Ruta de navegación
Publicaciones
BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 569, de 10/02/2023
cve: BOCG-14-D-569
PDF
BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
XIV LEGISLATURA
Serie D: GENERAL
10 de febrero de 2023
Núm. 569
ÍNDICE
Composición y organización de la Cámara
DIPUTADOS
Declaración de bienes y rentas de los señores Diputados... (Página3)
Control de la acción del Gobierno
PROPOSICIONES NO DE LEY
Pleno
162/001139 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la contratación de Coordinador de estrategia comercial y de marketing del Consejo de Administración del Patrimonio Nacional...
162/001140 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa al respeto a la separación de poderes y al Tribunal Constitucional... (Página15)
162/001141 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plural, sobre la concesión de permisos para la prevención del suicidio... (Página17)
162/001142 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a que se corrijan inmediatamente las deficiencias de los servicios de atención a la ciudadanía por diferentes ámbitos de la
Administración General del Estado y, especialmente, la Administración de la Seguridad Social... (Página19)
162/001143 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, sobre el cierre de las mezquitas que promueven el yihadismo... (Página21)
162/001144 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa a la reversión de la reforma de las cotizaciones de los trabajadores autónomos y el alivio de sus cargas burocráticas...
162/001145 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plural, sobre la prohibición de la eólica marina en la costa de Galicia... (Página25)
162/001146 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa a garantizar la igualdad en el acceso a los tratamientos de cáncer en todo el territorio nacional... (Página27)
162/001147 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa al derecho al olvido de las personas con cáncer... (Página28)
Otros textos
INICIATIVA LEGISLATIVA POPULAR
120/000032 Acuerdo de la Mesa de la Cámara admitiendo a trámite el escrito presentado por doña Soledad Camacho Alcántara y otros, por el que se ejercita el trámite inicial de la iniciativa legislativa popular para la protección de los
menores frente a la violencia y las denuncias falsas en el ámbito de las relaciones familiares... (Página30)
COMPOSICIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA CÁMARA
DIPUTADOS
De conformidad con lo dispuesto en la Norma 5 del Acuerdo de las Mesas del Congreso de los Diputados y del Senado, de 21 de diciembre de 2009, por el que se aprueban las Normas en materia de registro de intereses, en los términos de la
redacción dada por la modificación acordada por las Mesas de ambas Cámaras, en su reunión del día 19 de julio de 2011, para dar cumplimiento a lo establecido en la reforma del artículo 160.2 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, se
ordena la publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales de las siguientes declaraciones de bienes y rentas presentadas, una vez calificadas.
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero de 2023.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
ÍNDICE
ELORZA GONZÁLEZ, Odón (GS) (núm. expte. 005/000309/0001) 2 ... (Página9)
MARTÍNEZ SEIJO, María Luz (GS) (núm. expte. 005/000240/0002) 1 ... (Página4)
0 Declaración inicial.
1 Modificación de la declaración.
2 Declaración final.
CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PROPOSICIONES NO DE LEY
Pleno
La Mesa de la Cámara en su reunión del día de hoy ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 194 del Reglamento, las siguientes Proposiciones no de Ley y considerando que solicitan el debate de las iniciativas ante el Pleno de la
Cámara, disponer su conocimiento por éste, dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero de 2023.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
162/001139
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la contratación de
Coordinador de estrategia comercial y de marketing del Consejo de Administración del Patrimonio Nacional, para su debate en el Pleno.
Exposición de motivos
En la deriva autoritaria de este Gobierno y en su afán colonizador de todas las instituciones, eliminando su independencia, ahora le ha llegado el turno al Consejo de Administración del Patrimonio Nacional, un organismo autónomo dependiente
del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, que, a pesar de estar presidida por una persona claramente partidista, hasta ahora había mantenido apariencia de neutralidad, preservando el prestigio de la histórica
institución.
El Presidente del Gobierno, quien dice que el suyo es el Gobierno de la gente, está demostrando a lo largo de su mandato que en realidad es el Gobierno de su gente.
Estos días hemos visto, como sin transparencia y con nocturnidad, el marido de la Vicepresidenta Primera ha sido designado como coordinador de estrategia comercial y de marketing del Consejo de Administración de Patrimonio Nacional,
formalizándose un contrato de alta dirección.
Se ha creado ad hoc un puesto nuevo, de alta dirección, coordinador de estrategia comercial, para el marido de la vicepresidenta, eso sí, bajo la forma de convocatoria pública en la que, curiosamente, Ignacio Manrique de Lara obtuvo por
unanimidad la máxima puntuación en todos y cada uno de los méritos establecidos en la convocatoria.
Según establece el artículo octavo de la Ley 23/1982, de 16 de junio, reguladora del Patrimonio Nacional, a la Presidenta, nombrada mediante Real Decreto, previa deliberación del Consejo de Ministros en el que participó la señora Calviño, le
será de aplicación la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del Alto Cargo de la Administración General del Estado, es decir, y por tanto, en el ejercicio del alto cargo está sometida a las disposiciones de buen gobierno recogidas en
la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, y especialmente a los siguientes principios: servir con objetividad a los intereses generales, actuar con la debida diligencia y sin incurrir en riesgo de conflictos de intereses, adoptar sus decisiones de forma
transparente y gestionar los recursos públicos con eficiencia y racionalización de gasto.
Evidentemente la Presidenta de Patrimonio Nacional no ha respetado los citados principios a la hora de contratar al coordinador de estrategia comercial y de marketing del Consejo de Administración.
Por otra parte, hemos conocido también que el Consejo de Administración no fue informado en ningún caso de este asunto, lo que incrementa la más que probable irregularidad, y vulneraría el artículo octavo dos de la ley reguladora de la
institución que atribuye entre otras funciones a ese Consejo 'c) La Jefatura del personal, tanto funcionarios como contratados en régimen laboral'.
En la misma línea, el artículo 67 del Real Decreto 496/1987, de 18 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 23/1982, de 16 de junio, reguladora del Patrimonio Nacional, que reitera que corresponde al Consejo de Administración
'b) La jefatura del personal tanto funcionario como contratado en régimen laboral, en los términos que establezcan las normas sobre competencias en materia de personal'.
Así como tampoco se ha respetado el Reglamento interno de Patrimonio Nacional a la hora de la elección del tipo de contratación elegida, contrato de alta dirección.
Es evidente la manifiesta irregularidad en la contratación del coordinador de estrategia comercial y de marketing del Consejo de Administración de Patrimonio Nacional, y es imprescindible revertir tal actuación.
Y aunque en vísperas de Navidad el Sr. Manrique de Lara ha renunciado al contrato, no debemos dejar de aclarar lo que ha ocurrido y que estas situaciones de nepotismo no vuelvan a ocurrir adoptando medidas para evitarlo.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Iniciar el procedimiento para aclarar la designación de don Ignacio Manrique de Lara Fernández como Coordinador de estrategia comercial y de marketing del Consejo de Administración del Patrimonio Nacional, a la vista de las
irregularidades en la creación de un puesto inexistente hasta ahora, de su elección y contratación al margen del Consejo de Administración del Patrimonio Nacional y la vulneración de los principios de mérito y capacidad en relación con las
características del puesto de trabajo a desempeñar, así como por el evidente conflicto de intereses en su elección.
2. Establecer unas normas de contratación de personal en la Administración General del Estado para evitar cualquier tipo de nepotismo y hacer que los procedimientos de contratación sean más transparentes.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de enero de 2023.-Ana María Beltrán Villalba, José Antonio Bermúdez de Castro Fernández, Isabel María Borrego Cortés, Jaime Miguel Mateu Istúriz, María Jesús Moro Almaraz, Carmen Navarro Lacoba,
Vicente Tirado Ochoa y Edurne Uriarte Bengoechea, Diputados.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
162/001140
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa al respeto a la separación de poderes y al Tribunal
Constitucional, para su debate en el Pleno.
Exposición de motivos
El pasado mes de diciembre de 2022 se produjeron graves cuestionamientos de la separación de poderes y del Tribunal Constitucional por parte de miembros del Gobierno, tras la presentación realizada por el Partido Popular de un recurso de
amparo ante el Tribunal Constitucional contra resoluciones parlamentarias del Congreso de los Diputados, en particular, el acuerdo de la mesa de la Comisión de Justicia de 12 de diciembre de 2022 por el que se admitían a trámite, entre otras, las
enmiendas 61 y 62 planteadas a la Proposición de Ley Orgánica de transposición de directivas europeas y otras disposiciones para la adaptación de la legislación penal al ordenamiento de la Unión Europea, y reforma de los delitos contra la integridad
moral, desórdenes públicos y contrabando de armas de doble uso y el acuerdo del presidente de la Comisión de Justicia de 13 de diciembre de 2022, por medio del cual se decide no convocar la mesa de la Comisión de Justicia al objeto de resolver la
reconsideración planteada el 12 de diciembre de 2022 por los diputados del Grupo Parlamentario Popular frente al citado acuerdo de admisión de enmiendas.
Mención especial merecen las enmiendas 61 y 62 de los grupos Socialista y de Unidas Podemos que, con su incorporación al trámite de enmiendas de la citada Proposición de Ley Orgánica de modificación del Código Penal, pretendían reformar las
leyes orgánicas reguladoras del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional, y respecto a las que se solicitó la suspensión cautelar de su tramitación parlamentaria, al amparo del artículo 56.6 LOTC, petición que fue estimada
por el Tribunal Constitucional.
Tales ataques de miembros del Gobierno contra la separación de poderes y el TC se recrudecieron cuando el Tribunal Constitucional admitió la petición del Grupo Popular para suspender cautelarmente la tramitación parlamentaria de ambas
enmiendas. Pedro Sánchez, el presidente del Gobierno, cuestionó la decisión del Tribunal Constitucional en una declaración oficial en La Moncloa con las siguientes palabras: 'Se trata de un hecho grave, porque por primera vez se impide que los
representantes legítimos, democráticamente elegidos por los españoles con su voto, realicen su función de representación [...] Comprendo, en consecuencia, la indignación de muchos demócratas al sentirse vulnerados en un principio básico de la
soberanía popular y comprendo la preocupación de los ciudadanos que contemplan desconcertados este choque institucional tan grave y tan inédito'.
Además, Pedro Sánchez continuó con ese cuestionamiento del Tribunal Constitucional y la separación de poderes en sede parlamentaria, en la sesión de control al Gobierno del 21 de diciembre de 2022. En dicha sesión afirmó lo siguiente: 'Lo
que ha sucedido ha sido una interferencia de otro poder en el funcionamiento del Poder Legislativo. Por tanto, tendrán que ser los grupos parlamentarios los que decidan cuál es la solución a ese conflicto institucional que ha creado una mayoría
conservadora en el Tribunal Constitucional'.
Félix Bolaños, ministro de la Presidencia, realizó afirmaciones en el mismo sentido, cuestionando al Tribunal Constitucional y la separación de poderes: 'Lo ocurrido es de una gravedad máxima [...] El Constitucional ha detenido la acción
legislativa de los representantes legítimos del pueblo español [...] algo que afecta a los fundamentos de la separación de poderes de nuestra democracia'. Varios ministros de Unidas Podemos llegaron a calificar la decisión del Tribunal
Constitucional de 'golpe judicial'. lone Belarra, ministra de Asuntos Sociales, declaró que 'estamos asistiendo a un golpe judicial al poder legislativo', y publicó en su cuenta de Twitter el siguiente mensaje: 'El ala derecha del TC impide una
votación democrática en la sede de la soberanía popular. La derecha política, mediática y judicial consuma un golpe sin precedentes a la democracia. Toca demostrar que los y las demócratas somos más'.
Nunca antes en la historia de casi cincuenta años de nuestra democracia el Ejecutivo había atacado de esta manera al Tribunal Constitucional y había puesto en cuestión la separación de poderes. Nunca antes el Ejecutivo había cuestionado el
papel del Tribunal Constitucional como máximo garante de nuestra Constitución. Nunca antes el Ejecutivo había deslegitimado al Tribunal Constitucional apelando a la supuesta ideología de parte de sus miembros, un argumento que debilita enormemente
al TC para el futuro, pues deja abierta la posibilidad de deslegitimación constante del TC en virtud de los rasgos ideológicos de sus miembros.
Como bien expresó Manuel Aragón, catedrático emérito de Derecho Constitucional y magistrado emérito del Tribunal Constitucional, en un artículo publicado en prensa en diciembre de 2022, 'la destrucción de la imagen institucional del Tribunal
Constitucional significaría el derrumbe de nuestro Estado de derecho, del que ese tribunal es su máximo e imprescindible sostén. Si el Tribunal Constitucional se desvirtúa quedarían sin protección jurídica nuestras garantías constitucionales, con
lo cual nuestro Estado constitucional de derecho dejaría de serlo'.
Y nunca antes en nuestra historia democrática el poder ejecutivo había cuestionado de esta manera la separación de poderes y el necesario sometimiento del Ejecutivo al Estado de derecho, a los tribunales y al máximo garante de la
Constitución, al Tribunal Constitucional. 'Para que no se pueda abusar del poder es preciso que, por disposición de las cosas, el poder frene al poder', afirmó Montesquieu, en un principio de la democracia liberal que creíamos claramente instituido
y aceptado por todos los demócratas y que el Gobierno ha puesto en cuestión al atacar un recurso de amparo ante el TC y al cuestionar la aceptación por parte del TC de ese recurso de amparo.
Los ataques de miembros del Gobierno tanto a la presentación del recurso de amparo como a su aceptación por parte del TC parecen poner en duda la separación de poderes que sostiene todo sistema democrático y el sometimiento del propio
Ejecutivo a la ley y al cumplimiento de la Constitución.
Por todo ello
Proposición no de Ley
'El Congreso de Diputados insta al Gobierno a respetar el papel del Tribunal Constitucional como garante máximo de nuestra Constitución, a aceptar la separación de poderes como principio básico de la democracia, y a acatar el principio
democrático y el deber constitucional de sometimiento de todos los poderes a la Constitución.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de enero de 2023.-Ana María Beltrán Villalba, José Antonio Bermúdez de Castro Fernández, Isabel María Borrego Cortés, Jaime Miguel Mateu Istúriz, María Jesús Moro Almaraz, Carmen Navarro Lacoba,
Vicente Tirado Ochoa y Edurne Uriarte Bengoechea, Diputados.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
162/001141
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Más País Verdes Equo, en el Grupo Parlamentario Plural, de conformidad con el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para su debate en Pleno sobre la concesión de permisos para la
prevención del suicidio.
Exposición de motivos
Hace algunos años, hasta hace muy poco, no se hablaba del suicidio públicamente. Los medios no lo trataban, porque se consideraba que podía haber un 'efecto contagio' que hiciera que aumentasen los casos. La Organización Mundial de la
Salud (OMS), más allá de la Covid-19, advierte que con el suicidio estamos ante uno de los mayores problemas de salud pública en Europa, con una magnitud habitualmente infravalorada.
Pese a este silencio, desde hace unos años, las cifras de suicidio han ido aumentando tanto que los medios han comenzado a hablar de ellos. Con las precauciones que sugiere la OMS, se trata el tema con cuidado, transmitiendo la información
sin sensacionalismo, sin juicios de valor sobre la persona que lo piensa, lo diseña o lo intenta -que no es ni buena ni mala, ni cobarde ni valiente...-, sin entrar en detalles de las circunstancias y sin hablar de los métodos utilizados, por citar
solo algunas de las características de una buena comunicación de un tema tan sensible.
Porque no se puede silenciar más una realidad que causa la muerte de más de 4.000 personas cada año y que va en aumento entre la población más joven. Hoy por hoy hay 11 veces más suicidios que homicidios. Y se estima que hay entre un 30-40
% de suicidios ocultos, no registrados en las estadísticas oficiales. No solo por ser una muerte 'vergonzante' para muchas familias, sino también por miedo a no percibir los familiares los seguros de vida. Además, por cada suicidio consumado se
calcula que hay 20 intentos. Es decir, hoy mismo hay alrededor de 200 personas en nuestro país que están intentando quitarse la vida.
Muchos políticos y responsables institucionales también asumen esta preocupación y, en los discursos políticos, el suicidio y las enfermedades mentales han ganado cierto protagonismo. Pero queda lo más importante, pasar de las palabras a
los hechos. Porque hablar del suicidio no reduce los suicidios. Es la hora de pasar de hablar del suicidio a actuar contra el suicidio.
La mejor forma de actuar contra el suicidio es hacer que la gente tenga vidas que no sean trituradoras de esperanzas. La falta de perspectivas y futuro las encontramos en el origen de que muchas víctimas decidan emprender este camino.
Cuando queda mucho mes al final del sueldo y se corre riesgo de perderlo todo, cuando se padece una depresión que se va complicando, cuando la cita para salud mental es para dentro de diez meses, o las sesiones que se ofrecen son cada dos meses y
las pastillas ya no son suficientes para aguantar, el pozo es cada vez más profundo.
Cuando una persona se encuentra en una situación tan extrema necesita que todo se pare un poco para poder acompañarla en esos momentos. Ahí tiene que estar el sistema sanitario. Si una persona con
riesgo de suicidio da el paso de pedir ayuda, ya sea en un hospital o en atención primaria, ya sea a través de un familiar, el sistema debe garantizar que pueda ser vista en una consulta de salud mental de manera urgente. Además, hace falta
que también podamos garantizar que ese acompañamiento se presta en el entorno más cercano, de los amigos o los familiares.
Nuestro país tiene el récord de la Unión Europea en consumo de psicofármacos, pero obviamente estas sustancias no están consiguiendo parar los suicidios. El sistema sanitario invierte ingentes cantidades de presupuesto público (más de 700
millones/año) en dopar el malestar de la población, sin poner suficientes recursos en los elementos que permitirían revertirlo, como prestar atención cercana y actuar sobre los factores de riesgo y los factores de protección.
Hablamos de situaciones extremas, de situaciones puntuales en las que el riesgo es muy inminente y la persona necesita parar, necesita acompañamiento y necesita ser cuidada. Por eso es necesario habilitar un permiso para tener un
acompañamiento respetuoso y cuidadoso en esos días, que no dependa de que el entorno familiar se pueda permitir económicamente faltar al trabajo, sino que esté financiado por todos y además legitimado socialmente porque sostener la vida nos atañe a
todos como sociedad. Cuando alguien está a punto de romperse, los servicios públicos no pueden mirar a otro lado.
Un permiso de acompañamiento a personas en riesgo de suicidio, para que nadie tenga que pasar por eso solo. Un permiso que el médico, que atiende a la persona en riesgo, pueda habilitar al acompañante de su elección a no acudir a su empresa
a trabajar, un máximo de dos semanas. Cubriendo desde el presupuesto público el coste del salario correspondiente. Un permiso con un coste muy reducido para las arcas públicas, pero con un notable impacto en la vida de las personas que lo
necesitan.
El mejor aliado de los pensamientos suicidas es la soledad. Hablar de lo que duele es un primer paso para empezar a estar mejor. Pero hoy por hoy, hay madres, padres, hermanos y amigos que no pueden acompañar a uno de los suyos cuando está
en riesgo de quitarse la vida porque, si lo hacen, corren el riesgo de que los despidan del trabajo que necesitan para comer. Los entornos más vulnerables son los más expuestos y, a su vez, los que más problemas tienen para acompañar por no poder
dedicar ese tiempo a cuidar.
No podemos seguir con los discursos a favor de combatir el suicidio, pero sin proporcionar las herramientas para atajar esta lacra. No podemos permitir que las familias ni siquiera conciban la posibilidad de faltar al trabajo cuando uno de
los suyos quiere quitarse la vida. Porque, para hacer posible una vida digna y de calidad, debe ser posible parar cuando es fundamental hacerlo.
El compromiso del Estado ha de ser sistemático y sostenido en el tiempo, como lo es la propia realidad del suicidio. Necesitamos un compromiso del Gobierno de España, así como de todas las CCAA, de todos los partidos políticos, que
visibilice esta realidad y que envíe el mensaje claro a las personas más vulnerables de que no están solas y que el suicidio puede presentarse como una solución permanente ante un intenso dolor pero que, aunque no lo parezca, la desesperanza, el
dolor y el vacío son estados temporales, no permanentes y nuestra sociedad cuenta con caminos de salida reales. Se trata de situaciones puntuales pero muy importantes.
Por todo ello, Más País Verdes Equo presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a llevar a cabo las reformas legales necesarias para poner en marcha un permiso de acompañamiento a personas en riesgo de suicidio:
1. Un permiso otorgado por el profesional que atiende la situación de alto riesgo de suicidio.
2. Que pueden solicitar las personas en situación de alto riesgo de suicidio para ser cuidados y acompañados.
3. Se concede a la persona acompañante/cuidadora designada por el paciente en situación de alto riesgo.
4. El permiso se renovará semanalmente con un máximo de 2 semanas.
5. Se financia con fondos públicos para que la persona acompañante no renuncie a su salario.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2023.-Íñigo Errejón Galván, Portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Plural.
162/001142
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para que se corrijan inmediatamente
las deficiencias de los servicios de atención a la ciudadanía por diferentes ámbitos de la Administración General del Estado y, especialmente, la Administración de la Seguridad Social, para su debate en Pleno.
Exposición de motivos
La Constitución Española es clara: la Administración ha de servir con objetividad a los intereses generales, atendiendo, entre otros, al principio de eficacia. Así lo impone el artículo 103 de nuestra Carta Magna, pero también el resto de
nuestro marco normativo. Destaca, por ejemplo, la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, que amplía lo mandatado por la norma constitucional al enumerar como principios del funcionamiento y actuación de las
administraciones públicas, entre otros, los de servicio efectivo a los ciudadanos; la simplicidad, claridad y proximidad a los ciudadanos; la racionalización y agilidad de los procedimientos administrativos y de las actividades materiales de
gestión; así como la responsabilidad por la gestión pública.
Estos principios rectores son aplicables y exigibles, también, a la actuación de la Administración de la Seguridad Social, cauce institucional imprescindible para garantizar lo que nuestra Constitución reconoce en los artículos 41 y 50.
Sin embargo, estos mandatos no están siendo observados en los tiempos más recientes. Es algo que ha evidenciado el Defensor del Pueblo, el 4 de enero de este año, al señalar que la Administración de la Seguridad Social ha de resolver los
grandes problemas que se aprecian en un aspecto tan relevante como el de proveer un servicio eficaz a los ciudadanos a través los servicios de citas -y su disponibilidad- en sus oficinas administrativas. Insta expresamente el Defensor del Pueblo a
que 'se superen las deficiencias apreciadas en los servicios de atención a la ciudadanía, situación que se aleja mucho de la necesaria prestación de un servicio público efectivo y de calidad, incompatible con el derecho de buena Administración'.
Esta llamada de atención es especialmente significativa toda vez que el Defensor del Pueblo es el alto comisionado de las Cortes Generales al que se encarga la imprescindible tarea de 'defender los derechos fundamentales y las libertades
públicas de los ciudadanos mediante la supervisión de la actividad de las administraciones públicas españolas'. Su informe supone, en suma, una cuestión de extraordinaria relevancia, ya que pone el acento en el insatisfactorio servicio que esta
administración pública está prestando a los españoles en una cuestión tan nuclear como es el Sistema Nacional de la Seguridad Social, eje vertebrador de nuestro estado social y del bienestar.
Alerta especialmente el Alto Comisionado de las innumerables quejas que los ciudadanos presentan por la deficiencia que se observa últimamente en la 'atención directa en los servicios de atención e información al público, alternativos a la
comunicación telemática' por parte de la Seguridad Social.
Es, también, llamativo el hecho de que el informe se emite con posterioridad al envío de unas recomendaciones a la Secretaría de Estado de la Seguridad Social. Parece desprenderse que la administración no atendió satisfactoriamente a un
primer requerimiento ante el 'incesante número de quejas' recibidas, viéndose obligado posteriormente el Defensor del Pueblo a elevar la llamada de atención a nivel ministerial toda vez que las medidas que se observaron 'no resultan suficientes'.
Lo anterior no solo es un quebranto de las exigencias constitucionales y normativas del procedimiento administrativo y del servicio que se ha de garantizar a los españoles, sino que además evidencia las incongruencias manifiestas en las que
incurre este ejecutivo.
Dos son los ejemplos más llamativos de las contradicciones del gobierno de la nación en lo referente a la necesidad de garantizar un servicio de atención eficiente y para todos los ciudadanos: de una parte, se está tramitando en el Congreso
de los Diputados el proyecto de Ley por el que se regulan los Servicios de Atención a la Clientela que exige a las empresas la mejora en el servicio que prestan, imponiendo en numerosas ocasiones cargas inasumibles, lo cual no exige ni aplica -a la
vista del informe del Defensor del Pueblo- el gobierno a sus propios servicios de atención. En segundo lugar, este insatisfactorio e
inaceptable comportamiento de los servicios públicos básicos es incompatible con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, con los que este ejecutivo dice estar comprometido.
Del proyecto de ley de servicios de atención a la clientela llama la atención que su exposición de motivos dispone que '[I]a práctica muestra que muchas de las quejas y reclamaciones formuladas ante los servicios de protección de las
personas consumidoras y usuarias no se presentarían si las empresas dispusieran de servicios de atención a la clientela más eficaces'. En base a ello, se imponen exigencias a las empresas para garantizar que estas prestan un mejor servicio de
atención. Sin embargo, ninguna de las exigencias que el ejecutivo quiere imponer a las entidades privadas se exigen a los que servicios de atención que presta la Administración General del Estado o la Seguridad Social. ¿No es también esencial la
salvaguarda de la atención que se dispensa a los administrados?
Por otra parte, en 2015 se acordaron en el seno de las Naciones Unidas una serie de metas (los ODS) que pretenden erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad de todos. España se comprometió con ellos, por lo que toda
actuación de los poderes públicos ha de encaminarse a su consecución. El mal servicio de atención dispensado por las oficinas de la seguridad social que se han relatado va en la dirección opuesta a estos objetivos. Por ejemplo, el Objetivo 16,
para 'Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas', conmina a crear y promover instituciones eficaces, lo cual es incompatible con el informe emitido por el Defensor del Pueblo. No es eficaz aquella institución administrativa que es objeto
de quejas 'incesantes', es evidente.
Otro de los aspectos que pone en cuestión el informe de enero de 2023 es que las medidas adoptadas por la administración 'no resultan suficientes en orden a recibir una atención eficaz y eficiente que permita gestionar de forma directa las
necesidades ciudadanas, en especial las del colectivo afectado por la brecha digital y en situación de vulnerabilidad para los que la atención presencial constituye una necesidad preferente'. Es decir, se está olvidando el ejecutivo, en especial,
de quienes se ven perjudicados por esta brecha digital y los más vulnerables, cuestión que es manifiestamente opuesto no solo a los objetivos que todo gobierno responsable ha de perseguir, sino también a numerosos de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible como el número 10, para la reducción de las desigualdades.
Desgraciadamente, este olvido de las metas que una administración eficiente ha de prestar no es exclusivo de la Seguridad Social (aunque sí más llamativo en este caso, toda vez que esta rama de nuestra administración, hasta hace poco, era
una de las mejor valoradas por la ciudadanía), sino que es una realidad que, hoy, es común a la mayoría de los servicios que presta la Administración General del Estado como denuncian constantemente los representantes sociales, por lo que es
necesario actuar.
En aras a revertir esta lamentable situación de la administración, este grupo parlamentario entiende que es esencial analizar las circunstancias que la han motivado, así como adoptar cuantas medidas se consideren necesarias. De hecho, el
Partido Popular presentó este mes de enero una serie de propuestas para reforzar la calidad institucional de nuestro país, instando, entre otras cuestiones, a llevar a cabo una 'evaluación del sector público que permita tomar conciencia de sus
dimensiones y poder así, a la vista del mapa de jubilaciones, plantear una reordenación de la Administración Pública'. Sin un análisis objetivo previo no será plausible adoptar las soluciones correctas.
La búsqueda de una Administración de la Seguridad Social (así como de la Administración General del Estado en su conjunto) que busque siempre servir con eficacia a los intereses de la sociedad ha de ser un compromiso inquebrantable del
conjunto de los poderes públicos.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que:
- De manera inmediata 'se superen las deficiencias apreciadas en los servicios de atención a la ciudadanía, situación que se aleja mucho de la necesaria prestación de un servicio público efectivo y de calidad, incompatible con el derecho de
buena Administración' como mandata el Defensor del Pueblo al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
- Que se regulen medidas para que los servicios de atención a los ciudadanos prestados por las oficinas de la Administración General del Estado y de la Administración de la Seguridad Social recuperen la calidad y la eficacia que les son
propias.
- Realice una evaluación del sector público, para hacerla más eficiente y efectiva, que permita tomar conciencia de sus dimensiones y poder así plantear una reordenación de la Administración Pública, especialmente en el ámbito de la
Administración de la Seguridad Social.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2023.-Jaime Eduardo de Olano Vela, Diputado.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
162/001143
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francisco Javier Ortega Smith-Molina, doña María Teresa López Álvarez, don Francisco José Alcaraz Martos, don Luis Gestoso de Miguel, don Ignacio Gil Lázaro y doña Rocío de Meer Méndez, en sus respectivas condiciones de Portavoz Adjunto
y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), en sus respectivas condiciones de Portavoz Sustituto, Portavoz y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formulan la siguiente Proposición no de Ley para el cierre de las mezquitas que promueven el yihadismo, para su discusión en Pleno.
Exposición de motivos
Primero. El atentado yihadista en Algeciras.
Agentes del Cuerpo Nacional de Policía han detenido en Algeciras a un yihadista de nacionalidad marroquí, inmigrante ilegal en España, por haber cometido un ataque terrorista en el que asesinó a una persona e hirió a cuatro más, una de ellas
gravedad. Las víctimas fueron atacadas por el hecho de ser católicos, al grito de 'Alá es grande'.
El terrorista entró en varias iglesias de la localidad armado con un machete de grandes dimensiones, profiriendo alabanzas a Alá e insultando a la religión católica y a los fieles cristianos que en ellas se encontraban.
Así, en la capilla de la Parroquia de María Auxiliadora y San Isidro, tras increpar violentamente a una feligresa, destruyó con su machete las imágenes religiosas, cruces y velas que se encontró a su paso. Tras llegar al altar, asestó una
puñalada al párroco, don Antonio Rodríguez, que se encontraba terminando de oficiar Misa en esos momentos y que resultó herido de gravedad. Varias personas que trataron de detener el ataque fueron también heridas.
Posteriormente, se dirigió a la Parroquia de Ntra. Sra. de la Palma, en la que comenzó a atacar violentamente el altar. El sacristán del templo, don Diego Valencia, fue apuñalado y, gravemente herido por el terrorista, consiguió salir a
la Plaza Alta. Allí, el yihadista volvió a atacarle y logró finalmente asesinarlo. Tras ello, el terrorista se dirigió a la Capilla de Europa, también en la Plaza Alta, que encontró cerrada. Finalmente, fue detenido por la Policía Local.
Varios testigos afirman que, antes del ataque, al menos media decena de magrebíes proferían insultos a los fieles que acudían a la misa de la tarde en la capilla de San Isidro.
El yihadista detenido es un marroquí de veinticinco años que no portaba documentación en el momento de su detención y al que se acusa de un delito de asesinato y, al menos, otros tres de homicidio en grado de tentativa. Los hechos se están
investigando por terrorismo yihadista.
El terrorista se encontraría ilegalmente en Algeciras, al menos, desde el pasado mes de junio, y estaba siendo vigilado por la Policía Nacional desde cuatro días antes de la comisión de estos actos terroristas 1.
Segundo. Los atentados yihadistas, cada vez más frecuentes en Europa.
La islamización progresiva de Europa supone, entre otras muchas consecuencias perversas, que los ataques a iglesias y a fieles cristianos se hayan convertido en habituales. Las políticas multiculturalistas
1 https://www.elmundo.es/espana/2023/01/26/63d1ae31fdddffa5a38b4571.html.
llevadas a cabo por los países occidentales (y, especialmente, por Bélgica, Suecia o Francia) se basan en la contemporización con el islamismo incompatible con Occidente, en el fomento de la inmigración masiva y el reemplazo poblacional y en
las cesiones a los líderes políticos y espirituales islámicos para 'mantener la paz social'.
El resultado de estas no ha sido sino el incremento de la inseguridad en nuestros barrios y la pérdida de identidad de nuestras naciones.
Así, el primer hito de los crecientes ataques contra los cristianos en Europa fue el asesinato del Padre Jacques Hamel en la iglesia de San Esteban de Rouvray (Normandía) el 26 de julio de 2016. El sacerdote fue degollado por dos
terroristas de Estado Islámico mientras oficiaba la Santa Misa. Dos monjas y dos feligreses fueron capturados como rehenes; las religiosas fueron utilizadas como escudos humanos para escapar y una de las fieles fue gravemente herida. Uno de los
atacantes, fichado por la Gendarmería francesa, tendría que haber llevado una pulsera electrónica en el momento del atentado, pero el sistema de vigilancia falló.
En octubre de 2020, pocos días después de la decapitación por un yihadista checheno del profesor Samuel Paty a la salida de su escuela en París, otro terrorista asesinó a tres cristianos en la Basílica de Nuestra Señora, en Niza. El
yihadista, de origen tunecino, había entrado ilegalmente en Europa un mes antes por la isla de Lampedusa, desde la que se desplazó impunemente hasta Niza. En el atentado, intentó decapitar a una feligresa, pero al no conseguirlo la degolló, le
cortó el cuello al sacristán del templo y provocó graves heridas a otra mujer, que supusieron su muerte en las inmediaciones de la iglesia.
En los últimos días, los ataques islamistas se suceden sin freno en Europa, poniendo de manifiesto la presunta ingenuidad de nuestros gobernantes y medios de comunicación al tratarlos como supuestos 'casos aislados'. De esta manera:
También el 25 de enero por la mañana una joven fue apuñalada por un inmigrante ilegal de veinticinco años en el campus de París Cité.
Prácticamente a la misma hora, un terrorista armado hirió a siete personas y mató a dos de ellas en el tren regional entre Hamburgo y Kiel (Alemania).
Hace una semana, también en París, otro terrorista apuñaló al azar a numerosos pasajeros que aguardaban sus trenes en la Estación del Norte, dejando una decena de heridos.
También la semana pasada, una adolescente de catorce años fue asesinada en el municipio alemán de Illerkirchberg (Baden-Wurtemberg) por un inmigrante ilegal procedente de Eritrea que esperaba la concesión de asilo.
En España, los últimos atentados yihadistas fueron los ocurridos el 17 de agosto de 2017 en Barcelona y Cambrils, reivindicados por Estado Islámico. El atropello masivo cometido en Las Ramblas de la capital catalana se saldó con 15 muertos
(entre ellos, dos niños) y 131 heridos, mientras que en Cambrils se registraron un muerto y seis heridos, tres de ellos Mozos de Escuadra.
Tercero. Las mezquitas islamistas, incompatibles con occidente.
A pesar de que los postulados del islamismo son radicalmente incompatibles con las democracias occidentales, muchos gobernantes han permitido e, incluso, fomentado el asentamiento de mezquitas islamistas, frecuentadas por la inmigración
ilegal masiva de musulmanes a nuestros países. Mezquitas en las que se adoctrina y se difunden ideas contrarias a la civilización occidental, que chocan frontalmente con nuestra convivencia, tradición y cultura. En muchas ocasiones, es en estas
mezquitas donde germina el odio y la planificación de atentados contra nuestros compatriotas y contra nuestras sociedades, a fin de inocular el terror y lograr con ello su objetivo de someter a las sociedades occidentales
Esta situación ha devenido en una crisis de seguridad nacional que debe atajarse de inmediato.
Es cada vez más evidente en España la insoportable inseguridad que causa la existencia de estos 'centros de radicalización', así como los efectos de la creación de auténticos guetos donde rige la sharía y, a la postre, la destrucción de
nuestra cultura y valores.
El aumento de las mezquitas islamistas y lo que en ellas sucede es de sobra conocido por los sucesivos gobiernos. Así, ya por el año 2015, el entonces ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, se planteó el cierre de las mezquitas
salafistas. En aquel momento, con un nivel 4 de alerta antiterrorista -el mismo que en la actualidad- el Ejecutivo no quería bajar la guardia en la vigilancia sobre estas mezquitas, en tanto que germinadoras de la radicalización. Así 'las fuerzas
de seguridad vigilan que los centros de culto no vuelvan a, ser nidos de yihadistas. Preocupan los que difunden los mensajes radicales. Según el
ministro hay que neutralizar a los imanes que promuevan discursos tendentes a la radicalización y a la comisión de atentados' 2.
No obstante, como es habitual en las cuestiones que afectan al islamismo, las declaraciones se quedaron en una mera manifestación de intenciones. Y ello pese a que, en 2015, 'el Ministerio del Interior consideraba que un centenar de los
1.300 templos musulmanes existentes entonces lanzaban este tipo de pláticas'.
Hoy en día no se conocen las cifras actualizadas, pero es razonable pensar que el número de mezquitas islamistas ha aumentado considerablemente.
También en 2015, tras el atentado que tuvo lugar el 26 de junio, el Gobierno tunecino tomó la decisión 'cerrar 80 mezquitas de corte salafista por difundir el 'veneno' yihadista, como lo ha catalogado el primer ministro de Túnez, Habib
Essid. No es una persecución indiscriminada, insiste, sino una acción 'preventiva', pese a que sabe del riesgo de que, más allá de las ideas que se expandan, pacíficas o no, radicales o no, a veces controlar a un lobo solitario es 'casi imposible''
3.
Una medida que parece del todo acertada.
Por su parte, en Alemania, su vicecanciller, Sigmar Gabriel, allá por 2017, tras el atentado en el Mercado de Navidad de Berlín, también manifestó 'que las mezquitas salafistas y wahabíes en el país deberían ser cerradas y sus comunidades
disueltas'. Estas declaraciones se efectuaron tras el descubrimiento de los vínculos entre el atentado contra el mercado de Navidad en Berlín y un predicador salafista 4.
El vicecanciller exhortó asimismo a las autoridades alemanas a adoptar medidas 'contra las tendencias extremistas' e insistió en el hecho de que 'las mezquitas que propagan pensamientos salafistas y wahabíes' deberían ser 'sin tardar'
expulsadas de Alemania porque 'incitan a la violencia y no saben disfrutar de la libertad de religión'.
'Las mezquitas salafistas deben ser prohibidas, las comunidades disueltas y los predicadores expulsados. Y eso tan rápidamente como sea posible'.
Existen muchos ejemplos de países que han adoptado una política de tolerancia cero con el islamismo y las mezquitas islamistas.
España no debe ser una excepción. Los españoles y los inmigrantes legales que viven con nosotros con honradez y voluntad de integración no se merecen la situación que provoca el terrorismo islamista. Se debe atajar la peligrosa situación
que supone la existencia de mezquitas islamistas en nuestro territorio; se deben catalogar y se debe proceder al cierre inmediato de las mismas.
Es necesario impulsar la adopción de políticas que contribuyan al bien común y no a la destrucción de nuestras naciones y de sus principios esenciales. Hay que poner freno a la expansión del islamismo en nuestras sociedades.
Al amparo de lo expuesto anteriormente, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a lo siguiente:
1. Proceder al cierre inmediato de todas las mezquitas que promueven el yihadismo en territorio español, así como expulsar inmediatamente a, cualquier guía espiritual, ministro de culto o responsable jurídico que desarrolle su actividad o
dirija tales mezquitas.
2. Promover los cambios legislativos necesarios para evitar la implantación en España de corrientes religiosas que amparen el terrorismo yihadista, así como prohibir la apertura de nuevos centros islamistas en los que se incite y se
promueva el terrorismo y el odio a nuestra cultura y valores.
3. En tanto no se logra el objetivo de eliminar por completo la expansión del islamismo en España, conformar un catálogo de todas las mezquitas islamistas que existan en nuestro territorio.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2023.-María Teresa López Álvarez, Francisco José Alcaraz Martos, Luis Gestoso de Miguel, Ignacio Gil Lázaro y Rocío de Meer Méndez, Diputados.-José María Figaredo Álvarez-Sala y Francisco
Javier Ortega Smith-Molina, Portavoces del Grupo Parlamentario VOX.
2 https://www.telecinco.es/informativos/nacional/mezquitas-espana-musulmanes-espana-amenaza-yihadista-espana-radicalizacion-musulmanes-mezquitas-salafistas_18_2018655107.html.
3 https://www.huffingtonpost.es/2015/06/27/cierre-mezquitas-tunez_n_7677190.html.
4 https://spanish.almanancom.lb/47346.
162/001144
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para la reversión de la reforma de las cotizaciones de los
trabajadores autónomos y el alivio de sus cargas burocráticas para su debate en Pleno.
Exposición de motivos
El 26 de julio de 2022 se aprobó el Real Decreto-ley 13/2022, de 26 de julio, por el que se establece un nuevo sistema de cotización para los trabajadores por cuenta propia o autónomos y se mejora la protección por cese de actividad,
convalidado posteriormente el 25 de agosto en el Congreso de los Diputados con el apoyo de los partidos que sustentan el Gobierno y el Partido Popular, entre otras formaciones.
Si bien se empleó el mecanismo excepcional del decreto-ley, pensado para situaciones de 'extraordinaria y urgente necesidad', no ha sido hasta este pasado mes de enero que la reforma ha entrado en vigor y los autónomos pueden empezar a notar
sus efectos.
El primer baño de realidad al que se han enfrentado los autónomos ha sido la complejidad de comprender el nuevo sistema de elección de bases de cotización y la excesiva burocracia de este. De hecho, hasta la 'Guía práctica de trabajo
autónomo' de la web de la Seguridad Social, lejos de ser práctica e intuitiva, resulta de muy difícil comprensión incluso para personas formadas en Derecho o con varios años de práctica profesional. Estos problemas de implementación del nuevo
sistema se suman a los problemas que ya presentaba su propio diseño.
Las cotizaciones de los trabajadores autónomos deben depender de sus beneficios reales. A pesar de ser ese el objetivo nominal de la reforma del RETA introducida por el Real Decreto-ley 13/2022, el resultado final fue una reforma
insuficiente e injusta. No hay ningún criterio de proporcionalidad ni justicia en hacer pagar a un autónomo con ganancias menores al SMI más de 200 en cotizaciones a la Seguridad Social. Podría darse el caso absurdo, incluso, de que un mes un
autónomo tenga que pagar más a la Seguridad Social de lo que ha ganado por su actividad.
Además, las tablas de cotizaciones siguen siendo profundamente regresivas. Si un autónomo tiene rendimientos de tan solo 600 va a tener que pagar en cotizaciones sociales el 33 % de lo que gana. Mientras tanto, un autónomo con ingresos
reales superiores a los 5.000 pagaría tan solo el 10 %. Por si fuera poco, la tarifa plana creada para ayudar a autónomos emprendedores en sus primeros pasos aumenta de 60 a 80.
Finalmente, la reforma no tiene lo suficientemente en cuenta supuestos como aquellas personas que son autónomos solo como actividad económica secundaria, a la vez que trabajan por cuenta ajena, poniendo aún más trabas al emprendimiento y
dificultando la jubilación activa.
Se hace necesario, así, revertir estos nocivos cambios en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos aprobados por el Real Decreto-ley 13/2022 y sustituirlo por una reforma en profundidad del régimen de autónomos sea realmente equitativo,
en el que las cotizaciones dependan verdaderamente de las ganancias de los autónomos, que fomente el emprendimiento, que proteja a los autónomos más vulnerables y que se sustente en el principio fundamental de que a iguales obligaciones debe haber
iguales derechos, de manera que se produzca una progresiva asimilación de las cargas y acción protectora de los autónomos a las existentes con los trabajadores por cuenta ajena.
Por estas razones, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Revertir la reforma sistema de cotización del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, aprobada por el Real Decreto-ley 13/2022.
2. Presentar una nueva propuesta de reforma que:
a) Fije las cotizaciones a la Seguridad Social de los trabajadores autónomos en función de sus beneficios reales.
b) Garantice que ningún autónomo con beneficios reales inferiores al SMI deba satisfacer cuotas a la Seguridad Social.
c) Avance en la progresiva asimilación, en cargas y acción protectora, del régimen de los trabajadores autónomos al de los trabajadores por cuenta ajena, de manera que a iguales obligaciones haya iguales derechos.
d) Reduzca la complejidad burocrática de los trámites con la Seguridad Social.
e) Dinamice la economía, impulse el crecimiento económico y fomente el emprendimiento, especialmente en los jóvenes.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de febrero de 2023.-Edmundo Bal Francés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
162/001145
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Plural, a instancia del Diputado del Bloque Nacionalista Galego (BNG) Néstor Rego Candamil, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente
Proposición no de Ley para la prohibición de la eólica marina en la costa de Galiza para su debate en Pleno.
Exposición de motivos
La sociedad gallega en general y el sector pesquero en particular, asiste asombrada a las constantes noticias referidas a los numerosos parques eólicos marinos que distintas empresas proyectan instalar en las costas de Galiza.
En estos momentos se conocen ya nueve, que sumarían una potencia total instalada de 5,8 GW, lo que representaría nada menos que el doble del aprobado por el Consejo de Ministros en diciembre de 2021 en la Hoja de ruta para el desarrollo de
la eólica marina de cara a 2030 en el conjunto del Estado español (entre 1 y 3 GW de potencia eólica marina flotante), una Hoja de ruta que se decanta claramente por la industrialización del mar y que supone una clara amenaza para los ecosistemas
marinos y para la actividad pesquera.
Los nueve parques que se conocen por ahora y que pretenden instalarse en las costas gallegas, son toda una declaración de intenciones por parte del sector energético cuando ni siquiera están aprobados los Planes de Ordenación del Espacio
Marino (POEM) por parte del Gobierno del Estado. Planes que, de mantenerse el contenido del proyecto de Real Decreto por el que se aprueban los POEM, que se sometió al trámite de información pública en el mes de junio de 2021, anulará completamente
las competencias de Galiza en materia de ordenación del sector pesquero o de protección del medio ambiente, entre otras, atribuyendo en exclusiva la competencia para autorización o denegación de parques eólicos marinos al Estado. Por lo tanto,
corresponderá al Estado decidir si se implanta o no en la costa gallega parques de eólica marina, cuando ya ha dado pruebas de mantener la especialización de Galiza en la producción de energía sin reparar en los altos costes ambientales,
patrimoniales y socioeconómicos.
Así, el proyecto de aprobación de los POEM daba preponderancia a la eólica marina para la que acotaba zonas de uso prioritario y zonas de alto potencial, contrastando no obstante con la incomprensible invisibilidad que otorgaba a la pesca,
sin tener en cuenta ni su alto potencial ni considerándola como uso prioritario.
Si bien es cierto que la categoría de uso prioritario para la eólica marina fue eliminada por la Resolución de la Dirección General de Calidad y Evaluación, del Ministerio para la Transición Ecológica, por la que se formula la declaración
ambiental estratégica (DAE) de los POEM, publicada en el BOE del pasado 16 de diciembre y paso imprescindible para la aprobación de los mismos, y que se reducen las zonas NOR 1, 2, 3 y 5 que son parte de las correspondientes a Galiza dentro de la
Demarcación Marina Noratlántica, la posibilidad de instalación de eólica marina en la costa gallega sigue pareciendo una opción deseable para el Gobierno. Es más, se llega a expresar literalmente que 'se deberá priorizar la coexistencia del parque
eólico con la actividad pesquera en la zona, con especial consideración de las artes de pesca tradicionales
y los caladeros gestionados de manera sostenible', cuando se sabe que esta coexistencia no es posible si se ubican los polígonos sin atender a los caladeros.
En definitiva, las modificaciones que la declaración ambiental estratégica introduce a respeto del proyecto de Real Decreto de aprobación de los POEM, aun siendo positivas, son totalmente insuficientes. Por un lado, la eliminación del uso
prioritario para la eólica marina se hace, entre otras razones, 'para evitar el minimizar su afectación sobre la actividad pesquera y la biodiversidad y 'para minimizar la interacción con artes de pesca de fondo: arrastre, palangre y enmalle'. Sin
embargo, sigue sin considerarse la actividad pesquera como de interés general, prioritario, cuestión que en nuestro Galiza viene respaldada por múltiples e importantísimos datos ambientales, económicos y sociales y, por lo tanto, su consideración
sobre otras actividades debe ser claramente preferente. En este sentido, entendemos que el Gobierno gallego habría debido ser el primero en reclamarlo, precisamente por la relevancia de la actividad en Galiza, sin parangón en ninguna otra zona del
Estado.
El propio sector pesquero se ha manifestado en contra de la eólica marina, así una de las reivindicaciones principales del 'Manifiesto de Burela', que fue aprobada por unanimidad en el Parlamento gallego el pasado 25 de marzo y que también
se aprobó en el Congreso de los Diputados en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación, era la evaluación 'a través del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y del Instituto Español de Oceanografía (IEO) el impacto de la
instalación de polígonos de eólicos marinos sobre los recursos pesqueros y las zonas de trabajo de las diferentes artes y segmentos de la flota que operan en el caladero del Cantábrico Noroeste y sus efectos sobre la economía de las comunidades
pesqueras del Cantábrico'. Las 'actualizaciones y mejoras de la información' que provocaron la modificación introducida no tuvieron en cuenta el acuerdo del Parlamento gallego y del Congreso ya que ni el CSIC ni el IEO llevaron a cabo las
evaluaciones de impacto solicitadas.
Estudios que además evaluar el impacto sobre las actividades económicas deberían obtener datos sobre las consecuencias y afectaciones sobre el propio medio natural, así como las interacciones con el conjunto de los ecosistemas marinos y toda
su biodiversidad.
A pesar de a la reducción de parte de las zonas (la NOR 4 está excluida) ubicadas en Galiza, la propia Federación Gallega de Cofradías reconoció públicamente que la nueva delimitación aún sigue poniendo en riesgo más de cien caladeros de
pesca.
Además, se vuelven a obviar las características de nuestra plataforma continental, especialmente corta (entre 20-30 km.), que añadiría problemas para la 'coexistencia' entre la actividad pesquera y la implantación de parques eólicos marinos.
Así mismo, en el pasado mes de diciembre representantes del sector pesquero de todo el Estado, representantes de distintos gobiernos autonómicos -entre ellos el gallego a través del director general de Pesca, Acuicultura e Innovación
Tecnológica- y del Estado a través de la subdirectora de Investigación Científica y Reservas Mariñas del MAPA, se reunieron en Santiago para debatir la problemática generada por los proyectos de la eólica marina. En ese encuentro coincidieron en la
necesidad de conocer el impacto socioeconómico de la eólica marina 'antes de proceder a adoptar decisiones sobre la implantación de estas industrias nos nuestros mares', un aspecto fundamental que no está aún desarrollado y que contribuiría, sobre
todo en el caso de Galiza, la aportar datos reales de los efectos de la implantación de la eólica marina en nuestro país.
Por todo lo expuesto anteriormente, el BNG presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno del Estado a:
- Declarar la prohibición de instalación de parques para la producción de energía eléctrica mediante eólica marina en la costa de Galiza y el Cantábrico-Noroeste, atendiendo al principio de precaución y a las características diferenciadas de
su plataforma continental, especialmente su corta extensión y la ubicación en la misma de los principales y más ricos caladeros de pesca de la zona que se verían gravemente afectados, así como por el grave impacto en el conjunto de los ecosistemas
marinos.
- Dar una redacción definitiva al Real Decreto de por el que se aprueben los POEM que respete las competencias propias de Galiza como la de ordenación pesquera y la protección del medio ambiente, entre otras.
- Considerar siempre la actividad pesquera cómo prioritaria de cara a la aprobación definitiva de los POEM.
- Evaluar, a través del CSIC y del IEO el impacto de la instalación de polígonos de eólicos marinos sobre los recursos pesqueros y las zonas de trabajo de las diferentes artes y segmentos de la flota que operan en el caladero del Cantábrico
Noroeste y sus efectos sobre la economía de las comunidades pesqueras del Cantábrico, así como sobre los ecosistemas marinos.
- Evaluar el impacto socioeconómico de la implantación de la eólica marina en Galiza.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de febrero de 2023.-Néstor Rego Candamil, Diputado.-Míriam Nogueras i Camero, Portavoz del Grupo Parlamentario Plural.
162/001146
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para garantizar la igualdad en el acceso a los tratamientos de
cáncer en todo el territorio nacional para su debate en el Pleno.
Exposición de motivos
El cáncer es una de las enfermedades con más incidencia en nuestro país. Según datos de la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM), en España se diagnosticaron el pasado año 2022 unos 280.100 casos, lo que supone un incremento respecto
a los años anteriores. De hecho, se espera que para 2040 la incidencia alcance los 341.000 casos. Según las mismas fuentes, los cánceres más frecuentemente diagnosticados en España en 2022 fueron los de colon y recto (43.370 nuevos casos), mama
(34.750), pulmón (30.948), próstata (30.884) y vejiga urinaria (22.295). A mucha distancia, los siguientes cánceres más frecuentes serán los linfomas no hodgkinianos (9.514), el cáncer de páncreas (9.252), el de riñón (8.078), y los cánceres de
cavidad oral y faringe (7.779), estómago (6.913), cuerpo uterino (6.773) e hígado (6.604). Además, el cáncer sigue siendo una de las principales causas de morbi-mortalidad en nuestro país, produciéndose en torno a 300 fallecimientos diarios.
Pese a ello, los pacientes de cáncer siguen enfrentándose a importantes retos en su vida diaria, tanto para hacer frente a la enfermedad como para continuar con su vida de forma libre y autónoma. Es por ello, por ejemplo, que desde el Grupo
Parlamentario Ciudadanos presentamos una proposición de ley para asegurar un marco normativo más flexible y adaptado a las necesidades laborales y sociales de las personas que son diagnosticadas con cáncer, de forma que puedan compaginar su vida con
sus tratamientos sin ser discriminadas por ello. Lamentablemente, esta proposición de ley sigue bloqueada de forma efectiva por la Mesa del Congreso, que sigue ampliando sine die los plazos para la presentación de enmiendas al articulado.
Todo ello pese a que la vida de los pacientes con cáncer se vuelve mucho más complicada desde el mismo momento de la sospecha médica de que uno puede sufrir esta enfermedad. En nuestro país, la descentralización de las competencias en
materia sanitaria ha dado como resultado la fragmentación del espacio sanitario y ha levantado barreras infranqueables entre comunidades autónomas a la hora de atender las necesidades médicas de los pacientes con cáncer. Así lo ha denunciado, de
hecho, el primer informe del Comité Científico de All.Can Spain, titulado 'La experiencia del paciente con cáncer: optimización del circuito y mejora de la atención y coordinación hasta el diagnóstico. Ocho recomendaciones para un cambio real'.
En este informe se denuncia la situación inaceptable que sufren los pacientes de cáncer y sus familias a la hora de acceder a diagnósticos y tratamientos para su enfermedad, existiendo enormes desigualdades entre comunidades autónomas. Esto
hace, por tanto, que una persona tenga mejores opciones de hacer frente a su cáncer dependiendo del código postal que tenga su residencia, algo que atenta contra todo principio de igualdad de la ciudadanía que se recoge en nuestra Constitución
Española. En palabras del Dr. Rafael López, presidente de la Fundación para la Excelencia y la Calidad de la Oncología (ECO), 'el sistema sanitario no siempre está concebido para que la atención que recibe el paciente sea de la máxima calidad,
sino que, en muchas ocasiones, responde a necesidades del propio sistema', en relación con los obstáculos y barreras que se han generado a raíz de la descentralización de las competencias en sanidad.
Esta fragmentación, a su juicio, produce retrasos en el abordaje del cáncer y hace que los pacientes se sientan confusos, desorientados y desesperanzados a la hora de afrontar el reto que tienen por delante.
Los representantes de pacientes que también forman parte de All.Can Spain han reconocido esta situación, lamentando que esa fragmentación provoca en muchas ocasiones que no se tenga información adecuada sobre diagnósticos y tratamientos, que
el acceso a los mismos sea diferente dependiendo de la comunidad autónoma, o que no se cuente con recursos de apoyo psicosocial a pacientes y sus familias. Por ejemplo, existe evidencia científica de que estos obstáculos y barreras pueden provocar
mayores retrasos en los diagnósticos y, por ende, mayor mortalidad en pacientes con cáncer. Todo ello pese a que los pacientes deben ser el centro de nuestras políticas sanitarias, y de que garantizar su salud y su bienestar debe ser la más
absoluta prioridad de todas las autoridades sanitarias de nuestro país, sin importar el nivel administrativo o el color político que tengan.
Por estas razones, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Acabar con las desigualdades territoriales existentes actualmente en el diagnóstico y tratamiento del cáncer, trabajando con las Comunidades Autónomas en una mayor coordinación de procesos y protocolos.
2. Trabajar con los profesionales sanitarios de la Atención Primaria en materia de información y formación, de forma que tengan más y mejores herramientas para la identificación de posibles casos de cáncer y su derivación inmediata a
especialistas oncológicos.
3. Promover la implantación generalizada en todo el territorio nacional de vías clínicas protocolizadas para el abordaje especializado de los distintos tipos de cáncer, con atención personalizada que tenga en cuenta la situación específica
del paciente y su contexto socioeconómico y familiar.
4. Poner en valor el papel del personal de enfermería en los procesos y protocolos de abordaje del cáncer, desde la sospecha hasta el tratamiento, como figura de gestión de casos y punto de referencia para pacientes, familiares y
facultativos.
5. Asegurar un flujo de información sencilla, accesible, honesta y veraz para los pacientes y sus familias, ampliando la disponibilidad de apoyo psicosocial en todo el territorio nacional.
6. Establecer, de la mano de las Comunidades Autónomas y los gestores hospitalarios, equipos multidisciplinares para el tratamiento de casos, asegurando así la mejor atención hospitalaria posible y un tratamiento más preciso del paciente y
de su tipología de cáncer.'
Palacio Congreso de los Diputados, 4 de febrero de 2023.-Edmundo Bal Francés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
162/001147
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa al derecho al olvido de las personas con cáncer, para su debate en Pleno.
Exposición de motivos
El cáncer es una de las enfermedades con mayor relevancia a nivel mundial. La OMS señala que es la principal causa de muerte en el mundo, y se calcula que a lo largo del año 2018 se diagnosticaron más de 18 millones de cánceres.
En España, el cáncer continúa siendo una de las enfermedades con mayor relevancia en salud pública, ya que es una de las principales causas de morbi-mortalidad. Según datos de la Sociedad Española de Oncología Médica, el número de cánceres
diagnosticados en el año 2022 alcanzará los 280.100.
Sin bien es cierto, las mejoras en la investigación, en el diagnóstico precoz y en los tratamientos disponibles, están permitiendo mejorar la supervivencia de las personas que padecen cáncer en prácticamente todos los tumores.
Estas mejoras unidas al aumento de la longevidad de la población han incrementado el número de supervivientes de cáncer en las últimas décadas en Europa y España. Según datos de la Asociación Española contra el Cáncer, hay un aumento de la
supervivencia desde el año 2016 en nuestro país, 3,3 puntos en hombres y 2,6 en mujeres.
El Plan Europeo de Lucha contra el Cáncer puesto en marcha en el año 2021, constituye un compromiso político de primer orden en la lucha contra el cáncer. Tiene entre sus objetivos hacer frente a todas las etapas de la enfermedad, incluida
la atención al largo superviviente.
En nuestro país, se ha actualizado en el año 2021 la Estrategia en Cáncer del Sistema Nacional de Salud (SNS) para adecuarla al Plan Europeo, con el objetivo de mejorar la calidad de la atención sanitaria y social que reciben las personas
enfermas de cáncer y sus familias. Y entre otras cuestiones, incorpora la evaluación de las necesidades de los pacientes que han sobrevivido al cáncer.
En este contexto, se ha de tener en cuenta la Resolución del Parlamento Europeo, de 16 de febrero de 2022, sobre el refuerzo de Europa en la lucha contra el cáncer: hacia una estrategia global y coordinada [2020/2267(INI)]. Este documento
considera que el Plan Europeo de Lucha contra el Cáncer debe responder 'a las legítimas expectativas de más de 12 millones de supervivientes de cáncer y sus familias'. Por ello, entre otras medidas, pide la adopción de una directiva contra la
discriminación, así como la aplicación justa e igualitaria de las Directivas sobre servicios financieros, como la Directiva sobre créditos al consumo, sin discriminación alguna contra los pacientes y los supervivientes de cáncer.
Asimismo, en su considerando 125 dice 'las aseguradoras y los bancos no deben tener en cuenta el historial médico de las personas afectadas por el cáncer; pide que las legislaciones nacionales garanticen que los supervivientes de cáncer no
sean discriminados en comparación con otros consumidores; toma nota de la intención de la Comisión de colaborar con las empresas para elaborar un código de conducta que garantice que la evolución de los tratamientos contra el cáncer y su mayor
eficacia se reflejen en las prácticas comerciales de los proveedores de servicios financieros; [...] pide que, a más tardar en 2025, todos los Estados miembros garanticen el derecho al olvido a todos los pacientes europeos diez años después del
final de su tratamiento y a más tardar cinco años después del final del tratamiento para los pacientes cuyo diagnóstico se haya realizado antes de los 18 años'.
En nuestro país no hay una legislación específica en lo que se refiere al 'derecho al olvido' de los pacientes que han padecido cáncer.
Si bien es cierto, la Ley 4/2018, de 11 de junio, por la que se modifica el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16
de noviembre, eliminó del ordenamiento jurídico aquellos aspectos que promueven la discriminación hacia las personas con VIH/SIDA u otras condiciones de salud, en determinados negocios jurídicos, prestaciones o servicios. Para ello, fue modificada
la Ley 50/1980, de 8 de octubre, del Contrato de Seguro, de manera que no se puede discriminar a las personas que tengan VIH/SIDA u otras condiciones de salud, en el acceso a la contratación, o la imposición de condiciones más onerosas.
Asimismo, se estableció el compromiso de determinar la aplicación de los principios de la ley a enfermedades, a las que se pueda considerar que se aplican los mismos efectos, discriminatorios, como puede ocurrir en el caso de las personas
han padecido cáncer.
Por todo ello el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a desarrollar la normativa necesaria para determinar la aplicación de los principios recogidos en la Ley 4/2018, de 11 de junio, para otras patologías o grupos de patologías, como el cáncer, a
las que pueda considerarse los mismos efectos excluyentes en las relaciones jurídicas.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de febrero de 2023.-Ana Prieto Nieto, Sonia Guerra López y Marisol Sánchez Jódar, Diputadas.-Guillermo Antonio Meijón Couselo e Isaura Leal Fernández, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.
OTROS TEXTOS
INICIATIVA LEGISLATIVA POPULAR
120/000032
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(120) Iniciativa Legislativa Popular.
Autor: Doña Soledad Camacho Alcántara y otros.
Proposición de Ley para la protección de los menores frente a la violencia y las denuncias falsas en el ámbito de las relaciones familiares.
Acuerdo:
Admitir a trámite el escrito por el que se ejercita el trámite inicial de la iniciativa legislativa popular, comunicando este acuerdo a la Comisión Promotora, a la Junta Electoral Central y al Senado, publicándolo en el Boletín Oficial de la
Cortes Generales, conforme a los artículos 5.3 y 7.1 de la Ley Orgánica 3/1984, de 26 de marzo, reguladora de la Iniciativa Legislativa Popular.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero de 2023.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.