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BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 533, de 22/11/2022
cve: BOCG-14-D-533
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BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
XIV LEGISLATURA
Serie D: GENERAL
22 de noviembre de 2022
Núm. 533
ÍNDICE
Control de la acción del Gobierno
PROPOSICIONES NO DE LEY
Comisión Constitucional
161/004589 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre el reconocimiento de la figura de Rafael del Riego y de la labor del Ayuntamiento de Las Cabezas de San Juan en la conmemoración del bicentenario ...
(Página5)
Comisión de Asuntos Exteriores
161/004593 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a exigir al Gobierno de Bolivia el cese de la represión violenta de la sociedad civil del Departamento de Santa Cruz ... (Página7)
161/004598 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa al movimiento cívico en Bolivia como consecuencia del aplazamiento de la elaboración del Censo 2023 por parte del Gobierno ...
161/004600 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, relativa a la justicia internacional y la impunidad de los ejércitos ... (Página9)
Comisión de Defensa
161/004584 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, relativa a un nuevo proceso voluntario de estatutarización en la Red Hospitalaria de la Defensa ...
Comisión de Presupuestos
161/004592 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, sobre la coherencia de los Presupuestos Generales del Estado con las necesidades reales de los españoles y el alivio de la carga fiscal de las clases medias y
populares ... (Página12)
Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana
161/004585 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plural, relativa a la cesión de los pisos de la SAREB a la Generalitat de Cataluña para que puedan ser destinados a vivienda social ...
161/004586 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre la retirada de los controles de seguridad de las estaciones de ferrocarril ... (Página18)
161/004587 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la rehabilitación de la antigua estación de ferrocarril Zafra-Huelva, en el término municipal de Zafra (Badajoz) ...
Comisión de Educación y Formación Profesional
161/004590 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a la educación contra el acoso escolar ... (Página20)
Comisión de Industria, Comercio y Turismo
161/004594 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plural, sobre la licitación del mantenimiento en las instalaciones de Navantia ría de Ferrol ... (Página23)
Comisión de Derechos Sociales y Políticas Integrales de la Discapacidad
161/004595 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, por la que se insta al Gobierno a retirar el anteproyecto de ley que regula los incentivos a la contratación laboral y otras medidas de impulso y
mantenimiento del empleo estable y de calidad ... (Página24)
Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico
161/004588 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la soledad no deseada en entornos rurales y de baja densidad de población ... (Página26)
Comisión de Cultura y Deporte
161/004582 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a la protección del patrimonio histórico-artístico de los ataques del radicalismo climático ... (Página27)
161/004596 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a los ataques al patrimonio cultural de los museos ... (Página29)
161/004602 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, para la conmemoración y homenaje a la figura de don Ángel Sanz Briz ... (Página31)
Comisión de Sanidad y Consumo
161/004597 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, relativa a la información sobre la Tarifa de Último Recurso de gas ... (Página35)
161/004599 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a reclamar servicios de atención al usuario en la Administración del Estado ... (Página36)
161/004601 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre acceso al registro civil en los supuestos de muerte perinatal ... (Página39)
Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades
161/004591 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Republicano, relativa a mitigar el impacto de la escalada de los precios de la energía sobre los centros dedicados a la investigación y al desarrollo ...
Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo
161/004603 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plural, sobre el refuerzo de la colaboración de la cooperación en los proyectos y programas de asistencia, acompañamiento y reinserción de los migrantes retornados en
África Occidental ... (Página41)
Comisión de Derechos de la Infancia y Adolescencia
161/004583 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a garantizar el efectivo cumplimiento del Acuerdo entre el Reino de España y el Reino de Marruecos sobre la cooperación en el ámbito de la prevención de la
inmigración ilegal de menores no acompañados, su protección y su retorno concertado, hecho en Rabat el 6 de marzo de 2007 ... (Página42)
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL
Comisión Constitucional
181/002045 Pregunta formulada por los Diputados Francisco José Contreras Peláez (GVOX), Sánchez García, José María (GVOX), López Álvarez, María Teresa (GVOX), Zambrano García-Raez, Carlos José (GVOX) y Gil Lázaro, Ignacio (GVOX), sobre
enmarque de la emisión por Correos y Telégrafos de la tirada de 135.000 sellos que conmemoran el centenario del Partido Comunista de España en el objetivo de 'recuperación, salvaguarda y difusión de la memoria democrática, entendida ésta como
conocimiento de la reivindicación y defensa de los valores democráticos y los derechos y libertades fundamentales a lo largo de la historia contemporánea de España' que postula la recientemente aprobada Ley de Memoria Democrática ...
181/002046 Pregunta formulada por los Diputados Patricia Rueda Perelló (GVOX), De las Heras Fernández, Patricia (GVOX), Esteban Calonje, Cristina Alicia (GVOX), Miralles Martín, Onofre (GVOX), Vega Arias, Rubén Darío (GVOX) y Segura Just,
Juan Carlos (GVOX), sobre razones que justifican la emisión de una tirada de 135.000 sellos por parte de Correos y Telégrafos con el propósito de glorificar el centenario del Partido Comunista de España ... (Página47)
Comisión de Hacienda y Función Pública
181/002044 Pregunta formulada por los Diputados Víctor González Coello de Portugal (GVOX), Ruiz Navarro, Eduardo Luis (GVOX), Jiménez Revuelta, Rodrigo (GVOX), Calvo Liste, Pablo Juan (GVOX), Cañizares Pacheco, Inés María (GVOX), Segura
Just, Juan Carlos (GVOX), Manso Olivar, Rubén Silvano (GVOX), Del Valle Rodríguez, Emilio Jesús (GVOX) y Sáez Alonso-Muñumer, Pablo (GVOX), sobre razones que justifican la emisión de una tirada de 135.000 sellos por parte de Correos y Telégrafos con
el propósito de glorificar el centenario del Partido Comunista de España ... (Página47)
Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana
181/002041 Pregunta formulada por los Diputados Patricia Rueda Perelló (GVOX), De las Heras Fernández, Patricia (GVOX), Esteban Calonje, Cristina Alicia (GVOX), Miralles Martín, Onofre (GVOX), Vega Arias, Rubén Darío (GVOX) y Segura Just,
Juan Carlos (GVOX), sobre valoración del impacto del Programa MOVES II de Incentivos a la Movilidad Eficiente y Sostenible en el número de infraestructuras de recarga de acceso público y en la movilidad ... (Página48)
181/002042 Pregunta formulada por los Diputados Patricia Rueda Perelló (GVOX), De las Heras Fernández, Patricia (GVOX), Esteban Calonje, Cristina Alicia (GVOX), Miralles Martín, Onofre (GVOX), Vega Arias, Rubén Darío (GVOX) y Segura Just,
Juan Carlos (GVOX), sobre actuaciones previstas para poner fin al paro nacional indefinido convocado por la Plataforma en Defensa del Sector del Transporte por Carretera para el 14/11/2022 ... (Página48)
181/002043 Pregunta formulada por los Diputados Patricia Rueda Perelló (GVOX), De las Heras Fernández, Patricia (GVOX), Esteban Calonje, Cristina Alicia (GVOX), Miralles Martín, Onofre (GVOX), Vega Arias, Rubén Darío (GVOX) y Segura Just,
Juan Carlos (GVOX), sobre balance que hace el Gobierno del Real Decreto-ley 14/2022, de 1 de agosto, de medidas de sostenibilidad económica en el ámbito del transporte, en materia de becas y ayudas al estudio, así como de medidas de ahorro,
eficiencia energética y de reducción de la dependencia energética del gas natural, en cuanto a dar respuesta a las demandas del sector ... (Página48)
181/002047 Pregunta formulada por los Diputados Patricia Rueda Perelló (GVOX), De las Heras Fernández, Patricia (GVOX), Esteban Calonje, Cristina Alicia (GVOX), Miralles Martín, Onofre (GVOX), Vega Arias, Rubén Darío (GVOX) y Segura Just,
Juan Carlos (GVOX), sobre razones que justifican la emisión de una tirada de 135.000 sellos por parte de Correos y Telégrafos con el propósito de glorificar el centenario del Partido Comunista de España ... (Página49)
Comisión de Industria, Comercio y Turismo
181/002040 Pregunta formulada por los Diputados Patricia Rueda Perelló (GVOX), Ruiz Solás, María de la Cabeza (GVOX), Figaredo Álvarez-Sala, José María (GVOX), Rodríguez Almeida, Andrés Alberto (GVOX) y Borrás Pabón, Mireia (GVOX), sobre
valoración del impacto del Programa MOVES II de Incentivos a la Movilidad Eficiente y Sostenible en el número de matriculaciones nuevas de vehículos eléctricos desde su puesta en marcha ... (Página49)
CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PROPOSICIONES NO DE LEY
La Mesa de la Cámara en su reunión del día de hoy ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 194 del Reglamento, las siguientes Proposiciones no de Ley y considerando que solicitan el debate de las iniciativas en Comisión, disponer
su conocimiento por las Comisiones que se indican, dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de noviembre de 2022.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
Comisión Constitucional
161/004589
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para el reconocimiento de la figura de Rafael del Riego y de la labor del
Ayuntamiento de Las Cabezas de San Juan en la conmemoración del Bicentenario, para su debate en la Comisión Constitucional.
Exposición de motivos
Rafael del Riego y Flórez Valdés [Santa María de Tuñas (Asturias), 1784-Madrid, 1823] es una de las figuras clave de la historia contemporánea de España. Su pronunciamiento en favor de la Constitución de 1812, el 1 de enero de 1820, en la
localidad de Las Cabezas de San Juan (Sevilla), dio comienzo al denominado Trienio Liberal (1820-1823). Se puede considerar que, tras las Cortes de Cádiz, el Trienio Liberal es el primer periodo de una actividad parlamentaria continuada en la
historia de España, una etapa en la que se permite llevar a la práctica y, en todo el territorio nacional, las medidas que habían surgido en la primera experiencia de las Cortes de 1810 a 1814 y que, en buena parte, son la base para la construcción
de una sociedad más justa, participativa y libre.
Rafael del Riego fue diputado por Asturias entre el 3 de diciembre de 1821 y el 27 de septiembre de 1823. Durante la legislatura de las Cortes ordinarias de 1822, ocupó la presidencia de la misma, entre el 25 de febrero y el 31 de marzo.
Durante el tiempo que ocupó la presidencia de la Cámara, mostró de manera inequívoca su compromiso inquebrantable con la Constitución, el liberalismo y las libertades del pueblo español. Así se refleja en diversos extractos de los Diarios
de Sesiones de las Cortes.
En la solemne apertura de la IV Legislatura de las Cortes, el 1 de marzo, en su discurso frente al Rey Fernando VII, Rafael del Riego recordó cuáles eran las atribuciones de las Cortes, así como el papel constitucional del Monarca:
'Las Cortes, Señor, sin excederse de sus atribuciones [...] se prometen asegurar para siempre el goce de las libertades del pueblo español, llevando por estos medios á la Nación al grado de prosperidad á que es acreedora: procurarán al
mismo tiempo dar nuevo brillo al Trono constitucional de V.M., y harán ver al mundo entero que el verdadero poder y grandeza del Monarca consiste únicamente en el exacto cumplimiento de las leyes'.
Por otra parte, también mostró ser una persona de férreas convicciones. Así, durante su presidencia, en la sesión plenaria de 4 de marzo, por unanimidad, se aprobó renunciar a una cuarta parte de las dietas que percibían para así
'contribuir al alivio de las urgencias públicas'. Mientras que, en la sesión del 3 de
abril, renunció también a una pensión de 80.000 reales que, como recompensa nacional, le habían otorgado las propias Cortes. En sus propias palabras:
'[...] Sí, ciertamente, en la época más arriesgada, yo he proclamado la Constitución, sin otro objeto que el de dar la libertad a mi Patria.
[...] ni mi carácter ni mis principios, ni cuantos resortes mueven el corazón del hombre honrado, me permiten aceptar, entre las recompensas con que se me distingue, la pensión de 80.000 rs., de que por medio de este escrito hago la renuncia
más formal y más solemne. Las Cortes, cuya autoridad en las cosas humanas es para mí lo más sagrado y respetable, no se empeñarán en angustiar mi corazón, ni en hacer que me mire a mí mismo con ojos de desaprobación y descontento. No soy rico;
más el sueldo del destino que la Patria ha confiado al cuidado de mis cortas luces y talentos satisfice, y con ventajas, a todas mis necesidades.'
Durante su mandato, Rafael del Riego también entendió la trascendencia que tenían los debates parlamentarios. Debido a los frecuentes errores que se producían, por parte de los taquígrafos de los periódicos, a la hora de reflejar y
trasladar las opiniones que sus señorías vertían durante los debates, se creó el Diario de Sesiones, entonces llamado 'Diario de Cortes', siendo desde ese momento el único Diario oficial para los Diputados (así consta en el Diario de Cortes de 25 de
marzo de 1822).
Además de esta medida, se reubicaron a los taquígrafos en otra localización, para que así pudieran 'oír mejor' y ejercer en mejores condiciones su labor.
Por último, también como presidente de las Cortes, Rafael del Riego hizo entrega solemne a la Cámara del sable con el que proclamó la Constitución, el 1 de enero de 1820 en la localidad de Las Cabezas de San Juan (Sevilla). Sable que fue
entregado a las Cortes y en la actualidad forma parte de los fondos del Congreso de los Diputados.
Por todo lo anterior y por su contribución a la consolidación de las libertades en nuestro país, merece el reconocimiento de esta Cámara en el Bicentenario de los acontecimientos que su figura protagonizó y que marcaron nuestra Historia.
De igual manera, se destaca el papel del Ayuntamiento de Las Cabezas de San Juan (Sevilla), como escenario que fue del histórico acontecimiento, durante el Pronunciamiento del 1 de enero de 1820 y por su empeño continuado en la defensa de la
figura de Rafael del Riego y en la conmemoración del Bicentenario del Pronunciamiento de Riego y el Trienio Liberal (1820-1823).
En consecuencia, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'1. El Congreso de los Diputados muestra, en el marco de la Conmemoración del Bicentenario del Pronunciamiento de Riego, en Las Cabezas de San Juan (Sevilla), y del Trienio Liberal, su reconocimiento a la figura de Rafael del Riego y
Flórez, Presidente de Las Cortes e impulsor de uno de los primeros periodos de experiencia parlamentaria de nuestra Historia.
2. Asimismo, reconoce y valora el papel del Ayuntamiento de Las Cabezas de San Juan (Sevilla) como escenario del histórico acontecimiento, protagonizado por Rafael del Riego, y su papel en la conmemoración del Bicentenario'.
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de noviembre de 2022.-Odón Elorza González, Valentín García Gómez, Carmen Calvo Poyato, Rafaela Crespín Rubio, Indalecio Gutiérrez Salinas, María Dolores Narváez Bandera, Esther Peña Camarero, Diego
Taibo Monelos y Uxía Tizón Vázquez, Diputados.-José Zaragoza Alonso e Isaura Leal Fernández, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión de Asuntos Exteriores
161/004593
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José María Figaredo Álvarez-Sala, don Iván Espinosa de los Monteros y de Simón, don Víctor González Coello de Portugal, don Alberto Asarta Cuevas, don Víctor Sánchez del Real, don Agustín Rosety Fernández de Castro y don Emilio Jesús del
Valle Rodríguez, en sus respectivas condiciones de Portavoz Sustituto, Portavoz y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente
Proposición no de Ley relativa a exigir al Gobierno de Bolivia el cese de la represión violenta de la sociedad civil del Departamento de Santa Cruz, para su discusión en la Comisión de Asuntos Exteriores.
Exposición de motivos
Único. Durante los últimos días, el departamento de Santa Cruz, motor económico de Bolivia, se encuentra asediado por fuerzas leales al Gobierno de Luis Arce. El motivo de este cerco a Santa Cruz es forzar -a través de medios violentos- al
Comité Cívico de la región al abandono de su paro indefinido.
Así las cosas, el paro organizado en Santa Cruz obedece a una cuestión económica, pero, sobre todo, política de primer orden. Las asociaciones civiles del citado departamento quieren que se actualice el censo de población y vivienda. El
actual se realizó en 2012, por lo que el siguiente debía realizarse en el año 2022. Además, el propio Luis Arce prometió actualizarlo en esa misma fecha.
Empero, el Gobierno finalmente ha decidido postergarlo hasta el año 2024. Con esta acción, el Gobierno de Arce pretende evitar los previsibles cambios políticos que se producirían en favor de la región. Esto es, el aumento de diputados -se
estima que tres- que se atribuiría en la Cámara al departamento de Santa Cruz, resultado de la emigración constante que llega a la región del resto del país, y que iría en detrimento de las circunscripciones rurales, que se reputan más favorables al
Gobierno del Movimiento al Socialismo ('MAS').
Asimismo, de producirse la actualización del censo en 2023, este sería aplicable para las elecciones de 2025. Es por ello por lo que el Gobierno de Luis Arce quiere retrasarlo hasta el 2024.
Ante estas posiciones antagónicas, el Ejecutivo boliviano ha movilizado a sus grupos afines -procedentes de otras regiones del país- para tratar de doblegar la voluntad de la sociedad civil cruceña a través de la coacción y el uso de la
fuerza. Estos extremos se evidencian con los altercados violentos que ya se están produciendo entre las fuerzas favorables al Gobierno y los ciudadanos de Santa Cruz. A mayor abundamiento, existen pruebas gráficas de cómo las fuerzas de seguridad
del Estado están armando con explosivos a los simpatizantes del Gobierno. Como consecuencia del cerco, en la ciudad de Santa Cruz -la mayor del país, con más de un millón y medio de habitantes- se están acumulando miles de toneladas de basura, lo
que está degradando el nivel de salubridad pública. Esto se debe sumar el asedio -por parte de los citados grupos afines al Gobierno- del parque industrial que provee de comida, bebida, medicamentos y carburante a los habitantes de la ciudad.
Este ataque al departamento de Santa Cruz, instigado y promovido por el Gobierno del MAS, es la prueba palmaria de la animadversión que siente el Ejecutivo de Luis Arce hacia cualquier tipo de oposición política. Este rasgo es común a los
movimientos comunistas totalitarios, enemigos de cualquier atisbo de Estado de Derecho.
A tal punto llega este repudio del sistema democrático que el Gobierno no duda en utilizar la fuerza de manera ilegítima para reprimir a su propio pueblo. Es por ello por lo que el Congreso de los Diputados, representante de la soberanía
nacional y del pueblo español, no puede sino rechazar la utilización de la violencia como medio para resolver un problema político. Además, el Congreso de los Diputados desea expresar su solidaridad con el pueblo hermano de Bolivia y conmina al
Gobierno del Estado boliviano a que cumpla con las obligaciones contenidas en la Declaración Universal de Derechos Humanos.
Por todo ello, y al amparo de lo expuesto anteriormente, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados, como representante del pueblo español, expresa su rotunda condena a la constante vulneración de los derechos de la persona por parte del Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia, y rechaza la utilización de
la violencia en Bolivia como medio para resolver un problema político.
Asimismo, el Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Exigir con firmeza al Estado Plurinacional de Bolivia que cumpla debidamente con la normativa internacional que ha suscrito y de la que es parte.
2. Urgir a la comunidad internacional, en los foros correspondientes, a permanecer vigilante y a prestar especial atención a la protección de los derechos de los bolivianos.
3. Condenar la constante vulneración de los derechos y libertades de la persona por parte del Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia'.
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de noviembre de 2022.-Víctor González Coello de Portugal, Víctor Manuel Sánchez del Real, Agustín Rosety Fernández de Castro, Alberto Asarta Cuevas y Emilio Jesús del Valle Rodríguez, Diputados.-Iván
Espinosa de los Monteros de Simón y José María Figaredo Álvarez-Sala, Portavoces del Grupo Parlamentario VOX.
161/004598
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa al movimiento cívico en
Bolivia como consecuencia del aplazamiento de la elaboración del Censo 2023 por parte del Gobierno, para su debate en la Comisión de Asuntos Exteriores.
Exposición de motivos
La ejecución efectiva de las políticas públicas resulta imprescindible para que las administraciones gubernamentales contribuyan a un buen desarrollo de las sociedades y, por tanto, de los países. Estas políticas deben ser medibles y
evaluables, porque de esta forma se puede contar con una clara visión de qué se hace bien, qué se debe replantear y qué se debe mejorar. Ello resulta imposible si no existen elementos fundamentales en la organización administrativa y democrática
como es un censo de población sobre el cual trabajar para implantar dichas políticas.
Los países en vías de desarrollo tienen muy claro que contar con un censo de población, no solo es justo a nivel informativo, sino que es la base para poder diseñar y ejecutar políticas públicas y programas que mejoren la administración
pública y la calidad de vida de sus ciudadanos.
Desde el pasado 22 de octubre, Bolivia ha sido el escenario de un nuevo movimiento cívico y social en la región de Latinoamérica. La ciudadanía se ha manifestado en contra del actual Gobierno exigiendo a este que lleve a cabo el Censo
Nacional de Población y Vivienda previsto para este año y que fue postergado para 2024, según el Gobierno, debido a cuestiones técnicas. De dicho censo no solo depende la población con derecho a voto, sino también la población con derecho a recibir
ayudas sociales o prestaciones procedentes del Estado.
Los manifestantes, conscientes de la importancia de este censo, piden al Gobierno que se realice este en 2023. En ciudades como La Guardia o Santa Cruz se han vivido graves situaciones de enfrentamiento a causa de la manifestación.
Uno de los principales ejes rectores de la política exterior de nuestro país es la defensa y la promoción de los derechos humanos y en múltiples ocasiones este Gobierno ha manifestado públicamente el compromiso que tiene con América Latina,
dados los lazos históricos y culturales que nos unen. Por ello, teniendo en cuenta que en la situación que se vive Bolivia en la actualidad han surgido diferentes voces que denuncian violaciones de los más elementales derechos humanos y exigen que
se respete la libertad
de prensa y de manifestación, resulta imprescindible que desde España se actúe en consecuencia, con el objetivo de garantizar las libertades y derechos fundamentales, así como un correcto funcionamiento democrático-institucional y una buena
convivencia entre bolivianos.
La línea que garantiza la independencia y separación de los poderes públicos, pilares indispensables de cualquier estado democrático, parece que tiende a diluirse en Bolivia en el actual contexto. Ya en anteriores ocasiones, tanto la
Organización de los Estados Americanos como el Alto Representante de la Unión Europea o el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos han solicitado el cese de la persecución y la recuperación de las plenas garantías
constitucionales en Bolivia y han mostrado su preocupación por la delicada situación política en la que se encuentra el país y la deriva autoritaria que está retomando el gobierno de Arce.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Condenar la represión hacia los manifestantes en Bolivia que exigen la realización del Censo de Población y Vivienda en 2023.
2. Instar al Gobierno boliviano a respetar, cumplir y proteger los derechos humanos en el ámbito de sus actuaciones.
3. Solicitar un informe técnico a la Embajada de España en La Paz, sobre los hechos sucedidos en las ciudades de Santa Cruz y La Guardia con motivo de las manifestaciones antes citadas.
4. Instar al Gobierno boliviano a que busque el diálogo con la sociedad civil para poder llegar a un acuerdo respecto al Censo de Población y Vivienda'.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2022.-María Valentina Martínez Ferro, Pablo Hispán Iglesias de Ussel, Belén Hoyo Juliá, Juan José Sáez Matarí y José Antonio Bermúdez de Castro Fernández, Diputados.-Concepción
Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/004600
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta esta Proposición no de Ley para su
debate y aprobación en la Comisión de Asuntos Exteriores, relativa a la justicia internacional y la impunidad de los ejércitos.
Exposición de motivos
Los episodios acaecidos en Bucha y otras ciudades de Ucrania, donde han aparecido centenares de cadáveres de civiles con signos de violencia, a los que se suman testimonios de violaciones, agresiones, abusos y asesinatos de personas que no
participan en el conflicto armado a manos de las tropas rusas, o bien el uso de armamento y proyectiles no permitidos por el derecho internacional, ponen de nuevo el foco en los crímenes y la vulneración de los Derechos Humanos practicados por los
ejércitos que en la mayor parte de casos quedan impunes. Según las informaciones más recientes de Naciones Unidas, el número de civiles asesinados confirmados en Ucrania se elevaría a 5.916, a los que se suman otros 8.616 heridos de diversa
consideración. Para la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos las cifras reales serían mucho más altas.
Solo entre los días 1 y 14 de abril pasados la defensora del pueblo de Ucrania registró 400 llamadas denunciando agresiones sexuales por las tropas rusas, violaciones de mujeres y niñas que están provocando, además de daños físicos y
morales, enfermedades venéreas y embarazos no deseados. En muchos de estos casos, estos crímenes se han llevado a cabo por parte de más de un individuo y en público, delante de miembros de la comunidad, familiares e incluso delante de niños.
Aparte de que estas prácticas son de por sí contrarias al respeto a la igualdad y al cumplimiento de los derechos básicos de
las víctimas, la situación ha llevado a plantear que la violencia sexual se puede estar usando de manera premeditada y organizada como 'arma de guerra', una estrategia de terror que sirve para minar la moral del pueblo y las tropas ucranias
a la vez que los deshumaniza frente a las fuerzas invasoras, constituyéndose, en último término, como herramienta para la limpieza étnica, por todo lo cual se puede sostener que se trata de crímenes de guerra que pueden constituirse como crímenes de
lesa humanidad.
Lo ocurrido en Ucrania no es un caso aislado; similares situaciones se suceden en el marco de otros conflictos armados, como los de Líbano, Irak, Etiopía, Armenia-Azerbaiyán, Siria o Palestina. Según datos de la ONU para el año 2020, el
fuego cruzado, el uso de armas ligeras, la utilización de armas explosivas en zonas pobladas y el uso excesivo de la fuerza de agentes estatales en los diferentes conflictos armados activos a lo largo del mundo habría causado más de 10.000 víctimas
entre niños y niñas, incluyendo 4.019 muertes y 6.154 menores afectados por mutilaciones. Asimismo, se detectó el uso de la violencia sexual y de género en 19 contextos, señalándose la responsabilidad de 54 actores armados, en su mayoría de
carácter no estatal, aunque también se denunció la implicación de cuerpos de seguridad estatales de varios países, incluyendo República Democrática del Congo, Myanmar, Somalia, Sudán, Sudán del Sur y Siria.
Según el derecho internacional, el genocidio, la tortura, los traslados forzosos de población, la violación y otras formas graves de violencia sexual, los asesinatos, cuando son cometidos en el curso de un conflicto armado, son condenables y
perseguibles como violaciones de los derechos humanos y como crímenes de guerra. Pero hasta el momento, y salvo casos concretos, la mayor parte de crímenes y vulneraciones de estos derechos producidos por la actuación de las tropas en conflicto han
quedado impunes, o en algunos casos investigados por organismos internacionales y organizaciones no gubernamentales pero nunca enjuiciados. Esta situación no hace sino favorecer este tipo de comportamientos, en los que se involucran tanto las
propias tropas combatientes como sus responsables militares y políticos.
Todo ello hace necesario que, desde los organismos internacionales, se refuercen las medidas y actuaciones para hacer posible, en las mejores condiciones, la investigación y enjuiciamiento de las actividades criminales y abusivas realizadas
y auspiciadas por los ejércitos en conflicto y sus responsables, así como la determinación de responsabilidades penales y civiles que de ello se deriven, de tal forma que se promueva el cumplimiento de la legislación internacional de aplicación y la
Carta Universal de los Derechos Humanos.
Por todo ello se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Impulsar, en el seno de la Organización de las Naciones Unidas y el resto de instancias relacionadas, el establecimiento y refuerzo de los mecanismos y recursos dedicados a la investigación de casos y el seguimiento y control de la
actividad de los ejércitos que participan en conflictos armados que permitan garantizar el cumplimiento, por parte de estos, de la legislación internacional de aplicación y la Carta Universal de los Derechos Humanos.
2. Promover de manera activa, en el marco de la Corte Penal Internacional, la Corte Internacional de Justicia de la ONU, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y el resto de instancias relacionadas, la investigación y enjuiciamiento de
los crímenes y vulneraciones de los Derechos Humanos cometidos por las tropas de los ejércitos participantes en los distintos conflictos armados que tienen lugar en el mundo'.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2022.-Antonio Gómez-Reino Varela, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común.
Comisión de Defensa
161/004584
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a un nuevo proceso
voluntario de estatutarización en la Red Hospitalaria de la Defensa, para su debate y aprobación en la Comisión de Defensa.
Exposición de motivos
En el año 2008, los trabajadores del Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla, situado en el distrito madrileño de Latina, prestaban sus servicios como personal laboral o bien como personal estatutario. A principios de ese año se aprobó el
Real Decreto 187/2008, de 8 de febrero, por el que se establece el procedimiento de integración en la condición de personal estatutario del personal laboral de la Red Hospitalaria de la Defensa.
Dicho procedimiento permitió la integración, tal y como se recoge en su artículo 2 y posterior anexo, de los siguientes profesionales:
Grupo I: Titulado Superior con titulación/Especialidad.
Facultativo Especialista de Área. Personal Técnico Titulado Superior. Médico Jerarquizado de Medicina General.
Grupo II: Titulado Medio con Titulación para el ejercicio de la función.
Matrona. ATS/DUE. Fisioterapeuta. Terapeuta Ocupacional.
Grupo III: Técnico Superior con titulación para el ejercicio de la profesión.
Técnico Especialista.
Grupo IV: Oficial con titulación para el ejercicio de la profesión o autorización o habilitación legal (disposición adicional séptima de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre).
Auxiliar de Enfermería.
Grupo V: Ayudante según tareas desarrolladas.
Celador.
Aun así, muchos de los trabajadores del Centro quedaron directamente excluidos de este proceso. Por un lado, el personal funcionario y, por otro, todos aquellos laborales que realizaban actividades de oficios, así como administrativos o
trabajadores sociales.
Que dicho procedimiento fue injusto y excluyente es una cuestión obvia, y no solo desde un punto de vista subjetivo; también lo es atendiendo a la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios
de salud, que recoge textualmente:
'Disposición adicional quinta. Integraciones de personal.
Al objeto de homogeneizar las relaciones de empleo del personal de cada uno de los centros, instituciones o servicios de salud, y con el fin de mejorar la eficacia en la gestión, las Administraciones sanitarias públicas podrán establecer
procedimientos para la integración directa, con carácter voluntario, en la condición de personal estatutario, en la categoría y titulación equivalente, de quienes presten servicio en tales centros, instituciones o servicios con la condición de
funcionario de carrera o en virtud de contrato laboral fijo.
Asimismo, se podrán establecer procedimientos para la integración directa del personal laboral temporal y funcionario interino en la condición de personal estatutario temporal, en la categoría, titulación y modalidad que corresponda'.
Por consiguiente, el proceso voluntario de estutarización promulgado en el decreto de 2008 resultaba discriminatorio para un gran número de trabajadores de la Red Hospitalaria de la Defensa, al contradecir una norma de rango mayor como es la
Ley 55/2003.
Del mismo modo, esta situación limita no solo el desarrollo profesional de los trabajadores, sino la posibilidad de que los mismos cobren los complementos propios de dicha formación. La retribución de estos complementos supondría una
notable mejora en sus salarios y, por ende, una significativa mejoría de sus condiciones materiales y vitales.
Por todo ello el Grupo Parlamentario presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a completar los procesos de estabilización y acceso libre de personal estatutario y, una vez finalizados, abordar un nuevo proceso de estatutarización de carácter voluntario para el personal
laboral sanitario, personal laboral no sanitario y personal funcionario de la Red Hospitalaria de la Defensa'.
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de noviembre de 2022.-Roser Maestro Moliner, Diputada.-Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común.
Comisión de Presupuestos
161/004592
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José María Figaredo Álvarez-Sala, doña Inés María Cañizares Pacheco, don Rodrigo Jiménez Revuelta, don Rubén Silvano Manso Olivar, don Víctor González Coello de Portugal y don Pablo Sáez Alonso-Muñumer, en su condición de Portavoz
sustituto y diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente Proposición no de Ley para la coherencia de los Presupuestos Generales del
Estado con las necesidades reales de los españoles y el alivio de la carga fiscal de las clases medias y populares, para su discusión en la Comisión de Presupuestos.
Exposición de motivos
Primero. El Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2023.
El pasado 6 de octubre (y, por tanto, fuera del plazo establecido en la CE) el Gobierno remitió a las Cortes Generales el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2023 (el 'PLPGE 2023', el 'Proyecto', el 'Proyecto de
Presupuestos' o, impropiamente, los 'PGE 2023').
Este Proyecto fue anunciado por el Ministerio de Hacienda y Función Pública con expresiones como que 'benefician a la mayoría social e impulsan la eficiencia económica', 'contemplan un gasto social récord', o 'por primera vez en más de diez
años se efectúa una aportación al Fondo de Reserva, de 2.957 millones, destinada a la llamada ''hucha de las pensiones'', lo que refuerza la sostenibilidad del sistema', entre otras.
A pesar de esta propaganda, el Proyecto está, de nuevo, alejado de esta realidad: el PLPGE 2023 es un ataque al bienestar de los españoles.
En las presentes circunstancias de elevadísima inflación, que en la actualidad se sitúa en el 8,9 %, y con unas perspectivas ciertas de empeoramiento que pueden llevar a la recesión y estanflación de nuestra economía, el Gobierno presenta de
nuevo un Proyecto cuya falta de anclaje en los datos ha sido denunciada por instituciones independientes como el Banco de España o la AIReF, quienes han emitido informes y declaraciones muy críticos con este Proyecto.
En materia financiera y presupuestaria, el Gobierno aboga en el PLPGE 2023 por una filosofía de la irresponsabilidad, que derrocha los ingresos extraordinarios generados por el reciente récord de recaudación
debido, en gran parte, a la inflación. Tampoco baja impuestos en la medida en que la situación de los españoles y su bienestar exige. Los PGE 2023 vuelven, de esta manera, a despreciar que todo céntimo que aporte el sudor y el trabajo de
los españoles tiene que ser custodiado con los máximos criterios éticos y de diligencia, así como presupuestado y ejecutado con la dignidad y excelencia que estos merecen.
En línea con lo anterior, el Proyecto de Presupuestos también presenta una estimación de ingresos (y, precisamente por ello, de crecimiento económico) ficticia, que basa su filosofía en machacar a las clases medias y populares.
En materia netamente política, el desglose y análisis del Proyecto da buena cuenta de lo que no persigue el Proyecto y de lo que son prioridades para el Ejecutivo. En el primer grupo se encuentran las necesidades reales de las familias, de
nuestros jóvenes y mayores, que son deliberadamente ignoradas por el Gobierno.
Entre las prioridades para el Gobierno no está reformar el sector público para hacerlo acorde a las necesidades de prudencia y equilibrio, sino mantener los miles de organismos, observatorios, comisionados, comités, consejos y entidades
varias que en nada mejoran nuestra calidad de vida, sino que nutren un Estado de bienestar para los políticos que se sufraga con el dinero de todos. Tampoco ahondar en la igualdad entre los españoles, sino captar apoyos entre políticos y partidos
separatistas y filoterroristas, entre gobernantes regionales desleales con España, para mantenerse en el poder.
En definitiva, se trata de un Proyecto de Presupuestos muy expansivo en el gasto, pero más aún en la ruina, en el derroche, en la irresponsabilidad y en el empobrecimiento de los españoles, cuya maldad e inadecuación reside en su baja
calidad y en sus nefastos principios inspiradores. El Gobierno ignora la necesidad de replantear completamente todos los gastos del presupuesto, cada sección, cada programa, cada partida; en muchos casos, estas no son modificadas desde los años
ochenta del siglo pasado.
Segundo. Los perjuicios reales del PLPGE 2023 en los españoles.
Las familias españolas no pueden ya satisfacer plenamente sus necesidades con los salarios de sus miembros. Los jóvenes no encuentran oportunidades de empleo y desarrollo dignas en sus lugares de origen. La renta disponible y los datos de
consumo de los hogares no consiguen recuperar los niveles del año 2019.
A pesar de lo anterior, el Gobierno no lleva a cabo las bajadas de impuestos en la cuantía y profundidad que la situación exige, y ni siquiera deflacta impuestos directos para corregir subidas de salarios a causa de la inflación que no
suponen un aumento real de la capacidad de pago. Tampoco legisla un impuesto a la banca y a las energéticas que destine íntegramente el importe de lo recaudado a rebajar satisfactoriamente la factura energética de los españoles. De esta manera:
- En cuanto al IRPF, en 2023, está previsto recaudar por IRPF 26.231 millones de euros más que cuando comenzó la legislatura (43,05 % de lo recaudado en 2023 frente al 40,8 % de 2019). El 61,5 % de lo recaudado es aportado por el 89 % de
los contribuyentes, que tienen rentas medias inferiores a 40.000 euros brutos anuales 1. Pese al relato del Gobierno, estos datos evidencian que el mayor peso de los impuestos y sus aumentos recae sobre las clases medias y populares.
- En 2023, la recaudación por IVA está previsto que sea 14.555 millones de euros mayor que en 2019: un español medio abonará el próximo año 1.815 euros por IVA, cuando en 2019 su contribución apenas pasaba de los 1.500 euros; esto es, un
20 % más a causa de la inflación.
- Las cotizaciones sociales son otro campo en el que se evidencia el expolio del Gobierno a las clases medias y populares. Así, el Ejecutivo espera aumentar los ingresos por este concepto en un 9,7 %, hasta los 184.522 millones de euros, lo
que supone un nuevo incremento de cargas de otros 1.600 euros por trabajador. Sumando la parte de cotizaciones que corre a cargo de los empresarios, el Gobierno ingresará en concepto de cotizaciones sociales 61.523 millones de euros más que en 2019
(después de 15 aumentos en este periodo), hasta los 3.000 euros de media por trabajador. A pesar de este nuevo aumento, el Estado no será capaz de cubrir, con las cotizaciones de empresarios y trabajadores, la financiación de la Seguridad Social.
1 https://sede.agenciatributaria.gob.es/AEAT/Contenidos_Comunes/La_Agencia_Tributaria/Estadisticas/Publicaciones/sites/irpf/2020/jrubikf5d46f62bbe585978e51bef5e5796f8381b43586d .html.
https://sede.agenciatributaria.gob.es/AEAT/Contenidos_Comunes/La_Agencia_Tributaria/Estadisticas/Publicaciones/sites/irpf/2020/jrubikf603e462837c5f0165551561efdee4f0c875fd1e9.html.
Con datos en contabilidad nacional de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), lo que pagamos los españoles por IVA e IRPF y por cotizaciones sociales ha pasado de suponer el 28,8 % del PIB en 2019 a alcanzar el 32,1%
en 2021.
Tercero. Nunca un Gobierno había gastado tanto, ni tan mal.
Es indudable que la capacidad de gasto público en estos momentos se ve coartada por el endeudamiento en que han incurrido los sucesivos Gobiernos. Los partidos de izquierda y del actual Gobierno suelen utilizar como mantra que 'los
impuestos van a sanidad, a educación y a pagar servicios públicos'.
Se pretende con ello proscribir socialmente a quien denuncia el aumento de la presión fiscal y el incremento desaforado del gasto político (fundamentalmente relacionado con la ideología de género, el multiculturalismo o la nueva religión
climática). También a quien cree que la mejor política pública es llevar a cabo una bajada masiva de impuestos y acabar con los tipos abusivos destinados a sostener el estado de bienestar de los políticos y el gasto superfluo, de tal manera que los
recursos se destinen a lo verdaderamente importante: el estado de bienestar, libertad y seguridad de los españoles.
Sin embargo, esta manoseada expresión se repite hasta la saciedad por quienes utilizan el presupuesto público para extender redes clientelares y mantener un sistema plagado de gasto inútil, mediante organismos improductivos y una masiva
asignación de subvenciones que no revierten en el bien común.
No en vano, numerosos organismos, públicos y privados, han alertado de las ineficiencias que el referido eslogan esconde. Así:
- La AIReF publicó en junio de 2019 su primer estudio de revisión de gasto público (Spending Review), centrado en la evaluación de la estrategia y los procedimientos seguidos en la concesión de subvenciones públicas 2.
Este estudio denunció que 'no es posible determinar el volumen de gasto total en subvenciones públicas en España dado que no hay una única fuente ni existe un concepto único de subvención'. A pesar de ello, cifró las subvenciones concedidas
por la Administración General del Estado en 14.300 millones de euros en 2017, de acuerdo con la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS), no obstante las limitaciones de esta herramienta. También concluyó que en España existe una 'clara falta
de vinculación entre las políticas públicas, la programación presupuestaria y los planes estratégicos de subvenciones' y señaló que 'los controles están únicamente centrados en el control de legalidad, dejando de lado la evaluación de eficacia y
eficiencia que también contempla la normativa vigente'.
- Por su parte, el Instituto de Estudios Económicos ('IEE'), en el número 1 de su revista correspondiente al ejercicio 2022, ha publicado el estudio 'Por una mejora de la eficiencia del gasto público en España'. En este afirma que 'lo que
se debe tener en cuenta a la hora de evaluar si la gestión pública es adecuada son sus niveles de eficiencia y eficacia' y que 'un mayor gasto público no necesariamente conlleva un mejor desempeño' . Es más, 'en el caso de la Administración, la
Educación, la Sanidad y las Infraestructuras, no se halla una correlación clara entre ambas variables [...]. De hecho, en algunos casos, la correlación es negativa, evidenciando que un menor nivel de gasto puede producir mejores resultados [...]'.
El estudio apunta, por último, que 'las subidas impositivas para cubrir las pérdidas de recursos derivadas de esta ineficiencia del gasto son distorsionadoras, incrementando el exceso de gravamen que soportan los contribuyentes y
amplificando los costes que, en términos de impuestos, supone dicha ineficiencia del gasto. De igual modo, [...] los incrementos de impuestos tienden a reducir los niveles de eficiencia del sector público'.
El IEE señala que 'la búsqueda de la eficiencia del gasto público es una cuestión de justicia social, en tanto que los ciudadanos realizan un gran esfuerzo para pagar sus contribuciones y se merecen que estos recursos no sean malgastados al
emplearse de una manera ineficaz e ineficiente'.
A pesar de lo expuesto, el IEE señala que 'España podría reducir su gasto público en un 14% y seguir ofreciendo el mismo nivel de servicios públicos si lograra mejorar su eficiencia hasta alcanzar niveles similares a los de la media de la
OCDE'. El ahorro de recursos de todos los españoles (que, recordemos, han de gestionarse con los más altos criterios éticos y de diligencia) sería de 60.000 millones de euros, aunque esta cifra podría ser mayor en la actualidad a causa del
deterioro de la eficiencia del gasto público en nuestro país, medida por el propio IEE, que se registra desde 2019.
2 https://www.airef.es/es/estudio-1-estrategia-y-procedimiento-en-la-concesion-de-subvenciones/.
Ejemplos sangrantes de este derroche que llevan a cabo los PGE 2023 son los 200 millones destinados a políticas de 'igualdad de género' y al lobby LGTBI; los 7,5 millones de euros a la Dirección General de 'Derechos' de los Animales; los
8,2 millones del Ministerio de Universidades a becas de inmersión lingüística; los 107,8 millones para el Fondo de Protección a la Cinematografía; el casi millón y medio de euros a organismos de dudosa utilidad para el bien común como el Institut
d'Estudis Catalans, la Academia de la Lengua Vasca (Euskaltzaindia), la Sociedad de Estudios Vascos-Eusko Ikaskuntza, la Real Academia Galega, la Jakiunde (Academia regional vasca de las Ciencias, de las Artes y de las Letras) o la Academia de la
'Llingua Asturiana'; o las jugosas donaciones a Open Government Partnership, al Fondo Conjunto de las Naciones Unidas para los ODS (2 millones de euros) o las que se enmarcan en 'contribuciones voluntarias en el ámbito político', por importe de
casi 39 millones de euros.
Cuarto. Las soluciones que propone VOX.
Resulta evidente que, si no se dilapidase tanto dinero público, no sería necesario mantener el nivel de expolio fiscal que este Gobierno ha llevado a cifras históricas. Por eso, VOX propone una serie de soluciones de sentido común que
tienen como finalidad incrementar notablemente la eficiencia del gasto público y conseguir que el Estado corresponda, con su esfuerzo, a la contribución de los españoles al sostenimiento de la Nación.
En primer lugar, es imprescindible que las políticas del Gobierno y, en este caso, las fiscales, sean consecuentes con la realidad y respondan a las necesidades de España. Para ello, VOX propone que las cuestiones de mayor trascendencia
política, muchas de las cuales tienen una ineludible concreción presupuestaria, cuenten con políticas respaldadas por todos los españoles, a los que se debe consultar como un ejercicio de sana democracia.
Unas consultas que, sin afectar en absoluto a cuestiones intangibles como la unidad y la soberanía de España o los derechos y libertades de los españoles, se interesen sobre qué políticas de inmigración quieren para España, sobre si deben
mantenerse las subvenciones a partidos políticos, sindicatos y patronales, sobre si hay que interconectar las cuencas para que todos los españoles podamos acceder al agua, sobre si se deben aprovechar todos los recursos de que dispone nuestra Patria
para lograr una soberanía energética, sobre garantizar la igualdad real entre españoles con independencia de dónde residan o del sexo que tengan, sobre garantizar la educación en español en todos los rincones de España y sobre cualesquiera otras
cuestiones políticas públicas más trascendentales y que verdaderamente importen a los españoles.
En segundo lugar, VOX propone que el Gobierno analice con detalle cada uno de los gastos del Estado y decida si todos se destinan realmente a satisfacer las necesidades reales de los españoles, a mejorar la educación, la sanidad o la
dependencia, o si deben suprimirse por dilapidarse en oscuros 'chiringuitos' que escapan de la rendición de cuentas y violan todas las normas de transparencia.
Esto es, los Presupuestos Generales del Estado deben ser redactados ex novo cada año, de acuerdo con premisas tan simples que asombra que no estén presentes en la política presupuestaria de los distintos Ejecutivos: identificar, evaluar y
justificar cada una de las actividades presupuestadas, teniendo en cuenta los niveles mínimos de coste, medios y esfuerzo de cada unidad necesarios para ejecutar cada una; localizar gastos de programas obsoletos incorporados en presupuestos
anteriores por pura repetición y, consecuentemente, proceder a su eliminación, así como de partidas menos productivas, que se pongan de manifiesto mediante análisis y priorización de actividades; o unir el proceso de planificación con el
presupuesto anual, siendo el primer paso establecer los objetivos y, a partir de ellos, estructurar todo el presupuesto.
En tercer lugar, VOX propone llevar a cabo una bajada masiva de impuestos, acabando con los tipos abusivos destinados a sostener el estado de bienestar de los políticos y el gasto superfluo y dirigiendo los recursos de todos a lo
verdaderamente importante: el estado de bienestar, libertad y seguridad de los españoles.
Correlativamente, debe incrementarse el gasto público en Sanidad, Educación, Dependencia, Pensiones e Infraestructuras, desmontando el sistema autonómico, poniendo fin a las duplicidades administrativas, reduciendo el número de ministerios,
consejerías, diputados y parlamentos y terminando con el despilfarro político.
Quinto. Conclusiones.
El Gobierno ha mostrado, desde su toma de posesión, su decidida voluntad de dar la espalda a la realidad diaria de millones de españoles, haciendo descansar en las clases medias y populares el grueso del sostenimiento del Estado.
Mientras el Estado recauda más que nunca, según datos de la Oficina Europea de Estadística (Eurostat), España es líder europeo en pobreza, solo por detrás de Rumania, Bulgaria y Grecia: en 2021, más de 13 millones de españoles se
encontraban en situación de riesgo; esto es, casi el 30 % de nuestros compatriotas están por encima del umbral que los considera en situación de carencia material y social severa, dato que ha aumentado en 1,5 puntos porcentuales desde 2019 (tasa
AROPE) 3.
La situación es insostenible, y deben adoptarse de forma urgente medidas que promuevan la bajada de impuestos, la mejora de la eficiencia del gasto público (aún más deteriorada desde 2019), la eliminación del despilfarro político, el
incremento de la renta disponible de los hogares y la creación de un sistema favorable a la inversión empresarial y a la actividad económica.
Al amparo de lo expuesto, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a lo siguiente:
1. Promover la reducción de la carga fiscal que soportan los españoles a causa de la severa falta de eficiencia del gasto público en España, logrando la necesaria consolidación fiscal sin necesidad de aumentar los impuestos, solamente con
el ahorro que se obtendría como consecuencia sustancial de la mejora de esta variable.
2. Asimismo, disminuir drásticamente el gasto político improductivo a cargo de la Administración General del Estado, reduciendo el número de ministerios, órganos superiores y directivos, organismos y entidades de cualquier clase en la
Administración General del Estado, así como impulsando la supresión de consejerías, parlamentos y organismos de ámbito regional, y poner fin con las duplicidades administrativas y políticas que generan distorsiones e ineficiencias, terminando así
con el gasto político.
3. Analizar con detalle cada uno de los gastos del Estado y decida si todos se destinan realmente a satisfacer las necesidades reales de los españoles, redactando ex novo cada año los Presupuestos Generales del Estado de acuerdo con
premisas simples como identificar, evaluar y justificar cada una de las actividades presupuestadas, teniendo en cuenta los niveles mínimos de coste, medios y esfuerzo de cada unidad necesarios para ejecutar cada una; o localizar gastos de programas
obsoletos incorporados en presupuestos anteriores por pura repetición y, consecuentemente, proceder a su eliminación.
4. Someter a la consulta de los españoles las cuestiones de mayor trascendencia sobre las políticas públicas puestas en marcha por el Gobierno que les afecten, muchas de las cuales tienen una ineludible concreción presupuestaria y que, sin
afectar en absoluto a cuestiones intangibles como la unidad y la soberanía de España o a los derechos y libertades de los españoles, se interesen sobre, entre otras cuestiones, si deben mantenerse las subvenciones a partidos políticos, sindicatos y
patronales.
5. Destinar íntegramente el importe de lo recaudado por el futuro gravamen temporal energético y de entidades de crédito y establecimientos financieros de crédito a rebajar satisfactoriamente la factura energética de los españoles'.
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de octubre de 2022.-Inés María Cañizares Pacheco, Víctor González Coello de Portugal, Pablo Sáez Alonso-Muñumer, Rubén Silvano Manso Olivar y Rodrigo Jiménez Revuelta, Diputados.-José María Figaredo
Álvarez-Sala, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
3 https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Living_conditions_in_Europe_-_poverty_and_social_exclusion#Poverty_and_social_exclusión.
Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana
161/004585
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Plural, a instancias de la Diputada de Junts, Míriam Nogueras i Camero, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta para su debate en la Comisión de
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana del Congreso de los Diputados, una Proposición no de Ley en relación a la cesión de los pisos de la SAREB a la Generalitat de Catalunya para que puedan ser destinados a vivienda social.
Exposición de motivos
Uno de los pilares del estado del bienestar es el derecho a tener una vivienda digna, una situación que se ha visto muy afectada por diversos factores globales que han llevado a que el precio de alquiler de las viviendas haya alcanzado unos
valores realmente inaccesibles por gran parte de la población del territorio catalán.
El derecho a la vivienda está recogido en numerosos textos legales, como es el artículo 26 de drets en Támbit de l'habitatge, de l' Estatut d'Autonomia de Catalunya vigente, así como en otras disposiciones que inspiran, guían y forman parte
del ordenamiento vigente, en tanto que disposiciones ratificadas por el Estado español, como puede ser el derecho a la vivienda adecuada reconocido en el artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 o el artículo 11.1 de Pacto
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966.
Este derecho a una vivienda digna, para algunos ciudadanos de Catalunya, no es una realidad. En Catalunya existen más de 5.570 personas sin hogar y más de 1.770 personas en riesgo de exclusión social. Muchas familias están afectadas con
cláusulas abusivas y ejecutadas con una legislación contraria a los estándares europeos, sin importar la existencia de menores o personas mayores dependientes.
En este sentido, es necesario impulsar un plan para aumentar el número de viviendas sociales comprando viviendas en manos de entidades financieras, exigiendo el traspaso del patrimonio que la SAREB tiene en Catalunya.
La Generalitat estima que la SAREB -la sociedad creada en el 2012 para dar salida a los activos tóxicos de la banca- dispone de más de 12.000 viviendas en Catalunya como fruto del rescate de varias entidades bancarias con recursos públicos.
Argumentamos, como ya hicieron por carta, a la vicepresidenta Calviño, los consellers de la Generalitat de Catalunya Jaume Giró y Violant Cervera, que una importante aportación para reducir el déficit de vivienda pública en España pasa por
transferir a las comunidades autónomas, en la fórmula que se consiga acordar, el patrimonio de la SAREB que pueda destinarse a alquiler social.
En varias ocasiones desde la Generalitat se ha planteado, por carta y en conferencias bilaterales con el Ministerio de Movilidad, Transportes y Agenda Urbana, la necesidad y urgencia de estudiar mecanismos que conduzcan a la cesión a las
comunidades autónomas de la totalidad del patrimonio inmobiliario de la SAREB que, por sus características, pueda ser destinado a vivienda social.
Sin embargo, hasta ahora, la cuestión planteada no ha tenido la respuesta que esperábamos por parte del Ministerio competente en materia de políticas de vivienda.
Es imperativo reducir a cero las listas de espera de las mesas de emergencia para conseguir un alojamiento y evitar así el riesgo de exclusión residencial dando, continuidad y ampliando el programa reallotgem.cat. A corto plazo, deben
rehabilitarse 25.000 viviendas al año, con un importe por rehabilitación de 10.000 euros de media, y llegar a final del decenio habiendo rehabilitado un 30% del parque de viviendas, tanto en las grandes ciudades como en el mundo rural.
También es necesario, ante el déficit de vivienda, que el mundo local flexibilice los usos de las plantas bajas de los suelos pendientes de edificación y estudie la posibilidad de reciclar plantas bajas en desuso para aprovechar su techo
para reconvertirlo en viviendas asequibles y velar por que los edificios se adecúen a los criterios de eficiencia energética establecidos por la Unión Europea.
Dado que es de estricta necesidad la aprobación de normativas y políticas innovadoras, inclusivas y sensibles con la clase baja y media de nuestros municipios para mejorar la calidad de vida de los vecinos
y vecinas de los municipios, puesto que los sectores sociales más vulnerables, son los que reciben un mayor impacto de la precariedad residencial.
Dado que, todas estas políticas e iniciativas deben tener presentes las energías renovables, por tanto, debe priorizarse la rehabilitación de edificios y viviendas donde existan proyectos que comporten una mejora en la eficiencia energética,
la implantación de energías renovables y la calidad de vida.
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a ceder los casi 12.000 pisos que tiene la SAREB en Catalunya a la Generalitat de Catalunya'.
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de noviembre de 2022.-Míriam Nogueras i Camero, Portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Plural.
161/004586
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para la retirada de los controles de seguridad de las estaciones
de ferrocarril para su debate en la Comisión de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana.
Exposición de motivos
En periodos con mayor afluencia de viajeros como son la época estival, Navidades o algunos festivos, es normal ver escenas de largas colas y aglomeraciones en varias de las principales estaciones de tren del país. Muchas de estas
aglomeraciones tenían lugar por los cuellos de botella que se producen en los controles de seguridad de las estaciones, similar a lo que se vive en muchas ocasiones en los aeropuertos.
Estas imágenes han planteado la duda en muchos ciudadanos sobre la propia conveniencia de que existan este tipo de controles de seguridad en las estaciones de trenes, una duda ya ampliamente compartida por los profesionales del sector
ferroviario y la movilidad en general. Lo cierto es que en la gran mayoría de los países de nuestro entorno es infrecuente, cuando no excéntrico, la presencia de controles de seguridad en las estaciones de tren.
Por una parte, en términos de movilidad, una de las principales ventajas competitivas del tren frente al avión, de hecho, es la sencillez de su uso y la inexistencia de barreras. La clave del éxito del transporte por ferrocarril reside en
la intermodalidad y la facilidad de transbordo de éste a Cercanías, metro, autobús o coche, o acceder directamente a pie. En definitiva, si las redes de ferrocarril de otros países han sido un éxito de uso y sostenibilidad económica y social, en
particular los servicios de alta velocidad, es porque han buscado acercarlo al usuario, aspirando a ser tan accesible y popular como el metro, en lugar de inexpugnable como un aeropuerto. Dicho de otra manera, si quiere tener éxito, una red de alta
velocidad de debe aspirar a parecerse más en términos de accesibilidad a un tren de cercanías rápido que a un avión lento.
Por otra parte, resulta difícilmente comprensible su justificación en términos de seguridad, toda vez que esos controles solo existen para acceder a los servicios de alta velocidad y no a otros servicios prestados en la red convencional,
tanto de larga como corta distancia, donde el daño puede ser igual o mayor, como nos recuerdan los trágicos sucesos del pasado. Esta arbitraria distinción, además, puede generar la peligrosa impresión entre la ciudadanía de que hay ciudadanos de
primera y de segunda, pues aquellos que pagan un billete de alta velocidad deberían pasar un control de seguridad y quienes viajan solo en tren convencional, no.
Por todo lo anterior, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a retirar los controles de seguridad de las estaciones de ferrocarril titularidad de Adif y Adif-Alta Velocidad, en línea con las mejores prácticas de movilidad de los países de nuestro
entorno'.
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de noviembre de 2022.-Juan Ignacio López-Bas Valero, Diputado.-Edmundo Bal Francés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
161/004587
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre rehabilitación de la antigua
estación de ferrocarril Zafra-Huelva, término municipal de Zafra (Badajoz), para su debate en la Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
Exposición de motivos
La ciudad de Zafra (Badajoz) representa uno de los hitos de la historia del ferrocarril en Extremadura, siendo cabecera de dos líneas, la Zafra-Huelva y la Zafra-Jerez de los Caballeros. El 3 de junio de 1879 el ferrocarril llega a Zafra
con la puesta en servicio del tramo Mérida a Zafra de la línea Mérida-Los Rosales (Huelva).
A partir de 1878 se iniciaron los estudios para la construcción de la línea Zafra- Huelva, dado el enorme interés en facilitar el transporte del mineral de las distintas concesiones que existían en la zona.
En el año 1917 la Compañía de Ferrocarril de Zafra a Huelva construyó en Zafra su estación propia. Un hermoso y singular edificio, de estilo mudéjar, formado por un cuerpo central de dos plantas y dos anexos laterales de menor altura, que
controló dicha línea en sus primeros años.
En 1941 la gestión de la línea férrea pasó a manos de la empresa estatal RENFE y en 2005 la línea pasó a depender de la entidad ADIF, actual propietaria de la antigua estación Zafra-Huelva, en la localidad de Zafra. Un edificio de indudable
belleza que entró en desuso con la construcción de la nueva y actual estación, y que actualmente se encuentra cerrada y en mal estado de conservación, sin que por su propietaria, la entidad ADIF, se haya hecho ninguna actuación para evitar dicha
situación.
El Ayuntamiento de Zafra entabló conversaciones con la entidad propietaria para lograr el alquiler del inmueble con objeto de incorporarlo a la oferta turística de la ciudad, que sin embargo no prosperaron.
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso ha presentado en los últimos años enmiendas a los Presupuestos Generales del Estado solicitando de ADIF la rehabilitación del edificio, que, no obstante, fueron rechazadas por los grupos que
sustentan al Gobierno.
Ante ello, diputados del Grupo Popular preguntaron al Gobierno por las intenciones respecto a la antigua estación Zafra-Huelva, habiendo recibido contestación de fecha 16 de marzo de 2022 en la que se manifestaba que la misma está incluida
en el programa 'Activos para el Desarrollo', y que en esos momentos dicho activo estaba siendo analizado por la Diputación Provincial de Badajoz para ser puesto al servicio del desarrollo económico y social de la Comarca de Zafra, presupuestando los
costes de rehabilitación que conllevaría su acondicionamiento para uso turístico y encaje que pueda tener este inmueble en los programas que para esta actividad viene desarrollando dicha institución.
Sin embargo, transcurrido el tiempo, ninguna decisión se ha tomado hasta la fecha sobre actuaciones a realizar en el singular edificio objeto de esta proposición no de ley y cuyo deterioro sigue avanzando.
En consecuencia, recogemos el sentir e interés de los ciudadanos de Zafra, para que no se pierda un edificio emblemático, con un valor arquitectónico y cultural que podría ser incorporado a la actividad turística, cultural o económica de la
ciudad.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que la entidad ADIF ejecute a la mayor brevedad posible, bien directamente, bien mediante la posible colaboración con otras administraciones, las actuaciones y gestiones necesarias para la
rehabilitación, conservación y puesta en valor del edificio de la antigua estación de ferrocarril Zafra-Huelva en la localidad de Zafra (Badajoz), para posteriormente y contando con la opinión y participación del Ayuntamiento de Zafra, incorporarlo
a la oferta económica, turística o cultural de la zona, en condiciones que no resulten onerosas para dicha administración municipal'.
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de noviembre de 2022.-María Teresa Angulo Romero, Víctor Valentín Píriz Maya y Andrés Lorite Lorite, Diputados.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.
Comisión de Educación y Formación Profesional
161/004590
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José María Figaredo Álvarez-Sala, doña Georgina Trías Gil, don Joaquín Robles López, don José Ramírez del Río, doña María de los Reyes Romero Vilches, doña Mireia Borrás Pabón y doña María Teresa López Álvarez, en sus respectivas
condiciones de Portavoz sustituto y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, formula la siguiente Proposición no de Ley relativa
a la educación contra el acoso escolar, para su debate ante la Comisión de Educación y Formación Profesional.
Exposición de motivos
Primero. El acoso escolar en los centros educativos.
En el ámbito educativo, uno de los principales problemas a los que se enfrentan los menores es el acoso escolar, más comúnmente conocido como bullying, que se define como 'una forma de maltrato físico,verbal o psicológico que se produce
entre escolares, def orma reiterada y a lo largo del tiempo' 4.
Para que se pueda apreciar la existencia de esta situación, se requiere de los siguientes elementos:
a) Desequilibrio de poder: ejercicio de la fuerza verbal, física o psicológica del acosador respecto del acosado que permite a aquel desarrollar una conducta abusiva.
b) Intencionalidad: una voluntad consciente de herir, amenazar o asustar de un alumno con relación a otro.
c) Reiteración: la acción agresiva se repite en el tiempo y genera en la víctima la expectativa de ser víctima de futuros ataques.
En cuanto a las formas de acoso, la conducta agresiva puede ser física o psicológica, además de poder practicarse de manera individual o en grupo. Diversos informes por parte de expertos en la materia resaltan la incidencia del acoso
escolar como un factor de riesgo social y emocional asociado a problemas psicológicos que trascienden a la vida educativa 5.
Con el objetivo de frenar este tipo de situaciones, en 2016, el entonces Ministerio de Educación, Cultura y Deporte puso en marcha el Servicio de Atención Telefónica de casos de malos tratos y acoso en el ámbito de los centros docentes del
sistema educativo español, cuyos datos son recogidos con carácter
4 https://noticias.juridicas.com/actualidad/noticias/10857-eI-acoso-escolar-o-bullying:-regulacion-legal-y-derechos-de-las-victimas/.
5 https://www.revista-portalesmedicos.com/revista-medica/acoso-escolar-factor-riesgo-enfermedades-psiquiatricas/.
anual por el citado organismo 6. Según los datos correspondientes al curso escolar 2020-2021, se han detectado hasta 1.911 casos de acoso (teniendo en cuenta que un mismo caso puede hacer referencia a diferentes tipos de este).
Tipología de acoso escolar por edad curso 2020-2021
Tipos de acoso;Hasta 7 años;8 a 9;10 a 11;12 a 13;14 a 15;16 o más
Acoso verbal.;133;227;360;524;280;91
Acoso psicológico.;162;236;361;521;283;94
Acoso físico.;182;212;290;373;196;56
Acoso social.;119;216;334;482;262;87
Ciberacoso.;3;20;106;274;155;52
Violencia sexual.;17;11;23;48;35;16
Fuente: Ministerio de Educación y Formación Profesional.
La educación y el respeto por el prójimo, así como la preservación de los vínculos afectivos y la enseñanza sobre el cuidado de los demás, son valores que comienzan y han de desarrollarse en el núcleo familiar. Dado el elevado número de
horas que los menores permanecen en los centros escolares, es fundamental para el desarrollo de su formación que exista una estrecha relación de los centros con las familias, de manera que se puedan evitar situaciones como el acoso escolar.
Segundo. La importancia de la familia y el deber público de protegerla.
La familia es una institución natural anterior al Estado que es esencial por lo que es en sí misma, pero también por la aportación social que realiza. Las familias contribuyen al bien común de una forma inapreciable e irremplazable.
Precisamente por esta importancia de la familia, todos los ordenamientos desde el Derecho romano, si no antes, han afirmado la necesidad de que esta institución natural y social tenga un particular reconocimiento jurídico. La Constitución
Española ('CE') en el artículo 39.1, establece como principio rector el deber de los poderes públicos de asegurar 'la protección social, económica y jurídica' de la familia, siendo en ese marco de protección en el que han de desenvolverse tanto las
normas que se promulguen en dicha materia como las políticas públicas que se acometan y puedan afectar a las familias.
El mismo precepto constitucional establece asimismo un deber de los poderes públicos de asegurar la protección integral de los hijos que, dada la colocación sistemática de la norma, debe vincularse directamente con la mencionada protección
pública de la familia. Por tanto, y como regla general, en todos los procesos públicos de protección de los menores debe regir una presunción -con posibilidad de prueba en contrario- de que coinciden el bien del menor y el de su familia.
Tercero. Tipología de acoso y el aumento de casos.
Los medios de comunicación publican continuamente noticias con nuevos casos de acoso escolar que ni los responsables de los centros educativos ni las autoridades aciertan a resolver satisfactoriamente.
Aunque este tipo de situaciones no son ninguna novedad, sino que por desgracia han ocurrido siempre, en la sociedad actual se han generado tendencias que han estimulado el crecimiento de los casos de acoso escolar. Entre ellas, pueden
destacarse un uso de la tecnología digital por niños y adolescentes que a veces lleva a la banalización de la violencia; y, sobre todo, la pérdida de autoridad de los padres y docentes, fenómeno este último en el que tienen directa responsabilidad
los impulsores de las políticas públicas en materia familiar y educativa en las últimas décadas.
Un asunto particularmente intolerable es el del acoso escolar a las personas discapacitadas, dado que al menos el 80 % de los menores con algún tipo de discapacidad han sido víctimas de acoso escolar 7. De estos
6 https://sede.educacion.gob.es/publiventa/d/26042/19/0.
7 https://ceddd.org/index.php/2022/04/20/discapacidad-y-bullying-en-la-escuela-jornada-ceddd/.
casos, más del 90 % se da en educación ordinaria, mientras que menos del 3 % se da en educación especial 8. La conexión entre la discapacidad y el acoso escolar estigmatiza aún más a las víctimas y supone una complicación añadida a su
integración en los centros educativos.
Pero no se agotan aquí las manifestaciones de esta lacra. En algunas de las regiones españolas se están produciendo situaciones de acoso escolar relacionadas con auténticas persecuciones por parte de las propias instituciones públicas por
causa de hostilidad a la lengua española, en lo que constituye además un incumplimiento inadmisible de las leyes y de las sentencias de los tribunales de justicia. Un ejemplo sobradamente conocido es el de la sentencia del Tribunal Superior de
Justicia de Cataluña que obliga a impartir un 25 % de las horas lectivas en español. La Generalidad de Cataluña, desde que conoció el fallo, ha declarado abiertamente su voluntad de incumplirla, y ha ordenado incluso a los centros educativos bajo
su competencia que impidan que las familias puedan ejercer su derecho a que sus hijos menores sean educados en español. Algunas familias han llegado a denunciar actos de hostigamiento por parte de los propios centros educativos 9.
En este mismo sentido, miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado también han sufrido la situación de 'cacería' que viven sus hijos en los centros educativos en que estudian 10. En este caso la censura moral debería ser más
grave si cabe, ya que el acoso se perpetra contra menores por la sola razón del odio que despierta el trabajo de sus padres entre algunos fanáticos separatistas.
Cuarto. El deber de los centros educativos de velar por la dignidad del menor y sus derechos fundamentales.
El sistema educativo español debe asegurar el respeto a los derechos y libertades reconocidos en la CE y, en especial, preservar la dignidad del niño y sus derechos fundamentales, con arreglo al artículo 10.1 de nuestra Carta Magna. En este
sentido, la STC120/1990, de 27 de junio, declara que la regla del artículo 10.1 CE implica que, en cuanto valor espiritual y moral inherente a la persona '[...] la dignidad ha de permanecer inalterada cualquiera que sea la situación en que la
persona se encuentre [...] constituyendo, en consecuencia,un mínimum invulnerable que todo estatuto jurídico debe asegurar'. Sin duda, la convivencia es un objetivo fundamental para toda la comunidad educativa.
Sin embargo, la actual situación legislativa, caracterizada por la dispersión normativa regional, y la existencia de diferentes protocolos de actuación según la región donde resida la víctima, son obstáculos para que los casos de acoso
escolar reciban la atención merecida. Es completamente improcedente que para un mismo problema se presenten distintas medidas de actuación en función de dónde se haya producido el hecho. Por ello, es preciso abordar una reorganización del sistema
que pase por el establecimiento de un único órgano estatal, sin perjuicio de la colaboración con las distintas administraciones territoriales.
Quinto. Conclusiones.
Esta Proposición no de Ley quiere ofrecer soluciones a una problemática que afecta al sistema educativo español precisamente en el ámbito más sensible, que es el del sufrimiento que se inflige a los niños. Debido a la cantidad de casos de
acoso escolar en sus distintas variantes, es fundamental que exista un protocolo unificado y específico para luchar contra todas esas modalidades en el ámbito educativo.
En los últimos tiempos este tipo de situaciones han aumentado en intensidad, llegando en algunos casos a provocar suicidios (14 en el año 2020 entre personas menores de 15 años 11), e intentos de suicidio en menores; todo por culpa de esta
lacra social que sigue sin abordarse con la necesaria resolución por las administraciones territoriales.
Tristemente ha sido también este el caso de Kira, una niña de quince años que se suicidó el pasado 19 de mayo de 2021 tras haber sido sometida a acoso y en el que, según su padre, los protocolos no se activaron a tiempo 12. Es otra tragedia
que evidencia la necesidad de unos protocolos adecuados.
8 Datos de USO-Federación de la Enseñanza.
9 https://www.elmundo.es/cataluna/2022/09/12/631f037821efa063318b4586.html.
10 https://www.vozpopuli.com/espana/cataluna/guardia-civil-cataluna-acoso-independentista_0_1212479450.html.
11 https://www.ondacero.es/noticias/sociedad/suicidios-espana-descubierto-datos-cifras-evolucion 2021121461b88871454389000144c314.html.
12 https://www.europapress.es/epsocial/infancia/noticia-padre-kira-suicido-15-anos-presenta-230000-firmas-congreso-protocolo-contra-bullying-20221102132348.html.
Por todo lo expuesto anteriormente, es prioritario que los centros educativos lleven a cabo actuaciones preventivas y correctoras que no hagan distinciones por tipología de acoso ni por características de los acosadores. Las familias, por
su parte, deben implicarse activamente tanto en la crianza de sus hijos de acuerdo con principios de justicia y buen trato a los demás como en los planes de actuación de los centros escolares de modo que, como fruto de una labor conjunta de toda la
sociedad, estos casos puedan reducirse de forma efectiva.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a lo siguiente:
a) Remitir a las Cortes Generales un proyecto de ley que regule de forma específica e integral el acoso escolar y que deberá ajustarse a las premisas de que el interés superior del menor debe quedar asegurado en todo caso; de que el
reconocimiento, protección e impulso de este interés superior del menor es también una tarea de los poderes públicos; y de que, en circunstancias normales, son los padres los mejores garantes de dicho interés.
b) Establecer, en colaboración con las administraciones con competencia en la materia, un protocolo de actuación contra el acoso que tenga aplicación de ámbito nacional, en el cual se contemplen las distintas medidas que los centros
educativos deban llevar a cabo.
c) Impulsar la incorporación de mecanismos que faciliten la identificación de casos de acoso escolar. En este sentido, pueden ser especialmente relevantes la introducción del anonimato en el denunciante y el fomento de medidas de
comunicación y apoyo entre el centro docente y la familia del acosado y, también, con la familia del acosador.
d) Promover el compromiso y la sensibilización de la sociedad frente al acoso escolar, con el objetivo de mejorar la convivencia en los centros educativos, mediante la organización de cursos de formación -bien orientados y desprovistos de
toda ideología- destinados tanto a las familias como al personal de los centros'.
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de noviembre de 2022.-Georgina Trías Gil, Joaquín Robles López, María de los Reyes Romero Vilches, José Ramírez del Río, María Teresa López Álvarez y Mireia Borrás Pabón, Diputados.-José María
Figaredo Álvarez-Sala, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
Comisión de Industria, Comercio y Turismo
161/004594
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Plural, a instancia del Diputado del Bloque Nacionalista Galego (BNG), Néstor Rego Candamil, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente
Proposición no de Ley sobre la licitación del mantenimiento en las instalaciones de Navantia ría de Ferrol para su debate en la Comisión de Industria, Comercio y Turismo.
Exposición de motivos
El servicio de mantenimiento en las instalaciones de Navantia Ría de Ferrol acumula en los últimos años una serie de vicisitudes, siempre conflictivas, derivadas de la excesiva y artificiosa división del contrato por parte de la propia
Navantia Ría de Ferrol, a diferencia de lo que sucede en otros centros de esta misma empresa pública, en los que el mantenimiento se contrata en uno único lote y el personal se subroga sin dificultad y sin conflicto.
De hecho, parece que esta división, contraria a cualquier criterio productivo o legal, no tiene más explicación que debilitar a una plantilla que venía significándose en la defensa de sus legítimos derechos colectivos, alguno de ellos, como
es el de la subrogación que establece el convenio colectivo provincial
del metal, muy mal recibido desde el primer momento tanto en la empresa principal como entre los contratistas habituales de Navantia.
En este sentido, es necesario recordar que esta división en lotes del contrato de mantenimiento en las instalaciones de Navantia ría de Ferrol era desconocida antes de que el colectivo adscrito al servicio viera reconocido el derecho de
subrogación.
No era, pues, difícil de adivinar que más temprano que tarde alguno de los colectivos adscritos a esos nuevos y reducidos lotes de mantenimiento perdería su puesto de trabajo por obra y gracia de la desaparición de la actividad objeto de
alguno de estos lotes de contratación en cuestión.
Se trata, en este caso, del colectivo adscrito al mantenimiento de las cabinas de chorreado y pintado, que acaban de recibir de su actual empleadora la noticia de que Navantia no va a sacar a licitación el servicio que actualmente realizan y
que, por lo tanto, se ve en el deber de rescindir sus contratos de trabajo.
El hecho de que Navantia Ría de Ferrol no renueve la licitación para el mantenimiento de las cabinas de chorreado y pintado resulta de todo extraño y contradictorio ante las noticias de un futuro con sobrada carga de trabajo que espera tanto
el centro de trabajo como toda la comarca de Ferrol.
Más aún si tenemos en cuenta que el colectivo que realiza las tareas de mantenimiento de esas cabinas se fue reduciendo con el tiempo hasta quedar en 10 personas y que el centro de trabajo Navantia Ría de Ferrol suma actualmente, entre las
diferentes áreas de trabajo, 20 cabinas, si bien está previsto la construcción de otras dos en Fene, de mayores dimensiones, para atender los requerimientos de los pilotes o monopiles que allí se van a construir para la eólica marina.
La división en lotes del contrato de mantenimiento y la adscripción de un personal determinado a ciertas actividades en exclusiva supuso en su día romper con la práctica anterior, con la práctica de los otros centros de trabajo de Navantia,
con la lógica de una buena coordinación en la prestación del servicio, con el fomento de la polivalencia de las personas del plantel y, directamente derivado de esto, con una organización del trabajo pensada para evitar que los períodos de
subactividad en alguna área concreta pudieran tener como resultado la reducción de puestos de trabajo.
Se trata de una división, por lo tanto, contraria a la práctica de la empresa, que no redunda en una mejor prestación del servicio y sí en un detrimento de los derechos laborales del personal adscrito al servicio.
Por todo lo expuesto anteriormente, el BNG presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno del Estado a licitar de inmediato el contrato para el mantenimiento de las cabinas de pintado y chorreado del centro de trabajo Navantia Ría de Ferrol y elaborar nuevos pliegos para el contrato
de mantenimiento en este centro de trabajo que garanticen la prestación del servicio por uno único adjudicatario y el respeto por los derechos laborales del personal adscrito al mismo'.
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de noviembre de 2022.-Néstor Rego Candamil, Portavoz del Grupo Parlamentario Plural.
Comisión de Derechos Sociales y Políticas Integrales de las Discapacidad
161/004595
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para que el Gobierno retire el
Anteproyecto de ley que regula los incentivos a la contratación laboral y otras medidas de impulso y mantenimiento del empleo estable y de calidad, para su debate en la Comisión de Derechos Sociales y Políticas Integrales de la Discapacidad.
Exposición de motivos
En España hay más de 4,3 millones de personas con discapacidad (INE, encuesta 'Discapacidad, Autonomía Personal y situaciones de Dependencia', cifras 2020, publicada en 2022).
Respecto del ámbito laboral:
- Solo el 1,59% de los contratos de trabajo formalizados en 2021 se suscribieron con personas con discapacidad, pese a que esta parte de la ciudadanía constituye el 6,3% de la población en edad de trabajar en España (Informe SEPE).
- Del total de contratos de personas con discapacidad, el 55,48% se formalizaron con hombres y el 44,52% con mujeres.
- El 88,47% de los contratos con personas con discapacidad fueron temporales y el 38,49% a jornada parcial.
- Destaca su baja participación en el mercado laboral. Su tasa de actividad se situó en el 34,3%, mientras que la de población sin discapacidad fue del 77,7%.
- Al contrario de lo que ocurre en la contratación, en las personas paradas son mayoría las mujeres (53,19%).
- La incidencia del paro de larga duración es mayor entre las personas con discapacidad. Así, esta tasa es del 63,99 % en esta parte de la población, lo que significa que 92.748 personas con discapacidad paradas llevan más de un año
registradas en las oficinas del SEPE. En los que no tienen discapacidades, los parados de larga duración no alcanzan el 50%.
- La mayor parte de las personas con discapacidad en edad laboral se sitúan en el tramo de edad de 45 a 64 años, mientras que los menores de 25 años representan solo el 5,5%.
Estos datos evidencian que nos encontramos con un colectivo con importantes problemas de empleabilidad, que requiere de políticas de apoyo e impulso al empleo.
Una de las mejores herramientas para lograr este objetivo son los Centros Especiales de Empleo que tienen como finalidad la generación de puestos de trabajo para personas con discapacidad. Este objetivo, en el caso de los Centros de Empleo
protegidos del ámbito social, se antepone a la obtención de una mayor rentabilidad económica del proyecto. Y, en este último caso, la función social reforzada inspira todo su proyecto.
El artículo 43 del Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad (Real Decreto Legislativo 1/2013) destaca que los Centros Especiales de Empleo 'tienen como finalidad el asegurar un empleo remunerado para las
personas con discapacidad'.
No existe una previsión legal de esta naturaleza que imponga a las empresas ordinarias la obligación de asegurar un empleo a las personas con discapacidad, más allá que cumplir con la cuota del 2% que figura en el artículo 42 del mencionado
Texto Refundido.
Estas especiales circunstancias de los Centros Especiales de Empleo, con unas mayores dificultades para generar y mantener el empleo de las personas con discapacidad y para operar en el mercado con sostenibilidad y viabilidad, requiere de
una protección del Estado mayor que los Centros Ordinarios, y así desde que se creó esta figura por medio de la Ley 13/1982, de 7 de abril, de integración social de los minusválidos,
En este sentido, hasta la fecha, las bonificaciones en cuotas de Seguridad Social para los Centros Especiales de Empleo (CEE) están reguladas en el apartado 3.º del artículo 2 de la Ley 43/2006, de 29 de diciembre, para la Mejora del
Crecimiento y del Empleo, que establece una bonificación del 100% de las cuotas de Seguridad Social de los trabajadores con discapacidad de los Centros Especiales de Empleo, con independencia de que sus contratos sean indefinidos o temporales.
Mientras que, para el empleo de personas con discapacidad en empresas ordinarias se regula mediante los apartados 1 a 5 del artículo 2.2.º de la mencionada Ley 43/2006 que establecen unas bonificaciones fijas mensuales para cada trabajador con
discapacidad de una empresa ordinaria.
Pues bien, el nuevo Anteproyecto de Ley por el que se regulan los incentivos a la contratación laboral y otras medidas de impulso y mantenimiento del empleo estable y de calidad en su actual redacción, pone en jaque este sistema.
El nuevo sistema que ahora se propone para los Centros Especiales de Empleo no solo es discriminatorio al equiparar los Centros Especiales de Empleo con los Centros ordinarios; sino que supone una importante reducción de sus bonificaciones.
Así, a través de este Anteproyecto, dejan de bonificarse los empleos de carácter temporal para personas con discapacidad y desaparecen las bonificaciones del 100% para empleos de carácter indefinido para personas con discapacidad
sustituyéndolo por unas bonificaciones lineales claramente insuficientes.
Teniendo en cuenta el alcance que el Anteproyecto de Ley por la que se regulan los incentivos a la contratación laboral y otras medidas de impulso y mantenimiento del empleo estable y de calidad, en su redacción actual, pueda tener en el
empleo de las personas con discapacidad tanto en la empresa ordinaria como a los Centros Especiales de empleo y que, según el Consejo Español para la Defensa de la Discapacidad y la Dependencia afectará a la empleabilidad de más de 100.000 personas,
por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a retirar el Anteproyecto de ley que regula los incentivos a la contratación laboral y otras medidas de impulso y mantenimiento del empleo estable y de calidad por resultar perjudicial para el
empleo de las personas con discapacidad'.
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de noviembre de 2022.-María del Carmen González Guinda, Diego Movellán Lombilla, Margarita Prohens Rigo y Marta González Vázquez, Diputados.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico
161/004588
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la soledad no deseada en entornos rurales y de baja densidad de población,
para su debate en la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico.
Exposición de motivos
Durante las últimas décadas los modelos de relación e interacción social han ido variando. El contexto social y el modelo económico, productivo y cultural actual han transformado las características de la vida en común. En este sentido,
tiene una especial importancia el fenómeno de la despoblación. Cada vez hay más personas que viven lejos de sus familias por la falta de oportunidades en sus lugares de origen, lo que contribuye al aislamiento de muchas personas de avanzada edad.
Los cambios en los modelos de familias han tenido una importante influencia en esta evolución: el concepto de familia tradicional ha ido dando paso a modelos alternativos de vida. Esta diversidad es muy positiva, pero lleva aparejados
cambios estructurales que pueden contribuir al aumento de situaciones de soledad no deseada.
La época actual está marcada por un acusado interés por el desarrollo individual de las personas y esto hace que muchas opten por vivir solas. Sin embargo, hay otras muchas cuya única opción es vivir en soledad. El número de personas que
viven sin compañía crece cada vez más. En España, según datos del Instituto Nacional de Estadística, en 2020, vivían solas más de dos millones de personas mayores de 65 años. De estos dos millones, el 70,9% son mujeres y el 45% viudas. Este dato
ha ido incrementándose constantemente en los últimos años, habiéndose producido el salto más significativo entre 2019 y 2020.
La población española está cada vez más envejecida. Según el Instituto Nacional de Estadística, en enero de 2009 los mayores de 65 años representaban el 16,55% de la población. Diez años después, la tercera edad es un 19% de la población
total.
Por otra parte, pese a que durante la etapa de crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19 ha aumentado el uso de las tecnologías como forma de comunicación e interacción, el sentimiento de soledad y desamparo ha aumentado notablemente,
especialmente entre las personas mayores.
Es importante repensar la forma en que socializamos en las diferentes etapas de la vida, reflexionar sobre el uso de las redes sociales y las nuevas formas de comunicación y, especialmente, sobre el impacto que la soledad no deseada tiene en
la salud de las personas más vulnerables.
En España existen algunas entidades que trabajan por la mejora de las condiciones de vida de las personas mayores y, en particular, de las que residen en zonas rurales y poco pobladas. En materia de políticas públicas existen algunas
iniciativas locales que pueden servir para conocer experiencias positivas en el desarrollo de este tipo de medidas.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista propone la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a promover la Estrategia frente a la Soledad no Deseada con el fin de prevenir, detectar, acompañar y sensibilizar en relación con la soledad no deseada, especialmente en las personas mayores.
Esta estrategia prestará especial atención a la situación de las personas que viven en entornos rurales y de baja densidad de población'.
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de octubre de 2022.-Antidio Fagúndez Campo, Helena Caballero Gutiérrez, Eva Patricia Bueno Campanario, Germán Renau Martínez, Mariana de Gracia Canales Duque, José Luis Aceves Galindo, María
Montserrat García Chavarría, María Inmaculada Oria López, Sandra Guaita Esteruelas, Javier Antón Cacho, Daniel Vicente Viondi, Omar Anguita Pérez, Herminio Rufino Sancho Íñiguez y Diego Taibo Monelos, Diputados.-Esther Padilla Ruiz e Isaura Leal
Fernández, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión de Cultura y Deporte
161/004582
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José María Figaredo Álvarez-Sala, don José Ramírez del Río, doña Mireia Borrás Pabón, don Francisco José Contreras Peláez y don Pedro Jesús Requejo Novoa, en sus respectivas condiciones de Portavoz sustituto y Diputados del Grupo
Parlamentario VOX (GPVOX), respectivamente, al amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, formulan la siguiente Proposición no de Ley relativa a la protección del patrimonio
histórico-artístico de los ataques del radicalismo climático, para su discusión en la Comisión de Cultura y Deporte.
Exposición de motivos
Primero. El radicalismo climático.
La necesidad de preservar el medio natural de su posible degradación por la acción humana es un objetivo necesario que ha ido impregnando la sociedad en las últimas décadas y, con ello, la puesta en marcha de políticas públicas.
Sin embargo, de un tiempo a esta parte observamos cómo la llevanza hasta el extremo de un mandato de sentido común, cual es la saludable coexistencia del hombre con su entorno, ha degenerado en un ecologismo radical que muestra su cara
negativa en un sinfín de aspectos que tienen nula conexión con la protección del medio natural. Al contrario, el ecologismo mal entendido se utiliza como coartada política para imponer restricciones injustificadas a la población o para favorecer
intereses ilegítimos.
Este ecologismo, que -como se ha indicado- responde a intereses espurios, muy distintos de la preservación la naturaleza, ha dado lugar a la imposición de las teorías climáticas que padecemos en la actualidad. El clima ha influido en la
puesta en marcha de agendas globalistas -o ha sido utilizado por ellas como coartada-, como la Agenda 2030, que contiene una enorme lista de medidas que perjudican y condicionan de forma desmesurada la prosperidad de las naciones y cuya aplicación
supone el empobrecimiento y la ruina de sus habitantes.
En atención a lo expuesto, podemos definir el radicalismo climático como el movimiento de carácter extremista que pretende, incluso a través de la violencia (como se ha comprobado en numerosas ocasiones), la imposición de los dogmas
climáticos definidos en cada momento por las elites correspondientes, que en la actualidad son la necesidad de decrecimiento económico para la supervivencia del planeta o una supuestamente indiscutible relación entre la mera actividad humana y el
daño al medio, que el ser humano tendría que expiar.
Este activismo climático radical ha sido denunciado, incluso, por uno de los fundadores de Greenpeace, Patrick Moore, quien ha alertado de que estos movimientos que denunciaban el 'ecoapocalipsis' eran dirigidos por grupos reducidos con
fines nada claros 13 y con financiación menos clara todavía. De hecho, recientemente ha sido conocido por la opinión pública cómo Rusia había financiado a un buen número de políticos y empresarios para que las naciones europeas abandonasen la
energía nuclear y abrazasen como fuente de energía, en muchos casos única, el gas natural ruso.
Hoy puede afirmarse que la imposición de las teorías del cambio climático está detrás de la gravísima crisis que vive el mundo, y que sus consecuencias en numerosos órdenes (encarecimiento de la energía, problemas en las cadenas de
suministro, empobrecimiento nacional) están ya contribuyendo al hundimiento de España, de Europa y, en general, de Occidente en numerosos indicadores de bienestar, de competitividad y de desarrollo.
Estas consecuencias, que serán cada vez más severas, no afectan sin embargo a las elites que promueven y financian estas políticas empobrecedoras, sino que impactan, en especial, en las clases medias y populares y en las pequeñas y medianas
empresas, que cada vez tienen más complicado sobrevivir.
Segundo. Ataques al patrimonio histórico-artístico llevados a cabo en las últimas semanas por radicales climáticos.
Como se ha explicado, la imposición de los dogmas climáticos, entre los que sobresale la culpabilización de las personas como responsables de un pretendido apocalipsis medioambiental, ha infestado la práctica totalidad de los ámbitos en que
las personas se desarrollan: escuelas, universidades, empresas, compiten por ser los más climate-friendly, en ocasiones de forma impostada y como precio que pagar para mantener su reputación.
El público al que se enfoca principalmente la actividad propagandística de este bien financiado lobby es el de los jóvenes. Profundamente concienciados y muy activos, los jóvenes sienten que deben hacer algo para detener lo que se les vende
como una 'emergencia climática' de advenimiento inminente por demagogos teledirigidos como Greta Thunberg. Hoy son las élites quienes impulsan el fanatismo climático con el que pretenden soliviantar a los jóvenes en contra del sistema de producción
que sostiene nuestro medio de vida.
Aunque en la mayoría de los casos las intenciones son buenas, el radicalismo está presente y se ha visto en ocasiones recientes. Así:
- El 14 de octubre dos activistas radicales atacaron el cuadro Los girasoles de Van Gogh en la Galería Nacional de Londres. En este ataque, dos jóvenes de la organización Just Stop Oil lanzaron sopa de tomate contra el citado cuadro como
forma de llamar la atención sobre sus reivindicaciones. Este grupo ha sido el responsable de otros ataques y protestas en varios países.
- El 23 de octubre de 2022 se perpetró un nuevo ataque. En esta ocasión se lanzó puré de patata contra una obra de Claude Monet del Museo Barberini de Potsdam (Berlín). Letzte Generation reivindicó el ataque a través de Twitter 14.
13 https://gaceta.es/mundo/uno-de-los-fundadores-de-greenpeace-denuncia-la-falsa-narrativa-del-cambio-climatico-20220910-0900/.
14 https://twitter.com/AufstandLastGen/status/1584198680479137792?cxt=HHwWgIDQuc6TmvwrAAAA.
- El 27 de octubre un supuesto miembro de Just Stop Oil pegó su propia cabeza con pegamento sobre la superficie protectora del conocidísimo cuadro La joven de la perla, de Vermeer, expuesto en la galería Mauritshuis (La Haya), y uno de sus
secuaces vertió posteriormente líquido rojo, mientras preguntan al público, a gritos, cómo se sienten al ver algo bello siendo aparentemente destruido.
Tercero. La necesidad de adoptar medidas que garanticen la adecuada protección de nuestro patrimonio.
Por desgracia, España no ha sido ajena a actuaciones radicales de este tipo.
Así, el pasado 6 de abril varios integrantes de Rebelión Científica atacaron el Congreso de los Diputados lanzando un líquido rojo que manchó de forma muy visible la fachada principal de este edificio protegido 15. Debe tenerse presente que
el Congreso de los Diputados es, además, sede de la soberanía nacional (artículo 66.1 de la Constitución española) y que está 'prohibida la presentación directa[de peticiones] por manifestaciones ciudadanas' (artículo 77.1 ibidem).
Ante el temor de que grupos de estas características ataquen al patrimonio histórico- artístico español, se hace preciso que se tomen medidas adecuadas para protegerlo. Según se ha publicado 16, el Museo Nacional del Prado o el Museo
Nacional Centro de Arte Reina Sofía están reforzando la vigilancia de sus obras, pero es imperativo que desde los poderes públicos se incremente no solo la vigilancia, sino también la prevención, con el fin de evitar que cualquier obra integrante de
nuestro vasto patrimonio histórico-artístico pueda ser atacada por actos vandálicos de los fanáticos, en esta ocasión, del clima.
En virtud de lo expuesto, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados, ante la reciente oleada de atentados contra valiosas obras del arte occidental a cargo de bandas de fanáticos del clima, insta al Gobierno a garantizar, por todos los medios a su alcance, la preservación del
patrimonio histórico-artístico español, sea o no exhibido o custodiado en museos, de los ataques y daños que pudieran ser perpetrados en nuestro país por agitadores extremistas del radicalismo climático'.
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de octubre de 2022.-José Ramírez del Río, Francisco José Contreras Peláez, Mireia Borrás Pabón y Pedro Jesús Requejo Novoa, Diputados.-José María Figaredo Álvarez-Sala, Portavoz del Grupo
Parlamentario VOX.
161/004596
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a los ataques al patrimonio
cultural de los museos, para su debate en la Comisión de Cultura y Deporte.
Exposición de motivos
En mayo pasado, un visitante del Louvre, disfrazado y en silla de ruedas, intentó dañar La Gioconda lanzando una tarta contra el cuadro, aunque no lo consiguió gracias a su cristal protector, diciendo posteriormente que se trataba de una
acción por el planeta.
En el mes de julio, en la National Gallery de Londres, dos personas pegaron papeles sobre La Carreta de Heno de John Constable, manifestándose como miembros de la asociación Just Stop Oil. Ese mismo fin de semana otros dos activistas se
pegaron a un cuadro de William Turner en la Galería de Arte de Manchester.
15 https://www.abc.es/sociedad/abci-llaman-declarar-activistas-rebelion-cientifica-alterar-congreso-tras- lanzar-remolacha-202206151825 noticia.html.
16 https://gaceta.es/espana/los-museos-espanoles-en-alerta-ante-los-posibles-ataques-vandalicos-de-activistas-climaticos-20221024-1706/.
El pasado 10 de octubre dos personas pegaron sus manos con pegamento en el cristal que cubre la obra de Pablo Picasso Masacre en Corea, en la Galería Nacional de Victoria en Melbourne donde se encuentra en una exposición temporal, con una
pancarta que decía 'Caos climático guerra + hambruna'. Fueron arrestados junto con una tercera persona que les ayudó en la acción. Se identificaron como miembros de la asociación Extinction Rebellion.
El pasado 14 de octubre, dos supuestos ecologistas lanzaron un bote de sopa de tomate al famoso cuadro Los girasoles de Vincent Van Gogh, expuesto en la National Gallery de Londres.
El 23 de octubre, dos simpatizantes del grupo activista por el clima Letzte Generation, Ultima Generación, lanzaron puré de patatas contra un cuadro de la serie Los almiares de Claude Monet, expuesto en el Museo Barberini de Potsdam
(Berlín).
El 27 de octubre un nuevo activista climático pegó su cabeza al cristal del famoso retrato de Vermeer de Delft La joven de la perla, en la galería Mauritshuis, en La Haya, mientras una segunda persona que le acompañaba y que también pegó su
mano al vidrio protector, le lanzaba salsa de tomate. Los dos fueron arrestados y condenados a dos meses de prisión.
Días después, otros activistas arrojaron puré de verduras sobre El sembrador de Van Gogh en el Palacio Bonaparte de Roma, donde el cuadro formaba parte de una exposición dedicada al pintor holandés. No se causaron daños gracias al cristal
que protegía la obra. Tres personas fueron detenidas y se identificaron como miembros del grupo Última Generación, mientras una cuarta fotografiaba el momento y también fue detenida.
Ahora es el Museo del Prado el que, el sábado pasado, día 5 de noviembre, sufrió la necedad de estos supuestos activistas, miembros de una misteriosa organización llamada Futuro Vegetal, sobre los marcos de Las majas de Goya: dos jóvenes se
pegaron a los cuadros escribiendo con pintura negra entre ambos 1,5, en alusión a la subida de la temperatura global. Los lienzos de las dos obras atacadas están intactos, aunque los marcos se han visto dañados, en particular el de la Maja desnuda.
Es obvio que, dado el número de ataques previos al del Museo del Prado y la importancia de las pinturas elegidas por los vándalos en diferentes museos, el Ministerio de Cultura y Deporte tuvo que intuir que un acto de estas características
se produciría más pronto o más tarde, como demuestra el comunicado enviado el 24 de octubre a todos los museos nacionales para instarles a extremar las medidas de seguridad y ser exhaustivos en el cumplimiento de las normas de acceso que los
visitantes deben cumplir para acceder al recinto. La incógnita radicaba en la elección de la pintura objetivo, pero el método de ataque se conocía por los casos ocurridos previamente en muchos lugares diferentes. Por ello preocupa que no haya
podido identificarse el pegamento en los escáneres de los controles de seguridad y que, una vez comenzado el ataque a las Majas, se tardase más de dos minutos en acceder a la sala, permitiendo así que la segunda activista pintase la pared y, a su
vez, después de terminado el grafito, se pegase al marco de la Maja desnuda. Todo ello ha ocurrido una vez que el Museo hubiese anunciado un reforzamiento de sus medidas de seguridad, que no fue suficiente, y que anunciase en redes sociales su
propio compromiso con la prevención del cambio climático. Este ataque se suma a los problemas de personal que sufren los museos nacionales dependientes del Ministerio de Cultura, un problema ya denunciado por el Grupo Parlamentario Popular a través
de una proposición no de ley defendida el 25 de septiembre pasado, para la aprobación de un plan urgente de recursos humanos de los museos de titularidad estatal, y que fue rechazada, entre otros, por el Grupo Parlamentario Socialista.
Por todo ello, y ante la posibilidad, incluso probabilidad, de que se produzcan más ataques en diferentes museos del país, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
- Adoptar las medidas legislativas necesarias para asegurar la defensa efectiva del patrimonio histórico ante los actos de vandalismo, incluido el deslucimiento de las obras artísticas.
- Exigir responsabilidades a las organizaciones y asociaciones que respaldan tales actos de vandalismo contra el patrimonio cultural español, incluida la posibilidad de denegación de ayudas públicas o su penalización.
- Elevar a la Unión Europea la necesidad de adoptar iniciativas, medidas, métodos técnicos y buenas prácticas destinadas a reaccionar a los atentados contra el arte en Europa con la finalidad de preservar el legado para las futuras
generaciones.
- Coordinar con los diferentes museos estatales, a través del Ministerio de Cultura y Deporte, el establecimiento de medidas específicas de refuerzo de la seguridad, impidiendo el acceso al interior de los museos con cualquier líquido o
fluido, al igual que se exige en los aviones. Esas medidas extraordinarias deberán ir acompañadas de información a los visitantes, explicando las razones para ello.
- Incrementar el personal de seguridad de los museos de titularidad estatal de manera temporal, para una mayor eficacia a la hora de prevenir estos ataques.
- Realizar una campaña preventiva en medios de comunicación dirigida a recordar a la ciudadanía el valor del patrimonio cultural y de los museos como expresión máxima de la sabiduría, la genialidad, la perfección técnica, las creencias y los
deseos de las sociedades pasadas, a través de los que conocemos nuestra historia y educamos para apreciar la belleza'.
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de noviembre de 2022.-Marta González Vázquez, María Soledad Cruz-Guzmán García, Eduardo Carazo Hermoso y Óscar Gamazo Micó, Diputados.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso de los Diputados.
161/004602
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José María Figaredo Álvarez-Sala, don Francisco José Contreras Peláez, don José Ramírez del Río, doña Mireia Borrás Pabón y don Pedro Jesús Requejo Novoa, en su condición de Portavoz sustituto y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GP
VOX), respectivamente, al amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, formulan la siguiente Proposición no de Ley para la conmemoración y homenaje a la figura de don Ángel Sanz Briz,
para su debate en la Comisión de Cultura y Deporte.
Exposición de motivos
Primero. Breve biografía de don Ángel Sanz Briz.
Don Ángel Sanz Briz nació en Zaragoza en 1910, hijo de don Felipe Sanz, comerciante, y de doña Pilar Briz. Licenciado en Derecho por la Universidad Central de Madrid (predecesora de la actual Universidad Complutense), casi un año después
del comienzo de la Guerra Civil española, a sus 25 años, fue adscrito como funcionario al Ministerio de Estado en Madrid.
Durante esos años demostró su heroísmo humanitario salvando a cientos de personas en la España del Frente Popular, expidiendo documentos y tratando de influir sobre las autoridades 17. Asimismo, es conocido el testimonio de un funcionario
de la embajada alemana, el Sr. Fischer:
'Sé positivamente, por experiencia propia y por el testimonio de otros colegas,la gran labor realizada por usted cerca del comité rojo de la Estación del Mediodía de Madrid, en la que,con evidente riesgo de su persona, facilitó la salida de
Madrid a gran número de personas perseguidas 18'.
Tras el final de la guerra, en el año 1939, don Ángel Sanz Briz ingresó en la Carrera Diplomática, siendo destinado como encargado de negocios en la Embajada de España en El Cairo 19. El 19 de marzo de 1944, cuando se produjo la ocupación
alemana de Hungría, el señor Sanz Briz llevaba dos años ocupando este mismo cargo en la Embajada de España en Budapest.
17 En su expediente de funcionario consta la siguiente declaración: 'En la fecha en que comienza el glorioso Movimiento Nacional me hallaba en Madrid prestando mis servicios en la Sección de Protocolo del Ministerio del Estado. Esta
circunstancia [...] me colocó en una posición desde la que me fue posible favorecer a gran número de compatriotas perseguidos'. De 'Angel Sanz Briz: Su actuación en relación con el Movimiento Nacional', Archivo del Ministerio de Asuntos
Exteriores, p. 705, exp. 44665 (citado por Espada, Arcadi, En nombre de Franco: Los héroes de la embajada de España en el Budapest nazi, Espasa, 2014, p. 21).
18 Espada, Arcadi, op.cit, p. 23.
19 https://www.exteriores.gob.es/Embajadas/budapest/es/Embajada/Documents/HomenajeSanzBriz/CV %20%c3%81NGEL%SANZ%20BRIZ.pdf.
Como describiremos a continuación, en la hora más oscura de la Historia reciente, don Ángel Sanz Briz, diplomático español, usó dinero, documentos, instalaciones y leyes españolas para salvar a unos 5000 judíos de unas deportaciones que, con
casi total seguridad, equivalían a la muerte.
Segundo. Actuaciones llevadas a cabo por don Ángel Sanz Briz durante la segunda guerra mundial.
El Gobierno español adoptó desde 1943 una política de ayuda discreta a los judíos europeos, tanto por razones humanitarias como estratégicas (compensar a ojos de los Aliados -previsibles vencedores de la guerra- su apoyo a Hitler en el
ataque a la URSS y el envío de la División Azul). El inspirador de ese giro parece haber sido Javier Martínez de Bedoya, que siempre había defendido el antirracismo histórico español con argumentos parecidos a los de Ramiro de Maeztu:
'[...] nuestra paradójica ''Fiesta de la Raza'', que significa,en realidad,todo lo contrario. O sea,que España se mezcló con todas las razas, sin tener sentido racista y unitario, sin prejuicio alguno. La esencia del catolicismo es
antirracista' 20.
Por su parte, el ministro de Exteriores, Francisco Gómez-Jordana y Sousa, apoyó el plan y comisionó a Javier Martínez de Bedoya para sostener encuentros en Lisboa con el Congreso Judío Mundial. La primera reunión tuvo lugar en el hotel
Tívoli de Lisboa a principios de 1944.
En Hungría, a finales de junio de 1943, Miguel Ángel Muguiro, embajador en Budapest, recibe la orden de regresar a España, quedando el señor Sanz Briz a cargo de la legación como encargado de negocios. Desde allí, informa puntualmente a
Madrid de las novedades sobre la persecución a las comunidades judías, y en julio informa por primera vez de la existencia del campo de exterminio de Auschwitz:
'Afirman que el número de israelitas deportados se aproxima a 500.000. Sobre su suerte corren rumores alarmantes. La mayoría de los deportados judíos (en cada vagón de carga van unas 80 personas amontonadas) son enviados a un campo de
concentración cercano a Kattowitz donde les matan con gas, utilizando los cadáveres como grasa para productos industriales [...]' 21.
La política de auxilio a los judíos -comenzando por 400 sefarditas de Salónica a los que se intentó ayudar a salir a Palestina- quedó reflejada en el informe 15E de 1944, conservado en los archivos del Ministerio de Asuntos Exteriores. Tras
el fallecimiento de Gómez-Jordana, José Félix de Lequerica le sucedió como ministro de Exteriores. El nuevo ministro recibió el 20 de octubre este telegrama de Juan Francisco de Cárdenas, embajador español en Washington:
'Representante Congreso Judío mundial me ha visitado para pedirme si es posible que nuestra Legación en Budapest extienda protección a mayor número de judíos perseguidos en la misma forma que asegura lo hace Suecia,que envió un delegado
especial,el señor [Raoul] Wallenberg, autorizado por su gobierno para extender documentos de protección y concentrando sus protegidos en edificios que se consideran anejos a la Legación de Suecia en Budapest' 22.
Lequerica escribió tres días después al señor Sanz Briz:
'Embajador Washington a petición representante Congreso judío mundial ruega se extienda protección a mayor número judíos perseguidos. Sírvase V.E. informar en qué forma se puede atender a lo solicitado con mayor espíritu de benevolencia y
humanidad' 23.
En esos mismos días de octubre habían tenido lugar en Hungría cambios políticos, derivados del empeoramiento de la situación militar del país, que hacían la situación aún más crítica. Tras la entrada de tropas soviéticas en territorio
húngaro, el almirante Horthy (Regente y Jefe del Estado húngaro) intentó concertar una paz por separado con la URSS. Como parte de la 'Operación Panzerfaust', los alemanes secuestraron a su hijo y le obligaron a renunciar el 15 de octubre,
instalando en el poder a Ferenc Szálasy,
20 Semanario FE [Falange Española], 11 de enero de 1934.
21 Informe de don Angel Sanz Briz a sus superiores del Ministerio de Exteriores en junio de 1944.
22 Archivo del Ministerio de Asuntos Exteriores, telegrama n° 1007, 20 octubre 1944 (citado por Arcadi Espada, op. cit, p. 92).
23 Archivo del Ministerio de Asuntos Exteriores, telegrama n° 78, 23 octubre 1944 (Arcadi Espada, op. cit., p. 92).
líder del partido de la Cruz Flechada (los 'nyilas' o nazis húngaros). Don Ángel Sanz Briz informó al Gobierno español del recrudecimiento de la persecución:
'Se ha acentuado el terror antijudío. Se ha decidido la deportación a Alemania de todos los judíos que quedan en Hungría. Los hombres útiles serán transportados a pie; las mujeres, niños y ancianos, en tren. Se teme por la vida de todos
ellos' 24.
Ya desde el verano de 1944, el señor Sanz Briz venía extendiendo pasaportes españoles y salvoconductos a algunos judíos 25, aprovechando un Real Decreto dictado durante el reinado de Alfonso XIII que permitía conceder la ciudadanía a los
judíos sefardíes. Los doscientos inicialmente protegidos terminaron convirtiéndose en 5000, en su mayoría askenazíes (había muy pocos sefardíes en Hungría), mediante una mezcla de triquiñuelas administrativas y sobornos a las autoridades húngaras.
El propio Sanz Briz explicó algunas en una entrevista incluida en el libro Los judíos en España:
'Aproveché mis contactos para pedirles su colaboración en mi intento de convencer al gobierno húngaro de autorizar la protección española al menos para 200 españoles de origen sefardita. Así logramos nuestro objetivo más importante:
Hungría reconoció la existencia de los sefarditas y permitió que España les protegiera. El gobierno húngaro puso la condición de que los protegidos judíos españoles fueran trasladados a España con los gastos pagados, a lo que he dado mi
consentimiento oficial. El resto ha sido fácil: los doscientos nombres se han transformado en doscientas familias, pero nunca hemos expedido pasaportes ni cartas de protección que excediera el número 200. Gestionamos estos documentos en la
Embajada y hemos producido series que marcamos con las letras del alfabeto [...]'.
Liderados por el nuncio de la Santa Sede, Angelo Rotta, los embajadores de varios países interesados en salvar judíos -Suecia, Suiza, España- se coordinaron para extender cartas de protección y custodiar a los protegidos en edificios anexos
a las legaciones diplomáticas. Sanz Briz utilizó los fondos de la Embajada para alquilar hasta once casas en cuya puerta se colocaba el cartel de 'protegido por la Legación española'.
Además, para llevar a cabo su labor humanitaria contó con el apoyo decisivo de dos personas:
- Elisabeth Tourné, empleada de la Embajada desde 1918 (que ya había extendido pasaportes españoles a judíos perseguidos desde los años treinta, adelantándose al esfuerzo español oficial).
- El abogado magiar Zoltán Farkas, que acompañaba a Sanz Briz -que no dominaba el idioma húngaro- en todas sus gestiones, llegando a sacar a judíos protegidos de convoyes, custodiados por nyilas o por las SS, que ya se acercaban a la
frontera austríaca. Farkas sería asesinado el 13 de enero, con los soviéticos ya entrando en la ciudad.
Sanz Briz, con permiso del Gobierno español, abandonó Budapest el 7 de diciembre de 1944, rumbo a Suiza. La participación de la División Azul en la invasión alemana de la URSS en 1941 hacía temer que los soviéticos no tomasen en serio la
neutralidad española; la vida del representante español corría peligro (de hecho, el diplomático sueco Raoul Wallenberg, que también había salvado a muchos judíos, desapareció bajo custodia soviética en circunstancias poco claras en enero de 1945).
Sin embargo, su labor humanitaria fue continuada durante algunos meses por sus compañeros de la embajada. Entre el 7 de diciembre de 1944 y el 13 de febrero de 1945 (fecha del control definitivo de Budapest por el Ejército Rojo), la
protección de los judíos refugiados en edificios anexos a la Embajada fue asumida por Zoltán Farkas, Elisabeth Tourné y, especialmente, el italiano Giorgio Perlasca, que se autodeclaró 'embajador en funciones' y consiguió milagrosamente que esa
condición fuese respetada por los nyilas, que seguían asesinando judíos mientras los soviéticos cercaban la capital.
Tercero. Conclusiones.
Tras su retorno a España, don Ángel Sanz Briz mantendría durante décadas un discreto silencio sobre su hazaña. El 'ángel de Budapest' tuvo una carrera profesional muy brillante, con destinos en San Francisco, Washington, Lima o Berna.
24 Citado por Arcadi Espada, op.cit., p.104.
25 https://www.exteriores.gob.es/Embajadas/budapest/es/Embajada/Documents/HomenajeSanzBriz/ SALVOCONDUCTOS.pdf.
En 1966, el señor Sanz Briz fue uno de los primeros gentiles distinguidos por Israel con la alta consideración de 'Justo entre las Naciones', reservada a los benefactores del pueblo judío. En 1973 se convirtió en el primer embajador de
España en la China comunista. En 1976 fue designado embajador en la Santa Sede, una posición que significaba mucho para él como católico devoto que era; ocupaba dicha posición cuando falleció en 1980.
En 1991, el Museo Yad Vashem de Jerusalén inscribió su nombre en el memorial del Holocausto. En 1994, el Gobierno de Hungría le concedió a título póstumo la Cruz de la Orden del Mérito de la República Húngara. En la Gran Sinagoga de
Budapest (la segunda más grande del mundo después de la de Nueva York) actualmente hay una placa que lleva su nombre. El 16 de octubre de 2015, en un acto solemne, el alcalde de Budapest, István Tarlós y el secretario de Estado de Asuntos
Exteriores, Ignacio Ybáñez, inauguraron la Avenida Ángel Sanz Briz y el monumento dedicado a su memoria, obra del artista Krisztián Máthé.
Pese a todo lo anterior, la figura de Ángel Sanz Briz es casi totalmente ignorada por el público español, especialmente por la juventud. Mientras que el empresario alemán Oskar Schindler es conocido universalmente gracias a la película de
Spielberg, el diplomático español, que salvó tantas vidas o más que el citado héroe cinematográfico, no ha sido publicitado y reivindicado por España con la intensidad que merecería. Este olvido debe ser enmendado, lo que se pretende mediante esta
iniciativa.
No en vano, don Ángel Sanz Briz cumple con la totalidad de los requisitos incluidos en el Real Decreto 1051/2002,de 11 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de la Real y Distinguida Orden Española de Carlos III, para ser
condecorado a título póstumo por el Gobierno de la Nación. Asimismo, y teniendo en cuenta que la mayor parte de su carrera se desarrolló durante la posguerra y bajo el régimen de Franco, pudiera ser que la Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria
Democrática, o sucesivas iniciativas de similares propósitos, pudiesen utilizarse para atacar a la figura de don Ángel Sanz Briz, a su valoración pública y a los honores que haya merecido o pueda merecer en el futuro. Por ello, se hace necesario
promover cuantas acciones sean necesarias para impedir que las injustas previsiones de tales normas puedan perjudicar su recuerdo, con el objetivo de que su obra sea reconocida y apreciada.
No obstante, es necesario matizar que el mejor homenaje que se puede hacer al señor Sanz Briz y a tantos españoles que se han destacado por su trabajo a favor de los demás, y por su contribución a la grandeza y al prestigio de España, sería
precisamente la adopción de una política de Estado completamente diferente en lo relativo a la historia y a la memoria. Los poderes públicos, cuya función primordial es procurar el bien común en el presente y en el futuro, solamente deben mirar al
pasado para encontrar valiosos ejemplos que emular, y para meditar sobre los hechos negativos de los que puedan extraerse enseñanzas útiles para el porvenir. Nunca debe utilizarse la historia con un ilegítimo propósito de obtener ventajas
partidistas en el debate político o, lo que es peor, con una finalidad perversa de excitar artificialmente las discordias sectarias entre españoles. Asimismo, hay que rechazar tajantemente toda pretensión de erradicar la memoria de grandes figuras
de nuestro pasado con el pretexto de su pensamiento o de su relación con determinado régimen político. En consecuencia, se hace imperativo promover la derogación de la referida Ley de Memoria Democrática y de las leyes regionales de contenido
análogo, asegurando que la Historia sirva para los españoles como fuente de orgullo y de reflexión, y no de división.
En virtud de lo expuesto, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a lo siguiente:
1. Declarar el 23 de octubre -fecha en que, tras el telegrama del ministro Lequerica, comenzó la fase más intensa de la labor humanitaria del diplomático español- como 'Día Sanz Briz', con conmemoraciones y homenajes.
2. Promover la elaboración de materiales didácticos sobre la actividad de don Ángel Sanz Briz y otros diplomáticos españoles durante la Segunda Guerra Mundial, poniéndolos a disposición de las escuelas.
3. Iniciar el expediente de concesión de la Cruz de Carlos III, a título póstumo, para el señor Sanz Briz, en aplicación de lo dispuesto en el Real Decreto 1051/2002, de 11 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de la Real y
Distinguida Orden Española de Carlos III.
4. Impulsar desde los canales de radiotelevisión de la Corporación RTVE la divulgación y promoción de la figura de don Ángel Sanz Briz, en su papel protagonista en la ayuda española a los judíos perseguidos durante la Segunda Guerra Mundial
en Hungría, con el fin de ensalzar su meritoria labor salvando las vidas de los judíos perseguidos.
5. Fomentar, a través de las instituciones del Estado, la divulgación y promoción de la figura del señor Sanz Briz, conocido como 'el Ángel de Budapest', que contribuyó a salvar la vida de más de 5000 personas en la Segunda Guerra Mundial.
Asimismo, el Congreso de los Diputados insta al Gobierno a impulsar la derogación inmediata de la Ley 20/2022,de 19 de octubre, de Memoria Democrática y abandonar el propósito de impulsar iniciativas de la misma factura. De esta manera se
garantizará que la persona de don Ángel Sanz Briz, conocido como 'el Ángel de Budapest', o de cualquier español que haya contribuido al bien común, con independencia del momento histórico en que vivió o las ideas que tuviere, no sea atacada por una
deriva ideológica de revanchismo histórico'.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de octubre de 2022.-Francisco José Contreras Peláez, José Ramírez del Río, Mireia Borrás Pabón y Pedro Jesús Requejo Novoa, Diputados.-José María Figaredo Álvarez-Sala, Portavoz del Grupo
Parlamentario VOX.
Comisión de Sanidad y Consumo
161/004597
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, presenta, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la presente Proposición no de Ley
para su debate y aprobación en la Comisión de Sanidad y Consumo, relativa a la información sobre la Tarifa de Último Recurso de gas.
Exposición de motivos
Los mercados energéticos han sufrido grandes cambios desde la pandemia de la COVID-19 que han tenido consecuencias para los consumidores finales. Desde la abrupta bajada de precios derivada del desacoplamiento entre la oferta y la demanda
por las cuarentenas en Europa, hasta el acelerado incremento de los precios de los mercados minoristas de gas y electricidad en 2021, se han producido fuertes alteraciones de mercado que han puesto en riesgo de pobreza energética a miles de
consumidores españoles.
Estos cambios sustanciales en los precios llevaron al Gobierno a tramitar varios reales decretos para frenar el encarecimiento de los precios por medio del Real Decreto-ley 12/2021, de 25 de junio, sobre fiscalidad energética; el Real
Decreto-ley 17/2021, de 14 de septiembre, de medidas urgentes para mitigar el impacto de la escalada de precios del gas natural en los mercados minoristas de gas y electricidad, estableciendo un mecanismo de cálculo para la tarifa de último recurso;
el Real Decreto-ley 23/2021, de 26 de octubre, de medidas urgentes en materia de energía para la protección de los consumidores; o el Real Decreto-ley 29/2021, de 21 de diciembre, por el que se adoptan medidas urgentes en el ámbito energético.
Desde febrero de 2022, la invasión rusa de Ucrania y sus consecuencias, incluyendo el corte del suministro de gas ruso, han desatado una crisis energética en toda Europa que ha aumentado exponencialmente los precios de la energía. Esto ha
motivado al ejecutivo español a aprobar otra batería de Reales Decretos-ley como reacción a la escalada de precios. Entre las medidas adoptadas en 2022, cabe destacar el Real Decreto-ley 18/2022, de 18 de octubre, por el que se aprueban medidas de
refuerzo de la protección de los consumidores de energía y de contribución a la reducción del consumo de gas natural en aplicación del 'Plan + seguridad para tu energía (+SE)', así como medidas en materia de retribuciones del personal al servicio
del sector público y de protección de las personas trabajadoras agrarias eventuales afectadas por la sequía. Por medio de este Real Decreto-ley, se establecen medidas
de prórroga de la aplicación de la limitación de la tarifa de último recurso para consumidores individuales con un consumo inferior a 50000 kWh/año hasta finales de 2023, permitiendo una excepción temporal a las comunidades de propietarios
que utilizan calefacción central (un 6,6 % de las viviendas que existen en España según datos del INE), que sobrepasan esos niveles de consumo.
Todas las medidas tomadas por el Gobierno relativas a la Tarifa de Último Recurso de gas tienen como objetivo proteger a la población, y sobre todo a los más vulnerables, frente a la escalada de los precios de la electricidad y la inflación.
La Tarifa de Último Recurso establece un precio fijo para el consumo energético. Actualmente ese precio puede encontrarse por debajo de los costes de producción, por lo que las compañías energéticas pueden estar vendiendo a pérdidas. Sin
embargo, los Presupuestos Generales del Estado para 2023 proponen una partida para asumir el diferencial de déficit, lo que respaldará tanto a compañías energéticas como a consumidores finales.
La gran diferencia de precios entre la tarifa regulada y las de libre mercado ha conducido a que los consumidores soliciten de forma masiva el cambio de una tarifa a la otra. La respuesta de las comercializadoras que aún tienen la opción de
tarifas reguladas se ha visto colapsada ante la gran cantidad de personas que exigen este cambio. Esto ha provocado una saturación en las gestiones para realizar los cambios de compañía y de tarifa que debe ser resuelta de forma inmediata, con el
objetivo de proteger a las personas en todo el territorio del Estado durante los meses más fríos del año, respondiendo a los principios de competencia y de libertad de elección de las opciones de consumo por parte de los usuarios.
Entendiendo que la escalada de precios puede seguir en aumento, y que esto impactará más profundamente sobre las clases menos favorecidas, la Tarifa de Último Recurso se presenta como una herramienta de contención social que debe ser
promocionada desde los sectores públicos, pero también privados.
Por todo ello, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Fomentar el acceso a la información de los consumidores por medio del establecimiento de medidas informativas visibles en la factura del gas, que faciliten a los consumidores adherirse a las Tarifas de Último Recurso.
2. Adoptar cuantas medidas estén en su mano para garantizar el derecho de los consumidores a adherirse a las Tarifas de Último Recurso de gas.
3. Reforzar los derechos de los consumidores por medio del establecimiento de procedimientos para la agilización de los cambios de tarifas'.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2022.-Laura López Domínguez, Diputada.-Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común.
161/004599
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para reclamar Servicios de Atención al
Usuario en la Administración del Estado, para su debate en la Comisión de Sanidad y Consumo.
Exposición de motivos
La Constitución española de 1978 es clara en la exigencia de servicio al interés público y de eficiencia que hace a la Administración Pública. Así, el artículo 103, en su párrafo primero, indica lo siguiente: 'La Administración Pública
sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios
de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho'.
Del citado precepto se desprenden dos notas elementales. La primera, que la actividad de la Administración Pública tiene como meta prioritaria el servicio a los intereses de todos los ciudadanos y sus necesidades, y la segunda que ello debe
hacerse atendiendo a unos principios básicos y con pleno respeto al ordenamiento jurídico.
Este mandato constitucional y sus derivadas se han integrado en la totalidad de las normas de nuestro sistema que regulan la actuación administrativa, destacando fundamentalmente la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del
Sector Público. En ella, su artículo tercero, bajo el epígrafe de 'principios generales', reitera los mismos mandatos y principios que estable nuestra Carta Magna.
Que el funcionamiento administrativo responda a los principios antes enunciados es una tarea que se encuentra bajo la expresa dirección del gobierno, quien ha de velar y dirigir las actuaciones encaminadas a garantizar su cumplimiento y
perfecta respuesta. Así lo reconoce, por ejemplo, la exposición de motivos de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en cuyo apartado tercero, párrafo segundo, se refleja lo
siguiente: 'La Constitución de 1978 alumbra un nuevo concepto de Administración, expresa y plenamente sometida a la Ley y al Derecho, como expresión democrática de la voluntad popular, y consagra su carácter instrumental, al ponerla al servicio
objetivo de los intereses generales bajo la dirección del Gobierno, que responde políticamente por su gestión'.
El Gobierno, sin embargo, no solo no se ha preocupado de cumplir lo anterior y mejorar el servicio que presta la Administración, sino que desde que comenzó su mandato ha llevado a la administración española a una situación de calidad
deficiente, escasez de personal y desatención de los fines y tareas que le son propios. Un elemento que no es baladí, sino que resulta indispensable para la competitividad de nuestro país. Así ha sido acreditado recientemente por el Ranking de
Competitividad Mundial de IMD 2022, que ha posicionado la situación competitiva de España en el puesto 36, de un total de 63 economías. Resulta revelador que, desde que gobierna Pedro Sánchez, el apartado que mide la eficiencia del sector público
se ha deteriorado sustancialmente, habiendo retrocedido España 12 puestos en cuatro años, de la posición 38 a la 50, con el evidente perjuicio de la competitividad de nuestro país que ello acarrea y, más importante aún, la desatención que ello
supone de las necesidades de los administrados.
Un ejemplo revelador lo encontramos, entre otros, en el ámbito del servicio de atención al público que se presta por la Administración de la Seguridad Social, indispensable estructura pública en la articulación de nuestro estado del
bienestar, y de eficiencia primordial para todos los españoles, a la luz de las trascendentales funciones que desarrolla en aspectos básicos de la vida de los ciudadanos, como, por ejemplo, la gestión y reconocimiento de prestaciones públicas.
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) emitió el 4 de abril de 2022 un comunicado en el que denunciaba 'la falta de responsabilidad e implicación por parte de quienes tienen asumida su gestión (de la Seguridad Social)
hace insostenible que un servicio público, pilar del estado social y democrático de derecho, sea capaz de mantener y garantizar los derechos reconocidos al conjunto de la ciudadanía', a lo que añaden: 'la situación enquistada en la que se encuentra
la Seguridad Social, por parte de sus responsables y gestores que, lejos de buscar soluciones y alternativas viables, llevan a este servicio público a su total deterioro, con malas prácticas que atienden más bien a intereses privados, vulnerando el
carácter público y de atención a la ciudadanía'. Ello, por supuesto, sin que en ningún caso esta deficiente gestión y prestación del servicio pueda ser atribuible a los funcionarios públicos que prestan servicios en la misma. La ausencia de medios
humanos y materiales suficientes, unido al desconocimiento o desatención de los problemas existentes y una incapacidad manifiesta para la resolución de los problemas por parte del gobierno, son los causantes de que una administración
tradicionalmente destacada como eficiente y ágil, haya llegado al punto en el que se encuentra actualmente.
Es este, desgraciadamente, un problema que se extiende a la mayor parte de los servicios y oficinas de la Administración del Estado. Publicaciones recientes en diferentes medios de comunicación dejan constancia del deterioro al que este
gobierno ha llevado a los servicios de nuestra administración pública, publicaciones que dejan constancia de los numerosos intentos fallidos de trámites en muy diversas oficinas administrativas, de muy diferentes partes de España, siendo el
resultado la misma imposibilidad de ser atendidas las demandas ciudadanas. La falta de atención a los usuarios por la administración no es otra cosa que un incumplimiento claro del mandato de responder a los intereses de los españoles, que ven
afectados sus derechos y desatendidas sus necesidades, algo de lo que la administración pública debe ser garante.
Frente a este olvido del Gobierno por cómo funcionan los servicios prestados por la Administración, a los que recordamos debe responder expresamente, llama la atención que sí pretenda el ejecutivo implementar medidas para regular al máximo
el servicio que han de prestar las entidades privadas. Se ignoran absolutamente aquellos servicios que son de su exclusiva competencia, pero se ocupan de regular hasta el más mínimo detalle el funcionamiento de las entidades privadas con medidas,
muchas veces, carentes de lógica o imposibles de ser cumplidas.
Este comportamiento es habitual en el funcionamiento de este gobierno. Por ejemplo, ante el cierre de muchas oficinas bancarias (cuestión que debe ser atendida y solucionada, toda vez que la España rural y aquellas zonas de nuestro país
menos pobladas son tributarias de los mismos derechos que el resto del país, como siempre ha defendido el Partido Popular), el gobierno se afanó en exigir medidas y actuaciones, mientras que frente al cierre de oficinas administrativas no se toma
ninguna medida. En enero de este año, la Vicepresidenta Segunda y Ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, ante la problemática enunciada sobre el cierre de oficinas bancarias y las decisiones adoptadas, decía que 'nos hemos dado
cuenta de que estas medidas no son suficientes para atender a nuestros mayores y por eso hemos instado al sector financiero a poner en marcha, en el plazo de un mes, un plan de acción que ponga coto a estas dificultades, porque tenemos que acompañar
a aquellos que quieren y que pueden adaptarse a las nuevas tecnologías, facilitándoselo, y a aquellos que no pueden o no quieren, dándoles medios que garanticen que tienen acceso a los servicios financieros'. Sin embargo, nada se ha escuchado al
ejecutivo sobre el cierre de oficinas de atención de la Administración y las dificultades para, por ejemplo, obtener cita previa o ser atendido, como se refleja en los artículos antes citados. No es que las medidas 'no sean suficientes' como
denunció la vicepresidenta, sino que son inexistentes. Sólo en la Administración de la Seguridad Social, siguiendo la línea anteriormente referida, una de cada tres oficinas está en riesgo de ser cerrada.
Llama igualmente la atención que se esté tramitando en el Congreso de los Diputados el Proyecto de Ley por la que se regulan los Servicios de Atención a la Clientela, imponiendo numerosas exigencias (muchas de ellas exorbitadas) a las
empresas, que el Gobierno no adopta ni replica en el marco de sus competencias para el funcionamiento de la Administración. Medidas tendentes, entre otras, a la fijación de parámetros de calidad en la atención a los clientes, delimitación exacta de
tiempos de atención y resolución de reclamaciones y consultas, prohibición del empleo de contestadores automáticos u otros medios análogos como medio exclusivo de atención a la clientela u obligación de contar con de medios humanos, materiales,
técnicos y organizativos adecuados. Medidas que, debidamente previstas y atendiendo a la realidad empresarial y social de nuestro país, pueden ser oportunas para la satisfacción del interés de los consumidores y usuarios, pero que deberían ser
también plenamente exigibles en el servicio de atención a los administrados y que, sin embargo, el Gobierno no quiere aplicarse a sí mismo.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Mejorar la atención a los usuarios, implementando todas las medidas dirigidas a prestar una atención a los ciudadanos más eficiente, clara y transparente en todos los órganos de la Administración del Estado.
2. Devolver la presencialidad a las consultas de los ciudadanos en el mayor porcentaje posible, atendiendo de manera especial a las personas de más edad o de las que se prevea que tendrán mayores dificultades para una gestión en línea de
sus demandas, o que simplemente así lo soliciten.
3. Implantar servicios de atención al usuario donde se puedan presentar y tramitar todas las consultas, quejas, reclamaciones e incidencias.
4. Cumplir en los servicios de atención al usuario de la Administración del Estado los estándares de calidad exigidos a los Servicios de Atención al Cliente de las empresas'.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2022.-Carmen Riolobos Regadera, Carmen Navarro Lacoba, Marta González Vázquez, Ana María Pastor Julián, Elena Castillo López, José Antonio Bermúdez de Castro Fernández, Llanos de Luna
Tobarra y José Ángel Alonso Pérez, Diputados.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/004601
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre acceso al registro civil en los supuestos de muerte perinatal, para su debate
en la Comisión de Sanidad.
Exposición de motivos
La muerte perinatal es aquella que se produce, según la OMS, entre la semana 22 de gestación, durante el parto o durante los primeros siete días de vida del recién nacido.
Naciones Unidas la sitúa a partir de las 28 semanas de gestación, y el inicio del período varía según los países.
A los efectos de Registro Civil, la disposición adicional cuarta de la Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil, establece que figurarán en un archivo del Registro Civil, sin efectos jurídicos, los fallecimientos que se produzcan con
posterioridad a los seis meses de gestión que no cumplieran las condiciones previstas en el artículo 30 del Código Civil, pudiendo los progenitores otorgar nombre. Este archivo quedará sometido a un régimen de publicidad restringida.
Por su parte, el artículo 67 de la misma Ley, que regula los supuestos especiales de inscripción de defunción, establece en su apartado 3 que, en los casos de fallecimiento con posterioridad a los seis meses de gestación, antes del
nacimiento, y siempre que el recién nacido hubiera fallecido antes de recibir el alta médica, después del parto, el certificado médico lo firmarán, al menos, dos facultativos, quienes afirmarán, bajo su responsabilidad que, del parto, y, en su caso,
de las pruebas realizadas con material genético de la madre e hijo no se desprenden dudas razonables sobre la relación materno filial. Estas pruebas y el centro sanitario que conserve la información relacionada con las mismas constarán inscripción,
o en el archivo a que se refiere la disposición adicional cuarta en su caso.
Con carácter general, el artículo 62 de la Ley 20/2011, de 31 de julio, establece en relación con las defunciones, que su inscripción es obligatoria. En ella deberá constar la identidad del fallecido y se practicará en función de un
formulario oficial acompañado de certificado y, en su caso, dictamen del facultativo.
En el caso de producirse la defunción en centro sanitario, el artículo 64 de la citada Ley dispone que la dirección del centro lo comunicará a la Oficina del Registro Civil competente y al Instituto Nacional de Estadística, por medios
electrónicos, mediante el envío del formulario oficial cumplimentado, acompañado del certificado médico.
Sin embargo, esta previsión de comunicación por parte del centro sanitario por medios electrónicos al Registro Civil no se aplica en la actualidad al supuesto especial de la inscripción que regula el apartado tercero del artículo 67 de esta
Ley.
Y tampoco existe un formulario oficial adecuado que recoja la información que exige, con carácter general para la inscripción de las defunciones el artículo 62 mencionado, ni la información específica sobre las pruebas médicas que exige el
apartado 3 del artículo 67.
El formulario que se facilita a los progenitores que se personan en las oficinas de Registro Civil es el que establece la Orden del Ministerio de Justicia de 26 de mayo de 1988, sobre ciertos modelos del Registro Civil, modificada el 26 de
noviembre de 1996, como 'Declaración y parte de alumbramiento de criaturas abortivas'.
Este formulario no permite a los progenitores otorgar nombre, derecho que les es reconocido por la disposición adicional cuarta de la Ley del Registro Civil, y remite expresamente al Legajo de Abortos, cuando esta misma disposición prevé un
archivo específico en el Registro Civil.
Es por todo ello que, para el pleno ejercicio de los derechos que reconoce nuestra legislación y el cumplimiento de las obligaciones que establece, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Culminar, en colaboración con el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos, el desarrollo tecnológico que permita la comunicación de la defunción por parte de la dirección de los centros sanitarios al Registro Civil, por medios
electrónicos, en los términos que establece con carácter general el artículo 64
de la Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil, a los supuestos especiales del apartado 3 del artículo 67 de la misma.
2. Modificar la Orden de 26 de mayo de 1988 sobre ciertos modelos del Registro Civil para incorporar un modelo de formulario oficial para declarar, a los efectos del Registro Civil, los supuestos que regula la disposición adicional cuarta y
el apartado 3 del artículo 67 de la Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2022.-Carmen Andrés Añón, Ana Prieto Nieto, Francisco Aranda Vargas y María Mercè Perea i Conillas, Diputados.-Guillermo Antonio Meijón Couselo e Isaura Leal Fernández, Portavoces del
Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades
161/004591
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Republicano, a instancia del Diputado Joan Margall Sastre, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para mitigar el impacto de
la escalada de los precios de la energía sobre los centros dedicados a la investigación y al desarrollo, para su debate en instancia en la Comisión de Ciencia, innovación y Universidades.
Exposición de motivos
La escalada de los precios de la energía está suponiendo un lastre cada vez más pesado para todos los elementos que conforman la sociedad. Las consecuencias directas de la emergencia climática, los signos de agotamiento de los combustibles
fósiles, el estallido de la guerra en el este de Europa con las tensiones geopolíticas que se han generado son elementos que no hacen más que incrementar de forma exponencial esta problemática, en especial por lo que respecta al precio del gas y
derivados del petróleo. Además, las perspectivas no son muy halagüeñas, sin ir más lejos las previsiones de la Agencia Internacional de la Energía contemplan una caída en la producción de Petróleo comparable a la caída de consumo que se produciría
en una guerra mundial. Es bien conocido el impacto que acarrea sobre familias esta situación, empresas e Instituciones que ven aumentados rápidamente los costes fijos de abastecimiento energético, algo que se traduce en una economía inflacionaria a
todos los niveles.
En este sentido, sectores como el del I+D+i, que son intensivos en demanda de energía sufren de manera muy directa esta escalada. La mayoría de los centros dedicados a la investigación y al desarrollo cuentan con Laboratorios con equipos
tecnológicos que requieren de gran cantidad de energía para garantizar su funcionamiento. Por ejemplo, el Instituto de Ciencias del Mar (ICM) del CSIC en Barcelona, cuenta con un clúster de computación, congeladores a menos de sesenta grados bajo
cero para muestras, acuarios, etcétera. En pocos meses, este centro ha visto multiplicado por cinco la factura energética, a pesar de haber mantenido el consumo. Y todas las previsiones indican que aún podría llegar a duplicarse el coste de no
hacer ninguna actuación directa y radical al respecto.
Esta situación es extensiva a toda la red de centros del CSIC y de todo el sector del I+D+i, poniendo en gravísimo riesgo la continuidad y viabilidad de los proyectos científicos y tecnológicos que se desarrollan en su seno así como las
carreras científicas de los investigadores e investigadoras. Si bien los centros que dependen de grandes conglomerados públicos como el CSIC pueden ver paliados los efectos de esta crisis a base de inyección de capital y el rescate ordenado por sus
órganos de gobierno centrales no deja de ser una solución provisional y que solamente afecta a este tipo de centros pertenecientes al sistema público. Cabe, pues, implementar medidas para fomentar el ahorro energético, modernizando equipos que
resulten energéticamente ineficientes y apostar para la reconversión de los centros de I+D+i para abastecerse del autoconsumo de energía verde generada a partir de fuentes renovables.
Por todo lo expuesto, el Grupo Republicano, presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta el Gobierno a:
1. La creación de un fondo coparticipado por las Comunidades Autónomas con competencia en materia de I+D+i para el fomento de la reconversión a la energía verde y al autoconsumo energético de los centros dedicados a la investigación
científica y tecnológica.
2. Realizar, en colaboración con las Comunidades Autónomas, un estudio pormenorizado de todo el sector del I+D+i para conocer los márgenes de mejora en la eficiencia y las necesidades de modernización tecnológica que requiera el avance
hacia un menor consumo energético.
3. La creación de un fondo coparticipado por las Comunidades Autónomas con competencia en materia de I+D+i para implementar las Inversiones necesarias en nuevos equipos tecnológicos y/o las medidas que se deriven de las conclusiones del
estudio del apartado anterior.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de noviembre de 2022.-Joan Margall Sastre, Diputado.-Gabriel Rufián Romero, Portavoz del Grupo Parlamentario Republicano.
Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo
161/004603
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Plural, a instancias de la Diputada de Junts Mariona lllamola Dausá, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta para su debate en la Comisión de Cooperación
Internacional para el Desarrollo, una Proposición no de Ley de Refuerzo de la colaboración de la cooperación en los proyectos y programas de asistencia, acompañamiento y reinserción de los migrantes retornados en África Occidental.
Exposición de motivos
En la estrategia para el África Subsahariana del V Plan Director de la Cooperación Española se estableció como ámbito prioritario el fortalecimiento institucional a nivel nacional y regional en materia de gestión de migración, la lucha
contra sus causas profundas y la libre circulación de personas en los espacios intrarregionales y la protección de los migrantes en tránsito (V Plan Directos, pág. 53). En este sentido, tanto la AECID como el Ministerio de Asuntos Exteriores, UE y
Cooperación, han realizado diferentes acciones en Senegal, país donde se concentra el movimiento migratorio de África Occidental, entre las cuales cabe destacar el proyecto de cooperación 'Gobernanza, Migración y Desarrollo' (GMD) y el Memorando de
Entendimiento entre el Ministerio de Inclusión, Segundad Social y Migraciones del Reino de España y el Ministerio de Asuntos Exteriores y de los Senegaleses en el Exterior de la República de Senegal en el ámbito de la gestión y gobernanza de las
migraciones, hecho en Dakar el 9 de abril de 2021 26.
Ambas iniciativas tienen como objetivo principal abordar el fenómeno migratorio de manera integral, atendiendo las necesidades de los propios migrantes, de los retornados, de los migrantes potenciales y de sus familias. Así pues, las
actuaciones concretas para alcanzar dicho objetivo se han basado en la apertura de Oficinas de Acogida, Orientación y Monitoreo de Migrantes en el marco del proyecto GAM, o en el intercambio de información y buenas prácticas, la realización de
seminarios o la sensibilización sobre
26 AECID (17/02/2022), 'La descentralización de la política migratoria senegalesa avanza gracias al proyecto de cooperación 'Gobernanza, Migración y Desarrollo'. Enlace:
https://www.aecid.es/ES/Paginas/Sala%20de%20Prensa/Noticias/2022/2022_02/17_senegal.aspx.?Memorando de Entendimiento entre el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones del Reino de España y el Ministerio de Asuntos Exteriores
y de los Senegaleses en el Exterior de la República de Senegal en el ámbito de la gestión y gobernanza de las migraciones, hecho en Dakar el 9 de abril de 2021. Enlace:
https://www.mites.gob.es/ficheros/ministerio/mundo/consejerias/senegal_archivos/Memorando_Gestion_y_Gobernanza_Migraciones.pdf.
los peligros de la migración irregular, mecanismos y actuaciones establecidas por el Memorando de Entendimiento. Asimismo, y en el marco del mismo Memorando, se han reiniciado los proyectos de migración circular o de temporada de jóvenes
senegaleses, con la llegada de 17 jóvenes senegaleses que trabajaron en una empresa de recogida de frutas en Albacete, entre los meses de abril y junio de 2022 27.
No obstante, a pesar de estas iniciativas, el apoyo de la cooperación española en el ámbito de la migración en África Subsahariana, y en concreto en Senegal, no es suficiente. Las asociaciones y organizaciones que trabajan en el terreno,
atendiendo cada día a los migrantes potenciales y/o retornados, manifiestan que las campañas de sensibilización sobre la inmigración irregular no responden a las necesidades reales de este colectivo, y en especial del colectivo de migrantes
retornados. Dichas organizaciones y asociaciones senegalesas ponen en marcha dispositivos de ayuda a migrantes retornados y a sus familias, pero resultan insuficientes a nivel de alcance y de eficiencia. En Senegal, los migrantes retornados se
encuentran en situaciones muy diversas. Por una parte, hay migrantes retornados en situación de vulnerabilidad, puesto que no reciben ningún tipo de ayuda ni apoyo, ni familiar ni institucional (como podría ser un equivalente a las ayudas
extraordinarias para retornados de nacionalidad española ofrecidas por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones). Por otra parte, se han conformado grupos de migrantes retornados con ambición de emprendimiento en vistas de generar
empleo para los más necesitados, pero sin un marco de apoyo socioeconómico sólido para sus proyectos.
Proposición no de Ley
'La Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo del Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Ampliar las líneas de subvenciones en Senegal para las asociaciones y organizaciones senegalesas con el objetivo de dotar de más recursos a los proyectos de reinserción de migrantes desarrollados e implantados por las mismas.
2. Establecer una alianza entre la AECID y la Federación de Asociaciones de Senegaleses en el Exterior y Retornados (FASER) para reforzar y ampliar la colaboración de la cooperación del Estado español en los proyectos y programas de
asistencia, acompañamiento y reinserción de los migrantes senegaleses retornados.
3. Establecer como objetivo y línea de acción en el próximo Plan Director el apoyo en los países socios en la elaboración de políticas y programas de asistencia, acompañamiento y reinserción de migrantes retornados, contribuyendo
directamente al ODS 10 e indirectamente a los ODS 4 y 8'.
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de noviembre de 2022.-Mariona Illamola Dausà, Diputada.-Míriam Nogueras i Camero, Portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Plural.
Comisión de Derechos de la Infancia y Adolescencia
161/004583
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José María Figaredo Álvarez-Sala, doña María Teresa López Álvarez, don Pablo Juan Calvo Liste, doña Rocío de Meer Méndez, doña María de la Cabeza Ruiz Solás y doña Georgina Trías Gil, en sus respectivas condiciones de Portavoz Sustituto
y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente Proposición no de Ley relativa a garantizar el efectivo cumplimiento del Acuerdo entre el
Reino de España y el Reino de Marruecos sobre la cooperación en el ámbito de la prevención de la inmigración ilegal de menores no acompañados, su protección y su retorno concertado, hecho en Rabat el 6 de marzo de 2007, para su discusión en la
Comisión de Derechos de la Infancia y Adolescencia.
27 Naranjo, José (30/09/2022), 'España y Senegal retoman la migración circular como alternativa a los cayucos', El País. Enlace:
https://elpais.com/espana/2022-09-30/espana-y-senegal-retoman-la-migracion-circular-como-alternativa-a-los-cayucos.html
Exposición de motivos
Primero. Acuerdo bilateral entre el Reino de España y el Reino de Marruecos y alguna de las obligaciones que comporta.
El 22 de marzo de 2013 se publicó en el 'Boletín Oficial del Estado' el Acuerdo entre el Reino de España y el Reino de Marruecos sobre la cooperación en el ámbito de la prevención de la emigración ilegal de menores no acompañados, su
protección y su retorno concertado, hecho en Rabat el 6 de marzo de 2007' (en adelante, 'Acuerdo').
El artículo primero del Acuerdo, referido a los objetivos generales del mismo, establece que las Partes Contratantes se comprometen a colaborar en los siguientes aspectos:
1. 'Establecer un marco de trabajo conjunto en materia de prevención de la emigración ilegal de menores de edad no acompañados y de protección y de retorno de dichos menores.
2. Consolidar un diálogo permanente y facilitar el intercambio de datos e información con vistas a tratar de manera eficiente la prevención de la emigración de los menores de edad no acompañados, su protección y su retorno'.
Por otro lado, en el artículo 2 se fija, como uno de los tres objetivos específicos del Acuerdo, el siguiente:
'Favorecer el retorno asistido de los menores al seno de sus familias o a la institución de tutela del país de origen, así como su reinserción social'.
Este precepto pone de manifiesto que es de obligado cumplimiento favorecer el retorno de los menores que han entrado en España de forma ilegal a sus países de origen, incurriendo de lo contrario en un incumplimiento del Acuerdo.
A tal efecto, el artículo 5 consigna las siguientes 'acciones en materia de retorno'.
1. Las autoridades competentes españolas deben resolver acerca del retorno de los menores de edad no acompañados que han entrado en España de forma ilegal a su país de origen. Tal decisión ha de adoptarse 'con observancia estricta de la
legislación española, las normas y principios del derecho internacional y de lo establecido en la Convención sobre los Derechos del Niño'.
2. Las Partes Contratantes del Acuerdo han de garantizar, en el caso de que los menores de edad no acompañados sean repatriados a su país de origen, las condiciones para su reunificación familiar o su entrega a una institución de tutela.
3. Las autoridades competentes españolas y marroquíes deben cooperar en el establecimiento de un dispositivo de acogida.
Atendiendo al resto del contenido del Acuerdo, se puede apreciar que este obliga a ambos reinos a realizar otras actuaciones como levantar acta de la aplicación de Acuerdo cada seis meses, mantener dos reuniones anuales -una en España y otra
en Marruecos-, o crear un Comité de Seguimiento. Sin embargo, y como a continuación se expondrá, todo parece indicar que ninguna de las obligaciones mencionadas hasta el momento se está cumpliendo de manera íntegra.
Segundo. Llegada masiva a España de menores extranjeros no acompañados.
Según consta en la Memoria de la Fiscalía General del Estado del año 2020 28 (la 'Memoria'), son miles los Menores Extranjeros No Acompañados (en adelante, 'MENAS') que han llegado a España en los últimos años:
LLEGADA DE MENORES EN PATERA O EMBARCACIONES SIMILARES*
Menores no acompañados;;;;;;Menores acompañados;;;;;
2014;2015;2016;2017;2018;2019;2014;2015;2016;2017;2018;2019
223;414;588;2.345;7.026;2.873;146;59;107;126;755;509
(*) Fuente Comisaría General de Extranjería y Fronteras. 29
28 Memoria de la Fiscalía General del Estado del año 2020, p. 881.
29 Como señala la Memoria de la Fiscalía General del Estado, 'estas cifras se refieren exclusivamente a menores arribados a España en embarcaciones muy precarias y peligrosas. Obviamente, otros muchos, imposibles de cuantificar, se han
introducido en territorio nacional de manera clandestina a través de Ceuta y Melilla, u ocultos en vehículos a motor, o desde Francia, o incluso por vía aérea con documentación falseada' (Ibid., p. 882.)
En cuanto a los países que mayor número de MENAs exportan, la Memoria recoge que 'muy mayoritariamente proceden de Marruecos (1724 = 60% ) seguidos de argelinos (12,28%), guineanos (9,60%), costamarfileños (182 = 6,33% ) y malienses (160 =
5,56%)' 30.
La realidad que vive España en la actualidad es que la llegada de MENAS no ha hecho más que crecer, tal y como hemos mencionado con anterioridad, 'aumentando más de un 15 % en 2020, siendo Andalucía y Canarias las regiones más afectadas' 31.
A ambas regiones hay que sumar Ceuta y Melilla, donde tuvo lugar una invasión de magnitudes hasta ese momento desconocidas en el año 2021, arribando a dichos territorios al menos 5.000 inmigrantes ilegales. A su vez, resulta significativo cómo, en
materia de inmigración ilegal, 'tuvo lugar un repunte de casi un 300 % entre los años 2016 y 2017, pasando de los 2.345 llegados en 2017 a los 7.026 que se registraron en 2018. De los más de 16.500 menas llegados en los años comprendidos entre 2015
y 2020, más del 79 % llegaron con el actual Gobierno' 32, es decir, desde la llegada de don Pedro Sánchez a la Moncloa.
Sin embargo, y pese a la situación de extrema urgencia que vive nuestro país ante la llegada masiva de inmigración ilegal a nuestras costas, desde que el Acuerdo entró en vigor hasta el año 2020, no se ha producido ni una sola repatriación
de menores de edad marroquíes no acompañados a su país de origen, Marruecos. Así lo reconoce el Gobierno explícitamente en una respuesta emitida el 20 de marzo de 2020 a la pregunta de este Grupo Parlamentario (con número de expediente 184/4095)
33:
'Se señala que desde septiembre de 2007 no se ha materializado ninguna repatriación de menores extranjeros no acompañados marroquíes'.
La realidad es que, con posterioridad a la presente respuesta, solo se han tramitado repatriaciones en una ocasión: como consecuencia de la invasión sufrida, el pasado mes de mayo de 2021, por las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla.
Estas repatriaciones han sido objeto de numerosas críticas, tanto al Ministro del Interior, Sr. Grande-Marlaska, como la al Delegada del Gobierno en Ceuta, Sra. Mateos. Sin embargo, estas críticas no se han orientado sobre la pertinencia de estas
repatriaciones sino en el modo en que se llevaron a cabo 34. Es necesario recordar que el cumplimiento del Acuerdo de repatriación de MENAS a su país de origen se debe realizar con todas las garantías, en aras del interés superior del menor, y no
de la manera que se llevó a cabo, incumpliendo los procedimientos establecidos.
Tercero. Incumplimiento del acuerdo entre España y Marruecos en materia de repatriación de menores.
Si bien la situación en materia de inmigración ilegal que atraviese España es, cuando menos, preocupante, lo cierto es que, pese a que el Acuerdo insta a las partes a favorecer el retorno asistido de los MENAS que llegan a nuestro país,
dichas repatriaciones no se están llevando a cabo en ningún caso. Así, cuando un MENA arriba ilegalmente a las costas españolas, no solo no se está procediendo por parte de España a su retorno asistido, sino que, adicionalmente, 'por su minoría de
edad, no procede sanción de expulsión como corresponde a los extranjeros irregulares mayores de edad'.
30 Memoria de la Fiscalía General del Estado del año 2020, p. 882.
31 https://gaceta.es/actualidad/la-llegada-de-menas-a-espana-aumento-mas-de-un-15-en-2020-andalucia-y-canarias-las-regiones-mas-afectadas-20210916-1046/#: -: text=Si % 20bien % 20tuvo % 201ugar % 20un, que % 20se % 20registraron % 20en %
202018.
32 Ídem.
33 https://intranet.congreso.es/inipar14/entradadiaria/viewPDF?entradadiaria=17177.
34 El 16 de agosto de 2021, la ONG Asociación para el Desarrollo Integral L l Escola AC presentó una denuncia por las repatriaciones que la Fiscalía de Ceuta no tardó en recoger y hacer suya.
https://www.elmundo.es/espana/2022/08/25/63066bbd21efaOf4668b45ce.htmI.?Red Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado pedirá responsabilidades penales a varios cargos del Gobierno de España por 'conocer, autorizar y formar parte desde el minuto
cero' de todo el proceso de repatriaciones de menores que se llevó a cabo desde Ceuta a Marruecos entre los días 13 y 16 de agosto del pasado año.
https://elpueblodeceuta.es/art/73332/red-de-inmigracion-pideresponsabilidades-penales-al-gobierno-por-las-repatriaciones-de-ceuta.
https://www.elmundo.es/espana/2022/08/25/63066bbd21efa0f4668b45ce.html.
Los MENAS solo pueden ser objeto de expediente de repatriación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 35.3 de la LOEx [Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración
social]' 35.
De entre las consecuencias para España de esta errada política de no devolución, caben destacar: el incremento de la llegada masiva de menores a través de la inmigración ilegal a sabiendas de la dificultad para ser repatriados a sus lugares
de origen en un claro ejemplo de 'efecto llamada', el aumento exponencial de la presencia de MENAS en los centros de acogida situados en territorio nacional 36, el aumento de gasto público destinado a su estancia en España 37 y un incremento de la
inseguridad en las calles 38.
Según datos facilitados por la Comisaría General de Extranjería y fronteras, recogidos en el Informe del Defensor del Pueblo del 2020, 'a 31 de diciembre de 2020 se encontraban inscritos en el Registro de Menores Extranjeros No Acompañados
9.030 menores' 39. En cuanto a su distribución por el territorio nacional, se señala que 'Andalucía [cuenta] con 2507 menores, Canarias con 1.849 (unos 300 menores más se encontraban pendientes de registrar) y Cataluña con 1.168, eran las tres
comunidades autónomas con más menores. Seguidas por Melilla con 798; Ceuta con 496; Comunidad Valenciana con 473; País Vasco con 471, y Madrid con 356' 40.
Por otro lado, y atendiendo a las últimas informaciones publicadas por diferentes medios de comunicación, 'el Gobierno y las comunidades han acordado el traslado este año de 400 menores extranjeros no acompañados desde Canarias y Ceuta a la
Península. A estos se sumarán 374 en 2023 ante la saturación de los centros del archipiélago y de la ciudad autónoma' 41. Con el objetivo de implementar esta decisión, el Gobierno se ha comprometido a repartir 20 millones de euros para 'financiar
las plazas de acogida en las comunidades autónomas de destino' 42.
Volviendo a la invasión sufrida en Ceuta en el año 2021, y para poner de manifiesto la complicidad de este Gobierno, se pudo observar que, transcurridos tres meses desde que se produjeran los hechos, algunos medios de comunicación han
informado que sólo 124 inmigrantes ilegales han sido devueltos a su país, mientras que 260, más del doble, han sido dispersados por diferentes puntos del territorio nacional después de ser admitidas sus solicitudes de protección internacional en
España'.
Por último, este Gobierno no cesa en su incansable empeño de alentar el efecto llamada, y es por ello por lo que, en el año 2021, el Consejo de Ministros aprobó la reforma del Reglamento de la Ley de Extranjería con el objetivo final de
'promover la inclusión y reducir la vulnerabilidad de estas personas evitando que lleguen a la mayoría de edad menores extranjeros no acompañados indocumentados, consolidando que puedan acceder al mercado laboral a partir de los 16 años (y tras
cumplir 18 años). Así, se establece un régimen propio para los jóvenes extutelados con requisitos más acordes a su realidad, alargando la duración de las autorizaciones de residencia y permitiendo que los jóvenes extutelados que ahora tienen entre
18 y 23 años y que se han visto abocados a la irregularidad sobrevenida puedan
35 Gómez Campelo, E. 'Menores marroquíes en España: el enésimo fracaso del acuerdo bilateral de readmisión' Universidad de Burgos, 6. Acceso en línea: https://riubu.ubu.es/bitstream/handle/10259/4694/G% C3 % B3mezmenores marroqu%C3%ADes
en Espa%C3%B1a.pdf?sequence=1
36 La Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia celebrada el miércoles 27 de julio ha acordado el traslado de 92 menores no acompañados desde la región de Ceuta a la Península. ' Tanto Canarias como Ceuta -señala EFE- habían
reclamado la activación del Plan de Respuesta ante crisis migratorias, porque sus sistemas de protección hacen frente a una ocupación por encima del 150 % y pedían el traslado de 1.363 menores por parte de Canarias y de 182 por parte de Ceuta. El
Plan establece que la comunidad receptora de los menores debe asumir entre un 25 % y un 50 % de la sobreocupación, y además Canarias, Ceuta y Melilla ya han recibido 15 millones de euros este año para atender a los menores inmigrantes no
acompañados, se recuerda en el documento aprobado'. https://eIfarodeceuta.es/ceuta-llevara-a-la-peninsula-92-menores-marroquieseste-y-el-ano-proximo/.
37 El Ejecutivo tomó la decisión de incrementar de 27 a 35 millones la cuantía reservada en los Presupuestos Generales del Estado de 2022 para dotar un fondo destinado a 'reforzar la atención a niños, niñas y adolescentes migrantes no
acompañados por parte de las autonomías'. https:// elfarodeceuta.es/millones-estado-mena-2022/.
38 11Crecen un 611 % los delitos en la Casa de Campo y la Policía Io atribuye a la apertura de un centro de 'menas'. https://www.elmundo.es/madrid/2020/09/01/5f4d379dfc6c8382598b469b.htmI.
39 https://www.epdata.es/datos/menores-extranjeros-no-acompanados-espana-datosestadisticas/621.
40 Idem.
41 https://rtvc.es/trasladaran-a-la-peninsula-este-ano-a-400-menores-de-canarias-y-ceuta/_#:~:text=a%20la%20Pen%C3%ADnsula.-,El%20Gobierno%20y%20las%20comunidades%20han%20acordado%20el%20traslado%20este,y%20de%20la%20ciudad%20aut%C3%B3noma.
42 https://rtvc.es/trasladaran-a-la-peninsula-este-ano-a-400-menores-de-canarias-y-ceuta/_#:~:text=a%20la%20Pen%C3%ADnsula.-,El%20Gobierno%20y%20las%20comunidades%20han%20acordado%20el%20trasIado%20este,y%20de%20la%20ciudad%20aut%C3%B3noma.
acceder a una autorización de trabajo.' 43. Seis meses después, el Consejo de Ministros introdujo una nueva modificación para beneficiar a los MENAS: 'Esta reforma del reglamento de la Ley Orgánica de Extranjería profundiza en la aprobada
en otoño de 2021 para favorecer la inclusión de los menores no acompañados y jóvenes extutelados, que ha beneficiado a más de 10.000 personas en poco más de seis meses en vigor' 44.
En definitiva, de la ausencia total de repatriaciones de España a Marruecos, a pesar de su fundamento jurídico acreditado y de su necesidad social acuciante, se infiere que tal extremo obedece a una decisión política deliberada. Actitud,
por otra parte, injustificable ya que, al adoptar a priori la determinación de no repatriar, se está vulnerando el artículo 5.1 del Acuerdo.
Y es más, con independencia del cumplimiento de las normas, la inactividad del Gobierno en esta materia supone un grave ataque al bien común, por cuanto genera un gasto de dinero público que, en lugar de destinarse a satisfacer las
necesidades de los españoles en un momento de grave crisis, se destina al sostenimiento de los MENAs, agrava el problema de inseguridad que padecen los españoles, en cierta medida provocado por estos menores, y amplia el efecto llamada de otros
inmigrantes ilegales.
Por todo ello, desde este Grupo Parlamentario seguiremos exigiendo al Gobierno de España que ponga fin al efecto llamada, que termine con los traslados de MENAS a la península y garantice la repatriación de estos a su país de origen.
Al amparo de lo expuesto, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a lo siguiente: en virtud del principio de legalidad, adoptar todas las medidas necesarias para garantizar el efectivo cumplimiento del artículo 5.2 del Acuerdo entre el Reino de España y el
Reino de Marruecos sobre la cooperación en el ámbito de la prevención de la emigración ilegal de menores no acompañados, su protección y su retorno concertado, hecho en Rabat el 6 de marzo de 2007 y proceder a la devolución a Marruecos de los
menores no acompañados que hayan entrado de forma ilegal en España, así como los que lo hicieren en el futuro'.
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de octubre de 2022.-María Teresa López Álvarez, Pablo Juan Calvo Liste, Rocío de Meer Méndez, María de la Cabeza Ruiz Solás y Georgina Trías Gil, Diputados.-José María Figaredo Álvarez-Sala, Portavoz
del Grupo Parlamentario VOX.
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 189 del Reglamento, las siguientes preguntas orales al Gobierno en Comisión, disponer su conocimiento por las Comisiones que se indican,
dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de noviembre de 2022.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
43 https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2021/refc20211019, aspx#extranjeria.
44 https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2022/refc20220726_cc.asp x#extranjeros.
Comisión Constitucional
181/002045
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Diputados don Francisco José Contreras Peláez, don José María Sánchez García, doña María Teresa López Álvarez, don Carlos José Zambrano García-Raez y don Ignacio Gil Lázaro, del Grupo Parlamentario VOX.
Dirigida al Ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática.
Texto:
¿Se enmarca la emisión por parte de Correos y Telégrafos de la tirada de 135.000 sellos que conmemoran el centenario del Partido Comunista de España en el objetivo de 'recuperación, salvaguarda y difusión de la memoria democrática, entendida
esta como conocimiento de la reivindicación y defensa de los valores democráticos y los derechos y libertades fundamentales a lo largo de la historia contemporánea de España' que postula la recientemente aprobada Ley de Memoria Democrática?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2022.-José María Sánchez García, Carlos José Zambrano García-Raez, Ignacio Gil Lázaro, María Teresa López Álvarez y Francisco José Contreras Peláez, Diputados.
181/002046
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Diputados doña Patricia Rueda Perelló, doña Patricia de las Heras Fernández, doña Cristina Alicia Esteban Calonje, don Onofre Miralles Martín, don Rubén Darío Vega Arias y don Juan Carlos Segura Just, Grupo Parlamentario VOX.
Dirigida al Ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática.
Texto:
¿Qué razones justifican la emisión de una tirada de 135.000 sellos por parte de Correos y Telégrafos con el propósito de glorificar el centenario del Partido Comunista de España?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2022.-Patricia Rueda Perelló, Rubén Darío Vega Arias, Onofre Miralles Martín, Patricia de las Heras Fernández, Juan Carlos Segura Just y Cristina Alicia Esteban Calonje, Diputados.
Comisión de Hacienda y Función Pública
181/002044
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Diputados don Víctor González Coello de Portugal, don Eduardo Luis Ruiz Navarro, don Rodrigo Jiménez Revuelta, don Pablo Juan Calvo Liste, doña Inés María Cañizares Pacheco, don Juan Carlos Segura Just, don Rubén Silvano Manso Olivar, don
Emilio Jesús del Valle Rodríguez y don Pablo Sáez Alonso-Muñumer, Grupo Parlamentario VOX.
Dirigida a la Ministra de Hacienda y Función Pública.
Texto:
¿Qué razones justifican la emisión de una tirada de 135.000 sellos por parte de Correos y Telégrafos con el propósito de glorificar el centenario del Partido Comunista de España?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2022.-Víctor González Coello de Portugal, Eduardo Luis Ruiz Navarro, Rodrigo Jiménez Revuelta, Pablo Juan Calvo Liste, Inés María Cañizares Pacheco, Juan Carlos Segura Just, Rubén
Silvano Manso Olivar, Emilio Jesús del Valle Rodríguez y Pablo Sáez Alonso-Muñumer, Diputados.
Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana
181/002041
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Diputados doña Patricia Rueda Perelló, doña Patricia de las Heras Fernández, doña Cristina Alicia Esteban Calonje, don Onofre Miralles Martín, don Rubén Darío Vega Arias y don Juan Carlos Segura Just, Diputados del Grupo Parlamentario VOX.
Dirigida a la Ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
Texto:
Teniendo en cuenta el reciente informe del Banco de España que cuestiona la eficacia del Programa MOVES II de Incentivos a la Movilidad Eficiente y Sostenible, ¿qué valoración hace el Gobierno del impacto del referido Plan en el número de
infraestructuras de recarga de acceso público y en la movilidad?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de noviembre de 2022.-Patricia Rueda Perelló, Rubén Darío Vega Arias, Onofre Miralles Martín, Patricia de las Heras Fernández, Juan Carlos Segura Just y Cristina Alicia Esteban Calonje, Diputados.
181/002042
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Diputados doña Patricia Rueda Perelló, doña Patricia de las Heras Fernández, doña Cristina Alicia Esteban Calonje, don Onofre Miralles Martín, don Rubén Darío Vega Arias y don Juan Carlos Segura Just, Diputados del Grupo Parlamentario VOX.
Dirigida a la Ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
Texto:
¿Qué actuaciones llevará a cabo el Gobierno para poner fin al paro nacional indefinido convocado por la Plataforma en Defensa del Sector del Transporte por Carretera para el 14 de noviembre de 2022?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de noviembre de 2022.-Patricia Rueda Perelló, Rubén Darío Vega Arias, Onofre Miralles Martín, Patricia de las Heras Fernández, Juan Carlos Segura Just y Cristina Alicia Esteban Calonje, Diputados.
181/002043
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Diputados doña Patricia Rueda Perelló, doña Patricia de las Heras Fernández, doña Cristina Alicia Esteban Calonje, don Onofre Miralles Martín, don Rubén Darío Vega Arias y don Juan Carlos Segura Just, Diputados del Grupo Parlamentario VOX.
Dirigida a la Ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
Texto:
Teniendo en cuenta el anuncio de un nuevo paro nacional indefinido convocado por la Plataforma en Defensa del Sector del Transporte por Carretera para el 14 de noviembre de 2022, ¿qué balance hace el Gobierno del Real Decreto-ley 14/2022, de
1 de agosto, en cuanto a dar respuesta a las demandas del sector?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de noviembre de 2022.-Patricia Rueda Perelló, Rubén Darío Vega Arias, Onofre Miralles Martín, Patricia de las Heras Fernández, Juan Carlos Segura Just y Cristina Alicia Esteban Calonje, Diputados.
181/002047
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Diputados doña Patricia Rueda Perelló, doña Patricia de las Heras Fernández, doña Cristina Alicia Esteban Calonje, don Onofre Miralles Martín, don Rubén Darío Vega Arias y don Juan Carlos Segura Just, Diputados del Grupo Parlamentario VOX.
Dirigida a la Ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
Texto:
¿Qué razones justifican la emisión de una tirada de 135.000 sellos por parte de Correos y Telégrafos con el propósito de glorificar el centenario del Partido Comunista de España?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2022.-Patricia Rueda Perelló, Rubén Darío Vega Arias, Onofre Miralles Martín, Patricia de las Heras Fernández, Juan Carlos Segura Just y Cristina Alicia Esteban Calonje, Diputados.
Comisión de Industria, Comercio y Turismo
181/002040
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Diputados doña Patricia Rueda Perelló, doña María de la Cabeza Ruiz Solás, don José María Figaredo Álvarez-Sala, don Andrés Alberto Rodríguez Almeida y doña Mireia Borrás Pabón, Diputados del Grupo Parlamentario VOX.
Dirigida a la Ministra de Industria, Comercio y Turismo.
Texto:
Teniendo en cuenta el reciente informe del Banco de España que cuestiona la eficacia del Programa MOVES II de Incentivos a la Movilidad Eficiente y Sostenible, ¿qué valoración hace el Gobierno del impacto del referido Plan en el número de
matriculaciones nuevas de vehículos eléctricos desde su puesta en marcha?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de noviembre de 2022.-Patricia Rueda Perelló, José María Figaredo Álvarez-Sala, Mireia Borrás Pabón, Andrés Alberto Rodríguez Almeida y María de la Cabeza Ruiz Solás, Diputados.