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BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 509, de 04/10/2022
cve: BOCG-14-D-509
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BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
XIV LEGISLATURA
Serie D: GENERAL
4 de octubre de 2022
Núm. 509
ÍNDICE
Control de la acción del Gobierno
PROPOSICIONES NO DE LEY
Comisión Constitucional
161/004475 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, sobre reformas constitucionales ... (Página5)
Comisión de Asuntos Exteriores
161/004482 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la protección e impulso de los derechos de las mujeres ... (Página7)
161/004483 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre el Concepto Estratégico de Madrid ... (Página10)
161/004485 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a las nuevas amenazas de Rusia contra Ucrania ... (Página11)
Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana
161/004468 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, relativa a los riesgos y amenazas medioambientales del puerto de Alicante ...
161/004471 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa a impulsar la autovía A-22 ... (Página16)
161/004472 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plural, sobre el cambio de nombre de la estación de ADIF de Alicante por el de 'Alicante-Eusebio Sempere' ... (Página17)
161/004477 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre actualización de los costes tipo ... (Página17)
Comisión de Educación y Formación Profesional
161/004479 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a realizar un estudio sobre las clases particulares y actividades extraescolares ... (Página21)
161/004480 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre ayudas para servicios complementarios en los centros educativos ... (Página23)
Comisión de Industria, Comercio y Turismo
161/004478 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a promover la autonomía de materias primas minerales para la industria de nuestro país ... (Página25)
Comisión de Derechos Sociales y Políticas Integrales de la Discapacidad
161/004470 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Republicano, sobre la mejora de la prestación por cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave ... (Página26)
161/004474 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre la mejora de la atención a los pacientes con atrofia muscular espinal (AME) ... (Página27)
Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación
161/004484 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la adopción de medidas urgentes para evitar vetos a las capturas de marrajo y de tiburón azul ... (Página28)
Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico
161/004469 Proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre restauración de ecosistemas prioritarios integrados en espacios naturales y espacios Red Natura 2000 afectados por el cambio climático, así como sobre
el aumento de su resiliencia ante el mismo ... (Página29)
Comisión de Sanidad y Consumo
161/004473 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre la mejora de la atención a los pacientes con atrofia muscular espinal (AME) ... (Página32)
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL
Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana
181/001993 Pregunta formulada por los Diputados Patricia Rueda Perelló (GVOX), Esteban Calonje, Cristina Alicia (GVOX), Figaredo Álvarez-Sala, José María (GVOX), Vega Arias, Rubén Darío (GVOX), Sánchez del Real, Víctor Manuel (GVOX), Nevado
del Campo, María Magdalena (GVOX) y Segura Just, Juan Carlos (GVOX), sobre medidas que van a ser impulsadas desde el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana para aumentar la seguridad en la línea Extremadura-Madrid ...
Comisión de Industria, Comercio y Turismo
181/001990 Pregunta formulada por los Diputados Patricia Rueda Perelló (GVOX), Figaredo Álvarez-Sala, José María (GVOX), Borrás Pabón, Mireia (GVOX), Rodríguez Almeida, Andrés Alberto (GVOX) y Ruiz Solás, María de la Cabeza (GVOX), sobre
balance de la puesta en marcha de la Ley 4/2022, de 25 de febrero, de protección de los consumidores y usuarios frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica en lo que afecta a las agencias de viaje ...
181/001991 Pregunta formulada por los Diputados Patricia Rueda Perelló (GVOX), Figaredo Álvarez-Sala, José María (GVOX), Borrás Pabón, Mireia (GVOX), Rodríguez Almeida, Andrés Alberto (GVOX) y Ruiz Solás, María de la Cabeza (GVOX), sobre
medida en la que estima el Gobierno que la invasión de Ucrania por Rusia ha afectado y continuará afectando al sector turístico español ... (Página34)
181/001992 Pregunta formulada por los Diputados Patricia Rueda Perelló (GVOX), Figaredo Álvarez-Sala, José María (GVOX), Borrás Pabón, Mireia (GVOX), Rodríguez Almeida, Andrés Alberto (GVOX) y Ruiz Solás, María de la Cabeza (GVOX), sobre
número de ayudas concedidas en el marco del Programa Experiencias Turismo España ... (Página34)
Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación
181/001996 Pregunta formulada por el Diputado Joaquín María García Díez (GP), sobre postura que defenderá el Gobierno ante la Comisión Europea sobre el posible veto a la pesca del marrajo dientuso (Isurus oxyrinchus) en aguas del Atlántico
Sur y medidas que adoptará para evitar la inclusión de la tintorera o quenlla (Prionace glauca) entre las especies protegidas en el apéndice II de CITES, antes de su análisis por parte de esta organización en noviembre del año 2022 ...
Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico
181/001997 Pregunta formulada por el Diputado Néstor Rego Candamil (GPlu), sobre previsiones acerca de incluir a los gases envasados licuados del petróleo, bombonas de butano y propano, en la nueva medida fijada por el Real Decreto-ley
17/2022, de 20 de septiembre, por el que se adoptan medidas urgentes en el ámbito de la energía, en la aplicación del régimen retributivo a las instalaciones de cogeneración y se reduce temporalmente el tipo del Impuesto sobre el Valor Añadido
aplicable a las entregas, importaciones y adquisiciones intracomunitarias de determinados combustibles, para que se aplique el tipo del 5 % al precio máximo fijado logrando así un mayor abaratamiento ... (Página35)
Comisión sobre Seguridad Vial
181/001994 Pregunta formulada por los Diputados Diego Gago Bugarín (GP), García Egea, Teodoro (GP), Gamazo Micó, Óscar (GP), Bas Corugeira, Javier (GP), Mateu Istúriz, Jaime Miguel (GP), García Díez, Joaquín María (GP), Matarí Sáez, Juan
José (GP), Moraleja Gómez, Tristana María (GP) y Gázquez Collado, Paloma (GP), sobre opinión del Gobierno acerca de si con la puesta en marcha únicamente del Plan Moves se ataja el problema del envejecimiento del parque móvil español para el año
2022 ... (Página35)
181/001995 Pregunta formulada por los Diputados Diego Gago Bugarín (GP), García Egea, Teodoro (GP), Gamazo Micó, Óscar (GP), Bas Corugeira, Javier (GP), Mateu Istúriz, Jaime Miguel (GP), García Díez, Joaquín María (GP), Matarí Sáez, Juan
José (GP), Moraleja Gómez, Tristana María (GP) y Gázquez Collado, Paloma (GP), sobre medidas que está llevando a cabo el Gobierno para atajar el problema del envejecimiento del parque automovilístico español ... (Página35)
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ESCRITA
Relación de preguntas para respuesta escrita que pasan a tramitarse como preguntas para respuesta oral en Comisión ... (Página36)
184/056635 Autor: Capdevila i Esteve, Joan
Intención de actualizar la normativa reguladora del mecanismo de compensación de costes de emisiones indirectas de gases de efecto invernadero.
Retirada ... (Página37)
184/092646 Autor: Lorite Lorite, Andrés
Situación de escasez hídrica del norte de la provincia de Córdoba ... (Página37)
CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PROPOSICIONES NO DE LEY
La Mesa de la Cámara en su reunión del día de hoy ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 194 del Reglamento, las siguientes Proposiciones no de Ley y considerando que solicitan el debate de las iniciativas en Comisión, disponer
su conocimiento por las Comisiones que se indican, dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de septiembre de 2022.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
Comisión Constitucional
161/004475
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Confederal Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, presenta, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la presente Proposición no de Ley para
su debate y aprobación en la Comisión Constitucional.
Exposición de motivos
Con la reforma del Estatuto aprobada por les Corts y las Cortes Generales en el año 2006 (LO 1/2006), se configuró la recuperación del Derecho Civil Foral como uno de los ejes del autogobierno valenciano, como atestiguan el Preámbulo y los
artículos 3, 7, 35, 37-2, 49-1, 58-2, 71-1-c y también la Disposición Transitoria 3.ª del Estatuto.
La reforma de l'Estatut d'Autonomía del año 2006 hizo posible, tras 300 años de reivindicación, que les Corts volvieran a dictar leyes civiles como hacen también por motivos históricos otras seis comunidades autónomas, y por fin se corrigió
la arbitrariedad derivada de la Batalla de Almansa y los Decretos de Nueva Planta de 29 de junio de 1707, momento histórico en que Felipe V abolió els Furs, las normas privativas de derecho público y privado otorgadas por Jaume I en el siglo XIII a
los valencianos.
El ejercicio de la capacidad legislativa autonómica posibilitó que durante ocho años, de 2008 a 2016, los valencianos dispusieran de leyes valencianas modernas de familia, a saber, la Ley 10/2007, del régimen económico matrimonial
valenciano, la Ley 5/2011, de relaciones familiares de los hijos e hijas cuyos progenitores no conviven, y la Ley 5/2012, de Uniones de Hecho Formalizadas de la Comunitat Valenciana, pero todas ellas fueron anuladas por las sentencias n.º 82/2016,
n.º 110/2016 y n.º 192/2016 del Tribunal Constitucional, quedando vacía de contenido la capacidad de autorregulación en materia civil de los valencianos.
Como reacción a dichas sentencias se ha producido un efecto benéfico en defensa del autogobierno; la sociedad civil y el municipalismo han generado un gran consenso en apoyo a la integridad del autogobierno definido en el Estatuto de
Autonomía de 1982, modificado por la Ley Orgánica 1/2006.
Sindicatos, universidades, organizaciones empresariales, colegios profesionales, asociaciones culturales y de consumidores, así como 541 ayuntamientos, que representan a más de 5.000.000 valencianos y valencianas, las Diputaciones
Provinciales, la Generalitat y la Federación Valenciana de Municipios y Provincias han apoyado la reforma constitucional en defensa de un Derecho Civil propio, moderno, útil, próximo y social planteada por l'Associació de Juristes Valencians a les
Corts Valencianos.
Esta adhesión municipalista es superior a la que determinó el acceso a la autonomía en los años 1979-1981.
Les Corts Valencianes han presentado al Congreso la Proposición de Ley de reforma de la disposición adicional segunda de la Constitución Española para la reintegración efectiva del Derecho Civil Valenciano, proposición que fue publicada en
el Boletín Oficial de las Cortes Generales el ya lejano 28 de febrero de 2020. Lamentablemente, una petición tan ampliamente respaldada por los valencianos, tras dos años y medio de espera en el Congreso, no ha sido culminada, por lo que procede
agilizar el trámite parlamentario y defender y conseguir la aprobación de la modificación constitucional que han propuesto Les Corts, y precisamente cuando conmemoramos el 40 aniversario de nuestro Estatuto de Autonomía de 1982.
Por eso solicitamos la tramitación conjunta de la modificación de la Constitución para recuperar el Derecho Civil valenciano planteada por Les Corts y el proyecto de Reforma Constitucional del artículo 49, que persigue una redacción
respetuosa con las personas con discapacidad y una mejora de sus derechos, cuya tramitación está más avanzada en el Congreso.
Asimismo, es destacable que el presidente de CERMI, el comité de representantes de las personas con discapacidades en carta dirigida a les Corts Valencianes, ha apoyado la tramitación conjunta de ambas reformas que 'representan un bien
incuestionable para nuestra vida política y para la extensión y profundizaron de nuestra democracia'
Han pasado 315 años desde la promulgación de los Decretos de Nueva Planta de 1707, 6 años desde la declaración de inconstitucionalidad de las leyes civiles valencianas modernas en 2016, y más de 2 años desde que Les Corts Valencianes
presentaron la Proposición de Ley de modificación constitucional para la reintegración efectiva del Derecho Civil Valenciano.
Les Corts Valencianes, la sociedad y el municipalismo valenciano no aspiran a más autogobierno con esta reforma constitucional, solo reclaman que no se discrimine a los valencianos, que no se nos trate como españoles de segunda clase y
garantizar definitivamente el ámbito de gestión propio previsto en el Estatuto a quienes actúan con lealtad y conforme a los cauces previstos en el artículo 167 de la Constitución.
Este mandato democrático fruto del renovado consenso cívico que cuenta con el empuje del municipalismo valenciano, representado por la Federació Valenciana de Municipis i Provincies debe cumplir sus objetivos, precisamente cuando se cumplen
40 años de la recuperación del autogobierno valenciano.
El hecho condicionante de que se reclame que en los pocos meses que queda de legislatura solo se aborden estas 2 reformas sociales, viene determinada por la dificultad de alcanzar las mayorías requeridas por los artículos 167 y 168 para
realizar modificaciones de la Carta Magna, pero ante el empuje social de las dos reformas propuestas, las Cortes, Congreso y Senado, deben dar respuesta a los requerimientos de los representantes de las personas con discapacidades y de los
valencianos que quieren disfrutar del autogobierno diseñado tras la reforma del Estatuto del año 2006, que contó con gran respaldo parlamentario en Congreso y Senado.
La presente PNL está fundada:
1.º En la tardanza de la tramitación por el Congreso de la proposición de reforma constitucional planteada por les Corts en febrero de 2020, vía elegida para solucionar el recorte en el autogobierno previsto en el Estatut, tras las
sentencias del Tribunal Constitucional de 2016, y en la constatación de que acaba el periodo de sesiones.
2.º Con motivo del Debate del Estado de la Nación, celebrado los pasados 11 al 14 de julio, se planteó la Propuesta de Resolución n.º 35, que afectaba a la reforma del sistema de financiación y también a la recuperación del Derecho Civil
Valenciano, en tanto incorporaba como puntos 5 y 6, los siguientes puntos:
'5.º Que la Comisión legislativa Constitucional comience la tramitación normativa oportuna para hacer efectiva la recuperación del Derecho Civil Valenciano.
6.º Que, por economía procesal, se proceda a la tramitación conjunta y de forma urgente de la reforma planteada para recuperar el Derecho Civil valenciano de forma efectiva y la proposición de reforma constitucional del artículo 49, justa
reclamación de las personas con discapacidades, y sus familias.'
A la mencionada propuesta de resolución n.º 35 se realizó una enmienda por el grupo socialista, que modificaba las propuestas relativas a la financiación y mantenía las relativas a la recuperación del Derecho Civil y su tramitación conjunta
con la reforma del artículo 49 como puntos 4 y 5.
Por un error procedimental, el grupo proponente de la resolución no aceptó formalmente dicha enmienda, aunque si verbalmente, pero el planteamiento del PSOE en la enmienda favorable al Derecho Civil Valenciano determina que una mayoría de la
Cámara (181 diputados) se posicionará a la tramitación urgente y conjunta de ambas reformas.
Asimismo, el PSPV, Unides Podem, Compromís y el Partido Popular en la Comunitat Valenciana han votado reiteradamente a favor de la modificación constitucional planteada para la recuperación efectiva del Derecho Civil Valenciano a esta Cámara
en febrero del año 2020. Dichos partidos también respaldaron la PNL aprobada en les Corts Valencianes el pasado 30 de junio, que solicitó la tramitación conjunta de ambas reformas, y, asimismo, han votado favorablemente más de 500 mociones de los
municipios valencianos en los que se ha reclamado la reintegración efectiva de la competencia legislativa civil valenciana prevista en el Estatuto.
Por todo ello se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a liderar y recabar los apoyos parlamentarios necesarios para agilizar las siguientes reformas constitucionales:
Proposición de reforma de la disposición adicional segunda de la Constitución española para la reintegración efectiva del Derecho Civil valenciano, (número de expediente 101/3).
Proyecto de reforma del artículo 49 de la Constitución Española, (número de expediente 121/1).
Que esta modificación parcial se limite exclusivamente a estas dos reformas sociales de la Carta Magna, ya que pretenden adecuar la Constitución a compromisos políticos previamente adquiridos por las Cortes Generales, Convención sobre los
Derechos de las personas con discapacidad aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2006, ratificada por las Cortes generales en diciembre 2007 y en vigor desde mayo 2008; y por otra parte la Ley Orgánica 1/2006, de Reforma del
Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana, que claramente confirió a les Corts Valencianes la capacidad legislativa que tienen otras seis CC.AA.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de septiembre de 2022.-Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común.
Comisión de Asuntos Exteriores
161/004482
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la protección e impulso de los Derechos de las Mujeres, para su debate en
la Comisión de Asuntos Exteriores.
Exposición de motivos
Los derechos de mujeres y niñas son derechos humanos. Abarcan todos los aspectos de la vida: salud, educación, participación política, bienestar económico, ausencia de violencia, entre otros muchos, ese debe ser nuestro gran objetivo,
combatir y eliminar todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas.
Las mujeres y las niñas deben poder disfrutar plenamente y en igualdad de condiciones de todos sus derechos humanos y estar libres de toda forma de discriminación: esta dimensión es fundamental para garantizar los derechos humanos, la paz y
la seguridad, y el desarrollo sostenible.
Diferentes instrumentos jurídicos internacionales y nacionales garantizan la igualdad de derechos entre mujeres y hombres. Estos prevén la eliminación de la discriminación por razón de sexo, pero la realidad nos muestra lo alejados que
estamos de este objetivo.
Lamentablemente, en todas las regiones del mundo persisten hoy en día profundas brechas y graves violaciones, y los avances en este sentido han sido dolorosamente lentos, especialmente para las mujeres y niñas más marginadas, a eso hay que
añadir lo que estos dos últimos años ha supuesto incluso, un grave retroceso para sus derechos y libertades.
La discriminación, persiste incluso en la legislación de muchos países.
En muchos países, las mujeres no participan en la vida pública, ni mucho menos en los asuntos políticos, ni desde luego, en la vida pública en pie de igualdad con los hombres.
Se enfrentan, además, a una flagrante discriminación en los mercados laborales y al acceso a los recursos económicos.
Las casi infinitas formas de violencia infligidas directamente a las mujeres y las niñas las privan de sus derechos y libertades y, con demasiada frecuencia, de sus vidas.
Hay promesas y compromisos en política internacional que en la actualidad solo se han cumplido parcialmente, los derechos humanos y las libertades de las mujeres y las niñas son mucho más conocidos y promovidos, aunque nuestro objetivo
acorde a una política exterior y de cooperación feminista supone dar, además prioridad a la igualdad de género, y a los derechos y el empoderamiento de las mujeres y las niñas, desde una perspectiva amplia y que esta propuesta sea una realidad para
las mujeres y las niñas, que consista en eliminar la discriminación y la desaparición de las violaciones, como grandes vectores de la igualdad.
Los datos nos indican que allí donde avanza la igualdad de género, progresa toda la sociedad. Es una batalla a largo plazo y sin fronteras, que debe movilizar a todos los actores sociales, y en particular a la comunidad internacional,
asignando recursos provenientes de la política exterior y de cooperación.
Nuestra política exterior y de cooperación feminista reclama reconstruir las agendas de lo internacional desde la perspectiva de la igualdad de género, que consiste entro otros aspectos crecer sin violencia, desarrollar el talento propio sea
cual sea, acceder a la sanidad y a la educación, controlar las opciones de la vida personal y profesional, ser reconocida por su verdadera valía en el trabajo...
Para millones de mujeres, estos derechos fundamentales siguen sin ser una realidad. Aunque se han logrado avances en todo el mundo, estos logros también se ven cuestionados, sobre todo en el caso de las mujeres más vulnerables, las que
viven en la pobreza, las inmigrantes y las más vulnerables.
Como señala la ONU, la lucha por los derechos de la mujer no es (solo) una lucha de la mitad de la humanidad: 'La discriminación por razón de género sigue impidiendo el avance de muchas mujeres, y nuestro mundo se ve penalizado'. Negar el
talento de las mujeres es también una pérdida colectiva de oportunidades.
La edición de 2019 del Informe de la ONU explicó que, en general, la situación de los Derechos de las Mujeres esta esa fecha estaba mejorando en todo el mundo. Todo ha cambiado desde entonces.
Las desigualdades y otras violaciones de los derechos humanos persisten y se están incrementando en muchos países. En algunos países, estos derechos están en declive. Por eso denunciamos enérgicamente esta inquietante tendencia y actuamos
en consecuencia.
Los acontecimientos de 2020, 2021 y los primeros meses de 2022 han conspirado para pisotear los derechos y la dignidad de millones de mujeres y niñas.
Las crisis mundiales no afectan a las personas de manera justa, ni siquiera equitativa. El impacto desproporcionado sobre los derechos de las mujeres y las niñas está bien documentado, pero se sigue pasando por alto o ignorando. Pero los
hechos están ahí.
La pandemia, las posteriores crisis y la influencia de grupos de ultraderecha en el mundo, se han traducido en un terrible retroceso de los derechos de las mujeres en Afganistán, en Ucrania, Polonia, Bielorrusia, Rusia, entre otros.
Por poner unos ejemplos, la violencia sexual generalizada en el conflicto de Etiopía, los ataques al acceso al aborto en Estados Unidos y la retirada de Turquía del histórico Convenio de Estambul sobre la prevención y la lucha contra la
violencia contra las mujeres y la violencia doméstica: cada uno de estos ejemplos es un grave retroceso de los derechos en sí mismo, pero en su conjunto son devastadores para la dignidad de mujeres y niñas.
Hungría, ha adoptado una línea similar, bajo el paraguas de amenazar la identidad nacional.
En China se han endurecido las sentencias judiciales contra las mujeres, penalizando y endureciendo la violencia contra las mujeres en el hogar.
En Arabia Saudí, donde se aplica la separación de sexos más estricta del mundo, su gobierno ha levantado varias prohibiciones para las mujeres, como el fin de la tutela masculina, para los viajes de las mujeres o para el certificado de
nacimiento, y la autorización para que las mujeres saudíes puedan conducir, gracias al activismo de las mujeres, pero siguen manteniéndose como menores de edad, dependientes del patriarcado y de la tutela del progenitor, padre, marido o hermano.
Y sin olvidar a Irán, donde solo gracias al activismo de las mujeres iraníes contra el sexismo y la discriminación, hace que su situación sea conocida y no empeore aún más.
Estamos en un momento crítico, de ahí la importancia de proteger y promover los derechos de las mujeres y las niñas, desde la acción de la política exterior y de cooperación feminista reclamando reconstruir las agendas internacionales.
Los gobiernos, los organismos internacionales, la sociedad civil en su conjunto ha de actuar y defender los derechos de las mujeres y las niñas.
La violencia de género debe ser condenada y la protección contra ella debe ser reforzada, no socavada. Otras de las lacras a las que hay que poner fin es a la persecución de las defensoras de los derechos humanos, cada vez más perseguidas
por el mundo.
Ninguna sociedad puede permitirse, ni debe tolerar jamás, tales ataques a la dignidad de más de la mitad de su población. No puede, ni debe haber excusa para no gobernar de forma justa y equitativa para las mujeres y las niñas.
Y eso, a pesar del contexto internacional que viene marcado por el retorno del conservadurismo en materia de derechos de la mujer, por lo que debemos seguir más movilizadas que nunca.
De ahí nuestro interés en reforzar nuestro esfuerzo también desde el ámbito internacional de los derechos de las mujeres, llevando a cabo un especial impulso durante la Presidencia del Consejo de la Unión Europea, donde fijaremos prioridades
en torno a los distintos a los distintos foros, en particular la lucha contra la violencia de género y la defensa de los derechos y la salud sexual y reproductiva.
Este es el sentido de nuestra ambiciosa y decidida diplomacia feminista.
Por todo ello el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Impulsar estrategias y proyectos, acordes con el Plan Director de la Cooperación Española que se ocupen especialmente de las mujeres y las niñas, sobre todo en el ámbito del acceso a la atención sanitaria, salud sexual y reproductiva, y
en la prevención de la violencia de género, destacando las zonas bajo conflicto armado.
2. Movilizar e impulsar estrategias humanitarias que destaquen en el ámbito de la política exterior y de cooperación los beneficios de la actividad física o el deporte en la reconstrucción personal de las mujeres vulnerables: mujeres
víctimas de la violencia, que viven en la calle, madres aisladas, bajo adicción, migrantes, etc. Transformar la sociedad a través de las actividades deportivas adaptadas, combinadas con el trabajo educativo y el apoyo psicológico y social, que se
convierten en un catalizador de la transformación.
3. Impulsar desde los proyectos internacionales y de cooperación, planes de acción local que incluya a hombres y mujeres, especialmente entre adolescentes, para implicarlos y responsabilizarlos, destacando la importancia de la igualdad,
también en el ámbito del consentimiento y la responsabilidad en el amor y la educación sexual y afectiva. Algo vital tras conocer las estimaciones mundiales publicadas por la OMS indican que alrededor de una de cada tres mujeres en el mundo han
sufrido violencia física y/o sexual de pareja o violencia sexual por terceros en algún momento de su vida.
4. Promover a través de diferentes proyectos la igualdad de remuneración por un trabajo de igual valor, apoyándonos en la diplomacia científica, tecnológica y de la innovación a la Estrategia de Acción Exterior.
5. Impulsar herramientas desde la Estrategia de Acción Exterior que conduzcan a la erradicación de la violencia y el acoso en el ámbito laboral, en la línea de lo establecido en el Convenio 190 de la OIT al que se ha adherido España en
marzo de 2022. La violencia y el acoso por razón de sexo relacionados con
el trabajo han empeorado tras la pandemia y dificultan aún más la participación de las mujeres en el empleo remunerado.
6. Promover la presencia de mujeres en los puestos de responsabilidad, buscando cambiar los comportamientos excluyentes hacia las mujeres. Desde el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación se buscará establecer una
representación equilibrada de mujeres y hombres en todos los ámbitos de sus competencias y sus órganos rectores.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de septiembre de 2022.-Sergio Gutiérrez Prieto, María Olga Alonso Suárez, Noemí Villagrasa Quero, Gemma Araujo Morales, Arnau Ramírez Carner, Pau Marí Klose, Susana Sumelzo Jordán, José Antonio
Rodríguez Salas, Pere Joan Pons Sampietro, José Luis Ábalos Meco, Zaida Cantera de Castro y Marc Lamuà Estañol, Diputados.-Ana Belén Fernández Casero e Isaura Leal Fernández, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.
161/004483
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre el Concepto estratégico de Madrid, para su debate en la Comisión de Asuntos
Exteriores.
Exposición de motivos
La invasión rusa de Ucrania ha relanzado el papel de la OTAN como una alianza voluntaria de democracias consolidadas en el objetivo principal de garantizar la seguridad de sus sociedades a través de la defensa colectiva y estrategias de
cooperación en políticas de seguridad y defensa, dando prioridad a la disuasión, defensa y a la prevención.
En los últimos años el orden internacional vive momentos complejos e inciertos, inestables en muchos sentidos que nos obliga, al conjunto de la comunidad internacional, a reforzar las alianzas estratégicas y a adaptarlas a los nuevos retos
que nos está dibujando esta nueva década, creando un conjunto de oportunidades ante ellos a los que la Alianza Atlántica procuró dar respuesta en la Cumbre celebrada en Madrid los días 28 a 30 de junio de 2022.
La Alianza Atlántica ha reforzado en la Cumbre de Madrid su papel estratégico en este entorno cambiante suponiendo un verdadero punto de inflexión en la visión global de las nuevas amenazas como las guerras híbridas o ampliando sus ámbitos
de influencia al Flanco Sur de la alianza (una reclamación histórica de España que aparece reflejada por primera de manera explícita vez en sus documentos de trabajo estratégico).
Los países aliados han trabajado en el seno de la Cumbre de Madrid con determinación y aplicación basándose en principios y valores compartidos entre democracias consolidadas, punto fuerte de nuestro modelo cuya base es el fortalecimiento de
la democracia y la garantía de la paz y la seguridad, cuyo hito principal ha sido la petición formal de Suecia y Finlandia, en esta cumbre, a formar parte de la OTAN dado un giro histórico en su política de neutralidad.
Históricamente estos dos países se habían mantenido ajenos a la Alianza, incluso en los momentos más tensos de la Guerra Fría. Sin embargo, la invasión de Rusia a Ucrania ha levantado los temores en estas dos naciones, poniendo fin a su
tradicional neutralidad. Por ello el pasado mayo de 2022 solicitaron su adhesión a la OTAN, facilitándoseles su camino hacia la adhesión más rápida de la historia, estando ya a unos pasos de entrar oficialmente en la OTAN.
Esta es la única manera eficaz de configurar el mundo futuro, y que este sea seguro, promoviendo los intereses de nuestros ciudadanos, empresas y sociedades, salvaguardando nuestro modo de vida.
La Alianza Atlántica, supone el reforzamiento de nuestra defensa colectiva, basándose en la protección de nuestros ciudadanos y las libertades, desarrollando una base económica sólida y dinámica, para los países miembros, y lo hace
construyendo estrategias de defensa colectiva y común, de carácter global, pero que responden a las nuevas necesidades desde una visión climáticamente neutra, ecológica, justa y social; y por supuesto, promoviendo los intereses y valores de países
a nivel mundial.
La libertad y la igualdad necesita de la seguridad para poder desarrollarse, siendo las tres patas imprescindibles para poder hablar de democracias plenas. Los gobiernos, en el seno de la Alianza Atlántica, deben defender los derechos y las
libertades fundamentales de las sociedades que lo conforman asegurando su integridad territorial, protegiéndolos contra las amenazas existentes y emergentes, frente a viejas y nuevas amenazas, con un necesario enfoque global, con más cooperación,
más coordinación, más recursos y más capacidades tecnológicas, en resumen, lo que recoge y acoge el Concepto Estratégico de Madrid, que configura la OTAN del siglo XXI.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Continuar impulsando el compromiso de España con la OTAN en la defensa de los valores democráticos, la paz y la seguridad como elementos imprescindibles para garantizar la libertad y la igualdad inherentes de democracias plenas.
2. Seguir impulsando el papel central de España en la OTAN tras la exitosa cumbre de la Alianza Atlántica celebrada en Madrid del 28 al 30 de junio de 2022, y la consolidación del nuevo Concepto Estratégico de Madrid de la Alianza Atlántica
que representa la adecuada actualización de la estrategia de seguridad a las necesidades de nuestro país ante las nuevas amenazas como son las guerras híbridas, así como al cumplimiento de los compromisos adquiridos en la cumbre.
3. Instar a la OTAN a impulsar su agenda 'Sur' de manera coherente a la incorporación explícita del Flanco Sur al nuevo paradigma estratégico de la OTAN, dimensión que España ha venido defendiendo como crucial dados los riesgos y amenazas
que han surgido en este área del mundo.
4. Instar a la Unión Europea para que aborde con decisión el desarrollo de una política común de defensa y seguridad de acuerdo con el esquema aprobado en el documento de la Brújula Estratégica.
5. Instar a la OTAN a que impulse la coordinación y cooperación con la Unión europea de acuerdo a lo adoptado en el Concepto Estratégico de Madrid.
6. Llamar a la OTAN para que impulse el desarrollo de los contenidos de la Agenda OTAN 2030 que vendrá a completar y profundizar el esquema de la seguridad trasatlántica adoptado en Madrid.
7. Reconocer el papel de España en estas cuatro décadas como miembros de la alianza y reiterar los homenajes a todas las víctimas españolas que fallecieron en cumplimiento del deber dentro de las diferentes misiones de la OTAN.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de septiembre de 2022.-Sergio Gutiérrez Prieto, María Olga Alonso Suárez, Noemí Villagrasa Quero, Gemma Araujo Morales, Arnau Ramírez Carner, Pau Marí Klose, Susana Sumelzo Jordán, José Antonio
Rodríguez Salas, Pere Joan Pons Sampietro, José Luis Ábalos Meco, Zaida Cantera de Castro y Marc Lamuà Estañol, Diputados.-Ana Belén Fernández Casero e Isaura Leal Fernández, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.
161/004485
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para su debate en la Comisión de
Asuntos Exteriores.
Exposición de motivos
El anuncio por parte de Putin de poner en marcha referendos en los territorios que ha ocupado en Ucrania y la movilización parcial que ha decretado y que afecta a 300.000 rusos supone entrar en una nueva fase de la guerra.
A la devastación que ha sufrido Ucrania desde el 24 de febrero se le une la escalada en la agresión como consecuencia de la declaración del autócrata ruso.
Toda Europa está sufriendo las consecuencias de la invasión, también por sus efectos sobre la economía de nuestros países.
En este sentido, la actitud de la Unión Europea está siendo ejemplar y es necesario reconocerlo.
Por otro lado, son miles los muertos y millones los ucranianos desplazados desde el inicio del conflicto. La Comunidad internacional debe redoblar los esfuerzos en la solidaridad y el compromiso con el pueblo de Ucrania.
También en lo que respecta a la ayuda de material bélico es necesario apoyar todas las iniciativas del Gobierno para que el volumen del material remitido sea en la cantidad y en la frecuencia del que requieren las operaciones militares
ucranianas.
El conflicto ha puesto de manifiesto la necesidad de fortalecer el vínculo atlántico, nuestro principal paraguas de seguridad y nuestro principal aliado cuya contribución militar al ejército de Ucrania se ha demostrado determinante.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Condenar y no reconocer los referendos de autodeterminación convocados unilateralmente al margen de las reglas de la Comisión de Venecia y de los organismos internacionales.
2. Condenar todas las violaciones de los derechos humanos perpetradas por las tropas rusas.
3. Apoyar al Gobierno de Ucrania ante la escalada militar rusa, tanto en sus necesidades políticas, especialmente en lo que se refiere a la adhesión a la Unión Europea como en lo concerniente al armamento que solicita al Gobierno de España.
4. Respaldar todas las iniciativas de la UE en defensa de la integridad de Ucrania y de los derechos y libertades de sus ciudadanos.
5. Reforzar el vínculo de España con la Alianza Atlántica y con Estados Unidos en línea de los compromisos adquiridos durante la pasada Cumbre de Madrid.
6. Tomar parte en los proyectos de reconstrucción de Ucrania a nivel bilateral al igual que han hecho otros países de la UE.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de septiembre de 2022.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana
161/004468
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta esta Proposición no de Ley para su
debate y aprobación en la Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, relativa a los riesgos y amenazas medioambientales del Puerto de Alicante.
Exposición de motivos
El Puerto de Alicante es una de las infraestructuras civiles más importantes de la Comunitat Valenciana. Fiel a su naturaleza urbana, el puerto se ha desarrollado siempre como parte sustancial de la ciudad que lo acoge, un municipio hoy
integrado en el área metropolitana de Alicante-Elche, en el que conviven más de 750.000 ciudadanos, según el último censo de 2021 (fuente: Instituto Nacional de Estadística). Tras el Plan Especial del Puerto aprobado en 1992, toda la zona
portuaria comenzó a experimentar una rápida transformación, con la ampliación de nuevas instalaciones deportivas y de ocio, así como comerciales y pesqueras, adyacentes a los barrios de Benalúa, San Gabriel y Babel. Estos barrios acumulan hoy más
de una quinta parte de los habitantes de todo el municipio de Alicante, con más de 70.000 personas censadas.
A lo largo de los años 90, con la construcción de zonas de recreo y la ocupación cívica de estos espacios, creció también una fuerte conciencia medioambiental entre los vecinos y vecinas. Ello dio como resultado el nacimiento de la
Plataforma por un Puerto Sostenible (en adelante, PPS), formada por diversas asociaciones vecinales, escolares, sanitarias y ecologistas. La misma reivindica desde hace años un Puerto integrado en la ciudad, respetando el interés general de la
misma y descartando por incompatibles las actividades industriales, o cualquier otra que pueda suponer un riesgo para su desarrollo social y económico, para su medio ambiente o para su población.
Pero no es esta Plataforma, ni los vecinos y vecinas que la apoyan, la que determina los espacios y usos autorizados para el Puerto de Alicante, sino el Ministerio de Fomento-Ente Puertos del Estado. Es decir, en última instancia, es el
Ministerio quien define los usos autorizados que, a día de hoy, no son otros distintos al uso comercial, náutico-pesquero, náutico-deportivo, interacción Puerto-Ciudad, y el uso complementario o auxiliar de los anteriores. Sin embargo, la Autoridad
Portuaria de Alicante (en adelante, APA) lleva años desarrollando la implantación de actividades industriales o de naturaleza comercial que implican el manejo de sustancias peligrosas, tóxicas y contaminantes, las cuales atentan contra el derecho de
la ciudadanía a un medio ambiente saludable. Además, suponen un peligro para su seguridad, ante los riesgos de explosión, incendio, nubes tóxicas o emisiones contaminantes a la atmósfera, a las aguas o a los suelos.
Consecuencia de estos desarrollos, durante los últimos 15 años se ha desarrollado un conflicto creciente entre el Puerto y la ciudad. Los principales proyectos que han originado y alimentado este conflicto son los siguientes:
1. Actividad de carga y descarga de graneles tóxicos y pulverulentos al aire libre en los muelles 17, 11 y 13. Se trata de grandes volúmenes de graneles de sustancias como clínker de cemento, escorias de incineración, coque de petróleo,
biomasa vegetal, azufre, urea o percarbonato sódico, entre otros, que continúan emitiendo grandes nubes de materiales particulados PM10 y PM2.5, los cuales son altamente peligrosos para la salud humana tras exposición prolongada. Después de 15 años
de activismo y lucha vecinal, campañas informativas, difusión mediática y conquistas en los tribunales, la APA licitó la construcción de una gran nave cerrada que permitiera la manipulación de los graneles. Actualmente, y con una demora de 6 años
desde que la Generalitat condicionara la autorización ambiental de la actividad a su desarrollo en nave cerrada en el muelle 17, esta ha sido construida, pero todavía no está operativa.
En todo caso, y una vez que entre en funcionamiento, sería inasumible el hecho de que la APA mantenga la operativa a cielo descubierto en los muelles 11 y 13 y parte del 17. Ello supondría la perpetuación de la contaminación del aire de
Alicante e incumpliría la normativa aplicable: la Ley 34/2007, de calidad del aire, y el Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de la calidad del aire y el Plan de Mejora de la Calidad del Aire de L'Alacantí Occidental;
normativa que exige naves cerradas en los citados muelles en caso de persistir la operativa contaminante.
2. Previsión de instalar una planta de almacenaje y distribución con seis macro-depósitos de gasolina y gasóleo en el muelle 19 de Poniente por parte de la empresa Terminales Marítimos del Sureste.
En el año 1966 y hasta 1999, la antigua Campsa (reconvertida posteriormente en el Grupo CLH, hoy Exolum) ubicó el almacenamiento de combustibles en el muelle de Poniente del Puerto, lo que provocó malestar y denuncias vecinales. Por esta
razón, en 1995 se firmó un Convenio entre el Ministerio de Fomento, la Generalitat, el Municipio de Alicante y la APA por el que se acordó el traslado de dichos depósitos a una zona alejada del núcleo urbano y el compromiso de no volver a instalar
en el Puerto instalaciones de este tipo.
Sin embargo, en 2013 la empresa XC Business 90 solicitó una concesión para la construcción de una instalación de almacenamiento y distribución de carburantes, gasolinas y gasóleos, repartidas en dos fases. En la primera se construirían 6
tanques de grandes dimensiones con una capacidad total de 111.699 m3, con instalaciones auxiliares como estaciones de bombeo, decantador y separador de hidrocarburos, tuberías de buques a depósitos... Y en una segunda fase se construirían 12
depósitos más de 50.000 m3 cada uno, sumando entre las dos fases un total de 711.699 m3 de gasolina y gasoil. Este proyecto se ubicaría a 900 metros de centros escolares, barrios residenciales, hoteles, comercios, etc. Además, dado que esta
actividad incorpora necesariamente la operación denominada 'bunkering' de trasvase de combustible de grandes petroleros a barcos, podría afectar a tres playas urbanas, un espacio marino protegido de la Red Natura 2000
y a la zona de captación de agua marina para desalación y consumo humano de las ciudades de Alicante, Elche y Santa Pola, por el alto riesgo de vertidos y derrames de combustible. Todo ello sin contar con el riesgo adicional de accidente
grave por explosión, incendio y nube tóxica.
Ante la reactivación de este proyecto en 2019, la ciudadanía se movilizó con una gran manifestación, apoyada por más de 60 entidades y representantes de la mayoría de los partidos políticos. Posteriormente, todos los grupos políticos del
Ayuntamiento de Alicante proclamaron su oposición a esta instalación en una Declaración Institucional. En noviembre de 2020 la PPS solicitó en la Comisión de Peticiones de les Corts Valencianes el rechazo de este proyecto, y en noviembre de 2021 la
Comisión de Medio Ambiente, Agua y Ordenación del Territorio acordó elevar dicho rechazo de esta instalación al Gobierno central por peligrosa y por ir en contra de la declaración de Emergencia Climática de la Generalitat Valenciana, proponiendo
además que no exista nunca más este tipo de instalaciones en la ciudad de Alicante. De igual forma, también se instó a la APA a la modificación de sus planes de usos y espacios portuarios para evitar la implantación de instalaciones peligrosas
incompatibles por su proximidad al núcleo urbano.
Sin embargo, la APA ha continuado la tramitación de la concesión a la empresa solicitante, haciendo oídos sordos a las distintas reclamaciones de una ciudad que vive principalmente del sector servicios y del turismo.
3. Sobre la concesión de una 'terminal' de betún asfáltico en el muelle 17 del Puerto de Alicante. El pasado 11 de julio de 2022 se publicó en el BOE la 'Resolución de la Autoridad Portuaria de Alicante por la que se autoriza la
publicación de otorgamiento de concesión administrativa a favor de DITECPESA, S.A.'. En la documentación presentada por esta empresa, tanto en la solicitud de concesión como en la actual tramitación de la obligatoria licencia ambiental, se
explicita que el proyecto es el de una fábrica de naturaleza química, que utiliza como materia prima el derivado del petróleo denominado betún base, el cual es transformado utilizando diferentes fuentes de energía (eléctrica y sobre todo de
combustión de fueloil y gasoil) en emulsiones bituminosas catiónicas y betunes modificados, mediante procesos químicos en los que se utilizan compuestos muy peligrosos como el ácido clorhídrico, las cancerígenas aminas, aceites fluxantes, gomas
vulcanizadas y naftas de petróleo. Efectivamente, DITECPESA, en su memoria describe y clasifica la actividad que realiza:
'La actividad será clasificada atendiendo a los diferentes ámbitos de aplicación de la normativa ambiental, así pues:
- Según el Real Decreto 475/2007, de 13 de abril, por el que se aprueba la Clasificación Nacional de Actividades Económicas 2009 (CNAE-2009):
División: 23. Fabricación de otros productos minerales no metálicos.
Grupo: 23.9. Fabricación de productos abrasivos y productos minerales no metálicos n.c.o.p.
Clase: 23.99. Fabricación de otros productos minerales no metálicos n.c.o.p.
- Según el Anexo II: Categorías de actividades sujetas a licencia ambiental de Ley 6/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de Prevención, Calidad y Control Ambiental la instalación se clasifica:
Capítulo 4: Industria química.
Subcapítulo 4.3: Fabricación de mezclas bituminosas a base de asfalto, betún, alquitranes y breas.'
Por lo tanto, la naturaleza industrial de esta actividad chocaría frontalmente con la actual Delimitación de Espacios y Usos Portuarios (DEUP) establecida en la Orden FOM/911/2019, de 7 de agosto, que establece que el 17 es un muelle de uso
exclusivamente comercial. De nuevo, cabe recordar que en su entorno se encuentran tres playas urbanas catalogadas, un área marina protegida por Europa a escasos 200 metros y el espacio marino de Tabarca, clasificado como Lugar de Importancia
Comunitaria y Zona de Especial Protección para las Aves (LIC/ZEPA) ES0000214, incluido en la Red Natura 2000. A apenas 800 metros encontramos grandes núcleos de población, colegios y hoteles.
Por otro lado, en el mismo muelle 17, y a 20 metros de la fábrica de betún asfáltico, se sitúa otra fábrica que, según consta en la documentación pertinente, se define como 'planta industrial de fabricación de fertilizantes químicos' a
nombre de la empresa YARA CG Líquidos S.L., cuya materia prima es el nitrato amónico. Este material es altamente explosivo, como quedó demostrado en el accidente del Puerto de Beirut en agosto de 2020, en el que fallecieron más de 200 personas y
resultaron heridas más de 7000.
Además, este complejo industrial se sitúa a 55 metros del muelle 19, donde se ubicaría el primero de los mega silos de gasolina que están proyectados y en trámite concesional por la APA. De acuerdo a lo regulado en la normativa de
prevención de accidentes graves en instalaciones que manejan sustancias peligrosas, esta concentración de actividades que acumulan productos altamente peligrosos y explosivos pueden producir el denominado 'efecto dominó' y causar un accidente de muy
graves consecuencias en pleno corazón de Alicante, al combinar explosivos en combustión continua y el almacenaje de combustibles y de materiales altamente inflamables.
4. Finalmente, sobre la zona de reserva de ampliación portuaria para futuros proyectos de construcción de muelles en dirección sur, a lo largo de una franja de unos 1.700 metros, entre el Barranco de las Ovejas y Agua Amarga.
De llevarse a cabo, esta ampliación supondría:
A. La pérdida definitiva de la playa de San Gabriel, catalogada como playa urbana reconocida en el PATIVEL (Plan de Acción Territorial de la Infraestructura Verde del Litoral). Además, otorga una especial protección al tramo que la APA
pretende utilizar para ampliación portuaria, la cual resulta del todo incomprensible cuando actualmente la modificación de la DEUP permite la pérdida para uso portuario de más de 200.000 metros cuadrados de terreno cedidos para el denominado nuevo
uso portuario 'Interacción Puerto-Ciudad' a la construcción de restaurantes, bares y discotecas y otros intereses empresariales del sector turístico.
B. La ocupación y desaparición de una parte importante (concretamente 44 hectáreas) del espacio marino protegido por la Comisión Europea denominado LIC/ZEPA Tabarca ES0000214, integrado en la Red de espacios protegidos Red Natura 2000, y
cuyo órgano gestor responsable es la Subdirección General de Biodiversidad dependiente del MITECO.
C. La imposibilidad de la función de desagüe del cauce denominado Barranco de las Ovejas en su desembocadura. Se trata de una obra de ingeniería hidráulica que supuso una inversión para su acondicionamiento de más de 14 millones de euros, y
cuya finalidad es la evacuación de grandes caudales y escorrentías en episodios de lluvias intensas, danas y gotas frías. Este cauce es una zona inundable, declarado y codificado como tal en el denominado PATRICOVA (Plan de Acción Territorial de
carácter sectorial sobre prevención del Riesgo de Inundación en la Comunitat Valenciana), que además lo clasifica en el nivel de peligrosidad 1.
D. El impacto negativo sobre recursos naturales y paisajísticos de primer orden protegidos por el PATIVEL (Plan de Acción Territorial de la Infraestructura Verde del Litoral de la Comunitat Valenciana), como el Parque de los Palmerales o la
Sierra del Porquet, que perderían su fachada directa al mar.
E. La afectación por proximidad a la zona de captación de agua marina para desalación y potabilización de las plantas desaladoras Alicante I y Alicante II, que con sus más de 100.000 metros cúbicos día suministran agua potable a las ciudades
de Alicante, Elche y Santa Pola.
F. La colisión y contradicción con la Orden del Ministerio de Medio Ambiente de 30 de diciembre de 2005, publicada en el BOE número 158 de 3 de julio de 2007 que protege el tramo de costa de 7.100 metros entre el Barranco de las Ovejas hasta
el límite con el término municipal de Elche, al aprobar el deslinde de los bienes del Dominio Público Marítimo Terrestre.
Por todo ello, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno:
1. En relación a la actividad de carga y descarga de graneles pulverulentos en el Puerto de Alicante, a la puesta en marcha de la nave cerrada en el muelle 17 para la operativa de carga y descarga de graneles pulverulentos, evitando así la
contaminación que produce la actividad realizada a cielo descubierto junto a grandes núcleos de población.
Una vez la nave cerrada esté en funcionamiento, no será permitida ningún tipo de operación a cielo descubierto en los muelles 11 y 13. Si se pretende continuar la carga y descarga en estos dos muelles, deberán contar al igual que el 17 con
la obligatoria nave cerrada.
2. En relación al proyecto de instalación de seis mega-depósitos de combustible fósil en el muelle 19, a la paralización definitiva, y de forma urgente, de los trámites para la concesión del mismo.
3. Sobre las actividades industriales en el muelle 17, en particular, y en la Unidad de Poniente, en general; tras la revisión correspondiente, a proceder al rescate de la concesión para su traslado a un espacio reservado a estas
actividades, tanto de la fábrica de betún asfáltico, como la de fertilizantes químicos.
4. Sobre la declaración de zona de reserva portuaria, a rechazar la misma y modificar la actual tramitación de la modificación n.º 1 de la Delimitación de Espacios y Usos Portuarios correspondiente al Puerto de Alicante, eliminando dicha
zona de reserva para la ocupación portuaria de casi 2 km del litoral urbano de la ciudad.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de septiembre de 2022.-Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común.
161/004471
A la Mesa de la Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana
Don Tomás Guitarte Gimeno, Diputado de la Agrupación de Electores Teruel Existe, perteneciente al Grupo Parlamentario Mixto en el Congreso, de conformidad con el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente
Proposición no de Ley para su debate en la Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, para impulsar la Autovía A-22.
Exposición de motivos
La autovía A-22 es una infraestructura de 109,5 kilómetros que comunica las ciudades de Lleida y Huesca, donde conectará con la Autovía A-23. La A-22 permitirá vertebrar horizontalmente a la provincia de Huesca incluyendo a los tres
municipios más poblados y 4 de las 10 comarcas de la provincia.
La autovía fue incluida en el PIT 2000-2007, sin embargo no fue hasta 2005 cuando se puso la primera piedra y en 2009 cuando se abrió al tráfico su primer tramo, y debería haber sido terminada en su totalidad en 2012. Sin embargo, los 12,8
kilómetros de esa infraestructura entre la capital altoaragonesa y Siétamo, el tramo conocido como Estrecho Quinto y por el que transitan a diario 12.000 vehículos, sigue sin acabarse. Eso genera un cuello de botella en los accesos a la ciudad de
Huesca.
En 2018 se retomaron las obras con un presupuesto de 46,73 millones de euros y su finalización estaba calculado para septiembre de 2021, posteriormente el Ministerio de Transporte tuvo que modificar el proyecto inicial por la necesidad de
ocupar terrenos adicionales para reponer líneas eléctricas y otros servicios afectados con sobrecoste de 4,5 millones del último tramo de la autovía Huesca-Lérida, lo que retrasó hasta noviembre de 2022 el fin de las obras.
En el mes de abril de 2022 la Dirección General de Carreteras publicó otro modificado del contrato que amplía el plazo total de ejecución hasta los 63 meses, es decir en noviembre de 2023 y retrasando por cuarta vez la finalización la A-22,
siendo la cuarta demora en fecha de finalización de esta autovía.
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. El compromiso del Gobierno de España de la definitiva finalización de la A-22 en noviembre de 2023.
2. A dotar de las partidas necesarias en los PGE de 2023 para la finalización de la A-22 antes de terminar 2023.
3. Instar al Gobierno de España y al Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana a acelerar todos los trámites administrativos necesarios que permitan terminar cuanto antes los 12,8 kilómetros pendientes de la A-22, acortando los
plazos y adelantando las partidas presupuestarias necesarias para dicho fin.
4. Impulsar otras infraestructuras fundamentales para la provincia de Huesca como es la N-230.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de septiembre de 2022.-Tomás Guitarte Gimeno, Diputado.-Sergio Sayas López, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
161/004472
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Plural, a instancia de Joan Baldoví Roda, Diputado de Compromís, y al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley, sobre el
cambio de nombre de la Estación de ADIF de Alicante por el de 'Alicante-Eusebio Sempere', para su debate en la Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
Exposición de motivos
Eusebio Sempere (Onil, 1923-1985), premio Príncipe de Asturias de las Artes (1983) y Doctor Honoris Causa por la Universitat d'Alacant (1984), es una figura esencial del panorama artístico español de la segunda mitad del siglo XX. Vinculado
a la abstracción geométrica, con estrechos lazos con el constructivismo y con el arte óptico y cinético, su obra abarca diversas disciplinas artísticas como la pintura, la escultura y la obra gráfica. Considerado el introductor de la serigrafía en
nuestro país, su dominio de esta técnica lo adquiere en París, ciudad en la que el artista residió entre 1948 y 1960. En el año 2023 se cumplirá el centenario de su nacimiento.
El Pleno del Ayuntamiento de Alicante aprobó en octubre de 2015, con motivo de la celebración del año Eusebio Sempere, una Declaración Institucional en la que instaba a variar el nombre de la Estación de Adif, 'Alicante Término' por el de
'Alicante-Eusebio Sempere' en homenaje al artista alicantino del mismo nombre. La petición es coherente con el nombre de otras estaciones ferroviarias del Estado como 'Valéncia-Joaquín Sorolla' u 'Orihuela-Miguel Hernández', por citar dos ejemplos.
Más de 8 años después no nos consta ninguna gestión por parte de los organismos ferroviarios del Estado dependientes del Ministerio de Fomento para hacer realidad la petición del Ayuntamiento de Alacant, a pesar de la reiteración de esta
demanda que, desde la concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Alacant, se ha trasladado al Ministerio.
Proposición no de Ley
'El Congreso insta al Gobierno a que, a través del órgano ferroviario que resulte competente, proceda a aprobar con la mayor celeridad posible al cambio de nombre de la Estación de ADIF de Alicante por el de 'Alicante-Eusebio Sempere'
coincidiendo con la proximidad al aniversario del centenario del artista alicantino.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de septiembre de 2022.-Joan Baldoví Roda, Diputado.-Néstor Rego Candamil, Portavoz del Grupo Parlamentario Plural.
161/004477
A la Mesa de la Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana
María Fernández Pérez, Diputada de Coalición Canaria integrada en el Grupo Parlamentario Mixto, de conformidad con lo previsto en el Reglamento del Congreso de los Diputados presenta, para su debate en Comisión, la siguiente Proposición no
de Ley sobre actualización de los costes tipo.
Exposición de motivos
Los costes de transporte de mercancías entre las islas Canarias y la península y el resto de la Unión Europea se han incrementado de forma significativa durante el año 2021 y 2022. Por ello, y dado que las autoridades europeas permiten
paliar el 100 % de este importante sobrecoste de la ultraperiferia, es imprescindible proceder a actualizar los costes tipo de las compensaciones al transporte de mercancías con el objetivo de que se compense de forma efectiva los costes de
transportes adicionales reales que asumen las empresas canarias en la importación de sus inputs y en los envíos entre islas y hacia la UE de los productos elaborados en Canarias.
Para ello, el Ministerio de Transportes debe iniciar cuanto antes un proceso de revisión de los costes tipo de las compensaciones al transporte tomando como información de referencia los costes reales que presentan en sus solicitudes las
empresas que perciben las compensaciones al transporte.
Asimismo, el Gobierno, en cumplimiento de lo que establece el Régimen Económico y Fiscal de Canarias, debe permitir que en la revisión de los costes tipo se dé participación a los operadores económicos a través de las organizaciones
empresariales que los representan, de forma que la misma se realice con un procedimiento de participación transparente.
De no actualizarse los costes tipo a los costes reales que han abonado las empresas en sus transportes realizados en 2021, las empresas industriales y del sector primario canario verán gravemente mermada su viabilidad, al haber abonado unos
importes muy superiores que están limitando seriamente su capacidad de competir en el mercado regional y su capacidad para acceder a mercados exteriores.
Las ayudas al transporte permiten a las empresas canarias competir en condiciones análogas con las empresas situadas en el resto del territorio comunitario, las cuales tienen mayores facilidades de acceso al mercado único europeo, al estar
situadas en el continente. También, las empresas localizadas en el territorio continental disponen de más alternativas para realizar el transporte de mercancías, pues además de utilizar el transporte marítimo y aéreo, medios exclusivos a los que
pueden acceder las empresas canarias, también pueden transportar las mercancías vía ferrocarril y por carretera, utilizando los nodos de transporte que conectan las regiones europeas.
La ayuda al transporte de mercancías es un instrumento al servicio de los objetivos del desarrollo autónomo de los sectores económicos de Canarias y de la diversificación económica, al impedir unos precios excesivos de los inputs necesarios
para permitir que los productos de las islas se sitúen en el mercado insular y en el continente en condiciones comparables a las de otros fabricantes no canarios que compiten en el mercado único de la Unión Europea.
El coste adicional del transporte es uno de los más importantes para las empresas. De hecho, el estudio 'El coste privado de la ultraperiferia y la doble insularidad en Canarias' concluye que el sobrecoste del transporte de mercancías en
Canarias era en 2016 de 2.860 millones de euros, un 4,4 % del total de la facturación de las empresas canarias, teniendo el mayor peso, un 54,7 %, del total de los sobrecostes, lo que da una idea de la realidad en la que operan las empresas en
Canarias. Por este motivo, las autoridades europeas han autorizado las ayudas que permiten paliar este importante sobrecoste de la ultraperiferia.
En concreto, las ayudas reguladas mediante el Real Decreto 147/2019 compensan el transporte marítimo y aéreo entre islas o cuyo destino sea la Península y el resto de Estados miembros de la Unión Europea de todos aquellos productos
originarios de Canarias o que haya sufrido transformación en las Islas. También se compensa el transporte marítimo y aéreo desde el resto de España y la Unión Europea a las Islas Canarias de productos originarios de la Unión Europea que se
consideren 'inputs' para la producción o transformación de los productos, y que no se fabriquen en Canarias. Igualmente, se compensa el transporte marítimo interinsular y con destino al resto de España de productos del petróleo y sus derivados,
originarios de las Islas Canarias o que hayan sufrido en estas transformaciones.
Por su lado, el Real Decreto 552/2020 regula las compensaciones del transporte de los productos agrícolas incluidos en el Anexo I del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, siempre que sean originarios o transformados en las Islas
Canarias. Asimismo, también regula las compensaciones del transporte desde el resto de España a las Islas Canarias de productos de alimentación para el ganado siempre que no haya producción en Canarias o esta sea insuficiente.
La compensación consiste en una ayuda de hasta el 100 % de los costes compensables que abarca desde el flete y los gastos relativos a éste, incluido el retorno en vacío del elemento de transporte en el caso de los trayectos interinsulares,
los costes de utilización de elementos de transporte específicos o especiales en función del tipo de producto, los costes de manipulación de la mercancía en los puertos y aeropuertos de origen y destino, las tasas portuarias o aeroportuarias
aplicadas las mercancías transportadas, los costes de los controles de seguridad y protección de buques e instalaciones y los recargos por el incremento del coste del combustible.
No obstante, la misma norma indica que se tomará como referencia para resolver las compensaciones al transporte un coste tipo que cada año elaborará el Ministerio, de tal forma que el porcentaje de compensación anual se aplica sobre el menor
de los dos valores: el coste tipo y el coste real que abonan las empresas en sus trayectos.
Un mandato contemplado en la Ley 19/1994, de 6 de julio, de modificación del Régimen Económico y Fiscal de Canarias que tiene como objetivo, potenciar la cohesión social, económica y territorial de las
Islas y la competitividad de sus sectores estratégicos, y que recoge en su artículo 7, apartado 3, lo siguiente: La determinación de los costes tipo para cada trayecto se realizará anualmente por la Administración General del Estado de
forma transparente y mediante un procedimiento de audiencia pública, recabando la información necesaria de los operadores independientes que actúan en dichas rutas. [...]'.
Este precepto normativo no se he llevado a cabo ya que no se conoce cómo se realiza la elaboración de los costes tipos y no se ha tenido en cuenta la información de los operadores económicos que aportan anualmente con sus facturas, que
reflejan el verdadero coste de los transportes de mercancías que soportan las empresas canarias.
Es necesario considerar los costes reales que asumen los operadores canarios en el estudio que se deba realizar para obtener los costes tipo, dado que siempre mostrará de manera más fiel la realidad y la diversidad de costes que soportan los
mismos, como es el caso de las empresas con menor volumen de transporte y las que se localizan en las islas no capitalinas, que se encuentran con costes reales superiores a los costes tipo, por lo que son las que resultan más perjudicadas por el
procedimiento actual de cuantificación de los costes tipo.
La situación es cada vez más insostenible como consecuencia de los hechos que han ocurrido en los dos últimos años. La pandemia sanitaria causada por la COVID-19 en el año 2020 no sólo afectó a la salud de la población mundial, sino que
también alteró el funcionamiento de las economías a escala global. Las restricciones a la movilidad impuestas para evitar la propagación del virus motivó el cierre de puertos y aeropuertos, y con ello afectó a la conectividad reduciendo rutas y
frecuencias, limitando el número y capacidad de los medios de transporte de mercancías, barcos, aviones, contenedores, causando todo ello, un incremento de los costes de transporte.
A ello se unió el continuo incremento del crudo debido a los desajustes entre oferta y demanda, coincidiendo con el inicio de la pandemia. El aumento continuado no ha dado respiro y se ha mantenido hasta el 2022, cuando se ha alcanzado la
cotización más alta en los últimos 10 años, motivado este alza por el conflicto bélico en Ucrania. Este incremento continuado del precio del petróleo desde el año 2020 se ha ido trasladando por parte de las navieras al coste del transporte
afectando al flete y a los recargos que pagan los operadores en su actividad logística y de abastecimiento de mercancías.
Considerando que el combustible es uno de los factores más determinantes a la hora de establecer los fletes, es evidente que estas subidas se han trasladado al coste del transporte de mercancías, agravando por tanto, los costes de la
ultraperiferia que asumen las empresas canarias, en sus importaciones de inputs y recursos productivos, y en los transportes de productos elaborados desde Canarias y entre islas.
Y mientras las empresas aún sufrían las terribles secuelas de la COVID-19, con una inflación de costes sin precedentes por el incremento de los fletes expuesto anteriormente y de los costes energéticos y del combustible, estalló el conflicto
bélico entre Rusia y Ucrania, afectando nuevamente al coste del transporte, al producirse el cierre del Mar Negro, ocasionando el desvío de rutas y retrasos en la llegada de mercancías, lo que tuvo como efecto otro incremento de los fletes y demás
recargos.
De hecho, el impacto del conflicto bélico afectó desde el primer día al tejido industrial canario con incrementos en los precios de las materias primas, dificultades para encontrar proveedores alternativos y especialmente con un mayor
encarecimiento de los precios del transporte.
Por ello, y en tanto los costes de transporte continúen en la senda inflacionista iniciada en el último trimestre de 2020, es preciso que las compensaciones al transporte de mercancías recojan este incremento del coste de la ultraperiferia
para que las empresas canarias no vean mermada su capacidad de competir en el mercado regional y para acceder a mercados exteriores.
Cabe recordar que, en el último debate sobre el estado de la nacionalidad celebrado en el Parlamento de Canarias en 2022, se aprobó la siguiente resolución:
El Parlamento de Canarias insta al Gobierno de Canarias a que, a su vez, inste al Gobierno del Estado y este, a su vez, a la Unión Europea para que actúen sobre los efectos inflacionistas del actual conflicto bélico que están teniendo
especial incidencia en el sector comercial e industrial debido fundamentalmente a problemas de carácter logístico en el transporte de mercancías y el incremento del coste de materias primas de carácter esencial, entre otros, que agravan la
estructura de costes adicionales derivados de la condición de región ultraperiférica de Canarias, de forma que dentro del paquete de medidas a presentar al Estado por los efectos ocasionados por el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, se analice
e incluya la actualización de las ayudas al consumo directo e industrial en el marco del Régimen Especial de
Abastecimiento, así como actualizar los costes tipo de las compensaciones al transporte, entre otras medidas que se consideren oportunas para favorecer la viabilidad de las empresas industriales de Canarias, así como a la continuación de las
políticas de apoyo a la industria canaria y a la plena implementación de la Estrategia de Desarrollo Industrial de Canarias.
Por tanto, en base a dicha Resolución del Parlamento de Canarias se mandataba a Gobierno de España a proceder a actualizar los costes tipo de las compensaciones al transporte para dar respuesta al impacto del incremento de los costes de
abastecimiento y de transporte entre islas y con la península. Sin embargo, esta petición no fue contemplada en el Real Decreto-ley 6/2022, de 29 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes en el marco del Plan Nacional de respuesta a las
consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania.
Un informe realizado por la Asociación Industrial Canaria (ASINCA) revela que ha habido incrementos significativos de los costes de transportes en todos los trayectos, y especialmente en los trayectos Canarias-Cádiz realizados por vía
marítima. Así el intervalo de variación se establece entre el 8 % y el 400%, apreciándose que el mayor incremento se va reduciendo a medida que aumenta la unidad de facturación, como es de esperar, pues las empresas de mayor volumen de carga tienen
mejores condiciones de coste de transporte. Por otro lado, el transporte aéreo, que es utilizado básicamente por productos perecederos, se incrementó entre un 100 % y un 500 %.
Los trayectos interinsulares también sufrieron aumentos importantes, particularmente, entre islas capitalinas y no capitalinas. El rango de variación entre las islas capitalinas se mueve entre el 5 % de incremento de coste medido en
términos de metro lineal de mercancía refrigerada industrial hasta el 500 % para el caso de subida del transporte facturado en kilos de mercancía también refrigerada industrial.
Por todo ello, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a:
1. Cumpla el artículo 7 del Régimen Económico y Fiscal de Canarias, en el que se establece, en su apartado tercero, 'la determinación de los costes tipo para cada trayecto se realizará anualmente por la Administración General del Estado de
forma transparente y mediante un procedimiento de audiencia pública, recabando la información necesaria de los operadores independientes que actúan en dichas rutas'.
2. El sistema que se establezca deberá garantizar su incidencia directa sobre el conjunto del coste de los transportes, incluidos los que pueden ser repercutidos como consecuencia de la utilización de las infraestructuras y servicios
portuarios y aeroportuarios.
3. La creación, en base a lo establecido en el propio REF, de una Comisión Mixta entre la Administración General del Estado y la Administración Autonómica, que se encargará de efectuar el seguimiento y evaluación de la aplicación del
sistema de compensación.
4. Teniendo en cuenta que las autoridades europeas han autorizado las ayudas al transporte de mercancías de forma que se permite paliar el 100 % de este importante sobrecoste de la ultraperiferia, es imprescindible actualizar los costes
tipo de las compensaciones al transporte de mercancías con objeto de que se compense de forma efectiva los costes de transportes adicionales reales que asumen las empresas canarias en la importación de sus inputs y en los envíos entre islas y a la
UE de los productos elaborados en Canarias.
5. Que la aprobación de los costes tipos se realice de manera habitual dentro del primer semestre del año siguiente al de aplicación.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de septiembre de 2022.-María Fernández Pérez, Diputada.-Sergio Sayas López, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
Comisión de Educación y Formación Profesional
161/004479
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para realizar un estudio sobre las clases particulares y actividades
extraescolares, para su debate en la Comisión de Educación y Formación Profesional.
Exposición de motivos
Recientemente se han publicado diversos informes y artículos de opinión que ponen en cuestión la igualdad en el acceso a actividades extraescolares debido, entre otros motivos, a la extensión de la jornada continua. Estas opiniones llaman
la atención sobre la falta de oferta de actividades extraescolares en aquellos centros en los que hay jornada continua y por consiguiente esta modalidad de estudios incitaría a que las familias tuviesen que realizar una inversión extraordinaria en
clases extraescolares para sus hijos e hijas.
No todas las familias pueden afrontar unos gastos extraordinarios en actividades extraescolares para sus hijos e hijas, aunque también es importante recordar que las actividades extraescolares, como su nombre indica, son extraescolares y por
tanto no forman parte de la jornada lectiva ni del currículum educativo.
Las actividades extraescolares no obedecen a áreas o materias curriculares, sino que consisten en muchas modalidades y categorías, desde refuerzos, talleres de lectura, manualidades, actividades deportivas, culturales, etcétera. En
realidad, son un complemento no obligatorio y extracurricular al aprendizaje formal que se da en los centros educativos. Es importante aclarar en qué consiste este tipo de actividades para distinguirlas de lo que son las clases particulares. Es
decir, las actividades extraescolares no pueden concebirse como un motivo de segregación escolar, puesto que no forman parte del horario lectivo de los centros, ni puede responsabilizarse a la escuela como único espacio de conciliación y por tanto
proveedor de actividades de apoyo y complemento a la ya extensa jornada escolar.
Por otro lado, las clases particulares tienen una tradición en España como apoyo al estudio o a la realización de tareas fuera del horario escolar, como son los tradicionales deberes. Pero también se utilizan para mejorar el rendimiento de
los alumnos que aspiran a tener mejores resultados.
El sistema educativo español tiene como objetivo proporcionar una educación de aprendizajes mínimos y comunes para permitir a nuestros jóvenes la continuidad en los estudios o el acceso al mundo laboral con una formación básica y elemental,
así como atender su diversidad de intereses académicos y profesionales y facilitar su máximo desarrollo.
Tal y como está concebida nuestra ley, la educación es gratuita en la etapa obligatoria y, en los centros públicos, gratuita en la mayoría de las etapas pre y postobligatorias, y en todo caso, complementada con un sistema de becas y ayudas
al estudio. Por tanto, debe cubrir las necesidades de apoyo educativo que el alumnado pueda requerir en función de sus ritmos de aprendizaje. Por ello, existen programas de atención a la diversidad y de refuerzo, que las distintas administraciones
educativas deben garantizar en sus ámbitos de competencia.
Consecuentemente, es preocupante el contenido de recientes artículos e informes que señalan que un porcentaje importante de alumnos españoles, un 25 %, deben recurrir a clases particulares y otros, que llegan a afirmar que algunas familias
llegan a destinar más de 600 mensuales a estas clases. Estas cantidades son del todo inasumibles en un sistema educativo como es el español, que garantiza la educación obligatoria gratuita, que se basa en la igualdad de oportunidades para todos
los estudiantes y que pretende que todos ellos lleguen a alcanzar el éxito educativo.
Sin embargo, no existen datos suficientes ni informes específicos que avalen estas cifras, que parecen obedecer más al objetivo de desacreditar la calidad del sistema educativo español que a poner de manifiesto un problema real. Las clases
particulares no pueden sustituir el proceso de aprendizaje que se lleva a cabo en los centros educativos, ni la labor que realizan los docentes en el aula, en la educación formal.
Por otro lado, es una realidad que el alumnado tiene distintas aptitudes hacia el aprendizaje y hacia las distintas áreas y materias. Por ello, recurrir puntualmente a alguna clase particular puede cobrar
sentido cuando existe una dificultad excesiva para seguir con normalidad una materia, pero no debe ser la norma general ni ser extensible a varias materias.
Pedagógicamente, esta práctica puede ser negativa y contraproducente para el alumno, quien además de pasar 5 o 6 horas lectivas en el aula, se vería obligado a extender su jornada escolar con varias horas de clases particulares en su tiempo
libre, en un tiempo extraescolar. Mantener la motivación, la concentración en el estudio con tantas horas de clase es muy difícil para cualquier persona, más aún para niños y adolescentes.
Además, las clases particulares ponen de manifiesto la excesiva carga de deberes que se siguen dando en muchos centros, principalmente de educación primaria. En el año 2016, el Congreso de los Diputados aprobó una proposición no de ley a
instancia del Grupo Socialista para mejorar la coordinación entre los equipos docentes, racionalizar los deberes y que éstos fuesen más significativos, motivadores y útiles en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Al igual que las actividades
extraescolares, las clases particulares o los deberes no deben ser motivo de desigualdad.
El sistema educativo debe garantizar que los alumnos y alumnas cuenten con los recursos adecuados sin tener que recurrir a un gasto extraordinario por parte de las familias para lograr el éxito educativo.
No todas las familias tienen el mismo nivel educativo, ni los mismos recursos económicos, ni la disponibilidad de tiempo para poder apoyar a sus hijos e hijas. Precisamente, por esta razón, el sistema educativo debe garantizar que en el
tiempo extraescolar no se obligue a realizar tareas que los niños y niñas no pueden hacer solos, y así fortalecer el trabajo autónomo del alumnado y evitar el uso excesivo de las clases particulares y, por tanto, un gasto extraordinario para las
familias.
En esta línea, el Ministerio de Educación y FP tiene una larga trayectoria de trabajo con el programa de Cooperación Territorial PROA y PROA +, con 360 millones de euros este año para las Comunidades Autónomas que incluye clases de refuerzo
gratuitas durante las tardes para los alumnos que lo necesitan en las materias instrumentales. Según un estudio publicado en Economics of Education Review, esta iniciativa mejora el rendimiento en Lectura entre 7 y 14 puntos PISA (el equivalente a
entre dos y cuatro meses del curso escolar) y reduce la proporción de alumnado con bajo rendimiento entre 3,5 y 6,4 puntos porcentuales. Es decir, si hay un 20 % de alumnos con bajo rendimiento, el programa lo reduce a entre el 13,6 % y el 16,5 %.
Por tanto, existen apoyos gratuitos como refuerzo y ayuda al alumnado vulnerable y con necesidad de apoyo educativo.
La escuela tiene una función fundamentalmente educativa pero también social, y las administraciones conjugan ambas necesidades. Sin embargo, la parte social no debe ser un motivo de exclusión, segregación o de fomento del retraso educativo
del alumno/a.
Contar con datos reales es la mejor opción para tener un buen diagnóstico, para verificar o desmentir opiniones que pueden generar una opinión general errónea sobre el buen funcionamiento y la realidad de nuestro sistema educativo. Según la
estadística educativa del gasto, el gasto de los hogares en servicios educativos pagados a centros, academias y clases particulares, sin incluir los gastos en servicios complementarios ni en bienes educativos, correspondiendo el concepto utilizado
con el del consumo final de los hogares según la COICOP (Clasificación de las funciones de consumo individual) ha caído desde el punto más alto en PIB 1,05 % del año 2014 al 0,92 % en el 2019. Es un gasto que sube con las crisis y baja cuando los
poderes públicos asumen su papel de garantizar el ejercicio del derecho a la educación; así ocurrió también en la crisis 1993-1997. Este gasto se centra -en la UE- más en las etapas pre y postobligatorias, pero en España también en las
obligatorias, por el alto porcentaje de alumnado en centros privados (no concertados): 7,5 % en las Enseñanzas de Régimen General.
Por tanto, este dato no se ajusta a la información de artículos de opinión e informes que indican un incremento de casi 500 M en una década, entre 2006 y 2017.
Esta disparidad hace necesario conocer, con datos reales, la situación de las clases particulares y actividades extraescolares en España y realizar un análisis para determinar si éstas son un motivo de desigualdad. También es importante
contar con una evaluación sobre su utilidad y conveniencia de cara al proceso de enseñanza aprendizaje para el alumno/a.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Elaborar un informe sobre la participación del alumnado español en actividades extraescolares y en clases particulares, tipología, así como su aprovechamiento y coste por alumno/a.
2. Impulsar la inclusión, en la medida y forma que se estime factible, datos sobre actividades extraescolares y clases particulares en los Informes de situación del sistema educativo, también en los elaborados por los Consejos Escolares del
Estado y, a recomendarlo, en los de las distintas CCAA.
3. Proponer, a partir del diagnóstico e informes elaborados, medidas para mejorar la equidad, la calidad educativa y garantizar la igualdad de oportunidades.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de septiembre de 2022.-María Luz Martínez Seijo, Diputada.-Guillermo Antonio Meijón Couselo e Isaura Leal Fernández, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.
161/004480
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre ayudas para servicios complementarios en los centros educativos, para su
debate en la Comisión de Educación y Formación Profesional.
Exposición de motivos
Uno de los objetivos de nuestro sistema educativo es garantizar su Equidad. Si bien es cierto que la educación española está descentralizada y por ello, la mayoría de las medidas que se implementan por parte las comunidades autónomas para
lograr mayores grados de equidad se llevan a cabo con presupuesto y actuaciones autonómicas.
No obstante, la mayor medida que se desarrolla en España para garantizar la igualdad de oportunidades es la política de becas y ayudas al estudio que ha ido evolucionando a lo largo de los años para alcanzar su récord histórico este curso,
beneficiando a más de un millón de estudiantes. Lo dedicado a becas en 2000/01 era el doble de lo que se dedicó en 1978/79 (393 millones frente a 676). Y en 2020 se destinaron a becas 2.793 millones de , 4 veces lo del 2000.
Frente a la inflación y las crisis, hay maneras y políticas diferentes de gestión. Este gobierno se caracteriza por la recuperación de la inversión en educación contrapuesta a las políticas nefastas y de falta de inversión durante la
anterior crisis económica que tuvo como consecuencia el mayor retroceso en servicios públicos de los últimos años. Una sociedad que no avanza en educación y que deja personas atrás, no puede progresar.
Debemos tener en cuenta que la inversión educativa está descentralizada, lo que dificulta avanzar en crecimiento del PIB por las diferencias de inversión educativa entre CCAA. Hay otros fenómenos dignos de resaltar y, en buena medida,
específicos de España: de un lado, nuestro país presenta un gasto privado educativo, en % del PIB, claramente más alto que la media de la OCDE y de la UE, repuntando fuertemente en épocas de crisis (gestionadas por gobiernos conservadores), a la
par que se produce el descenso en el gasto público.
Por ejemplo, en la pasada crisis iniciada en 2008, el % del PIB dedicado a gasto público educativo cayó del 5,04 % de 2009 al 4,21 % en 2018, para repuntar hasta el 4,93 % en el 2020, a la vez que el gasto educativo privado pasaba del 0,84 %
del PIB en 2009 al 0,92 % en 2019; o del 0,78 % en 2008 al 1,05 % en 2014, por mostrar sus picos.
El reto es concitar el esfuerzo de todas las administraciones educativas en programas de gasto público compensadores tanto en el ámbito territorial, como social. Un buen ejemplo de ello son los Programas de Cooperación Territorial (PCT),
que pueden extenderse, sobre objetivos de mejora de los resultados y su equidad, en un modelo de gasto finalista y compartido entre administraciones. Porque no todo el gasto educativo tiene el mismo valor compensador y equitativo: los copagos,
cheques, subvenciones, extensión de conciertos, y otras medidas de la derecha ... no aportan a la mejora de la educación lo que los citados PCT o las becas del MEFP. Hay que fijar prioridades y avanzar hacia objetivos de mejora y equidad,
compartidos y evaluables.
En este sentido, el Gobierno ha priorizado la mejora del sistema educativo y el refuerzo de la equidad con la financiación a las CCAA a través de los fondos de resiliencia (los últimos han sido 393 M para FP, 118 M para la lucha contra el
abandono escolar o 58.559.610 M para ayudar a las familias a la
adquisición de libros de texto o material didáctico) o el PROA + y Unidades de Acompañamiento: El Programa PROA (de refuerzo educativo para alumnos vulnerables), que fue interrumpido durante el anterior gobierno, fue recuperado en 2021 y se
van a invertir más de 354 millones de euros en el programa en 4 años o el avance para la universalización de 0 a 3 años en todo el territorio con una inversión de 670 M para crear 65.000 plazas públicas, posiblemente la mejor medida de equidad en
las edades más tempranas.
Hemos empezado un nuevo curso escolar y con ello, como es habitual cada curso, las familias hacen frente a determinados gastos derivados de la vuelta al cole. Este curso es especial, teniendo en cuenta que hay una inflación derivada de la
guerra en Ucrania y el incremento de la energía, que también afecta al inicio de curso. Para aliviar el esfuerzo de las familias, el gobierno de España ha tomado medidas en distintos ámbitos, concretamente en educación se ha incrementado la cuantía
de becas en 400 .
Sin embargo, es importante distinguir en qué consiste lo que se llama gasto educativo, es decir, lo que debe entrar en posibles ayudas de las administraciones para aliviar la vuelta al colé sin sufrir el coste añadido de la inflación
derivada de la crisis energética y la guerra en Ucrania. Por gasto educativo se entiende:
- Libros de texto en las enseñanzas obligatorias para lo que existen programas de gratuidad y bonificaciones según renta de las familias.
- Actividades extraescolares, en muchos son gratuitas por programas de apoyo de ayuntamientos, diputaciones, CCAA, oferta de los centros, incluso de las AMPAS y en otros casos existen bonificaciones para aquellas familias de renta baja.
- Aulas matinales cuya gratuidad depende de las políticas de CCAA y en muchos casos existen bonificaciones y reducción de coste por la financiación autonómica.
- Comedores escolares que son gratuitos cuando hay desplazamiento como es el caso en la zona rural, y en muchas ocasiones hay bonificaciones y precios diferentes según la renta de las familias. Las CCAA generalmente cierran el precio del
comedor para evitar un coste excesivo para las familias.
- Material didáctico que puede contar con ayudas de los gobiernos autonómicos y del gobierno, este año con 58 M de .
- Transporte escolar, gratuito para rutas de transporte escolar para atender las necesidades de traslado de alumnado en zona rural o bonificado cuando no hay rutas.
Es decir, si se eliminan estos costes necesarios en el proceso educativo, quedarían otros gastos no educativos como son los uniformes que se utilizan en centros concertados, ropa deportiva, y actividades complementarias que las familias
pueden decir voluntariamente para sus hijos y que no son específicas del ámbito escolar: musicales, deportivas, culturales...
En definitiva, ante un curso escolar más difícil para las familias, es conveniente realizar un esfuerzo por parte de todas las administraciones para ayudar a paliar los gastos extraordinarios que se van a producir en este curso.
Por todo ello el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a, que en los mecanismos de coordinación que mantiene con las CCAA se aborde y proponga:
1. Establecer una programación de actividades extraescolares y de refuerzo gratuitas en todos los centros sostenidos con fondos públicos para el alumnado proveniente de familias en situación de dificultad económica, aprovechando para ello
todos los recursos de financiación para las mismas que ofrecen tanto el gobierno de España como las propias CCAA.
2. Velar porque los centros educativos sólo soliciten el material didáctico y no didáctico imprescindible para el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje.
3. Las actividades complementarias propuestas por los centros educativos sostenidos con fondos públicos sean gratuitas durante el curso 22/23 para el alumnado proveniente de familias en situación de dificultad económica.
4. Hacer un análisis sobre los umbrales de renta existentes que se contemplan para conceder la gratuidad o bonificaciones en distintos servicios complementarios y realizar la propuesta para actualizarlos y que sean efectivos en el proceso
de inflación que sufren las familias.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de septiembre de 2022.-María Luz Martínez Seijo, Diputada.-Guillermo Antonio Meijón Couselo e Isaura Leal Fernández, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión de Industria, Comercio y Turismo
161/004478
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para promover la autonomía de materias primas minerales para la industria de
nuestro país, para su debate en la Comisión Industria, Comercio y Turismo.
Exposición de motivos
La Unión Europea se enfrenta al desafío de alcanzar, cuanto antes, una transición ecológica, energética y digital de nuestra economía y, en este sentido, el acceso a los recursos que constituyen el primer eslabón de la cadena de valor de
nuestra industria resulta imprescindible.
Las materias primas minerales son una cuestión estratégica de seguridad europea, fundamentales para la industria de nuestro país y la de todo el espacio comunitario. Este extrae en torno a 3.350 millones de toneladas anualmente,
convirtiéndose en el tercer mayor productor de minerales industriales gracias a la gran dimensión de nuestras explotaciones mineras. A este respecto, España es rica en materias primas críticas que son necesarias para la transformación en algunas
cadenas de valor estratégicas como son el vehículo eléctrico conectado o la industria eólica. Contamos con más de 2.700 explotaciones que producen materias, generando empleo a cerca de 29.000 personas. Por ello, nuestro país es clave para alcanzar
una transformación sostenible, justa y ordenada de Europa.
La crisis sanitaria derivada de la COVID-19 y la reciente invasión de Ucrania por parte de la Federación de Rusia han tensionado las cadenas globales de suministro, lo que ha amenazado a nuestra independencia económica. Esto nos lleva a una
profunda reflexión sobre nuestras capacidades industriales y a generar estrategias que permitan que el abastecimiento de determinadas materias primas minerales no dependa de terceros países.
En septiembre de 2020, la Unión Europea presentó un Plan de acción sobre las materias primas fundamentales y elaboró un listado de treinta materias primas como críticas que no pueden obtenerse dentro del espacio comunitario. El objetivo es
conseguir un suministro seguro y sostenible para aumentar la resiliencia de la UE y su autonomía estratégica. Además, en este sentido, se creó la Alianza Europea de Materias Primas para sumar fuerzas y lograr dicho objetivo.
Por su parte, el Gobierno de España ha elaborado una Hoja de Ruta para la gestión sostenible de las materias primas minerales, con el objeto de 'establecer las bases para la transformación del sector extractivo, en un contexto de economía
circular, y garantizar el suministro de las materias primas minerales autóctonas en España de una manera más sostenible, eficiente, y que maximice los beneficios a lo largo de la cadena de valor'.
Esta Hoja de Ruta permitirá articular instrumentos para generar un modelo sostenible y ordenado en el ámbito de la minería, la extracción, procesamiento y reciclaje de materias primas, que son especialmente relevantes por su peso en algunas
regiones.
Por todo ello el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a:
1. Impulsar el máximo aprovechamiento de materias primas minerales autóctonas dirigido a lograr una autonomía estratégica en la Unión Europea y España a través del desarrollo de un modelo sostenible, eficiente y ordenado en el ámbito de la
minería, la extracción, procesamiento y reciclaje para su reutilización que logre maximizar los beneficios a lo largo de toda la cadena de valor y permita una transición verde y digital.
2. Promover, en la Comisión Europea y en el marco de la Hoja de Ruta para la gestión sostenible de las materias primas minerales, reforzar las políticas de identificación de proyectos e inversiones en el ámbito minero, dando prioridad a las
comarcas de aquellas regiones en transición y en las que haya tenido un peso importante la minería del carbón, para que en 2025 puedan estar operativos y permitan que el sector reduzca al mínimo sus efectos sobre el clima y el medioambiente.
3. Acelerar la puesta en marcha de medidas de la Hoja de Ruta para la gestión sostenible de las materias primas minerales, para permitir cuanto antes identificar la disponibilidad de yacimientos de materias primas estratégicas, reducir y
optimizar su consumo, así como el establecer estándares de sostenibilidad en los procesos de exploración, extracción y transformación.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de septiembre de 2022.-Alejandro Soler Mur, Roberto García Morís, María Luisa Carcedo Roces, Cristina López Zamora y Javier Alfonso Cendón, Diputados.-José Zaragoza Alonso e Isaura Leal Fernández,
Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión de Derechos Sociales y Políticas Integrales de la Discapacidad
161/004470
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Republicano, a instancia de los Diputados Norma Pujol i Farré y Jordi Salvador i Duch, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de
Ley sobre la mejora de la prestación por cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave, para su debate en la Comisión de Derechos Sociales y Políticas Integrales de la Discapacidad.
Exposición de motivos
El 29 de julio de 2011 fue aprobado el Real Decreto 1148/2011, de 29 de julio, para la aplicación y desarrollo, en el sistema de la Seguridad Social, de la prestación económica por cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad
grave, un Real Decreto esencial para la vida de muchas familias, niños y niñas.
Con la finalidad de poder atender correctamente a las necesidades de estos niños y niñas, se creó una prestación por cuidado de menores con cáncer u otra enfermedad grave, conocida como 'CUME', para poder cubrir económicamente la proporción
del salario que se deja de cobrar por la reducción de jornada. Se establecieron una serie de criterios exhaustivos, con el objetivo de delimitar muy bien quién podría tener acceso a la prestación, pero estos criterios se han acabado convirtiendo en
un corsé que impide a muchas familias tener acceso al recurso. Algunas condiciones, de hecho, condenan a estas familias a la precariedad, teniendo en cuenta que solo uno de los progenitores puede acogerse a ella y solo se puede percibir mientras
ambos progenitores sean trabajadores en activo, algo muy difícil de compaginar si se tiene en cuenta que la mayoría de veces la familia debe desplazarse lejos del lugar de residencia para los tratamientos o las terapias de los y las menores.
Cada vez son más las familias que se están organizando en el Estado para denunciar los obstáculos y las dificultades que algunas mutuas, pero sobre todo algunas instituciones, están poniendo para poderlo percibir. Si bien es cierto que esta
lucha y organización sirvió para conseguir la promesa de extender la ayuda más allá de la mayoría de edad, hasta los 23 años, la realidad es que el Real Decreto no se está desplegando correctamente en muchos casos, añadiendo trabas burocráticas que
no son exigidas por ley por parte de mutuas. Y esto en el caso de trabajadores autónomos o asalariados.
En el caso del personal funcionario, esta ayuda no se percibe a través del CUME, sino que se hace a través del Estatuto Básico del Empleado Público. Pero la falta de despliegue normativo en este ámbito provoca una falta de regulación que, a
su vez, está generando una absoluta discrecionalidad por parte de las administraciones a la hora de aceptar o no las reducciones de jornada y el acceso a esta prestación, que en la mayoría de los casos es denegado. De hecho, son bastantes las
familias que se encuentran en pleno juicio con las administraciones para ver reconocido su derecho a poder cuidar de menores que padecen enfermedades graves.
La situación de estas familias ya es suficientemente dramática en la mayoría de los casos como para tener que soportar también el peso de los obstáculos que mutuas privadas y administraciones públicas interponen en su camino cuando,
únicamente, buscan ver reconocido un derecho recogido en la ley.
Por todo ello se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno español a:
1. Trabajar de manera coordinada con las Comunidades Autónomas para establecer un marco normativo que permita unificar y clarificar los criterios de acceso a la prestación para el cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad
grave (CUME).
2. Aumentar la dotación presupuestaria asignada a la prestación CUME.
3. Complementar la prestación CUME con la creación de nuevas prestaciones económicas que permitan hacer frente al cuidado de estos menores de manera adecuada.
4. Extender la prestación CUME a ambos progenitores, independientemente de su situación laboral.
5. Equiparar los permisos de reducción de jornada a los que se encuentran sujetos los funcionarios al Real Decreto que regula la CUME para el resto de trabajadores asalariados y autónomos.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de septiembre de 2022.-Norma Pujol i Farré y Jordi Salvador i Duch, Diputados.-Gabriel Rufián Romero, Portavoz del Grupo Parlamentario Republicano.
161/004474
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario de Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de ley para la mejora de la atención a los pacientes con atrofia muscular espinal (AME) para su debate en
la Comisión de Derechos Sociales y Políticas Integrales de la Discapacidad.
Exposición de motivos
La atrofia muscular espinal (AME) es un grupo de enfermedades genéticas que daña y acaba con las neuronas motoras, que son las células nerviosas de la médula espinal y la parte inferior del cerebro que controlan el movimiento de los brazos,
piernas, cara, pecho, garganta y lengua. A medida que estas neuronas se debilitan y mueren, los músculos comienzan a debilitarse y atrofiarse, lo que hace que el daño muscular vaya aumentando con el tiempo y pueda afecta al habla, a caminar, a la
deglución y a la respiración. Existen además varios tipos de AME, dependiendo de la gravedad de la enfermedad y de cuándo comiencen los síntomas, siendo el más grave y común de ellos el de la enfermedad de Werdnig-Hoffmann o AME de inicio infantil,
por presentar síntomas ya en la infancia antes de los seis meses de edad.
En cualquier caso, todos los tipos de AME afectan de forma grave a la autonomía y el bienestar de los pacientes, por la gravedad de sus síntomas y por, en muchos casos, suponer la muerte si no se trata de forma adecuada. Actualmente,
existen tres tratamientos para la AME aprobados por la Agencia Europea del Medicamento (EMA, por sus siglas en inglés) que son realmente terapias modificadoras de la enfermedad que permiten frenarla, pero que no representan en sí mismas una cura.
Por tanto, estos tratamientos son necesarios para garantizar un nivel de autonomía mayor a los pacientes, ralentizando el deterioro neuronal, por lo que es necesario permitir que los afectados accedan cuanto antes al tratamiento, ya que ninguna de
las terapias permite la recuperación de las motoneuronas perdidas.
Pese a ello, en España los protocolos de acceso a estas terapias son claramente insuficientes, primando en muchos casos el criterio económico sobre el terapéutico a la hora de permitir que los pacientes puedan recibir un tratamiento. De
hecho, incluso neuropediatras como el Dr. Marcos Madruga, del Hospital VIAMED Santa Ángela de la Cruz, afirman que 'debería de aumentarse el valor que se da actualmente a los criterios de los clínicos, que conocen la enfermedad y las necesidades
reales de los pacientes, para la toma de decisiones en el inicio y mantenimiento de los tratamientos referidos'. De hecho, se dan casos en los que, incluso habiendo accedido al tratamiento, se decide retirar su acceso por no presentar mejoría los
pacientes, provocando que, debido a su carácter modificador y no curativo, cuando se retira ese acceso el paciente vuelve a empeorar, perdiendo incluso capacidades que gracias a ese tratamiento había conseguido mantener.
Desde el Grupo Parlamentario Ciudadanos defendemos la necesidad de invertir el dinero público de forma eficiente, pero no es aceptable que la vida de los pacientes de AME y de sus familias empeore por una motivación únicamente económica. De
hecho, en otros Estados de la Unión Europea el acceso a estos tratamientos no está sujeto a las mismas restricciones que en nuestro país, lo que supone también un problema de equidad de los pacientes españoles respecto a nuestros compatriotas
franceses, italianos o alemanes. Esta situación, por desgracia, es similar a la que viven muchos otros pacientes de enfermedades raras, que también ven su acceso a tratamientos limitado por las restricciones administrativas impuestas por el
Gobierno.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a revisar los protocolos de acceso y mantenimiento de terapias para la atrofia muscular espinal (AME), de forma que se facilite el tratamiento de esta enfermedad y se mejore la calidad de vida
tanto de los pacientes como de sus familias, evitando que el criterio estrictamente económico se imponga al terapéutico y pueda acabar provocando retrasos, limitaciones y retrocesos en el abordaje de esta patología.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de septiembre de 2022.-Sara Giménez Giménez, Diputada.-Edmundo Bal Francés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación
161/004484
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la adopción de medidas
urgentes para evitar vetos a las capturas de marrajo y de tiburón azul, para su debate en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Exposición de motivos
Es conocido el conflicto y perjuicio generado por la inclusión en agosto de 2019, del marrajo dientuso (Isurus oxyrinchus), en el Apéndice II de la Convención Internacional de Especies amenazadas de fauna
y Flora Silvestres (CITES), especialmente por la retención y comercialización de los ejemplares ya capturados.
Los motivos principales de los problemas generados vinieron por la descoordinación dentro del gobierno entre los ministerios de Transición Ecológica y la Secretaría de Estado de Consumo, llegando a pronunciarse la Comisión Europea en el
sentido de permitir la venta de esta especie en base al quebranto económico que se producía en todas las flotas implicadas, algo contrario a la PPC.
Fue en diciembre de 2021, en las negociaciones de la sesión anual de ICCAT cuando se alcanzó un acuerdo entre las partes contratantes, para el marrajo dientuso del Atlántico Norte, en el sentido de prohibir durante dos años la pesca del
marrajo, sin prohibirla en el resto de los espacios marinos.
Recientemente en el seno de la Comisión Europea algunos eurodiputados del Grupo Los Verdes-Alianza Libre Europea instaban a la Comisión a liderar en la próxima reunión del ICCAT la aplicación de estas medidas prohibitorias en las aguas del
Atlántico Sur, abriendo un nuevo frente contra el sector palangrero, con el consiguiente perjuicio económico por el importante rendimiento que le aporta.
Por otro lado, acaba de conocerse que la Comisión de Medio Ambiente del Parlamento Europeo, con los votos favorables de los europarlamentarios socialistas, verdes, liberales y de la extrema izquierda, lo que hizo prosperar la propuesta de
Panamá de incluir el tiburón azul (Prionace glauca), conocido por quenlla o tintorera, dentro del apéndice II de CITES, al igual que lo ocurrido en 2019 con el marrajo dientuso.
Esta propuesta de Panamá que ahora recibe el apoyo europeo en la Comisión de Medio Ambiente, quedando pendiente la votación en el pleno del Parlamento Europeo. De consumarse esta prohibición los perjuicios económicos serían todavía mucho
más serios que lo ocurrido con el marrajo porque esta especie es la principal especie en volumen para este segmento de flota, suponiendo un nuevo golpe al sector pesquero español que sigue atravesando momentos de enormes dificultades.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Rechazar ante la Comisión Europea el posible veto a las capturas de marrajo en el Atlántico Sur, poniendo en valor todas las medidas de gestión sostenible adoptadas hasta la fecha en favor de esta especie.
2. Adoptar las medidas necesarias, como la presentación de alegaciones a la propuesta de Panamá, que eviten la inclusión de la tintorera o quenlla (Prionace glauca) entre las especies protegidas en el apéndice II de CITES, antes de su
análisis por parte de esta organización en noviembre de este años 2022.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de septiembre de 2022.-Jaime Eduardo de Olano Vela y Joaquín María García Díez, Diputados.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico
161/004469
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre restauración de ecosistemas prioritarios integrados en espacios naturales y
espacios Red Natura 2000 afectados por el cambio climático, así como sobre el aumento de su resiliencia ante el mismo, para su debate en la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico.
Exposición de motivos
España es un país rico en ecosistemas y biodiversidad, los más relevantes de ellos están presentes en los espacios naturales protegidos, lugares por ello prioritarios para su restauración y adaptación al cambio climático. Según la Ley
42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, tienen la consideración de espacios naturales protegidos los espacios del territorio nacional, incluidas las aguas continentales, y el medio marino, junto con la zona
económica exclusiva y la plataforma continental que, declarados como tales, cumplan al menos uno de los requisitos siguientes: contener sistemas o elementos naturales representativos, singulares, frágiles, amenazados o de especial interés
ecológico, científico, paisajístico, geológico o educativo; o estar dedicados especialmente a la protección y el mantenimiento de la diversidad biológica, de la geodiversidad y de los recursos naturales y culturales asociados.
Los Espacios Naturales Protegidos, ya sean terrestres o marinos, se clasifican en cinco categorías básicas de ámbito estatal, atendiendo a los bienes y valores a proteger y de los objetivos de gestión a cumplir, establecidas por la citada
Ley 42/2007.
La Ley del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad regula también la Red Ecológica Europea Natura 2000, que consta de Zonas Especiales de Conservación (ZEC) establecidas de acuerdo con la Directiva Hábitat y de Zonas de Especial Protección
para las Aves (ZEPA) designadas en virtud de la Directiva Aves. Su gestión debe tener cuenta las exigencias ecológicas, económicas, sociales y culturales, así como las particularidades regionales y locales. Todo ello con el objetivo de asegurar la
supervivencia a largo plazo de las especies y los tipos de hábitat en Europa, contribuyendo a detener la pérdida de biodiversidad. La gestión de ambos tipos de espacios protegidos recae fundamentalmente en las comunidades autónomas.
Por otra parte, dado que la mayoría de las comunidades autónomas han desarrollado legislación propia sobre espacios protegidos, existen en la actualidad en España más de 40 denominaciones distintas para designar a los espacios naturales
protegidos.
Los efectos del cambio climático en los entornos naturales, especialmente en los protegidos, preocupan a las administraciones y a la ciudadanía. Buena prueba de ello es que, entre las recomendaciones finales de la Asamblea Ciudadana para el
Clima, recientemente aprobadas, figura el objetivo de 'restaurar los principales ecosistemas del país afectados por el cambio climático para aumentar su resiliencia ante el cambio climático'.
En su informe, la Asamblea Ciudadana para el Clima señala que 'mantener ecosistemas naturales y saludables es fundamental para conservar la biodiversidad y proveer de incontables beneficios y servicios a la sociedad, pero, además, porque son
nuestros mejores aliados naturales para luchar contra el cambio climático dada su enorme capacidad para absorber las inmensas cantidades de dióxido de carbono acumuladas en la atmósfera desde el comienzo de la era industrial'. Y añade que 'su
alteración y destrucción provoca el efecto contrario al liberar el carbono acumulado, por lo que detener su degradación y promover su restauración es fundamental. Por esta razón, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente ha
declarado el periodo desde 2021 hasta 2030 como la Década para la Restauración de los Ecosistemas, para detener y revertir la degradación de los ecosistemas en todos los continentes y océanos y ayudar así a erradicar la pobreza, combatir el cambio
climático y prevenir una extinción masiva de especies'.
La Asamblea Ciudadana recuerda también que 'el cuidado y restauración de los ecosistemas para recuperar su equilibrio natural es una enorme oportunidad de empleo de calidad y debe ser una prioridad para todos los gobiernos y empresas que
deben invertir urgentemente todos los recursos a su alcance y en el menor tiempo posible en este objetivo, involucrando a la sociedad y priorizando aquellos que juegan un papel más estratégico en la protección de la biodiversidad y que tienen más
capacidad de absorción de CO2'.
El Gobierno de España ha demostrado su interés por esta cuestión y ello tiene su reflejo en diversos instrumentos normativos, de planificación y de gestión.
En el artículo 24 de la Ley 7/2021, de 20 de mayo, de Cambio Climático y Transición Energética, se prevé la elaboración en el plazo de tres años desde la aprobación de la ley, y su presentación a la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente,
de una evaluación de la representatividad a medio y largo plazo de las redes de espacios naturales protegidos y espacios de la Red Natura 2000, en los diferentes escenarios climáticos posibles, con el fin de que, por parte de las administraciones
competentes, se
dispongan las medidas oportunas para que dichas redes sigan cumpliendo en los plazos mencionados los objetivos de conservación de hábitats y especies para las que fueron diseñadas.
El citado precepto establece también que la Administración General del Estado y la de las comunidades autónomas, en el ámbito de sus respectivas competencias, incluirán en la actualización y revisión de los planes o instrumentos de gestión
de los espacios naturales protegidos y espacios de la red Natura 2000 un apartado sobre adaptación de los mismos al cambio climático con, al menos, un diagnóstico que incluya un listado de especies y hábitats especialmente vulnerables, objetivos,
acciones e indicadores de progreso y cumplimiento, así como un plan de conectividad con otros espacios protegidos
La misma preocupación se refleja en el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático, que reconoce que el cambio climático constituye un reto de primer orden para las áreas protegidas, al provocar cambios ambientales que pueden modificar
de forma sustancial sus propias condiciones de partida (zonificación, restricciones establecidas en los planes de gestión, etc.). Sin embargo, todavía son pocas las áreas protegidas que incorporan de forma profunda el factor cambio climático a su
planificación y gestión. El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) incluye también la promoción de medidas adicionales para la conservación y fomento de la biodiversidad autóctona y de los ecosistemas, ligado al Plan Estratégico de
Patrimonio Natural y la Biodiversidad.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno, en colaboración con las administraciones públicas implicadas, en el ámbito de sus competencias, a llevar a cabo las actuaciones necesarias para restaurar los principales ecosistemas del país
incluidos en espacios naturales y espacios Red Natura 2000, afectados por el cambio climático, así como para aumentar su resiliencia ante el mismo, desarrollando las previsiones que en este sentido contiene la Ley 7/2021, de 20 de mayo, de Cambio
Climático y Transición Energética.
A tal fin, entre otras medidas, se llevarán a cabo las siguientes:
1. Poner en marcha la evaluación de la representatividad a medio y largo plazo de las redes de espacios naturales protegidos y espacios de la Red Natura 2000, en los diferentes escenarios climáticos posibles, que se presentará a la
Conferencia Sectorial de Medio Ambiente.
2. Impulsar, en coordinación con las comunidades autónomas, en el ámbito de sus competencias, la incorporación en los planes o instrumentos de gestión de los espacios naturales protegidos y espacios de la Red Natura 2000 de un apartado
sobre la adaptación de dichos espacios al cambio climático, que debe incluir, al menos, un diagnóstico, un listado de especies y tipos de hábitats especialmente vulnerables, objetivos, acciones e indicadores de progreso y cumplimiento, así como un
plan de conectividad con otros espacios protegidos.
3. Promover el desarrollo de proyectos piloto de incorporación de criterios de adaptación al cambio climático en la planificación y/o la gestión de áreas protegidas.
4. Facilitar la formación del personal de las áreas protegidas en materia de impactos, riesgos y adaptación.
5. Promover el desarrollo de programas, proyectos y actuaciones de restauración de ecosistemas vulnerables y afectados por el cambio climático.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de septiembre de 2022.-Helena Caballero Gutiérrez, Eva Patricia Bueno Campanario, Germán Renau Martínez, Antidio Fagúndez Campo, Sandra Guaita Esteruelas, María Montserrat García Chavarría, María
Inmaculada Oria López, Esther Padilla Ruiz, Daniel Sendero Oraá, Omar Anguita Pérez, Herminio Rufino Sancho Íñiguez, Daniel Vicente Viondi y Javier Antón Cacho, Diputados.-José Zaragoza Alonso e Isaura Leal Fernández, Portavoces del Grupo
Parlamentario Socialista.
Comisión de Sanidad y Consumo
161/004473
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario de Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para la mejora de la atención a los pacientes con atrofia muscular espinal (AME), para su debate en
la Comisión de Sanidad y Consumo.
Exposición de motivos
La atrofia muscular espinal (AME) es un grupo de enfermedades genéticas que daña y acaba con las neuronas motoras, que son las células nerviosas de la médula espinal y la parte inferior del cerebro que controlan el movimiento de los brazos,
piernas, cara, pecho, garganta y lengua. A medida que estas neuronas se debilitan y mueren, los músculos comienzan a debilitarse y atrofiarse, lo que hace que el daño muscular vaya aumentando con el tiempo y pueda afecta al habla, a caminar, a la
deglución y a la respiración. Existen además varios tipos de AME, dependiendo de la gravedad de la enfermedad y de cuándo comiencen los síntomas, siendo el más grave y común de ellos el de la enfermedad de Werdnig-Hoffmann o AME de inicio infantil,
por presentar síntomas ya en la infancia antes de los seis meses de edad.
En cualquier caso, todos los tipos de AME afectan de forma grave a la autonomía y el bienestar de los pacientes, por la gravedad de sus síntomas y por, en muchos casos, suponer la muerte si no se trata de forma adecuada. Actualmente,
existen tres tratamientos para la AME aprobados por la Agencia Europea del Medicamento (EMA, por sus siglas en inglés) que son realmente terapias modificadoras de la enfermedad que permiten frenarla, pero que no representan en sí mismas una cura.
Por tanto, estos tratamientos son necesarios para garantizar un nivel de autonomía mayor a los pacientes, ralentizando el deterioro neuronal, por lo que es necesario permitir que los afectados accedan cuanto antes al tratamiento, ya que ninguna de
las terapias permite la recuperación de las motoneuronas perdidas.
Pese a ello, en España los protocolos de acceso a estas terapias son claramente insuficientes, primando en muchos casos el criterio económico sobre el terapéutico a la hora de permitir que los pacientes puedan recibir un tratamiento. De
hecho, incluso neuropediatras como el Dr. Marcos Madruga, del Hospital VIAMED Santa Ángela de la Cruz, afirman que 'debería de aumentarse el valor que se da actualmente a los criterios de los clínicos, que conocen la enfermedad y las necesidades
reales de los pacientes, para la toma de decisiones en el inicio y mantenimiento de los tratamientos referidos'. De hecho, se dan casos en los que, incluso habiendo accedido al tratamiento, se decide retirar su acceso por no presentar mejoría los
pacientes, provocando que, debido a su carácter modificador y no curativo, cuando se retira ese acceso el paciente vuelve a empeorar, perdiendo incluso capacidades que gracias a ese tratamiento había conseguido mantener.
Desde el Grupo Parlamentario Ciudadanos defendemos la necesidad de invertir el dinero público de forma eficiente, pero no es aceptable que la vida de los pacientes de AME y de sus familias empeore por una motivación únicamente económica. De
hecho, en otros Estados de la Unión Europea el acceso a estos tratamientos no está sujeto a las mismas restricciones que en nuestro país, lo que supone también un problema de equidad de los pacientes españoles respecto a nuestros compatriotas
franceses, italianos o alemanes. Esta situación, por desgracia, es similar a la que viven muchos otros pacientes de enfermedades raras, que también ven su acceso a tratamientos limitado por las restricciones administrativas impuestas por el
Gobierno.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a revisar los protocolos de acceso y mantenimiento de terapias para la atrofia muscular espinal (AME), de forma que se facilite el tratamiento de esta enfermedad y se mejore la calidad de vida
tanto de los pacientes como de sus familias, evitando que el criterio estrictamente económico se imponga al terapéutico y pueda acabar provocando retrasos, limitaciones y retrocesos en el abordaje de esta patología.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de septiembre de 2022.-Guillermo Díaz Gómez, Diputado.-Edmundo Bal Francés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL
La Mesa de la Cámara en su reunión del día de hoy ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 189 del Reglamento, las siguientes preguntas orales al Gobierno en Comisión, disponer su conocimiento por las Comisiones que se indican,
dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de septiembre de 2022.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana
181/001993
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Diputados doña Patricia Rueda Perelló, doña Patricia de las Heras Fernández, doña Cristina Alicia Esteban Calonje, don José María Figaredo Álvarez-Sala, don Rubén Darío Vega Arias, don Víctor Manuel Sánchez del Real, doña María Magdalena
Nevado del Campo y don Juan Carlos Segura Just, Diputados del Grupo Parlamentario VOX.
Dirigida a la Ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
Texto:
¿Qué medidas van a ser impulsadas desde el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana para aumentar la seguridad en la línea Extremadura-Madrid?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de septiembre de 2022.-Patricia Rueda Perelló, José María Figaredo Álvarez-Sala, Juan Carlos Segura Just, Cristina Alicia Esteban Calonje, Víctor Manuel Sánchez del Real, Rubén Darío Vega Arias y
María Magdalena Nevado del Campo, Diputados.
Comisión de Industria, Comercio y Turismo
181/001990
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Diputados doña Patricia Rueda Perelló, don José María Figaredo Álvarez-Sala, doña Mireia Borrás Pabón, don Andrés Alberto Rodríguez Almeida y doña María de la Cabeza Ruiz Solás, Diputados del Grupo Parlamentario VOX.
Dirigida a la Sra. Ministra de Industria, Comercio y Turismo.
Texto:
¿Qué balance hace el Gobierno de la puesta en marcha de la Ley 4/2022, de 25 de febrero, de protección de los consumidores y usuarios frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica en lo que afecta a las agencias de viaje?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de septiembre de 2022.-Patricia Rueda Perelló, María de la Cabeza Ruiz Solás, Mireia Borrás Pabón, Andrés Alberto Rodríguez Almeida y José María Figaredo Álvarez-Sala, Diputados.
181/001991
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Diputados doña Patricia Rueda Perelló, don José María Figaredo Álvarez-Sala, doña Mireia Borrás Pabón, don Andrés Alberto Rodríguez Almeida y doña María de la Cabeza Ruiz Solás, Diputados del Grupo Parlamentario VOX.
Dirigida a la Sra. Ministra de Industria, Comercio y Turismo.
Texto:
¿En qué medida estima el Gobierno que la invasión de Ucrania por Rusia ha afectado y continuará afectando al sector turístico español?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de septiembre de 2022.-Patricia Rueda Perelló, María de la Cabeza Ruiz Solás, Mireia Borrás Pabón, Andrés Alberto Rodríguez Almeida y José María Figaredo Álvarez-Sala, Diputados.
181/001992
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Diputados doña Patricia Rueda Perelló, don José María Figaredo Álvarez-Sala, doña Mireia Borrás Pabón, don Andrés Alberto Rodríguez Almeida y doña María de la Cabeza Ruiz Solás, Diputados del Grupo Parlamentario VOX.
Dirigida a la Sra. Ministra de Industria, Comercio y Turismo.
Texto:
¿Cuántas ayudas se han concedido en el marco del Programa Experiencias Turismo España?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de septiembre de 2022.-Patricia Rueda Perelló, María de la Cabeza Ruiz Solás, Mireia Borrás Pabón, Andrés Alberto Rodríguez Almeida y José María Figaredo Álvarez-Sala, Diputados.
Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación
181/001996
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Diputado don Joaquín María García Díez.
Texto:
¿Qué postura defenderá el Gobierno ante la Comisión Europea sobre el posible veto a la pesca del marrajo dientuso (Isurus oxyrinchus) en aguas del Atlántico Sur y qué medidas adoptará para evitar la inclusión de la tintorera o quenlla
(Prionace glauca) entre las especies protegidas en el apéndice II de CITES, antes de su análisis por parte de esta organización en noviembre de este año 2022?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de septiembre de 2022.-Joaquín María García Díez, Diputado.
Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico
181/001997
El Diputado del Bloque Nacionalista Galego, Néstor Rego Candamil, integrado en el Grupo Parlamentario Plural, plantea la siguiente pregunta dirigida a la señora Ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico doña Teresa Ribera
Rodríguez.
Texto:
¿Rectificará el Gobierno para incluir a los gases envasados licuados del petróleo, bombonas de butano y propano, en la nueva medida fijada por el Real Decreto-ley 17/2022, de 20 de septiembre, por el que se adoptan medidas urgentes en el
ámbito de la energía, en la aplicación del régimen retributivo a las instalaciones de cogeneración y se reduce temporalmente el tipo del Impuesto sobre el Valor Añadido aplicable a las entregas, importaciones y adquisiciones intracomunitarias de
determinados combustibles, para que se aplique el tipo del 5% al precio máximo fijado logrando así un mayor abaratamiento?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de septiembre de 2022.-Néstor Rego Candamil, Diputado.
Comisión sobre Seguridad Vial
181/001994
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Diputados don Diego José Gago Bugarín, don Teodoro García Egea, don Óscar Gamazo Micó, don Javier Bas Corugeira, don Jaime Miguel Mateu Istúriz, don Joaquín María García Díez, don Juan José Matarí Sáez, doña Tristana María Moraleja Gómez y
doña Paloma Gázquez Collado.
Texto:
¿Considera el Gobierno que con la puesta en marcha únicamente del PLAN MOVES se ataja el problema del envejecimiento del parque móvil español para el año 2022?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de septiembre de 2022.-Diego Gago Bugarín, Teodoro García Egea, Óscar Gamazo Micó, Javier Bas Corugeira, Jaime Miguel Mateu Istúriz, Joaquín María García Díez, Juan José Matarí Sáez, Tristana María
Moraleja Gómez y Paloma Gázquez Collado, Diputados.
181/001995
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Diputados don Diego José Gago Bugarín, don Teodoro García Egea, don Óscar Gamazo Micó, don Javier Bas Corugeira, don Jaime Miguel Mateu Istúriz, don Joaquín María García Díez, don Juan José Matarí Sáez, doña Tristana María Moraleja Gómez y
doña Paloma Gázquez Collado.
Texto:
¿Qué medidas está llevando a cabo el Gobierno para atajar el problema del envejecimiento del parque automovilístico español?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de septiembre de 2022.-Diego Gago Bugarín, Teodoro García Egea, Óscar Gamazo Micó, Javier Bas Corugeira, Jaime Miguel Mateu Istúriz, Joaquín María García Díez, Juan José Matarí Sáez, Tristana María
Moraleja Gómez y Paloma Gázquez Collado, Diputados.
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ESCRITA
La Presidencia de la Cámara, a solicitud de su autor, ha acordado tener por convertida en pregunta con respuesta oral en Comisión y trasladar, a los efectos del artículo 190.2 del Reglamento, a la Comisión de Industria, Comercio y Turismo,
la pregunta al Gobierno con respuesta escrita que a continuación se relaciona, así como comunicarlo a dicha Comisión, al Gobierno y al Sr. Diputado preguntante y su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de septiembre de 2022.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
Núm. expte.: 184/044240.
Núm. registro: 105970.
Autor iniciativa: Capdevila i Esteve, Joan (GR).
Objeto iniciativa: Actuaciones llevadas a cabo en relación con la Proposición no de Ley sobre apoyo a la industria de impresión para impulsar medidas de sostenibilidad.
Publicación: 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 255, de 12 de abril de 2021.
Nuevo número asignado a la iniciativa tras la conversión: 181/001998.
La Presidencia de la Cámara, a solicitud de sus autores, y teniendo en cuenta la subsanación de firma contenida en el escrito número de registro 233959, ha acordado tener por convertida en pregunta con respuesta oral en Comisión y trasladar,
a los efectos del artículo 190.2 del Reglamento, a la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico, la pregunta al Gobierno con respuesta escrita que a continuación se relaciona, así como comunicarlo a dicha Comisión, al Gobierno y a los
Sres. Diputados preguntantes y su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de septiembre de 2022.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
Núm. expte.: 184/086987.
Núm. registro: 216449.
Autor iniciativa: Capdevila i Esteve, Joan (GR) Eritja Ciuró, Francesc Xavier (GR).
Objeto iniciativa: Aprobación de planes para fomentar la penetración de los gases renovables.
Publicación: 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 463, de 30 de mayo de 2022.
Nuevo número asignado a la iniciativa tras la conversión: 181/001999.
La Presidencia de la Cámara, a solicitud de su autor, ha acordado tener por convertida en pregunta con respuesta oral en Comisión y trasladar, a los efectos del artículo 190.2 del Reglamento, a la Comisión de Transición Ecológica y Reto
Demográfico, la pregunta al Gobierno con respuesta escrita que a continuación se relaciona, así como comunicarlo a dicha Comisión, al Gobierno y al Sr. Diputado preguntante y su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de septiembre de 2022.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
Núm. expte.: 184/090034.
Núm. registro: 223102.
Autor iniciativa: Rego Candamil, Néstor (GPlu).
Objeto iniciativa: Previsiones acerca de si el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico respetará las competencias de la Xunta de Galicia descartando la autorización de los 65 proyectos de parques eólicos informados
negativamente.
Publicación: 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 482, de 4 de julio de 2022.
Nuevo número asignado a la iniciativa tras la conversión: 181/002000.
184/056635
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(184) Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.
Autor: Capdevila i Esteve, Joan (GR).
Retirada de su pregunta sobre intención de actualizar la normativa reguladora del mecanismo de compensación de costes de emisiones indirectas de gases de efecto invernadero.
Acuerdo:
Aceptar la declaración de voluntad, teniendo por retirada la iniciativa de referencia, así como comunicarlo al Gobierno y al autor de la iniciativa y publicarlo en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de septiembre de 2022.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
Nota.-La iniciativa de referencia fue publicada en el 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 312, de 29 de julio de 2021.
184/092646
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(184) Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.
Autor: Lorite Lorite, Andrés (GP).
Reformulación de su pregunta sobre situación de escasez hídrica del norte de la provincia de Córdoba.
Acuerdo:
Teniendo en cuenta la presente reformulación, admitir a trámite la pregunta de referencia, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales,
comunicando este acuerdo del Sr. Diputado autor de la iniciativa.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de septiembre de 2022.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Andrés Lorite Lorite, Diputado perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
El Gobierno ha anunciado que han sido adjudicadas las obras de emergencia para trasvasar aguas para abastecimiento entre la presa de La Colada y la estación de tratamiento de agua potable de Sierra Boyera (por un importe de 4.198.880 euros),
ante la situación de sequía en el norte de la provincia de Córdoba. Según el Ejecutivo, la Confederación Hidrográfica del Guadiana ha seleccionado durante el mes de agosto las ofertas para la realización, tanto de la propia obra de emergencia por
4.198.880 euros a la empresa constructora Dragados S.A., como la asistencia técnica para la Dirección Facultativa de las obras a la ingeniería Paymacotas por 169.449 euros.
El proyecto contempla una toma flotante desde el embalse de La Colada con capacidad para bombear hasta 400 l/sg hasta un pequeño edificio de nueva construcción donde se albergará un depósito con capacidad de 250 m3, y otro grupo de bombas
capaces de elevar el agua hasta los 400 m de altura, aprovechando las conducciones existentes de más de 40 kms entre el embalse de La Colada y la estación de tratamiento de agua potable de Sierra Boyera. Según ha transcendido, la actuación tiene un
plazo de ejecución de 4 meses que el organismo de cuenca intentará acortar en la medida de lo posible.
Sin embargo, todo apunta a que el Gobierno ha llegado muy tarde a solucionar el problema de sequía en la zona norte de la provincia de Córdoba. De hecho, ha abandonado compromisos que podrían estar ya próximos a su ejecución y que hubieran
aliviado la situación de escasez hídrica de la referida zona, como por ejemplo el que anunció la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir a principios de 2022, consistente en la conexión de la ETAP de Sierra Boyera con el embalse de Puente Nuevo,
es decir, un pequeño trasvase dentro de la misma cuenca para aportar recursos hídricos del segundo al primero. La intención del organismo de cuenca, declarada en la comisión de desembalses de febrero de 2022, era que a la mayor brevedad posible se
llevase a cabo la referida obra y construir los 18 kilómetros de conducción que supone. Finalmente, por una decisión poco sensible con la situación hídrica de la provincia de Córdoba, el Gobierno decidió no incluir esta obra en el Decreto de
Sequía, y ni tan siquiera se procedió a su declaración de emergencia.
En otro orden de cuestiones, hay que hacer referencia a que la Junta de Andalucía, en virtud de sus competencias, declaró en 2020 de interés autonómico la conexión del embalse de La Colada y el de Sierra Boyera, con el objetivo de poner fin
a los problemas de abastecimiento de la zona norte de la provincia de Córdoba. El Gobierno de la Junta de Andalucía rescataba así un proyecto abandonado por el anterior Ejecutivo autonómico desde el año 2009.
Por todo lo anterior, se pregunta:
- ¿Considera el Gobierno que cometió un grave error abandonando el compromiso de las Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, a principios de 2022, de conectar la ETAP de Sierra Boyera con el embalse de Puente Nuevo, no incluyendo este
trasvase en el Decreto de Sequía y ni tan siquiera proceder a su declaración de emergencia?
- ¿Cuál es el motivo por el que el Gobierno ha retrasado de una manera evidente la actuación de emergencia para trasvasar aguas para abastecimiento entre la presa de La Colada y la estación de tratamiento de agua potable de Sierra Boyera?
- ¿Considera el Gobierno que es de recibo que sus representantes hayan estado más dedicados en los últimos meses esforzándose en confrontar con la Junta de Andalucía, a pesar de que ésta está cumpliendo claramente con sus cometidos
competenciales, que a solucionar la situación de escasez hídrica del norte de la provincia de Córdoba?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de septiembre de 2022.-Andrés Lorite Lorite, Diputado.