I. Iniciativas legislativas

Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2021.
Propuestas de veto e impugnaciones de una Sección
621/000013
(Congreso de los Diputados, Serie A, Num.35, Núm.exp.
121/000035)

I. PROPUESTAS DE VETO AL PROYECTO DE LEY

El Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP), al amparo de lo
previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula una propuesta de veto al Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2021.

Palacio del Senado, 9 de diciembre de 2020.—El Portavoz, Javier Ignacio
Maroto Aranzábal.

PROPUESTA DE VETO NÚM. 1

Del Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP)

El Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la
siguiente propuesta de veto.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2021 es el adiós definitivo de España a la recuperación de su economía y a la creación de empleo en el tiempo que
queda de legislatura.

Sostenido en buena medida sobre la solidaridad y la buena fe de nuestros socios europeos, este proyecto de cuentas públicas representaba una oportunidad histórica para dar un impulso reformista y modernizador a la
competitividad de la economía española, empezando por la reconstrucción del tejido productivo arrasado por los estragos económicos de la pandemia.

Lejos de generar confianza y certidumbre entre los agentes económicos blandiendo unas cuentas
públicas provistas de credibilidad, sensatez y rigor, el Gobierno se ha aprovechado de una coyuntura crítica para inocular una dosis empobrecedora de sectarismo ideológico y fiscalidad punitiva en las arterias de la economía española.

Si en
la gestión sanitaria de la Covid-19 y de sus secuelas económicas y sociales, el Gobierno de Pedro Sánchez ha demostrado ser uno de los gestores más insolventes del mundo desarrollado, en su plan presupuestario deja su huella inconfundible: la
subordinación del interés general a la ideología y la confusión premeditada de los deseos con la realidad. O, lo que es lo mismo, la mezcla secular de irresponsabilidad y dogmatismo ruinoso que tan hondas heridas inflige a nuestra sociedad.

De aprobarse en sus actuales términos, los Presupuestos Generales del Estado de 2021 tendrán un impacto aún más depresivo y desmoralizador sobre la deteriorada confianza económica y sobre las ya mermadas expectativas sociales de una rápida
recuperación del crecimiento, el empleo y el bienestar.

Por tercera vez en el último cuarto de siglo, un Gobierno socialista vuelve a arrebatar a España su lugar en el vagón de primera de la locomotora europea. Por tercera vez, la
irresponsabilidad de un Gobierno socialista aboca a los españoles a un largo periodo devaluatorio de crisis, paro y recortes.

Caracterizado por unas previsiones macroeconómicas y de ingresos superada por la realidad, y por unas recetas
fiscales rebosantes de dogmas ideológicos, el Proyecto de Ley de Presupuestos deja la salida de la crisis en las manos exclusivas de los fondos europeos de recuperación, cuya recepción no está prevista al menos hasta finales de 2021.

A pesar
de que los fondos de recuperación están vinculados a unos proyectos que no se han presentado todavía, el Gobierno se escuda detrás de los mismos para hacer escapismo de sus responsabilidades con la sostenibilidad de las cuentas públicas (el plan de
reequilibrio fiscal, exigido por el Partido Popular, el Banco de España y la AIReF brilla luminosamente por su ausencia), con el impulso a reformas estructurales que doten de renovada competitividad a nuestra economía (inexistentes en dos años y
medio de Gobierno) y con el fin último de toda política económica eficaz: la creación de empleo.

Consciente de que la publicación de estas cuentas venía a coincidir con un nueva declaración del estado de alarma, que ha dejado desfasados
incluso los cuadros macroeconómicos más prudentes —por no hablar ya de las voluntaristas estimaciones gubernamentales—, el Ejecutivo ha decidido hurtar el debate parlamentario al Congreso de los Diputados a través de una tramitación
expeditiva del proyecto de ley. Este nuevo rodillo al Parlamento es coherente con su política de tierra quemada institucional, pero incompatible con el sosegado análisis y cambio de rumbo que hubiera requerido una norma de tan quiméricas
previsiones.

Mientras la economía española acusa ya en este cuarto trimestre de 2020 la ralentización provocada por la segunda oleada de rebrotes (la Comisión Europea augura para nuestro país la mayor contracción económica del continente), el
Gobierno esboza un crecimiento económico inercial del 7,2 % del PIB en 2021, muy por encima de las estimaciones del Banco de España en su verosímil escenario de prolongación de restricciones a la actividad (4,1 %), de las últimas previsiones de
Bruselas (5,4 %) y del escenario central que maneja la Autoridad Fiscal Independiente (5,5 %).

El propio gobernador del Banco de España ha asegurado en estas últimas semanas, durante su comparecencia ante la Comisión de Presupuestos del
Congreso y el Senado, que los últimos indicadores de la actividad nos sitúan cada vez más cerca del escenario más pesimista de los dos que baraja la institución y, además, con riesgos añadidos a la baja.

La previsión del Gobierno alcanza
el 9,8 % de crecimiento del PIB al apoyarse en la hipótesis de que los 27.000 millones de euros que el Ejecutivo ha decidido anotarse para 2021 del total de las transferencias no reembolsables europeas (72.000 millones de euros), reportarán una
contribución al crecimiento económico de 2,6 puntos porcentuales el próximo año.

Este cálculo contrasta con el elaborado por el Banco de España. A la luz de sus estudios, la institución cifra esta aportación en 1,3 puntos en el mejor de los
casos, advirtiendo también del riesgo a la baja asociado a los interrogantes que suscitan la capacidad de ejecución de la totalidad de los fondos esperados.

A falta de unos días para el cierre del ejercicio 2020, España asiste a una
contracción económica sin precedentes desde la guerra civil española (-8,7 % interanual hasta septiembre), que habrá volatilizado, a 31 de diciembre, más de 130.000 millones de euros de riqueza nacional. A día de hoy, ya ha causado el cierre de más
de 91.000 empresas y la destrucción de más de 700.000 empleos (sin contar los 600.000 trabajadores en ERTE).

Nuestro castigado tejido productivo afronta, por si fuera poco, un inquietante horizonte de seis meses de restricciones asociadas al
nuevo estado de alarma, asimétricamente implantadas en función de cada comunidad autónoma, mientras que el Banco de España sitúa en 2021 la tasa de paro nacional en una horquilla de entre el 19,4 % y el 22,1 % de la población activa, es decir, cerca
de cinco millones de ciudadanos sin trabajo.

De acuerdo con la narrativa gubernamental, incluso bajo este escenario, repleto de dudas e interrogantes, los ingresos públicos batirán milagrosamente el récord histórico absoluto de recaudación
en 2021: 493.838 millones de euros, casi medio billón de euros.

El Gobierno justifica esta hazaña recaudatoria sobre la base de una subida prevista del 13 % en los ingresos tributarios (hasta 222.107 millones de euros) que atribuye, a su
vez, a su estimación de mejora del PIB y, en segundo término, a toda una vuelta de tuerca fiscal a familias y empresas, un hachazo impositivo al consumo, al ahorro y a la inversión que es lo único que tiene de real el plan presupuestario del
Gobierno.

Los organismos independientes cuestionan los ingresos por los tres motivos citados: Ni los ingresos tributarios van a crecer por encima del crecimiento económico real, ni el crecimiento va a ser el previsto por el Gobierno, ni la
recaudación de los impuestos va a alcanzar el nivel presupuestado.

La consecuencia más inmediata de las proyecciones del Gobierno no es otra que el descrédito de la política económica ante los inversores, ante los agentes económicos
nacionales e internacionales y ante los ciudadanos.

Como primer fundamento de esta enmienda a la totalidad, el Grupo Parlamentario Popular considera, por tanto, que las cuentas de ingresos y gastos públicos para 2021 son ya pasto de una
obsolescencia autoprogramada, pues se asientan en los pies de barro de unas previsiones macroeconómicas superadas por la realidad, como atestiguan los escenarios centrales que manejan ya la mayoría de organismos e instituciones.

El Ejecutivo
podía haberse limitado a colorear un panorama de renovados brotes verdes —con los perjuicios ya indicados—, pero al menos abstenerse de dañar la economía aún más de lo que ya lo ha hecho con su nefasta gestión sanitaria de la Covid-19,
causante del mayor hundimiento económico y social en toda Europa.

Desgraciadamente, al optimismo del Gobierno hay que añadir la fiscalidad confiscatoria a las clases medias que transpira por todos los poros de este proyecto de ley, lo que
justifica sobradamente el segundo fundamento de esta enmienda a la totalidad.

En dirección contraria a las grandes naciones europeas, como Francia, Italia o Alemania, que han aligerado las cargas impositivas a sus ciudadanos y sus empresas
para impulsar la demanda, el crecimiento y la competitividad empresarial en sus respectivas economías, el Gobierno de Sánchez e Iglesias pone un nuevo palo ideológico en las ruedas de la recuperación y sube los impuestos en nada menos
que 7.442 millones de euros entre 2021 y 2022.

El Gobierno sitúa en el centro de su diana fiscal a los hogares y profesionales autónomos, que en 2021 sufragarán casi el 97 % de la subida fiscal. Unas clases medias y trabajadoras que nada
tienen que ver con el grupo social de «los ricos», antagonista arquetípico en el discurso populista de la izquierda radical.

Prácticamente, no existe figura impositiva que no recoja un incremento fiscal: Impuesto sobre Sociedades (sobre unos
beneficios empresariales que serán inexistentes), Impuesto sobre la Renta, la fiscalidad sobre el ahorro, IVA, Impuesto sobre el Diésel, Impuesto sobre el Patrimonio, Impuesto sobre las Primas de Seguro, Impuesto sobre Plásticos de un Solo uso,
sobre Bebidas Azucaradas (como los batidos o los zumos), Impuesto sobre Transacciones Financieras, Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales.

Es inaceptable el ataque al que hemos asistido a la autonomía fiscal que tienen reconocidas
las CC. AA. Con la connivencia de este Gobierno, durante la tramitación de los PGE para 2021, se ha aprobado la enmienda 3029 de Esquerra Republicana que supone una modificación a esa autonomía fiscal, al aprobar una enmienda que pretende una
armonización fiscal al alza del impuesto sobre el patrimonio.

Este proyecto de ley de presupuestos es, por tanto, un ejemplo revelador de la voracidad recaudatoria que deprime el consumo, penaliza el ahorro, ahuyenta la inversión y socava la
competitividad de las empresas y la capacidad de un país para crear empleo.

En sus comparecencias en las Cortes Generales, el gobernador del Banco de España advirtió expresamente sobre los peligros de subir la presión fiscal en un momento de
fragilidad y riesgos a la baja como el actual. No solo eso, sino que además alertó en torno a las distorsiones que introducen las nuevas figuras impositivas aprobadas unilateralmente y sin coordinación a nivel europeo.

De nada importa que el
ciclo económico sea positivo —como en los presupuestos frustrados de 2019— o recesivo —como en los de 2021—: Las izquierdas españolas nunca desaprovechan la oportunidad de subir urbi et orbi los impuestos existentes y de
crear nuevos impuestos por si los primeros no fueran suficientes.

El Gobierno se ha aprovechado igualmente del consenso generalizado en torno a la necesidad de unos presupuestos expansivos que impulsen la demanda deprimida por la pandemia.
Pero la pregunta correcta no es tanto cuánto se gasta, sino cómo se gasta. Lo importante es decidir si el gasto público va destinado a inversiones productivas o si, por el contrario, se aprovecha para sostener de rondón una estructura burocrática
elefantiásica que sigue engordando más y más frente a la contención y la ejemplaridad que exigiría la situación actual y que están demostrando los ciudadanos.

Innumerables han sido los ejemplos que estos presupuestos consolidan y consagran:
La proliferación de nuevos altos cargos en pleno estado de alarma, la creación de ministerios desde lo que antes eran direcciones generales (Consumo), Secretarías de Estado que antes eran una simple división (Memoria Democrática), un incremento
del 100 % en los gastos corrientes del Ministerio de Asuntos Económicos, un aumento del 75 % en el coste de altos cargos dependientes del presidente del Gobierno con respecto a los presupuestos de 2018, un incremento de más del 10 % en la partida de
altos cargos del Gobierno, o el aumento sin control de partidas presupuestarias para gastos de publicidad y propaganda en Ministerios y Secretarías de Estado y un largo etcétera.

La excepcionalidad de la situación actual exigía reducir a la
mínima expresión los gastos superfluos y dejar margen adicional tanto para poder extender aquellas medidas de gasto que pudiera ser necesario prolongar en el tiempo —caso de los ERTE—, como para compensar los estabilizadores
automáticos en un escenario de empeoramiento económico, destrucción del empleo y deterioro de las cuentas públicas.

Pero esto es algo que no se puede hacer con un presupuesto inercial, como es este, en el que solo importa el incremento
cuantitativo de todas las partidas. La crítica situación actual exigía un análisis cualitativo mucho más profundo que, partiendo de cero, justificase en términos de eficiencia y eficacia cada una de las partidas de gasto.

Lamentablemente no
ha sido así. El Gobierno vuelve a tropezar en la piedra de su propia irresponsabilidad. La de los viernes electorales. La causante de que España ya incumpliera el objetivo de déficit presupuestario en 2019. La que privó a España de un colchón
fiscal propio para combatir los efectos económicos y sociales de la pandemia.

¿Acaso las nuevas cargas fiscales tratan al menos de compensar parcialmente los desequilibrios provocados por el impacto de la crisis sanitaria? ¿Existe algún plan
de reequilibrio fiscal que oriente la sostenibilidad a medio plazo de nuestras cuentas públicas?

Todo lo contrario, nada importa aquí tampoco que el ciclo sea positivo o recesivo, las subidas de impuestos socialistas van dirigidas a sostener
aumentos permanentes de gasto, que luego serán muy difíciles de sufragar con la recuperación de los ingresos.

Si la caída interanual de la economía española y la destrucción de empleo ya duplican la media europea (-8,7 % vs -4,3 %) y (-7,6 %
vs -3,1 %) respectivamente, estas cuentas públicas, lejos de ayudarnos a estrechar rápidamente la brecha con respecto a las grandes economías de nuestro entorno, ahondará en unos desequilibrios que no tardaremos en pagar en forma de recortes y
ajustes de déficit y deuda.

Para 2020, el Gobierno estima un déficit público del 11,3 % del PIB (a 31 de agosto ya era del 7 %), en la banda baja del consenso de las previsiones, que se mueven en una horquilla entre el 11,9 % y el 14,4 % del
PIB.

Para 2021, a pesar de la subida de impuestos y los cálculos voluntaristas de ingresos públicos, la previsión oficial del déficit se sitúa en el 7,7 %, a lo que el Banco de España ya ha respondido que bien podrá elevarse al 9,9 % en un
escenario de rebrotes como el que estamos sufriendo. En esta misma línea, la Comisión Europea lo sitúa, por su parte, en el 9,6 % (y del 8,6 % en 2022).

Por tanto, entre los años 2020 y 2021, los españoles veremos cómo se abre un cráter
fiscal de prácticamente un cuarto de billón de euros en la deuda pública. Esta pasará previsiblemente de representar el 95 % del PIB en 2019 al 120 % en 2020, al 125,6 % en 2021 y al 128 % en 2022. A finales de 2021, cada español tendrá sobre su
cabeza una deuda adicional cercana a los 7.000 euros.

Esto es, en definitiva, una espiral insostenible de la deuda pública, que, de haber contado con un Gobierno mínimamente responsable, por lo menos hubiera ido acompañada de la presentación
de un plan de reequilibrio que marcase un rumbo creíble de sostenibilidad fiscal y reformas estructurales a medio plazo.

El gasto sanitario, el incremento de los intereses de la deuda, el ingreso mínimo vital o la indexación de las pensiones
son ejemplos de gasto estructural que elevan el déficit estructural al 5 %, frente al 3,1 % previo a la pandemia.

Una vez se reactiven las normas europeas contenidas en el Plan de Estabilidad y Crecimiento, suspendidas transitoriamente
durante la pandemia, será necesario «un plan de ajuste de una década», tal y como ha advertido el gobernador del Banco de España.

El Gobierno ha decidido hipotecar el futuro de los españoles y este es el tercer fundamento de esta enmienda a
la totalidad.

Sin aparente turbación, el Gobierno de Sánchez e iglesias ha dado públicamente por perdida la batalla del empleo para el resto de legislatura.

En el último año se han destruido 700.000 puestos de trabajo según la EPA
correspondiente al tercer trimestre. La tasa de paro de España, la mayor de Europa junto a la de Grecia, duplica la media de nuestros socios comunitarios (16,2 % vs 8,1 %), mientras 1,2 millones de hogares tienen ya a todos los miembros de la
familia en el paro.

Para el año 2021, el Gobierno reconoce que la tasa de desempleo se estancará en torno al 17 % de la población activa (se reducirá mininamente del 17,1 % al 16,9 %), frente al 13,6 % de paro que había a principios
de 2020.

Sánchez ha anunciado que los 140.000 millones de euros de los fondos europeos posibilitarán la creación de 800.000 empleos desde ahora hasta 2023. 0, lo que es lo mismo, en manos del Gobierno, estos fondos solo servirán como mucho
para recuperar los niveles de empleo previo a la pandemia.

Sin embargo, como ya se ha apuntado, las previsiones de otros organismos apuntan a que la tasa de paro se situará entre el 17,9 % (Bruselas) o incluso por encima del 20 %, lo que
supondría que uno de cada cinco trabajadores en España estará en paro el año que viene. En todo caso, ya la más alta de Europa, superando la de Grecia. En este escenario, resultaría un hecho inaudito que se cumpliera la estimación del Gobierno
respecto a la evolución del consumo privado en 2021, cifrada en una mejora del 10,7 % respecto a 2020.

Bajar los brazos en lucha contra el paro es una derrota de hondas consecuencias para la sociedad española, lo que explica el cuarto
fundamento de la enmienda a la totalidad que el Grupo Parlamentario Popular presenta al programa presupuestario del Gobierno, una herramienta que, cuando se utiliza de forma apropiada, y no como un arma ideológica, debe servir de eficaz impulso
incentivador a la creación de empleo y oportunidades.

Por todo lo dicho anteriormente, el Grupo Parlamentario Popular quiere denunciar que este proyecto de presupuestos acaba con la solvencia de la política económica española, muy dañada ya
desde los primeros compases de Gobierno de Pedro Sánchez.

Echa por tierra los sacrificios que tuvo que hacer la sociedad española para superar los excesos, la crisis y los desequilibrios dejados como herencia por el Gobierno de Rodríguez
Zapatero.

Marca una ruinosa línea continuista entre ambos Gobiernos de izquierdas: subidas de gasto estructural y de impuestos, incrementos de déficit y deuda. Las mismas fórmulas injustas, las mismas recetas fracasadas.

Paga peajes
inaceptables extrapresupuestarios a los socios rupturistas del Gobierno: desde el intervencionismo público en la fijación de precios de alquileres de la vivienda hasta la exclusión del castellano como lengua vehicular del sistema educativo.

Pone en grave riesgo la sostenibilidad a medio plazo de nuestras cuentas públicas y, como advierte el Banco de España, sitúa a España en el disparadero de años de recortes y ajustes.

Estas cuentas públicas comprometen el Estado de
Bienestar y el futuro de los españoles. Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta enmienda a la totalidad al Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2021, por la que se solicita su devolución al Gobierno.

El Senador Jacobo González-Robatto Perote (GPMX), el Senador José Manuel Marín Gascón (GPMX) y la Senadora Yolanda Merelo Palomares (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan una propuesta de veto al
Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2021.

Palacio del Senado, 9 de diciembre de 2020.—Jacobo González-Robatto Perote, José Manuel Marín Gascón y Yolanda Merelo Palomares.

PROPUESTA DE VETO NÚM. 8

De don Jacobo González-Robatto Perote (GPMX), de don José Manuel Marín Gascón (GPMX) y de doña Yolanda Merelo Palomares (GPMX)

El Senador Jacobo González-Robatto Perote (GPMX), el Senador José Manuel Marín Gascón (GPMX) y la Senadora
Yolanda Merelo Palomares (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente propuesta de veto.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

España ha perdido a más de 60.000 compatriotas, el sistema sanitario
vuelve a estar en riesgo de colapso, el nivel de renta retrocede en tres años, miles de empresas han cerrado y muchas resisten con problemas de liquidez, cientos de miles de españoles han perdido sus puestos de trabajo o lo van a perder, las colas
del hambre se multiplican mientras los precios de los alimentos básicos aumentan, las empresas cotizadas están a precios de saldo ante fondos extranjeros, los ciudadanos no pueden ver a sus familiares, ni velar a sus difuntos, ni salir de sus
ciudades por mandato gubernamental, la incertidumbre domina las perspectivas a corto y medio plazo, y no se contemplan visos de mejora sino al contrario. Con este contexto, el Gobierno presenta unos retrasados Presupuestos Generales del Estado para
el año 2021 con la siguiente introducción:

«Los Presupuestos de la Transformación son una oportunidad para construir un país mejor, más justo socialmente, más productivo, más ecologista y más feminista». Libro amarillo de los Presupuestos
Generales del Estado para el año 2021, Gobierno de España.

Los senadores VOX no quieren ser corresponsables del despropósito de este Proyecto de Ley, que nos conduce a la ruina económica y la destrucción del tejido productivo. En
consecuencia, presentan esta enmienda a la totalidad por las siguientes razones:

PRIMERO. POR LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA Y EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES.

El Gobierno de la Nación ha presentado en el Congreso de los Diputados el
proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2021 (PGE21) con casi un mes de retraso respecto al mandato constitucional recogido en el artículo 134.2 de la Carta Magna: «el Gobierno deberá presentar ante el Congreso de los
Diputados los Presupuestos Generales del Estado al menos tres meses antes de la expiración de los del año anterior». En este sentido, se incumple también con el artículo 37.1 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria que
establece que «el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado, …, será remitido a las Cortes Generales antes del día 1 de octubre del año anterior al que se refiera».

Los presupuestos generales del Estado comprenden un trámite
presupuestario similar al de un proyecto de ley ordinario con algunas características distintas como su preferencia en su tramitación, establecer la falta de competencia legislativa plena en la comisión correspondiente, o que según el
artículo 134.3 del Reglamento del Congreso, «el Presidente de la Comisión y el de la Cámara, …, podrán ordenar los debates y votaciones en la forma que más se acomode a la estructura del Presupuesto». El Gobierno aprovecha esta situación, y
la estructura parlamentaria negociada con sus socios, para tramitar en un mes los PGE21, concediendo apenas tres días para la comparecencia de más de un centenar de altos cargos en las comisiones y para establecer la presentación de enmiendas en un
tiempo más limitado de lo habitual. Por tanto, el Gobierno impone y presenta unos presupuestos ya negociados al margen del parlamento sin posibilidad de negociación alguna en la sede de la soberanía nacional. Esto generará inseguridad en los
agentes económicos al tratarse de unos presupuestos extraordinarios en términos de gasto, de ayudas europeas, y enmarcados en la mayor crisis que ha vivido España en tiempos de paz.

SEGUNDO. POR LA LEY DE ESTABILIDAD, LA RUPTURA DE LAS
REGLAS FISCALES Y LA AUSENCIA DEL UN PLAN DE REEQUILIBRIO.

El 27 de abril de 2012 se aprobó en las Cortes Generales la Ley Orgánica 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF), por la que se finaliza el proceso
de introducción al marco jurídico español de los preceptos introducidos en el artículo 135 de la CE. Establece ocho principios generales para el conjunto de las Administraciones Públicas: estabilidad presupuestaria; sostenibilidad financiera;
plurianualidad; transparencia; eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos; responsabilidad; lealtad institucional; y disposiciones para la aplicación de efectiva de la Ley mecanismos de coordinación. El propósito de
esta LOEPSF es permitir a la economía generar riqueza, empleo y prosperidad para sus ciudadanos mediante un uso responsable de los recursos públicos. De esta forma, la ley pretende que las cuentas públicas no supongan una carga inasumible para las
familias y las empresas españolas, y permitan un crecimiento equilibrado.

Los riesgos macroeconómicos derivados del diferencial negativo sostenido entre ingresos y gastos, así como una deuda pública que reste crecimiento y se retroalimente
con el servicio de ésta, afectan negativamente al tejido productivo, al consumo y al crecimiento de la nación, generando un efecto expulsión al sector privado.

El pasado 20 de octubre, el Congreso de los Diputados dispensó al gobierno de
cumplir con las reglas fiscales aplicando el artículo 135.4 de la CE y con el artículo 11.3 de la LOEPSF, y que reza: «Los límites de déficit estructural y de volumen de deuda pública sólo podrán superarse en caso de catástrofes naturales, recesión
económica o situaciones de emergencia extraordinaria que escapen al control del Estado y perjudiquen considerablemente la situación financiera o la sostenibilidad económica o social del Estado, apreciadas por la mayoría absoluta de los miembros del
Congreso de los Diputados».

El Gobierno no ha cumplido con el tercer párrafo del artículo 11.3 de la LOEPSF que reza que «en estos casos deberá aprobarse un plan de reequilibrio que permita la corrección del déficit estructural teniendo en
cuenta la circunstancia excepcional que originó el incumplimiento», y que está en la misma línea que el mandato de la Comisión Europea. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIREF) emplazó al Gobierno el 13 de octubre, por segunda
ocasión, a diseñar un Plan de Reequilibrio con una estrategia fiscal a medio plazo tras aplicar la cláusula de escape, subrayando que el Plan de Recuperación enviado a Bruselas no es un documento que establezca las bases para una estrategia de
reequilibrio macroeconómico. Los artículos 22 y 23 de la LOEPSF desarrollan los procesos para la presentación y aprobación de los planes de reequilibrio a medio plazo. Sin embargo, aún no se ha presentado, privando a los PGE21 de un marco más
amplio que ofrezca credibilidad a las cuentas públicas. El mandato legal establece su presentación en Cortes antes del 20 de noviembre, un mes después de la aprobación de la cláusula. Sin un plan de reequilibrio y un programa de reformas
estructurales, estos presupuestos comportan un riesgo para la sostenibilidad financiera a medio y largo plazo, que comprometen gravemente la capacidad de recuperación de la economía española.

TERCERO. POR LA NEFASTA EVOLUCIÓN RECIENTE
DE LA POLÍTICA FISCAL.

La historia económica reciente pone en cuestión el compromiso de los gobiernos socialistas con el equilibrio presupuestario. Una vez más, la llegada del PSOE al gobierno provocó un rápido deterioro en las cuentas
públicas. En el año 2019, a pesar del crecimiento económico del 2 %, se registró por primera vez un incremento del déficit público desde 2012, que alcanzó el -2,86 % del PIB desde el -2,48 % de 2018. Este crecimiento económico no fue utilizado
adecuadamente para continuar la lenta senda de la estabilidad presupuestaria. El resultado fue un aumento de la necesidad de financiación del conjunto de administraciones públicas de 5.700 M€.

Anteriormente, el Programa de Estabilidad
del año 2019 estimó un déficit del -2 %, con un saldo para la Administración Central del -0,5 % del PIB, que finalmente se materializó en el -1,32 % del PIB. Este resultado se tradujo en un aumento de la necesidad de financiación del conjunto de
las administraciones públicas de +11.552 M€ respecto al último objetivo del Gobierno, de los que 10.400 correspondieron a la Administración Central, a la gestión del Gobierno de la Nación. Esta situación nos dejó a las puertas del
Procedimiento de Déficit Excesivo al estar muy cerca de superar de nuevo un déficit del 3 % del PIB.

La gravedad de la gestión financiera de las administraciones públicas se refleja con mayor gravedad en términos de déficit estructural, el
cual es el establecido en la el artículo 135 de la CE y el artículo 11 de la LOEPSF como principio de Estabilidad Presupuestaria. El anterior gobierno, gestionado por el mismo Presidente y las mismas ministras de Hacienda y de Asuntos Económicos y
Transformación Digital que hoy presentan estos PGE21, incrementaron déficit estructural un punto porcentual, más de 13.500 M€ respecto al ya abultado de 2018. El déficit estructural del sector público español se situó por tanto en el -4 % y
la Comisión Europea estima, utilizando el Plan Presupuestario enviado a Bruselas el pasado 15 de octubre, que crezca hasta el -6 % en el año 2020 y 2021, registrando su mayor nivel de la serie histórica (2010) en 2022 con un -7,2 %. Este
desequilibrio macroeconómico deriva de los presentes PGE21.

Por último, cabe recordar las incoherencias del Gobierno cuando presentó los resultados de déficit en marzo de 2020 con una diferencia de 3 décimas respecto a la presentada por la
Comisión Europea un mes más tarde, dañando la imagen de España ante las instituciones europeas.

CUARTO. POR LAS INCONSISTENTES PREVISIONES ECONÓMICAS DEL GOBIERNO.

«Se prevé un deterioro muy significativo en los niveles de
actividad de la economía española, en el empleo y en las cuentas públicas en el conjunto de 2020; un impacto negativo que, además, será relativamente persistente». Pablo Hernández de Cos, Congreso de los Diputados. 4 de noviembre de 2020.

El escenario macroeconómico que acompaña y que, al mismo tiempo, condiciona el conjunto del proyecto de ley de PGE21, presenta graves deficiencias que, bajo un principio de prudencia mínimo, supone enormes riesgos para el equilibrio
macroeconómico de la nación. Estas previsiones optimistas, pueden suponer un doble perjuicio a medio plazo que podría transformarse en permanente. Por un lado, no atiende a la realidad a la que nos enfrentamos ante una segunda crisis sanitaria, un
tercer estado de alarma y las restricciones a la movilidad y a la actividad económica que ya se están aprobando.

Por otro lado, no recoge el impacto negativo de una política tributaria fuertemente restrictiva con nuevas figuras impositivas y
con aumentos de los tipos de las ya existentes, en un contexto de depresión en la demanda privada y de constricción en la inversión ante la incertidumbre, la falta de predictibilidad y el disparado aumento de impuestos y de normas regulatorias. Los
Presupuestos Generales del Estado no recogen la dramática situación en la que viven cientos de miles de empresas y autónomos que se mantienen latentes exclusivamente por las ayudas públicas y que en cuanto terminen supondrá un triste e histórico
aumento de los parados en nuestro país, de caída en la recaudación y un disparado aumento de subsidios y prestaciones que no podrá pagar ni con las ayudas de la Unión.

El Gobierno presenta un cuadro macroeconómico con dos escenarios, uno
inercial sin ayudas de la Unión Europea que refleja un crecimiento para 2021 del 7,2 %, y otro con el impacto sobre la economía de los fondos de recuperación europeos y los Next Generation EU (NGEU) con un crecimiento del 9,8 %. Destacar que estos
fondos están condicionados a la presentación de planes de recuperación y resiliencia así como a una efectiva ejecución de los mismos, debiendo pasar el visto bueno de la mayoría de países de la Unión. Estos incrementos en la generación de rentas
del país suponen que, en 2021, sólo con políticas de gasto del Estado se podrá generar un entorno económico que aumente el PIB nominal en 89.200 M€, lo que implicaría un multiplicador del 1,29. Si incorporamos las ayudas del Plan europeo
de 26.634 M€ y el aumento de 119.300 M€ del PIB en el segundo escenario, el multiplicador sería del 1,24, lo que significa que por cada euro gastado se obtendría un retorno neto de 29 céntimos en el primer escenario y de 24 céntimos en
el segundo escenario. Sin embargo, según las estimaciones del Banco de España, el multiplicador fiscal se habría reducido en un 35 % entre 1985 y 2015 (del 1,2 al 0,78), y se reduciría otro 21 % más (del 0,78 al 0,62) de aquí a 2050. Las políticas
de creciente gasto público son marginalmente decrecientes en sus efectos, por lo que terminan por llevar a los países a la ruina. Es decir, el coste del gasto planteado por los alquimistas del Gobierno es superior a los beneficios que proporciona y
esto echa por tierra todo el cuadro macroeconómico del Gobierno para 2021.

En términos nominales, el PIB retrocederá a niveles del tercer trimestre de 2016 a finales de 2020. Sin embargo, y contra todo pronóstico de los organismos
internacionales, el gobierno refleja en los presupuestos que el PIB alcanzará a finales de 2021 los niveles de mediados de 2019. Para ello, pretende que el gasto público agregado se convierta por primera vez en décadas en un gasto productivo,
incluso por encima del sector privado.

El principio de prudencia que debería regir las proyecciones presupuestarias debería atender los escenarios más adversos que están evaluando los organismos nacionales e internacionales:

— El Banco de España prevé una caída del PIB en el escenario más negativo del -12,6 % en el 2020 y un crecimiento del 4,1 % en 2021.

— La AIREF pronostica, que en un escenario pesimista en el que se produzcan
nuevos confinamientos de la población en los último meses del presente año, una caída del PIB del -11,4 % para 2020 y un crecimiento del 3,8 % para 2021.

— El Fondo Monetario Internacional vaticina una caída del -12,8 % en 2020 y
un crecimiento del 7,2 % en 2021.

— La OCDE, en su escenario, prevé una caída del PIB en 2020 del -14,4 % y un crecimiento del 5,0 % en 2021.

— La Comisión Europea, después de analizar el Plan Presupuestario
enviado el 15 de octubre por el Gobierno a la Comisión, proyecta para España la mayor caída del PIB en la Unión Europea para 2020 con un -12,4 % y un crecimiento para 2021 del 5,4 %.

Todos ellos superan las previsiones negativas para 2020
y 2021 del Gobierno y apenas alcanzan la tasa de crecimiento de la economía española prevista en los presupuestos sin ayudas de la UE.

Además, este peligroso optimismo del Gobierno se refleja en un crecimiento del empleo para 2021 que superará el 5 % y el 7 % en ambos escenarios, aunque la tasa de paro no bajará del 16 % en ninguno de ellos, y en todo caso superando la
tasa del 16,26 % del tercer trimestre del presente ejercicio.

El Gobernador del Banco de España confirmó el 4 de noviembre en el Congreso de los Diputados que el escenario adverso que proyecta es el más plausible. En él se prevé una tasa de
paro del 18,6 % en el presente ejercicio y del 22,1 % en el 2021, sin visos de que se reduzca por debajo del 20 % en 2022. En el mismo sentido, la Comisión Europea publicó el 5 de noviembre las previsiones para España en las que estima que la tasa
de paro será la más alta de la Unión Europea en el escenario 2020-2022, alcanzando el 17,9 % en 2021 con un crecimiento en el empleo del 3,5 % incluyendo las medidas del Plan Presupuestario. Ambas previsiones están muy alejadas de las elaboradas
por el Gobierno y auguran un descuadre en la previsión de ingresos y gastos ya que se generará un incremento en las prestaciones y subsidios por desempleo mayor al presupuestado, así como unos ingresos tributarios muy inferiores a los previstos en
concepto recaudación por rentas y por consumo.

Por tanto, el mayor riesgo deriva del punto inicial, del punto de partida donde se van a realizar todas las proyecciones, de crecimiento y por ende de ingresos y de gastos. Sobrevalorar el
crecimiento del PIB del año 2020 supondrá la mayor ruina de este país ya que el diferencial negativo entre ingresos y gastos será muy superior al esperado.

Otro riesgo macroeconómico al que se enfrenta la economía española con estos
presupuestos es al saldo acreedor frente al resto del mundo. España lleva registrando capacidad de financiación respecto al resto del mundo desde el año 2012 gracias a la generación de excedentes privados que han sido absorbidos en su mayor parte
por la insaciable voracidad del Estado. El año 2019 terminó con una capacidad de financiación frente al resto del mundo del 2,5 % del PIB, descompuesto por un saldo positivo del 5,9 % del sector privado frente a las necesidades de financiación del
-2,9 % de las administraciones públicas. Sólo en los seis primeros meses del 2020 el sector público ha disparado la necesidad de financiación más del doble, hasta el 6,9 % del PIB, y compensado por el sector privado mantiene al conjunto de la
economía acreedora internacional con el 1,8 % de su PIB. El Gobierno prevé que en el año 2020 dicho saldo termine en el 1 % lo que implica que con un déficit del -11,2 % el sector privado tendrá una capacidad de financiación del 12,2 % del
PIB, 150.000 M€. Estas cifras son muy difíciles de conseguir porque, aunque el efecto precaución de los hogares provoque incrementos en el ahorro y también en las empresas, el entorno económico será el peor en tiempos de paz y por la subida
de impuestos que prepara el Gobierno a las familias con rentas medias y bajas.

QUINTO. POR LA PREVISIÓN DE INGRESOS Y LAS MEDIDAS TRIBUTARIAS.

«Hay un claro convencimiento de que en nuestro país hay margen fiscal para poder
incrementar nuestra capacidad de recaudación, siete puntos de diferencia tenemos con los países de nuestro entorno. Tenemos que explorar un margen que haga que aquellos que más tienen, o aquellos que más ganan, puedan aportar proporcionalmente en
mayor medida». María Jesús Montero Cuadrado, Palacio de la Moncloa. 23 de junio de 2020.

La estimación de crecimiento económico es la base para la estimación de los ingresos y, por ello, ésta no va a reflejar la realidad que va a vivir la
economía española, con lo que, en un escenario de mantenimiento del gasto proyectado, existe un riesgo real de que el déficit supere el proyectado del -7,7 % y la vuelta al reequilibrio será mucho más larga y costosa. Además, las nuevas medidas
fiscales junto a las ya aprobadas, que no sólo afectarán en mayor medida a los grupos de rentas medias que a los de rentas altas, no tendrán la recaudación esperada e incluso llegarán a generar un efecto contrario sobre el consumo y decisiones de
inversión.

El Gobierno estima que los ingresos no financieros del Estado se reduzcan un -16,7 % en 2020 respecto a los de 2019 en un contexto de caída del crecimiento económico del 11,2 %, lo que indica que la tasa de variación negativa de
los ingresos será un 50 % mayor a la del PIB. Para el año 2021, creyendo en que los ingresos de 2020 se cumplan, el aumento de estos será del 28,8 % con un aumento del PIB nominal del 10,8 %, lo que supone una elasticidad de 1,7 o un crecimiento de
los ingresos no financieros del Estado del 70 % más respecto al crecimiento de la economía. El juego de subidas y bajadas del PIB y de la recaudación que nos ofrece el Gobierno es de todo punto inconsistente. Indica que al final de 2021 el PIB
será el 98,4 % del registrado 2019, pero con una variación en la recaudación del 7,3 % en el mismo periodo considerado. Esto sólo se puede lograr con nuevas figuras tributarias y un aumento de los tipos de gravamen de las ya existentes. Sin
embargo, se debe considerar que los efectos de las nuevas cargas fiscales pueden tener un impacto adverso sobre la creación de riqueza que derive en un escenario contrario al esperado, es decir, una reducción de la recaudación.

El esfuerzo
del Gobierno por superar en tasa de crecimiento de ingresos a un crecimiento del PIB ya sobreestimado se apalanca con medidas discrecionales de subidas de impuestos y creación de nuevas figuras tributarias. Los ingresos tributarios aumentan también
por encima de lo que aumenta el PIB nominal para 2021, un 13 % antes de la cesión a los entes territoriales al descontar la participación en los ingresos por IRPF, IVA e Impuestos Especiales. Las medidas llevadas a cabo por el Gobierno para mejorar
la cohesión social, la mejora productiva, el ecologismo y el feminismo suponen un aumento de los impuestos a los españoles de 25.570 M€, casi tanto como las transferencias de la Unión Europea.

Descontando la cesión a las administración
territoriales, los ingresos tributarios, aumentan en el entorno del 30 % en 2021, 27.848 M€, después una caída esperada de casi el -20 % para 2020.

Del aumento de ingresos tributarios en términos de caja, 1.862 M€ corresponden a
nuevas medidas impositivas aún no aprobadas, y 4.223 M€ a medidas recientemente aprobadas, en total 6.805 M€ (8.200 M€ sumando el impacto en 2022) que dejan de estar en manos de las empresas y las familias. Esta detracción del
superávit que aún le queda al sector privado no tendrá el multiplicador que espera el Gobierno y probablemente supondrá un efecto negativo de doble vuelta en la que esta política restrictiva genere pérdidas agregadas en el crecimiento real y
potencial de la economía española.

En este sentido, el Gobierno de coalición ha tratado de hacer creer que las subidas impositivas se limitan a rentas altas. Por el contrario, el verdadero y cruel aumento de los impuestos se les hace a las
familias de rentas bajas y medias, que madrugan, emprenden, se preparan y se sacrifican por sacar adelante a sus hijos y dependientes. Sólo por las medidas tributarias, rechazamos los presupuestos generales del Estado para el año 2021 por:

— Castigan con más impuestos a las familias con rentas medias y bajas.

— Lastran la competitividad de las empresas aumentando sus costes fiscales.

— Penalizan el consumo y la inversión en medio
de la mayor crisis conocida en tiempos de paz.

En esa línea, la propuesta de incrementos tributarios por parte del Gobierno se traduce en:

• El incremento del IRPF supone un impacto recaudatorio de caja de 144 M€
en 2021 mientras que el aumento de recaudación por IRPF total del Estado en contabilidad presupuestaria es de 7.533 M€. Este incremento del 20 % se sostiene sobre las familias de rentas medias y bajas.

• La minoración del
límite de las reducciones por las aportaciones a los planes de pensiones con impacto en el IRPF del año 2022 en 580 M€. Supone una penalización al ahorro. Por un lado, no ataja la delicada situación que atraviesa la Seguridad Social a la que
tiene que inyectar 31.177M€ de los Presupuestos del Estado, y, por otro lado, retira los incentivos al ahorro privado a largo plazo.

• Por otro lado, el Gobierno va a aumentar el Impuesto sobre las Primas de Seguros con
una recaudación esperada de 455 M€, en el que se incluyen los seguros de salud privados en plena pandemia. Este impuesto afecta más a los españoles con nivel de renta medio y bajo y, por tanto, no es un impuesto que recaude más de los más
«ricos».

• También penaliza a las familias, a la hostelería y las empresas fabricantes, con dos medidas que drenarán su capacidad de ahorro e inversión a través de la subida del IVA a las bebidas azucaradas y edulcoradas con 340
M€ de ingreso estimado, y el nuevo impuesto a los plásticos no reciclados.

• Los conductores de automóviles también sufrirán un aumento del precio del combustible diésel que hace poco más de 15 años se incentivaba con
planes de ayudas a la compra. El impacto del aumento del precio será de 450 M€ que tendrán que pagar las familias de rentas medias (las rentas altas compran los vehículos que subvenciona el Gobierno) suponiendo un aumento de 3,8 céntimos por
litro.

• Los menores beneficios fiscales que se van a aplicar en el ejercicio 2021 respecto al estimado para 2020, que caen un -0,4 % en concepto de IRPF, y que destaca la reducción por tributación conjunta que cae un 6 %, así
como los del Impuesto sobre Sociedades que disminuyen un -21,2 %, lo que supone 1.041 M€ más de impuestos a las empresas españolas.

• Se van a limitar al 95 % la exención de dividendos y plusvalías a la mayor parte de las
empresas inversoras del país, lo que supondrá un mayor pago de impuestos, 473 M€ para 2021 y de 1.047 M€ para 2022, lo que supondrá un deterioro por las inversiones.

• Otros impuestos que van a pagar las familias,
fundamentalmente con rentas medias a través de la repercusión de 3.170 M€ sólo en 2021 sobre el coste de los servicios, serán los nuevos impuestos sobre Residuos, envases de plástico, Transacciones Financieras y sobre Determinados Servicios
Digitales.

• En términos de ingresos no tributarios, cabe destacar que el Gobierno pretende recaudar 2.100 M€ en concepto de subasta de los derechos del 5G en un momento extremadamente delicado para las operadoras y más
concretamente para las que invierten en infraestructuras en España. Este elevadísimo peaje, que casi duplica al de 2011, merma la rentabilidad de las empresas, les resta competitividad en un entorno de cotización bursátil a la baja y abre la puerta
al control de operadores extranjeros en sectores tan estratégicos como el de las telecomunicaciones y el desarrollo de la tecnología 5G.

No es casualidad que, después de observar las medidas de carácter tributario propuestas por el Gobierno,
los organismos internacionales vaticinen para España el peor crecimiento para el año 2021 y el mayor retraso en la recuperación económica y del empleo.

En cuanto a las deficiencias en el cálculo de los ingresos de determinados impuestos,
algunos no van a tener la recaudación esperada por el computo temporal que le asignan. Así, el Impuestos sobre Transacciones Financieras tendrá un impacto recaudatorio correspondiente a 11 meses, mientras que el del Impuesto sobre Determinados
Servicios Digitales será de 9 meses, y en ambos casos no existen referencias en términos temporales y en comparativa con otras economías para prever adecuadamente su capacidad recaudatoria. Por otro lado, los impuestos sobre plásticos y residuos no
se han aprobado, por lo que no existe aún la certeza de su concreta implantación y articulación.

La mayoría de los países han optado por bajar impuestos para favorecer la recuperación, el Gobierno ha optado por la vía contraria. Por eso,
estamos en contra de este proyecto de ley que amenaza la recuperación.

SEXTO. POR LA DISTRIBUCIÓN Y LA ESTRATEGIA DEL GOBIERNO EN LAS POLÍTICAS DE GASTO

«Hoy inauguramos una nueva época en España, que deja atrás definitivamente
la etapa económica neoliberal de la austeridad y de los recortes en lo público y que pone a nuestra patria en la senda que marca el acuerdo histórico de Europa». Pablo Iglesias Turrión, Palacio de la Moncloa. 27 de octubre de 2020.

No se
trata de gastar más, sino de gastar con criterios objetivos de eficiencia atendiendo al coste que el esfuerzo fiscal tiene sobre el crecimiento y el empleo. Reevaluar año a año cada programa de gasto en base a su ejecución, demanda social e impacto
positivo los más desfavorecidos y sobre el PIB potencial, es capital para encontrar unas cuentas saneadas y una adecuada corresponsabilidad entre lo que se paga de impuestos y lo que se recibe de los mismos. El GPVOX presentó una iniciativa en el
Congreso para elaborar y aprobar una Ley de Eficiencia Fiscal que rechazaron los grupos que sostienen al ejecutivo. También se ha presentado otra iniciativa para la elaboración de los presupuestos públicos con la metodología base cero para
garantizar que el gasto corresponde a las necesidades estratégicas del país y no a las dinámicas de la administración pública.

El Gobierno de coalición presenta unos presupuestos expansivos que aumentarán el déficit y la deuda. La AIREF
estimó que España no volverá a reducir su nivel de deuda registrada en 2019 hasta el año 2038, el 95 % del PIB. El Banco de España ha confirmado en el Congreso de los Diputados que la deuda pública de 2021 podrá rozar el 130 % del PIB. Dos
factores son los causantes: por un lado, los estabilizadores automáticos, que son necesarios, y, por otro lado, el gasto político discrecional recogidos en su agenda precrisis y que ahora están aprovechando para potenciar. Esto causará un mayor
efecto crowding-out, falta de competitividad y unas caídas en la productividad marginal del total de los factores que, colocará a España en una situación de extrema vulnerabilidad.

España necesita de una política fiscal expansiva a corto
plazo que combine una bajada de impuestos, como están haciendo en el resto de los países de Europa, y un mayor gasto público, impulsado por los fondos europeos, en el que actúen los estabilizadores automáticos, se proteja a los damnificados por la
pandemia y por las medidas del Gobierno, y además se apliquen medidas de impulso a la demanda a corto plazo. Todo ello debe ir acompañado de políticas de oferta que recuperen y refuercen el tejido productivo, así como de reformas estructurales para
la mejora de la productividad, la competitividad de las empresas y de los trabajadores ante un escenario futuro adverso y lleno de desafíos.

Esta enmienda a la totalidad, de los presupuestos del gobierno de coalición socialista y comunista,
quiere también poner luz en la necesidad, ahora más que nunca, de aprovechar los cambios de paradigmas para dotar de mayor libertad económica a los ciudadanos de esta gran nación. En este sentido, se debe:

— Articular
paralelamente una reforma fiscal que dote de mayor capacidad adquisitiva a las empresas y a las familias, y que no incentive ni desincentive actividad de ningún tipo, lo que generará más riqueza y por ende más ingresos.

— Realizar
los cambios regulatorios para que hacer negocios sea fácil y barato en términos de trabas administrativas, tasas e impuestos. No se puede seguir con la política de pagar impuestos, tasas y relleno de formularios antes de generar un solo euro con un
negocio.

— Orientar sin dirigismo el gasto público a las verdaderas necesidades de las empresas y las familias, cubriendo los huecos que el mercado no ocupa, sin entrar en competencia con él, y dotar de las infraestructuras y
habilidades necesarias a los agentes económicos que son necesarias para apalancar el desarrollo de valor añadido de la nación.

Los presupuestos que presenta el Gobierno de coalición aumentan los impuestos de una forma excesiva y soportan, en
parte, un gasto que, excluyendo el capítulo 9, es de 456.073 M€. Este es el mayor incremento de gasto del Estado que se haya registrado, alcanzado los 76.449 M€. El gasto no financiero es de más de 416.496 M€, lo que supone
un 17,5 % o lo que es lo mismo, 61.970 M€ de más que el prorrogado para 2020. Sin las ayudas europeas el incremento sería del 10 %.

La ruptura de las reglas fiscales también es aprovechada por la coalición de izquierdas para aumentar
la deuda pública, de tal forma que la discrecionalidad del Gobierno también se encuentra en el aumento del 57,7 % en activos financieros hasta los 40.000 M€ cuando tan sólo 77 M€ provienen de los fondos europeos.

El Presupuesto
no financiero del Estado, que supone el 56,7 % del total, aumenta sobre el presupuesto base de 2020 un 41 % incluyendo los 26.557 M€ de ayudas europeas.

Las transferencias de la Unión Europea serán pagadas por los españoles en forma de
deuda solidaria. El Gobierno ha articulado estas ayudas como subvenciones a corto plazo, en un solo ejercicio, para la actividad productiva, sin que suponga un cambio del modelo productivo. Un cambio productivo no se produce en un año, ni un
cambio de formación profesional se produce en seis meses, como pretenden los fondos dirigidos a formación. Los cambios productivos que pretende el Gobierno en los PGE21 son de componente estructural, sin embargo, la articulación conferida es de muy
corto plazo, por lo que se podría decir que es una propina para unos pocos que arruinará a todos.

En este sentido, la aportación de los fondos europeos es una medida one-off o puntual y no supone inversiones de carácter estructural, sino que
se configura como un gasto articulado con definiciones genéricas, sin rigor en el gasto, ni informes que contengan por cada programa de gasto un impacto económico a medio plazo. Como ya se dijo anteriormente, el Gobierno está sobreestimando el
efecto sobre la economía de estos fondos que corren el serio riesgo de transformarse en un Plan E de dimensiones difíciles de abordar si no cumplen con los criterios de eficiencia en el gasto.

Además, la presupuestaión de los fondos europeos
en los PGE21 presenta riesgos no despreciables que pueden causar un efecto negativo sobre los agentes económicos en forma de incertidumbre y parálisis de las decisiones de gasto e inversión. Esto es debido al posible retraso en la puesta en marcha
de los planes asociados a la disponibilidad de los recursos, ya que aún no se ha enviado un programa de medidas concretas y definidas a la Comisión, ni está definido el calendario de transferencias, ni garantizadas las cuantías. En este sentido,
existe incertidumbre en la aprobación de la normativa y en los procesos negociadores con la UE. También se debe considerar el riesgo de destinar los fondos a otros conceptos que no estén dirigidos a lo que inicialmente se proyectó.

De
los 26.634 M€ de ayudas europeas, la mitad se concentran en tres Ministerios:

— Para la transición ecológica y reto demográfico con 6.805 M€ de los que 5.300 M€ son para el IDAE sin conocimiento de las
medidas y destinos específicos para la promoción de energías renovables, eficiencia energética y movilidad sostenible.

— Transportes, Movilidad y Agenda Urbana recibe 4.982 M€ que se gastaran en rehabilitación de edificios
y en infraestructuras eléctricas urbanas con difícil articulación por competencias administrativas. Los fondos destinados a la política de vivienda no reflejan una distribución definida del gasto y no se puede garantizar su ejecución al cederse a
las comunidades autónomas.

— Asuntos Económicos y transformación digital gestionará 3.602 M€ para la concesión de ayudas a la digitalización de la economía, mientras pretende recaudar cerca de 1.000 M€ en impuesto
digitales y crear nuevas figuras tributarias para el sector, además de pedir los 2.100 M€ de la subasta del 5G y penalizar la exención de plusvalías y dividendos a las grandes empresas. Las AAPP llevan invirtiendo en la digitalización
durante más de 10 años y el Gobierno pretende que en un año se haga todo el trabajo, lo cual no es creíble.

El Gobierno ha priorizado los fondos de recuperación para política ambiental y de vivienda para Andalucía y Cataluña con una
importante diferencia respecto al resto de CC. AA. Además, se reserva la adjudicación del 80 % de fondos regionalizables para el futuro en función de las necesidades parlamentarias y apoyos para poder seguir gobernando. Esto también es un riesgo
soberano para los inversores, que pueden considerar estos fondos como una amenaza a los gobiernos regionales para que cumplan con lo dictado por el Gobierno central como condición para recibir las cuantías económicas.

En definitiva, el
Gobierno presenta unos presupuestos del marketing centrados en el corto plazo, donde se introducen miles de partidas menores sin definición y con gran margen para regar de subvenciones al asociacionismo confluente con la estructura socialcomunista
del país. El Gobierno utiliza el aumento del gasto propio y el de la Unión Europea para impulsar su agenda de transformación social, potenciando áreas de gasto en capítulos 4 y 7 dirigidas en muchos casos a políticas ideológicas que nada tienen que
ver con la recuperación como la ciencia y la innovación con criterios de género o las becas para estudios sin criterios de excelencia.

En los presentes PGE21 no se registra medida o iniciativa alguna dirigida a la racionalización de la
administración pública en línea con las reformas que sugiere la Comisión Europea. No encontramos un solo ahorro en eliminación de gastos superfluos, de administraciones paralelas ni de eliminación de entes públicos sin demanda social y generadores
de pérdidas todos los años.

Al revés, se mantiene la estructura gubernamental más grande de la democracia; se incrementa la partida destina a altos cargos un 15 % y se llega incluso a impulsar una renovación de coches oficiales con vehículos
«cero emisiones».

Durante la crisis económica más grave desde la Guerra Civil, el gasto público no está orientado a recuperar la actividad económica, el empleo y mitigar los daños de la epidemia, sino que el gasto público se orienta a cumplir
la agenda ideológica del Gobierno, con un sesgo peligrosamente electoralista. Difícilmente se puede justificar en estos momentos unos incrementos en las partidas del Ministerio de Igualdad (130 %); RTVE (25 %) o el CIS (13 %).

Por el
contrario, los Presupuestos Generales del Estado no abordan algunos de los gastos que por justicia o por necesidad estratégica deberían priorizarse. Como hemos reivindicado VOX desde el inicio de la pandemia el reconocimiento del personal sanitario
implicaría un incremento de sus salarios de hasta un 20 %; la equiparación salarial plena de las FYCSE y funcionarios de Centros Penitenciarios con los funcionarios y políticas autonómicos o la urgente mejora de la dotación de las Fuerzas Armadas
evitando posicionar nuestra defensa en situación de vulnerabilidad.

SÉPTIMO. POR LA DIGINIDAD DE LOS CIUDADANOS ESPAÑOLES.

España ha pasado por muchas y grandes crisis. Los españoles siempre han demostrado una verdadera
capacidad de recuperación, el verdadero valor y coraje, y la verdadera voluntad de salir adelante y prosperar a pesar de los inconvenientes que sus propios gobernantes les ponen en el camino. Hoy, los españoles se encuentran ante un doble desafío,
y no están solos esta vez: la pandemia generada por el virus chino denominado Sars-Cov-2, y un gobierno con una agenda ideológica ajena a los españoles.

La orientación económica, social e ideológica del gobierno se plasma en estos PGE21.
Unos presupuestos que menoscaban la capacidad de generación de rentas por parte de las empresas y limita la libertad de los ciudadanos españoles a través de la pobreza y el hambre.

Estos presupuestos ponen en riesgo el sistema de pensiones,
las prestaciones y los subsidios para las personas que más lo necesitan mediante unas proyecciones macroeconómicas, fiscales y de gasto que son imposibles incluso para el más optimista. Son unas cuentas que, sin metáfora posible, suponen pan para
hoy y hambre para mañana.

Estos presupuestos no son los que España necesita y, si no lo remediamos, nos conducen hacia una ruina económica que podríamos haber evitado. No apoyaremos los PGE21 porque:

— Se fundamentan en
un cuadro económico irreal e irresponsable.

— Evitan identificar partidas de gasto superfluo o prescindible con las que amortiguar el impacto de las cuentas públicas más expansivas de la historia con un agujero de 81.037 millones
de euros.

— Tras la mayor destrucción del tejido productivo de Europa, con una sangría de paro y destrucción de empleo, no priorizan la vuelta a la recuperación y la creación de empleo.

— Ponen en riesgo la
recuperación con una subida de impuestos en el peor momento posible, al contrario de lo que están haciendo la mayoría de los países de nuestro entorno que están impulsando la actividad económica con bajas de impuestos.

— Dedica
una gran parte de recursos públicos en mantener las alianzas gubernamentales de Pedro Sánchez e implementar una agenda ideológica ajena a las prioridades estratégicas de España.

— No se acompañan de un plan de consolidación
fiscal a medio plazo que redunde en la credibilidad de nuestras cuentas públicas.

— Sitúan la ratio de deuda sobre el PIB en niveles que nos colocan en una situación de extrema vulnerabilidad.

— No aborda
ninguna de las reformas estructurales que aguarda España desde hace años, que solicitan las instituciones europeas y que aseguran un crecimiento fundamentado en bases sólidas.

Por la prosperidad, por la libertad, y por la dignidad de todos
los españoles, el Grupo Parlamentario Mixto, a iniciativa de los Senadores de VOX, presenta este veto a los Presupuestos Generales el Estado para el año 2021.

El Senador Josep Lluís Cleries i Gonzàlez (GPN) y el Senador Josep Maria Matamala
Alsina (GPN), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan una propuesta de veto al Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2021.

Palacio del Senado, 9 de diciembre
de 2020.—Josep Lluís Cleries i Gonzàlez y Josep Maria Matamala Alsina.

PROPUESTA DE VETO NÚM. 17

De don Josep Lluís Cleries i Gonzàlez (GPN) y de don Josep Maria Matamala Alsina (GPN)

El Senador Josep Lluís Cleries i
Gonzàlez (GPN) y el Senador Josep Maria Matamala Alsina (GPN), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente propuesta de veto.

La grave situación de crisis sanitaria provocada por la COVID-19,
una crisis que también es económica y social, no debe tapar la grave crisis democrática que sufre el estado español en referencia al conflicto político que mantiene con Catalunya.

No hace falta remontarse más allá. Principalmente desde
octubre de 2017, con posterioridad al referéndum del 1 de Octubre y a todos los hechos que desencadenó y que culminaron con la sentencia de casi 100 años de prisión para la mitad del Govern legítimo de Catalunya, la Presidenta del Parlament y a los
dos principales líderes sociales; la situación de represión y de vulneración de derechos fundamentales, como han reiterado organizaciones internacionales tales como amnistía internacional o el grupo de trabajo de detenciones arbitrarias de las UN,
es una realidad. Las cuotas de represión, lejos de disminuir, se incrementan día a día, haciendo que el contador de los represaliados casi llegue a la cifra de 3.000 ciudadanos. La connivencia de las fuerzas policiales —que en sede
parlamentaria fueron denominadas «policía patriótica» por parte del Ministro del Interior— y las instancias judiciales caducas y totalmente ideologizadas para perseguir y combatir el independentismo hace que se sucedan como réplicas en un
seísmo que parece no tener fin.

En un estado que se quiera denominar democrático, y de derecho, no le corresponde a la justicia dar respuestas a problemas políticos, sino que es obligación del Gobierno y del Parlamento. España, a día de hoy,
es un país que tiene presos políticos y exiliados, y esto es una evidencia que no podemos pasar por alto. Esta grave crisis de valores democráticos y de vulneración de derechos fundamentales condiciona profundamente cualquier relación con el
estado. Desde Junts per Catalunya reclamamos y no dejaremos de trabajar para conseguir una solución política para un conflicto que es claramente político, y denunciamos y denunciaremos que la judicialización de este conflicto no es ni será la
solución al mismo bajo ninguna circunstancia.

Dicho esto, los presupuestos generales del estado tendrían que ser la herramienta principal para poder llevar a cabo aquellas políticas que den respuesta a las necesidades de la ciudadanía, y
estos presupuestos no van en esta línea en general y mucho menos desde la óptica de Catalunya y sus ciudadanos. Una vez más, y ya hemos perdido la cuenta, son unos presupuestos que le dan la espalda a los catalanes y no resuelven el espolio fiscal
congénito que sufrimos, pero tampoco tiene presenten las deudas acumuladas, los incumplimientos flagrantes (ilegales, pero parece que la ley hay quien puede saltársela sin consecuencias) que merman de forma directa los ingresos y la calidad de vida
de los catalanes. Pero difícilmente se pueden votar unos presupuestos a cambio de determinadas partidas presupuestarias mientras existe una criminalización política que mantiene presos a dirigentes políticos elegidos de manera democrática y a
líderes sociales, cuya inmediata puesta en libertad ha sido exigida esta misma semana por organizaciones internacionales de reconocido prestigio como Amnistía Internacional. Por ello, nuestro posicionamiento es fruto de un compromiso permanente en
defensa de la democracia y las libertades de nuestro país.

Además, en el contexto actual, nuestra responsabilidad como políticos es la de dar respuesta a la grave crisis que estamos viviendo, para que los negocios no tengan que cerrar, para
que las familias puedan tener cuidado de sus hijos y de sus mayores, es nuestra responsabilidad apoyar a los trabajadores que se han quedado sin trabajo y es nuestra responsabilidad ayudar a las familias que tienen problemas para pagar su vivienda.
Y estos presupuestos que el gobierno pretende tramitar no contienen ni las ayudas ni las moratorias o exenciones en el pago de impuestos necesarios para dar respuesta a todas estas necesidades.

Si ya fue una grave irresponsabilidad que, desde
Junts per Catalunya no hemos dejado de denunciar que los ERTES, no se pagaran y sigan sin pagarse a tiempo, es profundamente temerario no ayudar a los autónomos y emprendedores para, encima, aumentarles sus cuotas. Sería irresponsable por nuestra
parte dar un SÍ acrítico a estos presupuestos.

Presentamos esta enmienda a la totalidad por responsabilidad, para defender las necesidades de la ciudadanía, por la responsabilidad de exigir al que se autodenomina el «gobierno más progresista
de la historia» que tome medidas realistas, efectivas y justas con respecto al déficit secular en materia presupuestaria que sufre Catalunya.

El papel parece que lo aguanta todo, pero la experiencia nos demuestra que no es así. Las promesas
incumplidas y las lluvias de millones ya sabemos en qué se convierten: en promesas vacías y caducas.

Sirvan como ejemplo algunos antecedentes recientes:

— Las inversiones incluidas en los PGE entre los años 2015 y 2018
solo se ejecutaron en un 65,9 %. Lo que significa que se dejaron de invertir en Catalunya 2.214 millones de €.

— El balance de ejecución de inversión del año 2019, se situó en Catalunya en el 10,8 % del total de inversión
estatal, muy por debajo del peso demográfico de Catalunya (16,8 %) y del PIB (19 %).

— El plan de cercanías aprobado para el periodo 2008-2015, solo se ha ejecutado en un 14 %, de los 4.000 millones que se preveía, solo ha
invertido 560. El Plan de actuaciones prioritarias 2014-2016, preveía un presupuesto de inversión de 306 M€, y se ha ejecutado solo el 12 %, 38,4 M€.

Los PGE 2021 prevén una inversión real de 1.999,30M€ en Catalunya,
un 16,5 % del total territorializado y el 10,4 % del total. Además, hay que sumar los 200M€, pendientes de la sentencia sobre la disposición adicional 3.ª del Estatut.

Pero ni rastro del acuerdo de la Comissió Mixta d’Afers
Econòmics i Social de fecha 26 de setiembre de 2018, en la que se acordó el pago de la deuda correspondiente al 2008 y que ascendía a 759 M€. El acuerdo establecía que los presupuestos del año 2019 se incluiría la dotación de 200 M, y el
resto se haría efectivo en tres años.

Los presupuestos 2021 deberían incorporar 600M€. Quieren vendernos que aumentan la inversión cuando lo que hacen es devolver en parte una deuda pendiente en cumplimiento de una sentencia del
Supremo que ni tan siquiera cumplen.

Apuntamos también la ya famosa disposición adicional 3.ª del Estatut, famosa básicamente porque no se ha cumplido nunca, establece:

La inversión del Estado en Catalunya en infraestructuras,
excluido el Fondo de Compensación Interterritorial, se equiparará a la participación relativa del producto interior bruto de Catalunya con relación al producto interior bruto del Estado para un periodo de siete años. Dichas inversiones
podrán también utilizarse para la liberación de peajes o construcción de autovías alternativas.

Pues bien: el PIB catalán se sitúa en el 19 %. La inversión territorializada tendría que contemplar una cifra de 2.302 M€. Faltarían al
menos 302,7 M€, más que todo el presupuesto del departamento de Cultura de la Generalitat, que asciende a 287 M€/año.

Eso sí, el gasto militar representa el 40 % del total inversiones reales del estado, 3.090 M€, y lejos
de rebajarlo aumenta en un 4,6 %, presupuestos progresistas, dicen. Por no hablar del presupuesto de la Casa Real que también aumenta, en este caso un 6,9 %.

En relación con la Ley de la dependencia, no se han cumplido nunca las obligaciones
por parte del estado, que tendría que asumir el 50 % y el otro 50 % la Generalitat. La realidad, sin embargo, es que el estado sólo paga un 16 % y la Generalitat de Catalunya asume el resto (en este momento es exactamente un 83,9 %). Por ello, el
incremento de 600 M€ que incorporan estos presupuestos es una cifra insuficientemente ridícula y sin garantías de poder recuperar el compromiso de financiación compartido, 50-50.

Actualmente hay 234.000 personas que están recibiendo
prestaciones a la dependencia, mientras que 149.000 están a la espera de valoración para ser atendidas.

La gestión de los fondos europeos, de las cuales los PGE contemplan un anticipo de 27.000 M€, parece más un chantaje que no una
medida real, en ningún caso los fondos europeos están condicionados a la aprobación o no de los presupuestos.

Las administraciones regionales y locales son las que tienen un contacto directo y cotidiano con la realidad empresarial de cada
territorio.

Como hemos repetido en distintas ocasiones, en relación a estos fondos que ya fueron esgrimidos como elemento falsamente negociador en la última prórroga del estado de alarma de la primera oleada de COVID-19; habría que
establecer:

1. La gestión de los fondos europeos que correspondan a Catalunya.

2. Relación directa de la Generalitat de Catalunya con la Comisión Europea, tal como ya existe en la gestión de otros fondos europeos.

3. España debe utilizar los 140.000 M€ íntegramente, asegurándolos para financiar proyectos concretos y no gasto corriente.

4. El principio de sostenibilidad financiera tiene que ser uno de los principios rectores en la selección de proyectos.

5. Las PIMES no deberían ser excluidas de la selección de proyectos.

Los fondos europeos
deberían generar el máximo efecto multiplicador posible sobre el crecimiento económico. Por ello la selección de proyectos debería seguir criterios de competitividad y transparencia, con el fin que los proyectos financiados sean los que maximizan
los efectos expansivos en el PIB.

El fondo europeo de reconstrucción es una gran oportunidad para reconstruir el tejido empresarial destruido por la crisis, así como para modernizar y potenciar nuestra red de instalaciones científicas y
tecnológicas.

Cuando el estado español es quien hace el reparto de los fondos europeos, en los últimos 25 años, a Catalunya solo llega el 10 %, cuando representa el 16 % de la población y el 19 % del PIB. Cuando es Europa que reparte
directamente, Catalunya se defiende mucho mejor, gracias a los proyectos competitivos que presenta, a la colaboración público privada y tecnológica científica, multinacional y pymes, se llevan entre un 3 y un 4 % de fondos como el HORIZON 2020,
cuando solo representa el 1,5 % de la población europea.

De estos fondos el estado ha pre-asignado 3.723 M€ para políticas ambientales y 1.650 M€ en políticas de vivienda, en esta pre-asignación Catalunya recibiría solo 371
M€ para políticas medioambientales, (el 12,9 % del total regionalizado) y 225 M€ para vivienda (el 16,3 % del total).

Se aumentan las becas universitarias en 250 M€, para que ningún alumno tenga que dejar de estudiar por
problemas económicos, pero incumplen las distintas sentencias sobre el traspaso de la gestión de dichas becas al Govern de Catalunya, un traspaso que está pendiente desde el año 1994.

La inversión en sanidad asciende a 7.330 M€, pero
estos presupuestos —una vez más— no abordan la infrafinanciación crónica de la sanidad, como se viene reclamando históricamente desde Catalunya.

Estos PGE 2021, además, no recogen partidas concretas adicionales, ya sean de
aumento de gasto o de reducción de la presión fiscal, que puedan ayudar a compensar los graves efectos económicos negativos derivados de la pandemia, como si hacen otros países. Alemania, por ejemplo, ha anunciado un paquete de 10.000 M€
para compensar el 75 % de las pérdidas que las PIMES y autónomos. El aumento de la presión fiscal que contemplan los PGE 2021, en un contexto de contracción de la actividad económica, va totalmente en contra de la reactivación, la limitación de las
exenciones fiscales en el Impuesto de Sociedades, el aumento de las cotizaciones de los autónomos dificulta aún más esta reactivación.

Los presupuestos tampoco incluyen medidas de reducción de IVA de los sectores más afectados, sector
turístico, sector cultural, entidades deportivas, IVA material sanitario (mascarillas, guantes, EPIs), o aplicación rebaja para facilitar la transformación del parque de vehículos hacia el vehículo eléctrico, más sostenible, ni tampoco el
reconocimiento a nivel de este impuesto de los centros de investigación, básica y aplicada como actividad económica de interés general.

El estado debería hacer un esfuerzo para otorgar subvenciones directas a los sectores más afectados,
ayudas a la reestructuración de la deuda de las empresas, reducción temporal de impuestos, disminución de la cuota de autónomos, extensión de la moratoria de los créditos ICO y la apertura de nuevas líneas de crédito, con el objetivo de evitar el
cierre de negocios.

Para finalizar, los expertos consideran que estos PGE son demasiado optimistas en referencia al pronóstico de crecimiento del 13 % de los ingresos en el 2021. Esta previsión parte de un cuadro macroeconómico poco realista
para los próximos trimestres, y suponiendo que la ejecución de los fondos europeos será muy elevada, un hecho bastante discutible por la demora que se prevé en la aprobación del paquete europeo.

De modo que presentan unos presupuestos
demasiado optimistas con las previsiones económicas y por ello mal dimensionados para ayudar a las empresas, a las pequeñas y medianas empresas.

Y sin olvidar, y resaltando que nuevamente estos presupuestos no resuelven de ninguna manera, el
expolio fiscal, que no olvidemos no deja de ser, al final, un expolio social. Desde Catalunya el listado de deudas pendientes, lejos de minimizarse aumenta año tras año, afectando directamente al bienestar de sus ciudadanos.

— 16.000 M€ de déficit fiscal, que soporta anualmente Catalunya (8 % del PIB).

— 3.710 M€ de la deuda acumulada, correspondiente a la DA3a.

— 1.249 M€ deuda acumulada
pendiente financiación Mossos d’Esquadra.

— 11,3 M€ + 23 M€ anuales del incremento de órganos judiciales en Catalunya des del 2017.

— 37 M€ de la deuda pendiente de los Fondos de
Cohesión Sanitaria y del FOGA.

— 3.418 M€ de la falta de financiación de la ley de dependencia.

— 35 M€ anuales pendientes de la diferencia del 0,7 % IRPF con finalidades sociales.

El
proyecto de Ley presentado, pues, resulta insuficiente para afrontar con éxito los retos sociales y económicos que la sociedad catalana necesita, todavía más en una época de pandemia, cuando otros países europeos han incorporado partidas específicas
para combatir a la COVID-19.

Así pues, y en vista de los datos expuestos, ante la presentación del proyecto de Presupuestos Generales del Estado para el ejercicio 2021 por parte del Gobierno español, y atendiendo a la trascendencia de dicho
proyecto de ley, Junts per Catalunya no apoyará dicho proyecto si, además, previamente, no se da un marco de compromiso para la resolución política y democrática del conflicto existente entre el Reino de España y Catalunya.

Por ello, los
senadores y senadoras de Junts per Catalunya presentan este veto al Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2021, solicitando su devolución al Gobierno.

El Senador Fernando Clavijo Batlle (GPN), al amparo de lo previsto en el
artículo 107 del Reglamento del Senado, formula una propuesta de veto al Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2021.

Palacio del Senado, 10 de diciembre de 2020.—Fernando Clavijo Batlle.

PROPUESTA DE
VETO NÚM 47

De don Fernando Clavijo Batlle (GPN)

El Senador Fernando Clavijo Batlle (GPN), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente propuesta de veto.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

PREÁMBULO

Coalición Canaria-Partido Nacionalista Canario comparte la necesidad de que, en un contexto como el actual, es necesario que el Gobierno del Estado cuente con unos Presupuestos Generales que le permitan afrontar las consecuencias
económicas y sociales de la pandemia. Y esta visión la compartimos. Pero nuestra formación no puede permitir, y por eso presenta este veto, que esa necesidad se cubra pisoteando e ignorando el fuero canario: nuestro Estatuto de Autonomía y
nuestro Régimen Económico y Fiscal.

Los nacionalistas canarios entendemos, y así lo defendemos, que en un presupuesto expansivo, el mayor de toda la democracia, no solo no se cumpla sino que se ignore una Ley Orgánica del Estado, nuestro
Estatuto y nuestro Régimen Económico y Fiscal, y se ignoren sus derechos consolidados en el ordenamiento jurídico español, así como su especial condición como Región Ultraperiférica reconocida en el Tratado Fundacional de la UE.

Es un
principio irrenunciable de nuestra formación y un compromiso que mantenemos vivo con el pueblo canario ejercer como garantes en las Cortes Generales de los nuevos derechos adquiridos por nuestra Comunidad Autónoma tras la reciente, en 2018,
aprobación del nuevo Estatuto de Autonomía y el nuevo Régimen Económico y Fiscal. Cuando nos presentamos a las elecciones nos comprometimos con la ciudadanía canaria a denunciar en el Congreso y en el Senado cualquier incumplimiento de nuestro
fuero para que no se dé ni un solo paso atrás que merme aquellos planes y proyectos que hemos conquistado en las leyes y en los Presupuestos del Estado; lo que nos corresponde a una comunidad insular y alejada del territorio continental europeo,
para estar en igualdad de condiciones que el resto de los territorios de España.

Ese compromiso, por tanto, es el que justifica este veto a un proyecto de PGE2021 en el que valoramos aspectos positivos como la eliminación de las reglas
fiscales o el uso del superávit para las Corporaciones locales. Sin embargo, entendiendo que Canarias, como el resto de Comunidades Autónomas, se beneficiará de esos aspectos recogidos, defendemos que el Archipiélago no puede permitirse la renuncia
a sus derechos. Unos derechos que, de conculcarse en este primer presupuesto tras la aprobación del nuevo Estatuto, quedarían reducidos a papel mojado y, por tanto, dejarían de ser la herramienta que nos garantizaría ser ciudadanos en igualdad de
condiciones que el resto del Estado.

Por ello, por responsabilidad, convicción y compromiso con el pueblo canario, Coalición Canaria-Partido Nacionalista Canario presenta este veto en defensa de Canarias y de sus derechos históricos.

INTRODUCCIÓN

Canarias se enfrenta a una crisis sanitaria, económica y social sin precedentes, a la que ahora se suma una crisis migratoria. La pandemia del coronavirus ha conllevado la paralización de la actividad económica en Canarias y
ha arrasado el mercado laboral canario. Miles de personas han perdido su trabajo, las organizaciones no gubernamentales están desbordadas, se están multiplicando las colas ante los bancos de alimentos y Cruz Roja y, según fuentes de
Cáritas, 200.000 personas acuden a las ONG porque no tienen para comer o no pueden pagar su alquiler, la luz o el agua. Ningún Gobierno estaba preparado para esto. En tan solo seis meses se ha destruido tanto empleo en Canarias como el que se
había creado en los dos años anteriores.

Ante tanto sufrimiento, tanto dolor, tanta muerte, pero también tanta generosidad y entrega de sanitarios, Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, miles de profesores, y profesionales de todos los ámbitos, era
necesario articular una respuesta justa y adecuada en los Presupuestos Generales del Estado. Un esfuerzo de unidad, responsabilidad y cooperación frente a la catástrofe de la Covid-19. La respuesta ante la destrucción de empleo y la quiebra de las
empresas no se puede seguir dilatando en el tiempo. Estamos ante el ser o no ser de la viabilidad de una sociedad; en una situación de vida o muerte para Canarias.

Coalición Canaria-Partido Nacionalista Canario se sumó el pasado 30 de mayo
de 2020, junto a otros agentes económicos y sociales a la firma del Plan de Reactivación Social y Económico de Canarias. Incluso antes de la firma del Plan, Coalición Canaria-PNC realizó aportaciones concretas, algunas de carácter urgente e
inaplazables con impacto en el corto y medio plazo, para que la economía y el empleo en Canarias se recuperaran lo antes posible. Entre otras, que los ayuntamientos dispusieran de los remanentes que están todavía bloqueados en los bancos.

Hemos seguido realizando propuestas con la firme convicción de que en momentos de crisis como los que vivimos todos tenemos algo que aportar, desde el gobierno y desde una oposición responsable y prudente.

Pero a fecha de hoy, inmersos ya
en una segunda ola de la pandemia que arrasa Europa y que tienen en España las cifras más severas, Canarias, con una fuerte dependencia del sector turístico, está soportando un fuerte impacto sobre el empleo y sobre el resto sectores que dependen
del sector turístico. Según datos del ISTAC el PIB en términos reales de Canarias se contrajo hasta el mes de agosto un 36,2 % frente al descenso del 22,1 % en España. La pandemia ha hundido a Canarias en el paro, más de 270.000 personas en
desempleo y otras 105.000 en expedientes de regulación temporal de empleo y con 127.000 autónomos luchando cada día para sobrevivir. Una realidad que, ante el nuevo cero turístico que vive nuestro archipiélago, empeorará en las próximas semanas
cuando muchos de esos Erte se conviertan en expedientes de regulación de empleo y, por tanto, tengamos una mayor tasa de paro y pobreza.

Especial mención queremos hacer a la tasa de paro juvenil que en nuestra Comunidad Autónoma es, según
datos de la EPA del tercer trimestre de 2020, del 61,72 %; la más alta de España. Una cifra tras la que encontramos la desesperanza de toda una generación de jóvenes.

Una realidad, además, en la que las empresas que agonizan, intentando
renegociar créditos para poder atender los gastos.

Régimen Económico y Fiscal de Canarias

En nuestro caso, el Régimen Económico y Fiscal canario (REF) y nuestro Estatuto de Autonomía, donde se reconoce la necesidad de adecuar las
políticas y decisiones a nuestra condición de Región Ultraperiférica, son las dos principales herramientas que Canarias tiene, y no puede renunciar a ellas, para hacer frente a esta dramática situación. Lo son ahora y lo han sido a lo largo de su
historia. El REF históricamente ha estado destinado a promover el desarrollo económico y social nuestro Archipiélago, diferenciando a Canarias del resto del territorio español. Ya en una pandemia anterior —la epidemia del cólera que sufrió
Canarias el año 1891— el REF fue el instrumento para salir adelante con la puesta en marcha de los Puertos Francos en 1892. Así lo recuerda el informe de la Cátedra del REF que en su informe insta a usar esta herramienta para paliar la
crisis social y económica provocada por el coronavirus y mantener a las empresas de Canarias con vida y por lo tanto el empleo en las islas.

Recordamos que el REF viene reconocido y garantizado al más alto nivel, tanto en la Constitución como
en el Estatuto de Autonomía, y en el ámbito Europeo en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.

Hace tan solo dos años, en 2018, en los meses de octubre y noviembre, se aprobó y entró en vigor la reforma del Estatuto de Autonomía y
el nuevo REF, dos normas renovadas y trascendentales para el desarrollo futuro de las islas y su ciudadanía, con importantes avances y mejoras económicas y fiscales, que suponen una mejoría del hecho diferencial canario, dejándolas ancladas con
rango de ley.

Por su parte, el nuevo REF incorpora una serie de medidas, tanto de carácter social, económico y fiscal, sustentadas en el objetivo fundamental de esta norma, que no es otro que garantizar el desarrollo económico y social del
archipiélago mediante la diversificación de la actividad productiva y la creación de empleo, y respetando siempre, el diferencial fiscal que por derecho atribuye esta norma al archipiélago canario.

De igual manera, la reforma de Estatuto
supone reconocer entre otros aspectos, la ultraperificidad de Canarias, derivada de su insularidad y lejanía, incluyendo el mar dentro del ámbito territorial canario, una característica que ya reconoce el Tratado de la Unión Europea dentro de su
artículo 349, y que ahora se consagra por rango de ley en el nuevo Estatuto.

Otro de los aspectos más significativos de esta norma se recoge en su artículo 168 a través del Principio de Solidaridad Interterritorial para lograr la equiparación
progresiva de las condiciones socioeconómicas de la población de las Islas al promedio estatal.

Además, otras de las novedades desde el punto de vista de la financiación es que se logra la desvinculación completa del REF del Sistema de
Financiación Autonómica, a lo que se une la posibilidad de asumir una serie de competencias fruto de los nuevos preceptos que dicha norma incluye.

Por tanto, antes de entrar en la valoración del proyecto de Ley de los Presupuestos Generales
del Estado para 2021 (PGE 2021), hay que dejar patente, que estas normas otorgan y reconocen unas singularidades específicas y particulares de las islas que no tienen otras Comunidades Autónomas, que se traducen en derechos a los que deben darse
respuesta por parte de los poderes públicos.

Estos derechos deben tener su reflejo en los Presupuestos Generales del Estado como instrumentos en beneficio de la ciudadanía, de la cohesión social y del empleo para afrontar las consecuencias de
la crisis sanitaria sobre el desarrollo de la actividad económica en Canarias.

En este sentido, el Gobierno de España ha presentado el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado de 2021, que esta formación política no puede apoyar.
Además, va a solicitar su devolución a través del presente veto porque, precisamente, vulnera los derechos antes citados, tanto desde el punto de vista social como del económico y fiscal, como veremos a continuación, precisamente en el mismo momento
en que éstos han sido mejorados a través de las normas con rango ley, esto es, su nuevo REF y Estatuto de Autonomía.

Por otro lado, varios organismos financieros, ponen el acento sobre algunos extremos del Proyecto de Ley que cuestionan la
propia viabilidad económica y financiera, en aspectos tan importantes como la distribución territorial de la inversión real o la financiación de las comunidades autónomas. Esta distribución sitúa a Canarias entre las comunidades autónomas que
recibe menos recursos.

Por tanto, existen sólidos argumentos, que analizaremos a continuación, para que Coalición Canaria-PNC no acepte estos Presupuestos Generales en su conjunto y presente el correspondiente veto.

ANTECEDENTES Y
JUSTIFICACIÓN

Por el presente veto al proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2021, Coalición Canaria-PNC solicita su retirada y devolución al Gobierno fundamentalmente por la injusta e inadecuada respuesta y tratamiento que
el mismo da al conjunto de la Comunidad Autónoma de Canarias en virtud de los acontecimientos y antecedentes que preceden a este proyecto de ley.

En este sentido, y como se expondrá a continuación, existen argumentos jurídicos fundamentados
para demostrar que se vulneran derechos de obligado cumplimiento del Estado con el archipiélago canario, con sus ciudadanos y con los agentes económicos y empresariales que operan en Canarias, tanto de carácter social, económico como fiscal.

Con el nuevo Estatuto de Autonomía, el Estado reconoce la «ultraperificidad» de Canarias, una singularidad derivada de la insularidad y lejanía que son un hecho geográfico permanente en el tiempo, y que está reconocida por el propio Tratado de la
UE (artículo 349), y que obliga a los poderes públicos a dotar a las islas de recursos económicos adicionales que hay que dimensionar, indispensables para cumplir con cada uno de los preceptos que integran ambas normas con rango de ley.

De
esta forma, con la ley de PGE 2018, se daba cumplimiento a uno de los principios que recoge en nuevo Estatuto, el artículo 168 de Solidaridad Interterritorial, y también a los artículos 94 y 95 del REF, logrando que la inversión per cápita en
Canarias (362 €) se situará por encima de la media territorializada del conjunto de las CC. AA. (235 €). Así se corregía el déficit de inversión que históricamente ha existido con las islas a través de las inversiones regionalizadas
a través del capítulo 6 y 7 de la ley de Presupuestos Generales del Estado.

Para mostrar el reflejo de este cumplimiento normativo, se expone el siguiente gráfico, cómo se sitúo Canarias respecto a la media de inversión teniendo en cuenta
todos y cada uno de los compromisos recogidos en la ley de PGE para 2018.



Sin embargo, de los más de los 1.400 millones de euros en compromisos adquiridos con Canarias en los PGE 2018, en los
años 2018, 2019 y en lo que va de año 2020 no se han transferido a la CC. AA. muchos de los compromisos y convenios que viene reflejados en los presupuestos del 2018 y que han sido prorrogados hasta la fecha.

Programas y convenios
fundamentales para darle cumplimiento al REF y al nuevo Estatuto de Autonomía tales como el plan contra la pobreza, carreteras, actuaciones en aguas, costas y vivienda que no se han podido ejecutar, situando nuevamente a las islas en los
años 2018, 2019 y 2020 como la penúltima Comunidad Autónoma con menor inversión por habitante, incumpliendo así algunos de los preceptos del REF (artículos 94 y 95) y Estatuto de Autonomía (artículo 168) que obligan a mantenerla en la media del
Estado.



Estos hechos no solo han tenido un impacto negativo en términos de desarrollo económico y social por las inversiones que no se han podido llevar a cabo en el conjunto de las islas durante estos
últimos años sino que también, y como veremos a continuación, muchas de estas partidas se eliminan en los PGE de 2021, lo que provoca que, Canarias, nuevamente se posicione como la penúltima Comunidad Autónoma con menor inversión per cápita en el
conjunto del Estado, argumentos más que suficientes para que esta formación política devuelva los presupuestos al Gobierno.



Fuente Ministerio de Hacienda. Inversión Regionalizada

El nuevo Régimen
Económico y Fiscal de Canarias, cuya finalidad es la de preservar los objetivos esenciales que, desde su establecimiento, guían aquel y que no son otros que el desarrollo económico y social del archipiélago mediante la diversificación de la
actividad productiva y la adopción de medidas dirigidas específicamente a potenciar la creación de empleo.

Entre las FINALIDADES de la ley, hay que citar:

— Actualizar los aspectos económicos del tradicional Régimen
Económico y Fiscal de Canarias.

— El reconocimiento de las limitaciones estructurales y permanentes de Canarias como RUP y la referencia al artículo 349 TFUE, para garantizar que la lejanía e insularidad sean compensadas a través
de políticas específicas y suficientes.

— Promover el desarrollo y la cohesión económica, social y territorial de Canarias, con medidas económicas y fiscales específicas, y con especial atención a las islas no capitalinas;

— El fomento de la internacionalización de la economía canaria.

Los PRINCIPIOS en que se basa la ley:

En materia de Financiación:

— El REF garantiza una presión fiscal estatal menor junto a los
contenidos de las libertades, compensaciones e incentivos propios para el desarrollo económico del archipiélago.

— El coste de la actividad económica en Canarias no debe situar al archipiélago en una situación de desventaja
respecto a la media de las restantes regiones del territorio nacional.

— La existencia de un REF específico en el archipiélago no dará lugar, en ningún supuesto, a la disminución del volumen del gasto público estatal corriente y
de inversión, destinable a las Islas en ausencia del mismo.

— Los recursos del REF son adicionales a los contemplados en la política y normativa vigente en cada momento para la financiación de las CC. AA. y de sus Entidades
Locales, por lo que los recursos del REF no se integrarán ni computarán en el SFA respetando el espacio fiscal propio canario y para que su desarrollo no penalice a la autonomía financiera de la CAC.

— El REF es de obligado
cumplimiento.

— Principios derivados de la condición de RUP de Canarias, de forma que los ciudadanos canarios deben disfrutar de las mismas oportunidades que las que prevalecen en el conjunto de la UE, debiéndose modular a tal
fin la actuación estatal en las políticas económicas y fiscales.

— Necesidad de valorar la modulación en la aplicación de las distintas políticas en Canarias.

— Principios derivados de la cohesión económica,
social y territorial en atención a la consideración Canarias como RUP.

— Consideración de la doble insularidad en todas las medidas compensatorias.

En materia de Transportes:

— Promover ante la UE la
exclusión del sistema de comercio de emisiones de gases de efecto invernadero en la aviación.

— Reconocimiento de los puertos y aeropuertos de titularidad estatal en Canarias como de interés general y el aseguramiento de las
inversiones necesarias para el mantenimiento de los mismos, especialmente en las islas no capitalinas.

— Mención explícita de la quinta libertad (aunque ya estaba implícita).

— Canarias constituye un modelo portuario y aeroportuario especifico, con un tratamiento diferenciado y participación de la CAC en su planificación.

— Compromiso para renovar las autorizaciones europeas
en materia de Fondo de desarrollo de Vuelos y las especificidades en materia de infraestructuras.

— Consideración del transporte aéreo y marítimo de personas como servicio público esencial y aumento de la compensación hasta
el 75 % para los trayectos con la Península y para los aéreos interinsulares. También aumento hasta el 50 % de la financiación estatal en transporte marítimo interinsular. (aplicable todo ello sobre la tarifa de servicio regular).

— Posibilidad de aumentar la cuantía para atender realidades insulares, económicas y sociales singulares.

— Posibilidad de fijar precios máximos de referencia de los billetes, pero sólo en las líneas declaradas
como Obligación de Servicio Público.

— Garantía de anclar en la Ley una compensación del 100 % del coste del transporte de mercancías (tanto marítimo como aéreo, interinsular y con Península o UE).

— Necesidad
de adecuar y adaptar los trámites de exportación, importación y tránsito de mercancías (necesidad de un tratamiento aduanero específico y más flexible).

En materia de incentivos económicos regionales:

— Se modifica el
volumen mínimo de inversión inferior al territorio nacional (300.000 EUR en GC y TFE), con un plus de reducción en las islas no capitalinas (mínimo de 100.000 EUR) y un porcentaje superior de puntuación.

— Ampliación de los
sectores a valorar, con especial consideración de las islas no capitalinas.

— Posibilidad de modificar los requisitos de dimensión y autofinanciación exigidos y los sectores y actividades prioritarias en las islas no
capitalinas;

— Aplicación del principio de Responsabilidad Social Corporativa de las empresas beneficiarias.

En materia de Formación, empleo e integración social:

— Reconocimiento de un tratamiento
diferencial y una dotación específica y diferenciada en materia de Planes de Empleo;

— Dotación específica en los PGE para paliar la pobreza y la exclusión social en Canarias;

— Adaptación de los Planes de
Formación Profesional para el Empleo a las peculiaridades insulares;

— Establecimiento de un programa específico de becas de estudio para los estudiantes canarios que no encuentren en su isla de residencia la oferta educativa
que demanden.

— Garantizar una adecuada provisión de plazas de Formación Profesional en Canarias;

— Reconocimiento del papel de las Universidades y establecimiento de ayudas con carácter obligatorio para
compensar costes adicionales de movilidad a estudiantes y profesores y para promover la I+D+i.

En materia de Energía, Telecomunicaciones y residuos.

— Fomento de las energías renovables en los sistemas energéticos aislados
canarios.

— Promoción del autoconsumo en los sistemas eléctricos aislados canarios, con exención, con carácter indefinido del cargo variable transitorio siempre que el autoconsumo reduzca los costes energéticos en dichos
sistemas.

— Además, la suma las potencias instaladas de las instalaciones de producción podrá ser superior a la potencia contratada por el consumidor, antes de la entrada en vigor de esta Ley.

— Acceso a la
información y las nuevas tecnologías de toda la población de Canarias en condiciones de calidad y precio similares a la de Península.

— Introducción de un nuevo artículo sobre gestión y valorización de residuos en Canarias.

En materia de internacionalización:

— Ampliación y refuerzo del CAPCAO (ahora CAPECC), que amplía sus competencias a la atracción de inversiones, amplía su ámbito geográfico e incorpora a representantes de Fomento y de
Exteriores.

— Podrán establecerse Zonas Francas en todo el territorio de las islas Canarias.

— La Administración General del Estado y la Comunidad Autónoma de Canarias asegurarán la suficiencia y la autonomía
financiera de dichas Zonas francas.

En materia de promoción turística:

— Aprobación de un Plan Estratégico del Turismo, un Plan específico de Formación Profesional en el sector turístico y un Plan de Inversiones en
infraestructuras en zonas turísticas.

— Inclusión de la estacionalidad en dichos planes y medidas.

— Dotación de puestos en Oficinas Exteriores de España para la promoción de la marca Islas Canarias.

En
materia de apoyo a los distintos sectores económicos:

— Apoyo a la promoción turística e inclusión del sector turístico como sector de especial atención en los incentivos económicos regionales;

— Consolidación del aumento de las ayudas al transporte de mercancías agrícolas e industriales;

— Especial consideración de sectores de la industria de la alimentación y bebida y de transformación y
comercialización de productos agrícolas y ganaderos en los incentivos económicos regionales;

— Aumento de la dotación estatal = 100 % de financiación estatal de las medidas adicionales de fomento de las producciones locales del
POSEI, y aumento del 65 % en las subvenciones de seguros agrarios aplicables en Canarias.

— Fomento de la movilidad a y desde Península de bienes artísticos con motivo de exposiciones, con exención de gravámenes fiscales y
aduaneros.

Por tanto, el nuevo REF lleva aparejado un conjunto de medidas y herramientas que implican la articulación por parte de los poderes público de recursos adicionales cuantificables a través de las cuentas estatales para cumplir con
las propias finalidades de la norma antes expuestas.

ANÁLISIS DE LOS PGE PARA 2021 Y SU IMPACTO EN CANARIAS DESDE LA VERTIENTE SOCIAL, ECONÓMICA Y FISCAL

Para el análisis del proyecto de Ley de los Presupuestos Generales del Estado y
su impacto en Canarias, es conveniente, tal y como se recogió en la introducción del presente veto, dimensionar el impacto que el nuevo REF y Estatuto de Autonomía de Canarias tienen sobre los PGE, para traducir en términos de recursos económicos,
lo que dichas normas y sus preceptos suponen en su conjunto, fruto de las nuevas medidas que llevan incorporadas, y que son de obligado cumplimiento por parte del Estado.

Del análisis global y pormenorizado realizado sobre el proyecto de ley
de Presupuestos Generales del Estado para 2021, tanto de su articulado como de las diferentes partidas económicas destinadas a Canarias que se recogen en el mismo, la primera conclusión que se extrae es que no se da cumplimiento al conjunto de
medidas del nuevo REF ni a las del Estatuto de Autonomía, en tanto en cuanto no se produce una correspondencia entre los recursos que los PGE 2021 destinan a Canarias y los que por Ley, se debieran transferir, existiendo una diferencia superior a
los 469 millones de euros y que se detallarán a continuación.

Coalición Canaria-PNC cree que existen sólidos y contrastados argumentos jurídicos tanto de carácter social, económico y fiscal que esbozaremos a continuación, y que analizaremos
sección por sección del Proyecto de Ley para detallar el déficit de recursos que arroja con Canarias.

MODIFICACIÓN VÍA LEY DE PRESUPUESTOS DEL RÉGIMEN ECONÓMICO Y FISCAL

La Comunidad Autónoma de Canarias goza de un régimen económico y
fiscal especial, propio de su acervo histórico, constitucional y estatutariamente reconocido, que está justificado por sus hechos diferenciales, tales como el carácter insular, la lejanía, las especiales condiciones geográficas, geológicas y
climáticas, así como la escasez de recursos y que comprende una serie de medidas económicas y fiscales que tienen como objetivo promover la expansión económica y social de Canarias y compensar las dificultades derivadas de su condición de región
ultraperiférica.

Dicho régimen está basado, tal y como se recoge en el artículo 166 del Estatuto de Autonomía de Canarias, en la libertad comercial de importación y exportación, en la no aplicación de monopolios, en las franquicias fiscales
estatales sobre el consumo, y en una política fiscal diferenciada y con una imposición indirecta singular, que se deriva del reconocimiento de las Islas Canarias como región ultraperiférica en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.

Las normas principales que regulan el Régimen Económico y Fiscal de Canarias son la Ley 20/1991, de 7 de junio, de modificación de los aspectos fiscales del Régimen Económico Fiscal de Canarias, de la que destaca el establecimiento de una
imposición indirecta diferenciada y menor que en el resto del Estado, a través del impuesto General Indirecto de Canarias, al que dedica su Libro I; y la Ley 19/1994, de 6 de julio, de modificación del Régimen Económico y Fiscal de Canarias, que
contiene un conjunto de medidas económicas e incentivos fiscales destinados a compensar de forma directa la lejanía y la insularidad y a promover el desarrollo y la cohesión económica, social y territorial de Canarias, y entre las que destacan, en
su Título I, las establecidas en el ámbito del transporte, como las reducciones o bonificaciones sobre las tasas portuarias y aeroportuarias que persiguen lograr una competitividad con los puertos y aeropuertos de uso alternativo (artículo 4 de la
Ley) y las ayudas al transporte regular de viajeros (artículo 6 de la Ley).

Analizado el texto íntegro del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2021, existen varios aspectos que tienen incidencia en el Régimen
Económico y Fiscal de Canarias: el artículo 68 del citado Proyecto de Ley al modificar el artículo 70. Dos de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, regulador de la regla de cierre del lugar de realización de las
prestaciones de servicios y la disposición final vigésima sexta que modifica la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013, en lo que se refiere a las subvenciones al transporte marítimo y aéreo para
residentes en Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla, que pasamos a examinar.

En lo relativo al artículo 68 del Proyecto de Ley que modifica el artículo 70.Dos de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido.

El
artículo 68 del Proyecto de Ley dispone lo siguiente:

«Con efectos desde la entrada en vigor de esta Ley y vigencia indefinida, se modifica el apartado dos del artículo 70 de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, de Impuesto sobre el Valor
Añadido, que queda redactado de la siguiente forma:

“Dos. Asimismo, se considerarán prestados en el territorio de aplicación del Impuesto los servicios que se enumeran a continuación cuando, conforme a las reglas de localización
aplicables a estos servicios, no se entiendan realizados en la Comunidad, Islas Canarias, Ceuta o Melilla, pero su utilización o explotación efectivas se realicen en dicho territorio:

1.º Los enunciados en el apartado Dos del
artículo 69 de esta Ley, cuyo destinatario sea un empresario o profesional actuando como tal.

2.º Los de mediación en nombre y por cuenta ajena cuyo destinatario sea un empresario o profesional actuando como tal.

3.º Los
de arrendamiento de medios de transporte.

4.º Los prestados por vía electrónica, los de telecomunicaciones, de radiodifusión y de televisión14.º Las prestaciones de servicios a que se refiere el número 2.º del apartado uno del
artículo 20 de esta ley cuando no estén exentas de acuerdo con dicho precepto.»

La existencia en Canarias de un régimen económico fiscal distinto del que se aplica en el resto del territorio español, afecta tanto a la imposición directa como
a la indirecta. En esta última, el Impuesto General Indirecto Canario (en adelante IGIC), es el máximo exponente de esta distinción, pues, no siendo Canarias territorio de aplicación del Impuesto sobre el Valor Añadido (en adelante, IVA), el
gravamen general sobre el consumo lo constituye el IGIC.

La coexistencia de ambas figuras tributarias en el territorio español, ha estado marcada siempre por una imprescindible armonización fiscal que evite, en cualquier caso, una doble o
nula imposición. La ejecución de esta necesaria armonización se lleva a cabo a través de las reglas de localización de los hechos imponibles por las operaciones interiores, ya que es preciso ubicar la realización de estas operaciones en territorio
español en un único lugar, de manera que las mismas sólo estén sujetas a un único impuesto, o el IVA o el IGIC.

En este sentido, para localizar las prestaciones de servicios existen tres reglas en ambos impuestos, una regla general, unas
reglas especiales y la conocida como «regla de cierre»; esta última funciona en el IVA como una tercera vía de localización para determinados servicios, pero en el IGIC como una deslocalización de esos mismos servicios en el territorio canario.

Esta íntima vinculación entre las reglas de localización de ambos tributos, implica que un cambio en las aplicables en el IVA requiera, en la mayoría de los casos, la correspondiente modificación de las reglas de localización en el IGIC, para
evitar una doble imposición o una no imposición. Esto último es lo que se produciría con la modificación de la regla de cierre en el IVA contenida en el artículo 68 del proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2021, si no se
modifica correlativamente la regla de cierre en el IGIC.

Sin la correlativa modificación de la regla de cierre en el IGIC, conduciría a situaciones de no sujeción, proponiéndose para resolver esta situación la modificación de la regla de
cierre contenida en el artículo 17.Tres.Dos de la Ley 20/1991, de 7 de junio, de modificación de los aspectos fiscales del Régimen Económico Fiscal de Canarias.

En lo relativo a la disposición final vigésima sexta, que modifica los apartados
Dos a Cuatro y Seis de la disposición adicional décima tercera de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013.

La disposición final vigésima sexta del Proyecto de Ley establece:

«Con
efectos desde la entrada en vigor de esta Ley y vigencia indefinida se modifica la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013, de la siguiente forma:

Uno. Se da nueva redacción a los
apartados Dos a Cuatro de la disposición adicional décima tercera, que quedan redactados como sigue:

“Disposición adicional décima tercera. Subvenciones al transporte marítimo y aéreo para residentes en Canarias, Baleares,
Ceuta y Melilla.

(…)

Dos. El porcentaje de bonificación aplicable en los billetes de transporte marítimo, con vigencia indefinida, para los trayectos directos, ya sean de ida o de ida y vuelta, entre las Comunidades
Autónomas de Canarias y las Illes Balears y las Ciudades de Ceuta y Melilla, respectivamente, y el resto del territorio nacional será del 75 por ciento de la tarifa del servicio regular de transporte, y en los viajes interinsulares será del 50 por
ciento de dicha cuantía.

A estos efectos, se considera trayecto directo aquel que se realiza desde el puerto del punto de origen en los archipiélagos, Ceuta o Melilla, al de destino en el resto del territorio nacional y viceversa, sin escalas
intermedias o, caso de haberlas, cuando no superen las doce horas de duración, salvo aquellas que vinieran impuestas por las necesidades técnicas del servicio o por razones de fuerza mayor.

Cuando concurran los supuestos de acumulación en un
mismo trayecto de varias bonificaciones compatibles, gestionadas por la Administración General del Estado, el porcentaje de bonificación total aplicable no podrá exceder en ningún caso del 85 por ciento de la tarifa del servicio regular de
transporte.

Tres. El porcentaje de bonificación en las tarifas de los servicios regulares de transporte aéreo de pasajeros, entre las Comunidades Autónomas de Canarias e Illes Balears y las Ciudades de Ceuta y Melilla, respectivamente,
y el resto del territorio nacional será, con vigencia indefinida, del 75 por ciento de la tarifa del servicio regular de transporte por cada trayecto directo de ida o de ida y vuelta, y en los viajes interinsulares será, asimismo, del 75 por ciento
de dicha cuantía.

A estos efectos, se considera trayecto directo de ida aquél que se realiza desde el aeropuerto o helipuerto del punto de origen en los archipiélagos, Ceuta o Melilla, al de destino final, distinto del anterior, en el
territorio nacional y viceversa, sin escalas intermedias o con escalas, siempre que estas no superen las 12 horas de duración, salvo aquéllas que vinieran impuestas por las necesidades técnicas del servicio o por razones de fuerza mayor.

A
los efectos de esta bonificación, del importe de la tarifa del servicio regular de transporte se deducirá el importe correspondiente a las prestaciones patrimoniales públicas a que se refieren las letras d), e) y f) del artículo 68.2 de la
Ley 21/2003, de 7 de julio, de Seguridad Aérea, con independencia de que hayan sido repercutidas o no al pasajero. A tal efecto, dichas prestaciones patrimoniales aparecerán desglosadas en la documentación justificativa de los cupones de vuelo.

Cuatro. La condición de residente en las Comunidades Autónomas de Canarias y las Illes Balears y en las Ciudades de Ceuta y Melilla a los efectos de las bonificaciones reguladas en esta disposición se acreditará mediante el certificado de
empadronamiento en vigor.

Reglamentariamente podrán establecerse otros medios para la acreditación de la condición de residente, en sustitución del previsto en este apartado o como adicionales de éste.

Con independencia del medio
utilizado para la comercialización de los billetes en los trayectos bonificados, no se solicitará al pasajero información sobre su condición de residente hasta la fase final del proceso de compra, justo antes de que, en el caso de residencia en los
territorios no peninsulares, deba procederse a verificar el cumplimiento de dicho requisito para realizar el pago y emitir el billete.”

Dos. Se da nueva redacción al apartado Seis de la disposición adicional décima tercera, que
queda redactado como sigue:

“Seis. Cuando el cumplimiento de los requisitos exigidos para ser beneficiario de estas subvenciones no pueda acreditarse a través de la Plataforma de Intermediación conforme a lo previsto en el
apartado Cinco, dichos requisitos se acreditarán por cualquiera de los medios previstos en la normativa de aplicación. A estos efectos, el certificado de empadronamiento se ajustará a lo previsto reglamentariamente en la normativa de desarrollo de
estas bonificaciones.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, cuando por incidencias técnicas sobrevenidas no haya podido acreditarse a través de la Plataforma de Intermediación el cumplimiento de los referidos requisitos en
las 24 horas anteriores al inicio programado de un servicio regular de transporte marítimo, las compañías marítimas podrán optar, a su riesgo y ventura, por obtener la acreditación justificativa del beneficiario mediante consulta telemática
realizada dentro de las 48 horas posteriores a la resolución de la incidencia.”»

En referencia al último párrafo del apartado dos, que viene a establecer que el porcentaje de bonificación no podrá exceder en ningún caso del 85 % de la
tarifa, es necesario resaltar que actualmente existen bonificaciones adicionales y acumulables a la de residencia por:

a) Ser miembro de Familia Numerosa General establecida por ley, en cuyo caso los integrantes de la misma tienen una
bonificación adicional del 20 por ciento, es decir, que la acumulación establece un máximo bonificable del 70 por ciento (50 por ciento por residente canario + 20 por ciento por Familia Numerosa General) en los trayectos Península-Canarias o a la
inversa, con lo que la redacción dada no perjudica a los mismos respecto de la situación actual.

Para los trayectos interinsulares, dado que la Comunidad Autónoma Canaria abona un 25 por ciento adicional para igualar la bonificación a los
mismos importes establecidos para el transporte aéreo, tenemos que en la situación actual los miembros de una Familia Numerosa General abonan un 5 por ciento del importe, o lo que es lo mismo, la bonificación acumulada es del 95 por ciento del
importe, con lo que la redacción dada les perjudica respecto de la situación actual para los trayectos interinsulares, ya que en la situación actual abonan un 5 por ciento y con la nueva redacción tendrían que abonar un 15 por ciento del importe del
billete.

b) Ser miembro de Familia Numerosa Especial establecida por ley, en cuyo caso los integrantes de la misma tienen una bonificación adicional del 50 por ciento, es decir, que la acumulación establece un máximo bonificable del 100 por
ciento (50 por ciento por residente canario + 50 por ciento por Familia Numerosa General) en los trayectos Península-Canarias o a la inversa, con lo que la redacción dada perjudica a los mismos respecto de la situación actual, ya que en la
situación actual no abonan nada y con la nueva redacción tendrían que abonar un 15 por ciento del importe del billete.

Para los trayectos interinsulares abonarían un 15 por ciento, con lo que la situación es de perjuicio respecto de la
situación actual en que abonan 0 por ciento del importe.

c) Tener la condición de militar, en cuyo caso la bonificación adicional es la misma que en el supuesto b) anterior respecto de la Familia Numerosa Especial, con lo que tendrían que
abonar, tanto en trayectos Península-Canarias o a la inversa como en interinsulares el 15 por ciento del importe del billete (bonificación máxima del 85 por ciento del importe).

Aunque esta modificación no incumple lo dispuesto en el
artículo 6 de la mencionada Ley 19/1994, de 6 de julio, supone una diferencia negativa respecto a la situación actual.

Por lo que se refiere a la nueva redacción dada al apartado cuatro de la disposición adicional décima tercera de la Ley de
Presupuestos Generales del Estado para 2013, que viene a establecer que el residente canario no manifestará su condición hasta la finalización del proceso de adquisición de los billetes, lo que debería comportar que el precio del billete no se pueda
ver alterado al alza, ya que la bonificación se aplica al final del proceso, se considera que ello no perjudica al viajero residente canario ni resulta dicha redacción contradictoria al artículo 6 de Ley 19/1994, de 6 de julio, de modificación del
Régimen Económico y Fiscal de Canarias; por lo que se informa favorablemente.

Sobre el sistema de compensación del extracoste de la generación eléctrica en las Islas Canarias que garantice precios del suministro eléctrico para los
consumidores equivalentes a los del resto del territorio español.

La modificación del Título II de la Ley 19/1994, de 6 de julio, introduce medidas en relación con el sistema de compensación del coste de la generación eléctrica de las Islas
Canarias, con las que se pretende garantizar que los precios del suministro eléctrico para los consumidores canarios sean equivalentes a los del resto del territorio español. En este sentido el artículo 11. Precio de la energía. en su apartado
primero recoge que reglamentariamente se establecerá un sistema de compensación del extracoste de la generación eléctrica en las Islas Canarias que garantice precios del suministro eléctrico para los consumidores equivalentes a los del resto del
territorio español.

Las actividades para el suministro de energía eléctrica que se desarrollen en el Sistema Eléctrico Ultraperiférico de Canarias podrán ser objeto de una reglamentación singular que atenderá a las especificidades derivadas
de su ubicación territorial y de su carácter aislado, que contribuya al establecimiento de un mix energético adecuando el tamaño, tecnología y combustible de las centrales de generación, a los condicionantes ambientales, económicos y técnicos de
operación del sistema, persiguiendo como objetivo la producción eléctrica al menor coste posible para el sistema y el uso progresivo de fuentes renovables de energía.

En este contexto, como consecuencia de las limitaciones para la generación
de energía eléctrica concurrentes en el archipiélago, se facilita el establecimiento de un marco regulador que promueva el autoconsumo y la introducción de energías renovables, cuando estos supongan una reducción del coste energética

La
compensación de los extracoste de generación al que se refiere la DA decimoquinta de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico para el sostenimiento de los sistemas eléctricos no peninsulares, por su condición de sistemas aislados y
pequeños y al objeto de mantener un precio final de la electricidad similar al de la península, la actividad de generación también es retribuida como las actividades reguladas (art. 10.2.b) de la LSE), surgiendo así el llamado extracoste de la
actividad de producción en estos sistemas, que deben ser compensados para garantizar el precio y las inversiones a los sistemas eléctricos y aislados.

En este sentido resulta llamativa disminución de más de 200 millones de euros de del
crédito de la partida 23.03 000X 739 «A la CNMC para atender el extracoste de generación al que se refiere la disposición adicional decimoquinta de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico» por lo que se podría estar poniendo en
riesgo las medidas del sistema de compensación del coste de la generación eléctrica de las Islas Canarias, con las que se pretende garantizar que los precios del suministro eléctrico para los consumidores canarios sean equivalentes a los del resto
del territorio.

No podemos más que rechazar esta disminución y que no exista previsión como partida ampliable puesto que podría no estar garantizada la compensación del coste de la generación y por lo tanto el precio de la energía eléctrica
en termino equivalentes al resto del territorio tal y como recoge el artículo 11 apartado primero de la Ley 19/1994, de 6 de julio, del Régimen Económico y Fiscal de Canarias. Proponiéndose que dicha partida sea incluida en un Nuevo apartado al
ANEXO II Créditos Ampliables Once. En la Sección 23, «Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico» e) El crédito 23.03 000X 739 «A la CNMC para atender el extracoste de generación al que se refiere la disposición adicional
decimoquinta de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico».

La Ley de PGE2021 introduce una Disposición final vigésima cuarta. Modificación del texto refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, aprobado
por Real Decreto legislativo 2/2011, de 5 de septiembre donde se da nueva redacción a la letra e) del artículo 208, que queda redactado como sigue:

En el Proyecto de Ley de PGE para 2021, la Disposición Final vigésima cuarta modifica el
apartado e) del art. 208 en el sentido de introducir (en medio de las dos frases que actualmente tiene el apartado) la siguiente:

«En el caso del archipiélago canario, estos coeficientes reducidos serán del 30 % y se aplicarán exclusivamente
en los supuestos de vehículos en régimen de pasaje y en los supuestos de pasajeros en régimen de transporte residentes en la Comunidad Autónoma canaria, transportados en buques integrado en servicios marítimos interinsulares en el citado
archipiélago.»

En consecuencia, el artículo 208.e) queda finalmente con el siguiente texto (la negrita es lo nuevo):

d) En los supuestos de pasajeros en régimen de transporte y de vehículos en régimen de pasaje transportados en buques
integrados en servicios marítimos interinsulares en un mismo archipiélago, los coeficientes serán el 20 por ciento de los indicados en el ordinal 1.º de la letra a) o de los que resulten de aplicar las letras b) o c). En el caso del archipiélago
canario, estos coeficientes reducidos serán del 30 % y se aplicarán exclusivamente en los supuestos de vehículos en régimen de pasaje y en los supuestos de pasajeros en régimen de transporte residentes en la Comunidad Autónoma canaria, transportados
en buques integrado en servicios marítimos interinsulares en el citado archipiélago. De conformidad con lo dispuesto en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea para que sean admisibles excepciones en la aplicación del
Reglamento Comunitario (CEE) 4055/86, se justifica dicho coeficiente reductor por razones de interés general asociadas con la necesidad de potenciar la cohesión de los territorios insulares que conforman un archipiélago y evitar los efectos que
tienen para el desarrollo económico y la competitividad de las islas menores los costes adicionales que supone la doble insularidad.

Hasta ahora, las tasas al pasajero residente y al no residente eran la misma. Mismo importe. Había una única tasa al pasajero en línea marítimo interinsular, y conforme al artículo 208.e/ de la Ley de Puertos del Estado y Marina
Mercante (Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre) la Autoridad Portuaria de turno aplicaba una bonificación del 80 %, esto es, se cargaba el 20 % de la misma. El texto del artículo 208.e) de la Ley de Puertos y Marina Mercante) En los
supuestos de pasajeros en régimen de transporte y de vehículos en régimen de pasaje transportados en buques integrados en servicios marítimos interinsulares en un mismo archipiélago, los coeficientes serán el 20 por ciento de los indicados en el
ordinal 1.º de la letra a) o de los que resulten de aplicar las letras b) o c). De conformidad con lo dispuesto en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea para que sean admisibles excepciones en la aplicación del Reglamento
Comunitario (CEE) 4055/86, se justifica dicho coeficiente reductor por razones de interés general asociadas con la necesidad de potenciar la cohesión de los territorios insulares que conforman un archipiélago y evitar los efectos que tienen para el
desarrollo económico y la competitividad de las islas menores los costes adicionales que supone la doble insularidad.

Si finalmente el artículo es aprobado junto con la Ley de PGE en el sentido de este proyecto sería la siguiente:

a/ La tasa al pasajero residente será una: el 30 % de la cuantía básica de la tasa.

b/ la tasa al pasajero no residente será distinta: la cuantía básica de la tasa si ningún tipo de reducción.

En Baleares, al no
afectarle el texto incluido en el artículo 208.e/ que solo se refiere a Canarias, la situación sigue siendo igual: bonificación del 80 % a TODOS los pasajeros, residentes y no residentes. Mientras que en Canarias, la bonificación pasa al 70 % a
residentes. Y SE ELIMINA la bonificación a los NO RESIDENTES. Esto significa que el pasaje de barco al no residente, al turista, que visita Canarias, se le encarece (la tasa en un 80 %), y aunque la naviera no suba nada su flete, el incremento del
precio total será en torno al 20 %.

Esto tendrá su incidencia más las islas no capitalinas, que tienen muchos turistas que hacen excursiones de 1 día, e islas como La Gomera, donde incluso la entrada de turistas a alojarse por aeropuerto es
testimonial, y el 95 % entra por puerto.

Por lo que se considera que la una Disposición final vigésima cuarta. Modificación del texto refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, aprobado por Real Decreto
legislativo 2/2011, de 5 de septiembre vulnera el artículo 4. Principios de continuidad territorial y libertad de transporte del Régimen Ecónomico y Fiscal de Canarias en sus apartados 1, 2, 4 y 6 que estable lo siguiente:

1. Los
servicios de transporte aéreo marítimo, de personas y mercancías, se regirán por los principios de continuidad territorial en razón a la naturaleza insular y ultraperiférica de Canarias y libertad de transporte, en los términos previstos en esta
Ley, en las normas que la desarrollen, en las disposiciones comunitarias y Convenios Internacionales de aplicación.

2. Los principios de continuidad territorial y de libertad de transporte marítimo y aéreo consagrados en el apartado
anterior, alcanzan a todo tipo de servicios, regulares o no, de carácter interinsular, nacional, e internacional.

4. Para lograr la competitividad de los puertos y aeropuertos con respecto de otros que por su cercanía geográfica puedan
resultar de uso alternativo, en Canarias se establecerán reducciones o bonificaciones sobre las tasas portuarias y aeroportuarias respecto a las vigentes a nivel nacional, logrando la competitividad con los puertos y aeropuertos de uso alternativo.
A estos efectos se prestará especial atención a las tasas vinculadas al tráfico de contenedores.

6. Los puertos y aeropuertos de titularidad estatal existentes en Canarias que de conformidad con la legislación vigente están declarados
de interés general se consideran a todos los efectos instrumentos esenciales para la integración económica y social de Canarias, ya que contribuyen a su conectividad, vertebración, cohesión social y desarrollo económico. A tal efecto, por la
Administración del Estado se garantizará el mantenimiento de la calificación de los mismos como puertos y aeropuertos de interés general, así como el desarrollo de las inversiones necesarias, no sólo para que estas instalaciones se conserven en
condiciones adecuadas de uso, explotación y operatividad, sino también las precisas para la adaptación de dichas infraestructuras a las condiciones de operatividad que puedan demandarse por la aparición de nuevos flujos de tráfico. Se atenderá de
manera específica la adecuada operatividad y adaptación de los puertos y aeropuertos de interés general ubicados en las islas no capitalinas.

Los puertos de interés general de la Comunidad Autónoma de Canarias son igualmente infraestructuras
esenciales para la integración económica y social de Canarias ya que, bien por sí mismos o por la interconexión con tráficos que se generan o tienen su destino en puertos de interés general del Estado, contribuyen a la conectividad, vertebración,
cohesión social y desarrollo económico de Canarias.»

Modificación del texto refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, aprobado por Real Decreto legislativo 2/2011, de 5 de septiembre donde se da nueva redacción a la
letra e) del artículo 208, y se propone su eliminación. Ya que de lo contrario se estaría modificando el Régimen Económico y Fiscal de Canarias













IMPACTO DE CARÁCTER SOCIAL DE LOS PGE 2021 EN CANARIA

Los PGE2021 están muy lejos de dar la respuesta que requiere
Canarias para hacer frente a la grave situación de emergencia social derivada del apagón del sector turístico por la pandemia sanitaria. Las cuentas más expansivas de la historia democrática, deberían buscar tanto la reactivación a través de un
gran esfuerzo de inversión pública, como, a su vez, servir de «escudo social» para aquellos sobre los que la incidencia está siendo más grave.

Si las cuentas estatales deben responder también al principio de tratar de forma distinta a
realidades diferentes, entonces no cumplen en este caso ni de lejos con el hecho de que el Archipiélago es el territorio más castigado por la crisis como lo demuestra que su PIB ha caído en estos meses de pandemia casi el doble que el del Estado.
Entre febrero y septiembre, el conjunto del Estado ha observado una caída en la afiliación de 435.686 efectivos (-2,3 %).

En Canarias, la caída ha sido más intensa, y prácticamente ha duplicado el descenso del empleo en España.

El
número de afiliados en el Archipiélago al cierre de septiembre se cifró en 44.235 efectivos menos (-5,4 %) que en febrero.



El proyecto no solo ignora la singularidad insular en este contexto, sino que
tampoco respeta las que ya están fijadas en las propias leyes estatales y autonómicas, incumpliendo el REF y el Estatuto justamente cuando la revisión de ambas normas a finales de 2018 tendría que tener su primer reflejo presupuestario en estas
cuentas estatales.

La incapacidad del Gobierno de España para asumir en estos Presupuestos la necesidad de un rescate de la sociedad canaria por su mayor afectación de las consecuencias de la pandemia es grave, más lo es aún —hasta el
punto que calificarlo de intolerable— que ni siquiera en estas circunstancias haya hecho un esfuerzo por responder a todos y cada uno de los mandatos del fuero isleño.

Basándonos en los preceptos incluidos en las dos normas
anteriormente comentadas, REF y Estatuto de Autonomía de Canarias, pasamos a analizar aquellas partidas de carácter social con afección a Canarias en materias tan trascendentales para el desarrollo de las islas como son la pobreza, la educación y el
empleo.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL (SECCIÓN 18)

Entrando en las materias que afectan a Canarias dentro de esta sección, hay que señalar los incumplimientos que se producen en virtud del artículo 29 de la Ley 8/2018
por el que se modifica el artículo 23 del REF (Ley 19/1994) para la Formación Profesional y del artículo 27 de la Ley 8/2018 por el que se modifica el artículo 22 del REF (ley 19/1994) relativo a las Universidades.

Artículo 23 Formación
Profesional.

1. A efectos de potenciar la creación de empleo, la Administración General del Estado colaborará con la Comunidad Autónoma de Canarias en la elaboración de un Programa especial de formación profesional para el empleo en
sectores de servicios avanzados.

En la elaboración y actualización de los certificados de profesionalidad se tendrán en cuenta las peculiaridades del territorio insular y fragmentado de la Comunidad Autónoma de Canarias, añadiendo en caso de
necesidad certificados específicos adicionales que se adapten a las especiales circunstancias de las islas.

2. Se establecerá un programa específico de becas de estudio para los estudiantes canarios que no encuentren en su isla de
residencia la oferta educativa que demanden. Asimismo, se establecerá un programa específico de becas de desplazamiento para los jóvenes canarios que hayan finalizado su formación profesional y que realicen prácticas en empresas peninsulares y en
cualquier otro Estado miembro de la Unión Europea.

3. Las organizaciones empresariales y sindicales más representativas en el ámbito autonómico colaborarán con la Comunidad Autónoma de Canarias en el diseño de Planes de Formación
Profesional para el Empleo dirigidos prioritariamente a trabajadores ocupados y desempleados.

Asimismo, serán los agentes colaboradores de la administración para el diseño y programación de la realización de prácticas en empresas de la
Formación Profesional Reglada, Formación Profesional para el Empleo y Formación Profesional Dual.

4. Se garantizará la adecuada provisión de plazas de Formación Profesional Reglada, Formación Profesional para el Empleo y Formación
Profesional Dual a los estudiantes canarios.»

En los PGE de 2021, la partida destinada al Plan de Infraestructuras Educativas de Canarias 2018-2025 deja de tener cobertura, frente a los 42 millones que se imputaron en los PGE 2018. De igual
modo, se precisa dotar partidas específicas para cada uno de los preceptos recogidos en este artículo del REF referente al programa de becas para estudiantes canarios de Formación Profesional que estudien fuera de las islas valorado en 2 millones de
euros, y para aquellos que vayan a realizar prácticas en empresas peninsulares y en cualquier otro Estado miembro de la Unión Europea que se valora en 1 millones de euros.

En este sentido, también se hace preciso dotar la partida 18 para la
Educación Infantil de 0 a 3 años en Canarias, por importe de 3 millones de euros, y cumplir de estar forma con el objetivo del Gobierno de España para la universalización de la Educación Infantil.

MINISTERIO DE UNIVERSIDADES (SECCION 28)

En lo que respecta a esta sección, y en virtud del artículo 27 de la Ley 8/2018 por el que se modifica el artículo 22 del REF (ley 19/1994) relativo a las Universidades, esta formación política llama la atención sobre la ausencia de recursos en
el PGE de 2021 para dar cumplimiento a algunos de los preceptos de este artículo.

Artículo 22 bis. Universidades.

1. Teniendo en cuenta la condición de región ultraperiférica de Canarias, las Universidades de las islas
son centros de referencia a efectos del señalamiento de las políticas Universitarias del Estado español. En el marco de la Ordenación y Planificación Económica regional de Canarias, se incluirán medidas para incrementar su competitividad y
focalizar los esfuerzos en investigación e innovación que tengan impacto en el sector productivo, así como la transferencia de sus resultados y la orientación de su oferta a las necesidades del mercado, facilitando la movilidad entre islas.

2. Las universidades establecidas en Canarias se vinculan a la economía productiva de Canarias por medio de la investigación, la innovación, formación y aplicación de conocimiento de excelencia. La capacidad de estos centros se pondrá al
servicio del Régimen Económico y Fiscal de Canarias, potenciando el desarrollo económico y social del archipiélago.

3. La Administración General del Estado fomentará la condición de las Universidades Canarias como centros de referencia
nacional a través de acciones o programas específicos.

4. Se fomentarán y coordinarán programas para el desarrollo de actividades docentes, de investigación y cooperación al desarrollo en los que intervengan las universidades
establecidas en Canarias e instituciones europeas y de otros países, especialmente con terceros países vecinos y otras regiones ultraperiféricas.

5. Teniendo en cuenta la consideración de Canarias como región ultraperiférica de la
Unión Europea, el Gobierno de la Nación acordará para los estudiantes y profesores de las universidades canarias una ayuda económica suplementaria para compensar los costes adicionales de la lejanía, equivalente a los gastos de transporte desde su
lugar de residencia hasta el de destino, en los programas de investigación, formación y movilidad además de otras medidas complementarias relativas a la promoción de la investigación, el desarrollo y la innovación.»

En los PGE 2021 no se
recoge ninguna partida específica para Canarias que dé cumplimiento al artículo 22bis del REF y cumplir con el desarrollo de actividades docentes, de investigación y cooperación al desarrollo en los que intervengan las Universidades establecidas en
Canarias e instituciones europeas y de otros países, especialmente con terceros países vecinos y otras regiones ultraperiféricas. Para ello, se requieren recursos económicos cuantificados en 5 millones de euros.

De igual modo, y para la
compensar los costes adicionales de la lejanía, equivalente a los gastos de transporte desde su lugar de residencia hasta el de destino, en los programas de investigación, formación y movilidad, en cumplimiento del REF, Artículo 22bis, se hace
preciso dotar una partida específica de 4 millones de euros, inexistente en los PGE 2021, que fomenten los programas destinado a las universidades canarias para medidas complementarias relativas a la promoción de la investigación, el desarrollo y la
innovación.

IMPACTO DE CARÁCTER ECONÓMICO DE LOS PGE 2021 EN CANARIAS

De igual modo, y también amparándonos en los nuevos preceptos tanto del REF como del Estatuto de Autonomía de Canarias, analizamos aquellas partidas sectoriales de
carácter económico con afección a Canarias en sectores y materias que afectan directamente a la creación de empleo y riqueza en el archipiélago, como son la industria, el comercio, el transporte, turismo, el agua, la tecnología, las
infraestructuras, vivienda, carreteras, el sector primario en su conjunto, entre otras, y que forman los pilares básicos sobre los que se sustenta el desarrollo y crecimiento económico de las islas.

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO
(SECCIÓN 20)

A continuación, se analiza esta sección, la cual presenta también un déficit de recursos con Canarias, atendiendo al artículo 23 de Ley 8/2018 de Modificación del REF (Ley 19/1994) por el que se modifica el artículo 19 para la
Promoción Turística, sucediéndolo lo mismo respecto al artículo 14bis, sobre el Precio del Agua.

Artículo 19 Promoción Turística.

«1. Atendiendo al carácter estratégico del turismo en la economía canaria y su repercusión
en el empleo, se prestará especial atención a su fomento y desarrollo, mediante la dotación de un Plan Estratégico del Turismo. A tales efectos, los incentivos a la inversión en el sector se orientarán preferentemente a la reestructuración del
mismo, modernización de la planta turística de alojamiento, a la creación de actividades de ocio complementarias de las alojativas y la potenciación de formas de turismo especializado y alternativo.

Asimismo, y de acuerdo a las necesidades
del sector turístico, el Estado contemplará la estacionalidad como marco de referencia para la implantación de medidas económicas, sociales y de cualquier otra naturaleza que le afecten, con vistas a favorecer el mantenimiento y creación de
empleo.

2. Se prestará especial atención a la formación técnico-profesional en el sector, impulsando, entre otras actuaciones, la enseñanza de idiomas y la utilización de las nuevas tecnologías.

Se promoverán, además, los
conocimientos en materia gastronómica vinculados a la utilización de productos agrarios, agroindustriales y pesqueros obtenidos en Canarias y de actividades de ocio.

A tales efectos, la Administración General del Estado colaborará con la
Comunidad Autónoma de Canarias en la elaboración de un Plan específico de formación profesional en el sector turístico, que contará asimismo con la participación de los agentes sociales más representativos en el ámbito autonómico.

3. En
las campañas de promoción turística exterior que realice el Estado, y siempre que así lo solicite el Gobierno de Canarias, por tener interés y afectar a productos y/o destinos turísticos de las Islas, se incluirá la oferta de las islas Canarias de
forma claramente diferenciada.

A estos efectos, en las Consejerías de Turismo en las Misiones diplomáticas de España en los principales mercados emisores para las Islas Canarias, se contemplará la posibilidad de que un técnico adscrito al
órgano de promoción turística de las Islas Canarias pueda ubicarse y desarrollar las labores de promoción turística de las Islas Canarias en cada una de las Consejerías que se definan.

4. El Estado financiará un Plan de inversiones
públicas en infraestructuras en las áreas turísticas con el objetivo de alcanzar el nivel de calidad necesario y mantener la rentabilidad social del sector turístico en Canarias, así como atender de forma efectiva el incremento en la demanda de los
servicios públicos e infraestructuras que se genera en dichas áreas. Dicho Plan se dotará en los Presupuestos Generales del Estado para su gestión directa por la Comunidad Autónoma de Canarias a través del oportuno instrumento convencional y será
independiente de la asignación de los fondos de turismo de ámbito nacional que le correspondan.»

Artículo 14bis. Precio del agua.

«Se establecerá reglamentariamente un sistema de compensación, consignado anualmente en los
Presupuestos Generales del Estado, que garantice en las islas Canarias la moderación de los precios del agua desalinizada, regenerada o reutilizada hasta alcanzar un nivel equivalente al del resto del territorio nacional, así como los precios del
agua de consumo agrario fruto de la extracción y elevación de pozos y galerías y de la desalación para riego agrícola.»

En los PGE de 2021, la partida destinada al Plan de Infraestructuras Turísticas de Canarias pasa a ser de cero euros
frente a los 15 millones que se otorgaron en los PGE de 2018, por lo que nos encontramos en una situación de auténtica falta de sensibilidad por parte del Gobierno con las islas para atender en uno de los peores momentos de nuestra historia dos
ceros turísticos, al margen del insuficiente compromiso del Gobierno de España de poner en práctica un Plan Específico de Recuperación del Turismo en Canarias, dotado tan sólo con 20 millones de euros. Esta insensibilidad es absolutamente
inexplicable, máxime cuando el sector turístico supone más 40 % de los empleos y más del 35 % del PIB de Canarias.

De igual modo, es de obligado cumplimiento los nuevos preceptos del REF, en su artículo 19, que obligan a dar cobertura
específica a las islas, concretamente al Plan de Estratégico de Turismo, del Plan específico de formación profesional en el sector turístico, cuantificados en 4 y 1,2 millones de euros respectivamente.

Por su parte, el Plan Estratégico de
Canarias para el Turismo, supone un instrumento vital para el conocimiento turístico relacionado con la economía verde y azul, así como para la economía digital, y la integración transversal de las cadenas de valor vinculadas a la actividad
turística (agricultura, pesca y ganadería, paisaje, movilidad e industrias creativas). De la misma manera, y por la gran dependencia que la economía canaria tiene del sector turístico, es por lo que se hace necesario prestar especial atención a la
formación técnico-profesional en el sector, diseñando para ello, en colaboración con el Estado, un Plan específico de formación profesional en el sector turístico.

Igualmente, hay que señalar, que Canarias, por sus condiciones limitadas de
mercado y fruto de su posición geoestratégica entre los 3 continentes, tiene en la Internacionalización una oportunidad única para atraer inversiones a las islas, y abrir mercados en otros países. Por ello, Coalición Canaria-PNC quiere manifestar
que los PGE de 2021 fulminan la partida para la Internacionalización de la Economía Canaria, cuando el artículo 18 de la ley 8/2018 del nuevo REF obliga a dar cobertura, al igual que se dotó en los PGE 2018. En este punto, cabe recordar que con el
objetivo de fomentar la internacionalización de la economía canaria se crea el Consejo Asesor para la Promoción Estratégica y Comercial de Canarias (CAPECC, art. 18 de la Ley 8/2018), que sustituye al antiguo CAPCAO.

En esta misma sección,
con competencias en la industrialización de los procesos productivos, basándonos en el nuevo REF, concretamente en su artículo 14bis, el Gobierno debe llevar a cabo actuaciones para garantizar en las islas Canarias la moderación de los precios
estableciendo, reglamentariamente, un sistema de compensación, consignado anualmente en los Presupuestos Generales del Estado, que garantice en las Islas Canarias la moderación de los precios del agua desalinizada, regenerada o reutilizada hasta
alcanzar un nivel equivalente al del resto del territorio nacional, así como los precios del agua de consumo agrario fruto de la extracción y elevación de pozos y galerías y de la desalación para riego agrícola.

MINISTERIO DE ASUNTOS
ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL (SECCIÓN 27)

El hecho diferencial de Canarias que se consagra en el nuevo REF, junto con las propias características de ultraperiferia que le otorga el nuevo Estatuto de Autonomía a las islas, viene
determinado, entre otras razones, por su fragmentación de mercado y dependencia de las nuevas tecnologías de la información y comunicación (TIC). Estas permiten acortar los tiempos de respuesta, sobre todo la de los operadores y agentes
empresariales, como consecuencia de la lejanía frente a otros mercados.

Por ello, el artículo 12 de la Ley 8/2018 por la que se modifica el artículo 10 de la ley 19/1994 del REF regula el derecho de acceso a las tecnologías de la información
y la comunicación.

Artículo 10. Telecomunicaciones: precios.

«1. Los servicios interinsulares de telecomunicaciones que se presten en régimen de tarifas públicas tendrán para el usuario un precio, para cada servicio, no
superior al establecido para las distancias equivalentes en la península.

2. Los servicios de telecomunicación entre las islas y el resto del territorio nacional que se presten en régimen de tarifas públicas tendrán para el usuario un
precio, para cada servicio, no superior al establecido para la distancia máxima intrapeninsular.

3. En atención a las especiales circunstancias de lejanía, insularidad y dispersión poblacional que concurren en Canarias como región
ultraperiférica, así como a la necesidad de equiparar al resto del territorio nacional la disponibilidad y condiciones de acceso a todo tipo de servicios audiovisuales de banda ancha, se establecerá una consignación anual en los Presupuestos
Generales del Estado, referida al año natural, para garantizar el acceso de toda la población a los mismos, financiando el sobrecoste que afrontan los operadores para desplegar los servicios de banda ancha en Canarias.»

Por todo ello,
Coalición Canaria-PNC pone de manifiesto que los PGE 2021 no contemplan partida específica para Canarias para dar cumplimiento a este precepto, y que se cuantifica en 10 millones de euros.

MINISTERIO DE TRANSPORTE, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
(SECCIÓN 24)

Una de las secciones presupuestarias con mayor trascendencia para Canarias, es sin duda el Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana, porque de ella se nutre gran parte del capítulo inversor que llega al archipiélago
tanto a través del capítulo VI como las transferencias de capital del capítulo VII en las materias competencia de esta sección.

Entrando en el análisis pormenorizado de las partidas que afectan a las islas, hay que señalar por parte de esta formación política, que se incumplen varios preceptos del REF, en concreto, los artículos 94 y 95 de la Ley 19/1994 del REF
y artículo 168 del Estatuto de Autonomía, fundamentalmente motivado por la materia de carreteras y vivienda.

En este orden, también se hace necesario recordar el obligado cumplimiento por parte del Estado a las diversas sentencias del
Tribunal Supremo fruto del incumplimiento del Gobierno de España sobre el anterior Convenio de Carreteras, y que fue renovado a finales del año 2018. La disposición adicional introducida en el Congreso de los Diputados es insuficiente.

A su
vez, y en lo que corresponde en materia de transporte, en cumplimiento con la Disposición Adicional Primera ley 8/2018 relativa a las subvenciones del transporte de mercancías, se produce un déficit para el transporte del plátano, elemento clave
para el desarrollo y viabilidad del sector primario en Canarias.

Artículos 94 y 95, Compensación por el hecho insular:

«Se considerarán de interés general a efectos de la inclusión de los créditos correspondientes en los Presupuestos
Generales del Estado, las obras de infraestructura y las instalaciones de telecomunicación que permitan o faciliten la integración del territorio del Archipiélago con el resto del territorio nacional o interconecten los principales núcleos urbanos
de Canarias o las diferentes islas entre sí.

En cada ejercicio, el Programa de Inversiones Públicas que se ejecute en Canarias se distribuirá entre el Estado y la Comunidad Autónoma de tal modo que las inversiones estatales no sean inferiores
al promedio que corresponda para el conjunto de las Comunidades Autónomas, excluidas de este cómputo las inversiones que compensen del hecho insular.»

Artículo 168 del Estatuto de Autonomía.

«En cada ejercicio presupuestario y dentro
del principio de la solidaridad interterritorial, se ejecutará un programa de inversiones públicas distribuido entre el Estado y la Comunidad Autónoma.

El objetivo de estas políticas debe ser la equiparación progresiva de las condiciones
socioeconómicas de la población de las islas al promedio estatal. Esto se medirá periódicamente y las desviaciones serán compensadas con políticas de gasto eficientes.»

Disposición adicional primera. Subvenciones al transporte de
mercancías en la Comunidad Autónoma de Canarias.

Uno. El porcentaje del 70 por 100 regulado en los artículos 3 y 4 del Real Decreto 170/2009, de 13 de febrero, sobre compensación al transporte marítimo y aéreo de mercancías incluidas
en el anexo I del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea, con origen o destino en las Islas Canarias, y en los artículos 3 y 4 del Real Decreto 362/2009, de 20 de marzo, sobre compensación al transporte marítimo y aéreo de mercancías no
incluidas en el anexo I del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea, con origen o destino en las Islas Canarias, queda establecido en el 100 por 100.

El Gobierno de España no debe ni puede obviar dos de los elementos claves para la
integración y desarrollo de Canarias con respecto al promedio estatal como son la vivienda y las carreteras, configurados como elementos vertebradores y de cohesión de las islas. Además, tiene una trascendencia por alta dependencia del sector
turístico. En los PGE de 2021, se elimina la partida destinada al Plan de Viviendas para Canarias que se cuantifica en 12 millones de euros, a semejanza de la recogida en los PGE de 2018.

Por ello, Coalición quiere advertir que se deja de
prestar atención a las acciones que complementan el Plan Estatal de Vivienda, para que se puedan financiar actuaciones de urgencia habitacional de las familias canarias, independientemente de que la Comunidad Autónoma de Canarias participe, con el
porcentaje que le corresponda, del Plan 20.000, teniendo en cuenta las especiales características de Canarias, desde el punto de vista de un territorio insular, escaso y frágil, la una mayor tensión en el mercado inmobiliario y, por consiguiente, en
el acceso a la vivienda de los canarios y canarias.

Respecto al transporte de mercancías, se hace preciso mencionar que no se da la cobertura suficiente en los presupuestos de 2021 a las subvenciones para el transporte de mercancías,
concretamente, al transporte del plátano, de forma que se pueda cubrir el 100 % del coste, tal y como se recoge en el nuevo REF, siendo preciso dotar adicionalmente la partida con 18 millones de euros, así como la adecuación para la adaptación de
las exportaciones al Reino Unido después del BREXIT.

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y RETO DEMOGRÁFICO (SECCIÓN 23)

Otros de los Ministerio con mayor impacto en los recursos económicos que deben reflejarse en los PGE de 2021
es el de Transición Ecológica, de reciente creación, y que asume algunas de las competencias que anteriormente tenía el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y el de Transporte. Es por ello, que del análisis presupuestario que esta
formación ha realizado de esta sección hay que señalar la vulneración que se hace en respecto al artículo 18 de la ley 8/2018 de modificación del REF por el que modifica el artículo 14bis referido al Precio del agua y artículo 152 del Estatuto
Autonomía, que obligan a atender las especiales condiciones de Canarias para las infraestructuras en materia de agua, así como para el tratamiento de la misma, su extracción, y establecer las mejores condiciones para el riego agrícola.

De
igual manera, y basándonos en el artículo 14 referido a la gestión, valorización, reciclaje y descontaminación de los residuos en Canarias, se requiere que por parte del Estado se atienda a los sobrecostes del archipiélago en relación a esta materia
para mejorar las condiciones insulares para el tratamiento de los residuos.

Artículo 14bis. Precio del Agua.

«Se establecerá reglamentariamente un sistema de compensación, consignado anualmente en los Presupuestos Generales del
Estado, que garantice en las Islas Canarias la moderación de los precios del agua desalinizada, regenerada o reutilizada hasta alcanzar un nivel equivalente al del resto del territorio nacional, así como los precios del agua de consumo agrario fruto
de la extracción y elevación de pozos y galerías y de la desalación para riego agrícola.»

Artículo 152 del Estatuto de Autonomía.

«Establece que la Comunidad Autónoma de Canarias tiene competencia exclusiva en materia de aguas en todas
sus manifestaciones, lo que incluye la regulación, planificación y gestión del agua, de los usos y de los aprovechamientos hidráulicos, régimen de protección, así como de las obras hidráulicas que no estén calificadas de interés general,
correspondiéndole no obstante al Estado las actuaciones relativas a las obras hidráulicas de interés general, teniendo en cuenta las singularidades del Archipiélago Canario, de conformidad con el artículo 138.1 de la Constitución Española.»

Artículo 14. Gestión, valorización, reciclaje y descontaminación de los residuos en Canarias.

«1. En virtud del principio de continuidad territorial y al objeto de superar los obstáculos derivados de la fragmentación
territorial del archipiélago, en aquellos flujos de residuos en los que sea de aplicación la responsabilidad ampliada del productor, serán los productores, a través de sus sistemas individuales o colectivos de responsabilidad ampliada, los
responsables de financiar el traslado de los residuos desde las otras islas hasta la isla donde exista planta de tratamiento, y en su caso, hasta la península, cuando no sea posible su tratamiento en Canarias.

2. Los poderes públicos
deberán diseñar estrategias que orienten la ejecución de políticas específicamente destinadas a reducir al máximo el volumen de residuos contaminantes generados en Canarias, haciendo primar su reutilización y reciclaje a través de una red local de
puntos habilitados para dicho fin.

3. Al objeto de minimizar los riesgos y el impacto ambiental del transporte y la circulación de residuos, el principio general de proximidad deberá estar en la base de la política sobre gestión y
tratamiento de residuos en Canarias, favoreciéndose su tratamiento en el archipiélago cuando existan plantas de tratamiento adecuadas para ello, y promoviendo en otro caso medidas que favorezcan la implantación y desarrollo de plantas de tratamiento
y reciclado para el mayor número de residuos posible.

4. Con el fin de obtener una adecuada protección ambiental del territorio canario, en aquellos residuos en los que la normativa establezca mínimos de recogida selectiva a nivel
estatal, tales objetivos deberán ser alcanzados en la Comunidad Autónoma de Canarias de acuerdo con los criterios previstos en la normativa de cada flujo de residuos, y en su defecto, en proporción a los residuos generados, según los datos
disponibles de la Comunidad Autónoma a 31 de diciembre del año precedente y los datos oficiales que puedan complementarlos.

5. A efectos del control de residuos, en relación con los productos envasados, eléctricos y electrónicos, pilas
y acumuladores, neumáticos y aceites y grasas minerales se deberá incluir en la declaración por la que se solicita un determinado régimen aduanero a efectos de la imposición indirecta canaria el nombre del Sistema Integrado de Gestión de residuos al
que el importador está adherido. La misma obligación es aplicable en relación con las entradas de las mercancías indicadas procedentes de otro Estado miembro o del resto del territorio español. Al incumplimiento de esta obligación le será de
aplicación lo previsto en el régimen sancionador en materia de residuos.

6. Aquellos productos que puedan generar residuos ambientalmente peligrosos, especialmente contaminantes, no reutilizables o reciclables podrán ser considerados
no aptos, quedando fuera de la exención que recoge esta Ley. Podrán tener la misma consideración de productos ambientalmente peligrosos aquellas plantas, animales, semillas o equivalentes que supongan un riesgo para el medio natural del
archipiélago.»

En los PGE de 2021, las partidas destinadas a tales fines se ven mermadas, incluso algunas carecen de cobertura presupuestaria, como es el caso de la partida para el convenio en materia de aguas.

A los efectos de
actualizar el programa de inversiones a acometer por la Administración General del Estado en obras hidráulicas declaradas de interés general en la Comunidad Autónoma Canaria, con fecha 4 de diciembre de 2018, se firmó el ‘Protocolo General
entre el Ministerio para la Transición Ecológica, Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente y la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas de Canarias, para el desarrollo de actuaciones en materia de agua en las
Islas Canarias, por el que se definen las líneas a seguir por ambas administraciones para el cumplimiento de la Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de
actuación en el ámbito de la política de aguas’, y que constituye el escenario adecuado para la suscripción de Convenios específicos de colaboración entre el Ministerio y el Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas de Canarias,
para la construcción y explotación de obras hidráulicas de interés general en la Comunidad Autónoma de Canarias, para el periodo 2018-2029.

En lo que respecta al conjunto de obras de interés regional, principalmente en materia de depuración,
saneamiento y reutilización de aguas, los PGE de 2021 no contemplan ninguna partida específica para las islas.

Por ello, estas obras, cuantificadas en 10 millones de euros, son de vital trascendencia para Canarias, amén de que la ejecución de
estas actuaciones en esa materia supone dar cumplimiento a los objetivos generales de la Directiva Marco del Agua.

En este mismo sentido, esta partida económica permite dar una protección de las masas de agua de las demarcaciones
hidrográficas para prevenir su deterioro y el equilibrio y armonización del desarrollo regional y sectorial, promoviendo su uso sostenible. Estos objetivos han de alcanzarse protegiendo la calidad del agua, economizando su empleo y racionalizando
sus usos, protegiendo el medio ambiente y los demás recursos naturales. Concretamente se pretende acometer aquellas obras que incidan en los programas de saneamiento, depuración, vertido y reutilización de aguas residuales en el conjunto de las
ocho islas.

De igual modo, no se ha dotado partida específica para Canarias para el transporte de residuos entre las islas que se cuantifica en 3 millones de euros.

Este mismo Ministerio tiene asumidas las competencias en materia de
costas, un asunto donde en Canarias tiene un papel vital por las propias características archipielágicas y su amplia superficie de costas. Por ello, no se entiende como el Estado deja sin partida en los PGE de 2021 para la formalización del
convenio en esta materia, y que, sin embargo, sí tuvo reflejo en los presupuestos del año 2018, al igual que sucede con la partida específica para la Playa de Valleseco en el municipio de Santa Cruz de Tenerife, ambas cuantificadas en 6 y 2 millones
respectivamente, partidas a las que esta formación no piensa renunciar.

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN (SECCIÓN 21)

El sector primario en las islas es mucho más que un generador de economía, pues contribuye a mantener
un paisaje del que se benefician otros sectores como el turístico, generando ventajas con mucho impacto medioambiental y es portador y garante de buena parte de las tradiciones canarias que son reflejo de siglos de actividad y de relación de los
canarios y canarias con su entorno. Además, este sector goza de una protección europea por la consideración de Canarias como Región Ultraperiférica, con programas específicos que ayudan al desarrollo y permanencia del sector y al mantenimiento del
empleo.

Esta protección también tiene reflejo en el nuevo REF, concretamente en el artículo 30 de la ley 8/2018 que modifica el artículo 24 del REF para mejorar el sector primario, al que se debe dar respuesta a través de los PGE,
concretamente para atender las ayudas adicionales al POSEI para cubrir el 100 % de las mismas, y sufragar la partida cuya finalidad es cubrir los seguros agrarios a través de la entidad pública dependiente de este ministerio.

Por su parte, y
para dar cumplimiento al artículo 24 del REF, el Gobierno de la nación consignara anualmente en los PGE una dotación suficiente para incrementar en un 65 % la subvención base que en cada momento establezca la Entidad Estatal se Seguros Agrarios
(ENESA) para los seguros agrarios de aplicación en Canarias.

Artículo 24 Medidas en favor del sector primario.

1. «El Gobierno del Estado y el Gobierno de Canarias se fijan como objetivos el de alcanzar una mayor
capacidad de autoabastecimiento, y garantizar el futuro y el desarrollo a medio y largo plazo de los sectores agrícola y ganadero de Canarias, en su condición de región ultraperiférica, incluidas la producción, la transformación y la
comercialización de los productos locales, impulsando la agricultura y la ganadería, fomentando la competitividad y la innovación en el sector, y apoyando a las pequeñas y medianas empresas y al desarrollo de cooperativas agrícolas y ganaderas que
favorezcan la concentración de la oferta.

2. Para garantizar la competitividad de los sectores agrícola y ganadero de Canarias, el Gobierno de la Nación consignará anualmente en los Presupuestos Generales del Estado una dotación
suficiente para garantizar el 100 por 100 de la aportación nacional de las medidas de fomento de las producciones agrícolas locales autorizada por la Unión Europea en el marco del Programa de Opciones Específicas de Alejamiento e Insularidad
(POSEI).

3. Con la finalidad de fomentar la contratación de seguros agrarios en las islas que ayude a garantizar la renta de las y los productores mediante su protección frente a adversidades climáticas y otros riesgos naturales, el
Gobierno de la Nación consignará anualmente en los Presupuestos Generales del Estado una dotación suficiente para incrementar en un 65 % la subvención base que en cada momento establezca la Entidad Estatal de Seguros Agrarios (ENESA) para los
seguros agrarios de aplicación en Canarias.

4. Con el fin de conservar las variedades agrícolas y razas ganaderas locales, en grave peligro de erosión genética, que son la base para diferenciar las producciones locales y facilitar su
valorización comercial, el Gobierno de la Nación dispondrá anualmente en los Presupuestos Generales del Estado de una dotación específica para promover bancos de conservación de recursos fitogenéticos y zoo genéticos locales y para apoyar la
preservación in situ de estas variedades y razas por parte de los agricultores y ganaderos.

5. Los poderes públicos apoyarán la utilización de productos agrícolas, ganaderos y pesqueros locales en los establecimientos turísticos de
Canarias»

6. Se apoyará la creación en el archipiélago de un Centro Internacional de Tecnologías Agrarias destinado a favorecer las relaciones económicas con Europa y los países de África Occidental y de América Latina.»

Las
partidas que se recogen en los PGE para 2021 no son suficientes para cumplir con los preceptos antes señalados, de forma que las necesidades financieras para cubrir el 100 % del POSEI ascienden a 8 millones de euros, mientras que, para garantizar
los seguros agrarios, esta formación señala que se cuantifican en 10,5 millones de euros.

Por tanto, y a la vista de todo análisis de impacto económico esbozado, Coalición Canaria-PNC, en defensa de los intereses de su Comunidad Autónoma, y
el de su ciudadanía, concluye lo siguiente:

1) El Proyecto presupuestario para 2021, hace desaparecer todas las nuevas medidas incorporadas en el nuevo texto de la Ley 19/1994, de 6 de julio, de modificación del Régimen Económico y Fiscal de
Canarias aprobado en noviembre de 2018, como son el Derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, Servicios audiovisuales banda ancha, Promoción comercial de Canarias, Plan de inversiones públicas en infraestructuras en las
áreas turísticas, Gestión, valorización, reciclaje y descontaminación de los residuos en Canarias, Infraestructuras de Aguas, Plan de Infraestructuras Educativas, Universidades, etc., incluso cuando muchas de ellas se dotaron en Presupuesto
de 2018.

2) En dicho Proyecto, coloca a Canarias en el penúltimo lugar respecto a la inversión regionalizada, siendo un presupuesto expansivo que aumenta respecto al 2018 (último presupuesto prorrogado). Además, existe un déficit
cuantificado de recursos económicos directos de más de 400 millones de euros que afectan tanto a la Comunidad Autónoma de Canarias, sus corporaciones Locales, universidades, consorcios y centros para ciencia e investigación.

3) Este trato a
Canarias respecto a las transferencias de capital para poder calcular si se está en la media de inversión disminuye en 469.269,99 sobre el ejercicio anterior, pasando de 1.304.547,79 en 2018 a tan sólo 835.277,80 y conculcando citado artículo 96 de
la Ley 20/1991, de 7 de junio, de modificación de los aspectos fiscales del Régimen Económico Fiscal de Canarias, que establece expresamente un régimen especial de inversión del Estado en Canarias que forma parte integrante de la acción estructural
de carácter económico que el Estado se obliga a desarrollar en Canarias en ejecución de un estatuto diferencial de apoyo al desarrollo y de garantía de no compensación de costes presupuestarios.

Principales partidas ausentes en el Proyecto de PGE 2021	Millones de euros
Sentencia del Convenio de Carreteras	1000,0
Plan Especial de Empleo de Canarias (Infraestructuras educativas)	42,0
Convenio para el desarrollo de actuaciones en materia de aguas	50,0
Actuaciones costas en Canarias	6,0
Actuaciones en Educación Infantil de 0 a 3 años	3,0
Convenio para la rehabilitación de infraestructura y equipamiento en zonas turísticas	15,0
Actuaciones complementarias al Plan Estatal de Vivienda en las Islas Canarias	11,6

4) El Estado no puede incumplir por más tiempo la aplicación en Canarias de las medidas que nos pertenecen por Derecho, sobre todo cuando se nos muestra un Proyecto de crecimiento de la Inversión General y de la Inversión
Regionalizada, y en el que se aprecia la asimetría de tratamiento con otras comunidades autónomas.

5) Del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y REACT-EU que hay distribuidos entre los distintos ministerios tan sólo 20 millones están
nominados para Canarias para un Convenio con la Comunidad Autónoma de Canarias. Estrategia de Resiliencia Turística. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, misma cuantía que se asigna a Baleares. Mientras que este mismo mecanismo otorga a las
entidades locales un Plan de Sostenibilidad Turística y Destinos por importe de 660 millones de euros para 2021.

LA URGENCIA DE INCORPORAR LA FLEXIBILIZACIÓN Y LA AMPLIACIÓN DE LOS ASPECTOS FISCALES DEL REF

En los difíciles tiempos que
estamos viviendo, con elevadas incertidumbres de toda índole, sanitarias y económicas, derivadas de la crisis generada por la Covid-19, en el archipiélago canario se hace imprescindible contar con un marco tributario dotado de seguridad jurídica
para todos los contribuyentes y que ofrezca un grado de certeza razonable a los operadores económicos de los incentivos a su alcance.

El Régimen Económico Fiscal de Canarias debe contribuir a superar la desafortunada situación sanitaria
global y de parálisis de nuestro principal motor económico. Por ello, ahora más que nunca se precisa que la normativa vigente sea lo suficientemente clara para que los incentivos puedan ser utilizados y disfrutados por el tejido económico de las
islas y contribuya a paliar la grave situación a la que el empleo en el archipiélago se puede ver sometido.

Han transcurrido más de ocho meses desde la declaración del estado de alarma y no se han tomado las medidas legales necesarias para
adaptar los aspectos fiscales del Régimen Económico Fiscal de Canarias (REF) a las especiales circunstancias de la crisis generada por el COVID 19.

El REF de Canarias debe permitir acortar los sobrecostes que padecemos en el archipiélago
canario por la condición de región ultraperiférica de la Unión Europea, condicionante geográfico estructural que dificulta la creación y mantenimiento del empleo en las islas y que por ello contiene herramientas incentivadoras de la inversión y el
empleo en las islas.

Este condicionante estructural se ve agravado por una adversa situación sanitaria global sin precedentes que está paralizando sectores vitales de la economía insular, siendo sin lugar a dudas una de las más castigadas del
panorama nacional y europeo con una fuerte contracción del Producto Interior Bruto y empleo.

En estas circunstancias el REF debe ponerse al servicio de la reconstrucción social y económica de Canarias para superar las devastadoras
consecuencias de la pandemia del coronavirus, tal como acertadamente se recogía en el informe de la Cátedra del REF de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, de 12 de abril, que señalaba, desde entonces, que debían ponerse en marcha medidas
de flexibilización de los requisitos legales de los incentivos canarios.

En los difíciles tiempos que estamos viviendo, con elevadísimas incertidumbres de toda índole, sanitarias y económicas, derivadas de la crisis generada por el COVID 19,
en el archipiélago canario es imprescindible contar con un marco tributario dotado de seguridad jurídica para todos los contribuyentes y que ofrezca un grado de certeza razonable a los operadores económicos de los incentivos a su alcance.

Por
ello, ahora más que nunca, se precisa que la normativa vigente sea lo suficientemente clara para que los incentivos puedan ser utilizados y desplieguen sus efectos económicos beneficiosos en las islas, adaptándose a las actuales circunstancias de
forma que realmente puedan contribuir a paliar la grave situación a la que el empleo en el archipiélago se está viendo sometido.

En ese sentido, el Pacto por la Reactivación Social y Económica de Canarias, propuesto por el Gobierno de
Canarias, recogía en su declaración institucional de 30 de mayo el compromiso de revisión de nuestro REF y de sus instrumentos fiscales «para adaptarlos a las actuales circunstancias … flexibilizando sus plazos y requisitos e incentivando el
mantenimiento y creación de empleo», para incrementar la liquidez empresarial y la inversión en el archipiélago.

El pacto, que posteriormente se refrendó en el Parlamento canario, recogía la necesidad de modificar y adaptar a las actuales
circunstancias instrumentos del REF tales como la RIC, DIC, ZEC y los límites a las ayudas de estado regionales con flexibilidad. Adquiriendo el compromiso de eliminar los obstáculos que dificultan su aplicación y aprovechamiento, flexibilizando
temporalmente ciertos requisitos, especialmente los relativos al mantenimiento y materialización de inversiones e incentivar la generación y mantenimiento de empleo, la liquidez empresarial y la inversión privada. Y solicitar la elevación de los
límites de ayuda de estado regionales al funcionamiento, así como activar mecanismos que permitan recuperar e incentivar la inversión privada cuanto antes y fomentar la movilización de recursos que tienen dotados las empresas en diferentes
instrumentos fiscales y, prioritariamente, en la RIC.

Sin embargo, prácticamente nada de esto se ha concretado hasta hoy y continúan siendo numerosas las incertidumbres y lagunas que poseen en estos momentos los inadaptados incentivos
fiscales, sin que hasta la fecha se haya incorporado ni una sola medida en este ámbito para afrontar esta difícil coyuntura de las solicitadas a principios del mes de abril. La respuesta estatal ha sido inexistente.

Las cuestiones a resolver
están claramente identificadas, deben precisarse y aclararse las fechas desde las que producen efectos las redacciones dadas a varios apartados del artículo 27 que regula la Reserva para Inversiones de la Ley 19/1994, con ocasión de la Ley 8/2018,
deben eliminarse los numerosos obstáculos que continúan impidiendo la aplicación del incentivo a su finalidad en relación con el aprovechamiento y rehabilitación de los activos usados y las incertidumbres que pesan sobre la materialización en
creación de empleo.

Asimismo, la suspensión y contracción de la actividad económica producida por la crisis sanitaria en todos los sectores de actividad y, particularmente, en determinados sectores esenciales en la economía (sector turístico
y actividades directamente relacionadas con el mismo, comercio minorista, la restauración y el ocio, etc.), los retrasos en los trámites administrativos, unidos a la disminución de la actividad en otros sectores necesarios para el cumplimiento de
los compromisos de inversión asumidos (construcción, distribución, servicios profesionales técnicos, actividad administrativa, etc.) y las dificultades para obtener financiación bancaria, han obstaculizado enormemente la realización de las
inversiones empresariales previstas durante este año 2020.

Por ello, Canarias precisa la urgente flexibilización de los plazos de inversión, periodos de utilización y/o mantenimiento de dichas inversiones y especialmente en el cumplimiento de
los requisitos vinculados a la creación y mantenimiento del empleo como medio de materialización de la RIC y a los efectos de permitir el disfrute del régimen de la Zona Especial Canaria. En este sentido, y como paradigma de la sensatez de las
reivindicaciones, los regímenes forales de Vizcaya, Álava, Guipúzcoa y Navarra, con economías mucho más saneadas y con menor desempleo que el de nuestras Islas, ya han flexibilizado incentivos, ampliando el plazo para invertir en sus reservas
especiales durante un año, con argumentos tales como «a fin de que los y las contribuyentes cuenten con plazos razonables que posibiliten su aplicación.» «se ha concluido la necesidad de regular una prolongación de algunos de esos plazos y
condicionados, para evitar situaciones que, no previstas, y de fuerza mayor, provoquen el incumplimiento de dichos condicionados».

Se acerca el final de año y por ello el Senado debe abordar en esta Ley de Presupuestos la reforma de los
aspectos fiscales del REF con el ánimo de contribuir a la necesaria reactivación económica de nuestra Comunidad Autónoma, reivindican que se aclare, flexibilice y adapte el marco normativo de los aspectos tributarios del REF, sin más demora, a las
excepcionales circunstancias que estamos viviendo en este año 2020 derivadas de la pandemia global del Coronavirus COVID 19. Todos juntos, ahora más que nunca, debemos defender nuestros fueros y necesidades como región ultraperiférica.

La
prórroga de dos años de las directivas de ayudas de Estado de finalidad regional y del Reglamento General de Exención por Categorías, hasta 2022 está generando algunos efectos perjudiciales indeseados en medidas que tienen fijado legalmente un
horizonte temporal que finaliza en 2020 impidiendo o dificultando el funcionamiento normal de incentivos tales como la RIC, en relación a inversiones anticipadas y a la futura inscripción y vigencia del régimen de la ZEC.

La suspensión o
ralentización, en el mejor de los casos, de la actividad económica producida por la crisis sanitaria en todos los sectores de actividad y, particularmente, en determinados sectores esenciales en la economía de las islas Canarias (sector turístico y
actividades directamente relacionadas con el mismo, comercio minorista, la restauración y el ocio, etc.), unida a la disminución de la actividad en otros sectores necesarios para el cumplimiento de los compromisos de inversión asumidos
(construcción, distribución, servicios profesionales técnicos, actividad administrativa, etc.), con la consiguiente paralización de la actividad inversoras de las empresas, dificultan enormemente la realización de las inversiones e incluso la
dotación por la previsible escasez de beneficios empresariales, y disminución de los volúmenes de negocio de los contribuyentes.

En consecuencia, se precisa la urgente flexibilización de los plazos de inversión, periodos de dotación, periodos
de utilización o mantenimiento de dichas inversiones y especialmente en el cumplimiento de los requisitos vinculados a la creación y mantenimiento del empleo en Canarias como medio de materialización de la RIC y a los efectos de permitir el
disfrute del régimen de la Zona Especial Canaria. Asimismo, los límites de acumulación de ayudas consideradas al funcionamiento para los períodos fiscales iniciados en 2020 deben ampliarse atendiendo a la indudable reducción de los ingresos
empresariales y profesionales. Por ello es importante y urgente, aclarar el marco normativo de los aspectos tributarios del REF e imprescindible adaptarlo a las excepcionales circunstancias que estamos viviendo en este año 2020 con origen en la
pandemia global del Coronavirus COVID 19.

A) Efectos temporales de la nueva redacción de la RIC en los apartados 2, 4, 8 y 12 del artículo 27 de la ley 19/1994: elementos patrimoniales usados, permanencia y sustitución de elementos.

B) Las Aplicaciones informáticas en la RIC, redacción de la letra e) del apartado 5 del artículo 27 de la ley 19/1994.

C) Reserva para inversiones en Canarias-elementos usados previamente afectos a la Deducción por Inversiones en Canarias
en activos fijos nuevos.

D) El momento del cómputo de las ayudas de Estado por la Reserva para Inversiones en Canarias.

E) Dotación a la Reserva para Inversiones en Canarias por plusvalías obtenidas en la venta de elementos no
afectos.

F) La materialización de la RIC en creación de empleo.

G) Mantenimiento de la inversión. La interrupción del plazo de mantenimiento por jubilación o incapacidad sobrevenida.

H) Entidades patrimoniales que realizan
actividades económicas en Canarias.

I) Efectos de la prórroga de las directivas de ayudas de Estado de finalidad regional y del Reglamento de Exención en la ZEC y en las Inversiones anticipadas a la RIC

J) La tributación mínima en el
Impuesto sobre Sociedades y el REF

K) Flexibilización de los plazos de materialización de la RIC por el impacto de la Covid-19.

L) El mantenimiento de los bienes afectos a la RIC en caso de ceses de actividad por el efecto de la
Covid-19.

M) La materialización de la RIC en la creación de empleo: reglas de cómputo de las plantilla media total y plazos de mantenimiento en periodos de Covid-19

N) El Mantenimiento de los bienes afectos a la DIC en activos fijos
nuevos en caso de ceses de actividad por efecto de la Covid-19.

O) Mantenimiento de los bienes afectos en caso de cese de actividad en la exención regulada en el artículo 25 de la Ley 19/1994 por el impacto de la Covid-19.

P) El
requisito de empleo en la ZEC en periodos afectados por el estado de alarma.

Q) El control de los incentivos y límites de la acumulación de ayudas derivados de la aplicación del Derecho de la Unión Europea en periodos afectados por la
Covid-19.

Hasta la fecha, el Ministerio de Hacienda no ha contestado con certidumbre a ninguno de estos aspectos, contestando a instancias de Coalición Canaria-PNC en el Senado, que no podía concretar una fecha para su modificación y que se
encontraba aún en estudio. A apenas dos meses de la finalización de la fecha límite de 31 de diciembre de 2020 es necesario que estas modificaciones se practiquen vía Ley de Presupestos para dotarlo de seguridad jurídica.

EL PAGO DE LA
SENTENCIA DE CARRETERAS

Ante la importancia y relevancia vital que tiene para la Comunidad Autónoma insistimos en que los PGE deben recoger el mecanismo jurídico y en su caso las cuantías que correspondan para la ejecución de las sentencias
del Tribunal Supremo y por tanto, transfiera a Canarias los más de 1.000 millones que aún se le adeudan por incumplimiento del Convenio de Carreteras en los años 2012, 2013 y 2014.

Es vital para Canarias que se dote de un marco jurídico que
sirva de «percha» para la firma de un acuerdo para la transferencia de esos fondos y las cuantías puedan ser incorporadas al Presupuesto de la Comunidad Autónoma para 2021.

Incluso con el mecanismo recogido en el texto articulado de los
PGE2018 el Estado computó en el superávit de 2019 516 millones de euros, impidiendo de esta manera que la CAC los utilizara en gasto no financiero, es decir, en la sanidad, la educación o las políticas sociales. La suspensión de las reglas fiscales
para el 2021 abriría una puerta para que puedan ser consignados, sin embargo se hace necesario arbitrar el mecanismo jurídico para la transferencia de esos recursos por importe de más de 1.000 millones y la seguridad del abono de dichas
sentencias.

El actual proyecto de PGE2021 no aborda de manera eficaz el abono de la deuda derivada de las sentencias del Tribunal Supremo por incumplimiento por parte del Estado del Convenio de Carreteras suscrito el 31 de enero de 2006,
librando la cuantía de 516 millones de euros que el Estado llevó a superávit de Canarias en 2018, para que puedan destinarse a gastos no financieros en sus servicios públicos y demás competencias y a incrementar el vigente Convenio de
Carreteras 2018-2027 por importe de 500 millones de euros no abonados y no ejecutados del anterior Convenio de Carreteras derivado del cumplimiento de la citada sentencia del Tribunal Supremo.

Tan solo en una disposición adicional remiten a
un acuerdo posterior al pago de 100 millones de euros en el año 2021, pero que no fijan el pago del resto de la deuda de tal forma que si no se aprueban los presupuestos de los años posteriores no queda especificado cómo se va abonar el resto de la
misma, resulta alarmante además que la enmienda transada en el Congreso de los Diputados suponga una limitación al uso de esta cuantía de 100 millones ya que lo contempla como una entrega a cuenta, no consolidable, extraordinaria y temporal.
Entendemos que una vez suspendidas las reglas fiscales para el 2020 y 2021 la Comunidad Autónoma de Canarias debería poder disponer de estos recursos que ya no están limitados por la regla de gasto para afrontar la terrible situación social y
económica de Canarias, sin otra limitación que no sea computar en la regla de gasto.

La fórmula acordada con el Ministerio de Hacienda, limita el uso de los 100 millones que además aparecen en una partida del Ministerio de Transporte,
Movilidad y Agenda Urbana, cuando se trata del uso libre de un superávit detrayéndose de los fondos que iban destinados a la subvención para el transporte de pasajeros residentes, sino que además no garantiza el abono de los 416 millones pendientes,
que de activarse para el 2022 las reglas fiscales quedarían de nuevo paralizados.

FONDOS EUROPEOS

El 21 de julio de 2020, el Consejo Europeo acordó un instrumento excepcional de recuperación temporal conocido como «Next Generation EU»
(Próxima Generación UE) por un importe de 750.000 millones de euros. El Fondo de Recuperación garantiza una respuesta europea coordinada con los Estados miembros para hacer frente a las consecuencias económicas y sociales de la pandemia. El
acuerdo de julio de 2020 sobre el Fondo de Recuperación «Next Generation EU» autoriza a la Comisión Europea a endeudarse hasta 750.000 millones de euros en nombre de la Unión Europea. Los fondos pueden utilizarse para conceder préstamos
reembolsables por un volumen de hasta 360.000 millones de euros y transferencias no reembolsables por una cantidad de 390.000 millones de euros. El desembolso de estos importes se realizará a lo largo de 6 años, hasta finales de 2026. La parte que
corresponde a los préstamos reembolsables se tendrá que devolver antes del 31 de diciembre de 2058.

Los dos instrumentos de mayor volumen del «Next Generation EU» son los siguientes: —El Mecanismo para la Recuperación y la Resiliencia
(MRR) constituye el núcleo del Fondo de Recuperación y está dotado con 672.500 millones de euros, de los cuales 360.000 millones se destinarán a préstamos y 312.500 millones de euros se constituirán como transferencias no reembolsables. Su
finalidad es apoyar la inversión y las reformas 1 2 5 en los Estados Miembros para lograr una recuperación sostenible y resiliente, al tiempo que se promueven las prioridades ecológicas y digitales de la Unión. —El REACT EU está dotado
con 47.500 millones de euros. Los fondos de REACT EU operan como fondos estructurales, pero con mayor flexibilidad y agilidad en su ejecución. REACT EU promoverá la recuperación ecológica, digital y resiliente de la economía.

El criterio de
reparto del MRR garantiza un apoyo financiero mayor a aquellos Estados miembros cuya situación económica y social se haya deteriorado más, como consecuencia de la pandemia y las medidas de restricción de la actividad económica necesarias para
combatir a la COVID-19. Los fondos del MRR se asignan en dos tramos: un 70 % sobre indicadores económicos anteriores a la emergencia sanitaria y el restante 30 % se decidirá en 2022 con los datos que reflejen la evolución económica entre 2020
y 2022.

Sin embargo, tal y como vemos en los PGE2021 este mismo criterio no ha sido empleado para su distribución en el territorio y entre las regiones más afectadas. El plan nacional para la recuperación, que se denomina Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia, está en línea con el borrador de Plan Presupuestario 2021-2023 y se encuentra ya predistribuido en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2021. Estos presupuestos incorporan los 27.436
millones en transferencias previstas a través de los nuevos instrumentos de financiación de la UE. De esos más de 27 mil millones de euros, Canarias la comunidad autónoma con los peores indicadores económicos y de paro, y con el mayor impacto sobre
su principal motor económico cuenta tan sólo con una partida nominada de 20 millones de euros para un convenio de recuperación del turismo dentro del Mecanismo de Reactivación y Resiliencia. Resulta llamativo que con este mismo objeto el Plan
reserve para ayuntamientos sin concretar el objeto ni su distribución territorial 660 millones de euros.

El Parlamento de Canarias se expresó a este respecto aprobando por unanimidad una Moción para que a una distribución de los Fondos
Europeos dirigidos a paliar los efectos del Covid-19 con los mismos criterios que lo ha realizado la Comisión Europea, teniendo en cuenta aquellas comunidades autónomas que sufren un mayor impacto económico, una mayor caída del PIB y una mayor
destrucción del empleo, así como nuestra condición de región ultraperiferica, en cuanto a la distribución de los fondos europeos extraordinarios del Plan de Reconstrucción, especialmente los 72.000 millones asignados al a España en transferencias no
reembolsables, entre las comunidades autónomas el mismo criterio seguido por la Unión Europea para hacer la distribución de los 750.000 millones entre los Estados miembros: atender a los sectores económicos y los territorios más dañados por la
crisis sanitaria y socioeconómica derivada de la pandemia causada por el coronavirus.

España incumple con este criterio, distribuyendo entre los Ministerios sin asignar a los territorios sometiendo a Canarias como región con mayor impacto a
una concurrencia competitiva o a una distribución discrecional que nada tiene que ver con la cobertura de las necesidades para la reactivación que Canarias requiere.

A la vista de todo lo expuesto anteriormente, Coalición Canaria-PNC ha
motivado todos y cada uno de los argumentos jurídicos, tanto de carácter social, económico y fiscal que justifican sobradamente la decisión de devolver el Proyecto, exigiendo al Gobierno la corrección de todas las situaciones expuestas, enmendando
la totalidad del Proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2021, como vía indispensable para evitar la sanción de un marco donde, al consagrar la existencia de normas legales incumplidas, la posición canaria en estos presupuestos resulta
agraviada con claridad, colocando en el escenario presupuestario del ejercicio 2021 a Canarias lejos de las exigencias financieras que le permitirían abordar el impulso del desarrollo económico y social.

Por tanto, ante el flagrante
incumplimiento del Estatuto de Autonomía de Canarias y del Régimen Económico y Fiscal de Canarias, se presenta este veto al Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2021.

El Grupo Parlamentario Ciudadanos (GPCs), al amparo de
lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula una propuesta de veto al Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2021.

Palacio del Senado, 11 de diciembre de 2020.—La Portavoz, Lorena Roldán
Suárez.

PROPUESTA DE VETO NÚM. 172

Del Grupo Parlamentario Ciudadanos (GPCs)

El Grupo Parlamentario Ciudadanos (GPCs), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente
propuesta de veto.

PROPUESTA DE VETO DEL GRUPO PARLAMENTARIO CIUDADANOS EN EL SENADO AL PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA 2021

Unos Presupuestos que no sirven al interés general de los españoles.

En medio de una pandemia global, con España sumida en una crisis sanitaria sin precedentes y con unas consecuencias socio-económicas devastadoras para millones de familias, autónomos, pymes y trabajadores, no cabe duda de que nuestro país
necesita unos Presupuestos que estén a la altura de las circunstancias tan dramáticas que atraviesa la mayoría de españoles. Desde Ciudadanos comprendimos la dimensión histórica de esta situación desde el minuto uno de la pandemia, y ya entonces
alertamos de que necesitaríamos unos Presupuestos de Emergencia Nacional para hacer frente a la grave crisis que estaba por venir. Unos Presupuestos de Estado, articulados sobre una mayoría moderada capaz de servir a los intereses de nuestros
compatriotas en momentos difíciles.

Por todo lo anterior, en Ciudadanos hemos tratado de evitar, y toda España ha sido testigo de ello, dos errores fundamentales en estos Presupuestos. En primer lugar, hemos peleado para que estas cuentas no
fueran una réplica del acuerdo de coalición entre los partidos que integran el Gobierno de España, a saber: subidas indiscriminadas de impuestos a rentas medias, subida del tipo de Sociedades, gravar a la escuela concertada (academias de inglés,
extraescolares) o a la Sanidad (dentistas, logopedas, etc.). Y, en segundo lugar, evitar que unos Presupuestos en un momento de emergencia sanitaria, económica y social pudieran servir como parapeto a la mayoría radical que hizo posible la
formación de este Gobierno para fortalecerse, tanto por recrudecer su alianza como por impulsar medidas contraproducentes para la economía y la igualdad de los españoles.

Si bien respecto al primer punto Cs ha conseguido frenar muchas
ocurrencias económicas que habrían sido perjudiciales para millones de familias, los españoles han comprobado cómo el Gobierno ha preferido que sean los partidos separatistas quienes decidan estos Presupuestos, incluyendo medidas y contrapartidas
contrarias a la moderación a cambio de su apoyo a este proyecto de ley. Por todo lo anterior, el presente veto al proyecto de Presupuestos en la Cámara Alta tiene que ver con la falta de idoneidad de las cuentas que ha confeccionado el Gobierno de
España con los socios parlamentarios escogidos, así como con las demandas correspondientes incluidas.

Por contra, las demandas sensatas, como la conciliación de las familias o la imitación de modelos europeos, como el alemán, de inyección
directa a pymes y autónomos para recuperar una parte importante de su facturación tras este año fatídico, han quedado fuera del proyecto de Presupuestos del Gobierno. Es bochornoso que, con la tensión a que está sometiendo esta crisis a nuestra
economía, estas cuentas no contemplen un Plan de Salvación para la hostelería, el turismo, los autónomos y otros sectores especialmente afectados, o una baja laboral de conciliación para aquellos padres que tengan que cuidar de sus hijos en
cuarentena. Se ha preferido proteger los intereses particulares de las formaciones políticas que descreen de nuestra democracia al interés general de los españoles. No era la única alternativa posible: el Gobierno tenía en su mano articular una
mayoría moderada de la mano de Ciudadanos con medidas como éstas, sin propinar además un varapalo a la igualdad entre españoles. Por eso, es el Gobierno de España quien enmienda a la totalidad la posibilidad de ese acuerdo, habida cuenta de que
rechazó en Comisión en la Cámara Baja todas las propuestas de Ciudadanos a esos efectos, alejando así la posibilidad de un acuerdo moderado y la garantía de unos Presupuestos alejados de la ideología y que cumplieran con lo que nos exige la Unión
Europea.

Unos Presupuestos alejados de las exigencias europeas, carentes de previsiones sólidas y sin ambición de acometer reformas urgentes.

Podríamos calificar estas como las cuentas de la oportunidad perdida. Durante los próximos
tres años, España recibirá el equivalente a 140.000 millones de euros procedentes de fondos europeos que deberían servir para sentar las bases de una economía nueva, competitiva, dinámica, innovadora, digital y conectada con el resto del mundo. Sin
embargo, estas cuentas no muestran ninguno de estos ingredientes. El Proyecto de Presupuestos Generales es una petición de salto al vacío, de confianza ciega en que los mecanismos de control, casi inexistentes, que ha establecido el Gobierno,
funcionarán. Mecanismos en los que prima el interés político, en los que el criterio técnico y el rigor han quedado apartados y en los que el resto de administraciones se encuentran perdidas sin ningún criterio, ni instrucción, ni siquiera una
senda común de trabajo sobre la que avanzar. Un Proyecto, en definitiva, de brazos caídos y nula ambición, que renuncia a la oportunidad histórica de aprovechar esta inyección económica europea para abordar las reformas que España lleva décadas
necesitando.

Cada noticia que conocemos, desde las intenciones legislativas del Gobierno tras conseguir el sí a los Presupuestos en la Cámara Baja, como en la falta de ambición reformista para cumplir con la senda alumbrada por la Unión
Europea en asuntos capitales como la modernización del mercado laboral o la digitalización, constatan que la mayoría que ha validado estas cuentas no usará los fondos europeos para la recuperación ni la reconstrucción nacional, y cada vez está más
claro que la arbitrariedad y el interés partidista guiarán la utilización de los mismos.

En ese sentido, cualquier propuesta para la creación de una oficina técnica y de gestión de los recursos europeos o de fijación de criterios y objetivos,
ha sido recibida con desconfianza, cuando no con desprecio o falta de interés, por parte del Gobierno. Un augurio, en efecto, nada halagüeño para con el futuro de las inversiones determinantes que España puede llegar a recibir, convirtiéndose estos
fondos europeos en una nueva oportunidad perdida.

Además, la falta de memorias de proyectos, de objetivos comunes, de métodos de evaluación, de seguimiento de indicadores reales, entre otros, conforman una larga lista de deficiencias en los
planes del Gobierno que se unen a lo que parece la ausencia completa de planes para llevar a cabo reformas estructurales. El propio Gobierno ha advertido que la falta de estas reformas constituye un riesgo adicional para la recuperación. Y, de
hecho, son muchos los asuntos que se han dejado sin abordar en ese sentido: una normativa empresarial que lastra nuestra productividad, la falta de modernización de nuestro sistema educativo obligatorio, universitario y de formación profesional,
para preparar a nuestros jóvenes para un mundo globalizado y dinámico, la poca ambición para incrementar la inserción laboral en el tercer país con mayor paro de la OCDE, o para asentar los pilares para una sociedad emprendedora e innovadora con la
ciencia y la investigación en el centro de nuestros sistemas productivos.

En definitiva, creemos que los fondos europeos deben venir acompañados por un programa y un calendario de reformas legislativas y organizativas que hagan que nuestro
país sea más eficiente, más justo y ofrezca más oportunidades, no para terminar los proyectos que no se han podido hacer con el presupuesto español, o para financiar gastos corrientes o partidas que nunca se han evaluado y no sabemos si son
verdaderamente eficientes.

Necesitamos criterios en materia de mitigación y adaptación al cambio climático, de sostenibilidad fiscal, en igualdad de género, de mejora de los indicadores educativos, de coordinación interterritorial, de mejora
en indicadores de bienestar social, de conciliación, de eficiencia de las administraciones públicas, de fortalecimiento de nuestro tejido empresarial, entre otros muchos.

Todo ello coordinado y debatido en la sede de la soberanía nacional,
porque el Gobierno no está ni debe empeñarse en acometer solo esta tarea, sino que debe hacerse por consenso, con diálogo y altura de miras. Aprovechar o no una oportunidad como esta significará que seguimos perteneciendo a la locomotora de la UE
o, por el contrario, que nos quedemos rezagados entre los vagones de cola. Por ello, las Cortes deben ser consultadas a través de la Comisión Mixta para la Unión Europea, situando en el centro del debate el diálogo y el compromiso comunes.

Sin embargo, hasta ahora todos los esfuerzos han sido en vano.

Este Presupuesto no solo es malo para el presente, sino que será un lastre para el futuro de nuestros hijos, una nueva oportunidad perdida en su educación, en la investigación,
la innovación, en sus posibilidades de encontrar empleo y en sus oportunidades para desarrollar un proyecto de vida propio.

Mientras tanto, el ratio de deuda continuará por encima del 100 % en 2030 en el mejor de los casos, y no estará bajo
control, al menos, hasta 2050, según la AIREF. El déficit estructural continuará subiendo hasta el 5 % y en este caso el Gobierno no puede escudarse detrás de la crisis del COVID-19.

El Gobierno ha elegido la vía errónea y no solo por sus
socios de viaje. Estos Presupuestos podrían haber supuesto la protección de las familias más vulnerables, la salvación de miles de negocios eficientes y rentables, que crean empleo y riqueza, o haber marcado un punto de inflexión en cuanto a
inversión en innovación, investigación y desarrollo, en un sistema educativo eficaz, en la mejora de nuestro sistema sanitario. Sin embargo, se convertirán en los presupuestos de poca ambición y muchos parches, que no miran a quienes los están
necesitando, además de perpetuar las barreras para la igualdad, que, por ejemplo, conservan las barreras de entrada al mercado laboral para los jóvenes o que mantienen en la precariedad a millones de trabajadores, que subordinan las ayudas a quienes
más lo están necesitando a los titulares de prensa.

A pesar de los esfuerzos, el Gobierno está determinado a no escuchar las propuestas de la moderación, de soluciones probadas y contrastadas en países de nuestro entorno para salvar a
nuestras empresas y autónomos, o medidas de igualdad y conciliación para que aquellos que ya tienen un pie fuera de nuestro sistema laboral no queden excluidos de nuevo, o para que nuestros jóvenes que tanto han sufrido en términos educativos con el
confinamiento no paguen con su futuro estos meses de pandemia.

No vemos, en estas cuentas, ninguna intención de implementar ningún tipo de consolidación fiscal en el medio plazo a través de la eficiencia y evaluación de las políticas
públicas. No se cuestiona ningún gasto superfluo, simplemente se incrementa la asignación presupuestaria de los ya existentes sin haber demostrado su eficacia. El Gobierno debería ser consciente de que la poca previsión en la inversión de estos
fondos no puede continuar de forma indefinida mientras que las previsiones de deuda que ya se encuentra en un 110 % del PIB, y que se espera que el siguiente año se sitúe, según su organismo, entre un 116 % y un 120 %. En tan solo dos años habremos
incrementado entre 20 y 25 puntos nuestro endeudamiento público.

Estos Presupuestos no muestran ningún compromiso ni preocupación por la sostenibilidad futura de las cuentas públicas. Las disposiciones de la Ley Orgánica de Estabilidad, que
parecen estar suspendidos para este Gobierno, continúan plenamente vigentes, ni la supervisión fiscal y la supervisión fiscal europea no están suspendidas tampoco. Para colmo, el Gobierno no se ha dignado a elaborar el Plan de Reequilibrio, al que
viene obligado por ley, al suspender las reglas fiscales, que han pedido tanto la AIREF como el Gobernador del Banco de España

Mientras, nuestra economía está sufriendo más que ninguna de los países de la OCDE:

• Record
en paro juvenil,

• Temporalidad y precariedad del empleo en los grupos más vulnerables,

• Pobreza infantil,

• Destrucción de tejido empresarial,

• Destrucción de
empleo,

• Pobres indicadores de productividad de nuestras empresas

Todos estos problemas y otros muchos han caído en el cajón del olvido de este Gobierno. Han ganado, en definitiva, partidos políticos con agendas
particulares, populistas y/o separatistas, y han perdido el conjunto de los españoles.

Por todo lo anterior, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta esta propuesta de veto al Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado
para 2021.

II. IMPUGNACIONES DE UNA SECCIÓN (ARTÍCULO 149.1 DEL REGLAMENTO DEL SENADO)

PROPUESTA DE VETO NÚM. 2

Del Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP)

RETIRADA

PROPUESTA DE VETO NÚM. 3

Del
Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP)

El Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente impugnación de la Sección 17. Ministerio de
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.

JUSTIFICACIÓN

Estos Presupuestos Generales del Estado están construidos sobre la base de un cuadro macroeconómico cuyas previsiones económicas y fiscales están totalmente desfasadas y superadas por la realidad, tal y como han puesto de manifiesto
tanto el Gobernador del Banco de España (BdE) como la Presidenta de la AIReF.

Si el crecimiento inercial estimado es del 4,1 % (BdE) o el 5,4 % (escenario central de la AIReF) en vez del 7,2 % previsto por el Gobierno, y el efecto de los
fondos europeos es menor que el 2,6 % estimado por el Gobierno (BdE estima la mitad, en el caso más optimista), la previsión de ingresos públicos se desmorona y será difícil contar con los recursos necesarios para poder ejecutar las partidas de
gasto consignadas en esta sección, salvo que el déficit sea mayor que el -7,7 % previsto para 2021 y disparemos aún más la deuda poniendo en riesgo la sostenibilidad financiera de nuestras cuentas públicas.

En el caso del Ministerio de
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, estas afirmaciones han quedado plenamente constatadas en un hecho relevante remitido por Aena a la Comisión Nacional del Mercado de Valores el día 28 de octubre en el que esta compañía pública comunicó al
órgano de control que las estimaciones económico-financieras proporcionadas por el Gobierno en el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado «no se corresponden con la actual previsión de cierre del ejercicio 2020». El operador publico
aeroportuario no se quedaba ahí y afirmaba en su escrito que las cifras publicadas por el Ejecutivo para 2021 no son creíbles ya que incluso la propia compañía carece de una estimación de tráfico dada la gran incertidumbre que le permita conocer
cómo evolucionará este en los próximos meses.

Estimamos como de absoluta relevancia esa consideración de los Presupuestos hecha por la única empresa pública cotizada, que por su naturaleza no es objeto de politización por parte del Gobierno.
Es importante que, Aena, obligada a rendir cuentas ante la CNMV por transparencia mercantil y jurídica, deje entrever, una irresponsabilidad que además se puede medir: en el caso de Aena están en el aire 400.000 empleos, casi el 2 % de la población
activa.

El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, en su afán de tener un papel protagonista en la inversión pública en estos Presupuestos, anuncia que destinará 13.863 M€ a Inversión real (Capítulo 6), Entidades
Públicas y Transferencias de capital, presumiendo de un incremento de 4.953 M€ respecto a los Presupuestos Generales del Estado de 2018.

No obstante, un total de 4.982 M€ están asociados al Mecanismo de Recuperación y
Resiliencia (MRR). Esto significa que el 100 por 100 del incremento de inversión anunciado depende en realidad de unos proyectos que ni siquiera han sido presentados; que no sabemos si cumplirán las condiciones definidas en unos reglamentos que
todavía no se han elaborado; que una vez que se presenten no sabemos si serán aprobados por Bruselas; y que si se aprobaran por Bruselas no sabemos si realmente van a ser capaces de ejecutarlos en 2021.

La realidad de las cuentas de este
Ministerio es la siguiente:

— Se sigue el patrón de las cuentas de 2018 (aunque con partidas inferiores en algunas áreas).

— No contemplan la situación extraordinaria de una crisis sanitaria y económica, ni
la previsión de que puedan reproducirse situaciones de restricciones de Movilidad similares a las del inicio de la pandemia.

— Confían su anunciada expansividad a unos fondos europeos aún sin reglas ni garantías sólidas.

Con estas premisas, consideramos que estos no son los presupuestos destinados a impulsar las transformaciones y prioridades que España necesita, ni desde luego pueden suponer la transformación del modelo productivo.

En materia de vivienda,
este Ministerio habla en estos Presupuestos de «reorientar la política de vivienda para que alcance a las personas que más lo necesitan». Mensaje absolutamente contradictorio con el anuncio del acuerdo alcanzado entre PSOE y Unidas Podemos sobre la
limitación del precio del alquiler en un pacto que establece que en un horizonte temporal de cuatro meses se regulará el precio de los alquileres en España.

La repercusión de estas afirmaciones, coloca al mercado de la vivienda en una
situación de inseguridad jurídica incompatible con el anuncio de impulsar la colaboración público-privada que se pretende materializar con la cesión de la explotación del alquiler a empresas promotoras a través del derecho de superficie. Se echan
de menos medidas orientadas a flexibilizar la fiscalidad en materia de vivienda, o mejorar las condiciones de financiación, tanto en la compra como en el mercado del alquiler.

En lo referente, a la supuesta expansividad, este Ministerio
anuncia un supuesto incremento del 25 % en política de vivienda al comparar 602 M€ en 2021 con una cifra de 2020 de 481 M€. La realidad es que esta cifra para 2021 es inferior a los 649 M€ anunciados en los fallidos PGE 2019.
Estamos por tanto ante un recorte del 7,2 %. Estos números, absolutamente contrarios al mensaje del Gobierno, aunque se quieran maquillar con los fondos europeos, no contribuirán a reforzar los objetivos de fomentar la oferta de alquiler social y
asequible, o ayudas al alquiler para familias más vulnerables puesto que las inciertas partidas del MRR tendrán como destino principal la rehabilitación de edificios y no las políticas sociales.

En definitiva el Ministerio de Transportes,
Movilidad y Agenda Urbana habla de impulsar unos Presupuestos «anticíclicos», los más «ambiciosos en los últimos 10 años» pero el sustento de los números que presenta el Gobierno es enormemente débil y carente de un soporte objetivo: la
opaca preasignación estimativa de unos fondos europeos sin definir y medidas ideológicas contrarias a los mercados.

Las expansiones fiscales extraordinarias que son producto de respuestas políticas a las crisis necesitan de un amplio debate
político y social con el propósito de consensuar las prioridades. Con estos Presupuestos se está perdiendo la oportunidad que supone la financiación europea aplicando criterios que impulsen un crecimiento potencial basado en la rentabilidad y la
eficiencia, y evitando la politización en el reparto de fondos públicos.

Creemos indispensable la creación de una Autoridad Independiente para la Recuperación que gestionaría los fondos que destine la UE a España para que, de este modo,
quedasen fuera de los avatares presupuestarios e incluso del calendario político y electoral.

Por todo lo anterior, el Grupo Parlamentario Popular presenta esta impugnación a la sección 17 del proyecto de ley de Presupuestos Generales del
Estado para el año 2021.

PROPUESTA DE VETO NÚM. 4

Del Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP)

El Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado,
formula la siguiente impugnación de la Sección 23. Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

JUSTIFICACIÓN

Estos Presupuestos Generales del Estado están construidos sobre la base de un cuadro macroeconómico cuyas
previsiones económicas y fiscales están totalmente desfasadas y superadas por la realidad, tal y como han puesto de manifiesto tanto el Gobernador del Banco de España (BdE) como la Presidenta de la AIReF.

Si el crecimiento inercial estimado
es del 4,1 % (BdE) o el 5,4 % (escenario central de la AIReF) en vez del 7,2 % previsto por el Gobierno, y el efecto de los fondos europeos es menor que el 2,6 % estimado por el Gobierno (BdE estima la mitad, en el caso más optimista), la previsión
de ingresos públicos se desmorona y será difícil contar con los recursos necesarios para poder ejecutar las partidas de gasto consignadas en esta sección, salvo que el déficit sea mayor que el -7,7 % previsto para 2021 y disparemos aún más la deuda
poniendo en riesgo la sostenibilidad financiera de nuestras cuentas públicas.

El gobierno presenta unos presupuestos para la política de transición ecológica, energética y de reto demográfico, poco creíble, difícilmente ejecutable y que no
genera confianza. Pese a ser la política de gasto más beneficiada, el ministerio ha pasado a depender de los fondos de la UE, de una forma drástica, una solución poco resiliente para el futuro una vez que desaparezcan los mismos.

Independientemente de la capacidad de ingreso, estos presupuestos, especialmente los 6.800 millones del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, solo definen unos grandes ejes, poco esbozados. Los 12.000 millones del presupuesto de la sección no
lucen ni sobre el papel, quizás intencionadamente, sólo para facilitar su movilización por la falta de seguridad en la concepción, lo que genera desconfianza.

La política energética no tiene un reflejo en la rebaja de la factura eléctrica que
pagan las familias, no incide sobre la competitividad de las empresas, está diseñada sobre un prisma sectario y contrario a las directrices de la Unión Europea, en las que se aboga claramente por la neutralidad tecnológica, siendo estos presupuestos
proclives a la electrificación y contrarios al desarrollo de la mejor tecnología disponible.

Además, la política energética diseñada por el gobierno, respecto a la movilidad, no propone soluciones de movilidad para sectores como el transporte
pesado por carretera, la agricultura, la aviación, el transporte marítimo, sectores que no pueden electrificarse y que deben de contar con un suficiente apoyo presupuestario para la descarbonización de la actividad.

Por su parte se transfiere
gran cantidad de recursos a otros organismos, principalmente el IDAE y la CNMC. Es una clara duplicidad de estructuras administrativas, en la que la Secretaría de Estado, se descarga de competencias en favor de distintos organismos asociados o,
simplemente, de reconocer la incapacidad de ejecutar tal volumen de gasto.

La política ambiental se queda en un segundo plano. Un área, englobada en las políticas de Infraestructuras, redistribuye las inversiones con recursos propios que
tienen como consecuencia una preocupante reducción de las inversiones hidráulicas, solo compensada con las grandes cifras de los fondos UE.

La política climática y su impacto en el territorio no tiene el reflejo en términos presupuestarios
que se le presupone a un gobierno que pretende sin éxito liderar este debate: no hay Ley de Cambio Climático y Transición Ecológica, lo que genera incertidumbre, y las inversiones en aguas y costas, sin contar con los fondos europeos, no crecen,
para afrontar la necesaria adaptación.

Las cifras del presupuesto de la Secretaría General de Reto Demográfico son irrisorias, 19 millones de euros para dotar de estructura y de programa presupuestario propio a la Secretaría General. Un
presupuesto que confirma el abandono por parte de este gobierno, y singularmente, por parte de la Vicepresidenta Cuarta, de la España despoblada y rural. En ausencia de una Estrategia de Reto Demográfico, brilla por su ausencia la coordinación por
parte de este Ministerio de los programas y recursos que tendrán que gestionar otros departamentos, que ni siquiera están identificados por parte del Secretario General, como puso de manifiesto en su comparecencia parlamentaria.

Por todo lo
anterior, el Grupo Parlamentario Popular presenta esta impugnación a la sección 23 del proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2021.

PROPUESTA DE VETO NÚM. 5

Del Grupo Parlamentario Popular en el Senado
(GPP)

El Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente impugnación de la Sección 25. Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y
Memoria Democrática.

JUSTIFICACIÓN

EL Proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para 2021 que presenta el Gobierno está elaborado sobre la base de un cuadro macroeconómico cuyas previsiones económicas y fiscales son
ficticias, totalmente desfasadas y superadas por la realidad, tal y como han puesto de manifiesto tanto el Gobernador del Banco de España como la Presidenta de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, quienes afirman que los ingresos
están sobrestimados y los gastos infravalorados.

En el marco actual de una crisis económica sin precedentes, la previsión de ingresos públicos se desmorona y será difícil contar con los recursos necesarios para poder ejecutar las partidas de
gasto consignadas en esta sección, salvo aumentando aún más el déficit público, ya de por sí desbocado por una nefasta gestión de este Gobierno y disparando aún más la deuda, poniendo en riesgo la sostenibilidad financiera de nuestras cuentas
públicas e hipotecando el futuro, el Estado de bienestar para varias generaciones.

Es por ello que se propone la devolución al Gobierno de la totalidad de la Sección 25 de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2021, por no
responder, ni en sus previsiones ni en sus objetivos a los intereses generales de los españoles ni tampoco al cumplimiento de los objetivos a los que ha de servir este departamento ministerial. La filosofía global de la totalidad del proyecto de
Presupuestos Generales del Estado para 2021, meramente ideológica y alejada de las verdaderas necesidades de la España real solo responde a satisfacer el interés del Gobierno de coalición PSOE-Unidas Podemos y en particular del Presidente y el
Vicepresidente segundo para mantenerse en la Moncloa.

Y esta Sección 25 responde perfectamente a ese objetivo. No es más que el reflejo contable de lo que nos va a suponer a los españoles esta política de imagen, electoralista, de
despilfarro y, en definitiva, de ineficacia. Con el añadido de que como consecuencia de la nefasta gestión de la crisis sanitaria provocada por la pandemia del COVID.19, España está inmersa en una crisis económica de magnitudes históricas.

Un Departamento que tiene entre sus funciones la coordinación de los ministerios que conforman el gobierno, la coordinación de los asuntos de relevancia constitucional y el desarrollo de un programa legislativo presenta unas cuentas cuyas
partidas, salvo aquellas que responden al mínimo exigible de retribuciones del personal funcionario, gastos de funcionamiento o continuación de programas y planes previamente puestos en marcha por el gobierno del Partido Popular, puede concluirse
que se dirigen a dotar de fondos para gastos en personal de confianza, viajes del señor Presidente, campañas institucionales claramente sectarias, ahondar en la división entre españoles y reabrir heridas cerradas en la Transición o realizar
encuestas partidistas para dirigir la afección al Gobierno de la hasta ahora prestigiosa institución demoscópica, Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).

Estos presupuestos, con un crecimiento porcentual en su conjunto del 11,3 %
respecto al presupuesto base del ejercicio 2020, pasando de los 234,90 millones de euros a los 261,55 millones de euros propuestos en este proyecto, suponen un incremento inadmisible en la actual situación de profunda crisis económica en la que
estamos inmersos.

Crean un nuevo Programa, «Memoria Democrática», con el fin de implementar medidas relativas a la reparación de las víctimas y a la conservación, defensa, fomento y divulgación de la memoria histórica, y para ello crean una
Secretaría de Estado, con una Dirección General, el correspondiente cupo de personal de confianza y funcionarios para llevar a cabo lo que hasta 2018 se venía haciendo desde una unidad administrativa dentro de la División de derechos de gracia y
otros derechos en el Ministerio de Justicia. Ideología de izquierdas financiada con los impuestos de los españoles, despreciando el espíritu de concordia y reconciliación de la Transición y de la Constitución Española para dividir a los españoles,
en lugar de utilizar esos fondos para paliar las enormes carencias generadas por esta crisis económica a gran parte de la sociedad. Nos encontramos ante una partida que no piensa en las personas más vulnerables, sino en la creación y mantenimiento
de estructuras que se han mostrado del todo ineficaces y que no demanda la sociedad, preocupada por si podrá abrir su negocio al día siguiente, si mantendrá su empleo, si podrá pagar la hipoteca o el alquiler de su vivienda y si podrá contar con lo
necesario para su subsistencia, y no de los hechos ya superados de hace ochenta y cuatro años.

El Programa 912M Presidencia del Gobierno, experimenta un notable incremento respecto al pasado ejercicio, nada menos que un 32 %,
exactamente 47,44 millones de euros para el Presidente y su Gabinete, que supone un millón y medio de euros más que en el PGE 2018 del PP, destinando el 70,72 % del total del Programa, a los Gastos de Personal al servicio del Presidente Sánchez.
Esta subida se debe a la contratación o nombramiento de una cantidad claramente desorbitada de innecesarios altos cargos y asesores, el mayor equipo de cualquiera de los presidentes que han ocupado el cargo durante toda la democracia. Destinar nada
menos que 16,49 millones de euros para pagar altos cargos y personal de confianza, más del doble que el último presupuesto del Gobierno del PP, exactamente un 111,13 % más, es una auténtico despropósito que sólo obedece a los impulsos megalómanos
del Presidente y que, por tanto, por respeto a los ciudadanos inmersos en la zozobra por su futuro, debe corregirse.

El capítulo de viajes programados para el Presidente, como no podía ser de otra manera, también se incrementa
sustancialmente. Lo que hasta ahora, en relación con todos sus antecesores en el cargo, no merecería ninguna referencia por estar incluido en las obligaciones de representación de España fuera de nuestras fronteras, en este caso se torna
preocupante. La frecuencia y despliegue de recursos personales, materiales y económicos que comporta cada movimiento fuera del recinto del Palacio de la Moncloa del Señor Sánchez, tanto para asistir a reuniones oficiales como a sus actividades
personales, supone un enorme gasto para las arcas públicas.

Lo mismo ocurre con los dos Altos Comisionados que se hacen depender directamente de Presidencia del Gobierno, dos autoridades opacas sin ninguna justificación de eficacia en la
gestión que avale su existencia, ya que los correspondientes departamentos ministeriales ya desarrollan sus competencias, por lo que carecerían de sentido en tiempos de necesaria austeridad.

Esta nueva estructura de Presidencia del Gobierno,
con proliferación de altos cargos y personal de confianza es una muestra evidente del dispendio socialista con el dinero de los españoles, que, al parecer, siguiendo la máxima de la Vicepresidenta Calvo, al ser público, no es de nadie.

El
Programa 921Q Cobertura Informativa, como ocurre con todas las partidas que tienen que ver con el Presidente, también sube considerablemente, un 13,73 %, nada menos que hasta 77,8 millones de euros, casi 10 millones de euros más que en 2020, para
las interminables campañas de imagen de este gobierno, los «aló presidente» dominicales, las ruedas de prensa con preguntas y periodistas preseleccionados, las nefastas campañas institucionales del estilo «Salimos más fuertes» y demás actividades de
imagen a mayor gloria del señor Sánchez. Es un insulto a los españoles que sufren semejante derroche con el dinero de sus impuestos.

Por su parte, el programa 912O, «Relaciones con las Cortes Generales, Secretariado del Gobierno y apoyo a la
alta dirección», gestionado por la Vicepresidenta primera, como no podía ser de otra manera, crece un 15,91 %. Dotado con 35,5 millones de euros, 23,70 M€ de los cuales son gastos de personal. Sorprende la creación de una nueva Dirección
General de Asuntos Constitucionales y Coordinación Jurídica, dependiente de la Secretaría de Estado de Relaciones con las Cortes, que tradicionalmente ha sido una Subdirección General al frente de la cual se situaba un alto funcionario y que
dependía de la Dirección General de Relaciones con las Cortes. Realmente, es un alto cargo innecesario y prescindible.

En cuanto a los organismos autónomos adscritos al Ministerio, merece especial atención el presupuesto del CIS que se
incrementa en un 13,2 %, enorme cantidad puesta a disposición del Sr. Tezanos para que continúe con su función de realizar sondeos con pronósticos muy alejados de la media de los que llevan a cabo las empresas demoscópicas de nuestro país, para
generar en la sociedad española un clima de afección al Gobierno que nada tiene que ver con la realidad. Solicitamos su devolución al Gobierno y deseamos que esa, hasta ahora prestigiosa institución, con unos profesionales de primer orden, recupere
su prestigio a nivel mundial y pueda retomar su objetivo de contribuir al conocimiento científico de la sociedad española, y abandone su sectarismo y su afán de convertirlo en la empresa demoscópica de cabecera del PSOE y de su Secretario General
Pedro Sánchez.

Pretendemos que con la impugnación de esta Sección vuelva la racionalidad, la independencia y la ciencia a esa institución. Los barómetros mensuales con intención de voto distorsionando y nada acordes a la realidad de las
preferencias políticas de los españoles, deben cesar por sus enormes errores, sus criterios mínimamente científicos y altamente parciales, tal y como la última encuesta electoral ha demostrado.

En definitiva, ni en la forma ni en el fondo,
esta Sección 25 merece seguir tramitándose, por lo que instamos su devolución al Gobierno.

PROPUESTA DE VETO NÚM. 6

Del Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP)

RETIRADA

PROPUESTA DE VETO NÚM. 7

Del Grupo
Parlamentario Popular en el Senado (GPP)

El Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente impugnación de la Sección 15. Ministerio de Hacienda.

JUSTIFICACIÓN

Estos Presupuestos Generales del Estado están construidos sobre la base de un cuadro macroeconómico cuyas previsiones económicas y fiscales están totalmente desfasadas y superadas por la realidad, tal y como han puesto de
manifiesto tanto el Gobernador del Banco de España (BdE) como la Presidenta de la AIReF.

Si el crecimiento inercial estimado es del 4,1 % (BdE) o el 5,4 % (escenario central de la AIReF) en vez del 7,2 % previsto por el Gobierno, y el efecto
de los fondos europeos es menor que el 2,6 % estimado por el Gobierno (BdE estima la mitad, en el caso más optimista), la previsión de ingresos públicos se desmorona y será difícil contar con los recursos necesarios para poder ejecutar las partidas
de gasto recogidos en los presupuestos, salvo que el déficit sea mayor que el -7,7 % previsto para 2021 y disparemos aún más la deuda poniendo en riesgo la sostenibilidad financiera de nuestras cuentas públicas.

Ni el cuadro macroeconómico es
válido ni la previsión de ingresos de estos presupuestos tiene la más mínima credibilidad: el Gobierno estima que con una caída del PIB del -11,2 % en 2020, los ingresos tributarios caerán un -7,6 %; en cambio, con una estimación de crecimiento
del PIB del 9,8 % para 2021 estiman una subida de los ingresos tributarios del 13 %.

Esta diferente elasticidad no tiene ningún sentido, máxime si tenemos en cuenta que el PIB medio de 2021 será entre 80.000 y 100.000 millones de euros
inferior al de 2019, que tendremos 100.000 empresas menos y —como mínimo— 700.000 empleos menos. El absurdo llega al punto de estimar que en 2021 se batirá el récord histórico de recaudación, casi medio billón de euros.

La
AIReF que ya alertó del exceso de optimismo y recomendó que «las previsiones fiscales se hicieran con la cautela necesaria para contemplar la posibilidad de que se materialicen escenarios más adversos que el previsto por el Gobierno» reconoció, a
través de su Presidenta, en la comparecencia en el Congreso que el Gobierno «claramente no había hecho caso a esa recomendación».

Por otra parte, resulta totalmente increíble que la propuesta fiscal de la izquierda sea la misma en 2019
—cuando crecíamos al 2 %— que en 2021 después de la mayor caída del PIB de nuestra historia, que será con seguridad de dos dígitos.

El Gobernador del Banco de España puso de relieve lo desacertado de subir la presión fiscal en
un momento de recuperación aun en curso, de fragilidad y de riesgos a la baja, y recomendaba retrasar las subidas de impuestos a otro momento más adecuado.

Y es que, esta vez, lo tenían muy fácil, bastaba con mirar a su alrededor: España es
el único país de Europa que va a subir impuestos en plena pandemia, cuando estamos intentando salir de la profunda recesión económica y social en la que nos encontramos. Esto nos deja en una situación de desventaja competitiva que provocará la
deslocalización de empresas, capitales y talento humano.

La lista de impuestos que se suben en estos presupuestos es interminable: Impuesto de Sociedades, Impuesto sobre la Renta, Impuesto sobre el Ahorro, IVA, Impuesto sobre el Diésel,
Impuesto de Patrimonio, Impuesto sobre las Primas de Seguros, Impuesto sobre plásticos de un solo uso, Impuesto sobre Transacciones Financieras, Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales y todo tipo de tasas.

Una larga lista de
impuestos que, por mucho que insista en lo contrario el Gobierno, sabemos que acabaremos pagando, directa o indirectamente, todas las familias: los 17 millones de propietarios de vehículos diésel, los 18,8 millones de hogares y los 34,4 millones de
vehículos que tienen un seguro, todos los que compramos un zumo (IVA de las bebidas azucaradas) o un yogurt (impuesto sobre plásticos de un solo uso), quienes utilizamos determinados servicios de internet o quienes ahorramos para complementar
nuestra pensión a través de un fondo de pensiones.

Una subida de impuestos que, si en fases de crecimiento es desacertada, en el momento tan débil de recuperación es una tremenda irresponsabilidad.

Por todo lo anterior, el Grupo
Parlamentario Popular presenta esta enmienda de devolución de la sección 15 del proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2021.

PROPUESTA DE VETO NÚM. 9

De don Josep Lluís Cleries i Gonzàlez (GPN) y de doña Maria
Teresa Rivero Segalàs (GPN)

El Senador Josep Lluís Cleries i Gonzàlez (GPN) y la Senadora Maria Teresa Rivero Segalàs (GPN), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente impugnación de
la Sección 21. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Los senadores y senadoras de Junts per Catalunya presentan propuesta de veto a la Sección 21. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, del Proyecto de Ley de
Presupuestos Generales del Estado para 2021 por no adecuarse a las necesidades sociales y económicas de Catalunya, ni tampoco a las que necesita el estado español.

PROPUESTA DE VETO NÚM. 10

De don Josep Lluís Cleries i Gonzàlez (GPN) y
de doña Maria Teresa Rivero Segalàs (GPN)

El Senador Josep Lluís Cleries i Gonzàlez (GPN) y la Senadora Maria Teresa Rivero Segalàs (GPN), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente
impugnación de la Sección 23. Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

Los senadores y senadoras de Junts per Catalunya presentan propuesta de veto a la Sección 23. Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto
Demográfico, del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2021 por no adecuarse a las necesidades sociales y económicas de Catalunya, ni tampoco a las que necesita el estado español.

PROPUESTA DE VETO NÚM. 11

De don
Josep Lluís Cleries i Gonzàlez (GPN) y de doña Maria Teresa Rivero Segalàs (GPN)

El Senador Josep Lluís Cleries i Gonzàlez (GPN) y la Senadora Maria Teresa Rivero Segalàs (GPN), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del
Senado, formulan la siguiente impugnación de la Sección 29. Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030.

Los senadores y senadoras de Junts per Catalunya presentan propuesta de veto a la Sección 29. Ministerio de Derechos Sociales y
Agenda 2030, del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2021 por no adecuarse a las necesidades sociales y económicas de Catalunya, ni tampoco a las que necesita el estado español.

PROPUESTA DE VETO NÚM. 12

De don
Josep Maria Cervera Pinart (GPN) y de don Josep Lluís Cleries i Gonzàlez (GPN)

El Senador Josep Maria Cervera Pinart (GPN) y el Senador Josep Lluís Cleries i Gonzàlez (GPN), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento
del Senado, formulan la siguiente impugnación de la Sección 13. Ministerio de Justicia.

Los senadores y senadoras de Junts per Catalunya presentan propuesta de veto a la Sección 13. Ministerio de Justicia, del Proyecto de Ley de
Presupuestos Generales del Estado para 2021 por no adecuarse a las necesidades sociales y económicas de Catalunya, ni tampoco a las que necesita el estado español.

PROPUESTA DE VETO NÚM. 13

De don Josep Maria Cervera Pinart (GPN) y de
don Josep Lluís Cleries i Gonzàlez (GPN)

El Senador Josep Maria Cervera Pinart (GPN) y el Senador Josep Lluís Cleries i Gonzàlez (GPN), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente impugnación
de la Sección 14. Ministerio de Defensa.

Los senadores y senadoras de Junts per Catalunya presentan propuesta de veto a la Sección 14. Ministerio de Defensa, del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2021 por no adecuarse
a las necesidades sociales y económicas de Catalunya, ni tampoco a las que necesita el estado español.

PROPUESTA DE VETO NÚM. 14

De don Josep Maria Cervera Pinart (GPN) y de don Josep Lluís Cleries i Gonzàlez (GPN)

El Senador Josep Maria Cervera Pinart (GPN) y el Senador Josep Lluís Cleries i Gonzàlez (GPN), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente impugnación de la Sección 19. Ministerio de
Trabajo y Economía Social.

Los senadores y senadoras de Junts per Catalunya presentan propuesta de veto a la Sección 19. Ministerio de Trabajo y Economía Social, del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2021 por no
adecuarse a las necesidades sociales y económicas de Catalunya, ni tampoco a las que necesita el estado español.

PROPUESTA DE VETO NÚM. 15

De don Josep Maria Cervera Pinart (GPN) y de don Josep Lluís Cleries i Gonzàlez (GPN)

El
Senador Josep Maria Cervera Pinart (GPN) y el Senador Josep Lluís Cleries i Gonzàlez (GPN), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente impugnación de la Sección 22. Ministerio de Política
Territorial y Función Pública.

Los senadores y senadoras de Junts per Catalunya presentan propuesta de veto a la Sección 22. Ministerio de Política Territorial y Función Pública, del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado
para 2021 por no adecuarse a las necesidades sociales y económicas de Catalunya, ni tampoco a las que necesita el estado español.

PROPUESTA DE VETO NÚM. 16

De don Josep Maria Cervera Pinart (GPN) y de don Josep Lluís Cleries i Gonzàlez
(GPN)

El Senador Josep Maria Cervera Pinart (GPN) y el Senador Josep Lluís Cleries i Gonzàlez (GPN), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente impugnación de la Sección 32. Ministerio de
Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Los senadores y senadoras de Junts per Catalunya presentan propuesta de veto a la Sección 32. Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales
del Estado para 2021 por no adecuarse a las necesidades sociales y económicas de Catalunya, ni tampoco a las que necesita el estado español.

PROPUESTA DE VETO NÚM. 18

De don Josep Lluís Cleries i Gonzàlez (GPN) y de don Josep Maria
Matamala Alsina (GPN)

El Senador Josep Lluís Cleries i Gonzàlez (GPN) y el Senador Josep Maria Matamala Alsina (GPN), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente impugnación de la
Sección 01. Casa de S.M. el Rey.

Los senadores y senadoras de Junts per Catalunya presentan propuesta de veto a la Sección 01. Casa de S.M. el Rey, del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2021 por no
adecuarse a las necesidades sociales y económicas de Catalunya, ni tampoco a las que necesita el estado español.

PROPUESTA DE VETO NÚM. 19

De don Josep Lluís Cleries i Gonzàlez (GPN) y de don Josep Maria Matamala Alsina (GPN)

El
Senador Josep Lluís Cleries i Gonzàlez (GPN) y el Senador Josep Maria Matamala Alsina (GPN), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente impugnación de la Sección 20. Ministerio de Industria,
Comercio y Turismo.

Los senadores y senadoras de Junts per Catalunya presentan propuesta de veto a la Sección 02. Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2021 por no adecuarse
a las necesidades sociales y económicas de Catalunya, ni tampoco a las que necesita el estado español.

PROPUESTA DE VETO NÚM. 20

De don Josep Lluís Cleries i Gonzàlez (GPN) y de don Josep Maria Matamala Alsina (GPN)

El Senador
Josep Lluís Cleries i Gonzàlez (GPN) y el Senador Josep Maria Matamala Alsina (GPN), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente impugnación de la Sección 26. Ministerio de Sanidad.

Los
senadores y senadoras de Junts per Catalunya presentan propuesta de veto a la Sección 26. Ministerio de Sanidad, del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2021 por no adecuarse a las necesidades sociales y económicas de
Catalunya, ni tampoco a las que necesita el estado español.

PROPUESTA DE VETO NÚM. 21

De don Josep Lluís Cleries i Gonzàlez (GPN) y de don Josep Maria Matamala Alsina (GPN)

El Senador Josep Lluís Cleries i Gonzàlez (GPN) y el
Senador Josep Maria Matamala Alsina (GPN), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente impugnación de la Sección 27. Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital.

Los senadores y
senadoras de Junts per Catalunya presentan propuesta de veto a la Sección 27. Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2021 por no adecuarse a las necesidades sociales y
económicas de Catalunya, ni tampoco a las que necesita el estado español.

PROPUESTA DE VETO NÚM. 22

De don Josep Lluís Cleries i Gonzàlez (GPN) y de don Josep Maria Matamala Alsina (GPN)

El Senador Josep Lluís Cleries i
Gonzàlez (GPN), y el Senador Josep M.ª Matamala Alsina (GPN), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente impugnación de la Sección 12. Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y
Cooperación.

Los senadores y senadoras de Junts per Catalunya presentan propuesta de veto a la Sección 12. Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado
para 2021 por no adecuarse a las necesidades sociales y económicas de Catalunya, ni tampoco a las que necesita el estado español.

PROPUESTA DE VETO NÚM. 23

De don Josep Lluís Cleries i Gonzàlez (GPN) y de don Josep Maria Matamala
Alsina (GPN)

El Senador Josep Lluís Cleries i Gonzàlez (GPN), y el Senador Josep M.ª Matamala Alsina (GPN), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente impugnación de la Sección 15. Ministerio
de Hacienda.

Los senadores y senadoras de Junts per Catalunya presentan propuesta de veto a la Sección 15. Ministerio de Hacienda, del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2021 por no adecuarse a las necesidades sociales
y económicas de Catalunya, ni tampoco a las que necesita el estado español.

PROPUESTA DE VETO NÚM. 24

De don Josep Lluís Cleries i Gonzàlez (GPN) y de don Josep Maria Matamala Alsina (GPN)

El Senador Josep Lluís Cleries i
Gonzàlez (GPN), y el Senador Josep M.ª Matamala Alsina (GPN), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente impugnación de la Sección 16. Ministerio del Interior.

Los senadores y senadoras de
Junts per Catalunya presentan propuesta de veto a la Sección 16. Ministerio del Interior, del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2021 por no adecuarse a las necesidades sociales y económicas de Catalunya, ni tampoco a las que
necesita el estado español.

PROPUESTA DE VETO NÚM. 25

De don Josep Lluís Cleries i Gonzàlez (GPN) y de don Josep Maria Matamala Alsina (GPN)

El Senador Josep Lluís Cleries i Gonzàlez (GPN), y el Senador Josep M.ª Matamala Alsina
(GPN),al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente impugnación de la Sección 17. Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.

Los senadores y senadoras de Junts per Catalunya presentan
propuesta de veto a la Sección 17. Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2021 por no adecuarse a las necesidades sociales y económicas de Catalunya, ni tampoco a las que
necesita el estado español.

PROPUESTA DE VETO NÚM. 26

De doña Assumpció Castellví Auví (GPN) y de don Josep Lluís Cleries i Gonzàlez (GPN)

La Senadora Assumpció Castellví Auví (GPN) y el Senador Josep Lluís Cleries i
Gonzàlez (GPN), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente impugnación de la Sección 18. Ministerio de Educación y Formación Profesional.

Los senadores y senadoras de Junts per
Catalunya presentan propuesta de veto a la Sección 18. Ministerio de Educación y Formación Profesional, del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2021 por no adecuarse a las necesidades sociales y económicas de Catalunya, ni
tampoco a las que necesita el estado español.

PROPUESTA DE VETO NÚM. 27

De doña Assumpció Castellví Auví (GPN) y de don Josep Lluís Cleries i Gonzàlez (GPN)

La Senadora Assumpció Castellví Auví (GPN) y el Senador Josep Lluís
Cleries i Gonzàlez (GPN), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente impugnación de la Sección 24. Ministerio de Cultura y Deporte.

Los senadores y senadoras de Junts per Catalunya presentan
propuesta de veto a la Sección 24. Ministerio de Cultura y Deporte, del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2021 por no adecuarse a las necesidades sociales y económicas de Catalunya, ni tampoco a las que necesita el estado
español.

PROPUESTA DE VETO NÚM. 28

De doña Assumpció Castellví Auví (GPN) y de don Josep Lluís Cleries i Gonzàlez (GPN)

La Senadora Assumpció Castellví Auví (GPN) y el Senador Josep Lluís Cleries i Gonzàlez (GPN), al amparo de
lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente impugnación de la Sección 33. Ministerio de Universidades.

Los senadores y senadoras de Junts per Catalunya presentan propuesta de veto a la
Sección 33. Ministerio de Universidades, del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2021 por no adecuarse a las necesidades sociales y económicas de Catalunya, ni tampoco a las que necesita el estado español.

PROPUESTA DE
VETO NÚM. 29

Del Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP)

El Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente impugnación de la
Sección 12. Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación.

JUSTIFICACIÓN

Estos Presupuestos Generales del Estado están construidos sobre la base de un cuadro macroeconómico cuyas previsiones económicas y
fiscales están totalmente desfasadas y superadas por la realidad, tal y como han puesto de manifiesto tanto el Gobernador del Banco de España (BdE) como la Presidenta de la AIReF.

Si el crecimiento inercial estimado es del 4,1 % (BdE) o
el 5,4 % (escenario central de la AIReF) en vez del 7,2 % previsto por el Gobierno, y el efecto de los fondos europeos es menor que el 2,6 % estimado por el Gobierno (BdE estima la mitad, en el caso más optimista), la previsión de ingresos públicos
se desmorona y será difícil contar con los recursos necesarios para poder ejecutar las partidas de gasto consignadas en esta sección, salvo que el déficit sea mayor que el -7,7 % previsto para 2021 y disparemos aún más la deuda poniendo en riesgo la
sostenibilidad financiera de nuestras cuentas públicas.

De los 1.882 M€ presupuestados para política exterior y de cooperación, 134 M€ están asociados al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y destinados a la digitalización
de los Consulados de España, a la transformación integral de la enseñanza y difusión de la cultura y la lengua española en el exterior desde el Instituto Cervantes y a proyectos de cooperación. El hecho de que se incorporen como ingresos fondos de
este Mecanismo europeo sin contar con la preceptiva aprobación de la UE —y ni tan siquiera haber presentado los proyectos— puede hacer que, en caso de ser rechazados, no solo se retrase aún más la necesaria modernización de nuestra
obsoleta estructura consular, sino incluso que se ponga en riesgo la viabilidad económica de instituciones paralizadas por la pandemia y en situación económica delicada, como son la AECID y el Instituto Cervantes.

Estos presupuestos se
limitan a reproducir la estructura de ejercicios anteriores e ignoran en su formulación la profunda revisión de la política exterior que la propia ministra y varios altos cargos del ministerio han anunciado. El gobierno informó hace meses de la
remisión a las Cortes de una nueva Ley de Acción Exterior y de un nuevo marco jurídico para la Cooperación Internacional de España, y tiene pendiente el Plan Director para la Cooperación Internacional 2021-2024 e incluso el Plan Anual 2020, pero
nada de eso está plasmado en los PGE 2021.

Resulta especialmente llamativo y poco sensible al enorme impacto de la crisis en la sociedad española el incremento en los gastos de personal y gasto corriente, en paralelo a la exigua subida de las
becas y la reducción de la protección para asistencia social, evacuaciones, hospitalizaciones y repatriaciones de españoles en el extranjero, capítulo en el que el Ministerio fue incapaz de cumplir con su obligación en la primera ola de la pandemia.
Igualmente falto de conexión con la realidad, en un momento en el que España deberá afrontar las consecuencias de la falta de acuerdo con el Reino Unido para la relación futura, es que la acción diplomática ante la UE sea el único programa afectado
por una bajada presupuestaria.

En los programas de Cooperación para el desarrollo, vuelve a registrarse un incremento desproporcionado en el gasto corriente, del entorno del 25 %, y una reducción en el programa de becas. Las convocatorias de
libre concurrencia se sustituyen por subvenciones nominativas a entidades no representativas, y se reduce arbitrariamente la aportación al Centro Cultural Español Iberoamericano en Miami (-310.000 euros) para incorporar un importe casi similar
(300.000) a una subvención directa a la Conferencia de Autoridades Cinematográficas de Iberoamérica, para la «construcción del espacio audiovisual iberoamericano Ibermedia», algo verdaderamente chocante.

La falta de rumbo y la incapacidad de
gestión de los responsables del Ministerio es manifiesta en todos los ámbitos pero especialmente en el de la cooperación al desarrollo. Es el que experimenta un mayor incremento a pesar de su casi total parálisis durante 2020, al extremo de no
haber contado ni tan siquiera con un director al frente de su principal organismo operativo, la AECID, ni haber sido capaz de elevar a la Comisión de Cooperación del Congreso de los Diputados su Plan Anual 2020 cuando está a punto de finalizar el
año, o no haber remitido el preceptivo informe sobre la cooperación hasta apenas hora y media antes de la comparecencia de la Secretaria de Estado.

La consecuencia de esa deriva que afecta a la política exterior española es el deterioro de la
imagen de España, especialmente en los ámbitos sanitario, turístico, económico e institucional. Al caos en la gestión de la pandemia, de la economía y de la temporada alta se une el grave deterioro de la imagen del Estado de derecho y la
democracia. Millones de personas consideran hoy a España como un país a evitar, ya sea por el riesgo a contraer el COVID-19, la dificultad de pasar unas vacaciones o simplemente por el riesgo a perder sus inversiones. A todo ello contribuye la
imagen de una democracia en riesgo a causa de los intentos, desde el seno del gobierno, por acabar con la monarquía constitucional y la separación de poderes, abusar de los estados de alarma, controlar la justicia, condicionar a la prensa libre y
tratar de imponer una «verdad oficial» que en ocasiones contradice la de cualquier observador imparcial. Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta esta enmienda de devolución de la sección 12 del proyecto de ley de Presupuestos
Generales del Estado para 2021.

PROPUESTA DE VETO NÚM. 30

Del Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP)

El Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del
Senado, formula la siguiente impugnación de la Sección 13. Ministerio de Justicia.

JUSTIFICACIÓN

Estos Presupuestos Generales del Estado están construidos sobre la base de un cuadro macroeconómico cuyas previsiones económicas y
fiscales están totalmente desfasadas y superadas por la realidad, tal y como han puesto de manifiesto tanto el Gobernador del Banco de España (BdE) como la Presidenta de la AIReF.

Si el crecimiento inercial estimado es del 4,1 % (BdE) o
el 5,4 % (escenario central de la AIReF) en vez del 7,2 % previsto por el Gobierno, y el efecto de los fondos europeos es menor que el 2,6 % estimado por el Gobierno (BdE estima la mitad, en el caso más optimista), la previsión de ingresos públicos
se desmorona y será difícil contar con los recursos necesarios para poder ejecutar las partidas de gasto consignadas en esta sección, salvo que el déficit sea mayor que el -7,7 % previsto para 2021 y disparemos aún más la deuda poniendo en riesgo la
sostenibilidad financiera de nuestras cuentas públicas.

Si el Proyecto de Presupuestos Generales del Estado estudiados de manera global ofrece muchas dudas sobre su sostenibilidad financiera, lo mismo ocurre con las distintas secciones que lo
componen. Entre ellas la Sección 13 «Ministerio de Justicia» cuyos créditos dependen para su satisfacción de las previsiones hechas por el Gobierno.

En concreto, el resumen general por servicios y capítulos del presupuesto de gastos ofrece
un total en la Sección 13 de 2.014.240.000 euros (más de dos mil millones). El Consejo General del Poder Judicial tiene su propia sección (la Sección 08) y sus programas se engloban en la política de gasto denominada «Justicia». Pero los créditos
de capítulo 1 referentes a las carreras judicial y fiscal se encuentran en la referida sección 13.

La crisis que vivimos a consecuencia de la enfermedad cuya extensión fue declarada pandemia mundial el día 11 de marzo por la Organización
Mundial de la Salud, además de la crisis sanitaria propiamente dicha, ha provocado, tal y como demuestran todos los indicadores económicos, una crisis económica de gran calado.

Para afrontar esa crisis es necesario contar con un servicio
público de Justicia preparado. De hecho las Cortes aprobaron recientemente el proyecto de ley derivado del Real Decreto-ley 16/2020, de 28 de abril, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la
Administración de Justicia, que fue promulgado y sancionado por S.M. el Rey como Ley 3/2020, de 18 de septiembre, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia.

Entre otras
medidas, la Ley 3/2020 da un mandato al Gobierno para que, previa negociación con las Comunidades Autónomas en materia de Justicia, promueva la creación de al menos cien nuevas unidades judiciales en un plazo de tres años, de las cuales al menos un
tercio se crearán en el primer año, con la finalidad de adecuar la planta judicial a las necesidades derivadas de la crisis provocada por la COVID-19 y de garantizar a la ciudadanía la efectividad de la protección judicial de sus derechos.

No
obstante, medidas como estas y el previsible aumento de la litigiosidad que afectará a todas las jurisdicciones no encuentra un claro reflejo en este Proyecto de Presupuestos tal y como demuestran las cifras que ofrecen y otras medidas adoptadas por
el Gobierno en íntima conexión con las cuentas públicas como lo es la Oferta de Empleo Público.

A pesar del referido aumento de la litigiosidad, en el año 2021 solo prevé la creación de «hasta» 240 plazas de jueces y fiscales; un número que
no podrá superarse al prohibirlo la Disposición adicional décima octava del Proyecto. Todo ello después de un año 2020 en blanco que rompe un crecimiento consecutivo desde 2018 de trescientas plazas por año.

Además es necesario mejorar las
infraestructuras como se ha venido haciendo hasta 2018 en el territorio que es competencia del Ministerio y en los órganos judiciales de ámbito nacional. Sin embargo, muchos de los proyectos previstos en 2021 son en su mayoría los que ya lo estaban
en 2018, y que por tanto, no se han ejecutado en la mayoría de los casos, o no se han terminado, en otros.

Todo ello choca con la pretensión de bajar la alta litigiosidad, los retrasos en la Justicia y la necesidad de crear nuevos
órganos.

Otra partida que es rebajada es la referente a las transferencias al Consejo General de la Abogacía para el pago de la Asistencia Jurídica Gratuita. Sorprende que se prevean en la memoria las mismas actuaciones que en el año en
curso pero que se baje 1,3 millones de euros la dotación. La pretensión de justificar esa bajada en el aumento en global de la partida no es suficiente, sobre todo si dichos aumentos, que además no son muy relevantes, son destinados tal y como se
desprende de la información aportada, para el pago de atrasos.

Por todo lo anterior, el Grupo Parlamentario Popular presenta esta enmienda de devolución de la sección 13 del proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para el
año 2021.

PROPUESTA DE VETO NÚM. 31

Del Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP)

El Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la
siguiente impugnación de la Sección 14. Ministerio de Defensa.

JUSTIFICACIÓN

Estos Presupuestos Generales del Estado están construidos sobre la base de un cuadro macroeconómico cuyas previsiones económicas y fiscales están totalmente desfasadas y superadas por la realidad, tal y como han puesto de manifiesto
tanto el Gobernador del Banco de España (BdE) como la Presidenta de la AIReF.

Si el crecimiento inercial estimado es del 4,1 % (BdE) o el 5,4 % (escenario central de la AIReF) en vez del 7,2 % previsto por el Gobierno, y el efecto de los
fondos europeos es menor que el 2,6 % estimado por el Gobierno (BdE estima la mitad, en el caso más optimista), la previsión de ingresos públicos se desmorona y será difícil contar con los recursos necesarios para poder ejecutar las partidas de
gasto consignadas en esta sección, salvo que el déficit sea mayor que el -7,7 % previsto para 2021 y disparemos aún más la deuda poniendo en riesgo la sostenibilidad financiera de nuestras cuentas públicas.

Si el Proyecto de Presupuestos
Generales del Estado estudiados de manera global ofrece muchas dudas sobre su sostenibilidad financiera, lo mismo ocurre con las distintas secciones que lo componen. Entre ellas la Sección 14 «Ministerio de Defensa» cuyos créditos dependen para su
satisfacción de las previsiones hechas por el Gobierno.

En concreto, el resumen general por servicios y capítulos del presupuesto de gastos ofrece un total en la Sección 14 «Defensa» de 9.072 millones de euros.

A pesar de la
importancia de esta política de gasto cuya finalidad se define en la documentación que forma parte de los PGE como «una herramienta fundamental para preservar nuestro marco de convivencia» únicamente se consigna una cantidad excepcionalmente
reducida en el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia: 25 millones de euros. Prácticamente un 0,25 % del total del presupuesto de la Sección.

Aunque en apariencia, los Presupuestos asignan una cantidad muy superior a los de 2018 en
inversiones reales del Capítulo 6 en los apartados 122A (Modernización) y 122B (Programas Especiales), lo hacen a costa de una significativa reducción en los otros dos Programas vinculados al Adiestramiento y el Sostenimiento de los Sistemas de
Armas, el 122 M (Gastos Operativos) y 122N (Apoyo Logístico). Por otra parte el aumento del 122A se produce en el Apartado de Infraestructuras vinculados a los Programas NSIP (NATO Security Investment Programme) y a los simuladores del CH-47
Chinook y del Sistema de entrenamiento integrado del EA. La capacidad operativa de las Fuerzas Armadas se ve perjudicada en lo que concierne a inversiones reales en Gastos Operativos (alrededor de un 25 %) y en Apoyo Logístico (alrededor de
un 48 %).

Nuestras Fuerzas Armadas, además, deben cumplir un número importante de misiones y funciones fuera de nuestras fronteras encomendadas a España en el marco de nuestros compromisos internacionales. En este apartado se experimenta
igualmente una reducción presupuestaria del 57,6 % en inversiones reales vinculadas a las Operaciones en el exterior, con lo que se abandona la senda de asumir progresivamente estos costes con el Presupuesto de Defensa, confiándolos nuevamente a los
fondos de contingencia del Ministerio de Hacienda.

Esto presupuestos, a juicio del Grupo Popular, no se adecúan a estos compromisos como son el de mantener el nivel de contribución actual a operaciones en el exterior, destinadas a la lucha
contra el terrorismo, la proyección de estabilidad y defensa del territorio aliado; potenciar la Diplomacia de Defensa y promover las relaciones con otros países, además de la proyección internacional de nuestra industria de defensa; y en el
ámbito de la Unión Europea, nuestro compromiso con el impulso y reforzamiento de la Europa de la defensa, en coordinación con la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).

Por otro lado, los Presupuestos no deben ser ajenos, en la
medida de lo posible, a las propuestas que se acuerdan entre los Grupos Parlamentarios en la Cortes, incluyendo por supuesto las que se aprueban en el seno de la Comisión de Defensa del Congreso de los Diputados. Entre ellas está la de acometer una
subida lineal de 100 euros mensuales en las retribuciones de todos los funcionarios militares del Ministerio de Defensa, a la espera de que se produzca el estudio de asimilación de las retribuciones de los militares a las del resto de funcionarios
de la Administración General del Estado, subida que no aparece reflejada en los PGE. Tampoco hace mención el articulado del Proyecto de Ley a la eliminación de la pérdida retributiva de los militares en la reserva al cumplir los 63 años.

Además, cuando se desciende a los programas de gasto se observan incongruencias como la bajada de un 14 por ciento —casi 200 millones de euros— en el Programa 122N para el Apoyo Logístico que choca con las pretensiones que dicen
tener estos presupuestas tanto en el articulado como en la documentación que les acompañan.

Lo mismo se puede decir en lo concerniente al objetivo de reforzar la innovación tecnológica, que no parece coherente con la reducción del 12,56 % del
Programa 464A de Investigación y Estudios de las Fuerzas Armadas.

Por todo lo anterior, el Grupo Parlamentario Popular presenta esta enmienda de devolución de la sección 14 del proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para el
año 2021.

PROPUESTA DE VETO NÚM. 32

Del Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP)

El Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la
siguiente impugnación de la Sección 16. Ministerio del Interior.

JUSTIFICACIÓN

Estos Presupuestos Generales del Estado están construidos sobre la base de un cuadro macroeconómico cuyas previsiones económicas y fiscales están
totalmente desfasadas y superadas por la realidad, tal y como han puesto de manifiesto tanto el Gobernador del Banco de España (BdE) como la Presidenta de la AIReF.

Si el crecimiento inercial estimado es del 4,1 % (BdE) o el 5,4 % (escenario
central de la AIReF) en vez del 7,2 % previsto por el Gobierno, y el efecto de los fondos europeos es menor que el 2,6 % estimado por el Gobierno (BdE estima la mitad, en el caso más optimista), la previsión de ingresos públicos se desmorona y será
difícil contar con los recursos necesarios para poder ejecutar las partidas de gasto consignadas en esta sección, salvo que el déficit sea mayor que el -7,7 % previsto para 2021 y disparemos aún más la deuda poniendo en riesgo la sostenibilidad
financiera de nuestras cuentas públicas.

En este marco inicial de absoluta falta de credibilidad de los ingresos del proyecto de PGE 2021, fijamos nuestra atención en la sección 16. El total del presupuesto inicial de gasto del Ministerio
del interior en términos nominales y excluidos los organismos autónomos es de 8.906 millones de euros e incluyendo a los organismos autónomos de 9.855 millones.

El Ministerio del Interior en términos nominales y excluidos los organismos
autónomos experimenta un exiguo crecimiento del gasto del 3,6 % respecto al presupuesto prorrogado para el 2020. Es un presupuesto de gasto totalmente insuficiente para cubrir las necesidades de mejora de la política del interior, las nuevas de a
das surgidas por la irrupción del Covid-19 o las originadas por las nuevas amenazas globales.

En líneas generales programa a programa es un presupuesto continuista respecto al prorrogado para el 2020 y no atiende a las nuevas necesidades de
gasto que en materia de seguridad surgen con la pandemia del Covid-19, tales como el control de las medidas excepcionales que se adoptan para frenar el contagio; tampoco cubren suficientemente los necesarios para gestionar las oleadas periódicas y
masivas de inmigrantes irregulares que se concentran en algunos puntos concretos de nuestras costas; no se consigna gasto alguno para acometer la necesaria modernización del servicio que se presta en instituciones penitenciarias; ni el refuerzo
imprescindible de gasto para prevenir la amenaza latente del terrorismo islamista; igual sucede respecto al crecimiento de las actuaciones para combatir la ocupación ilegal de viviendas; no se invierte con determinación en ciberseguridad; la
inversión en protección civil es ínfima; entre otros.

Sería necesario y no se contempla en cuantía mínimamente suficiente, ampliar las plantillas de las FCSE, funcionarios de prisiones y de otros empleados públicos; mejorar en cuantía y
calidad los medios con los que están dotadas las referidas plantillas; invertir en nuevos vehículos dado que el parque móvil tiene una gran antigüedad; mejorar globalmente las infraestructuras que en numerosos casos están obsoletas; dotar a los
servicios que presta el ministerio de medios tecnológicos digitales de última generación.

La tasa de reposición de las FCSE sigue congelada desde 2018 en el 115 % y la del resto de los empleados públicos del Ministerio en el 100 %, salvo los
de Instituciones Penitenciarias que están al 110 %. Es necesario ampliar esta tasa para cubrir con mayor celeridad las vacantes de las plantillas generadas durante la crisis económica iniciada en 2008 y que supuso la necesidad de implantar y
mantener la política de tasas negativas programadas en 2010 y 2011 por el Gobierno socialista de Zapatero (tasa de reposición del 10 %), tasas que fueron mejorando progresivamente desde el 2015. Sin embargo esta necesidad urgente de continuar
ampliando las plantillas con tasas de reposición más amplias se olvida nuevamente en este ejercicio 2021.

Por otra parte, se incluye en la sección un nuevo programa 130A «Mecanismo de Recuperación y Resiliencia» mediante el cual se llevarán a
cabo diversas actuaciones en el ámbito de la transición digital, fundamentalmente mediante el impulso del nuevo documento de identidad electrónico. La cuantía del programa asciende a 6,25 millones de euros, el 0,07 % del presupuesto de gasto de la
sección 16, lo que supone una cantidad ínfima en comparación con lo destinado para este programa en otras secciones. Con ello se demuestra la poca importancia que el actual Gobierno otorga a las políticas del Ministerio del Interior.

Deberían aprovecharse los fondos europeos de reconstrucción y resiliencia para acometer de forma extraordinaria unas inversiones que modernicen globalmente los medios del Ministerio del Interior. No se puede dejar pasar la oportunidad de
acometerlas.

Todo ello sin entrar a valorar que el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia está asociado a unos proyectos que aún no se han presentado; que no sabemos si cumplirán las condiciones definidas en unos reglamentos que todavía no
se han elaborado; que una vez que se presenten no sabemos si serán aprobados por Bruselas; y que si se aprobaran por Bruselas no sabemos si realmente el Gobierno será capaz de ejecutarlos en 2021.

La sección no recoge en los gastos de
personal el cumplimiento íntegro del histórico acuerdo de equiparación salarial alcanzado por el Gobierno del Partido Popular y los sindicatos de la Policía Nacional y las asociaciones de la Guardia Civil en 2018. En concreto el Gobierno incumple
el compromiso económico respecto a la segunda actividad y la reserva de las FCSE, que consistía en disponer de 100 millones de euros anuales para los agentes en esta situación. Se acumula así el retraso de 300 millones que serían necesarios para
dar cumplimiento a lo pactado.

Por todo lo anterior, el Grupo Parlamentario Popular presenta esta enmienda de devolución de la sección 16 del proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2021.

PROPUESTA DE VETO
NÚM. 33

Del Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP)

El Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente impugnación de la Sección 18.
Ministerio de Educación y Formación Profesional.

JUSTIFICACIÓN

Estos Presupuestos Generales del Estado están construidos sobre la base de un cuadro macroeconómico cuyas previsiones económicas y fiscales están totalmente desfasadas y
superadas por la realidad, tal y como han puesto de manifiesto tanto el Gobernador del Banco de España (BdE) como la Presidenta de la AIReF.

Si el crecimiento inercial estimado es del 4,1 % (BdE) o el 5,4 % (escenario central de la AIReF) en
vez del 7,2 % previsto por el Gobierno, y el efecto de los fondos europeos es menor que el 2,6 % estimado por el Gobierno (BdE estima la mitad, en el caso más optimista), la previsión de ingresos públicos se desmorona y será difícil contar con los
recursos necesarios para poder ejecutar las partidas de gasto consignadas en esta sección, salvo que el déficit sea mayor que el -7,7 % previsto para 2021 y disparemos aún más la deuda poniendo en riesgo la sostenibilidad financiera de nuestras
cuentas públicas.

La dotación destinada a la política de Educación para el ejercicio 2021, que asciende a 4.893 millones de euros, sería verdaderamente relevante si reflejara el compromiso de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 27
de la Constitución, que reconoce el derecho a la educación y la libertad de enseñanza, y los artículos 148 y 149 de la citada ley fundamental.

La reforma educativa, la LOMLOE, emprendida por el Gobierno introduce medidas muy preocupantes para
el futuro de los estudiantes y para España como nación, porque devalúa la calidad del sistema educativo, es un modelo de imposición que limita la libertad y rompe con el principio de vertebración y cohesión del sistema educativo y la igualdad de
oportunidades, en particular en lo que respecta a garantizar el español como lengua vehicular, lengua oficial en todo el territorio nacional.

Se afirma en estos presupuestos que la finalidad que se persigue es hacer de la educación pública el
eje vertebrador del sistema educativo. En educación infantil de 0 a 3 años, se dota en estos presupuestos la creación de nuevas unidades del primer ciclo de Educación Infantil con 200 millones de euros, sólo para los centros que sean de titularidad
pública.

El Gobierno no garantiza la progresiva gratuidad del primer ciclo de la educación infantil ni una educación plural y en libertad ni en la LOMLOE ni en estos PGE.

La dotación para becas y ayudas al estudio de carácter general,
si bien es significativa por su cuantía, de 1.984 millones de euros, y se han introducido una serie de mejoras, no contempla a los alumnos que se han visto perjudicados económica y socialmente por causas sobrevenidas con ocasión de la crisis
sanitaria del COVID 19, y que como sugirió el Consejo Escolar del Estado se podría haber implementado con un mecanismo similar al que se adoptó para los beneficiarios del ingreso mínimo vital, exentos del pago de las tasas universitarias. En todo
caso es un programa que reduce su peso en el total del presupuesto, pasa a suponer un 42,75 frente al 54,8 % que tenía en 2020.

Por otra parte, en los centros de Ceuta y Melilla de gestión directa del Ministerio de Educación y Formación
Profesional, no se dotan planes de contingencia frente el COVID para garantizar a alumnos, docentes y personal un curso escolar seguro.

Las partidas en Formación Profesional necesarias para poder garantizar un modelo de futuro y de
oportunidades en esta etapa, como otros esenciales, recaen sobre los fondos de Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, unos fondos cuya ejecución, y por tanto viabilidad, ha sido cuestionada.

Por todo lo anterior el Grupo Parlamentario
Popular presenta esta enmienda de devolución de la Sección 18 del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2021.

PROPUESTA DE VETO NÚM. 34

Del Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP)

El Grupo
Parlamentario Popular en el Senado (GPP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente impugnación de la Sección 19. Ministerio de Trabajo y Economía Social.

JUSTIFICACIÓN

Estos PGE están
construidos sobre la base de un cuadro macroeconómico cuyas previsiones económicas y fiscales están totalmente desfasadas y superadas por la realidad, tal y como han puesto de manifiesto tanto el Gobernador del Banco de España (BdE) como la
Presidenta de la AIReF.

Si el crecimiento inercial estimado es del 4,1 % (BdE) o el 5,4 % (escenario central de la AIReF) en vez del 7,2 % previsto por el Gobierno, y el efecto de los fondos europeos es menor que el 2,6 % estimado por el
Gobierno (BdE estima la mitad, en el caso más optimista), la previsión de ingresos públicos se desmorona y será difícil contar con los recursos necesarios para poder ejecutar las partidas de gasto consignadas en esta sección, salvo que el déficit
sea mayor que el -7,7 % previsto para 2021 y disparemos aún más la deuda poniendo en riesgo la sostenibilidad financiera de nuestras cuentas públicas.

Los presupuestos previstos para esta sección, se diferencian con respecto a los de años
anteriores en la segregación del Ministerio, lo que anteriormente correspondía únicamente a la Sección 19, ahora se divide entre la Sección 19 y la Sección 32 (Inclusión, Seguridad Social y Migraciones), con la única finalidad de tener más sillones
que repartir entre el Gobierno social-comunista, más que pensando en el interés general.

El Ministerio de Trabajo y Economía Social, experimenta un incremento del 22,46 % con respecto al presupuesto base de 2020, ascendiendo el presupuesto
total de la Sección a 32.620 M€. A pesar de tener los medios económicos para ser ambiciosos y priorizar la creación de empleo como lo que es: la mejor política social, el Gobierno se rinde y anuncia que su gestión de los fondos europeos
apenas creará 800.000 empleos hasta 2023, es decir, poco más de todo el empleo destruido desde principios de año. Mal inicio para un año que se sabe difícil.

Una de las principales partidas es la política de fomento del empleo cuyo
presupuesto asciende a 7.405 M€ con un crecimiento del 29,5 % con respecto a 2020. De este importe, 1.194 M€ provienen de los fondos de la Unión Europea. Si descontamos la financiación europea, el crecimiento de esta política es sólo
del 8,6 %. Esto significa que gran parte de este presupuesto está asociado a unos proyectos que aún no se han presentado, y que una vez que se presenten desconocemos si serán aprobados por Bruselas, en definitiva, que gran parte del presupuesto es
incierto.

Llama igualmente la atención que entre la política de fomento de empleo no nos encontremos ninguna partida, ni programa específico para la creación de empleo más allá de los 1.655M€ destinados a bonificaciones a la
contratación para favorecer la creación de empleo de los colectivos con mayor dificultad, partida que apoyamos pero que ya es habitual en los presupuestos.

Creemos que es necesario reforzar las dotaciones para los planes de empleo,
especialmente para las Comunidades Autónomas más desfavorecidas más allá de las Comunidades para las cuales ya se prevé un Plan específico en los presupuestos. Las Comunidades Autónomas cuya tasa de paro es superior a la media nacional deberían de
reforzarse con un Plan de empleo propio.

Por otro lado, la tasa de paro juvenil es alarmante, y se requieren más recursos para crear nuevas oportunidades de empleo para nuestros jóvenes e impulsar su integración laboral.

Por otro lado,
el presupuesto previsto para la política de desempleo a pesar de ser una de las políticas a las que más recursos se destinan (25.012 M€), es absolutamente insuficiente, teniendo en cuenta que tenemos un Gobierno que es una máquina de destruir
empleo y que en 2020 ha gastado más en prestaciones por desempleo hasta agosto de lo que presupuesta para todo 2021.

Los presupuestos evidencian una vez más que los autónomos son los grandes olvidados del Gobierno, la dotación de la gestión
de SEPE de las prestaciones económicas por cese de actividad (224 M), se ha reducido drásticamente, pasando de los 15 M€ el ejercicio anterior, a los 2 M€ actuales. De igual manera, el presupuesto previsto para la gestión de la
prestación por cese de actividad responsabilidad de las Mutuas Colaboradoras de la Seguridad Social (Sección 60) ha sufrido una disminución del 44,4 %. No entendemos, qué tiene el Gobierno en contra de este colectivo para castigarles así.

Por todo lo anterior, y por ser unos presupuestos irreales, no acordes con la realidad que estamos viviendo, por dejar atrás a colectivos fundamentales de nuestra sociedad y por no priorizar la creación de empleo entre sus políticas, el Grupo
Parlamentario Popular presenta esta enmienda de devolución de la sección 19 del proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2021.

PROPUESTA DE VETO NÚM. 35

Del Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP)

El Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente impugnación de la Sección 20. Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.

JUSTIFICACIÓN

Estos Presupuestos Generales del Estado están construidos sobre la base de un cuadro macroeconómico cuyas previsiones económicas y fiscales están totalmente desfasadas y superadas por la realidad, tal y como han puesto de manifiesto tanto el
Gobernador del Banco de España (BdE) como la Presidenta de la AIReF.

Si el crecimiento inercial estimado es del 4,1 % (BdE) o el 5,4 % (escenario central de la AIReF) en vez del 7,2 % previsto por el Gobierno, y el efecto de los fondos
europeos es menor que el 2,6 % estimado por el Gobierno (BdE estima la mitad, en el caso más optimista), la previsión de ingresos públicos se desmorona y será difícil contar con los recursos necesarios para poder ejecutar las partidas de gasto
consignadas en esta sección, salvo que el déficit sea mayor que el -7,7 % previsto para 2021 y disparemos aún más la deuda poniendo en riesgo la sostenibilidad financiera de nuestras cuentas públicas.

El Gobierno enmascara en estos PGE la
poca atención que presta a las necesidades de la industria, el comercio y las pymes españolas en el actual contexto de crisis, agregando en sus cálculos más de 5.300 millones de euros a las políticas de gasto de Industria y Energía que, en realidad,
corresponden al Ministerio de Transición Ecológica y que proceden de los fondos europeos. Si consideramos las partidas de presupuesto ordinario, dicha partida de Política de gasto de Industria y Energía pierde peso en el conjunto de los PGE,
pasando del 1.6 % de 2018 al 1.4 % del 2021, con un crecimiento del 1.2 %, muy lejos del 6.4 % del promedio de las políticas de gasto ordinario de estos PGE. En cuanto a la política de gasto de Comercio, Turismo y PYMES, en términos de presupuesto
ordinario, el incremento es del 5 %, inferior también al 6.4 % del promedio.

Los PGE de la Sección ponen de relieve que, para esta Sección 20 no se atiende a la excepcionalidad de la crisis. De todas las agendas industriales sectoriales que
el último Gobierno dejó hechas, sólo han actualizado a la situación de crisis la de automoción, en Junio, tarde y mal. Además, prácticamente el 50 % del Presupuesto de la Sección se articula a través del Capítulo 8, como soluciones financieras de
préstamo, cuando lo que los sectores industrial, comercial y turístico necesita más que préstamos para salir adelante; políticas e inversión. Así, llama poderosamente la atención la proclama del Gobierno anunciando como un «hito» la creación de un
«nuevo» Fondo de Apoyo a la Inversión Industrial Productiva con 600 millones, cuando en realidad se limita a dotar el Programa ya existente de Reconversión y Reindustrialización (Reindus), pero recortando su dotación en un -27 %. Las partidas de
gasto ordinario destinadas a la promoción comercial e internacionalización se congelan, con 404 millones y la ordenación del comercio exterior se reduce a 6 millones respectivamente, con un recorte del -4 %. Y para las PYMEs, el incremento de 136
millones del Programa de apoyo a la Pequeña y Mediana Empresas, un 2.7 % del conjunto del presupuesto de gasto total de la Sección, se aplican a activos financieros del Cap VIII, de los cuales sólo se detallan 97 millones para fortalecimiento de
sistema de garantías (préstamos) y 10 millones para España Nación Emprendedora. Es sintomático que, por ejemplo, en las transferencias de capital del programa de apoyo a las Pymes se recorta de los 37 millones de 2020 a 34 millones de 2021, un
-8 %.

Todos estos recortes en la presupuestación ordinaria de la Sección no resultan compensados con las nuevas partidas que surgirán de los fondos europeos en la medida en que el porcentaje de los mismos que se ha asignado el Ministerio de
Industria, Comercio y Turismo es discriminatoriamente desproporcionado a las necesidades que ha de cubrir, dado el importante impacto que la crisis está causando en el comercio, las pymes, el turismo y sectores industriales estratégicos para nuestro
país. El Gobierno considera al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo secundario. El MINCOTUR recibe 1.798 millones de los 26.634 millones de los fondos europeos que asignan a este ejercicio; el 6.7 % de esos fondos, cuando la suma de peso
en el PIB de Industria, Comercio y Turismo, alcanza sobradamente el 40 % y son sectores especialmente golpeados por esta crisis. Y dentro de ellos, la política industrial apenas alcanza 473 millones, el 1.7 %, ya que en su mayor
parte, 1100 millones, se destinan a turismo, mediante transferencias a CCAA y Entidades Locales, aunque reducen otras partidas ordinarias, como el Programa 432 A «Coordinación y Promoción del Turismo», que recortan de 330 millones de 2020 a 240
millones para 2021, con una reducción del -26 %.

Por todo lo anterior, el Grupo Parlamentario Popular presenta esta enmienda de devolución de la sección 20 del proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2021.

PROPUESTA DE VETO NÚM. 36

Del Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP)

El Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente impugnación
de la Sección 21. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

JUSTIFICACIÓN

Estos Presupuestos Generales del Estado están construidos sobre la base de un cuadro macroeconómico cuyas previsiones económicas y fiscales están
totalmente desfasadas y superadas por la realidad, tal y como han puesto de manifiesto tanto el Gobernador del Banco de España (BdE) como la Presidenta de la AIReF.

Si el crecimiento inercial estimado es del 4,1 % (BdE) o el 5,4 % (escenario
central de la AIReF) en vez del 7,2 % previsto por el Gobierno, y el efecto de los fondos europeos es menor que el 2,6 % estimado por el Gobierno (BdE estima la mitad, en el caso más optimista), la previsión de ingresos públicos se desmorona y será
difícil contar con los recursos necesarios para poder ejecutar las partidas de gasto consignadas en esta sección, salvo que el déficit sea mayor que el -7,7 % previsto para 2021 y disparemos aún más la deuda poniendo en riesgo la sostenibilidad
financiera de nuestras cuentas públicas.

El carácter estratégico del sistema alimentario español está fuera de toda duda: su aportación a la economía —cerca del 12 % % del PIB nacional— más de dos millones y medio de puestos de
trabajo generados, las exportaciones agroalimentarias, que suponen ya el 17,7 % del conjunto de la economía nacional, contribuyen a crear riqueza en todo el país y muy especialmente en el ámbito rural, ayudan a luchar contra la despoblación e
incluso a reforzar la imagen de España en los mercados internacionales como país atractivo por la calidad de sus productos, la seguridad de sus alimentos y el alto valor de nuestra gastronomía.

Sin embargo, el presupuesto para las políticas
en los sectores agroalimentario y pesquero sufren un agravio comparativo con otras políticas de gasto, en un doble sentido. Por una parte, en la aportación nacional, el presupuesto no crece. En segundo lugar, los recursos que se aportan desde el
Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, a pesar del importante papel que ha tenido el sector durante el confinamiento por el COVID-19 y de representar el 12 % del PIB español, solo constituyen el 1,6 % del total, 407 millones. Estamos seguros que
hay otra forma de repartir los Fondos UE en la que agricultores, ganaderos y representantes del sector alimentario no sean los grandes olvidados.

El gobierno pretende hacer caja a cuenta de este sector. Lo que este presupuesto
pretende exprimir, vía impuestos, es mayor que lo que le aporta. La industria alimentaria estará afectada por la subida del IVA para las bebidas azucaradas, que afectará a los agricultores productores de remolacha y a las industrias trasformadoras
de frutas, zumos, bebidas refrescantes, lácteas, etc.; también por el impuesto de los plásticos no reutilizables, sin olvidar los impuestos que pueden condicionar la actividad en zonas rurales, despobladas o no, como el impuesto a servicios
digitales, o dificultar la movilidad, como la reducción a la bonificación al diésel.

Después de conformarse con los recortes en la PAC y de los fondos europeos específicos para la agricultura (el 1 % y cofinanciados), el ministerio consiente
una vez más el menosprecio al sistema alimentario en este proyecto de presupuestos. Siendo ya escasos estos nuevos 407 millones de euros, son una aportación que no se traduce en ninguna ayuda nueva ni incrementa las ya existentes, sino que en
realidad sustituye a los fondos que debe poner el gobierno de la nación. La total falta de concreción de los proyectos que se van a financiar con esta aportación aumenta aún el desolador panorama. No se concretan las actuaciones de modernización
de regadío que serán beneficiadas por la financiación y se echa en falta presupuestación de nuevos regadíos. Tampoco se garantiza el abastecimiento de aguas en el medio rural y las posibilidades de crecimiento de la industria asociada. No se
concretan las medidas para compensar la perdida de financiación del sector ganadero de cebo, tras las modificaciones normativas que se pretende aplicar desde el mes de enero. No se concretan medidas de innovación, investigación y bio-economía que
vayan acompañadas de un impulso definitivo en materia de formación, para asegurar el relevo generacional y la incorporación de la mujer, en igualdad de oportunidades. Estos presupuestos no asumen la defensa comercial de nuestros productos frente a
terceros que no tienen los mismos estándares de calidad y de sostenibilidad. Es imprescindible, por último, un auténtico impulso de la digitalización de las explotaciones y plataformas logísticas digitales para la promoción del sistema de
alimentación y de la comercialización, y un mayor soporte a las medidas para la modernización de la maquinaria agrícola y ganadera, además del apoyo al sector para converger en las estrategias del Pacto Verde Europeo, impulsando la economía
circular.

Para el sector pesquero, cifras muy similares a las de los últimos presupuestos aprobados por el gobierno del Partido Popular, criticados por la oposición en aquellos momentos e inferiores a las de los PGE2019 que el Partido
Socialista no consiguió aprobar. No definen un rumbo claro de la política pesquera, más allá del propio año presupuestado. El incremento de los programas asociados al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, que suman 17,9 millones, están basados
en unos ingresos futuros e inciertos en cuantías y en el tiempo. Pero lo realmente necesario es dirigir correctamente los exiguos recursos para que respondan a las verdaderas necesidades del sector: TACs y cuotas beneficiosos para nuestras flotas,
que deberán basarse en una fiable información sobre las poblaciones, para lo que es necesario una investigación puntera sobre los recursos, en especial la llevada a cabo por el Instituto Español de Oceanografía (IEO); que se defienda, en el acuerdo
del Brexit, una verdadera integración en el acuerdo global comercial y contar con recursos para un posible no acuerdo que perjudique los intereses de nuestra flota; el dialogo con las Cofradías de Pescadores, Comunidades Autónomas y las
organizaciones pesqueras en la actualización de los Planes de Gestión, con una componente social importante; la promoción de los productos del mar, o que se revierta el impacto negativo en la cadena mar-industria de la propuesta contenida en el
art.18 de la Ley de Cambio Climático relacionado con la Ley de Costas.

Por todo lo anterior, el Grupo Parlamentario Popular presenta esta enmienda de devolución de la sección 21 del proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para el
año 2021.

PROPUESTA DE VETO NÚM. 37

Del Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP)

El Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la
siguiente impugnación de la Sección 22. Ministerio de Política Territorial y Función Pública.

JUSTIFICACIÓN

Estos Presupuestos Generales del Estado están construidos sobre la base de un cuadro macroeconómico cuyas previsiones
económicas y fiscales están totalmente desfasadas y superadas por la realidad, tal y como han puesto de manifiesto tanto el Gobernador del Banco de España (BdE) como la Presidenta de la AIReF.

Si el crecimiento inercial estimado es del 4,1 %
(BdE) o el 5,4 % (escenario central de la AIReF) en vez del 7,2 % previsto por el Gobierno, y el efecto de los fondos europeos es menor que el 2,6 % estimado por el Gobierno (BdE estima la mitad, en el caso más optimista), la previsión de ingresos
públicos se desmorona y será difícil contar con los recursos necesarios para poder ejecutar las partidas de gasto consignadas en esta sección, salvo que el déficit sea mayor que el -7,7 % previsto para 2021 y disparemos aún más la deuda poniendo en
riesgo la sostenibilidad financiera de nuestras cuentas públicas.

En este marco de absoluta falta de credibilidad de los ingresos del proyecto de PGE 2021, fijamos nuestra atención en la sección 22. Esta sección tiene encomendada la
propuesta y ejecución de la política del Gobierno en materia de relaciones y cooperación con las comunidades autónomas y las entidades que integran la Administración Local y las competencias relativas a la organización territorial del Estado;
también las relaciones con las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno y el apoyo a su gestión, así como la propuesta y ejecución de la política del Gobierno en materia de función pública, empleo público y formación de empleados públicos; de
gobernanza y organización de la Administración General del Estado; de procedimientos e inspección de servicios; de transparencia y gobierno abierto; así como del desarrollo y seguimiento de programas para la mejora de la gestión pública y la
calidad de los servicios.

El Gobierno está fracasando en la gestión encomendada al Ministerio de Política Territorial y Función Pública, con especial incidencia en su labor de coordinación y apoyo al conjunto de las administraciones públicas,
en la de garantizar la adecuada y suficiente presencia del Gobierno en todo el territorio nacional, en la de promover un nuevo sistema de financiación autonómica y local, en la de garantizar y promover la transparencia, en la de fomentar la
progresiva recuperación del empleo público en los sectores estratégicos mediante la aprobación de tasas de reposición positivas ambiciosas, en la de erradicación de la temporalidad en la función pública, entre otras.

Independientemente del
citado fracaso, el Ministerio se está convirtiendo progresivamente en un mero aparato burocrático poco eficiente y que no gestiona adecuadamente sus recursos. Es un hecho que se ve reflejado en el presupuesto de gasto de la sección.

El total
del presupuesto de gasto del Ministerio para el ejercicio 2021 en términos nominales y excluidos los organismos autónomos (OOAA) asciende a los 619,23 millones de euros e incluyendo a los OOAA a los 2.531,18 millones.

Sobre el presupuesto de
gasto de la sección incide de forma muy importante un nuevo programa, PROGRAMA 920A, MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA que tiene carácter extraordinario. Mediante el mismo se procede a la incorporación de fondos europeos por importe de 239,87
millones que no figuraban en los presupuestos de años anteriores.

En realidad si excluimos el programa del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia el presupuesto total del Ministerio sería de 381,76 millones sin OOAA.

Los gastos
necesarios para mantener la gestión burocrática del ministerio se centran en personal y gasto corriente que suman 313,98 millones de euros, que suponen un 82,24 % del presupuesto de la sección sin OOAA y sin los fondos europeos extraordinarios.

El gasto en personal asciende sin tener en cuenta a los OOAA a 278,55 millones de euros y los gastos corrientes sin los OOAA a 52,6 millones.

Este Gobierno es el Gobierno del despilfarro en altos cargos y en personal eventual también en la
sección 22, es el Gobierno más grande y desfasado de nuestra democracia.

El gasto del Ministerio de Política Territorial y Función Pública relativo a altos cargos asciende a los 2,38 millones de euros y en personal eventual a 6,65
millones.

No nos extraña la cifra teniendo en cuenta que este Gobierno ha creado la Administración Pública más mastodóntica de la democracia, 22 ministros, de los cuales 4 son vicepresidentes; 30 Secretarios de Estado; 50 Subsecretarios o
cargos con rango equivalente; 54 Directores de Gabinete; 136 Directores Generales; 25 Secretarios Generales Técnicos; y más de 250 Asesores.

El número de personal eventual es también el más alto de la democracia, actualmente tienen
designados a 777 eventuales.

El Ministerio parece haber renunciado a la reforma del sistema de financiación autonómica, tanto al Gobierno como a sus socios les interesa más el método actual con el que se cambia financiación por votos,
convirtiendo el sistema de financiación en una suerte de comodín que el gobierno utiliza en momentos de dificultad parlamentaria, ahondando así en la arbitrariedad y en la desigualdad propias de un sistema que ya aprobó un Gobierno socialista en
minoría, sin el debido consenso y con la misma finalidad de favorecer a los socios parlamentarios y a los gobiernos autonómicos del PSOE.

Respecto al PROGRAMA 942A COOPERACIÓN ECONÓMICA LOCAL DEL ESTADO se afirma por parte de los autores del
presupuesto que la política territorial del Gobierno tiene entre sus objetivos principales el reconocimiento y valorización de la política local y del papel de las Entidades locales en la prestación de los servicios públicos de cercanía, y como
Administración más adecuada para atender las primeras necesidades de los ciudadanos. Afirmación vacía de contenido y que no se aprecia en la práctica dado los escasos fondos destinados a dicho fin.

En la presentación del fallido presupuesto
de 2019 el Secretario de Estado de Política Territorial del Gobierno Sánchez presumió del refuerzo de las políticas locales con un incremento que situaba a los gastos en esta política en los 77 millones de euros, sin embargo para el PGE 2021 el
programa asciende tan sólo a 35,39 millones. Es evidente que el Gobierno de coalición no tiene respeto por la autonomía local y considera a las entidades que la ejercen como de segunda clase.

El Gobierno las abandonó durante la pandemia, para luego intentar quedarse con sus ahorros en una maniobra confiscatoria sin precedentes. Tan burda fue la operación que llevó al fracaso a la misma por el rechazo de la mayoría de los
Alcaldes de España y de una amplia mayoría parlamentaria.

Ahora nuevamente castigan a las Entidades Locales en este presupuesto al no existir un sistema de financiación actualizado que evite la disminución en la participación de los ingresos
del Estado ante la nueva crisis económica por el Covid-19 y al no tener presentes las reclamaciones unánimes del municipalismo formuladas por la FEMP.

Un ejemplo que acredita la falta de una verdadera política de apoyo a las Entidades Locales
es la falta de financiación suficiente en este programa del presupuesto de la sección 22, al margen de la asignación de una pequeña cantidad procedente de los fondos europeos.

PROGRAMA 921X EVALUACIÓN DE LA TRANSPARENCIA DE LA ACTIVIDAD
PÚBLICA, de acuerdo con el Art. 34 de la Ley de Transparencia, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno tiene encomendadas por Ley las funciones de:

— Promover la transparencia de la actividad pública.

— Velar por el cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa.

— Salvaguardar el ejercicio de derecho de acceso a la información pública.

— Garantizar la observancia de las disposiciones
de Buen Gobierno.

El programa de evaluación de la transparencia desciende de 2.8 millones en el 2019 a tener tan sólo 2,38.

No deja de ser significativo que coincida en el tiempo este recorte de la financiación del Consejo de
Transparencia y Buen Gobierno con la suspensión del normal funcionamiento del Portal de Transparencia durante el Estado de Alarma, así como con la ocultación de información al Congreso de los contratos efectuados durante la vigencia del mismo. No
parece que nos encontremos con casos aislados, sino más bien en un proceso gubernamental para desmontar el sistema de transparencia, acceso a la información y buen gobierno implantado mediante la Ley 19/2013 y no es de extrañar dado que el PSOE y el
conjunto de la izquierda votó en contra de la misma.

EL PROGRAMA 20A, MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA mediante el que se incorporan los fondos europeos es la manera de cuadrar los presupuestos también en la sección 22.

El
programa asciende a 239,87 millones de euros y supone el 38,75 % del presupuesto de la sección sin tener presente el de los OOAA.

Destina a:

Gastos corrientes 11,66 millones.

Inversiones reales 0,204.

Transferencias de
capital 228 millones.

Sin estos fondos el cumplimiento de los objetivos propios del Ministerio de Política Territorial y Función Pública estarían sin cobertura presupuestaria y el fracaso del Gobierno en estas políticas sería más
evidente.

Está manera de cuadrar un presupuesto es grave en sí misma sin entrar a valorar que el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia está asociado a unos proyectos que aún no se han presentado; que no sabemos si cumplirán las condiciones
definidas en unos reglamentos que todavía no se han elaborado; que una vez que se presenten no sabemos si serán aprobados por Bruselas; y que si se aprobaran por Bruselas no sabemos si realmente el Gobierno será capaz de ejecutarlos en 2021.

Analizando otros incumplimientos del Ministerio comprobamos que no está velando por el compromiso de reponer las vacantes de las plantillas de empleados públicos existentes en las administraciones consecuencia de los ajustes iniciados en el 2010.
Ajustes necesarios para paliar el enorme déficit público existente originado por la crisis de 2008 y la pésima gestión del Gobierno del socialista Zapatero.

• En este sentido la tasa de reposición general se mantiene en el 100 %,
la de servicios especiales como sanidad en el 110 % y para las fuerzas de seguridad en el 115 %. Se debe tener presente que en 2010 Zapatero implantó la tasa de reposición del 10 % y redujo el sueldo de los empleados públicos en un 5 % de
media.

• Las plazas de funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional siguen sin ser cubiertas creando graves problemas a las entidades locales.

• No existen partidas
presupuestarias para dar cumplimiento al II Acuerdo para la mejora del empleo público firmado por el Gobierno del Partido Popular en 2018 con las centrales sindicales de función pública para la consolidación del empleo público. Entre los objetivos
estaba reducir la temporalidad al 8 % en tres anualidades.

• El Ministerio está consintiendo que aumente la preocupación de los funcionarios por el futuro del sistema de Clases Pasivas y del mutualismo que son atacados desde
dentro del propio Gobierno por los ministros de Podemos.

Por todo lo anterior, el Grupo Parlamentario Popular presenta esta enmienda de devolución de la sección 22 del proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2021.

PROPUESTA DE VETO NÚM. 38

Del Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP)

El Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente impugnación
de la Sección 24. Ministerio de Cultura y Deporte.

JUSTIFICACIÓN

Estos Presupuestos Generales del Estado están construidos sobre la base de un cuadro macroeconómico cuyas previsiones económicas y fiscales están totalmente desfasadas y
superadas por la realidad, tal y como han puesto de manifiesto tanto el Gobernador del Banco de España (BdE) como la Presidenta de la AIReF.

Si el crecimiento inercial estimado es del 4,1 % (BdE) o el 5,4 % (escenario central de la AIReF) en
vez del 7,2 % previsto por el Gobierno, y el efecto de los fondos europeos es menor que el 2,6 % estimado por el Gobierno (BdE estima la mitad, en el caso más optimista), la previsión de ingresos públicos se desmorona y será difícil contar con los
recursos necesarios para poder ejecutar las partidas de gasto consignadas en esta sección, salvo que el déficit sea mayor que el -7,7 % previsto para 2021 y disparemos aún más la deuda poniendo en riesgo la sostenibilidad financiera de nuestras
cuentas públicas.

Desde el Grupo Parlamentario Popular creemos que la cultura es el mejor reflejo de cómo una comunidad se ve a sí misma y cómo se proyecta hacia los demás. La cultura y su industria, nuestro patrimonio histórico-artístico,
las grandes instituciones culturales y la creatividad de los autores españoles son marca de vanguardia y pluralidad, y un activo indispensable de la proyección exterior de nuestra nación. La situación de emergencia sanitaria y de cierre de la
economía a la que nos vimos abocados desde el mes de marzo pasado, e intermitentemente en estas últimas semanas, ha supuesto la ruina absoluta para el sector de la cultura: en primer lugar, para la cultura en vivo, que no ha podido presentar sus
creaciones al público salvo en un período muy corto y con importantes restricciones de aforo, lo que ha supuesto la desaparición total de sus ingresos; en segundo lugar, para el resto del sector, que ha visto cómo el gasto destinado habitualmente a
cultura se cortaba drásticamente al desaparecer el turismo, los viajes e incluso la posibilidad de salir de sus domicilios de buena parte de la población. De la misma manera todos los acontecimientos vinculados al comercio y promoción de la cultura
—ferias, exposiciones, inauguraciones, presentaciones— se han pospuesto o anulado, lo que ha provocado una congelación total de la actividad laboral y económica del sector.

Los presupuestos de esta sección, que suman el 0,3 %
del total, no dan respuesta a la amenaza de desaparición de una pujante industria que en los últimos años había conseguido representar el 3,2 % del PIB español y dar empleo a más de 700.000 personas. En momentos de enorme dificultad, el Gobierno
reduce su compromiso con la cultura, desde los 953 M€ del proyecto fallido de Presupuestos Generales del Estado para 2019, hasta los 947 M€ para 2021. Ni siquiera sumando los 200 M€ del mecanismo europeo de recuperación y
resiliencia, el Gobierno es capaz de minimizar el impacto desgarrador que la pésima gestión de la pandemia está teniendo para nuestros artistas y la industria cultural.

En cuanto a los presupuestos del ministerio destinados al deporte, las
cifras previstas para el Consejo Superior de Deportes, de 211 M€, no compensan la pérdida de 4.616 M€ en que se ha cifrado el impacto del COVID-19. Sí supone, en cambio, el 38,5 % de las pérdidas globales estimadas por la interrupción
de la actividad, según el Estudio del Impacto del COVID-19 sobre el Ecosistema del Deporte Español, que indica también que la pandemia va a suponer la destrucción, entre 2020 y 2021, de entre 31.000 y 42.000 puestos de trabajo.

Medidas como
el impulso al mecenazgo deportivo y las desgravaciones y reducción impositiva son las que el Grupo Parlamentario Popular considera imprescindibles para evitar la ruina del sector, que tendrá un impacto decisivo en la salud de la población española
en su conjunto, carente no solo del empleo destruido y de las empresas cerradas, sino de la posibilidad de recuperar el bienestar físico y psicológico que la práctica del deporte, individual y en grupo, aporta. La factura sanitaria debida a la
falta de actividad física y deporte crecerá en 500 millones de euros, suponiendo un gasto extra sustantivo en las arcas de la Sanidad española.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta esta IMPUGNACIÓN a la sección 24 del
proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para 2021.

PROPUESTA DE VETO NÚM. 39

Del Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP)

El Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP), al amparo de lo previsto en el
artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente impugnación de la Sección 26. Ministerio de Sanidad.

JUSTIFICACIÓN

El proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2021 está construido sobre la base de un
cuadro macroeconómico cuyas previsiones económicas y fiscales están totalmente desfasadas y superadas por la realidad, tal y como han puesto de manifiesto tanto el gobernador del Banco de España (BdE) como la presidenta de la Autoridad Independiente
de Responsabilidad Fiscal (Airef).

Si el crecimiento inercial estimado es del 4,1 % (BdE) o el 5,4 % (escenario central de la Airef) en lugar del 7,2 % previsto por el Gobierno, y el efecto de los fondos europeos es menor que el 2,6 %
estimado por el Gobierno (BdE estima la mitad en el caso más optimista), la previsión de ingresos públicos se desmorona y será difícil contar con los recursos necesarios para poder ejecutar las partidas de gasto recogidos en el proyecto de PGE,
salvo que el déficit sea mayor que el -7,7 % previsto para 2021 y disparemos aún más la deuda poniendo en riesgo la sostenibilidad financiera de nuestras cuentas públicas.

En este contexto, y teniendo también presente la reducción media
del 1,7 % aplicada a la financiación autonómica, la dotación propuesta para la Sección 26, correspondiente a Sanidad, no es la más adecuada para paliar los efectos negativos provocados por la pandemia de COVID-19 en el Sistema Nacional de Salud
(SNS), así como para fortalecer el modelo asistencial ante futuras crisis de salud pública, hacerlo sostenible desde el punto de vista económico y poner remedio a las carencias estructurales existentes en términos de financiación, de co-gobernanza
y, entre otros ejemplos representativos, de gestión, planificación y ordenación profesional.

Más allá de las disminuciones aplicadas en programas como el relativo a la salud pública, la sanidad exterior y la calidad (reducción del 3,67 %) o
el referido a la seguridad alimentaria y la nutrición (merma del 1,47 %), así como de la congelación en términos prácticos de partidas como la correspondiente al Plan Nacional sobre Drogas (1,45 %), las inversiones propuestas para Sanidad vienen
lastradas por las deficiencias en la gestión demostradas de forma reiterada desde el Gobierno frente a la COVID-19.

Ignorar durante más de un mes (entre los pasados enero y marzo) las advertencias realizadas desde la Organización Mundial de
la Salud, el Centro Europeo para la Prevención Control de Enfermedades e incluso Seguridad Nacional para tomar medidas frente a la pandemia; no precisar el número real de personas fallecidas; ser uno de los países del mundo con mayor número de
contagios (el mayor en términos de profesionales sanitarios infectados); adquirir equipamiento de protección deficiente a precios mayores que en el mercado; mentir sobre cuestiones como los comités de expertos que asesoran al Gobierno para tomar
decisiones; incurrir permanentemente en incoherencias sobre el uso de las mascarillas o la disponibilidad de las vacunas... son algunas de las razones por las que el actual equipo del Ministerio de Sanidad ha demostrado sobradamente su incapacidad
no sólo para afrontar con garantías la crisis generada por el SARS-CoV-2, sino también para gestionar los PGE del próximo año y aplicar las reformas de calado que el SNS requiere para hacer tangibles avances en atención primaria, digitalización,
renovación tecnológica, incorporación de innovaciones terapéuticas... desde el consenso con las Comunidades Autónomas y el diálogo y la coordinación permanentes con el conjunto de agentes que conforman el sector salud.

Resulta también
insuficiente —además de incoherente con las exigencias que el Partido Socialista Obrero Español planteaba cuando estaba en la oposición— que únicamente se propongan 30 millones de euros para hacer operativo el Fondo de Cohesión
Sanitaria, que se limite a 20 millones de euros la dotación propuesta para la adquisición y el almacenamiento de medicamentos críticos, y que se pretenda poner en pleno funcionamiento solamente con 5 millones el Centro Estatal de Salud Pública
consensuado en la Comisión de Reconstrucción Social y Económica del Congreso de los Diputados.

Tal y como afirmó la secretaria de Estado de Sanidad durante su intervención en la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados el pasado 5 de
noviembre de 2020 para defender el proyecto de PGE para el próximo año, «las decisiones que tomamos hoy, condicionan el futuro del Sistema Nacional de Salud».

Es por todo ello, y precisamente para evitar el futuro al que condenan las
decisiones que ha tomado, está tomando y amenaza con tomar el Ejecutivo en el ámbito de la Sanidad, por lo que se solicita la devolución al Gobierno de la Sección 26.

PROPUESTA DE VETO NÚM. 40

Del Grupo Parlamentario Popular en el
Senado (GPP)

El Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente impugnación de la Sección 27. Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación
Digital.

JUSTIFICACIÓN

Estos Presupuestos Generales del Estado están construidos sobre la base de un cuadro macroeconómico cuyas previsiones económicas y fiscales están totalmente desfasadas y superadas por la realidad, tal y como han
puesto de manifiesto tanto el Gobernador del Banco de España (BdE) como la Presidenta de la AIReF.

Si el crecimiento inercial estimado es del 4,1 % (BdE) o el 5,4 % (escenario central de la AIReF) en vez del 7,2 % previsto por el Gobierno, y
el efecto de los fondos europeos es menor que el 2,6 % estimado por el Gobierno (BdE estima la mitad, en el caso más optimista), la previsión de ingresos públicos se desmorona y será difícil contar con los recursos necesarios para poder ejecutar las
partidas de gasto consignadas en esta sección, salvo que el déficit sea mayor que el -7,7 % previsto para 2021 y disparemos aún más la deuda poniendo en riesgo la sostenibilidad financiera de nuestras cuentas públicas.

Por otra parte, de
los 5.122 M€ de los que dispone el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, 3.653 M€ (el 71,3 %) están asociados al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR).

Esto significa que 7 de cada 10 euros de este
ministerio están asociados a unos proyectos que aún no se han presentado; que no sabemos si cumplirán las condiciones definidas en unos reglamentos que todavía no se han elaborado; que una vez que se presenten no sabemos si serán aprobados por
Bruselas; y que si se aprobaran por Bruselas no sabemos si realmente van a ser capaces de ejecutarlos en 2021 quienes ni siquiera han conseguido que funcione la App RadarCovid. Es decir, tres cuartas partes del presupuesto de Asuntos Económicos se
sustenta en el vacío más profundo.

De lo que sí conocemos con seguridad, los programas no afectados por el MRR, sufren un recorte de 185 millones de euros respecto a lo presupuestado en los fallidos Presupuestos Generales del Estado
de 2019, 1.469 M€ en 2021 frente a 1.654 M€ en 2019; y creemos que el uso de estos recursos recortados no es eficiente. Por ejemplo, no creemos que sea el momento de duplicar el gasto corriente que sube de 18,8 M€ a 37,5
M€, ni de incrementar un 23 % los gastos de personal que suben de 68,6 M€ en 2019 a 84,7 M€ en 2021. También tenemos serias dudas de que el incremento de inversiones reales que se presupuestan con la rúbrica «inversión nueva al
funcionamiento operativo de los servicios» sea realmente inversión y no gasto de puesta en funcionamiento.

Mientras que el Programa 923Q que gestiona los gastos asociados al funcionamiento del propio ministerio sube un 19 %, programas como
el 467I «innovación tecnológica de las telecomunicaciones» o el 491M «ordenación y promoción de las telecomunicaciones y de la sociedad de la información» sufren fuertes recortes, del 29,8 % el primero y del 55,5 % el segundo.

Confiamos poco
en que el incremento del 27,6 % del programa 931M «previsión y política económica» que pasa de 121,8 M€ a 155,4 M€ sea suficiente para evitar bochornos como el del pasado 4 de marzo cuando la Vicepresidenta y Ministra de Asuntos
Económicos y Transformación Digital afirmó que «el impacto económico del coronavirus sería transitorio y poco significativo», solo días antes de que se produjera la mayor caída del PIB desde la guerra civil. Y no se trata de una cuestión de
recursos, ni económicos ni humanos, sino del sesgo ideológico que este Gobierno introduce en todo lo que toca.

La incapacidad de gestión de los responsables de este ministerio es manifiesta en todos los ámbitos, pero especialmente en el de la
transformación digital. En estos presupuestos es imposible conocer la cifra real de la financiación de la transformación digital: hay partidas que se repiten, multitud de errores técnicos, falta concordancia entre las cifras y, en definitiva,
falta de rigor presupuestario.

Sólo a modo de ejemplo de la incapacidad de este gobierno, se creó ad-hoc una Secretaría de Estado para desarrollar una Estrategia Nacional de IA y un año después no se ha hecho nada; ¿va a ser capaz de
invertir eficientemente los 86 M€ presupuestados?

Por todo lo anterior, el Grupo Parlamentario Popular presenta esta enmienda de devolución de la sección 27 del proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para el
año 2021.

PROPUESTA DE VETO NÚM. 41

Del Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP)

RETIRADA

PROPUESTA DE VETO NÚM. 42

Del Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP)

El Grupo Parlamentario Popular en
el Senado (GPP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente impugnación de la Sección 29. Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030.

JUSTIFICACIÓN

Estos Presupuestos Generales del
Estado están construidos sobre la base de un cuadro macroeconómico cuyas previsiones económicas y fiscales están totalmente desfasadas y superadas por la realidad, tal y como han puesto de manifiesto tanto el Gobernador del Banco de España (BdE)
como la presidenta de la AIReF.

Si el crecimiento inercial estimado es del 4,1 % (BdE) o el 5,4 % (escenario central de la AIReF) en vez del 7,2 % previsto por el Gobierno, y el efecto de los fondos europeos es menor que el 2,6 % estimado por
el Gobierno (BdE estima la mitad, en el caso más optimista), la previsión de ingresos públicos se desmorona y será difícil contar con los recursos necesarios para poder ejecutar las partidas de gasto consignadas en esta sección, salvo que el déficit
sea mayor que el -7,7 % previsto para 2021 y disparemos aún más la deuda poniendo en riesgo la sostenibilidad financiera de nuestras cuentas públicas.

Ser los peores de Europa en gestionar una crisis sanitaria mundial a la que llegamos tarde
y mal, ignorando las alertas sanitarias internacionales, por priorizar la agenda política e ideológica del Gobierno, está teniendo consecuencias económicas y sociales devastadores. La pandemia no se ha comportado igual con las economías de todos
los países, siendo más letal con aquellos que peor han gestionado la respuesta a la pandemia. Por ello todos los indicadores económicos castigan con especial dureza la economía española en comparación con otros países de nuestro entorno. Ello,
sumado a la respuesta para hacer frente a la crisis económica, contraria a lo que hacen el resto de países europeos, va a provocar una crisis social también mucho más pronunciada en nuestro país.

El Presupuesto del Ministerio de Derechos
Sociales y Agenda 2030 ha crecido considerablemente, sin embargo, estos Presupuestos llegan tarde, sin consenso con el sector y sin las soluciones que requieren nuestros mayores. Resulta una falacia considerar que con las cantidades consignadas se
va a conseguir acercar el actual modelo de Residencias a uno similar al de los países nórdicos como ha anunciado el Gobierno en su presentación.

Además de otros objetivos como la transformación de la dependencia, la atención domiciliaria o la
reducción drástica de las listas de espera, actualmente hay 390.000 dependientes en estas. Se necesita muchísima inversión más, pero no sólo eso, un cambio conceptual, de filosofía que el Gobierno no parece estar dispuesto a abordar.

Se
precisa un debate con todos los actores políticos y especialmente con el sector especializado en la atención a las personas mayores, en el marco de una Subcomisión específica que ya ha propuesto el Partido Popular en el Congreso.

Y es que la
mejor medida de lucha contra la pobreza infantil, de protección de las familias es la creación de empleo y la bajada de impuestos. Sin embargo, observamos como las tasas de desempleo no dejar de subir, por ejemplo, llega al 40,45 % en menores de 25
años, y como se va a gravar a las clases medias y bajas, el peor momento en décadas para llevarlo a efecto.

Por ello, y ante las preocupantes tasas de pobreza infantil actuales, y su pronóstico a empeorar, proponemos una enmienda para
destinar 71 millones correspondientes al aumento de Altos cargos y eventuales al Programa de Protección a la Familia y atención a la pobreza infantil.

Ni se puede adjetivar como social, ni más millones de euros pueden tapar la incompetencia
de la gestión del Gobierno: Las 100.000 empresas que han cerrado, los 4.000.000 de parados, 1.200.000 hogares tienen todos sus miembros en paro, los 750.000 trabajadores en ERTE, el «escudo social» que publicó el Gobierno con el IMV no ha sido
tal, 700.000 hogares lo están esperando, 1.800.000 acuden al Banco de Alimentos, y todo esto no se ha recogido con programas eficaces y eficientes en los Presupuestos Generales para 2020. Hemos sido los peores de Europa en gestionar la crisis
sanitaria, llegando tarde y mal e ignorando las alertas internacionales al respecto para priorizar la agenda política, en consecuencia somos los más castigados a todos los niveles por la crisis económica, lo que unido a la falta de respuestas
eficaces para hacerle frente, a diferencia de los países de nuestro entorno, va a provocar la peor crisis social de todos los países europeos.

El mundo ha cambiado y España también. La crisis de la COVID-19 ha acelerado estos cambios y
nuestro sistema de protección social se ha mostrado vulnerable, ineficiente e insuficiente en algunos aspectos como consecuencia de la falta de acciones, medidas, o decisiones tardías de este Gobierno que ahora pretenden arreglarlo con unos
presupuestos claramente expansivos, pero nuevamente, sin diagnosticar ni verificar si con ello se va a mejorar la vida de los españoles. Se presupuesta en el Capítulo VII 564.500.000 euros que van directamente a las Comunidades Autónomas para
cuidados de larga duración, remodelación y adaptación de las estructuras residenciales, ¿Este es el modelo del Gobierno para el futuro de nuestros mayores?

Se reduce drásticamente el presupuesto para las entidades que integran la Plataforma
del Tercer Sector, a lo que se une la bajada de lo que reciben de la gestión del 0,7 % del IRPF y del 0,7 % del Impuesto de Sociedades para financiar entidades y proyectos de interés social por los cambios propuestos por el Gobierno, en un momento
en el que están efectuando una importante labor en paliar las consecuencias sociales que está generando la crisis del COVID-19, muchas veces porque las Administraciones Públicas competentes no llegan, o por la ineficacia e ineficiencia en la toma de
medidas de alguna de ellas. Cabe destacar que el 0,7 del Impuesto de Sociedades para entidades y proyectos de interés social lo impulsó el Gobierno del Partido Popular, aunque ahora, ante la falta de Planes de choque o fondos específicos para ello,
el Gobierno lo venda como propio.

Además, el Real Decreto-ley 33/2020, de 3 de noviembre, por el que se adoptan medidas urgentes de apoyo a entidades del Tercer Sector de Acción Social de ámbito estatal, adolece de cualquier criterio de
transparencia o diálogo social con las entidades para su reparto nominativo, lo que ha indignado a todo el Tercer Sector, al no conocer los criterios de reparto y quedarse muchas entidades fuera de esta ayuda.

Por otro lado, estos Presupuesto
no contienen una partida específica para el Plan Nacional de Alzheimer, deberían haber reforzado el Fondo de ayuda europea a los más necesitados y nada se expone sobre como abordar la soledad crónica. Tampoco vemos ninguna medida, o Plan de ayuda
para paliar y reducir lo que ya se conocen como las «colas del hambre» a las que cada día acuden más personas, con perfiles totalmente nuevos, por lo que podemos indicar que existe una «nueva pobreza» a la que el Gobierno no atiende y que ha
desbordado todas las previsiones de los Bancos de Alimentos y otras entidades sociales que hacen frente a las demandas de ayuda de primera necesidad.

No se conoce, ni en las Comparecencias se ha aclarado el Plan de choque de las residencias,
en las que tristemente ya han fallecido 20.268 como consecuencia de la COVID-19 en la primera ola, y el Ministerio ha estado desaparecido.

Por otro lado, no se debe eliminar la prestación por hijo a cargo sin discapacidad dado que a muchas
familias que se encuentran en situación de pobreza moderada por sus ingresos anuales, no pueden percibir el IMV al no cumplir todos los requisitos pero tampoco la prestación porque va a desaparecer y resulta transcendental para su economía familiar
en estos momentos. El Partido Popular defenderá su mantenimiento y la posibilidad de que las familias puedan optar por el IMV o por la citada prestación.

En general, aumenta las partidas destinadas a gastos corrientes, y las partidas
destinadas a Estudios y trabajos técnicos, destacando los 1.073.000 € de la Dirección General de los Derechos de los Animales.

En cuanto al programa 921Y relativo a la Secretaría de Estado para la Agenda 2030, es muy llamativa la
altísima proporción de sus recursos dedicada a «Publicidad y Propaganda.»

El presupuesto de esta Secretaría de Estado es, en efecto, de 22,8 millones de euros. De ellos, 4,7 millones de euros (es decir, más de un 20 %) están dedicados a
publicidad y propaganda. También parecen desproporcionados los 1,2 millones de euros dedicados a Estudios y trabajos técnicos, más de un 5 % del total del presupuesto de toda la Secretaría de Estado.

Además, la mayor parte del resto de los
fondos del programa 921Y está dedicada a líneas de subvenciones que poco o nada tienen que ver con el supuesto «escudo social» puesto en marcha por el Gobierno para atender a los más necesitados durante la gravísima crisis económica en la que está
sumida España. Destacan, en este caso, los cinco millones de euros dedicados al apoyo para la producción artística y alineación Agenda 2030.

En suma, la existencia misma de la Secretaría de Estado no parece justificarse por su contribución a
la protección de los derechos sociales de los españoles y, visto el destino de sus fondos, parece estar mucho más ligada a la agenda política del Vicepresidente Segundo y su partido político dentro del Gobierno de coalición del que forman parte.

Por otra parte, el 23,90 % de los 3.835.590.450 euros de los que dispone el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 están asociados al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR).

Esto significa que, 1 de cada 4 euros del
Ministerio, 916.850.000 euros, están asociados a unos proyectos que aún no se han presentado; que no sabemos si cumplirán las condiciones definidas en unos reglamentos que todavía no se han elaborado; que una vez que se presenten no sabemos si
serán aprobados por Bruselas; y que si se aprobarán por Bruselas no sabemos si realmente van a ser capaces de ejecutarlos en 2021.

Un presupuesto ficticio, sin revisión del gasto público, todo lo contrario, creación de más estructura, más
propaganda, y autobombo.

Por todo lo anterior, el Grupo Parlamentario Popular presenta esta enmienda de devolución de la sección 29 del proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2021.

PROPUESTA DE VETO
NÚM. 43

Del Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP)

El Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente impugnación de la Sección 30.
Ministerio de Igualdad.

JUSTIFICACIÓN

Estos Presupuestos Generales del Estado están construidos sobre la base de un cuadro macroeconómico cuyas previsiones económicas y fiscales están totalmente desfasadas y superadas por la realidad,
tal y como han puesto de manifiesto tanto el Gobernador del Banco de España (BdE) como la presidenta de la AIReF.

Si el crecimiento inercial estimado es del 4,1 % (BdE) o el 5,4 % (escenario central de la AIReF) en vez del 7,2 % previsto por
el Gobierno, y el efecto de los fondos europeos es menor que el 2,6 % estimado por el Gobierno (BdE estima la mitad, en el caso más optimista), la previsión de ingresos públicos se desmorona y será difícil contar con los recursos necesarios para
poder ejecutar las partidas de gasto consignadas en esta sección, salvo que el déficit sea mayor que el -7,7 % previsto para 2021 y disparemos aún más la deuda poniendo en riesgo la sostenibilidad financiera de nuestras cuentas públicas.

El
Presupuesto del Ministerio de Igualdad ha crecido considerablemente respecto del prorrogado del año 2020, pero debemos preguntarnos para qué y para quien, por un lado, con el objetivo de abonar los salarios de la superestructura de 8 Altos Cargos
y 13 eventuales, y por otro lado, mantener Direcciones Generales como la Igualdad de Trato y Diversidad en las que la mitad del presupuesto está destinado a gastos de personal y la otra, un millón de euros, para estudios, es decir, ninguna medida o
iniciativa concreta. No se trata de cuanto se gasta sino de cómo se gasta. Y, sobre todo, si va a llegar a las mujeres reales, que están a pie de calle. Más altos cargos, no es más igualdad.

La crisis de la COVID-19 no es neutral en
términos de género. Afecta más a las mujeres y, en particular, a las que trabajan en los sectores económicamente más vulnerables, por lo que el desempleo se ceba con ellas y es ahí donde deben dirigirse las políticas públicas de los próximos
Presupuestos Generales del Estado.

Además, no es un presupuesto creíble dada la situación actual de desigualdad que tienen las mujeres y que se ha incrementado como consecuencia de la crisis sanitaria, económica y social de la COVID-19: Más del 29 % de las mujeres
trabajan en sectores que han estado bajo cuarentena, frente al 21 % de los hombres, siendo además los sectores con mayor destrucción de empleo (hostelería y comercio), sectores con mayor presencia femenina. Todo ello se ha traducido en Más
desempleo femenino, la brecha salarial se ha incrementado, la ineficaz gestión del IMV ha supuesto que muchas mujeres no lo hayan podido cobrar todavía, retraso en el pago de la prestación a las empleadas del hogar, del reconocimiento de las
pensiones de viudedad, etc.

Las mujeres necesitan acciones eficaces para conseguir la igualdad real en todos los ámbitos, no estamos para gastar presupuesto público en Informes de dudosa utilidad y rigurosidad sobre si el color rosa oprime o
no a las mujeres, y si en medidas positivas como rebajar el IVA de los productos higiénicos femeninos o de las mascarillas, como propone el Partido Popular en estos Presupuestos.

En general, se incrementan las partidas destinadas a gasto
corriente, a campañas y publicidad, y a estudios y trabajos técnicos pero, en este momento, se debiera haber destinado a otras necesidades más acuciantes.

Por otro lado se incrementan las partidas destinadas a implementar las medidas del
Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Eso que significa: ¿que a partir de ahora, el Ministerio de Igualdad va a dar el protagonismo que se merece al Pacto de Estado y por tanto, lo va a impulsar de forma definitiva o va a seguir cubriendo
el expediente con este aumento de dotación presupuestaria pero de facto lo va a dejar aparcado en pro de la Estrategia Nacional para la erradicación de las violencias machistas 2021-2025?. En cualquier caso, el incremento es insuficiente puesto que
solamente es un 11,44 % más respecto del Presupuesto Prorrogado 2020, teniendo en cuenta especialmente, los indicadores que muestran un repunte de la Violencia de Género después del estado de alarma y del confinamiento más duro de Europa.

Por
otro lado, la novedosa partida de 190 millones de euros destinados al desarrollo del «Plan Corresponsables» que se señala como programa piloto, en las distintas Comparecencias de los responsables del Ministerio no aclararon como se iba a poner en
funcionamiento, entre otras cuestiones que se plantearon.

Nos parece positivo el incremento de las partidas destinadas a la atención a víctimas de trata con fines de explotación sexual, pero lo que verdaderamente se necesita, es una Ley
integral específica en esta materia.

Por otra parte, el 10,76 % de los 451.424.430 euros de los que dispone el Ministerio de Igualdad están asociados al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR).

Esto significa que 48.589.900 euros
de este ministerio están asociados a unos proyectos que aún no se han presentado; que no sabemos si cumplirán las condiciones definidas en unos reglamentos que todavía no se han elaborado; que una vez que se presenten no sabemos si serán aprobados
por Bruselas; y que si se aprobaran por Bruselas no sabemos si realmente van a ser capaces de ejecutarlos en 2021.

Un presupuesto ficticio, sin revisión del gasto público, todo lo contrario, creación de más estructura, más propaganda,
autobombo y autocontrataciones.

Por todo lo anterior, el Grupo Parlamentario Popular presenta esta enmienda de devolución de la sección 30 del proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2021.

PROPUESTA DE VETO
NÚM. 44

Del Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP)

El Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente impugnación de la Sección 31.
Ministerio de Consumo.

JUSTIFICACIÓN

Estos Presupuestos Generales del Estado están construidos sobre la base de un cuadro macroeconómico cuyas previsiones económicas y fiscales están totalmente desfasadas y superadas por la realidad,
tal y como han puesto de manifiesto tanto el Gobernador del Banco de España (BdE) como la Presidenta de la AIReF.

Si el crecimiento inercial estimado es del 4,1 % (BdE) o el 5,4 % (escenario central de la AlReF) en vez del 7,2 % previsto por
el Gobierno, y el efecto de los fondos europeos es menor que el 2,6 % estimado por el Gobierno (BdE estima la mitad, en el caso más optimista), la previsión de ingresos públicos se desmorona y será difícil contar con los recursos necesarios para
poder ejecutar las partidas de gasto consignadas en esta sección, salvo que el déficit sea mayor que el -7,7 % previsto para 2021 y disparemos aún más la deuda poniendo en riesgo la sostenibilidad financiera de nuestras cuentas públicas.

El
ministerio de Consumo tiene, de lejos, el menor presupuesto de todos los ministerios: 46,65 millones de euros. De ellos, 25,55 millones de euros se dedican a Gastos de Personal y 11,93 millones a Capítulo 2 (Gastos Corrientes en Bienes y
Servicios).

Como es bien sabido, el ministerio de Consumo es de nueva creación. Se compone, fundamentalmente, de la DG de Consumo, la DG de Ordenación del Juego y la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN).

La
motivación principal para crear el ministerio no fue atender mejor a las necesidades de los consumidores españoles; fue, más bien, otorgar un puesto en el Consejo de Ministros al titular del ministerio, D. Alberto Garzón.

Es decir, primero
se decidió hacer ministro al Sr. Garzón y luego se consideró darle competencias. Así se explica, por ejemplo, que se atribuyese al ministerio de Consumo la AESAN la cual, por competencias, debería claramente depender del ministerio de Sanidad.
Las reiteradas peticiones del sector y de distintos grupos políticos (incluyendo el PP) por devolver la AESAN al ministerio de Sanidad han caído en oídos sordos.

Además, en un contexto de claro aumento de los recursos presupuestarios en los
PGE 2021, los recursos dedicados a la AESAN bajan un 1,43 %.

Más aún, también caen los recursos dedicados a la razón de ser del ministerio: la protección y promoción de los derechos de los consumidores y usuarios. Estos recursos caen
un 0,36 %.

Los únicos gastos que crecen con claridad son los dedicados a la existencia misma del ministerio que se concentran en el programa 498M Dirección y Servicios Generales de Consumo. El presupuesto de este programa es de 10,2 millones
de euros.

Es decir, el coste inherente a la existencia de un ministerio de Consumo es de más de 10 millones de euros y, sin embargo, la creación del ministerio no implica la canalización de ningún recurso añadido a la protección y promoción
de los consumidores.

Esta situación es un absoluto sinsentido y un despilfarro, más aún en un contexto de grave crisis económica. España ostenta el triste récord de tener el Gobierno más sobredimensionado de Europa con 22 ministerios. El
ministerio de Consumo es el mejor ejemplo de un ministerio absolutamente prescindible y debiera, en consecuencia, ser cerrado inmediatamente.

Por todo lo anterior, el Grupo Parlamentario Popular presenta esta enmienda de devolución de la
sección 31 del proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2021.

PROPUESTA DE VETO NÚM. 45

Del Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP)

El Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP), al amparo de
lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente impugnación de la Sección 32. Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

JUSTIFICACIÓN

Estos PGE están construidos sobre la base de un cuadro
macroeconómico cuyas previsiones económicas y fiscales están totalmente desfasadas y superadas por la realidad, tal y como han puesto de manifiesto tanto el Gobernador del Banco de España (BdE) como la Presidenta de la AIReF.

Si el
crecimiento inercial estimado es del 4,1 % (BdE) o el 5,4 % (escenario central de la AIReF) en vez del 7,2 % previsto por el Gobierno, y el efecto de los fondos europeos es menor que el 2,6 % estimado por el Gobierno (BdE estima la mitad, en el caso
más optimista), la previsión de ingresos públicos se desmorona y será difícil contar con los recursos necesarios para poder ejecutar las partidas de gasto consignadas en esta sección, salvo que el déficit sea mayor que el -7,7 % previsto para 2021 y
disparemos aún más la deuda poniendo en riesgo la sostenibilidad financiera de nuestras cuentas públicas.

Los presupuestos previstos para esta sección, se diferencian con respecto a los de años anteriores en la segregación del Ministerio, lo
que anteriormente correspondía a la Sección 19, ahora se divide entre la Sección 19 y la Sección 32, con la única finalidad de tener más sillones que repartir entre el Gobierno social-comunista, más que pensando en el interés general.

Las
políticas sociales del Gobierno son un «escudo social» de cartón piedra. Su medida estrella —el Ingreso Mínimo Vital— ha sido un auténtico fiasco, y desde su origen nació estrellada. Los datos son alarmantes, de un millón de
solicitudes recibidas en cuatro meses, sólo se ha reconocido a 136.000 hogares, es decir 1,3 de cada diez, esa es la manera que tiene el Gobierno de no dejar a nadie atrás.

Las cifras no cuadran. El pasado mes de mayo, se publicó que el
objetivo era que el IMV llegase a 850.000 hogares y para ello se destinaban 3.000 M€. Lo llamativo es, que en estos presupuestos se vuelve a consignar la misma cantidad, sin tener en cuenta el cambio de circunstancias: se han relajado los
requisitos y aumentado el número de beneficiarios, esta segunda ola de la COVID-19 que estamos sufriendo conllevará más paro, y, además, se prevé una actualización del IMV del 1,8 %, sin embargo, todo esto no se refleja en el presupuesto
para 2021.

Los presupuestos no contemplan la situación de pobreza moderada. Han reducido la partida correspondiente a protección familiar en 183 M€ con respecto al presupuesto de 2018. La eliminación de la prestación por hijo a cargo
sin discapacidad, ha dejado desasistidas a muchas familias que se encuentran en situación de pobreza moderada por sus ingresos anuales, pero que no pueden percibir el IMV por no cumplir los requisitos. Desde el Partido Popular vamos a solicitar que
no se elimine esta prestación y que sean las familias las que, en su caso, puedan optar por el IMV o por la prestación por hijo a cargo.

En política migratoria, el Gobierno define su responsabilidad en materia de extranjería como la necesidad
de luchar contra los flujos migratorios irregulares y de conseguir que la inmigración se desarrolle por cauces legales. Los PGE 2021, sin embargo, renuncian implícitamente a ello.

Los PGE 2021 no designan recursos específicos que aseguren
una inmigración regular y ordenada que impida, por ejemplo, las gravísimas situaciones que se están produciendo ahora mismo en Canarias y en otras zonas de España. Todos los recursos van destinados a atender a quienes han llegado de manera
irregular y no a prevenir su llegada.

Además, dentro de los 338M€ destinados a las ONGs que atienden a inmigrantes irregulares, más de la mitad —165 M€— se darán a dedo. Se acaba, así, con el modelo de libre
concurrencia para repartir fondos a ONGs y se dan tres macro subvenciones nominativas a Cruz Roja, CEAR y ACCEM. Es particularmente preocupante la adjudicación a dedo de 45 millones de euros a CEAR dados los acreditados lazos de dicha ONG con
Izquierda Unida y Podemos. La secretaria de Estado de Migraciones, por su lado, fue incapaz de explicar durante su comparecencia sobre los PGE 2021 los criterios usados para elegir a las ONGs beneficiarias de estos fondos nominativos y de
justificar su altísima cuantía.

Estos altísimos recursos destinados a las ONGs contrastan con el nulo apoyo ofrecido a las CC. AA. y Ayuntamientos para atender a los inmigrantes irregulares. Las constantes peticiones de ayuda de las CC.
AA. y Ayuntamientos afectados por la llegada masiva de inmigrantes irregulares en 2020 han caído en oídos sordos.

Los PGE 2021 asumen la actual presión migratoria irregular y la llegada masiva de pateras, como si no se pudiese hacer nada
para prevenirlas. No se pone encima de la mesa un Plan y los recursos necesarios que aseguren un mejor control de fronteras e impidan la llegada de cientos de personas cada semana en pateras a las costas canarias y a otras zonas de España como está
ocurriendo en estos momentos.

Por todo lo anterior, el Grupo Parlamentario Popular presenta esta enmienda de devolución de la Sección 32 del proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2021.

PROPUESTA DE VETO
NÚM. 46

Del Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP)

El Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente impugnación de la Sección 33.
Ministerio de Universidades.

JUSTIFICACIÓN

Estos Presupuestos Generales del Estado están construidos sobre la base de un cuadro macroeconómico cuyas previsiones económicas y fiscales están totalmente desfasadas y superadas por la
realidad, tal y como han puesto de manifiesto tanto el Gobernador del Banco de España (BdE) como la Presidenta de la AIReF.

Si el crecimiento inercial estimado es del 4,1 % (BdE) o el 5,4 % (escenario central de la AIReF) en vez del 7,2 %
previsto por el Gobierno, y el efecto de los fondos europeos es menor que el 2,6 % estimado por el Gobierno (BdE estima la mitad, en el caso más optimista), la previsión de ingresos públicos se desmorona y será difícil contar con los recursos
necesarios para poder ejecutar las partidas de gasto consignadas en esta sección, salvo que el déficit sea mayor que el -7,7 % previsto para 2021 y disparemos aún más la deuda poniendo en riesgo la sostenibilidad financiera de nuestras cuentas
públicas.

Se ha creado además la ilusión de duplicar el presupuesto para las universidades al incluir proyectos del mecanismo de recuperación y resiliencia que no han sido aprobados y sobre los que no hay certeza ni de la autorización ni de
la fecha de disponibilidad de los fondos, cuando, en realidad, las partidas imprescindibles de las competencias propias del Ministerio apenas sufren modificaciones en relación a las cuentas de 2018, no se asumen los compromisos asumidos por el
Ministro, en particular en la lucha contra la despoblación, y no reflejan las necesidades urgentes de apoyo a las universidades ante la crisis sanitaria.

El Presupuesto de la Sección ignora por completo la crisis sanitaria en la que debían
enmarcarse estas cuentas, así como las actuaciones prioritarias para atender a los problemas reales del sistema universitario ante la pandemia. No hay una sola mención en la justificación de los objetivos de gasto de la que pueda deducirse que se
han tenido presentes las circunstancias de emergencia que determinan las restricciones de movilidad, de aforos, o las exigencias de docencia on line para atender simultáneamente con la docencia presencial a los estudiantes que no encuentran espacio
en los centros, a los que tienen que ser confinados por la enfermedad o para controlar los contagios o la sustitución completa de la docencia presencial como consecuencia de los cierres obligados por las medidas de seguridad sanitaria.

El
Ministerio se ha desentendido de reintegrar a las universidades los equipos de protección que pusieron a disposición de la sociedad en los momentos más críticos de la primera oleada de la pandemia o los que construyeron con sus recursos para los
sanitarios, necesarios para la impartición de sus prácticas o la investigación en sus laboratorios. No les ha compensado por los gastos de contingencias sobrevenidas de los estudiantes por la crisis de la COVID; tampoco por la disminución de
ingresos en concepto de tasas universitarias ni por el exceso de gastos por la adaptación de los centros y las metodologías docentes a las exigencias de seguridad sanitaria, teniendo en cuenta la duración de la pandemia. Del mismo modo, no se hace
previsión alguna para estudiar y evaluar con rigor el impacto de estas circunstancias en la formación de los universitarios y para diseñar los medios de refuerzo imprescindibles para impedir un impacto negativo en la empleabilidad de nuestros
universitarios por las pérdidas de niveles formativos de contenidos o por la inejecución de las prácticas curriculares y en su capacidad de integración en una economía de recuperación.

Por todo lo anterior el Grupo Parlamentario Popular
presenta esta enmienda de devolución de la Sección 33 del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2021.

PROPUESTA DE VETO NÚM. 48

De don Josep Lluís Cleries i Gonzàlez (GPN) y de don Josep Maria Matamala Alsina
(GPN)

RETIRADA

PROPUESTA DE VETO NÚM. 49

De don Josep Lluís Cleries i Gonzàlez (GPN) y de don Josep Maria Matamala Alsina (GPN)

RETIRADA

PROPUESTA DE VETO NÚM. 50

De don Josep Lluís Cleries i Gonzàlez (GPN)
y de don Josep Maria Matamala Alsina (GPN)

RETIRADA

PROPUESTA DE VETO NÚM. 51

De don Josep Lluís Cleries i Gonzàlez (GPN) y de don Josep Maria Matamala Alsina (GPN)

RETIRADA

PROPUESTA DE VETO NÚM. 52

De don
Josep Lluís Cleries i Gonzàlez (GPN) y de don Josep Maria Matamala Alsina (GPN)

RETIRADA

PROPUESTA DE VETO NÚM. 53

De don Josep Lluís Cleries i Gonzàlez (GPN) y de don Josep Maria Matamala Alsina (GPN)

RETIRADA

PROPUESTA DE VETO NÚM. 54

De don Josep Lluís Cleries i Gonzàlez (GPN) y de don Josep Maria Matamala Alsina (GPN)

RETIRADA

PROPUESTA DE VETO NÚM. 55

De don Josep Lluís Cleries i Gonzàlez (GPN) y de don Josep Maria
Matamala Alsina (GPN)

RETIRADA

PROPUESTA DE VETO NÚM. 56

De don Josep Lluís Cleries i Gonzàlez (GPN) y de don Josep Maria Matamala Alsina (GPN)

RETIRADA

PROPUESTA DE VETO NÚM. 57

De don Josep Lluís Cleries i
Gonzàlez (GPN) y de don Josep Maria Matamala Alsina (GPN)

RETIRADA

PROPUESTA DE VETO NÚM. 58

De don Josep Lluís Cleries i Gonzàlez (GPN) y de don Josep Maria Matamala Alsina (GPN)

RETIRADA

PROPUESTA DE VETO
NÚM. 59

De don Josep Lluís Cleries i Gonzàlez (GPN) y de don Josep Maria Matamala Alsina (GPN)

RETIRADA

PROPUESTA DE VETO NÚM. 60

De don Josep Lluís Cleries i Gonzàlez (GPN) y de don Josep Maria Matamala Alsina (GPN)

RETIRADA

PROPUESTA DE VETO NÚM. 61

De don Josep Lluís Cleries i Gonzàlez (GPN) y de don Josep Maria Matamala Alsina (GPN)

RETIRADA

PROPUESTA DE VETO NÚM. 62

De don Josep Lluís Cleries i Gonzàlez (GPN) y de don
Josep Maria Matamala Alsina (GPN)

RETIRADA

PROPUESTA DE VETO NÚM. 63

De don Josep Lluís Cleries i Gonzàlez (GPN) y de don Josep Maria Matamala Alsina (GPN)

RETIRADA

PROPUESTA DE VETO NÚM. 64

De don Josep Lluís Cleries i Gonzàlez (GPN) y de don Josep Maria Matamala Alsina (GPN)

RETIRADA

PROPUESTA DE VETO NÚM. 65

De don Josep Lluís Cleries i Gonzàlez (GPN) y de don Josep
Maria Matamala Alsina (GPN)

RETIRADA

PROPUESTA DE VETO NÚM. 66

De don Josep Lluís Cleries i Gonzàlez (GPN) y de don Josep Maria Matamala Alsina (GPN)

RETIRADA

PROPUESTA DE VETO NÚM. 67

De don Josep Lluís
Cleries i Gonzàlez (GPN) y de don Josep Maria Matamala Alsina (GPN)

RETIRADA

PROPUESTA DE VETO NÚM. 68

De don Josep Lluís Cleries i Gonzàlez (GPN) y de don Josep Maria Matamala Alsina (GPN)

RETIRADA

PROPUESTA DE
VETO NÚM. 69

De don Josep Lluís Cleries i Gonzàlez (GPN) y de don Josep Maria Matamala Alsina (GPN)

RETIRADA

PROPUESTA DE VETO NÚM. 70

De don Josep Lluís Cleries i Gonzàlez (GPN) y de don Josep Maria Matamala Alsina
(GPN)

RETIRADA

PROPUESTA DE VETO NÚM. 71

De don Josep Lluís Cleries i Gonzàlez (GPN) y de don Josep Maria Matamala Alsina (GPN)

RETIRADA

PROPUESTA DE VETO NÚM. 72

De don Josep Lluís Cleries i Gonzàlez (GPN)
y de don Josep Maria Matamala Alsina (GPN)

RETIRADA

PROPUESTA DE VETO NÚM. 73

De don Josep Lluís Cleries i Gonzàlez (GPN) y de don Josep Maria Matamala Alsina (GPN)

RETIRADA

PROPUESTA DE VETO NÚM. 74

De don
Josep Lluís Cleries i Gonzàlez (GPN) y de don Josep Maria Matamala Alsina (GPN)

RETIRADA

PROPUESTA DE VETO NÚM. 75

De don Josep Lluís Cleries i Gonzàlez (GPN) y de don Josep Maria Matamala Alsina (GPN)

RETIRADA

PROPUESTA DE VETO NÚM. 76

De don Josep Lluís Cleries i Gonzàlez (GPN) y de don Josep Maria Matamala Alsina (GPN)

RETIRADA

PROPUESTA DE VETO NÚM. 77

De don Josep Lluís Cleries i Gonzàlez (GPN) y de don Josep Maria
Matamala Alsina (GPN)

RETIRADA

PROPUESTA DE VETO NÚM. 78

De don Josep Lluís Cleries i Gonzàlez (GPN) y de don Josep Maria Matamala Alsina (GPN)

RETIRADA

PROPUESTA DE VETO NÚM. 79

De don Josep Lluís Cleries i
Gonzàlez (GPN) y de don Josep Maria Matamala Alsina (GPN)

RETIRADA

PROPUESTA DE VETO NÚM. 80

De don Josep Lluís Cleries i Gonzàlez (GPN) y de don Josep Maria Matamala Alsina (GPN)

RETIRADA

PROPUESTA DE VETO
NÚM. 81

De don Josep Lluís Cleries i Gonzàlez (GPN) y de don Josep Maria Matamala Alsina (GPN)

RETIRADA

PROPUESTA DE VETO NÚM. 82

De don Josep Lluís Cleries i Gonzàlez (GPN) y de don Josep Maria Matamala Alsina (GPN)

RETIRADA

PROPUESTA DE VETO NÚM. 83

De don Josep Lluís Cleries i Gonzàlez (GPN) y de don Josep Maria Matamala Alsina (GPN)

RETIRADA

PROPUESTA DE VETO NÚM. 84

De don Josep Lluís Cleries i Gonzàlez (GPN) y de don
Josep Maria Matamala Alsina (GPN)

RETIRADA

PROPUESTA DE VETO NÚM. 85

De don Josep Lluís Cleries i Gonzàlez (GPN) y de don Josep Maria Matamala Alsina (GPN)

RETIRADA

PROPUESTA DE VETO NÚM. 86

De don Josep
Lluís Cleries i Gonzàlez (GPN) y de don Josep Maria Matamala Alsina (GPN)

RETIRADA

PROPUESTA DE VETO NÚM. 87

De don Josep Lluís Cleries i Gonzàlez (GPN) y de don Josep Maria Matamala Alsina (GPN)

RETIRADA

PROPUESTA
DE VETO NÚM. 88

De don Josep Lluís Cleries i Gonzàlez (GPN) y de don Josep Maria Matamala Alsina (GPN)

RETIRADA

PROPUESTA DE VETO NÚM. 89

De don Josep Lluís Cleries i Gonzàlez (GPN) y de don Josep Maria Matamala Alsina
(GPN)

RETIRADA

PROPUESTA DE VETO NÚM. 90

De don Josep Lluís Cleries i Gonzàlez (GPN) y de don Josep Maria Matamala Alsina (GPN)

RETIRADA

PROPUESTA DE VETO NÚM. 91

De don Josep Lluís Cleries i Gonzàlez (GPN)
y de don Josep Maria Matamala Alsina (GPN)

RETIRADA

PROPUESTA DE VETO NÚM. 92

De don Josep Lluís Cleries i Gonzàlez (GPN) y de don Josep Maria Matamala Alsina (GPN)

RETIRADA

PROPUESTA DE VETO NÚM. 93

De don
Josep Lluís Cleries i Gonzàlez (GPN) y de don Josep Maria Matamala Alsina (GPN)

RETIRADA

PROPUESTA DE VETO NÚM. 94

De don Josep Lluís Cleries i Gonzàlez (GPN) y de don Josep Maria Matamala Alsina (GPN)

RETIRADA

PROPUESTA DE VETO NÚM. 95

De don Josep Lluís Cleries i Gonzàlez (GPN) y de don Josep Maria Matamala Alsina (GPN)

RETIRADA

PROPUESTA DE VETO NÚM. 96

De don Josep Lluís Cleries i Gonzàlez (GPN) y de don Josep Maria
Matamala Alsina (GPN)

RETIRADA

PROPUESTA DE VETO NÚM. 97

De don Josep Lluís Cleries i Gonzàlez (GPN) y de don Josep Maria Matamala Alsina (GPN)

RETIRADA

PROPUESTA DE VETO NÚM. 98

De don Josep Lluís Cleries i Gonzàlez (GPN) y de don Josep Maria Matamala Alsina (GPN)

RETIRADA

PROPUESTA DE VETO NÚM. 99

De don Josep Lluís Cleries i Gonzàlez (GPN) y de don Josep Maria Matamala Alsina (GPN)

RETIRADA

PROPUESTA DE VETO NÚM. 100

De don Josep Lluís Cleries i Gonzàlez (GPN) y de don
Josep Maria Matamala Alsina (GPN)

RETIRADA

PROPUESTA DE VETO NÚM. 101

De don Josep Lluís Cleries i Gonzàlez (GPN) y de don Josep Maria Matamala Alsina (GPN)

RETIRADA

PROPUESTA DE VETO NÚM. 102

De don Josep
Lluís Cleries i Gonzàlez (GPN) y de don Josep Maria Matamala Alsina (GPN)

RETIRADA

PROPUESTA DE VETO NÚM. 103

De don Josep Lluís Cleries i Gonzàlez (GPN) y de don Josep Maria Matamala Alsina (GPN)

RETIRADA

PROPUESTA DE VETO NÚM. 104

De don Josep Lluís Cleries i Gonzàlez (GPN) y de don Josep Maria Matamala Alsina (GPN)

RETIRADA

PROPUESTA DE VETO NÚM. 105

De don Josep Lluís Cleries i Gonzàlez (GPN) y de don Josep Maria
Matamala Alsina (GPN)

RETIRADA

PROPUESTA DE VETO NÚM. 106

De don Josep Lluís Cleries i Gonzàlez (GPN) y de don Josep Maria Matamala Alsina (GPN)

RETIRADA

PROPUESTA DE VETO NÚM. 107

De don Josep Lluís
Cleries i Gonzàlez (GPN) y de don Josep Maria Matamala Alsina (GPN)

RETIRADA

PROPUESTA DE VETO NÚM. 108

De don Josep Lluís Cleries i Gonzàlez (GPN) y de don Josep Maria Matamala Alsina (GPN)

RETIRADA

PROPUESTA DE
VETO NÚM. 109

De don Josep Lluís Cleries i Gonzàlez (GPN) y de don Josep Maria Matamala Alsina (GPN)

RETIRADA

PROPUESTA DE VETO NÚM. 110

De don Josep Lluís Cleries i Gonzàlez (GPN) y de don Josep Maria Matamala Alsina
(GPN)

RETIRADA

PROPUESTA DE VETO NÚM. 111

De don Josep Lluís Cleries i Gonzàlez (GPN) y de don Josep Maria Matamala Alsina (GPN)

RETIRADA

PROPUESTA DE VETO NÚM. 112

De don Josep Lluís Cleries i Gonzàlez
(GPN) y de don Josep Maria Matamala Alsina (GPN)

RETIRADA

PROPUESTA DE VETO NÚM. 113

De don Josep Lluís Cleries i Gonzàlez (GPN) y de don Josep Maria Matamala Alsina (GPN)

RETIRADA

PROPUESTA DE VETO NÚM. 114

De don Josep Lluís Cleries i Gonzàlez (GPN) y de don Josep Maria Matamala Alsina (GPN)

RETIRADA

PROPUESTA DE VETO NÚM. 115

De don Josep Lluís Cleries i Gonzàlez (GPN) y de don Josep Maria Matamala Alsina (GPN)

RETIRADA

PROPUESTA DE VETO NÚM. 116

De don Josep Lluís Cleries i Gonzàlez (GPN) y de don Josep Maria Matamala Alsina (GPN)

RETIRADA

PROPUESTA DE VETO NÚM. 117

De don Josep Lluís Cleries i Gonzàlez (GPN) y de don
Josep Maria Matamala Alsina (GPN)

RETIRADA

PROPUESTA DE VETO NÚM. 118

De don Josep Lluís Cleries i Gonzàlez (GPN) y de don Josep Maria Matamala Alsina (GPN)

RETIRADA

PROPUESTA DE VETO NÚM. 119

De don Josep
Lluís Cleries i Gonzàlez (GPN) y de don Josep Maria Matamala Alsina (GPN)

RETIRADA

PROPUESTA DE VETO NÚM. 120

De don Josep Lluís Cleries i Gonzàlez (GPN) y de don Josep Maria Matamala Alsina (GPN)

RETIRADA

PROPUESTA DE VETO NÚM. 121

De don Josep Lluís Cleries i Gonzàlez (GPN) y de don Josep Maria Matamala Alsina (GPN)

RETIRADA

PROPUESTA DE VETO NÚM. 122

De don Josep Lluís Cleries i Gonzàlez (GPN) y de don Josep Maria
Matamala Alsina (GPN)

RETIRADA

PROPUESTA DE VETO NÚM. 123

De don Josep Lluís Cleries i Gonzàlez (GPN) y de don Josep Maria Matamala Alsina (GPN)

RETIRADA

PROPUESTA DE VETO NÚM. 124

De don Josep Lluís Cleries
i Gonzàlez (GPN) y de don Josep Maria Matamala Alsina (GPN)

RETIRADA

PROPUESTA DE VETO NÚM. 125

De don Josep Lluís Cleries i Gonzàlez (GPN) y de don Josep Maria Matamala Alsina (GPN)

RETIRADA

PROPUESTA DE VETO
NÚM. 126

De don Josep Lluís Cleries i Gonzàlez (GPN) y de don Josep Maria Matamala Alsina (GPN)

RETIRADA

PROPUESTA DE VETO NÚM. 127

De don Josep Lluís Cleries i Gonzàlez (GPN) y de don Josep Maria Matamala Alsina
(GPN)

RETIRADA

PROPUESTA DE VETO NÚM. 128

De don Josep Lluís Cleries i Gonzàlez (GPN) y de don Josep Maria Matamala Alsina (GPN)

RETIRADA

PROPUESTA DE VETO NÚM. 129

De don Josep Lluís Cleries i Gonzàlez
(GPN) y de don Josep Maria Matamala Alsina (GPN)

RETIRADA

PROPUESTA DE VETO NÚM. 130

De don Josep Lluís Cleries i Gonzàlez (GPN) y de don Josep Maria Matamala Alsina (GPN)

RETIRADA

PROPUESTA DE VETO NÚM. 131

De don Josep Lluís Cleries i Gonzàlez (GPN) y de don Josep Maria Matamala Alsina (GPN)

RETIRADA

PROPUESTA DE VETO NÚM. 132

De don Josep Lluís Cleries i Gonzàlez (GPN)
y de don Josep Maria Matamala Alsina (GPN)

RETIRADA

PROPUESTA DE VETO NÚM. 133

De don Josep Lluís Cleries i Gonzàlez (GPN) y de don Josep Maria Matamala Alsina (GPN)

RETIRADA

PROPUESTA DE VETO NÚM. 134

De
don Josep Lluís Cleries i Gonzàlez (GPN) y de don Josep Maria Matamala Alsina (GPN)

RETIRADA

PROPUESTA DE VETO NÚM. 135

De don Josep Lluís Cleries i Gonzàlez (GPN) y de don Josep Maria Matamala Alsina (GPN)

RETIRADA

PROPUESTA DE VETO NÚM. 136

De don Josep Lluís Cleries i Gonzàlez (GPN) y de don Josep Maria Matamala Alsina (GPN)

RETIRADA

PROPUESTA DE VETO NÚM. 137

De don Josep Lluís Cleries i Gonzàlez (GPN) y de don Josep Maria
Matamala Alsina (GPN)

RETIRADA

PROPUESTA DE VETO NÚM. 138

De don Josep Lluís Cleries i Gonzàlez (GPN) y de don Josep Maria Matamala Alsina (GPN)

RETIRADA

PROPUESTA DE VETO NÚM. 139

De don Josep Lluís Cleries
i Gonzàlez (GPN) y de don Josep Maria Matamala Alsina (GPN)

RETIRADA

PROPUESTA DE VETO NÚM. 140

De don Josep Lluís Cleries i Gonzàlez (GPN) y de don Josep Maria Matamala Alsina (GPN)

RETIRADA

PROPUESTA DE VETO
NÚM. 141

De don Josep Lluís Cleries i Gonzàlez (GPN) y de don Josep Maria Matamala Alsina (GPN)

RETIRADA

PROPUESTA DE VETO NÚM. 142

De don Josep Lluís Cleries i Gonzàlez (GPN) y de don Josep Maria Matamala Alsina
(GPN)

RETIRADA

PROPUESTA DE VETO NÚM. 143

De don Josep Lluís Cleries i Gonzàlez (GPN) y de don Josep Maria Matamala Alsina (GPN)

RETIRADA

PROPUESTA DE VETO NÚM. 144

De don Josep Lluís Cleries i Gonzàlez
(GPN) y de don Josep Maria Matamala Alsina (GPN)

RETIRADA

PROPUESTA DE VETO NÚM. 145

De don Josep Lluís Cleries i Gonzàlez (GPN) y de don Josep Maria Matamala Alsina (GPN)

RETIRADA

PROPUESTA DE VETO NÚM. 146

De don Josep Lluís Cleries i Gonzàlez (GPN) y de don Josep Maria Matamala Alsina (GPN)

RETIRADA

PROPUESTA DE VETO NÚM. 147

De don Josep Lluís Cleries i Gonzàlez (GPN) y de don Josep Maria Matamala Alsina (GPN)

RETIRADA

PROPUESTA DE VETO NÚM. 148

De don Josep Lluís Cleries i Gonzàlez (GPN) y de don Josep Maria Matamala Alsina (GPN)

RETIRADA

PROPUESTA DE VETO NÚM. 149

De don Josep Lluís Cleries i Gonzàlez (GPN) y de
don Josep Maria Matamala Alsina (GPN)

RETIRADA

PROPUESTA DE VETO NÚM. 150

De don Josep Lluís Cleries i Gonzàlez (GPN) y de don Josep Maria Matamala Alsina (GPN)

RETIRADA

PROPUESTA DE VETO NÚM. 151

De don
Josep Lluís Cleries i Gonzàlez (GPN) y de don Josep Maria Matamala Alsina (GPN)

RETIRADA

PROPUESTA DE VETO NÚM. 152

De don Josep Lluís Cleries i Gonzàlez (GPN) y de don Josep Maria Matamala Alsina (GPN)

RETIRADA

PROPUESTA DE VETO NÚM. 153

De don Josep Lluís Cleries i Gonzàlez (GPN) y de don Josep Maria Matamala Alsina (GPN)

RETIRADA

PROPUESTA DE VETO NÚM. 154

De don Josep Lluís Cleries i Gonzàlez (GPN) y de don Josep Maria
Matamala Alsina (GPN)

RETIRADA

PROPUESTA DE VETO NÚM. 155

De don Josep Lluís Cleries i Gonzàlez (GPN) y de don Josep Maria Matamala Alsina (GPN)

RETIRADA

PROPUESTA DE VETO NÚM. 156

De don Josep Lluís Cleries
i Gonzàlez (GPN) y de don Josep Maria Matamala Alsina (GPN)

RETIRADA

PROPUESTA DE VETO NÚM. 157

De don Josep Lluís Cleries i Gonzàlez (GPN) y de don Josep Maria Matamala Alsina (GPN)

RETIRADA

PROPUESTA DE VETO
NÚM. 158

De don Josep Lluís Cleries i Gonzàlez (GPN) y de don Josep Maria Matamala Alsina (GPN)

RETIRADA

PROPUESTA DE VETO NÚM. 159

De don Josep Lluís Cleries i Gonzàlez (GPN) y de don Josep Maria Matamala Alsina
(GPN)

RETIRADA

PROPUESTA DE VETO NÚM. 160

De don Josep Lluís Cleries i Gonzàlez (GPN) y de don Josep Maria Matamala Alsina (GPN)

RETIRADA

PROPUESTA DE VETO NÚM. 161

De don Josep Lluís Cleries i Gonzàlez
(GPN) y de don Josep Maria Matamala Alsina (GPN)

RETIRADA

PROPUESTA DE VETO NÚM. 162

De don Josep Lluís Cleries i Gonzàlez (GPN) y de don Josep Maria Matamala Alsina (GPN)

RETIRADA

PROPUESTA DE VETO NÚM. 163

De don Josep Lluís Cleries i Gonzàlez (GPN) y de don Josep Maria Matamala Alsina (GPN)

RETIRADA

PROPUESTA DE VETO NÚM. 164

De don Josep Lluís Cleries i Gonzàlez (GPN) y de don Josep Maria Matamala Alsina (GPN)

RETIRADA

PROPUESTA DE VETO NÚM. 165

De don Josep Lluís Cleries i Gonzàlez (GPN) y de don Josep
Maria Matamala Alsina (GPN)

RETIRADA

PROPUESTA DE VETO NÚM. 166

De don Josep Lluís Cleries i Gonzàlez (GPN) y de don Josep Maria Matamala Alsina (GPN)

RETIRADA

PROPUESTA DE VETO NÚM. 167

De don Josep Lluís
Cleries i Gonzàlez (GPN) y de don Josep Maria Matamala Alsina (GPN)

RETIRADA

PROPUESTA DE VETO NÚM. 168

De don Josep Lluís Cleries i Gonzàlez (GPN) y de don Josep Maria Matamala Alsina (GPN)

RETIRADA

PROPUESTA DE
VETO NÚM. 169

De don Josep Lluís Cleries i Gonzàlez (GPN) y de don Josep Maria Matamala Alsina (GPN)

RETIRADA

PROPUESTA DE VETO NÚM. 170

De don Josep Lluís Cleries i Gonzàlez (GPN) y de don Josep Maria Matamala Alsina
(GPN)

RETIRADA

PROPUESTA DE VETO NÚM. 171

De don Josep Lluís Cleries i Gonzàlez (GPN) y de don Josep Maria Matamala Alsina (GPN)

RETIRADA