptar medidas adicionales para reforzar la sostenibilidad y, en consecuencia, en sus recomendaciones plantea una serie de medidas con la finalidad de apuntalarla. La primera medida para apuntalar
la sostenibilidad persigue un objetivo muy claro: aproximar la edad real a la edad legal de jubilación. Así, antes de volver a abordar el debate sobre la edad de jubilación, parece razonable conseguir que la edad que la ley establece sea realmente
la que los trabajadores tengan como referencia para jubilarse, porque hoy eso no sucede con la considerable prevalencia que tiene la jubilación anticipada. Esto es algo que nos planteamos corregir, tanto revisando estas condiciones para anticipar
la jubilación como sobre todo potenciando los incentivos para el retraso voluntario de la jubilación. Desde Ciudadanos, aun cuando estamos de acuerdo con estas medidas, echamos en falta algunas otras como, por ejemplo, puede ser -igual de
importante- el fomento de la jubilación activa, esto es, el acceso a la pensión de jubilación de manera compatible con el trabajo por cuenta propia o ajena, sin condicionalidad y sin penalizaciones. Este es el sentido que tiene nuestro segundo de
los posibles votos particulares que presentaremos a futuro.


Otra medida para garantizar la sostenibilidad se refiere al cómputo de los años de cotización para el cálculo de la pensión. La Comisión ha valorado la necesidad de seguir ampliando el número de años que se computan a la hora de calcular la
cuantía de la pensión. Son varias las razones que han llevado a la Comisión a tomar esta decisión. La primera es estructural, las carreras laborales no son tan estables como las de antes y van a serlo mucho menos. Fiar la cuantía de la pensión a
los años inmediatamente anteriores a la jubilación ahora supone echar una moneda al aire y nunca va a salir lo que queremos. Así lo demuestra la segunda razón que, aunque coyuntural, responde a este mismo cambio profundo. Son muchos los
trabajadores que a día de hoy tienen más de 50 años y se encuentran en situación de desempleo, más de la mitad de larga duración. No es justo que estas personas -algunas de las cuales han estado trabajando durante décadas antes de perderlo todo- se
vean ahora abocadas a una pensión mínima solo porque la última etapa de su cotización se ha hundido por los suelos. Un sistema justo debería reconocer de manera más equitativa la contribución del trabajador a lo largo de toda su vida laboral.


La última medida que quería destacar en esta exposición es la necesidad de fomentar otras vías de ahorro a largo plazo para la jubilación, siempre complementarias, nunca alternativas ni excluyentes con las pensiones del sistema público. En
este sentido la Comisión ha decidido que hay que fomentar el segundo y el tercer pilar en el sistema de pensiones. En particular respecto al tercero, relativo al fomento del sistema de ahorro individual, la Comisión, atendiendo a los resultados de
las evaluaciones llevadas a cabo por la AIReF, ha apostado por potenciar los incentivos a los planes de ahorro de empresa. Aquí también, no obstante, echamos en falta que la Comisión no haya sido un poco más ambiciosa a la hora de fomentar este
tercer pilar, cuyo potencial para canalizar el ahorro complementario se ha demostrado muy potente en otros países de nuestro entorno. En este sentido, Ciudadanos va a apostar por aprovechar estas recomendaciones para sentar las bases de un
verdadero sistema universal de previsión social complementaria, al que todos los trabajadores estuvieran adscritos por defecto, aunque no necesariamente hubiesen de contribuir al mismo, y en el que las aportaciones de empresas y trabajadores se
realicen a la par, con incentivos para las aportaciones voluntarias adicionales hechas por los trabajadores. Estas aportaciones podrían ser rescatadas en circunstancias como desempleo a largo plazo o acumularse de cara a la jubilación. Este
sistema, aplicado desde hace años en Austria y en otros países de la Unión Europea, ha demostrado su capacidad para estimular el ahorro privado, que en España está muy por debajo de la media de la Unión Europea. En esta línea queremos presentar el
último de nuestros votos particulares, que esperamos que finalmente sea valorado por la Comisión.


Señorías, el Grupo Ciudadanos comparte ampliamente el contenido del texto que se propone. Damos de nuevo las gracias a la presidenta, a todos los portavoces, al letrado y a todos los agentes involucrados en la confección de estas
recomendaciones. Gracias por trabajar para el consenso, espero que el primero, aunque no sea total, se consiga, y después se tome ejemplo en el hemiciclo para luchar contra el COVID-19.


Muchas gracias, presidenta.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, don Pablo Cambronero.


El Grupo Plural nos ha planteado repartirse el tiempo entre don Néstor Rego y don Genís Boadella, así que tiene la palabra, en primer lugar, Néstor Rego.

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El señor REGO CANDAMIL: Grazas, señora presidenta.


Intervengo brevemente para exponer la posición del BNG en relación con unas recomendaciones que no compartimos en buena medida. Valoramos positivamente la apuesta que se hace por el reforzamiento de un sistema público de pensiones, pero
entendemos que esto debe implicar también la existencia de pensiones justas en cuanto a su acceso y dignas en cuanto a su cuantía. Y creemos que muchas de las recomendaciones van precisamente en sentido contrario. Por eso, la posición de partida
del BNG es que deberían haberse derogado las reformas del sistema de pensiones de 2011 y 2013, porque recordemos que la de 2011 supuso aumentar hasta 25 años el cómputo de la base reguladora, aumentó los años para cobrar la pensión completa, y la
edad de jubilación se fijó en los 67 años, entre otras medidas. Con la reforma de 2013 se estableció que las pensiones ya no iban a subir conforme al IPC y así, durante años, los pensionistas han visto cómo se reducía su capacidad adquisitiva. Que
ahora vuelva a establecerse la actualización conforme al IPC entendemos que no va a compensar la pérdida de poder adquisitivo que se ha producido durante esos años.


Para revertir el recorte de derechos deben derogarse complementariamente, a nuestro juicio, las reformas laborales para acabar con la precarización y para poder adoptar medidas tendentes a mejorar el nivel salarial y la estabilidad laboral,
lo que, por otro lado, repercutiría positivamente en la recaudación de la Seguridad Social y, por tanto, también en la sostenibilidad del sistema público. Asimismo, en esa apuesta por el sistema público entendemos que es necesario eliminar las
desgravaciones fiscales a los planes privados de pensiones. Somos contrarios a la implantación de sistemas complementarios, dado que las fuentes de financiación parten de los mismos sitios, si es de los trabajadores muy probablemente verían
disminuidos sus salarios, pero también parte de los empresarios, e incluso existe la posibilidad de que el Estado participe también en esos sistemas complementarios. Por tanto, creemos que lo lógico es que ese esfuerzo de financiación vaya
precisamente para reforzar el sistema público. Apostamos por volver a la edad de jubilación ordinaria a los 65 años y por la jubilación voluntaria al cumplirse los 35 años de cotización a la Seguridad Social, reales o compensados por la aplicación
de coeficientes reductores en aquellas profesiones que los tengan asignados, sin merma de la pensión. Creemos que para garantizar pensiones dignas y -quiero recordar que nuestro país, que Galiza tiene las pensiones más bajas del Estado español- es
necesario subir las pensiones mínimas hasta equipararlas con el salario mínimo interprofesional, de forma que progresivamente, tanto el salario mínimo interprofesional como las pensiones, se sitúen en el 60 % del salario medio.


A partir de ahí, sí estamos de acuerdo con la revalorización de las pensiones como mínimo con la evolución del IPC. Creemos que el cálculo de la base reguladora de cotización debe establecerse por un periodo de 10 años elegido por la
persona beneficiaria, para evitar la penalización por situaciones que se pueden dar a una edad tardía, o el establecimiento de coeficientes reductores de la edad de jubilación en determinadas profesiones, o revisar y mejorar algunas de las
existentes. Quiero recordar que el BNG presentó diversas iniciativas para que se aplicasen estos coeficientes reductores a colectivos específicos como los mariscadores o las mariscadoras, una profesión con elevada penosidad, o la minería a cielo
abierto, que tiene presencia importante en Galiza precisamente por el impacto de enfermedades como la silicosis.


Por último, para poder articular un verdadero sistema público el BNG considera necesario el traspaso a Galiza de las competencias en la gestión del régimen de la Seguridad Social, tal y como está previsto en nuestro estatuto de autonomía,
así como todas las competencias legales y normativas necesarias para que sea en Galiza donde se realice el pago de los impuestos y cotizaciones sociales de los centros de trabajo realizados en su territorio. Por tanto, no concordamos con esa
recomendación de crear una agencia de la Seguridad Social, ya que creemos que la línea debe ser precisamente la contraria, que sea transferida a las comunidades autónomas, por lo menos a aquellas que lo tengan previsto en sus estatutos.


En definitiva, y con esto termino, apostamos por un sistema público que sea sostenible, pero creemos que también esto debe ser compatible con pensiones justas y dignas y, por lo tanto, haremos propuestas en ese sentido.


Obrigado.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.


A continuación, tiene la palabra por el mismo grupo don Genís Boadella.

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El señor BOADELLA ESTEVE: Muchas gracias, presidenta.


Buenos días. En primer lugar, quiero hacer una previa, como el resto de compañeros, y es de agradecimiento a la presidenta de la Comisión por la manera de gestionar los debates y su amabilidad, al resto de portavoces por el trato cordial
que también -como apunta Pablo- para los diputados novatos siempre es de agradecer, a los comparecientes que nos han ayudado a articular estas recomendaciones y, por supuesto, también al letrado y al equipo de la casa por toda la ayuda que nos han
prestado para llegar a este punto. Agradecimientos a todas estas personas que han contribuido a que lleguemos a este punto, pero también a los anteriores y, en mi caso, me permitirán que haga una especial referencia al compañero Carles Campuzano, a
quien ha sido un honor sustituir en esta Comisión, persona con mérito y prestigio más que reconocidos en materia de pensiones, discapacidad, etcétera.


En este punto, antes de entrar en materia, quisiera hacer una pequeña reivindicación de la forma de hacer política. El trabajo en esta Mesa y portavoces ha sido con respeto, con diferencias ideológicas profundas, pero reconociendo al otro y
afrontando los temas desde la diferencia ideológica y entendiendo la política, en definitiva, como motor de cambio, pero también como motor del pacto. Creo que es importante hacer esta reivindicación porque esta Comisión pone de relieve que esto es
posible, y que el pacto -en beneficio de aquellas personas a las que representamos, porque nos han votado, pero también de aquellas a las que también representamos, aunque no nos hayan votado- al final no deja de ser una oportunidad de futuro y una
oportunidad de hacer la política con otras premisas distintas a las que muchas veces estamos acostumbrados a ver. Déjenme también que les haga un pequeño punto histórico. Este denominado Pacto de Toledo algunos recordarán -o si no, lo podrán
buscar- que nació en el año 1995 de una proposición no de ley de Convergència i Unió, en su momento, y de separar el debate de esta cuestión del marco de los presupuestos y, por tanto, de buscar diferentes fórmulas de hacer política que nos llevan
hoy a este gran instrumento de consenso y de acuerdo. Creo que es importante también ponerlo en valor. Ahora más que nunca, en tiempos de pandemia, en tiempos en que conocemos a tanta y tanta gente que lo ha pasado mal o que ha perdido incluso a
un ser querido, creo que reivindicar este tipo de política en mayúsculas es más necesario que nunca. Entiendo que el Pacto de Toledo tiene una doble base en este sentido: por un lado, llegar a acuerdos amplios, a acuerdos políticos con el visto
bueno de los agentes sociales, pero llegar a acuerdos políticos amplios, y, por otro -y creo que esta es también la base de las posiciones que hay que tomar a la hora de emitir el voto-, no limitar los acuerdos de hoy a las pensiones del futuro y,
por tanto, permitir incorporar la visión intergeneracional para garantizar las pensiones en el día de mañana.


Hecha esta previa reflexión y, entrando en materia, se dirá, y ya lo he podido escuchar en alguna tertulia, en algún artículo periodístico, que esto es un pacto de mínimos. Yo pondría el acento en que esto es un acuerdo, más allá de los
mínimos este es un acuerdo importante que nos va a dar lugar a un sistema eficiente, nos va a permitir liberar la Seguridad Social de los gastos impropios, que los incentivos al empleo salgan de políticas públicas y no de las cotizaciones, reforzar
la plantilla de la Seguridad Social, que las pensiones se vean revalorizadas de acuerdo con el IPC, fijar reglas más justas para el cálculo de las pensiones, como puede ser corregir desigualdades eliminando vacíos de cotización, como puede ser
aumentar el periodo de cotización, pero permitiendo elegir a las personas el mejor tramo de su vida laboral, o apostar por la integración de los diferentes regímenes. Creo que esto nos va a dar un sistema mucho mejor, un sistema que mantiene la
apuesta por el sistema de reparto, y que se compromete también a luchar contra el fraude. Un escenario de futuro que, en definitiva, tendría que dar -o esto es lo que desde mi perspectiva buscamos- un mensaje de confianza que permita tomar las
decisiones en materia de pensiones y de acceso a la jubilación con información, y no con incertidumbre, como muchas veces ha sucedido en las personas que acceden a la jubilación. Por tanto, tenemos que apostar por esta información en la toma de
decisiones y no en ir generando incertidumbre, dudas y cuestiones sobre si va a haber pensiones o no va a haber pensiones.


Desde mi punto de vista, es importante también el reconocimiento que se hace al sistema de competencias; aparece en la Constitución y en los estatutos de autonomía literalmente. Los estatutos de autonomía son leyes orgánicas, son pactos
entre el Estado y las comunidades autónomas. En mi caso, el Estatuto de Autonomía de Cataluña contiene provisiones en materia de Seguridad Social que, desarrolladas, podrían hacer posible este modelo no centralizado, plenamente coordinado en lo que
se apuntaba antes: que el sistema tiene que ser único, pero no tiene que ser única la gestión. Asimismo es importante la cuestión relativa a los préstamos pendientes, importes pendientes entre el Estado, la Seguridad Social, las comunidades
autónomas, las competencias transferidas. Quiero reiterar lo que ya

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se hizo en 2011, que hay que reincorporar de nuevo nuestras recomendaciones, como la recomendación que se hizo en 2011 para solucionar los problemas derivados del traspaso de competencias, de los edificios que están pendientes de traspaso de
titularidad a los entes gestores. Desde mi punto de vista, también es un granito que se mantengan estas recomendaciones.


En estas recomendaciones también quería hacer hincapié en la novedad de incorporar una recomendación en materia de discapacidad y de todas las nuevas formas de trabajo. Sin duda todavía es pronto para nuestras recomendaciones, pero es
evidente que estas nuevas formas de trabajo o las políticas de discapacidad recientemente incorporadas tendrán que inspirar las futuras revisiones y actividades de esta Comisión.


Creo sinceramente que muchas cosas pueden quedar pendientes. Si entramos en detalle, va a ser más complicado el consenso, pero, aunque quedan muchas cosas pendientes, esta Comisión continúa. Por tanto, esta Comisión deberá estar atenta a
alguna noticia de hoy, a los presupuestos, y si cumplen esas reglas de separación de fuentes, a la evolución que va a tener todo el tema de los autónomos y la concreción de cómo satisfacer aquella demanda de contribuir, en función de los ingresos
reales, al diseño de los planes complementarios de pensiones, y a buscar la mejor forma para que estos sistemas alternativos incentiven al ahorro y, por tanto, tal y como apuntan las recomendaciones, sobre la base de la negociación colectiva, pero
también tendrá que buscar formas para que el acceso a estos sistemas complementarios sobre la base de la negociación colectiva sean accesibles no solo a grandes empresas y organizaciones colectivas muy potentes, sino también a las pequeñas y
medianas empresas.


Finalmente, no querría acabar mi intervención sin hacer una pequeña referencia a lo que ya les decía, que estaremos atentos, propositivos, responsables, que nos van a encontrar en esta manera de hacer política en el sistema de pensiones y en
otras muchas cuestiones, pero quisiera que nadie confundiera que esto no supone ningún desistimiento de las reivindicaciones políticas o nacionales que nos traen aquí. Es evidente que yo tengo la obligación de recordar, para que conste en esta
Comisión, la existencia de compañeros presos políticos, de un presidente inhabilitado y de la apertura de un proceso electoral en Cataluña, de sentencias tan dispares como la que se ha producido entre el Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional por
unos mismos hechos. Por tanto, les pido que el árbol del Pacto de Toledo no les tape en ningún momento el bosque de la realidad política que vivimos. Así pues, vuelvo al origen y les pido volver a este escenario y que, si esto es una prueba
piloto, se extienda a muchos más campos de trabajo con profundas diferencias ideológicas, pero con reconocimiento al otro y haciendo de la política un instrumento de pacto, acuerdo y avance.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.


Hay un par de portavoces que se han pasado un poco en el tiempo, así que lo tendré en cuenta no para penalizarles, pero sí de cara al resto. Ojo, hubo alguien que dijo que tuviese en cuenta los minutos que sobraron de la anterior sesión.
(Risas). Confieso que no me he traído el listado.


Continuamos con la Comisión. A continuación, por Esquerra Republicana de Cataluña, tiene la palabra Jordi Salvador.


El señor SALVADOR I DUCH: Bon dia tothom.


Me reservo los agradecimientos generales para el turno de réplica al final. Sí quiero decir que evidentemente uno viene a la política no para hacer amigos, pero en el Pacto de Toledo me llevo unos cuantos amigos o bastantes amigos. Espero
que lo sigan siendo después del discurso y después de la votación. Sobre todo, quiero dar un abrazo muy fuerte a Aina, ya que el hecho de que esté hoy entre nosotros para mí es quizá la mejor satisfacción del día.


Desde Esquerra Republicana de Cataluña no podemos votar afirmativamente al conjunto de las recomendaciones del Pacto de Toledo que tenemos sobre la mesa. Nosotros hemos colaborado con aportaciones que entendíamos que fortalecían la defensa
de la Seguridad Social, un sistema fundamentado en el régimen de reparto, y en función de los resultados finales nos vemos obligados a votar abstención a las recomendaciones globales del Pacto de Toledo, a pesar de que Esquerra Republicana ha votado
no en otras ediciones a las recomendaciones del propio Pacto de Toledo, Comisión con la que siempre se ha mostrado muy crítica, y lo continúa siendo, y vamos a intentar explicar el porqué de esta crítica. Una previa; nuestro voto, como decía, será
de abstención por dos razones, y es que el texto que hoy se presenta es distinto al presentado en febrero de 2019. Aquel lo vetamos por muchas razones, mientras que el presente, el de hoy, incorpora muchos puntos esenciales, pero el resultado
también abre las

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puertas a continuar debilitando el régimen de reparto, que, junto a las declaraciones de algunos miembros del Gobierno, nos inquietan. En segundo lugar, nos abstendremos porque presentaremos votos particulares que pensamos que son
necesarios para el debate.


Para una Comisión que tiene como objetivo principal la llamada sostenibilidad del sistema de pensiones, hay que partir de la realidad. Según el Banco de España, la deuda de la Seguridad Social frente al Estado supera los 72 000 millones de
euros. ¿Y cómo se ha llegado a aquí? De una manera simple y llana: porque se ha legitimado y perpetuado lo que consideramos un engaño a los cotizantes y a los pensionistas, es decir, a la clase trabajadora. Para explicarlo nos referiremos a la
recomendación número uno de las presentadas, seguramente la más importante o por lo menos aquella que determina el sentido de todas las siguientes, la que trata de la financiación de la Seguridad Social y el equilibrio financiero. En ella se
constata y se acepta pasivamente el saqueo de la Seguridad Social. Se explica que el Estado ha metido mano en los ahorros de más de 18 millones de trabajadores y trabajadoras cotizantes, que hace como si aquí no hubiera pasado nada. Evidentemente,
no van a encontrar a Esquerra Republicana blanqueando este tipo de actuaciones. Dice el texto actual literalmente: desde 1995 -ojo, 1995- la Comisión ha venido defendiendo la necesidad de clarificar la naturaleza de las fuentes de financiación de
la Seguridad Social y, a partir de ella, hacer efectivo el principio de separación de estas. En virtud de dicho principio -dice el texto-, las cotizaciones sociales deben ser destinadas exclusivamente a financiar prestaciones contributivas, sin
perjuicio de aportaciones -aportaciones- que el Estado pueda realizar en su condición de garante del sistema, mientras que la financiación de las prestaciones no contributivas de la Seguridad Social ha de efectuarse exclusivamente a través de
aportaciones del Estado al presupuesto de la Seguridad Social. Es decir, durante 25 años el Pacto de Toledo, en lugar de defender los intereses de más de nueve millones de jubilados que están cobrando según sus aportaciones, y de más de dieciocho
millones de trabajadores que están generando su derecho a su futura pensión, a través de sus cotizaciones, ha ignorado el saqueo perpetrado por el Estado. Ahora, por primera vez después de 25 años, se reconoce de manera contundente esta realidad
que siempre fue nuestro punto de desencuentro más importante, ayer y hoy, con las recomendaciones del Pacto de Toledo.


Y, ¿qué se hace? En lugar de reponer y compensar al Estado indebidamente, se dice que de cara a 2023 se tendrá que ir acabando. Bien, es una noticia importante, por la cual fundamentamos nuestra abstención. Pero el asunto es grave, y no
solo por los miles de millones desviados, sino por el relato que se ha venido creando. Sobre la base del saqueo a la caja de la Seguridad Social se ha construido la mentira de que el sistema de pensiones es insostenible. El mantra de la
insostenibilidad de crisis permanente ha creado una corriente de opinión ampliamente amplificada por los medios de comunicación, con una gran mentira, la insostenibilidad del sistema. Y el mantra ha servido para legitimar durante años recortes en
pensiones y en los derechos de los pensionistas, pero, sobre todo, para crear un pánico que solo ha favorecido al sistema financiero y su negocio de los planes de pensiones privados, con un eslogan que podría ser el siguiente: Si quieres una
pensión, hazte un plan de pensión privado. O incluso para crear la Comisión del Pacto de Toledo sobre la base de una insostenibilidad que no existía: los déficits fabricados, como se ha demostrado en los últimos 25 años.


Para nosotros, la caja de la Seguridad Social es dinero de los trabajadores, ya sean asalariados o autónomos; no es de ningún Gobierno, no es del Estado, es un dinero nuestro, es salario diferido y tiene unas finalidades muy claras y
específicas en la ley: los gastos definidos como contributivos. Los diferentes Gobiernos no cumplieron las recomendaciones del propio Pacto de Toledo, pues en la recomendación número uno del año 1995 ya se instaba al Gobierno -como decía- a
adoptar las medidas necesarias para finalizar la separación de fuentes; y se decía hace 25 años literalmente: en el menor plazo posible. Repito, en el menor plazo posible, quedando claramente delimitados el sistema contributivo y no contributivo.
Ya en 1995 se habla de aportaciones, pero jamás de préstamos. 25 años después los préstamos y el endeudamiento fraudulento de la Seguridad Social continúan; veamos complementos a mínimos, separación de fuentes, Fondo de Reserva de la Seguridad
Social.


Complementos a mínimos. La Ley 24/1997 -repito, la ley- define los complementos a mínimos de pensiones, de manera expresa, como de naturaleza no contributiva, una ley que reiteraba lo que ya había quedado acreditado con anterioridad. Ya en
los Presupuestos Generales del año 1989 -1989- se previó una aportación finalista para los conceptos de complementos a mínimos y deuda sanitaria, y el compromiso de la asunción, por parte del Estado, de la totalidad del coste de la asistencia
sanitaria y de los complementos a mínimos; un compromiso que se prolongó durante 25 años. Fíjense, el propio Tribunal de Cuentas ratifica este análisis cuando, en su informe de agosto de 2020, dice: Esta demora en la

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asunción del Estado de sus compromisos de financiación ha causado un serio perjuicio al sistema, ya que ha tenido que soportar, con cargo principalmente a los cotizantes, un importe estimado de, al menos, 103 000 millones de euros -eso en
complementos a mínimos solo y en deuda sanitaria-, siendo en parte responsable de la situación de endeudamiento que ha afectado y afecta notablemente a la Seguridad Social. Es incomprensible que esto no se cumpla, es ley. Amigos míos, republicanos
independentistas, por mucho menos que esto están en la cárcel, chupando cárcel, durante muchísimos años.


Separación de fuentes. Esquerra Republicana presentó al Pacto de Toledo -no hace tanto- un documento en el que cuantificaba, por valor de unos 23 000 millones de euros anuales, los gastos impropios que la Seguridad Social estaba pagando con
salario diferido o cotizaciones; en un año solo 23 000 millones. Esquerra Republicana de Catalunya denunciaba que la caja de la Seguridad Social estaba pagando partidas presupuestarias de gastos no contributivos que jamás debían de haberse pagado.
El actual ministro ha presentado un informe con importe similar tres años después. La conclusión que se deduce es que, descontando estos gastos impropios, no se podría hablar actualmente del déficit de la Seguridad Social. Dicho de otra manera, si
se pagan gastos impropios por valor de 23 000 millones de euros, y el déficit que se atribuye a la Seguridad Social estructural es de unos 17 000 millones, resulta que incluso en la peor de las crisis económicas, ¡la Seguridad Social continuaba
teniendo superávit!


A los 103 000 millones cuantificados por el Tribunal de Cuentas, ¿cuánto dinero más hemos de sumar? ¿A cuánto asciende el dinero saqueado a la caja de la Seguridad Social? Según la comparecencia del secretario general de Comisiones Obreras
en la Comisión del 28 de noviembre de 2016, las cotizaciones han servido en el pasado para suplir la insuficiencia impositiva y sostener la sanidad y otras políticas públicas, por vía de la transferencia -en este caso sí- al Estado de los superávits
de la Seguridad Social, que durante décadas no se destinaron a dotar el Fondo de Reserva. Si esta utilización indebida se hubiera acumulado, hoy se dispondría de un Fondo de Reserva de 519 104 millones de euros, y no habría problemas para financiar
el aumento de gastos en pensiones.


Por ello, desde Esquerra Republicana vemos lógica y razonable la reclamación de la Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones, la llamada Coespe, para exigir a este Parlamento que haga una auditoría pública para
saber a cuánto asciende lo gastado en gastos impropios a lo largo del tiempo. Lo mismo parece que pide el Tribunal de Cuentas, que dice literalmente: Se recomienda al Gobierno que proceda a efectuar la liquidación efectiva de los gastos no
contributivos que fueron asumidos por la Seguridad Social con cargo a sus recursos. Nosotros, junto a los pensionistas, añadimos que se cumpla la ley, concretamente el artículo 109 de la Ley General de la Seguridad Social, donde en ningún momento
prevé la posible concesión de préstamos por parte del Estado para la financiación de los posibles déficits del sistema de la Seguridad Social, en la cobertura de las prestaciones contributivas, sino que hace referencia a la existencia de
aportaciones del Estado a estos efectos. Es decir, cuestionamos la legitimidad de los préstamos. Lo que se debe hacer no es, como dice el texto actual, modificar el artículo 109 de la Ley General de la Seguridad Social, sino hacer que se cumpla, y
no hacer lo que se ha hecho hasta ahora, que es eludir o evitar una obligación de manera reiterada, hacer transferencias directas y jamás préstamos, que dan una imagen de una Seguridad Social en quiebra, necesitada de grandes reformas, de grandes
recortes, de grandes opiniones de expertos, etcétera; es bastante más sencillo.


Fondo de Reserva. En la misma línea podemos citar el uso tramposo que se ha hecho del Fondo de Reserva. Para que se entienda mejor, el Fondo de Reserva, en la acepción coloquial, es la hucha de las pensiones, que también ha servido para lo
mismo. Y, ¿por qué creemos que es muy importante lo que decimos, y por eso he dedicado tanto tiempo? Porque si todos estamos de acuerdo en que la Seguridad Social es sostenible, si es cierto, si es sostenible, ¿por qué no se exige establecer una
pensión mínima del 60 % del salario medio, como fija la Carta Social Europea, para el salario mínimo? ¿O por qué no se puede revertir el aumento de la edad de jubilación obligatoria de los 67 años y bajarla? ¿O por qué se niega el pan y la sal a
los pensionistas con carreras de cotización de 36, 37, 38 o 40 años, que han sido despedidos o se encuentran brutalmente expulsados del mercado de trabajo, y son penalizados de por vida? ¿O por qué se está hablando ya de ampliar el periodo de
cálculo de la base reguladora de las pensiones a toda la vida laboral? ¿O por qué solo ponemos trabas y más trabas a la regularización de las personas inmigrantes? Las personas que llegan aquí en busca de una vida mejor vienen a trabajar.
Facilitemos el acceso a los permisos de trabajo por vía del arraigo laboral, y consigamos acabar con la discriminación y, al mismo tiempo, más contribuciones a la Seguridad Social. Esto es imperativo. ¿O por

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qué no se aumentan los recursos humanos y materiales para combatir el enorme fraude a la Seguridad Social? La lista de los porqués sería enorme, y la dejo para la próxima intervención o para los votos particulares.


Ahora sí, agradezco a todos los portavoces que, por su tono y por su contenido, han creado un clima en el cual se hace política de verdad, en mayúsculas; agradecimientos a la Mesa, a la presidenta, a todos los funcionarios y trabajadores de
la Seguridad Social, que realmente han tenido siempre un comportamiento exquisito. Es un orgullo estar aquí. A pesar de las enormes discrepancias ideológicas, pienso que es una Comisión en la cual ha habido debate, puede haber debate y deberá
seguir habiendo debate, porque si todos piensan igual nadie piensa mucho y, en este sentido, pienso que no es correcto.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señoría, señor Salvador.


A continuación, tiene la palabra Unidas Podemos, y se van a repartir el turno Aina Vidal y María Pita. Aina, el otro día tuvimos el gusto de escucharte en el Pleno del Congreso de los Diputados, y hoy no sabes qué alegría -lo están diciendo
todos los grupos, pero me hago portavoz de todos en calidad de presidenta de esta Comisión- nos produce verte también aquí, en esta tu Comisión natural, ya que fuiste portavoz en la XII Legislatura, por lo que verte aquí de nuevo y recuperada, como
te digo, nos causa una gran alegría. Eres una luchadora y has vencido. Ahora que hay muchas personas que están luchando contra la COVID-19, tú y yo sabemos que hay también cientos de miles de personas que en estos momentos están luchando contra
otras enfermedades, incluida esta tan tremenda que es el cáncer. Así que, bienvenida. Aina, tienes la palabra.


La señora VIDAL SÁEZ: Muchas gracias.


La verdad es que tenía muchas ganas de volver no solo al Congreso, sino también a esta Comisión. Antes bromeaba con una compañera y le decía que en la legislatura anterior estuvimos casi más tiempo con los miembros de esta Comisión que con
nuestras propias familias, y creo que no exagero cuando digo esto. Por eso probablemente tenemos que empezar reconociendo que hoy es un buen día porque se presentan, por un lado, unos presupuestos que deben afrontar todos los retos que tenemos como
país, que deben dar además garantías a la ciudadanía, que permitan hacer políticas públicas mucho más valientes y, por otro lado, es un muy buen día porque también presentamos un gran acuerdo en materia de pensiones, que creo que es algo que la
mayor parte de la ciudadanía estaba esperando.


Se habla y hablaremos mucho de recomendaciones, pero creo que el mensaje de hoy es que este acuerdo blinda básicamente el carácter público de nuestras pensiones, que da muchas más garantías y que además apuntala el pilar de nuestro sistema
de protección. Las pensiones de hoy y del mañana están garantizadas y la gente debe poder estar tranquila en su casa sabiendo que este acuerdo se va a preocupar de que no pierdan poder adquisitivo, de la suficiencia de las pensiones del hoy y del
mañana, del carácter público de las mismas y además de la implicación este caso directa de la Administración en su garantía. Creo que es un mensaje claro el que como país tengamos la estrategia de hacer frente a la situación actual con más
protección, más garantías y respetando la dignidad de nuestros mayores y de los futuros pensionistas, porque hay pensiones y además las habrá en un futuro.


Hace cuatro años, cuando empezamos los trabajos en esta Comisión, había un clima absolutamente diferente del que tenemos a día de hoy, había cientos de anuncios en la televisión y por la calle sobre el apocalipsis de nuestro sistema público
de pensiones, avisando a la gente, animándonos a que nos abriéramos un plan de pensiones privado, asustando a todo el mundo con que no iba a haber futuro y que las pensiones iban a quebrar, y todo ello hoy se ha quedado absolutamente en agua de
borrajas. Hemos superado ese momento, hemos superado a los buitres que acechaban nuestro sistema público de pensiones y tenemos un acuerdo que no solo se crece en la defensa de un modelo público, sino que además lo hace sobre los principios de la
solidaridad intergeneracional, la equidad y la responsabilidad pública, cosa que no solo reivindicamos los miembros de esta Comisión sino que forma parte también de la Constitución española.


Este acuerdo supone renovar los consensos en torno a las pensiones y mucho más, supone un pacto intergeneracional también entre los partidos de la transición y los nuevos partidos. Este acuerdo intergeneracional -también en lo político-
supone incorporar la nueva política y sus reivindicaciones. Es una actualización de los grandes acuerdos, son por lo tanto unos nuevos consensos para un país nuevo. No es un pacto perfecto, para ninguna, pero estamos orgullosas de que muchos de
los cambios que se producen contengan elementos de los que nos sentimos absolutamente propias; por ejemplo: la defensa

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nítida del carácter público, como me refería anteriormente, la revalorización conforme al IPC, la mejora de las pensiones mínimas y de las no contributivas, la protección de nuestras cotizaciones y la implicación del Estado en garantizar la
suficiencia de las mismas, abre también la posibilidad de escoger los mejores años de cotización para el cálculo de la pensión, se afirma la conveniencia de acercar la edad de jubilación efectiva hasta la legal actualmente establecida, eso sí,
teniendo en cuenta que las modificaciones legislativas que se contemplen no romperán en ningún caso el principio de suficiencia, es decir, que ninguna persona en edad de jubilarse tendrá que optar por alargar su vida laboral para compensar una
pensión baja provocada básicamente por unas condiciones laborales precarias, que era algo que a nosotras nos preocupaba mucho.


En términos colectivos o de población, entendíamos además que el Pacto de Toledo dejaba fuera o no terminaba de dar respuesta específicamente a las nuevas generaciones, a las mujeres, a los autónomos; que se centraba excesivamente en el
equilibrio financiero dejando al margen el equilibrio social, y que además hablaba mucho más de gastos que de ingresos. Este pacto no lo reconoce así, sino que incorpora las compensaciones de lagunas de cotización o, por ejemplo, la mejora del
acceso a la pensión de viudedad en el caso de parejas sin vínculo matrimonial; recoge además que los autónomos pueden cotizar por ingresos reales; da solvencia, seguridad y transparencia al sistema para que no haya ninguna duda de que es un
sistema sólido, como lo ha sido siempre, para responder no solo a los actuales pensionistas, sino sobre todo y especialmente a los futuros. Y sin duda reconduce mejor de lo que teníamos a día de hoy la cuestión relativa a los sistemas
complementarios dirigiéndolos hacia acuerdos colectivos, en este caso enmarcados en la empresa y en la negociación colectiva. Queda pendiente -puesto que no es competencia exclusiva de esta Comisión- la referencia a la mejora de la negociación
colectiva y a la necesidad de derogar las reformas laborales. Este pacto garantiza la sostenibilidad del sistema traspasando gastos impropios de la Seguridad Social no solo de estructura ni bonificaciones, sino que además clarifica de una forma muy
importante la separación de fuentes y protege muchísimo más las cotizaciones de la política, por decirlo así. Establece, por lo tanto, un horizonte muy ambicioso, de tres años, para eliminar esta situación de déficit impropio de la Seguridad
Social, que dará sin duda una imagen mucho más clara de cómo está el sistema y del saneamiento del mismo.


Tenemos un marco, que es del que nos dotamos hoy, ahora tocarán las reformas en las leyes porque las actuales claramente están fuera de este y, permítanme decir, también del anterior consenso en las pensiones Pero el mensaje de hoy tiene que
ser, a mi modo de entender, muy claro: tenemos un acuerdo para garantizar pensiones públicas y dignas para hoy y para las del mañana. Este es un acuerdo que ha sido fruto del trabajo de muchísimas personas. Algunas estamos hoy aquí presentes;
otras muchas, no. Yo quería tener un recuerdo para ellas porque sin duda este acuerdo tiene letras, ideas y reflexiones gracias a todos y todas ellas. Personas como Ignasi Candela, de Compromís, o Carles Campuzano, del Partit Demòcrata de
Catalunya, o Marcial Gómez y Sergio Del Campo, de Ciudadanos, personas también como Gerardo Camps, Marimar o José María Barrios, del Partido Popular y, sin duda, Alberto Montero o Yolanda Díaz -actual ministra de Trabajo- de Unidas Podemos. Creo
que es justo también reconocer a las dos presidentas, a la actual, Magdalena Valerio, y también a Celia Villalobos. Y creo que es un acto de justicia -lo hemos hecho todas y te lo vamos a decir mil veces- reconocerte también a ti, Ignacio, como
letrado, el trabajo que has hecho en esta Comisión, la paciencia infinita que has tenido con nosotras y con nosotros en muchas ocasiones. Gracias por tu trabajo porque sin ti no habría sido posible. De hecho, son muchas las personas invisibles que
nos han ayudado desde los diferentes ministerios aportando información de forma continuada para que nosotras pudiéramos hacer bien nuestro trabajo, de forma solvente. A todas ellas y ellos muchísimas gracias porque hoy no tendríamos este acuerdo
sin ellas. Y obviamente también a Borja Suárez, el director general de Ordenación de la Seguridad Social. Por eso, creo que no nos podemos quedar en el ombliguismo parlamentario, que tenemos que reconocer que este acuerdo es fruto también de la
presión social, de la presión de miles de pensionistas que han estado manifestándose en las calles recordando y exigiendo; querían garantías, querían dignidad, querían suficiencia, querían ver su futuro garantizado y nos exigían a nosotras, a los
diputados y a las diputadas, que hiciéramos bien nuestro trabajo.


Hoy demostramos que esta Cámara es mucho mejor de lo que a veces tenemos la capacidad de demostrar en público, que somos útiles, que tenemos capacidad de diálogo y de llegar a acuerdos. Y para mí la conclusión final es que la unidad
garantiza y blinda nuestros derechos. Así que felicidades a todas y muchas gracias. (Aplausos).

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La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, Aina.


A continuación, tiene la palabra María Pita para concluir la intervención de su grupo.


La señora PITA CÁRDENES: Gracias, presidenta.


Para nosotros como grupo la meta que nos habíamos marcado en el Pacto de Toledo en estos últimos tiempos ha sido, primero, que el pacto tuviera una tonada distinta de lo que habían sido las anteriores recomendaciones, lo dice así en el
informe del letrado que de 1995 a 2010 la necesidad de nuevas reformas constituyó el marco propicio para que naciese el Pacto de Toledo. El problema es que esas reformas hablaban siempre de gastos y nunca de ingresos, y eso fue motivo de la
respuesta contundente que han dado los pensionistas en la calle meses y meses; reformas que encarecían el acceso a las pensiones: pasamos de ocho a quince años para el cálculo de la pensión, subimos la edad de jubilación; en fin, encarecimos y
devaluamos las pensiones. Insisto, porque el objetivo era el gasto, no pusimos el énfasis -que es lo que entendíamos nosotros- en el tema de los ingresos. Con un mercado laboral tremendamente desestructurado, precarizado, ahí teníamos que haber
intervenido o haber aconsejado mucho más que irnos sencillamente a reformas, insisto, que devaluaron el acceso a las pensiones y las pensiones per sé. Porque el que los pensionistas hayan estado en la calle no ha sido un capricho de ellos,
señorías, como podíamos entender todos, sino porque realmente estaban sufriendo en sus propias carnes todas esas reformas a que hacía referencia o que de alguna manera tuvieron acomodo dentro de la recomendaciones del Pacto de Toledo. Por eso hoy
hemos incidido mucho en que este texto debía tener ese cambio de tonada. ¿Para qué? Para dar certeza -que es lo que hemos hablado todos y todas aquí durante mucho tiempo- a los pensionistas, dar certeza a nuestra juventud de que efectivamente el
sistema público de pensiones, a pesar de los agoreros o de las intenciones de parte que tienen determinados sectores de la sociedad, era absolutamente sostenible.


¿Cómo íbamos a dar certeza? Lo hemos mencionado y lo han mencionado muchos portavoces; cómo no, mi compañera Aina. La certeza se da asegurando que efectivamente las pensiones no se van a devaluar más, que se van a revalorizar conforme al
IPC; pero no solo eso, sino que vamos a trabajar para que en verdad mantengan su poder adquisitivo y, si se puede, aumentarlo. Eso se recoge en este texto; ahora es posible con este texto. Que impulsemos la reducción de la brecha de género, como
se ha dicho; garantía de igualdad de trato a las parejas de vínculo no matrimonial, revisión de las pensiones de viudedad, revisar el sistema de cobertura de lagunas y determinación de la base reguladora para evitar perjuicios a las personas con
carreras profesionales irregulares, etcétera. Eso da certeza. Que se descargue a la Seguridad Social por fin -y lo dice bien Jordi- de los gastos impropios asegurando así la sostenibilidad del sistema; que se revisaran también las bonificaciones
a la contratación garantizando el mantenimiento de aquellas que contribuyan de verdad a la inserción en el mercado laboral, sobre todo de los colectivos de especial vulnerabilidad. En fin, que las personas con largas carreras de trabajo, con
cuarenta o cuarenta y dos años de trabajo puedan percibir su pensión al cien por cien por arriba de los 65 o de los 60 años; o sea, algo tan tan elemental, eso es lo que da certeza.


Es verdad que llevamos tiempo viviendo presiones, lo decía Aina, mi compañera, de estos sectores que tenía intereses en la caja de las pensiones, en la Seguridad Social, y con una serie de argumentarios falaces pusieron en solfa el
sostenimiento del sistema público de pensiones, a pesar de que sus propuestas y apuestas de reformas han tenido y tienen como respuesta el grito alto y claro de los colectivos de pensionistas a que iban dedicadas. Hay que acabar con esa
incertidumbre que tiene nuestra juventud, que están pasando por trabajos en precariedad, bajo sueldo, tasas de paro inasumibles en una sociedad avanzada, y que además han tenido que soportar campañas que efectivamente han inoculado en ellos la idea
de que no van a cobrar pensiones. Yo recuerdo haber oído a algún diputado o diputada decirles desde la atalaya de tener unas pensiones aseguradas y un buen sueldo que metieran tres euritos de una cañita en una hucha para tener un futuro. A mí me
parece esperpéntico hablar así a la juventud. Y después queremos que crean en lo público. En fin, eso es lo que queríamos: una tonada distinta y dar certidumbre, que no es poco; un primer paso para reforzar la sostenibilidad, ese cambio de tono,
una apuesta decidida y clarísima por nuestra Seguridad Social, por el sistema público de pensiones, que no es un sistema de capitalización, no es un seguro. La Constitución señala, y nos señala bien, que es un sistema de solidaridad inter e
intrageneracional, de reparto, suficiencia y que debe dar garantía de bienestar a la población durante la tercera edad, ese es nuestro sistema, ese es el que defendemos. Y lo voy a repetir hasta la saciedad: nuestra Seguridad Social es la clave de
bóveda del enunciado constitucional de eso que llamamos Estado social.

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Es verdad, este texto no es el texto de nuestro grupo porque es el texto fruto de un acuerdo. Hay elementos que cambiaríamos radicalmente, claro que sí, pero es el texto fruto, insisto, de un acuerdo que en estos tiempos también hay que
enfatizar su importancia; en los tiempos de crispación política que se viven también son parte de esa certeza este tipo de acuerdos. Ahora toca que el Legislativo saque adelante sobre esta base todas estas propuestas, que son condición de
posibilidad para que esas certezas permitan a nuestras personas pensionistas el desarrollo de la vida digna que merecen todos y todas. Porque es verdad -lo dice el informe también- que la calidad humana de una sociedad se mide por la calidad de
vida de sus miembros más débiles. Nosotros siempre hemos querido ser la voz de esos, la voz de los sin voz, la voz de los más débiles.


Lo voy a repetir: nos habría encantado que los debates fueran en abierto. Ya sé que nos van a decir que es imposible, que no hubiésemos llegado a acuerdos. Creo que hay un elemento de demagogia en esas excusas y creo de verdad, lo creo de
corazón, que el día que perdamos el miedo a debatir y llegar a acuerdos en abierto ese día probablemente recuperemos el respeto de nuestro pueblo hacia nuestro trabajo, que no es otro que la gestión de lo común para el bien común.


Ahora me permitirán ustedes una abuelada, que diría nuestra presidenta, algo que mis padres nos repetían a mí y a mis hermanos cuando éramos pequeños, cuando nos preguntaban qué queríamos hacer. Mi hermano pequeño quería tener una tienda,
por poner un ejemplo. Pero cuando les decíamos: ¿tú qué quieres que seamos, papi? Entonces ellos nos decían: gente decente; gente decente. La decencia, efectivamente, es ese mecanismo que activa la dignidad y el respeto al otro y a la propia
conciencia. Yo espero que a lo largo de los debates que hemos tenido y de las aportaciones que hemos hecho haya podido transmitirles ese respeto que les tengo a todos y cada uno de ustedes y ese precepto que nos enseñaron desde pequeños mis padres.
Ha sido un horror y un honor estar tantas horas (risas); como decía Aina, más horas con ustedes que con la familia, pero creo que todos estamos orgullosos de poder transmitir hoy un acuerdo que, insisto, tiene que dar certeza a esos colectivos.


Agradezco, cómo no, presidenta, te lo hemos dicho varias veces, que hayas conducido esto como lo tenías que conducir -tú lo dices y yo lo ratifico-: con mucha mano izquierda, más faltaba. Agradezco a Ignacio la infinita paciencia que tiene
siempre y el apoyo que nos ha dado, y a todos los compañeros de la Seguridad Social también. A mis compañeros de grupo, que son los que siempre han estado apoyando e indicando. Y sobre todo, sobre todo, a los pensionistas y a las pensionistas,
muchos de los cuales desgraciadamente se han quedado por el camino en este periodo triste del COVID que estamos viviendo, porque por ellos es posible que se alumbre hoy este acuerdo.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, Mary Pita. Has agotado sobradamente el tiempo previsto, pero la abuelada lo merecía. (Risas). Yo, que también estoy en esa edad, que me encantaría ser abuela, en este caso te he aplicado un criterio
muy flexible, y me ha gustado mucho el consejo, eso de ser gente decente me ha gustado mucho.


A continuación, tiene la palabra Pablo Sáez, del Grupo Parlamentario VOX.


El señor SÁEZ ALONSO-MUÑUMER: Muchas gracias, señora presidenta. Buenos días, señorías.


Me sumo al agradecimiento a todos los portavoces, portavoces adjuntos, presidenta, letrado, directores generales y a todos los comparecientes que han participado en estas sesiones y también en las reuniones de la Comisión.


Desde el Grupo Parlamentario VOX hacemos la siguiente valoración del borrador de recomendaciones. En primer lugar, creemos que estamos ante un borrador de recomendaciones elaborado de espaldas a la situación de las cuentas públicas y del
importe de la deuda. Veamos los datos de la situación a diciembre de 2019, antes de la pandemia: déficit público, 35 637 millones de euros, un 2,86 % del producto interior bruto frente a un 2,48 del año 2018. Deuda pública, 1 188 859 millones de
euros, un 95,5 % del PIB y una deuda per cápita, de cada uno de nosotros, de cada uno de los españoles, de 25 119 euros. Paro, un 13,7 % de la población activa frente a una media del 7,3 % en la zona euro; el país de la Unión Europea con una tasa
de paro más alta después de Grecia. Déficit estructural de las cuentas públicas estimado por la Comisión Europea a diciembre de 2019 en el 4 %, frente a un 1,1 % de media en la zona euro.


Estimaciones actuales de cierre del presente año. Déficit estimado por el Gobierno de las cuentas públicas, entre un 11,2 y un 11,3 % del producto interior bruto -el Fondo Monetario Internacional lo estima en un 14,15 % - y un 7,7 % para el
año 2021 -7,5 % para el Fondo Monetario Internacional-. Deuda pública estimada al cierre del ejercicio 2020 por parte del Gobierno: 118,8 % del PIB frente a un 123 %

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estimado por el FMI y una horquilla entre el 116,8 y el 120,6 % estimada por el Banco de España. Paro previsto por el Gobierno: que alcance el 17,1 % este año y el 16,9 % el año próximo. El 16,8 % en ambos años, según el Fondo Monetario
Internacional. Hoy hemos conocido que el paro ya está en el 16,3 % tras sumar 355 000 desempleados en el tercer trimestre la economía española. Déficit estructural de las cuentas públicas, estimado por la Comisión Europea en un 5,2 % a finales del
año 2021 frente a una media del 2,1 % de los países de la zona euro.


En segundo lugar, estamos ante un borrador de recomendaciones elaborado de espaldas a la evidencia de que las cuentas del Estado engloban tanto a la Administración central como a la Seguridad Social. En el Estado español tan solo existen
unas cuentas, no unas para la Seguridad Social y otras para el Estado. No es una opinión, es un hecho. Decir lo contrario sí es una ficción contable. Las transferencias de fondos son movimientos entre el capítulo 4 del presupuesto de la
Administración central y el capítulo 6 de la Seguridad Social. Hablamos para quien no lo vea así de un desconocimiento profundo de las normas de consolidación, que exigen eliminar los saldos y transacciones entre entidades y organismos
consolidados. Recomiendo la lectura del informe del Tribunal de Cuentas sobre la cuenta general del Estado de 2018, Comisión en la que también soy portavoz, tan de moda últimamente. Podemos ver lo siguiente. Patrimonio neto negativo de la cuenta
general del Estado: 470 505 millones de euros. Empeora en 39 000 millones de euros con respecto a 2017 e incluye unas pérdidas consolidadas de 40 849 millones de euros. Curiosamente, se incorpora un párrafo de énfasis en la opinión ante un
patrimonio neto negativo de la Seguridad Social que asciende a 33 000 millones de euros, y no se hace énfasis en un patrimonio neto negativo global de 470 000 millones de euros, y creciendo. Deuda pública, según la cuenta general del Estado 2018,
en términos consolidados: 1 042 105,6 millones de euros. Más datos. El importe total consolidado de los compromisos de gasto con cargo a presupuestos de ejercicios posteriores, al final del ejercicio ascendía a 1 253 266,9 millones de euros. La
sensatez y la responsabilidad nos dicen que no se puede gestionar de espaldas a estas cifras y un mínimo conocimiento financiero nos dice que el elevadísimo nivel de deuda supone una importante pérdida de soberanía.


En tercer lugar, estamos ante un borrador de recomendaciones que no resuelve el déficit de las cuentas de la Seguridad Social, sino que lo traspasa a la Administración central. La Administración central, de acuerdo con lo mencionado en este
borrador, se convierte en una entidad clave que, vía imposición general o a través de mecanismos innovadores, será capaz de aportar fondos cuando las cotizaciones sociales no sean suficientes para asegurar la sostenibilidad del sistema y la
suficiencia de las prestaciones contributivas y también de buscar mecanismos innovadores que complementen la financiación de la Seguridad Social ante la revolución tecnológica. Como hemos dicho anteriormente, estos traspasos no resuelven el déficit
de las cuentas públicas, aunque lo cambien de ubicación. Una pregunta clave: ¿Se encuentran las cuentas públicas en condiciones de asegurar el nivel de transparencia a la vista del déficit estructural y la elevada deuda pública existente en
España?


En cuarto lugar, estamos ante un borrador de recomendaciones elaborado de espaldas a las estimaciones de evolución de la economía española en el medio plazo. La deuda pública, según el Fondo Monetario Internacional, se situará en un 118,8 %
en el año 2025. El déficit público, también según el Fondo Monetario Internacional, se situará en el 4,4 % en el año 2025 y el paro se mantendrá en el 14,2 % en el año 2025.


En quinto lugar, estamos ante un borrador de recomendaciones con significativas ausencias, en relación con el cual habría que hacer importantes precisiones. Entre ellas destacamos las siguientes. Primero, no existe una recomendación
específica sobre políticas de fomento de la natalidad, aunque sí una sobre inmigración. Recordemos que España es el segundo país de la Unión Europea con la tasa de natalidad más baja: 7,6 nacimientos por cada mil habitantes y con un índice de
fecundidad -número medio de hijos por mujer- de 1,23 en 2019. Es una ausencia incomprensible a la vista del hecho de que España, junto con Holanda, es el país que menos ayuda dedica a familias e hijos. Segundo, tampoco existe una recomendación
específica que aporte ideas para fomentar la creación de empleo y el aumento de la productividad. España registra una tasa de paro del 16,2 %, el doble de la media de la zona euro, que asciende a 8,1 %, y la más alta de la Unión Europea tras
Grecia. Recordemos de nuevo que el Fondo Monetario Internacional estima que la tasa de paro se moverá entre el 14,3 y el 14,2 % en el año 2025. España es el único país de la Unión Europea que exhibe una correlación negativa entre la evolución del
valor añadido bruto por hora trabajada y el crecimiento económico desde mediados de la década de 1990. En 1995, el valor añadido bruto real por hora trabajada era de alrededor de veintisiete euros, lo que representaba un 14 % de la media europea.
Actualmente, es de alrededor del 22 % inferior a la actual

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media europea. No nos engañemos. Si no se aumenta el empleo y la productividad del mismo no habrá cotizaciones suficientes para hacer frente a las pensiones contributivas y se necesitarán mayores transferencias. Si no se aumenta el
empleo, se resentirá también la recaudación por IRPF, disminuirá el consumo y caerá la recaudación por IVA. Todo ello no permitirá asegurar el nivel de transferencias por parte de la Administración central a la Seguridad Social. Tercero, existe
poca rotundidad en la defensa de la gestión única del sistema de Seguridad Social. Creemos que es importante escuchar a los expertos de la Asociación Profesional del Cuerpo Superior de Letrados de la Administración de la Seguridad Social, que
cuenta también con la adhesión del Sindicato de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social, para quienes traspasar la gestión al Gobierno vasco -cito textualmente- abocaría irremediablemente al comienzo de la ruptura de la solidaridad del sistema y
de la igualdad de todos los españoles en materia prestacional. Cuarto, se pide solidaridad intergeneracional a los jóvenes en el contexto de una deuda per cápita de 27 269 euros -cifra a mes de julio de 2020-, deuda que ellos tendrán que pagar en
el futuro, y de un paro juvenil en un insostenible 43,9 %. A los jóvenes hay que informarles, no ocultarles la realidad tras buenas y bonitas palabras. Quinto, se menciona un tratamiento preferente a los colectivos de personas con discapacidad o
en riesgo de exclusión social y a las víctimas de violencia de género. En VOX entendemos que se debería extender a las víctimas de todo tipo de violencia. Sexto, se menciona la necesidad de lucha contra el fraude, pero no se recomiendan medidas
preventivas tan importantes como reducir el elevado número de normativas, reducir la burocracia, reforzar la seguridad jurídica o rebajar las cargas fiscales. Séptimo, nada se menciona sobre la utilidad de analizar modelos de éxito de sistemas
complementarios en países de nuestro entorno ni tampoco sobre la necesidad de potenciar el segundo pilar sin que ello sea a costa del tercer pilar, de ahorro individual. Hoy hemos conocido que en el anteproyecto de ley de Presupuestos Generales del
Estado se van a reducir las desgravaciones fiscales a los planes de pensiones privados. Octavo, nada se menciona sobre la necesidad de que los trabajadores migrantes respeten y asuman nuestra cultura, costumbres y tradiciones y que no debemos
admitir discriminaciones en relación con la mujer. Tampoco se menciona potenciar que los menores de edad que llegan a España sin acompañamiento vuelvan con sus familias.


En sexto lugar, estamos ante un borrador de recomendaciones que omite analizar los riegos derivados de la situación de unas cuentas públicas insostenibles. No aprendemos de las experiencias acaecidas en países como Portugal, Irlanda o
Grecia. No aprendemos de la propia experiencia histórica en España. Recordemos que el año 2010 el PSOE de José Luis Rodríguez Zapatero presentó una batería de medidas para llevar a cabo una reducción adicional del déficit de 15 000 millones entre
2010 y 2011 que contemplaba la congelación de las pensiones en el año 2011, salvo las mínimas y las no contributivas, y un recorte de las retribuciones de los empleados públicos del 5 % entre otras medidas. De la misma forma, se reducía en 6000
millones de euros la inversión pública estatal. Recordemos que estas medidas fueron tomadas en un momento en que la deuda pública se situaba en el 60,5 % del PIB y actualmente, según estimaciones del propio Gobierno, terminaremos el año en el 118,8
% del PIB.


En VOX consideramos como pilares clave que definen nuestra toma de posición los siguientes: honestidad para plantear recomendaciones desde un análisis sincero de la realidad económica de las cuentas públicas en su conjunto, de las que la
Seguridad Social forma parte; sensatez para proceder a analizar la totalidad del gasto público, realizando un presupuesto en base cero para reducir gasto político y eliminar duplicidades. Los problemas que tiene España son problemas de las cuentas
públicas en su conjunto y ello no se soluciona traspasando el problema de financiación de las prestaciones de una administración a otra. Tercero, sentido común a la hora de darse cuenta de que una situación de déficit descontrolado generará dudas
en los inversores, dañará la capacidad de financiación de las empresas, hará que el potencial de crecimiento se resienta, perjudicará a la creación de empleo, reducirá los ingresos por cotizaciones e IRPF, se resentirá el consumo y se reducirán los
ingresos por IVA que gravan el mismo. Cuarto, sentido de Estado; cuando proponemos que la única forma de mantener el poder adquisitivo de las pensiones e incluso mejorarlo es reduciendo el gasto político y las duplicidades que suponen las
autonomías, que además son fuente incesante de generación de desigualdades entre los españoles. El único partido que tiene una propuesta sincera de reducir el ingente gasto político derivado del estado autonómico es VOX. Quinto, claridad con los
españoles cuando les decimos que habrá pensiones mientras haya solvencia del Estado y que los recortes llegarán cuando el Estado en su conjunto no pueda hacer frente a sus compromisos de gasto.

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Por todo lo anterior, se puede concluir que este borrador de recomendaciones es un engaño a los españoles sobre la sostenibilidad del sistema y que cualquier partido responsable está obligado a votar no a este borrador, y VOX es un partido
responsable.


La señora PRESIDENTA: Gracias por su intervención, señor Sáez.


A continuación, tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Tomás Cabezón.


El señor CABEZÓN CASAS: Muchas gracias, presidenta.


Vayan mis primeras palabras para el recuerdo y reconocimiento de todas las víctimas de la pandemia, especialmente de los miles de pensionistas que se dejaron la vida en esta pandemia. Vaya para ellos el recuerdo y vaya para ellos el máximo
reconocimiento por parte de mi grupo parlamentario. También quiero empezar agradeciendo a Magdalena su trabajo, de verdad, de corazón. Gracias por haber sabido reconducir situaciones que muchas veces creíamos que eran irreconducibles o en algunos
momentos en los que la negociación parecía imposible, por tanto, muchas gracias, Magdalena, y muchas gracias también a toda la Mesa. Gracias también a Ignacio, el letrado, por tener esa sabiduría de buscar palabras de encuentro en momentos en los
que muchas veces parece que no conseguíamos plasmar la palabra en las recomendaciones, y muchas gracias también a todos los portavoces de los grupos parlamentarios en un momento en el que ser un portavoz nuevo, que llega a un grupo creado, genera
cierta desconfianza a la hora de ver cómo vas a empezar a trabajar en ese ámbito. Les agradezco cómo fuimos recibidos los nuevos y también el trabajo con el que se nos recibió. Gracias también a Borja, a Alberto Llorente y a Israel, por ese
trabajo y esa ayuda a la hora de solventar algunas de las dudas que teníamos. Gracias también a mi grupo parlamentario, a mi portavoz adjunta, a mis compañeros de mesa, Andrés, Carmen y Miquel, por todo el trabajo, especialmente a Echániz y muy
especialmente a Elvira Rodríguez, por poner lupa a cada una de las recomendaciones y poder sacar mejores conclusiones. Gracias a todos ellos. Y gracias también a mi presidente, a Pablo Casado, por confiarme este reto importante de llegar a un
pacto de Estado con algo tan importante como son las pensiones. Dicho todo esto -creo que no me he olvidado a nadie en los agradecimientos-, como Meri Pita hablaba de abueladas y como Aína no ha ejercido de ser la portavoz más joven, me lo voy a
atribuir yo y voy a hacer de nieto que pide un poco ser el malcriado para tener un poco más de tiempo, señora presidenta, para hacer la intervención. (Risas).


Hoy es un día importante para el sistema público de pensiones y, después del trabajo conjunto de los grupos parlamentarios durante los últimos meses, hoy vamos a aprobar las nuevas recomendaciones del Pacto de Toledo y un resumen ejecutivo
para nosotros muy importante, que es un resumen necesario para que todo el mundo pueda entender los textos. Lo hacemos por corresponsabilidad con los españoles, especialmente con los pensionistas, y lo hacemos también para generar confianza y
certidumbre. El compromiso del Partido Popular con el sistema de pensiones y su sostenibilidad es incuestionable. Por eso garantizamos las pensiones y afrontamos políticas a largo plazo que permiten lograr un equilibrio del sistema. Esa política
requiere poner el interés de todos los ciudadanos a los que servimos por delante de nuestras discrepancias.


El Pacto de Toledo ha sido desde su origen, en 1995, un instrumento básico para la definición de nuestro modelo de Seguridad Social y dispone hoy de una amplia legitimación política y social. No solo es un observatorio de las pensiones,
sino que cumple una misión primordial: servir de documento de trabajo para el futuro, gobierne quien gobierne, dejando esta cuestión fuera del debate partidista. No podemos decir que haya culminado nuestra tarea, pero hoy hemos dado un paso
importante. Todos los grupos parlamentarios estamos de acuerdo en lo fundamental, que es la defensa de nuestro sistema público de pensiones, del que nos sentimos orgullosos, porque el futuro del sistema de pensiones depende de todos. Pero
seguiremos trabajando decididamente para hacer lo que todos queremos: que la Seguridad Social siga siendo el máximo exponente, el alma de la solidaridad en España.


Creo que es necesario recordar los pasos que hemos venido dando previamente a este acuerdo y creo que hay un hito importante: en el mes de febrero de este año, el presidente Casado, el presidente de mi partido, ofreció a Sánchez diez pactos
de Estado entre los que se encontraba el pacto por las pensiones. Desde entonces no hemos parado ni un minuto para conseguirlo porque hay 10 millones de pensionistas a los que dar tranquilidad, porque hay casi 19 millones de cotizantes que
necesitan certidumbres, porque hay 3,2 millones de autónomos buscando equilibrio y porque hay 7 millones de españoles en sistemas complementarios que quieren seguridad. Por todos ellos, el presidente Casado nos encomendó, tanto a Elvira Rodríguez
en el partido como a nosotros desde el grupo parlamentario, conseguir este acuerdo. Veníamos de unas negociaciones fracasadas, sí, fracasadas, y no pasa nada por

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reconocerlo, pero con unos trabajos avanzados y con un sinfín de comparecencias realizadas. Por eso nuestro compromiso siempre fue construir un acuerdo bajo esos pilares, pero sin desvirtuar, sin renunciar al espíritu del Pacto de Toledo,
que se fraguó hace veinticinco años. No podemos obviar cuál es el objetivo de esta Comisión, que no es otro que el seguimiento del sistema de pensiones y la propuesta de recomendaciones para el mantenimiento y mejora del sistema, así como excluir
de la controversia partidista al sistema público de pensiones y encuadrarlo dentro de un debate político más sosegado. No podemos perder de vista que el Pacto de Toledo busca dar sostenibilidad y certeza al sistema.


Consideramos que veinticinco años después de la constitución de los Pactos de Toledo teníamos que ceñirnos al máximo al espíritu del año veinticinco, centrándonos en hacer recomendaciones lo más precisas posible y dejando al margen del Pacto
de Toledo el resto de políticas públicas, legítimas pero que no redundan en el sistema de la Seguridad Social. En ello se ha empleado parte de nuestros esfuerzos. Hemos limpiado las recomendaciones, hemos intentado hacerlas más directas, más
claras, que no den lugar a interpretaciones o contradicciones y, sobre todo, que nos ciñamos al máximo a la esfera contributiva de la Seguridad Social. Para nosotros también era imprescindible que se asegurara, como he dicho anteriormente, ese
resumen ejecutivo para que cualquiera que se acerque al Pacto de Toledo pudiera entender qué es lo que recomendamos.


A modo de anécdota les diré que hemos pasado de un documento inicial con 16 412 palabras a uno de 11 127 palabras, de un documento de 188 párrafos a un documento de 165 párrafos y de un documento de 44 páginas a uno de 38. Es una anécdota,
pero define el ejercicio que hemos hecho para centrar las recomendaciones en lo importante, en lo sustancial, que define el ejercicio de limpieza de las recomendaciones para centrarnos en la sostenibilidad de la Seguridad Social y que define el
ejercicio que todos hemos hecho para trasladar recomendaciones lo más claras posibles. Pactar y llegar a acuerdos requiere de mucha empatía, requiere estar dispuesto a convencer y no a imponer, requiere estar dispuesto a hacer renuncias, requiere
no dar nada por sentado, requiere no presuponer, requiere alianzas, requiere trabajo y requiere algo muy importante: que el que está al otro lado de la mesa asuma también estos compromisos.


Todo ello es lo que hemos cultivado en estos meses de trabajo y todo ello va en el ADN del Partido Popular. Por eso el Partido Popular es alternativa de Gobierno, frente a otros grupos que no entran en los acuerdos, porque en los temas
importantes, desde el Gobierno o desde la oposición, siempre está al Partido Popular y nunca se esconde. Ahora bien, lo he dicho antes y quiero insistir en ello, para llegar a acuerdos es necesario que los dos quieren pactar, que los dos estén
dispuestos a hacer cesiones y por eso, señorías, el Partido Popular es un partido de Estado. Ha demostrado que sabemos pactar y acordar, pero también les adelantado que el Partido Popular no acepta trágalas y pactar no es tragar. Los trágalas el
PP nunca los va a aceptar.


¿Qué esperamos de las recomendaciones del pacto de Toledo? Es el punto de partida en el que todos los grupos parlamentarios estamos de acuerdo en lo fundamental, que es la defensa de nuestro sistema público de pensiones, del que nos
sentimos orgullosos, y que nos marcan un marco de consenso para mantenerlo. Pero no seremos ingenuos, las recomendaciones son el marco sobre el que el Gobierno tiene que dibujar o trazar el desarrollo normativo, y esperemos que al que le toque
dibujarlo, al artista que le toque dibujarlo opte por un movimiento artístico del realismo y no del surrealismo, y ahí nos encontrarán.


¿Qué medidas pondría el Partido Popular en marcha para garantizar la sostenibilidad? El Partido Popular siempre ha demostrado estar en esa línea, las necesarias con proporcionalidad, pensando en los pensionistas de hoy pero también en los
del mañana. Por eso para nosotros ha sido muy importante reivindicar la solidaridad intergeneracional en este pacto. Eso es lo que hemos hecho siempre, aunque eso en ocasiones haya resultado muy difícil. Las tres medidas más importantes que se
han tomado en los últimos años en materia de pensiones las ha tomado el Gobierno del Partido Popular: la creación y dotación del Fondo de reserva, la separación definitiva de las fuentes de financiación y el factor de sostenibilidad, aunque hoy
está suspendido.


Son claros ejemplos de una apuesta seria y decidida a medio y largo plazo por el sistema, pero hoy quiero reivindicar que el mayor componente para el mantenimiento del sistema público de pensiones es la generación de empleo. Si no hay
empleo no seremos capaces de garantizar las pensiones. Por eso reivindicamos la reforma laboral y exigimos que esa reforma laboral no se derogue; y exigimos también reformas estructurales en todo el ámbito económico para ser generadores de empleo,
para ser generadores de riqueza y que no volvamos otra vez al debate al que nos han llevado los Gobiernos socialistas anteriores.

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Nuestro compromiso es que las pensiones suban todo lo que se pueda, eso va en el ADN del Partido Popular. Una de las primeras decisiones que tomó el presidente Rajoy cuando entró en el Gobierno fue precisamente volver a subir las pensiones
que, recuerdo, habían sido congeladas por el Gobierno anterior provocando la mayor pérdida de poder adquisitivo de los pensionistas en la historia reciente. Pero no podemos perder de vista la sostenibilidad del sistema y, por eso, nosotros
apostamos por un modelo que se plasmó en la ley de 2013 y que elaboramos, por cierto, con un comité de expertos. De esta manera, se garantizaba que la subida de las pensiones tuviera en cuenta el IPC, pero también otros factores como la situación
económica general y garantizábamos que nunca más se pudieran congelar las pensiones y que al menos subieran un 0,25 %, pero no tenía que ser exclusivamente el 0,25 %; podía ir más allá de ese porcentaje. Por cierto, el factor sostenibilidad, este
tan discutido, tan llevado y tan traído, no es un invento del Partido Popular; estaba recogido en las recomendaciones del Pacto de Toledo y en la reforma de pensiones de 2011, que se respetó y se desarrolló.


Autónomos. Han sido nuestra línea roja de negociación. Los autónomos sostienen este país y en estos momentos están sufriendo las consecuencias de la pandemia como nadie. Son muchas sus reivindicaciones y nosotros defendemos que sean
reconocidos y escuchados como se merecen. No pueden imponerse ciertas medidas sin diálogo suficiente. La cotización por los ingresos reales es una reivindicación de los propios autónomos, pero en este momento hace falta diálogo para ver cuándo se
establece. Por eso hemos pedido en las recomendaciones que esas modificaciones que tienen que hacerse se hagan de acuerdo con la mesa de diálogo social.


Sistemas complementarios. En el PP creemos en la libertad y por eso respetamos las decisiones de planificación y de ahorro que cada uno quiera adoptar. Respeto a los sistemas complementarios, España tiene una asignatura pendiente y es
fomentar el llamado segundo pilar. En eso estamos totalmente de acuerdo, pero no puede ser a costa del tercer pilar. Ahí es donde nosotros creemos que, hasta que se haga el desarrollo pleno del segundo pilar, tienen que cohabitar los beneficios
fiscales con el tercer pilar. No aceptamos el discurso que están trasladando de que es un mecanismo de ahorro para los ricos. No creemos que este país tenga 7 millones de ricos; es más, quiero poner en valor el informe de la AIReF en el que se
indica que las clases medias y bajas son las que mayor rentabilidad tienen cuando acceden a estos fondos.


Mujer. La brecha de género en las pensiones refleja de una forma muy clara el hecho de que la vida laboral de las mujeres sigue estando más afectada por las responsabilidades en el cuidado de la familia que la de los hombres. Las mujeres
experimentan interrupciones de carrera más frecuentes, presentan carreras de cotización más limitadas y una prevalencia más fuerte del trabajo a tiempo parcial que los hombres. Comparto el diagnóstico; ahora bien, seamos constructivos y hablemos
también de cuáles son las fórmulas que de verdad funcionan. En 2018 el empleo femenino estaba en máximos históricos; se reducía la brecha salarial y, gracias a medidas como el complemento de maternidad, también la brecha en pensiones. No lo
olvidemos, la mejor manera de lograr la igualdad real es crear 2 millones de empleos para 2 millones de mujeres desempleadas. Debemos seguir trabajando para reducir la brecha en pensiones. Por eso en este asunto, como en todos los temas, sería
recomendable empeñarnos en sumar esfuerzos, en encontrar aliados y no tanto en buscar culpables. Porque es una realidad que nos afecta a todos y con la que convivimos desde hace décadas, trabajemos juntos para desterrar cualquier tipo de
discriminación.


Economía colaborativa. Los avances tecnológicos nos sitúan ante nuevas realidades laborales como el trabajo desarrollado a través de plataformas digitales. Los nuevos sistemas de trabajo permitan alcanzar mayores cuotas de eficiencia y
mayor productividad en el trabajo, pero pueden suponer en ocasiones una excusa para la economía informal, donde surgen los falsos autónomos o los derechos de los trabajadores no son respetados, con las consecuencias que esto tiene también en el
ámbito de la protección de la Seguridad Social. Nuestra postura ante este asunto vital no es nueva; no queremos que se pierda ni una sola oportunidad, pero tampoco ni un solo derecho. Por eso, desde Partido Popular tendemos la mano para
contribuir a la definición de la política sociolaboral, para favorecer la calidad en el empleo y la protección social de los trabajadores. Y pedimos al Gobierno que afronte estos debates desde una perspectiva de la oportunidad de generar nuevos
puestos de trabajo con la debida garantía de la protección social.


Separación de fuentes. La Comisión reconoce los avances que se han producido en esta materia en los últimos años. En 2013 se dio un paso definitivo culminado este proceso al afrontarse el pago de los complementos por mínimos a través de
los Presupuestos Generales del Estado. No obstante, se constata

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que las cotizaciones sociales todavía hoy sirven para sufragar gastos que no son de naturaleza contributiva. Por eso la financiación del sistema de la Seguridad Social debe adecuarse a la naturaleza de la protección, de modo que las
prestaciones no contributivas se financien mediante aportaciones del Estado. Queda trabajo por hacer, pero es importante señalar que profundizar en la separación de fuentes de financiación no significa cambiar la naturaleza jurídica de las
prestaciones.


Voy concluyendo, señora presidenta. La Comisión también ha abordado la situación de nuestros jóvenes. De ellos es el futuro y el de nuestro país, y que tengan oportunidades laborales de calidad y, por lo tanto, futuras pensiones es uno de
los mayores retos a los que se enfrenta a España. La Comisión considera empleo juvenil prioritario y las reformas estructurales, pero no debe haber acción que se ponga en marcha por este Gobierno en el que los jóvenes no estén presentes. Los
jóvenes deben tener confianza en el sistema. Ofrecer oportunidades de empleo a los jóvenes es la tarea colectiva más urgente que tenemos entre manos y, por ello, contarán con nosotros en ese trabajo.


Edad de jubilación. En el año 2012 el 50 % de los trabajadores se jubilaba anticipadamente y la edad media de jubilación en España era de 63,4 años. Actualmente, la edad de jubilación en España es de 64,2. Creemos que debemos continuar en
ese camino. Para favorecer la sostenibilidad del sistema público de pensiones la premisa general para el Partido Popular es promover la prolongación de la vida activa de forma voluntaria. La regulación de la jubilación anticipada debe estar
recogida por un principio de excepcionalidad, atendiendo a colectivos concretos y en virtud de sus características propias. Debemos seguir trabajando decididamente en la jubilación activa. Tradicionalmente nuestro sistema ha mantenido la
incompatibilidad entre jubilación y trabajo, pero hay nuevos factores, como el aumento de la esperanza de vida o la mejora de la condición física para la realización de determinados trabajos, que han hecho perder en cierta manera la razón de ser de
esa incompatibilidad. Creemos que es preciso adaptar el sistema de pensiones dándole mayor flexibilidad para que las personas mayores puedan, en la forma adecuada, seguir en el mercado de trabajo, si es lo que desean.


Concluyo, señora presidenta, con una reflexión final. Nada puede ser peor para una sociedad enfrentada a una crisis económica grave y prolongada que perder la esperanza y la confianza en sí misma, y que se generen incertidumbres
innecesarias sobre la principal fuente de renta de una parte muy importante de su población. Pocas cosas pueden quebrar más esa confianza como que no se acierte en mantener el pacto intergeneracional que permite la continuidad de la sociedad en el
tiempo. La sociedad debe honrar su compromiso moral con sus mayores y darles el horizonte sostenido en el tiempo de unas pensiones públicas adecuadas. A su vez, la idea de un pacto intergeneracional implica la necesidad de atender a las
generaciones futuras, que heredarán el legado que las anteriores les transmiten y a las que hay que garantizar un horizonte realista y viable para su propio desarrollo a largo plazo. Esto es un fragmento del informe del comité de expertos creado en
el año 2013 para trabajar en la reforma de las pensiones, y no puedo estar más de acuerdo con sus autores, pero me gustaría trasladar un mensaje de tranquilidad, optimismo y confianza en nuestro sistema de pensiones. Un mensaje de confianza
dirigido a toda la sociedad española, para la que las pensiones son la mayor manifestación de nuestro Estado de bienestar. Señorías, esta Comisión ha sido y es el centro del análisis y el seguimiento del sistema de Seguridad Social en su sentido
más amplio y esta comisión, además, es el gran símbolo de consenso político ante los asuntos de Estado en nuestro país. Tenemos retos que cumplir y, de verdad, espero que los abordemos juntos con la disposición de encontrar consensos, con espíritu
de servicio a España y a los españoles y, si esto es así, siempre contarán con la lealtad del Partido Popular y del presidente Casado.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Gracias, Tomás.


Como buen nieto ha decidido ser muy travieso (risas), pues ha estado veinte minutos. Se lo debe no solamente a la buena voluntad de esta presidenta, sino también al resto de los portavoces, hombres y mujeres, que han estado sin protestar
absolutamente nada. Cuidado, en este caso no sería abuela tuya, Tomás. Con 38 años que tienes podrías ser mi hijo. Además -una broma para distender un poco-, sin ser familia compartes tu segundo apellido con el primero de mis hijos, que se llaman
Casas de primero. Así que me ha podido esta cuestión.


Ahora, como tengo una necesidad vital inexcusable y no quiero parar la Comisión, me vais a permitir que pase la Presidencia por dos minutos -espero que no mucho más- a Martina, la vicepresidenta primera, y me ausente esos dos minutos. Lo
siento Mercè. Tienes la palabra.

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La señora PEREA I CONILLAS: Gracias, presidenta.


En todo caso, luego revise mi intervención. (La señora vicepresidenta, Velarde Gómez, ocupa la Presidencia). Presidenta Martina, felicidades por estar en mi intervención.


Déjenme que haga una cuestión personal. Se referían el resto de los compañeros portavoces a la situación del COVID, a las vivencias tan duras de muchas familias y a los miles de fallecidos por esta terrible pandemia. Dejen que diga una
cosa -ya que estamos hablando de si tenemos abuelos-, una 'conillada' que diríamos en casa porque mi madre se apellida Conillas. Quiero dedicar mi intervención a José María García-Calvillo, Calvi senior, un socialista de pro de Hospitalet, que se
lo llevó el COVID y no nos lo esperábamos. Un luchador por las pensiones, que estoy segura de que, si nos está viendo, entenderá perfectamente por qué le dedico a él mi intervención. Quiero expresar, como muchos portavoces, mi satisfacción y la de
mi grupo, el Grupo Socialista, por haber llegado a este punto de encuentro en torno a este texto de recomendaciones. Seguramente no hemos colmado la satisfacción de todos los grupos y sectores sociales y económicos, pero nadie puede negar que sí
hemos dado respuesta y certidumbre a millones de españoles y españolas al llegar a este punto de encuentro. Hoy se pone negro sobre blanco la garantía de un sistema público de pensiones sostenible y unas pensiones dignas y suficientes. Este es un
acuerdo largamente esperado -me remito a la hemeroteca del viernes en cuanto se supo que cerrábamos los trabajos-, esperado por los medios de comunicación, por los agentes económicos, por los ciudadanos de a pie, por todos. Dimos una gran noticia
-y lo decía Aína-, hoy estamos hablando de una gran noticia, de un primer paso en el camino hacia la unanimidad de todos los grupos en estas recomendaciones. Desde luego, el Grupo Socialista no va a desistir hasta conseguirlo, incluso hasta de
aquellos grupos que se han ido más hacia el extremismo, porque espero que se acaben uniendo en el voto en el Pleno. Los acuerdos y la unidad de acción son la garantía de progreso de una sociedad que se define como moderna, solidaria y justa. Estas
recomendaciones, sin ser las recomendaciones que colmarían las expectativas de todos -como decía-, sí que marcan un antes y un después, ponen en valor todo lo que ha sido, es y será el sistema de protección social español y, en concreto, el sistema
público de pensiones. Un actor clave de nuestra historia colectiva en estos más de cuarenta y tres años de democracia. Un sistema, por cierto, que no se entendería sin el Pacto de Toledo, instituido como el punto de encuentro, de diálogo y de
acuerdos, muchas veces incluso desde el disenso. Señorías -me sabe mal decirlo porque mi compañera Meri Pita hará así en el asiento-, sobre esta Comisión pesa un mito, un presunto oscurantismo, al celebrarse el debate previo en mesa y portavoces,
es decir, a la hora de confeccionar el texto. Creo que hoy, con la celebración de esta sesión y más allá con la celebración en el Pleno, ese mito ya no se sostiene. El debate de hoy lo demuestra, el posicionamiento de los grupos lo demuestra y
sabemos claramente cómo queremos ser, qué sociedad queremos diseñar, qué futuro damos a nuestros hijos y a nuestros mayores.


Señorías, es una gran satisfacción para este grupo presentar a la ciudadanía un texto en el que los representantes de la soberanía popular han plasmado las bases de encuentro sobre uno de los pilares del Estado del bienestar, unas bases de
encuentro que son un ejemplo del valor de la política, el consenso, a fin de llegar a acuerdos duraderos y sólidos. Esto es la política entendida como servicio público útil y necesario, un logro colectivo. Es ahora cuando nos toca -a todos y cada
uno de los diputados que conforman esta Comisión- explicar este texto en nuestros territorios a los más de 47 millones de personas que conviven en este país, especialmente a los más de 9 millones de pensionistas y a los jóvenes. Este texto va de
ellos, de los jóvenes. Cuando esta tarde vaya a mi territorio, a Hospitalet, después de ver a los compañeros seguro que me llaman los Rafas de Bellvitge, Bruno o me llama Salinas y me preguntarán: Niña, ¿has arreglado nuestras pensiones? Les
podré decir que sí. Aunque sea un primer paso y quede mucho camino por hacer, este consenso de hoy es trascendental. Sí porque hay un compromiso colectivo de hacer realidad una reforma clave para nuestro presente y nuestro futuro. Sí porque hemos
vuelto al debate sosegado y al consenso, la mejor noticia para España. Sí porque hemos señalado el camino para las futuras reformas: pensiones dignas y suficientes y un sistema sostenible económicamente. Sí, porque hemos buscado dar respuesta a
aquellas situaciones de desprotección en una futura reforma. Hablábamos de personas sin vínculo matrimonial, por ejemplo, personas con discapacidad, personas que han sufrido la violencia de género, mujeres, jóvenes. Sí, porque además hemos
centrado el diálogo social como coadyuvante de las futuras reformas. Aunque pueda parecer obvio lo que acabo de decir -ustedes lo saben-, no es una cuestión baladí el diálogo social. Porque a nadie se le escapa que lo que subyace en estas
recomendaciones no es un mero acuerdo de unos grupos parlamentarios, este es el acuerdo con mayúsculas, en la sede de la soberanía popular, que otorga un sí

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contundente y definitivo a consolidar el sistema de protección social; un consenso que busca el apoyo mayoritario de la ciudadanía tanto a nivel individual como colectivo, de los agentes sociales y económicos, de los trabajadores, de los
autónomos, de las pymes, de las mujeres, de los mayores, de los jóvenes, de los migrantes, también de las personas con discapacidad. Y déjenme decir una cosa, me produce una especial satisfacción el texto de la recomendación sobre personas con
discapacidad, que se haya centrado la mirada en ellos; no son invisibles, podemos darnos por satisfechos todos los compañeros del Pacto de Toledo. Asimismo, aprobar una recomendación específica de jóvenes contiene un mensaje claro; debemos
generarles confianza en un sistema de protección, el actual, que está aquí y ahora para atenderles en las coyunturas que puedan derivarse de su situación personal y laboral, pero que también estará para sostenerles cuando lleguen a la edad más
madura. Una recomendación -esta de jóvenes- que insta a revertir la realidad laboral de precarización e infracotización que los lastra a un futuro incierto y de pensiones míseras. Queremos un nuevo pacto intergeneracional con los jóvenes en el que
ellos se sientan partícipes del sistema, que lo sientan como propio, que se genere un sentimiento de pertenencia.


Estas recomendaciones diseñan un sistema inclusivo, un ejemplo de cohesión social, un sistema que responde dando la cara, como ha demostrado, frente a este COVID. ¿Quién se puede imaginar esta emergencia sanitaria sin un Estado democrático
y social y sin un sistema de protección social como el español? Un orgullo y referente además para el resto de sistemas europeos. La respuesta del sistema de protección ha sido claro y contundente: que nadie se quede atrás. Seis millones de
trabajadores por cuenta propia, autónomos, se han visto protegidos en esta pandemia, desde prestaciones extraordinarias y bajas laborales, a prestaciones por desempleo; en definitiva, un despliegue de medios como escudo de protección frente al
COVID. Estas recomendaciones, señorías, consolidan nuestro sistema de protección social como columna del Estado del bienestar. El acuerdo político fija el camino que debemos recorrer para garantizar pensiones dignas y suficientes y resolver el
déficit y sus problemas financieros a corto, medio y largo plazo, y después deberá ser secundado por el diálogo social, herramienta imprescindible para que este acuerdo sea sólido. Esos son los pilares, Pacto de Toledo-diálogo social, sobre los que
el Gobierno deberá seguir avanzando en el fortalecimiento y la preservación de un sistema de protección sólido, pensiones públicas suficientes y sostenibles.


Señorías, creo que puedo afirmar que lanzamos un mensaje de certidumbre y confianza, con mandatos claros al Gobierno, resolver el déficit en 2023 estableciendo un calendario. Y aquí les tengo que decir que, ante las actitudes tremendistas
de fijar un escenario catastrófico, tenemos que recordar a la ciudadanía que el gasto en pensiones de España está en el 11 %, por debajo de Finlandia, de Bélgica, de Austria, de Portugal, de Francia, de Italia, de Grecia. Los Presupuestos Generales
del Estado que no se aprobaron en 2019 iban en el camino de (pronuncia una palabra en catalán) al barco, como decía la ministra Magdalena Valerio en aquel momento, y los Presupuestos Generales del Estado de 2021 van en esa misma dirección,
(pronuncia palabras en catalán). Miren, hay que buscar soluciones, estas posturas tremendistas y agoreras no lleva a nada. Está claro que si no derogamos la reforma del año 2013, se reducen las pensiones en veinte años de un 30 % a un 40 %, y eso
lo tendremos que hacer, estas recomendaciones marcan el camino.


Esta reforma de 2013 no fue aceptada ni social, ni políticamente, eso está clarísimo. Por eso hoy es tan importante señalar el consenso, y en eso es en lo que nos tenemos que basar. Mantener el poder adquisitivo de las pensiones con la
recuperación del IPC es un logro que no nos pertenece a los grupos parlamentarios, pertenece exclusivamente a la reivindicación de los vehementes e incansables pensionistas; gracias a todos ellos. Equiparar de forma definitiva el régimen de
autónomos con el régimen general, iguales derechos, iguales obligaciones. Resolver la brecha de género del sistema contributivo -lo han dicho muchos grupos-, una brecha cimentada principalmente en el reparto de roles tradicional, nos exige adoptar
medidas contundentes. Las pensiones que reciben las mujeres se ven agravadas en 14 puntos a la ya brecha salarial que lastra al ostracismo a las mujeres. Desde luego, hay que incentivar el objetivo del pleno empleo de aquellos colectivos que no
son invisibles, personas con discapacidad, en riesgo de exclusión social o víctimas de violencia de género. Gestionar el sistema de forma transparente, moderna, con proximidad a la ciudadanía y con garantía de información sobre sus derechos.
También dotar el sistema de recursos personales y materiales es una pieza fundamental. Los empleados públicos han dado la cara en una situación muy complicada, en una creación de nuevas prestaciones y generando y dando evidentemente respuesta con
las prestaciones que en el día a día se iban generando de forma ordinaria. Y evidentemente -lo han dicho los compañeros- mejorar los ingresos es clave, de ahí que la lucha contra el fraude merezca especial atención, así como mejorar la acción
protectora adaptándola a las

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nuevas realidades. Adoptar medidas estructurales y no paliativas en la brecha de género es clave. Asimismo, acabar con la desprotección de la viudedad. Las reformas que se planteen tienen que ir de la mano de las políticas públicas
dirigidas a ese fin. También garantizar la protección de forma más equitativa a las nuevas familias, las parejas de hecho, las personas con discapacidad y los migrantes. Yo insisto, hay grupos que entienden que los migrantes se tienen que ir a su
casa. No, ¡oigan!, no olvidemos que asegurar su inclusión es clave para la sostenibilidad del sistema, lo hemos defendido y lo defenderemos siempre. El ejemplo claro fueron los años de 2000 a 2007, cuando hubo una entrada muy alta de inmigrantes
que permitieron mejorar la sostenibilidad del sistema. Y decían algún compañero y la presidenta que el trabajo de la Comisión no se acaba aquí; la recomendación 20 exige que el Gobierno dé cuenta al Pacto de Toledo de todo el cumplimiento de sus
recomendaciones que hoy vamos a aprobar y también de las medidas para afrontar los escenarios de futuro, y el reto demográfico es uno de ellos.


Señorías, decía al inicio que este Pacto de Toledo de la XIV legislatura supone un antes y un después, porque marca líneas rojas sobre las que han de transitar las futuras reformas. La pandemia, señor Sáez, no puede servir de excusa para el
recorte en pensiones, eso ha de quedar muy claro, esa es una línea roja. El consenso como premisa del pacto es la segunda. La tercera es el rechazo a la transformación radical del sistema que haga desaparecer los principios de reparto, solidaridad
intergeneracional y de suficiencia. Cuarto, el rechazo a tener un sistema de pensiones mínimas; la lucha contra la pobreza ha de ser una lucha colectiva, de todos, acabar con ella tiene que ser una prioridad. Quinto, la necesidad evidentemente de
reforzar el compromiso de solidaridad del sistema. Y, por último, es imprescindible que los jóvenes sientan el sistema como propio, son la clave de su supervivencia, ellos son los protagonistas de estas recomendaciones. Así, el Grupo Parlamentario
Socialista muestra su apoyo incondicional a un sistema que ha sido el orgullo y la fortaleza de nuestro país a lo largo de nuestra historia democrática y que debe ser el engarce en el diseño de la futura sociedad española.


Acabo, pero no puedo dejar de agradecer a mi grupo por haber confiado en mí como portavoz de esta Comisión del Pacto de Toledo. Es de recibo agradecer a los servicios de la Cámara su dedicación, paciencia y entrega a lo largo de la
elaboración de este texto en las dos legislaturas, especialmente al letrado, don Ignacio Gutiérrez, un placer. Y por supuesto al director general de Ordenación de Seguridad Social, Borja Suárez, por su compromiso con el sistema público de
pensiones, que va más allá de su propia responsabilidad. Y, cómo no, al jefe de gabinete del secretario de Estado, Alberto Llorente, y por supuesto al secretario de Estado de Seguridad Social, Israel Arroyo, que nos acompaña. Muchas gracias por
vuestro apoyo. Me adhiero a los reconocimientos expresos de Magdalena Valerio, presidenta de la Comisión, al resto de los asistentes técnicos del ministerio, y también a los compañeros del Grupo Socialista por su incondicionalidad y trabajo
incansable.


Y acabo, presidenta, pero tengo que nombrar a los compañeros de esta legislatura y los de la duodécima: La portavoz adjunto -que la tengo aquí- Gema López por todos los compañeros; a Amalia Rodríguez y Jesús Mari Fernández, que sufrieron
las interminables reuniones del Pacto de Toledo, a todos ellos mi reconocimiento y agradecimiento. Y, desde luego, no me quiero olvidar de los compañeros de la Mesa y portavoces en la presente legislatura y en la duodécima. Por todos, nombraré a
Carles Campuzano, quien ha creído en el Pacto de Toledo y ha sido un referente como diputado. Aina ya me ha hecho los honores y ha nombrado a todos, a Ignasi, a Gerardo Camps, a Sergio del Campo... Y, desde luego, quiero mostrar mi alegría por
tener aquí con nosotros a Aina Vidal, una compañera excepcional y de grandes convicciones. Por último, agradezco, sobre todo a la presidenta de la XII Legislatura, Celia Villalobos, por su implicación en el Pacto de Toledo y, cómo no, a la
presidenta actual, Magdalena Valerio, sobre todo por su vehemencia en la defensa del sistema público de pensiones. De ella también hemos aprendido mucho; ella también es un referente para los socialistas y para este país. Me siento muy honrada,
orgullosa y satisfecha por ser diputada en esta XIV Legislatura y por estar en la Comisión del Pacto de Toledo.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, Mercè Perea, portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.


Vamos a tener que hacer un breve receso antes de proceder a la votación, porque tenemos que ver la redacción del resumen de la recomendación número 3 y alguna otra cuestión que ha planteado también el Grupo Popular en relación con el título
del resumen de las recomendaciones. Así que, por favor, ruego que se acerquen un momento los portavoces, hacemos una pausa que queremos que sea lo más breve posible y ya luego procederemos a la votación. (Pausa).

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Concluido el debate, vamos a proceder a la votación de las recomendaciones de la tercera renovación del Pacto de Toledo, en los términos resultantes del mismo.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 30; en contra, 5; abstenciones, 2.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.


Señorías, concluye la votación con 30 votos a favor de la tercera renovación de las recomendaciones del Pacto de Toledo, 5 votos en contra y 2 abstenciones. Enhorabuena. (Prolongados aplausos).


Muchísimas gracias por la cooperación que habéis demostrado, pero dadme unos minutos porque tengo que rematar este asunto. Ya me reservaré el aplauso para cuando concluya la Comisión, porque en la Mesa no está bien aplaudir.


Mirad, os voy a llamar de tú, igual que he llamado a los miembros de la Mesa y portavoces durante la multitud de reuniones que hemos tenido. La verdad es que nos ha tocado rematar esta fase de la tarea de la Comisión del Pacto de Toledo en
un momento muy difícil, no solamente para nuestro país sino, desgraciadamente, para el resto del mundo. Son unos momentos en los que hay miles de personas que han perdido la salud y miles de personas que han perdido la vida y, si vamos al cómputo
mundial, millones de personas afectadas. Tan es así que el día 10 de marzo cuando se suspendieron las actividades presenciales en esta Cámara, la Mesa y portavoces de esta Comisión estábamos reunidos, con una idea, que era haber avanzado en los
trabajos que ya se realizaron en la XII Legislatura, haber recibido el testigo de ese documento y de las personas que trabajaron en la misma y haber intentado tener aprobadas estas recomendaciones antes del verano, es decir, en el período de
sesiones anterior. No fue posible, la pandemia nos afectó de tal manera que tuvimos que retomar las tareas ya en el mes de junio. Y hoy ha llegado a buen puerto esta primera parte del camino.


Quiero dar las gracias, de verdad, a todas las personas que habéis contribuido a hacerlo posible; esto es un trabajo en equipo. Tengo que daros las gracias por el buen clima, por el trabajo que hemos hecho en positivo, porque hemos
celebrado un debate en el que perfectamente ha sido compatible la discrepancia y el respeto. Se puede perfectamente discrepar sin insultarse y en esta Comisión hoy, una vez más, se ha demostrado pero también en las tareas que ha efectuado la Mesa.
Y tengo que confesaros que, quitando algún momentillo puntual -que yo ya he olvidado- me lo habéis puesto muy fácil. Quiero agradecer por lo tanto a todos los miembros de la Comisión toda la tarea realizada y en especial a los compañeros de Mesa y
portavoces, pero no quiero olvidarme -y aquí han sido recordados a lo largo de vuestras intervenciones-de algunas personas que formaban parte de esta Comisión de la XII Legislatura. A título de ejemplo mencionaré a Gerardo Camps o Carles Campuzano,
Ignasi Candela, Sergio del Campo, a la querida Aina Vidal -que ya estabas y, por suerte, vuelves a estar con nosotros- y a otros compañeros que habéis repetido como Mercè, Íñigo... Quiero dar las gracias también a todos los equipos ministeriales
que han tenido ocasión de cooperar con esta Comisión para llegar a esta tercera renovación de las recomendaciones del Pacto de Toledo, así como a Fátima Báñez y a su equipo, con el secretario de Estado Tomás Burgos a la cabeza; al ministro José
Luis Escrivá, con su equipo y con el secretario de Estado Israel Arroyo a la cabeza. Y también tengo que dar las gracias a mi propio equipo, con el secretario de Estado Octavio Granado a la cabeza cuando yo tuve el inmenso honor de ser ministra de
Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. No me quiero olvidar del personal de la Cámara, desde las taquígrafas -que callada y metódicamente toman nota de todo lo que decimos, incluso de los rumores y comentarios al margen (aplausos)-, a los ujieres
y al resto del personal de seguridad, que nos han estado esperando hasta que terminaban, tanto en esta etapa como en la anterior, estas largas reuniones de la Mesa y portavoces porque, como hablamos de algo que nos apasiona, no tenemos prisa aunque
nos esperen nuestras familias o nuestras personas amigas. Y desde luego también quiero hacer una mención especial al personal de informática del Congreso porque, como hemos tenido que celebrar varias reuniones de la Mesa y portavoces con
restricciones como consecuencia de la COVID-19, algunos hemos venido presencialmente pero otros habéis podido intervenir desde vuestras casas telemáticamente, y eso ha implicado también un sobreesfuerzo para el personal de informática. Así que
también muchísimas gracias. ¡Qué decirte, Ignacio Gutiérrez Cassillas! Querido letrado, alma mater de esta Comisión desde el año 1998. ¡Ahí es nada! (Aplausos) Veintidós años de su vida profesional dedicados a la buena marcha de esta Comisión.


Hoy hemos dado un paso muy importante para seguir recorriendo un camino que implique garantizar el presente y el futuro del sistema público de pensiones. Hay 10 millones de personas ahí fuera que estaban esperando a saber qué decidíamos en
esta Comisión, pero es que hay muchos otros muchos

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millones de personas, en estos momentos cotizantes -entre los cuales nos encontramos y se encuentran también nuestros hijos y en algunos casos nuestros nietos, quien los tenga-, que quieren tener la certidumbre de que ellos y ellas en un
futuro también van a cobrar pensión. Así que creo que hoy hemos dado un gran paso para dar certidumbre y confianza en estos momentos de tanta incertidumbre y de tanta zozobra. Creo sincera y humildemente que, a partir de hoy, hemos vuelto a ganar
al menos un poquito de credibilidad ante la ciudadanía porque creo que ya teníamos perdida bastante. Preguntaban, ¿y cuándo van a terminar de decidir las recomendaciones? Así que creo que hoy hemos vuelto a recuperar, por lo menos en parte, esa
credibilidad. Y quiero dar un mensaje y es que, al margen de las discrepancias, seguimos siendo útiles para dar solución a las cuestiones que preocupan a la ciudadanía de a pie, y las pensiones sin lugar a dudas forman parte importante de esas
preocupaciones.


Creo que una buena manera de celebrar el 25º aniversario -las bodas de plata, se dice- de la Comisión del Pacto de Toledo, que aprobó su primer acuerdo el 6 de abril del año 1995, es con este paso adelante que hemos dado para aprobar estas
recomendaciones. ¡Cuidado!, tras esta aprobación, refrendada de manera tan mayoritaria como ha ocurrido esta mañana en la Comisión, tendrá que ser refrendada también en el Pleno, donde aquellos grupos que lo consideréis podéis defender vuestros
votos particulares.


Pero también está pendiente un acuerdo en la Mesa de Diálogo Social El ministerio, junto con la CEOE, Cepyme, UGT y Comisiones Obreras, ya han dado un primer paso, reuniéndose para empezar a sentar las bases de un acuerdo en materia de
pensiones en la Mesa de Diálogo Social. En definitiva, para que las reformas de pensiones sean duraderas, es fundamental que tengan como base el diálogo y el consenso tanto político como social. Y como le gusta decir a Borja Suárez Corujo, que
tiene un artículo muy interesante al respecto, es la única manera de garantizar la sostenibilidad social, financiera, jurídica y también política del sistema público de pensiones.


Muchísimas gracias por vuestra colaboración. Muchas gracias. (Aplausos de las señoras y los señores diputados y de los miembros de la Mesa, puestos en pie).


Yo creo que esto se merece una foto de familia, así que todas aquellas personas que tengáis a bien y que os apetezca haceros esa foto id a la escalinata de los leones, puerta formal del Congreso, para que así podamos mantener las pertinentes
distancias físicas así como nuestras respectivas mascarillas.


Muchas gracias.


Se levanta la sesión.


Era la una y diez minutos de la tarde.