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BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 537, de 29/11/2022
cve: BOCG-14-D-537
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BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
XIV LEGISLATURA
Serie D: GENERAL
29 de noviembre de 2022
Núm. 537
ÍNDICE
Control de la acción del Gobierno
PROPOSICIONES NO DE LEY
Comisión Constitucional
161/004607 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, sobre la cancelación definitiva de la emisión por Correos de un sello conmemorativo del centenario de la fundación del Partido Comunista de España ...
Comisión de Interior
161/004606 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, para la adopción de las medidas necesarias para garantizar la seguridad en los museos públicos de titularidad nacional y la protección del patrimonio español ...
Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana
161/004604 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a extender el régimen de bonificaciones en las tarifas de los servicios regulares de transporte aéreo y marítimo aplicables a los residentes en los
territorios no peninsulares a los supuestos de separación o divorcio y situaciones de dependencia ... (Página12)
161/004613 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Republicano, sobre la mejora de la interconexión ferroviaria ... (Página14)
161/004616 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a fomentar el uso del transporte público ... (Página15)
161/004618 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Republicano, sobre conectividad aérea entre Menorca y Barcelona ... (Página16)
161/004620 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a impulsar la creación de un registro de sentencias firmes de impagos de rentas de alquiler ... (Página18)
Comisión de Industria, Comercio y Turismo
161/004610 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre formación en competencias en materia de transición energética en el sector industrial ... (Página19)
161/004619 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plural, relativa a paliar los efectos que la crisis energética y económica derivados de la guerra de Ucrania está provocando a las empresas del sector cerámico de las
comarcas de Castellón ... (Página20)
Comisión de Derechos Sociales y Políticas Integrales de la Discapacidad
161/004621 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, relativa al reforzamiento de la figura del asistente personal ... (Página21)
Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico
161/004605 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, relativa a incrementar los objetivos de reducción de emisiones y de penetración de renovables establecidos en
la Ley de cambio climático ... (Página23)
161/004608 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa al impulso de la soberanía energética en el parque de generación eléctrica de España ... (Página24)
Comisión de Cultura y Deporte
161/004611 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a la designación de Sevilla como sede permanente del Premio Velázquez de las Artes Plásticas otorgado por el Ministerio de Cultura y Deporte ...
Comisión de Asuntos Económicos y Transformación Digital
161/004617 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la Gobernanza de la Inteligencia Artificial ... (Página30)
Comisión de Sanidad y Consumo
161/004614 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, sobre el refuerzo de la Estrategia en Ictus del Sistema Nacional de Salud ... (Página31)
Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades
161/004615 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa al desarrollo de instrumentos en materia de igualdad en la ciencia y la investigación ... (Página34)
Comisión de Igualdad
161/004612 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la modificación de la legislación vigente relativa a los delitos contra la libertad sexual ... (Página36)
Comisión sobre Seguridad Vial
161/004609 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Republicano, relativa a las embarcaciones de recreo sin título ... (Página38)
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL
Comisión de Interior
181/002048 Pregunta formulada por los Diputados Francisco Javier Ortega Smith-Molina (GVOX), López Álvarez, María Teresa (GVOX), Alcaraz Martos, Francisco José (GVOX), Gestoso de Miguel, Luis (GVOX) y Gil Lázaro, Ignacio (GVOX), sobre
medidas que ha adoptado el Gobierno para proteger las obras de arte, cuadros y museos de titularidad de la Administración General del Estado ... (Página39)
181/002049 Pregunta formulada por los Diputados Francisco Javier Ortega Smith-Molina (GVOX), López Álvarez, María Teresa (GVOX), Alcaraz Martos, Francisco José (GVOX), Gestoso de Miguel, Luis (GVOX) y Gil Lázaro, Ignacio (GVOX), sobre
medidas que va a adoptar el Gobierno para impedir y evitar que las ONG defensoras del fanatismo climático inciten a la comisión de actos vandálicos contra el patrimonio histórico artístico español ... (Página40)
Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana
181/002050 Pregunta formulada por los Diputados Patricia Rueda Perelló (GVOX), De las Heras Fernández, Patricia (GVOX), Esteban Calonje, Cristina Alicia (GVOX), Miralles Martín, Onofre (GVOX), Vega Arias, Rubén Darío (GVOX) y Segura Just,
Juan Carlos (GVOX), sobre opinión del Gobierno acerca de si se están atendiendo las demandas del personal ferroviario de Renfe, teniendo en cuenta la convocatoria de huelga para los días 7 y 11/11/2022 ... (Página40)
CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PROPOSICIONES NO DE LEY
La Mesa de la Cámara en su reunión del día de hoy ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 194 del Reglamento, las siguientes Proposiciones no de Ley y considerando que solicitan el debate de las iniciativas en Comisión, disponer
su conocimiento por las Comisiones que se indican, dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de noviembre de 2022.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
Comisión Constitucional
161/004607
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José María Figaredo Álvarez-Sala, don Francisco José Contreras Peláez, don José María Sánchez Garcia, doña María Teresa López Álvarez, don Carlos José Zambrano García-Raez y don Ignacio Gil Lázaro, en sus respectivas condiciones de
Portavoz Sustituto y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente Proposición no de Ley para la cancelación definitiva de la emisión por
Correos de un sello conmemorativo del centenario de la fundación del Partido Comunista de España, para su discusión en la Comisión Constitucional.
Exposición de motivos
Primero. El sello conmemorativo del centenario del Partido Comunista de España.
El próximo 14 de noviembre la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, SA, SME ('Correos'), emitirá un sello conmemorativo del centenario de la fundación del Partido Comunista de España 1 (el 'PCE') con el siguiente diseño:
1 https://filatelia.correos.es/es/es/rincon-correos/filatelia/productos/sellos/espana/2022/partidocomunista.
El pasado mes de septiembre de 2019 el Parlamento Europeo aprobó una resolución 2 por la que se condenaba el nazismo y el comunismo, coincidiendo con el 80 aniversario del estallido de la Segunda Guerra Mundial. Dicha resolución, entre
otras cuestiones:
- Considera que 'tras la derrota del régimen nazi y el fin de la Segunda Guerra Mundial, algunos países europeos pudieron reconstruirse y acometer un proceso de reconciliación, pero otros siguieron sometidos a dictaduras, a veces bajo la
ocupación o la influencia directa de la Unión Soviética, durante medio siglo, y continuaron privados de libertad, soberanía, dignidad, derechos humanos y desarrollo socioeconómico'.
- Que 'mientras que los crímenes del régimen nazi fueron evaluados y castigados gracias a los juicios de Núremberg, sigue existiendo la necesidad urgente de sensibilizar sobre los crímenes perpetrados por el estalinismo y otras dictaduras,
evaluarlos moral y jurídicamente, y llevar a cabo investigaciones judiciales sobre ellos'.
- 'Pide a todos los Estados miembros de la Unión que hagan una evaluación clara y basada en principios de los crímenes y los actos de agresión perpetrados por los regímenes comunistas totalitarios y el régimen nazi'.
- 'Condena toda manifestación y propagación de ideologías totalitarias, como el nazismo, el estalinismo'.
- 'Expresa su preocupación por el hecho de que se sigan usando símbolos de los regímenes totalitarios en la esfera pública y con fines comerciales, y recuerda que varios países europeos han prohibido el uso de símbolos nazis y comunistas'.
Por tanto, además de lo que la emisión del citado sello representa como tal, nos hallamos ante una conducta manifiestamente contraria a las exhortaciones del Parlamento Europeo en materia de condena del régimen estalinista, del que el PCE
fue agente en España.
En otro orden de cosas, la emisión de sellos se rige, entre otras disposiciones, por lo previsto en el Real Decreto 1637/2011, de 14 de noviembre, por el que se establece la composición, competencias y régimen de funcionamiento de la
Comisión Filatélica del Estado y se regulan las emisiones de sellos de correo y otros signos de franqueo.
En particular, el apartado tercero de su artículo 15 señala que 'se respetarán las recomendaciones del Código deontológico de la Unión Postal Universal', organismo especializado de Naciones Unidas, que considera como emisión abusiva -en el
sentido de invectiva o injuriosa- de sellos de correos o productos filatélicos, aquella 'cuyo tema sea un asunto totalmente contrario al párrafo 5 del artículo 6 de la definición de sello de correos, es decir, ajeno a la cultura del país o
territorio miembro emisor, y que no pueda considerarse que contribuye a 'la difusión de la cultura o al mantenimiento de la paz' 3. De lo anterior se deduce que la propia emisión es obviamente contraria a la normativa vigente en materia de
emisiones de sellos de correo y otros signos de franqueo.
La referida emisión, prevista por Correos para el 14 de noviembre, fue paralizada el pasado sábado 12 del mismo mes por decisión del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 30 de Madrid, en atención a que permitir la emisión del sello
ensalzando al PCE podría 'hacer perder su finalidad legítima al recurso' 4 presentado contra la puesta en circulación de una tirada de 135.000 ejemplares por ser contraria al deber de neutralidad institucional.
Segundo. El PCE: ¿Motor de la democracia y la libertad?
La creación de este partido acaeció en la misma fecha del año 1921, producto de la Conferencia de Fusión que tuvo lugar en la semana del 7 al 14 de noviembre del mismo año en Madrid, donde quedaron unificados el Partido Comunista Español y
el Partido Comunista Obrero Español. El 'nuevo' PCE se configuraba así como la Sección Española de la Internacional Comunista y quedaba completamente subordinado a Moscú.
2 Resolución del Parlamento Europeo, de 19 de septiembre de 2019, sobre la importancia de la memoria histórica europea para el futuro de Europa [2019/2819(RSP)].
3 Philatelic Code of Ethics for the use of UPU member countries (traducción propia): https://www.upu.int/UPU/media/upu/DL.PHIL/RecommandationC13-2016CodeOfEthicsEn.pdf.
4 Ex artículo 130 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa.
Como señala el propio portal de Correos, 'con la Segunda República [el PCE] tuvo un momento de gran desarrollo, en especial tras la constitución del Frente Popular y por su papel en la guerra civil' 5. Sin embargo, no encontramos referencia
alguna a la oposición inicial del PCE a la Segunda República, reconocida por el propio partido: 'Con estas premisas -sectarismo, debilidad orgánica, escasa reflexión teórica...- como punto de partida y una militancia reducida, el PCE recibió el 14
de abril de 1931 pronunciándose contra la república burguesa y a favor de los soviets' 6.
Desde la empresa pública se refieren al PCE como un 'motor de las fuerzas que lucharon por la democracia'. Sin embargo, cualquier apariencia democrática del PCE no es sino la ejecución de las orientaciones tácticas marcadas por el VII
Congreso de la Internacional Comunista de 1935 en la creación de los 'frentes populares', tras constatarse el fracaso del sectarismo del llamado Tercer Período, en que tildaba a los socialdemócratas de 'social-fascistas'. España no fue una
excepción a este modelo de 'frentes populares' que encontramos en otras naciones como Francia, esto es, la convergencia electoral de fuerzas políticas que, con influencia decisiva de los comunistas, se aglutinaron bajo el rótulo del 'antifascismo'
7. Una concreción, ya bajo total control comunista, fue el de los regímenes totalitarios de Europa oriental, que con la etiqueta de 'democracias populares' y la misma coartada del antifascismo, enmascaraban el total control del respectivo partido
marxista-leninista. La RDA fue un perfecto ejemplo de despotismo comunista con fachada de frente popular antifascista 8. De hecho, si hay un mito en torno al comunismo en el siglo XX es el de que su lucha fue por la democracia 9.
En este sentido de la 'unidad popular' se expresaba el que fuera secretario general del PCE, José Díaz Ramos:
'Es más, camaradas. No sólo ha sido nuestro gran Lenin quien ha advertido de esta necesidad a los proletarios. Su mejor discípulo, el actual jefe de la revolución mundial, el timonel de la nueva Rusia Soviética, el camarada Stalin nos ha
dicho:
Algunos camaradas piensan que, en cuanto sobreviene una crisis revolucionaria, la burguesía tiene que caer en una situación sin salida; que, por consiguiente, su fin está predestinado; que el triunfo de la revolución está, por eso mismo,
asegurado, y que no hay que hacer más que esperar la caída de la burguesía y escribir resoluciones triunfales. Esto es un profundo error. El triunfo de la revolución no llega nunca por sí sólo. Hay que prepararlo. Hay que conquistarlo. Ahora
bien: sólo un partido proletario revolucionario fuerte puede prepararlo y conquistarlo.
Esto nos han dicho Lenin y Stalin. Su formidable y genial inteligencia y experiencia nos sirven para no incurrir en errores que serían fatales. A la luz de sus enseñanzas, nosotros, comunistas, recorremos el camino que ha de conducirnos a
la humanidad laboriosa, al pueblo trabajador, al triunfo sobre el fascismo y el capitalismo. Nosotros seguimos esa senda victoriosa. La Internacional Comunista, organización revolucionaria del proletariado mundial, dice a los trabajadores que hoy
el enemigo inmediato al que hay que vencer, al que hay que aniquilar, es el fascismo. A esta necesidad responden los cambios introducidos en la táctica de lucha del comunismo internacional. Lo repito, camaradas: a una nueva situación corresponde,
forzosamente, una nueva táctica' 10.
5 Ibidem.
6 https://pce.es/historia-del-pce/.
7 Este fue el mensaje que dirigía el PCE en marzo de 1933: 'Todos los trabajadores, sin distinción de tendencias, deben unirse en un gran frente común para la lucha antifascista. Todos los trabajadores tienen el mismo interés vital en
aniquilar en sus mismos gérmenes el peligro reaccionario, sus provocaciones funestas y sus preparativos de golpe de Estado. El ejemplo de Alemania debe servir de advertencia imperiosa para todos. Una dictadura fascista en España, si llegara a
establecerse a causa de la insuficiente vigilancia y de la falta de unidad de los trabajadores, al desencadenar su terror sangriento no haría ninguna distinción entre los obreros socialistas, anarquistas o comunistas'. Historia del Partido
Comunista de España, Éditions Sociales (1960).
8 En Alemania Oriental existía una aparente pluralidad política, con la aceptación de pequeños partidos de aparente tendencia democristiana o liberal que eran en realidad satélites del partido hegemónico marxista-leninista, con el cual se
presentaban en una lista única a las elecciones de la 'Cámara del Pueblo'.
9 Existe una ocultación deliberada de las purgas y asesinatos cometidos incluso contra los propios brigadistas internacionales por considerarlos trotskistas. Es paradigmático el secuestro y desaparición de Andreu Nin Pérez, líder del POUM,
por orden del mismo Stalin. Se ha llegado a afirmar que Nin fue desollado vivo. Ante el escándalo suscitado por su desaparición, el PCE colaboró en una campaña para propagar la falsedad de que había sido un agente de Franco y Hitler.
10 DÍAZ, J., Tres años de lucha. Por el Frente Popular. Por la libertad. Por la independencia de España. Toulouse, Ediciones Nuestro Pueblo (1947).
Conmemorar la fundación del PCE es exaltar a un partido antinacional, que se sometió durante décadas a las directrices a Stalin. La historia del PCE es una historia criminal 11, que España sufrió especialmente tras la proclamación de la
Segunda República y durante la Guerra Civil. Hablar del PCE es hablar del terror de la retaguardia frentepopulista, de 'checas', 'paseos', de matanzas masivas, como las de Paracuellos del Jarama, donde, según el consenso de numerosos historiadores,
fue crucial el papel del más celebre secretario general del PCE, Santiago Carrillo, entonces consejero de Orden Público de la Junta de Defensa de Madrid.
Conmemorar al PCE tampoco tiene nada que ver con la defensa de ninguna legalidad. Ya se ha hecho referencia al rechazo absoluto con que dicho partido acogió el advenimiento de la Segunda República. Tal rechazo no se expresó solamente con
huelgas y actos de propaganda, sino que tuvo su principal manifestación en la participación en la Revolución de Octubre de 1934 contra el Gobierno legalmente constituido. En la misma línea, la participación comunista como uno de los componentes del
bando del Frente Popular en la Guerra Civil no tuvo ninguna relación con la defensa de la legalidad ni de la Constitución de 1931, sino con la condición del PCE de peón en la estrategia revolucionaria internacional de la Unión Soviética y su
pretendida imposición de la dictadura del proletariado en el mayor número posible de países.
Pero la perversidad intrínseca del comunismo no solo se predica de su historia de violencia y terror, sino también en el conjunto de su doctrina materialista y colectivista, y que tiene en la lucha de clases su fundamento principal. Por
tanto, el comunismo es incompatible con la noción misma de bien común. Sus postulados atentan directamente contra a la dignidad de la persona y su sustrato espiritual, y contra principios e instituciones fundamentales como la libertad, la propiedad
privada, la familia y la patria. El comunismo, en definitiva, es contrario a cualquier derecho natural y a todo orden.
Tercero. La 'Memoria Democrática'.
Una de quienes mejor representaron este sometimiento a Moscú fue la encumbrada Dolores Ibárruri ('Pasionaria'), secretaria general del PCE en el período 1942-1960 y exiliada en la URSS durante cuatro décadas. El hecho de que ella y otros
líderes del PCE quisieran pasar su exilio en un país gobernado por un partido único totalitario y asesino desmiente con hechos cualquier pretensión de que la oposición comunista al régimen de Franco estuviese motivada por la defensa del pluralismo
político, de la libertad y de la democracia.
'Hemos esperado durante treinta y nueve años, y esperaremos algún año más' -dijo la comunista vizcaína-, 'pero después nuestra venganza durará cuarenta veces treinta y nueve años. Se lo prometo'.
Y es que es la venganza, y no la concordia, el motor que impulsó la nefasta Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática y su antecesora, la derogada Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se
establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura 12.
Paradójicamente, esta norma liberticida dice tener por objeto 'la recuperación, salvaguarda y difusión de la memoria democrática, entendida esta como conocimiento de la reivindicación y defensa de los valores democráticos y los derechos y
libertades fundamentales a lo largo de la historia contemporánea de España, con el fin de fomentar la cohesión y solidaridad entre las diversas generaciones en torno a los principios, valores y libertades constitucionales'. Se observa cómo
preceptos de la ley están hechos a
11 De la historia sangrienta del comunismo han dado buena cuenta obras como la célebre El libro negro del comunismo: crímenes, terror y represión (1997), que eleva a 100 millones los muertos por el comunismo.
12 En una reciente obra Jesús Laínz se refiere a este proceso como la gran venganza: 'Con la llegada al poder de la coalición socialcomunista PSOE-Unidas Podemos, sus dirigentes creen llegado el momento de poner la guinda al pastel
pacientemente cocinado durante cuarenta años de falsa reconciliación por parte de un sector considerable de la izquierda. Lo llaman Segunda Transición y consiste en la condenación absoluta y eterna del bando victorioso en 1939 y, por consiguiente,
la deslegitimación de todo lo de él surgido, Constitución de 1978 y Monarquía incluidas (...) La Ley de Memoria Democrática, de título astutamente elegido para dejar fuera de la consideración de demócratas a quienes se atrevan a oponerse a ella, es
otro paso, de inmensa importancia, en la alzheimerización de todo un país: resucitando el pasado y enterrando el presente, se impone qué es lo que se debe recordar de hechos acaecidos hace un siglo y al mismo tiempo se decreta el olvido de cientos
de crímenes de la izquierdista ETA -socia de legislatura del igualmente izquierdista Gobierno PSOE-Podemos-, los familiares de cuyas víctimas siguen vivos y muchos de cuyos culpables siguen en libertad'. LAINZ, J., La gran venganza: De la memoria
histórica al derribo de la monarquía, Ediciones Encuentro, Madrid (2021).
medida para que las fuerzas totalitarias de la izquierda no se vean afectadas por el borrado de la historia que esta ley lleva a cabo. Así:
'Se consideran elementos contrarios a la memoria democrática las edificaciones, construcciones, escudos, insignias, placas y cualesquiera otros elementos u objetos adosados a edificios públicos o situados en la vía pública en los que se
realicen menciones conmemorativas en exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar y de la Dictadura, de sus dirigentes, participantes en el sistema represivo o de las organizaciones que sustentaron la dictadura, y las unidades civiles
o militares de colaboración entre el régimen franquista y las potencias del eje durante la Segunda Guerra Mundial.'
En suma, la promulgación de esta norma liberticida es un ejercicio de connivencia con el comunismo y su fin no es otro que avanzar en la imposición de una ideología de Estado, con su particular lectura de la historia. La emisión del sello
conmemorativo del centenario del PCE es directamente apología del comunismo; una conmemoración de la Sección Española de la Internacional Comunista de Lenin y Stalin, con la agravante de que se está realizando directamente por una empresa pública.
Aunque la emisión de un sello pueda a priori parecer una cuestión fútil, se trata de un caso paradigmático de cómo el Gobierno utiliza todos los resortes del Estado, todos los resquicios del poder, para alentar el enfrentamiento y la
división entre españoles, reescribir la historia, pisotear el recuerdo y la memoria de nuestros compatriotas asesinados por orden de los dirigentes del PCE en Moscú o en España y avanzar en su propósito totalitario, no disimulado, de imponer un
pensamiento único en contra de la verdad, de la razón y de la libertad.
Al amparo de lo expuesto, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a promover las acciones necesarias para cancelar de forma definitiva la emisión por la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, SA, SME, del sello conmemorativo del centenario de la fundación del
Partido Comunista de España.
Asimismo, el Congreso de los Diputados insta al Gobierno a cesar en la utilización de la Administración General del Estado para la difusión y apología de doctrinas políticas incompatibles con el bien común como el marxismo y el comunismo,
inspiradoras de regímenes que se cuentan entre los más sanguinarios de la Humanidad.
Con el mismo fin, y dado que la Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática, tiene el claro propósito de imponer una memoria colectiva favorable a movimientos revolucionarios como el comunismo, falsamente etiquetados como
democráticos, el Congreso de los Diputados insta además al Gobierno a impulsar la eliminación de esta norma del ordenamiento jurídico español.
Por último, el Congreso de los Diputados, como representante del pueblo español, expresa su rechazo y condena al marxismo y al comunismo, por ser ideologías contrarias al bien común, a la dignidad y libertad de la persona y a las más
fundamentales instituciones de la sociedad, y por haber servido de filosofía inspiradora de algunos de los regímenes políticos con peores registros criminales de la Historia.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de noviembre de 2022.-José María Sánchez García, Carlos José Zambrano García-Raez, Ignacio Gil Lázaro, María Teresa López Álvarez y Francisco José Contreras Peláez, Diputados.-José María Figaredo
Álvarez-Sala, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
Comisión de Interior
161/004606
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francisco Javier Ortega Smith-Molina, doña María Teresa López Álvarez, don Francisco José Alcaraz Martos, don Luis Gestoso de Miguel y don Ignacio Gil Lázaro, en sus respectivas condiciones de Portavoz Adjunto y Diputados del Grupo
Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo establecido en el
artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente Proposición no de Ley para la adopción de las medidas necesarias para garantizar la seguridad en los museos públicos de titularidad
nacional y la protección del patrimonio español, para su discusión en la Comisión de Interior.
Exposición de motivos
Primero. El radicalismo climático.
La necesidad de preservar el medio natural de su posible degradación por la acción humana es un objetivo de necesaria consecución que ha ido impregnando la sociedad en las últimas décadas y, con ello, la puesta en marcha de políticas
públicas.
Sin embargo, de un tiempo a esta parte observamos cómo la llevanza hasta el extremo de un mandato de sentido común, cual es la saludable coexistencia del hombre con su entorno, ha degenerado en un ecologismo radical que muestra su cara
negativa en un sinfín de aspectos que tienen nula conexión con la protección del medio natural. Al contrario, el ecologismo mal entendido se utiliza como coartada política para imponer restricciones injustificadas a la población o para favorecer
intereses ilegítimos.
Este ecologismo, que -como se ha indicado- responde a intereses espurios, muy distintos de la preservación de la naturaleza, ha dado lugar a la imposición de las teorías climáticas que padecemos en la actualidad. El clima ha influido en la
puesta en marcha de programas globalistas -o ha sido utilizado por ellas como excusa- como la Agenda 2030, que contiene una enorme lista de medidas que perjudican y condicionan de forma desmesurada la prosperidad de las naciones y cuya aplicación
supone el empobrecimiento y la ruina de sus habitantes.
En atención a lo expuesto, podemos definir el radicalismo climático como el movimiento de carácter extremista que pretende, incluso a través de la violencia (como se ha comprobado en numerosas ocasiones), la imposición de los dogmas
climáticos definidos en cada momento por las elites correspondientes, que en la actualidad son la (falsa) necesidad de decrecimiento económico para la supervivencia del planeta o una supuestamente indiscutible relación entre la mera actividad humana
y el daño al medio, que el ser humano tendría que expiar.
Este activismo climático radical ha sido denunciado, incluso, por uno de los fundadores de Greenpeace, Patrick Moore, quien ha alertado de que estos movimientos que denunciaban el 'ecoapocalipsis' eran dirigidos por grupos reducidos con
fines nada claros 13 y con financiación menos clara todavía. De hecho, recientemente ha sido conocido por la opinión pública como Rusia ha financiado durante años a un buen número de políticos y empresarios de enorme rango y relevancia para que las
naciones europeas abandonasen la energía nuclear y abrazasen como fuente de energía, en muchos casos única, el gas natural ruso.
Hoy puede afirmarse que la imposición de las teorías del cambio climático están detrás de la gravísima crisis que vive el mundo, y que sus consecuencias en numerosos órdenes (encarecimiento de la energía, problemas en las cadenas de
suministro, empobrecimiento nacional) están ya contribuyendo al hundimiento de España, de Europa y, en general, de Occidente en numerosos indicadores de bienestar, de competitividad y de desarrollo.
Estas consecuencias, que serán cada vez más severas, no afectan a las elites que promueven y financian estas políticas empobrecedoras, sino que impactan, en especial, en las clases medias y desfavorecidas y en las pequeñas y medianas
empresas, que cada vez tienen más complicado sobrevivir.
Segundo Los ataques al patrimonio llevados a cabo en las últimas semanas por radicales climáticos.
Como se ha explicado, la imposición de los dogmas climáticos, entre los que sobresale la culpabilización de los humanos como responsables de un pretendido apocalipsis medioambiental, ha infestado la práctica totalidad de los ámbitos en que
las personas se desarrollan: escuelas, universidades o empresas compiten por ser los más climate-friendly, en ocasiones de forma impostada y como precio que pagar para mantener su reputación.
13 https://gaceta.es/mundo/uno-de-los-fundadores-de-greenpeace-denuncia-la-falsa-narrativa-del-cambio-climatico-20220910-0900/.
El público al que se enfoca principalmente la actividad propagandística y manipuladora de este lobby bien financiado es el de los jóvenes. Profundamente concienciados y muy activos, los jóvenes sienten que deben hacer algo para detener lo
que se les vende como una 'emergencia climática' de advenimiento inminente por demagogos teledirigidos como Greta Thunberg. Hoy son las elites quienes impulsan el fanatismo climático con el que pretenden soliviantar a nuestros jóvenes en contra del
sistema de producción que sostiene nuestro modo de vida.
Las acciones radicales están presentes en las reivindicaciones de estos jóvenes, como se ha evidenciado en muchas ocasiones recientemente. Así, en el extranjero:
- El 14 de octubre dos activistas radicales atacaron el cuadro Los girasoles de Van Gogh en la Galería Nacional de Londres. En este ataque, dos jóvenes de la organización Just Stop Oil lanzaron sopa de tomate contra el citado cuadro como
forma de llamar la atención sobre sus reivindicaciones. Este grupo ha sido el responsable de otros ataques y protestas en varios países.
- El 23 de octubre de 2022 se perpetró un nuevo ataque. En esta ocasión se lanzó puré de patata contra una obra de Claude Monet del Museo Barberini de Potsdam (Berlín). Letzte Generation reivindicó el ataque a través de Twitter 14.
- El 27 de octubre un supuesto miembro de Just Stop Oil pegó su propia cabeza con pegamento sobre la superficie protectora del conocidísimo cuadro La joven de la perla, de Vermeer, expuesto en la Galería Mauritshuis (La Haya), y uno de sus
secuaces vertió posteriormente líquido rojo, mientras preguntan al público, a gritos, cómo se sienten al ver algo bello siendo aparentemente destruido.
En España también se han dado, muy recientemente, casos calcados a los anteriores. Así, el pasado 5 de noviembre dos integrantes de la asociación ecologista Futuro vegetal pegaron sus manos con pegamento a los marcos de las obras pictóricas
La Maja vestida y La Maja desnuda, de Francisco de Goya, expuestas en el Museo Nacional del Prado, y pintaron con spray, en el espacio de pared que hay entre una y otra obra, la leyenda '+1.5°'. Uno de los activistas, que pertenecen a la
organización Futuro Vegetal, afirmó lo siguiente: 'Estoy aquí pegado porque la semana pasada la ONU hacía oficial que ya es imposible contener el calentamiento del planeta en 1,5°, sobrepasando los límites marcados en el Acuerdo de París y
comprometiendo nuestra seguridad alimentaria' 15.
Este Grupo Parlamentario desconoce la relación de las obras de Goya con un supuesto cambio climático antropogénico.
Tercero. La necesidad de adoptar medidas de seguridad que garanticen la adecuada protección de nuestro patrimonio.
El artículo 46 de la Constitución Española impone a los poderes públicos la obligación de garantizar la conservación del patrimonio histórico, cultural y artístico de los pueblos de España y de los bienes que lo integran. El patrimonio
histórico español, regulado en la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, se reputa como 'el principal testigo de la contribución histórica de los españoles a la civilización universal y de su capacidad creativa contemporánea.
La protección y el enriquecimiento de los bienes que lo integran constituyen obligaciones fundamentales que vinculan a todos los poderes públicos, según el mandato que a los mismo dirige el artículo 46 de la norma constitucional' 16.
En virtud de ello, la protección del patrimonio histórico artístico español forma también parte de las funciones encomendadas a nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Así:
- Por lo que se refiere a la Guardia Civil, la disposición adicional segunda del Real Decreto 64/1994, de 21 de enero, por el que se modifica el Real Decreto 111/1986, de 10 de enero, de desarrollo parcial de la Ley 16/1985, de 25 de junio,
del Patrimonio Histórico Español, contempla la existencia y misiones del Grupo de Patrimonio de la Unidad Central Operativa (UCO) del Servicio de Policía Judicial de la Guardia Civil, que 'actuará, en colaboración directa con el Ministerio del
Cultura y con los órganos de las
14 https://twitter.com/ AufstandLastGen/status/1584198680479137792?cxt=HHwWgIDOuc6TmvwrAAAA.
15 Activistas climáticos se pegan a dos pinturas de Goya en el Museo del Prado. La Gaceta de la Iberosfera. 5 de noviembre de 2022. Disponible en:
https://gaceta.es/espana/activistas-climaticos-se-pegan-a-dos-pinturas-de-goya-en-el-museo-del-prado-20221105-1529/.
16 Primer párrafo del Preámbulo de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.
Comunidades Autónomas encargados de la ejecución de la Ley de Patrimonio Histórico Español en la investigación y persecución de las infracciones que contra esta se realicen' 17
- En el ámbito del Cuerpo Nacional de Policía, dentro de la Comisaría General de Policía Judicial, y bajo la dependencia de la Unidad Central de Delincuencia Especializada y Violenta, se encuentra la Brigada de Patrimonio Histórico,
encargada de la investigación y persecución de las actividades delictivas relacionadas con el patrimonio histórico-artístico 18.
España, como se ha expuesto supra, no ha sido ajena a los ataques al patrimonio histórico-artístico nacional perpetrados por grupos de ecologistas radicales, prevaliéndose de la insuficiencia de medidas de control y de personal de vigilancia
en nuestros museos. Por eso, el acto vandálico llevado a cabo en el Museo Nacional del Prado ha puesto de manifiesto dos graves carencias en la seguridad y protección de nuestro patrimonio cultural desde hace años y consentidas por los sucesivos
Gobiernos:
- Por un lado, la insuficiencia de personal de vigilancia en los museos de titularidad estatal, reconocida por el propio ministro de Cultura y Deporte, señor Iceta Llorens. Este ha manifestado que 'venimos arrastrando este déficit de
personal desde hace años, cuando el anterior Gobierno impuso una tasa de reposición cero. Estamos revirtiendo la situación y hemos convocado la mayor partida de plazas de la última década. Muchos de ellos son los que se incorporarán a lo largo de
2023' 19.
- Por otro lado, la necesidad de una mayor de participación en la seguridad de los museos públicos nacionales por parte de agentes del Cuerpo Nacional de Policía ('CNP') que vengan a reforzar la protección del patrimonio. Así, el director
del Museo Centro Nacional de Arte Reina Sofía ha dado a conocer que una de las obras más emblemáticas del arte contemporáneo español: (El Guernica, de Pablo Ruiz Picasso) no se encuentra protegida por un cristal; a consecuencia de los actos
vandálicos producidos sobre nuestro patrimonio histórico-artístico, se ha tenido que reforzar su seguridad con diversas medidas, entre ellas la inclusión a agentes del Cuerpo Nacional de Policía en la sala donde se expone, para su protección 20.
Esta situación de peligro en que inexplicablemente se encuentra nuestro patrimonio por las acciones de los radicales climáticos hace preciso que se promuevan medidas adecuadas para protegerlo.
Según se ha publicado 21, el Museo Nacional del Prado o el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía están reforzando la vigilancia de sus obras, pero es imperativo que los poderes públicos promuevan un incremento no solo de la vigilancia,
sino también de la prevención, con el fin de evitar que cualquier obra integrante de nuestro vasto patrimonio pueda ser atacada por actos vandálicos de los fanáticos, en esta ocasión del clima. En este sentido, se propone el reforzamiento en la
protección del patrimonio por parte del CNP en los museos públicos titularidad de la Administración General del Estado, mediante la creación de una sección específica dentro de la Brigada de Patrimonio Histórico de la Comisaría General de la Policía
Judicial.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a garantizar, por todos los medios a su alcance, la preservación del patrimonio histórico-artístico español, sea o no exhibido o custodiado en museos, de los ataques y daños que pudieran ser
perpetrados en nuestro país por agitadores extremistas del radicalismo climático.
En concreto, se impulsarán las siguientes medidas:
1. La creación de una sección específica dentro de la Brigada de Patrimonio Histórico de la Comisaría General de la Policía Judicial y en el Grupo de Patrimonio de la Unidad Central Operativa encargados de la protección y vigilancia del
patrimonio contenido en los museos públicos de titularidad nacional.
17 BOE.es - BOE-A-1994-4733 Real Decreto 64/1994, de 21 de enero, por el que se modifica el Real Decreto 111/1986, de 10 de enero, de desarrollo parcial de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.
18 https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-13591.
19 https://www.lavanguardia.com/vida/20221108/8599135/iceta-culpa-gobierno-rajoy-falta-vigilantes-museos.html.
20 https://www.elmundo.es/cultura/arte/2022/11/09/636b8468fdddff14698b45e2.html.
21 https://gaceta.es/espana/los-museos-espanoles-en-alerta-ante-los-posibles-ataques-vandalicos-de-activistas-climaticos-20221024-1706/.
2. La reforma de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal con el fin de aumentar las penas contenidas en sus artículos 323 y 324 de este texto legal.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de noviembre de 2022.-María Teresa López Álvarez, Francisco José Alcaraz Martos, Luis Gestoso de Miguel e Ignacio Gil Lázaro, Diputados.-José María Figaredo Álvarez-Sala y Francisco Javier Ortega
Smith-Molina, Portavoces del Grupo Parlamentario VOX.
Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana
161/004604
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José María Figaredo Álvarez-Sala, doña Patricia Rueda Perelló, doña Patricia de las Heras Fernández, doña Cristina Alicia Esteban Calonje, don Onofre Miralles Martín, don Rubén Darío Vega Arias, don Juan Carlos Segura Just, don Antonio
Salvá Verd, doña María Teresa López Álvarez, don Andrés Alberto Rodríguez Almeida y don Carlos José Zambrano García-Ráez, en sus respectivas condiciones de Portavoz Sustituto y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo
establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente Proposición no de Ley dirigida a extender el régimen de bonificaciones en las tarifas de los servicios regulares de transporte
aéreo y marítimo aplicables a los residentes en los territorios no peninsulares a los supuestos de separación o divorcio y situaciones de dependencia, para su discusión en la Comisión Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
Exposición de motivos
1. Consecuencia directa de la especial condición no peninsular de los territorios nacionales de Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla, desde mediados del siglo pasado se ha venido configurando un régimen de subvenciones al transporte de los
españoles residentes en dichos territorios 22.
2. Así, fruto de la evolución normativa, el régimen actual de bonificaciones a residentes en las regiones de Canarias, Baleares y en las ciudades de Ceuta y Melilla queda articulado de la siguiente manera:
1.º Real Decreto 949/2018, de 27 de julio, por el que se modifica la cuantía de la subvención al transporte regular, aéreo y marítimo, de los residentes en los territorios no peninsulares con el resto del territorio nacional, de conformidad
con lo previsto en la disposición adicional centésima cuadragésima séptima de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 (BOE núm. 182, de 28 de julio de 2018).
2.º Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 (BOE núm. 161, de 4 de julio de 2018).
3.º Ley 17/2012 de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013 (BOE núm. 312, de 28 de diciembre de 2012).
4.º Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (BOE núm. 276, de 18 de noviembre de 2003).
5.º Real Decreto 1316/2001 de 30 de noviembre, por el que se regula la bonificación en las tarifas de los servicios regulares de transporte aéreo y marítimo para los residentes en las Comunidades
22 Véanse como antecedentes de la legislación actual el Decreto-ley 22/1962, de 14 de junio, sobre subvención a los enlaces aéreos con las provincias de Canarias, Ifni y Sahara Español (BOE núm. 143, de 15 de junio de 1962), el Real Decreto
3269/1982, de 12 de noviembre, regulador de las certificaciones de residencia y liquidaciones para subvenciones al tráfico regular entre la Península, Canarias y Baleares (BOE núm. 287, de 30 de noviembre de 1982) -actualizado por el Real Decreto
1291/1999, de 23 de julio (BOE núm. 190, de 10 de agosto de 1999) y el Real Decreto 1316/2001, de 30 de noviembre (BOE núm. 300, de 15 de diciembre de 2001)- y la Ley 33/1987, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1988 (BOE
núm. 307, de 24 de diciembre de 1987).
Autónomas de Canarias y las Islas Baleares y en las Ciudades de Ceuta y Melilla (BOE núm. 300, de 15 de diciembre de 2001).
6.º Resolución del Director General de Aviación Civil, de 24 de marzo de 2017, por la que se pospone el establecimiento de los precios medios de mercado al que se hace referencia en la Resolución de 30 de julio de 2014 que establece los
criterios para la aprobación de los contratos, convenios o acuerdos susceptibles de generar la emisión de billetes subvencionados al transporte aéreo de pasajeros 23.
7.º Resolución del Director General de Aviación Civil, de 26 de septiembre de 2014, por la que se establecen los precios de mercado aplicables en las liquidaciones de los billetes emitidos bajo contratos comerciales de venta directa o líneas
de crédito (a empresas, asociaciones, entidades del sector público, etc.) con tour-operadores, y se detalla el tratamiento aplicable a las reservas de grupos 24.
8.º Resolución del Director General de Aviación Civil, de 30 de julio de 2014, por la que se establecen criterios para la aprobación de los contratos, convenios o acuerdos de cualquier tipo, con sus anexos, adendas o modificaciones,
susceptibles de generar la emisión de billetes subvencionados prevista en la disposición adicional 13.ª de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2013 25.
3. En este sentido, cabe señalar que 'en estas bonificaciones el beneficiario es el residente en los indicados territorios no peninsulares' 26, siendo fundamental para obtener el derecho a bonificación el cumplir 'con la condición legal de
ser residente (...) mediante su inscripción en el padrón municipal' 27.
4. Llegados a este punto, resulta necesario abordar una serie de supuestos particulares que repercuten directamente en el bienestar de las familias españolas. Son casos en los que, aunque sería necesario, el referido régimen de
bonificaciones en las tarifas de los servicios regulares de transporte aéreo y marítimo no aplica, a saber:
1.º Supuestos de separación o divorcio (arts. 92 y siguientes del Código Civil) en los que hay hijos menores de edad y/o dependientes, cuando:
a) El padre no custodio haya fijado su residencia fuera de los mencionados territorios no peninsulares, en los momentos en los que tenga reconocido el derecho de visitas según el régimen que, en sede judicial, se haya establecido.
b) El padre que tiene atribuida la custodia compartida y que, durante los periodos de no convivencia con los hijos menores, reside en lugar distinto al de los mismos.
c) El menor no emancipado que resida con uno de los padres (o tutor o guardador) que quiera visitar al otro padre no residente en territorio peninsular.
En este sentido, cabe recordar que el Código Civil establece en su artículo 92.1 que la separación, la nulidad y el divorcio no eximen a los padres de sus obligaciones para con los hijos. Y, sobre este respecto, el Tribunal Supremo ha
recalcado la necesidad de que sea efectivo el derecho que los hijos tienen a relacionarse con ambos progenitores, aún en situaciones de crisis, siempre que ello sea posible y en tanto en cuanto lo sea 28.
2.º Supuestos en los que haya un ascendiente de primer grado en situación de dependencia residentes en territorio no peninsular.
5. La exclusión del régimen de bonificaciones en las tarifas de los servicios regulares de transporte aéreo y marítimo en los supuestos mencionados supra evidencia la existencia de un agravio comparativo entre las familias españolas con
miembros residentes en Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla y aquellas que no.
6. Así pues, resulta necesario que el Estado adopte las medidas necesarias para impedir que las familias españolas se vean directamente perjudicadas por razón del lugar de residencia de alguno de sus
23 https://www.fomento.es/NR/rdonlyres/36D46AB1-D6D0-49D3-8910-ED59BC7FF767/144039/20170324Resolucionprorroga.pdf.
24 https://www.mitma.gob.es/recursos_mfom/pdf/E30E9184-80A4-40F8-9C46-34C894476AE4/144040/20140926ResoluciónDGACpreciosdemercado.pdf.
25 https://www.mitma.gob.es/recursos_mfom/pdf/C0C5F565-B82D-4C82-9A7A-7AA4A2BA03E2/144041/20140730ResoluciónDGACcriteriosaprobacioncontratos.pdf.
26 Sentencia del Tribunal Supremo núm. 807/2022, de 12 de junio de 2022.
27 Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid núm. 1153/2021, de 13 de diciembre de 2021.
28 Sentencia del Tribunal Supremo núm. 3217/2015, de 15 de julio, fundamento jurídico tercero. También como se indicaba en la sentencia de la Audiencia Provincial de Cáceres núm. 185/2014, de 12 de septiembre de 2014, el derecho de
visitas 'es una obligación o función social derivada la paternidad y, sobre todo ello, un derecho del hijo a relacionarse con su padre'.
miembros en los casos anteriormente expuestos. En definitiva, todas las políticas públicas deben adoptarse con una perspectiva de familia, de forma que se atiendan las necesidades y problemas de estas. El Estado debe aumentar la inversión
en las familias, fomentar las condiciones para el fortalecimiento de los hogares y procurar proteger las relaciones paternofiliales.
Por los motivos expuestos, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente:
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a impulsar las modificaciones normativas pertinentes a efectos de extender el régimen de bonificaciones en las tarifas de los servicios regulares de transporte aéreo y marítimo a los siguientes
supuestos:
1.º Padre no custodio, o con custodia compartida, de hijo y/o en situación de dependencia, y no residente en Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla en aplicación de un régimen de visitas o de custodia establecido judicialmente que le exija
viajar a dichos territorios no peninsulares.
2.º Menor no emancipado no residente en Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla que quiera visitar al padre no custodio o con custodia compartida residente en dichos territorios no peninsulares.
3.º No residente en Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla con un ascendiente en primer grado en situación de dependencia residente en dichos territorios no peninsulares.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de noviembre de 2022.-Patricia Rueda Perelló, Patricia de la Heras Fernández, Cristina Alicia Esteban Calonje, Onofre Miralles Martín, Rubén Darío Vega Arias, Juan Carlos Segura Just, Antonio Salvá
Verd, María Teresa López Álvarez, Carlos José Zambrano García-Ráez y Andrés Alberto Rodríguez Almeida, Diputados.-José María Figaredo Álvarez-Sala, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
161/004613
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Republicano, a instancia de la Diputada Inés Granollers Cunillera, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la mejora de
la interconexión ferroviaria para su debate en instancia en la Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
Exposición de motivos
En abril de este año la operadora francesa SNCF anunció que no quería renovar el acuerdo de explotación conjunta con Renfe de las líneas entre el Estado francés y el español, con la intención de no continuar con las líneas Lyon-Barcelona y
Marsella-Barcelona-Madrid porque consideraba que no eran rentables. En consecuencia, el próximo 11 de diciembre Renfe dejará de operar también dichas líneas.
Esta decisión tendrá grandes implicaciones, tanto por la reducción de la conexión de Barcelona con otros trenes de alta velocidad de Europa como por la conexión de la Catalunya Nord con el sur, y las complicaciones en el día a día de la
ciudadanía que este hecho conlleva. Haciendo imposible, por ejemplo, viajes de ida y vuelta en el mismo día.
Toda esta situación, además, contradice las recomendaciones y obligaciones que la Unión Europea establece para los Estados miembros en materia de emergencia climática, como la de sustituir los vuelos de corta y media distancia por trenes de
alta velocidad, reduciendo así las emisiones. Vemos, por eso, que estas políticas realizadas por el Estado francés y español, contrarias al sentido común y a las obligaciones europeas, desgraciadamente no son un hecho aislado sino que ya antes de
la pandemia por la COVID-19 vimos como Renfe prescindió de la línea de tren de alta velocidad Barcelona-Toulousse.
En conclusión, la movilidad no puede ser considerada de ninguna otra manera que no sea la de entenderla como un derecho básico. Un derecho que, además, permite a la ciudadanía el acceso al resto de derechos. Por tanto, la movilidad en
ningún caso debe responder únicamente a lógicas de eficiencia económica, sino que debe convertirse en un servicio de interés general, universal, moderno, garante de
igualdad y de cohesión social y territorial, ejemplo de coordinación interadministrativa y centrado en atender las necesidades de la ciudadanía.
Por todo ello, y dado que la respuesta no puede ser únicamente mantener un servicio ferroviario como el actual, sino que es necesario redoblar esfuerzos se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno español a:
1. Que Renfe avance en la adaptación a la normativa ferroviaria europea que permite operar trenes dentro de territorio del Estado francés, como ya hacen otras operadoras como Tren Italia.
2. Recuperar los trenes Barcelona-Lyon y Madrid-Barcelona-Marsella.
3. Que Renfe recupere el tren de alta velocidad directo entre Barcelona y Toulousse.
3. Instar al Gobierno de la República Francesa a incrementar el servicio de la SNCF entre París y Barcelona con una expedición más a primera hora (7 de la mañana) por sentido.
4. Garantizar la coordinación de Renfe y ADIF con SNCF para permitir que varias expediciones de la Alta Velocidad que actualmente acaban en Figueres, operados por Renfe, lo hagan en Perpinyà. Así como las expediciones de Alta Velocidad que
acaban en Perpinyà, operados por SNCF, lo hagan en Figueres.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de noviembre de 2022.-Inés Granollers Cunillera, Diputada.-Gabriel Rufián Romero, Portavoz del Grupo Parlamentario Republicano.
161/004616
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no
de Ley para fomentar el uso del transporte público, para su debate en la Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
Exposición de motivos
El Pleno del Congreso de los Diputados convalidó el pasado 15 de septiembre el Real Decreto-ley 14/2022 de medidas de sostenibilidad económica en el ámbito del transporte que, entre otras cosas, articula la gratuidad temporal de los
servicios de Cercanías, Rodalies y Media Distancia convencional para usuarios recurrentes o habituales en el marco del Plan Nacional de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania.
Simultáneamente, el Gobierno destinó una partida de 220 millones de euros para que los municipios reduzcan un 30% los precios de los abonos de autobuses, metro y tranvías.
Estas ayudas han resultado muy positivas para la economía de los usuarios porque están ayudando a combatir la subida de precios, facilitan la movilidad, refuerzan el uso de los transportes públicos y, con ello, se está reduciendo la
dependencia energética y se está contribuyendo a paliar los efectos de la emergencia climática que padecemos.
La iniciativa del Gobierno ha tenido una enorme aceptación entre la ciudadanía, de manera que desde el 1 de septiembre Renfe ha expedido más de 900.000 abonos gratuitos, lo que se ha traducido en un aumento de usuarios del 27% desde la
implantación de esta medida. A ello debe añadirse también el incremento de usuarios en el servicio de Rodalies y en los tranvías de nuestras ciudades.
No podemos obviar que en aquellas provincias en las que las conexiones e infraestructuras no son tan diversas como en las grandes capitales todavía existen dificultades para acceder al uso del transporte público como alternativa al vehículo
particular. Es por ello que se hace necesario explorar otras medidas para mitigar esa desigualdad y faciliten a esos ciudadanos y ciudadanas el uso del transporte público.
Para hacerlo posible hemos de considerar la necesidad de replantear los horarios vigentes en esas zonas geográficas, ya que es posible que la actual frecuencia de paso de algunas líneas no facilite el cumplimiento de nuestros compromisos
laborales, profesionales o personales. Los horarios vigentes en
determinadas ciudades impiden en muchas ocasiones que trabajadores y trabajadoras no puedan hacer uso del transporte público y tengan que recurrir al vehículo particular por una diferencia horaria de 15 o 30 minutos.
Si bien es cierto que el Real Decreto-ley 6/2019, de medidas urgentes para la garantía de la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación, modificó un apartado del Estatuto de los Trabajadores, el
artículo 34.8, haciendo que cualquier empleado en España tenga derecho a la adaptación de su jornada laboral y a solicitar flexibilidad horaria, cambio de turno o incluso teletrabajo, sin tener que de reducir sus horas de trabajo ni salario. 'Se
podrá pedir la adaptación horaria siempre que se aleguen 'necesidades' que la justifiquen, tanto si se tiene hijos como si no', dice textualmente ese artículo.
Es por ello que, en aras a poder seguir ampliando las oportunidades a las que se refiere el real decreto, y bajo el concepto de 'necesidades', como puede ser el uso del transporte público frente al vehículo privado por los beneficios
sociales, económicos y medio ambientales, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
- Impulsar medidas para que en los centros de trabajo, tanto públicos como privados, pueda haber una adaptación y flexibilización de los horarios de las empleadas y empleados que soliciten para sus desplazamientos el uso transporte público.
- Estudiar la posibilidad de prorrogar las actuales medidas u otras nuevas que incentiven el uso del transporte público colectivo, en aras al fomento del transporte público, medio ambiente y movilidad sostenible.
- Impulsar medidas para que se incentive, en la medida de lo posible y de acuerdo con los comités de personal, en caso de que no sea gratuito, para que aquellos trabajadores y trabajadoras que tienen la posibilidad y utilicen en sus
desplazamientos el transporte público.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de noviembre de 2022.-César Joaquín Ramos Esteban, Diputado.-Susana Ros Martínez, José Zaragoza Alonso e Isaura Leal Fernández, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.
161/004618
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Republicano, a instancia de la Diputada Marta Rosique i Saltor y la Diputada Inés Granollers Cunillera, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente
Proposición no de Ley sobre conectividad aérea entre Menorca y Barcelona, para su debate en la Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
Exposición de motivos
La Presidenta del Consell Insular de Menorca trasladó al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana la petición de que se encargaran los estudios e informes pertinentes para poder establecer una OSP en la ruta aérea
Menorca-Barcelona, 'con el objetivo de establecer precios máximos, un mínimo de frecuencias y la competencia entre compañías, del mismo modo que pasa con la OSP entre islas'. El Director General de Aviación consideró, sin embargo, que no se había
detectado una situación en que la conectividad en esta ruta estuviera comprometida, ya fuera por regularidad, capacidad, frecuencia o precios.
De acuerdo con el artículo 16 del Reglamento (CE) N.º 1008/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo de 24 de septiembre de 2008, sobre normas comunes para la explotación de servicios aéreos en la Comunidad, 'todo estado miembro [...] podrá
imponer la OSP en relación con servicios aéreos regulares entre un aeropuerto situado en la Comunidad y un aeropuerto que sirva a una región periférica o en desarrollo de su territorio [...] , cuando dicha ruta se considere esencial para el
desarrollo económico
y social de la región servida por el aeropuerto. Dicha obligación se impondrá solamente en la medida necesaria para garantizar en dicha ruta una prestación mínima de Servicios aéreos regulares que cumplan determinados requisitos en materia
de continuidad, regularidad, precios o capacidad mínima que las compañías no asumirían si únicamente tuvieran en cuenta su interés comercial'.
Concretamente, de Menorca a Barcelona hay cinco frecuencias diarias que son insuficientes para los residentes de Menorca que viajan a o desde Barcelona y no tienen otra alternativa que utilizar el barco. Si se analiza según lo establecido
en el Reglamento comunitario y no según criterios abstractos o genéricos, se hacen evidentes las especificidades y necesidades de los ciudadanos de Menorca.
En enero de 2021, el Govern de les Illes Balears elevó una propuesta concreta de OSP para la ruta entre Menorca y Barcelona al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Dicha propuesta se basa en un sistema híbrido que
conjugaría una tarifa de referencia con la posibilidad de aplicar tarifas flexibles con el objetivo de proteger a los usuarios de la subida constante de precios, así como de las tarifas abusivas en momentos de alta demanda o en compras con poca
antelación. Las características concretas de la propuesta formulada por el Govern de les Illes Balears son las siguientes:
- Desde finales de octubre a finales de marzo, con limitaciones de precio y requisitos mínimos de frecuencias y asientos. Concretamente, se propone garantizar un mínimo de tres frecuencias diarias por cada uno de los sentidos (uno en
horario de mañana, otro en horario de mediodía y otro en horario de tarde). De esta forma se obtendría un mínimo de cuarenta y dos frecuencias semanales y un volumen aproximado de 7.560 asientos.
- Desde finales de marzo a finales de octubre, se proponen solo limitaciones de precios.
- Tarifa de referencia de 60 euros por trayecto (15 euros con la aplicación del descuento de residente) durante todo el año. Se propone esta cantidad porque la tarifa media en la ruta BCN-MAH entre 2016 y 2018 fue de 58 euros.
- Sin embargo, se propone la aplicación de tarifas flexibles, siempre que su valor no exceda el 200% adicional al importe de la tarifa de referencia. De esta forma el precio máximo serían 180 euros (45 euros con el descuento de residentes).
En cualquier caso, la tarifa media por pasajero durante el período OSP no podrá superar la tarifa de referencia establecida (60 euros). Este sistema, pues, permitiría dar gran flexibilidad a las compañías para la fijación de precios.
Dicha solución permitiría garantizar unas frecuencias y horarios mínimos, además de estabilizar el precio y evitar tarifas abusivas, generando un ahorro para los usuarios, que se estima en siete millones y medio de euros anuales.
Además, esta solución también permitiría aliviar la carga que supone para el Gobierno del Estado la aplicación del descuento de residente, dando así respuesta a los estudios de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia y de la
AirEf, que argumentaban que el descuento de residente representaba, más que una bonificación para favorecer la movilidad de los residentes, una ayuda directa para las compañías aéreas.
Finalmente, cabe destacar que esta propuesta permite a las compañías aéreas seguir desarrollando sus estrategias comerciales dentro de unos parámetros de seguridad para los usuarios. De esta forma, conjugando la protección de los usuarios
con la lógica del libre mercado, se espera tener el apoyo de la Comisión Europea.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Republicano presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno español a establecer, en el plazo máximo de cuatro meses, una OSP en la ruta aérea entre Menorca y Barcelona con las condiciones incluidas en la propuesta elevada por el Govern de les Illes
Balears al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana en enero del 2021'.
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de noviembre de 2022.-Marta Rosique i Saltor e Inés Granollers Cunillera, Diputadas.-Gabriel Rufián Romero, Portavoz del Grupo Parlamentario Republicano.
161/004620
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José María Figaredo Álvarez-Sala, Doña Patricia Rueda Perelló, doña Patricia de las Heras Fernández, doña Cristina Alicia Esteban Calonje, don Onofre Miralles Martín, don Rubén Darío Vega Arias y don Juan Carlos Segura Just, en sus
respectivas condiciones de Portavoz Sustituto y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente Proposición no de
Ley dirigida a impulsar la creación de un Registro de sentencias firmes de impagos de rentas de alquiler, para su discusión en la Comisión Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
Exposición de motivos
1. El término 'inquiocupa' ha comenzado a ser empleado para referirse a aquellos inquilinos que, a pesar de tener contrato de arrendamiento, dejan de pagar la renta y se convierten, en la práctica, en ocupantes de la vivienda.
2. Así, la 'inquiocupación' ha surgido como un nuevo fenómeno que atenta contra la propiedad privada, consecuencia directa del conocimiento por parte de estos 'inquilinos' de las dificultades que va a encontrar el arrendador para
expulsarlos de la vivienda arrendada en caso de impago.
3. Según el Consejo General del Poder Judicial, en el segundo trimestre de 2022 29:
a) El 72,8% del total los lanzamientos practicados (7.871 de 10.816) fueron consecuencia del impago del alquiler.
b) El número juicios verbales posesorios por ocupación ilegal de viviendas ha sido de 779, siendo Cataluña la región con un mayor número de demandas (178), seguida por Andalucía (148), Comunidad Valenciana (114) y Madrid (59).
4. Sobre esta problemática, como señala don Ricardo Bravo, portavoz de la 'Plataforma Afectados por la Ocupación', lo que ocurre es que [c]on contratos falsos o verdaderos entran los okupas en una casa y, a partir de ahí, dejan de pagar
voluntariamente. Como hay un contrato mercantil de por medio no se considera okupación. Pero la mayoría de okupaciones directas (las que afectan a un propietario que no es una gran empresa) hoy en día son de inquiokupas 30.
5. En este sentido, resulta necesario hacer mención a la Ley 4/2013, de 4 de junio, de medidas de flexibilización y fomento del mercado del alquiler de viviendas (BOE núm. 134, de 5 de junio de 2013) que, en su artículo tercero, crea un
'Registro de sentencias firmes de impagos de rentas de alquiler' en los siguientes términos:
1. Se crea un Registro de sentencias firmes de impagos de rentas de alquiler. Por real decreto se regulará su organización y funcionamiento.
2. Con la finalidad de ofrecer información sobre el riesgo que supone arrendar inmuebles a personas que tienen precedentes de incumplimiento de sus obligaciones de pago de renta en contratos de arrendamiento y que, por dicho motivo, hayan
sido condenadas por sentencia firme en un procedimiento de desahucio del artículo 250.1.1.º o del artículo 438 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, el secretario judicial correspondiente remitirá dicha información al Registro de
sentencias firmes de impagos de rentas de alquiler.
3. En el mismo sentido, los órganos de arbitraje competentes deberán poner en conocimiento de dicho Registro los datos relativos a aquellas personas que hayan sido declaradas responsables del impago de rentas de arrendamientos, por medio de
laudo arbitral dictado al efecto.
4. Tendrán acceso a la información obrante en el Registro, los propietarios de inmuebles que deseen suscribir contratos de arrendamiento sobre los mismos, sean personas físicas o jurídicas. A tales efectos deberán presentar una propuesta
de contrato de arrendamiento en la que se identifique al eventual
29 https://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/En-Portada/Los-lanzamientos-practicados-por-los-organos-judiciales-en-el-segundo-trimestre-del-ano-bajan-un-6-5-por-ciento-respecto-a-2021 [fecha de consulta: 8 de noviembre de 2022].
30 https://cincodias.elpais.com/cincodias/2021/08/31/economia/1630425143_091812.html [Fecha de consulta: 8 de noviembre de 2022].
arrendatario, limitándose la información a la que tendrá derecho, a los datos que consten en el Registro, relacionados exclusivamente con dicho arrendatario.
5. Las personas incluidas en el Registro podrán instar la cancelación de la inscripción cuando en el proceso correspondiente hubieran satisfecho la deuda por la que fueron condenadas. No obstante, la constancia en el citado Registro tendrá
una duración máxima de seis años, procediéndose a su cancelación automática a la finalización de dicho plazo.
6. La inscripción a la que se refiere este artículo estará, en todo caso sujeta a lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.
6. Llegados a este punto, y en vista de la persistencia del fenómeno de la 'inquiocupación', se hace patente la necesidad de que la Administración General del Estado articule medidas que permitan tutelar los derechos de aquellos
propietarios que se hayan visto ilegítimamente privados de sus inmuebles.
7. En el caso que nos atañe, la medida concreta consiste en el impulso del desarrollo normativo de lo dispuesto en el referido artículo tercero de la Ley 4/2013, de 4 de junio, de medidas de flexibilización y fomento del mercado del
alquiler de viviendas, mediante la creación de un marco jurídico adecuado que permita la existencia y operatividad de un 'Registro de sentencias firmes de impagos de rentas de alquiler'.
8. Estas situaciones de privación de la propiedad privada, que atacan derechos constitucionales, se han permitido olvidando el esfuerzo que supone para muchos propietarios tanto la adquisición como el mantenimiento de estos inmuebles, y
faltando a la consideración que para muchos españoles tiene la vivienda como forma de ahorro. En consecuencia, son numerosas las actuaciones que se pueden y deben tomar en España para la lucha contra la ocupación ilegal, medie o no contrato previo.
Por los motivos expuestos, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a elaborar un real decreto que regule la organización y funcionamiento del Registro de sentencias firmes de impagos de rentas de alquiler, en desarrollo de lo dispuesto en el artículo tercero
de la Ley 4/2013, de 4 de junio, de medidas de flexibilización y fomento del mercado del alquiler de viviendas'.
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de noviembre de 2022.-Patricia Rueda Perelló, Patricia de las Heras Fernández, Cristina Alicia Esteban Calonje, Onofre Miralles Martín, Rubén Darío Vega Arias y Juan Carlos Segura Just,
Diputados.-José María Figaredo Álvarez-Sala, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
Comisión de Industria, Comercio y Turismo
161/004610
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre formación en competencias en materia de transición energética en el sector
industrial, para su debate en la Comisión de Industria, Comercio y Turismo.
Exposición de motivos
La industria de nuestro país ha sabido demostrar, tras la crisis sanitaria de la COVID-19, una alta resistencia y adaptabilidad ante un nuevo escenario económico y social donde el proceso de digitalización y avance hacia un modelo más verde
y energéticamente eficiente se ha acelerado, abriendo nuevas posibilidades y detectando posibles vulnerabilidades.
En este último año, la economía mundial, y especialmente la europea, se ha visto afectada por el aumento de precios provocado por la invasión de Ucrania por parte de Rusia. Además, la industria aún sufre las consecuencias de la pandemia
como fue la disrupción en las cadenas de suministro de
determinados componentes, materias primas y semiconductores. Estos últimos indispensables en la fabricación de vehículos, sector clave para la economía y la generación de empleo en nuestro país.
La guerra en Ucrania está comprometiendo la economía de la Unión Europea y afectando notablemente al clima industrial de España por su uso intensivo de la energía. El desafío más acuciante al que nos enfrentamos es el problema de
abastecimiento de gas debido a la alta dependencia de Rusia por parte de la UE, lo que está desencadenando un aumento de los precios de la energía y, por ende, una reducción de nuestras capacidades industriales y un cambio de paradigma en nuestra
sociedad, donde se hace necesario incorporar nuevos hábitos de producción y consumo, ahorro, economía circular y eficiencia energética.
En este contexto de alta incertidumbre y de transformación de nuestro modelo económico y social, la formación y capacitación de la ciudadanía resultan indispensables en la tarea de avanzar hacia una economía más eficiente energéticamente,
sostenible y digital. La adquisición de competencias en estas materias por parte de las personas trabajadoras del tejido industrial de nuestro país permitiría impulsar este cambio de modelo y ayudar en la tarea de la UE de ser energéticamente menos
dependientes de terceros.
La incorporación de prácticas sostenibles y buenos hábitos de producción y consumo en la industria permitirían un uso eficiente de la energía y del agua y una minoración de la producción de deshechos, lo que ayudaría a reducir la huella de
carbono. Ello nos permitiría alcanzar el compromiso de los países miembros del espacio comunitario europeo de reducir los gases de efecto invernadero en la UE un 55% en 2030 y alcanzar la neutralidad climática para el año 2050.
Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la economía circular o verde generará 20 millones de empleo en áreas relacionadas con la reparación, refabricación o gestión de residuos. Por ello, es conveniente garantizar la
formación de trabajadores del sector industrial en nuevas competencias para adaptar nuestro mercado laboral a las nuevas tendencias. Además, apoyar a la industria a disponer de personal capacitado en mejora de la eficiencia energética, reducción
del consumo, residuos y emisiones de CO2, lograría una mayor productividad y calidad, lo que optimizaría el rendimiento de las instalaciones industriales.
Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a avanzar en la formación en competencias digitales y en materia de transición ecológica y eficiencia energética de las trabajadoras y los trabajadores del sector industrial de nuestro país,
con el objetivo de garantizar que cuenten con unos conocimientos adecuados para hacer frente al proceso social y económico de transición energética, así como para contribuir a satisfacer la demanda de empleo generada por la economía verde y
digital'.
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de noviembre de 2022.-Alejandro Soler Mur, Sandra Guaita Esteruelas, Adolfo Pérez Abellás, Cristina López Zamora, María Luisa Faneca López, Juan Bernardo Fuentes Curbelo, Ana María Botella Gómez,
María Ángeles Marra Domínguez, María del Pilar Rodríguez Gómez, César Joaquín Ramos Esteban, German Renau Martínez y Juan Francisco Serrano Martínez, Diputados.-José Zaragoza Alonso e Isaura Leal Fernández, Portavoces del Grupo Parlamentario
Socialista.
161/004619
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Plural, a instancia de don Joan Baldoví Roda, Diputado de Compromís, y al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley, para
paliar los efectos que la crisis energética y económica derivados de la guerra de Ucrania está provocando a las empresas del sector cerámico de las comarcas de Castelló para su debate en la Comisión de Industria, Comercio y Turismo.
Exposición de motivos
Las consecuencias de la guerra de Ucrania han conllevado una emergencia energética y económica que obliga a las instituciones públicas a continuar actuando con urgencia para poder paliar los efectos negativos en este marco de recuperación
tras los efectos de la pandemia.
De esta manera, el incremento significativo y constante de los precios de la energía y las materias primas está afectando duramente a los sectores más dependientes de los combustibles fósiles e intensivos en su uso, como es el caso del
sector cerámico -fabricantes de azulejos y pavimentos cerámicos y fritas y esmaltes y colorificios...-.
El sector de la cerámica conforma un auténtico clúster en las comarcas de Castelló y su relevancia en términos de empleo, producción y exportación industrial es incuestionable a nivel valenciano, estatal e internacional. No obstante, la
crisis energética provocada por el aumento del coste del gas ha derivado en 77 expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) que afectan a casi 9.000 personas trabajadoras y 5 expedientes de extinción de contratos (ERE) que afecta a casi medio
millar de personas trabajadoras. En total, ERTE y despidos alcanzan ya la mitad de los empleos directos del sector y a todos los municipios donde se ubica el clúster azulejero (Onda, Vila-real, Almassora, l'Alcora, Castelló...) Todo ello genera
serios problemas a corto y medio plazo para un sector económico clave de las comarcas de Castelló y que genera más del 14% del PIB en la economía valenciana.
Ante dicha situación, es necesario que el Gobierno de España se implique de manera activa y con sentido de cogobernanza para paliar los efectos desfavorables del aumento del precio de la energía en un sector esencial como es el sector
económico de la cerámica.
Por todo ello anteriormente expuesto, presento la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
I. Estudiar mecanismos para la participación del sector público del Estado en compras de gas en origen para poder garantizar el suministro del sector cerámico y la reducción de su precio en aras de ganar competitividad.
II. Establecer cauces para la recuperación de las relaciones a nivel diplomático con países que han restringido los suministros de gas a causa de decisiones geoestratégicas recientes del Estado español.
III. Incrementar las ayudas directas al sector cerámico para asegurar los empleos de las personas trabajadoras y la existencia del clúster cerámico de las comarcas de Castelló.
IV. Poner en marcha un crédito fiscal favorable a empresas del sector cerámico, que implique reducciones de impuestos en base a descensos de la facturación en ejercicios precedentes, como están haciendo otros Estados miembros de la Unión
Europea.
V. Activar el Mecanismo RED en los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTO) para que las empresas del sector de la cerámica se puedan acoger a dicho instrumento como una medida de flexibilización y estabilización del empleo del
clúster cerámico.
VI. Reclamar a la Comisión Europea una regulación propicia para permitir una bajada del precio de la energía'.
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de noviembre de 2022.-Joan Baldoví Roda, Diputado.-Íñigo Errejón Galván, Portavoz del Grupo Parlamentario Plural.
Comisión de Derechos Sociales y Políticas Integrales de la Discapacidad
161/004621
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente
Proposición no de Ley para su debate en la Comisión de Derechos Sociales y Políticas Integrales de la Discapacidad, relativa al reforzamiento de la figura del asistente personal.
Exposición de motivos
La creación del Sistema Nacional de Autonomía y Dependencia (SAAD) a través de la Ley de Autonomía Personal y Atención a las Personas en situación de Dependencia (LAPDA) en 2006 supuso un avance sin precedentes hacia la expansión de la
protección social a las actividades de cuidados y apoyos. Sin embargo, la crisis financiera del 2008 y sus respuestas oficiales hegemónicas, las políticas de recortes en el gasto público, consolidaron las restricciones de acceso y precarización de
los servicios sociales, lo que llevó a frenar en seco o incluso eliminar los avances en la atención a la dependencia. Uno de los servicios afectados por los recortes fue la figura del asistente personal, cuya funcionalidad fue reivindicada desde un
inicio por multitud de asociaciones de la sociedad civil, como el Movimiento de Vida Independiente y organizaciones por la diversidad funcional, para que las personas con discapacidad dispusieran de un apoyo diario que les permitiese el ejercicio
del derecho a la vida independiente y a un proyecto de vida elegido.
Según las estadísticas del Instituto Nacional de Estadística (INE), hay en España cerca de cuatro millones de personas (casi el 9% de la población) que tienen algún tipo de discapacidad y que necesitan apoyo en las actividades básicas de la
vida diaria.
Las situaciones de las personas con discapacidad conforman una realidad compleja, diversa e invisibilizada. Este colectivo se enfrenta diariamente a una serie de obstáculos y barreras de accesibilidad que, en muchos casos, limitan su
participación tanto en su comunidad como en las tareas cotidianas, a veces impidiéndoles incluso salir de casa, al no disponer de un servicio de asistencia personal que se ajuste a sus necesidades y preferencias.
Según el artículo 9.2 de la Constitución española (CE), 'corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los
obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social'. En el artículo 10.1 de la CE se señala que es un derecho constitucional fundamental la dignidad
de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, y el 'libre desarrollo de su personalidad'.
De igual modo, el artículo 19 del tratado de la convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad alude al derecho a vivir de forma independiente, vinculado a la libertad ambulatoria y, en su seno, a la
libertad de elección de residencia para insertarse en una comunidad cívica. Por tanto, el derecho de las personas con discapacidad a vivir una vida independiente está amparado y recogido tanto desde organismos internacionales como en el
ordenamiento jurídico español. Sin embargo, el derecho a desarrollar una vida autónoma se ve, mayoritariamente, restringido al depender bien del entorno familiar o de instituciones asistenciales para llevar a cabo sus tareas del día a día.
Un asistente personal es una figura de apoyo, es una persona que ayuda en el desarrollo de la vida diaria a otra persona que, por su situación, bien sea por una discapacidad o por otros motivos, no puede realizarlas por sí misma. Las tareas
que puede desarrollar el asistente personal serán diferentes según las necesidades de la persona. En cualquier caso, el control del proceso y de las decisiones son de la persona que recibe el servicio o prestación, y debe ser ella quien escoja a
los candidatos o candidatas, decida qué tareas debe realizar la persona asistente y la cantidad de horas que puede necesitar el servicio. Por tanto, es la beneficiaria del servicio o prestación la que decide cuándo, cómo y en qué actividades de su
vida hará uso de este apoyo y el tipo de servicio que quiere recibir, adaptado a las necesidades cambiantes y priorizando la libertad de decidir, la independencia y la capacidad de improvisación por parte de la persona con discapacidad.
El asistente personal no es un cuidador al uso, fruto de una visión asistencial de la dependencia, sino que constituye una herramienta básica para el acceso y disfrute de la vida independiente de las personas con discapacidad. Su existencia
incide directamente en el cambio del tradicional paradigma de atención institucional y/o de sobrecarga familiar en el entorno habitual (entendiendo por ello la familia parental). También contribuye, por cierto, a liberar a la mujer de asumir un
papel como cuidadora de toda la familia en todo momento, que conlleva una renuncia a su propia vida independiente.
La asistencia personal es una apuesta clara por la promoción de la autonomía personal y por trabajar en todas las alternativas a la institucionalización, avanzando así hacia la promoción de las capacidades
de cada persona de acuerdo con su proyecto de vida, fomentando la permanencia en el propio entorno (conectados a sus familiares, vecinos y entornos comunitarios habituales) y la autogestión de sus vidas.
Es necesario revisar el modelo y avanzar en la consolidación de un modelo que tenga como premisa la autonomía y la vida independiente de la persona con discapacidad para tomar decisiones respecto de su propia vida. Los principios que deben
guiar la consolidación del derecho al asistente personal son: la igualdad, la no discriminación, la desmedicalicalización, la desinstitucionalización, el control de las vidas y el apoyo entre iguales.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Reforzar, flexibilizar y dignificar los servicios y prestaciones de asistencia personal con un nuevo modelo que supere las carencias de la normativa actual y suponga el impulso de esta figura profesional.
2. Mejorar los circuitos formativos de las personas cuidadoras reforzando los aspectos relacionados con los derechos de las personas con discapacidad, la comunicación, las ayudas técnicas y cuidados básicos o las movilizaciones'.
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de noviembre de 2022.-Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común.
Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico
161/004605
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Confederal Unidos Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, presenta, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la presente Proposición no de Ley para
su debate y aprobación en la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico, relativa a incrementar los objetivos de reducción de emisiones y de penetración de renovables establecidos en la ley de cambio climático.
Exposición de motivos
El nuevo informe 'Cambio Climático 2022: Impactos, Adaptación y Vulnerabilidad' realizado por el Grupo de Trabajo II del IPCC al Sexto Ciclo de Evaluación (AR6) fue aprobado por 195 países. En él los expertos alertan de que el cambio
climático es una amenaza para el bienestar humano y la salud del planeta y que cualquier retraso adicional en la acción mundial concertada y anticipada sobre la adaptación y la mitigación perderá una breve y rápida ventana de oportunidad para
asegurar un futuro habitable y sostenible para todos.
En el informe, el panel científico expone que se están sobrepasando los límites para hacer frente a la crisis global y que las medidas tomadas hasta ahora han sido escasas. 'Nuestras acciones de hoy darán forma a cómo se adapta la humanidad
en el futuro y cómo responde la naturaleza a los crecientes riesgos climáticos'.
Recientemente Naciones Unidas ha reconocido que nos estamos alejando de la posibilidad de mantener de forma realista el objetivo de evitar un aumento de Ia temperaturas por encima de 1,5 °C.
En la pasada COP26 España fue uno de los pocos países (ocho, en concreto) que llegó a la Cumbre de Glasgow con los deberes hechos y sus objetivos establecidos en una ley climática. Pero también es cierto que nuestra ley establecía una
cláusula para revisar esos objetivos y elevar la ambición en 2023.
Debido a los pobres resultados de Glasgow, y dado que son los países y, en concreto, los parlamentos quienes debemos garantizar el cumplimiento de unos acuerdos internacionales que, por desgracia, no son vinculantes, no solo es urgente que
España se ponga en marcha para acelerar este aumento de su
ambición, sino que estamos en condiciones de hacerlo para liderar la acción climática europea, y arrastrar a otros países a seguir nuestro ejemplo.
De hecho, solo un aumento de la ambición que mantenga vivo el objetivo de evitar un aumento de las temperaturas por encima de 1,5 °C puede salvar la COP27, en Egipto.
Durante la próxima década, nuestro país debe abordar el mayor cambio en su modelo energético del último siglo. En apenas diez años, el sector eléctrico pasará de contar con un 44% de electricidad renovable (2020) a un 74% (objetivo 2030
según establece la ley de cambio climático).
En el contexto actual, esta necesidad se amplifica dada la crisis energética derivada de la guerra en Ucrania. Rusia es el tercer mayor productor de petróleo del mundo y aporta a la UE el 40% del crudo que consume, aunque no todos los
países son igual de dependientes de dicho país: Alemania importa hasta dos terceras partes de su petróleo de Rusia, mientras que en España esa cifra apenas llega al 5%. La crisis energética actual se está produciendo mientras los mercados
energéticos ya están al límite.
Al igual que el mercado mundial del petróleo, el mercado europeo del gas ya estaba en crisis antes de la invasión rusa de Ucrania debido a las propias acciones de la Unión Europea. Desde 1990 la UE ha reducido la contribución del gas ruso
en sus importaciones del 60% a 40%, pero la menor producción de gas europeo hace que la dependencia final del gas ruso sea mayor que nunca.
La dependencia del gas y el petróleo ruso es una oportunidad para la Unión Europea para acelerar la transición energética hacia las energías renovables. Las energías renovables no solo son limpias, son también el único antídoto efectivo
para romper definitivamente la dependencia energética exterior.
Además, la reciente decisión de la Comisión Europea de incluir la energía nuclear y el gas dentro de las inversiones sostenibles manda un pernicioso mensaje a inversores y gobiernos. En los últimos tiempos habían sido numerosas las
entidades financieras y los gobiernos que se habían comprometido a no apoyar proyectos contaminantes y un cambio en la taxonomía podría hacer que estas decisiones se replantearon. La vulnerabilidad que supone para nuestra economía depender de
terceros países para nuestro suministro energético ha quedado clara en los últimos meses. Esto ha quedado más claro, aún si cabe, con el inicio de la guerra en Ucrania. La propuesta España ha disminuido en el período 2019-2021 su incorporación
renovable conectada a red (excluyendo el autoconsumo) en un 45%: de 6451 MW en 2019 a 3558 MW en 2021. Esta disminución nos aleja de la senda que necesitamos para alcanzar los objetivos y el cambio en la taxonomía europea supondría un nuevo
varapalo para las inversiones del sector en un momento clave para impulsar la industria renovable nacional.
En definitiva, existen soluciones para que todo el mundo tenga un futuro más seguro, pero para ello debemos reducir las emisiones rápidamente. La ciencia es clara y el contexto político y geoestratégico urge a acelerar nuestra independencia
energética, hacia un horizonte limpio y 100% renovable.
Por ello, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso insta al Gobierno a poner en marcha el mecanismo de revisión al alza de los objetivos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y los de penetración de energía renovable establecidos en la ley de cambio climático,
hasta llegar a una reducción de emisiones del 55% para el año 2030, en línea con los objetivos europeos'.
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de noviembre de 2022.-Juan Antonio López de Uralde Garmendia, Diputado.-Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común.
161/004608
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José María Figaredo Álvarez-Sala, don Ricardo Chamorro Delmo, doña Mireia Borrás Pabón, don Ángel López Maraver, don Luis Gestoso de Miguel, doña María Magdalena Nevado del Campo, don Francisco José Contreras Peláez y don Pedro Jesús
Requejo Novoa, en sus respectivas condiciones
de Portavoz sustituto y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente Proposición no de Ley relativa al
impulso de la soberanía energética en el parque de generación eléctrica de España, para su discusión en la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico.
Exposición de motivos
Primero. Impulso de la soberanía energética.
La soberanía energética es la capacidad de una nación para asegurar la máxima producción y abastecimiento de recursos energéticos para sí, con fuentes propias o ajenas. Debe entenderse como la posibilidad estratégica de, en las mejores
condiciones, aprovechar los recursos propios, adquirir materias primas y tecnología y disponer de fuentes energéticas seguras, abundantes y económicas para la industria y el consumo nacional. En caso de tener que acudir a fuentes externas, es
necesario que estas sean baratas, asequibles, duraderas y estables.
España depende en aproximadamente un 75% del exterior para sus necesidades energéticas primarias y esto lo convierte en uno de los países más dependientes en términos energéticos. Luchar contra esta debilidad, que resulta indudablemente en
una vulnerabilidad estratégica y una merma en la competitividad de la economía española, debe ser una prioridad.
España, además, tiene la posibilidad de producir buena parte de la energía primaria que exige la demanda nacional. Sin embargo, las políticas desarrolladas en las últimas décadas por los sucesivos gobiernos españoles han incrementado
nuestra dependencia energética del exterior, generando la referida debilidad estratégica, que es cada vez más nociva para los intereses de la Nación.
Las políticas energéticas se han visto condicionadas por unas políticas ambientales erradas y, más recientemente, por unas leyes climáticas que son contrarias a los intereses de España. Estas leyes, producto del fanatismo climático,
incomprensiblemente han prohibido la exploración, la explotación y la investigación de nuestros recursos energéticos. Además, han sido la causa de un encarecimiento sin precedentes de las facturas que nuestras familias y empresas tienen que pagar,
de forma que han profundizado en la deslocalización de empresas y la pérdida de puestos de trabajo.
En suma, establecer la prioridad medioambiental como criterio básico, y casi, único, de la política energética de España ha supuesto empeorar nuestra dependencia energética y ha hecho más vulnerable y menos competitiva a nuestra economía, y
más débil a nuestra nación en el mundo.
Segundo. Tecnologías y recursos críticos para la soberanía energética.
El mix energético español cuenta con diferentes tecnologías para la producción de energía eléctrica. En él han de destacarse aquellas tecnologías que, por su robustez, seguridad de suministro y aporte masivo de potencia, sientan la base
firme de la generación eléctrica. En particular, se debe destacar la generación nuclear y la hidráulica fluyente, junto con otras tecnologías que, en función de su perfil de generación y disponibilidad técnica y económica, suministran el resto de
la energía necesaria, y que son la cogeneración, la solar, la eólica, los ciclos combinados o la hidroeléctrica modulable, entre otras.
A) El gas.
En las últimas décadas se ha favorecido al gas como fuente de suministro tanto para la actividad industrial como para la generación eléctrica. Las plantas de ciclo combinado se priorizaron frente a otras tecnologías como la nuclear.
Posteriormente, de forma incomprensible, España ha prohibido que se pueda realizar cualquier prospección para aprovechar posibles yacimientos de gas de tipo convencional o de esquisto (fracking).
En este sentido, según el Colegio de Geólogos, España cuenta con abundantes recursos energéticos que no han sido ni siquiera explorados. Es evidente que la exploración, el aprovechamiento de los propios recursos fósiles y el establecimiento
de unas condiciones económicas y técnicas favorables para su explotación fortalecería la soberanía del modelo energético español al reducir sus importaciones de hidrocarburos.
B) Energía nuclear.
En cuanto a la generación energética nuclear, el parque español consta de cinco emplazamientos con siete reactores activos en total: Almaraz I y ll (Cáceres), Ascó I y II (Tarragona), Cofrentes (Valencia), Trillo (Guadalajara) y Vandellós
II (Tarragona). El sector nuclear es capaz de generar cada año entre 55.000 y 60.000 GWh, lo que representa, aproximadamente, el 20% de la electricidad consumida en España, con cerca del 6,3% del total de la potencia eléctrica instalada.
Además, España cuenta con la capacidad de cubrir el ciclo completo de combustible nuclear mediante la integración de su parque de generación con la fábrica de combustible nuclear de Juzbado (Salamanca), y cuenta con un centro de
almacenamiento de residuos radiactivos de muy baja, baja y media actividad en El Cabril (Córdoba). Asimismo, dispone de una industria nuclear competitiva y ciertamente prestigiosa a nivel mundial.
En una situación como la actual, con elevados precios, se estima que, para asegurar un suministro seguro y económico, sería conveniente que España pudiera alcanzar una producción eléctrica nuclear del 34/40% (nivel muy superior al actual
20,8% 31). Estos niveles de producción también harían que la factura eléctrica de los hogares, industrias y transportes fuera más reducida y estable.
Por ello, la conservación, actualización y extensión de vida útil de las centrales existentes en el territorio nacional resulta absolutamente necesaria, junto con la planificación de la ampliación de la actual potencia existente.
En el ámbito nuclear es necesario hacer referencia a los denominados reactores modulares pequeños ('SMR'), que son reactores nucleares avanzados con una capacidad de potencia de hasta 300 MW(e) por unidad, lo que representa cerca de un
tercio de la capacidad de generación de los reactores nucleares de potencia tradicionales. Los SMR pueden producir grandes cantidades de electricidad con bajas emisiones de carbono. En este punto es necesario citar el caso de Canadá, que
recientemente ha incluido a los SMR en la categoría de tecnologías energéticas limpias junto a otras tecnologías consideradas de bajas emisiones de carbono 32.
A pesar de tener un escaso tamaño, los SMR poseen unas características muy avanzadas, que permiten su instalación y utilización de manera rápida y progresiva, reduciendo así los plazos e inversiones requeridas. Además, precisan de una menor
cantidad de combustible, lo que los convierte en una opción económica, limpia y que puede ser puesta en servicio con relativa facilidad en lo que respecta a inversiones y plazos.
Mediante la integración de este tipo de generación en el modelo energético español, será posible anticipar con mayor seguridad las condiciones de suministro en relación con costes y precios y contribuir a la mejora de la competitividad
económica y el desarrollo industrial y económico.
Tercero. Situación del autoconsumo y cogeneración en España.
Paradójicamente, a pesar de la enorme dependencia exterior, las sucesivas políticas desarrolladas en materia de energía no han facilitado ni la cogeneración, ni la instalación de una capacidad de autoconsumo, de forma que familias y empresas
puedan satisfacer, al menos parcialmente, sus necesidades energéticas. De este modo disminuiría la dependencia exterior y se incrementaría la eficiencia energética del conjunto del país.
España cuenta hoy con aproximadamente 2.000 MW de potencia eléctrica instalada en régimen de cogeneración; en torno a la mitad de esta potencia instalada se encuentra detenida o fuera de servicio debido a las medidas relativas a la llamada
'excepción ibérica'.
Igualmente, el autoconsumo energético de familias, comunidades de vecinos y pymes, que incipientemente se está desarrollando actualmente por el alza de los precios, podría mejorar el uso de los recursos energéticos propios, a la vez que se
reduce la factura de la luz para familias y empresas y también la dependencia exterior.
Este autoconsumo se ha visto lastrado en las últimas décadas por innumerables trabas legislativas y regulatorias que beneficiaban en exclusiva a las empresas de distribución y de generación mediante el bloqueo del potencial energético
existente.
31 https://www.foronuclear.org/actualidad/noticias/la-energia-nuclear-produce-en-espana-el-208-de-la-electricidad-en-2021/#:~:text=La%20energ%C3%ADa%20nuclear%20produio%20en,electricidad%20en% 202021%20%2D%20Foro%20Nuclear.
32 https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Canadian-government-recognises-nuclear-as-clean-en.
Consideramos que, en el marco de reducción de la dependencia energética y de la consecución de la soberanía energética, es importante que todos los recursos energéticos al alcance de familias y empresas puedan ser puestos en valor como forma
de mejorar la eficiencia energética global y reducir las importaciones de productos energéticos.
Cuarto. Conclusión.
Para revertir la pérdida de soberanía energética derivada de las decisiones de los sucesivos gobiernos de España es preciso, en primer lugar, promover de manera inmediata la derogación de la Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y
transición energética, por cuanto implica la prohibición de la exploración, la investigación y la explotación de hidrocarburos en el territorio nacional.
De la misma forma, consideramos que se dan las circunstancias para que, en nuestro país, como en Canadá, Finlandia, Polonia, Italia, Reino Unido, Francia y otros, se abra el imprescindible debate para poder examinar y valorar las
posibilidades de construcción de nuevas centrales nucleares, y optar por la inmediata ampliación de la vida útil de las ya existentes, paralizando en todo caso el proceso de desmantelamiento actual, con plenas garantías de seguridad. Si se
continuara con esta política de reducción deliberada de los recursos energéticos propios, se estaría perpetuando el modelo de importación de gas, petróleo o electricidad producidos en otros países, en detrimento de la soberanía energética, bien al
que cualquier nación debe tender.
Hasta la fecha, y durante muchas décadas, los sucesivos gobiernos han tomado siempre medidas que han supuesto el aumento de la dependencia exterior y el incremento de la factura energética para familias y empresas, a la vez que se nos ha
llevado al extremo de imponernos restricciones en el consumo energético y, posiblemente, próximos racionamientos de dicho consumo. Esto es, han actuado a impulsos del fanatismo climático que se ha impuesto en las organizaciones internacionales, o
bien de los intereses particulares de sectores productivos
La política energética de nuestro país no puede seguir supeditada a prioridades medioambientales establecidas de forma ajena a nuestros intereses y con dudosos criterios científicos que suponen, en la práctica, la carencia de un
abastecimiento seguro, económico y sostenible. Tal condicionamiento va contra los intereses de España y contra las necesidades de los españoles, hipotecando su porvenir.
Por ello, VOX aboga por que se pregunte a los españoles sobre el futuro del modelo energético de nuestro país y se modifiquen las bases de dicho modelo energético, priorizando la soberanía energética y la seguridad de suministro.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a lo siguiente:
1. Promover que sean sometidas a referéndum consultivo, en los términos del artículo 92 de la Constitución y por su indudable trascendencia para el nivel de vida de la población y para el interés nacional, las políticas públicas en materia
de energía, para que los españoles puedan optar entre dos modelos contrapuestos, el de dependencia energética, fomentado por los sucesivos gobiernos de España y que ha conducido a la situación actual, y el de soberanía energética.
2. Impulsar y llevar a cabo todas las actuaciones necesarias para paralizar todos los cierres y desmantelamientos de las centrales térmicas convencionales y nucleares existentes en España, así como para conectarlas de nuevo a la red
nacional y, de esa forma, disminuir los costes de la energía eléctrica. España debe adaptar los plazos de la transformación energética a sus capacidades y necesidades, sin poner en peligro el suministro energético, el empleo y la prosperidad
nacional.
3. De la misma manera, fomentar la rehabilitación de las centrales nucleares existentes, favoreciendo así la extensión de su vida útil. Para ello, se deben fomentar en los organismos competentes los trámites correspondientes para evaluar
su coste, beneficio y viabilidad técnica y condiciones de operación.
4. Facilitar que las empresas energéticas inviertan en complementar la generación eléctrica con bombeo hidráulico, estableciendo un modelo de suministro eléctrico de todas las tecnologías no gestionables hibridado, reduciendo así su
imprevisibilidad y la necesidad de ajuste con gas en el momento de casación.
5. Promover la modificación y derogación de todas las barreras legislativas que imposibilitan el aprovechamiento de nuestros recursos minerales y energéticos. En particular, debe impulsarse la
derogación inmediata de los artículos 9,10,11,14,29, la disposición transitoria segunda y la disposición final quinta de la Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición energética, que impiden la exploración, investigación y
explotación de hidrocarburos y de minerales.
6. Fomentar, en colaboración con los organismos competentes, el estudio de viabilidad técnica y económica de la utilización de los emplazamientos de las actuales centrales nucleares para implantar en dicha localización los SMR y, en
particular, considerar los anteriores emplazamientos de las centrales nucleares cerradas en España como Zorita o Garoña, así como en los nodos de vertido de antiguas centrales térmicas clausuradas.
7. Iniciar programas en el CIEMAT, CSIC y otros organismos públicos y empresas privadas para fomentar la investigación, la colaboración y el desarrollo de tecnología nuclear modular que permitan impulsar proyectos propios y, con ese fin,
poner en marcha los trámites correspondientes para la elaboración de una hoja de ruta para desarrollar un reactor nuclear modular español.
8. Para mejorar el aprovechamiento de los recursos energéticos de España por parte de familias y empresas y reducir así la dependencia del exterior, impulsar la enmienda de forma urgente del marco regulatorio actual en tres sentidos:
a) Facilitar la cogeneración eléctrica a través del aprovechamiento calorífico de las diferentes actividades económicas mediante la utilización de la potencia instalada o la ampliación de esta con un sistema retributivo que garantice esta
actividad.
b) Facilitar la instalación de medios de autoconsumo y autogeneración eléctrica para familias, comunidades de vecinos, pymes y asociaciones, de forma que las empresas distribuidoras eléctricas deban facilitar el desarrollo de estas
instalaciones, de baterías de acumulación y, además compensen económicamente de forma clara y a precios de mercado la producción propia y la potencia vertida a la red. De este modo se incentivará esta actividad y se retribuirá adecuadamente,
generando ahorro y potenciales beneficios a familias, comunidades de vecinos y pymes, a la vez que se mejora el aprovechamiento de los recursos existentes en nuestro país
c) Reducir el IVA aplicable a las actividades dirigidas a la instalación de medios de autoconsumo y autogeneración eléctrica del 21% al 10%, a fin de reducir el coste fiscal, especialmente a las familias y otros usuarios sin capacidad alguna
de repercusión del impuesto'.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de noviembre de 2022.-Ricardo Chamorro Delmo, Mireia Borrás Pabón, Ángel López Maraver, Luis Gestoso de Miguel, María Magdalena Nevado del Campo, Francisco José Contreras Peláez y Pedro Jesús Requejo
Novoa, Diputados.-José María Figaredo Álvarez-Sala, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
Comisión de Cultura y Deporte
161/004611
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José María Figaredo Álvarez-Sala, Dña. María de los Reyes Romero Vilches, don José Ramírez del Río, don Francisco José Contreras Peláez, don Pedro Jesús Requejo Novoa, Dña. Mireia Borrás Pabón y don Rafael Fernández-Lomana Gutiérrez,
en su condición de Portavoz sustituto y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), respectivamente, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, formulan la siguiente
Proposición no de Ley relativa a la designación de Sevilla como sede permanente del Premio Velázquez de las Artes Plásticas otorgado por el Ministerio de Cultura y Deporte, para su debate en la Comisión de Cultura y Deporte.
Exposición de motivos
Primero. Don Diego de Velázquez y el Premio Velázquez de las Artes Plásticas.
Don Diego Rodríguez de Silva y Velázquez fue un artista del Siglo de Oro español nacido en Sevilla en el año 1599. Aprendió y ejerció su oficio de pintor en su ciudad natal hasta los 24 años, cuando se trasladó a Madrid para servir como
pintor de cámara en la corte de Felipe IV.
Sus obras, emblemáticas y mundialmente conocidas, suponen el culmen de la pintura española y son paradigmáticas del Siglo de Oro español. De sus aproximadamente 130 creaciones destacan indiscutiblemente La Venus del espejo (1650-1651), Las
hilanderas o la fábula de Aracne (1657) o Las meninas o la familia de Felipe IV (1656).
En el ámbito internacional, Velázquez obtuvo 'reconocimiento como pintor universal tardíamente, en el año 1850. Alcanzó su máxima fama entre los años 1880 y 1920, coincidiendo con la época de los pintores impresionistas franceses, para los
que fue un referente. Manet se sintió maravillado con su obra y le calificó como 'pintor de pintores' y 'el más grande pintor que jamás ha existido' 33.
Pues bien, en homenaje a su figura fue creado el Premio Velázquez de las Artes Plásticas (el 'Premio Velázquez') por Orden del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, de 17 de julio de 2001 34. Se trata de 'un galardón de carácter
internacional que premia la obra de un creador en el ámbito de las artes plásticas, en cualesquiera de sus manifestaciones' con el fin de 'destacar su aportación sobresaliente a la cultura española e iberoamericana'.
En un principio, los candidatos que podían optar a dicho premio podían ser solo de nacionalidad española. Sin embargo, posteriormente se amplió la posibilidad de presentar candidatura a nacionales de todos los países iberoamericanos.
En definitiva, este premio tiene por objetivo estrechar los lazos de unión entre el arte de España y el de los países de la Iberosfera, así como promover estas expresiones artísticas, poniendo de relieve el carácter universal de la cultura
hispanoamericana y bajo el amparo de quien fue 'el pintor más universal de la pintura española y uno de los que más han contribuido a que la cultura española adquiera fama universal', cuya 'figura (...) esa la pintura y a las artes plásticas en
general lo que la figura de Cervantes a las letras españolas', según señala la referida Orden.
Segundo. La influencia de la ciudad de Sevilla en la vida artística de Velázquez y la necesidad de reconocerla.
En Sevilla se forjó y desarrolló una de las escuelas pictóricas más extraordinarias de la historia del arte, con figuras como Murillo o Zurbarán, auténticas glorias de la cultura española. Sevilla es, también, como se señaló, la ciudad que
vio nacer a Velázquez y el lugar en el que este se inició en el arte durante el primer tercio del siglo XVII: el pintor nació y se formó en los talleres de sus mentores Herrera el Viejo y Francisco Pacheco.
Velázquez es uno de los hijos más ilustres de la ciudad hispalense y, como se refirió, es uno de los artistas en la historia que más ha contribuido a la universalización de la cultura hispana. De su etapa sevillana, aunque breve, destacan
obras como Vieja friendo huevos, El Aguador de Sevilla o la Adoración de los Reyes Magos. De hecho, la esencia sevillana acompañó al pintor en toda su obra.
Es necesario reconocer la relevancia de Sevilla en la figura artística de Velázquez. El nombramiento de la ciudad como sede permanente del Premio Velázquez supondría un impulso cultural y artístico para esta, y significaría una respuesta de
las Administraciones a las demandas de la sociedad civil sevillana, que ya ha desarrollado múltiples iniciativas para reivindicar el legado de Velázquez como, por ejemplo, la restauración de su casa natal.
Además, en el próximo año 2023 se cumplirá el IV Centenario del nombramiento de Velázquez como pintor de cámara del Rey Felipe IV, dignidad que ostentó hasta su fallecimiento en el año 1660.
Asimismo, debe recordarse como paralelismo que, desde su creación, el Premio de Literatura en Lengua Castellana Miguel de Cervantes se entrega en la ciudad natal de este escritor, concretamente en el Paraninfo de la Universidad de Alcalá de
Henares. Su entrega tiene lugar el día 23 de abril, aniversario del fallecimiento de Miguel de Cervantes.
33 https://datos.bne.es/persona/XX865983.html.
34 https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2001-14495.
Por consiguiente, y ateniéndonos la vinculación de Sevilla con Velázquez, nada obstaría a que la ciudad hispalense se convirtiera en sede permanente de estos premios. Es más, Sevilla, además de ser la ciudad natal de Velázquez, tiene el
Museo de Bellas Artes, que está considerado como la segunda pinacoteca más importante de España, solo por detrás del Museo del Prado 35. Es conocido que Sevilla, además, posee una importante vinculación con Hispanoamérica, pues durante muchos
siglos fue el puerto de entrada y salida hacia América, como atestigua, entre otras instituciones, la existencia del Archivo de Indias.
Es por ello por lo que este Grupo Parlamentario juzga razonable y necesario que Sevilla y, en particular, el Museo de Bellas Artes, sea designado como lugar de entrega del citado premio.
En virtud de lo expuesto, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a lo siguiente:
1. Designar a la ciudad de Sevilla y, en concreto, al Museo de Bellas Artes de Sevilla, como sede permanente del Premio Velázquez de las Artes Plásticas, otorgado por el Ministerio de Cultura y Deporte.
2. Impulsar la elaboración de un programa de actuaciones para el año 2023, con el objetivo de conmemorar con la dignidad que merece el IV Centenario del nombramiento de Velázquez como pintor de cámara del Rey Felipe IV. La elaboración y el
desarrollo de dicho programa deberán desarrollarse bajo la coordinación del Ministerio de Cultura y Deporte en colaboración con las distintas Administraciones territoriales involucradas y con otras instituciones públicas y privadas, que organizarán
exposiciones, seminarios y encuentros para glosar y homenajear la figura de uno de los mejores pintores de la historia universal'.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de noviembre de 2022.-José Ramírez del Río, Pedro Jesús Requejo Novoa, Mireia Borrás Pabón, Rafael Fernández-Lomana Gutiérrez, Francisco José Contreras Peláez y María de los Reyes Romero Vilches,
Diputados.-José María Figaredo Álvarez-Sala, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
Comisión de Asuntos Económicos y Transformación Digital
161/004617
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la Gobernanza de la Inteligencia Artificial, para su debate en la Comisión de
Asuntos Económicos y Transformación Digital.
Exposición de motivos
'La digitalización no solo hace la vida más eficiente, más rápida o más cómoda, sino que la modifica de un modo tan profundo que no resulta fácil hacerse cargo de hasta qué punto'. Esta reflexión del profesor Daniel Innerarity es el punto
de partida de esta iniciativa, porque la inteligencia artificial se ha convertido en algo cotidiano y presente en cada aspecto de nuestra vida, con un enorme potencial para afrontar algunos de los principales retos del mundo contemporáneo.
Como base fundamental de innovación tecnológica y empresarial, la digitalización y la inteligencia artificial asociada a la misma, son un elemento de transformación de nuestra realidad social, para lo bueno y para lo malo. Suponen cambios
tecnológicos y sociológicos con un impacto social sin precedentes, dado su alcance y la velocidad de sus propias actualizaciones y las actualizaciones a las que, por ende, someten a la economía, la industria, la empresa y la sociedad. Implican
conocimiento, a la vez que aportan un alto valor económico y social, y pueden ser un vector transversal para afrontar los grandes desafíos de nuestra sociedad, como la brecha de género, la transición ecológica y la vertebración territorial.
35 https://www.visitasevilla.es/historia/ un-dia-en-el-museo-de-bellas-artes#:~:text=El%20Museo%20de%20Bellas%20Artes%20de%20Sevilla%20posee%20una%20de, de%201os% 20maestros %20del%20Barroco.
Pero también hay que ser conscientes del 'lado oscuro' de la tecnología y la inteligencia artificial y de su capacidad para trasformar nuestro ser y estar en el mundo, de manera que puede no solo no cerrar las brechas ya existentes, sino
ampliarlas o crear otras nuevas, o en lugar de favorecer un sistema más más inclusivo, más social, generar nuevas fuentes de exclusión y desigualdad. La inteligencia artificial esconde potenciales riesgos derivados de los sesgos de los datos, de la
intrusión la vida privada o incluso de un potencial uso delictivo.
Parece evidente que la inteligencia artificial no es solo un instrumento tecnológico o una herramienta de decisiones, sino que es capaz de constituir realidades, y por tanto, desigualdades. Dada esta realidad, la inteligencia artificial es
un asunto colectivo, que como tal debe pensarse, diseñarse y negociarse, por lo que es necesario un esfuerzo regulatorio que proteja la privacidad, que evalúe los sistemas automáticos de decisión basados en datos y su capacidad discriminatoria, así
como códigos éticos que se constituyan como un gran pacto social de gobernanza de la inteligencia artificial.
En esta tarea, el liderazgo de los poderes públicos es fundamental para que los estados dispongan de herramientas para valorar el comportamiento ético de la inteligencia artificial, así como una legislación que lo regule, en su caso. El
objetivo debe se establecer un marco de referencia para el desarrollo de una inteligencia artificial fiable, explicable, transparente e inclusiva, centrada en la ciudadanía y como proyecto social compartido al servicio de un crecimiento económico
social, inclusivo y sostenible.
Por todo ello el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a:
1. Crear el marco de actuación apropiado y adaptar la legislación a la nuevas realidades y necesidades para proteger los derechos fundamentales y contar con un marco ético y jurídico adecuado, que preserve los derechos de la ciudadanía en
un mundo digital, que anteponga objetivos éticos y democráticos al desarrollo de la IA y que garantice la inclusión y el bienestar social.
2. Agilizar la puesta en marcha de la Agencia Nacional de Supervisión de la Inteligencia Artificial, una Agencia Estatal que, asumiendo las funciones que le otorgue el futuro Reglamento Europeo de IA, sea capaz de evaluar su impacto social,
que promueva los valores humanistas en la IA, que vele por el bienestar social a través de un marco ético que garantice los derechos individuales y colectivos de la ciudadanía, y potencie una IA inclusiva y sostenible, como vector transversal para
afrontar los retos sociales presentes y futuros.
3. Desarrollar la normativa necesaria para permitir sandboxes regulatorios para la aplicación de IA, de manera sean entornos seguros probar nuevas aplicaciones de IA para las potenciales entidades participantes, desde las pymes hasta las
agencias gubernamentales'.
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de noviembre de 2022. -Javier Alfonso Cendón, Patricia Blanquer Alcaraz, Valentín García Gómez, Antonio Hurtado Zurera, María Ángeles Marra Domínguez, José Luis Ramos Rodríguez, María Tamara Raya
Rodríguez, Diego Taibo Monelos, Pedro Casares Hontañón, Begoña Nasarre Oliva, José Antonio Rodríguez Sala y José Carlos Durán Peralta, Diputados.-José Zaragoza Alonso e Isaura Leal Fernández, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión de Sanidad y Consumo
161/004614
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José María Figaredo Álvarez-Sala, doña Mercedes Jara Moreno, don Juan Luis Steegmann Olmedillas, don Antonio Salvá Verd, don Andrés Alberto Rodríguez Almeida y don Tomás Fernández Ríos, en sus respectivas condiciones de Portavoz
sustituto y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (G.P.VOX), al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presentan la siguiente Proposición no de Ley para el refuerzo de la Estrategia en Ictus del Sistema Nacional de Salud, para su discusión en la Comisión de Sanidad y Consumo.
Exposición de motivos
Primero. Accidentes cerebrovasculares. El ictus.
Según datos de la Sociedad Española de Neurología ('SEN'), los accidentes cerebrovasculares afectan en España a 120.000 personas cada año. Se trata de la primera causa de muerte en mujeres y la segunda en el resto de la población. Sin
embargo, es posible incidir sobre los factores etiológicos en un 80% de las ocasiones desde Atención Primaria.
Los principales factores predisponentes son (i) el síndrome metabólico, (ii) los hábitos tóxicos como el alcohol y el tabaco, (iii) el sedentarismo, y (iv) el mal control de la anticoagulación en la fibrilación auricular.
Una vez que ha aparecido el evento isquémico cerebral, es necesario que el paciente acceda lo más rápidamente posible a un centro donde se puedan aplicar tratamientos de fibrinolisis o trombectomía. Está demostrado que la rapidez en la
detección de los síntomas, su identificación como una patología urgente y nunca postergable y el rápido traslado a un centro útil son acciones clave para salvar vidas y para mejorar las vidas de las personas que sobreviven. No en vano el grado de
discapacidad que puede resultar de este proceso es directamente proporcional al tiempo en que se demore el tratamiento.
Segundo. Estrategia en ictus del Sistema Nacional de Salud.
La Estrategia en Ictus del Sistema Nacional de Salud (2009) 36 (la 'Estrategia') estableció cinco líneas para el abordaje de este accidente cerebrovascular en nuestro sistema sanitario: (i) promoción y protección de la salud/prevención
primaria y secundaria; (ii) tensión en fase aguda al paciente con ictus; (iii) rehabilitación y reinserción; (iv) formación; y (v) investigación.
De otra parte, la Organización Europea del Ictus (European Stroke Organisation, ESO), en colaboración con la organización de pacientes Alianza del Ictus para Europa (Stroke Alliance for Europe, SAFE), establecieron nuevos parámetros en la
tercera conferencia de consenso en 2018, que dio lugar al Plan de Acción para el Ictus en Europa 2018-2030 37 que recogía siete aspectos principales referidos a: (i) prevención primaria; (ii) organización de los servicios de accidentes
cerebrovasculares; (iii) manejo del accidente cerebrovascular agudo; (iv) prevención secundaria y seguimiento organizado; (v) rehabilitación; (vi) evaluación del resultado del accidente cerebrovascular y evaluación de la calidad; y (vii) la
vida después del accidente cerebrovascular.
Tal y como manifiesta la SEN, a propósito del Día Mundial del Ictus, celebrado el pasado 29 de octubre 38, esta patología es la primera causa de discapacidad, la segunda causa de muerte y la segunda causa de deterioro cognitivo en la
población adulta.
Sin embargo, la actualización de la Estrategia nacional 39, con base en la adhesión de España al documento de consenso europeo en esta materia, refleja que el grado de implantación de la estrategia en las distintas regiones es desigual y
goza de un grado de implantación heterogéneo en los distintos sistemas sanitarios autonómicos.
Sin embargo, queda todo el recorrido por ejecutar en materia de atención pediátrica al ictus, así como de prestación al paciente con discapacidad y sus familiares. Los objetivos de reducción de la obesidad, con patrón desencadenante de
enfermedades isquémicas como el ictus, no solo no han avanzado, sino que han retrocedido en su ejecución a niveles previos a la publicación de la referida Estrategia.
Tercero. Propuestas de futuro para el refuerzo de la estrategia sobre Ictus.
1. En esta materia queda mucho trabajo por hacer. Para empezar, la mayoría de la población no identifica correctamente los síntomas y, al no existir dolor, demoran la consulta a un servicio médico.
En este punto, las campañas de concienciación, a nivel sanitario en centros de salud y en todo tipo de locales de ámbito sociosanitario, así como en los medios de comunicación y televisiones públicas, serían primordiales para educar a la
población acerca de lo que supone un ictus, de cómo puede incapacitar a la
36 https://www.sanidad.gob.es/organizacion/sns/planCalidadSNS/docs/EstrategiaIctusSNS.pdf.
37 https://www.safestroke.eu/2017/06/08/action-plan-stroke-europe-2018-2030/.
38 https://www.sen.es/attachments/article/555/DMI%20Triptico%20FINAL.pdf.
39 https://www.sanidad.gob.es/organizacion/sns/planCalidadSNS/docs/Estrategia_en_Ictus.Accesible.pdf.
persona y de cómo se disminuye mucho esta incapacidad (y, en bastantes casos, se evita) con una atención inmediata al paciente.
2. El siguiente punto mejorable es el tiempo entre el que el paciente se pone en contacto con un servicio sanitario y el momento en que recibe atención. Aquí inciden muy diversos factores, entre los cuales destacan el que se encuentre en
un medio urbano o rural, la región de España en la que viva y el diseño de los servicios de emergencias que no son homogéneos en todo el territorio nacional.
Una vez atendido el paciente, y diagnosticada in situ la existencia del ictus, es fundamental el traslado, de la forma más rápida posible, al centro útil más cercano donde, con una primera tomografía axial computarizada (TAC), se
diferenciará entre isquémico y hemorrágico, permitiendo así la decisión sobre la primera atención hacia el paciente.
3. Aquí se puede incidir, para acortar los tiempos, en la mejora de las comunicaciones terrestres y aéreas. Debe considerarse que la rapidez, siempre con seguridad -tanto del paciente como del personal sanitario-, el aumento del número de
vehículos dotados de personal sanitario para el transporte urgente, la posibilidad de traslado a cualquier hospital cercano (aunque no esté dentro de la misma región, principalmente en las zonas limítrofes entre regiones) y la posibilidad de ponerse
en contacto con las unidades de 'Teleictus', son esenciales para ir planteando las opciones terapéuticas y gestionando el ingreso en unidades de ictus.
4. Aún existen en España cinco regiones donde no se ha puesto en marcha la herramienta 'Teleictus' y sería más fácil dotar a la Sanidad de una unidad nacional de este servicio, a la que tuviesen acceso los profesionales sanitarios de todo
nuestro país. Estas unidades, atendidas por neurólogos que tengan acceso a la historia del paciente, y con las pruebas complementarias que se estén haciendo desde Urgencias, son primordiales para la agilización de los tratamientos pertinentes.
No todos los hospitales españoles cuentan con la presencia física de neurólogos. Tal presencia, además de evitar la discriminación en la atención entre españoles por su lugar de residencia, es fundamental en los casos de personas que han
sufrido un accidente cerebrovascular agudo cuya escala de evaluación neurológica (NEES) esté por debajo de 5 o por encima de 30. Estas personas no precisan de tratamiento con trombectomla ni trombolisis, por lo que pueden permanecer en el hospital
de origen, sin traslado a unidad especializada en ictus, pero esas evaluación y decisión debe efectuarlas un neurólogo. Si en el hospital no hay un neurólogo y tampoco se cuenta con la herramienta Teleictus, la decisión de que el paciente de esa
clase de accidente cerebrovascular agudo sea o no trasladado a una unidad de ictus es difícil de adoptar por el personal de urgencias -no especializado- hospitalario y extrahospitalario. Por ello, en estos casos dudosos, y a falta de la presencia
de neurólogo, disponer de Teleictus facilitaría la toma de decisiones y la óptima utilización de los recursos para el abordaje del ictus u otro evento no demorable.
Asimismo, en los hospitales comarcales donde no se oferta el servicio de neurología, el Teleictus beneficiaría enormemente a los equipos de urgencias y facilitaría la toma de decisiones, así como la disponibilidad inmediata de los recursos,
cuando el paciente llegase finalmente a una unidad de radiología intervencionista para realizar la trombectomía.
5. Es importante crear el Registro nacional de tiempos en ictus en la atención en todos los momentos del tratamiento (desde la identificación de los síntomas), así como incorporar una auditoría externa del mismo, a fin de asegurar la máxima
eficiencia en la atención a una patología responsable de la discapacidad de muchos españoles, y de comprobar que en cualquier punto de la geografía un enfermo es atendido con similares garantías, teniendo siempre presente que el tiempo es cerebro.
6. Cuando el paciente ya ha sido diagnosticado y tratado en urgencias, debe ser ingresado en una unidad de ictus, atendido por neurólogos y por enfermería especializada y entrenada en la aparición de complicaciones, tanto neurológicas como
secundarias a la gravedad del paciente (fundamentalmente neumonías por aspiración e infecciones urinarias). En poco tiempo se establece el estado definitivo del paciente y es fácil determinar el grado de ayuda que van a necesitar dicho paciente y
su familia, así como la posibilidad de reincorporarse y en qué grado a su vida normal.
La labor que realizan asimismo los trabajadores sociales, en colaboración con el personal sanitario, así como la agilización de todos los trámites para activar la solicitud de reconocimiento de la dependencia, desde el mismo ingreso
hospitalario, mejoraría la calidad de atención de forma exponencial con respecto a lo que existe en este momento.
7. En última instancia, la rehabilitación precoz es otro aspecto en el que resulta absolutamente necesaria la mejora en cuanto a los tiempos de atención, toda vez que cuanta más celeridad se introduzca
en este proceso, mayores son la recuperación del paciente y la posibilidad de reincorporarse a su actividad laboral, y menor es su grado de dependencia posterior.
Las situaciones de dependencia provocadas por casi todos los procesos de ictus incrementan los gastos sanitarios a nivel nacional. La persona que sufre un ictus, y también su familia, sufren un drástico cambio de vida, por lo que la actitud
mental de toda la unidad familiar hacia su nueva situación contribuye en gran medida a la salud mental global de la población. Sería pues igualmente muy deseable una mejor y más especializada atención a la salud mental en estas situaciones.
Al amparo de lo expuesto, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a promover, en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, la equidad y la igualdad en la atención de los accidentes cerebrovasculares y, en particular, del ictus.
A tal fin, se proponen las siguientes medidas:
1. En el seno de la Estrategia en Ictus del Sistema Nacional de Salud, impulsar la creación de un Registro nacional de tiempos en detección y atención al ictus que, igualmente, incorpore la promoción de campañas de concienciación ciudadana
que evidencie la importancia del rápido reconocimiento de sus síntomas para demandar la atención temprana de los pacientes a través del servicio de emergencias 112.
2. A fin de mejorar el control de los factores de riesgo que inciden en la aparición de ictus, fomentar la revisión y optimización de la atención extrahospitalaria al ictus en todos sus aspectos, otorgando la oportuna dotación
presupuestaria al efecto. Tales actuaciones deben incidir, fundamentalmente, en el transporte urgente, en la capacitación y el incremento del número de los profesionales implicados, y en la capacitación en patología neurológica -en todos los
niveles de trabajo- de Atención Primaria.
3. Impulsar la eliminación de cuantos obstáculos puedan existir para que los pacientes que estén padeciendo un ictus puedan ser tratados en el centro sanitario más próximo, con total independencia de la región donde se encuentren.
4. Promover la incorporación de los tratamientos de rehabilitación precoz en todos los pacientes con daño cerebral y, en caso necesario, permitir a los trabajadores sociales dar curso a las solicitudes de reconocimiento de la situación de
dependencia desde el mismo ingreso hospitalario'.
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de noviembre de 2022.-Mercedes Jara Moreno, Juan Luis Steegmann Olmedillas, Antonio Salvá Verd, Andrés Alberto Rodríguez Almeida y Tomás Fernández Ríos, Diputados.-José María Figaredo Álvarez-Sala,
Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades
161/004615
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para el desarrollo de instrumentos en materia de igualdad en la ciencia y la
investigación, para su debate en la Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades.
Exposición de motivos
La incorporación del talento de las mujeres a nuestra sociedad, combatiendo la injusta brecha de género existente, es uno de los grandes desafíos a los que se enfrenta nuestro país. Se trata de un reto esencial puesto que, sin la
participación e influencia de las mujeres, que representan más de la mitad de la población total, no será posible poder alcanzar un modelo social más justo, efectivo y sostenible y avanzar en una transformación verde, digital y feminista de nuestro
país. Una evolución que deberá de estar basada en el conocimiento, las tecnologías y la innovación.
España es un reconocido referente internacional en combatir la discriminación y la desigualdad gracias al impulso normativo y a las políticas en materia de igualdad entre mujeres y hombres que durante los últimos años se han puesto en
marcha. Pese a que nos encontramos en un buen punto de partida, aún es necesario desarrollar nuevas actuaciones que permitan la igualdad en la participación, también en el ámbito de la ciencia y la innovación.
Aunque las políticas de igualdad en la l+D+l han evolucionado notablemente, las mujeres aún son minoría en el Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTI). Del informe 'Científicas en Cifras' de 2021 de la Unidad de Mujeres y
Ciencia dependiente del Ministerio de Ciencia e Innovación, podemos extraer que persiste una pronunciada brecha de género, aunque avanza que existen ligeras mejoras en diferentes ámbitos y un aumento gradual en la presencia de investigadoras que ya
alcanzan el 41% del total del personal investigador, por encima de la media de la Unión Europea que se sitúa en un 34%. El propio informe señala, entre otras conclusiones, que existe una presencia inferior de estudiantes e investigadoras en áreas
STEM (acrónimo de los términos en inglés Science, Technology, Engineering and Mathematics); que las mujeres no continúan en la carrera investigadora ni progresan al mismo ritmo que sus compañeros; que existe una brecha en las solicitudes de
sexenios; o que no participan de forma plena e igualitaria en decisiones en el SECTI.
Además, el informe aborda los retos de futuro y a lo que han de responder las políticas de igualdad en materia de l+D+l: 'atraer el talento femenino hacia la investigación, especialmente en ingeniería y tecnología; retener y apoyar el
talento femenino en la investigación; e integrar la perspectiva de género en la l+D+l'
En este contexto, es indiscutible que las políticas públicas juegan un papel fundamental. Por ello, la reciente modificación de la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación ha introducido mecanismos de transversalidad de género y
medidas para una igualdad efectiva entre hombres y mujeres. Se dota, por primera vez, de seguridad jurídica a la igualdad en todos los agentes del SECTI, ahondando en el avance de las mujeres en la carrera científica, en medidas de acción positiva
y en programas para el fomento del emprendimiento de las mujeres.
De este modo, se ha logrado asegurar que la perspectiva de género se configure como imprescindible en la planificación de políticas de los agentes públicos, lo cual ha reforzado el desarrollo de la Estrategia Española de Ciencia, Tecnología
e Innovación 2021-2027 y en el Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación (PEICTI).
Una de las medidas transformadoras que contempla la Ley es la obligatoriedad para los agentes del SECTI de disponer y evaluar anualmente un Plan de Igualdad de Género en Ciencia, Tecnología e Innovación. Con este instrumento los agentes del
SECTI permitirían visibilizar a las investigadoras e innovadoras, así como la existencia de brechas de género; avanzar hacia una cultura organizacional que sea capaz de generar entornos igualitarios e inclusivos; e impulsar medidas concretas para
acelerar los cambios necesarios para lograr una igualdad real entre mujeres y hombres.
Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a desarrollar y poner en marcha los instrumentos y medidas necesarios para que el despliegue de medidas en materia de igualdad de la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación consiga
erradicar las brechas de género que persisten y garantizar una vida digna de quienes hacen ciencia e investigan en nuestro país, sin dejar a nadie atrás, y cuyos resultados y avances beneficien a mujeres y hombres por igual'.
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de noviembre de 2022.-Javier Alfonso Cendón, Helena Caballero Gutiérrez, Roberto García Morís, Miguel Ángel González Caballero, Sandra Guaita Esteruelas y Antonio Hurtado Zurera, Diputados.-José
Zaragoza Alonso e Isaura Leal Fernández, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión de Igualdad
161/004612
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley de modificación de la legislación
vigente relativa a los delitos contra la libertad sexual para su debate en la Comisión de Igualdad.
Exposición de motivos
El 6 de julio de 2021, el Consejo de Ministros aprobó el Proyecto de Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual después de dieciséis meses de trámites y duras discusiones en el seno del propio Gobierno y enfrentamientos entre
varios ministros, especialmente la propia Irene Montero, impulsora de la misma, y los entonces Ministros, Carmen Calvo, y Juan Carlos Campo.
El anteproyecto aprobado por el Consejo de ministros el 3 de marzo de 2020, recibió duras críticas por parte de prestigios juristas, que indicaron que tenía un tono 'sociológico' y 'político' y que carecía de sentido legal, y
fundamentalmente por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que lo rechazó unánimemente el mes de febrero de 2021 por cómo estaba redactado.
El Informe del Pleno del Consejo General del Poder Judicial se opuso a los dos asuntos centrales del texto: la redacción del consentimiento expreso y la supresión de la distinción entre abuso y violación. El informe alertaba de que se
modificaban 'de modo sustancial las normas sobre la carga de la prueba en el proceso penal, con riesgo de afectación del principio de presunción de inocencia'. Según ellos, se podría también estar desprotegiendo jurídicamente a la víctima, al no
diferenciar entre diferentes delitos.
El Consejo de Estado indica que esta Ley ni es 'un instrumento pionero' ni 'decisivo' de la protección contra las violencias sexuales. 'Nada más lejos de la realidad', destaca el texto, remontándose a la reforma del Código Penal de 1989.
'Ignorar los avances del pasado no ayuda a situar en su dimensión real la importancia de un anteproyecto que pretende continuar en el camino de tutela de la libertad sexual por ellos trazado'.
Con ese fin, bajo la apariencia de perseguir los nobles objetivos de una justa política reparadora, el Consejo de Ministros envió al Congreso de los Diputados un Proyecto de ley maniqueo, con un marcado sesgo ideológico, muy deficiente desde
el punto de vista técnico-jurídico, además de una cuestionable constitucionalidad por su afectación directa a derechos y libertades fundamentales garantizados por la Carta Magna. Proyecto de Ley que, después de una tortuosa tramitación
parlamentaria, fue aprobado definitivamente en el Pleno del Congreso de 25 agosto de 2022 envuelto en polémica (entre otros motivos por la fallida penalización del proxenetismo) y que, una vez que ha entrado en vigor ha dejado ver rápidamente sus
incoherencias jurídicas.
Concretamente, y en lo relativo a las penas recogidas en la nueva regulación del Código Penal. La Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de Garantía Integral de la Libertad Sexual, establece una horquilla progresiva en la que se
pretenden encajar todas las conductas a las que pueda enfrentarse los tribunales de justicia.
Así, en el caso del tipo básico de agresión sexual se establece una pena de prisión de 1 a 4 años, cuando la anterior regulación para las agresiones sexuales era de prisión de 1 a 5 años.
En el caso del tipo básico de violación se prevé una pena de prisión de 4 a 12 años, mientras que, con la redacción anterior, la violación se penaba con 6 a 12 años de prisión y en el caso de abusos sexuales con penetración de 4 a 10 años.
Para los tipos agravados, en el caso de agresión sexual, la pena es de 2 a 8 años de prisión, mientras que con la redacción anterior es de 5 a 10 años. El tipo agravado de violación pasa de penarse de 12 a 15 años, cuyo límite superior se
equipara al tipo básico de homicidio doloso (art. 138.1 CP), con una pena de 7 a 15 años.
En el caso de los menores de edad, por ejemplo, la agresión sexual con penetración va de 6 a 12 años, cuando antes era un abuso sexual con penetración de 8 a 12 años.
Esta situación ha provocado alarma ya que las penas en las que se subsumen estos hechos delictivos especialmente lesivos para las mujeres y menores se han visto reducidas para dar cabida a delitos de
menor envergadura. Esta circunstancia implica que muchos de los condenados por esto tipo de hechos puedan acogerse a una reducción de sus penas, a las que se aplica la prevalencia de la norma más favorable para el reo del artículo 2.2 del
Código Penal.
La entrada en vigor de la citada Ley ha supuesto la reducción de, hasta ahora, cinco sentencias, Un centenar más está en la misma situación, tan solo en la Audiencia Provincial de Madrid. Podemos suponer que en las otras Audiencias se esté
solicitando la revisión de un número similar de condenas.
Y es que el propio Fiscal General del Estado señaló en un medio de comunicación que el asunto será evaluado por la Junta de Fiscales de Sala, ya que es algo que invita a la 'reflexión'. En este sentido, adelantó que la intención es 'fijar
un criterio único' para estos casos y que los tribunales estén así preparados para resolver recursos que puedan presentarse en el futuro con similar argumento. Aunque García Ortiz subrayó que 'cada caso es único' y debe ser revisado por separado,
pero 'en estos momentos no tenemos la seguridad de que eso vaya a ser así'.
Esta situación es especialmente grave si tenemos en cuenta que el Consejo General del Poder Judicial, en su informe al anteproyecto, avisó al ministerio de lo que ocurriría: 'la reducción de los límites máximos de las penas comportará la
revisión de aquellas condenas en las que se hayan impuesto las penas máximas conforme la regulación vigente'.
El Grupo Parlamentario Popular recordó en el debate de totalidad del proyecto de ley que estas situaciones se iban a producir: 'La eliminación del delito de abusos -se ha dicho ya aquí-, tratando de manera uniforme cualquier ataque a la
libertad sexual, como si todos fueran de la misma gravedad, supone en la práctica una rebaja de las penas de los delitos más violentos por la necesidad del legislador de reducir el castigo destinado originalmente a los casos más graves, para dar
respuesta a aquellos que son menos violentos. De esta manera, se permite una discrecionalidad en la respuesta judicial que resulta alarmante y que permitiría, por ejemplo, tal y como han puesto de relieve algunos investigadores, que los miembros de
La Manada de 2016 -...-, condenados hoy a una pena de quince años, solo podrían ser condenados con este texto en vigor a diez años.
En resumen, el resultado es que, cuanto más leve es el delito, mayor la pena propuesta, y cuanto más grave, más se reduce su castigo; un absoluto despropósito, que no sabemos si se debe a la imprevisión, al desconocimiento o a la voluntad
de reafirmarse como alternativa antisistema, obviando las claras recomendaciones del Consejo General del Poder Judicial a este respecto'.
También lo advirtieron Asociaciones feministas 'Se pone de manifiesto que descalificar y desacreditar a quienes desde el ámbito jurídico y desde el feminismo hemos criticado ciertas medidas de este ministerio, tiene poco recorrido porque con
el tiempo, la realidad se impone' expone las representantes de Alianza Contra el Borrado de Mujeres.
La Asociación de Mujeres Juristas Themis señalaron en sus alegaciones su 'desacuerdo en la rebaja generalizada de penas para los delitos contra la libertad sexual' y en relación al artículo 178 del Código penal relativo al tipo básico
relativo al tipo básico de agresión sexual 'Aunque, ahora se haya eliminado el delito de abuso sexual y haya que ''reorganizar'' las penas y se contemplen agravantes, que antes también existían, en la práctica, casi con total seguridad, la reforma
va a suponer una imposición más leve de penas por parte de los Juzgados y Tribunales'.
Desde Themis alertaron de que las penas 'previstas actualmente para el delito de violación (acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal, o introducción de objetos o miembros corporales por las dos primeras vías) sufren una considerable
rebaja'. Y concluían: 'Mostramos desacuerdo con la rebaja de penas'.
Altamira Gonzalo, vicepresidenta de FeMeS, Asociación Española de Feministas Socialistas destacaba a un medio de comunicación 'Quiero pensar que era ignorancia y no un engaño. Nosotras hicimos la advertencia. Tanto el Gobierno como el
legislador pudieron rectificar esas condenas' 'Los jueces están sometidos al principio de legalidad y tienen la obligación de aplicar la ley vigente. La legislación tiene que tener una buena técnica'. Desde FeMeS recuerdan que sus integrantes
juristas 'habían manifestado y alertado, durante el proceso de tramitación de la Ley que la misma estaba mal implementada. Tal es así que expresamente se llamó la atención que una consecuencia evidente podría ser la reducción de penas.
Esta situación debe corregirse: estamos ante delitos deleznables, y situaciones delicadas para las víctimas, sobre todo por cuanto puede afectar a su recuperación definitiva.
La libertad sexual es un bien jurídico a defender y proteger, y muy concretamente, la libertad de autodeterminación sexual. En otras palabras, los delitos contra la libertad sexual e indemnidad sexual amparan, por un lado, la capacidad de
las personas mayores de edad en plenitud de sus facultades físicas o psíquicas de decidir realizar o no ciertas conductas de índole sexual, así como mantener o negarse a
mantener relaciones sexuales con otros, y por el otro, el derecho de toda persona a no sufrir daño (físico o psicológico o de otra índole) como consecuencia del desarrollo de estas acciones.
Además, indirectamente se protegen los derechos propios de la dignidad de las personas, y más concretamente de las mujeres, así como el derecho al libre desarrollo de la personalidad en la esfera sexual. Asimismo, se salvaguardan otros
bienes jurídicos como la integridad física y moral, e incluso la vida, e igualmente, el bienestar y desarrollo psíquico de los menores de edad, de las personas con dlscapacidad, su integración social, y su adecuado desarrollo físico y psicológico.
La sociedad lo ha entendido así en los casos que se han producido en los últimos años, y lo ha manifestado a través de un clamor unánime que demanda mejor protección, seguridad jurídica y una mayor claridad en la definición de los tipos que
permita aplicar más adecuadamente condenas contundentes, en consonancia con la gravedad de las agresiones, con todo el rigor de la ley.
En consecuencia, debe abogarse por un texto que responda a la necesidad de mejorar la proporcionalidad de la respuesta penal frente las situaciones de violencia sexual que sufren especialmente las mujeres, los menores de edad, y personas con
discapacidad: la Ley 10/2022 no es la respuesta adecuada.
Por todo lo expuesto y por toda una serie de razones que plasmamos en nuestras enmiendas, primero a la totalidad, y después en las 78 en el Congreso y 58 en el Senado, al articulado, seguimos mostrando nuestra oposición a esta Ley Orgánica
tal y como ha quedado redactada. El Grupo Parlamentario Popular apuesta por desarrollar el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, especialmente las medidas recogidas en el eje 8, lo antes posible, pero conforme a la legislación vigente, y a
la jurisprudencia de aplicación, y sin conculcar ninguno de los derechos fundamentales consagrados en nuestra Constitución; no a través de un texto normativo que no mejora la protección de las víctimas ni la condena de los agresores.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a revisar, por la vía de urgencia, la Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de libertad sexual, y para que quienes cometan delitos sexuales puedan tener, cuanto antes,
las mismas penas que estaban en vigor hasta septiembre de 2022 y que se han visto rebajadas con la actual regulación'.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de noviembre de 2022.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión sobre Seguridad Vial
161/004609
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Republicano, a instancia de la Diputada Marta Rosique i Saltor i la Diputada Inés Granollers Cunillera, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente
Proposición no de Ley relativa a las embarcaciones de recreo sin título, para su debate en la Comisión de Seguridad Vial y Movilidad Sostenible.
Exposición de motivos
El artículo 10 del Real Decreto 875/2014, de 10 de octubre, por el que se regulan las titulaciones náuticas para el gobierno de las embarcaciones de recreo, establece que, para el gobierno de embarcaciones que cumplan determinados requisitos
(embarcaciones a motor con una potencia máxima de 11,26 kilovatios y hasta 5 metros de eslora, las de vela hasta 6 metros de eslora y los artefactos flotantes o de playa; siempre que no se alejen más de dos millas náuticas de un puerto, marina o
lugar de abrigo y la actividad se realice en régimen de navegación diurna), no es preciso estar en posesión de titulación.
Desde la aprobación de dicha norma, ha proliferado la actividad de determinadas empresas que alquilan pequeñas embarcaciones para usos recreativos en determinados puntos del litoral a personas inexpertas y sin ningún conocimiento de
navegación ni formación alguna sobre el entorno.
En Menorca, donde cada año se suceden accidentes con este tipo de embarcaciones que se alquilan sin necesidad de disponer de titulación alguna, son varias las empresas dedicadas a este negocio. Esta actividad representa un peligro para la
integridad de los usuarios de dichas embarcaciones, pero también para el resto de las personas que disfrutan del mar, sean otros navegantes o bañistas.
Por ello, el pasado 15 de noviembre de 2021 el pleno del Consell Insular de Menorca aprobó una propuesta en la que se instaba a la Dirección General de la Marina Mercante del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana a suprimir el
artículo 10 del Real Decreto 875/2014, de 10 de octubre. De forma similar, el pleno del Ajuntament de Ciutadella aprobó una moción con idéntico contenido el 16 de diciembre de 2021. Sin embargo, ni el Consell Insular de Menorca ni el Ajuntament de
Ciutadella han recibido respuesta alguna por parte del Gobierno español.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Republicano presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno español a promover, en el plazo máximo de tres meses, la reforma del Real Decreto 875/2014, de 10 de octubre, con el objetivo de prohibir el gobierno de determinadas clases de embarcaciones sin
titulación, actualmente amparado por el artículo 10 del Real Decreto'.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de noviembre de 2022.-Marta Rosique i Saltor e Inés Granollers Cunillera, Diputadas.-Gabriel Rufián Romero, Portavoz del Grupo Parlamentario Republicano.
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 189 del Reglamento, las siguientes preguntas orales al Gobierno en Comisión, disponer su conocimiento por las Comisiones que se indican,
dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de noviembre de 2022.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
Comisión de Interior
181/002048
A la Mesa de la Comisión de Interior
Don Francisco Javier Ortega Smith-Molina, doña María Teresa López Álvarez, don Francisco José Alcaraz Martos, don Luis Gestoso de Miguel y don Ignacio Gil Lázaro, en sus respectivas condiciones de Portavoz Adjunto y Diputados del Grupo
Parlamentario VOX.
Dirigida al Ministro del Interior.
Texto:
¿Qué medidas ha adoptado el Gobierno, a través de su Ministerio, para proteger las obras de arte, cuadros y museos de titularidad de la Administración General del Estado?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de noviembre de 2022.-Francisco José Ortega Smith-Molina, María Teresa López Álvarez, Francisco José Alcaraz Martos, Luis Gestoso de Miguel e Ignacio Gil Lázaro, Diputados.
181/002049
A la Mesa de la Comisión de Interior
Don Francisco Javier Ortega Smith-Molina, doña María Teresa López Álvarez, don Francisco José Alcaraz Martos, don Luis Gestoso de Miguel y don Ignacio Gil Lázaro, en sus respectivas condiciones de Portavoz Adjunto y Diputados del Grupo
Parlamentario VOX.
Dirigida al Ministro del Interior.
Texto:
¿Qué medidas va a adoptar el Gobierno, a través del Ministerio del Interior, para impedir y evitar que las ONG defensoras del fanatismo climático inciten a la comisión de actos vandálicos contra el patrimonio histórico artístico español?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de noviembre de 2022.-Francisco José Ortega Smith-Molina, María Teresa López Álvarez, Francisco José Alcaraz Martos, Luis Gestoso de Miguel e Ignacio Gil Lázaro, Diputados.
Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana
181/002050
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Diputados doña Patricia Rueda Perelló, doña Patricia de las Heras Fernández, doña Cristina Alicia Esteban Calonje, don Onofre Miralles Martín, don Rubén Darío Vega Arias y don Juan Carlos Segura Just, Diputados del Grupo Parlamentario VOX.
Dirigida a la Sra. Ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
Texto:
Teniendo en cuenta la convocatoria huelga para los días 7 y 11 de noviembre, ¿considera que se están atendiendo a las demandas del personal ferroviario de Renfe?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de noviembre de 2022.-Patricia Ruedo Perelló, Rubén Darío Vega Arias, Onofre Miralles Martín, Patricia de las Heras Fernández, Juan Carlos Segura Just y Cristina Alicia Esteban Calonje,
Diputados.