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BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 588, de 10/03/2023
cve: BOCG-14-D-588
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BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
XIV LEGISLATURA
Serie D: GENERAL
10 de marzo de 2023
Núm. 588
ÍNDICE
Composición y organización de la Cámara
PLENO
051/000003 Composición del Pleno. Altas y bajas ... (Página3)
GRUPOS PARLAMENTARIOS
010/000013 Composición de los Grupos Parlamentarios. Altas y bajas ... (Página3)
DIPUTADOS
Declaración de bienes y rentas de los señores Diputados ... (Página4)
Confianza parlamentaria
MOCIÓN DE CENSURA
082/000002 Moción de censura al Gobierno presidido por don Pedro Sánchez Pérez-Castejón que incluye como candidato a la Presidencia del Gobierno a don Ramón Tamames Gómez ... (Página10)
Control de la acción del Gobierno
PROPOSICIONES NO DE LEY
Pleno
162/001170 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa a facilitar el acceso a medicamentos huérfanos en España ... (Página33)
162/001171 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a la promoción de un modelo común de Atención Temprana en toda España ... (Página35)
162/001172 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, sobre el fomento del respeto de la pluralidad política en el espacio televisivo y del tratamiento veraz de la información por parte de los medios de comunicación ...
(Página38)
162/001173 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a asegurar la soberanía de los datos digitales generados en el curso de la actividad agraria ... (Página41)
162/001174 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu, relativa a impedir la deslocalización de empresas, la devolución de los fondos públicos obtenidos y el mantenimiento del empleo ...
Otros textos
PREMIOS
292/000032 Convocatoria de la V edición del premio 'Josefina Carabias' de periodismo parlamentario.
Convocatoria ... (Página45)
Designación de los miembros del Jurado ... (Página46)
COMPOSICIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA CÁMARA
De conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara, se ordena la publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales de los cambios habidos en la composición de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de marzo de 2023.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
PLENO
051/000003
A) Relación por orden alfabético de señores Diputados que han adquirido la plena condición de Diputado.
Baja:
CASERO ÁVILA, Alberto 06-03-2023
Alta:
MARCOS MOYANO, María Dolores 07-03-2023
B) Relación de Diputados que han presentado su credencial, por circunscripciones.
Cáceres:
MARCOS MOYANO, María Dolores PP
C) Relación de Diputados por orden de presentación de credenciales.
Nombre: MARCOS MOYANO, María Dolores.
Circunscripción: Cáceres.
Número: 402.
Fecha: 07-03-2023.
Formación electoral: PP.
GRUPOS PARLAMENTARIOS
010/000013
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
(010/000004)
Número de miembros al 8 de marzo de 2023: 88
Baja:
CASERO ÁVILA, Alberto 06-03-2023
Alta:
MARCOS MOYANO, María Dolores 08-03-2023
DIPUTADOS
De conformidad con lo dispuesto en la Norma 5 del Acuerdo de las Mesas del Congreso de los Diputados y del Senado, de 21 de diciembre de 2009, por el que se aprueban las Normas en materia de registro de intereses, en los términos de la
redacción dada por la modificación acordada por las Mesas de ambas Cámaras, en su reunión del día 19 de julio de 2011, para dar cumplimiento a lo establecido en la reforma del artículo 160.2 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, se
ordena la publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales de la siguiente declaración de bienes y rentas presentada, una vez calificada.
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de marzo de 2023.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
ÍNDICE
Página
FUENTES CURBELO, Juan Bernardo (GS) (núm. expte. 005/000358/0001) 2 ... (Página5)
0 Declaración inicial.
1 Modificación de la declaración.
2 Declaración final.
CONFIANZA PARLAMENTARIA
MOCIÓN DE CENSURA
082/000002
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(82) Moción de censura.
Autor: Abascal Conde, Santiago (GVOX) y 51 Diputados.
Moción de censura al Gobierno presidido por don Pedro Sánchez Pérez-Castejón que incluye como candidato a la Presidencia del Gobierno a don Ramón Tamames Gómez.
Acuerdo:
1. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 113 de la Constitución y 175 y siguientes del Reglamento, tener por presentado el escrito y, comprobado el cumplimiento de los requisitos establecidos en los mismos, admitirlo a trámite
como moción de censura, dando cuenta de su presentación al Presidente del Gobierno y a los portavoces de los grupos parlamentarios.
2. Asimismo, comunicarles que en el plazo de los dos días siguientes, que finalizará el jueves 9 de marzo a las 18 horas, podrán presentarse mociones alternativas.
3. Trasladar a la Junta de Portavoces.
4. Publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de marzo de 2023.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Los diputados que suscriben, pertenecientes al Grupo Parlamentario VOX, al amparo de lo previsto en el artículo 113 de la Constitución española y en los artículos 175 y siguientes del Reglamento de la Cámara, se dirigen a la Mesa del
Congreso de los Diputados para proponer al Congreso de los Diputados que exija la responsabilidad política del Gobierno presidido por don Pedro Sánchez Pérez-Castejón, mediante la adopción de la presente moción de censura que incluye como candidato
a la Presidencia del Gobierno de España a don Ramón Tamames Gómez.
INTRODUCCIÓN
La obligación urgente de expulsar al Gobierno y convocar elecciones
España atraviesa uno de los momentos más graves de su historia reciente. Los diputados que suscribimos esta moción, como representantes del pueblo español en su conjunto, al que debemos nuestro cargo, nos encontramos ante el deber moral de
expulsar de forma inmediata a quienes nos han conducido a esta situación.
El Gobierno de coalición del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y Unidas Podemos, encabezado por Pedro Sánchez, ha acelerado su estrategia de degradación de la Constitución y de los principios más elementales del Estado de Derecho, de
deslegitimación de las instituciones, de destrucción de la soberanía nacional y de desmantelamiento de la democracia. El pasado mes de diciembre de 2022 se escenificó el sometimiento, por la mayoría política que el Gobierno lidera, de todas las
instituciones del Estado, aquellas que garantizan una democracia digna de ese nombre.
Asistimos a la demolición de los caracteres esenciales del orden constitucional español. Las fuerzas separatistas y filoterroristas con las que el Ejecutivo dijo que nunca pactaría son hoy su compañía preferente, han conseguido determinar
la gobernabilidad de la Nación y dictan indultos y modificaciones ad hominem del Código Penal, además de decidir, con su caro apoyo, el sentido de las políticas que se aplican a todos los españoles. La profundización en la desigualdad entre los
españoles y la desaparición del Estado de muchas regiones, la quiebra de la concordia nacional a través de la reescritura de la Historia, la invasión inmigratoria ilegal, la vulneración flagrante de la Constitución con recortes de derechos que eran
impensables hasta hace bien poco, la amistad con narcodictaduras y la sumisión a regímenes totalitarios a lo largo y ancho del mundo no son más que ejemplos de lo evidente: que la agenda de Pedro Sánchez y su Gobierno no busca el interés general de
los españoles, la materialización del bien común, su prosperidad y su progreso, sino la imposición de una ideología como política de Estado.
Por su compromiso inquebrantable con los españoles, VOX no ha cejado en hacer frente a la actividad incansable que este Gobierno despliega en perjuicio de nuestro país y de nuestros compatriotas. Este empeño en defender la legalidad
constitucional y el ordenamiento vigente se ha concretado, hasta ahora, en la presentación de 46 recursos de inconstitucionalidad, muchos de los cuales han resultado en sentencias durísimas contra los excesos del Gobierno. A pesar de que el
Gobierno ha conseguido subyugar al supremo intérprete de la Constitución, que es el Tribunal Constitucional, VOX continuará defendiendo, por todas las vías posibles, los derechos de los españoles y su convivencia pacífica.
Hace casi dos años y medio, VOX presentó una moción de censura en la que denunció la deriva ilegal que presidía la acción del actual Gobierno. Señalamos que era un Ejecutivo ilegítimo, unido por el desprecio a la Constitución y protegido
por una alianza con golpistas y filoterroristas, enemigos de España y que desprecian al conjunto de los españoles. Alertamos entonces de los graves daños que este Gobierno estaba ocasionando al Estado de Derecho, a la pacífica convivencia entre
españoles y a la indisoluble unidad de la Nación, fundamento del orden constitucional.
Por desgracia, en aquella ocasión la iniciativa que anticipaba estos males entonces casi futuros, hoy presentes, no prosperó. Sin embargo, en este momento de emergencia nacional se hace necesario conjurar cualesquiera reparos que amenacen
la unión entre todos aquellos que defendemos la unidad nacional, la Constitución, la concordia entre los españoles y su igualdad; perseverar frente a quienes pongan en peligro la continuidad del proyecto común que es España, el futuro y el
bienestar de los españoles. Es nuestra responsabilidad dejar constancia nacional e internacional de los verdaderos actos y planes perniciosos del Gobierno de Pedro Sánchez y de sus cómplices. Más allá de los números, debemos trasladar a los
españoles un mensaje de confianza que actúe como revulsivo y esperanza de que existirá una alternativa a este Gobierno de la ruina y la mentira, porque los españoles siempre hemos estado por encima de nuestros peores gobernantes.
Reputamos imprescindible ejercitar la herramienta constitucional de la moción de censura. Ha llegado el momento de presentarla. A tal imperativo ético obliga la pendiente resbaladiza de degradación en todos los órdenes a la que este
Ejecutivo está empujando a España, como Nación soberana y comunidad política, y arrastrando a los españoles. Con ella pretendemos proponer un candidato que represente la justa aspiración del pueblo español para decidir su futuro inmediato; y que
convoque de manera urgente elecciones generales.
En primer lugar, la moción de censura es un derecho constitucional. Es un instrumento indispensable y normal en un sistema democrático parlamentario, por cuanto posibilita la adecuación y el ajuste de la relación de confianza entre el
Congreso de los Diputados y el Ejecutivo, y su mero anuncio tiene consecuencias políticas. Como tal derecho constitucional, su ejercicio en el momento de emergencia en el que se encuentra España no puede ser nunca considerado extemporáneo,
impertinente ni inadecuado.
En segundo lugar, la moción de censura es un deber moral de los diputados que la suscribimos. Es una obligación, como se expuso anteriormente, frente a un Gobierno ilegítimo, tanto porque accedió al poder mediante engaño a sus propios
votantes (y, sobre todo, a todos los españoles) como porque también incumple reiteradamente sus promesas de 'cumplir fielmente las obligaciones del cargo con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado'
en su actuación diaria, y gobierna con las banderas de la discordia, la desunión, el enfrentamiento y la revancha entre compatriotas, miembros de un proyecto común.
En tercer lugar, la moción de censura, como derecho constitucional y como deber moral, es una fórmula para trasladar a los españoles un mensaje de esperanza y de unidad. De esperanza, porque España y el pueblo español, ya se ha dicho,
siempre han estado por encima de sus peores gobernantes,
como ocurre también hoy. De unidad, porque pesa sobre todos los diputados del Congreso la carga de demostrar a los españoles que podemos aparcar nuestras diferencias y unirnos frente a quienes les quieren robar su pasado, su presente y su
futuro; que somos capaces de coser las heridas que día a día se abren entre los españoles por la acción de este Gobierno.
La moción de censura es, en definitiva, una forma legítima de advertir, al mayor nivel, del grave riesgo en el que se encuentran la libertad, la prosperidad, la igualdad o la seguridad en España, que incluso han desaparecido por completo en
algunas regiones de nuestro país. Se trata, por tanto, de una manera necesaria de convocar a los españoles a tomar posición sobre lo que está ocurriendo políticamente en nuestro país, en el que el Estado democrático y de Derecho que conocemos está
siendo desmantelado por la acción de un Gobierno que ejecuta sistemáticamente, sin sufrir apenas desgaste por ello, unas políticas destructivas de la soberanía nacional y de la democracia.
Sea cual sea el resultado de esta moción, presentarla es una responsabilidad ineludible para quienes tenemos la oportunidad de hacerlo. El objetivo es desalojar del poder a Pedro Sánchez y a sus 22 ministros, convocar elecciones de forma
inmediata y conformar, con la fuerza de las urnas, un Gobierno que reconstruya la democracia hoy herida y que devuelva a los españoles su pasado común, su libertad arrebatada y su porvenir. Y es necesario llevarlo a cabo con urgencia, porque cada
día que pasa sin expulsar a este Ejecutivo, sin poner fin al daño que provoca al bien común y al presente y futuro de los españoles, es un día más de un Gobierno que los españoles no merecen.
I
FRAUDE AL ELECTORADO
A) Un Gobierno ilegítimo.
El Gobierno actual es el sujeto que más seriamente ha hecho temblar los cimientos de la convivencia en nuestro país. Se trata de un Ejecutivo ilegítimo en su origen, por estar asentado en la mentira y la traición a aquellos españoles que
dieron su voto al PSOE, partido a cuyos diputados también convoca esta moción. La voluntad de sus votantes, expresada en las urnas, se conformó a la vista de unos compromisos electorales en los que Pedro Sánchez negaba la posibilidad de un pacto
con los peores enemigos de España (comunistas, golpistas y filoterroristas), cuya ideología es contraria a las bases fundamentales de una sociedad unida y amenaza la libertad y prosperidad de los españoles.
En efecto, desde que el presidente del Gobierno se aupara a la Secretaría General del PSOE, afirmó repetidamente que no llegaría a ningún pacto con aquellos que le dieron el cargo y hoy lo mantienen en él. De hecho, en septiembre de 2014
prometió que 'ni antes, ni después, el Partido Socialista va a pactar con el populismo. El final del populismo es la Venezuela de Chávez, la pobreza, las cartillas de racionamiento, la falta de democracia y, sobre todo, la desigualdad', poco tiempo
después, en 2015, afirmó que 'con Bildu no vamos a pactar, si quiere se lo digo 5 veces o 20 durante la entrevista: con Bildu no vamos a pactar', y en 2016 reiteró que 'con el único partido que no vamos a entablar diálogo es con Bildu. Cuando digo
dialogar no es negociar'.
Estas declaraciones eran solo las primeras de una serie de ellas que acreditan diariamente la impostura y la mentira que caracterizan al presidente del Gobierno y que definen el modo de actuación de su Ejecutivo. Así, en septiembre de 2019,
sobre un posible Gobierno de coalición con Unidas Podemos, el ya presidente en funciones dijo que 'el problema de un Gobierno de coalición sería que tenía que haber aceptado que el ministro de Hacienda, el ministro de la Política Energética o el
ministro que se encarga de las pensiones en nuestro país fuera del círculo cercano y de confianza del señor Iglesias con poca experiencia política o de gestión pública. Yo sería presidente del Gobierno, y tengo que reconocerle que sería un
presidente del Gobierno que no dormiría por la noche, junto con el 95 % de los ciudadanos de este país que tampoco se sentirían tranquilos'. En la campaña a las elecciones de 10 de noviembre de 2019, los electores votaron completamente engañados,
convencidos de que el destinatario de su confianza no pactaría ni con la extrema izquierda de Unidas Podemos, ni con la extrema izquierda golpista de ERC, ni con la extrema izquierda filoterrorista de EH Bildu.
Como es notorio, el día después de las elecciones se conoció que la promesa iba a tener escasa vida. Pero la indignidad de este Gobierno, concretada también en su ilegitimidad, no acaba con su origen: como ya se ha adelantado, en su toma
de posesión el presidente, el exvicepresidente y todos los ministros
prometieron, ante el jefe del Estado 'cumplir fielmente las obligaciones del cargo con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado'. Ese compromiso, requisito constitutivo y fundante del cargo
que adquieren y ostentan, ha sido rebajado a la categoría de anécdota risible. Los ataques de Pedro Sánchez y de sus ministros a la Constitución, al ordenamiento jurídico, a las libertades de los españoles y a los derechos de los trabajadores, los
desprecios al Rey y a la Corona, los intentos de asalto a la independencia del Poder Judicial, la aniquilación de la separación de poderes y de las instituciones del Estado y la connivencia con los enemigos de España en sus propósitos de disolver la
Nación son la seña de identidad del Ejecutivo de coalición.
La violación de sus promesas a los españoles, a sus propios votantes, es asimismo incontestable. Y es que, como se ha expuesto, los únicos objetivos del Gobierno son la imposición de sus destructivas políticas a la sociedad, y perpetuar en
el poder al señor Sánchez.
B) Socios preferentes del Gobierno.
379 crímenes de la banda terrorista ETA siguen sin resolverse; 41 etarras sanguinarios siguen huidos de la Justicia. Varios de los cabecillas del golpe separatista del 1 de octubre de 2017 habitan mansiones en Bélgica y Suiza, desde las
que conceden entrevistas hablando de libertad, de opresión y de presos políticos; otros, a pesar de que afirman que lo volverían a hacer, han sido indultados en contra de los informes técnicos y habrían visto sus crímenes remitidos por
modificaciones del Código Penal ad personam, de no haber sido por el Tribunal Supremo. Los terroristas de ayer son hoy Bildu. Los golpistas de ayer, y probablemente de mañana, son Esquerra Republicana de Cataluña (ERC). El Ejecutivo hace
descansar en ellos la gobernabilidad de España y la decisión de las políticas que afectan a todos los españoles.
Este apoyo, sin embargo, no es gratis. Al contrario, el Gobierno paga un precio cada vez mayor. Para conseguir el sí de Bildu a los Presupuestos Generales del Estado para 2023, el Ejecutivo ha tenido que culminar su traición a las víctimas
de ETA con el completo abandono de la política de dispersión penitenciaria de los asesinos presos, que solo deja ya siete terroristas fuera de las cárceles vascas, con la entrega de las competencias sobre centros penitenciarios al País Vasco y con
la expulsión de la Guardia Civil de Tráfico de Navarra, así como con la profundización en la retirada de la Administración General del Estado de las provincias vascas y de Navarra y en el blanqueamiento del brazo político de ETA en todas las
instituciones de ámbito nacional, regional, provincial y local.
Por su parte, el coste que los españoles han tenido que asumir para que el Gobierno consiga los votos de ERC es igualmente prohibitivo en términos de degradación de la democracia. En efecto, ha supuesto modificar el Código Penal para
favorecer a unos sujetos concretos en los que no concurría arrepentimiento y que no habían cumplido sus penas, todo ello en pago de pactos políticos. En primer lugar, se han aprobado indultos en contra del criterio del Tribunal Supremo, cuyo
informe asevera inequívocamente que 'el mensaje transmitido por los condenados [...] es bien expresivo de su voluntad de reincidir en el ataque a los pilares de la convivencia democrática, asumiendo incluso que la lucha por sus ideales políticos -de
incuestionable legitimidad constitucional- autorizaría la movilización ciudadana para proclamar la inobservancia de las leyes, la sustitución de la jefatura del Estado y el unilateral desplazamiento de la fuente de soberanía', así como que 'algunos
de los que aspiran al beneficio del derecho de gracia son precisamente líderes políticos de los partidos que, hoy por hoy, garantizan la estabilidad del Gobierno llamado al ejercicio del derecho de gracia'.
En segundo lugar, se ha hecho desaparecer del ordenamiento jurídico el delito de sedición que estos criminales habían cometido, y se ha atenuado el de malversación, con lo que ello implica no solo para los golpistas, sino para los corruptos
en general, que ven rebajadas sus penas. Estas modificaciones legales, por su carácter ad hominem, vulneran abiertamente la igualdad entre los españoles y constituyen una instrumentalización sin precedentes del Derecho Penal con fines espurios. A
través de estos cambios legales, el Gobierno ha declarado implícitamente que lo que constituyó una conducta execrable y antijurídica no fueron los comportamientos violentos de los separatistas, ni su utilización del dinero público para fines
particulares, sino la persecución administrativa y policial y el castigo judicial de las acciones que realizaron en contra del presupuesto en el que descansa la soberanía nacional, que es la unidad de España.
Lo anterior se lleva a cabo, además, mediante un evidente fraude de ley, pues el Gobierno utiliza reiteradamente a los grupos parlamentarios que lo sustentan para tramitar como proposiciones de ley iniciativas que salen de los Ministerios
con el único fin de eludir la obligación de solicitar informes o
dictámenes de las instituciones moderadoras. En todos los casos, se trata de propuestas de normas de una enorme relevancia social, que forman parte nuclear del programa político del Gobierno de coalición y que acreditan lo que es notorio:
que es el propio Ejecutivo el que hace las leyes que luego presentan, conjuntamente o en solitario, los grupos parlamentarios que lo sustentan, utilizando al Congreso como una mera Cámara de registro y hurtando a las Cortes Generales su función
legislativa.
Pero es que lo anterior es solo uno más de los ejemplos que evidencian el desprecio sistemático a las Cortes Generales por parte de la actual mayoría gubernamental. Junto a este fraude sistemático se ubica la generalización obscena del uso
del Real Decreto-ley, con casi 100 de estos dictados desde el inicio de la Legislatura y muchos más desde junio de 2018. Asimismo, se han tramitado leyes orgánicas fundamentales para la Nación (como la de educación) durante la vigencia de un estado
de emergencia; se han introducido mediante enmiendas in voce en Comisión iniciativas reguladoras de derechos fundamentales (como la protección del secreto profesional del periodismo); se desprecia sistemáticamente la opinión de los órganos
consultivos legalmente requerida (como ocurrió con la ley del 'solo sí es sí' o con la llamada 'Ley Trans'); y, como es notorio, se han intentado introducir como enmiendas al articulado propuestas de normas burdamente contrarias a la CE (como
ocurrió con la designación de magistrados del TC) o que directamente no guardan relación alguna con la materia propia de la iniciativa legislativa.
El pacto del Gobierno de un país con los peores enemigos de la Nación, el abandono a quienes tienen como único programa político la aniquilación de su soberanía, solo puede ser una anomalía en una democracia. Esta moción de censura tiene
mucho que ver, por tanto, con eliminar la dependencia de nuestro sistema político de los que trabajan incansablemente por su ruptura.
C) Violencia política contra los partidos de la oposición.
Desde su toma de posesión, el Gobierno ha calificado de antidemocráticos a los partidos políticos de la oposición y ha tratado de extirpar del debate público lo que los partidos de la mayoría política juzgan como reaccionario, trasnochado,
antiguo o perjudicial. Por supuesto, viene a tener tal consideración todo lo que no encaja en su proyecto totalitario. Los intentos de deslegitimación de los partidos de la oposición son patentes.
Así, el Ejecutivo contó con un vicepresidente que llamaba a la 'alerta antifascista' tras las elecciones regionales andaluzas de 2018 y que diariamente alentaba, desde un Ministerio, la violencia contra los partidos de la oposición y
justificaba las agresiones que se producían. El Gobierno ha amparado que formaciones que defienden la Constitución y la soberanía hayan sido atacadas en actos electorales, esgrimiendo fallos poco creíbles de coordinación o de falta de efectivos, y
ha favorecido que estos partidos no pudieran siquiera dirigirse en libertad y con seguridad a los votantes en sucesivas convocatorias electorales. Así, una diputada de VOX fue agredida durante un mitin electoral en Sestao (Vizcaya); y para el
portavoz parlamentario de Unidas Podemos, Pablo Echenique, se trataba de 'un bulo como una catedral' y la herida era 'un poco de kétchup'.
El Gobierno promueve, asimismo, la consideración de millones de españoles como culpables no por sus propias acciones, sino por la supuesta actuación de sus abuelos o bisabuelos en una guerra fratricida. Legisla en contra del sentir
mayoritario de la población en cuestiones morales esenciales, enorgullecido de su 'diarrea legislativa'. Ampara el arrinconamiento de más de la mitad de las sociedades catalana y vasca y olvida a los españoles de esas y de otras regiones de la
Nación, colaborando en la progresiva desaparición de España de esos territorios, hoy casi culminada. Y para normalizar esta 'cancelación', emplea como arietes a muchos de los medios de comunicación social subvencionados con el fin de teledirigir a
la opinión pública y de silenciar a quienes plantean una alternativa a la deriva ilegal y antidemocrática del mismo Gobierno y de sus aliados.
II
ESTADOS DE ALARMA INCONSTITUCIONALES
La pandemia provocada por la COVID-19 tuvo un fuerte impacto en todos los países, si bien sus consecuencias han variado en función de la gestión que de la misma han hecho los diferentes gobiernos nacionales. En España, el Gobierno encontró
en la pandemia un aliado para avanzar en su proyecto totalitario y de control.
Hoy se sabe que el Gobierno tenía constancia del virus SARS-CoV-2 meses antes de la detección del primer caso en España. Sin embargo, la estrategia del Ejecutivo fue la inacción y la ocultación de la peligrosidad del virus. Mientras que el
Gobierno sabía que la enfermedad se expandía rápidamente por nuestro país, sus miembros promovían y protagonizaban manifestaciones con el fin de convertirlas en multitudinarias, al tiempo que el director del Centro de Coordinación de Alertas y
Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, don Fernando Simón, decía que 'España no va a tener más allá de algún caso diagnosticado' y que 'en España no hay virus ni se está transmitiendo la enfermedad'.
Pues bien, a los pocos días de esas declaraciones, el 14 de marzo de 2020, el Gobierno decretó el encierro ilegal de los españoles en sus casas durante meses para tratar de controlar una emergencia de salud pública, que se había vuelto
imparable. Para ello utilizó una herramienta prevista en la Constitución, el estado de alarma, que era absolutamente inadecuada para estos propósitos y que se empleó de forma torticera y contraria a Derecho: los derechos fundamentales de los
españoles fueron cercenados sin ninguna justificación y sin amparo jurídico-constitucional. La gravedad de la actuación del Gobierno, que impidió de forma generalizada el ejercicio de las libertades y que dificultó de manera nunca antes vista la
asistencia al trabajo y la actividad económica, no ha tenido precedentes.
Por todo ello, los estados de alarma decretados fueron declarados inconstitucionales a instancia de VOX. El Tribunal Constitucional dictó dos sentencias durísimas que, sin embargo, no solo no han supuesto la dimisión en bloque del
Ejecutivo, sino que fueron contestadas por este con apelaciones a las vidas que, supuestamente, habrían salvado el confinamiento ilegal.
El fruto de la nefasta gestión de la respuesta a la pandemia por el Gobierno, de la demora en su respuesta y la precipitación en su estrategia, es, además de las vidas segadas, el estado en el que se encuentra la economía nacional: España
ha sufrido una crisis profundamente perturbadora que ha hecho contraer el Producto Interior Bruto (PIB) hasta en un 11 %, sin que la recuperación haya llegado todavía. Cientos de miles de familias y trabajadores de toda España viven en un escenario
de miseria.
Y, a pesar de todo, se amordazó a la oposición con el cierre del Congreso de los Diputados y la supresión de la mayor parte de su actividad. Este ataque a la separación de poderes, indudablemente instado por el Gobierno en colaboración con
la Mesa del Congreso, que controla, supuso la suspensión del cómputo de los plazos reglamentarios que afectaban a las iniciativas en tramitación en la Cámara, así como de los plazos de prescripción y caducidad de los procedimientos administrativos.
Esto es, en el momento en el que el Gobierno ha tenido mayores poderes, la labor de oposición era imposible.
En definitiva, nos encontramos ante un Gobierno que infringió la Constitución para obtener poderes extraordinarios sin control alguno y que suspendió los derechos y libertades de los españoles cuando peor lo estaban pasando.
III
ASALTO A LOS CONTRAPODERES DEL ESTADO: TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL, INSTITUCIONES, INDULTOS Y DEROGACIONES
A) Cooptación del Estado.
Desde su ilegítima constitución, el Gobierno de España ha perpetrado numerosos ataques contra la separación de poderes y la dignidad de las instituciones públicas.
Para llevar a cabo con impunidad el desbordamiento del orden constitucional y ejecutar sin cortapisas su programa ideológico, el Gobierno ha diseñado y ejecutado numerosas iniciativas que culminan la colonización de los órganos
constitucionales por parte del Ejecutivo. El objetivo, conseguido, era controlar el Tribunal Constitucional (TC) y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para amparar el proyecto de ingeniería social de la izquierda y legitimar el próximo
cambio de régimen.
Como se ha expuesto, el Gobierno ha utilizado a los grupos parlamentarios que lo sustentan para introducir subrepticiamente reformas fundamentales de leyes esenciales para el funcionamiento del Estado y del Poder Judicial, y de forma
oportunista y chapucera. Con la única meta de controlar al TC, primero quisieron rebajar las mayorías necesarias para la designación de los miembros del CGPJ, en contra de la Constitución; después, consiguieron desposeer al órgano de gobierno de
los jueces, cuando estuviese en funciones, de todas sus competencias relevantes (Ley Orgánica 4/2021, de 29 de marzo) y, por supuesto, la de designar los dos magistrados del TC; tras ello, consideraron que les interesaba más
que el CGPJ nombrara a estos magistrados aun estando en funciones, por lo que le devolvieron esa competencia (Ley Orgánica 8/2022, de 27 de julio). Todo, con tramitaciones exprés que prepararon el terreno para los acontecimientos del pasado
mes de diciembre: el Gobierno del Sr. Sánchez designó como magistrados a uno de sus antiguos ministros de Justicia, don Juan Carlos Campo Moreno, y a la asesora del señor Bolaños en el Ministerio de la Presidencia, doña Laura Diez Bueso, que
completaron la mayoría de obediencia al Gobierno. Como corolario, el señor Sánchez entendió que su mejor soldado era don Cándido Conde-Pumpido Tourón, que ya había servido fielmente al PSOE y al expresidente Rodríguez Zapatero, y aseguró su
elección como presidente del TC. También consideró que la minoría ni siquiera merecía una Vicepresidencia, como había ocurrido desde 1980, por lo que designó a doña Inmaculada Montalbán Huertas, también íntimamente vinculada al PSOE, como número
dos del supremo intérprete de la Constitución.
No hay duda de que este nuevo TC servirá cumplidamente los designios de la coyuntural mayoría política que hoy se encuentra en el Gobierno, incluso mucho más allá de que esta abandone el poder. Se desmantelan los imprescindibles controles
al poder del Ejecutivo, con dos fines claros: uno inmediato, cual es promover la impunidad de los socios golpistas del Gobierno y facilitar que vuelvan a cometer un golpe separatista como el de octubre de 2017 en Cataluña, así como posibilitar
nuevos referéndums y consultas y amparar la pretensión separatista sintetizada en el lema ho tomarem a fer, y otro mediato, que es eliminar cualesquiera cortapisas al proyecto disolvente de ingeniería social de la izquierda más radical, con motivo
de la nueva mayoría llamada 'progresista'.
A estos efectos, a fecha de presentación de esta iniciativa ya ha comenzado avalando la constitucionalidad de la Ley del Aborto de 2010 tras trece años de espera, y lo mismo hará con otras normas de profunda sensibilidad social y esenciales
en el programa totalitario de la izquierda, también recurridas.
B) Asalto a las instituciones.
La política de invasión de las instituciones llevada a cabo por el Gobierno de España no se limita al Poder Judicial y al legislativo, sino que llega hasta el último rincón de los órganos, organismos autónomos, entidades de derecho público,
empresas públicas, observatorios, consejos, comisiones, comisionados, consorcios y fundaciones del Estado. La voracidad de Pedro Sánchez para colocar a sus afines en los más relevantes puestos no conoce límites. Por lo general se trata de
comisarios políticos, que ejecutan servilmente las órdenes que les da Presidencia del Gobierno. En muchas ocasiones, además, esas órdenes las llevan a efecto sujetos sin ninguna trayectoria fuera del PSOE, sin experiencia profesional y sin
formación específica para los puestos que desempeñan, de altísima remuneración y nula exposición mediática.
El ejemplo más paradigmático de esta instrumentalización mañosa del sector público estatal ha sido, desde julio de 2018, el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), cuyo presidente, José Félix Tezanos, que ha degradado un organismo de
alto prestigio y referencia hasta convertir sus estudios y publicaciones en motivo de mofa generalizada. Posteriormente, este caso, ya risible a fuer de vergonzoso, se vio ampliamente superado por el golpe a la democracia que supuso la designación
de doña Dolores Delgado García como Fiscal General del Estado sin solución de continuidad tras cesar como ministra de Justicia y a pesar de contar con un turbio historial de connivencia con jueces y policías investigados por corrupción. Hoy se ha
coronado con el citado acceso al TC del señor Campo Moreno, sucesor de la señora Delgado en el Ministerio de Justicia y fiel cumplidor de las órdenes de La Moncloa.
En otro nivel, el Ejecutivo de Sánchez también se apresuró a asaltar los medios de comunicación públicos. Al mandato como administradora única provisional de Rosa María Mateo, cumplidora de las órdenes gubernamentales, siguió la elección de
José Manuel Pérez Tornero como presidente del Consejo de Administración. Pero este fue obligado a dimitir por el Gobierno por considerar que no representaba bien sus intereses en la radiotelevisión pública. De forma inmediata, que pudiera parecer
diseñada de antemano, el Ejecutivo nombró presidente interina a Elena Sánchez, hasta ese momento consejera designada por el PSOE, y la invistió de poderes exorbitantes con una modificación ilegal del Estatuto de la corporación.
De la misma manera, en el sector público empresarial ha sido notorio que el Gobierno, de la mano del propietario actual del Grupo Prisa y de otros cómplices, ha asaltado el Consejo de Administración de Indra Sistemas, empresa española
capital en materia de seguridad y defensa, retorciendo la legislación societaria y arrasando con el carácter privado de la sociedad. La utilización del holding empresarial
encabezado por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) y del Grupo Patrimonio es obscena: Correos es presidido por el exjefe de gabinete e íntimo amigo de Pedro Sánchez, que emplea un millón de euros en reformar su propio
despacho y que está conduciendo a la entidad a pérdidas históricas en un contexto de auge del negocio de paquetería; Paradores era presidido por el actual director de Gabinete de la Presidencia del Gobierno, Óscar López, y hoy es dirigido por un
exdiputado del PSOE. El deficitario Hipódromo de la Zarzuela era hasta tiempos recientes liderado por el exdirector adjunto del Gabinete de Presidencia del Gobierno, y hoy lo preside la exjefa de prensa del PSOE. Y hasta la Compañía Española de
Tabaco en Rama (CETARSA) ha sido colonizada con un presidente que fue concejal, alcalde, senador y presidente de la Diputación de Cáceres con el PSOE. No queda un resquicio libre de la parasitosis provocada por el Ejecutivo.
IV
CRISPACIÓN SOCIAL Y QUIEBRA DE LA CONCORDIA NACIONAL
A) Ley de memoria democrática y ataques a la Jefatura del Estado.
Un rasgo que ha vertebrado la actuación del Gobierno de Pedro Sánchez es el de la deliberada voluntad de quebrar la convivencia de los españoles. Nunca un Ejecutivo constitucional había evidenciado tanto sectarismo y tanto desprecio por la
concordia nacional. Esta línea de conducta se manifiesta con toda intensidad tanto en el ejercicio de su función de impulso legislativo, como en la de dirigir la política general del Estado.
Puede afirmarse, sin temor a exagerar, que este Gobierno ha hecho de la unilateralidad y de la política de hechos consumados su auténtica marca de fábrica. Sería fácil decir que tenemos un Ejecutivo sustentado en una mayoría variopinta que
se preveía inestable, frágil y fugaz. Algunos afirmaron al principio de la legislatura que este Gobierno no duraría mucho, que se consumiría en peleas internas. Es falso: hay que reconocer que tanto el PSOE y Unidas Podemos como sus socios
separatistas y extremistas han logrado articular una mayoría parlamentaria que tiene un genuino elemento cohesionador: el propósito de imponer una agenda ideológica aun a costa de perjudicar gravísimamente a los españoles y de poner en cada vez
mayor riesgo la propia unidad nacional.
En su impulso de la labor legislativa, el Gobierno ha mostrado una total falta de escrúpulos al aprobar masivamente normas que atentan de forma directa contra las más hondas convicciones de millones de españoles. Con ello ha expresado no ya
su desconsideración por las ideas, sentimientos y modo de vida de tantos compatriotas, sino su profunda hostilidad hacia ellos. Tal postura ha provocado un enorme aumento de la crispación en la vida política y ha encendido como nunca antes la
división entre los españoles.
Estos efectos indeseables han sido deliberadamente perseguidos por quienes los han desencadenado. Los partidos de la coalición de Gobierno, y lo mismo sus socios, desarrollaron desde el primer momento un programa radical y extremista que
dejaba fuera, al menos, a la mitad de la población. Las ideologías que todos ellos profesan tienen en común su carácter fuertemente divisivo, intensamente intolerante a la discrepancia y a la crítica, y sobre todo su incompatibilidad con cualquier
proyecto de entendimiento entre los españoles.
Todos estos elementos concurren de modo pleno en una de las iniciativas más nocivas de las que es responsable el actual Ejecutivo, que es la Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática. Si la norma análoga aprobada en 2007 era una
ofensa contra la convivencia de los españoles, hay que reconocer que la Ley de Memoria Democrática deroga sus disposiciones, pero para sustituirlas por otras mucho peores. La Guerra Civil Española es sin duda el episodio más trágico de la Historia
reciente de nuestro país, y son millones nuestros compatriotas de hoy que cuentan con familiares caídos en combate en los dos ejércitos, o asesinados en las dos retaguardias. Acontecimientos tan dolorosos en la historia de un pueblo exigen que sus
ciudadanos y autoridades hagan un esfuerzo especial de conocimiento, pero sobre todo de comprensión. La Historia debe asumirse, con toda la carga crítica que sea necesaria, pero asimismo con respeto por aquellos que nos precedieron.
Sin embargo, las premisas del Gobierno al impulsar la Ley de Memoria Democrática no pueden ser más opuestas. Todas las hipótesis utilizadas para justificar esta norma son rotundamente falsas, y constituyen la coartada para la consecución,
una vez más, de los objetivos ideológicos y de poder que
animan al Ejecutivo y a las fuerzas que lo sustentan. Tal como se ha expuesto, para lograr estas finalidades el Gobierno y sus aliados no han dudado en sacrificar el entendimiento de los españoles que tantas décadas costó alcanzar. Con el
mismo propósito, se han sumergido en una dinámica de odio y barbarie para llevar a cabo una auténtica erradicación de una parte de nuestra Historia.
Hay que detenerse en algunas de las previsiones concretas de la norma. Así, con espíritu totalitario, se han aprobado leyes que restringen libertades fundamentales garantizadas por el texto constitucional, como las de expresión, reunión y
cátedra. Se ha pretendido convertir la ideología que comparten los partidos del Gobierno, y sus socios separatistas, en política de Estado, al modo de los países del desaparecido bloque soviético. Y se han realizado actos de destrucción vandálica
y sectaria de elementos de nuestro patrimonio cultural e histórico, para tratar de borrar la memoria de muchos españoles que son antepasados de nuestros compatriotas de hoy y que, en todo caso, forman parte de nuestra Historia.
El propósito de estas políticas dirigidas no a la preservación de la memoria, sino a su destrucción o manipulación, es imponer una hegemonía cultural e intelectual que pueda servir de telón de fondo a una permanente supremacía política de
sus impulsores. Si lo anterior no fuese lo bastante divisivo y sectario, debe añadirse que entre estos últimos están todos los grupos separatistas que conspiran contra la unidad de España. Por ello, puede concluirse que la Ley de Memoria
Democrática y todas las iniciativas que la acompañan son una amenaza mortal contra el Estado de Derecho, los derechos y libertades de los españoles y la misma integridad de nuestra comunidad política.
Otra manifestación de la permanente agresión contra la convivencia, que es la ejecutoria del actual Gobierno, es su actitud con relación a la Corona. Esta institución es un pilar fundamental del Estado constitucional conformado en 1978.
Ante todo, el jefe del Estado, al representar la unidad, la continuidad y la permanencia de la Nación, es la encarnación de una institución simbólica de primera categoría. Además, el Rey, dadas las funciones formales que tiene atribuidas en cuanto
al funcionamiento de los órganos constitucionales, tiene una importancia central desde el punto de vista estrictamente institucional.
Por todo ello, y por la posición que tiene la regulación de la Corona en el texto constitucional, parece claro que el futuro de la Monarquía parlamentaria va unido al de la propia norma fundamental. También parece claro que el Gobierno y
sus socios son plenamente conscientes de ello. En consecuencia, hemos podido asistir a distintas acciones del Ejecutivo y de sus aliados que deben ser insertadas en una pretensión a largo plazo: la progresiva erosión de la imagen pública de la
persona del actual monarca y, sobre todo, de la Corona y de su papel institucional. El objetivo último es la abolición de la monarquía y, de modo inseparable, el cambio de régimen. Pero el nuevo régimen no estará basado en la integridad
territorial de España y en la libre concurrencia de opciones políticas, sino en el principio de autodeterminación de las regiones y en la total hegemonía ideológica de las fuerzas de la actual mayoría gubernamental; en suma, en el fin de la unidad
y la soberanía de la Nación.
Puede apreciarse esta voluntad de debilitamiento de la Monarquía parlamentaria, ante todo, en el deliberado oscurecimiento de la figura y atribuciones del actual Rey. Ello ha coincidido, quizá por casualidad, con el hecho innegable de que
el presidente del Gobierno en ejercicio ha exteriorizado de modo reiterado unas veleidades presidencialistas en la faceta representativa de su cargo que en modo alguno son conciliables con la naturaleza parlamentaria de nuestro sistema político. En
este sentido se pueden citar multitud de pequeñas muestras de descortesía del jefe de Gobierno hacia el jefe del Estado; aisladamente pueden verse como anécdotas, pero en su conjunto sin duda conforman una categoría y una tendencia.
Más allá de la descortesía, en todo caso, han ido distintas manifestaciones de hostilidad hacia la Corona y hacia su titular por parte de representantes gubernamentales de Unidas Podemos, que no hacen ningún esfuerzo por ocultar el desprecio
que les genera la institución monárquica y lo que ella simboliza: la unidad nacional y el sistema constitucional, que es tan notorio que huelga explicación. Y, finalmente, está la actitud de los socios separatistas del Gobierno, caracterizada no
por la hostilidad sino por el puro odio, exteriorizado en injurias y ofensas sin límite contra la Corona, y en una clara voluntad de erradicar su presencia -y lo que simboliza- de determinadas regiones de España.
En definitiva, con su conducta hacia el Rey y hacia la institución que encarna, Pedro Sánchez evidencia la tendencia autocrática que caracteriza su estilo personal de gobierno; intenta erosionar una institución que constituye una de las
columnas vertebrales de nuestro sistema político; contribuye así a debilitar la solidez del edificio constitucional de 1978; y arremete contra una figura que constituye un símbolo de la unidad política de España y de su continuidad y permanencia
como Nación. Por todo ello se
ha revelado como responsable de una línea de ataque contra la estabilidad de nuestra vida pública y contra la concordia entre los españoles.
B) Ley del 'solo sí es sí' y Ley 'Trans'.
Ya se ha hecho alusión al sectarismo ideológico exteriorizado por el Gobierno con las leyes que ha promovido. Algunas de ellas han ido dirigidas, no tanto a los principios básicos de la organización política como en el caso de la memoria
histórica, sino a las bases mismas de la vida cotidiana de las personas. Entre ellas podemos destacar, por el significado especial que le han dado los partidos del Ejecutivo, la Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la
libertad sexual, conocida como 'Ley de solo sí es sí'. Ha sido una norma sumamente publicitada, que se pretendía erigir como barrera infranqueable para proteger la libertad y la seguridad de las mujeres al 'poner el consentimiento en el centro'.
Pero, como ocurre con casi todas las iniciativas del Ejecutivo, la voluntad declarada nada tiene que ver con los auténticos propósitos que las inspiran. Tales propósitos no tienen ninguna relación real con la protección de las mujeres, cuyo
consentimiento era ya imprescindible antes de la ley, sino que se dirigen a intervenir en el ámbito de las relaciones más íntimas de las personas para cambiar las costumbres de la vida privada y aun su propia mentalidad. Los parámetros de la
mayoría gubernamental en esta materia pueden calificarse, sin miedo a exagerar, como claramente totalitarios.
No obstante, lo anterior es solamente uno de los puntos de vista. Las normas marcadas por el hábito de legislar sobre la esfera privada de los individuos coinciden en la citada Ley Orgánica con modificaciones de la legislación penal, en el
sentido de posibilitar un arbitrio judicial de la fijación de penas que, a su vez, permitiera imponer condenas más leves que las de la normativa anterior. Esto fue advertido en informes del Consejo General del Poder Judicial y de otras instancias
sociales e institucionales, y por supuesto por los diputados y senadores de las fuerzas políticas que se han opuesto a esta y a otras iniciativas ideológicas semejantes. Puesto que el Gobierno que elaboró el Proyecto de la norma cuenta con todo el
soporte técnico de la Administración General del Estado, y ha sido claramente advertido de las consecuencias que tendrían las reformas penales, no puede hablarse en este caso de error y ni siquiera de simple incompetencia.
Por el contrario, una reforma legal que reduce las penas de los criminales encaja perfectamente en el sustento filosófico de los partidos que integran el Gobierno de Pedro Sánchez. La mentalidad subversiva que informa su pensamiento hace
concebir una suerte de simpatía hacia el delincuente, y se concreta en el terreno del Derecho penal en una hostilidad de principio hacia la consideración de la pena como castigo, e incluso hacia su misma finalidad disuasoria. En consecuencia, desde
esta postura se rechazan las penas severas que verdaderamente intimiden a los potenciales criminales. La exactitud de esta explicación ha sido confirmada por las declaraciones de altos representantes del Ministerio de Igualdad que lideró el proceso
de preparación de la Ley Orgánica.
De esta disminución del rigor de los castigos no solamente van a beneficiarse los criminales del futuro, sino también, en virtud de la retroactividad de las normas penales más favorables, los delincuentes sexuales ya condenados. De estos,
son ya más de 500 los favorecidos. El escenario, aparentemente, no puede ser más desconcertante: una norma que dice querer fortalecer la defensa de las mujeres ha permitido la reducción de las condenas de cientos de delincuentes sexuales. Pero
hay que reiterar que el desconcierto es aparente. La 'Ley del solo sí es sí' no quería proteger a las mujeres, sino intervenir en la sociedad y manipularla desde el totalitarismo y la arbitrariedad. Las excarcelaciones de criminales sexuales son
la consecuencia lógica del fanatismo de los postulados del Gobierno que, con ello, se hace acreedor de un nuevo motivo para su censura.
El sectarismo ideológico descrito informa asimismo otra iniciativa legislativa impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez, la 'Ley Trans', a la que pueden atribuirse las mismas características que se han señalado para las normas
anteriormente mencionadas: obsesión totalitaria por regular las esferas más privadas de la vida de las personas, voluntad de invertir las formas de vida y las mentalidades de los ciudadanos, imposición de dogmas ideológicos como política de Estado
en todas las instancias de las Administraciones y de la sociedad civil. A estas cualidades compartidas con otras leyes, la 'Ley Trans' añade algunas singularidades que la hacen particularmente peligrosa para las personas afectadas y, además, para
las relaciones familiares.
Es preciso comenzar recordando que la radicalidad y el extremismo de esta norma son tales que, en un principio, amplios sectores del partido mayoritario de la coalición de Gobierno eran contrarios a los
términos en que se ha aprobado. Sin embargo, Pedro Sánchez siempre opta por la crispación y el conflicto en las encrucijadas, por lo que fue la opción más fanática y sectaria la que recibió finalmente el impulso del Gobierno y la que se ha
convertido en norma. Nuestro país ha sido sometido a una legislación en materia de transexualidad que pone en cuestión las relaciones entre los sexos en todos los aspectos de la vida social; y dicha legislación ha sido diseñada por un partido
minoritario de activistas radicales que están consiguiendo ajustar la sociedad a su obsesivo molde ideológico, sin importar lo incompatible que este sea con la realidad.
La norma se basa en el falso principio de autodeterminación de género, de modo que una distinción básica de la especie humana, como es la del sexo, queda reducida a una simple percepción subjetiva. Los escasísimos casos de disforia sexual
son utilizados una vez más como coartada del verdadero objetivo, que es ideológico: invertir radicalmente no ya las formas de relacionarse en la sociedad, sino las manifestaciones y el modo de ser de cada persona en función de su sexo. Este
propósito se ha manifestado asimismo en costosas campañas publicitarias que pretenden el mismo objetivo totalitario de cambiar la forma de ser del individuo desde el Estado.
La ley es además un atentado contra los más débiles, los menores de edad a quienes se va a permitir que, pese a la falta de madurez debida a los pocos años de vida, tomen decisiones que pueden perjudicar irreversiblemente su desarrollo
físico y arruinar completamente su futuro. A este respecto, hay que recordar que, de modo semejante a 'solo sí es sí', los promotores de la norma han continuado adelante habiendo sido perfectamente advertidos de los graves efectos dañinos que su
iniciativa puede provocar. Suecia, país pionero en estas políticas, ha frenado los tratamientos hormonales de menores que quieren cambiar de sexo. En Gran Bretaña, el impulso de una norma semejante a la española por la autoridad autónoma de
Escocia ha generado tal rechazo social que ha desencadenado una crisis constitucional con el Gobierno del Reino Unido, y la dimisión de la propia ministra principal escocesa.
Además, y como es habitual en este tipo de normas, la ley ataca la autoridad de los padres sobre sus hijos menores y su derecho de que estos se eduquen conforme a sus propias convicciones. Los padres quedan así inermes frente a la
arbitrariedad del poder estatal: se les impide de ejercer su función de amparo de sus hijos, cuando son los padres, por obvias razones de cercanía y afecto, precisamente los que mayor preocupación e interés tienen por ellos. En definitiva, esta es
una ley que constituye una agresión directa contra la persona y la familia. Es otro elemento más de los muchos con los que el Gobierno de Pedro Sánchez ha empeorado la vida de los españoles, y un argumento más para que el Congreso de los Diputados
censure su labor.
V
UN GOBIERNO CONTRA LOS INTERESES GENERALES DE LOS ESPAÑOLES
A) Política económica y fiscal
El de Pedro Sánchez es el Gobierno de la ruina y el despilfarro. Sus señas de identidad son el aumento desorbitado del gasto improductivo y la aplicación implacable de una política fiscal confiscatoria.
Ambas caras de la misma moneda se encaminan a financiar la puesta en marcha del programa ideológico del Gobierno, a sufragar un inexistente 'escudo social' y a beneficiar a sus deudos, de forma absolutamente alejada de los problemas reales
del día a día de los españoles. No hay muestra más visible de la indiferencia ante las condiciones que dificultan la vida cotidiana de nuestros compatriotas que el mantenimiento de un Gobierno elefantiásico con tres Vicepresidencias, veintidós
Ministerios y una treintena de Secretarías de Estado, amén de otros muchos comisionados, embajadas especiales, entidades y organismos de todo tipo. El enorme derroche político que estas figuras implican es moralmente inaceptable ante la emergencia
social que España atraviesa 1.
El Gobierno falla en los objetivos fundamentales de lo que debe comenzar a ser una política económica para el crecimiento, hacia la eficiencia y la racionalidad: debe eliminar impuestos, reducir los que no pueda eliminar, contribuir a
minorar la inflación a través del recorte de impuestos, limitar al mínimo el gasto público improductivo, convertir el excedente obtenido en un gasto verdaderamente social que ponga en el centro a los españoles y a sus necesidades y proyectos vitales
y disminuir de forma absoluta la deuda pública, por la losa que supone para las generaciones futuras y para el porvenir de nuestros jóvenes.
1 https://www.lamoncloa.gob.es/gobierno/gobiernosporlegislaturas/Paginas/xiv_legislatura.aspx.
El Gobierno practica unas políticas económicas que se alejan de los intereses reales de los españoles: las que les dictan las agendas globalistas, las instituciones supranacionales, las élites de Bruselas y los ejecutivos de las grandes
multinacionales. Al mismo tiempo, deja atrás a las clases medias y populares con cargas y gravámenes impensables hace poco tiempo, que imposibilitan su vida y su prosperidad.
Estos son los mismos sujetos que, con la ayuda de este Gobierno, alientan la invasión de nuestras costas a través de la inmigración ilegal masiva, amparan por acción u omisión a las mafias de los traficantes de seres humanos y califican como
xenófobos a quienes quieren evitar que cientos de personas se sigan ahogando en el Mediterráneo por causa del 'efecto llamada'. Y todo ello lo sufren los españoles corrientes, porque se legisla en contra de sus necesidades, no se vela por los
intereses ni por la seguridad de las familias y los vecinos y las consecuencias económicas y sociales de la inmigración ilegal masiva no la sufren los privilegiados, sino las clases medias y populares.
Los tres Presupuestos Generales del Estado aprobados en esta Legislatura, todos ellos de consuno con los peores enemigos de España, se han caracterizado invariablemente por el aumento de impuestos y por el gasto político improductivo. Todo
ello, al servicio de un proyecto de ingeniería social y de ruptura de España. No en vano, no pueden olvidarse aquí las palabras de Arnaldo Otegi en octubre de 2021 para referirse a los presupuestos de 2022, entonces en fase de negociación: 'Esos
200 presos tienen que salir de la cárcel. Si para eso hay que votar los Presupuestos, los votaremos' 2.
El resultado de la frivolidad del Gobierno y de su utilización de los Presupuestos y de la economía como armas electorales es evidente: la economía de España sufre desde hace años un problema de baja productividad que lastra nuestro
potencial de crecimiento y que se ha visto agravado con la crisis del COVID-19. Mientras tanto, al Gobierno ni está ni se le espera en abordar los factores que alimentan esta soga al cuello del porvenir de nuestro país: no se adoptan reformas que
promuevan el aumento del esfuerzo inversor público en I+D+i (más allá de leyes huecas y meramente declarativas) o la menor dotación de capital humano, que solucionen la inadecuación del sistema educativo a las necesidades del país o las severas
ineficiencias en el mercado de trabajo.
Las respuestas a las dos crisis más fuertes sufridas por España en los últimos tiempos, la de 2008 y la del COVID-19, fueron gestionadas por ejecutivos socialistas. Ambas estrategias fueron negligentes y profundamente equivocadas, y como
hemos observado en ninguna de las dos 'salimos más fuertes', sino más bien al contrario, perjudicando a nuestras clases medias y desfavorecidas. Afirmamos, sin temor a equivocarnos, que nunca un Gobierno de España había gastado tanto ni tan mal, en
un momento en el que los recürsos del Estado deben destinarse a garantizar lo importante: el Estado de bienestar, la libertad, la seguridad y el futuro de los españoles.
- Erróneas decisiones económicas durante la emergencia de salud pública.
La ya frágil situación económica en la que se encontraba España antes del 'cisne negro' del coronavirus, junto con las nefastas medidas adoptadas ante la emergencia de salud pública, han acabado asfixiando a las familias, a los autónomos y
al tejido empresarial e innovador español. Las medidas impuestas por el Gobierno durante los sucesivos estados de alarma, posteriormente declarados inconstitucionales, se fundamentaron en restricciones a la movilidad, al trabajo y a la actividad
económica. La creación de riqueza se detuvo en seco, sin que quedase a los empresarios y autónomos otra alternativa que el masivo endeudamiento para sobrevivir. Los efectos que provocó esta 'hibernación' económica, ni siquiera vista en tiempo de
guerra, fueron devastadores.
Entre otros sectores, el comercio observa unas cifras de negocio que continúan por debajo de los niveles anteriores a la crisis ocasionada por las medidas frente a la pandemia. La débil posición en la que quedó el comercio minorista y
tradicional, con miles de cierres, le deja inhabilitado hoy para poder adaptarse al modelo de negocio impuesto por el comercio electrónico y las grandes superficies. Por su parte, la industria fue paralizada y sufrió de forma simultánea la rotura
de las cadenas de suministro (incrementada por la cesión de la soberanía industrial a China) y el alza de los precios energéticos (exacerbados por la cesión de la soberanía energética a Rusia). En España, la hiperregulación y complejidad
administrativa, la ausencia de una verdadera unidad de mercado, la voracidad recaudatoria de los poderes públicos, la criminalización de la creación de la riqueza y la incompetencia de los gestores públicos han puesto la puntilla.
2 https://www.youtube.com/watch?=trU2YZ1vmxw.
La brutal recesión que sufrió la economía nacional ha consolidado en nuestro país lo que, antes de llegar al Gobierno, sus propios integrantes actuales llamaban 'las colas del hambre' y 'pobreza energética'. Esta realidad, que se ha
mantenido desde entonces y que está experimentando un desgraciado aumento debido a la inflación y a la crisis, hace que en España haya familias que tengan que elegir entre pagar las facturas o comer. Sin embargo, quienes sufren esta situación son
ahora escondidos por el Ejecutivo.
Según los datos de Eurostat a fecha 16 de febrero, España es el único país de la zona euro que no ha recuperado los niveles de PIB previos a la pandemia 3. Ese es el fruto más evidente de la incapacidad del Gobierno para poner en práctica
medidas económicas de carácter estructural que logren elevar la productividad, los niveles de empleo y las retribuciones de los trabajadores, sin hacer a estos ni a los empresarios objeto de más saqueos fiscales. Lo anterior es muestra de que
nuestro Gobierno no pretende acometer reformas de calado, con efectos a largo plazo, que redunden en el incremento de la innovación y de la competitividad, así como en el refuerzo del tejido productivo.
Al contrario, el Gobierno es culpable de acelerar una senda creciente de gasto político ineficiente y desbocado, de déficit presupuestario, de confiscatoriedad y de elevación de la deuda pública que no hacen más que aumentar las cargas de
las generaciones actuales y futuras. Al tiempo, la inversión en el futuro se confía a unas leyes educativas que, por su filosofía contraria al esfuerzo y a la excelencia, y su afán adoctrinador e ideológico, confirman lo que parecía: que la
educación pública ha abandonado definitivamente su condición de ascensor social que contribuya a hacer mejores personas y mejores profesionales que sirvan al crecimiento de España.
El futuro de nuestra Nación se confía a unos jóvenes que se ven imposibilitados para echar raíces justo en la época en la que tienen que hacerlo. Comprar una casa, tener hijos o vivir en el mismo pueblo o ciudad en la que uno nace son cada
día más difíciles y, en muchos casos, lujos fuera del alcance de muchos. Al mismo tiempo, a los jóvenes se les vende que la ausencia de lo esencial no es sino una liberación, y se les pretende engañar poniéndoles en bandeja las migajas del sistema.
En eso consiste el proyecto de los postulados globalistas, que propugnan que 'no tendrás nada y serás feliz' 4. Esta visión es absolutamente incompatible con la naturaleza humana y pretende la configuración de un tipo humano absolutamente
desconectado de cualquier idea de raíces o de identidad. Se trata de una sociedad completamente líquida y basada en el cambio permanente. En esta concepción se dan la mano dos planteamientos originariamente antitéticos: el del socialismo
intervencionista y el de las 'sociedades abiertas', que vienen a confluir en una común concepción materialista que desconoce por completo los valores del espíritu.
- Una reforma laboral inútil.
Como acabamos de exponer, uno de los factores que impide el crecimiento de la economía española es la incapacidad del mercado de trabajo para generar riqueza y proporcionar empleos sólidos, estables y bien remunerados que permitan a los
españoles formar una familia y desarrollar un proyecto vital. España arrastra aún la desolación ocasionada por la actuación perjudicial del Gobierno durante la crisis del COVID-19 en términos de empleo. Las medidas del Ejecutivo frente a esta
pandemia supusieron la destrucción de cientos de miles de puestos de trabajo y la expropiación a los españoles de su derecho al trabajo, obviando que todo empleo es esencial para mantener a las familias.
Con este contexto de incertidumbre, crisis económica e imposibilidad de crecimiento sostenido, el Gobierno presentó una reforma laboral que aumentaba las anomalías del mercado de trabajo, encarecía los costes de contratación, no resolvía los
problemas de precariedad y temporalidad y reforzaba el papel de los sindicatos de clase al servicio de los partidos del Ejecutivo. No se beneficiaba a los trabajadores, no se favorecía la creación de puestos de trabajo y no se ofrecían soluciones
para dinamizar nuestra economía, en la que el mercado laboral es un factor esencial. Se trataba, en definitiva, de una reforma laboral meramente estética, para maquillar las estadísticas de empleo y presentar ante la Unión Europea unas cifras
falsas de baja temporalidad.
De hecho, los datos desestacionalizados de la Encuesta de Población Activa (EPA) a partir de la entrada en vigor de la reforma laboral alertan de la destrucción de puestos de trabajo y del aumento
3 https://www.expansion.com/economia/2023/Q2/04/63dd9198e5fdea3a408b4640.html
4 Se trata de la primera de las predicciones del Foro Económico Mundial (World Economic Forum) de 2016. El vídeo puede consultarse aquí: https://www.facebook.com/watch/?v=10153920524981479.
del paro 5. Esta pérdida de trabajos no se había producido en España desde 2013, exceptuando los picos de las distintas olas de COVID-19. Más aún, según datos oficiales, a finales del pasado mes de enero el número de parados registrados en
el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) se incrementó en 70.744 personas y se destruyeron más de 215.000 empleos, rozando la cifra de tres millones de parados 6 7. Este aumento del paro registrado este enero fue cuatro veces mayor al observado
en el mismo mes del ejercicio anterior, y no cuenta con la cifra de fijos discontinuos, que no aparecen en las cifras de desempleo incluso aunque no estén trabajando. La ruina, encima, trata de ser escondida, y los únicos que sufren son los
españoles.
En la EPA del cuarto trimestre de 2022, publicada el 26 de enero de 2023, el número de ocupados ha disminuido en 81.900 personas en el cuatro trimestre de 2022, habiendo aumentado en 20.000 personas en el sector público, pero habiendo
descendido en 101.900 personas en el sector privado. En ese mismo periodo, los asalariados disminuyeron en 31.700 personas. El número de parados aumentó así en 43.800 personas y se sitúa en 3.024.000, quedando la tasa de paro conocido en el 12,87
%.
Con respecto a los hogares, aumenta en 70.100 el número de estos que tienen a todos sus miembros activos en paro, alcanzando la cifra total de 1.047.500; a su vez, disminuyen en 38.900 las familias en las que todos sus miembros están
ocupados. Del análisis de los datos objetivos se puede concluir que la situación es dramática, debiendo atenderse al fin del trimestre para confirmar la magnitud de la gravedad de esa dinámica perniciosa que lastra a nuestra economía, a nuestra
sociedad y a nuestro Estado del bienestar 8.
La reforma laboral no ha resuelto, por tanto, ni uno solo de los problemas estructurales del empleo en España y no ha constituido un elemento útil para generar puestos de empleo en el sector privado: los datos de paro se prevén devastadores
tras el falso relato de los datos oficiales.
Además, la cifra de desempleo juvenil es la mayor de todos los países de la Unión Europea. Los jóvenes españoles no encuentran en este Gobierno la voluntad ni la capacidad necesarias para adoptar las medidas que verdaderamente les permitan
acceder a un puesto de trabajo a través del cual prosperar, ser más libres y poder formar una familia. Al contrario, es habitual que muchos de los jóvenes más preparados se vean forzados a emigrar al extranjero en busca de oportunidades
profesionales y de la posibilidad de un futuro mejor.
- Empresas y autónomos
En España, el grupo de trabajadores por cuenta propia o autónomos está formado, a 30 de diciembre de 2022, por 3.324.048 trabajadores. Esta cifra supone 1.204 menos autónomos que un año antes y constituye el peor dato desde el año 2012 9.
Se trata de otro grupo profundamente afectado por la voracidad persecutoria del Gobierno a los generadores de riqueza.
La última medida del Ejecutivo de Pedro Sánchez ha sido establecer un nuevo sistema que acaba con la posibilidad de que los autónomos elijan su base de cotización (Real Decreto-ley 13/2022, de 26 de julio, por el que se establece un nuevo
sistema de cotización para los trabajadores por cuenta propia o autónomos y se mejora la protección por cese de actividad), con el objetivo de aumentar la recaudación de la Hacienda Pública. La medida viene a confirmar lo poco que importa al
Ejecutivo la iniciativa privada y el emprendimiento empresarial, principales pilares del crecimiento económico 10.
Los autónomos son generadores de empleo (aproximadamente, un tercio del empleo en España) y son fundamentales para el mantenimiento del mercado laboral y de la productividad de la Nación. Las dificultades que sufre de manera general el
conjunto de la sociedad española son las mismas que comprometen también la continuidad de muchos de nuestros autónomos: subida de los precios de los carburantes, encarecimiento de la energía, escalada del coste de las materias primas, inflación
desbocada e impuestos abusivos. La mayor parte de los autónomos han visto aumentar sus gastos durante el 2022, lo que supone un grave peligro para la continuidad de muchos de sus negocios.
5 https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176918&menu=ultiDatos&idp=1254735976595.
6 https://www.sepe.es/HomeSepe/que-es-el-sepe/comunicacion-institucional/noticias/detalle-noticia.html?folder=72023/ Febrero/&detail=El-paro-sube-en-70.000-personas-durante-el-mes-de-enero.
7 https://ata.es/noticias/se-pierden-20-800-autonomos-en-enero-la-peor-cifra-desde-2012/.
8 https://www.ine.es/daco/daco42/daco4211/epa0422.pdf.
9 https://www.seg-social.es/wps/portal/wss/mtemet/EstadisticasPresupuestosEstudios/Estadisticas/EST8/EST10/EST305/EST306.
10 https://ata.es/noticias/se-pierden-20-800-autonomos-en-enero-la-peor-cifra-desde-2012/.
Junto a los retos a que tienen que hacer frente los emprendedores, encontramos uno de singular importancia y que es particularmente ilustrativo del contexto económico y social en el que nos encontramos: la morosidad. El porcentaje de
empresas y autónomos con facturas pendientes de cobro ha ido elevándose en los últimos meses. Este incremento de la morosidad está motivado, en parte, por efecto de la inflación. La situación es particularmente grave, ya que muchas empresas que
sufren morosidad pueden verse obligadas al cierre por dicha causa.
Según datos de asociaciones del sector de diciembre de 2022, la morosidad pública y privada ha sido y es uno de los problemas que han de afrontar los pequeños empresarios. La falta de capacidad para hacer frente a los pagos provoca que
empresas y autónomos experimenten graves trabas para crecer, y les imposibilita contratar nuevos empleados, teniendo en muchos casos que declararse insolventes. Cada vez son más las empresas y los hogares que no podrán pagar sus deudas.
Frente a todas estas dificultades sería de esperar una acción decidida por parte del Gobierno para compensar los efectos negativos que ellos mismos han contribuido a acrecentar, y sin embargo casi el 80 % de los autónomos 'afirma no haber
recibido ningún tipo de ayuda por parte de las administraciones públicas' 11.
El aumento de los costes empresariales dificulta la inversión productiva y la posibilidad de contratar. Los efectos de las políticas del Gobierno en la economía son devastadores y, como hemos afirmado reiteradamente, han supuesto la pérdida
de miles de puestos de trabajo.
- Una política fiscal de naturaleza confiscatoria.
En cuanto a la política fiscal, la negligente gestión del Ejecutivo en lo económico se ha visto acompañada de una voracidad recaudatoria sin límites: a causa de la inflación, los ingresos de la Hacienda Pública experimentan cifras récord
que, sin embargo, no han empujado al Gobierno a bajar los impuestos ni a incrementar la renta disponible de las familias y empresas.
Este exceso de ingresos tampoco se acompaña de una actuación del Gobierno dirigida a paliar el estado de emergencia social que viven los españoles: por el contrario, el Ejecutivo persiste en destinar fondos públicos a sufragar sus
particulares excesos ideológicos, a hinchar de forma indiscriminada el gasto público y a seguir poniendo palos en la rueda de la productividad y del crecimiento. La política fiscal es confiscatoria, se dicta a golpe de ocurrencia ('chiqui, son
1.200 millones, eso es poco') y pone en peligro el bienestar de las generaciones futuras, parasitando, cuando no destruyendo, el esfuerzo de los millones de españoles honrados que trabajan.
- Inflación disparada y aumento de la deuda pública.
El estancamiento de la economía española y la elevada inflación que vivimos en nuestro país conducen al empobrecimiento presente de las familias españolas (lo que es particularmente nocivo para las más desfavorecidas) y a la ruina futura de
estas (porque la imposibilidad de ahorrar implicará que no puedan invertir en el futuro). La insoportable inflación no se ha visto reducida por las medidas cortoplacistas y coyunturales del Gobierno, que se han revelado inútiles. Son cada día más
los hogares que no llegan a fin de mes y que no alcanzan a pagar los suministros básicos y los bienes de primera necesidad. El gasto en consumo de las familias ha caído considerablemente desde 2019 y la situación se agrava con el alza continuada de
los precios.
El Gobierno de Pedro Sánchez ha aumentado abruptamente la deuda a la que han de hacer frente los españoles, hipotecando a las generaciones futuras. Los datos son tremendamente elocuentes: en 2022 la deuda pública creció en 77.413 millones
de euros (1.511 por habitante); con ello, la parte de deuda que pesa sobre cada español es de 31.582 . La deuda supone un 113 % del PIB, habiendo llegado a situarse en el 120 % de la producción anual bruta de España en el mes de diciembre de
2020 12. Estas cifras son fruto de una gestión irresponsable y cortoplacista de la economía nacional. Su impacto sobre la competitividad futura, sobre la viabilidad del estado del bienestar y sobre el porvenir de la Nación son escalofriantes.
11 https://ata.es/wp-content/uploads/2022/12/np-barometro-XVI-diciembre-2022-ok.docx.pdf.
12 https://datosmacro.expansion.com/deuda/espana.
- Empobrecimiento de las clases medias y populares.
Una clase media fuerte es imprescindible para el sostenimiento de la economía española. Sus miembros son los principales responsables de mantener el consumo a través de la adopción de decisiones de largo plazo (hipotecas, hijos), de
invertir en educación y de, llegado el momento, ser cubiertos por los sistemas de protección social. Sin embargo, Pedro Sánchez y sus cómplices han provocado el empobrecimiento de las clases medias y populares. El aumento de los costes de los
principales productos consumidos por las familias incrementa de manera decisiva su vulnerabilidad y dispara el endeudamiento.
Lo único que ha crecido en España es el riesgo de caer en la pobreza, debido al deterioro de las condiciones laborales de una clase media que ya no tiene nada asegurado y que se sume cada vez más en la precariedad. Esta tendencia es
impulsada por unas agendas globalistas que parecen querer imponer una clase media depauperada, desarraigada y precaria, en el marco de su proyecto de sociedades desunidas y sin lazos, y en contra además de una inmensa mayoría de españoles.
El Gobierno promueve, por tanto, una reducción de las clases medias que se ve acentuada por la emergencia (esta sí) demográfica, en la que las simultáneas caídas de la natalidad y envejecimiento de la población actúan como factores
determinantes, que también lastran el futuro económico: sin crecimiento demográfico, sin clases medias fuertes, no hay crecimiento económico.
El Ejecutivo de Pedro Sánchez es culpable de la ausencia de políticas públicas que pongan en el centro a la familia y que contribuyan a atajar el grave problema demográfico que sufre España. La solución a este problema pasa por impulsar
políticas en favor de la vida, la natalidad y la familia, con iniciativas económicas y fiscales que ayuden a lograr las legítimas aspiraciones de los jóvenes para formar una familia, obtener un puesto de trabajo estable o acceder a una vivienda
digna.
Como hemos señalado anteriormente, cada vez son más los hogares con alguno o todos sus miembros en paro. Ello hace extremadamente vulnerables a las familias, no solo en el plano económico, sino también en el social. La situación de
desempleo afecta a las relaciones familiares, que se ven alteradas por la incertidumbre que provoca esta nueva situación y por las inevitables preguntas sobre qué pasará en el futuro, hecho al que se suman cuestiones prácticas que afectan a la vida
diaria, como los recortes en los hábitos de consumo. Esta es la realidad de muchas familias españolas, cuya realidad niega hoy este Gobierno de la ruina y el despilfarro.
B) Recursos naturales y política energética.
- Una gestión energética irracional.
En un momento crucial para la economía española, el Ejecutivo permanece enfangado en un proceso de descarbonización acelerada que, lejos de redundar en el bienestar de las familias españolas y del sector empresarial, sitúa a nuestro país
frente al abismo de la dependencia energética que lastra nuestra pervivencia y viabilidad como nación. La promesa de 'no dejar a nadie atrás' se ha visto relegada a un último plano por el sometimiento a los dogmas climáticos, a la Agenda 2030 y a
los Objetivos del Desarrollo Sostenible.
Finalmente, como pieza fundamental de su proyecto de lastrar la posición energética de España, encontramos la mayor manifestación de la política destructiva del Gobierno: la Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición
energética, con la que se ha prohibido la exploración, la investigación y la explotación de hidrocarburos en el territorio nacional. El rechazo a la inclusión de la energía nuclear y del gas en la taxonomía europea no hace más que incrementar la
dependencia energética de España, lo que atenta contra el bienestar de las familias, y contra la continuidad de las industrias y de las empresas. En definitiva, es una amenaza al desarrollo de todo nuestro tejido empresarial y la competitividad de
nuestra economía.
A pesar de la severa dependencia energética de España, que pone en peligro el bienestar presente y futuro de los españoles, el Gobierno fomenta los cierres y voladuras de centrales térmicas, y fuerza a las empresas a clausurar sus centrales
nucleares. Muchos países europeos se han rendido ante la evidencia y plantean ya la reapertura de las centrales de carbón y nucleares para reducir su dependencia del gas ruso.
Además de estas perniciosas políticas del Gobierno en materia energética, nos encontramos con los perjuicios causados por el inesperado giro protagonizado por Pedro Sánchez en la política exterior de España con Argelia, que ha puesto en
claro riesgo el suministro de gas.
En resumen, nos encontramos ante un Gobierno que es culpable del encarecimiento de las facturas de los españoles, que prohíbe a los españoles plantearse siquiera su soberanía energética proscribiendo la investigación, la exploración y la
explotación de los recursos energéticos nacionales, que impone un coche eléctrico que solo los privilegiados pueden permitirse y que encuentra en sus políticas energéticas y falsamente 'verdes' la excusa para continuar cercenando las libertades de
los españoles. La energía es cada vez más cara por las nefastas acciones de este Gobierno, por su absurda sumisión a los postulados globalistas importados acríticamente. Sin energía, sin embargo, no hay porvenir, ni prosperidad, ni independencia.
- Una gestión hídrica que no busca el acceso al agua en condiciones de igualdad.
También la política en materia de agua, como la de los recursos energéticos, es una cuestión determinante para la configuración económica y demográfica de un país, por cuanto contribuye a definir su capacidad productiva y el bienestar de su
población. La complejidad de nuestra geografía y nuestras particulares circunstancias orográficas han hecho de la gestión del agua una tarea difícil; a pesar de la dificultad, España dispone de la técnica necesaria pero el Ejecutivo de Sánchez
adolece de la visión precisa para contribuir al desarrollo económico que España necesita.
El Ejecutivo de Sánchez, sin embargo, carece de la necesaria visión para contribuir al desarrollo económico que España necesita. Su actuación es culpable y negligente, por cuanto impide el aprovechamiento de todos los recursos existentes y,
al mismo tiempo, permite el despilfarro de agua. Tal es el ejemplo de los vertidos al mar procedentes de nuestros ríos y el inadmisible exceso de celo en el cumplimiento del Tratado de Albufeira, que hace que los caudales que llegan a Portugal
tripliquen las cifras de agua que estamos obligados a traspasar.
No podemos permitir que la incapacidad de nuestro Gobierno a la hora de gestionar los aprovechamientos hídricos, escudándose en el cambio climático, sea fuente de enfrentamientos regionales; tampoco que zonas de nuestra patria, ricas en
producción agrícola, vean comprometida su capacidad económica y su desarrollo. Es necesario que los españoles decidamos sobre la universalización del acceso al agua en el territorio español y sobre la maximización de su uso como recurso económico
fundamental.
- Los perjuicios para el sector primario.
Con su inacción y el sometimiento a dogmas climáticos, impuestos lejos de nuestras fronteras y en perjuicio de los intereses nacionales, el Ejecutivo de Pedro Sánchez se ha hecho cómplice de la pérdida de valor añadido en nuestro sector
agrario, de los puestos de trabajo perdidos y de la constante despoblación del medio rural.
El sector agroganadero y pesquero también ha sido relegado al ostracismo por este Gobierno. El incremento implacable de los costes y las materias primas, de los combustibles y la energía, que son vitales para criar a los animales y para
llevar a cabo la actividad económica propia, asfixia a los propios productores, que se ven abocados al cierre, sin relevo generacional, ni esperanza en el presente ni en la continuación de su actividad.
Nuestro sector primario tiene que hacer frente a numerosas dificultades, trabas burocráticas, imposiciones innecesarias y problemas de relevo generacional, que se ven agravados por la inoperancia del Ejecutivo ante la crisis del COVID-19.
Este sector es, asimismo, estratégico no solo desde el punto de vista económico, sino también sociocultural, por lo que su decrecimiento supone también una merma en la conservación de las tradiciones y la pérdida de su carácter fijador de
población en las zonas rurales. La agricultura, la ganadería y la pesca respondieron a las necesidades de los españoles en los momentos más complicados de la emergencia de salud pública. Sin embargo, los datos no son alentadores: las políticas
del Gobierno han supuesto la pérdida de cerca de miles de puestos de trabajo desde finales de 2019.
El Gobierno es también culpable de la situación que atraviesa nuestro sector primario. Nuestra soberanía alimentaria está amenazada por la falta de voluntad política en la defensa de nuestros intereses en Europa y por la competencia desleal
a la que se encuentra sometida nuestra producción agrícola, ganadera y pesquera.
C) Políticas migratorias.
La entrada de Pedro Sánchez en la Presidencia del Gobierno estuvo marcada por la llegada del buque Aquarius a nuestras costas, allá por 2018. Según reconoce en el libro que le escribieron, Manual de resistencia, permitir que ese barco
llegara a España fue la primera decisión política del hoy presidente y le hizo enorgullecerse de su actuación. Desde ese momento, la política de 'puertas abiertas' y el consiguiente 'efecto llamada' marcaron la agenda sobre inmigración esta
legislatura.
España está sumida en una crisis migratoria nunca vista con anterioridad. Se trata de una consecuencia de las nefastas políticas adoptadas por Pedro Sánchez y sus socios comunistas. Así, desde 2019 hasta el 31 de enero de 2023 han llegado
a España, al menos, 150.000 inmigrantes ilegales. Esto ha convertido a nuestra Nación en el mayor puerto de entrada de estos flujos ilegales procedentes del norte de África con destino a Europa. La situación geográfica de España aconseja la
adopción de unas medidas enérgicas para detener el masivo asalto a nuestras fronteras. Sin embargo, el Gobierno de Pedro Sánchez, en su lugar, ha relajado la vigilancia de nuestras fronteras, acoge a los inmigrantes ilegales y desprotege a las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Es más, el Gobierno niega sistemáticamente el problema, como ocurrió con el asalto a la valla de Melilla en junio de 2022, que ha merecido la reciente reprobación del ministro del Interior por el Congreso
de los Diputados y al que, sin embargo, Pedro Sánchez mantiene en el cargo.
La política migratoria está íntimamente ligada a la defensa de nuestra soberanía. Pero los continuos asaltos a nuestras fronteras por inmigrantes ilegales desde el norte de África, sin que haya una respuesta eficaz, son un claro ejemplo de
que el Gobierno no defiende esta soberanía. El 'efecto llamada' generado con las políticas de 'puertas abiertas' ha puesto en manos de otros países, donde la democracia está ausente, un arma perfecta con la que amenazar y chantajear a España y a
este débil Gobierno. La gran entidad de esta crisis, así como el constante riesgo contra nuestras fronteras generado por algunos países del norte de África mediante el asalto a las mismas, constituyen una violación de nuestro territorio nacional, y
convierte la pasividad del Gobierno en auténtica complicidad.
Es evidente que la inmigración ilegal masiva genera problemas de seguridad ciudadana, amenaza los derechos de los trabajadores y el sostenimiento del Estado del bienestar, y representa un gravísimo peligro para nuestra identidad como Nación.
Hay que tener en cuenta que muchos de estos inmigrantes ilegales proceden de culturas radicalmente contrarias al modo de vida occidental y a nuestra cultura, lo que de igual manera supone una amenaza para nuestro sistema de derechos y libertades.
Ya existen zonas de España que comienzan a convertirse en guetos en los que la ley española pronto dejará de respetarse, si es que se sigue respetando; en los que bandas de inmigrantes cobran a los niños por utilizar parques públicos y en
los que las mujeres han dejado de poder ir solas por la calle. Las principales víctimas son las clases medias y populares españolas, así como aquellos inmigrantes que han venido a nuestra Nación de forma legal y honrada a ayudarnos a construir el
futuro de España, en el que se encuentra el suyo propio. Es especialmente injusto que aquellos que vienen a vivir entre nosotros, que cumplen con todas las normas y que son personas decentes, vean perjudicada su imagen por aquellas otras que lo
hacen de forma ilegal y sin respetar nuestras leyes y forma de vida. Los inmigrantes legales están entre quienes más sufren las consecuencias del fenómeno migratorio ilegal. Sin embargo, en lugar de una respuesta apropiada, el Gobierno de Pedro
Sánchez demoniza a las fuerzas políticas que denuncian esta situación y mantiene las subvenciones y ayudas a los cómplices de la inmigración ilegal.
Otra de las consecuencias de la llegada de ingentes cantidades de inmigrantes ilegales ha sido la degradación de la seguridad ciudadana, como muestra la comisión de delitos que antes en España no se conocían -las violaciones bajo
sometimiento químico mediante la 'burundanga'- o que eran del todo excepcionales -como las violaciones en grupo-.
Y es que, bajo pretexto de un supuesto humanitarismo, el Gobierno es cómplice de la inmigración ilegal masiva. Entre los objetivos marcados por las agendas globalistas, de las que este Ejecutivo es, como se ha reiterado, un aliado
entusiasta, se encuentra el conseguir sociedades disformes, desunidas, sin identidad propia ni lazos comunes, que tiendan a otro tipo de civilización más permeable a los nuevos dogmas. Los inmigrantes, especialmente los procedentes de culturas
radicalmente distintas de la nuestra, son una herramienta con la que favorecer este cambio social. Ello es fácilmente comprobable en el número de expulsiones de inmigrantes ilegales que se han producido desde que Pedro Sánchez llegó al poder, en
las escasas medidas que se adoptan para el refuerzo de nuestras fronteras o en las facilidades
que se otorgan para solicitar asilo y permitir la libre deambulación del extranjero solicitante por nuestro territorio mientras el expediente no se resuelve.
Tampoco el terrorismo es ajeno a esta cuestión. El terrorismo islamista, el yihadismo, utiliza la inmigración ilegal como forma de introducir sus efectivos en España. Tristemente, España acaba de sufrir otro atentado yihadista en
Algeciras, que ha resultado en la muerte de don Diego Valencia, sacristán, y en las heridas de un sacerdote católico y de otros tres fieles. El autor de este ataque terrorista es Yasin Kanza, de 25 años de edad y nacionalidad marroquí, un
inmigrante ilegal contra el que se había emitido una orden de expulsión de España en junio de 2022, que en enero de 2023 aún no había sido ejecutada. Es todo un ejemplo de la irresponsabilidad y nocividad del Gobierno de Pedro Sánchez en materia
migratoria. Este atentado no es sino el último acto de una serie de acciones sangrientas contra los españoles perpetradas por el solo hecho de no profesar la religión de los terroristas o vivir la víctima su cultura de forma distinta a como los
criminales lo hacen. Por desgracia, hemos sufrido numerosos antecedentes en Cambrils, Las Ramblas, Torre Pacheco, Cornellá o Madrid.
Según datos del propio Ministerio del Interior 13, en 2020, 37 de los 38 detenidos en Europa por terrorismo yihadista lo fueron en España; en 2021, 39 de 40; en 2022 se arrestó en España a 46 yihadistas, frente a 7 en el resto de Europa;
en lo que llevamos de 2023, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado ya han detenido a 6 posibles terroristas.
Desde el infausto atentado en los trenes de cercanías de Madrid del 11 de marzo de 2004, en España se han realizado 367 operaciones policiales contra el yihadismo, que han resultado en 963 detenciones 14. Si se compara con el número de
operaciones realizadas en el resto de Europa, se puede apreciar claramente que España sufre un alto riesgo por terrorismo yihadista. Por tanto, siendo la inmigración ilegal una de las vías utilizadas por los prosélitos del islamismo radical para
penetrar en España, no se comprende la indolencia -diríase mejor complicidad- de Pedro Sánchez y su Gobierno ante este fenómeno. El Ejecutivo elude cumplir su obligación de garantizar la seguridad de los españoles.
D) Política exterior.
Si las políticas de extrema izquierda llevadas a cabo en España en el ámbito interno han sido nefastas para los españoles, la política internacional de Pedro Sánchez no iba a ser menos perjudicial para los intereses nacionales. Nos
encontramos ante una total sumisión a poderes extranjeros, a agendas impuestas sin participación del pueblo, a ejecutivos de empresas trasnacionales y a oligarcas que tratan de forzar restricciones contrarias a los españoles. Esto es, no se aprecia
un ápice de defensa del interés de España, y sí de seguimiento adocenado de estos programas ideológicos de ingeniería social a escala global. Se ha asistido a la culminación de un proceso de ruptura de todos los consensos previos y al absoluto
desprestigio internacional de España. Pedro Sánchez, como responsable de estas políticas, lo es también de las consecuencias que ello acarrea.
Son muchos los temas que en materia exterior están afectando a España de forma extremadamente grave. La obstinación de Pedro Sánchez por denigrar la imagen de España en el extranjero, y por impregnar de sectarismo cada aspecto de la vida
política, incluidas las relaciones internacionales, define toda la actuación exterior de nuestro país en los últimos años.
Así, la completa sumisión al globalismo es la principal seña de identidad de las relaciones internacionales que gestiona el actual Gobierno. Las políticas globalistas, impuestas por unas élites que nadie ha votado, están presentes en todas
y cada una de las actividades internacionales sin que se aprecie ningún beneficio para los españoles. La Agenda 2030 y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible, los dictados del Foro de Sao Paulo y del Grupo de Puebla marcan la agenda exterior del
Gobierno de Pedro Sánchez. A ello se suman las necesidades personales del actual presidente del Gobierno y la sospecha de que, tras un espionaje a su teléfono móvil, dirige la política exterior con un evidente afán personal y no con una visión
nacional.
Todas las decisiones de política internacional de Pedro Sánchez han llevado a que España se encuentre en una posición ciertamente irrelevante y débil en el plano internacional como nunca antes se ha visto. No puede olvidarse el ridículo
'encuentro informal' que Pedro Sánchez mantuvo con el
13 https://www.interior.gob.es/opencms/pdf/
prensa/balances-e-informes/Lucha-contra-el-terrorismo/Lucha-antiterrorista-contra-ETA-v-el-terrorismo-internacional-XIV-Legislatura-Diciembre-2019/2.TABLA-DETENIDOS-TERRORISMO-INTERNACIONAL-25-01-2023.pdf.
14
https://www.interior.gob.es/opencms/pdf/prensa/balances-e-informes/Lucha-contra-el-terrorismo/Lucha-antiterrorista-contra-ETA-y-el-terrorismo-internacional-XIV-Legislatura-Diciembre-2019/OPERACIONES-Y-DETENIDOS-TERRORISMO-YIHADISTA-DESDE-LOS-
ATENTADOS-DE L-11-MARZO-2004-25-01-2023.pdf.
presidente estadounidense Biden con ocasión de la Cumbre de la OTAN en Bruselas en junio de 2021. A pesar de que La Moncloa quisiera vender que este encuentro fue un éxito, el vídeo del mismo es elocuente: 45 segundos de paseo sin apenas
conversación. Ni siquiera en el viaje de Pedro Sánchez a Estados Unidos a finales de julio de 2021 consiguió que lo recibiera no ya el presidente de Estados Unidos, sino ningún miembro importante del Gobierno norteamericano. No fue hasta la Cumbre
de la OTAN, celebrada en Madrid el pasado mes de junio de 2022, cuando ambos jefes de Gobierno se reunieron formalmente.
Los niveles de irrelevancia a que este Gobierno ha llevado a España tienen una fortísima vinculación con la escasa fiabilidad como socio que ofrece Pedro Sánchez, seriamente afectada además con los comunistas de Podemos como miembros del
Gobierno, cuando la dañada credibilidad que quedaba se ha perdido por completo. Y es que, en el ámbito de las relaciones internacionales, que nuestros socios confíen en España es una cuestión de enorme relevancia. En el caso de la invasión de
Ucrania por Rusia se ha visto claramente cómo nuestro país no es ahora un socio fiable. Pedro Sánchez ha permitido que Unidas Podemos, miembro del Gobierno, impida una correcta respuesta solidaria de España como Nación, y únicamente se han seguido
las recomendaciones de la Unión Europea.
Tratándose de una guerra de invasión contra una nación soberana como Ucrania, la respuesta española debía haber sido clara en la defensa de la integridad y soberanía del país agredido. Sin embargo, todas las actuaciones de este Gobierno han
sido tímidas y ambiguas, con falta de concreción y tratando de no explicar qué material se enviaba para no comprometer a sus socios de Gobierno. Así fue el caso del envío de ropa de invierno o la revelación del propio Pedro Sánchez de la ruta que
seguirían nuestros buques para la entrega de material a Ucrania, poniendo en serio riesgo el éxito de la misión.
Es más, miembros prominentes de la coalición Unidas Podemos, socios de gobierno de Pedro Sánchez, han criticado duramente a la OTAN. Así, el actual ministro de Consumo la calificó como terrorista en 2013; el otrora secretario de Estado
para la Agenda 2030 participó en una concentración contra esta, culpándola de la guerra de Ucrania.
Como se exponía anteriormente, otra de las notas que caracterizan la política exterior marcada por Pedro Sánchez es la sumisión a intereses extraños a los de los españoles. Por un lado, destaca la aceptación acrítica de todos y cada uno de
los postulados globalistas. Así, la aplicación de la Agenda 2030, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, de las políticas climáticas y de un sinfín de cuestiones que tienen como objetivo acabar con la identidad de las naciones y su
empobrecimiento para un mejor control mundialista por élites que nadie ha elegido están teniendo como resultado, ya, la destrucción de la Nación y la ruina de los españoles. España no es ajena a estas imposiciones; antes, al contrario, el gobierno
de Pedro Sánchez es uno de los más firmes partidarios de estas políticas y su sumisión a las mismas es total. Son numerosísimos los casos en que este Gobierno ha aceptado sin oposición alguna estas imposiciones e, incluso a veces, llegando más
lejos aún. Y lo más grave del caso es que los españoles no han decidido en ningún momento seguir estos postulados. Y esas políticas contrarias a los intereses nacionales se han convertido en ley.
Además de la ya citada prohibición del uso y aprovechamiento, e incluso del estudio y exploración, de todos los recursos nacionales, también se impone la existencia de Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) en las ciudades, que impiden que coches
'antiguos' puedan circular, lo que penaliza a todos aquellos que no se pueden permitir el lujo de adquirir vehículos nuevos, híbridos o eléctricos por sus altos precios y escasa funcionalidad. En esta línea, ya se ha anunciado la prohibición de
fabricación de los coches de combustión para 2035, mientras el comisario europeo asegura que se venderán en otros países y continentes, pero no en Europa. De nuevo, los perjudicados son los que no pueden permitirse un coche nuevo, caro y no
funcional.
Por su parte, la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, impone innumerables restricciones a los sectores productivos, entre ellas un impuesto a los envases de plástico que eleva los costes
que los generadores de riqueza deben soportar. Asimismo, el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 5, que impone el rodillo de la denominada 'ideología de género', ha sido plasmado en cientos de leyes, reales decretos, reglamentos, órdenes,
instrucciones y procedimientos en cualquier ámbito territorial, que habrá que derogar por completo porque no tiene otro objetivo que crear enfrentamiento entre hombres y mujeres y restar libertad a los españoles. Se podrían citar infinitos ejemplos
de lo perniciosa que es para España la aplicación fanática del globalismo, la importación entusiasta de políticas que se hacen a espaldas de las verdaderas necesidades de nuestros compatriotas.
Todas estas políticas cargan a los españoles con una serie de condicionantes y procedimientos para la actividad económica y la producción que encarecen notablemente los costes. De forma paralela, esas exigencias no se aplican a los
productos que se importan, dando lugar a una competencia desleal que arruina a muchos sectores o les fuerzan a deslocalizar su producción en terceros países por las mayores facilidades para los negocios y la escasa regulación laboral.
Por otro lado, también se manifiesta la sumisión a intereses ajenos a España por parte de Pedro Sánchez en lo relativo a las relaciones con Marruecos. La decisión unilateral del presidente del Gobierno de aceptar las tesis marroquíes sobre
el antiguo territorio español del Sáhara Occidental ha supuesto la ruptura total y sin precedentes de nuestra política exterior. Esta nueva rendición, que bien puede ser consecuencia de los chantajes de nuestro 'vecino del sur' a la persona del
presidente del Gobierno, ha tenido gravísimas consecuencias, especialmente en la actual situación política internacional.
Una de las peores consecuencias de esta decisión unilateral de Pedro Sánchez ha sido el serio deterioro de las relaciones con Argelia, otrora principal suministrador de gas a España. En la actual situación internacional derivada de la
guerra de Ucrania y el problema de aprovisionamiento energético que ha generado, España podría contar con una situación privilegiada para suministrar gas al resto de Europa. Por el contrario, la pérdida de este suministrador ha hecho que España
deba importar gas de otros países, incluidas Rusia o Estados Unidos, a unos precios prohibitivos y poniendo en riesgo el suministro, así como una importante reducción de nuestras exportaciones a Argelia. En este sentido, y con la suspensión por
parte de Argelia del Tratado de amistad, buena vecindad y cooperación entre el Reino de España y la República Argelina Democrática y Popular, hecho en Madrid el 8 de octubre de 2002, Italia ha tomado el relevo de España como principal suministrador
de gas, aumentando más si cabe nuestra irrelevancia incluso en el seno de la Unión Europea.
Podría pensarse que esa decisión unilateral de Pedro Sánchez supondría alguna ventaja para España, pero los hechos hablan por sí solos: humillaciones constantes a nuestro país, como que el rey de Marruecos no reciba a Pedro Sánchez, que se
coloque la bandera española al revés en una reunión de primer nivel o que sigan llegando cientos de inmigrantes ilegales a nuestro país procedentes del 'vecino del sur'. Sin embargo, lo más importante y preocupante es que Marruecos ni siquiera ha
renunciado a algunas de sus mayores pretensiones: Ceuta y Melilla y las aguas del archipiélago canario. Sobre este particular hay que recordar que el Gobierno renunció a reclamar que Ceuta, Melilla y los peñones de soberanía española se incluyeran
en los mecanismos de los artículos 5 y 6 del Tratado del Atlántico Norte, de 4 de abril de 1949, por lo que se deja al albur del resto de socios la decisión de si la Alianza defenderá o no estas partes de España.
La sumisión mostrada por Pedro Sánchez a los intereses de Marruecos tanto en el ámbito interno como en el seno de las instituciones europeas ha generado una imagen de debilidad que, previsiblemente, será aprovechada por otros países.
Ejemplo de ello son las numerosas veces que otros países se niegan a colaborar con la Justicia española: es notoria la negativa de Bélgica a extraditar a España al criminal Puigdemont y a otros golpistas en varias ocasiones.
A pesar de que Marruecos no renuncia a sus aspiraciones, recibe cuantiosos fondos españoles de cooperación y adquiere de nuestro país una cantidad considerable de material militar. En este sentido, la recientemente aprobada por el Congreso
Ley de Cooperación para el Desarrollo Sostenible y la Solidaridad Global destina enormes esfuerzos de todos los españoles a la cooperación con otros países sin ninguna contrapartida, como pudiera ser que todas las ayudas se condicionen a la lucha
contra la inmigración ilegal, el tráfico de drogas o la cooperación con la Justicia, o que no alimenten la competencia desleal por otros países. Por el contrario, las políticas de cooperación internacional están orientadas a fomentar los postulados
del feminismo más radical y a ampliar el propósito de 'gobernanza global', sin que los recursos gastados se encaminen a reforzar la posición española en el mundo, para lo que la Cooperación Española sería un elemento fundamental.
E) Alianza con narcodictaduras y regímenes totalitarios.
Otra de las características más destacadas de la política exterior de Pedro Sánchez es la excelente relación que nuestro Gobierno mantiene con dictaduras, narcodictaduras y gobiernos totalitarios, como el de Cuba, y con aquellos países donde
el Estado de Derecho está desapareciendo en favor de regímenes opresores. Resulta ciertamente extraño que sea el Ejecutivo de Pedro Sánchez el que condena con toda dureza los sucesos de Brasil de enero del presente año, pero no dedica ningún tipo
de condena a la
violencia en que vive sumida Perú por parte de la extrema izquierda con el apoyo del Foro de Sao Paulo y del Grupo de Puebla. Ello se debe no solo a que Pedro Sánchez fomenta acciones de apoyo internacional a aquellos gobiernos radicalmente
opuestos a la democracia por la influencia de sus socios de Unidas Podemos, sino que él mismo es partidario de las acciones coordinadas del Grupo de Puebla o del Foro de Sao Paulo. Estas dos organizaciones, con las que colaboran destacados miembros
del Partido Socialista, como el expresidente Rodríguez Zapatero, tienen como principal objetivo el sometimiento de toda Hispanoamérica a la ideología marxista, no dudando en favorecer la violencia cuando así lo estiman necesario.
Y es precisamente por los vínculos históricos y culturales con Iberoamérica por lo que España debería favorecer la formación de regímenes con instituciones sólidas, libertades políticas e imperio de la ley, en lugar de servir de apoyo a
sistemas tiránicos que oprimen a sus pueblos y cometen crímenes contra la humanidad. La connivencia con estos regímenes repercute directamente en la imagen de España y sitúa a nuestro país en una posición de debilidad para la defensa de nuestros
intereses en la región o de nuestros nacionales.
Por todo ello, no cabe sino concluir que Pedro Sánchez es el responsable del desastre de la política exterior española, por su sectarismo y su falta de preparación y conocimientos sobre las relaciones internacionales. Por ello, ha generado
y generará todo tipo de controversias internacionales que perjudiquen a España si antes no se pone inmediato fin a su Gobierno, evitando además que se utilice la Presidencia de turno de la Unión Europea para profundizar en su labor destructora y
que, de paso, se garantice un puesto internacional.
CONCLUSIÓN
Una moción de censura imprescindible para España
Asistimos a un momento de enorme gravedad, en el que el Gobierno parece haber emprendido la tarea de destruir la unidad nacional con el apoyo de los peores enemigos de España. El asalto a las instituciones sobre las que se asienta el Estado
de Derecho, la quiebra de la convivencia entre los españoles y la erosión de las bases sobre las que se ha construido la prosperidad de nuestro país son particularmente evidentes y se han acelerado en los últimos tiempos.
Este Gobierno es ilegítimo, porque desde el momento mismo de su formación se basó en el engaño. Su propia constitución, contra lo prometido antes de las elecciones, supuso la inclusión de comunistas en el Ejecutivo por primera vez en la
historia constitucional. Su mantenimiento sella diariamente su alianza con las fuerzas separatistas y filoterroristas, que se pavonean desvergonzadamente, sabiéndose con el control del Gobierno de la Nación. Su futuro, que la presente moción
pretende detener, asegura la violación sistemática de las promesas hechas a los españoles, de sus derechos, de su posibilidad de un porvenir en libertad.
La confusión de todos los poderes del Estado en torno al presidente del Gobierno, la colonización de todas y cada una de las instituciones del Estado con fieles y serviles es notoria: el Tribunal Constitucional, el Consejo General del Poder
Judicial, el Consejo de Estado, la Fiscalía General del Estado y hasta el Centro de Investigaciones Sociológicas y cualquier empresa pública no escapan del control de Pedro Sánchez y sus secuaces. Pero, sin duda, la más perniciosa para España es la
parasitosis del supremo intérprete de la Constitución, por cuanto asegura la pervivencia del programa político de la actual mayoría socialista y comunista mucho más allá de que esta abandone el poder. Se consagra, de esta manera, un desbordamiento
del marco constitucional que garantiza no solo un objetivo inmediato, cual es la impunidad de los golpistas, de quienes el Gobierno depende para mantenerse en el poder, sino también uno mediato y de largo recorrido, que es eliminar cualesquiera
cortapisas a la imposición definitiva del proyecto disolvente de ingeniería social de la izquierda más radical.
La tarea destructiva del Ejecutivo no se ha limitado a las áreas política e institucional. Su trayectoria ha sido igualmente dañina en el ámbito económico. Imbuido de un programa que resulta confiscatorio desde el punto de vista
impositivo, ha condenado a los jóvenes, ha asfixiado a las familias y a todos los sectores productivos para mantener un gasto público desmesurado e improductivo. Así, muchos españoles se ven obligados a hacer grandes esfuerzos para llegar a fin de
mes y ven cómo las facturas de los suministros y los precios de los alimentos se siguen multiplicando. Los españoles se ven obligados a recortar el consumo de productos básicos, a elegir entre alimentos o energía, a no poder ni soñar con
comprar una casa, a tener que buscar un futuro en el extranjero. Los datos de empleo -aunque el Gobierno se empeñe en maquillarlos- son peores cada día y los empresarios cada vez encuentran más dificultades para pagar los salarios de sus
empleados y hacer frente a las cuotas de la Seguridad Social. Las nefastas políticas económicas del Gobierno han provocado el empobrecimiento de todos los españoles y, en especial, de las clases medias y populares, así como de nuestros jóvenes.
La política internacional también ha sido un fiel reflejo de la situación interna de España: total irrelevancia internacional, desconfianza de nuestros socios y aliados internacionales, sumisión entusiasta a las agendas globalistas y
perniciosas alianzas con narcodictaduras y regímenes totalitarios. El Ejecutivo ha obviado el principio fundamental que debe guiar la acción exterior, la búsqueda del interés nacional.
En definitiva, estamos ante un Ejecutivo al que los diputados, atendiendo al bien común y a la prosperidad de los españoles, debemos censurar. Es necesario poner fin a un Gobierno que, como se ha reiterado, se afana en defender el exclusivo
interés personal de Pedro Sánchez de mantenerse en el poder, y en aplicar una agenda ideológica tremendamente divisiva y profundamente nociva para el pueblo español y sus libertades, con vistas a la implantación de un nuevo régimen. Con
independencia del triunfo o no de esta moción, es imperativo que los españoles tomen conciencia de la extrema gravedad de la situación que hoy vive España.
Con esta moción queremos corresponder con dignidad al deber moral que nos vincula y nos empuja. Deseamos atender a la responsabilidad que nos exige nuestra condición de diputados y de españoles. Por ello, exhortamos al pueblo español a
recuperar lo que es suyo y a decidir su presente y su porvenir, a restaurar la democracia dañada.
España merece un Gobierno que encare con decisión la tarea de coser las heridas abiertas entre los españoles de todas las regiones, de cualquier clase y condición; de resolver los problemas de aquellos que más sufren; de aprovechar y de
reclamar, sin pedir perdón, todas las oportunidades que nuestra gran Nación nos ofrece.
Ese es el propósito de esta moción de censura, eso es lo que mueve a los que suscribimos este documento: reunir un Gobierno que luche con valentía por nuestro futuro, por el de todos los españoles; los del hoy y los del mañana.
En atención a lo expuesto, los diputados suscribientes solicitamos a la Mesa del Congreso de los Diputados que, teniendo por presentado este escrito, y acompañando al mismo la expresa aceptación como candidato a la Presidencia del Gobierno
de España de don Ramón Tamames Gómez que se adjunta como anexo, se sirva admitirlo y, al amparo de lo dispuesto en el artículo 113 de la Constitución española y en los artículos 175 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, el
Congreso de los Diputados pueda exigir la responsabilidad política del Gobierno presidido por don Pedro Sánchez Pérez-Castejón mediante la adopción de la presente moción de censura.
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de febrero de 2023.-Santiago Abascal Conde, Iván Espinosa de los Monteros de Simón, Francisco Javier Ortega Smith-Molina, Patricia Rueda Perelló, Inés María Cañizares Pacheco, José María Figaredo
Álvarez-Sala, Juan José Aizcorbe Torra, Francisco José Alcaraz Martos, Alberto Asarta Cuevas, Mireia Borrás Pabón, Pablo Juan Calvo Liste, Ricardo Chamorro Delmo, Francisco José Contreras Peláez, Patricia de las Heras Fernández, Rocío de Meer
Méndez, Emilio Jesús del Valle Rodríguez, Cristina Alicia Esteban Calonje, Pedro Fernández Hernández, Tomás Fernández Ríos, Luis Gestoso de Miguel, Rafael Fernández-Lomana Gutiérrez, Ignacio Gil Lázaro, Víctor González Coello de Portugal, Mercedes
Lara Moreno, Rodrigo Jiménez Revuelta, María Teresa López Álvarez, Ángel López Maraver, Manuel Mariscal Zabala, Rubén Silvano Manso Olivar, Lourdes Méndez Monasterio, Manuel Mestre Barea, Onofre Miralles Martín, María Magdalena Nevado del Campo,
José Ramírez del Río, Pedro Jesús Requejo Novoa, Joaquín Robles López, Andrés Alberto Rodríguez Almeida, María de los Reyes Romero Vilches, Agustín Rosety Fernández de Castro, Eduardo Luis Ruiz Navarro, María de la Cabeza Ruiz Solás, Pablo Sáez
Alonso-Muñumer, Antonio Salvá Verd, Víctor Manuel Sánchez del Real, José María Sánchez García, Juan Carlos Segura Just, Carla Toscano de Balbín, Juan Luis Steegmann Olmedillas, Georgina Trías Gil, Julio Utrilla Cano, Rubén Darío Vega Arias y Carlos
José Zambrano García-Raez, Diputados.
ANEXO
ACEPTACIÓN EXPRESA DEL CANDIDATO A LA PRESIDENCIA DEL GOBIERNO DE ESPAÑA
Yo, Ramón Tamames Gómez, conforme a lo dispuesto en el artículo 113 de la Constitución española y en los artículos 175 y siguientes del Reglamento de la Cámara, por medio del presente declaro conocer y aceptar expresamente mi inclusión como
candidato a la Presidencia del Gobierno de España en la moción de censura que 52 diputados pertenecientes al Grupo Parlamentario VOX (GPVOX) registran ante la Mesa, en esta misma fecha.
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de febrero de 2023.-Ramón Tamames Gómez.
CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PROPOSICIONES NO DE LEY
Pleno
La Mesa de la Cámara en su reunión del día de hoy ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 194 del Reglamento, las siguientes Proposiciones no de Ley y considerando que solicitan el debate de las iniciativas ante el Pleno de la
Cámara, disponer su conocimiento por éste, dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de marzo de 2023.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
162/001170
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para facilitar el acceso a medicamentos huérfanos en España para
su debate en Pleno.
Exposición de motivos
De acuerdo con la propia definición que aporta el Consejo General de Colegios Farmacéuticos de España, un medicamento huérfano es 'aquel destinado a la prevención, diagnóstico o tratamiento de enfermedades raras'. Es decir, son fármacos
clave para que los pacientes de estas patologías poco comunes puedan vivir con mejor calidad de vida, recuperando su autonomía o, al menos, permitiendo que su enfermedad no se siga desarrollando y afectando a su día a día de forma significativa.
Según las cifras facilitadas por Farmaindustria, en torno a tres millones de españoles padecen enfermedades consideradas como raras, y sólo un 5 % de esas patologías tienen algún tratamiento potencial. Debido, precisamente, a su escasa
incidencia en la población, son enfermedades que también requieren un enfoque mucho más personalizado y específico. Por tanto, las soluciones que podrían tener a su alcance no se benefician de las economías de escala que sí facilitan el desarrollo
y comercialización de medicamentos o tratamientos para enfermedades más comunes.
La Unión Europea reconoció en el año 2000 esta necesidad y se adoptó el Reglamento 141/2000 sobre medicamentos huérfanos, que establece los criterios para declarar determinados medicamentos como huérfanos, y que fija también incentivos para
su investigación, desarrollo y comercialización. Por ejemplo,
se determina también que para que un producto pueda ser calificado como medicamento huérfano, debe probarse que se destina al diagnóstico, prevención o tratamiento de una afección que ponga en peligro la vida o conlleve una incapacidad
crónica y que afecte a menos de cinco personas por cada 10.000 en la Unión Europea; que se demuestre que, sin incentivos, la comercialización de ese medicamento no generaría suficientes ingresos para justificar la inversión necesaria; y que no
existe ningún método satisfactorio alternativo o, si existe, que el tratamiento propuesto aportaría un valor añadido considerable.
Sin embargo, España se caracteriza por una desigualdad inaceptable en el acceso a estos medicamentos reconocidos en toda la Unión Europea. De acuerdo con el informe anual de indicadores de acceso a terapias innovadoras en Europa, conocido
como WAIT Indicator, el acceso a medicamentos huérfanos en nuestro país está muy por detrás de nuestros socios europeos. Mientras que en Alemania los pacientes tienen acceso al 90 % de los medicamentos huérfanos autorizados y en Francia o Italia la
cifra es del 70 %, en España sólo están disponibles en torno al 44 % de los medicamentos huérfanos autorizados, cifra que desciende al 40 % si solo contamos los medicamentos huérfanos no oncológicos. Es más, según WAIT Indicator, el tiempo medio
para la disponibilidad de los medicamentos huérfanos en España, desde la fecha no ya de autorización europea sino de autorización de la propia Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), es de 572 días y, en el caso de los no
oncológicos, la espera asciende a los 613 días. Todo ello pese a que la legislación marca que ese plazo no puede superar los seis meses (unos 182 días).
Para añadir a esta situación, el 48 % de los medicamentos huérfanos se financian con restricciones a la población de pacientes para los que están disponibles respecto de las condiciones autorizadas. Es decir, las autoridades españolas
deciden restringir la financiación de un medicamento huérfano a determinados pacientes, pese a que la autorización europea reconoce que dichos pacientes también deben tener acceso a ese medicamento huérfano para tratar su enfermedad. De hecho,
existen casos en los que se ha retirado la financiación de un medicamento por considerar que el paciente no mejoraba, pese a que el medicamento tenía como objetivo únicamente que el cuadro clínico no empeorara y, así, que permitiera al paciente
llevar su vida de la forma más autónoma y libre posible.
En definitiva, nuestro país tiene unas condiciones intrínsecas que hacen más difícil para los pacientes y para los facultativos el acceso a medicamentos huérfanos y, por tanto, más difícil también alcanzar una asistencia óptima a quienes
sufren enfermedades raras y a sus familias. Además, este marco normativo y burocrático tan hostil hace que muchas empresas decidan no someterse al esfuerzo que supone comercializar estos medicamentos en España, ya que otros mercados ponen menos
barreras a la entrada de sus productos. Todo ello, sin embargo, perjudica no sólo a la competitividad de nuestra economía y al futuro de nuestro sector industrial farmacéutico, sino especialmente a la calidad de vida y la salud de los pacientes que
padecen enfermedades raras.
Por estas razones, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Agilizar los plazos, de la mano de las Comunidades Autónomas y las empresas del sector farmacéutico, para reducir los tiempos de espera entre la autorización europea a un medicamento huérfano y su disponibilidad en España.
2. Acelerar los procesos de toma de decisiones sobre la financiación de medicamentos huérfanos en España, evitando las restricciones de financiación a pacientes no contempladas en su autorización europea.
3. Introducir nuevos criterios de valor añadido, como la gravedad de la patología en cuestión o la mejora de la calidad de vida, a la hora de decidir sobre financiación de un medicamento huérfano, evitando valoraciones únicamente en base a
criterios de coste-efectividad.
4. Facilitar el seguimiento y evaluación del marco normativo de acceso a medicamentos huérfanos en España, contando con las sociedades científicas, pacientes y empresas del sector farmacéutico, para eliminar trabas burocráticas innecesarias
y evitar retrasos y desigualdades en el acceso a estos tratamientos en nuestro país.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de febrero de 2023.-Edmundo Bal Francés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
162/001171
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José María Figaredo Álvarez-Sala, doña Rocío de Meer Méndez, doña María de los Reyes Romero Vilches, don Juan Carlos Segura Just, doña Lourdes Méndez Monasterio y doña Georgina Trías Gil, en sus respectivas condiciones de Portavoz
sustituto y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente Proposición no de Ley relativa a la promoción un modelo común de Atención
Temprana en toda España, para su discusión en Pleno.
Exposición de motivos
Primero. Definición de la atención temprana.
Según el Libro blanco de atención temprana del Real Patronato de Atención a la Discapacidad 15, se entiende por Atención Temprana (AT):
'El conjunto de intervenciones, dirigidas a la población infantil, a la familia y al entorno, que tienen por objetivo dar respuesta lo más pronto posible a las necesidades transitorias o permanentes que presentan los niños con trastornos en
su desarrollo o que tienen el riesgo de padecerlos. Estas intervenciones, que deben considerar la globalidad del niño, han de ser planificadas por un equipo de profesionales de orientación interdisciplinar'.
El informe Atención Temprana. La visión de los profesionales 16, elaborado por la Federación Estatal de Asociaciones de Profesionales de Atención Temprana, recoge, a su vez, la definición que diera un grupo de expertos en el marco de la
Agencia Europea para el Desarrollo de la Educación Especial 17.
'La AT es un conjunto de intervenciones para niños pequeños y sus familias, ofrecidas previa petición, en un determinado momento de la vida de un niño, que abarca cualquier acción realizada cuando un niño necesita un apoyo especial para:
- asegurar y mejorar su evolución personal,
- reforzar las propias competencias de la familia, y
- fomentar la inclusión social de la familia y el niño.
Estas acciones deben ofrecerse en el entorno natural del niño, preferentemente cerca de su domicilio, bajo un enfoque de trabajo en equipo, multidimensional y orientado a las familias'.
La figura de la atención temprana es, pues, una institución imprescindible en el ámbito de la educación especial. Se han realizado diversos estudios e informes en la materia tanto en el marco europeo como en el marco estatal (de entre los
que cabe destacar el mencionado Libro blanco de la Atención Temprana). Estos estudios ponen de manifiesto el desarrollo de un concepto de AT en el que la salud, la educación y los servicios sociales se involucran e interrelacionan para ofrecer una
acción integral en las intervenciones que, aún centradas primordialmente en el menor, no solo dan cabida, igualmente, a las necesidades de. la familia y su entorno, sino que insisten en poner sobre ella el enfoque y la centralidad 18. Y es que
cabe recordar que es la familia, en definitiva, el agente principal en el desarrollo, la defensa y el cuidado de los niños; la familia tiene un carácter fontal, en tanto que fundamento, célula vital y esencial de la sociedad, precedente natural al
mismo Estado.
Segundo. Fundamentos jurídicos de la AT y el actual modelo español.
El marco regulatorio estatal en materia de AT se encuentra con la realidad normativa de la asunción de competencias autonómicas en materia de Asistencia social y Sanidad del artículo 148 de la Constitución
15 https://atenciontemprana.org/archivos/documentacion/libro_blanco_at.pdf.
16 Atención temprana. La visión de los profesionales: http://www.avap-cv.com/images/Documentos%20basicos/GAT-LA-VISI%C3%93N-DE-LOS-PROFESIONALES.pdf.
17 SORIANO, V. (2005). Atención temprana en Europa. Aspectos clave y recomendaciones. EADSNE.
18 Guía básica sobre Atención Temprana y Transformación, pp. 40 y ss. https://www.plenainclusion.org/sites/default/files/atencion_temprana_bbppinteractivo.pdf
Española ('CE'). Existen, por tanto, 17 modelos de AT dispares configurados por las leyes, decretos, órdenes y demás normativa vigente en cada región.
Como habitualmente sucede en el sistema autonómico, la principal consecuencia de esta realidad normativa y organizativa es la de un desigual acceso de los españoles a la AT por razón de la región en que habitan. Lo que, en la práctica,
puede traducirse en que muchos niños con necesidades especiales y sus familias no gocen del acceso a la AT en sus primeros años de vida. Consideramos que este fenómeno reviste especial gravedad, puesto que priva a nuestros colectivos más
vulnerables y a sus familias de la capacidad para hacer frente a las alteraciones infantiles del desarrollo o el riesgo de padecerlas. Desde el GPVOX defenderemos siempre la promoción de un acceso a los servicios de AT en iguales condiciones para
todos -como consecuencia inmediata del principio constitucional de la igualdad-, y la protección de los españoles más vulnerables, independientemente de la región en la que residan.
CC. AA.;Número de niños atendidos;Número de centros;Gasto anual y año
Andalucía.;20.640 en 2018;169;24.300.000
Aragón.;2.070 en 2017;25;4.200.000
Asturias.;1.770 en 2017;12;1.041.620
Baleares.;Sin datos;10;2.376.241
Canarias.;Sin datos;Sin datos;Sin datos
Cantabria.;1.406 en 2017;5;Sin datos
Castilla y León.;4.281 en 2017;57;Sin datos
Castilla-La Mancha.;5.070 en 2018;50;7.500.000
Cataluña.;40.034 en 2017;96;40.332.000
C. Valenciana.;3.000 en 2017;38;9.940.763
Extremadura.;1.252 en 2018;39;3.014.098
Galicia.;Sin datos;16;1.715.000
Madrid.;5.348 en 2017;37;17.020.980
Murcia.;3.700 en 2017;32;4.586.775
Navarra.;Sin datos;6;2.700.000
País Vasco.;2.529 en 2017;71;4.749.432
La Rioja.;744 en 2017;14;1.200.000
C. A. de Ceuta.;Sin datos;Sin datos;Sin datos
C. A. de Melilla.;Sin datos;Sin datos;Sin datos
Fuente: Elaboración propia sobre la base del Informe 'Atención Temprana. La visión de los profesionales' 19.
Por lo expuesto supra, y en coherencia con las propuestas integradas en el referido Libro blanco de atención temprana, 'se hace necesario un sistema que regule y arbitre las relaciones entre (Sanidad, Servicios Sociales y Educación), creando
un marco legislativo de carácter estatal y autonómico que establezca la coordinación y la actuación conjunta en favor de la gratuidad y universalización de los centros de Atención Temprana en todo el territorio del Estado' 20.
Así, la Federación Estatal de Asociaciones de Profesionales de Atención Temprana habla de 'alcanzar una regulación legal que sirva de modelo común, que posteriormente se desarrolle y adapte a las
19 http://www.avap-cv.com/images/Documentos%20basicos/GAT-LA-VISI%C3%93N-DE-LOS-PROFESIONALES.pdf.
20 Op. cit.
singularidades de cada comunidad autónoma' 21. Una demanda que, además, cuenta con el respaldo de la sociedad civil 22.
Un segundo problema, añadido al de la desigualdad territorial o falta de un modelo común de atención temprana, es el de la limitación de la edad de los beneficiarios de este servicio. En las legislaciones vigentes en España, a los seis años
los menores dejan de poder disfrutar de la AT, y en ese momento se les remite a la educación obligatoria que, en la mayor parte de los casos, no es capaz de brindar el apoyo extra que necesitan en materia fisioterapéutica, logopédica, etcétera. La
conclusión es evidente: las familias que pueden costearse una continuación, por la vía privada, de los apoyos que integraban el servicio de AT de sus hijos, podrán prestarles a estos una mayor ayuda para su desarrollo. En cambio, aquellas otras
familias que no puedan hacer frente a tal sobrecoste 23, verán reducidas las posibilidades de sus hijos de una forma inexorable. El citado informe de la Federación Estatal de Asociaciones de Profesionales de Atención Temprana, refiere, respecto de
'la red de Centros de Desarrollo Infantil y Atención Temprana', el propósito de que 'proporcionen la prestación en toda España, sin distinción de edades o población a proteger' 24.
Tercero. Conclusión.
Por todo lo expuesto, y sobre la base del artículo 149 CE, que reconoce la competencia exclusiva del Estado en materia de 'regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los
derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales' y 'bases y coordinación general de la sanidad', el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a promover urgentemente el desarrollo de un modelo común de Atención Temprana en toda España que garantice la igualdad de todos los españoles en el acceso a los derechos que la ley les
reconoce, independientemente de la región en la que residan. Este modelo incluirá, como mínimo:
1. La ampliación de la garantía del servicio de atención temprana a los niños mayores de seis años en los casos en que, existiendo situaciones que pudieran afectar a los menores con carácter permanente, el facultativo, especialista o
pediatra lo estimen oportuno.
2. El establecimiento de un sistema común de valoración de la necesidad de la atención temprana.
3. La promoción de la puesta en marcha de Centros de Atención Infantil Temprana (CAIT) en aquellas provincias en que haya escasez o ausencia de estos, de modo que se garantice un servicio de atención temprana de calidad en todas las
regiones de España.
4. El diseño de un protocolo de detección precoz y apoyo a las familias con miembros necesitados de atención temprana.
5. Fomentar la garantía de una disponibilidad de recursos destinados a mantener, mejorar y transformar estos servicios y su acceso universal en los Presupuestos Generales del Estado'.
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de marzo de 2023.-Rocío de Meer Méndez, María de los Reyes Romero Vilches, Juan Carlos Segura Just, Lourdes Méndez Monasterio y Georgina Trías Gil, Diputados.-José María Figaredo Álvarez-Sala,
Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
21 Ibidem.
22 'Son hoy numerosas las organizaciones sociales que han manifestado interés por aprobar unas directivas de ámbito estatal sobre Atención Temprana; que reconozcan el derecho y que establezcan unos mínimos uniformes para todo el territorio
del Estado' (Federación Estatal de Asociaciones de Profesionales de Atención Temprana, Atención Temprana. La visión de los profesionales), https://www.congreso.es/docu/comisiones/reconstruccion/documentacion_participacion_ciudadana/20200528_D5.pdf.
23 https://atenciontemprana.org/servicios/atencion-a-la-infancia/. https://www.20minutos.es/noticia/4552930/0/raquel-sastre-la-atencion-temprana-no-deberia-ser-solo-hasta-los-seis-anos-sino-hasta-que-el-nino-lo-necesite/.
https://www.heraldo.es/noticias/aragon/2018/05/29/las-familias-ninos-atencion-temprana-sentimos-que-nos-dejan-tirados-los-anos-1245854-300.html.
24 Atención temprana. La visión de los profesionales: http://www.avap-cv.com/images/Documentos%20basicos/GAT-LA-VISI%C3%93N-DE-LOS-PROFESIONALES.pdf.
162/001172
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José María Figaredo Álvarez-Sala, don Manuel Mariscal Zabala, don Víctor Manuel Sánchez del Real, don Onofre Miralles Martín, don Andrés Alberto Rodríguez Almeida, don Francisco José Contreras Peláez, don José María Sánchez García, doña
María Teresa López Álvarez, don Carlos José Zambrano García-Raez y don Ignacio Gil Lázaro, en sus respectivas condiciones de Portavoz sustituto y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente Proposición no de Ley para el fomento del respeto de la pluralidad política en el espacio televisivo y del tratamiento veraz de la información por parte de los medios de comunicación,
para su discusión en Pleno.
Exposición de motivos
Primero. El artículo 1 de la Constitución española de 1978 ('CE') proclama que 'España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico [...] el pluralismo
político'. Correlativamente, el artículo 6 ibidem señala lo siguiente:
'Los partidos políticos expresan el pluralismo político, concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular y son instrumento fundamental para la participación política. Su creación y el ejercicio de su actividad son libres
dentro del respeto a la Constitución y a la ley'.
El pluralismo político se concreta, en lo que se refiere a los medios de comunicación social, públicos y privados, en la posibilidad que ha de tener cada español de acceder equitativamente al mayor número de opiniones, ideas e informaciones.
Esto es, se trata de asegurar la diversidad informativa, que no ha de referirse exclusivamente a las informaciones políticas, sino a todo tipo de programas y contenidos, por cuanto son estos los que, conjuntamente, construyen la imagen de la
sociedad que los medios devuelven a quienes los consumen.
En este contexto, la calidad de una democracia puede medirse por la pluralidad y libertad en que este proceso se desarrolle. De acuerdo con esta afirmación, es posible observar en España tendencias perjudiciales para la salud democrática,
ya que se está soslayando la materialización de un valor superior del ordenamiento jurídico, como es el pluralismo político.
Segundo. Recientemente se ha publicado el estudio Informe minutados GECA. Políticos y temáticas 2022 25, que analiza la presencia de los representantes políticos y los temas de actualidad política en los informativos de las principales
cadenas generalistas. De entre los diversos indicadores que el estudio analiza, destaca sobremanera el tiempo que los informativos de las diferentes cadenas analizadas dedicaron en 2022 a los que consideran principales representantes políticos:
Tiempo que los informativos dedican en el año a los principales representantes políticos en las diferentes cadenas generalistas
25 https://www.geca.es/geca/informes/20230127-Informe%20Minutados%20GECA.%20Pol%C3%ADticos%20v%20Tem%C3%Alticas%202022.pdf.
Tercero. Las conclusiones que arrojan las gráficas incluidas en el propio estudio revelan conclusiones irrebatibles, que dan cuenta de la desproporcionada infrarrepresentación en algunos medios de comunicación de determinados representantes
y partidos políticos, que solo puede obedecer a un sesgo ideológico deliberado. Así, si se agregan los porcentajes destinados a los principales políticos en cada una de las televisiones, se observa cómo no existe correspondencia entre el porcentaje
de representación de las fuerzas políticas en el Congreso de los Diputados y los porcentajes de aparición de las distintas formaciones políticas en los informativos de las distintas cadenas generalistas. Así, la representación parlamentaria del
PSOE en el Congreso de los Diputados es del 34,28 %, pero su cuota de aparición en los informativos de La 1 es del 54,8 %; la del PP es del 25,14 %, mientras que en estos informativos es del 33,8 %; la de Unidas Podemos es del 9,43 % en el
Congreso de los Diputados, y su cuota de aparición es del 10,1 %. Por último, la representación de VOX en el Congreso es del 14,86 %, y del 1,3 % en los informativos del medio referido.
Gráfico 1. Porcentaje de tiempo de las formaciones políticas en los informativos, según los datos publicados en el 'Informe minutados GECA. Políticos y temáticas 2022'
Por su parte, sumando los minutos dedicados a los diez políticos que más aparecen en televisiones generalistas durante el año 2022 por su pertenencia a partidos políticos, los datos son igualmente reveladores: al PP se le dedican 11.872
minutos, al PSOE 9.560 minutos, a Podemos 3.317 minutos, y a VOX, 467 minutos.
Agrupación, por partido, de los diez políticos que más han salido en TV durante 2022
Gráfico 2. Minutos de las formaciones políticas en las televisiones generalistas, según los datos publicados en el 'Informe minutados GECA. Políticos y temáticas 2022'
De lo expuesto se puede extraer el silenciamiento o la marginación de algunas fuerzas políticas y de su mensaje a pesar de la representatividad de estas en la escena política y, más concretamente, en el Congreso de los Diputados.
El objetivo parece claro: impedir que propuestas políticas que cuentan con el respaldo de millones de electores lleguen a los españoles de manera directa y veraz, condicionando así las decisiones de estos. Es imposible no contemplar el
hecho de que las demás fuerzas políticas parlamentarias, y la inmensa mayoría de los medios de comunicación social, comparten la adhesión a un esquema filosófico progresista y globalista; lo cual viene a ser, de hecho, un pensamiento único. En
este contexto, la marginación de VOX del primer plano mediático cobra todo su significado.
Se vulnera abiertamente el principio de veracidad que, como se expondrá a continuación, debe guiar la actuación de todos los medios de comunicación, tanto privados como públicos. Pero es que, además, los medios de comunicación públicos, así
como los privados con financiación pública, deben asegurar también la materialización del principio superior de pluralismo político.
Es fundamental para la consecución de una sociedad libre que, en su conjunto, los medios de comunicación sean espejo, a través de su pluralidad, de la propia pluralidad de opiniones políticas en la sociedad. Lo contrario supondría aceptar
lo que está ocurriendo en la actualidad y que esta iniciativa denuncia: que se está impidiendo que partidos que, como se señaló, son democráticos y respetan el orden constitucional, 'concurr[a]n a la formación y manifestación de la voluntad popular
y s[ea]n instrumento fundamental para la participación política'.
Cuarto. Los datos registrados son particularmente escandalosos en el caso de la Corporación RTVE. Es sabido que, en el ejercicio de su función de servicio público, en virtud del artículo 3.2 b) de la Ley 17/2006, de 5 de junio, de la radio
y la televisión de titularidad estatal (la 'Ley 17/2006'), esta entidad está obligada a garantizar 'la información objetiva, veraz y plural, que se deberá ajustar plenamente al criterio de independencia profesional y al pluralismo político, social e
ideológico presente en nuestra sociedad, así como a la norma de distinguir y separar, deforma perceptible, la información de la opinión'.
Asimismo, según se infiere de la letra c) del artículo 10 del Mandato-marco a la Corporación RTVE previsto en el artículo 4 de la Ley 17/2006, de 5 de junio, de la Radio y la Televisión de Titularidad Estatal, aprobado por los Plenos del
Congreso de los Diputados y del Senado (el 'Mandato-marco'), para asegurar el cumplimiento del principio de pluralismo que debe regir su actividad, la programación de la Corporación RTVE deberá dar cabida a 'todas las opciones y opiniones presentes
en la sociedad española para la correcta valoración e interpretación de los hechos por los ciudadanos. Los puntos de vista a incluir vendrán delimitados por la representación institucional, social o económica de los testimonios y por el interés
informativo'.
Por último, el artículo 23 del Mandato-marco establece que la Corporación RTVE 'otorgará prioridad a la información, que debe constituir eje fundamental de su oferta y un espacio de debate público que estimule la reflexión, el conocimiento
de la realidad, la actitud crítica y la participación ciudadana'.
En conclusión, si la Corporación RTVE no respeta la representatividad de las distintas fuerzas políticas en el Congreso de los Diputados, fruto de la decisión de los españoles expresada en las urnas, difícilmente podrá cumplir correctamente
ni con su función informativa, ni con su deber de estimular 'la reflexión, el conocimiento de la realidad, la actitud crítica y la participación ciudadana' ni, consecuentemente, con el principio de pluralismo político proclamado por la Constitución
española.
Quinto. Por su parte, como se ha evidenciado, las cadenas generalistas privadas, que en la mayoría de los casos son sostenidas con fondos públicos, tampoco respetan en líneas generales los principios de pluralidad y de veracidad de la
información a los que están vinculadas por los artículos 5 y 9 de la Ley 13/2022, de 7 de julio, General de Comunicación Audiovisual (la 'LGCA'). A tenor del primero de ellos, 'se promoverá la pluralidad de la comunicación audiovisual a través del
fomento de la existencia de un conjunto de medios, tanto públicos como de titularidad privada y comunitarios, que reflejen el pluralismo ideológico y político y la diversidad cultural y lingüística de la sociedad'. Por su parte, el artículo 9 LGCA
exige lo siguiente:
'Los noticiarios y los programas de contenido informativo de actualidad se elaborarán de acuerdo con el derecho de los ciudadanos a recibir información veraz y el deber de diligencia profesional en la comprobación de los hechos. Serán
respetuosos con los principios de veracidad, calidad de la información,
objetividad e imparcialidad, diferenciando de forma clara y comprensible entre información y opinión, respetando el pluralismo político, social y cultural y fomentando la libre formación de opinión del público'.
Sin embargo, como es palpable de acuerdo con el estudio, muchas de las cadenas privadas, en la mayoría de los casos sostenidas con fondos públicos, coinciden con el medio público en la falta de respeto a las decisiones e intereses políticos
de los españoles y en la imposición a estos de una agenda ideológica concreta. Ello se traduce de manera especialmente llamativa en el constante silenciamiento de las propuestas de formaciones políticas relevantes de España en términos de apoyo
popular y de presencia en la sede de la soberanía nacional.
Sexto. Además, teniendo en cuenta que en el presente 2023 se desarrollarán -previsiblemente- dos procesos electorales, es importante recordar que el artículo 66.2 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General
(LOREG) establece lo siguiente:
'2. Durante el periodo electoral las emisoras de titularidad privada deberán respetar los principios de pluralismo e igualdad. Asimismo, en dicho periodo, las televisiones privadas deberán respetar también los principios de
proporcionalidad y neutralidad informativa en los debates y entrevistas electorales así como en la información relativa a la campaña electoral de acuerdo a las Instrucciones que, a tal efecto, elabore la Junta Electoral competente'.
En virtud de lo expuesto, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a lo siguiente:
1. Asegurar el respeto al pluralismo político, valor superior de nuestro ordenamiento jurídico, por los medios de comunicación públicos y financiados con fondos públicos, así como promover este respeto por los medios de comunicación
privados, garantizando o fomentando, según corresponda, el reparto justo de los tiempos de emisión que se dedican a cada una de las fuerzas políticas en función de su representatividad.
2. Favorecer que la información emitida por las distintas cadenas de televisión, tanto públicas como privadas, sea veraz, que respete la diversidad de ideas y opiniones propias de la sociedad española y que proporcione información
contrastada que sirva a la legítima satisfacción del derecho a la información de los españoles.
3. Impulsar el cumplimiento estricto de los mandatos legales sobre programación en períodos electorales, conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General (LOREG).'
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de marzo de 2023.-Andrés Alberto Rodríguez Almeida, Manuel Mariscal Zabala, Víctor Manuel Sánchez del Real, Onofre Miralles Martín, Francisco José Contreras Peláez, José María Sánchez García, María
Teresa López Álvarez, Carlos José Zambrano García-Raez e Ignacio Gil Lázaro, Diputados.-José María Figaredo Álvarez-Sala, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
162/001173
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José María Figaredo Álvarez-Sala, don Ricardo Chamorro Delmo, doña María Magdalena Nevado del Campo, don Rubén Darío Vega Arias, don Luis Gestoso de Miguel y don Manuel Mariscal Zabala, en sus respectivas condiciones de Portavoz
sustituto y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente Proposición no de Ley para asegurar la soberanía de
los datos digitales generados en el curso de la actividad agraria, para su discusión en Pleno.
Exposición de motivos
Primero. La digitalización del sector agrario.
Al igual que está sucediendo en otros ámbitos como la automoción o los móviles, el impulso de las nuevas tecnologías (como los sensores, las nuevas máquinas y técnicas de desarrollo de algoritmos o herramientas digitales) y el empleo de la
inteligencia artificial están alterando el statu quo del sector agrícola, que está incorporando a su actividad el uso de herramientas digitales.
El mundo agrícola está experimentando una auténtica revolución tecnológica con la generalización de maquinaria agrícola y de procesos que incorporan la digitalización. De esta manera, hoy se puede conocer en tiempo real y de una forma
sencilla la producción cultivada y recogida de una explotación, la cantidad de agua, abono o fitosanitarios empleados, o la meteorología de la zona gracias a la información que aportan las estaciones meteorológicas, dendrómetros, sensores hídricos
de suelo o imágenes hiperespectrales 26. La compilación de la información mencionada es lo que se conoce como 'datos' 27.
La tecnología digital aplicada a la agricultura, o AgTech, abarca una amplia gama de nuevas herramientas que son aplicadas a los sistemas agropecuarios permitiendo aumentar la productividad, la eficiencia y la rentabilidad 28.
Por ejemplo, la aplicación de procedimientos de aprendizaje automático (machine learning) permite aumentar la autonomía de las propias máquinas, utilizar mejor los fitosanitarios y fertilizantes y reducir los márgenes de error para mejorar
los resultados 29. Pero también el creciente uso de la biotecnología sirve para analizar los datos provenientes del campo, la genética o el impacto de los fenómenos climáticos en los cultivos 30.
Sin embargo, si bien los avances tecnológicos inciden en la optimización de esfuerzos y recursos en este sector y han mejorado sobremanera las labores agrícolas, su utilización ha generado serios riesgos de seguridad tanto a los agricultores
a título individual como al conjunto del sector e, incluso, a los intereses nacionales.
Segundo. Riesgos en la cesión del uso de los datos agrarios.
La utilización de los datos cedidos plantea numerosos desafíos tanto para sus propios titulares como para el conjunto de la comunidad. Si bien son una ayuda a las explotaciones e indudablemente mejoran su productividad, también es cierto
que su cesión implica que se transmita una valiosa información.
Así, los datos digitales generados en el curso de la actividad se recopilan y, tras ser tratados y clasificados, sirven para la creación de perfiles precisos de cada productor, empresario, negocio o explotación, lo que puede tener
consecuencias indeseables.
No en vano, el almacenamiento de estos datos en los servidores de terceros países facilita la recopilación de una información sensible que, utilizada con otros fines, puede afectar seriamente a la economía, la libre competencia o la propia
seguridad nacional. Estos datos se tratan sin control fuera de España y al margen de los intereses de los agricultores españoles.
En el ámbito estricto de la actividad agraria, el incremento en el uso de drones 31 y de maquinaria agraria tradicional que utiliza métodos digitales (como cosechadoras o tractores semiautónomos), el empleo de la realidad virtual y la
generalización de la geolocalización 32, entre otras herramientas, permiten por ejemplo conocer detalladamente la situación geográfica y la orografía real de una zona concreta de España o de todo el territorio nacional, así como las cantidades
exactas y características concretas de la producción de una determinada explotación.
Por último, no puede perderse de vista que los cereales cotizan en Bolsa, en especial en la Chicago Mercantile Exchange, la mayor bolsa de futuros y opciones de Estados Unidos y la segunda
26 CASTILLO DÍAZ, Francisco José (2022). 'Cinco aplicaciones de la inteligencia artificial en agricultura'. Tierra. 21 de julio. Disponible en: https://www.plataformatierra.es/innovacion/IA-inteligencia-artificial-aplicaciones/
27 'Los datos': son una representación simbólica, empleando números o letras, que recopilan información, cuantitativa o cualitativa, que sirvan para explicar un hecho.
28 BBVA (2022). '¿Qué es ''AgTech''?, la tecnología digital aplicada a la agricultura'. 5 de enero. Disponible en: https://www.bbva.com/es/ar/que-es-agtech-la-tecnologia-digital-aplicada-a-la-agricultura/
29 Asociación de fabricantes y distribuidores ('AECOC') 'John Deere y la Inteligencia Artificial en la agricultura', disponible en: https://www.aecoc.es/innovation-hub-noticias/john-deere-y-la-inteIigencia-artificial-en-la-agricultura/
30 BBVA (2022), op. cit.
31 AECOC, op. cit.
32 AECOC, op. cit.
del mundo 33. La implicación económica de los datos digitales agrarios es indudable, y el peligro de que se recopilen para manipular las decisiones inversoras, y para introducir alteraciones imprevisibles en la evolución de la economía, es
imposible de ignorar.
Se trata, en consecuencia, de datos que ofrecen una información muy precisa de características sustanciales de nuestro país y de uno de nuestros sectores productivos de mayor relevancia, como es el primario.
Tercero. Conclusiones.
El impulso de nuevas tecnologías, de la digitalización y del empleo de la inteligencia artificial o el blockchain están cambiando la forma de trabajar en el campo español, y sirven como herramientas para gestionar mejor los cultivos y la
producción.
La soberanía de los datos digitales de los españoles debe ser protegida, con especial énfasis en aquellos casos en que la ausencia de tal protección puede tener consecuencias todavía más indeseables en campos muy distintos, como ocurre en
este caso, en el que la cesión aparentemente inofensiva de datos puede situar a los productores y a nuestro país en una situación indeseable.
Es necesario establecer mecanismos de control efectivos para evitar que grandes compañías y multinacionales del sector puedan utilizar los datos de nuestros agricultores como herramientas de especulación inversora y en contra del interés
nacional. Paralelamente, estas compañías deben pagar a los españoles por el uso y tratamiento de esos datos, tributando por la totalidad de sus beneficios generados en territorio español. Ello, siempre que los españoles otorguen el permiso para
utilizarlos.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a asegurar la soberanía de los datos digitales generados en el curso de la actividad agraria por productores, negocios y explotaciones de nuestro país y, en particular:
1. A promover las modificaciones legales que sean precisas para evitar que las grandes compañías y multinacionales del sector agrario puedan utilizar los datos de nuestros agricultores como herramientas de especulación inversora y en contra
del interés nacional ante el desarrollo de las nuevas tecnologías en este sector.
2. A fomentar que las referidas compañías agrícolas, así como las multinacionales del sector tecnológico, tributen en España por los datos digitales recopilados en nuestro país, con el fin de preservar la soberanía nacional y personal de
los datos de los españoles.
Asimismo, el Congreso de los Diputados insta al Gobierno a utilizar el instrumento del artículo 92 de la Constitución española para consultar a los españoles si quieren que sus datos sean almacenados y tratados sin control fuera de España o
si, por el contrario, quieren normas que les protejan en su decisión sobre qué hacer con sus datos personales, ya sea obtener beneficios económicos por la cesión de estos o simplemente no cederlos.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de marzo de 2023.-Ricardo Chamorro Delmo, Rubén Darío Vega Arias, María Magdalena Nevado del Campo, Luis Gestoso de Miguel y Manuel Mariscal Zabala, Diputados.-José María Figaredo Álvarez-Sala,
Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
162/001174
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Oskar Matute García de Jalón, portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu, de conformidad con lo previsto en los artículos 193 a 195 del Reglamento del Congreso de los Diputados,
33 LIZARRALDE, Chema (2022). 'Aquí se decide el precio de los alimentos en el mundo: así funciona la Bolsa de Chicago'. 20 Minutos, 6 de junio. Disponible en:
https://www.20minutos.es/noticia/5009218/0/aqui-se-decide-el-precio-de-los-alimentos-en-el-mundo-que-es-y-como-funciona-la-bolsa-de-chicago/.
presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a impedir la deslocalización de empresas, la devolución de los fondos publicos obtenidos y el mantenimiento del empleo para su debate en Pleno.
Exposición de motivos
El fenómeno de la deslocalización de empresas es una consecuencia de la globalización y del mecanismo de impulsos económicos a través de todo el planeta, que se ha visto incrementada enormemente con la liberalización de los movimientos de
capital. La última decisión conocida de la empresa Ferrovial de trasladar su sede social a los Países Bajos ha puesto sobre la mesa el debate sobre la deslocalización de empresas, especialmente las receptoras de ayudas públicas, así como la
necesidad de los Estados de dotarse de mecanismos que protejan a sus trabajadores y a la ciudadanía en general de estos procesos, ya sean los relativos a los procesos de producción, o, los relativos al cambio de domicilio por motivos fiscales.
Las deslocalizaciones afectan principalmente a empresas transnacionales, la mayoría de las cuales suelen poner rumbo a Estados caracterizados por una estructura fiscal y normas legales más ventajosas y flexibles, y, tienen como primer paso,
que a menudo se prolongan en el tiempo, situar los focos de decisión y de poder en el exterior. Estas empresas suelen apelar a situaciones de supuesta inseguridad jurídica para camuflar un intento de obtener ventajas fiscales que no tienen en el
país de origen. Así mismo, se suele recurrir a la amenaza de la deslocalización para recortar salarios y empeorar las condiciones laborales de las y los trabajadores.
Reconociendo el imprescindible rol que juegan las empresas junto con otros muchos agentes sociales, económicos y sindicales en nuestra economía, las distintas instituciones públicas ayudan a recorrer ese camino mediante subvenciones y ayudas
públicas para la instalación, desarrollo y protección de éstas.
Cuando se derivan ayudas públicas para la protección de las empresas, se debe requerir la realización de la actividad subvencionada por la normativa sobre dichas medidas, se debe cumplir la finalidad para la que fue concedida la ayuda, y se
debe garantizar la efectiva contribución de dicha actividad al desarrollo de la economía.
Las instituciones públicas están obligadas a arbitrar los medios para hacer frente a las consecuencias que estas situaciones de deslocalización generan en nuestro tejido económico.
La Comisión Europea y el Parlamento europeo han adoptado medidas jurídicas para que las empresas financiadas por la Unión Europea no deslocalicen sus actividades. Las medidas que se han puesto encima de la mesa tienen por objeto recuperar
las ayudas concedidas por la UE a las empresas si ésta deslocaliza sus actividades antes de que transcurran ocho años desde la concesión de la ayuda. Asimismo, el Parlamento Europeo ha solicitado que dichas empresas queden excluidas de los fondos
estructurales o de las ayudas estatales hasta que hayan transcurrido siete años desde la deslocalización.
Por todo ello, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a:
1. Elaborar, desarrollar y aprobar la legislación necesaria para impedir la deslocalización de empresas que hayan obtenido financiación pública. La obtención de fondos, subvenciones o ayudas públicas deberá estar condicionada a la
imposibilidad de deslocalizar mediante el traslado de su actividad o parte de ella, así como por el traslado de su sede social o fiscal durante, al menos, los 5 años posteriores a la última financiación pública obtenida.
2. Elaborar, desarrollar y aprobar la legislación necesaria para que, en caso de producirse deslocalización de empresas, estas estén sujetas a la obligación de devolver la financiación obtenida de fondos y/o ayudas públicas otorgadas por
las diferentes administraciones en, al menos, los últimos 10 años.
3. Elaborar, desarrollar y aprobar de manera urgente la legislación necesaria para proteger y asegurar los puestos de trabajo en caso de deslocalización de empresas con financiación pública producidas por traslado de sede social o fiscal'.
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de marzo de 2023.-Oskar Matute García de Jalón, Portavoz del Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu.
OTROS TEXTOS
PREMIOS
292/000032
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de 7 de marzo de 2023, ha acordado aprobar la convocatoria de la V Edición del Premio 'Josefina Carabias' de periodismo parlamentario, de acuerdo con las bases que figuran a continuación:
El Congreso de los Diputados convoca la V edición del Premio 'Josefina Carabias' de periodismo parlamentario, tanto audiovisual como gráfico y escrito. El Premio tiene como objetivo ayudar a fortalecer la imagen del Congreso y de los
miembros de la Cámara, así como fomentar la defensa de los valores de los derechos y libertades que los propios parlamentarios representan y defienden cada día en su acción política desde el Parlamento, y al mismo tiempo honrar la memoria de la
primera mujer que se dedicó profesionalmente de forma exclusiva al periodismo.
La convocatoria se hace con arreglo a las siguientes Bases:
Primera. El Premio 'Josefina Carabias' está dotado con 6.000 y un obsequio institucional.
Segunda. Podrán ser propuestos para el Premio los profesionales de la información o los medios de comunicación que hayan destacado por llevar a cabo una brillante narración del trabajo parlamentario o de la defensa de los derechos y
libertades desde el Congreso, bien a lo largo de su trayectoria, bien en alguno de sus trabajos.
Tercera. En la concesión del Premio se tendrá en cuenta su labor en pro de la democracia y de la pluralidad informativa. Su obra podrá haberse publicado en prensa escrita o digital, radio o televisión de todo el territorio nacional, en
castellano o en cualquier otra lengua cooficial en las Comunidades Autónomas de España.
Cuarta. El Premio en metálico estará sujeto a la normativa fiscal vigente en el momento de su entrega.
Quinta. Los candidatos al Premio deberán ser propuestos por asociaciones de periodistas, grupos parlamentarios o entidades reconocidas por su labor social y política en defensa de la democracia y de los derechos humanos. El plazo de
presentación de propuestas finalizará el día 31 de mayo de 2023.
Sexta. El Premio será otorgado por la Mesa del Congreso de los Diputados a propuesta de un jurado integrado por su Presidenta, que lo presidirá, cuatro miembros de la Mesa de la Cámara, la ganadora del Premio en su cuarta edición, la
Presidenta de la Junta Directiva de la Asociación de Periodistas Parlamentarios o miembro de la Junta Directiva en quien delegue, la Directora de Comunicación de la Presidencia del Congreso de los Diputados y la Directora de Comunicación de la
Secretaría General del Congreso de los Diputados, que actuará como Secretaria.
Séptima. El jurado resolverá cuantas cuestiones surjan en el proceso de concesión del Premio. Podrá proponer, asimismo, que se declare desierto. En todo caso, sus decisiones no serán susceptibles de recurso alguno.
Octava. Las propuestas de candidatos se enviarán por correo certificado o se entregarán en la Secretaría de la Dirección de Comunicación (calle de Floridablanca, s/n, Edificio Ampliación II, planta baja, Congreso de los Diputados, 28071
Madrid), en horario de 10 a 14 horas, de lunes a viernes, con la identificación del candidato (nombre, domicilio y teléfono). En el sobre se hará constar 'Premio Josefina Carabias'.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena su publicación.
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de marzo de 2023.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de 7 de marzo de 2023, ha acordado que el Jurado de la V Edición del Premio 'Josefina Carabias' de periodismo parlamentario esté integrado por las siguientes personas:
- Excma. Sra. D.ª Meritxell Batet Lamaña, Presidenta, que lo presidirá.
- Excmo. Sr. D. Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, Vicepresidente Primero.
- Excma. Sra. D.ª Ana María Pastor Julián, Vicepresidenta Segunda.
- Excma. Sra. D.ª María Gloria Elizo Serrano, Vicepresidenta Tercera.
- Excmo. Sr. D. Ignacio Gil Lázaro, Vicepresidente Cuarto.
- Sra. D.ª Carmen del Riego de Lucas, ganadora del Premio en su cuarta edición.
- Presidenta de la Junta Directiva de la Asociación de Periodistas Parlamentarios, o miembro de la Junta Directiva en quien delegue.
- Sra. D.ª Elisenda Guardino Cusó, Directora de Comunicación de la Presidencia del Congreso de los Diputados.
- Ilma. Sra. D.ª María Rosario Rodríguez García, Directora de Comunicación de la Secretaría General del Congreso de los Diputados, que actuará como Secretaria del Jurado.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena su publicación.
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de marzo de 2023.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.