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BOCG. Senado, apartado I, núm. 81-623, de 16/09/2020
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I. Iniciativas legislativas


Proyecto de Ley del Impuesto sobre las Transacciones Financieras.
Propuestas de veto
621/000006
(Congreso de los Diputados, Serie A, Num.2, Núm.exp. 121/000002)



El Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula una propuesta de veto al Proyecto de Ley del
Impuesto sobre las Transacciones Financieras.

Palacio del Senado, 11 de septiembre de 2020.—El Portavoz, Javier Ignacio Maroto Aranzábal.

PROPUESTA DE VETO NÚM. 1

Del Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP)


El Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente propuesta de veto.

El pasado 18 de febrero el gobierno aprobó en Consejo de Ministros sendos
Proyectos de Ley creando nuevos impuestos en nuestro país: uno sobre Determinados Servicios Digitales y otro sobre las Transacciones Financieras.

Estos nuevos impuestos se aprobaban días después de que el Gobierno presentase el nuevo cuadro
macroeconómico de nuestra economía: un cuadro macroeconómico irreal como ya advertimos al debatir en el Senado los objetivos de estabilidad el 4 de marzo, ya que entre otras cosas no tenía en cuenta los efectos negativos, en aquel momento graves
incertidumbres, que la pandemia del COVID-19 introducía en el panorama económico español.

Hoy, tras más de 50.000 fallecidos en nuestro país, inmersos en una nueva ola de la pandemia y una crisis económica sin precedentes que nos lleva a
previsiones de caída del PIB del orden del 13 %, un déficit público del 14 % y un ratio de deuda/PIB del 120 %, el gobierno mantiene la subida de impuestos propuesta cuando el escenario macroeconómico de nuestro país preveía —según el
gobierno— un crecimiento del 1,6 %. No parece muy simétrico.

El Partido Popular intentó que el gobierno reaccionara ofreciéndole, el 9 de marzo, un Plan de Choque con una decena de medidas que iban en la dirección correcta, siguiendo
las recomendaciones de los organismos internacionales (FMI, OCDE...) y justo en el sentido contrario en el que va el Proyecto de Ley del Impuesto sobre las Transacciones Financieras que el Grupo Parlamentario Popular cree imprescindible devolver al
Gobierno.

Hemos mantenido en todo momento que debíamos adoptar medidas de dos órdenes: medidas de protección como primera reacción pero además medidas de reactivación económica que nos permitan volver con rapidez al crecimiento y la
generación de empleo que es lo que verdaderamente permite obtener recursos para sostener las políticas públicas.

Las primeras medidas aprobadas por el Gobierno están siendo totalmente insuficientes, y ha tenido que irlas completando,
corregirlas y enmendarlas durante estos meses, creando una enorme confusión y caos administrativo fruto de la improvisación y la ausencia de estrategia económica.

Ha habido y sigue habiendo caos en las medidas de protección desplegadas en
esta crisis: hay miles de personas en ERTE sin cobrar; el IMV —tras tres meses de puesta en marcha— no ha reconocido ni a un 1 % de las solicitudes e incluso se retrasan los reconocimientos y la actuación desdichada del gobierno en
materia turística ha provocado el cierre de nuestro sector turístico ya en agosto de este año.

Y en el orden de las medidas de reactivación de nuestra economía nada se ha hecho por el gobierno, más bien espera que nos lo arregle la Unión
Europea y sin embargo, el Partido Popular viene señalando desde el inicio que esta crisis que requiere medidas en todos los ámbitos: monetario, financiero, laboral y también fiscal, que permita atacar el shock de oferta y el shock de demanda que se
produjo en la fase aguda de la pandemia y que ahora también parcialmente se producen como consecuencia de esta segunda oleada, y que, de hecho, se retroalimentan.

Es por todo ello que, reiteramos ahora, no solo es imprescindible adoptar
medidas económicas de reactivación sino que primero de todo es imprescindible no agravar la situación con incrementos impositivos que directamente se repercuten en los ciudadanos de nuestro país; incrementos impositivos que desincentivan la
inversión en los capitales de nuestras empresas; incrementos impositivos que desincentivan las políticas que deberíamos hacer para corregir uno de nuestros principales desequilibrios como es la falta de tamaño adecuado de nuestro tejido
empresarial.

Además, para que este impuesto sea justo, y sobre todo eficaz, es imprescindible que esté armonizado en el contexto internacional. En esa línea se ha pronunciado la OCDE y la Unión Europea, y aquí se fundamenta nuestro veto a
este texto, porque este impuesto corresponde desarrollarlo y acordarlo en organismos internacionales, ya sea dentro del marco de la OCDE o de la Unión Europea.

La propia Comisión Europea propuso un sistema común para el Impuesto sobre las
Transacciones Financieras (ITF) para la Unión Europea; de hecho, hay 11 países de la UE negociando, mediante un proceso de cooperación reforzada, las características de un impuesto común sobre transacciones financieras. El objetivo de la enmienda
es que el ITF se establezca de forma homogeneizada en el marco de la UE para evitar las distorsiones y desventajas competitivas de fijarlo de forma unilateral en nuestro país.

Por tanto, no se justifica que nuestro país inicie la peligrosa
vía de establecer un impuesto de forma unilateral, dado que se trata de un impuesto con múltiples implicaciones internacionales y adelantarse va a producir distorsiones fiscales entre países perjudicando a España y ocasionando también graves
perjuicios a la competitividad de nuestras empresas.

Por todo lo cual, el Grupo Parlamentario Popular presenta esta enmienda a la totalidad al Proyecto de Ley del Impuesto sobre las Transacciones Financieras, por la que se solicita su
devolución al Gobierno.

El Senador Jacobo González-Robatto Perote (GPMX), el Senador José Manuel Marín Gascón (GPMX) y la Senadora Yolanda Merelo Palomares (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado,
formulan una propuesta de veto al Proyecto de Ley del Impuesto sobre las Transacciones Financieras.

Palacio del Senado, 11 de septiembre de 2020.—Jacobo González-Robatto Perote, José Manuel Marín Gascón y Yolanda Merelo Palomares.


PROPUESTA DE VETO NÚM. 2

De don Jacobo González-Robatto Perote (GPMX), de don José Manuel Marín Gascón (GPMX) y de doña Yolanda Merelo Palomares (GPMX)

El Senador Jacobo González-Robatto Perote (GPMX), el Senador José Manuel Marín
Gascón (GPMX) y la Senadora Yolanda Merelo Palomares (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente propuesta de veto.

1. El establecimiento de este impuesto va a suponer un
incremento de los costes de las transacciones financieras y, por lo tanto, una bajada de rentabilidad de una inversión, la adquisición de acciones, en el que depositan sus ahorros muchas familias españolas (las acciones suponen un 14,9 % en la
estructura del ahorro financiero de las familias españolas).

2. La rentabilidad de los fondos de inversión, destino del 14,1 % del ahorro de las familias españolas, también se vería afectada de manera negativa. La Asociación de
Instituciones de Inversión Colectiva y Fondos de Pensiones (INVERCO) la estima en un -7,4 % en los próximos 25 años debido a la aplicación de este impuesto.

La reducción de la rentabilidad, tanto en acciones como en fondos, provocará un claro
resultado negativo en el «efecto riqueza», dando lugar a una reducción del consumo de los hogares, 55 % del PIB, derivando en una menor actividad económica y generación de empleo.

3. El hecho de que solo se graven las operaciones
realizadas con acciones de compañías españolas (de más de 1.000 MM € de capitalización), las sitúa en clara desventaja competitiva frente a las acciones extranjeras, tanto en la compra de acciones individual, como en la inclusión de las
mismas en vehículos de inversión colectiva, afectando a la liquidez del mercado y a la financiación empresarial.

4. El hecho de que únicamente 10 países de la Unión Europea hayan acordado implantar este impuesto dará lugar a una
distorsión fiscal que puede inducir efectos de desplazamiento de capitales que buscarían otros mercados que carezcan de este Impuesto, lo cual daría lugar a claros efectos negativos en la liquidez de nuestro mercado, elevando los costes de las
transacciones y teniendo un claro efecto sobre el empleo del sector financiero (de elevada cualificación) debido a una previsible menor actividad.

5. Desde VOX consideramos que los objetivos perseguidos por el Impuesto no son
alcanzables. Por un lado, el impuesto no va a «contribuir a la consolidación de las finanzas públicas». En el Proyecto de Ley se estima una recaudación anual de 850 MM €. Las diferentes experiencias internacionales en la implantación de un
ITF son negativas en relación a las expectativas de recaudación. En Suecia, el ITF solo estuvo presente 7 años, recaudando únicamente un 3 % de lo esperado. En Francia, la recaudación esperada el primer año no llegó al 50 % (200 MM € vs 530
MM € esperados). En Italia, la situación fue incluso más decepcionante al recaudarse 159 MM€ frente a los 1.000 MM € esperados. Asimismo, la adopción del ITF en estos países trajo como resultado descensos en los volúmenes de
contratación de grandes sociedades (2,5 % en el caso del CAC 40) y deslocalización en la contratación de acciones (en Suecia un 50 % de las transacciones se desplazó a Londres). Por lo tanto consideramos no alcanzable el objetivo de
recaudación.

6. Este impuesto no va a «reforzar la equidad del sistema tributario», ya que no se graban todas las operaciones, creando una clara barrera de entrada a la compra de acciones de sociedades españolas, no gravando otras
operaciones, como los CFD,s, de mayor riesgo y que pueden atraer al inversor minorista menos formado, elevando así el riesgo de su cartera.

7. Desde VOX entendemos que este Proyecto de Ley no cumple con lo dispuesto en el artículo 129
de la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas debido a lo siguiente:

— Según lo dictado en la Disposición final tercera, la Ley de Presupuestos Generales del Estado podrá cambiar el
tipo impositivo del impuesto, o los supuestos de no sujeción al mismo, lo que no cumple con los principios de seguridad jurídica y transparencia.

Tampoco es una Ley necesaria ya que solo ha sido implantada en un número reducido de países, no
existiendo actualmente ninguna acción a nivel global para su implantación.

El principio de eficacia también se pone en tela de juicio, debido a la dificultad de la recaudación de este impuesto a los gestores no residentes en España.


Respecto al principio de eficiencia, desde Vox entendemos que no se cumple, debido a que la introducción de un nuevo impuesto a las transacciones financieras se sumaría a los cánones de bolsa y de gestora que ya son incluidos en la compra de
acciones, lo cual podría elevar los costes de adquisición, desincentivando la compra y reduciendo la recaudación de los cánones y comisiones actuales (los cuales a su vez generan recaudación fiscal).