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BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 499, de 19/09/2022
cve: BOCG-14-D-499
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parte 1
parte 2
BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
XIV LEGISLATURA
Serie D: GENERAL
19 de septiembre de 2022
Núm. 499
ÍNDICE
Control de la acción del Gobierno
PROPOSICIONES NO DE LEY
Comisión Constitucional
161/004388 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, por la que se insta al Gobierno a la adopción de determinadas acciones para evitar los actos de violencia política de la izquierda abertzale y se
condena el acaecido contra el Alcalde de Pamplona ... (Página17)
Comisión de Asuntos Exteriores
161/004348 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa al impulso de acciones diplomáticas como respuesta a la violación de los derechos humanos en la República Popular China ...
161/004368 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la extradición del ciudadano Ernesto Quintero ... (Página24)
161/004386 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a condenar y denunciar la represión de las históricas protestas pacíficas del 11 de julio de 2021, la limitación de la libertad de expresión y la
vulneración sistemática de los derechos humanos por parte del régimen comunista de Cuba ... (Página26)
Comisión de Justicia
161/004402 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa al Plan de Contingencia para los juzgados mercantiles ... (Página29)
Comisión de Hacienda y Función Pública
161/004350 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa a la modificación del artículo que regula el devengo del IVA en las operaciones sometidas al régimen especial del criterio de caja, en el sentido de
eliminar la previsión de que el impuesto se devengue en todo caso el 31 de diciembre del año inmediato posterior a aquel en que se haya realizado la operación, por ser contrario a la Directiva europea en materia de IVA ...
161/004401 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre la aprobación de un régimen fiscal diferenciado para las zonas de prioridad demográfica de nuestro país ... (Página32)
161/004407 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre la aplicación retroactiva al inicio del ejercicio 2022, de la deducción por contribuciones empresariales a planes de pensiones de empleo en el Impuesto
sobre Sociedades ... (Página33)
161/004409 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre la modificación del Real Decreto-ley 3/2022, de 1 de marzo, sobre medidas excepcionales en materia de revisión de precios en los contratos públicos de
obras ... (Página34)
161/004415 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plural, sobre régimen especial de abastecimiento de Melilla ... (Página36)
161/004430 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, para promover medidas que garanticen el cumplimiento del principio de igualdad en el acceso a los procesos de empleo público de las personas con dislexia ...
(Página39)
161/004435 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa a la adopción de medidas dirigidas a mejorar y agilizar la rendición de cuentas en el sector público local ... (Página40)
Comisión de Interior
161/004378 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plural, sobre la declaración de zona catastrófica en los ayuntamientos afectados por los incendios en Galicia ... (Página42)
161/004387 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a paliar los efectos ambientales y económicos derivados de los incendios forestales sucedidos durante el mes de julio de 2022 ...
161/004389 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, por la que se insta al Gobierno a la adopción de determinadas acciones para evitar los actos de violencia política de la izquierda abertzale y se
condena el acaecido contra el Alcalde de Pamplona ... (Página46)
161/004393 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa al establecimiento de una oficina permanente de FRONTEX en Ceuta y Melilla ... (Página47)
161/004399 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, relativa a establecer un procedimiento de gestión de citas de protección internacional que garantice a las
personas un acceso inmediato al procedimiento, en consonancia con la legislación estatal, comunitaria e internacional ... (Página52)
161/004400 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, sobre la prevención del suicidio en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado ... (Página53)
161/004420 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre condena de los ataques racistas y antisemitas que se sufren en la localidad burgalesa de Castrillo Mota de Judíos, así como para el establecimiento de
medidas urgentes que pongan fin a los mismos ... (Página58)
161/004432 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, de condena de los actos que tienen lugar durante las celebraciones del Ospa Eguna ... (Página58)
161/004441 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, sobre el refuerzo de las Unidades de Atención a la Familia y Mujer y del Sistema VioGén ...
Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana
161/004347 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plural, sobre realización de una auditoría del estado de la A-6 tras el derrumbe del Viaducto de O Castro ... (Página61)
161/004352 Proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario Plural, sobre la protección, consolidación y puesta en valor del hallazgo arqueológico en Vilantime en una zona afectada por las obras de la A-54 ...
161/004356 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre el desarrollo de acciones destinadas a mejorar el estado de la N-540 en lo referente al mantenimiento y reposición del firme a su paso por la provincia
de Lugo ... (Página64)
161/004363 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plural, sobre el enlace de la carretera N-550 con el Orbital de Santiago de Compostela y su especial afectación al núcleo rural de Formarís en A Sionlla ...
161/004371 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la mejora de la autovía del Norte A-1 en la Comunidad de Madrid ... (Página66)
161/004391 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plural, sobre la transferencia de la titularidad del Parque Empresarial de Vimianzo ... (Página67)
161/004392 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plural, relativa a mejorar y dignificar el servicio de tren entre Figueres, Girona y Barcelona ... (Página68)
161/004398 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plural, relativa a restaurar el servicio Avant entre Tortosa y Barcelona ... (Página70)
161/004405 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plural, sobre la mejora de la seguridad viaria en el paso elevado de la vía férrea A Coruña-Palencia en Oza dos Ríos ... (Página71)
161/004414 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plural, sobre los transportes marítimos y aéreos de la Ciudad Autónoma de Melilla ... (Página72)
161/004433 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, para la construcción de un ramal o baipás ferroviario en Alcázar de San Juan ... (Página74)
161/004437 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plural, relativa a la inclusión de Galicia dentro de la Estrategia 'Mercancías 30' ... (Página75)
Comisión de Educación y Formación Profesional
161/004427 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre la puesta en marcha de medidas que garanticen el acceso a los recursos educativos a las familias con hijos en etapa escolar ...
Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones
161/004383 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plural, relativa a adoptar las medidas necesarias para alcanzar una cobertura de las plazas de personal médico en la sanidad pública suficientes para garantizar y cubrir
las necesidades de la población en condiciones de calidad del servicio, así como en el ámbito del personal facultativo sanitario ... (Página78)
161/004397 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plural, sobre la incorporación del calor extremo como riesgo laboral ... (Página79)
161/004406 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre la aplicación retroactiva al inicio del ejercicio 2022, de la deducción por contribuciones empresariales a planes de pensiones de empleo en el Impuesto
sobre Sociedades ... (Página80)
Comisión de Industria, Comercio y Turismo
161/004359 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plural, sobre medidas que ayuden a reducir de forma urgente y directa la crítica situación de la industria cerámica valenciana derivada de la crisis diplomática con
Argelia ... (Página81)
161/004385 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a evitar la prohibición de motores diésel, gasolina e híbridos en el año 2035 ... (Página82)
161/004434 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la articulación inmediata de medidas turísticas extraordinarias y singularizadas dirigidas a la recuperación, reactivación y
reposicionamiento de destinos y territorios declarados como zonas afectadas gravemente por emergencias de protección civil (ZAEPC) por causa de los grandes incendios forestales ocurridos durante este verano ... (Página87)
161/004438 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativas a mejorar la eficiencia energética en el sector turístico ... (Página89)
161/004440 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a la protección y fomento de la industria textil de España ... (Página91)
Comisión de Derechos Sociales y Políticas Integrales de la Discapacidad
161/004410 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a regular la figura de la asistencia personal recogida en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y
Atención a las personas en situación de dependencia ... (Página94)
Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación
161/004351 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a implementar las medidas necesarias que eviten los daños que está causando la sobrepoblación de conejos en determinadas zonas,
especialmente en Castilla-La Mancha ... (Página96)
161/004362 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre relevo generacional en el sector pesquero y acuícola ... (Página97)
161/004369 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre el incremento de los fondos de recuperación destinados al sector agroalimentario ... (Página98)
161/004370 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre el impulso de la producción de frutos rojos en España ... (Página99)
161/004390 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la retirada del anteproyecto de Ley de protección derechos y bienestar de los animales ... (Página101)
161/004394 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, relativa a establecer medidas para la reducción de los impactos del cambio climático en el sector
agroalimentario español ... (Página102)
161/004424 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, sobre medidas extraordinarias para garantizar el abastecimiento de cereales, reducir el impacto sobre la cadena agroalimentaria y pesquera de España e impulsar la
soberanía alimentaria ... (Página104)
161/004425 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre medidas a adoptar como consecuencia de la confluencia de la sequía y el aumento del coste de producción en la agricultura y ganadería ...
(Página108)
Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico
161/004346 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plural, sobre la denegación de autorización por parte del Ministerio de los parques eólicos informados negativamente por la Xunta de Galicia ...
161/004349 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre la reforma de la PVPC ... (Página111)
161/004353 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a reducir la dependencia energética de España a través del impulso de las diferentes industrias energéticas existentes en el país ...
161/004354 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plural, sobre las prórrogas de las concesiones en dominio público marítimo que afectan al sector mar industria y la repercusión en las mismas de la interpretación
propiciada por el artículo 20 de la Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición energética ... (Página119)
161/004358 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa a la instalación de nuevas plantas de regasificación en Canarias ... (Página121)
161/004366 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre nuevo Real Decreto de Envases y Residuos de Envases ... (Página122)
161/004374 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, relativa a la paralización definitiva del Almacén Temporal Centralizado de Residuos Radiactivos (ATC) en la
localidad de Villar de Cañas (Cuenca) ... (Página123)
161/004379 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa a reforzar las capacidades de prevención y respuesta ante incendios forestales ... (Página125)
161/004380 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a paliar los efectos ambientales y económicos derivados de los incendios forestales sucedidos durante el mes de julio de 2022 ...
161/004395 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre un 'Plan Zamora' de prevención, reconstrucción y recuperación de los incendios forestales ... (Página128)
161/004416 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a las recientes medidas energéticas adoptadas por el Gobierno ... (Página131)
161/004421 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, sobre la adopción de un verdadero Plan Nacional del Agua que garantice el abastecimiento y la distribución de agua a todos los españoles y permita combatir los
periodos de sequía ... (Página134)
Comisión de Cultura y Deporte
161/004367 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre el deporte como elemento rehabilitador en los centros penitenciarios ... (Página139)
Comisión de Asuntos Económicos y Transformación Digital
161/004355 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a ayudas sobre la participación de las Comunidades Autónomas en los espacios del ICEX en ferias internacionales ...
161/004372 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a impulsar la instalación de Infraestructura Común de Telecomunicaciones (ICT) en viviendas anteriores al año 2000 y la revisión del
marco reglamentario actual ... (Página141)
161/004408 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre la modificación del Real Decreto-ley 3/2022, de 1 de marzo, sobre medidas excepcionales en materia de revisión de precios en los contratos públicos de
obras ... (Página143)
161/004413 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la cobertura por parte del Consorcio de Seguros para aquellos vehículos de refugiados ucranianos ... (Página144)
Comisión de Sanidad y Consumo
161/004361 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre cirugía estética y lucha contra el intrusismo y las pseudociencias ... (Página145)
161/004373 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, por la que se insta al Gobierno a la puesta en marcha de medidas personales y materiales que rompan con la brecha de uso que está generando la
digitalización de servicios esenciales para los usuarios, especialmente en las zonas rurales ... (Página146)
161/004377 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, sobre la elaboración de un Plan Nacional de prevención y rápida respuesta contra posibles epidemias ... (Página148)
161/004384 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plural, relativa a adoptar las medidas necesarias para alcanzar una cobertura de las plazas de personal médico en la sanidad pública suficientes para garantizar y cubrir
las necesidades de la población en condiciones de calidad del servicio, así como en el ámbito del personal facultativo sanitario ... (Página150)
161/004411 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a poner a disposición del sistema sanitario los recursos e inversiones necesarios para optimizar el acceso a técnicas de diagnóstico
rápidas en el proceso asistencial de la neumonía ... (Página151)
161/004418 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre medidas de apoyo a las mujeres durante la lactancia materna ... (Página152)
161/004422 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre la defensa y mejora de la asistencia sanitaria privada y su contribución a la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud ...
161/004423 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa a garantizar la calidad asistencial a la ciudadanía y evitar el intrusismo laboral en las profesiones sanitarias ...
161/004429 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plural, sobre la deslocalización de los servicios de atención telefónica al cliente como sucede en el caso de la empresa Teleperformance que gestiona el servicio de
atención telefónica de Unión Fenosa Distribució (UFD) ... (Página157)
161/004431 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, para la eliminación de la obligatoriedad del uso de mascarillas en el transporte público ... (Página159)
Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades
161/004428 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa a facilitar la estabilización del personal de investigación en el Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación ...
Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo
161/004426 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre impulso a la financiación de la asistencia humanitaria ... (Página162)
Comisión de Igualdad
161/004365 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, para prevenir el sexilio en el ámbito rural ... (Página163)
Comisión de seguimiento y evaluación de los Acuerdos del Pacto de Estado en materia de Violencia de Género
161/004376 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa al fomento de la guarda y custodia compartida ... (Página165)
161/004396 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa al acceso al servicio de atención a las víctimas de violencia doméstica a todas las personas ... (Página169)
161/004417 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la elaboración de un plan de acción para atajar la oleada de casos de agresiones por pinchazo y de sumisión química ...
Comisión de Derechos de la Infancia y Adolescencia
161/004364 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa a garantizar el acceso al servicio de comedor escolar al alumnado matriculado en las etapas de Educación Infantil y Primaria ...
Comisión sobre Seguridad Vial
161/004403 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plural, sobre la mejora de la seguridad viaria en el paso elevado de la vía férrea A Coruña-Palencia en Oza dos Ríos ... (Página175)
Comisión de Política Territorial
161/004360 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre el papel de todas las Administraciones Públicas en el nuevo modelo de economía circular ... (Página176)
161/004375 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, por la que se insta al Gobierno a establecer incentivos económicos o profesionales a los empleados públicos del Estado para favorecer la ocupación
de los puestos vacantes en las Delegaciones del Gobierno de Comunidades Autónomas de difícil cobertura ... (Página177)
161/004439 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a promover la cohesión territorial a través de la I+D+I en zonas rurales ... (Página179)
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL
Comisión de Interior
181/001897 Pregunta formulada por los Diputados Francisco Javier Ortega Smith-Molina (GVOX), Alcaraz Martos, Francisco José (GVOX), Gestoso de Miguel, Luis (GVOX), Gil Lázaro, Ignacio (GVOX), sobre gestión llevada a cabo desde el Ministerio
del Interior en relación con los hechos ocurridos en la Ciudad Autónoma de Melilla el 24/6/2022, cuando cerca de 2000 inmigrantes intentaron acceder de manera ilegal a nuestro país, saldándose dicho intento con 23 fallecidos y múltiples agentes de
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado heridos ... (Página180)
181/001898 Pregunta formulada por los Diputados Francisco Javier Ortega Smith-Molina (GVOX), Alcaraz Martos, Francisco José (GVOX), Gestoso de Miguel, Luis (GVOX), Gil Lázaro, Ignacio (GVOX), sobre medidas y políticas que van a adoptarse
desde el Ministerio del Interior para salvaguardar la soberanía nacional de nuestro país, después de situaciones vividas como la del 24/6/2022 cuando cerca de 2000 inmigrantes intentaron acceder de manera ilegal a nuestro país, saldándose dicho
intento con 23 fallecidos y múltiples agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado heridos ... (Página180)
Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana
181/001915 Pregunta formulada por el Diputado Óscar Gamazo Micó (GP), sobre motivos por los que el Gobierno perjudica a los valencianos atacando la movilidad de los usuarios de la línea C1 del núcleo de Renfe Cercanías de Valencia al anular
el contrato para la duplicación de la vía ferroviaria de 22 kilómetros entre las estaciones de ADIF de las ciudades de Cullera y Gandía ... (Página181)
181/001952 Pregunta formulada por los Diputados Patricia Rueda Perelló (GVOX), De las Heras Fernández, Patricia (GVOX), Esteban Calonje, Cristina Alicia (GVOX), Figaredo Álvarez-Sala, José María (GVOX), Vega Arias, Rubén Darío (GVOX), Segura
Just, Juan Carlos (GVOX), sobre impacto que se espera que tenga el nuevo mapa concesional de transportes de viajeros en autobús en las zonas con menor población de España ... (Página181)
181/001957 Pregunta formulada por el Diputado Víctor Valentín Píriz Maya (GP), sobre valoración de los retrasos, problemas y averías de la nueva línea férrea entre Madrid y Badajoz inaugurada por el Gobierno en julio de 2022 ...
181/001971 Pregunta formulada por los Diputados Macarena Montesinos de Miguel (GP), Sánchez Pérez, César (GP), Clavell López, Óscar (GP), Hoyo Juliá, Belén (GP), Almodóbar Barceló, Agustín (GP), Betoret Coll, Vicente (GP), Santamaría Ruiz,
Luis (GP), Gamazo Micó, Óscar (GP), sobre justificación de las rutas desde la Comunitat Valenciana a otras autonomías que dejan de prestarse de forma directa y para las que el usuario deberá realizar transbordo ...
181/001972 Pregunta formulada por los Diputados Macarena Montesinos de Miguel (GP), Sánchez Pérez, César (GP), Clavell López, Óscar (GP), Hoyo Juliá, Belén (GP), Almodóbar Barceló, Agustín (GP), Betoret Coll, Vicente (GP), Santamaría Ruiz,
Luis (GP), Gamazo Micó, Óscar (GP), sobre justificación de la eliminación de 65 paradas y 225 líneas de autobuses en la Comunitat Valenciana afectando directamente a una población de 511.163 habitantes que recoge el nuevo mapa concesional de los
servicios de transporte público interurbano regular de viajeros por carretera ... (Página182)
181/001980 Pregunta formulada por los Diputados Joaquín María García Díez (GP), sobre razones que han llevado al Gobierno a encargar una asistencia técnica externa
para esclarecer las causas del hundimiento del buque Villa de Pitanxo y haberlo ocultado a las familias de los marineros fallecidos y desaparecidos en su reunión con la Ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ...
Comisión de Industria, Comercio y Turismo
181/001895 Pregunta formulada por los Diputados Patricia Rueda Perelló (GVOX), Figaredo Álvarez-Sala, José María (GVOX), Borrás Pabón, Mireia (GVOX), Rodríguez Almeida, Andrés Alberto (GVOX), Ruiz Solás, María de la Cabeza (GVOX), sobre
forma en la que estima el Gobierno que afectarán las sucesivas subidas del precio de la electricidad que ha experimentado España en los últimos meses a la industria, al comercio y al turismo ... (Página183)
181/001936 Pregunta formulada por los Diputados María de los Reyes Romero Vilches (GVOX), Contreras Peláez, Francisco José (GVOX), Rueda Perelló, Patricia (GVOX), Figaredo Álvarez-Sala, José María (GVOX), Borrás Pabón, Mireia (GVOX),
Rodríguez Almeida, Andrés Alberto (GVOX), Ruiz Solás, María de la Cabeza (GVOX), sobre participación que está manteniendo el Gobierno en las comisiones de seguimiento celebradas junto con los representantes de los trabajadores y de la empresa de
Abengoa ... (Página183)
181/001951 Pregunta formulada por los Diputados Patricia Rueda Perelló (GVOX), Figaredo Álvarez-Sala, José María (GVOX), Borrás Pabón, Mireia (GVOX), Rodríguez Almeida, Andrés Alberto (GVOX), Ruiz Solás, María de la Cabeza (GVOX), sobre
forma en la que impactará en el sector del comercio español las represalias comerciales de Argelia hacia España por la posición del Gobierno sobre la cuestión del Sáhara ... (Página184)
Comisión de Derechos Sociales y Políticas Integrales de la Discapacidad
181/001935 Pregunta formulada por la Diputada Alicia García Rodríguez (GP), sobre escudo social de los 3,5 millones de personas en situación de carencia material severa y de los trece millones de españoles en riesgo de pobreza o exclusión
... (Página184)
Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación
181/001899 Pregunta formulada por el Diputado Néstor Rego Candamil (GPlu), sobre posición del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ante la propuesta de la Comisión Europea de proceder al cierre a la actividad pesquera de un total
de 94 áreas que van desde el Golfo de Cádiz y hasta la zona norte del Gran Sol ... (Página184)
181/001963 Pregunta formulada por los Diputados Ricardo Chamorro Delmo (GVOX), Vega Arias, Rubén Darío (GVOX), Nevado del Campo, María Magdalena (GVOX), Gestoso de Miguel, Luis (GVOX), Mariscal Zabala, Manuel (GVOX), sobre previsiones acerca
de suspender las obligaciones sobre diversificación, rotación de cultivos y barbechos, amparándose en las excepciones establecidas en el Reglamento de Ejecución de la Comisión Europea de 27 de julio de 2022, con los objetivos de incrementar la
producción agrícola y asegurar la soberanía alimentaria ... (Página185)
181/001981 Pregunta formulada por los Diputados Rubén Darío Vega Arias (GVOX), Chamorro Delmo, Ricardo (GVOX), Nevado del Campo, María Magdalena (GVOX), Gestoso de Miguel, Luis (GVOX), Mariscal Zabala, Manuel (GVOX), sobre medidas previstas
para combatir la presencia del alga asiática (Rugulopteryx okamurae) en las costas de las Islas Canarias ... (Página185)
Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico
181/001941 Pregunta formulada por los Diputados Ricardo Chamorro Delmo (GVOX), Borrás Pabón, Mireia (GVOX), López Maraver, Ángel (GVOX), Gestoso de Miguel, Luis (GVOX), Nevado del Campo, María Magdalena (GVOX), Contreras Peláez, Francisco
José (GVOX), Requejo Novoa, Pedro Jesús (GVOX), Rueda Perelló, Patricia (GVOX), sobre medidas que ha adoptado el Gobierno para ayudar a los vecinos, familias y sectores afectados por el incendio forestal declarado en la Sierra de Mijas (Málaga) ...
(Página185)
181/001942 Pregunta formulada por los Diputados Ricardo Chamorro Delmo (GVOX), Borrás Pabón, Mireia (GVOX), López Maraver, Ángel (GVOX), Gestoso de Miguel, Luis (GVOX), Nevado del Campo, María Magdalena (GVOX), Contreras Peláez, Francisco
José (GVOX), Requejo Novoa, Pedro Jesús (GVOX), Trías Gil, Georgina (GVOX), sobre medidas que ha adoptado el Gobierno para ayudar a los vecinos, familias y sectores afectados por el incendio forestal declarado en Herradón de Pinares (Ávila) ...
181/001943 Pregunta formulada por los Diputados Ricardo Chamorro Delmo (GVOX), Borrás Pabón, Mireia (GVOX), López Maraver, Ángel (GVOX), Gestoso de Miguel, Luis (GVOX), Nevado del Campo, María Magdalena (GVOX), Contreras Peláez, Francisco
José (GVOX), Requejo Novoa, Pedro Jesús (GVOX), Trías Gil, Georgina (GVOX), sobre medidas que ha adoptado el Gobierno para ayudar a los vecinos, familias y sectores afectados por el incendio forestal declarado en Gemuño (Ávila) ...
181/001944 Pregunta formulada por los Diputados Ricardo Chamorro Delmo (GVOX), Borrás Pabón, Mireia (GVOX), López Maraver, Ángel (GVOX), Gestoso de Miguel, Luis (GVOX), Nevado del Campo, María Magdalena (GVOX), Contreras Peláez, Francisco
José (GVOX), Requejo Novoa, Pedro Jesús (GVOX), Trías Gil, Georgina (GVOX), sobre medidas que ha adoptado el Gobierno para ayudar a los vecinos, familias y sectores afectados por el incendio forestal declarado entre Cebreros y Hoyo de Pinares
(Ávila) ... (Página186)
181/001945 Pregunta formulada por los Diputados Ricardo Chamorro Delmo (GVOX), Borrás Pabón, Mireia (GVOX), López Maraver, Ángel (GVOX), Gestoso de Miguel, Luis (GVOX), Nevado del Campo, María Magdalena (GVOX), Contreras Peláez, Francisco
José (GVOX), Requejo Novoa, Pedro Jesús (GVOX), Trías Gil, Georgina (GVOX), sobre medidas que ha adoptado el Gobierno para ayudar a los vecinos, familias y sectores afectados por el incendio forestal declarado en Navalonguilla (Ávila) ...
181/001959 Pregunta formulada por los Diputados Mireia Borrás Pabón (GVOX), Chamorro Delmo, Ricardo (GVOX), López Maraver, Ángel (GVOX), Gestoso de Miguel, Luis (GVOX), Nevado del Campo, María Magdalena (GVOX), Contreras Peláez, Francisco
José (GVOX), Requejo Novoa, Pedro Jesús (GVOX), sobre garantías de suministro energético a las familias españolas durante el próximo invierno que ofrecen las medidas contenidas en el Real Decreto-ley 14/2022, de 1 de agosto, de medidas de
sostenibilidad económica en el ámbito del transporte, en materia de becas y ayudas al estudio, así como de medidas de ahorro, eficiencia energética y de reducción de la dependencia energética del gas natural ...
181/001960 Pregunta formulada por los Diputados Mireia Borrás Pabón (GVOX), Chamorro Delmo, Ricardo (GVOX), López Maraver, Ángel (GVOX), Gestoso de Miguel, Luis (GVOX), Nevado del Campo, María Magdalena (GVOX), Contreras Peláez, Francisco
José (GVOX), Requejo Novoa, Pedro Jesús (GVOX), sobre medidas previstas para garantizar el abastecimiento energético a las familias españolas el próximo invierno ... (Página188)
181/001961 Pregunta formulada por los Diputados Mireia Borrás Pabón (GVOX), Chamorro Delmo, Ricardo (GVOX), López Maraver, Ángel (GVOX), Gestoso de Miguel, Luis (GVOX), Nevado del Campo, María Magdalena (GVOX), Contreras Peláez, Francisco
José (GVOX), Requejo Novoa, Pedro Jesús (GVOX), sobre forma en la que el Gobierno va a facilitar que las pequeñas empresas y los autónomos puedan cumplir con las medidas obligatorias que contempla el Real Decreto-ley 14/2022, de 1 de agosto, de
medidas de sostenibilidad económica en el ámbito del transporte, en materia de becas y ayudas al estudio, así como de medidas de ahorro, eficiencia energética y de reducción de la dependencia energética del gas natural ...
Comisión de Sanidad y Consumo
181/001964 Pregunta formulada por la Diputada Carmen Riolobos Regadera (GP), sobre medidas para reducir el precio de la factura del gas a los consumidores en los próximos doce meses ... (Página188)
181/001965 Pregunta formulada por la Diputada Carmen Riolobos Regadera (GP), sobre número de clientes transferidos y comercializadora a la que fueron traspasados como consecuencia de la inhabilitación de comercializadoras independientes de
electricidad por la crisis energética ... (Página189)
181/001966 Pregunta formulada por la Diputada Carmen Riolobos Regadera (GP), sobre actuaciones realizadas por el Ministerio de Consumo para garantizar los derechos de los consumidores afectados por la inhabilitación de comercializadoras
independientes de electricidad por la crisis energética ... (Página189)
181/001967 Pregunta formulada por la Diputada Carmen Riolobos Regadera (GP), sobre número de consumidores o clientes afectados por la inhabilitación de comercializadoras independientes de electricidad por la crisis energética ...
181/001968 Pregunta formulada por la Diputada a Carmen Riolobos Regadera (GP), sobre medidas para controlar la subida imparable de la inflación hasta finales de 2022 y reducir el coste de la cesta de la compra para los consumidores ...
181/001969 Pregunta formulada por la Diputada Carmen Riolobos Regadera (GP), sobre medidas para recuperar la confianza del consumidor que ha ido desplomándose desde hace meses hasta alcanzar en julio el nivel de 2008, fecha de la anterior
crisis económica ... (Página190)
181/001970 Pregunta formulada por la Diputada Carmen Riolobos Regadera (GP), sobre actuaciones y soluciones propuestas por el Ministerio de Consumo para frenar y contrarrestar la escalada de la subida de precios al consumo en el año 2022 ...
(Página190)
181/001973 Pregunta formulada por la Diputada Carmen Riolobos Regadera (GP), sobre propuestas del Ministerio de Consumo para garantizar el suministro básico eléctrico y de gas a los consumidores en el hogar ante la crisis del gas ...
181/001974 Pregunta formulada por la Diputada Carmen Riolobos Regadera (GP), sobre número de consumidores y cantidad en la que se han visto afectados por los 'cargos normativos' en su factura de la luz, como consecuencia de la implementación
del tope para los precios del gas que se usa para generar electricidad establecidos en el Real Decreto-ley 10/2022, de 13 de mayo ... (Página190)
181/001975 Pregunta formulada por la Diputada Carmen Riolobos Regadera (GP), sobre coste para los contribuyentes de la creación de la Subdirección General de Inspección y Procedimiento Sancionador por parte del Gobierno en el Real Decreto
621/2022, por el que se modifica la estructura orgánica básica del Ministerio de Consumo ... (Página191)
Comisión de Igualdad
181/001946 Pregunta formulada por la Diputada Lourdes Méndez Monasterio (GVOX), sobre base sobre la que se sostiene que no hace falta que una mujer pueda reflexionar ni ser informada cuando se trata de tomar la decisión de acabar con una
vida humana ... (Página191)
181/001962 Pregunta formulada por los Diputados Marta González Vázquez (GP), Pérez Díaz, María Auxiliadora (GP), Álvarez Fanjul, Beatriz (GP), Uriarte Bengoechea, Edurne (GP), sobre opinión del Gobierno acerca de si el apaleamiento con un
bate de béisbol de dos figuras con las caras de Isabel Díaz Ayuso y Santiago Abascal sobre el escenario del Festival 'El Orgullo de Ripollet', financiado en parte por el Ministerio de Igualdad, es acorde con los objetivos políticos de dicho
Ministerio ... (Página191)
Comisión de seguimiento y evaluación de los Acuerdos del Pacto de Estado en materia de Violencia de Género
181/001896 Pregunta formulada por la Diputada Rosa María Romero Sánchez (GP), sobre grado de ejecución y desarrollo que tiene la medida 4.200 del Eje 4 'Garantizar una prestación a todos los huérfanos y huérfanas por violencia de género a
través del reconocimiento expreso (a efectos de la generación del derecho a la pensión de orfandad) de que la madre causante víctima de violencia de género sea considerada en alta o situación asimilada a la de alta; y aplicar un incremento de hasta
el 70 % de la base reguladora en el caso de que la madre sí cumpliese los requisitos mínimos de cotización, cuando los ingresos de la unidad familiar de convivencia se situaran por debajo del 75 % del salario mínimo interprofesional' ...
181/001900 Pregunta formulada por la Diputada Alicia García Rodríguez (GP), sobre grado de ejecución y desarrollo que tiene la medida 7.244 del Eje 7 'Instar al Gobierno de España a liderar, en el ámbito de la UE, la promoción de un Pacto
sobre medios de comunicación y violencia de género' ... (Página192)
181/001901 Pregunta formulada por la Diputada Alicia García Rodríguez (GP), sobre grado de ejecución y desarrollo que tiene la medida 7.245 del Eje 7 'Mejorar, en colaboración y con respeto a las competencias de las Comunidades Autónomas, la
progresiva adaptación de los recursos de apoyo y atención, como las casas de acogida, para recibir a cualquier mujer independientemente de su diversidad funcional/discapacidad' ... (Página192)
181/001902 Pregunta formulada por la Diputada Alicia García Rodríguez (GP), sobre grado de ejecución y desarrollo que tiene la medida 7.246 del Eje 7 'Promover un sistema acreditativo de centros contra la violencia de género, identificando
aquellos centros públicos o privados, educativos, sanitarios o de cualquier otro ámbito, en los que se dé especial importancia a la prevención y detección de la violencia de género' ... (Página192)
181/001903 Pregunta formulada por la Diputada Alicia García Rodríguez (GP), sobre grado de ejecución y desarrollo que tiene la medida 7.247 del Eje 7 'Trasladar al Consejo General del Poder Judicial la sugerencia de que se evalúe la
formación en materia de igualdad de jueces y juezas y fiscales, así como el grado de cumplimiento y alcance de estas medidas de formación' ... (Página193)
181/001904 Pregunta formulada por la Diputada Alicia García Rodríguez (GP), sobre grado de ejecución y desarrollo que tiene la medida 7.248 del Eje 7 'Acordar con la Comisión Nacional de Estadística Judicial la modificación de los boletines
estadísticos judiciales sobre violencia de género (con el fin de ampliar indicadores de seguimiento de la respuesta judicial a todas las formas de violencia contra las mujeres)' ... (Página193)
181/001905 Pregunta formulada por la Diputada Alicia García Rodríguez (GP), sobre grado de ejecución y desarrollo que tiene la medida 7.249 del Eje 7 'Instar a la Federación de Municipios y Provincias a realizar un estudio sobre las
consecuencias de la ejecución de la hipoteca por impago, cuando víctima y agresor figuran como responsables de crédito hipotecario a efectos de identificar qué problemática se está produciendo y adecuar la legislación para evitar situaciones de
violencia económica' ... (Página193)
181/001906 Pregunta formulada por la Diputada Beatriz Álvarez Fanjul (GP), sobre grado de ejecución y desarrollo que tiene la medida 10.283 del Eje 10 'Modificar la LO 1/2004 para que en sus artículos 16 y 30 (relativos al Consejo
Interterritorial del Sistema Nacional de Salud y al OEVM), se recoja la obligatoriedad de remitir a la Comisión de Seguimiento del presente Pacto, con periodicidad anual, los informes sobre la evolución de la violencia ejercida sobre la mujer en los
términos en los que se establezcan en la misma ley' ... (Página193)
181/001907 Pregunta formulada por la Diputada Beatriz Álvarez Fanjul (GP), sobre grado de ejecución y desarrollo que tiene la medida 10.284 del Eje 10 'Imponer la obligación de que las actuaciones incluidas en las estrategias o planes
nacionales para erradicar todo tipo de violencia contra las mujeres, sean evaluadas en los términos fijados en las propias estrategias y planes, y que los resultados de las mismas sean presentados en el marco de la Comisión de Seguimiento del Pacto
con una moratoria no superior a un año' ... (Página194)
181/001908 Pregunta formulada por la Diputada Beatriz Álvarez Fanjul (GP), sobre grado de ejecución y desarrollo que tiene la medida 10.285 del Eje 10 'Establecer las medidas y mecanismos oportunos para que, a través de fichas específicas,
se realice el seguimiento y evaluación de los créditos presupuestarios destinados a sufragar las políticas integradas en el Pacto contra la Violencia Machista por las diferentes administraciones, organismos y entidades públicas participantes, así
como de la consecución de los objetivos para los que fueron realizadas estas asignaciones' ... (Página194)
181/001909 Pregunta formulada por la Diputada Beatriz Álvarez Fanjul (GP), sobre grado de ejecución y desarrollo que tiene la medida 10.286 del Eje 10 'Requerir a la Delegación del Gobierno para la Violencia de género la remisión a la
Comisión de Seguimiento del Pacto con carácter anual de un informe sobre el desarrollo y aplicación del Plan Nacional de Sensibilización y Prevención de la Violencia de Género' ... (Página194)
181/001910 Pregunta formulada por la Diputada Beatriz Álvarez Fanjul (GP), sobre grado de ejecución y desarrollo que tiene la medida 10.287 del Eje 10 'Requerir a la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género para que remita con
carácter anual a la Comisión de Seguimiento del Pacto y haga públicos en la página web del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, los datos de las campañas de sensibilización realizadas, desagregadas por inserciones así como el número
de impactos por medio y sus respectivas partidas presupuestarias' ... (Página195)
181/001911 Pregunta formulada por la Diputada Beatriz Álvarez Fanjul (GP), sobre grado de ejecución y desarrollo que tiene la medida 10.288 del Eje 10 'Comisión Mixta de seguimiento que evaluará anualmente el presupuesto destinado por las
diferentes Administraciones' ... (Página195)
181/001912 Pregunta formulada por la Diputada Beatriz Álvarez Fanjul (GP), sobre grado de ejecución y desarrollo que tiene la medida 10.289 del Eje 10 'Finalizado el periodo de duración del Pacto de Estado, a los cinco años, se evaluarán los
resultados y aplicación del mismo por parte de la Comisión Mixta de seguimiento' ... (Página195)
181/001913 Pregunta formulada por la Diputada Beatriz Álvarez Fanjul (GP), sobre grado de ejecución y desarrollo que tiene la medida 10.290 del Eje 10 'Todas las reformas se llevarán a cabo con escrupuloso cumplimiento de las competencias
transferidas a las Comunidades Autónomas' ... (Página195)
181/001914 Pregunta formulada por la Diputada Beatriz Álvarez Fanjul (GP), sobre grado de ejecución y desarrollo que tiene la medida 10.282 del Eje 10 'Se propone la constitución, como Comisión Permanente no legislativa del Congreso de los
Diputados, de una Comisión de seguimiento y evaluación de los acuerdos del Pacto. Con este fin se incluirá la creación de esta comisión parlamentaria en la futura modificación de la LO 1/2004. En tanto no se produzca esta modificación, la creación
de la Comisión deberá acordarse por el procedimiento previsto en el artículo 50 del Reglamento de la Cámara. La creación de la Comisión de Seguimiento atiende a la necesidad de estar permanentemente atentos al cumplimiento de los acuerdos
alcanzados en la Subcomisión para un Pacto en materia de Violencia de Género. Además, busca establecer un sistema que permita la revisión y actualización de las recomendaciones del mismo' ... (Página196)
181/001917 Pregunta formulada por la Diputada Carmen Riolobos Regadera (GP), sobre grado de ejecución y desarrollo que tiene la medida 8.265 del Eje 8 'Desincentivar la demanda de prostitución mediante campañas de concienciación y talleres
de sensibilización dirigidos a los jóvenes' ... (Página196)
181/001918 Pregunta formulada por la Diputada Carmen Riolobos Regadera (GP), sobre grado de ejecución y desarrollo que tiene la medida 8.266 del Eje 8 'Difundir por parte de las Administraciones Públicas información sobre violencias
machistas entre las mujeres que ejercen la prostitución y los derechos que las asisten' ... (Página196)
181/001919 Pregunta formulada por la Diputada Carmen Riolobos Regadera (GP), sobre grado de ejecución y desarrollo que tiene la medida 8.267 Eje 8 'Establecer un sistema de análisis estadístico que recoja las violencias machistas que sufren
las mujeres que ejercen la prostitución' ... (Página196)
181/001920 Pregunta formulada por la Diputada Carmen Riolobos Regadera (GP), sobre grado de ejecución y desarrollo que tiene la medida 8.238 del Eje 8 'Implementar instrumentos de protección de emergencia para las víctimas de matrimonio
forzado' ... (Página197)
181/001921 Pregunta formulada por la Diputada Carmen Riolobos Regadera (GP), sobre grado de ejecución y desarrollo que tiene la medida 8.269 del Eje 8 'Identificar y eliminar las trabas existentes para la obtención del derecho de asilo de
las víctimas de matrimonio forzado' ... (Página197)
181/001922 Pregunta formulada por la Diputada Carmen Riolobos Regadera (GP), sobre grado de ejecución y desarrollo que tiene la medida 8.270 del Eje 8 'Mejorar la información a las víctimas de Trata, también sobre el derecho de asilo' ...
(Página197)
181/001923 Pregunta formulada por la Diputada Carmen Riolobos Regadera (GP), sobre grado de ejecución y desarrollo que tiene la medida 8.271 Eje 8 'Identificación de las víctimas. Cumplimiento de la Instrucción del Cuerpo Nacional de
Policía que indica que la Policía vaya acompañada por ONG cuando realiza intervenciones en este ámbito. Acompañada preferentemente por supervivientes o mediadoras que saben cómo tratar y ayudar a las víctimas. Reforzar las Unidades de Rescate:
Con equipos multidisciplinares y con supervivientes de la Trata' ... (Página197)
181/001924 Pregunta formulada por la Diputada Carmen Riolobos Regadera (GP), sobre grado de ejecución y desarrollo que tiene la medida 8.272 del Eje 8 'Estudiar con las Comunidades Autónomas la posibilidad de implantar turnos de oficio
especializados en la protección de víctimas de trata en las distintas Comunidades Autónomas' ... (Página198)
181/001925 Pregunta formulada por la Diputada Carmen Riolobos Regadera (GP), sobre grado de ejecución y desarrollo que tiene la medida 8.260 del Eje 8 'Intensificar la cooperación internacional en materia de trata de personas con fines de
explotación sexual, aumentando los fondos de cooperación internacional para facilitar la labor de detección de casos y el posterior apoyo a las víctimas retornadas' ... (Página198)
181/001926 Pregunta formulada por la Diputada Carmen Riolobos Regadera (GP), sobre grado de ejecución y desarrollo que tiene la medida 8.255 del Eje 8 'Fomentar la investigación en violencias sexuales: estudios diagnósticos, desarrollo
estadístico, unificación de datos y publicidad de los mismos. Realizar estudios de prevalencia y diseño de indicadores para todos los tipos de violencias sexuales' ... (Página198)
181/001927 Pregunta formulada por la Diputada Carmen Riolobos Regadera (GP), sobre grado de ejecución y desarrollo que tiene la medida 8.256 del Eje 8 'Incluir nuevos baremos e indicadores en la Macroencuesta de la Delegación del Gobierno
para la violencia de género, sobre todos los tipos de violencia sexual. Asimismo, recomendar a los diferentes observatorios la inclusión de dichos indicadores, con especial atención al llamado 'acoso callejero'' ...
181/001928 Pregunta formulada por la Diputada Carmen Riolobos Regadera (GP), sobre grado de ejecución y desarrollo que tiene la medida 8.257 del Eje 8 'Impulsar la aprobación de una LO 1/2004 de lucha integral y multidisciplinar contra la
trata de seres humanos con fines de explotación sexual, que establezca mecanismos adecuados para la prevención, refuerce la persecución de oficio del delito, promueva la eliminación de publicidad de contenido sexual y ponga en marcha servicios y
programas de protección social y recuperación integral de las víctimas' ... (Página199)
181/001929 Pregunta formulada por la Diputada Carmen Riolobos Regadera (GP), sobre grado de ejecución y desarrollo que tiene la medida 8.258 del Eje 8 'Plasmar, en indicadores objetivamente verificables, el enfoque integral de derechos
humanos que contempla el Plan Integral de Lucha contra la Trata de Mujeres y Niñas con Fines de Explotación Sexual 2015-2018, durante la realización de informes de seguimiento y evaluaciones finales, los cuales deberán remitirse a la Comisión de
Seguimiento del Pacto' ... (Página199)
181/001930 Pregunta formulada por la Diputada Carmen Riolobos Regadera (GP), sobre grado de ejecución y desarrollo que tiene la medida 8.259 del Eje 8 'Modificar la Ley Orgánica 19/1994, de 23 de diciembre, de protección a testigos y peritos
en causas criminales, para mejorar la protección de víctimas, testigos y denunciantes del delito de trata' ... (Página199)
181/001931 Pregunta formulada por la Diputada Carmen Riolobos Regadera (GP), sobre grado de ejecución y desarrollo que tiene la medida 8.260 del Eje 8 'Intensificar la cooperación internacional en materia de trata de personas con fines de
explotación sexual, aumentando los fondos de cooperación internacional para facilitar la labor de detección de casos y el posterior apoyo a las víctimas retornadas' ... (Página200)
181/001932 Pregunta formulada por la Diputada Carmen Riolobos Regadera (GP), sobre grado de ejecución y desarrollo que tiene la medida 8.262 del Eje 8 'Reforzar la persecución de oficio del delito de trata, y poner en marcha servicios y
programas de protección social y recuperación integral de las personas que han sido explotadas' ... (Página200)
181/001933 Pregunta formulada por la Diputada Carmen Riolobos Regadera (GP), sobre grado de ejecución y desarrollo que tiene la medida 8.263 del Eje 8 'Evaluar el Real Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar
la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones, para que se protejan los derechos humanos básicos de las víctimas de trata a pesar de la estancia irregular' ...
181/001934 Pregunta formulada por la Diputada Carmen Riolobos Regadera (GP), sobre grado de ejecución y desarrollo que tiene la medida 8.264 del Eje 8 'Realizar un estudio sobre las nuevas realidades de la Trata y las respuestas operativas
que deben implementarse para que las actuaciones policiales tengan mayor facilidad a la hora de intervenir en espacios de alto nivel de control por parte de los proxenetas, incluidas las viviendas' ... (Página200)
Comisión sobre Seguridad Vial
181/001916 Pregunta formulada por el Diputado Óscar Gamazo Micó (GP), sobre previsiones acerca de autorizar un nuevo Plan de Productividad Adicional para la Reducción de la bolsa de Exámenes Prácticos del Permiso de Conducir de la Jefatura
Central de Tráfico ... (Página201)
181/001979 Pregunta formulada por los Diputados Diego Gago Bugarín (GP), García Egea, Teodoro (GP), Gamazo Micó, Óscar (GP), Bas Corugeira, Javier (GP), Mateu Istúriz, Jaime Miguel (GP), García Díez, Joaquín María (GP), Matarí Sáez, Juan
José (GP), Moraleja Gómez, Tristana María (GP), Gázquez Collado, Paloma (GP), sobre medidas adoptadas para atajar el problema del envejecimiento del parque automovilístico español ... (Página201)
CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PROPOSICIONES NO DE LEY
La Mesa de la Cámara en su reunión del día de hoy ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 194 del Reglamento, las siguientes Proposiciones no de Ley y considerando que solicitan el debate de las iniciativas en Comisión, disponer
su conocimiento por las Comisiones que se indican, dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de septiembre de 2022.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
Comisión Constitucional
161/004388
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley por la que se insta al Gobierno a la
adopción de determinadas acciones para evitar los actos de violencia política de la izquierda abertzale y se condena el acaecido contra el Alcalde de Pamplona, para su debate en la Comisión de Constitucional.
Exposición de motivos
El pasado jueves 7 de junio radicales abertzales agredieron al alcalde y a parte de los ediles del Ayuntamiento de Pamplona, dejando tres policías heridos. Estos actos de violencia política se han registrado durante la tradicional procesión
del santo por las calles del Casco Viejo.
Tres agentes de la Policía Municipal de Pamplona resultaron heridos mientras protegían a la comitiva municipal, uno de los principales objetivos de los violentos era el alcalde de la ciudad, Enrique Maya, de Navarra Suma. El regidor
denunció que 'ha sido un acto que supera todos los límites, casi como un linchamiento' y señaló que los responsables son 'del entorno de Bildu'.
La tradicional procesión del santo por el casco viejo de la capital navarra ha sido, durante años, el momento elegido por los radicales para atacar a la comitiva municipal. La calle Curia, donde se produjeron los incidentes, y la cercana
Mercaderes, es un lugar habitual de reunión de la izquierda abertzale en la capital navarra. Fue en esa zona donde arreciaron los gritos de 'UPN kanpora' y los insultos a los miembros de la Corporación, en especial contra Maya y la edil socialista
Maite Esporrín. 'Nunca había sufrido tanto. Ha sido la vez más dura', lamentó el alcalde.
La tensión fue creciendo y, tras los insultos, comenzó un lanzamiento de vasos y otras las agresiones. El balance provisional es de tres policías municipales heridos de diferente consideración. Uno sufre una rotura del tabique de la nariz
por un puñetazo, por la que fue intervenido, otro padece una lesión en el tobillo por una patada y el último ha recibido el impacto de un vaso en la cara. Los agentes lograron trasladar al alcalde y a los ediles, sanos y salvos, hasta el interior
de la Catedral.
En la procesión de 2019, la última antes de la pandemia, un grupo de personas increparon a los representantes de UPN y la Policía Municipal tuvo que hacer un cordón de seguridad para que pudieran pasar. En este mismo punto, en 2011, el
policía municipal Iñigo de Zia fue arrastrado a un bar y sufrió una paliza cuando custodiaba el paso de la procesión. Es la última víctima del terrorismo reconocida.
Durante los años del terrorismo de ETA esta procesión fue objetivo principal de los actos de Kale borroka o terrorismo de baja intensidad en las fiestas de San Fermín.
El alcalde de Pamplona ha calificado estos hechos de 'auténtico fascismo' al tiempo que insta a EH Bildu a condenarlos, 'no puede estar al margen de que a un partido democrático se le quiera linchar'.
Una declaración de la Junta de Portavoces del Ayuntamiento de Pamplona aprobada con el respaldo de Navarra Suma y el PSN, ha condenado 'sin paliativos' la agresión sufrida por los concejales de Navarra Suma y el PSN 'y especialmente por el
alcalde, objetivo prioritario de los agresores'. La declaración, que ha contado con el voto en contra de Geroa Bai y la ausencia de votos de EH Bildu, también muestra el agradecimiento a los agentes de la Policía Municipal por su labor de
protección y expresa su solidaridad con los policías heridos.
Desde la coalición Navarra Suma, su máximo responsable, Javier Esparza ha calificado de 'Absolutamente intolerables e impropias de una sociedad civilizada y democrática' las agresiones. Esparza se ha dirigido a la presidenta socialista de
Navarra, María Chivite 'para que reflexione acerca de con quiénes están pactando y en quiénes se apoyan para gobernar, que son los que rompen la convivencia de manera sistemática en nuestra Comunidad y no respetan a nada ni a nadie'.
La kale borroka una estrategia que pretende utilizar la violencia para imponer su ideología, expulsar del territorio a los que no piensan como ellos y lograr en última instancia la independencia de ese territorio mediante la
desestabilización del sistema democrático.
Los últimos actos de kale borroka en Pamplona se enmarcan dentro de un proceso para Intentar imponer un relato tras el fin del terrorismo de ETA basado en un blanqueamiento de sus crímenes, así como del movimiento social y político que dio
cobertura y apoyo a la banda asesina.
Se quiere, mediante técnicas de manipulación social y propaganda creciente, imponer una postverdad consistente en que se habría logrado una especie de paz entre partes enfrentadas en un conflicto político violento, que habría tenido su
origen en disputas ideológicas y territoriales. Lograrían con ello situar en un plano de igualdad tanto a los verdugos, como a las víctimas.
Es sin duda una infamia en toda regla. Un planteamiento negacionista que debería ser sancionado severamente. No se puede minusvalorar la práctica sistemática del terror con fines de limpieza identitaria contra los no nacionalistas cometido
en las Comunidades Autónomas Vasca y Navarra, sin caer con ello en conductas propias de ideologías totalitarias que niegan los genocidios practicados por sus correligionarios.
En esta estrategia de blanqueo es parte esencial el Gobierno que depende del apoyo de los partidos que nunca condenaron el terrorismo de ETA. Así lo acredita los pactos de gobierno en Navarra, las alianzas municipales y los acuerdos
parlamentarios en el Congreso. Son parte del camino desarrollado por el PSOE desde que levantaron el veto a Bildu para convertirlo en un socio 'respetable' y 'preferente' del sanchismo.
La izquierda abertzale está envalentonada por la tolerancia del Gobierno para con sus ataques a la convivencia democrática, entre los que se encuentran actos de odio y violencia política extremadamente graves como los acontecidos el día de
San Fermín en Pamplona.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados:
1. Condena los actos de violencia política producidos el 7 de julio de 2022 en los términos del acuerdo aprobado por la Junta de Portavoces del Ayuntamiento de Pamplona:
- Condenar sin paliativos la agresión sufrida por los concejales de Navarra Suma y del Partido Socialista de Navarra y, especialmente, por el alcalde, objetivo prioritario de los agresores.
- Mostrar todo el agradecimiento municipal a los agentes municipales participantes en el operativo de protección y mostrar todo su apoyo y solidaridad a los policías heridos.
2. Insta al Gobierno a:
a) Desarrollar todas las acciones necesarias para identificar y detener a todos los autores de los actos de kale borroka sufridos por el Alcalde de Pamplona, otros miembros de la corporación municipal y la policía local.
b) Aumentar el control sobre los preparativos y ejecución de actos de violencia política de la izquierda abertzale para evitar que se reproduzcan.
c) Excluir de los pactos y acuerdos políticos promovidos por el Ejecutivo a los partidos que no condenan explícitamente los crímenes de ETA e intentan legitimar su existencia'.
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de julio de 2022.-Ana María Beltrán Villalba, Diputada.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión de Asuntos Exteriores
161/004348
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Alberto Asarta Cuevas, don Víctor González Coello de Portugal, don Víctor Sánchez del Real, don Agustín Rosety Fernández de Castro, don Emilio Jesús del Valle Rodríguez y don Juan Luis Steegmann Olmedillas, en sus respectivas condiciones
de Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente Proposición no de Ley relativa al impulso de acciones
diplomáticas como respuesta a la violación de los derechos humanos en la República Popular China, para su discusión en la Comisión de Asuntos Exteriores.
Primero. Introducción.
1. La notoria violación masiva de los derechos de las personas y de las familias en China no se trata solo de un asunto interno, sino de un grave problema para toda la comunidad internacional, pues China se ha erigido en superpotencia
política, económica y militar, y representa un modelo alternativo a las democracias occidentales. Nunca en la Historia un régimen totalitario había poseído el peso económico y tecnológico que tiene la China actual. La reserva inagotable de mano de
obra barata, la legislación medioambiental y laboral laxa, el robo de propiedad intelectual, la infravaloración del yen y la inversión extranjera masiva están convirtiendo a China en 'la fábrica del mundo': China es la ganadora de la globalización.
Pero los que predecían que el crecimiento económico llevaría inevitablemente al país a una liberalización política se han visto desautorizados por los hechos. China es cada vez más rica, pero también cada vez menos libre.
2. El régimen comunista chino fue el que más víctimas produjo en el siglo XX 1. La dictadura china ha crecido en importancia gracias a los nuevos medios tecnológicos de vigilancia ubicua de la población (incluidos dispositivos de
reconocimiento facial), el sistema de 'créditos sociales', la sustitución sistemática de la verdad por el relato propagandístico gubernamental, el aislamiento del país respecto al flujo mundial de información y opinión (el Great Firewall impide que
los chinos participen en distintas redes sociales).
3. Las vulneraciones de derechos humanos por el gobierno del Partido Comunista Chino (PCCh) incluyen la extracción forzada de órganos a presos de conciencia, como veremos posteriormente; la deportación o reducción a trabajo esclavo de
etnias como los uigures; el uso de la tortura; la esterilización forzosa de millones de mujeres; la persecución de los fieles de la Iglesia católica y de otras religiones no reconocidas (y controladas) por el Gobierno; la aplicación extensa y
arbitraria de la pena de muerte (en China son ejecutadas anualmente más personas que en todos los demás países del mundo juntos 2); las autoacusaciones coactivas televisadas (al estilo de los 'procesos de Moscú' estalinistas en los años 30);
1 'China viola los derechos humanos de formas diversas. Esas violaciones son crónicas y serias. Además de los adeptos de Falún Gong, otras víctimas principales de las violaciones de derechos humanos son los tibetanos, los cristianos, los
uigures, los activistas pro-democracia y los defensores de los derechos humanos. En China no existen mecanismos de Estado de Derecho para impedir las violaciones de derechos humanos, tales como un poder judicial independiente, el acceso de los
detenidos a asesoramiento jurídico, el habeas corpus o el derecho a un juicio público. China, según su Constitución, es gobernada por el Partido Comunista, no por la ley. La China comunista ha tenido una historia de crueldad masiva y asombrosa
contra sus propios ciudadanos'. (David Matas y David Kilgour, 'Bloody Harvest: Revised Report into Allegations of Organ Harvesting of Falún Gong Practitioners in China' [https:// organharvestinvestigation.net/]).
2 https://www.es.arnnesty.org/en-que-estamos/noticias/noticia/articulo/pena-de-muerte-china-el-mayor-verdugo-del-mundo-debe-reconocer-el-nivel-grotesco-del-uso-que-ha/.
la desaparición de los médicos que intentaron alertar a tiempo sobre la irrupción del virus SARS-CoV-2; el encarcelamiento de disidentes, blogueros, activistas pro-derechos humanos, periodistas, etc.
4. Los regímenes autoritarios no pueden tolerar la existencia de democracias exitosas cerca de sus fronteras. China está suprimiendo la democracia en Hong Kong, violando los términos del acuerdo suscrito con Gran Bretaña en 1984 3, y pone
ya su mirada amenazadora sobre Taiwán.
5. La influencia china en la cultura, el mundo académico, los medios de comunicación y las organizaciones internacionales es creciente.
Segundo. La concepción de los derechos humanos en la República Popular China.
6. En junio de 2021 la Oficina de Información del Consejo de Estado de la República Popular China (China) -uno de los órganos del PCCh- publicó un informe titulado El Partido Comunista de China y la Protección de los Derechos Humanos, una
búsqueda de 100 años 4.
7. El mencionado documento, publicado aprovechando el centenario del PCCh 5, permite vislumbrar el enfoque dado por el gobierno comunista chino a la cuestión de los derechos humanos: 'el PCCh siempre ha aplicado la teoría marxista de los
derechos humanos al contexto chino, siendo pionero en una vía de derechos humanos basada en la universalidad de los mismos y que es distintiva de China [...] Para China, no hay modelos listos para imitar en el respeto, la protección y el desarrollo
de los derechos humanos. China debe partir de sus realidades imperantes y seguir su propio camino. Aplicando el principio de universalidad de los derechos humanos a las condiciones nacionales de China, el PCCh ha abierto una nueva vía de
protección de los derechos humanos y ha añadido diversidad al concepto de derechos humanos con sus propias prácticas [...] El liderazgo del PCCh es la garantía más fundamental que sustenta todos los avances y la mejor protección de los derechos
humanos en China'.
8. A pesar de las afirmaciones realizadas por el régimen comunista chino, lo cierto es que se puede constatar lo siguiente 6:
a) Este régimen comunista concibe los derechos humanos como un constructo cultural occidental contrario a la idiosincrasia china (guozing) que ha de combatir 7. En este sentido, régimen comunista chino se justifica alegando la aplicación de
una teoría marxista de los derechos humanos en el contexto chino 8.
b) El monopolio del poder estatal por parte del PCCh obstaculiza la implementación efectiva de los derechos humanos en China 9.
c) El régimen comunista chino no reconoce, desde un punto de vista constitucional, la posibilidad de aplicación directa de las provisiones contenidas en los Tratados Internacionales ratificados por China 10. Igualmente, cabe recordar que
China no ha ratificado el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 11.
3 En virtud de este acuerdo (Sino-British Joint Declaration) Gran Bretaña traspasó la soberanía de la antigua colonia Hong Kong a China, a cambio esta última se comprometía a mantener por un período de 50 años el denominado principio de 'un
país, dos sistemas'.
4 Accesible en: http://english.scio.gov.cn/search.htm? searchText=The+Communist+Partv&strUrl=englishscio.
5 El sistema de partidos de China implica la cooperación multipartidista y la consulta política bajo la dirección del PCCh. [...] En China, además del PCCh gobernante, hay otros ocho partidos políticos. No son partidos de la oposición.
Mantienen buenas relaciones con el PCCh, aceptando la dirección de éste y cooperando plenamente con él; son partícipes de la gobemanza en el marco del socialismo con características chinas.
6 Véase Quing L. (1996): 'Human Rights, Democracy and China' en Journal of International Affairs, vol. 49, n.º. 2, págs. 333-342; BJÓRN, A. (2015): 'The Rise of China and International Human Rights Law', en Human Rights Quarterly, vol.
37, págs. 637-661.
7 https: //www.elconfidencial.com/mundo 72013-11-22/las-cinco-estrategias-de-china-para-moldear-el-mundo-a-su-antojo 57488 / [Último acceso 26 de mayo de 2022].
8 En relación con esto, en la Resolución del Comité Central del PCCh sobre los principales logros y la experiencia histórica del Partido en el último siglo (11 de noviembre de 2021), el régimen comunista chino declaró: Hemos trabajado para
promover los derechos humanos en todos los ámbitos, dando máxima prioridad a la salvaguarda de los derechos de subsistencia y desarrollo de la población.
9 Los Estatutos del PCCh (conforme la revisión realizada en el XIX Congreso Nacional del PCCh, el 24 de octubre de 2017) señalan lo siguiente: 'El PCCh, destacamento de vanguardia de la clase obrera, y a la vez del pueblo y la nación de
China, es el núcleo dirigente de la causa del socialismo con peculiaridades chinas, y representa lo que se exige para el fomento de las fuerzas productivas avanzadas de China, el rumbo por el que ha de marchar su cultura avanzada, y los intereses
fundamentales de los más amplios sectores de su pueblo. Tiene como ideal supremo y objetivo final la materialización del comunismo'.
10 Bjorn, A. (2009): 'Chinese Law and International Treaties' en Hong Kong Law Journal, vol. 39, págs. 747-748.
11 Resolución 2200 (XXI), de la A.G. de Naciones Unidas, de 16 de diciembre de 1966.
Tercero. La violación de los derechos humanos en la República Popular China.
9. Las afirmaciones realizadas en el citado informe de la Oficina de Información del Consejo de Estado chino no pueden ocultar una realidad que el régimen comunista chino trata de esconder.
10. En este sentido, organizaciones en defensa de los derechos humanos no han cejado en su empeño de denunciar la violación sistemática de derechos humanos perpetrada por el régimen de Pekín. Así, algunas de estas organizaciones, todas
ellas de carácter progresista, señalan lo siguiente 12:
'La situación de los derechos humanos en toda China siguió empeorando. Activistas [...] de derechos humanos denunciaron actos de hostigamiento e intimidación, juicios injustos, detenciones arbitrarias en régimen de incomunicación durante
largos periodos, así como tortura y otros malos tratos simplemente por ejercer su derecho a la libertad de expresión y otros derechos humanos. El gobierno continuó con su campaña de adoctrinamiento político, detención masiva arbitraria, tortura y
asimilación cultural forzada contra la población musulmana residente en Xinjiang. Se separó a miles de niños y niñas uigures de sus progenitores. En Hong Kong, la Ley de Seguridad Nacional permitió que se cometieran violaciones de derechos humanos
sin precedentes desde la creación de la Región Administrativa Especial [...]'.
11. Asimismo, el citado informe señala, igualmente, lo siguiente 13:
'El régimen autoritario de China se ha vuelto cada vez más represivo en los últimos años. El PCCh, en el poder, sigue estrechando el control sobre todos los aspectos de la vida y la gobernanza, incluida la burocracia estatal, los medios de
comunicación, la libertad de expresión en Internet, la práctica religiosa, las universidades, las empresas y las asociaciones de la sociedad civil, [...]'.
'[...] Nuevas pruebas han demostrado que los principales dirigentes de China, incluido Xi Jinping, han estado directamente implicados en el diseño y la aplicación de las políticas más draconianas que han afectado a los uigures y a otros
grupos étnicos minoritarios, incluidos los programas destinados a cambiar la demografía en las zonas correspondientes. Testimonios de primera mano desde el interior de los campos de detención de la Región Autónoma Uigur de Xinjiang revelaron abusos
sexuales y torturas sistemáticas contra detenidos pertenecientes a minorías étnicas, además de informes verídicos de muertes bajo custodia. Las autoridades han tomado nuevas medidas para asimilar por la fuerza a todas las minorías étnicas a la
identidad nacional dominante de los chinos han, en parte imponiendo el mandarín como lengua de enseñanza en todos los niveles educativos'.
'[...] Las autoridades han continuado con la represión de la sociedad civil independiente [...] llevando a cabo detenciones y procesamientos penales de periodistas, activistas, abogados de derechos humanos y activistas chinos y extranjeros
que han desafiado la autoridad del Estado. También ha continuado la persecución de los practicantes religiosos de todo tipo que se negaban a someterse a los controles opresivos del Estado, y el limitado espacio para el debate y la investigación
académica independiente se ha visto sometido a nuevas restricciones'.
12. Mención especial merecen las acusaciones al régimen comunista chino de realizar extracciones forzadas de órganos a presos políticos y a miembros de minorías étnicas y religiosas 14, prácticas lesivas de los derechos humanos y de la
dignidad del ser humano y contrarias al Derecho Internacional, cristalizado, entre otros Instrumentos internacionales, en la Declaración Universal de Derechos Humanos, proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de
1948, el Convenio para la protección de los derechos humanos y la dignidad del ser humano con respecto a las aplicaciones de la Biología y la Medicina (Convenio relativo a los derechos humanos y la biomedicina), hecho en Oviedo el 4 de abril de 1997
y el Protocolo adicional al Convenio relativo a los derechos humanos y la biomedicina sobre el trasplante de órganos y de tejidos de origen humano, hecho en Estrasburgo el 24 de enero de 2002.
13. A pesar de que hasta tiempos muy recientes en China no existía una cultura de donación de órganos, los hospitales chinos disponen de suficientes órganos para trasplantes. El informe publicado en 2007 -y actualizado en 2016- por David
Matas, Ethan Gutmann y David Kilgour documenta cómo
12 Informe Anual 2021/22. La situación de los derechos humanos en el mundo. https://www.amnesty.org/es/ wp-content/uploads/sites/4/2022/03/PQL1048702022SPANISH.pdf.
13 https: //freedomhouse.org/country/china/freedom-world/2022.
14 https: //www.theguardian.com/world/2019/jun/17/china-is-harvesting-organs-from-detainees-uk-tribunal-concludesy https://wwwiorbes.com/sites/ewelinaochab/2021/ 07/08/united-nations-concerned-about-or gan-harvesting-in-china/.
tanto presos comunes como presos de conciencia han sido usados como banco de órganos, cifrando en entre 30.000 y 100.000 anuales el número de muertes por esta causa. Se sabe que han sido sacrificados con este fin (la persona muere tras la
extracción de órganos vitales) 15 miembros de minorías étnicas y religiosas como los uigures, los tibetanos, los cristianos y, muy especialmente, los adeptos del grupo de meditación Falún Gong, cuya erradicación decidió el Gobierno chino en 1999.
14. En este sentido, cabe traer a colación la Resolución del Parlamento Europeo, de 5 de mayo de 2022, sobre los informes sobre el incesante tráfico de órganos en China 16, que señala lo siguiente:
'El Parlamento Europeo,
[...]
L. Considerando que el Gobierno chino ha negado las acusaciones de extracción forzada de órganos, en particular a través de su respuesta a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, y ha negado
reiterada y categóricamente que se haya matado a practicantes de Falún Gong por sus órganos;
1. Expresa su profunda preocupación por las informaciones sobre extracciones forzadas persistentes, sistemáticas, inhumanas y autorizadas por el Estado de órganos de presos en la República Popular China, y más concretamente de practicantes
de Falún Gong y otras minorías como los uigures, los tibetanos y los cristianos;
[...]
4. Pide a las autoridades chinas que respondan rápidamente a las acusaciones de extracción forzada de órganos y que permitan un control independiente por parte de mecanismos internacionales de derechos humanos, incluida la Oficina del Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos;
5. Expresa su preocupación por la falta de un control independiente en cuanto a si los presos o detenidos dan su consentimiento válido a la donación de órganos; denuncia la falta de información por parte de las autoridades chinas sobre las
denuncias según las cuales se impide a las familias de detenidos y presos fallecidos reclamar sus cuerpos;
6. Insta a las autoridades chinas a que soliciten y garanticen el consentimiento libre e informado de los presos o detenidos en relación con los exámenes médicos y a que adopten un marco regulador, en consonancia con los convenios
internacionales, para un sistema voluntario y transparente de donación de órganos;
7. Pide a la Unión y a sus Estados miembros que planteen la cuestión de la extracción forzada de órganos en China en todos los diálogos sobre derechos humanos; insiste en que la Unión y sus Estados miembros condenen públicamente los abusos
relacionados con el trasplante de órganos en China; pide a los Estados miembros que adopten las medidas necesarias para evitar el turismo de trasplante con destino a China por parte de sus ciudadanos y que sensibilicen sobre esta cuestión entre sus
ciudadanos que viajan a China;
[...]
9. Pide a la Unión y a sus Estados miembros que planteen la cuestión de la extracción forzada de órganos en el marco de su relación con terceros países, especialmente con sus socios en la región del Golfo, donde centros de trasplante chinos
han anunciado 'órganos halal' de uigures y minorías musulmanas en China;'.
15 'Los órganos son extraídos mientras las víctimas todavía están vivas. Los adeptos (de Falún Gong) mueren en el curso de la operación de extracción o inmediatamente después. Estas intervenciones son, por tanto, una forma de asesinato.
Nos han dicho que las víctimas son cremadas después. No quedan cadáveres que puedan ser identificados como fuente de un trasplante de órganos' (David Kilgour y David Matas, 'Bloody Harvest...', art. cit.).
16 [2022/2657(RSP)].
Cuarto. Significación del modelo alternativo representado por la República Popular de China en la esfera internacional.
15. Las consideraciones anteriormente realizadas en torno a la violación de los derechos humanos en China responden a una creciente preocupación ligada al papel que está comenzando a jugar dicho país asiático en la esfera internacional 17.
16. El régimen comunista chino constituye un modelo alternativo al representado por las democracias occidentales 18 y no escatima esfuerzos en buscar alianzas con otros regímenes autócratas 19 o emplear mecanismos de poder blando con el
propósito de proyectar su influencia internacional 20.
17. En este sentido, China actúa de forma más activa en su entorno regional bien sea mediante acuerdos con organismos como la Asociación de Naciones de Asia Sudoriental ('ASEAN') o impulsando estructuras institucionales propias que sirvan a
sus intereses (Organización de Cooperación de Shanghái). De igual forma, China parece apostar por la denominada geoeconomía, esto es, la sustitución de la rivalidad militar entre las naciones por una rivalidad de tipo económico 21.
18. En definitiva, las violaciones de derechos humanos en China se manifiestan actualmente, entre otros, en lo siguiente 22:
a) Una política de sinización (Zhdngguóhuá) que implica el fomento de la asimilación cultural de las minorías étnicas y religiosas dentro de la denominada 'identidad china', esto es, la identidad del grupo étnico de los han (han zú). En la
práctica, esta política de asimilación cultural se ha traducido en una persecución sistemática de minorías como los cristianos 23 huis, tibetanos, uigures 24, manchúes y mongoles mediante detenciones en masa, campañas de reeducación y la condena a
trabajos forzados 25.
b) Detenciones arbitrarias de disidentes políticos.
c) Control de la población mediante el uso de herramientas informáticas (cámaras de vigilancia, sistemas de vigilancia electrónica, etcétera) 26.
d) Limitación de la libertad de expresión y acceso a la información. En este caso cabe hacer especial mención al 'Proyecto Escudo Dorado' (también 'Gran Cortafuegos'), que implica la censura y vigilancia de internet por el Ministerio de
Seguridad Pública de China 27.
e) Extracción forzosa de órganos a presos políticos y miembros de grupos étnicos y religiosos minoritarios 28.
17 El PCCh desempeña un papel destacado en la promoción de normas autocráticas. [...] Ofrece una alternativa a las democracias como fuente de apoyo e inversión internacional, ayudando a los aspirantes a autócratas a afianzarse en el cargo,
a adoptar aspectos del modelo de gobernanza del PCCh y a enriquecer sus regímenes ignorando principios como la transparencia y la competencia leal [Repucci, S. y Slipowitz, A. (2022): The Global Expansión of Authoritarian Rule. Freedom House, pág.
3.]
18 Bjórn, A. (2015): 'The Rise of China...', pág. 639.
19 Tal y como ha denunciado Freedom House [...] los gobiernos de Rusia, China y Turquía han proporcionado comercio e inversiones al régimen venezolano, compensando las sanciones impuestas por las democracias por sus elecciones amañadas y la
represión de la oposición [Repucci, S. y Slipowitz, A. (2022): The Global Expansión of Authoritarian Rule. Freedom House, pág. 9.]
20 Ejemplo de esto último lo constituyen los denominados Institutos Confucio, elementos del soft power chino por antonomasia [Kurlantzick, J. y Link, P. (2009): China. Resilient, sophisticated authoritarianism. Undermining democracy.
21st Century Authoritarians. Freedom House, pág. 21].
21 Luttwak, E. (1990). 'From Geopolitics to Geo-Economics: Logic of Conflict, Grammar of Commerce' en The National Interest, No. 20, págs. 17-23.
22 Lum, T. y Weber, M.A. (2021): Human Rights in China and U.S. Policy: Issues for the 117th Congress. Congressional Research Service (R46750), págs. 6-17.
23 https://expansion.mx/vida-arte/2022/05/24/secta-shen-yun-y-otras-religiones-perseguidas-en-china [Ultimo acceso 26 de mayo de 2022].
24 En el caso de la Región Autónoma Uigur de Xinjiang también destaca el fomento por parte del gobierno comunista chino de la emigración de ciudadanos de la etnia han con el propósito de desplazar demográficamente a los uigures en dicha
región [vid. Lum, T. y Weber, M.A. (2021): Human Rights in China..., pág. 12).
25 https://www.publico.es/internacional/salen-luz-miles-documentos-secretos-evidencian-represion-china-minoria-uigur.html y https://www.eldiario.es/internacional/documentos-filtrados-policia-china-revelan-represion-xiniiane 1 9017858.html
[Último acceso 26 de mayo de 2022].
26 https://www.lavanguardia.com/tecnologia/20190202/46161322564/china-inteligencia-artificial-ciudadanos.html [Último acceso 27 de mayo de 2022].
27 https://www.theguardian.com/news/2018/jun/29/the-great-firewall-of-china-xi-jinpings-internet-shutdown [Último acceso 26 de mayo de 2022].
28 Véase el estudio Proceedings of the Workshop on Organ Harvesting in China, publicado por la Dirección General de Políticas Interiores de la Unión Europea el 12 de abril de 2016.
19. En conclusión, se hace necesario, pues, proyectar la acción exterior de España de forma coherente con los valores contemplados en nuestro ordenamiento político-constitucional, esto es, la libertad, la justicia, la igualdad, el respeto a
los derechos humanos y el pluralismo político en el seno de una democracia. La no condena a Estados que, como el chino, practican de forma sistemática y tiránica la represión contra su propio pueblo no puede estar justificada en meras
consideraciones de tipo comercial o cultural.
Por todo ello, y al amparo de lo expuesto anteriormente, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados, como sede de la soberanía nacional y representante del pueblo español, expresa su más firme condena por los abusos cometidos en la República Popular China en relación con la extracción forzosa de órganos, así
como toda violación de derechos humanos perpetrados por el régimen político del citado país asiático.
El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a lo siguiente:
1. Promover en el seno de la Unión Europea el desarrollo de una política exterior que persiga la democratización de la República Popular China y su plena integración en el sistema de relaciones internacionales entre naciones democráticas,
para que se respeten el derecho a la vida, a la libertad de expresión, de información, de asociación, de libertad religiosa de la Iglesia católica y de otras confesiones y, en general, todos los derechos de los ciudadanos en sociedades democráticas,
con el fin de eliminar el riesgo que supone para la seguridad internacional su actual régimen político.
2. Condenar los abusos cometidos en la República Popular China en relación con la extracción forzosa de órganos, en el sentido aludido por la Resolución del Parlamento Europeo, de 5 de mayo de 2022, sobre los informes sobre el incesante
tráfico de órganos en China, así como toda violación de derechos humanos perpetrados por el régimen político del citado país asiático.
3. Llevar a cabo todas las acciones diplomáticas necesarias con el fin de exigir el cese inmediato de las extracciones forzadas de órganos a presos de conciencia, así como el pleno respeto de los derechos fundamentales, en consonancia con
todos los Tratados Internacionales.
4. De igual forma, promover, en el seno de la Unión Europea, que se inicie un procedimiento de investigación completa, transparente e imparcial sobre las prácticas de trasplante de órganos en China.
5. Adoptar las medidas necesarias para garantizar que la actividad cultural y educativa impartidas en instituciones oficiales chinas -como los Institutos Confucio- puedan ser tapadera de propaganda o espionaje'.
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de junio de 2022.-Víctor González Coello de Portugal, Alberto Asarta Cuevas, Víctor Manuel Sánchez del Real, Agustín Rosety Fernández de Castro, Emilio Jesús del Valle Rodríguez y Juan Luis Steegmann
Olmedillas, Diputados.-José María Figaredo Álvarez-Sala, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
161/004368
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa la extradición del ciudadano
Ernesto Quintero, para su debate en la Comisión de Asuntos Exteriores.
Exposición de motivos
El pasado junio de 2018, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) publicó un informe titulado Violaciones de los derechos humanos en la República Bolivariana de Venezuela: Una espiral
descendente que parece no tener fin, en el que se analizan las violaciones de distintos derechos humanos en Venezuela, dedicando una especial mención a las
detenciones arbitrarias. El informe denuncia que las autoridades del Estado realizan detenciones arbitrarias de manera selectiva contra personas que son consideradas como amenaza para el gobierno de Nicolás Maduro, o que manifiestan su
disidencia o descontento con este. Asimismo, señala que las fuerzas de seguridad pública, en especial los del servicio de inteligencia, realizan las detenciones selectivamente contra activistas políticos y sociales, estudiantes, defensores de
derechos humanos, trabajadores de los medios de comunicación, miembros de las fuerzas armadas, e incluso niños. Las víctimas se mantienen incomunicadas el tiempo en que permanecían detenidas.
En la investigación realizada se encontraron violaciones al debido proceso, haciendo que civiles fuesen juzgados por tribunales militares o dificultando el acceso de los abogados a los tribunales y al expediente de sus clientes. En
ocasiones las detenciones se convirtieron en desapariciones forzadas breves, donde las autoridades se negaban a informar a los familiares y abogados de las víctimas sobre su paradero y se documentaron varios casos, en donde los detenidos permanecían
incomunicados durante semanas o meses, como forma de castigo.
El ACNUDH también observó que las audiencias con frecuencia eran retrasadas injustificadamente, debido a que los procesados no eran trasladados a los tribunales desde su lugar de detención, o por la ausencia injustificada de los jueces o
fiscales. En algunos casos, los procesados solicitaban a los tribunales información sobre las fechas de las audiencias y la respuesta de las autoridades judiciales era: 'como terrorista, guarimbero, no tiene derechos'.
En el informe del año 2019, el ACNUDH detalló que desde 2016, el régimen venezolano, así como las instituciones controladas por este, han promulgado leyes y políticas que han acelerado la erosión del Estado de Derecho y el desmantelamiento
de las instituciones democráticas, incluyendo a la Asamblea Nacional. Estas medidas tienen como objetivo la neutralización, represión y criminalización de la oposición política y los críticos al Gobierno. Esta tendencia aumentó desde 2016, después
que la oposición política ganara la mayoría de los escaños de la Asamblea Nacional.
El informe revela que el aparato de seguridad del Estado ha incurrido en varios delitos de violación de los derechos humanos y que las instituciones responsables de la protección de los derechos humanos, tales como el Poder Judicial y la
Defensoría del Pueblo, generalmente no llevan a cabo investigaciones prontas, efectivas, exhaustivas, independientes, imparciales ni transparentes sobre las violaciones de derechos humanos y otros crímenes cometidos por actores estatales, no llevan
a las personas responsables ante la justicia, ni protegen a personas víctimas y testigos lo que contribuye a la impunidad y a la repetición de estos delitos.
El último informe de la Comisión de DDHH de NNUU, que comprende el período entre el 1 de mayo de 2021 y el 30 de abril de 2022 se centra en acontecimientos relacionados con los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, el
estado de derecho y el espacio cívico, y el nivel de aplicación de las recomendaciones correspondientes emitidas por la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (ACNUDH) y documentó torturas a 14 personas privadas de libertad durante
el período que abarca la investigación. Además, señala estigmatización, criminalización y amenazas contra voces disidentes, la sociedad civil, medios de comunicación y sindicalistas.
'Durante el período que abarca el informe, el ACNUDH documentó 154 casos, incluidos 46 casos de penalización, 26 relatos de amenazas y hostigamiento, 11 actos de violencia y 71 casos de estigmatización de personas defensoras de los derechos
humanos, periodistas y otros miembros de la sociedad civil', dice el informe.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'Ante la posibilidad de la inminente extradición de Ernesto Quintero, ciudadano venezolano residente en España a donde llegó buscando protección, que no ha sido sometido a juicio alguno ni aquí ni en Venezuela y cuyo proceso en Venezuela
presenta numerosas irregularidades, el Grupo Parlamentario Popular insta al Gobierno a:
1. Suspender con carácter inmediato la extradición de Ernesto Quintero tal y como el Pleno del Congreso aprobó el pasado 26 de mayo de 2022.
2. Exigir, desde la Embajada de España en Venezuela, al régimen de Maduro el respeto escrupuloso a los detenidos y al debido proceso a la vista de la inexistencia de justicia efectiva e independiente y la
proliferación de maltrato en las cárceles, evitando así que el Gobierno de España se convierta en cómplice de malos tratos a detenidos'.
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de julio de 2022.-María Valentina Martínez Ferro, Pablo Hispán Iglesias de Ussel y Belén Hoyo Juliá, Diputados.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.
161/004386
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Iván Espinosa de los Monteros y de Simón, don José María Figaredo Álvarez-Sala, don Alberto Asarta Cuevas, don Víctor González Coello de Portugal, don Víctor Manuel Sánchez del Real, don Agustín Rosety Fernández de Castro y don Emilio
Jesús del Valle Rodríguez, en sus respectivas condiciones de Portavoz, Portavoz Sustituto y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presentan la siguiente Proposición no de Ley relativa a condenar y denunciar la represión de las históricas protestas pacíficas del 11 de julio de 2021, la limitación de la libertad de expresión y la vulneración sistemática de los
derechos humanos por parte del régimen comunista de Cuba, para su discusión en la Comisión de Asuntos Exteriores.
Exposición de motivos
Primero La situación actual en Cuba.
Hispanoamérica vive un periodo caracterizado por un 'creciente proceso de erosión democrática y una gran heterogeneidad entre los niveles de desempeño democrático de los diversos países...' 29. Así lo define el Instituto Internacional para
la Democracia y la Asistencia Electoral (en adelante, 'IDEA'). Su informe 'El Estado de la Democracia en las Américas 2021: Democracia en tiempos de crisis', señala que la República de Cuba es 'el único país de la región que hasta la fecha no ha
realizado una transición hacia la democracia y sigue siendo un régimen autoritario' 30.
En este mismo sentido, el citado informe destaca la violenta represión que ejerció la dictadura cubana frente a las manifestaciones populares que acaecieron el pasado mes de julio de 2021, bajo los lemas 'Abajo la dictadura', 'Libertad' y
'Patria o Vida' 31.
Asimismo, el estudio 'Un año sin justicia: patrones de violencia estatal contra manifestantes del 11J', redactado por las organizaciones Cubalex y Justicia 11J, señala que en total fueron arrestadas 1.484 personas, de las que 701 aún
permanecen en prisión.
Por su parte, la Organización de los Estados Americanos (en adelante, OEA), a través de su Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante, CIDH), elabora unos informes que permiten obtener una imagen aproximada del nivel de respeto
de los Derechos humanos en cada uno de los países de Iberoamérica. En el caso cubano, el último informe fue aprobado por la CIDH el pasado 3 de febrero de 2020 32. En el citado informe se detallan todos los abusos perpetrados por el régimen que
oprimen al pueblo cubano. Especialmente sangrantes son los relativos a los derechos políticos. Así la CIDH refleja en su informe la existencia de 'varias restricciones a la participación política como detenciones arbitrarias; allanamientos de
morada y confiscación de bienes... 33'. Asimismo, y siguiendo el citado informe, la gran falla existente en el sistema es 'la celebración de elecciones carentes de pluralidad e independencia, obstáculos que impiden el acceso libre a diversas
fuentes de información' 34. A su vez, la Comisión recibió información sobre 'tácticas represivas del Estado, o por personas bajo su autorización, apoyo o aquiescencia, en perjuicio de todo individuo cuya labor sea identificada como una amenaza
contra el
29 'El Estado de la Democracia en las Américas 2021: Democracia en tiempos de crisis', International Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA), 2021.Introducción. Disponible [en línea]:
https://www.idea.int/gsod/sites/default/files/2021-11/estado-de-la-democracia-en-las-americas-2021.pdf.
30 Ibidem. Prólogo.
31 Ibidem, p. 9.
32 'Situación de derechos humanos en Cuba', Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 03.02.2020. Disponible [en línea]: Cuba2020-es.pdf (oas.org).
33 Ibidem. P.64.
34 Ibidem. P.64.
actual sistema de gobierno 35'. Esto no es más que un somero resumen de las violaciones de derechos humanos que deliberadamente practica el régimen comunista cubano.
A lo anterior, debemos sumarle la situación económica catastrófica que atraviesa cuba desde la llegada -hace ya muchos años- del comunismo. De hecho, Cuba vive una crisis económica continua, con carencia permanente de bienes de consumo
básico y racionamiento de alimentos. Así las cosas, la suma de la violación de derechos humanos junto a la crisis económica perpetua, mantienen al pueblo cubano en una situación crítica que lo motiva a movilizarse contra el régimen comunista
cubano.
Segundo. Las protestas civiles de julio de 2021 contra el régimen dictatorial comunista cubano y la equidistancia de la Unión Europea.
Hace un año la sociedad civil cubana se movilizó multitudinariamente en favor de la democratización del país. A pesar del miedo infligido y del aparato de terror que representa el régimen, la mecha prendió en las localidades de San Antonio
de los Baños y Palma Soriano, extendiéndose después por todo el país, incluyendo la capital, La Habana, donde tuvieron lugar movilizaciones masivas. Todas las protestas tuvieron como nexo común el rechazo al régimen totalitario comunista que lleva
más de medio siglo en el poder.
En efecto, los manifestantes cubanos mostraron su hartazgo por la pobreza y por la falta de derechos a la que han sido condenados desde que el comunismo tomara las riendas del país en el año 1959. Sin embargo, frente a este movimiento por
la libertad del pueblo cubano, el régimen comunista, si bien en un primer momento fue sorprendido, no permaneció impasible. Así, una de las primeras reacciones que tuvo el régimen fue suspender el servicio de internet en la isla 36, así como llamar
a sus fieles a movilizarse y a atacar las protestas democráticas 37.
En relación con los hechos descritos, el 10 de junio de 2021, el Parlamento Europeo aprobó la 'Resolución sobre la situación de derechos humanos y la situación política en Cuba' [2021/2745 (RSP)]. Dicha Resolución condena la vulneración
sistemática de los derechos y libertades fundamentales por parte del régimen cubano y solicita el cese inmediato de estas actuaciones. No obstante, la Resolución se muestra condescendiente con el régimen al apoyar: 'los avances realizados hasta la
fecha por Cuba en pos de un mayor reconocimiento de los derechos fundamentales en el país y el respaldo al actual proceso de modernización y apertura 38'. Esta declaración no se corresponde con la realidad de los hechos ya que, por el contrario, el
régimen cubano ha intensificado su represión y las violaciones de los derechos humanos. La situación de la sociedad cubana continúa deteriorándose, y la represión del régimen ha provocado una nueva ola de resistencia pacífica que ha sido
brutalmente reprimida por el régimen. El terror sobre el que el Partido Comunista sostiene al pueblo cubano hace que en Cuba se vivan constantes violaciones de los derechos fundamentales de las personas, ataques a las familias y una inhumana falta
de libertad, constatada en el encarcelamiento de cualquiera que se oponga al régimen.
La corrupción, la persecución de las minorías, el hambre y la miseria provocados por la ineficiente gestión de los recursos -propia de las políticas marxistas- son los signos distintivos de un régimen que somete con el yugo comunista a un
país con enorme potencial.
En definitiva, el pueblo cubano salió a la calle para exigir el final de esta situación de pobreza y de falta de libertad crónica entre gritos desesperados de: '¡Libertad!', '¡Patria y Vida!' o '¡Abajo la dictadura!'. Las protestas
pacíficas se extendieron por todo el país, a pesar de haber sido duramente reprimidas por la dictadura, que llegó incluso a arrestar a una periodista española por informar sobre las manifestaciones 39.
Tercero. La posición de España.
Por su parte, España no está tomando todas las medidas necesarias para ayudar al proceso de democratización de Cuba, más bien al contrario. Un ejemplo paradigmático de esta pasividad lo encontramos en la deuda externa que el Reino de España
tiene como acreedor. El pasado 9 de junio el
35 Ibidem, p.65.
36 Gilbert, Albert: 'Cuba corta internet para evitar la diseminación de las protestas', El Periódico, 12-7-2021. Disponible [en línea]: 'Cuba corta internet para evitar la diseminación de las protestas' (elperiodico.com)
37 'Díaz-Canel llama a combatir las protestas contra el gobierno', Euronews, 12-7-2021. Disponible [en línea]: 'Díaz-Canel llama a combatir las protestas contra el gobierno', Euronews
38 Resolución del Parlamento Europeo sobre los derechos humanos y la situación política en Cuba [2021/2745(RSP)]. 07.06.21. Disponible [en línea]: Propuesta De Resolución sobre los derechos humanos y la situación política en Cuba
(europa.eu).
39 Gaviña, Susana: 'La corresponsal de ABC en Cuba, Camila Acosta, será procesada por 'delitos contra la seguridad del Estado'', ABC, 12-7-2021. Disponible [en línea]: 'La corresponsal de ABC en Cuba, Camila Acosta, será procesada por
'delitos contra la seguridad del Estado''.
Gobierno remitió al Congreso de los Diputados el Informe 'La Deuda Externa del Estado español como acreedor (Datos a 31 de diciembre de 2021)'. De la lectura de dicho informe, pueden extraerse las siguientes conclusiones:
- La deuda externa ostentada por España como acreedor frente a Cuba asciende a 2.030,11 millones de euros, un 15,56% del total. Así, en el informe del año 2020 la deuda totalizaba 1.937,55 millones. Es decir, la deuda externa de Cuba con
España se ha incrementado en un 4,78%. Además, la isla caribeña es la principal deudora en cuanto a deuda comercial. Concretamente, Cuba acapara el 74,26% de la mencionada deuda.
- En cuanto a impagos se refiere, se mantienen Cuba (96 millones) y Venezuela (175 millones) como principales deudores del Reino de España. Situándose Argentina entre ambos, como segunda clasificada, con un monto total de impagos de 166
millones.
Si bien la deuda de la isla corresponde, en su práctica totalidad a 'deuda comercial 40', España continúa cubriendo los impagos del régimen cubano. De esta forma, el Ejecutivo está propiciando -aunque de forma indirecta-, la continuidad del
régimen dictatorial.
En este estado de cosas, la Ley 2/2014, de 25 de marzo, de la Acción y del Servicio Exterior del Estado recoge, en su artículo segundo, los principios y objetivos de la Política Exterior española:
'La Política Exterior de España tiene como principios inspiradores el respeto a la dignidad humana, la libertad, la democracia, el Estado de Derecho y los derechos humanos. La Política Exterior de España defenderá y promoverá el respeto y
desarrollo del derecho internacional, en particular el respeto de los principios de la Carta de las Naciones Unidas. Promoverá los proyectos de construcción europea y de la Comunidad Iberoamericana de Naciones, así como el multilateralismo en el
seno de la comunidad internacional 41'.
A su vez, en el mismo artículo se definen como objetivos concretos 'La promoción y consolidación de sistemas políticos basados en el Estado de Derecho y en el respeto a los derechos fundamentales y las libertades públicas'.
Del mismo modo, en la vigente Estrategia de Acción Exterior 2021-2024, se establece lo siguiente:
'La protección y la promoción de los derechos humanos deben consolidarse como elemento distintivo y definidor de la acción exterior española. España condenará y combatirá la violación de los derechos humanos allí donde se produzcan, y
favorecerá una aproximación de carácter más preventivo y anticipatorio en materia de defensa de los mismos'. 42 [...] Y concretamente, sobre las relaciones en la región de Iberoamérica, plantea lo siguiente: 'En su relación con América Latina y el
Caribe, España debe priorizar el fortalecimiento institucional, el respeto a los derechos humanos, la resolución política de las crisis'. 43
España debe asumir sus responsabilidades históricas para con el pueblo hermano cubano y hacer valer su histórica vocación actuando como puente entre Europa y la Iberosfera. Los estrechos vínculos históricos, sociales y culturales que unen a
España y Cuba son indiscutibles. Por lo tanto, nuestra Nación debe encabezar el respaldo de Europa a las protestas contra la miseria y la deshumanización del pueblo cubano. Resulta preocupante ver cómo esta ideología totalitaria se extiende hacia
otros países del continente americano. España ostenta la responsabilidad de apoyar la defensa de la justicia, el imperio de la ley, la libertad y la prosperidad en la Iberosfera, y evitar que se sigan extendiendo los tentáculos del comunismo y del
totalitarismo hacia otras naciones. En este sentido, se ha impulsado la Carta de Madrid de 26 de octubre de 2020 como una iniciativa en defensa de la democracia y de la libertad de los pueblos frente a la expansión de la agenda ideológica de
inspiración comunista en las naciones de la Iberosfera. A pesar de los regímenes totalitarios que se imponen en Hispanoamérica, España debe estar al lado del pueblo que sufre.
40 Derivada de operaciones de seguro de crédito a la exportación por cuenta del Estado, gestionado por la Compañía Española de Seguro de Crédito a la Exportación (CESCE).
41 Ley 2/2014, de 25 de marzo, de la Acción y del Servicio Exterior del Estado. Disponible [en línea] : BOE.es - BOE-A-2014-3248 Ley 2/ 2014, de 25 de marzo, de la Acción y del Servicio Exterior del Estado.
42 Estrategia de Acción Exterior 2021-2024. P. 38. Disponible [en línea]: 270421-estrategia, de acción exterior 2021-2024.pdf (lamoncloa.gob.es)
43 Ibidem, p.46.
Por todo ello, y al amparo de lo expuesto anteriormente, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados declara lo siguiente:
El Congreso de los Diputados, como representante de la soberanía popular, condena rotundamente la represión y la limitación de la libertad de expresión en Cuba, y se solidariza con el pueblo cubano en su lucha pacífica por la libertad, la
democracia, el Estado de derecho y el respeto de los derechos humanos.
El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de la Nación:
1. Denunciar y condenar públicamente la represión de las manifestaciones pacíficas del 11 de julio de 2021 por parte del régimen comunista cubano, la limitación de la libertad de expresión y la vulneración de los derechos humanos en Cuba.
2. Exigir la inmediata liberación de los presos políticos que continúan en las prisiones de Cuba, especialmente de los menores de edad.
3. Realizar todas aquellas gestiones diplomáticas que sean necesarias al objeto de evitar la represión del pueblo cubano y la vulneración sistemática de los derechos humanos por parte del Gobierno de la isla'.
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de julio de 2022.-Agustín Rosety Fernández de Castro, Alberto Asarta Cuevas, Víctor Manuel Sánchez del Real, Víctor González Coello de Portugal y Emilio Jesús del Valle Rodríguez, Diputados.-Iván
Espinosa de los Monteros de Simón y José María Figaredo Álvarez-Sala, Portavoces del Grupo Parlamentario VOX.
Comisión de Justicia
161/004402
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley Plan de Contingencia para los juzgados
mercantiles, para su debate en la Comisión de Justicia.
Exposición de motivos
A pesar de la moratoria aprobada el 30 de junio de 2021 conviene recordar que el número total de concursos presentados en el 2021 se incrementó un 25 % con más de 5.000 concursos de acreedores y ello pese a la inadmisión a trámite de los
concursos, denominados 'necesarios', solicitados por los acreedores.
Durante el primer trimestre de 2022 los concursos se incrementaron un 7,9 %; durante los primeros seis meses de este año se han registrado 3.192 concursos de acreedores y 17.084 disoluciones, según informa el Estudio sobre Concursos y
Disoluciones realizado por INFORMA D&B, lo que supone un incremento de las disoluciones que crecen un 12 % en relación con el mismo período del año anterior, todo ello y a pesar del mantenimiento de la moratoria cuyo fin se produjo el mismo día en
el que el Pleno del Congreso de los Diputados aprobaba el Proyecto de Ley de Reforma de la Ley Concursal, el 30 de junio de 2022.
Los expertos vaticinan para este año un importante crecimiento de los procesos concúrsales que presentan las personas físicas, tanto empresarias como de las no empresarias, que se dispararon un 67 % en el 2021 y que crecerán aún más cuando
los ERTE se transformen en expedientes de regulación de empleo y cuando los efectos de la crisis pongan en riesgo el esfuerzo y el empleo de los trabajadores autónomos.
Y también un incremento de los procesos concúrsales que llegarán a los tribunales tras el fin de la moratoria que según algunas instituciones superarán en España los 10.000 procesos concursales.
Todo ello discurrirá en paralelo a la incertidumbre que genera la aplicación del nuevo marco jurídico regulador de los procesos de insolvencia, de los procesos de reestructuración y de exoneración de deudas incluidos en la reforma de la Ley
Concursal actualmente en el Senado.
Esta Ley, junto con la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que modifica las competencias de los Juzgados de lo Mercantil, conviene destacar que ninguna de las dos viene acompañada de medida alguna que suponga ni la creación de
nuevos juzgados, ni el incremento de los medios materiales y humanos necesarios para hacer frente a la situación a la que tendrán que enfrentarse los Juzgados de lo Mercantil con el incremento de los concursos prevista.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley:
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a presentar un Plan de Contingencia para hacer frente al incremento de trabajo de los Juzgados de lo Mercantil derivado del fin de la moratoria de los procesos concursales acordada el 30 de
junio de 2021 y del incremento de las dificultades económicas que van a exigir a dichos juzgados la implementación de la nueva normativa en materia de reestructuración, de la segunda oportunidad de las personas físicas y del proceso de exoneración
de deudas adoptando en Plan de Contingencia que incluya las siguientes medidas:
1. Creación de nuevos Juzgados de lo Mercantil.
2. Refuerzo de los Juzgados de lo Mercantil que soportan más carga de trabajo.
3. Dotación de los recursos económicos suficientes para incrementar los medios materiales y humanos de los Juzgados de lo Mercantil'.
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de julio de 2022.-María Teresa Angulo Romero, Vicente Betoret Coll, Isabel María Borrego Cortés, Miguel Ángel Jerez Martínez, Jaime Eduardo de Olano Vela, Carlos Rojas García, Luis Santamaría Ruiz y
Ana Belén Vázquez Blanco, Diputados.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión de Hacienda y Función Pública
161/004350
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para la modificación del artículo que regula el devengo del IVA
en las operaciones sometidas al régimen especial del criterio de caja, en el sentido de eliminar la previsión de que el impuesto se devengue en todo caso el 31 de diciembre del año inmediato posterior a aquel en que se haya realizado la operación,
por ser contrario a la Directiva europea en materia de IVA, para su posterior debate en la Comisión de Hacienda y Función Pública.
Exposición de motivos
El pasado 31 de mayo la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo dictó su Sentencia 642/2022, con relación a la adecuación de las previsiones contenidas en el artículo 163. tercedies.uno. de la Ley 37/1992, del Impuesto
sobre el Valor Añadido (LIVA), a la normativa comunitaria. Este precepto regula el momento del devengo en el régimen especial del criterio de caja, y se le planteó al tribunal su adecuación con lo dispuesto en el artículo 66.b) de la Directiva
2006/112/CE relativa al sistema común del IVA (Directiva IVA) o, en su caso, su posible incompatibilidad.
Así, de un lado, el citado artículo 66.b) de la Directiva IVA, establece que los Estados miembros podrán disponer que el impuesto sea exigible [...] 'como plazo máximo, en el momento del cobro del precio'. Por su parte, el artículo
163.tercedies.uno. LIVA, estipula que en las operaciones a las que resulte de aplicación el criterio de caja, el impuesto se devengará en el momento del cobro total o parcial del precio y, si el pago no se produjera, el devengo tendrá lugar en todo
caso el 31 de diciembre del año
inmediato posterior a aquel en que se realizara la operación; previsión esta última no contemplada en la Directiva IVA.
Es decir, la normativa de IVA en España establece un devengo obligatorio de las operaciones sometidas al régimen especial del criterio de caja, en el día 31 de diciembre del año inmediato posterior a aquél en que se produjera la operación,
incluso aunque el precio no hubiera sido cobrado aún por el sujeto pasivo, y salvo que éste sí hubiera sido cobrado con anterioridad a dicha fecha, en cuyo caso el devengo se habría producido en el momento del cobro.
Al no ser esta una previsión contemplada en la Directiva europea, el Tribunal Supremo desestima el recurso interpuesto por la abogacía del Estado y declara que el contribuyente no está obligado a ingresar las cuotas de impuesto no cobradas,
al igual que hiciera el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en instancia previa, fundamentando su argumento, entre otros motivos, en que la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la UE, de 16 de mayo de 2013, en el asunto TNT Express
Worldwide (Poland) C-169/12, 'ha sido categórica al declarar contraria a la Directiva de 2006 cierta normativa estatal que, al igual que la española y como excepción al régimen ordinario de devengo al tiempo de la operación, contemplaba un momento
de exigencia del tributo anterior al pago'. Además, el Tribunal se remite a 'la ausencia de facultades de apreciación de los Estados para determinar supuestos de exigibilidad distintos de los contemplados en el artículo 66 de la Directiva de 2006'.
En definitiva, a ojos de las dos instancias sentenciadoras españolas en su interpretación de la resolución europea '(...) el establecimiento de aquel plazo por la norma española desconoce la previsión de la Directiva, en los términos en que es
interpretada por el Tribunal de Justicia de la Unión, como excluyente de la posible fijación de momentos anteriores al pago para el devengo del tributo'.
Debemos recordar que el criterio de caja en el IVA se introdujo en el año 2013 a través de la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización, con la idea de evitar o paliar los problemas de liquidez
de las empresas, fundamentalmente, las pymes, con amparo en las disposiciones contenidas en el artículo 167 bis de la Directiva IVA que, precisamente, otorgaba a los Estados miembros la posibilidad de regular este régimen especial de tributación
'con el fin de ayudar a las pequeñas y medianas empresas a las que les resulta difícil abonar el IVA antes de haber recibido ellas mismas el pago del destinatario del servicio'. La idea es, en suma, que no les sea exigido a estos empresarios el
ingreso en Hacienda del tributo, si ellos no lo han cobrado antes de sus clientes. De lo contrario, y como sucedía hasta este cambio normativo, los impagos y retrasos tenían efectos devastadores en la liquidez de los pequeños empresarios, que no
solo no recibían el pago de los servicios prestados, sino que se veían obligados a adelantar a las Arcas Públicas, de su bolsillo, un impuesto no cobrado de sus clientes.
Siendo ello así, el establecimiento en nuestra normativa de un devengo del impuesto anterior al cobro efectivo del mismo, como regula hoy el citado artículo 163.tercedies, atenta directamente contra el espíritu con el que nació esta
previsión normativa y es, además, contrario a la Directiva europea, como ya ha sentenciado nuestro Tribunal Supremo.
Es por ello, por lo que el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a modificar el apartado uno del artículo 163.tercedies de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, en el sentido de eliminar la previsión de que el impuesto se
devengue en todo caso el 31 de diciembre del año inmediato posterior a aquel en que se haya realizado la operación, por ser contrario a la Directiva europea en materia de IVA, tal y como ha sentenciado ya el Tribunal Supremo'.
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de junio de 2022.-Edmundo Bal Francés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
161/004401
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley, para la aprobación de un régimen fiscal diferenciado
para las zonas de prioridad demográfica de nuestro país, para su posterior debate en la Comisión de Hacienda y Función Pública.
Exposición de motivos
La despoblación del medio rural es un problema creciente en nuestro país ocasionado principalmente por dos factores; (a) la crisis de natalidad experimentada de manera progresiva en las últimas décadas y, (b) la tendencia global a urbanizar
los espacios, lo que conlleva el abandono de los municipios de pequeño tamaño para buscar nuevas oportunidades en las grandes ciudades. Europa no es una excepción a este fenómeno. Así, en el viejo continente, el aumento de las tasas de
urbanización ha tenido un crecimiento sostenido y rápido, lo que ha provocado que muchos municipios, provincias y regiones se encuentren con una población mermada, prácticamente, en el transcurso de una generación.
España es el segundo territorio nacional más extenso de la Unión Europea y cuenta con una densidad de población por debajo de la media comunitaria, con algunas regiones, incluso, con índices comparables a los de Laponia. Nuestro país es el
cuarto de la UE, tras Estonia, Finlandia y Letonia, con más municipios en riesgo de despoblación. Siguiendo los estándares de Eurostat, un municipio se considera en riesgo de despoblación cuando existen crecimiento de la población y saldo
vegetativo negativos desde principios del siglo XX, así como una densidad poblacional inferior a 12,5 habitantes por km2. Estos parámetros se dan, ahora mismo, en el 42,2% de los municipios españoles. Desde principios de siglo, el 63,1 % de los
municipios y 13 provincias han perdido habitantes, según datos del INE. En estas últimas dos décadas, la población de los municipios de 1.000 o menos habitantes ha caído un 8,9% (142.000 habitantes menos). De esta forma, han pasado de concentrar
el 4% de la población en el año 2000 al 3,1% en 2018.
El principal problema que debemos atajar, por tanto, no es que los habitantes del medio rural busquen mejores oportunidades en las grandes ciudades, si no que se vean obligados a marcharse por la falta de los servicios e infraestructuras que
posibilitarían más oportunidades en el medio rural. En este sentido, el anterior Gobierno aprobó, en marzo de 2019, las directrices generales de la Estrategia Nacional frente al Reto Demográfico, elaboradas por el Comisionado del Gobierno frente al
Reto Demográfico, adscrito al entonces Ministerio de Política Territorial y Función Pública. Sin embargo, los objetivos que se marcó esta Estrategia no han sido alcanzados o se han visto claramente superados por el rápido ritmo de despoblación que
afecta a lo que se conoce como 'España vaciada'.
Para ofrecer alternativas reales a los habitantes del medio rural, es necesario proponer medidas ambiciosas que realmente atajen la sangría de población y la afronten desde múltiples sectores. Así, Ciudadanos lleva presentando en los
sucesivos programas de las citas electorales de los últimos años, su Plan Naranja contra la Despoblación, que supone la reforma más ambiciosa en este terreno tras décadas de inacción por parte de los sucesivos gobiernos del bipartidismo. Por otro
lado, el pasado mes de enero el Grupo Parlamentario Ciudadanos presentó en esta Cámara, una Proposición no de Ley integral en materia de despoblación con medidas determinantes dirigidas a la reactivación de estos territorios, como la utilización de
la contratación pública como instrumento de desarrollo territorial; la incorporación de criterios de incentivación positiva y apoyo específico para solicitantes de subvenciones públicas; la adopción de incentivos administrativos, profesionales y
económicos en el empleo público en el medio rural; el impulso a la colaboración público-privada para el desarrollo de proyectos frente al reto demográfico; la incorporación de los factores demográficos en la responsabilidad social del sector
privado; la aprobación de un plan de choque para mejorar el acceso a servicios públicos de la España rural; la aprobación de un Plan de Promoción de Sectores Estratégicos contra la Despoblación; la puesta en marcha de medidas de promoción de la
cultura y el deporte en estos territorios; la puesta en valor del patrimonio cultural, artístico, histórico y gastronómico de los municipios de zonas escasamente pobladas; y el impulso a medidas de simplificación administrativa, gestión
mancomunada de servicios y fusión de municipios limítrofes, entre otras muchas.
Además de toda esta extensa batería de medidas, explicadas con detalle en nuestra iniciativa parlamentaria, con la presente proposición no de ley venimos a demandar la aprobación de una política de
Estado en materia de fiscalidad diferenciada para las zonas escasamente pobladas o en riesgo de despoblación. Así, esta política diferenciada deberá coadyuvar a conseguir el objetivo de reactivar la vida de los pueblos más olvidados de
nuestro país, en paralelo a las ayudas recientemente aprobadas para algunas provincias españolas en el mapa de ayudas estatales de finalidad regional para el período 2022-2027 por parte de la Comisión Europea. Esta política nacional específica
debería encontrar el encaje jurídico adecuado que alinee dichos estímulos fiscales con diferenciación territorial a las disposiciones europeas, de lo que ya tenemos algunos antecedentes en nuestro país.
La fiscalidad es, sin duda, uno de los canales por los que más rápidamente y de manera más efectiva pueden instaurarse cambios en la sociedad y, además, el establecimiento de un régimen de tributación específico para la España despoblada
supondría, al decir de los expertos, un coste muy moderado en términos de pérdida recaudatoria, que se vería en todo caso compensado con el incremento de la actividad económica que se generaría en dichos territorios. El objetivo principal es, en
suma, revertir la situación de la España rural para hacer de nuestros pueblos hoy vacíos, lugares atractivos en los que querer vivir, trabajar y formar una familia.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a poner en marcha con carácter urgente un régimen fiscal diferenciado para las zonas de prioridad demográfica de nuestro país, que se utilice como instrumento de dinamización y repoblación de
los territorios escasamente poblados o en riesgo de despoblación, dentro del marco comunitario para las ayudas estatales de finalidad regional y que incluya, al menos, las siguientes medidas:
1. Una batería de beneficios fiscales con reducciones en los principales tributos, IRPF, Impuesto sobre Sociedades, Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, Impuesto sobre el Patrimonio, e Impuesto sobre
Sucesiones y Donaciones, para las personas físicas y jurídicas que tengan su residencia habitual y efectiva en los municipios con riesgo de despoblación.
2. Eliminación de los impuestos directos para las empresas de nueva creación que se instalen en territorios de la España rural despoblada, durante los dos primeros años de actividad.
3. Establecimiento de una tarifa superreducida de cotización social, al menos, durante los dos primeros años, para los autónomos y jóvenes emprendedores que se establezcan en dichos territorios, así como bonificaciones significativas para
los autónomos que, además, tengan hijos y vivan en áreas despobladas.
4. Establecimiento de una exención estatal en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, sobre el valor de las explotaciones agrarias de las zonas rurales de nuestro país y sus bienes afectos, que se donen o pongan en herencia en favor de
agricultores profesionales, sean o no parientes del titular, con el fin de facilitar la continuidad y el mantenimiento del empleo en la explotación cuando su titular se jubile o fallezca.
5. Aprobación de medidas fiscales de estímulo a la natalidad, con el establecimiento de deducciones específicas y significativas por nacimiento o adopción de niños que vayan a residir de manera efectiva en zonas rurales en riesgo de
despoblación'.
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de julio de 2022.-Edmundo Bal Francés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
161/004407
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para la aplicación retroactiva al inicio del ejercicio 2022, de
la deducción por contribuciones empresariales a planes de pensiones de empleo en el Impuesto sobre Sociedades, para su posterior debate en la Comisión de Hacienda y Función Pública.
Exposición de motivos
El pasado 1 de julio se publicó en el BOE la Ley 12/2022, de 30 de junio, de regulación para el impulso de los planes de pensiones de empleo. Esta Ley incluye una disposición final quinta, aprobada a instancias del Grupo Parlamentario
Ciudadanos, entre otros, que incorpora en el Impuesto sobre Sociedades una deducción del 10 % en cuota, por contribuciones empresariales a sistemas de previsión social empresarial imputadas a favor de los trabajadores. La citada Ley entró en vigor
el pasado día 2 de julio.
Posteriormente a la aprobación y entrada en vigor de la Ley, la Agencia Tributaria emitió una nota explicativa según la cual, esta nueva deducción es aplicable para períodos impositivos que comiencen a partir de la entrada en vigor de la
misma, esto es, el 2 de julio de 2022. Con ello, Hacienda cierra la puerta a la posibilidad de que este incentivo fiscal resulte de aplicación con carácter retroactivo al ejercicio 2022 para todas aquellas empresas que inician su período impositivo
el 1 de enero, es decir, para la inmensa mayoría de las sociedades de nuestro país. Así, el Gobierno posterga al ejercicio 2023 para la gran mayoría de contribuyentes societarios, la aplicación de un beneficio fiscal clave para el impulso a la
implantación de los planes de pensiones de empleo.
Si bien es cierto que Hacienda justifica su decisión en la ausencia de declaración expresa de retroactividad de este incentivo fiscal en la Ley que lo aprueba, ex artículo 10.2 de la Ley General Tributaria, no es menos cierto que la
retroactividad de la normativa tributaria no está prohibida en nuestro ordenamiento jurídico, salvo que colisione derechos constitucionales, como el de seguridad jurídica. Así, es generalmente aceptado, que la decisión sobre la retroactividad o no
de una concreta disposición tributaria, tiene mucho de arbitraria y cuenta con un amplio margen de apreciación política.
Por ello, es justo mantener que el Gobierno podría haber otorgado capacidad retroactiva a este incentivo fiscal al inicio del ejercicio 2022 sin menoscabo alguno de normativa o derecho constitucional al tratarse, además, de un incentivo en
favor del contribuyente.
Con esta arbitraria decisión del Ministerio de Hacienda, se pospone de facto la puesta en marcha e implantación de los planes de pensiones de empleo hasta el ejercicio 2023 para la inmensa mayoría de sociedades en nuestro país, pues es
razonable pensar que ningún contribuyente realizará aportaciones a los mismos hasta que no pueda deducírselos.
El Gobierno, frontalmente opuesto a un incentivo fiscal a cuya aprobación se vio finalmente obligado para lograr apoyos parlamentarios a la Ley, encuentra con esta unilateral decisión el camino para negar, de facto, la aplicación de un
beneficio fiscal que nunca compartió, y deja en papel mojado, al menos durante todo este ejercicio 2022, la puesta en marcha de unos planes de pensiones de empleo que decían ser de implantación prioritaria para la Cartera que dirige el Ministro
Escrivá.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a dejar sin efecto la nota explicativa emitida por la Agencia Tributaria el pasado día 5 de julio de 2022, con relación a la entrada en vigor de la deducción por contribuciones empresariales a
sistemas de previsión social empresarial aprobada en la nueva Ley 12/2022, de 30 de junio, y a reconocer la aplicación retroactiva de dicho incentivo fiscal al inicio del ejercicio 2022, por no contravenir dicho reconocimiento normativa jurídica o
constitucional alguna y tratarse de un beneficio en favor del contribuyente'.
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de julio de 2022.-Edmundo Bal Francés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
161/004409
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley, para la modificación del Real Decreto-ley 3/2022, de 1 de marzo, sobre
medidas excepcionales en materia de revisión de precios en los contratos públicos de obras, para su posterior debate en la Comisión de Hacienda y Función Pública.
Exposición de motivos
El incremento desbocado de costes, precios y materias primas, como consecuencia de los actuales niveles de la inflación en nuestro país que ha llegado a superar las dos cifras, está teniendo un impacto directo en la ejecución de los
contratos de obra del sector público, que fueron licitados y adjudicados a unos precios pre-crisis, que hoy ya no pueden mantenerse o no resultan competitivos para las empresas adjudicatarias. La consecuencia directa de ello, es que un número muy
significativo de contratos públicos, fundamentalmente de obra, estén siendo paralizados por no poder llevarse a término en sus primitivas condiciones. Pensemos por ejemplo que, entre marzo de 2021 y marzo de 2022, la energía se ha disparado un 85
%, los materiales siderúrgicos un 50 %, los bituminosos un 44 %, la cerámica un 39,6 %, la electricidad un 178,3 %, el cobre un 20 %, la madera un 16,5 %, y el aluminio un 55,4 %, por poner solo algunos ejemplos denunciados por la Confederación
Nacional de la Construcción.
La solución a este problema no tenía fácil encaje con la legislación vigente a la fecha, no encontrando respuesta en la actual regulación de la Ley de Contratos del Sector Público. En este contexto, el Gobierno aprobó el Real Decreto-ley
3/2022, de 1 de marzo, con el loable objetivo, al menos en teoría, de permitir la revisión excepcional de precios de los contratos de obra del sector público en esta especial coyuntura, extendiendo dicha posible revisión a supuestos que no quedaban
cubiertos por la normativa general sobre contratación pública.
A pesar de la acertada intención con la que nació esta ley, recientemente hemos conocido que Hacienda viene rechazando, de facto, la revisión del precio de más del 80 % de las obras que lo han solicitado. Ello es así con fundamento, dicen,
en que es necesario que los trabajos de construcción se hayan estado ejecutando durante los doce meses del ejercicio 2021 (previsión no contenida en la norma) y que las obras estuvieran en marcha a la entrada en vigor del Decreto en marzo de 2022.
Es decir, el Gobierno deja fuera de la revisión, en una interpretación arbitraria y restrictiva de la ley que él mismo aprobó, las obras de menos de doce meses de duración, las obras que hubieran comenzado posteriormente a enero de 2021, o las obras
que hubieran terminado antes de marzo de 2022, por poner solo algunos ejemplos reflejo del absurdo de la interpretación del Gobierno. Es por todo ello, por lo que el sector de la construcción se ha puesto en alerta ante lo que puede terminar
resultando otro decreto-propaganda del Gobierno, fallido en su intención de suponer una ayuda real a los afectados y que, además, no es susceptible de mejora alguna al no haberse aprobado su tramitación parlamentaria como Proyecto de Ley.
Debemos recordar que el sector de la construcción aporta un muy significativo 12,5% al PIB y más de 1,3 millones de empleos en nuestro país, por lo que es de una preocupación capital que cientos de las empresas que lo forman -la mayoría,
pymes-, se encuentren al borde de la quiebra por trabajar a pérdidas desde hace meses al deber enfrentar un incremento de los costes cercano al 30 %.
Es por todo ello, por lo que el Grupo Parlamentario Ciudadanos, presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a modificar el título II del Real Decreto-ley 3/2022, de 1 de marzo, sobre medidas excepcionales en materia de revisión de precios en los contratos públicos de obras, en el siguiente sentido:
- Explicitar en el artículo 6 que son susceptibles de revisión excepcional de precios, los contratos públicos de obras que hubieran comenzado entre el 1 de enero de 2021 y la fecha de entrada en vigor del Decreto en marzo de 2022, con
independencia de que las mismas se encuentren aún en ejecución en dicha fecha, o ya hubieran concluido, y con independencia de su duración.
- Ampliar la lista de materiales contenida en el artículo 7 a efectos de determinar el reconocimiento de la revisión excepcional de precios, a otros muchos elementos determinantes para el sector de la construcción, como el cemento, la
madera, la cerámica o el vidrio, entre otros.
- Facilitar el cauce burocrático y procedimental dirigido a obtener la revisión del precio y que, hoy, está plagado de condicionantes que dificultan enormemente en la práctica su aplicación'.
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de julio de 2022.-Edmundo Bal Francés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
161/004415
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Plural, a instancias de don Joan Baldoví Roda, Diputado de Compromís, y al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre
régimen especial de abastecimiento de Melilla, en la Comisión de Hacienda y Función Pública.
Exposición de motivos
La ciudad de Melilla se encuentra en la actualidad, en una situación de vulnerabilidad respecto del suministro de productos básicos. El nivel de precios en la ciudad de Melilla lleva una pertinaz senda de ascenso, más allá del incremento de
precios de nuestro país, y cuya estabilización no se vislumbra a corto plazo. La falta de reapertura de la Aduana Comercial con el vecino Reino de Marruecos, hace virtualmente de la ciudad una isla, por lo que todos los productos alimenticios y no
alimenticios deben ser traídos de la península o del resto de la UE al no existir producción local, con el consiguiente incremento de los costes derivados tanto del transporte, como del coste asociado a las paralizaciones y a la burocracia.
La eliminación del tránsito tradicional de productos alimenticios (principalmente agrícolas y pesqueros), así como el suministro de productos básicos para la construcción, refuerzan la patente sensación de aislamiento y la necesidad de un
nuevo modelo económico autosostenible para la ciudad, basado en una autonomía económica respecto de su entorno geográfico, especialmente en el suministro de productos de carácter esencial.
En junio, el IPC de Melilla se ha elevado a 10,1 puntos, siendo una de las 13 autonomías que han superado el 10% interanual. La ciudad tiene un coste de la cesta de la compra superior al de Ceuta y al de la península derivado del coste del
transporte. Además, el índice sufre incrementos superiores al resto de España, con un incremento anual en el IPC de alimentos del 14,9%. Cifras especialmente graves si se tiene en cuenta su situación de liderazgo en la tasa de riesgo de pobreza y
exclusión.
Desde el punto de vista alimentario y del suministro de productos esenciales, esta situación reviste una mayor gravedad, y por tanto se hace ineludible garantizar tanto el suministro de estos productos como de otros productos básicos, así
como su nivel de precios.
Melilla no solo se encuentra en la práctica en una insularidad geográfica, sino también se encuentra en una 'ultrapericifidad económica' real, derivada de los elevados costes de transportes asociados a un deficiente sistema de transporte, un
reducido tamaño de mercado, carencia de una economía productiva, y la lejanía de la península.
El artículo 138.1 de la Constitución Española reconoce el hecho insular (de facto) como una circunstancia de particular atención que debe ser tenida en cuenta al establecer el adecuado y justo equilibrio económico entre las diversas partes
del territorio español, con vistas a la efectiva realización del principio de solidaridad. Desde un punto de vista comunitario, Melilla a pesar de su condición de insularidad y ultrapericifidad de facto, no participa de los beneficios y apoyos de
las regiones consideradas en el artículo 347 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (Regiones Ultraperiféricas).
No obstante, determinadas normas comunitarias como, por ejemplo, el Reglamento (CEE) n.º 3577/92 del Consejo, de 7 de diciembre de 1992, por el se aplica el principio de libre prestación de servicios a los transportes marítimos dentro de los
Estados miembros (cabotaje marítimo), en su artículo 2 apartado 1 c dispone que a efectos de dicho reglamento: 'Ceuta y Melilla serán tratadas de la misma manera que los puertos de las islas'.
Reconociendo, así la especial singularidad del territorio melillense, singularidad acrecentada aún más en estos momentos. Es necesario y urgente, acometer esta situación de fragilidad económica y vulnerabilidad social, con el fin de:
a) Amortiguar los efectos de la insularidad real y la lejanía económica del continente europeo.
b) Evitar la dependencia económica y garantizar el suministro de productos esenciales a dichos territorios, especialmente los de consumo humano.
c) Y, mantener un nivel de precios razonable para los productos básicos en la ciudad de Melilla. Para ello se proponen las siguientes exenciones y ayudas al transporte de mercancías.
Por todo aquello anteriormente expuesto, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso insta al Gobierno a:
1. La importación de los productos esenciales para el abastecimiento de Melilla que figuran en el Anexo I de la presente Proposición no de Ley, se declarará exenta de tributación en el Impuesto de la Producción, los Servicios y la
Importación en el territorio de la ciudad de Melilla. Dichos productos deben destinarse al consumo humano, alimentación animal, al sector de la construcción y/o al de los combustibles.
2. Establecer una compensación al transporte de los productos a que se refiere el párrafo precedente. La compensación, que deberá ser solicitada por el importador de los bienes en dicho territorio, alcanzará a la totalidad de gastos
asociados a dicho transporte, y quedará limitada por los costes tipo, determinados en función del peso y del tipo de transporte utilizado, según los epígrafes siguientes.
2.1 Transporte Marítimo: 0,04 euros/kilogramo.
2.1.1 Transporte combustible: 10 euros/tonelada.
2.2 Transporte Aéreo: 1,27 euros/kilogramo.
3. Establecer los procedimientos para la solicitud de la compensación, conceptos compensables, requisitos de los beneficiarios, control de las ayudas, y procedimiento de abono de la compensación, que deberá hacerse efectivo dentro del plazo
de noventa días desde su solicitud.
Anexo I
Los productos considerados esenciales a que se refiere el apartado 1 anterior, son los incluidos como Códigos de Nomenclatura en las secciones y capítulos, señalados a continuación de conformidad con el Reglamento (CEE) n.º 2658/87 del
Consejo de 23 de julio de 1987, relativo a la nomenclatura arancelaria y estadística y al arancel aduanero común.
Los productos a que se refiere el párrafo precedente deben destinarse al consumo humano, alimentación animal, la construcción y/o combustibles.
Sección I
Animales vivos y productos del reino animal.
Capítulo.
1. Animales vivos 27.
2. Carnes y despojos comestibles.
3. Pescados y crustáceos, moluscos y otros invertebrados acuáticos.
4. Leche y productos lácteos; huevos de ave; miel natural; productos comestibles de origen animal no expresados ni comprendidos en otras partidas.
Sección II
Productos del reino vegetal.
Capítulo.
6. Plantas vivas y productos de la floricultura.
7. Legumbres y hortalizas, plantas, raíces y tubérculos.
8. Frutos comestibles, cortezas de agrios o de melones.
9. Café, té, yerba mate y especias.
10. Cereales.
11. Productos de la molinería; malta; almidón y fécula; inulina; gluten de trigo.
12. Semillas y frutos oleaginosos; semillas y frutos diversos; plantas industriales o medicinales; paja y forrajes.
13. Gomas, resinas y demás jugos y extractos vegetales.
Sección III
Grasas y aceites animales o vegetales; productos de su desdoblamiento; grasas alimenticias elaboradas; ceras de origen animal o vegetal.
Capítulo.
15. Grasas y aceites animales o vegetales; productos de su desdoblamiento; grasas alimenticias elaboradas; ceras de origen animal o vegetal.
Sección IV
Productos de las industrias alimentarias; bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre; tabaco y sucedáneos del tabaco elaborados.
Capítulo.
16. Preparaciones de carne, de pescado o de crustáceos, de moluscos o de otros invertebrados acuáticos.
17. Azúcares y artículos de confitería.
18. Cacao y sus preparaciones.
19. Preparaciones a base de cereales, harina, almidón, fécula o leche; productos de pastelería.
20. Preparaciones de legumbres u hortalizas, de frutos o de otras partes de plantas.
21. Preparaciones alimenticias diversas.
22. Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre (Excepto Códigos NC 22.05 a 22.08).
23. Residuos y desperdicios de las industrias alimentarias; alimentos preparados para animales (Exclusivamente el Código 22.09).
Sección V
Productos minerales.
Capítulo
25. Sal; azufre; tierras y piedras; yesos, cales y cementos (Exclusivamente los Códigos NC 25.01 y 25.05).
27. Combustibles minerales, aceites minerales y productos de su destilación materias bituminosas; cera.
Sección XIII
Manufacturas de piedras, yeso, cemento, amianto, mica o materias análogas; productos cerámicos; vidrio y manufacturas de vidrio.
Capítulo.
69. Productos cerámicos (Exclusivamente Códigos NC 69.01 a 69.08).'
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de agosto de 2022.-Joan Baldoví Roda, Portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Plural.
161/004430
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para promover medidas que garanticen el
cumplimiento del principio de igualdad en el acceso a los procesos de empleo público de las personas con dislexia, para su debate en Comisión.
Exposición de motivos
La dislexia es una dificultad de aprendizaje de origen neurobiológico. Se caracteriza por dificultades en el reconocimiento de las palabras escritas, y en un déficit en la decodificación lectora y en la escritura. La dislexia no está
relacionada con la inteligencia y afecta aproximadamente al 10% de la población. Se cree que este porcentaje es mucho mayor, ya que existe una falta de regulación con respecto a la identificación de y atención a las personas con dislexia.
Por ello, resulta imprescindible responder global y eficazmente, en especial en el sistema el educativo y profesional, y organizar una estrategia integral que garantice la igualdad de oportunidades. Es necesario garantizar por parte de los
organismos públicos el diagnóstico y tratamiento público del problema para eliminar la brecha socioeconómica y se debe reconocer administrativamente como una discapacidad para gozar de las ventajas necesarias. Otros países (Gran Bretaña, EE.UU.)
realizan estos ajustes desde hace más de una década y las personas con dislexia se ven amparadas por leyes como The Equality Act 2010 o Americans with Disabilities Act (ADA) que no permiten que este colectivo sea discriminado.
Las personas que tienen esta condición sufren muchas complicaciones en su desarrollo escolar y laboral, y a menudo son incomprendidas, todo debido a la falta de adaptación de las instituciones a su situación. Ya desde la etapa escolar se
dificulta los exámenes al alumnado. Y ya en la etapa adulta empiezan a aparecer las primeras barreras en cuanto al acceso a los diferentes puestos de trabajo. También al opositar ocurre lo mismo, por ejemplo, la configuración de la propia
plantilla de respuestas supone un obstáculo para la realización de las pruebas, y los extensos enunciados lo complican aún más.
Siendo cierto la oportunidad de libre inscripción del conjunto de la ciudadanía a estas ofertas de empleo, el diseño en el formato de las diferentes pruebas( orales, de escritura, lectura o tipos de test) sin disponer de ajustes razonables,
colocan a este colectivo y otros en una clara discriminación al objeto de demostrar su competencia como candidatos a la categoría profesional para la que se postulan. Es mediante el informe de un especialista en psicopedagogía como se determina la
concreta dificultad que presenta una persona con dislexia, por lo que sería recomendable que las adaptaciones de estas pruebas fueran en consonancia con las necesidades de cada una de las personas que solicita la adaptación que analiza las concretas
dificultades y las posibles soluciones para salvar las mismas.
Tal y como han manifestado muchos afectados la dislexia y trastornos específicos del aprendizaje de base neurobiológica su condición les impide la posibilidad de participar en las OPE en igualdad de condiciones. La dislexia no está
contemplada legalmente como discapacidad, lo que hace que en muchos casos se complique la posibilidad de amoldar las pruebas a las personas afectadas. Teniendo en cuenta estas circunstancias se debería prever un modificación en el formato en que se
realizan estas pruebas para garantizar el acceso en condiciones de igualdad a las oposiciones, tal y como establece nuestra Carta Magna en su artículo 9.2 según el cual 'Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la
libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica,
cultural y social'.
Por todo ello, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso insta al Gobierno de España a:
1. Promover la adopción de medidas de accesibilidad tanto en la información para las personas con dislexia, como para la toma de decisiones, mediante los apoyos pertinentes en el aprendizaje, exámenes o pruebas, y oposiciones, cumpliendo de
esta forma con el mandato previsto en el artículo 9.2 de nuestra Constitución.
2. Promover los cambios necesarios en la clasificación de la dislexia como trastorno discapacitante a efectos administrativos en las etapas o situaciones en las que la persona disléxica se enfrente a pruebas con alto componente de
lectoescritura, lo que le supone una auténtica barrera para su desarrollo en su vida profesional.
3. Que se tengan en cuenta otras diversidades específicas del aprendizaje a estos mismos efectos.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de agosto de 2022.-Edmundo Bal Francés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
161/004435
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley, para la adopción de medidas dirigidas a mejorar y
agilizar la rendición de cuentas en el sector público local, para su posterior debate en la Comisión de Hacienda y Función Pública.
Exposición de motivos
El Texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 marzo (TRLRHL) regula, en su artículo 200 y siguientes, la obligación de las entidades locales de rendir cuentas al Tribunal
de Cuentas, así como de formar anualmente la Cuenta General que ponga de manifiesto la gestión económica, financiera, patrimonial y presupuestaria del correspondiente municipio.
El cumplimiento de esta obligación legal resulta, sin embargo, notoriamente insatisfactorio, bien porque existe un número muy significativo de entidades locales que no rinden cuentas, o bien porque, las que sí lo hacen, lo hacen generalmente
fuera de plazo, en unos plazos que ya son de por sí demasiado extensos.
A continuación exponemos esta problemática en mayor detalle y sugerimos algunas mejoras, al hilo de las reiteradas sugerencias que viene realizando a este respecto el Tribunal de Cuentas desde hace más de veinte años, en particular, en su
reciente 'Moción N.º 1.451 relativa a las medidas para promover la rendición de las cuentas generales y la reducción de los plazos de rendición de cuentas en el sector público local', de 28 de octubre de 2021.
1. Ausencia de rendición de cuentas por un elevado número de entidades locales. A pesar de ser la rendición de cuentas una obligación legal, y a pesar de su enorme importancia para contar con instituciones transparentes y eficazmente
gestionadas en las que los ciudadanos puedan confiar, el sector público local presenta unos muy deficientes niveles de rendición de cuentas, que van además empeorando, como denuncia reiteradamente el Tribunal económico.
Tan es así, que en la Declaración suscrita por el presidente del Tribunal de Cuentas y los presidentes de la totalidad de los OCEX, en 2017, sobre medidas para estimular la rendición de cuentas de las entidades locales, se advierte de la
existencia de 'núcleos de opacidad que omiten de manera sistemática esta obligación [...] impidiendo, en consecuencia, que el conjunto de las Administraciones públicas, los vecinos y la ciudadanía en general puedan conocer cómo se gestionan los
recursos públicos, produciéndose un agravio hacia las entidades que atienden sus obligaciones, al no ser reprobados los incumplimientos'.
Efectivamente, el incumplimiento de la obligación de rendir cuentas implica, en teoría, consecuencias legales importantes para las entidades locales incumplidoras, si bien las mismas pierden toda efectividad práctica en la medida en que no
se aplican de manera rigurosa.
Tres son las principales consecuencias del incumplimiento:
1. Posibilidad de retención de las entregas a cuenta, anticipos y liquidaciones definitivas de la participación de la entidad local en los tributos del Estado, hasta que se considere cumplida la obligación de remisión (ex artículo 36.1 de
la Ley 2/2011, de Economía Sostenible). Sobre este particular, el Tribunal de Cuentas denuncia que esta medida coercitiva nunca ha llegado a aplicarse, a pesar de que el mismo
comunica anualmente quienes son las entidades locales incumplidoras. Así, a solicitud de información sobre la inaplicación de esta medida, la Secretaría General de Financiación Autonómica y Local argumentó que esta retención se configura
como una potestad discrecional en la normativa y no una obligación; que existen grandes dificultades de gestión para llevarla a cabo; que incrementaría la litigiosidad contra la propia Secretaría General que generaría disfuncionalidades en dicho
órgano; y que no sería práctica. Frente a dichas razones, no obstante, el Tribunal fiscalizador opone que el Ministerio de Hacienda sí practica dichas retenciones siempre que el incumplimiento se refiere a la obligación de comunicar la liquidación
del presupuesto municipal al citado Ministerio, contenida en el párrafo previo del mismo artículo citado. Así resulta, por ejemplo, la práctica de retenciones a todas las entidades locales incumplidoras con dicha obligación en el ejercicio 2019 (un
total de 63), frente a la ausencia total de retenciones a ninguna de las 3.152 entidades incumplidoras con la obligación de rendición de cuentas en el mismo ejercicio. De todo ello resulta que la Administración General del Estado, pese a las
reiteradas solicitudes del Tribunal, no aplica esta previsión normativa alegando motivos que no opone con relación al presupuesto, siendo así que su puesta en práctica sí redundaría de manera notable en el incremento del cumplimiento de la
obligación de rendición de cuentas.
2. Imposición de multas coercitivas por parte del Tribunal de Cuentas, ex artículo 42.3 de la Ley Orgánica 2/1982, del Tribunal de Cuentas, con relación al artículo 30.5 de la Ley 7/1988, de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas. Sobre
este particular, es necesario destacar que el importe de las multas contempladas hoy en la normativa, que van de los 60,10 a los 901,52 euros, y que han permanecido sin cambios desde su aprobación hace más de treinta años, resulta notoriamente
insuficiente a efectos de tener carácter disuasorio al incumplimiento de estas obligaciones para con el Tribunal, por lo que éste recomienda actualizar su cuantía hasta los 600 a 9.000 euros, a título orientativo. Con ello, se fortalecería la
efectividad de esta medida.
3. Prohibición de recibir subvenciones y ayudas públicas mientras no se hallen al corriente en la rendición de cuentas, en las comunidades autónomas que así lo hayan establecido. Es ésta una de las medidas más eficaces para conseguir el
objetivo pretendido, y lo demuestra el hecho de que las entidades locales sitas en comunidades que tienen contemplada esta consecuencia, son las que presentan mejores niveles de rendición de cuentas del país.
2. Plazos demasiado elevados para la rendición de la cuenta general. En un segundo plano, y una vez contempladas medidas que aseguren el cumplimiento de la obligación de rendición de cuentas, es importante potenciar que ello se realice en
un plazo no excesivamente largo ni alejado en el tiempo con respecto al ejercicio al que la cuenta se refiere. De lo contrario, la misma resultará ineficaz en la práctica. El artículo 223.2 del TRLRHL, dispone que la cuenta general debe ser
rendida al Tribunal de Cuentas antes del 15 de octubre de cada año, lo que supone un plazo demasiado dilatado de casi diez meses desde el cierre del ejercicio, amén de que casi el 50% de las entidades locales remiten sus cuentas fuera de plazo, lo
que resulta inaceptable.
Al respecto del plazo, cabe hacer además las siguientes consideraciones:
A) Plazo desactualizado. Este plazo se estableció por primera vez en la normativa hace más de treinta años, sin que se haya visto modificado desde entonces, a pesar de los enormes avances habidos durante este tiempo en la obtención,
tratamiento y remisión de información y datos por medios electrónicos, lo que posibilitaría la rendición de la cuenta general en un plazo mucho más breve -el Tribunal sugiere el 30 de junio-, si hubiera voluntad y convicción política para ello.
B) Disparidad de plazos entre los distintos territorios. El hecho de que las respectivas normativas autonómicas también regulen la obligación de que las entidades locales rindan las cuentas generales al correspondiente OCEX en aquellas
comunidades que dispongan del mismo, ha derivado en que existan plazos heterogéneos de cumplimiento en cada administración, en vez de un plazo unificado para todo el país, siendo así que el procedimiento se basa en el principio de rendición única y
cumplimiento simultáneo, mediante un mismo acto.
En vista de todo cuanto se ha expuesto, resulta perentorio adoptar ya medidas que aseguren el cumplimiento por parte de las entidades locales de su obligación legal y moral de rendir cuentas a los órganos fiscalizadores de su gestión
económica y, en última instancia, a los ciudadanos. Además, resulta bochornoso el desprecio con que los diferentes gobiernos han venido tratando las recomendaciones certeras hechas por el Tribunal de Cuentas sobre este particular y tantos otros,
ignorando sistemáticamente
y durante décadas las mismas que, por cierto, son en su inmensa mayoría ratificadas por la Comisión Mixta parlamentaria que trata de las relaciones con el citado Tribunal, y a quien también se ignora.
Por todo cuanto antecede, el Grupo Parlamentario Ciudadanos en el Congreso, presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Modificar la redacción contenida en el segundo párrafo, del apartado primero, del artículo 36 de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible, con el fin de que la práctica de la retención del importe de entregas a cuenta,
anticipos o liquidaciones definitivas a las entidades locales que incumplieran su obligación de rendición de la cuenta general al Tribunal de Cuentas, sea preceptiva y no potestativa.
2. Actualizar e incrementar los importes de las multas coercitivas previstos en el artículo 30.5 de la Ley de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas, a cuantías que resulten realmente disuasorias al incumplimiento de su obligación de
rendición de cuentas por parte de las entidades locales.
3. Realizar las modificaciones legislativas que procedan, en conjunción con las comunidades autónomas, a fin de establecer como condición para que las entidades locales puedan ser beneficiarias de toda clase de subvenciones o ayudas
públicas, de cualquier nivel de la Administración, el estar al corriente en la rendición de sus cuentas generales.
4. Realizar la modificación del artículo 212, así como del apartado 2 del artículo 223 del TRLRHL, con el fin de reducir los plazos del procedimiento de rendición, publicidad y aprobación de la cuenta general de las entidades locales,
actualmente situado en más de cuatro meses, estableciendo que la misma deberá ser remitida al Tribunal o al OCEX respectivo, no más tarde del 30 de junio del ejercicio siguiente a aquel al que la cuenta general se refiera.
5. Impulsar la homogeneización de los plazos de rendición de cuentas en todo el territorio, al Tribunal de Cuentas y a los OCEX que correspondan, estableciendo como fecha límite para su remisión el citado 30 de junio, de conformidad con las
recomendaciones conjuntas a este respecto realizadas por el Tribunal de Cuentas y por todos los OCEX existentes.'
Palacio del Congreso de los Diputados 1 de septiembre de 2022.-Edmundo Bal Francés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Comisión de Interior
161/004378
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Plural, a instancia del Diputado del Bloque Nacionalista Galego (BNG) Néstor Rego Candamil, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente
Proposición no de Ley sobre la declaración de zona catastrófica en los Concellos afectados por los incendios en Galiza. para su debate en la Comisión de Interior.
Exposición de motivos
En los últimos días el fuego ha castigado duramente a distintos concellos de Galiza, arrasando unas 20.000 hectáreas en un total de 16 incendios registrados desde el jueves 14 de julio según las primeras estimaciones. Según los últimos
datos de la Consallería de Medio Rural, son ya más de 1.400 las personas desalojadas por estos incendios en 80 núcleos de población pertenecientes a O Courel (Lugo) -unos 60 núcleos- y a Valdeorras (Ourense) -unas 20 aldeas-.
El incendio más grande sigue siendo el originado en la parroquia de Riodolas, del Concello de Carballeda de Valdeorras y que ha quemado unas 7.500 hectáreas de terreno en la comarca, extendiéndose a ambos márgenes del río sil y entrando en
el Parque Natural Serra da Enciña da Lastra. El segundo en extensión de los numerosos fuegos que afecta a Galiza es el que ha calcinado 7.500 hectáreas en O Courel (Lugo), después de que se unieran cuatro incendios previos.
No sólo se ha destruido masa forestal, sino que en su imparable avance ha afectado a viviendas y aldeas por completo. Este es el caso de la parroquia de Alixo en O Barco de Valdeorras de (Ourense), donde han ardido 15 casas, según ha
confirmado su alcalde. Entre otros, también se han quemado un par de casas en el núcleo de Río de Bois, en A Pobra do Brollón, así mismo se han visto afectados a Veiga de Cascallá en Rubiá y en la aldea de Vilar, en Folgoso do Courel. Así, según
los últimos datos de los que se disponen, son ya un total de 85 casas las destruidas por el fuego.
La Xunta ha informado este martes de que hay aún nueve incendios activos de más de 20 hectáreas, y en tres de ellos está declarada cautelarmente la situación 2 por cercanía a los núcleos de población, y que obligaron a desalojar viviendas.
Los mayores fuegos son el que se ubica entre Folgoso do Courel y A Pobra do Brollón (Lugo), con 4.900 hectáreas quemadas; el que comenzó en la parroquia de Seceda, también en Folgoso do Courel, con 1.100 hectáreas; y en el de Carballeda de
Valdeorras, que ya lleva 7.500 hectáreas afectadas. Los demás fuegos activos se sitúan en Palas de Rei, en Cervantes (ambos en Lugo), en Oímbra y uno en Vilariño de Conso (ambos en Ourense), con 2.750 hectáreas afectadas en el parque natural de O
Invernadeiro.
Aunque falta por controlar y declarar extinguidos muchos de estos incendios, es necesario iniciar las medidas que puedan reparar e indemnizar los daños causados, por todo ello, sería importante que la Administración General del Estado, una
vez terminado el balance de daños, impulsase la declaración de emergencia de protección civil.
Desde luego, la prioridad en este momento es apagar los fuegos, pero debe pensarse ya en el día después y, en este sentido, proponemos la declaración de zona catastrófica para que haya ayudas, recursos y se pongan todos los medios necesarios
para la recuperación de las tierras y viviendas quemadas. Debe existir colaboración de todas las administraciones para que se revierta el daño que causado.
La Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil, contempla que cuando ocurra un fenómeno extraordinario por su magnitud y gravedad y altere las condiciones de vida de los ciudadanos, el procedimiento para poner en
marcha los diferentes tipos de medidas es la 'declaración de emergencia de protección civil' por Acuerdo del Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio de Hacienda y de Interior. Para una declaración de este tipo, la ley recoge que 'se
valorará que se hayan producido daños personales o materiales derivados de un siniestro que perturbe gravemente las condiciones de vida de la población en un área geográfica determinada..'. Eso precisamente ha ocurrido en Viveiro.
El capítulo V de dicha normativa, titulada 'Recuperación' contempla cuestiones referidas a las fases de recuperación, la reparación de los daños materiales y de los daños personales. En el artículo 23 se establece el procedimiento de
declaración de zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil; el artículo 24 contempla las medidas aplicables, entre ellas las ayudas económicas a particulares por daños en vivienda habitual y enseres de primera necesidad, o
también la posibilidad de aplicar medidas fiscales como la recogida en el artículo 7.º que indica que 'las ayudas por daños personales estarán exentas del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas', entre otras muchas exenciones fiscales.
También se recogen medidas laborales y de Seguridad Social.
Resulta evidente que la catástrofe derivada de los graves incendios producidos en Galiza en estos días se ajusta perfectamente a dicha declaración, razón por la cual, presentamos la siguiente Proposición no de Ley.
Por todo lo expuesto anteriormente, el BNG presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno del Estado a:
1. Iniciar el procedimiento de declaración de las zonas afectadas por los incendios de Galiza como zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil por la gran extensión de terreno calcinado y las viviendas destruidas,
aplicando para ello lo contemplado en el artículo 23 de la Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil que indica en su punto 1 que: 'la declaración de zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil
prevista en esta ley se efectuará por acuerdo del Consejo de Ministros, a propuesta de los Ministros de Hacienda y de Interior y, en su caso, de los titulares de los demás ministerios concernidos, e incluirá, en todo caso, la delimitación del área
afectada. Dicha declaración podrá ser solicitada por las administraciones públicas interesadas'.
2. A tal objeto, aprobar las medidas contempladas en el artículo 24 de la Ley que comprende ayudas económicas a particulares, así como medidas fiscales de exención tributaria y medidas laborales y de Seguridad Social.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de julio e 2022.-Néstor Rego Candamil, Portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Plural.
161/004387
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para paliar los efectos ambientales y
económicos derivados de los incendios forestales sucedidos durante el mes de julio de 2022, para su debate en la Comisión de Interior.
Exposición de motivos
El pasado lunes 11 de julio, una tormenta seca y la consiguiente acción de los rayos, causaban varios incendios forestales en las provincias del centro-oriental de la península, como el declarado en Las Mesías, en el término municipal del
Ladrillar (Cáceres), que se extendía con rapidez traspasando los límites de la comunidad autónoma para afectar a Salamanca.
Los incendios forestales proliferaban en la provincia de Salamanca, como los declarados en Candelario, Puerto Seguro, Miranda del Castañar, Saelices el Chico, Garcibuey, San Felices de los Gallegos y Sobradillo, que obligaban a la Junta de
Castilla y León a declarar el nivel 2 por acumulación de focos.
Las malas condiciones climáticas, con altas temperaturas, baja humedad relativa y viento, unido a la cantidad de combustible acumulado en el bosque, hacían que la magnitud de las llamas se encontrase fuera de la capacidad de extinción, con
un pronóstico muy desfavorable.
Pendiente de la evolución de los incendios de principio de semana, el jueves 14, las llamas rodearon el pueblo de Casas de Miravete (Cáceres) y se propagaron de madrugada por el interior del Parque Nacional de Monfragüe. Ese mismo día, los
rayos provocaron varios incendios en Galicia.
El día siguiente, viernes 15, un fuego se declaraba en el paraje El Higuerón, en el término municipal de Mijas (Málaga), así como en la zona de Figueruela de Abajo (Zamora), en las inmediaciones de la Sierra de la Culebra, y en Roelos de
Sayago (Zamora) o en Navafría (Segovia). Los diferentes incendios en una decena de municipios de Galicia, como los tres focos de Folgoso do Courel (Lugo) y el de A Pobra do Brollón (Lugo) o Carballeda de Valdeorras (Ourense), avanzaban inexorables.
Las noticias sobre desalojos se sucedían en los distintos lugares por la proximidad de las llamas a los núcleos urbanos y las viviendas aisladas. Los diferentes responsables de extinción coincidían en la virulencia de los incendios.
El sábado, un total de 15 incendios permanecen activos en Castilla y León, de los cuales cuatro se encontraban en nivel 2. A su vez se iniciaba en el término municipal de Cebreros (Ávila) un nuevo siniestro. El domingo se declaraba un
nuevo incendio en Losacio (Zamora) en el que, finalmente, ha habido que lamentar el fallecimiento de dos personas, un brigadista de extinción y un ganadero de Escober de Tábara. También se declaraban otros incendios en el entorno de la Garganta de
los Infiernos en el Valle del Jerte (Cáceres) y en Pont de Vilomara (Barcelona).
Estos son algunos ejemplos de las localidades que sufrieron el devastador efecto del fuego. El resultado, independientemente de la evolución particular de cada incendio, son miles de hectáreas calcinadas en pocos días, daños personales y de
bienes, así como un tremendo daño medioambiental, un revés para la actividad económica de cada región.
Sin duda, se trata de un año meteorológicamente complicado, y los incendios forestales sigue dejando cicatrices en nuestro territorio y huella en aquellas personas afectadas, en sus propiedades o el patrimonio natural y paisajístico. El
fuego no sabe de fronteras ni de competencias administrativas y cada vez es más patente que los incendios deben prevenirse y se deben apagar en los primeros instantes, cuando aún se consideran conatos; de lo contrario, hay muchas posibilidades de
convertirse en Grandes Incendios
Forestales con afectación a amplias superficies, poniendo en peligro de vidas humanas, afecciones al medio natural y a la economía de las zonas afectadas.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Elaborar, en colaboración con las administraciones afectadas y a la mayor brevedad posible, un informe con la evaluación de todos los incendios forestales que han afectado a las distintas comunidades autónomas durante el mes de julio de
2022, determinando y cuantificando el alcance real de los mismos, y activar las ayudas derivadas de la situación de emergencia o naturaleza catastrófica, especialmente de los calificados como 'gran incendio' o que hayan afectado a la población o
espacios naturales singulares.
2. Analizar la declaración de zona gravemente afectada por una emergencia de protección civil, según el procedimiento y a los efectos de lo establecido en la Ley 17/2015, de 9 de Julio, en los municipios afectados por los incendios
forestales sucedidos durante el mes de julio de 2022.
3. En atención a la declaración de zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil, aplicarlas medidas dispuestas en el artículo 24 de la Ley 17/2015, de 9 de julio, que resulten convenientes para paliar los daños provocados
por los incendios y, en concreto:
a) Conceder ayudas económicas a particulares por daños a vivienda habitual y enseres de primera necesidad que procedan.
b) Realizar la compensación a las corporaciones locales afectadas por gastos derivados de actuaciones inaplazables.
c) Aprobar las correspondientes ayudas a personas físicas o jurídicas que hayan llevado a cabo la prestación personal de servicios y bienes.
d) Aprobar las correspondientes ayudas destinadas a establecimientos industriales, mercantiles y de servicios.
e) Aprobar, si procede, fas subvenciones por daños en infraestructuras municipales y red viaria provincial.
f) Aprobar, si procede, las subvenciones por daños en infraestructuras hidráulicas que se hayan podido ver afectadas por las llamas, en particular aquellas que dan servicio a las comunidades de regantes y pequeños agricultores.
g) Aprobar, si procede, las subvenciones por daños en producciones agrícolas, ganaderas y forestales.
h) Aprobar medidas fiscales, laborales y de la Seguridad Social.
4. Evaluar, si procede, las medidas excepcionales de autorización de reducción de los índices de rendimiento neto de las explotaciones y actividades agrarias realizadas en las zonas siniestradas.
5. Colaborar, con las administraciones competentes, en la realización de los trabajos de restauración forestal y ecológica de las áreas afectadas por los incendios y coordinar las medidas de carácter preventivo, para evitarla repetición de
situaciones similares.
6. Que el Gobierno comunique a los ayuntamientos afectados su decisión sobre la aprobación de las medidas de ayudas aplicadas de cara a la previsión de presupuestos municipales.
7. Llevar a cabo la coordinación y seguimiento de las medidas para lograr su máximo desarrollo, creando una comisión de coordinación según lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley 17/2015, de 9 de julio.
8. Solicitar las ayudas que el Fondo de Solidaridad de la Unión Europea pone a disposición de los Estados para compensar las pérdidas y daños causados por los incendios y sus consecuencias.
9. Destinar más Fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, a la recuperación y gestión forestal sostenible en las zonas afectadas, así como a la dotación de infraestructuras y medios de extinción.
10. Habilitar, antes situaciones excepcionales como las vividas durante los días del mes de julio, los protocolos de contingencia que permitan la participación de otras unidades del ejército, diferentes del operativo de intervención propio
en los supuestos de grave riesgo, catástrofe, calamidad u otras necesidades públicas, para reforzarlas labores de prevención, apoyo a la extinción y extinción de los incendios forestales y/o como operativo de vigilancia y disuasión.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de julio de 2022.-Concepción Gamarra Ruiz-Glavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/004389
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley por la que se insta al Gobierno a la
adopción de determinadas acciones para evitar los actos de violencia política de la izquierda abertzale y se condena el acaecido contra el Alcalde de Pamplona, para su debate en la Comisión de Interior.
Exposición de motivos
El pasado jueves 7 de junio radicales abertzales agredieron al alcalde y a parte de los ediles del Ayuntamiento de Pamplona, dejando tres policías heridos. Estos actos de violencia política se han registrado durante la tradicional procesión
del santo por las calles del Casco Viejo.
Tres agentes de la Policía Municipal de Pamplona resultaron heridos mientras protegían a la comitiva municipal, uno de los principales objetivos de los violentos era el alcalde de la ciudad, Enrique Maya, de Navarra Suma. El regidor
denunció que 'ha sido un acto que supera todos los límites, casi como un linchamiento' y señaló que los responsables son 'del entorno de Bildu'.
La tradicional procesión del santo por el casco viejo de la capital navarra ha sido, durante años, el momento elegido por los radicales para atacar a la comitiva municipal. La calle Curia, donde se produjeron los incidentes, y la cercana
Mercaderes, es un lugar habitual de reunión de la izquierda abertzale en la capital navarra. Fue en esa zona donde arreciaron los gritos de 'UPN kanpora' y los insultos a los miembros de la Corporación, en especial contra Maya y la edil socialista
Maite Esporrín. 'Nunca había sufrido tanto. Ha sido la vez más dura', lamentó el alcalde.
La tensión fue creciendo y, tras los insultos, comenzó un lanzamiento de vasos y otras las agresiones. El balance provisional es de tres policías municipales heridos de diferente consideración. Uno sufre una rotura del tabique de la nariz
por un puñetazo, por la que fue intervenido, otro padece una lesión en el tobillo por una patada y el último ha recibido el impacto de un vaso en la cara. Los agentes lograron trasladar al alcalde y a los ediles, sanos y salvos, hasta el interior
de la Catedral.
En la procesión de 2019, la última antes de la pandemia, un grupo de personas increparon a los representantes de UPN y la Policía Municipal tuvo que hacer un cordón de seguridad para que pudieran pasar. En este mismo punto, en 2011, el
policía municipal Iñigo de Zia fue arrastrado a un bar y sufrió una paliza cuando custodiaba el paso de la procesión. Es la última víctima del terrorismo reconocida.
Durante los años del terrorismo de ETA esta procesión fue objetivo principal de los actos de Kale borroka o terrorismo de baja intensidad en las fiestas de San Fermín. El alcalde de Pamplona ha calificado estos hechos de 'auténtico
fascismo' al tiempo que insta a EH Bildu a condenarlos, 'no puede estar al margen de que a un partido democrático se le quiera linchar'.
Una declaración de la Junta de Portavoces del Ayuntamiento de Pamplona aprobada con el respaldo de Navarra Suma y el PSN, ha condenado 'sin paliativos' la agresión sufrida por los concejales de Navarra Suma y el PSN 'y especialmente por el
alcalde, objetivo prioritario de los agresores'. La declaración, que ha contado con el voto en contra de Geroa Bai y la ausencia de votos de EH Bildu, también muestra el agradecimiento a los agentes de la Policía Municipal por su labor de
protección y expresa su solidaridad con los policías heridos.
Desde la coalición Navarra Suma, su máximo responsable, Javier Esparza ha calificado de 'Absolutamente intolerables e impropias de una sociedad civilizada y democrática' las agresiones. Esparza se ha dirigido a la presidenta socialista de
Navarra, María Chivite 'para que reflexione acerca de con quiénes están pactando y en quiénes se apoyan para gobernar, que son los que rompen la convivencia de manera sistemática en nuestra Comunidad y no respetan a nada ni a nadie'.
La kale borroka una estrategia que pretende utilizar la violencia para imponer su ideología, expulsar del territorio a los que no piensan como ellos y lograr en última instancia la independencia de ese territorio mediante la
desestabilización del sistema democrático.
Los últimos actos de kale borroka en Pamplona se enmarcan dentro de un proceso para intentar imponer un relato tras el fin del terrorismo de ETA basado en un blanqueamiento de sus crímenes, así como del movimiento social y político que dio
cobertura y apoyo a la banda asesina.
Se quiere, mediante técnicas de manipulación social y propaganda creciente, imponer una postverdad consistente en que se habría logrado una especie de paz entre partes enfrentadas en un conflicto político violento, que habría tenido su
origen en disputas ideológicas y territoriales. Lograrían con ello situar en un plano de igualdad tanto a los verdugos, como a las víctimas.
Es sin duda una infamia en toda regla. Un planteamiento negacionista que debería ser sancionado severamente. No se puede mínusvalorar la práctica sistemática del terror con fines de limpieza identitaria contra los no nacionalistas cometido
en las Comunidades Autónomas Vasca y Navarra, sin caer con ello en conductas propias de ideologías totalitarias que niegan los genocidios practicados por sus correligionarios.
En esta estrategia de blanqueo es parte esencial el Gobierno que depende del apoyo de los partidos que nunca condenaron el terrorismo de ETA. Así lo acredita los pactos de gobierno en Navarra, las alianzas municipales y los acuerdos
parlamentarios en el Congreso. Son parte del camino desarrollado por el PSOE desde que levantaron el veto a Bildu para convertirlo en un socio 'respetable' y 'preferente' del sanchismo.
La izquierda abertzale está envalentonada por la tolerancia del Gobierno para con sus ataques a la convivencia democrática, entre los que se encuentran actos de odio y violencia política extremadamente graves como los acontecidos el día de
San Fermín en Pamplona.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados:
1. Condena los actos de violencia política producidos el 7 de julio de 2022 en los términos del acuerdo aprobado por la Junta de Portavoces del Ayuntamiento de Pamplona:
- Condenar sin paliativos la agresión sufrida por los concejales de Navarra Suma y del Partido Socialista de Navarra y, especialmente, por el alcalde, objetivo prioritario de los agresores.
- Mostrar todo el agradecimiento municipal a los agentes municipales participantes en el operativo de protección y mostrar todo su apoyo y solidaridad a los policías heridos.
2. Insta al Gobierno a:
a) Desarrollar todas las acciones necesarias para identificar y detener a todos los autores de los actos de kale borroka sufridos por el Alcalde de Pamplona, otros miembros de la corporación municipal y la policía local.
b) Aumentar el control sobre los preparativos y ejecución de actos de violencia política de la izquierda abertzale para evitar que se reproduzcan.
c) Excluir de los pactos y acuerdos políticos promovidos por el Ejecutivo a los partidos que no condenan explícitamente los crímenes de ETA e intentan legitimar su existencia.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de julio de 2022.-Ana María Beltrán Villalba, Diputada.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/004393
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francisco Javier Ortega Smith-Molina, don José María Figaredo Álvarez-Sala, don Francisco José Alcaraz Martos, don Luis Gestoso de Miguel, don Ignacio Gil Lázaro y doña María Teresa López Álvarez, en sus respectivas condiciones de
Portavoz Adjunto, Portavoz sustituto y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo establecido en los artículos 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente Proposición no de Ley
para el establecimiento de una oficina permanente de FRONTEX en Ceuta y Melilla, para su discusión en la Comisión de Interior.
Exposición de motivos
Primero. La crisis de inmigración ilegal de Ceuta y Melilla.
España está sufriendo una de las mayores crisis de inmigración ilegal de los últimos años. Las cifras de llegadas de inmigrantes ilegales desde que don Pedro Sánchez Pérez-Castejón llegó al Gobierno se han incrementado exponencialmente con
respecto a los años anteriores. Teniendo en cuenta los datos acumulados anuales, aportados por los informes quincenales del Ministerio del Interior, la evolución de la inmigración ilegal es la siguiente: el total de llegadas a España en 2017 fue
de 27.834; 64.298 en 2018; 32.513 en 2019; 42.097 en 2020 44; y en 2021 la cifra fue de más de 52.000 45. En cuanto al presente año, según el último informe quincenal, datos acumulados desde el 1 de enero al 15 de junio de 2022, han entrado
ilegalmente 13.561 personas, lo que supone un 19% más que en el mismo periodo del año anterior (11.393) 46.
Una vez expuesta, con carácter general, la grave crisis de inmigración ilegal que atraviesa España, la situación en Ceuta y Melilla es particularmente preocupante. Los datos de llegadas ilegales a dichas regiones no dejan de crecer e
incrementarse respecto de años anteriores.
Así, el año pasado llegaron a Ceuta y Melilla por vía terrestre un total de 1.845 inmigrantes ilegales, lo que supuso un incremento del 7,8% en relación con el año anterior. Solo en Ceuta, este aumento fue de más del 169% con respecto al
año anterior (sin contar, además, la crisis migratoria sufrida en mayo). En lo que va de 2022, según los datos del último informe quincenal del Ministerio del Interior, el total de inmigrantes ilegales llegados a Ceuta y Melilla por vía terrestre
es de 1.402, lo que supone un incremento del 80% con relación al mismo periodo del año anterior (663). Especial mención por su gravedad merecen las grandes invasiones que se han producido en los dos últimos años en ambas ciudades, siendo la última
de ellas la ocurrida el pasado 24 de junio:
- La primera tuvo lugar en 2021, cuando los días 17 y 18 de mayo de 2021 se produjo la mayor avalancha migratoria registrada en Ceuta: más de 10.000 inmigrantes cruzaron ilegalmente la frontera de Ceuta, fundamentalmente por el paso
fronterizo del Tarajal 47, mientras las autoridades marroquíes permitieron el paso ilegal de sus nacionales por la frontera.
Esta situación puso de manifiesto la vulnerabilidad de España frente al Reino de Marruecos y puso en riesgo la soberanía nacional y la integridad de nuestras fronteras. El Gobierno de España brilló por su falta de respuesta ante tal acoso
migratorio.
- Una réplica de los anteriores hechos se produjo en Melilla durante los días 2 y 3 de marzo de este año. Durante estos días comenzaron a producirse intentos coordinados de entrada masiva ilegal y violenta de más de miles de subsaharianos a
Melilla, en la frontera de España, de nuevo con la complicidad del Reino de Marruecos y el concurso de mafias que se lucran con la inmigración ilegal de varones en edad militar y de la trata de mujeres. En este nuevo episodio de inusitada
violencia, los asaltantes, portando garfios, palos y lanzando tornillería y piedras, causaron varias decenas de agentes heridos a la Guardia Civil, que reclaman medios adecuados para repeler los ataques. El balance fue el siguiente: hasta 3.800
inmigrantes ilegales trataron de violar nuestra soberanía e integridad territorial, consiguiéndolo al menos 491 el primer día y 380 el segundo. A estos hechos se sumaron posteriormente varios nuevos intentos de asalto de la valla fronteriza.
- Por último, pasadas las 6 horas del pasado 24 de junio comenzó un nuevo asalto a la valla fronteriza de Melilla, a la que comenzaron a acercarse un gran número de inmigrantes ilegales. Dos horas después del asalto y del intento de parar
dicha avalancha por las autoridades marroquíes y españolas, lograron acercarse a la misma unos 500 inmigrantes ilegales, que rompieron con una cizalla la puerta de
44 Informes quincenales sobre Inmigración Irregular del Ministerio del Interior. Datos acumulados del 1 de enero al 31 de diciembre correspondientes a los años 2017, 2018, 2019 y 2020:
http://www.interior.gob.es/prensa/balances-e-informes/2020
45 La cifra del año 2021 es superior a la recogida por el Ministerio del Interior (42.097), ya que se han sumado los aproximadamente 10.000 inmigrantes ilegales que llegaron a Ceuta los días 17 y 18 de mayo que el Gobierno no contabilizó.
Además, el Ministerio del Interior cometió otras irregularidades en dicho informe, reflejando cifras menores a los datos aportado por otros organismos como ACNUR.
46 Ultimo informe quincenal del Ministerio del Interior, datos acumulados desde el 31 de enero al 15 de junio de 2022:
https://www.interior.gob.es/opencms/export/sites/default/.galleries/galeria-de-prensa/documentos-y-multimedia/balances-e-informes/2022/11_informe_quincenal_acumulado_01-01_al_15-06-2022.pdf
47 El proyecto Missing Migrants de la Organización Internacional de las Migraciones cifró en 10.390 los que accedieron a Ceuta por vía terrestre.
acceso y empezaron a acceder a esta ciudad española. Según la Delegación del Gobierno en Melilla, 133 inmigrantes ilegales lograron entrar.
Este intento masivo de asalto a la valla fronteriza, uno de los más numerosos de los últimos meses, casi 2.000 inmigrantes ilegales lo han intentado este fin de semana, se ha saldado con 23 subsaharianos fallecidos y 322 heridos, los cuales
serían 189 agentes marroquíes y españoles y otros 133, asaltantes. 48 Más de un centenar de inmigrantes ilegales se encuentran en el Centro de Estancia Temporal para Inmigrantes de Melilla.
Tal nuevo asalto ha transcurrido, tal y como apuntan desde diversos medios de comunicación, escasos diez días después del último intento. Así, desde fuentes de la Guardia Civil han indicado que los hechos de la semana pasada han estado
'perfectamente organizados y violentos' 49.
Los hechos expuestos no son más que una muestra de la preocupante presión de inmigración ilegal que viven Ceuta y Melilla, con trágicas repercusiones en la seguridad ciudadana de los ceutíes y melillenses, así como en la Seguridad Nacional.
Ceuta y Melilla son frontera de España y, por lo tanto, de la Unión Europea, pero los españoles que allí residen se encuentran absolutamente desamparados.
Segundo. Falta de medios suficientes para afrontar las crisis de inmigración ilegal y de inseguridad que sufre España.
Según los datos aportados por el Ejecutivo en 2021, en una respuesta a una pregunta parlamentario a diputados del Grupo Parlamentario VOX, la distribución de los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de Estado en estas ciudades es la
siguiente: en Ceuta hay 594 agentes de la Guardia Civil y 500 del Cuerpo Nacional de Policía; y en Melilla hay 622 de la Guardia Civil y 527 del Cuerpo Nacional de Policía (los efectivos disponibles agrupan las situaciones administrativas de
activo, 2.ª actividad con destino/ reserva ocupado y alumno en prácticas) 50.
En la misma respuesta parlamentaria, el Gobierno declaró que 'el número de agentes reflejado en el cuadro anterior se considera adecuado y ajustado para las situaciones ordinarias de vigilancia fronteriza. No obstante, es importante señalar
que estos efectivos se refuerzan cuando se considera necesario, con el envío de efectivos de Unidades de Seguridad Ciudadana para reforzar la seguridad en la impermeabilización del perímetro fronterizo'.
Sin embargo, la realidad es que en la práctica totalidad de estas avalanchas migratorias que se están produciendo en los últimos años en Ceuta y Melilla los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado se ven superados en número
y en medios por los inmigrantes ilegales, tanto por la absoluta inferioridad numérica para tratar de controlar los accesos de los ilegales como por la extrema violencia empleada por los asaltantes.
Coincidiendo con la reapertura de la frontera con Marruecos, los sindicatos del Cuerpo Nacional de Policía y las asociaciones profesionales de la Guardia Civil han vuelto a poner de manifiesto la falta de medios personales y materiales de
quienes protegen nuestras fronteras 51. A título de ejemplo, la Asociación Profesional Justicia para la Guardia Civil ('JUCIL'), con ocasión de la avalancha de Ceuta en marzo del presente año, denunció la 'desprotección' de la frontera sur de
Europa 'para controlar la invasión de subsaharianos por Melilla', dadas las 'constantes entradas ilegales de inmigrantes'. Por su parte, la Asociación Española de Guardias Civiles ('AEGC') afirmó que se trataba de 'un ataque coordinado a la
frontera de Melilla, los asaltos a la frontera ya no se hacen sin premeditación', y aseguró que 'los inmigrantes que tratan de acceder al primer mundo están organizados, saben en todo momento cómo tienen que actuar para que el mayor número de ellos
logre su objetivo y, además, vienen armados con garfios, palos y piedras' 52.
48 https://www.elconfidencial.com/espana/2022-06-25/asi-fue-el-intento-de-asalto-a-la-valla-de-melilla-que-deja-al-menos-18-fallecidos_3449889/
49 Casi un millar de subsaharianos rompen las puertas de acceso de la valla de Melilla de forma 'organizada y violenta'. ABC. Disponible en: https://www.abc.es/espana/abci-decenas-migrantes-saltan-valla-melilla-202206241022_noticia.html
[Última visita: 24/06/2022]
50 Respuesta del Gobierno a pregunta parlamentaria con núm. de Registro General 145998: https://intranet.congreso.es/entradap/l14p/e14/e_0145998_n _000.pdf
51 Los pasos de Ceuta y Melilla reabren entre críticas por falta de personal y medios para controlarlos. Libertad Digital. Disponible en:
https://www.libertaddigital.com/espana/2022-05-17/los-pasos-de-ceuta-y-melilla-reabren-entre-criticas-por-falta-de-personal-y-medios-para-controlarlos-6897549/
52 JUCIL denuncia la 'desprotección' de la frontera sur de Europa 'para controlar la invasión'. Melilla Hoy. Disponible en: https://melillahoy.es/jucil-denuncia-la-desproteccion-de-la-frontera-sur-de-europa-para-controlar-la-invasion/
Tercero. La protección de las fronteras de la Unión Europea en colaboración con los estados miembros.
La Agencia Europea de Guardia de Fronteras y Costas ('FRONTEX') fue creada en 2004 con el objetivo de ayudar a los Estados miembro de la Unión Europea ('UE') y a los países asociados al espacio Schengen en la protección de las fronteras de
la UE. Se constituyó en virtud del Reglamento (UE) 2016/1624, de 14 de septiembre de 2016, del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre la Guardia Europea de Fronteras y Costas, norma que fue derogada por el vigente Reglamento (UE) 2019/1896 del
Parlamento Europeo y del Consejo de 13 de noviembre de 2019 sobre la Guardia Europea de Fronteras y Costas (en adelante 'Reglamento 2019/1896').
En los últimos años, el presupuesto de FRONTEX ha aumentado de forma considerable, hasta situarse en más de 500 millones de euros para 2021.
Las funciones de FRONTEX se establecen en el artículo 10.1 del Reglamento 2019/1896, entre las cuales cabe destacar las siguientes:
- Supervisar los flujos migratorios y realizar análisis de riesgos que abarquen todos los aspectos de la gestión integrada de las fronteras.
- Supervisar las necesidades operativas de los Estados miembros en relación con la aplicación de los retornos, incluida la recopilación de datos operativos.
- Realizar evaluaciones de la vulnerabilidad, incluida la evaluación de la capacidad y preparación de los Estados miembros para hacer frente a las amenazas y a los retos en las fronteras exteriores.
- Supervisar la gestión de las fronteras exteriores mediante funcionarios de enlace de la Agencia en los Estados miembros.
- Asistir a los Estados miembros en circunstancias que requieran un aumento de la asistencia técnica y operativa en las fronteras exteriores mediante la coordinación y organización de operaciones conjuntas, teniendo en cuenta que algunas
situaciones pueden implicar emergencias humanitarias y salvamento marítimo de conformidad con el Derecho de la Unión y con el Derecho internacional.
- Desplegar el cuerpo permanente en el marco de los equipos de gestión de fronteras, los equipos de apoyo a la gestión de la migración y los equipos de retorno durante las operaciones conjuntas, las intervenciones fronterizas rápidas, las
operaciones de retorno y las intervenciones de retorno.
- Crear un contingente de equipamiento técnico, incluido un contingente de equipamiento de reacción rápida, que se desplegará en operaciones conjuntas, en intervenciones fronterizas rápidas y en el marco de los equipos de apoyo a la gestión
de la migración, así como en operaciones e intervenciones de retorno.
- Cumplir normas estrictas de gestión de fronteras, que permitan la transparencia y el control público y respeten plenamente el Derecho aplicable, garantizando el respeto, la protección y la promoción de los derechos fundamentales.
En 2021, según la información aportada por el Gobierno 53, el Ministerio del Interior participó en tres operaciones marítimas conjuntas con FRONTEX: Joint Operation Indalo, ]oint Operation Minerva y Joint Operation Canary Island. En cuanto
a la Operación Indalo, según explica el propio Ejecutivo, su finalidad es reforzar la capacidad técnica y operativa en las fronteras exteriores con el fin de controlar los flujos de inmigración ilegal. En ella se incluye la vigilancia de las
fronteras marítimas, actividades de patrullaje en aguas marítimas territoriales y el refuerzo de las capacidades para la gestión de los inmigrantes desde que llegan o son desembarcados en los puertos españoles afectados por el área de operaciones de
la citada operación conjunta. Igualmente, tiene por finalidad prevenir, detectar y combatir los delitos graves transfronterizos en las fronteras exteriores y sus proximidades.
Los Estados miembro tienen la obligación de garantizar la integridad de sus fronteras por su propio interés nacional y por el interés común de la UE. Paralelamente, la principal misión de FRONTEX es velar por la protección de las fronteras
de la Unión Europea, como se establece en el artículo 8 del Reglamento 2019/1896:
'Los Estados miembros garantizarán la gestión de sus fronteras exteriores y la ejecución de las decisiones de retomo, en estrecha cooperación con la Agencia, tanto en su propio interés como en el
53 Respuesta del Gobierno a pregunta con respuesta por escrito, con número de Registro General núm. 110317.
interés común de todos los Estados miembros, respetando plenamente el Derecho de la Unión, incluidos los derechos fundamentales [...].'
En definitiva, FRONTEX desempeña funciones de gran trascendencia en el control de la inmigración ilegal, siempre con respeto absoluto a la legislación de cada Estado miembro. Por ello, la intervención de FRONTEX en situaciones como las
invasiones de Ceuta y Melilla resulta trascendental para el control de la inmigración ilegal masiva y descontrolada. No en vano, los asaltos a la valla fronteriza de Ceuta y Melilla no son hechos puntuales, sino, antes al contrario, recurrentes y
reiterados y, también, cada vez más numerosos y violentos.
Cuarto. El establecimiento de una sede permanente de FRONTEX en Ceuta y Melilla como ayuda a garantizar la Soberanía Nacional y la integridad de nuestras fronteras.
La invasión migratoria vivida en Ceuta y Melilla de los últimos años ha puesto de manifiesto la falta de efectivos y de medios con los que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado cuentan para la defensa de nuestras fronteras, de la
seguridad ciudadana y del orden público. Al mismo tiempo, el Gobierno continúa negando y ocultando la magnitud de la crisis de inmigración ilegal que sufre España y, en particular, Ceuta y Melilla, así como el continuo asedio de Marruecos sobre
nuestra soberanía nacional y la integridad territorial de nuestro país.
Resulta a todas luces incomprensible que el Ejecutivo no haya adoptado las medidas suficientes para mejorar esta situación, ya sea aumentando los efectivos con el incremento de las plantillas y medios materiales de las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado, ya sea desplegando a las Fuerzas Armadas en la frontera sur, ya exigiendo a la Unión Europea que reconozca que el problema que sufre España en estas dos ciudades tiene dimensión europea, al tratarse de la frontera sur de la UE.
En relación con esto último, es imperativo que la UE adopte las soluciones necesarias, y adecuadas a su competencia, para prevenir, disuadir o impedir que más inmigrantes ilegales invadan nuestro territorio, que es también territorio europeo.
Es preciso recordar que, ante pregunta de diputados de este Grupo Parlamentario, el 12 Gobierno afirmó que 54 'en las circunstancias actuales el Gobierno español valora todas las alternativas para profundizar en la cooperación con la Agencia
FRONTEX en aras a abordar conjuntamente los constantes retos que plantean las fronteras exteriores de la Unión Europea, contando con una relación de coordinación y cooperación permanente para la lucha contra la migración irregular, las redes de
tráfico de migrantes y trata de seres humanos, así como en el resto de competencias que cubre la agencia'.
En consecuencia, el Grupo Parlamentario VOX insta al Gobierno a que, en el marco de la colaboración con la Agencia Europea y en línea con las misiones ya activas en territorio español, como la Operación Indalo, impulse las medidas necesarias
para el establecimiento de una sede permanente de FRONTEX en Ceuta y Melilla, de conformidad con las funciones de esta agencia previstas en el artículo 10.1 del Reglamento 2019/1896.
Con dicha medida se conseguirían los siguientes objetivos: (i) suficiencia de medios en colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en situaciones de avalanchas migratorias que de manera continua están sufriendo las
ciudades de Ceuta y Melilla; (ii) un mayor control del flujo migratorio con carácter general; (iii) una mayor prevención y lucha contra las mafias que trafican con seres humanos y contra el crimen transfronterizo (piratería, tráfico ilícito de
estupefacientes, tráfico ilícito de armas, pesca ilegal, etc.); (iv) colaborar en el aseguramiento de la soberanía de España en Ceuta y Melilla y la salvaguarda de la integridad territorial de nuestras fronteras; y (v) la preservación de la
frontera exterior del flanco sur de Europa.
Al amparo de lo expuesto, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a impulsar las medidas necesarias para el establecimiento, en atención a las competencias y funciones contenidas en el artículo 10.1 del Reglamento 2019/1896, del Parlamento Europeo y del
Consejo de 13 de noviembre de 2019 sobre la Guardia Europea de Fronteras y Costas, de una oficina permanente de FRONTEX (Agencia Europea de Guardia de Fronteras y Costas) en las ciudades de Ceuta y Melilla, bajo el mando, coordinación y supervisión
del
54 Número de entrada en el Registro General 144609.
Ministerio del Interior, con el objetivo de luchar eficazmente contra la inmigración ilegal y contra las mafias que trafican con seres humanos, prevenir delitos transfronterizos y colaborar en la salvaguarda de la integridad territorial de
nuestras fronteras y, por tanto, del flanco sur de Europa.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de julio de 2022.-Francisco José Alcaraz Martos, Luis Gestoso de Miguel, Ignacio Gil Lázaro y María Teresa López Álvarez, Diputados.-Francisco Javier Ortega Smith-Molina y José María Figaredo
Álvarez-Sala, Portavoces del Grupo Parlamentario VOX.
161/004399
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para su debate en la Comisión de
Interior, relativa a establecer un procedimiento de gestión de citas de protección internacional que garantice a las personas un acceso inmediato al procedimiento, en consonancia con la legislación estatal, comunitaria e internacional.
Exposición de motivos
El derecho a solicitar protección internacional se encuentra expresamente recogido en la Constitución española, en el artículo 13 siendo el objeto de la Ley 12/2009, reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria, según se
recoge en su artículo 1: 'Establecer los términos en que las personas nacionales de países no comunitarios y las apátridas podrán gozar en España de la protección internacional constituida por el derecho de asilo y la protección subsidiario, así
como el contenido de dicha protección internacional', todo ello de acuerdo con el señalado artículo 13.
La Ley 12/2009 reconoce una serie de derechos de los que podrán disfrutar las personas que solicitan protección internacional, una vez haya recaído resolución favorable sobre su solicitud, según el grado de protección concedida. De igual
manera, establece una serie de derechos para las personas solicitantes de protección internacional.
La Oficina de Asilo y Refugio, dependiente de la Subdirección General de Protección Internacional, refiere en su informe de actividad 2020 -publicado en mayo de 2021- que en los últimos 6 años se ha apreciado un aumento notable de las
solicitudes de protección internacional 55.
No obstante, desde mediados de 2018 este Gobierno y tras un diagnóstico del estado de situación, se puso en marcha un conjunto de medidas de refuerzo y transformación de la Oficina para disponer de recursos humanos y materiales que
permitieran una gestión responsable, eficiente y de calidad. Esto ha llevado a un refuerzo de la capacidad de instrucción y resolución de solicitudes que se traduce en un crecimiento del número de expedientes que se resuelven cada año. De hecho,
en 2021, se han resuelto más solicitudes que las presentadas.
Este esfuerzo por dar respuesta al crecimiento de solicitudes de protección internacional debe seguir, e ir acompañado por una mejora del sistema de acceso al procedimiento.
La lógica de la protección internacional lleva a que la persona la solicite en el momento en que llega a un país seguro; o estando ya en dicho país se evidencien los motivos para solicitarla, o en el momento en que la persona sea consciente
de los mismos o desee hacer dicha solicitud, y desde ese momento ser beneficiaria de los derechos que le asisten como solicitante de protección internacional.
Atendiendo a esto, la propia Ley 12/2009, en el artículo 17, relativo a la presentación de la solicitud de protección internacional, en el apartado segundo, dispone que la comparecencia para realizar la solicitud de protección internacional
deberá realizarse sin demora. A este respecto, la Directiva 2013/32/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, establece en su artículo 6 la obligación de registrar la solicitud en un plazo de 3 días hábiles si es ante el órgano competente o de 6
días hábiles si el órgano ante el que se presenta no es competente.
55 Según el informe, el aumento de solicitudes recibidas en 2015 (2,5 veces más respecto al año anterior) marcó una tendencia alcista que se mantuvo en los siguientes años hasta alcanzar en 2019 la máxima entrada de solicitudes registrada
hasta la fecha: 118.446, más del doble de la entrada de 2018 (55749), y casi 46 veces la de 2012 (2588). En 2020 y 2021 hubo un descenso, con respecto a 2019, con 88762 y 65404 solicitudes respectivamente.
El 3 de agosto de 2020 la oficina del Defensor del Pueblo realizó recomendación al Ministerio del Interior, aceptada parcialmente, relativa a adoptar de forma urgente las medidas necesarias para facilitar el acceso al sistema de cita previa.
El 19 de mayo de 2021 entró en vigor la Instrucción conjunta para la formalización de las solicitudes de Protección Internacional, de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras, que, entre otras cuestiones, establece que se entiende que
una solicitud de Protección Internacional se formula a partir del momento en que las personas manifiestan su voluntad de pedir esa protección ante el personal competente.
El 9 de febrero de 2021 este grupo parlamentario presentó una proposición no de ley relativa a la toma de medidas necesarias para acabar con el colapso de las oficinas de extranjería y los problemas derivados de la dificultad para obtener
una cita tanto de extranjería como de protección internacional. La oportunidad de dicha proposición, aprobada en Comisión del 12 de marzo de 2021, venía motivada, tal y como se expuso, por la situación provocada por la crisis del coronavirus. Si
bien es cierto que, como se señaló entonces, la situación de la solicitud de cita previa empeoró a raíz de la pandemia, también se trataba de un problema previo, tal y como se indica el informe de la oficina del Defensor del Pueblo.
De acuerdo con lo que detalla la instrucción mencionada de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras, la solicitud se formula a partir del momento en que las personas manifiestan su voluntad de solicitar protección internacional. Sin
embargo, las entidades sociales de apoyo a personas migrantes y los propios colectivos de personas migrantes vienen denunciando la dificultad, de acceder tanto a la manifestación de voluntad como a la formalización de la solicitud de protección
internacional, algo que sucede en la mayor parte del territorio del Estado.
Para acceder a los derechos reconocidos a las personas solicitantes de protección internacional, así como al sistema de acogida en materia de protección internacional, es necesario haber formalizado solicitud de protección internacional, o
al menos tener el documento que acredita la manifestación de voluntad de hacerlo, con lo cual estas demoras producen un menoscabo importante en los derechos y libertades de las personas solicitantes de protección internacional.
Con el objetivo de impulsar la adopción de las medidas necesarias destinadas a garantizar el acceso a la protección internacional de las personas interesadas, el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en
Común, presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Estudiar las posibilidades de mejora del sistema de acceso a través de cita previa uniforme en el conjunto del Estado para las solicitudes de protección internacional con objeto de solventar cualquier dificultad en el acceso al
procedimiento, y estudiar la posibilidad de que no conlleve un periodo de espera superior a un mes, con capacidad suficiente para atender todo el volumen de solicitudes que se puedan formular.
2. Reducir los plazos para obtener un documento que acredite la voluntad de solicitar protección internacional para las personas que quieran solicitar protección internacional, para que sea lo más inmediato posible.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de julio de 2022.-Ismael Cortés Gómez, Diputado.-Joan Mena Arca, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común.
161/004400
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francisco Javier Ortega Smith-Molina, en su condición de Portavoz Adjunto, y don José María Figaredo Álvarez-Sala, don Francisco José Alcaraz Martos, don Luis Gestoso de Miguel y don Ignacio Gil Lázaro, en sus respectivas condiciones de
Portavoz Sustituto y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo establecido en los artículos 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para la prevención
del suicidio en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, para su debate en la Comisión de Interior.
Exposición de motivos
Primero. Del suicidio en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en España.
1. El suicidio entre los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado ('FCSE') es un fenómeno en gran medida oculto a la opinión pública que cada año presenta cifras más altas y que está generando una auténtica crisis entre los
servidores públicos pertenecientes a estos cuerpos.
2. De acuerdo con los datos de suicidios de agentes de las FCSE correspondientes al año pasado, 34 se quitaron la vida durante el año 2021, 17 de ellos pertenecientes al Cuerpo Nacional de Policía ('CNF') y los otros 17 a la Guardia Civil.
Estas cifras representan el número de suicidios anuales más elevado en las FCSE desde que hay registros y constituyen un aumento de más del 50% con respecto al año anterior 56.
3. Las cifras de suicidios entre agentes de la Guardia Civil no han dejado de crecer en los últimos años. Es por ello por lo que diputados del GPVOX formularon preguntas por escrito al Gobierno acerca de este extremo. El Ejecutivo, en
respuesta parlamentaria con número de Registro General 227418, presentó los siguientes datos, mostrando disparidades con los recogidos por los sindicatos a los que se hace referencia supra. Según el Ejecutivo, la tasa de suicidios en las FCSE es la
siguiente:
;2021;2020;2019;2018;2017;2016;2015;2014;2013;2012
Guardia Civil.;15;11;9;10;15;12;8;12;9;12
Policía Nacional.;15;8;10;7;13;10;11;9;10;9
Fuente: respuesta parlamentaria de 22 de julio de 2022. Núm. Registro General 227418.;;;;;;;;;;
4. Asimismo, los datos de suicidios en las FCSE son aún más significativos si se acude a la tasa de suicidios por cada 100.000 miembros, donde este porcentaje triplica el dato en relación con la población en general 57.
5. Es menester recordar que, en los últimos 20 años, son más de 450 los agentes del CNP que se han suicidado. Esta cifra supone que el suicidio es la causa principal de muerte en este cuerpo 58.
6. En definitiva, nos encontramos ante un problema que afecta directamente tanto a los agentes de las FCSE como a sus familias y que en los últimos años se está convirtiendo en uno de los principales problemas que padecen ambos cuerpos.
Segundo. Marco normativo del suicidio en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
7. El artículo 80.1 de la Ley Orgánica 9/2015, de 28 de julio, de Régimen de Personal de la Policía Nacional ('LO 9/2015') establece que 'la Policía Nacional velará por que sus miembros mantengan las condiciones psicofísicas necesarias para
el desempeño de sus funciones. A tal fin existirá un servicio sanitario cuyas competencias y organización se determinarán reglamentariamente'.
8. Se trata de una disposición que, junto con la normativa en materia de prevención de riesgos laborales de la Dirección General de la Policía, contenida en el Real Decreto 2/2006, de 16 de enero, por el que se establecen normas sobre
prevención de riesgos laborales en la actividad de los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía, ordena la adopción de las medidas necesarias para garantizar la salud de los integrantes del CNP en todos los aspectos que tengan que ver con el
desarrollo de sus actividades profesionales.
9. Así las cosas, en el ámbito del CNP, en noviembre del 2020 se publicó el Plan de Promoción de la Salud Mental y Prevención de la Conducta Suicida en la Dirección General de la Policía 59.
56 Los suicidios entre policías crecen un 54%. La Vanguardia. Disponible en: https://www.lavanguardia.com/vida/ 20220117/7991261/policias-suicidios.html [Última visita: 01/03/2022], Se apunta que 'El año pasado, cada 11 días se suicidó
en España un agente, sin contar con los datos de policías municipales o autonómicos'.
57 'La tasa de suicidios a escala de toda la población es de 8,31 por cada 100.000 habitantes. Pero la cifra casi se triplica si se traslada a policías y guardias civiles: entre los 146.000 miembros de ambos cuerpos, la tasa asciende a
23,2 por cada 100.000 (25 la Policía y 21,7 la Benemérita)'. Los suicidios entre policías crecen un 54%. La Vanguardia. Ibid.
58 'YO INTENTÉ ACABAR CON MI VIDA; AHORA AYUDO A OTROS AGENTES'. ABC. Disponible en: https://www.abc.es/xlsemanal/a-fondo/policia-suicidio-principal-causa-muerte-fuerzas-seguridad-espana-guardia-civil.html [Ultima visita: 06/06/2022]
59 https://www.sup.es/sites/default/files//pdf/PLAN_PROMOCION_DE_SALUD_MENTAL_Y_PREVENCION_DE_LA_CONDUCTA_SUICIDA_11_11_2020.pdf
10. De acuerdo con el Ministerio del Interior, el Plan 'parte de la idea de que influyendo positivamente en el bienestar mental de los funcionarios y confrontando los posibles problemas desde estadios leves se van a alcanzar resultados
apreciables en la disminución de patologías graves' 60. Este instrumento está dirigido 'a todos los empleados públicos integrados en la Dirección General e incluye un conjunto de actuaciones genéricas que se destinan a la globalidad, así como otras
más específicas centradas en personas o grupos que, por la naturaleza de su actividad laboral o por encontrarse en una situación de vulnerabilidad, puedan requerir la aplicación de laguna de las medidas de manera más ajustada a sus necesidades
concretas'.
11. El Plan se divide en tres ámbitos principales, a saber: una prevención primaria con 6 objetivos centrales (como por ejemplo, procurar la consecución de un adecuado ambiente de trabajo); una prevención secundaria que busca detectar el
daño psicológico en fases iniciales e impedir su progresión; y, finalmente, una prevención terciaria centrada 'en la prestación de atención y ayuda psicosocial a los funcionarios que presenten vulnerabilidad de índole psíquica, hayan protagonizado
una tentativa de suicidio o mostrado indicios de voluntad autolítica'. El ámbito de aplicación del Plan se limita a casos muy concretos. Con los datos en la mano, no parece que el Plan está arrojando el resultado debido ni esperado.
12. Por su parte, la Guardia Civil cuenta, como indica el Gobierno, con el 'Plan preventivo de asistencia psicológica, vigente desde el año 2010 y que vino a sustituir y a mejorar el II Plan de prevención de conductas suicidas (2005 a
2009), cuyo antecedente fue el Manual de prevención de conductas suicidas (año 2002)' (Núm. Registro General 194558). Dicho Plan, tal y como se apunta en la Guía del Grupo de Trabajo de Psicología Jurídica de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado del Colegio Oficial de Psicología de Galicia 61, articula un 'conjunto de medidas llevadas a cabo dentro de la Guardia Civil, con el objetivo fundamental de reducir las conductas suicidas, que se enmarca dentro de un objetivo más amplio, el
de mejorar las condiciones psicosociales de las personas integrantes del cuerpo' 62. El referido Plan se desarrolla asimismo sobre tres pilares fundamentales consistentes en la prevención primaria, secundaria y terciaria.
13. La Guardia Civil contó también con el Protocolo de actuación para la adopción preventiva de medidas específicas ante situaciones de naturaleza psiquiátrica, psicológica o ante conductas anómalas, que fue posteriormente declarado nulo
por el Tribunal Supremo en enero de 2022, tras recurso de la Asociación Unificada de Guardias Civiles ('AUGC') 63. Así, tal y como indica el Gobierno en respuesta parlamentaria, desde la Dirección General de la Guardia Civil 'se está trabajando en
el desarrollo de la Estrategia de Salud Mental 2022-2026 del Sistema Nacional de Salud, en la que se ha formulado una Línea Estratégica que integra la prevención, detección precoz y atención a la conducta suicida' (Núm. Registro General 227418).
Tercero. Derecho comparado en materia de suicidios de agentes de las FCSE.
14. Al efecto de proponer soluciones adecuadas, es necesario estudiar la casuística existente en otros países que han dictado normas frente a la problemática de los suicidios entre agentes de sus fuerzas de seguridad.
15. En el caso de Estados Unidos, desde junio del 2020 se ha incluido en el United States Code un artículo referido a la 'información sobre el suicidio en las fuerzas de seguridad' 64, que establece que el Fiscal General, 'actuando a través
del Director de la Oficina Federal de Investigación, establecerá, con el fin de prevenir futuros suicidios de agentes de la ley y promover la comprensión del suicidio en las fuerzas
60 La Policía Nacional aprueba su Plan de promoción de la salud mental y prevención de la conducta suicida. Ministerio del Interior. Disponible en: http://www.interior.gob.es/ prensa/ noticias//asset
publisher/GHU8Ap6ztgsg/content/id/12534962 [Última visita: 26/07/2022].
61 https://copgalicia.gal/system/files/PDFs/xerais/guia_psicologia_juridica_de_las_ffccss_castelan.pdf
62 Psicología Jurídica de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Colegio Oficial de Psicología de Galicia (2019). Pág. 17. Disponible en:
https://copgalicia.gal/system/files/PDFs/xerais/guia_psicología_juridica_de_las_ffccss_castelan.pdf [Última visita: 26/07/2022],
63 El BOGC publica la anulación del protocolo de medidas ante problemas psicológicos de los guardias civiles que AUGC tumbó en los tribunales. AUGC. Disponible en:
https://www.augc.org/actualidad/bogc-publica-anulacion-protocolo-medidas-problemas-psicologicos'guardias-civiles-augc-tumbo-en~tribunales_21124_102.html [Última visita: 02/03/2022]
64 United States Code. Office of the Law Revisión Counsel. Title 34-Crime Control and Law Enforcement. Subtitle V- Law Enforcement and Criminal Justice Personnel. En este sentido, 'the United States Code is a consolidation and
codification by subject matter ofthe general and permanent laws ofthe United States. It is prepared by the Office ofthe Law Revisión Counsel ofthe United States House of Representatives'. Disponible en:
https://uscode.house.gov/browse/prelim@title34&edition-prelim.
del orden, el Programa de Recogida de Datos sobre Suicidios de Agentes de la Ley, en virtud del cual los organismos de aplicación de la ley podrán presentar al Director información sobre los suicidios y los intentos de suicidio dentro de
dichos organismos de aplicación de la ley' (34 USC 50701: Information on suicide in law enforcement).
16. En Francia se creó una Comisión en el Senado de encuesta sobre el estado de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en el año 2018, en la que se incluyó, entre otras, la proposición de actualizar los estudios científicos sobre el
suicidio policial en la que se determinasen los riesgos epidemiológicos de suicidios y el establecimiento de más medios para controlarlos 65.
17. Asimismo, el ministro del Interior francés indicó, ante una pregunta parlamentaria formulada el pasado enero, que 'se decidió contratar a una veintena de psicólogos en los departamentos más difíciles de la policía nacional y conceder
más recursos presupuestarios y humanos a las asociaciones, en particular a las que ayudan a las familias de los policías que se suicidan. Además, independientemente de los consejos de su jerarquía, los agentes podrán contactar con una unidad de
'víctimas policiales' cuando se sientan en dificultades' 66.
18. Por su parte, Italia cuenta con un Observatorio permanente relativo a los suicidios de agentes de las fuerzas de seguridad italianas desde el año 2019 67.
19. Por último, Portugal puso en marcha, hace menos de dos años, una serie de medidas tendentes a concienciar sobre el problema de los suicidios entre agentes de la autoridad 68.
20. El corolario del presente apartado pasa por demostrar cómo los países de nuestro entorno han adoptado medidas para hacer frente a la problemática de los suicidios entre los agentes de la autoridad. Es clave que nuestro país proteja a
quienes nos protegen, de forma que se reduzcan al mínimo las alarmantes cifras de suicidios entre nuestros agentes. Un punto que merece ser atendido por el Ejecutivo, ya que en palabras recogidas en una respuesta parlamentaria dada a este Grupo
Parlamentario 'no existe ninguna partida presupuestaria específica que financie el gasto de prevención de suicidios de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE) en los Presupuestos Generales del Estado. Las acciones de los planes de las
FCSE se financian mediante partidas de gasto generales.' (Núm. Registro General 227418).
Cuarto. Necesidad de un marco normativo que reduzca los suicidios entre agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
21. En septiembre del año 2020 el Congreso de los Diputados aprobó una Proposición no de Ley sobre la adopción de medidas que permitan reducir la tasa de suicidio policial entre los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado
(Núm. de Expte. 161/000017). Este Grupo Parlamentario presentó una enmienda de adición indicando que el marco normativo de prevención de suicidios y protección de la salud mental de los agentes habría de estar basado en tres niveles:
'- Prevención: En el que se llevarán a cabo medidas de concienciación sobre la detección del problema, causa, origen y la alerta temprana, dotando a las distintas unidades de los medios técnicos y humanos necesarios. La finalidad en dicha
fase es la de proporcionar una adecuada educación y preparación psicológica de las distintas unidades para prevenir fenómenos como el estrés post traumático, la indefensión aprendida, el 'burnout' o la depresión, la vigilancia de síntomas, así como
la de prestar una completa información a los agentes de los servicios de ayuda disponibles y su paulatino incremento.
- Intervención: Una vez detectado el problema, se garantizará el asesoramiento médico necesario y atención clínica específica requerida y pertinente hasta la curación de la persona afectada.
65 Commission d'enquête sur l'état des forces de sécurité intérieure. Senat. Disponible en: http://www.senat.fr/commission/enquete/forces_de_securite_interieure/index.html [Ultima visita: 02/03/2022].
66 Sesión del Senado francés de 26 de enero de 2022. Suicidios y enfermedades en la policía. Disponible en: https://www.senat.fr/seances/s202201/s20220126/s20220126_mono.html#orat32 [Última visita: 26/07/2022].
67 Decreto del Capo della Polizia recante costituzione dell'Osservatorio Permanente interforze sul fenómeno suicidiario tra gli appartenenti alie Forze di Polizia. Ministerio dell'Intemo. 14 de febrero de 2019. Disponible en: http:
//www.nsp-polizia.it/wp-content/uploads/2019/02/Decreto-Capo-Polizia-Costituzione-Osservatorio-Permanente-fenomeno-suicidi-Forze-di-Polizia.pdf [última visita: 26/07/2022]
68 'Prevención del suicidio y de otros comportamientos auto lesivos en las fuerzas de seguridad'. Gobierno portugués. Disponible en: https://www.portugal.gov.pt/pt/gc21/comunicacao/documento?i=: 20170131-seaai-suicidio-fs [Última visita:
26/07/2022]
- Postvención: En los casos en los que hayan fracasado los dos niveles anteriores y se haya producido la conducta suicida, se garantizará la ayuda psicológica y terapéutica necesaria a los familiares y compañeros sobrevivientes, con plena
asunción de los gastos derivados de los funerales.'
22. Tal enmienda fue incorporada en el texto final de la Proposición no de Ley. Sin embargo, transcurridos casi dos años 69 desde su aprobación, no consta que se hayan adoptado nuevas medidas tendentes a prevenir los suicidios de nuestros
agentes.
23. En este sentido, los sindicatos y asociaciones profesionales de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado reclaman una reforma de la normativa. Así, Justicia Policial ('JUPOL') apunta que 'hay que seguir mejorando el sistema de
atención psicológica, incrementando el número de facultativos que prestan el servicio e implementando el mismo en todas las provincias' 70. Por su parte, AUGC indica que se ha de 'incrementar el número de psicólogos adscritos a las Unidades de
Prevención de Riesgos Laborables, incluso recurriendo a profesionales externos' 71.
24. Esta situación es a todas luces alarmante, y ya son numerosas las asociaciones y agrupaciones que han surgido durante los últimos años para intentar abordar este problema. Así, SOS JUPOL ha dado cuenta de que, en su labor de asistir a
compañeros que necesitan ayuda para evitar suicidarse, 'atienden más de 300 llamadas al año'. También AUGC reclama una mayor formación para que se puedan detectar mejor las señales de alarma entre compañeros del Instituto Armado, para que se
reduzca el número de compañeros que se quitan la vida 72.
25. Este Grupo Parlamentario aboga por desarrollar una política de refuerzo y protección de la dignidad humana en búsqueda del bien común. En este marco general, es necesario abordar de manera inmediata la problemática del suicidio en
España y, en particular y en lo que respecta a esta iniciativa, en los agentes de las FCSE que, en el desarrollo de sus funciones, velan por el ejercicio de los derechos fundamentales.
26. Por ello, es fundamental que se garantice el acompañamiento sanitario, psicológico y social de aquellos agentes en riesgo de intento de suicidio, así como de los familiares de aquellos que se han quitado la vida.
Al amparo de lo expuesto, el Grupo Parlamentario de VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a establecer un marco normativo que prevenga el suicidio entre los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. A tal efecto, habrá de basarse en los tres niveles siguientes:
- Prevención: se llevarán a cabo medidas de concienciación sobre la detección del problema, causa, origen y alerta temprana, dotando a las distintas unidades de los medios técnicos y humanos necesarios.
La finalidad en esta fase es proporcionar una adecuada educación y preparación psicológica de las distintas unidades para prevenir fenómenos como el estrés post traumático, la indefensión aprendida, el agotamiento o la depresión y la
vigilancia de síntomas, así como la prestación de una completa información a los agentes de los servicios de ayuda disponibles y la promoción de su paulatino incremento.
- Intervención: una vez detectado el problema, se garantizará el asesoramiento médico necesario y la atención clínica específica requerida y pertinente hasta la curación de la persona afectada.
- Postvención: en los casos en los que hayan fracasado los dos niveles anteriores y se haya producido la conducta suicida, se garantizará la ayuda psicológica y terapéutica necesaria a los familiares y compañeros sobrevivientes, con plena
asunción de los gastos derivados de los funerales.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de julio de 2022.-Francisco José Alcaraz Martos, Luis Gestoso de Miguel e Ignacio Gil Lázaro, Diputados.-Francisco Javier Ortega Smith-Molina y José María Figaredo Álvarez-Sala, Portavoz del Grupo
Parlamentario VOX.
69 BOCG Serie D. Núm. 150 de 30 de septiembre de 2020.
70 Los suicidios entre policías y guardias civiles aumentan un 54%. Onda Cero. Disponible en: https://www.ondacero.es/noticias/sociedad/suicidios-policias-guardias-civiles-aumentan-54_2022011961e7e7689890160001be6d42.html [Última visita:
02/03/2022]
71 La 'cara oculta' de los cuerpos de seguridad: 20 agentes se suicidan de media cada año, El Confidencial. Disponible en: https://www.elconfidencial.com/espana/ andalucia/ 2021-12-18/suicidios-policia-guardia-civil 3341099/ [Última
visita: 02/03/2022].
72 'YO INTENTÉ ACABAR CON MI VIDA; AHORA AYUDO A OTROS AGENTES'. ABC. Ibid.
161/004420
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley, de condena de los ataques racistas y
antisemitas que se sufren en la localidad burgalesa de Castrillo Mota de Judíos, así como para el establecimiento de medidas urgentes que pongan fin a los mismos, para su debate en la Comisión de Interior.
Exposición de motivos
El pequeño pueblo burgalés Castrillo Mota de Judíos sufre frecuentemente ataques intolerables de fondo antisemita desde que, en el año 2015, decidiera cambiar su nombre primitivo 'Castrillo Matajudíos', por el actual.
Estos ataques son cada vez más frecuentes y agresivos y el último de ellos, perpetrado hace dos días, pudo acabar en tragedia, al hacer arder los agresores varios contenedores de basura muy cerca de los domicilios de los apenas cincuenta
habitantes de esta comarca rural, además de pegar carteles y realizar pintadas por el pueblo con la palabra Auschwitz, en referencia al campo de exterminio nazi.
Este último ataque se suma a otros tantos, al menos seis más, que lleva sufriendo esta pequeña localidad desde que decidiera su hermanamiento y conexión con la comunidad judía y el pueblo de Israel, con el fin de mostrar su historia como
antiguo asentamiento judío en el siglo XIV. Así, esta localidad viene realizando acciones encaminadas a recuperar la memoria del pueblo sefardí en suelo español, como la creación de un Centro de Interpretación de la Cultura Sefardí en el Camino de
Santiago, lo que ha contado con el apoyo no solo de la Junta de Castilla y León y la Diputación de Burgos, sino también del Centro Sefarad-Israel, dependiente del Ministerio de Asuntos Exteriores, de la embajada de Israel en España, de las
comunidades judías españolas e internacionales y de la propia Casa Real, con el Rey Felipe VI poniendo esta comarca como ejemplo de la lucha contra el antisemitismo.
Este proyecto es, además, vital para la recuperación y reactivación de una localidad empobrecida demográficamente, paradigma de la España rural y despoblada. A través de esta inversión cultural de gran proyección turística, se pretende
también atraer visitantes, empleo y economía a la comarca. Pero todos los esfuerzos en esta dirección se ven ensombrecidos por unas agresiones de contenido racista que no cesan y que tienen a sus habitantes cada vez más amedrentados.
Por este motivo, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados condena los ataques de contenido antisemita perpetrados en la localidad burgalesa de Castrillo Mota de Judíos, e insta al Gobierno a poner en marcha, junto con la Junta de Castilla y León y el Ayuntamiento de
Burgos, todas las medidas necesarias para poner fin a los mismos, con incremento de la presencia de agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado e instalación de cámaras de vídeo vigilancia en la vía pública de dicha localidad, al menos,
hasta que los agresores puedan ser identificados y detenidos.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de agosto de 2022.-Edmundo Bal Francés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
161/004432
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley, de condena de los actos que tienen lugar
durante las celebraciones del Ospa Eguna, para su debate en la Comisión de Interior.
Exposición de motivos
El próximo sábado 3 de septiembre, si nadie lo impide, tendrán lugar en Navarra los bochornosos actos anuales del Ospa Eguna, o 'Día de la Huida', promovidos por jóvenes vinculados a Gazte Koordinadora Sozialista (GKS), escisión radical de
las juventudes de Bildu, socio prioritario del Gobierno de España. Estos actos buscan la reivindicación de la expulsión de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado del País Vasco y Navarra y se celebran en Alsasua, localidad tristemente
recordada por la salvaje agresión que allí sufrieron dos guardias civiles y sus parejas a manos de un grupo de radicales vascos hace seis años.
Estos actos públicos, cuyo lema este año es 'Policía no. Detengamos la represión contra los trabajadores', tiene evidentes connotaciones radicales, conflictivas y de fomento del odio contra un colectivo de funcionarios del Estado tan
importante como la Policía Nacional y la Guardia Civil, a los que se pretende burlar, insultar, humillar y acosar, y a quienes se acusa de represores o fascistas, propiciando el repudio colectivo hacia los mismos. Así, durante los once años que
lleva celebrándose, se han contabilizado innumerables actos de acoso, señalamiento público, quema de símbolos asociados a la Benemérita, amenazas, o actos de humillación a las víctimas del terrorismo. Sin ir más lejos, la consigna de todos los años
tiene siempre el mismo carácter fomentador del odio hacia los agentes, con lemas en sus carteles propagandísticos como 'Fuera de aquí', 'Que se vayan', 'Ni se os quiere ni se os necesita', o 'Dejad al pueblo en paz'. Es por ello, por lo que estos
actos han sido denunciados por colectivos sociales, políticos, asociaciones de la Guardia Civil, y asociaciones de víctimas del terrorismo, en un nuevo intento infructuoso de solicitarle al Gobierno que frene la celebración de los mismos.
No debemos olvidar que contamos con un Gobierno que hace apenas unos días retiró del País Vasco la división antiterrorista del CNI, lo que ha supuesto la supresión absoluta del departamento que vigilaba a la izquierda abertzale y el entorno
de ETA. Esta acción hay que entenderla como el enésimo gesto del Gobierno de España, y del Presidente en particular, para con sus socios independentistas y abertzales, y que ha justificado en que ETA lleva más de una década sin atentar, olvidando,
parece, que aún quedan casi 400 crímenes de ETA sin resolver, en cuya investigación el CNI tenía un protagonismo absoluto dada su experiencia de décadas en lucha antiterrorista.
Por otro lado, los episodios de kale borroka, homenajes a terroristas sanguinarios, violencia abertzale y radicalización en el PV, están muy presentes, muestra de lo cual es la próxima celebración anual del Ospa Eguna, las agresiones físicas
contra cargos y ex-cargos de determinados partidos políticos y sus familiares, los ataques contra sus sedes, o el acoso al que se somete a las FCSE. Así, los informes anuales del Ministerio del Interior concluyen de manera sistemática que Navarra y
las tres provincias vascas se cuentan entre aquéllas donde más delitos de odio se registran anualmente; lamentable récord que consiguen por la proliferación en dichos territorios de los ataques por motivaciones políticas.
Esta concesión de nuestro gobierno se une a otros muchos ejemplos del desmantelamiento de la presencia del Estado en el País Vasco, como el acercamiento de presos etarras en masa; el traspaso de las competencias en materia de política
penitenciaria, que está resultando en la multiplicación exponencial de concesión de terceros grados a terroristas; o la concesión de la enmienda de Bildu a la Ley de Memoria Democrática para ampliar el límite temporal de la revisión de casos del
franquismo hasta 1983.
Mediante la presente Proposición no de Ley, buscamos condenar estos actos y mostrar nuestro apoyo absoluto a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado allí destinadas, y buscamos asimismo conocer la posición del Gobierno, representada
aquí por los grupos parlamentarios Socialista y Confederal de Unidas Podemos, al respecto de unos actos tan execrables como estos.
Por este motivo, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados manifiesta su apoyo explícito a la labor que realizan las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en el País Vasco y Navarra, y condena los actos que tienen lugar desde hace una década en las celebraciones
anuales del 'Ospa Eguna', de reivindicación de la expulsión de la Policía Nacional y de la Guardia Civil de dichas comunidades autónomas, y de humillación, acoso y amenaza contra sus agentes.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de agosto de 2022.-Edmundo Bal Francés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
161/004441
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Confederal Unidas Podemos- En Comú Podem-Galicia en Común, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de ley para el refuerzo de las Unidades de
Atención a la Familia y Mujer y del Sistema VioGén para su debate en la Comisión de Interior.
Exposición de motivos
Los datos que recoge la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, actualizados constantemente, junto al goteo de noticias en los medios de comunicación sobre casos de asesinatos machistas, son abrumadores. Más de mil asesinatos
desde el 1 de enero de 2003, 18 solo en lo que llevamos de 2022. Casi dos millones de denuncias desde 2009 hasta 2021, 163.000 en 2021. Poco menos de 500.000 órdenes de protección desde 2009 hasta 2021, más de 37.000 cursadas solo en 2021. Más de
un millón de llamadas al 016 desde el 2007 hasta el 30 de abril de 2022.
Para combatir estas cifras terribles, el Gobierno ha creado y reforzado diferentes frentes: la sensibilización y prevención, la atención a las víctimas y el acompañamiento en todo el proceso, y el seguimiento y la atención a la salud
mental. Son muchas las violencias machistas sufridas por las mujeres como consecuencia del sistema patriarcal, y son muchas las herramientas de las que se debe dotar el Estado para atenderlas debidamente. Entre ellas se encuentra la Unidad de
Atención a la Familia y a la Mujer (UFAM), unas secciones que funcionan para la atención específica en todo lo que atañe a la violencia de género, la violencia contra los menores y la violencia sexual. Las UFAM son un servicio policial integral en
el ámbito de la familia y la mujer a nivel nacional, con personal especializado con capacidad para recoger las denuncias e investigar, aportar información sobre el proceso de denuncia y los recursos a disposición de la víctima, y el acompañamiento y
la coordinación con el resto de instituciones.
En la Orden INT/28/2013, de 18 de enero, por la que se desarrolla la estructura orgánica y funciones de los Servicios Centrales y Periféricos de la Dirección General de la Policía ya recoge en la estructura orgánica y funciones de la
Dirección General de Policía los objetivos de las UFAM, que 'asume la investigación y persecución de las infracciones penales en el ámbito de la violencia de género, doméstica y todos los delitos sexuales con independencia de la relación entre
víctima y autor, al igual que la coordinación de la actividad de protección de las víctimas de violencia de género'. De la UFAM dependen la Brigada Operativa de Atención a la Familia y Mujer, que coordina la actuación de la función de investigación
y persecución de los delitos, y el Gabinete de Estudios, que realiza un seguimiento y análisis en el ámbito policial de todos los delitos conocidos, promoviendo iniciativas y medidas dirigidas a la lucha contra el problema social que estas
violencias suponen.
El motivo de la existencia de las UFAM nace para dar cumplimiento al artículo 31 de la Ley Orgánica 1/2004, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. En este apartado se especifica que el Estado creará 'unidades
especializadas en la prevención de la violencia de género y en el control de la ejecución de las medidas judiciales adoptadas', así como planes de colaboración entre diferentes administraciones, entre ellas las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Las
sucesivas normas que se han ido creando a partir de 2004, como la Ley Orgánica de garantía integral de la libertad sexual, en la actualidad en trámite parlamentario, también ahondan y especifican en la importancia de estas unidades especializadas,
así como en la formación específica en esta materia por parte de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. Buenos ejemplos de ello son las modificaciones que hace dicha ley a la Ley Orgánica 1/2004, que modifica el artículo 32 para incorporar
los organismos de igualdad en los planes de colaboración, así como la introducción de la violencia vicaria en materia de formación. Así pues, las leyes que tratan las violencias machistas están en constante revisión conforme la sociedad avanza y se
sensibiliza sobre esta violencia, y ello también debe contemplarse en el refuerzo para la atención integral ante las peticiones de auxilio y amparo de las víctimas, como así se lleva haciendo con intensidad desde el Ministerio de Igualdad. Ese
esfuerzo se traduce en medidas y hechos por parte de dicho Ministerio, como el 'Plan de Mejora y Modernización contra la Violencia de Género' (julio 2022), cuyo objetivo es el refuerzo de la protección y la seguridad de las víctimas y de sus hijos e
hijas, incluidas además de las interponen la denuncia, aquellas que no denuncian por encontrarse en situación de riesgo, así como aquellas que renuncian a continuar con el procedimiento penal para lograr una malla de protección aún
más eficaz, conectando a los servicios sociales y de atención especializada, apoyados por el sistema Atenpro y las fuerzas policiales. Entre otras medidas concretas, se incorpora el impulso de la entrada del sistema Viogén de los Servicios
Sociales de Base y de los servicios de Atención especializada, autonómicos y municipales, así como la elaboración de una instrucción de la Secretaría de Estado de Seguridad para promover y asegurar la máxima difusión del Protocolo Cero, la
herramienta dirigida a valorar los testimonios de familiares e integrantes del entorno social de la víctima de maltrato para generar mecanismos policiales de protección adecuados, no condicionados a la interposición de denuncia previa.
Por otro lado, la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio de Interior puso en funcionamiento en 2007 el Sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género (Sistema VioGén), para dar cumplimiento de los establecido
en la Ley Orgánica 1/2004, así como en la Ley Orgánica 8/2015 de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia. Entre sus objetivos está la integración de información de interés, la predicción de riesgo, el seguimiento y
protección a las víctimas y efectuar la labor preventiva mediante avisos, alertas y alarmas a través del Subsistema de Notificación Automatizadas, cuando se detecta alguna incidencia o acontecimiento que pueda poner en peligro la integridad de la
víctima, su hijo o hija, o menores a su cargo.
Por todo ello el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Reforzar y mejorar la capacitación en violencia de género, con especial atención a la violencia sexual, las Unidades de Atención a la Familia y Mujer (UFAM), dependientes de la Policía Nacional, con todas las herramientas necesarias para
dar una respuesta eficaz ante los casos de violencias machistas.
2. Estudiar la posibilidad de aumentar los efectivos para el control y seguimiento de las órdenes de alejamiento dictaminadas por los tribunales ante los casos de violencia de género cuyo seguimiento y protección de las víctimas, que
incluye también a los hijos o hijas o menores a su cargo, es responsabilidad del sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género (Sistema VioGén).'
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de septiembre de 2022.-María del Mar Garcia Puig, Diputada.-Joan Mena Arca, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común.
Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana
161/004347
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Plural, a instancia del Diputado del Bloque Nacionalista Galego (BNG) Néstor Rego Candamil, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente
Proposición no de Ley para la realización de una auditoría del estado de A-6 tras el derrumbe del Viaducto de O Castro, para su debate en la Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
Exposición de motivos
Las conexiones con Galiza siempre han sido una asignatura pendiente de los distintos Gobiernos del Estado. Las infraestructuras llegan tarde, con décadas de retraso, cuando llegan, pero ahora además nos encontramos con obras deficientes
que, tan solo veinte años después de su inauguración, colapsan. Este es el muy preocupante caso del viaducto de O Castro en la A6, que llevaba cerrado desde hace un año aproximadamente, después que se detectaran daños estructurales en la
construcción y que se derrumbó tras el inicio de las obras de reparación.
El pasado martes, 7 de junio, un tramo de este viaducto en el kilómetro 431 en sentido A Coruña se desplomaba de manera estrepitosa, afortunadamente no causando heridos, pues llevaba un año cerrado
al tráfico por los daños detectados a la espera de las obras de reparación. Tras el derrumbe se ha cerrado también el viaducto gemelo por un período de tiempo indeterminado, para revisar que no existan deficiencias en la vía y pilares
similares. El cierre de esta vía de comunicación producirá un verdadero colapso en las comunicaciones entre Galiza y el resto del Estado, sobre todo, en las comunicaciones con la comarca vecina de El Bierzo.
Este suceso vuelve a poner de relieve la situación de las comunicaciones con Galiza y dentro de ella, ya que la A-6 une diferentes municipios gallegos de importancia, suponiendo una vía indispensable en los desplazamientos diarios de muchas
personas usuarias por motivos de trabajo, estudio, médicos, etc.
Sin embargo, a pesar de la gravedad de los hechos y de las importantes consecuencias que tendrá para Galiza, la Ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, tardó diez días en visitar la infraestructura afectada. Es más, desde el
primer momento la falta de información y transparencia por parte del Ministerio ha sido la tónica general. En algunas de las primeras declaraciones se hacía público por la Administración que se había apreciado corrosión en los cables metálicos que
sostenían la infraestructura, mientras que también se comunica que lo cables 'ya habían sido cambiados' y que por lo tanto no debían ser la causa del colapso. Debe destacarse que existe ya un informe de 2003 que alertaba que, en determinados tramos
-también en el que ha sufrido los derrumbes- se optara por llevar al límite las posibilidades de prefabricación obteniendo estructuras muy esbeltas y con un importante ahorro de material y, por lo tanto, con el consiguiente ahorro económico. Es
más, la vía llevaba ya más de diez años con continuas obras de reparación, no sólo de mantenimiento, lo que pone de relieve su deficiente estado.
Desde el Ministerio tampoco se hizo público cuales habían sido las empresas adjudicatarias de la ejecución de la obra, aunque luego se conoció a través de los medios de comunicación que las principales habían sido FCC y ACS. El derrumbe del
viaducto obliga a investigar donde se produjeron los errores, pero permite también suponer que se cometieron errores en el proceso constructivo, debiendo determinarse cuál es la responsabilidad de las empresas constructoras. De hecho, las primeras
denuncias sobre los problemas de construcción se produjeron ya durante las obras, momento en que el BNG denunció la mala ejecución en las mismas.
En definitiva, no puede aceptarse con normalidad que colapse una infraestructura de tan solo 20 años de antigüedad, es necesario investigar las causas, depurar las responsabilidades que correspondan y dar una información completa a la
ciudadanía. Debe, además, realizarse una auditoría o inspección completa de la vía, sobre todo de los tramos elevados en pilares, para detectar cualquier daño o peligro estructural y corregirlo antes de que puedan dar lugar a otros derrumbes que
puedan poner en riesgo la vida de los miles de personas que transitan diariamente por la misma.
Así mismo, deben darse explicaciones desde el Ministerio de las causas que consideran han llevado a esta situación y de las acciones que se emprenderán para exigir responsabilidades. Debe darse toda la información al respecto de forma
transparente sobre la redacción del proyecto de construcción, el proceso de adjudicación, quien fue la empresa adjudicataria, cuál el plazo de ejecución, la fecha de entrega y de recepción de la obra. También debería facilitarse la información
sobre la forma y momento en que se detectaron esos fallos o deficiencias estructurales calificados como graves por el Ministerio y que justificaron el cierre del viaducto y ordenar las reparaciones. Además, es necesario dar información sobre el
proyecto de reparación, quien lo realizó y como se adjudicó.
El Ministerio debe indagar todos estos aspectos, darlos a conocer públicamente con total transparencia y, de determinarse que ha existido alguna negligencia o defecto de construcción, realizar las reclamaciones pertinentes. Así mismo, es
necesario que prevea y garantice alternativas de transporte que garantice la comunicación de Galiza mientras la A-6 permanezca cerrada al tráfico.
Por todo lo expuesto anteriormente, el BNG presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno del Estado a:
1. Realizar una inspección o auditoría de los distintos tramos de la A6, sobre todo de los ejecutados en el mismo período que el derrumbado y en las mismas condiciones o licitación, para asegurar el correcto estado de la infraestructura,
así como la detección precoz de posibles deficiencias y que puedan corregirse sin poner en peligro la seguridad de las personas usuarias.
2. Hacer pública toda la información de la que disponga sobre la construcción inicial del tramo colapsado (proceso de adjudicación, empresa adjudicataria, plazos ejecución y de entrega), así como del proceso de detección de los daños y del
proyecto y adjudicación de las obras de reparación en el mismo.
3. Iniciar las acciones precisas para investigar y reclamar las responsabilidades pertinentes en el caso de detectarse algún tipo de negligencia en la ejecución de la construcción o en el proyecto constructivo.
4. Asegurar alternativas viarias adecuadas que garanticen una comunicación ágil y segura mientras la A-6 permanezca cerrada al tráfico.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio de 2022.-Néstor Rego Candamil, Diputado.-Míriam Nogueras i Camero, Portavoz del Grupo Parlamentario Plural.
161/004352
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Plural, a instancia del Diputado del Bloque Nacionalista Galego (BNG) Néstor Rego Candamil, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente
Proposición no de Ley para la protección, consolidación y puesta en valor del hallazgo arqueológico en Vilantime en una zona afectada por las obras de la A-54 para su debate en la Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
Exposición de motivos
A principios del pasado mes de mayo de 2022 se encontró, cerca del lugar de Vilantime, en una zona afectada por las obras de la autovía A-54 entre Santiago y Lugo, un yacimiento arqueológico de gran importancia para la comarca de Arzúa y
para la investigación histórica de Galiza.
Según indica el equipo arqueológico encargado de la excavación, se trata de una aldea castrexa de la época galaico-romana de hace 2.000 años única en Galiza. El área arqueológica actual abarca unos dos mil metros cuadrados aproximadamente,
pero los encargados del estudio apuntan a que el yacimiento excede con creces la zona excavada actualmente que se ubica en los terrenos expropiados por la autovía. Así por ejemplo, a escasos metros de la excavación actual, hace meses que la misma
empresa arqueológica encontró varios restos de edificaciones circulares de época calcolítica, fechadas entre los años 1700 e 3000 a.C.
Se ha descubierto una zona con una vivienda de cuatro estancias y otra construcción dedicada a producción de pan a nivel industrial donde aparecieron restos de un horno y varios molinos de mano. En una zona colindante, se excavaron dos
hornos de 2x2 metros para la cocción de ladrillo y tégula (teja romana) únicos en Galiza por su formidable estado de conservación. Al norte de estos hornos se encuentra el lugar de As Barreiras de donde seguramente extraían el barro de cocción.
En la vivienda apareció cerámica romana y autóctona y varias monedas, entre ellas una de 114 d.C del emperador Trajano y otra de finales del s. III del emperador Galiano, lo que permite, por lo de ahora, hacer una aproximación de las fechas
de ocupación del yacimiento.
Además, los restos se encuentran a escasos metros de un antiguo camino que comunicaba Arzúa y Sardecoiro (Santiso) pasando por Maroxo, Montelongo e Pela, del que tenemos referencias documentales del s. X.
Tras este gran hallazgo, no cabe duda sobre la necesidad de adoptar las medidas necesarias para la conservación adecuada de los restos arqueológicos y su puesta en valor. En este sentido, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda
Urbana, como administración responsable del desarrollo de las obras de construcción de la A-54 debe tener un papel determinante en asegurar la protección, consolidación y puesta en valor del hallazgo, sobre todo teniendo en cuenta, que se encuentran
en terrenos expropiados, de la zona de servidumbre, pero que no afecta directamente al trazado de la autovía.
En definitiva, se trata de un yacimiento único en Galiza, que debe ser conservado para su estudio, investigación y puesta en valor ampliando la zona excavada.
Por todo lo expuesto anteriormente, el BNG presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno del Estado a:
Adoptar todas las medidas necesarias, en coordinación y colaboración con la Xunta de Galiza y el Concello de Arzúa, para asegurar la protección, consolidación y puesta en valor del complejo arqueológico próximo a Vilantime, descubierto en
una zona afectada por las obras de la autovía A-54 entre Santiago y Lugo, así como para depositar las piezas halladas en el mismo, al tratarse de patrimonio histórico y cultural de Galiza, en un museo público gallego próximo al lugar de excavación
para su exposición en tanto no se adopten medidas para la musealización de la zona.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de junio de 2022.-Néstor Rego Candamil, Diputado.-Míriam Nogueras i Camero, Portavoz del Grupo Parlamentario Plural.
161/004356
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre el desarrollo de acciones destinadas a mejorar el estado de la N-540 en lo
referente al mantenimiento y reposición del firme a su paso por la provincia de Lugo, para su debate en la Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
Exposición de motivos
La N-540 es una carretera nacional, que une dos provincias limítrofes: Lugo y Ourense. Con un trayecto de 94 Kilómetros entre ambas capitales provinciales, que se recorre en un tiempo medio de 1 hora y 26 minutos. Cabe señalar que Lugo y
Ourense son las únicas capitales gallegas de provincias sin conexión por autovía o autopista. La realidad demográfica de ambas provincias es la imparable pérdida de población en España en el último siglo.
Esta vía de titularidad estatal es usada por cientos de personas cada día que se mueven entre ambas capitales y entre el resto de poblaciones pertenecientes a los ayuntamientos de Guntín, Portomarín, Chantada, Taboada, Carballedo,
Monterroso, Antas de Ulla, A Peroxa, Coles y Vilamarín.
En la actualidad esta vía tiene un firme difícilmente transitable a causa de los efectos del desgaste que son claramente visibles, motivo de numerosas y frecuentes demandas vecinales y municipales al respecto del mantenimiento y reposición
del firme. La N-540 se inicia en Lugo, en la N-VI, y une a la capital, Lugo, con la provincia de Ourense, terminando en Cambeo (Coles) provincia de Ourense, en la N-525. En la actualidad se encuentra desdoblada entre su tramo de 24 km entre Guntín
y Lugo por la A-54.
El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) consciente de la necesidad de actuaciones en esta carretera nacional, ha priorizado los proyectos de actuación en dicha vía, habiendo sido iniciadas el pasado 2 de mayo las
obras de rehabilitación estructural del firme de la travesía de Guntín en Lugo, entre los km 17,260 y 18,420 de la carretera N-540, que discurre entre Lugo y Ourense, en un trazado paralelo a la autovía A-54. De este modo se mejorará la seguridad
viaria y la comodidad de los usuarios de la carretera N-540, tal y como pretende el Mitma. Y que genera un impulso significativo para mejorar la calidad de servicio de la infraestructura viaria estatal existente.
Esta actuación se incluye en el programa de conservación y mantenimiento de la Red de Carreteras del Estado, a través del cual se han invertido más de 80 millones de euros desde junio de 2018 en la provincia de Lugo. Los PGE 2022 incluyen
partidas para el arreglo y mantenimiento de carreteras en la provincia de Lugo.
Por todo ello el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a continuar impulsando el arreglo de la N-540 entre las provincias de Lugo y Cúrense, avanzar y seguir intensificando las obras, singularmente en lo que afecta a reposición del firme,
y señalización vertical y horizontal. Acelerando en la medida de lo posible los plazos que se contemplan dentro del programa de conservación y mantenimiento de la Red de Carreteras del Estado para así mejorar la calidad del servicio de esta
infraestructura viaria estatal.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de julio de 2022.-Ana Prieto Nieto, Adolfo Pérez Abellás, Uxia Tizón Vázquez y Javier Cerqueiro González, Diputados.-José Zaragoza Alonso y Rafaela Crespín Rubio, Portavoces del Grupo Parlamentario
Socialista.
161/004363
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Plural, a instancia del Diputado del Bloque Nacionalista Galego (BNG) Néstor Rego Candamil, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente
Proposición no de Ley sobre el enlace de la carretera N-550 con el Orbital de Santiago de Compostela y su especial afectación al núcleo rural de Formarís en A Sionlla, para su debate en la Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
Exposición de motivos
Con el anuncio en el BOE de la Demarcación de Carreteras del Estado en Galiza por el que se publica la resolución del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana que aprueba provisionalmente y ordena la incoación del expediente de
Información pública del proyecto de trazado 'Enlace de la carretera N-550 con el Orbital de Santiago de Compostela y reordenación de accesos entre los puntos kilométricos 57+640 y 55+100', con un presupuesto base de licitación de 24.988.011 euros
(IVA incluido), se abrió el plazo de 30 días naturales para presentar alegaciones.
La construcción de este enlace entre la AP-9 con la N-550, conocido como el 'Orbitaliño', es una prioridad para Santiago. Esta necesarísima infraestructura forma parte del conjunto de las que apoyó la Corporación Municipal con los acuerdos
suscritos por todas las fuerzas políticas a las peticiones del Foro Cívico, una plataforma de trabajo que reúne instituciones, asociaciones y colegios profesionales de la capital de Galiza.
En junio de 2021, la Corporación municipal aprobó por unanimidad una moción del BNG para instar a hacer las gestiones necesarias para que el proyecto de esta infraestructura, conocida como Orbitaliño, fuera consensuado con el vecindario de
Formarís, en A Sionlla, y respetara los núcleos tradicionales rurales con la menor afectación posible para evitar que, justamente, esa infraestructura necesaria para Santiago de Compostela evitara la fragmentación poblacional y garantizara la
cohesión territorial y el acceso a los establecimientos comerciales existentes.
Precisamente fue el vecindario de Formarís la que, ya en agosto de 2020, presentó un proyecto con un trazado alternativo para cumplir con el objetivo de conectar la N-550 con el Orbital. La propuesta vecinal requiere una menor superficie de
expropiación y no afecta viviendas, implica un menor impacto visual y produce un mayor sosiego público, en cuanto se reducen las emisiones de contaminación acústica y las vibraciones. Además, resulta compatible con el transporte público, ya que
respeta las paradas de autobuses urbanos en ambos sentidos de la circulación.
El BNG considera que el proyecto que proponga el Ministerio debe seguir criterios favorables al mantenimiento de los núcleos rurales y a la fijación de población, respetando la sostenibilidad ambiental, social y económica. Así, por ejemplo,
en el proyecto presentado, la disposición de enormes pantallas para amortiguar el ruido constante del paso de millares de vehículos, así como los muros que deben soportar esa red viaria con rotondas en diversas alturas y el paso de una gran cantidad
de tráfico pueden atentar con el inexcusable compromiso de preservar el rural.
Por todo lo expuesto anteriormente, el BNG presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno del Estado a:
1. Realizar las gestiones necesarias para que el proyecto del Orbitaliño, el enlace de la carretera N-550 con el Orbital de Santiago de Compostela, sea consensuado con el vecindario de Formarís, en A Sionlla.
2. Mantener un diálogo con el Concello de Santiago de Compostela para tener en cuenta en esta actuación las peculiaridades de los núcleos tradicionales gallegos y la especificidad de la preservación del lugar de Formarís.
3. Modificará el proyecto provisional publicado para respetar las demandas vecinales e introducir criterios favorables al mantenimiento de los núcleos rurales y a la fijación de población, respetando la sostenibilidad ambiental, social y
económica.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de julio de 2022.-Néstor Rego Candamil, Portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Plural.
161/004371
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para la mejora de la Autovía del Norte
A-1 en la Comunidad de Madrid, para su debate en la Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
Exposición de motivos
La autovía del Norte A-1 es el resultado del desdoblamiento en los años sesenta y setenta de la antigua carretera N-l en el tramo entre Madrid y San Agustín del Guadalix. Posteriormente, en los años ochenta y noventa, se amplió este
desdoblamiento hasta Burgos, finalizándose su construcción con las obras del túnel de Somosierra en el año 1992. Actualmente, constituye uno de los principales ejes de comunicación entre el norte y sur del país, así como con el resto de Europa. En
la Red de Carreteras Europeas tiene la denominación de E-5 y constituye un tramo básico del transporte transeuropeo.
En la Comunidad de Madrid, la autovía A-1 es una infraestructura fundamental que permite la conexión de más de 30 municipios de la Sierra Norte con la capital, muchos de ellos con riesgo de despoblación. Teniendo en cuenta el importante
papel que tienen las infraestructuras en el desarrollo del medio rural, la autovía A-1 supone para esta zona un eje fundamental de comunicación que permite el impulso del tejido productivo local, contribuyendo así a la vertebración del territorio.
Por otra parte, en el tramo entre Madrid y El Molar confluyen varios núcleos urbanos altamente poblados que solo disponen de esta autovía como única conexión con Madrid, sirviendo de movilidad diaria a más 325.000 residentes en la zona norte de la
Comunidad.
Todo esto convierte a la A-1 es una de las carreteras de Alta Capacidad del Estado que registra mayor intensidad de circulación, llegando a alcanzar intensidades medias diarias de hasta 244.000 vehículos. La gran congestión que se da a
diario en esta carretera perjudica gravemente a todos sus usuarios y hace necesaria una actuación inmediata y relevante.
La Comunidad de Madrid lleva años solicitando la mejora de las condiciones de explotación de este corredor del norte y, fruto de ello, el Ministerio de Fomento firmó el 28 de julio de 2015 la Orden de Estudio para la redacción del Estudio
Informativo 'Variante de la Autovía A-1. Tramo: Enlace Autopista Eje Aeropuerto (M-12) y Autopista R-2 Variante de El Molar'. Dos años después, el 20 de abril de 2017, la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento resolvió aprobar
provisionalmente el Estudio Informativo, recomendando como solución más favorable la denominada Alternativa Este 1-2, con una longitud de 23,2 km y un presupuesto de licitación de 288,707 millones de euros (IVA incluido). Posteriormente, en octubre
de 2018, se publicó en el BOE la Declaración de Impacto Ambiental favorable
al Estudio Informativo y, en abril de 2019, se aprobó el expediente de Información Pública y definitivamente el Estudio Informativo Variante de la Autovía A-1, pero únicamente en el tramo comprendido entre los pp.kk. 26,0 y 42,0 de la
autovía A-1.
No es hasta el 10 de marzo de 2021, cuando el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana aprueba provisionalmente el anteproyecto de adecuación, reforma y conservación de la A-1 entre Madrid y El Molar, siendo publicada en el BOE
la información pública el 28 de abril de 2021. Desde entonces, nada se sabe de este proyecto que acumula demasiados años de retraso.
Por otro lado, es imprescindible y urgente impulsar también el tramo de nuevo trazado que quedó pendiente de 9,5 km de longitud, comprendido entre el enlace con la autopista Eje Aeropuerto (M-12) y el p.k. 26 a la autovía A-1, ya que
supondría una alternativa de acceso al arco sur de la M-40 a través del Eje Aeropuerto M-12, M-13 y M-14. Este tramo contribuiría a reducir el tráfico diario que soporta la autovía A-1.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Ejecutar de forma urgente el carril BUS VAO de la autovía A-1 en el tramo comprendido entre Madrid y el Molar.
2. Impulsar el tramo de 9,5 km, comprendido entre el enlace con la autopista Eje Aeropuerto (M-12) y el p.k. 26 a la autovía A-1.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de julio de 2022.-Ana María Pastor Julián, Adolfo Suárez Illana, María Elvira Rodríguez Herrer, Edurne Uriarte Bengoechea, Ana María Beltrán Villalba, Antonio González Terol, Carlos Aragonés
Mendiguchía, Pilar Marcos Domínguez, Gabriel Elorriaga Pisarik, Percival Manglano Albacar, Andrés Lorite Lorite y Ana María Zurita Expósito, Diputados.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/004391
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Plural, a instancia del Diputado del Bloque Nacionalista Galego (BNG) Néstor Rego Candamil, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente
Proposición no de Ley para la transferencia de la titularidad del Parque Empresarial de Vimianzo para su debate en la Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
Exposición de motivos
En la gestión y desarrollo de suelo industrial y de servicios en Galiza intervienen principalmente dos actores. Por un lado, la entidad pública Xestur, integrada en la Consellaría de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda y, por lo tanto,
dependiente de la Xunta de Galiza, y por otro, la sociedad SEA (Suelo Empresarial del Atlántico, S.L.) participada mayoritariamente y gestionada por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana a través del SEPES (Entidad Pública
Empresarial de Suelo), dependiente del Gobierno del Estado.
La mayor parte de los polígonos existentes en Galiza son promovidos y gestionados por Xestur, pero otros son de iniciativa y gestión de 'Suelo Empresarial del Atlántico'.
SEA gestiona a día de hoy 13 polígonos, entre los que se encuentran los de Cee, Malpica, A Laracha y Vimianzo.
El Parque Empresarial de Vimianzo, en A Costa da Morte, nació como una de las actuaciones industriales impulsadas para compensar el desastre del Prestige y dotar a la zona afectada de herramientas para su recuperación así como impulsar el
desarrollo económico de la comarca. Se puso así en marcha esta iniciativa conjunta entre Gobierno central y Xunta de Galiza para acondicionar un parque empresarial en la zona, que actuara como polo de atracción de nuevas inversiones generadores de
empleo y potenciar el tejido empresarial de la comarca.
Sin embargo, pasados casi veinte años, los objetivos que se marcaron en su día están aún muy lejos de alcanzarse, pues el crecimiento y dotación de servicios de este parque empresarial es mucho más lento del deseable.
La venta de parcelas no acaba de coger un ritmo estable, a pesar de la campaña promocional anunciada recientemente por SEA para atraer la implantación de empresas, o de las fórmulas económicas impulsadas para abaratar el precio del metro
cuadrado y hacer más atractivo instalarse en el parque.
Esto se debe fundamentalmente a que, más allá de los precios de venta, el hecho determinante para fomentar la instalación de nuevas empresas es mejorar la accesibilidad, debiendo dotarse el parque con un enlace directo a la tan necesaria,
prometida y nunca ejecutada, prolongación de la autovía de A Costa da Morte. Una vez prolongada la autovía, es imprescindible crear una variante al polígono.
Una necesidad que nadie discute, pero en la que la Xunta de Galiza y el Estado español no se ponen de acuerdo: para SEA y el Ministerio de Transportes esa infraestructura no entraría dentro de su ámbito competencial y, por el contrario,
para la Xunta las conexiones entre un ámbito como es la autovía y el parque empresarial deben correr siempre a cargo del promotor de ese último; en este caso, el Gobierno central.
Este conflicto competencial entre el Gobierno central y la Xunta de Galiza está lastrando el despegue definitivo del que puede ser un proyecto que atraiga empresas e industrias que permitan el desarrollo y la generación de empleo, no solo
para el Concello de Vimianzo, sino para toda la comarca.
Además, se está evidenciando una creciente descoordinación entre SEA y Xestur, encontrándonos con situaciones de planificación y precios que producen desventajas competitivas entre unos polígonos y otros próximos a ellos en función de que
entidad lo promueve.
Ante esta situación, la solución pasa porque sea Xestur la que gestione este parque empresarial para permitir y facilitar una planificación industrial racional, coordinada, que optimice las potencialidades de Galiza y, en este caso concreto,
de Vimianzo y favorezca la instalación de nuevas empresas, generadoras de empleo.
Por todo lo expuesto anteriormente, el BNG presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno del Estado a iniciar los trámites para realizar la transferencia del suelo industrial del parque empresarial de Vimianzo, del que en este momento es titular 'Suelo Empresarial de él Atlántico',
a la Xunta de Galicia y su absorción por Xestur, logrando así una mejor planificación industrial y la optimización de las actuaciones de promoción de este parque.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de julio de 2022.-Néstor Rego Candamil, Portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Plural.
161/004392
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Plural, a instancias de la Diputada de Junts, Mariona lllamola Dausá, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta, para su debate en la Comisión de Transportes,
Movilidad y Agenda Urbana, una Proposición no de Ley para mejorar y dignificar el servicio de tren entre Figueres,Girona y Barcelona.
Exposición de motivos
Con motivo de la pandemia de la COVID-19 se adoptaron diversas medidas de contención y con carácter temporal. Entre ellas, como medida de contención y con vocación de provisionalidad se redujo la movilidad en el Estado. Siguiendo esta
pauta, RENFE redujo a la mitad las frecuencias del tren de alta velocidad (TAV) entre Figueres, Girona y Barcelona, pasando de 15 a 7 frecuencias diarias en cada sentido.
Pasado el confinamiento y retornados a la normalidad en la movilidad, RENFE mantuvo la reducción de las frecuencias. Ante las diversas quejas presentadas, RENFE se comprometió a restablecer
progresivamente el servicio en función de la demanda, hasta recuperar las 15 frecuencias por sentido en junio de 2022). Pasada dicha fecha y ante el evidente incumplimiento, la compañía manifiesta que no es capaz de cumplirlo ni sabe cuándo
podrá hacerlo pues precisa de maquinistas disponibles. Sin embargo, en respuesta a las preguntas escritas (171671 y 171672) planteadas por Junts per Catalunya el 27 de diciembre el Gobierno manifestó que tenía previsto incorporar en 2021 la
cantidad de 924 nuevos maquinistas terminando el año con 'un número total de 5.720, la cifra más alta de los últimos años', por lo que la actual respuesta dada carece de sentido pues anteriormente con menos maquinistas se prestaba el servicio.
Actualmente existen 10 frecuencias diarias por sentido en la línea entre Figueres, Girona y Barcelona, que no representan más del 60% de la oferta previa a la pandemia. Ello comporta que los días y las franjas horarias con demanda más alta
-como son las mañanas, los lunes y los viernes- sea difícil encontrar plazas libres y validar el bono, a no ser que se haga con mucha antelación. A título de ejemplo, es bastante difícil encontrar plaza en el Avant del viernes por la tarde.
Asimismo, son insuficientes las frecuencias de los fines de semana.
Asimismo, debe recordarse que, con el objetivo de garantizar la prestación del servicio en condiciones de continuidad, frecuencia, calidad y capacidad para cubrir la demanda existente, la línea Avant Figueres-Girona-Barcelona ha sido
declarada Obligación de Servicio Público (OSP).
Pero la situación no afecta únicamente a la línea de alta velocidad. El servicio de Media Distancia y de Cercanías también es manifiestamente insuficiente en frecuencia horaria y capacidad.
Todo ello genera que, ante la imposibilidad de utilizar un transporte público debido a su insuficiente existencia, un elevado número de habitantes de la demarcación de Girona se vea obligada a desplazarse en vehículo privado a Barcelona, o
por el territorio de la demarcación, para trabajar, estudiar o por motivos de ocio. Situación que es la antítesis de la que debería perseguirse desde los poderes públicos, teniendo en cuenta que estamos ante una emergencia climática, que la
siniestralidad en las carreteras es altamente preocupante y que el precio del combustible aumenta exponencialmente.
Todo ello comporta que las potencialidades de la red de alta velocidad para una conexión ágil y sostenible de la demarcación de Girona, así como de la media distancia y Cercanías, queden frenadas por la gestión y planificación deficientes de
RENFE. Se trata de un auténtico retroceso y una oportunidad perdida para una de las pocas líneas del TAV en la que existe una demanda real del servicio. Demanda, la del uso del transporte ferroviario, que sería superior si hubiese una mayor oferta
de frecuencias de trenes, especialmente teniendo en cuenta el anuncio del Presidente del Gobierno en el Debate del Estado de la Nación de la gratuidad del 100% de los abonos entre septiembre y diciembre de 2022.
Ante esta situación de menosprecio y dejadez, cada vez más usuarios se quejan. Grupos como la Plataforma de Usuaris Afectáis de la Línia del TAV Figueres-Girona-Barcelona o Avant Catalunya reclaman una dignificación de este servicio
público, esencial para la cohesión territorial. O administraciones como el ayuntamiento de Girona que el 11 de julio aprobó una moción en el mismo sentido. Ello pasa no solamente por aumentar las frecuencias, sino también por aumentar las plazas
Avant en los TAV así como, entre otras, mejorar la comunicación de las incidencia y cambios en el servicio.
En octubre de 2020 y en diciembre de 2021 en respuesta a las preguntas escritas (47100, 171671 y 171672) planteadas Junts per Catalunya se contestó que el Gobierno tenía 'la voluntad de seguir recuperando la oferta de servicios ferroviarios,
teniendo en cuenta la evolución de la situación sanitaria, las indicaciones de las autoridades sanitarias y la demanda de los distintos servicios'. Actualmente la situación sanitaria no es excusa para no restablecer los servicios, asimismo, la
demanda es más baja debido a las pocas frecuencias horarias que no permiten escoger esta opción y obligan a recurrir al uso del transporte privado. La demanda crecerá si se incrementa la oferta.
Proposición no de Ley
'1. Recuperación inmediata y total de las frecuencias anteriores a la pandemia en la línea del TAV entre Figueres-Girona-Barcelona.
2. Que, en respuesta a las demandas de los usuarios, se estudie la viabilidad de añadir nuevas frecuencias. Especialmente la reivindicación histórica de un tren que salga de Barcelona sobre las 20:30h a fin de facilitar la conciliación
laboral y familiar de los trabajadores que finalizan su jornada laboral tarde; trenes con origen en Figueres entre las 9:00 y las 15:00h; así como los fines de semana en ambos sentidos.
3. Aumento de la oferta de plazas de Avant en la línea Figueres-Girona-Barcelona, especialmente en los que disponen de menos plazas de este tipo.
4. Aumento del número de vagones disponibles o uso de trenes de doble composición, en las frecuencias con mayor demanda, como son los viernes por la tarde entre Barcelona y Figueres y los lunes por la mañana entre Figueres y Barcelona.
5. Aumento de las frecuencias y de la capacidad en los servicios de Media Distancia y Regionales que operan entre Figueres, Girona y Barcelona.
6. Mejora de la comunicación y uso de la app y del web de RENFE en los aspectos detectados insuficientes por los usuarios tales como:
- Velocidad de actualización de plazas disponibles en la app.
- Simplificación del procedimiento de compra de bonos a través de la web y que puedan también adquirirse a través de la app.
- Comunicación de incidencias y retrasos a través de la app a todos los usuarios con billete.
- Disponer de la app en catalán y resto de lenguas cooficiales.
7. Posibilidad de formalizar el abono del TAV de la línea Figueres-Girona-Barcelona en estaciones diferentes a la de Barcelona-Sants.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de julio de 2022.-Mariona lllamola Dausà, Diputada.-Míriam Nogueras i Camero, Portavoz del Grupo Parlamentario Plural.
161/004398
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Plural, a instancias de Ferran Bel i Accensi, Diputado del PDeCAT, y al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del reglamento de la Cámara, presenta para su debate ante la Comisión de Transportes,
Movilidad y Agenda Urbana una Proposición no de Ley para restaurar el servicio Avant entre Tortosa y Barcelona.
Exposición de motivos
El 3 de febrero del 2020 se puso en funcionamiento el servicio Avant que conectaba Tortosa y l'Aldea con Barcelona pasando por la estación del Camp de Tarragona. Pocas semanas más tarde, a causa de la pandemia, este servicio se suspendió y
no se ha vuelto a restablecer.
Gracias a la experiencia del teletrabajo, muchas personas han dejado de residir en Barcelona para volver a vivir en las Terres de l'Ebre manteniendo el trabajo en Barcelona. Todavía pueden ser muchas más. A pesar de la buena acogida del
teletrabajo por parte de las empresas y del sector público, el servicio deficiente actual que ofrece RENFE hace poco atractivo establecerse más allá de la segunda corona metropolitana. Por eso, es fundamental aprovechar la línea de alta velocidad
existente entre el Camp de Tarragona y Barcelona para poder conectar Tortosa con Barcelona en un máximo de una hora y cuarenta minutos.
En el ámbito de Catalunya el servicio de transporte que ofrece RENFE está desequilibrado. Si bien es cierto que la prestación se ha reducido desde Lleida y Figueres (servicio que se debe recuperar con urgencia), no es menos cierto que estas
zonas de Catalunya continúen disponiendo del servicio Avant que los conecta con Barcelona.
El tren Avant de Tortosa a Barcelona no solo permitiría llegar más rápidamente a la capital del país y al resto de países europeos situados al norte de los Pirineos, sino que al conectar con la estación del Camp de Tarragona enlazaría con el
resto de la península. Además, este tipo de trenes permiten que se pueda trabajar durante el viaje gracias a la disponibilidad de mesas y enchufes, unos elementos prácticamente inexistentes en otros servicios convencionales de Renfe hacia el sur de
Catalunya.
El actual Gobierno ha manifestado su preocupación por el despoblamiento de las zonas rurales y por el desequilibrio territorial. Uno de los ministerios, se denomina de 'Transición Ecológica y Reto Demográfico'. El Gobierno debe hacer
políticas valientes en pro del equilibrio territorial. El teletrabajo es
un gran aliado pero para hacerlo atractivo requiere de un buen servicio público de transporte y aquí RENFE juega un papel muy importante. Hay que tener en cuenta que el trabajo a distancia permite que un territorio recupere el capital
humano que ha tenido que emigrar y a la vez esta recuperación de trabajadores más cualificados ayuda a que se creen nuevas empresas en esta región.
Desde distintos ámbitos de las Terres de l'Ebre, tanto sociales como políticos, se pide restablecer el servicio de tren rápido que conecte Tortosa y l'Aldea con Barcelona, por no-discriminación, por reequilibrio territorial y por una visión
de futuro que surge de las oportunidades que genera un escenario creciente de teletrabajo, tal como ya se ha sucedido en otros territorios.
Por todo ello, los diputados del PDeCAT presentan la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a restaurar de forma inmediata el servicio Avant entre Tortosa y Barcelona.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de julio de 2022.-Ferran Bel Accensi, Diputado.-Míriam Nogueras i Camero, Portavoz del Grupo Parlamentario Plural.
161/004405
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Plural, a instancia del Diputado del Bloque Nacionalista Galego (BNG) Néstor Rego Candamil, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente
Proposición no de Ley sobre la mejora de la seguridad viaria en el paso elevado de la vía férrea A Coruña-Palencia en Oza dos Ríos para su debate en la Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
Exposición de motivos
La vía de tren en el centro de Oza dos Ríos, ahora perteneciente al fusionado Concello se Oza-Cesuras, divide en dos el núcleo urbano y cuenta con un paso elevado sobre la carretera AC-840 de titularidad de la Xunta de Galiza. Este paso
elevado se produce mediante un puente que deja un vano muy estrecho provocando problemas de seguridad viaria por la falta de un paso seguro para peatones, sin arcén ni aceras. La vía se estrecha bajo el puente dejando apenas circular a dos
vehículos pequeños, pero sin que exista lugar para que transiten los peatones, sillas de ruedas o carritos, que necesariamente deben invadir la carretera arriesgándose a ser arroyados por los coches que, tras una curva cerrada, se adentran bajo la
vía.
Solucionar este problema, una de las mayores y más peligrosas barreras arquitectónicas de la comarca es una antigua reclamación de los vecinos y vecinas, incluyéndose como promesa en el momento de la fusión de los concellos de Oza y Cesuras,
pero que nunca se llegó a ejecutar.
Una de las posibles soluciones pasa por eliminar 200 metros de pendiente del paso elevado para cambiarlos por pilares, lo que permitiría ampliar el vano para la construcción de aceras y arcén de seguridad. El desarrollo de este proyecto
correspondería a ADIF de quien depende la vía férrea, que de hecho en 2017, realizó trabajos previos para avanzar en esta obra, realizando prospecciones en el subsuelo de la línea férrea A Coruña-Palencia en este punto, para comprobar el estado del
talud y su estabilidad.
Con este estudio se determinaría la naturaleza geológica del suelo a ambos lados del talud, lo que permitiría redactar el proyecto para la construcción del paso bajo la vía. En aquel momento, desde el Ministerio de Fomento, se anunciaba que
la obra contaba con un presupuesto de más de 800.000 euros y que tras finalizarse la zona contaría con una calle de dos direcciones con aceras a cada lado bajo la vía.
Sin embargo, no se conocen más avances para la eliminación del estrecho paso a nivel, sin que se haya consignado ninguna partida específica para esta finalidad en los Presupuestos Generales del Estado para 2021 ni 2022.
Por todo lo expuesto anteriormente, el BNG presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno del Estado a mejorar la seguridad vial en Oza dos Ríos dotando de un paso seguro para los peatones y viandantes que circulan bajo el talud del paso elevado de la vía férrea A Coruña-Palencia
que no dispone de arcenes ni aceras.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de julio de 2022.-Néstor Rego Candamil, Portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Plural.
161/004414
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Plural, a instancia Joan Baldoví Roda, Diputado de Compromís, y al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre los
transportes marítimos y aéreos de la Ciudad Autónoma de Melilla en la Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
Exposición de motivos
La conexión de la ciudad de Melilla con el resto del territorio español es una asignatura pendiente del estado con dicha ciudad. A pesar de las bonificaciones al pasajero residente en el transporte marítimo y aéreo, al contrato de servicio
de navegación de interés público, a las bonificaciones de familia numerosa y personal militar, y a las obligaciones de líneas aéreas de Servicio Público, el resultado es insatisfactorio.
El actual sistema está basado en una serie de bonificaciones y subvenciones de carácter disperso e ineficaz, y no en el deseable principio de continuidad territorial.
Las actuales bonificaciones para residentes, sin control de precios, han provocado un alza desorbitada en los pasajes de las compañías aéreas y navieras. El resultado efectivo es que la subvención ha ido a parar en buena parte a las
compañías de transporte y no a los residentes, provocando además un alejamiento de la ciudad para el residente peninsular, por el incremento del precio de los billetes.
Este encarecimiento de los billetes es muy lesivo para el comercio y el turismo de la ciudad de Melilla, y perjudica unas relaciones de cooperación económica que se han de impulsar tras la reapertura de la frontera, cerradas durante más de
dos años.
Uno de los pilares del desarrollo económico de Melilla, propuesto tanto por el Gobierno Central como por el Gobierno de la ciudad, es el turismo, sector que en la actualidad se encuentra laminado por el precio de los pasajes.
Es preciso pues, formular un cambio de modelo de conexión de la ciudad, de tal forma que los recursos financieros se incardinen a aproximar (en términos de transporte) la ciudad a la España peninsular, y no en bonificar el transporte del
residente en Melilla a la península. Hay que acercar Melilla al resto de España, y no solo bonificar a los residentes.
En este sentido, la única solución que entendemos viable es la de crear un puente marítimo con la ciudad de Málaga, con un tipo de buque de alta velocidad (con capacidad de más de 1000 butacas y velocidad próxima a los cuarenta nudos), a
precio gratuito tanto para los residentes como para los no residentes.
El vigente contrato de servicio de navegación de interés público con la ciudad de Melilla, entendemos que ha de modificarse en aras, como hemos dicho, a respetar el principio de continuidad territorial, y no a una búsqueda que conexiones con
distintos destinos, que suponen un enorme esfuerzo financiero para el Estado, y que no solucionan el problema del transporte y no satisface ni a los ciudadanos de Melilla, ni a los peninsulares.
La ciudad de Melilla mantiene enlaces de líneas regulares con tres puertos (Málaga, Almería y Motril), y el transporte aéreo conecta a la ciudad con Málaga, Almería, Madrid principalmente, y también con Granada, Sevilla, Barcelona, así como
con Palma de Mallorca y las Palmas de Gran Canaria. Tal dispersión de destinos es lo que ha provocado el fallo del sistema y el estallido de los precios. Para apoyar
los enlaces señalados, el Estado mantiene una serie subvenciones dotadas presupuestariamente cada año:
- Bonificación del 75% del precio del billete marítimo.
- Bonificación del 75 % del precio del billete aéreo.
- Contrato Marítimo de las líneas regulares con Melilla.
- Subvención a líneas aéreas declaradas como Obligación de Servicio Público con origen Melilla (Sevilla, Almería y Granada).
- Subvención al transporte de Familias Numerosas
- Subvención (ahora extinta al transporte) para la gratuidad del transporte por vía marítima del personal militar.
Adicionalmente, existe un esfuerzo económico importante por parte de la ciudad Autónoma de Melilla, que se materializa en:
- Subvención total del transporte a equipos deportivos de determinadas categorías. - Subvención de viajes a personas de la Tercera Edad.
- Otras subvenciones que implican gastos en transporte. Asimismo, también existe un importante gasto en transporte por parte de la Administración General de Estado, derivados tanto del traslado de funcionarios, como de otros servicios
prestados por la misma.
La estrategia que se propone es concentrar este cúmulo de ayudas y gasto económico por parte de las administraciones, en un transporte marítimo de Alta Velocidad, cuyo destino sería esencialmente la ciudad de Málaga.
Una conexión gratuita tanto para residentes peninsulares como para los melillenses, y abordar de forma definitiva el citado objetivo de la continuidad territorial.
Esta estrategia puede implementarse mediante la modificación del concurso marítimo de líneas regulares, cambiándolo básicamente al modelo propuesto, y el cambio presupuestario derivado de la concentración de esfuerzos financieros planteado.
Por otra parte, la situación del mercado aéreo de la ciudad de Melilla, a pesar de las importantes bonificaciones antes mencionadas, que cada año se otorgan mediante créditos del Ministerio de Transporte, esta lejos de normalizarse.
Las subvenciones prácticamente han servido para que el precio de billete aéreo para que el precio no haya parado de subir, lo que de manera práctica ha servido para subvencionar a las compañías aéreas, y no al pasajero. Esta apreciación, le
consta a la propia administración del Estado, por los estudios realizados sobre el asunto.
La cuestión de fondo del transporte aéreo, así como del marítimo, es la conectividad. La ciudad de Melilla debe tener una conexión con la península que sirva como eficiente cordón umbilical, de lo que se está muy lejos en la actualidad.
Los precios de los billetes provocan grotescas paradojas, como el hecho de que el precio de un pasaje a Melilla resulte bastante más caro que uno con destino a capitales de lejanos países. Es imprescindible aplicar el axioma de que no exista
bonificación sin limitación.
La cuestión, reiteramos, es acercar Melilla a la península, y no solo facilitar el acceso de los melillenses al resto de España. Los no residentes en Melilla, deben tener un acceso fácil y barato a la ciudad de Melilla. Es necesario
rediseñar la calificación y el sistema de los enlaces aéreos de la ciudad de Melilla, estableciendo las preferencias de conexión, las frecuencias deseables de cada una de ellas y establecer un sistema de control de precios que evite las actuales
paradojas.
En este sentido, considerar la declaración de Obligación de Servicio Público de los enlaces con Málaga (primer aeropuerto internacional) y Madrid, se hace esencial.
Esta modificación de la regulación aérea debe hacerse de manera urgente a la mayor brevedad, dado que la ciudad se encuentra inmersa en un proceso de modificación de su modelo económico, derivado de la variable situación comercial respecto
del país vecino, que tan negativamente ha afectado a la economía melillense y al comercio en particular, en un pasado reciente, y aún sin resolver. Resulta evidente que, para el desarrollo de nuevas actividades económicas alternativas, es
imprescindible una eficiente y eficaz conexión aérea de la ciudad.
Por todo aquello anteriormente expuesto, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso insta al Gobierno a:
1.º Se modifique el próximo contrato de servicio de navegación de interés público de la conexión marítima de Melilla, incorporando la línea propuesta de alta velocidad Melilla-Málaga, a precio gratuito.
2.º Se modifique el actual sistema presupuestario de bonificaciones al transporte de pasajeros con la ciudad de Melilla, para hacerlo acorde con la propuesta formulada, y por ende con el principio de continuidad territorial.
3.º Se proceda por el Gobierno a limitar los precios de los billetes de los enlaces aéreos de la ciudad de Melilla, que se emitan con bonificación de residente.
4.º Se consideren prioritarios los enlaces aéreos Melilla-Málaga y Melilla-Madrid para la declaración de Obligaciones de Servicio Público, en la conexión aérea de Melilla.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de agosto de 2022.-Joan Baldoví Roda, Portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Plural.
161/004433
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para la construcción de un ramal o by-pass ferroviario en Alcázar
de San Juan, para su debate en la Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
Exposición de motivos
La configuración de la Red Ferroviaria de Interés General conlleva que el tráfico de mercancías cuyo origen sea Andalucía y tenga destino la Comunidad Valenciana y la Región de Murcia, tras pasar Despeñaperros y alcanzar Alcázar de San Juan,
debe reencaminarse hacia Albacete.
Sin embargo, en la actualidad no es posible un cambio fluido de la línea de Andalucía a la línea hacia Albacete. Esto se debe a que los trenes se ven obligados a llegar a la estación de Alcázar de San Juan y realizar una inversión de
marcha. Al mismo problema se enfrentan los trenes que estuvieran interesados en realizar trayectos que quieran conectar de manera transversal Extremadura con la Comunidad Valenciana o la Región de Murcia a través de Ciudad Real y Manzanares, sin
verse forzados a emplear las más congestionadas vías del entorno del área metropolitana de Madrid.
Esta situación supone una muy considerable pérdida de tiempo, eficiencia y competitividad en el tráfico ferroviario de mercancías que realice los mencionados trayectos. La falta de continuidad de la red en circulaciones transversales
este-oeste provoca, en definitiva, una infrautilización de la infraestructura ferroviaria en la zona de La Mancha, que sería, dada la dificultad orográfica del sistema bético, el corredor natural de conexión entre el sureste y el suroeste
peninsular.
A diferencia de otros retos a los que se enfrenta el sistema ferroviario español que requerirían grandes inversiones o complejas infraestructuras, la problemática señalada se podría solucionar fácilmente con un ramal de poco más de un
kilómetro de largo al sur de la estación de Alcázar de San Juan. Una pequeña en su dimensión que, sin embargo, abriría grandes posibilidades para la explotación de la red ferroviaria, con una mayor flexibilidad, capilaridad y oportunidades de
puesta en marcha de servicios hasta ahora difíciles. Permitiría, además, que ciertos servicios ferroviarios se puedan ahorrar varias decenas de kilómetros de trayecto evitando la alternativa muchas veces innecesaria de circular por el área
metropolitana de Madrid, lo que a su vez descongestionaría esta última.
Si bien el principal beneficiario inicialmente serían los trenes de mercancías, el by-pass planteado en Alcázar de San Juan potencialmente -con los oportunos cambios de ancho y de haber demanda- podría servir a medio plazo también para la
creación de servicios transversales de pasajeros de larga distancia como Alicante-Sevilla, creando una red ferroviaria más cohesionada y con más opciones para los usuarios.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a iniciar los trámites para la construcción de un ramal o baipás ferroviario en Alcázar de San Juan que permita circulaciones sin necesidad de inversión de marcha entre la línea general de
Andalucía y la línea a Albacete.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de agosto de 2022.-Juan Ignacio López-Bas Valero, Diputado.-Edmundo Bal Francés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
161/004437
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Plural, a instancia del Diputado del Bloque Nacionalista Galego (BNG) Néstor Rego Candamil, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente
Proposición no de Ley para la inclusión de Galiza dentro de la Estrategia 'Mercancías 30' para su debate en la Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
Exposición de motivos
Dentro del llamado Eje 6 de la Estrategia de Movilidad Segura, Sostenible y Conectada 2030 -Cadenas Logísticas Intermodales e Inteligentes- el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, ha lanzado la iniciativa 'Mercancías 30',
con la intención de potenciar el transporte ferroviario de mercancías como eje vertebrador de las cadenas logísticas multimodales. Con ello el Ministerio dice apostar por la recuperación económica post COVID19 y la consecución de los objetivos de
descarbonización y sostenibilidad del transporte.
Para lograrlo, el MITMA ha identificado una serie de acciones y medidas a corto y medio plazo que planea implantar antes de 2030 para así, dicen, elevar la cuota modal del transporte ferroviario de mercancías hasta el 10%, logrando trasvasar
los tráficos de mercancías que actualmente se realizan por carretera hacia modos más sostenibles como el ferrocarril. Sin embargo, el anuncio del Ministerio deja fuera de las actuaciones previstas para potenciar el transporte ferroviario de
mercancías a Galiza.
En el documento hecho público se defiende la necesidad de subvencionar a las empresas, digitalizar el transporte, adaptar las infraestructuras, gestionar mejor la capacidad de la red, habilitar terminales donde hacen falta y desplegar las
autopistas ferroviarias. Pero ninguna de estas innovaciones y mejoras beneficiará a los gallegos y gallegas pues Galiza queda completamente al margen de las previsiones de inversiones del Gobierno estatal.
Las autopistas ferroviarias consisten, principalmente, en una conexión donde los gálibos de los túneles y el suelo de los vagones están adaptados de tal forma que el tren puede llevar tráileres enteros o semirremolques. En este sentido,
viene a ser la traslación al sistema ferroviario de las autopistas del mar, reclamadas al Estado español de modo insistente por la Comisión Europea, que pide un incremento del transporte ferroviario situado en la actualidad en el 4% del total frente
el 95,7% de las toneladas de mercancías son transportadas por carretera, 13,8 puntos por debajo de la media de la Unión Europea.
Entre las líneas definidas como 'prioritarias' por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana en su documento 'Mercancías 30' para la implantación de las autopistas ferroviarias tanto en vías de ancho internacional como en
ibérico están el eje Murcia-València-Barcelona-Figueres así como la conexión entre Gasteiz e Irún en Euskadi. Así mismo, el documento de trabajo del Gobierno estatal indica que para la red de ancho ibérico 'los itinerarios potenciales discurren
desde Huelva, Sevilla y Algeciras hacia Madrid; desde Madrid hacia Zaragoza y Barcelona; desde Madrid hacia València y desde Madrid hacia la Valladolid y Jundiz (Araba); así como entre Medina del Campo (Valladolid) y la frontera portuguesa por
Fuentes de Oñoro (Salamanca) y entre Zaragoza, Iruña y Gasteiz. La definición de estas vías responde a criterios radiales, primando Madrid como centro de la malla comunicativa y dejando fuera de la misma Asturias, Cantabria, Galiza y Extremadura.
En definitiva, el Ejecutivo del Estado ha decidido, una vez más, priorizar el eje mediterráneo, así como la conexión con Portugal a través de Salamanca, dejando fuera a Galiza, además de concebir el mapa de las líneas con una visión
claramente centralista, obligando a que todo el tráfico pase por Madrid.
Esta forma de ordenar el desarrollo de la red ferroviaria de mercancías es una anomalía se la comparamos con el resto del espacio europeo, ya que en ningún otro estado se prioriza la unión de las
principales ciudades con la capital estatal, sino que se ponen al servicio de las necesidades de las distintas zonas de su territorio así como de la estructura económica y empresarial, para favorecer su desarrollo y la conexión con los
mercados prioritarios tanto internos como internacionales.
El motivo de exclusión de Galiza de estas medidas no se explica en el documento, que no aporta ninguna razón o argumento al respecto, pero además contradice los propios compromisos del Gobierno así como los objetivos marcados por Europa.
Cabe recordar en este sentido, en primer lugar, que los denominados Corredores de la Red Básica según el Reglamento (UE) 2021/1153, incluyeron finalmente la conexión con Galiza gracias, fundamentalmente, a la defensa realizada por el BNG en
el Parlamento Europeo y en el resto de instituciones en las que está presente. Debido a esta inclusión, el Estado ha comprometido el desarrollo y mejora de las infraestructuras ferroviarias gallegas para el transporte de mercancías y lograr así esa
confluencia con lo marcado y requerido desde la Unión Europa. Así por ejemplo, se acaba de licitar finalmente la conexión ferroviaria con el Porto Exterior da Coruña, y también cabe destacar el compromiso presupuestario de distintas partidas que
suman 275.000 millones de euros para la mejora de la Red Ten-T en Galiza en 2022. Estas inversiones son imprescindibles pero, para que sirvan realmente a la mejora del transporte ferroviario de mercancías, se debe también incorporar a Galiza en la
conexión de estas llamadas 'autovías ferroviarias', lo que permitiría reducir la dependencia gallega del transporte por carretera. Es más, tras la lectura del documento, casi podría ponerse cuestión si esa partida presupuestada para la Red Ten-T va
a ser finalmente ejecutada al conocer este nuevo diseño que parece dejar fuera de las previsiones de desarrollo a las infraestructuras ferroviarias gallegas.
En segundo lugar, debe destacarse la importancia económica de las importaciones y exportaciones que llegan a los puertos de Galiza y que necesitan para mantener su competitividad de la mejora de sus conexiones ferroviarias, lo que se
incardina en esa deseada intermodalidad entre transporte marítimo, por carretera y ferroviario de la que habla el documento. Así por ejemplo, ya en el momento actual y sin contar aún con un transporte específico de mercancías, lo que se embarca y
desembarca en los cuatro principales puertos de Galiza alcanza las 690.000 toneladas, cantidad que da una idea clara de las potencialidades que se podrían desarrollar con una apuesta decidida por las conexiones ferroviarias.
Es más, Galiza no sólo no aparece en la previsión de inversiones en el programa Mercancías 30, sino que permanece amenazada por la propuesta del Gobierno de implantar el pago por el uso de autovías de titularidad estatal. Así, las empresas
gallegas se verían doblemente penalizadas, pues por un lado no tendrían acceso a las autovías ferroviarias, debiendo utilizar como única posibilidad el transporte por carretera cuyo coste se vería incrementado por el pago de estos nuevos 'peajes'
Por todo lo expuesto anteriormente, el BNG presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno del Estado a:
1. Incluir a Galiza dentro de las previsiones de desarrollo de las autovías ferroviarias, garantizando la conectividad del trasporte de mercancías ferroviario y la intermodalidad con los principales puertos gallegos.
2. Apostar por el pleno desarrollo de la Red Ten-T en Galiza y su integración y conexión en las autovías ferroviarias ejecutando a la mayor brevedad de forma completa los 275 millones de euros comprometidos en los Presupuestos del Estado
para 2022 con esta finalidad.
3. Priorizar la conexión ferroviaria, también de mercancías, entre Galiza y Portugal.
4. Retirar, sobre todo mientras no se desarrolle una adecuada red de transporte ferroviario, tanto de mercancías como de viajeros, la implantación de la obligatoriedad de pago en las autovías de titularidad estatal, que supondría una grave
discriminación para las empresas de Galiza.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de septiembre de 2022.-Néstor Rego Candamil, Portavoz del Grupo Parlamentario Plural.
Comisión de Educación y Formación Profesional
161/004427
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para la puesta en marcha de medidas que garanticen el acceso a
los recursos educativos a las familias con hijos en etapa escolar, para su debate en la Comisión de Educación y Formación Profesional.
Exposición de motivos
El derecho de todos a la educación está consagrado como derecho fundamental en el artículo 27.1 de la Constitución española, añadiendo taxativamente el apartado cuatro de ese mismo artículo que 'la enseñanza básica es obligatoria y gratuita'
y asignando a los poderes públicos la obligación de garantizar y hacer efectivo este derecho.
La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, dispone en su artículo 4.1 que 'la enseñanza básica [...] es obligatoria y gratuita para todas las personas' y en su artículo 3.3 precisa que 'la educación primaria, la educación secundaria
obligatoria y los ciclos formativos de grado básico constituyen la educación básica'. El artículo 3.10 de la misma Ley Orgánica establece que los ciclos de Formación Profesional Básica serán de oferta obligatoria y de carácter gratuito.
Finalmente, el artículo 88.2 de la citada Ley Orgánica de Educación establece que 'las Administraciones educativas dotarán a los centros de los recursos necesarios para hacer posible la gratuidad de las enseñanzas que la ley declara
gratuitas'.
Sin embargo, el derecho a la gratuidad de la enseñanza básica no opera de forma completa si atendemos que cada año las familias siguen haciendo frente a los costes de adquisición de los libros de texto, lo que supone un esfuerzo económico
considerable para los padres, madres y tutores del alumnado en la Etapa de Educación Obligatoria.
Según los últimos datos de los que disponemos, la tasa de variación anual del Índice de Precios al Consumo se situó en el mes de julio en el 10,8%, lo que está restando poder adquisitivo a las familias, especialmente a aquellas con menor
renta. El incremento de los precios experimentado en los últimos meses tendrá un impacto considerable en los bolsillos de las familias en la vuelta al cole de sus hijos. Según Cronica Globlal, citando una reciente entrevista realizada por
Privalia, 'un 60% de los encuestados asegura que este año invertirá más en las compras vinculadas a la educación de sus hijos'. En concreto, 'la factura media se situará entre los 200 y 500 euros, siendo la franja de 300 a 500 euros la de mayor
peso'.
Teniendo en cuenta el marco normativo, social y económico expuesto, se hace necesario profundizar en la efectiva gratuidad de la enseñanza básica, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 9.2 de nuestra Carta Magna cuando afirma que
corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la igualdad del individuo sea real y efectiva y remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud, con el convencimiento de que una educación básica plenamente gratuita
constituye un instrumento indispensable para garantizar la igualdad de oportunidades de los ciudadanos.
Por todo ello, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a:
1. Impulsar, en colaboración con las comunidades autónomas, un sistema de préstamo de libros de texto que garantice la gratuidad de los mismos para todo el alumnado matriculado en centros públicos y privados-concertados que se encuentren
cursando la Etapa de Educación Obligatoria.
2. Garantizar el acceso a internet a aquellas familias que se encuentran en situación de vulnerabilidad económica cuyos hijos están matriculados en cualquiera de los cursos que comprenden la Etapa de Educación Obligatoria en el marco del
desarrollo del abono social para servicios de comunicaciones previsto en la Ley 11/2022, de 28 de junio, General de Telecomunicaciones.
3. Impulsar las modificaciones oportunas para reducir el IVA del material escolar del tipo general (21%) al tipo reducido (10%) hasta el 30 de junio de 2023.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de agosto de 2022.-Sara Giménez Giménez, Diputada.-Edmundo Bal Francés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones
161/004383
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Plural, a instancia Joan Baldoví Roda, Diputado de Compromís, y al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para adoptar
las medidas necesarias para alcanzar una cobertura de las plazas de personal médico en la sanidad pública suficientes para garantizar y cubrir las necesidades de la población en condiciones de calidad del servicio, así como en el ámbito del personal
facultativo sanitario, para su debate en la Comisión de Trabajo, Seguridad Social y Migraciones.
Exposición de motivos
La carencia y poca estabilidad de facultativos en la sanidad pública es uno de los principales retos estructurales a los cuales se enfrenta el sistema sanitario actualmente. Esta carencia existente en diversas Comunidades Autónomas se ha
visto agravada con la pandemia provocada por la COVID-19, que ha mermado las bolsas y en algunos casos las ha agotado. En el caso de la Comunitat Valenciana, según alertan los sindicatos, el agotamiento de las bolsas de medicina está
imposibilitando la cobertura de las vacaciones en periodo estival, donde la presión asistencial se incrementa especialmente, por la movilidad y factores turísticos, y está impidiendo cubrir servicios tanto en emergencias sanitarias y en determinados
departamentos de salud, como por ejemplo el de Vinaròs, el de la Marina Baixa o el de Xàtiva-Ontinyent. La falta de cobertura de plazas de medicina comienza a afectar a la calidad asistencial, en un momento especialmente sensible como es el verano,
generando un empeoramiento de la asistencia tanto para la población valenciana como para aquellas personas que viajan los municipios valencianos durante los meses de julio y agosto.
Atendiendo a esta situación y a las singularidades territoriales, es fundamental afrontar el reto para conseguir una cobertura de las plazas de medicina en la sanidad pública suficiente, así como al ir ampliando el personal sanitario para
mejorar la calidad asistencial. Este reto se basa precisamente en enfrentar los factores que están detrás de la carencia de personal sanitario, donde las Comunidades Autónomas juegan un papel fundamental en cuanto a la garantía de las condiciones
laborales o la suficiencia de plazas de estudios de medicina, pero donde el Estado tiene un papel necesario, tanto en la limitación actual a la creación de plazas, mediante la tasa de reposición, o en aquellas competencias relativas a la
convalidación de titulaciones de medicina en universidades extranjeras.
Por todo aquello anteriormente expuesto, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso insta al Gobierno a
1. Adoptar las medidas necesarias para alcanzar una cobertura de las plazas de personal médico en la sanidad pública suficientes para garantizar y cubrir las necesidades de la población en condiciones de calidad del servicio, así como en el
ámbito del personal facultativo sanitario.
2. Eliminar la tasa de reposición, como medida necesaria para plantear planes de incremento de los profesionales de los servicios públicos, y en concreto del sistema sanitario público.
3. Facilitar los procesos de convalidación de titulaciones de medicina de universidades en el extranjero, para posibilitar el ejercicio de la profesión en España a los profesionales facultados para ello.
4. Planificar un aumento de las plazas de MIR en función de las proyecciones de las necesidades futuras del sistema sanitario de salud.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de julio de 2022.-Joan Baldoví Roda, Diputado.-Néstor Rego Candamil, Portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Plural.
161/004397
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Plural, a instancia Joan Baldoví Roda, diputado de Compromís, y al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para la
incorporación del calor extremo como riesgo laboral, para su debate en la Comisión de Trabajo, Seguridad Social y Migraciones.
Exposición de motivos
Las temperaturas extremas en el mes de julio han causado en los últimos días la muerte de tres trabajadores; un empleado de la limpieza que cayó desplomado en la calle; un trabajador mientras repartía propaganda y otro en una nave
industrial en la cual, según sus compañeros, se llegó a los 46 grados de temperatura. Como no puede ser de otra manera, estas muertes han conmocionado la sociedad. Esta conmoción, no debe llevarnos a la parálisis, sino a buscar soluciones para
prevenir y mitigar los efectos sobre las condiciones de trabajo de unas olas de calor que cada vez son más frecuentes, como consecuencia del calentamiento global.
En este sentido, el sindicato Comisiones Obreras ha exigido considerar el calor como un riesgo laboral y que las empresas cuyo personal pueda verse afectado por los acontecimientos de calor tengan preparada con anticipación suficiente 'una
respuesta eficaz que garantice la protección de la salud' y un plan de prevención de riesgos que incluya las temperaturas altas como un riesgo laboral.
El informe 'Los episodios de altas temperaturas como riesgo laboral' elaborado por el Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud (ISTAS) de CCOO insta a la necesidad considerar las olas de calor como un riesgo laboral emergente.
Como primer paso, el estudio solicita que se establezca un método fácil para estimar el nivel de riesgo por exposición en el calor, a partir del cual se puedan determinar las medidas preventivas adecuadas.
Hasta ahora, la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales no hace mención específica al calor. Asimismo, el Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el cual se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y
salud en los puestos de trabajo, limita solo las temperaturas en interior. Concretamente, entre 17 y 27 grados para actividades sedentarias y entre 15 y 25 para trabajos ligeros. Existen también los convenios colectivos, pero varían según sectores
y localización geográfica.
Por todo aquello anteriormente expuesto, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso insta al Gobierno a:
1. Realizar las modificaciones normativas pertinentes para incluir las altas temperaturas como riesgo laboral.
2. Incrementar los recursos humanos y técnicos necesarios en los servicios de inspección de trabajo.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de julio de 2022.-Joan Baldoví Roda, Diputado.-Míriam Nogueras i Camero, Portavoz del Grupo Parlamentario Plural.
161/004406
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para la aplicación retroactiva al inicio del ejercicio 2022, de
la deducción por contribuciones empresariales a planes de pensiones de empleo en el Impuesto sobre Sociedades, para su posterior debate en la Comisión de Trabajo, Seguridad Social y Migraciones.
Exposición de motivos
El pasado 1 de julio se publicó en el BOE la Ley 12/2022, de 30 de junio, de regulación para el impulso de los planes de pensiones de empleo. Esta Ley incluye una disposición final quinta, aprobada a instancias del Grupo Parlamentario
Ciudadanos, entre otros, que incorpora en el Impuesto sobre Sociedades una deducción del 10% en cuota, por contribuciones empresariales a sistemas de previsión social empresarial imputadas a favor de los trabajadores. La citada Ley entró en vigor
el pasado día 2 de julio.
Posteriormente a la aprobación y entrada en vigor de la Ley, la Agencia Tributaria emitió una Nota Explicativa según la cual, esta nueva deducción es aplicable para períodos impositivos que comiencen a partir de la entrada en vigor de la
misma, esto es, el 2 de julio de 2022. Con ello, Hacienda cierra la puerta a la posibilidad de que este incentivo fiscal resulte de aplicación con carácter retroactivo al ejercicio 2022 para todas aquellas empresas que inician su período impositivo
el 1 de enero, es decir, para la inmensa mayoría de las sociedades de nuestro país. Así, el Gobierno posterga al ejercicio 2023 para la gran mayoría de contribuyentes societarios, la aplicación de un beneficio fiscal clave para el impulso a la
implantación de los planes de pensiones de empleo.
Si bien es cierto que Hacienda justifica su decisión en la ausencia de declaración expresa de retroactividad de este incentivo fiscal en la Ley que lo aprueba, ex artículo 10.2 de la Ley General Tributaria, no es menos cierto que la
retroactividad de la normativa tributaria no está prohibida en nuestro ordenamiento jurídico, salvo que colisione derechos constitucionales, como el de seguridad jurídica. Así, es generalmente aceptado, que la decisión sobre la retroactividad o no
de una concreta disposición tributaria, tiene mucho de arbitraria y cuenta con un amplio margen de apreciación política.
Por ello, es justo mantener que el Gobierno podría haber otorgado capacidad retroactiva a este incentivo fiscal al inicio del ejercicio 2022 sin menoscabo alguno de normativa o derecho constitucional al tratarse, además, de un incentivo en
favor del contribuyente.
Con esta arbitraria decisión del Ministerio de Hacienda, se postpone de facto la puesta en marcha e implantación de los planes de pensiones de empleo hasta el ejercicio 2023 para la inmensa mayoría de sociedades en nuestro país, pues es
razonable pensar que ningún contribuyente realizará aportaciones a los mismos hasta que no pueda deducírselos.
El Gobierno, frontalmente opuesto a un incentivo fiscal a cuya aprobación se vio finalmente obligado para lograr apoyos parlamentarios a la Ley, encuentra con esta unilateral decisión el camino para negar, de facto, la aplicación de un
beneficio fiscal que nunca compartió, y deja en papel mojado, al menos durante todo este ejercicio 2022, la puesta en marcha de unos planes de pensiones de empleo que decían ser de implantación prioritaria para la Cartera que dirige el Ministro
Escrivá.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a dejar sin efecto la Nota Explicativa emitida por la Agencia Tributaria el pasado día 5 de julio de 2022, con relación a la entrada en vigor de la deducción por contribuciones empresariales a
sistemas de previsión social empresarial aprobada en la nueva Ley 12/2022, de 30 de junio, y a reconocer la aplicación retroactiva de dicho incentivo fiscal al inicio del ejercicio 2022, por no contravenir dicho reconocimiento normativa jurídica o
constitucional alguna y tratarse de un beneficio en favor del contribuyente.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de julio de 2022.-Edmundo Bal Francés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Comisión de Industria, Comercio y Turismo
161/004359
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Plural, a instancia Joan Baldoví Roda, diputado de Compromís, y al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para adoptar
las medidas necesarias que ayuden reducir de forma urgente y directa la crítica situación de la industria cerámica valenciana derivada de la crisis diplomática con Argelia, para su debate en la Comisión de Industria, Comercio y Turismo.
Exposición de motivos
El pasado 18 de marzo de 2022, el Gobierno de España decidió dar un giro histórico en la posición española sobre el Sáhara, respaldando por escrito la propuesta marroquí de dar autonomía a la excolonia española. Pese al contundente rechazo
de la mayoría de los socios del Gobierno y de gran parte de la oposición a este posicionamiento; el 8 de junio, dos meses después de aquel anuncio, el Gobierno de Sánchez ratificó de manera pública en sede parlamentaria dicha decisión.
Las implicaciones de este posicionamiento son múltiples. Más allá de haber cedido a los chantajes y amenazas de Marruecos, el Gobierno ha generado una crisis diplomática con Argelia de grandes dimensiones; tal es el caso que este país ha
suspendido el Tratado de Amistad, Buena Vecindad y Cooperación con España. En el plano económico, la Asociación de Bancos y Entidades Financieras argelina (Abef) ha ordenado a las entidades financieras del país congelar las domiciliaciones
bancarias en toda operación de comercio exterior de productos con origen y destino en España. Así mismo, la secretaria de Estado de Comercio, Xiana Méndez, ha reconocido en el Congreso 'una paralización prácticamente total' de las operaciones
comerciales con Argelia, tanto importaciones como exportaciones, a excepción de los productos energéticos.
En lo que respecta a la economía valenciana, las consecuencias son realmente preocupantes. Las empresas valencianas se encuentran en un estado de inquietud por la situación de incertidumbre en las relaciones comerciales, ya que muchas de
ellas tienen millones de euros pendientes de cobro. La Comunitat Valenciana, en particular, se ve muy afectada por esa situación, puesto que el 23% de las exportaciones españolas son valencianas. De hecho, la Comunitat Valenciana es la segunda
Comunidad Autónoma más exportadora en Argelia, con el 23% del total y tan solo precedida por Cataluña con el 32%. Por tanto, Cataluña y la Comunitat Valenciana exportan el 55% de la exportación española a este mercado. El peso de la exportación de
la Comunitat Valenciana es tal que cerca del 90% de las exportaciones españolas de calzado, fritos y esmaltes, productos cerámicos, alfombras, plantas y textil hogar son procedentes de dicho territorio. Por tanto, estamos ante una situación
insostenible económicamente para muchas empresas y que puede significar el cierre de las mismas o bien la destrucción de miles de puestos de empleo debido a la deslocalización en alguno de estos sectores.
En el caso concreto del sector cerámico, hay que añadir la tumultuosa relación comercial y arancelaria desde 2018 que dejó fuera del mercado argelino al producto español de la cerámica y en menor medida al sector de la maquinaria y esmaltes
pero que con la situación de bloqueo actual deja en jaque al sector de fritas y esmaltes, para quien Argelia representa su segundo socio comercial, si añadimos además el estadillo de la Guerra en Ucrania y el gran lastre que supone el aumento de los
costes energéticos es un cóctel fatídico de factores que están mermando a pasos agigantados la ventaja competitiva del sector del que una provincia entera y gran parte del PIB español dependen y por lo que el Gobierno debería poner atención lo antes
posible.
Por todo ello, presento la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso insta al Gobierno a:
1. Dotar de una línea de ayudas a fondo perdido de carácter urgente y extraordinario que ayude a sufragar los costes que las empresas están teniendo que soportar por el bloqueo en las exportaciones a Argelia, como es el caso de la industria
cerámica valenciana.
2. Convocar de manera urgente a los gobiernos de las Comunidades Autónomas, así como a sus responsables de internacionalización de empresas para que, de manera coordinada, se adopten las medidas necesarias para reducir de forma directa e
inmediata la crítica situación de la industria derivada de la crisis diplomática con Argelia y recuperar la normalidad de las relaciones comerciales.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de julio de 2022.-Joan Baldoví Roda, Diputado.-Íñigo Errejón Galván, Portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Plural.
161/004385
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José María Figaredo Álvarez-Sala, doña Patricia Rueda Perelló, doña María de la Cabeza Ruiz Solás, don Andrés Alberto Rodríguez Almeida y doña Mireia Borrás Pabón, en sus respectivas condiciones de Portavoz Sustituto y Diputados del
Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente Proposición no de Ley para evitar la prohibición de motores diésel, gasolina e
híbridos en el año 2035, para su discusión en la Comisión de Industria, Comercio y Turismo.
Exposición de motivos
Primero. Importancia de la industria de la automoción.
1. La automoción es uno de los sectores más importantes para la industria española, destacando por su papel estratégico en la economía nacional y por su fuerte efecto tractor en términos de contribución al PIB nacional, de empleo directo e
indirecto creado y de aportación en la balanza comercial 73. En este sentido, según el portal ICEX-Invest in Spain 74, entre los años 2014 y 2019:
a) España ocupaba la 2ª posición en Europa en la fabricación de vehículos y el 8o puesto mundial.
b) La industria de la automoción nacional representaba el 10 % del PIB y el 18 % del total de las exportaciones españolas.
c) Las plantas de producción españolas se encontraban entre las más eficientes y automatizadas de Europa, con 1.000 robots industriales por cada 10.000 empleados.
Segundo. Necesidad de una transición energética adaptada a las necesidades de la industria española.
2. Pese a lo expuesto, la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones ('ANFAC'), mediante nota de prensa de febrero de 2022 señalaba que, desde comienzos de 2022, la producción de vehículos ha venido registrando una
tendencia negativa. En este sentido, ya antes del comienzo de la invasión en Ucrania la producción de automóviles en España se había reducido en más de un cuarto (-25,5 %) en comparación con el mismo periodo prepandemia (2019) 75.
3. Esta situación vendría provocada por numerosos motivos, entre ellos la pandemia por la COVID-19 y las restricciones impuestas durante los inconstitucionales estados de alarma, el incremento del impuesto de matriculación 76, el
desabastecimiento de materias primas y semiconductores o el aumento de los costes del transporte 77.
4. No obstante, existe un problema adicional que afecta a toda la industria en general, incluida la del automóvil, en el que conviene detenerse: el elevado coste energético que asumen las empresas y particulares. Este ha sido el resultado
de las medidas y decisiones adoptadas por el Gobierno que, en un
73 https://www.mincotur.gob.es/es-es/gabineteprensa/notasprensa/2021/documents/20210710 % 20perte %20automocion % 20definitivo % 20 % 28003 % 29.pdf [fecha de consulta: 28 de junio de 2022].
74 https://www.investinspain.org/es/sectores/automocion-movihdad [fecha de consulta: 24 de junio de 2022].
75 https://anfac.com/actualidad/la-fabricacion-de-vehiculos-acumula-una-caida-del-152-en-los-dos-meses-de-2022/ [fecha de consulta: 24 de junio de 2022].
76 https://www.eleconomista.es/motor/noticias/11532557/12/21/Faconauto-advierte-que-las-matriculaciones-de-vehiculos-no-se-recuperaran-hasta-2024.html [fecha de consulta: 21 de junio de 2022],
77 https://intereconomia.com/noticia/empresas/stellantis-psa-opel-mercedes-seat-los-fabricantes-vuelven-a-parar-la-produccion-de-automoviles-en-espana-20210903-1907/ [fecha de consulta: 21 de junio de 2022],
claro ejercicio de torpeza e incompetencia política, han llevado a que España, carente de una soberanía energética, se vea especialmente afectada por los problemas de su entorno y especialmente, de los países de los que depende para
suministrarse de energía 78.
5. Entre estas actuaciones se encuentra el impulso desmesurado y sin atención al consumidor ni al contexto del mercado español del coche eléctrico, decisión a la que se está forzando a los españoles en lugar de conseguir una implementación
gradual y progresiva de esta forma de propulsión en el transporte. Del mismo modo destaca la demonización institucional de los motores de combustión sin parangón en otros países europeos.
6. En este orden de cosas, la necesidad de apostar por una transición gradual y no súbita hacia el vehículo eléctrico se justifica por factores como los siguientes:
a) Empleo.
7. Una transición al vehículo eléctrico abrupta puede desencadenar una pérdida significativa de puestos de trabajo. El montaje de un vehículo eléctrico requiere de más especialización y de menos horas de montaje, por lo que se puede
esperar una reducción de las plantillas 79.
8. En un informe elaborado para la Asociación Europea de Proveedores de Automoción ('CLEPA') 80 sobre la evaluación del impacto en la transición del vehículo eléctrico entre 2020-2040 se muestra que una transición apresurada supondría poner
en riesgo, en toda Europa, medio millón de puestos de trabajo de los 1,7 millones que tiene en la actualidad. Y el 70 % de estas pérdidas de puestos de trabajo ocurrirá entre 2030-2035.
b) Elevado precio de los vehículos impulsados por energías renovables
9. Los altos precios de los vehículos eléctricos han resultado en un incremento de los vehículos de ocasión, tal y como se aprecia en los datos facilitados por la Asociación Nacional de Vendedores de Vehículos a Motor, Reparación y
Recambios ('GANVAM') 81.
10. En 2021 se vendieron 1.989.662 vehículos de ocasión; un 9 % más que en 2020. Esto es, por cada vehículo nuevo se vendieron 2,3 de segunda mano. Además, por antigüedad de los vehículos, las ventas de aquellos con más de 15 años entre
particulares se incrementaron un 22,7 %, representando el 34 % del mercado. También se incrementaron las ventas de vehículos entre 5 y 8 años de antigüedad un 34,2 %, superando en un 24,5 % las ventas de 2019.
11. En el siguiente cuadro de la Agencia Tributaria se recogen las matriculaciones de vehículos en 2021, donde se aprecia que los españoles siguen decantándose por formas de propulsión tradicionales:
Fuente: Agencia Estatal de la Administración Tributaria 82
78 Entre otros, https://www.politicaexterior.com/articulo/ruptura-argelia-marruecos/, https: //okdiario.com/economia/enagas-vuelve-subir-8-prevision-consumo-gas-este-invierno-crece-riesgo-apagones-8397252 o
https://www.elconfidencial.com/mercados/2022-01-Q7/gas- importado-espana-argelia-eeuu-gasoducto-argelia-gnl 3354894/ [Techa de consulta: 11 de enero de 2022],
79 https://www.vozpopuli.com/economía y finanzas/coche-electrico-peligro-500-000.html [fecha de consulta: 21 de junio de 2022],
80 https://clepa.eu/wp-content/uploads/2021/12/Electric-Vehicle-Transition-Impact-Report~2020-2040.pdf y https://clepa.eu/mediaroom/greenandjust-an-effective-mobilitv-transition-
should-be-about-emissions-reductions-and-the-social-dimension-not-a-technology-ban/ [fecha de consulta: 21 de junio de 2022],
81 https://www.ganvam.es/wp-content/uploads/2022/01/NP-Mercado-ocasion-2021.pdf [fecha de consulta: 22 de junio de 2022]
82 https://sede.agenciatributaria.gob.es/AEAT/Contenidos Comunes/La Agencia Tributaria/Estadísticas/Publicaciones/ sites/ matriculaciones/ mes/irubjkf60a22539fcfde39ead772c0677a0116al430f42b.html [Fecha de consulta: 21 de junio de 2022].
De todo ello se deduce que los españoles no adquieren vehículos de este tipo porque no se lo pueden permitir. Comoquiera que sus necesidades de movilidad no han variado, se ven abocados a adquirir vehículos antiguos ante la imposibilidad de
acceder a vehículos eléctricos por sus precios, lo limitado de sus prestaciones o el elevado coste de mantenimiento.
c) Falta de puntos de recarga para vehículo eléctrico.
12. Según el Barómetro de la Electromovilidad correspondiente al tercer trimestre de 2021 que publica ANFAC, están disponibles 12.702 puntos de recarga de acceso público, de los que el 87 % son de carga lenta (potencia de hasta 22 kW, lo
que implica tiempos de recarga mínimos de 3 horas). De estos puntos de recarga, 7.360 se encuentran en entornos urbanos y 5.342 en interurbanos (4.450 son de carga lenta) 83.
13. Según este barómetro, si consideramos las principales carreteras y corredores del país, según intensidad de tráfico, se puede apreciar la falta de cobertura total a nivel nacional. De este modo, se aprecian hasta 48 zonas donde hay más
de 100 km sin ningún punto de recarga de acceso público, de al menos 250 kW. Al menos 4.800 km, de los casi 7.300 km representados en estos corredores, no tienen cobertura de puntos de recarga de alta potencia.
14. De este modo se ve una dificultad en la penetración del vehículo eléctrico, ya que solo es indicado en estos momentos para zonas urbanas, lo que le relega a ser un segundo o tercer vehículo de apoyo y no de uso general. Además, es
reseñable la escasa -por no decir nula- disponibilidad de puntos de recarga en el medio rural, por lo que el impulso del vehículo eléctrico como único medio colaboraría en el fenómeno de la despoblación y acrecentaría las desigualdades entre las
regiones de España.
15. En definitiva, España debe adaptar los plazos de la transformación a una economía menos contaminante sin poner en peligro el empleo de los españoles o su industria. Además, los vehículos eléctricos, por sus precios y características,
solo son accesibles a unos pocos que pueden permitírselo, dejando a la mayor parte de los españoles sin posibilidad de adquirir uno o, incluso mantenerlo.
Cuarto. la prohibición de los motores diesel, gasolina e híbridos en 2035 y sus consecuencias en el sector de la automoción.
16. El 14 de julio de 2021 se presentó el paquete de medidas 'Objetivo 55' (o 'Fitfor 55'), el cual contempla un conjunto de propuestas encaminadas a revisar y actualizar la legislación de la UE y poner en marcha nuevas iniciativas con el
fin de garantizar que las políticas de la UE se ajusten a los objetivos climáticos acordados por el Consejo y el Parlamento Europeo 84.
17. En concreto, si bien la propia Unión Europea se ha fijado como objetivo vinculante el alcanzar la neutralidad climática en 2050 (véase el Pacto Verde Europeo y la 'Legislación europea sobre el clima') 85, el paquete de medidas 'Objetivo
55' propone [elevar] su ambición en materia de clima para 2030 comprometiéndose a reducir las emisiones en al menos un 55 % de aquí a 2030.
18. Dentro del conjunto de medidas contempladas en el paquete 'Objetivo 55' destaca la propuesta de la Comisión Europea de revisar las normas en materia de emisiones de CO2 de turismos y furgonetas 86.
19. En este sentido, cabe traer a colación la Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el Reglamento (UE) 2019/631 en lo que respecta al refuerzo de las normas de comportamiento en materia de
emisiones de CO2 de los turismos nuevos y de los vehículos comerciales
83 https://anfac.com/wp-couteut/uploads/2021/ll/Barometro-Electromovilidad-3T-2021.pdf [fecha de consulta: 23 de junio de 2022].
84 https://www.consilium.europa.eu/es/policies/green-deal/fit-for-55-the-eu-plan-for-a-green-transition/ [fecha de consulta: 23 de junio de 2022].
85 Según la Comunicación de la Comisión Europea (COM/2019/640 final), el Pacto Verde Europeo es [...] una nueva estrategia de crecimiento destinada a transformar la UE en una sociedad equitativa y próspera, con una economía moderna,
eficiente en el uso de los recursos y competitiva, en la que no habrá emisiones netas de gases de efecto invernadero en 2050 y el crecimiento económico estará disociado del uso de los recursos. Por su parte, el Reglamento (UE) 2021/1119 del
Parlamento Europeo y del Consejo de 30 de junio de 2021 por el que se establece el marco para lograr la neutralidad climática y se modifican los Reglamentos (CE) n.º 401/2009 y (UE) 2018/1999 señala en su artículo 2.1 que las emisiones y absorciones
de gases de efecto invernadero reguladas en el Derecho de la Unión estarán equilibradas dentro de la Unión a más tardar en 2050, por lo que en esa fecha las emisiones netas deben haberse reducido a cero y, a partir de entonces, la Unión tendrá como
objetivo lograr unas emisiones negativas.
86 https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10906-2021-INIT/es/pdf [fecha de consulta: 29 de junio de 2022.
ligeros nuevos, en consonancia con la mayor ambición climática de la Unión [COM/2021/556] ('Propuesta de Reglamento') que fue aprobada en primera lectura por el Parlamento Europeo en su sesión plenaria del 8 de junio de 2022 87.
20. La mencionada Propuesta de Reglamento recoge, entre otras, una serie de modificaciones relacionadas con la reducción de emisiones de CO2 en turismos y vehículos comerciales ligeros (art. 1) 88, tal y como se presenta a continuación:
Marco regulatorio vigente (objetivos de reducción de emisiones de CO2);2025;2030
Parque de turismos nuevos.;15 %;37.5 %
Parque de vehículos comerciales ligeros nuevos.;15 %;31 %
Propuesta de Reglamento (objetivos de reducción de emisiones de CO2 );2025;2030;2035
Parque de turismos nuevos;15 %;55 %;100 %
Parque de vehículos comerciales ligeros nuevos.;15 %;50 %;100 %
21. Como se puede apreciar supra, la Propuesta de Reglamento acelera los objetivos de reducción de emisiones de CO2 en relación con el año 2030 (55 % y 50 % frente a 37,5 % y 31 %) e impone el año 2035 como fecha de prohibición de los
vehículos de motores diésel, gasolina e híbridos.
22. Por su parte, el Consejo de Medio Ambiente de 28 de junio 89 acordó elevar los objetivos de reducción de las emisiones de CO2 de los coches y furgonetas nuevos para 2030 al 55 % en el caso de los coches y al 50 % en el de las
furgonetas. Del mismo modo, acordó introducir un objetivo de reducción del 100 % de las emisiones de CO2 para 2035 para los coches y furgonetas nuevos 90. En consecuencia, parece confirmarse que no se producirá una flexibilización en los objetivos
de reducción de emisiones de CO2 en turismos y furgonetas para los años 2030 y 2035.
23. Ahora bien, países como Italia, Portugal, Eslovaquia, Bulgaria y Rumania se mostraron partidarios de retrasar hasta 2040 la fecha para alcanzar el objetivo del 100 % de reducción de emisiones de CO2 en turismos y furgonetas 91. Del
mismo modo propusieron para el año 2035 una reducción de un 90 % de las emisiones de CO2 a la flota de coches nuevos y un 80 % de las emisiones de CO2 a la flota de furgonetas nuevas 92. Todo ello con la idea de evitar costes desproporcionados e
innecesarios para la industria de la automoción y los consumidores 93.
87 https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0234 ES.html [fecha de consulta: 27 de junio de 2022] y https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022- 0234_ES.html [fecha de consulta: 23 de junio de 2022],
88 hhttps://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0234 ES.html [fecha de consulta: 27 de junio de 2022], ttps://www.consilium.europa.eu/es/policies/green-deal/fít-for-55-the-eu-plan-for-a-green- transition/ y
https://somoselectricos.com/parlamento-europeo-aprueba-prohibicion-venta-co- ches-combustion-hibridos-2035 / [fecha de consulta: 21 de junio de 2022] y https: //www.aecc.eu/wp-content/uploads/2020/11 /AECC-Newsletter-April-2019.pdf [fecha de
consulta: 27 de junio de 2022].
89 https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10493-2022-INIT/es/pdf y https://www.finanzen.net/nachricht/aktien/lemke-in-eu-sitzung-deutschland-fuer-verbrcn-ner-aus-ab-2035-11483015 [fecha de consulta: 27 de junio de 2022],
90 https://www.consihum.europa.eu/es/press/press-releases/2022/06/29/fit-for-55-council-reaches-general-approaches-relating-to-emissions-reductions-and-removals-and-their-social-impacts/ [fecha de consulta: 29 de junio de 2022].
91 https://video.consilium.europa.eu/event/en/25946 [fecha de consulta: 27 de junio de 2022].
92 https://www.tomshw.it/ automotive/stop-alla-vendita-di-auto-benzina-e-diesel-in-ue-litalia- punta-a-posticipare-il-provvedimento/ [fecha de consulta: 27 de junio de 2022], Estas discrepancias ya fueron reconocidas en la Nota de la
Presidencia para el debate de orientación del 17 de marzo de 2022 al señalar: En cuanto a los objetivos cuantificados, varias delegaciones manifestaron su apoyo a la propuesta de la Comisión para turismos y furgonetas en 2025, 2030 y 2035. Varias
delegaciones defendieron el refuerzo o la anticipación de determinados objetivos o incluso la introducción de metas intermedias; otras pidieron, por el contrario, una mayor progresividad, o incluso aplazar la decisión sobre el objetivo del 100 %
de reducción de emisiones a partir de 2035, para todos los vehículos ligeros o solo para las furgonetas. https://data.consiUum.europa.eu/doc/document/ST-6668-2022-INIT/es/pdf [fecha de consulta: 27 de junio de 2022],
93 https://www.abc.es/motor/motoreco/abci-espana-no-secunda-peticion-cinco-paises-europeos-prorrogar-motor-combustion-202206281500 noticia.html [fecha de consulta: 27 de junio de 2022],
24. Igualmente, esta radical decisión relativa al parque móvil ha sido criticada por la industria automovilística, principalmente por su carácter prematuro y con base en los mismos motivos recogidos en el expositivo anterior:
- La Unión alemana de la industria automovilística (Verband der Automobilindustrie e.V. o 'VDA') ha mostrado su preocupación por la ausencia de una infraestructura de recarga y repostaje que sea capaz de garantizar la aceleración de la
implementación sistemas de propulsión alternativos para antes de 2040 94.
- La Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles ('ACEA') ha señalado que cualquier regulación a largo plazo que vaya más allá de esta década es prematura en esta etapa inicial, por lo que se reclama una revisión transparente a mitad de
camino para definir los objetivos posteriores a 2030 95. De hecho, desde ACEA se afirma que se necesita una inversión de 280.000 millones de euros para reforzar la infraestructura de recarga privada y pública de Europa 96.
- La Asociación Española de Proveedores de Automoción ('Sernauto') calcula que, dentro del sector de componentes, estarán directamente amenazados por esta medida 72.000 puestos de trabajo 97.
25. En cambio, durante el referido Consejo de Medio Ambiente, España se mostró partidaria de establecer los objetivos de reducción de emisiones de CO2 en turismos y furgonetas en 2030 y 2035, a pesar de que, como se ha señalado, la Ley
7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición energética contempla el año 2040 como fecha límite para que tales vehículos tengan emisiones de 0 g CO2/km 98.
26. Esta postura resulta llamativa, en tanto que las exigencias contenidas en la Propuesta de Reglamento entran en contradicción con los propios objetivos fijados por el Gobierno de España y luego refrendados por el Legislativo en la Ley
7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición energética 99. En concreto, en el artículo 14.2 se establece como fecha de prohibición de los motores combustión en turismos y comerciales ligeros el año 2040:
En desarrollo de la estrategia de descarbonización a 2050 se adoptarán las medidas necesarias, de acuerdo con la normativa de la Unión Europea, para que los turismos y vehículos comerciales ligeros nuevos, excluidos los matriculados como
vehículos históricos, no destinados a usos comerciales, reduzcan paulatinamente sus emisiones, de modo que no más tarde del año 2040 sean vehículos con emisiones de 0 g CO2/km de conformidad con lo establecido por la normativa comunitaria. A tal
efecto, previa consulta con el sector, se pondrán en marcha medidas que faciliten la penetración de estos vehículos, que incluirán medidas de apoyo a la I+D+i.
Quinto. Conclusión.
27. En vista de los problemas y retos a los que se enfrenta la industria española de la automoción, así como las dificultades económicas de las familias españolas para adquirir vehículos eléctricos, es imperativo replantearse la estrategia
y las actuaciones adoptadas por el Gobierno tanto a nivel nacional como en el seno de la Unión Europea.
28. Se debe partir, además, de que España tiene el segundo parque móvil más antiguo de Europa, que precisa de una urgente renovación, como ya ha denunciado VOX reiteradamente, tanto para reducir las emisiones como para mejorar la seguridad
vial. Este cambio debe procurarse de mano de otras energías menos contaminantes distintas de la eléctrica, como el diésel Euro VI, que al mismo tiempo son más asequibles. En caso contrario, las familias con menor poder adquisitivo nunca podrán
acceder a un vehículo propio, aumentando así la desigualdad.
94 https://www.vda.de/dam/jcr:a2dba006-94ec-4d6e-8ceb-b221218a6963/V4 Positionspa- pierFitFor55 2021-05-28 F,N.pdf?mode=view [fecha de consulta: 21 de junio de 2022].
95 https: //autoreport.es / fit-for-55-acea-critica-el-obietivo-de-cero-emisiones-para-2035-y-pide-una-revision-a-medio-camino / [fecha de consulta: 21 de junio de 2022].
96 https: //autovista24.autovistagroup.com/news/what-does-the-eu-internal-combustion-en-gine-ban-mean-for-the-automotive-industry/ [fecha de consulta: 21 de junio de 2022].
97 https://gaceta.es/economía/el-fm-de-los-coches-de-gasolina-y-diesel-destruira-SOO-OOO-empleos-en-europa-20220621-1146/ [fecha de consulta: 21 de junio de 2022],
98 https://www.abc.es/economía/abci-espana-defiende-coches-combustion-para-2035-202206281318 video.html yhttps: //cincodias.elpais.com/cincodias/2022/06/27/opinion/1656319318 077790.html [fecha de consulta: 29 de junio de 2022].
99 https://neomotor.sport.es/actualidad/los-fabricantes-de-coches-piden-esperar-a-2028-para-endurecer-la-normativa-fiiada-para-2035.html [fecha de consulta: 21 de junio de 2022].
29. Las reticencias mostradas tanto por el sector privado industrial como por diferentes Estados miembro durante la tramitación de la Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el Reglamento (UE)
2019/631 en lo que respecta al refuerzo de las normas de comportamiento en materia de emisiones de CO2 de los turismos nuevos y de los vehículos comerciales ligeros nuevos, en consonancia con la mayor ambición climática de la Unión, obligan a
adoptar una actitud prudente en relación con los objetivos fijados para el sector de la automoción en el paquete 'Objetivo 55'.
30. En este sentido, una actitud práctica en cuanto a la actual coyuntura económica obliga a dejar de lado cualquier tipo de ensoñación ideologizada de tipo medioambiental y atender a las necesidades reales de los españoles. España
necesita, pues, una política industrial eficaz y realista para la automoción, centrada en los intereses de los españoles.
31. Así, se hace necesario establecer cuantas medidas sean necesarias para preservar el liderazgo de nuestra Nación en este sector, a fin de garantizar la supervivencia y proteger a las empresas y autónomos de toda la cadena de valor, así
como el empleo que generan.
32. Por ello, España debe cuestionar la decisión impuesta por la Unión Europea de fijar 2035 como el año de prohibición de motores diésel, gasolina e híbridos por cuanto esta medida, inspirada por el fanatismo climático, resulta totalmente
prematura en tanto que supone una amenaza directa a miles de puestos de trabajo y para las familias que viven de la industria de la automoción, pondría más obstáculos a los españoles, incluso a su movilidad, y, a su vez, sería inviable por las
escasas infraestructuras de recarga y repostaje.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que, en el seno de las instituciones de la Unión Europea, rectifique su postura y promueva cuantas actuaciones sean necesarias para impedir que, en la actual tramitación de la Propuesta de
Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el Reglamento (UE) 2019/631 en lo que respecta al refuerzo de las normas de comportamiento en materia de emisiones de CO2 de los turismos nuevos y de los vehículos comerciales
ligeros nuevos, en consonancia con la mayor ambición climática de la Unión, se fije el año 2035 como fecha de prohibición de motores diésel, gasolina e híbridos y adapte su política en esta materia a los verdaderos intereses de los españoles.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de julio de 2022.-Patricia Rueda Perelló, Mireia Borrás Pabón, María de la Cabeza Ruiz Solás y Andrés Alberto Rodríguez Almeida, Diputados.-José María Figaredo Álverez-Sala, Portavoz del Grupo
Parlamentario VOX.
161/004434
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la articulación inmediata
de medidas turísticas extraordinarias y singularizadas dirigidas a la recuperación, reactivación y reposicionamiento de destinos y territorios declarados como zonas afectadas gravemente por emergencias de protección civil (ZAEPC) por causa de los
grandes incendios forestales ocurridos durante este verano, para su debate en la Comisión de Industria, Comercio y Turismo.
Exposición de motivos
Lamentablemente, durante el periodo de verano del presente 2022 hemos asistido o sido testigos de la catástrofe en la que alrededor de 120 escenarios diseminados por prácticamente la totalidad de los puntos cardinales de la geografía
española han padecido grandes incendios destructores que han devorado en total hasta el momento cerca de 300.000 hectáreas que representan prácticamente el 1 % del territorio nacional y al propio tiempo, han llevado aparejada la evacuación de
aproximadamente 30.000 personas, en significativa proporción asentadas en las áreas más despobladas de nuestro país, y que
forzosamente se han visto obligadas a abandonar sus lugares de residencia habitual y proyectos de vida de manera absolutamente repentina, en muchos casos sin alternativas.
En efecto, a la espera de valorar y cuantificar detalladamente los daños provocados, desde el pasado 12 de junio hasta quince Comunidades Autónomas con dos de ellas destacadas en cuanto a áreas de alcance y superficie quemada -casos de
Castilla y León y Galicia respectivamente-, están siendo víctimas de los peores incendios forestales en el transcurso del siglo XXI y que desgraciadamente se han cobrado la vida de tres personas hasta el día de hoy.
En este escenario, los territorios afectados han sido declarados recientemente como zonas afectadas gravemente por emergencias de protección civil (ZAEPC) como consecuencia de la gravedad e intensidad de los incendios forestales acaecidos, y
después de que las propias Comunidades Autónomas de Andalucía, Aragón, llles Balears, Canarias, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cataluña, Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia, Comunidad de Madrid, Región de Murcia, Comunidad Foral de
Navarra, País Vasco y La Rioja tuviesen que activar sus respectivos planes de protección.
Es por ello que en este contexto y una vez se encuentre estabilizada la situación, aquellos territorios afectados, entre muchos los cuales se hallan parajes y destinos de indudable e incalculable valor paisajístico dentro la oferta turística
española, el Gobierno de España reaccione de manera eficaz y sin retrasos injustificados a la hora de sentar las bases de una reconstrucción y reactivación global y efectiva de estas zonas, donde la actividad turística indiscutiblemente esté llamada
a ser un elemento determinante en el renacimiento de muchos de estos territorios dañados a lo largo de este periodo estival y por consiguiente, se desempeñe como un revulsivo o palanca generadora de actividad productiva y de riqueza en las economías
locales y que sea capaz al mismo tiempo de retener y atraer nuevos nichos de población en las comarcas y regiones asoladas o arrasadas por el fuego.
Por citar solo un ejemplo de la riqueza y enorme potencial de las zonas afectadas y de ahí el interés en propiciar la vuelta a una recuperación real de estos entornos lo antes posible, cabría mencionar el caso de la multitud de recursos
turísticos existentes -de tipo natural, gastronómico, histórico, cultural, paisajístico, etc.-, en las comarcas afectadas por el incendio originado en la Vall d'Ebo en la provincia de Alicante, donde a pesar de la desgracia ocurrida, persiste a lo
largo de estos días el incesante goteo de visitantes tanto nacionales como extranjeros, que continúan acercándose interesados en descubrir y explorar el encanto de estas localidades.
Por todo lo anterior y sin olvidar el telón de fondo de una coyuntura macroeconómica cada día más compleja y preocupante para el conjunto de España y el resto de países de nuestro entorno de donde proceden nuestros principales mercados
emisores de turistas, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a la adopción de las siguientes medidas:
1. Acordar de manera inmediata, acortando plazos al máximo, la dotación y aprobación de medidas extraordinarias y singularizadas de carácter sectorial turístico dirigidas a incentivar y perseguir la más pronta reactivación de actividad
turística y el reposicionamiento de aquellos territorios y destinos declarados como zonas afectadas gravemente por emergencias de protección civil (ZAEPC) por razón de los grandes incendios forestales sucedidos a lo largo de este verano,
consistentes en la concesión directa de subvenciones; diseño y desarrollo de nuevos productos turísticos; planificación de campañas ambiciosas de promoción centradas en mercados europeos por parte de Turespaña; dotación de un verdadero Plan
RENOVE destinado a financiar proyectos de reconstrucción, reinicio y mejora de infraestructuras de establecimientos turísticos en cuantías suficientes y significativas; instrumentando toda clase de ayudas económicas, fiscales, laborales y de
Seguridad Social, etc., de los que eventualmente se puedan beneficiar tanto el colectivo de autónomos, microempresas y pymes de estas zonas, como las propias entidades locales de las quince autonomías afectadas hasta ahora.
2. Asegurar en todo caso con la máxima diligencia la restauración y conservación de los recursos y atributos turísticos en materia de oferta del patrimonio natural, del patrimonio histórico y cultural, etc., de todos los destinos dañados o
perjudicados por los incendios forestales dentro de la geografía española.
3. Promover de manera eficiente y cohesionada -con particular y especial atención y sensibilidad hacia aquellas áreas más despobladas de la España interior, acelerando al máximo su recuperación y generación de oportunidades, riqueza y
empleo-, la adopción de cualesquiera otras iniciativas encaminadas a la dinamización del negocio turístico a la mayor brevedad en estos territorios afectados por los incendios forestales, en permanente coordinación y cooperación con las Comunidades
Autónomas y Corporaciones Locales afectadas y en compañía de todos los actores de la cadena de valor turística de estas zonas damnificadas.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de septiembre de 2022.-Agustín Almodóbar Barceló, Isabel María Borrego Cortés, Alicia García Rodríguez, María Sandra Moneo Díez, Jaime Miguel Mateu Istúriz, María del Carmen González Guinda, Milagros
Marcos Ortega, Miguel Ángel Paniagua Núñez, José Antonio Bermúdez de Castro Fernández, María Jesús Moro Almaraz, Jesús Postigo Quintana, Tomás Cabezón Casas, José Ángel Alonso Pérez, Eduardo Carazo Hermoso, Elvira Velasco Morillo, Marta González
Vázquez, Tristana María Moraleja Gómez, María Valentina Martínez Ferro, Jaime Eduardo de Olano Vela, Joaquín María García Díez, Ana Belén Vázquez Blanco, Celso Luis Delgado Arce, Diego Gago Bugarín, Javier Bas Corugeira, Juan Manuel Constenla
Carbón, Miguel Ángel Castellón Rubio, Juan José Matarí Sáez, José Ortiz Galván, José Ignacio Romaní Cantera, Andrés Lorite Lorite, María de la O. Redondo Calvillo, Carlos Rojas García, Pablo Hispán Iglesias de Ussel, Carmelo Romero Hernández, Juan
Diego Requena Ruiz, Mario Cortés Carballo, Isabel Gema González Muñoz, María Soledad Cruz-Guzmán García, Ricardo Tarno Blanco, Mario Garcés Sanagustín, José Alberto Herrero Bono, Eloy Suárez Lamata, Pedro Navarro López, Margarita Prohens Rigo,
Miguel Ángel Jerez Juan, Guillermo Mariscal Anaya, María Auxiliadora Pérez Díaz, Ana María Zurita Expósito, Sebastián Jesús Ledesma Martín, Carmen Navarro Lacoba, Rosa María Romero Sánchez, Juan Antonio Callejas Cano, Beatriz Jiménez Linuesa, José
Ignacio Echániz Salgado, Vicente Tirado Ochoa, Carmen Riolobos Regadera, Cayetana Álvarez de Toledo Peralta-Ramos, Llanos de Luna Tobarra, César Sánchez Pérez, Macarena Montesinos de Miguel, Óscar Clavell López, Belén Hoyo Juliá, Vicente Betoret
Coll, Luis Santamaría Ruiz, Óscar Gamazo Micó, Víctor Valentín Píriz Maya, María Teresa Angulo Romero, Alberto Casero Ávila, Ana María Pastor Julián, Adolfo Suárez Illana, María Elvira Rodríguez Herrer, Edurne Uriarte Bengoechea, Ana María Beltrán
Villalba, Antonio González Terol, Carlos Aragonés Mendiguchía, Pilar Marcos Domínguez, Gabriel Elorriaga Pisarik, Percival Manglano Albarca, Teodoro García Egea, Juan Luis Pedreño Molina, Beatriz Álvarez Fanjul y Javier Merino Martínez,
Diputados.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/004438
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para mejorar la eficiencia energética en el sector turístico, para su debate en la
Comisión de Industria, Comercio y Turismo.
Exposición de motivos
El turismo está resultando ser, tras la crisis sanitaria de la COVID-19, una actividad estratégica para la recuperación económica por su contribución a la contabilidad nacional y su alta capacidad de generación de empleo. Los datos
disponibles previos al periodo estival ya indicaban un repunte del sector y estos, sin duda, se verán consolidados tras el final de la temporada de verano. Los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) de movimientos
turísticos en frontera (FRONTUR) y la Encuesta de gasto turístico (EGATUR) relativos al mes de julio confirman que el sector se encuentra en niveles muy similares a los del año 2019, recuperando 9 de cada 10 turistas internacionales y aumentando su
gasto y estancia media. Además, la Organización Mundial del Turismo (OMT), en su último Barómetro del Turismo Mundial de julio, ha confirmado esta consolidación de la reactivación de los flujos turísticos y un previsible aumento del gasto realizado
por el turista, sobre todo a medida que las restricciones sanitarias por la COVID-19 van
siendo suavizadas. Se calcula que, en Europa, el nivel de reactivación de las llegadas internacionales para el año 2022 podrían alcanzar el 80 % de las registradas en 2019.
En nuestro país, la recuperación de la economía es un hecho: la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OECD) ha avanzado que España ha crecido en el segundo trimestre de 2022 más que la media de sus países miembros, con
un avance del 1,1 %, y por encima de la media de la Unión Europea y de países como Alemania, Francia o Estados Unidos. Además, según el INE la inflación para el mes agosto ha caído cuatro décimas por debajo de la registrada en julio, moderando la
subida de precios experimentada en los dos últimos trimestres.
Sin embargo, aún existe una gran incertidumbre en el escenario económico internacional que continúa arrastrando las consecuencias de la pandemia y sigue la evolución de la guerra de Ucrania, lo que ha provocado un aumento de los precios de
la electricidad, del combustible, de la alimentación y de otros bienes y servicios como los paquetes turísticos. A ello se le suma el riesgo real de una escasez de gas natural por la alta dependencia de la Unión Europea de Rusia. Esta coyuntura
está originando un clima económico y social de gran tensión que puede afectar significativamente al turismo.
El sector, durante estos últimos años, ha tenido que adaptarse con celeridad a un nuevo contexto económico de alta incertidumbre y enfrentarse a dirigir su modelo hacia uno más digital y sostenible que sea capaz de afrontar los retos de
futuro, como pueden ser las consecuencias de una pandemia, una guerra o aquellas provocadas por el cambio climático. A este respecto, las Naciones Unidas han fijado en sus Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) una serie de metas donde el turismo
tiene un gran potencial en la tarea de contribuir de manera directa o indirecta en la agenda para abordar los problemas actuales y futuros. Ejemplo de ello es el Objetivo 12: Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles, que tiene
como finalidad el garantizar patrones de consumo y producción sostenibles a través de la eficiencia de los recursos y las prácticas sostenibles para las industrias y los consumidores.
En base a ello, la OMT en su informe 'Baseline Report on the Integration of Sustainable Consumption and Production Patterns into Tourism Policies', considera que toda la cadena de valor del turismo puede generar efectos positivos para
desencadenar un cambio en los patrones de producción y consumo. Además, destaca la necesidad de proteger el medio ambiente mediante el uso sostenible de los recursos, la eficiencia energética y en el uso del agua, la reducción de desechos o la
reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Concluye recomendando la necesidad de desarrollar incentivos adecuados al sector turístico por parte de los gobiernos para acelerar un cambio de modelo, donde resulta imprescindible una
correcta planificación de las políticas públicas de turismo.
En este sentido, nuestro país ya ha establecido las Directrices Generales de la futura Estrategia de Turismo Sostenible 2030, incorporando un esbozo del modelo turístico del futuro alineado con los ODS y fijando el compromiso de desarrollar
políticas públicas sostenibles que deberán precisarse en la Estrategia.
Con todo lo anterior, uno de los inminentes retos que tiene el sector será la de transitar, de manera ordenada, hacia un modelo energético más eficiente, introduciendo patrones de producción y consumo circulares y fomentando el ahorro. Un
modelo más sostenible permitiría una mejora de la competitividad de las empresas del sector y una reducción de la huella de carbono, lo que ayudaría a cumplir con los objetivos europeos del Plan REPowerEU de poner fin a la dependencia energética de
la UE y hacer frente a la crisis climática.
Por todo ello el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Impulsar medidas que mejoren la eficiencia energética del sector turístico con el objetivo de reducir los costes energéticos y la huella de carbono, mejorar su competitividad y promover un crecimiento sostenible de la actividad
turística.
2. Promover un turismo energéticamente eficiente introduciendo en la futura Estrategia de Turismo Sostenible de España 2030 medidas y acciones que permitan a la cadena de valor del turismo consolidar un nuevo modelo de turismo sostenible.
3. Mantener los recursos destinados de los fondos Next Generation EU para que las comunidades autónomas puedan financiar proyectos de economía circular y de mejora de la eficiencia energética de las empresas del sector turístico.
4. Promover, en el seno de la Conferencia Sectorial de Turismo, intensificar la promoción de las distintas convocatorias de subvenciones de proyectos, así como el impulso de medidas de concienciación en toda la cadena de valor del turismo
sobre producción y consumo circulares y sobre el fomento del ahorro y eficiencia energética del sector.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de septiembre de 2022.-Adolfo Pérez Abellás, Juan Bernardo Fuentes Curbelo, Alejandro Soler Mur y Cristina López Zamora, Diputados.-José Zaragoza Alonso y Rafaela Crespín Rubio, Portavoces del Grupo
Parlamentario Socialista.
161/004440
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José María Figaredo Álvarez-Sala, doña Patricia Rueda Perelló, doña María de la Cabeza Ruiz Solás, don Andrés Alberto Rodríguez Almeida y doña Mireia Borrás Pabón, en sus respectivas condiciones de Portavoz Sustituto y Diputados del
Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente Proposición no de Ley para la protección y fomento de la industria textil de
España, para su discusión en la Comisión de Industria, Comercio y Turismo.
Exposición de motivos
Primero. Importancia de la industria de la moda en el sector productivo de España.
1. El sector de la moda español, que engloba la actividad de la industria textil, la confección de prendas de vestir y la industria del cuero y el calzado, tiene una gran importancia para el conjunto de la industria española. En 2019, el
sector supuso el 2,85 % del Producto Interior Bruto ('PIB') nacional, originó al 4 % del empleo creado y contribuyó al 8,9 % de las exportaciones españolas 100.
2. Según el Instituto Nacional de Estadística ('INE'), en 2019 el sector textil presentaba los siguientes indicadores:
a) El número de empresas dedicadas a esta actividad ascendía a 6.456, que ocupaban a 47.000 personas.
b) La cifra de negocio entre pymes y grandes compañías superaba los 6.000 millones de euros.
c) El valor de su producción se situaba alrededor de los 5.900 millones de euros 101.
3. En lo que respecta al subsector de la industria del cuero y del calzado, también el INE recogía para el mismo año las siguientes magnitudes:
a) Un total de 38.318 personas ocupadas en más de 4.000 empresas.
b) Una cifra de negocios que se situaba en 4.307 millones de euros.
c) Un valor de la producción superior a 4.300 millones de euros 102.
100 https://edicionessibila.com/wp-content/uploads/2021/11/pdf_informe_económico_2021.pdf [fecha de consulta: 19 de julio de 2022].
101 Fuente: INE.
102 Fuente: INE.
4. En cuanto a la vertical de la confección de prendas de vestir, los datos del INE para 2019 reflejan:
a) Una suma de 9.009 empresas dedicadas a esta rama de actividad en las que se empleaban 42.396 trabajadores.
b) Una cifra de negocios superior a los 4.500 millones de euros.
c) Un valor de la producción de 4.423 millones de euros 103.
5. Por su parte, el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, en una de sus presentaciones sectoriales para el textil y la confección con datos de 2019 104, informaba de que estos subsectores de la industria de la moda aportaban el 7,96
% de empresas al total de la industria española, el 3,87 de los trabajadores ocupados y el 6,39 % de las exportaciones, sumando un valor de 16.971,1 millones de euros.
Segundo. Efectos de la pandemia y falta de apoyo del Gobierno a la industria de la moda.
6. En 2020, la pandemia provocada por la Covid-19 y las restricciones impuestas por el Gobierno y por los ejecutivos autonómicos durante los estados de alarma -declarados inconstitucionales por el Tribunal Constitucional gracias a los
recursos presentados por los Diputados del Grupo Parlamentario VOX- provocaron un freno súbito y general de la actividad industrial y comercial.
7. En concreto, en lo que al sector de la moda se refiere, estas restricciones de la actividad social y el cierre de los comercios provocaron una caída del peso de la industria de la moda de 0,4 puntos en el PIB nacional, descendiendo desde
el 2,85 % que representaba en el año 2019 hasta el 2,4 % que supuso en 2020 105.
8. Por tanto, es evidente que la industria de la moda se vio especialmente afectada por la crisis provocada por el coronavirus y las medidas de las distintas autoridades sanitarias territoriales. Dan fe de ello los notables descensos en su
índice de Producción Industrial ('IPI'). Así, en particular, el IPI del mes de febrero de 2021 relativo a la vertical textil del sector reflejó una caída del 11 % 106.
103 Fuente: INE.
104 https://www.mincotur.gob.es/es-es/IndicadoresyEstadisticas/Presentaciones%20sectoriales/02.%20Textil%20v%20confeccion.pdf [fecha de consulta: 22 de julio de 2022].
105 https://edicionessibila.com/wp-content/uploads/2021/11/pdf_informe_económico_2021.pdf [fecha de consulta: 19 de julio de 2022].
106 https://www.ine.es/daco/daco42/daco422/ipi0221.pdf [fecha de consulta: 19 de julio de 2022].
9. En lo que respecta al comercio exterior del sector, su peso en el total de las exportaciones nacionales decreció en el año 2020 (ocho décimas porcentuales con respecto a 2019), situándose en el 8,1 % 107. También se incrementaron en un
54,79 % los concursos de acreedores en las empresas que conforman el sector de la moda a lo largo de 2021 108.
10. Pese a lo expuesto, esta industria no ha contado con el respaldo del Gobierno. Así, por ejemplo, el sector del calzado fue excluido de las ayudas directas contenidas en el Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, de medidas
extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la COVID-19, despertando el malestar entre los empresarios del sector 109.
Tercero. Problemas de distinta naturaleza que sufre la industria de la moda.
11. A lo anteriormente descrito se suman otros problemas que sufren también todas las familias y empresas, como el aumento del coste energético, el incremento del índice de Precios al Consumo (IPC) y el desabastecimiento de las materias
primas. En cuanto al primero, la falta de soberanía energética y las políticas llevadas a cabo por el Gobierno de España han supuesto un incremento inasumible de los costes energéticos, un empobrecimiento de los españoles y un desplome de la
competitividad, por encima del experimentado en otros países de la zona euro.
12. También hay que tener muy en cuenta el daño que ejercen al sector de la moda la venta ilegal y las falsificaciones. Estas actividades delictivas, además de suponer una conculcación de los derechos de propiedad industrial reconocidos
por la ley, producen efectos negativos en el mercado, en los consumidores, en las empresas, en la sociedad y en el propio Estado.
13. Según datos proporcionados por el Gobierno en respuesta a una iniciativa presentada por el Grupo Parlamentario VOX (n.º de expediente 186/4468), en 2021 fueron 795 los condenados en sentencia firme por delitos contra la propiedad
industrial (artículos 273 a 277 del Código Penal). Como es sabido, el sector de la moda es uno de los más perjudicado por esta clase de delitos, así lo pone de manifiesto, por ejemplo, el barómetro de 2022 de la propiedad intelectual entre los
jóvenes (Intellectual Property and Youth Scoreboard), elaborado por la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea ('EUIPO') 110. En él se refleja que el 45 % de los jóvenes españoles de entre 18 y 24 años han adquirido, al menos, un
producto falsificado en línea durante los últimos años, siendo sus artículos predilectos ropa y accesorios (17 %) y calzado (14 %).
14. Por último, se debe hacer referencia al deterioro que supone para la industria textil nacional el hecho de que compañías españolas produzcan en otros países donde los costes son más bajos. Este fenómeno está motivado porque en dichos
países existen menores cargas administrativas, las legislaciones medioambientales son más permisivas y la legislación laboral no garantiza los derechos de los trabajadores de la manera que lo hace en España 111.
Cuarto. Conclusión.
15. El sector de la moda español goza de una gran tradición con muchos siglos de implantación en España. Esta industria contribuye de manera crucial al desarrollo económico de nuestra Nación y a su proyección internacional, ya que ostenta
un alto nivel de calidad y diseño en sus productos y creaciones.
16. La moda española debe continuar estando a la vanguardia de la generación de empleo y riqueza en España, y para ello es preciso frenar el retroceso económico que está sufriendo, proteger su industria y su patrimonio, así como mantener y
reforzar el liderazgo internacional de la marca España.
17. En consecuencia, urge elaborar un plan de apoyo al sector de la industria textil y del calzado y adoptar cuantas medidas sean necesarias para preservar su importancia en el conjunto de la economía nacional, garantizando las mejores
condiciones para sus empresas, trabajadores y familias.
107 https://edicionessibila.com/wp-content/uploads/2021/11/pdf_informe_económico_2021.pdf [fecha de consulta: 19 de julio de 2022].
108 https://cdn.informa.es/sites/5c1a2fd74c7cb3612da076ea/content_entry5c5021510falc000c25b51f0/6131ccba56c00700ble79fb1/files/082021_ConcursosyDisolucionesInformaDB.pdf?1630653626 [fecha de consulta: 19 de julio de 2022]
109 https://alicanteplaza.es/ElsectordelcalzadoreclamaaccederalasnuevasayudasdelGobiernotrasquedarfuera1 [fecha de consulta: 21 de jubo de 2022].
110 https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/observa-torv/documents/reports/IP_youth scoreboard study 2022/executiveSummary/executive_summary_2022 es.pdf [fecha de consulta: 26 de jubo de 2022].
111 https://www.publico.es/internacional/bangladesh-industria-textil~ropa-esclavitud.html [fecha de consulta: 21 de julio de 2022].
Por todo ello, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a promover las actuaciones necesarias para elaborar un plan de apoyo al sector de la industria textil y del calzado, así como a adoptar cuantas medidas sean necesarias para preservar su
importancia en el conjunto de la economía nacional, garantizando las mejores condiciones para sus empresas, trabajadores y familias.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de septiembre de 2022.-Mireia Borrás Pabón, Andrés Alberto Rodríguez Almeida y María de la Cabeza Ruiz Solás, Diputados.-Patricia Rueda Perelló y José María Figaredo Álvarez-Sala, Portavoces del Grupo
Parlamentario VOX.
Comisión de Derechos Sociales y Políticas Integrales de la Discapacidad
161/004410
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para regular la figura de la
Asistencia Personal recogida en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, para su debate en la Comisión de Derechos Sociales y Políticas Integrales para la
Discapacidad.
Exposición de motivos
La Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en situación de dependencia recoge la prestación económica de 'asistencia personal' cuya regulación todavía no se ha llevado a cabo, cuando
disponer de un asistente personal resulta fundamental de cara a la desinstitucionalización de las personas con un Grado de dependencia tres.
Según el artículo 2.7 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, es un 'servicio prestado por un asistente personal que realiza o colabora en tareas de
la vida cotidiana de una persona en situación de dependencia, de cara a fomentar su vida independiente, promoviendo y potenciando su autonomía personal'.
Según se recoge en la Convención de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD) del año 2006, la Asistencia Personal es un derecho subjetivo de las personas con diversidad
funcional. La CDPD hace mención específica a la Vida Independiente en su artículo 19 ('Derecho a vivir de forma independiente y a ser incluido en la comunidad'), del que desprende que trabajar para desarrollar Políticas Sociales basadas en la
Filosofía de Vida Independiente es hacerlo para preservar los Derechos Humanos para la población de personas con diversidad funcional.
La Convención supone la ratificación de un cambio de paradigma que venía viviéndose desde la década de los años 80: la consideración de la diversidad funcional como una cuestión de derechos humanos y no de personas que padecen una
enfermedad y que haya que curarlas para que puedan integrarse socialmente.
Los principios rectores de la CDPD son:
- El respeto de la dignidad inherente, la autonomía individual, incluida la libertad de tomar las propias decisiones, y la independencia de las personas;
- La no discriminación;
- La participación e inclusión plena, efectiva, en sociedad;
- El respeto por la diferencia y la aceptación de las personas con discapacidad como parte de la diversidad y la condición humana;
- La igualdad de oportunidades;
- La accesibilidad;
- El respeto a la evolución de las facultades de los menores con discapacidad y de su derecho a preservar su identidad.
La Asistencia Personal parte de estos principios y se convierte en un soporte para que las personas con diversidad funcional sean ciudadanos de pleno derecho en las mismas condiciones de libertad y de control sobre su vida que cualquier otro
ciudadano, facilitando que puedan disfrutar del máximo nivel de autonomía en el desarrollo de su proyecto de vida.
Está comúnmente aceptado que la Asistencia Personal produce beneficios en cuatro ámbitos:
- Derecho: garantizar la igualdad de oportunidades viviendo en comunidad establecida en la CDPD.
- Social: libera a las mujeres de ocupar el papel tradicional de ser la cuidadora principal, proporciona libertad social y emancipación a las personas discriminadas por su diversidad funcional, y da a la persona el apoyo que necesita,
adaptándose a su realidad, para que empodere su propio proceso vital.
- Empleo: invertir en empleo directo con ínfimos gastos de gestión; es una fuente de empleo social flexible, profesional, humanamente atractivo y enriquecedor; y adaptable al territorio y a las necesidades específicas de la sociedad y de
la persona.
En España, la Asistencia Personal tiene un largo camino social, jurídico y administrativo por recorrer, aunque la figura profesional de la Asistencia Personal lleve varios años en los principales debates sociales y esté reconocida como una
prestación dentro del catálogo de la Ley 39/2006 (en los artículos 14.5 y 19, así como en las disposiciones adicionales 5 y 6).
Su objetivo, compartido por la Convención, es que la Ley de Dependencia regula el derecho de estas personas a poder llevar una vida independiente de forma autónoma y activa, permitiendo que residan y desarrollen su vida cotidiana en su
entorno físico y social.
Cualquier persona que tenga necesidad de apoyos en las tareas de la vida diaria tiene derecho a tener un asistente personal que le ayude a realizarlas para poder llevar una vida en igualdad de oportunidades, independientemente de cuál sea su
diversidad, edad y su situación, tanto social como económica.
La asistencia personal debe tener un carácter universal y no deberá estar condicionada por la actividad, tipo de diversidad o la edad de la persona con diversidad funcional.
El Servicio de Asistencia Personal es una prestación muy versátil y flexible, que, combinada con otras prestaciones, es perfectamente adaptable a cada persona y a cada situación específica, por lo que es una auténtica garantía, como su
propio nombre indica, de personalización de la atención.
Por ello, se presenta como una necesidad acuciante regular esta prestación, determinando su finalidad, características y sus objetivos principales, de tal manera que se encamine a lograr una vida lo más independiente posible de la persona en
situación de dependencia, facilitando su acceso a aspectos tan importantes como la educación, la cultura, el ocio o el tiempo libre. Asimismo, y de manera complementaria, se debe abordar una completa regulación de la propia figura del asistente
personal, definiendo con claridad la capacitación y la formación de las personas que ejerzan las funciones de asistente personal.
La Plataforma Representativa de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (Predif) reclamó en su 4.º Congreso sobre Asistencia Personal, organizado junto al Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 y a la Fundación ONCE 'la regulación
de la asistencia personal' como clave para 'la desinstitucionalización' de las personas con discapacidad, y exigió un acceso equitativo a este servicio con independencia del lugar de residencia de la persona.
El presidente de Predif, Francisco Sardón, afirmó que 'lo que las personas con discapacidad pedimos es que la regulación tenga en cuenta nuestros intereses y los de los asistentes personales', apuntó, y que se haga 'con 'equidad, para que
todas aquellas personas que lo deseen puedan tener un asistente personal'.
El presidente del Comité Español de Representantes de Personas de con Discapacidad (Cermi), advirtió que el movimiento asociativo 'ha hecho sus deberes, ya que no era fácil consensuar entre todas las discapacidades la figura de la asistencia
personal. Ahora, el Ministerio tiene la responsabilidad de liderar un proceso de construcción entre todas las comunidades autónomas y consensuar un modelo para regular esta figura, que es una necesidad imperiosa, a fin de fijar las intensidades, la
formación y las relaciones laborales específicas dentro de un marco legal'.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a regular, a la mayor brevedad posible, la figura de la Asistencia Personal, con la participación de las Comunidades Autónomas en el marco del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del
Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, y de conformidad con lo reclamado por las entidades especializadas en el ámbito de la discapacidad y la dependencia.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de agosto de 2022.-Alicia García Rodríguez, María del Carmen González Guinda, Margarita Prohens Rigo y Marta González Vázquez, Diputados.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación
161/004351
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para implementar las medidas
necesarias que eviten los daños que está causando la sobrepoblación de conejos en determinadas zonas, especialmente en Castilla-La Mancha, para su debate en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Exposición de motivos
La sobrepoblación de conejos está provocando en diversas regiones, en especial en Castilla-La Mancha, graves problemas a los agricultores. Se podría decir que, en muchos lugares, esta sobrepoblación se está comiendo la renta de nuestros
agricultores.
La sobrepoblación de conejos está arrasando todo tipo de cultivos, desde cereales hasta leñosos, y no solo destrozan las cosechas, sino que están arrasando hasta las propias plantaciones. De hecho, según las organizaciones agrarias, los
daños de conejos en las explotaciones agrarias pueden llegar a provocar una pérdida del 100 % de la producción en la parcela afectada.
Se necesita una respuesta coordinada del gobierno de España con las distintas administraciones autonómicas y municipales, para terminar con los daños que causa esta terrible plaga de sobrepoblación de conejos de campo.
El gobierno de España tiene una responsabilidad y es competencia suya, la limpieza de las zonas de seguridad de las carreteras y de infraestructuras de comunicación. Son zonas de seguridad donde no se puede cazar y en las que solo se puede
actuar a instancia de la administración central. Pero es precisamente en estas zonas de seguridad donde están los conejos, donde hacen sus madrigueras y donde se refugian. Esta acumulación tiene un doble efecto, por un lado, el que está causando
en los cultivos y, por otro, el que generan en la propia infraestructura.
Por otra parte, también es competencia del Estado la limpieza de cauces de ríos, otras de las zonas donde se está demostrando que se concentra la sobrepoblación de conejos.
En multitud de municipios de Castilla-La Mancha los daños provocados por los conejos están arruinando a los agricultores. Son localidades como La Villa de Don Fabrique, Los Hinojosos, Mota del Cuervo, Santa María de los Llanos, El Romeral,
El Pedernoso, Miguel Esteban, El Toboso, Villacañas, Camuñas, Villamayor de Santiago, Quero, Membrilla, Villanueva de Alcoardete, Quintanar de la Orden, Puebla de Almoradiel, Villafranca de los Caballeros y un largo etcétera de pueblos afectados.
En el año 2016 había 96 municipios declarados como comarca de emergencia cinegética. En el año 2020 ya eran 280 y en el año 2021 han sido 295.
En otras regiones, como la cuenca del Guadalquivir en Andalucía, la zona cerealística de Castilla y León y Aragón, los daños se siguen produciendo cada año. La Junta de Andalucía ha declarado en emergencia por las poblaciones y daños de
conejos silvestres a numerosos municipios de las provincias de Córdoba, Granada, Jaén, Málaga y Sevilla. Por ejemplo, durante este año, se han denunciado daños por conejos en distintos municipios de Valladolid, en parcelas en el entorno de la
autovía A-11, en Segovia, en la proximidad de las tierras de cultivo a los taludes generados en los márgenes de la Vía Verde del Valle del Eresma y en las cunetas de la N-11.
En cualquier caso, el gobierno tiene unas competencias en las zonas de seguridad de las carreteras nacionales y la red de ferrocarril, que debe asumir para facilitar la lucha contra esta plaga de conejos, ante la que deben presentarse
medidas con carácter de urgencia
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a:
1. Realizar un estudio de la sobrepoblación de conejos por zonas y de los daños que producen a los agricultores, y que de forma integral se pongan en marcha las medidas para corregir los daños que en la agricultura está causando.
2. Fomentar la caza para el equilibrio natural y respeto al medioambiente y también a la agricultura.
3. Limpiar, a través del organismo competente, las zonas de seguridad de las carreteras, autovías, autopistas, infraestructuras ferroviarias de titularidad estatal, permitiendo el control de población de conejos de campo en estas zonas, que
también están produciendo daños en dichas infraestructuras.
4. Limpiar, a través del organismo competente, los cauces y zonas de influencia y permitir el control de la sobrepoblación de los conejos.
5. Poner en marcha, de forma conjunta con los gobiernos autonómicos y la administración local, tras escuchar a las asociaciones de agricultores, a las asociaciones de cazadores y a los conservacionistas, medidas efectivas para evitar los
daños a la agricultura por causa de la sobrepoblación del conejo de campo, tanto en las cosechas como en las plantaciones.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de junio de 2022.-Vicente Tirado Ochoa, Carmen Riolobos Regadera y Milagros Marcos Ortega, Diputados.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/004362
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre relevo generacional en el sector pesquero y acuícola, para su debate en la
Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Exposición de motivos
El sector pesquero y acuícola ha demostrado, tras la pandemia de COVID-19, ser una vez más un sector esencial para el suministro de alimentos, capaz de absorber un importante porcentaje de población activa, y responsable, en gran medida, de
la fijación de población en las comunidades costeras, pero que durante los últimos años ha venido dejando demasiadas evidencias de la pérdida de interés como sector profesional.
Las características especiales del trabajo en el sector pesquero y acuícola, que conlleva riesgos graves para la salud y la integridad física de los que se dedican a esta actividad, unido a la falta de garantías de una remuneración estable y
regular de la actividad, hacen que esta actividad no sea una opción de trabajo atractiva para la juventud y aumenten las dificultades para el mantenimiento de actividades con problemas de pérdida de empleo en las comunidades costeras.
La Resolución que el Parlamento Europeo aprobó el 16 de septiembre de 2021 'Sobre los futuros pescadores: medidas para atraer a una nueva generación de trabajadores al sector pesquero y generar empleo en las comunidades costeras' pone de
manifiesto todas estas cuestiones como efecto de los
importantes cambios estructurales de las pesquerías de toda Europa y las reestructuraciones con fuertes reducciones de flota, lo que ha acarreado consecuencias sociales tanto a los pescadores como para las comunidades pesqueras.
Según los estudios realizados, en España, al igual que en el resto de los EEMM, más de un tercio de los trabajadores del sector superan los 50 años, encontrándose más envejecido aún el empleo femenino que el masculino, y los problemas para
completar las tripulaciones en nuestros buques de pesca es una queja constante de los armadores.
Por otro lado, si bien se tiene constancia de que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación viene desarrollando acciones encaminadas a afrontar esta situación, abarcando acciones en el ámbito de la formación, fomento del capital
humano y creación de empleo y el impulso a la igualdad de género.
Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Agilizar la tramitación del Programa Operativo del Fondo Europeo Marítimo de Pesca y de Acuicultura y alcanzar su aprobación por parte de la Comisión Europea en el plazo más breve posible, para con ello poner en marcha las medidas
destinadas a apoyar la formación profesional, el aprendizaje permanente y la adquisición de nuevas competencias para jóvenes menores de 40 años desempleados, y garantizar así, no solo el relevo generacional, sino la sostenibilidad del sector
pesquero y acuícola.
2. Elaborar un documento de trabajo, en coordinación con las comunidades autónomas y resto de agentes económicos y sociales, que sirva de guía para el desarrollo de medidas encaminadas a abordar los retos que plantea atraer una nueva
generación de pescadores.
3. Realizar un análisis de las distintas vías de formación que existen actualmente e insistir en la puesta en marcha de acciones que favorezcan la adquisición de los títulos mayores y menores, y el reconocimiento de la formación práctica en
el sector pesquero y acuícola.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de julio de 2022.-Ariagona González Pérez, Juan Francisco Serrano Martínez, Lázaro Azorín Salar, Javier Cerqueiro González, María Luis Faneca López, José Luis Aceves Galindo, Indalecio Gutiérrez
Salinas, Montse Mínguez García, Mariano Sánchez Escobar, Herminio Rufino Sancho Íñiguez, Daniel Senderos Oraá, Mariana de Gracia Canales Duque y Juan Luis Soto Burillo, Diputados.-Isaura Leal Fernández y Rafaela Crespín Rubio, Portavoces del Grupo
Parlamentario Socialista.
161/004369
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para el incremento de los fondos de
recuperación destinados al sector agroalimentario, para su debate en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Exposición de motivos
La cadena completa de valor del sector agroalimentario español, según datos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, representa cerca del 10 % del Producto Interior Bruto. Entre los datos positivos de la coyuntura de los últimos
años, el sector exportó en 2021 por valor de 60.112 millones de euros, siendo clave en el comercio exterior español y habiendo convertido a España en la octava potencia agroalimentaria mundial. Además, el sector ocupa a más 2,8 millones de personas
y está conformado, en su mayor parte, por pequeñas y medianas empresas. Un 96 % de las más de 30.500 empresas son pymes.
Con estas cifras es difícil entender los escasos fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia destinados al sector agroalimentario. En los Presupuestos Generales del Estado de 2021 tan solo representó el 1,7 % del total de Fondos EU y
en los de 2022 alcanzó el 1,9 %. La inversión total estimada
del Componente 3 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia alcanzaría los 1.051 millones, representando tan solo el 0,75 % de los 140.000 millones de previstos.
Ante las críticas por la falta de dinero en los presupuestos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para la industria agroalimentaria, a pesar de la subida de costes de producción, energía, residuos, plásticos, etc., desde el
Ministerio de Industria surgió la idea de un PERTE para la industria agroalimentaria.
Tras meses de rumores y anuncios, el director general de Industrias Agroalimentarias anuncio, en marzo de 2021, que se publicaría el PERTE antes de que terminara el primer semestre del año. En agosto de 2021 el ministro Planas volvió a
anunciar el PERTE, pero sin concretar el origen de los recursos económicos.
Finalmente, en el Consejo de Ministros del 8 de febrero de 2022, en plena campaña electoral de las elecciones autonómicas de Castilla y León, el gobierno anunció la aprobación de un Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación
Económica (PERTE) agroalimentario por valor de 1.000 millones. El BOE publicaba días más tarde la Orden PCM/81/2022, de 9 de febrero, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros, que dejaba de manifiesto el origen de los fondos y que
incluía partidas de los Componentes 12, 13, 15 y 17. Pero el pasado 11 de mayo, un nuevo anuncio, esta vez del presidente del Gobierno, durante la inauguración de la Feria Nacional del Vino (Fenavin), volvía a presentar el PERTE con una ampliación
del crédito de 800 millones.
El último anuncio lo realizó la ministra de Industria, Comercio y Turismo durante la inauguración en Valladolid del II Congreso de la Industria Alimentaria, en la que anunció la activación inmediata de 400 millones de euros.
Según un reciente informe de la consultora Llorente y Cuenca, tras cuatro meses de su aprobación, el PERTE agroalimentario está en una fase 'muy temprana' de ejecución y las convocatorias abiertas o resueltas abarcan solo un 17,5 % de los
fondos, solamente un 9,9 % del total aprobado (99,5 millones), mientras que las convocatorias abiertas representan el 7,7 % del total (77 millones).
Tras tantos anuncios y baile de cifras, el sector solo desea que el PERTE se adapte a los mecanismos de gestión de un sistema complejo, como es el agroalimentario, con importantes diferencias territoriales, y que se simplifiquen las
dificultades de acceso a las ayudas, que deben llegar a todos los eslabones del sector. Son muchas las necesidades y pocos los recursos. Especialmente reseñables son las nuevas exigencias ambientales a la industria y al sector primario.
En cualquier caso, y con todo el tiempo transcurrido, se denota que el PERTE nace sin consultar al sector, más allá de las manifestaciones de interés, que lo considera insuficientemente dotado de recursos.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
Asegurar la dotación de fondos Next Generation EU suficientes para garantizar la sostenibilidad del sector agroalimentario de forma que puedan además de avanzar en digitalización y sostenibilidad, asegurando los costes de producción al
sector primario sin aumentar la inflación.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de julio de 2022.-Milagros Marcos Ortega, Jaime Eduardo de Olano Vela, María José García-Pelayo Jurado, Javier Merino Martínez, Joaquín María García Díez, Belén Hoyo Juliá, Sebastián Jesús Ledesma
Martín, Juan Manuel Constenla Carbón, Juan José Matarí Sáez y Juan Diego Requena Ruiz, Diputados.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/004370
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre el impulso de la producción de
frutos rojos en España, para su debate en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Exposición de motivos
El interés de los consumidores por mantener una dieta equilibrada y saludable ha provocado que durante los últimos años se haya incrementado el consumo de frutos rojos, al extenderse los beneficios de su consumo por su alto valor
antioxidante, su contenido en fibra y otras propiedades nutritivas y nutricionales, tales como su alto contenido en compuestos fenólicos, potasio, calcio, magnesio o ácido fólico.
El crecimiento del mercado del fruto rojo, impulsado por un aumento de la demanda que se ha duplicado en los países europeos en los últimos años, ha provocado que este sea uno de los sectores agrícolas que ha experimentado un mayor
desarrollo en las últimas décadas.
Los frutos rojos, 'berries' o frutos del bosque, engloban una variedad de frutos que van desde la fresa hasta la frambuesa, la mora, el arándano o la grosella, y también se suele incluir otros tipos de frutos y bayas.
En nuestro país, mientras que el cultivo de la fresa cuenta con una tradición que se remonta a mediados de los años 60, centrada especialmente en la provincia de Huelva, el resto de los frutos rojos se han empezado a cultivar recientemente,
debido a la necesidad de diversificar la producción, la demanda y los mejores precios en mercado.
Su producción en España se concentra fundamentalmente en Andalucía (93%), siendo la provincia de Huelva la que acapara la mayor superficie plantada, hasta alcanzar las 11.740 hectáreas, según datos (2022) del FEPEX, siendo la fresa el
cultivo más extendido, aunque el arándano y la frambuesa van ganando superficie.
Con una producción media anual de casi 440.000 toneladas, según fuentes del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, España es el primer productor europeo de fresa y arándanos, además ser el segundo productor de frambuesa. A nivel
internacional, y dependiendo qué productos se incluyan en la lista de frutos rojos o berries, España es el cuarto productor mundial, por detrás de Estados Unidos, México y Turquía, aunque la producción está creciendo en países como Chile, Uzbekistán
o Marruecos, que se están convirtiendo en nuestros competidores comerciales.
Dentro de la producción española destaca la provincia de Huelva, donde las condiciones climáticas y edáficas son ideales para la producción de estos tipos de frutos. Por ejemplo, en la campaña 2020-2021, solo en fresas, la provincia
producía un total de 281.380 toneladas, según la Asociación de Productores y Exportadores de la Fresa de Huelva, Freshuelva, lo que supone un aumento del 7,7% respecto a la campaña pasada, mientras que la producción de frambuesas fue de 46.500
toneladas, registrándose un descenso del 4,3% respecto a la campaña anterior, y la de arándanos alcanzaban las 49.170 toneladas.
La facturación del sector en Huelva superó en 2021 los 1.200 millones de euros, según los datos del informe de comercio exterior de la provincia, publicados por la Junta de Andalucía. El principal mercado es Alemania, seguido del Reino
Unido que, tras el Brexit y especialmente los últimos años, está reduciendo sus importaciones, y Francia.
En definitiva, los cultivos de los frutos rojos constituyen un importante motor en el desarrollo de la economía onubense, generando empleo directo y permitiendo la creación, en torno al sector, de una industria auxiliar y de una importante
red de servicios (agronómicos, tecnológicos, de embalaje, transporte, etc.), lo que ha generado riqueza en la economía y la vida de Palos de la Frontera, Moguer, Bonares, Rociana del Condado, Almonte y Lucena del Puerto, así como otros municipios de
la provincia de Huelva que giran en torno a las fresas y otras frutas del bosque o berries.
Sin embargo, y aunque se espera que la demanda de frutos rojos continúe creciendo en los próximos años, la producción se encuentra condicionada por la limitación de la disponibilidad de agua, pendiente de la finalización de las obras
vinculadas al transvase del Condado y a los condicionantes ambientales por su proximidad al Parque Nacional de Doñana. Igualmente, existe preocupación por el aumento de las importaciones europeas procedentes de Marruecos y la competencia en precio,
especialmente de la frambuesa.
Depender tanto del cultivo de frutos rojos, como ha criticado algún miembro del gobierno, no tiene por que ser peligroso. La crisis de la pandemia, con sus dificultades, se ha afrontado con solvencia, demostrado que un cultivo de alto valor
con un increíble potencial de crecimiento, es rentable, y hay capacidad para la investigación y la innovación, habiendo alcanzado un alto prestigio internacional por su calidad.
La búsqueda de alternativas siempre ha estado presente en el sector, que ha diversificado su producción más allá de la fresa para prolongar la presencia de frutos en el mercado durante nueve meses al año, hasta el punto de que ya son muy
escasos los productores que continúan con el monocultivo de la fresa. En este sentido, cabe destacar el esfuerzo de los agricultores por unas producciones sostenibles en las que cada vez se dispone de más superficie en producción ecológica y en
agricultura integrada.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Colaborar con el sector de la producción de frutos rojos en la apertura de nuevos mercados y el seguimiento del volumen y calidad de las importaciones procedentes de países extracomunitarios para establecer mecanismos de protección.
2. Dotar presupuestariamente y agilizar la ejecución de las infraestructuras hidráulicas necesarias y previstas en la planificación hidrológica, para dotar de recursos hídricos el norte de Doñana, en la provincia de Huelva y, en concreto,
la zona del Condado, así como para ayudar a la preservación del espacio natural protegido.
3. Apoyar la búsqueda de alternativas y soluciones innovadoras que permitan la competitividad del sector productor y de la industria agroalimentaria asociada a los frutos rojos.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de julio de 2022.-Milagros Marcos Ortega, Jaime Eduardo de Olano Vela, María José García-Pelayo Jurado, Javier Merino Martínez, Joaquín María García Díez, Belén Hoyo Juliá, Sebastián Jesús Ledesma
Martín, Juan Manuel Constenla Carbón, Juan José Matarí Sáez y Juan Diego Requena Ruiz, Diputados.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/004390
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la retirada del anteproyecto de
ley de protección derechos y bienestar de los animales, para su debate en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Exposición de motivos
El Gobierno ha abierto plazo de consulta pública sobre el Anteproyecto de Ley de protección, derechos y bienestar animal sin abrir un proceso de dialogo previo y con el rechazo de todas las administraciones afectadas, con independencia del
signo político, Comunidades Autónomas, Ayuntamientos y Diputaciones, y de todos los sectores relacionados: sector del cuidado de los animales, protectores de razas autóctonas, sector comercial asociado, asociaciones deportivas, cinegéticas, zoos,
Organizaciones Profesionales Agrarias y Ganaderas, colegios profesionales, veterinarios, y en general todo el mundo rural y el ámbito profesional relacionado con los animales de compañía y de trabajo, en sentido amplio.
Su malestar fue expuesto en las reivindicaciones del manifiesto presentado por los convocantes de la Manifestación del 20M, #JuntosPorEICampo, como un ataque directo al mundo rural.
El proyecto presentado por el Gobierno, a decir de todos los afectados, contiene previsiones que, además de invadir competencias de otras administraciones públicas, y de tener un marcado sesgo ideológico, no solo no tienen en cuenta las
medidas de bienestar animal y el alto grado alcanzado por estas en nuestro país, sino que lo pone en riesgo, pudiendo con ello afectar negativamente a la salud y seguridad de las personas.
Recientemente, el 9 de junio, la Comisión Nacional de Mercados de la Competencia (CNMC) ha emitido informe respecto a este documento, alertando de la intromisión que supone en el mercado y en la libertad de los ciudadanos, así como de la
falta de rigor jurídico, llegando a mencionar la necesidad de que se ajuste al principio de buena regulación.
La propia CNMC reconoce la relevancia social y económica de las políticas e instrumentos orientados a garantizar el respeto a los animales, pero manifiesta dudas sobre la dificultad de identificar ciertas medidas con la finalidad protectora
de los derechos de los animales.
Por otra parte, el propio director general de Derechos de los Animales informó en un acto público que se han presentado unas 6.000 alegaciones al borrador del proyecto de Ley, un número que demuestra una vez más la preocupación social y
económica que genera la norma, que está pendiente del informe del Consejo de Estado para la aprobación por el Consejo de Ministros y su traslado a las Cortes generales para su tramitación. Es necesario que los textos normativos aprobados por el
gobierno tengan calidad para poder iniciar una tramitación parlamentaria de garantías.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Retirar el actual anteproyecto de Ley de protección, derechos y bienestar animal.
2. Abordar la regulación consensuando un texto con todos los sectores afectados antes de iniciar su tramitación, y pactar ese texto con las CCAA y Ayuntamientos competentes en la materia, asegurando que se respetan las competencias de cada
administración.
3. Que el nuevo texto tenga en cuenta las especiales particularidades y características de ciertos animales que se dedican a actividades profesionales, eliminando expresamente obligación tales como establecer una edad de retiro o la
esterilización de los perros de actividades cinegéticas.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de julio de 2022.-Milagros Marcos Ortega, Jaime Eduardo de Olano Vela, María José García-Pelayo Jurado, Javier Merino Martínez, Joaquín María García Díez, Belén Hoyo Juliá, Sebastián Jesús Ledesma
Martín, Juan Manuel Constenla Carbón, Juan José Matarí Sáez y Juan Diego Requena Ruiz, Diputados.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/004394
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, presenta, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la presente Proposición no de Ley
para su debate y aprobación en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación relativa a establecer medidas para la reducción de los impactos del cambio climático en el sector agroalimentario español.
Exposición de motivos
La agricultura es un sector estrechamente vinculado con la base de recursos naturales, especialmente de los recursos agua, suelo y biodiversidad, de los cuales depende para su desarrollo.
Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), en su informe 'El trabajo de la FAO sobre el cambio climático' de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el cambio climático 2019, publicado en
Roma en 2019, el sector de la alimentación y la agricultura debe producir un 49 % más de alimentos de aquí a 2050, pero ya es un importante factor de cambio climático y, al mismo tiempo, tremendamente vulnerable a dicho fenómeno. Emite alrededor de
una cuarta parte de las emisiones de gases de efecto invernadero y mantiene a cerca de 2 500 millones de personas.
Los impactos climáticos tales como fenómenos meteorológicos extremos, propagación de plagas y enfermedades, pérdida de biodiversidad, degradación de los ecosistemas y escasez de agua se agravarán a medida que se calienta el planeta. Estos
impactos pueden ser perjudiciales para la seguridad alimentaria y los medios de vida y dar lugar a migraciones forzadas.
La FAO prevé que la población mundial supere los 9.000 millones de personas en 2050, lo que implica la necesidad a medio plazo de producir más alimento, de calidad y de forma más sostenible, en línea con los Objetivos de Desarrollo
Sostenible establecidos por las Naciones Unidas. En las próximas décadas la agricultura tiene la responsabilidad de hacer frente al reto de garantizar la seguridad alimentaria para una
población mundial creciente, con una menor disponibilidad de recursos y en un entorno marcado por los efectos del cambio climático.
Entre los desafíos globales destacados por la organización, hay tres que merecen especial atención:
- El cambio climático podría llevar a más de 122 millones de personas, principalmente agricultores, a la pobreza extrema para 2030.
- Se prevé que el cambio climático aumente los precios de los cereales en un 29 % de aquí a 2050.
- La escasez de agua afecta al 40 % de la población. Por cada grado centígrado de aumento, 500 millones de personas más sufrirán una reducción del 20 % de los recursos hídricos renovables.
Recientemente, la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG), publicó un informe en el que advertía que el caso de España, donde en los últimos 30 años solo los grandes desastres relacionados con el clima han provocado
pérdidas de 25.000 millones de euros (la mitad de ellas relacionadas con la sequía), los daños podrían aumentar drásticamente si las emisiones continúan al ritmo actual. En concreto, la organización señala que 'Este escenario llevaría a alcanzar un
incremento de 2 °C respecto a períodos preindustriales en 2050, lo que podría reducir el PIB nacional en más de un 7 % respecto a un escenario sin cambio climático. Incluso si se lograra que la temperatura no subiera más de 1,5 °C, objetivo
establecido por los Acuerdos Internacionales de París de reducción de emisiones, las pérdidas que ocasionaría llegarían al 2,5 % del PIB'.
Según el informe agroalimentario 2021 'Avanzando hacia la sostenibilidad' de CaixaBank Research, el cambio climático y la lucha para prevenirlo suponen enormes desafíos para la producción agroalimentaria en España: 'Por una parte, la
agricultura en España, que tradicionalmente se ha beneficiado de una situación geográfica y una climatología privilegiadas, es especialmente vulnerable al cambio climático. El aumento de la erosión de los suelos, las inundaciones, las sequías y los
incendios forestales, junto con el incremento de plagas y enfermedades, son algunos de sus efectos directos. A su vez, la actividad del sector primario también contribuye al cambio climático: la especialización y la intensificación de los
cultivos, el uso de insumos químicos y la industrialización de la producción ganadera tienen efectos negativos en el agua, el suelo, el aire, la biodiversidad y la conservación de los hábitats'.
Un sector tan importante como el agroalimentario sería de los más perjudicados por su elevada dependencia del clima. En general, un calentamiento global de incluso 1,5 °C se traduciría en una bajada apreciable de los rendimientos y de la
calidad de la producción en las zonas actuales de cultivo, pero más especialmente en las zonas más calurosas y áridas del sur peninsular, tal y como detalla en su informe la organización COAG. El paulatino incremento de la temperatura aumentaría de
forma claramente perceptible la intensidad y la frecuencia de extremos climáticos como olas de calor, lluvias torrenciales, o especialmente sequías y pedriscos, los que más preocupan al agricultor. Estos episodios podrían ser especialmente graves
en la zona mediterránea una vez se alcance un calentamiento de 2 °C.
El sector agroalimentario, por tanto, debe afrontar las transformaciones necesarias para que contribuya de manera real a la lucha contra el cambio climático, la crisis de biodiversidad, la sobrepesca, el problema del agua en España y el reto
demográfico, y, a su vez, para amortiguar los impactos que el cambio climático tiene sobre este sector.
Por ello se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso insta al Gobierno a:
1. Aumentar la ambición en la lucha contra el cambio climático para acelerar la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero en todos los sectores.
2. Realizar un seguimiento continuado de los impactos del cambio climático sobre el sector agricultura y ganadero español, así como a promover mecanismos de adaptación y resiliencia a los cambios climáticos.
3. Adaptar las políticas y estrategias de lucha contra los incendios forestales a las nuevas condiciones generadas por el aumento de temperaturas consecuencia del cambio climático.
4. Promover políticas de conservación de los ecosistemas agrícolas más amenazados, y de restablecimiento de la biodiversidad agrícola-ganadera.
5. Fomentar un modelo de agricultura y ganadería de carácter familiar y extensiva que, como sector estratégico, se fundamente en un desarrollo sostenible tanto desde su faceta económica, social y medioambiental.
6. Establecer una moratoria de nuevas macrogranjas y ampliación de las existentes, así como desestimar las que están en trámite.
7. Garantizar el 25 % de la superficie agrícola para su cultivo bajo los parámetros de la agricultura ecológica y agricultura de regeneración de suelos.
8. Promover la l+D en materia de lucha contra el cambio climático en el sector agrícola y ganadero.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de julio de 2022.-Juan Antonio López de Uralde, Diputado.-Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común.
161/004424
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José María Figaredo Álvarez-Sala, don Ricardo Chamorro Delmo, doña María Magdalena Nevado del Campo, don Rubén Darío Vega Arias, don Luis Gestoso de Miguel, don Manuel Mariscal Zabala y don Francisco José Alcaraz Martos, en sus
respectivas condiciones de Portavoz sustituto y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (G. P. VOX), al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente Proposición no
de Ley de medidas extraordinarias para garantizar el abastecimiento de cereales, reducir el impacto sobre la cadena agroalimentaria y pesquera de España e impulsar la soberanía alimentaria, para su discusión en la Comisión de Agricultura, Pesca y
Alimentación.
Exposición de motivos
Primero. Contexto internacional.
VOX lleva mucho tiempo exigiendo la supresión de cualquier normativa que impida el aprovechamiento de los recursos que tiene España. Entre estos recursos, los agrarios son de una importancia extrema. Siguiendo lo que lleva tiempo
solicitando este Grupo Parlamentario, la Unión Europea, a través de la Comisión, ha aprobado un Reglamento de Ejecución que autoriza a los Estados miembros a acogerse a ciertas excepciones respecto a determinadas obligaciones sobre diversificación,
rotación de cultivos y barbechos para la campaña 2023 con el objetivo de incrementar la producción agrícola 112. Siguiendo esta misma política, el Gobierno de Alemania ha anunciado que suspenderá esta normativa europea y que permitirá a los
agricultores cultivar más cereales 113. La actual situación internacional ha mostrado, una vez más, que lo que VOX lleva tiempo demandando es necesario, justo y por ello lo están aplicando en otras naciones.
Las cadenas globales de suministro se están convirtiendo en un problema de primer orden, especialmente cuando se trata de productos de primera necesidad. La debilidad de estas cadenas se hace evidente con el desequilibrio existente entre la
producción y el consumo. En tiempos recientes, se ha podido apreciar con la crisis sanitaria derivada de la COVID y sus inconstitucionales confinamientos y, en la actualidad, con la guerra de Ucrania. Además, ha favorecido la aparición de un
oportunismo comercial que agrava el problema.
El modelo de abastecimiento actual presenta unas debilidades que causan un gran impacto en la economía, las empresas, el trabajo y, en general, en todos los españoles, no solo por el problema del abastecimiento sino por delegar la producción
de bienes esenciales en terceros países.
Así pues, la actual situación de tensiones comerciales y el desabastecimiento y la escasez de productos se materializan en una elevada inflación por los precios de los bienes esenciales. Este modelo productivo deslocalizado empobrece a
todos los españoles. Todo ello catalizado por las medidas tardías y poco resolutivas del Gobierno ante la coyuntura económica, energética y social, y por la acción
112 Reglamento de Ejecución (UE) 2022/1317 de la Comisión de 27 de julio de 2022 por el que se establecen excepciones al Reglamento (UE) 2021/2115 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a la aplicación de las normas en
materia de buenas condiciones agrarias y medioambientales de la tierra (normas BCAM) 7 y 8 para el año de solicitud 2023.
113 https://www.abc.es/internacional/ alemania-permite-agricultores-cultivar-cereales- 20220809145606-nt.html
anquilosante de un modelo europeo burocratizado y asimétrico. Esta situación supone una incertidumbre sobre la disponibilidad comercial futura de bienes con el grave impacto que ello puede ocasionar en la economía nacional, el tejido
productivo y laboral y el bienestar de los españoles.
Uno de los sectores económicos que más está sufriendo esta crisis es la ganadería española, dados su dependencia de la importación de cereales para la alimentación animal de las cabañas 114, la dependencia energética para el funcionamiento
de las máquinas y el encarecimiento de los combustibles para la maquinaria agraria 115. Tanto es así que algunos ganaderos ya han empezado a sacrificar parte de sus animales por la imposibilidad de mantener sus explotaciones. 116
Segundo. La situación de sequía en España.
A la actual situación se suma la reducida disponibilidad hídrica almacenada, la falta de lluvias y la inexistente planificación hidrológica que se arrastra desde hace muchos años. Todo ello ha generado que las actuales reservas de aguas
estén al 39.18 %, casi veinte puntos porcentuales por debajo del valor medio semanal de la última década; a pesar incluso de que todavía no hemos llegado a los meses con menor disponibilidad de agua almacenada.
Ilustración 1. Agua embalsada en España. Fuente: embalses.net 117
Esta situación ha provocado que más de la mitad de los cultivos españoles se encuentren en riesgo, con miles de producciones agrarias que se podrían perder, en especial las de cereales, olivar, viñedo y almendros de secano; así como también
producciones relacionadas con los pastos para la ganadería extensiva o la apicultura 118.
El sector alimentario español necesita de políticas integrales que permitan su fortalecimiento y protección. Un claro ejemplo de ello es la necesidad del desarrollo urgente de un Plan Nacional del Agua que asegure una óptima gestión y
aprovechamiento del recurso hídrico y ponga el agua a disposición de las necesidades de todos los españoles. Esto tendría el beneficio añadido de fortalecer el sector agrícola y ganadero español, y por todo ello consolidar la seguridad alimentaria
de España.
Tercero. Asegurar la soberanía alimentaria de España.
Por todos estos motivos, el Grupo Parlamentario VOX viene defendiendo desde hace años la imperiosa necesidad de fortalecer el sistema de producción mediante el refuerzo del sector primario,
114 RECHE, Cristian (2022). 'La guerra en Ucrania dispara los costes en el sector lácteo y lo empuja al colapso', La información. 9 de marzo. Disponible en:
https://www.lainformacion.com/empresas/guerra-rusia-ucrania-colapso-sector-ganadero/2861766/.
115 BUITRAGO, Manuel (2022). 'Los ganaderos de la Región de Murcia se plantean sacrificar animales en un mes ante la falta de pienso de Ucrania', La Verdad. 10 de marzo. Disponible en:
https://www.laverdad.es/murcia/ffanadero-region-plantean-20220310124222-nt.html?ref=https % 3A% 2F % 2Fwww. google.com%2F.
116 HERNÁNDEZ SOLANA, María (2022). 'Aumenta el sacrificio de vacas lecheras por la crisis: 'En octubre puede no haber leche'. The Objective. 6 de agosto. Disponible en: https://theobiective.com/economía
72022-08-06/ganaderos-sacrificio-vacas-leche/.
117 Embalses.net - Estado de los Embalses, pantanos y presas de España (09/08/2022). Disponible en: https://www.embalses.net/.
118 PLANELLES, Manuel y RODRÍGUEZ, Marta (2022). 'La falta de lluvias y el descenso del agua embalsada acrecientan el miedo a la sequía en España', El País. 7 de febrero. Disponible en:
https://elpais.com/clima-y-medio-ambiente/2022-02-07/la-falta-de-lluvias-y-el-descenso-del-agua-embalsada-acrecientan-el-miedo-a-la-sequia-en-espana.html.
evitando con ello que las crisis económicas o catástrofes puedan tener un impacto nocivo en el bienestar de los españoles y garantizando, de esta forma, la soberanía alimentaria.
La invasión de Ucrania por Rusia y los problemas que arrastramos desde la crisis del coronavirus ponen de manifiesto la fragilidad de nuestro sistema agroalimentario por la dependencia que sufren España y la Unión Europea de las
exportaciones de otros países en materia de cereales, gas y fertilizantes.
En este sentido, este Grupo Parlamentario VOX registró el pasado mes de marzo en el Congreso de los Diputados una Proposición no de Ley relativa a garantizar el abastecimiento, reducir el impacto sobre la cadena agroalimentaria y pesquera de
España e impulsar la soberanía alimentaria tras la invasión de Ucrania 119 que se discutió en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación, y que fue rechazada con los votos en contra de los partidos del Gobierno. 120
En concreto, debe replantearse el actual modelo de producción de alimentos para asegurar nuestra soberanía alimentaria. En el marco de esta crisis económica y financiera es esencial fortalecer la seguridad de nuestro sistema
agroalimentario, lo que requiere que el Gobierno de España contemple la puesta en marcha de medidas extraordinarias urgentes, algunas de las cuales, como se ha indicado, ha admitido recientemente la Comisión Europea para su aplicación voluntaria por
parte de los Estados miembros; y el Gobierno es conocedor de esta posibilidad. 121
Por un lado, es necesario autorizar la supresión de la obligación de dejar superficies sin cultivar o con restricciones 122, y permitir que se puedan emplear para el cultivo de los cereales, garantizando el abastecimiento de Europa. Hasta
ahora la Política Agraria Común ('PAC') 123 ha venido exigiendo la obligatoriedad de dejar tierras en barbecho y la obligación de diversificar cultivos en la explotación 124. De esta forma, se propone la supresión de tales obligaciones 125, ya que
hay más de 500.000 hectáreas europeas de cereales y leguminosas que no se siembran 126. Derogación que, como se ha mencionado, la Comisión Europea admite. 127
En el caso español, por ejemplo, levantar tales restricciones permitiría que un territorio como León, la principal provincia productora de maíz 128, pudiera producir más de 70.000 toneladas de grano al año 129.
119 VOX (2022). 'Proposición no de Ley para garantizar el abastecimiento, reducir el impacto sobre la cadena agroalimentaria y pesquera de España e impulsar la soberanía alimentaria tras la invasión de Ucrania'. Congreso de los Diputados.
23 de marzo. Disponible en: https://www.congreso.es/busqueda-de-iniciativas?p_p_id=iniciativas&p_p_lifecvcle=Q&p_p_state=normal&p p mode=view& iniciativas mode=mostrarDetalle&_iniciativas_legislatura=XIV&_iniciativas_id=161 %2F003991.
120 [Vídeo] Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación. Congreso de los Diputados. 27 de abril de 2022. Disponible en:
https://app.congreso.es/AudiovisualCongreso/audiovisualEmisionSemiDirecto?codOrgano=374&codSesion=25&idLegislaturaElegida-14&fechaSesion=27/04/2022.
121 Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (2022). 'La Comisión Europea propone la derogación de determinadas obligaciones sobre diversificación, rotación de cultivos y barbechos para la campaña 2023 con el objetivo de incrementar
la producción agrícola'. Gobierno de España. Nota de prensa. 22 de julio. Disponible en: https://www.mapa.gob.es/gl/prensa/ultimas- noticias/la-comisi%C3%B3n-europea-propone-la-derogaci
%C3%B3n-de-determinadas-obligaciones-sobre-diversificaci%C3 %B3n-rotaci%C3 %B3n-de-cultivos-y-barbechos-para-la- campa%C3%Bla-20/tcm:37-624126.
122 Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (2020). 'La aplicación del 'Pago Verde' ha propiciado importantes avances en términos de biodiversidad y mejora del suelo'. 19 de agosto. Disponible en:
https://www.mapa.gob.es/es/prensa/ultimas-noticias/la-aplicaci%C3 %B3n-del-pago-verde-ha-propiciado-importantes-avances-en-t%C3%A9rminos-de-biodiversidad-y-mejora-del-suelo /tcm:30-542970.
123 Fondo Español de Garantía Agraria, O.A. (2018). 'Política Agrícola Común 2015-2020: Pago para prácticas beneficiosas para el clima y el medio ambiente'. Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (MAPAMA),
Secretaría General Técnica. Catálogo de Publicaciones de la Administración General del Estado. Disponible en: https://www.fega.gob.es/sites/default/files/files/ficha_3_180201.pdf.
124 Agroinformación (2022). 'Guerra y PAC: León podría producir el equivalente al mayor barco de maíz si la UE lo autoriza y cambia las normas'. 9 de marzo. Disponible en:
https://agroinformacion.com/pac-y-ucrania-leon-podria-producir-el-equivalente-al-mayor-barco-de-maiz-si-la-ue-lo-autoriza-y-cambia-las-normas/.
125 Agrodigital (2022). 'Bruselas va a estudiar que se puedan sembrar proteaginosas en los barbechos en 2023 año para asegurar la soberanía alimentaria'. 3 de marzo. Disponible en:
https://www.agrodigital.com/2022/03/03/bruselas-va-a-estudiar-que-se-puedan-sembrar-proteaginosas-en-los-barbechos-en-2023-ano-para-asegurar-la-soberania-alimentaria/.
126 Agroinformación. (2022) 'La guerra de Ucrania nos advierte que Europa no puede dejar 500.000 hectáreas sin sembrar (barbecho)'. 10 de marzo. Disponible en:
https://agroinformacion.com/la-guerra-de-ucrania-nos-advierte-que-europa-no-puede-dejar-500-000-hectareas-sin-sembrar-barbecho/.
127 Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (2022), op. cit.
128 Campo CyL (2022). 'León rompe su techo histórico y supera el millón de toneladas de maíz'. 3 de enero. Disponible en: https://www.campocvl.es/ portada-app/leon-rompe-su-techo-historico-y-supera-el-millon-de-toneladas-de-maiz/.
129 Agroinformación (2022). 'Guerra y PAC: León podría producir el equivalente al mayor barco de maíz si la UE lo autoriza y cambia las normas'. 9 de marzo. Disponible en:
https://agromformacion.com/pac-y-ucrania-leon-podria-producir-el-equivalente-al-mavor-barco-de-maiz-si-la-ue-lo-autoriza-v-cambia-las-normas/.
Esta es una de las medidas que algunos países europeos ya han empezado a contemplar. Como se exponía anteriormente, el ministro de Agricultura de Alemania ha anunciado su intención de suspender las regulaciones de la Unión Europea sobre
retirada y rotación de tierras para permitir a los agricultores la siembra de cereales en terrenos que deberían quedar este año en barbecho. 130 Se estima que en unas 380.000 hectáreas podrían cosechar hasta 3,4 millones de toneladas de trigo. 131
Una solución que este Grupo Parlamentario VOX viene defendiendo desde hace meses. 132
Por otro lado, se tienen que aumentar los cupos de agua de todas las cuencas hidrográficas, con el fin de que se permita la siembra de maíz y el riego del cereal para su cosecha continua.
En caso de que el Gobierno no adopte soluciones eficaces al problema de desabastecimiento que sufre la cadena agroalimentaria y pesquera española, estará sometiendo a los españoles a una situación de falta de suministro que provoca la ruina
y la desaparición de importantes sectores económicos de España como el agroalimentario o el industrial, generando desempleo y encareciendo la cesta de la compra de las familias.
Por tanto, tal y como el Grupo Parlamentario VOX viene defendiendo, urge una reforma de la estrategia agraria que garantice el abastecimiento y la continuación de nuestro sistema productivo agroalimentario y pesquero y que elimine las trabas
que ponen en riesgo nuestra soberanía alimentaria; así como la adopción de medidas extraordinarias ante el momento actual de gran inestabilidad en Europa.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a lo siguiente:
1. Impulsar una reorientación de las políticas y prácticas agrícolas en el seno de la Unión Europea que asegure la soberanía alimentaria de España, exigiendo que se supriman las limitaciones para el cultivo en barbecho.
2. Promover los cambios necesarios en la normativa nacional para aplicar las medidas de flexibilización reconocidas por la Comisión Europea de derogación de determinadas obligaciones sobre diversificación, rotación de cultivos y barbechos,
y de ampliación de los terrenos cultivables para cereales.
3. Impulsar la aprobación de un plan de contingencia que garantice la soberanía alimentaria de España y la correcta defensa del sector agroganadero y pesquero español ante el actual contexto internacional del ámbito alimentario marcado por
la ruptura del equilibrio entre la producción y el consumo, la escasez de materias primas y el desabastecimiento.
4. Elaborar y aplicar un Plan Nacional del Agua que garantice el uso y disponibilidad del agua a todos los españoles mediante la interconexión de todas las cuencas bajo los principios de solidaridad y bien común.
5. Promover el aumento de los cupos de agua en todas las cuencas hidrográficas de España, de modo que se permita la siembra y el riego de cereales, leguminosas y otros alimentos, y así asegurar el abastecimiento necesario para todos los
españoles.
6. Promover la adopción de medidas que contribuyan a garantizar el suministro de insumos (fertilizantes y agroquímicos, piensos, semillas, etcétera) suficientes para las explotaciones agrarias de España.
7. Impulsar planes que fomenten el aprovechamiento de las tierras agrícolas que están en desuso y establecer planes que impulsen su utilización para el cultivo de cereales.
8. Adoptar cualesquiera medidas en el ámbito tributario que sean necesarias para reducir, con relación a todos los productos agrícolas, los efectos negativos causados por los sobrecostes que ha provocado la subida del precio de la
electricidad, de los carburantes, de los fertilizantes y de los fitosanitarios, con especial énfasis en los cultivos de cereales, y de este modo fortalecer la garantía y seguridad del suministro.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de agosto de 2022.-Ricardo Chamorro Delmo, María Magdalena Nevado del Campo, Rubén Darío Vega Arias, Luis Gestoso de Miguel, Manuel Mariscal Zabala y Francisco José Alcaraz Martos, Diputados.-José
María Figaredo Álvarez-Sala, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
130 SÁNCHEZ, Rosalía (2022). 'Alemania permite a los agricultores cultivar más cereales'. ABC. 9 de agosto. Disponible en: https://www.abc.es/internacional/alemania-permite-agricultores-cultivar-cereales-20220809145606-nt.html.
131 Ibid.
132 [Vídeo] Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación. Congreso de los Diputados. 27 de abril de 2022. Disponible en:
https://app.congreso.es/AudiovisualCongreso/audiovisualEmisionSemiDirecto?codOrgano=374&codSesion=25&idLegislaturaElegida=14&fechaSesion=27/04/2022.
161/004425
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley, sobre medidas a adoptar como
consecuencia de la confluencia de la sequía y el aumento de costes de producción en la agricultura y ganadería, para su debate en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Exposición de motivos
El pasado mes de marzo el Grupo Parlamentario Popular presentaba una Propuesta en el Pleno del Congreso de los Diputados que proponía al Gobierno una serie de medidas que evitarán la situación de cierre de explotaciones y aumento del
sacrificio de animales que hoy, según los datos oficiales aportados por el propio Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación en la última Estadística de mercados agrícolas y ganaderos, son ya una realidad.
A pesar del comportamiento ejemplar de nuestros agricultores y ganaderos durante la etapa más dura de la pandemia COVID, que ha permitido que toda la población española tuviera garantizado el suministro de alimentos en cantidad y calidad, el
sector primario se ha visto abocado a afrontar un proceso de transición por la normativa europea y la política nacional para avanzar en la lucha contra el cambio climático, sin que se hayan habilitado los apoyos públicos y de colaboración público
privada que necesita para ello.
A pesar de que la Unión Europea, en el contexto COVID, planteó la necesidad de reforzar las cadenas de valor estratégico, siendo una de las principales el sistema alimentario, y de que para ello puso a disposición de los Estados Miembros un
paquete financiero y de ayudas directas de gran envergadura, las medidas adoptadas por el Gobierno de España no están dando respuesta a las necesidades de quienes aseguran la producción de alimentos en nuestro país.
De hecho, el gobierno, lejos de apoyar este proceso de transición en la agricultura y la alimentación, ha tomado partido en favor de tesis que cuestionan la profesionalidad y excelencia de nuestro sector primario, de la calidad de los
alimentos que producimos.
En este contexto, desde hace más de un año las explotaciones agrarias de nuestro país vienen sufriendo pérdidas muy importantes en sus resultados económicos, que ponen en riesgo su viabilidad a consecuencia de importantes alzas en los costes
de producción (energía, combustible, etc.), de la insuficiencia en los precios percibidos y de desequilibrios entre oferta y demanda. Ante ello, el pasado 20 de marzo todos los sectores vinculados a la economía rural se manifestaron masivamente
contra la inacción del gobierno.
A esto se han unido posteriormente las consecuencias derivadas de la invasión de Ucrania: escasez de cereales, el consiguiente aumento desbordado del precio de piensos, abonos y fertilizantes, y los efectos de la preocupante sequía que ha
reducido la disponibilidad de pastos y mermado las cosechas de los principales productos agrarios (cereal, uva, arroz, etc.) sin que haya una política hidrológica nacional que permita pensar que pueda haber una solución a corto o medio plazo.
Las recientes declaraciones del Secretario de Estado de Medioambiente culpabilizando al sector agrario del consumo de agua, no han sido precisamente tranquilizadoras ya que lejos de proponer soluciones para aumentar la capacidad de
almacenamiento de agua en nuestro país, ha planteado limitaciones al uso agrario, aún siendo como es, absolutamente imprescindible para el futuro del mundo rural.
Ante esta situación de altos costes de producción y bajos precios de venta en origen, muy diferentes a los de nuestros vecinos europeos, y un gobierno que cuestiona sistemáticamente la actividad agraria, se está produciendo un alarmante
aumento del sacrificio de animales y abandono de explotaciones, tal y como refleja la última estadística oficial del propio Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
En este momento ya no está garantizada la competitividad de un sector que representa más de un 10 % del PIB de la economía española, que genera unos 3 millones de empleos, que exporta por valor de 60.000 millones de euros al año, que es el
garante de la provisión de alimentos y la principal fuente de actividad en el medio rural. Medio rural que afronta el reto de la despoblación con mucha más intensidad que en el resto de países europeos.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular formula la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Promover ante la Comisión Europea la modificación de la propuesta de Plan Estratégico de la PAC de España, a la vista de las actuales circunstancias y de las nuevas previsiones de futuro, con el objetivo de garantizar la viabilidad de
las explotaciones y la seguridad alimentaria de nuestro país. Dicha revisión debe realizarse con carácter de urgencia, de tal manera que pueda ser de aplicación en los plazos previstos, y deberá llevarse a cabo contando con la participación de las
Comunidades Autónomas y de las organizaciones representativas del sector agrario, de tal forma que el nuevo Plan, esta vez sí, sea realmente consensuado y constituya el resultado de un amplio acuerdo nacional.
2. Promover ante la Unión Europea y apoyar aquellas iniciativas similares promovidas por otros Estados miembro, la revisión del Pacto Verde Europeo y de diferentes estrategias, como la 'Estrategia de la Granja a la Mesa' y la 'Estrategia de
la Unión Europea sobre Biodiversidad para 2030', de tal manera que de su aplicación no se derive la pérdida de potencial productivo del sector agroalimentario, ni pérdida de rentabilidad para los productores
3. Asegurar en el proceso de la nueva planificación hidrológica de tercer ciclo en cada cuenca (2022-2027) la realización de las infraestructuras e inversiones necesarias para prevenir situaciones de sequía cada mes más recurrentes y graves
como las actuales.
4. Proceder, de manera inmediata, a la regulación de los contratos de acceso a las redes de transporte y distribución eléctrica para regadíos en los términos previstos ya en dos leyes vigentes, estableciendo condiciones particulares de
aplicación a dichos contratos que contemplen la posibilidad de disponer de dos potencias diferentes a lo largo de un año, en función de las necesidades de suministro para el riego.
5. Poner en marcha de manera efectiva las bonificaciones establecidas en la Disposición adicional primera de la Ley 16/2021, de 14 de diciembre, de hasta un 35 % y un 15 % de la factura del gasóleo y la de los plásticos y fertilizantes,
utilizados en las actividades llevadas a cabo en favor de los operadores de la cadena sujetos al ámbito de aplicación previsto en el artículo 2 de la Ley 12/2013, de 2 de agosto, de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria e
incluir los piensos en dichas bonificaciones.
6. Reducir, para el período impositivo 2022, los índices de rendimiento neto aplicables en el método de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas para las actividades agrícolas y ganaderas afectadas por los
graves desequilibrios del mercado, el gran incremento de los costes de producción y otras circunstancias extraordinarias.
A tal efecto, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, junto con las Comunidades Autónomas y las organizaciones representativas del sector, elaborarán con carácter de urgencia, el preceptivo informe en el que se identifiquen las
actividades agrícolas y ganaderas donde se producen circunstancias excepcionales, que justifique hacer uso de la autorización contenida en el artículo 37.4.1.º del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de agosto de 2022.-Jaime Eduardo de Olano Vera, Milagros Marcos Ortega, Javier Merino Martínez, Joaquín María García Díez, Belén Hoyo Juliá, Sebastián Jesús Ledesma Martín, Juan Manuel Constenla
Carbón, Juan José Matarí Sáez y Juan Diego Requena Ruiz, Diputados.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico
161/004346
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Plural, a instancia del diputado del Bloque Nacionalista Galego (BNG) Néstor Rego Candamil, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente
Proposición no de Ley para la denegación de autorización por parte del Ministerio de los parques eólicos informados negativamente por la Xunta de Galiza para su debate en la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico.
Exposición de motivos
Las solicitudes para la instalación de parques eólicos en Galiza se han multiplicado enormemente en los dos últimos años. De hecho, se hacía público en este mes de junio que se encuentran en tramitación 275 proyectos eólicos, que suman
11.200 MW, lo que supondría triplicar la potencia eólica instalada en Galiza.
Ante el gran volumen de solicitudes, el Gobierno gallego decidió el año pasado aplicar una moratoria hasta el 30 de junio de 2023 a fin de poder tramitar los 275 expedientes recibidos. Una moratoria que pretendía aliviar la enorme presión
administrativa que supone la recepción de semejante cantidad de proyectos.
En base a los datos ofrecidos por la Xunta de Galiza, esta ha rechazado en los últimos años un total de 149 proyectos de parques eólicos que sumaban un total de 7.500 MW. Así mismo, ha emitido informe negativo y reclamado la no autorización
de 65 proyectos de parques eólicos rechazados que se encuentran en tramitación ante el Ministerio de Transición Ecológica por diversas razones. Las principales son que solicitan implantarse fuera de las áreas de desarrollo eólico, que se invadirían
espacios protegidos por la Red Natura o que se solapan con parques ya existentes.
Como es sabido, en los parques que superen los 50 megavatios de potencia instalada corresponde la autorización y tramitación al Ministerio de Transición Ecológica, pero no podría entenderse que este autorice nuevos proyectos en Galiza que
cuenten con el informe negativo del Gobierno de la Xunta. Seguir adelante con los mismos y conceder la autorización supondría una laminación de las competencias de Galiza en materia de ordenación de su territorio, de protección del medio ambiente y
de las personas.
La mayoría de los proyectos informados negativamente implican una afectación directa a espacios protegidos por la Red Natura y otras zonas de especial protección para la flora y fauna, circunstancias que deberían ser suficientes para la
denegación de su autorización de instalación.
La desprotección medioambiental se va a profundizar con la entrada en vigor del reciente Real Decreto Ley 6/2022 que, con el pretexto de la urgente necesidad de agilizar el desarrollo de proyectos de energías renovables, reduce o
directamente elimina, los trámites de evaluación ambiental, simplificándose los procedimientos de autorización de proyectos de energías renovables, caso de megaproyectos de parques eólicos, y excluyendo la posibilidad de participación ciudadana en
los mismos a través del trámite de alegaciones públicas.
En los últimos años ha crecido la presión social y vecinal en contra de la ubicación de parques eólicos en Galiza por su gran impacto. Los proyectos en tramitación conllevan la instalación de molinos gigantes, de hasta 200 metros de altura,
en zonas muy cercanas -500 metros- a áreas habitadas, poblaciones, áreas de labranza y de ganadería, con el consiguiente impacto en el ecosistema, el paisaje, la economía y las personas.
Galiza es ya uno de los territorios europeos con más parques eólicos. De media tiene 115 KW por cada kilómetro cuadrado, mientras que la media del estado español se sitúa en 46. La media en Alemania es de 73.
En este sentido, sería deseable que el Ministerio fuese más exigente con los criterios a aplicar para autorizar proyectos de parques eólicos y, sobre todo, que respetase y tuviese en cuenta, de forma vinculante, la opinión contraria emitida
formalmente por la Xunta de Galiza. Es más, el BNG ha reclamado reiteradamente la necesidad de coordinación entre Ministerio y Gobierno galego para realizar una Planificación Eólica conjunta asentada en criterios de proporcionalidad, racionalidad y
equilibrio, que proteja a las personas, el patrimonio natural y cultural respetando el desarrollo y mantenimiento de
actividades de aprovechamiento agrícola y forestal. Además, defiende la necesidad de revisar el actual sistema de autorización y reclama que se recupere, de forma inmediata, la participación pública en la tramitación de proyectos eólicos o
fotovoltaicos, para lo que ya ha presentado enmiendas en la tramitación como proyecto de ley del citado Real Decreto Ley.
Sin embargo, mientras esta necesaria revisión y reforma del sistema no se lleve a cabo, cuando menos, demandamos del Ministerio el respeto a las instituciones propias de Galiza, que tienen la capacidad y las competencias para determinar la
ordenación del territorio, para decidir sobre la ubicación adecuada de los nuevos proyectos y del número que resulta adecuado instalar.
Por todo lo expuesto anteriormente, el BNG presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno del Estado a respetar los informes negativos emitidos por la Xunta de Galiza en relación a las autorizaciones de proyectos de instalación de parques eólicos en el territorio gallego que,
superando los 50 MW de potencia instalada deben ser autorizados por el Ministerio, y no validar la instalación de proyectos eólico o fotovoltaicos que entren en contradicción con la normativa propia de Galiza y con las resoluciones de la
administración gallega.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de junio de 2022.-Néstor Rego Candamil, Diputado.-Míriam Nogueras i Camero, Portavoz del Grupo Parlamentario Plural.
161/004349
A la Mesa de la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para la reforma de la PVPC, para su debate en la
Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico.
Exposición de motivos
El Gobierno ha aprobado el mecanismo del tope a los precios del gas natural anunciando bajadas de los precios de la tarifa regulada de entre el 20 % y el 50 %, según el día. En la práctica, la bajada fue considerablemente más baja en la
primera semana en que el mecanismo se aplicó. El Gobierno achacó este limitado efecto a la ola de calor y al efecto de la calima. En la segunda semana, la bajada tampoco llegó a lo anunciado por el Gobierno, manteniéndose por debajo del 12 %.
Según el Ejecutivo, la culpa esta vez fue de una nueva escalada abrupta en el precio del gas y un enorme incremento de las exportaciones a Francia.
Ciudadanos votó a favor del mecanismo porque cualquier bajada en la factura, por pequeña que sea, será agradecida por los hogares y negocios españoles que tantos meses llevan soportando estos precios. Sin embargo, no podemos dejar de
sorprendernos ante las explicaciones del Gobierno sobre el funcionamiento de su mecanismo de ajuste. Nuestro grupo parlamentario ya advirtió, igual que hicieron otros, del efecto colateral que tendría subvencionar de facto al gas natural: que
nuestros vecinos nos lo comprarían más. Los consumidores están subvencionando el gas a los españoles, y también a los franceses y al resto de vecinos. Según los cálculos de la patronal de las empresas eléctricas (Aelec), los cinco teravatios hora
(TWh) que habríamos exportado a Francia este año sin el mecanismo se convertirán en 25, quintuplicando la venta de electricidad generada con gas natural hasta equivaler al 10 % de la demanda anual española. Curioso resultado para un Gobierno que se
opone en Bruselas a la propuesta de la Comisión Europea de incluir el gas natural en la taxonomía de inversiones sostenibles.
Mientras el Gobierno sigue alegando excusas para justificar el pobre comportamiento de su medida estrella, la realidad sigue siendo tozuda, y no parece que la bajada vaya a alcanzar nunca los índices anunciados a bombo y platillo por el
Gobierno. Por mucho que desde la coalición se empeñen en esgrimir datos de casación del megavatio/hora con el tope aplicado, que lo deja por debajo de los países de
nuestro entorno, siempre se suele olvidar la compensación que hay que pagar a las empresas gasistas. El efecto del tope del gas se ve muy diluido cuando, yendo más allá del titular, contabilizamos también lo que tenemos que compensar a las
empresas productoras, ya que deja la cifra final en montantes muy parecidos, si no superiores a veces, a los precios previos a esta medida.
La conclusión es desoladora: se ha invertido un enorme capital político en Bruselas, con negociaciones eternas para forzar una solución a medida para España, que han quedado en muy poco tras tener que ajustarse, como ya advertimos, a las
normas comunitarias. En lugar de invertir todo ese esfuerzo en reformas de calado a nivel comunitario junto a otros países, el Gobierno ha preferido los gestos y titulares inmediatos. Todo ese capital político podría haberse invertido en impulsar
las interconexiones gasistas de la Península Ibérica, o las energías fiables y no emisoras, como son la nuclear y la hidroeléctrica, aceptando las propuestas que Ciudadanos lleva defendiendo desde que comenzó la crisis de precios para ambas
tecnologías, en lugar de seguir ignorándolas mientras la subvención de facto al gas no hace más que desplazarlas en el pool. Todo ello además de impulsar reformas profundas del mercado a nivel comunitario.
Sin embargo, el Gobierno ha desperdiciado su capital político forzando una excepción temporal para España, en lugar de acometer la primera reforma que le recomendó la Comisión, que es reformar la tarifa PVPC (precio voluntario para el
pequeño consumidor) como el grupo parlamentario Ciudadanos lleva meses pidiendo. El propio Ejecutivo lo reconoce en el Real Decreto-ley 10/2022. Sin embargo, lo hace guardándose de incluirlo en la parte dispositiva del texto, relegando la
necesaria reforma de la PVPC a la exposición de motivos, pero reconociéndola como 'una de las condiciones para la aprobación del mecanismo por parte de la Comisión Europea'. Si el plan era, tal como anunció la ministra Ribera, aprovechar la bajada
de la factura que se derivará del tope del gas (un 30 %, según los cálculos oficiales entonces) para ganar tiempo y abordar la reforma de la PVPC, no parece que el Gobierno disponga de mucho tiempo para abordarla, viendo las bajadas reales de la
factura.
La propia Comisión autorizó el tope al gas como un parche provisional para que España tuviera más tiempo de acometer las reformas necesarias, empezando por la PVPC y su exposición a los precios mayoristas de la electricidad. Reforma que el
Gobierno no llevó a cabo a finales del año pasado pese a que inició el proceso, alegando problemas con las asociaciones de consumidores, según la propia ministra Ribera. Mientras tanto, la Comisión Europea cifra el impacto de las ayudas destinadas
por España para luchar contra la subida de la electricidad en 8500 millones de euros, frente a los apenas 740 millones que ha tenido que destinar Portugal gracias a un sistema de tarifas que no traslada directamente a 10,4 millones de consumidores
los precios del mercado mayorista. ¿A qué esperan para acometer esta reforma de una vez y reducir la exposición a la inestabilidad del mercado diario de los consumidores más vulnerables?
Por este motivo, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Acometer, a la mayor brevedad posible, la reforma del cálculo del precio voluntario para el pequeño consumidor, con objeto de reducir la exposición de los consumidores a los precios mayoristas de la electricidad.
2. Asumir, a la mayor brevedad posible, el resto de recomendaciones de la Comisión Europea para luchar contra la crisis de precios en España, especialmente en lo referido a reducir la influencia de los precios del gas natural sobre el
precio final de la electricidad, y a aumentar el ratio de interconexiones con el resto del continente.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de junio de 2022.-María Carmen Martínez Granados, Diputada.-Edmundo Bal Francés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
161/004353
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José María Figaredo Álvarez-Sala, doña Inés Cañizares Pacheco, doña Patricia Rueda Perelló, doña Mireia Borrás Pabón, don Andrés Alberto Rodríguez Almeida y doña María de la Cabeza Ruiz Solás en sus respectivas condiciones de Portavoz
sustituto y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente Proposición no de Ley dirigida a reducir la
dependencia energética de España a través del impulso de las diferentes industrias energéticas existentes en el país, para su debate en la Comisión de Industria, Comercio y Turismo.
Exposición de motivos
Primero. Introducción.
España cuenta con un sector de generación de energía (eléctrica y térmica) compuesto por diferentes tecnologías de producción. El total de energía eléctrica generada en 2021 fue de 259,905 TWh 133 y su estructura fue la siguiente:
Estructura de la generación de tecnologías (%)
Ilustración 1. Estructura de generación por tecnologías en 2021. Elaboración propia. Fuente: REE.
Como se puede apreciar, en España se genera energía gracias a diferentes fuentes, que a su vez componen el mix energético. No obstante, como será objeto de análisis, por parte del Gobierno se está llevando a cabo una guerra contra
determinadas tecnologías energéticas, no tanto para acabar con su consumo, sino más bien para poner fin a su producción, puesto que al final acaban siendo importadas.
Esto resulta en graves consecuencias para todos los españoles. En primer lugar, por el impacto directo social y económico que el cierre de determinadas centrales y explotaciones tiene en las zonas donde se sitúan las referidas
instalaciones. En segundo lugar, porque al reducirse la producción de energía en España, se incrementa la dependencia de las importaciones, lo que pone en riesgo el suministro de energía ante las crisis externas y deriva en un incremento de costes
para las familias españolas.
Segundo. Política energética en España.
Como se introducía, el Gobierno español se ha propuesto acabar con la producción en España de determinadas energías, yendo incluso más allá de las imposiciones climáticas europeas y/o internacionales y sin atender al contexto en el que se
adoptan las medidas legislativas. Esto es lo que ha ocurrido con, entre otras, la energía nuclear, el gas natural y el carbón.
En lo referido a las dos primeras, la Comisión Europea elaboró un borrador de propuesta de taxonomía para los Estados miembros de la Unión Europea en la que se clasifica como 'verde' la inversión en
133 https://www.ree.es/es/datos/generación/estructura-generación [fecha de consulta: 15 de junio de 2022].
proyectos de energía nuclear y de las centrales de ciclo combinado, alimentadas por gas natural, si sustituyen al carbón y emiten hasta 270 gramos de CO2 por kW/h.
En esta línea, el comisario europeo del Mercado Interior, D. Thierry Bretón, subrayaba que la energía nuclear tiene un 'papel fundamental' para alcanzar los compromisos internacionales asumidos en el conjunto de la Unión Europea y que, a
estos efectos, es necesaria una inversión de medio billón de euros en nuevos reactores atómicos de aquí a 2050, cerca de 20 000 millones de euros anuales para los reactores de nueva generación y 50 000 millones de aquí a 2030 para poder mantener en
funcionamiento las centrales nucleares en activo 134.
Pese a ello, el 3 de enero de 2022, el Ministerio de Transición Ecológica y el Reto Demográfico mediante nota de prensa titulada España reitera su rechazo a incluir la energía nuclear y el gas natural en la taxonomía verde europea afirmaba
que tanto la energía nuclear como el gas natural tienen un papel que jugar en la transición pero limitado en el tiempo por lo que ambas energías deben ser tratadas deforma aparte y no como verdes, donde están otras energías claves para la
descarbonización y sin riesgo ni daño ambiental 135.
Esta posición del Gobierno español es un escollo más en el camino de la energía nuclear después de que el Ejecutivo haya pactado un calendario de cese de explotación ordenado de todas las centrales entre 2027 y 2035, plazo más breve que el
escogido por países como Alemania, que prevé el cierre definitivo en 2038.
En segundo lugar, en cuanto a las infraestructuras de carbón, en España, los sucesivos Gobiernos han acatado todas las directrices climáticas y han luchado hasta conseguir el fin de la producción de la energía térmica. En los últimos meses,
a diferencia de lo que están haciendo el resto de los países europeos ante las consecuencias derivadas de la guerra en Ucrania, este proceso se está acelerando. Así, se ha observado como, en todo el país, las centrales térmicas sufren cambios de
actividad, el cierre e incluso su demolición.
Recientemente se han demolido las icónicas torres de refrigeración de las centrales de Velilla del Río Carrión en Palencia 136, La Robla en León 137 o la de Andorra en Teruel 138, o las hay que se encuentran en proceso de desmantelación,
como son los casos de la central térmica de Lada y la de Soto de la Barca en Asturias 139. Unas pocas, como la del Litoral de Almería en Carboneras conservan aun sus instalaciones tras su cierre 140. Otras, en cambio, se han trasformado, como es
el caso de la de Soto de Ribera, que únicamente mantiene un grupo quemando carbón 141.
En todo el país, sólo las térmicas de Aboño en Asturias, Los Barrios en Cádiz, Es Murterar en Mallorca y As Pontes en La Coruña siguen produciendo energía de tipo convencional. Aunque esta última tiene previsto entrar en fase de desconexión
en poco tiempo 142.
Tercero. Consecuencias de la mala gestión del gobierno español en materia de energía.
a) Impacto en las regiones donde se encuentran las instalaciones energéticas cerradas.
Como consecuencia directa de lo expuesto se ha producido un perjuicio en la economía y en el nivel de empleo de las regiones afectadas, además de un agravamiento del problema demográfico en estos territorios.
134 https://www.lainformadon.com/economia-negocios-y-finanzas/bruselas-defiende-a puesta-nucleares-insta-invertir-medio-billon/2857285/ [fecha de consulta: 14 de junio de 2022],
135 https://www.miteco.gob.es/es/prensa/ultimas-noticias/espa%C3%Bla-reitera-su-rechazo-a-incluir-la-ener g% C3 % ADa-nuclear-y-el-eas-natural-en-la-taxonom% C3 % ADa-ver de europea/ tcm:30-534764 [fecha de consulta: 14 de junio de 2022].
136 https://www.elnortedecastilla.es/palencia/desmantelamiento-termica-velilla- 20211028223644-nt.html [fecha de consulta: 14 de junio de 2022].
137 https://www.europapress.es/economia/noticia-naturgv-completa-exito-voladura-torres-refrigeracion-central-termica-robla-leon-20220506145121.html [fecha de consulta: 14 de junio de 20221.
138 https://www.endesa.com/es / prensa / sala-de-prensa /noticias / transicion-energetica /endesa-realiza-voladura-simultanea-tres-torres-refrigeracion-central-termica-andorra [fecha de consulta: 21 de junio de 20221.
139 https://www.elcomercio.es/asturias/occidente/empiezan-preparativos-desmontar- 20220316001950-ntvo.html hecha de consulta: 21 de junio de 20221.
140 https://www.diariodealmeria.es/finanzasvagricultura/Empresas-presentar-proyectos-inversores-Almcria-manifestaciones-interes-carboneras-termica-endesa 0 1690632120.html [fecha de consulta: 21 de junio de 2022].
141 https://www.elcomercio.es/ economia/ carbon-mantiene-lider-20220103000522-ntvo.html [fecha de consulta: 14 de junio de 2022].
142 https://www.elcomercio.es/economia/consumo-termicas-llego-20220524221643-nt.html y h ttps://www.elindependiente.com / economia /2022/06 / 03 / endesa-deiara-de-producir-electricidad-con-carbon-en-15-dias/ [fecha de consulta: 21 de
junio de 2022].
En primer lugar, conforme se expuso en el Acuerdo por una transición energética justa para centrales térmicas en cierre: el empleo, la industria y los territorios, este sería el empleo y la potencia perdida de cada una de las centrales que
han pedido el cierre en España 143:
* Datos faclicitados por las propias empresas sobre situación de empleo a la fecha de la solicitud de cierre. En el caso de Aboño, al no haber solicitado el cierre, se trata de los datos de empleo de 2020.
Estos datos se han ido recopilando en los sucesivos Convenios de Transición Justa ('CTJ') elaborados en el marco de la Estrategia de Transición Justa, en los que incluso las referidas cifras se han actualizado de forma que para centrales
como la de As Pontes, se concluye que finalmente que se verán afectados un total de 527 trabajadores.
En segundo lugar, en los CTJ se incluía el impacto económico de los cierres de estas centrales, cuantificado en función de la caída de la recaudación municipal. En algún caso, como el del cierre de la central térmica de Soto de Ribera,
supone la pérdida de ingresos equivalentes a un 70 % de los presupuestos del Ayuntamiento de Ribera de Arriba.
Además, estos CTJ en algunos supuestos contemplan el impacto que estas actuaciones suponen en otros sectores como el portuario. Así, con el cierre de la central térmica de As Pontes se estima que se verían afectados entre 50 y 75 puestos de
trabajo y el 34 % del total de la cifra de negocio de la Autoridad Portuaria.
A todo lo anterior, se suma un decremento generalizado de la población en las zonas afectadas por cierres, con el consecuente agravamiento de la crisis demográfica.
Asimismo, conviene subrayar que estos Convenios recogen el llamado Plan de Acción Urgente para comarcas de carbón y centrales en cierre 2019-2021, que tendría como objetivo principal el mantenimiento del empleo en los municipios afectados
por los inminentes cierres de centrales térmicas, explotaciones mineras de carbón y centrales nucleares. Sin embargo, si se atiende a estos Planes de Acción Urgente se aprecia que solo contienen medidas genéricas sobre recursos ya existentes en las
zonas afectadas por el cierre de la correspondiente instalación energética.
b) Impacto de la dependencia energética en los precios de la electricidad.
Conforme a los datos publicados en Eurostat, España es el décimo país con mayor dependencia energética de la Unión Europea, calculada como las importaciones netas entre la energía bruta disponible, con casi un 70 %, se encuentra diez puntos
por encima de la media europea 144.
Además del incremento de la dependencia energética, como es ampliamente conocido, en España las políticas energéticas específicas llevadas a cabo por el Gobierno han tenido como consecuencia récords
143 https://www.transirioniusta.gob.es/Convenios transición iusta/common/acuerdoporunatransicionenergeticaiustaparacentralestermicasencierrees.pdf [fecha de consulta: 14 de junio de 20221,
144 https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/12020 rd320/default/table?lang=en [fecha de consulta: 17 de junio de 2022],
en el precio de la luz. A este respecto, en el siguiente cuadro se puede observar la evolución de los precios de la electricidad durante los últimos años:
Mínimo, medio y máximo precio de la casación del mercado diario
España
Fuente: OMIE 145
Este incremento de los precios de la energía ha sido superior al experimentado en otros países de la zona euro como consecuencia de las concretas medidas adoptadas por el Gobierno. En este sentido se pronunciaba el Banco de España, en su
informe El papel del coste de los derechos de emisión de CO2 y del encarecimiento del gas en la evolución reciente de los precios minoristas de la electricidad en España 146:
En el período comprendido entre diciembre de 2020 y junio de 2021, los precios del mercado mayorista de la electricidad han experimentado un aumento pronunciado. De acuerdo con las estimaciones de este documento, una quinta parte de este
aumento se explicaría por el encarecimiento de los derechos de emisión de CO2, a su vez atribuible a los cambios recientes en los objetivos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero en Europa. Frente a este factor, aproximadamente la
mitad del aumento de los precios en el mercado de generación de electricidad sería consecuencia de la elevación del precio del gas.
Con este trasfondo, el comportamiento de los precios en los mercados mayoristas de la electricidad de los principales países del área del euro ha sido similar al observado en el caso español. Sin embargo, la traslación de estos desarrollos
a los precios minoristas habría sido heterogénea por países, lo que se explicaría por las diferencias en algunas características de los respectivos mercados, en particular por lo que respecta a su regulación y al sistema de fijación de precios. En
concreto, en el caso español la traslación ha sido particularmente elevada. Las estimaciones realizadas indican que el incremento del precio de la electricidad en los mercados mayoristas sería responsable de una tercera parte del repunte del IAPC
observado en nuestro país en el primer semestre de 2021. Por el contrario, el impacto habría sido notablemente menor tanto en el conjunto del área del euro como en sus tres principales economías.
145 https://www.omie.es/es/market-results/interannual/daily-market/daily- prices?scope=interannual&system=l [fecha de consulta: 20 de junio de 2022]
146 Banco de España: Documentos Ocasionales N.º 2120 El papel del coste de los derechos de emisión de CO2 y del encarecimiento del gas en la evolución reciente de los precios minoristas de la electricidad en España (2021) https: / /
www.bde.es / f / webbde / SES / Secciones / Publicaciones / PublicacionesSeriadas / DocumentosOcasionales/21/Fich/do2120.pdf
Cuarto. Recuperar la soberanía energética nacional.
En el contexto de la invasión rusa en Ucrania, la Unión Europea ha puesto en marcha el Plan para poner fin a la dependencia de la UE con respecto a los combustibles fósiles rusos (REPozverEU) 147, una iniciativa con la que se pretende
reducir la dependencia que los países de la unión tienen de los combustibles rusos. La guerra de Ucrania ha eliminado cualquier opción de que el gas se convirtiera en el combustible de transición hacía una economía neutra en carbono, como así se
pretendía desde la alta institución europea.
Por tanto, el objetivo que persigue ahora Europa a través de esta serie de medidas es el de reducir la participación de las centrales de ciclo combinado en el mix energético, sustituyéndolas por energía producida a partir de carbón. Así,
países de nuestro entorno como Francia y Alemania han dado lo que ha sido considerado como un paso atrás en su objetivo de descarbonización 148. El primero ha optado por apostar por la energía nuclear, mientras que Alemania se ha centrado en las
centrales de lignito y ha reactivado viejas centrales térmicas para garantizar la seguridad del suministro eléctrico.
A estos efectos, en España, el artículo 2.2 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico ('LSE') señala que el suministro de energía eléctrica constituye un servicio de interés económico general 149. Ello implica que el
actual marco normativo exige el cumplimiento de una serie de condiciones que avalen el cierre de una instalación de generación eléctrica. En este sentido, cabe traer a colación el artículo 53 LSE, apartados 5 y 7:
5. La transmisión y cierre definitivo de las instalaciones de transporte, distribución, producción y líneas directas, así como el cierre temporal de las instalaciones de producción requerirán autorización administrativa previa en los
términos establecidos en esta ley y en sus disposiciones de desarrollo. El titular de la instalación tendrá la obligación de proceder al desmantelamiento de la misma tras el cierre definitivo, salvo que la autorización administrativa de cierre
definitivo permita lo contrario.
En todo caso, el cierre definitivo de instalaciones de generación requerirá el informe del operador del sistema en el que se consignarán las posibles afecciones del cierre a la seguridad de suministro y en el que se deberá pronunciar
motivadamente si éste resulta posible sin poner en riesgo la seguridad de suministro.
La administración autorizante deberá dictar y notificar la resolución sobre las solicitudes de autorización en el plazo de seis meses. Si transcurrido este plazo la administración no se hubiese pronunciado y simultáneamente se hubieran
cumplido al menos tres meses desde la emisión por parte del operador del sistema de informe favorable al cierre de la instalación, el solicitante podrá proceder al cierre de la misma. Lo anterior se realizará sin perjuicio de las obligaciones de
desmantelamiento que posteriormente pudieran imponerse por parte de la administración competente para la autorización.
[...]
7. La Administración Pública competente únicamente podrá denegar la autorización cuando no se cumplan los requisitos previstos en la normativa aplicable o cuando tenga una incidencia negativa en el funcionamiento del sistema.
En definitiva, toda empresa eléctrica que quiera cerrar de forma definitiva una central tendrá que recabar la preceptiva autorización administrativa, autorizándose (o no) dicho cierre siempre y cuando no se ponga en peligro la seguridad del
suministro eléctrico en España 150.
En este sentido, ya en la Estrategia de Seguridad Nacional de 2017 se consideraba crucial la inversión en infraestructuras energéticas, su mantenimiento y modernización a la par que garantizar el suministro
147 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip 22 3131 [fecha de consulta: 20 de junio de 20221].
148 https:// www.eleconomista.es/energia/noticias/11660185/03/22/Alemania-reactiva-plantas-de-carbon-ante-el-riesgo-de-falta-de-suministro-energetico.html [fecha de consulta: 20 de junio de 2022].
149 Esta declaración de utilidad pública comprende las instalaciones de generación, transporte y distribución de energía eléctrica, pero excluye las líneas directas, las cuales quedan sujetas al ordenamiento jurídico ordinario [Parejo
Alfonso, L. (2015): 'El sistema energético', en Lecciones de Derecho administrativo: Orden económico y sectores de referencia, AAW, Tirant lo Blanch],
150 En este sentido, también cabe recordar que Red Eléctrica de España, SAU ('REE') tiene la obligación de realizar todo aquello necesario para garantizar la seguridad y continuidad del suministro eléctrico, así como asegurar el acceso de
terceros a la red de transporte en condiciones de igualdad (arts. 30 a 33 LSE).
de energía y asegurar su abastecimiento 151. Y, en el año 2021, precisamente con fundamento en la normativa expuesta y en el riesgo de seguridad de suministro energético, no fue autorizado el cierre de la Central Térmica de Jinámar,
mediante la Resolución de la Dirección General de Energía de 16 de junio de 2021 (Expte. n.º AT 20/003) 152, por la que se exponía lo siguiente:
[...]
V. De acuerdo con los informes obrantes en el expediente, y en particular el emitido por el Operador del Sistema con fecha 19 de mayo de 2021, [...], en el que manifiesta y confirma que no es posible el cierre de los grupos de vapor 4 y 5 de
la Central Térmica de Jinámar sin poner en riesgo la seguridad del suministro, debe denegarse la solicitud de desmantelamiento y demolición efectuada por el titular al respecto.
[...]
Propuesta de resolución.
Única. Denegar la autorización administrativa para el desmantelamiento y demolición de los grupos de vapor n.º 4, 5 y comunes de la Central Térmica de Jinámar, en el término municipal de Las Palmas de Gran Canaria, solicitada con fecha 30
de septiembre de 2020 por la entidad Unión Eléctrica de Canarias Generación, S.A.U., según proyecto con número de visado E20-103387-400, de fecha 2 de septiembre de 2020, del COAGC y anexo sobre gestión de residuos, expediente AT20/003, [...].
Sin embargo, no se conocen más casos como el de la central canaria y, pese a la crisis energética del país, se continúa de forma acelerada en los desmantelamientos de instalaciones de carbón. Asimismo, la vigente Estrategia de Seguridad
Nacional de 2021 considera prioritaria la transición hacia un nuevo modelo energético económicamente sosteníble y respetuoso con el medioambiente [...], donde el cambio climático es considerado como un riesgo sistémico a nivel global 153. De esta
forma, la seguridad de suministro energético ha pasado a un último plano para el Gobierno.
Llegados a este punto, como han hecho los países vecinos, conviene plantearse en qué medida la decisión de prescindir de este tipo de instalaciones de generación, al tiempo que se incrementan las adquisiciones de energía 'sucia' a países
extracomunitarios con legislaciones más laxas -repercute directamente en la seguridad energética nacional.
En este sentido, partiendo de la base de que la economía española se caracteriza por su fuerte intensidad energética y un problema estructural de competitividad-precio 154, escenarios como la guerra de Ucrania o la crisis diplomática con
Argelia motivada por el inexplicable cambio de postura del Gobierno en la cuestión del Sáhara evidencian la debilidad de una política energética en la que cualquier tipo de adversidad repercute directamente en los precios energéticos y, por tanto,
en el bienestar de las familias españolas que llegan a verse privadas de este bien de primera necesidad.
Esta situación, en consecuencia, adquiere visos de un auténtico riesgo a la seguridad del suministro que exige replantearse la idoneidad de continuar con la política de desmantelamiento de centrales térmicas en España.
Quinto. Conclusión.
En definitiva, las políticas del Gobierno actual impiden una transición hacia la descarbonización ordenada, gradual y con criterio que permita una adaptación de la industria y sus herramientas. En consecuencia, se pierde eficiencia y
competitividad y se incrementan costes, lo que concluye en una destrucción del tejido empresarial.
Para que la industria verdaderamente sea potente y recupere los niveles de empleo, producción y ventas anteriores a la pandemia, España necesita, entre otras cuestiones, una política eficaz para el sector. Y, dentro de esta política, se
hacen imprescindibles medidas en materia energética que permitan
151 https://www.lamondoa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/presidendadelgobierno/Documents/2017-1824 Estrategia de Seguridad Nacional ESN doble pae.pdf [fecha de consulta: 16 de junio de 2022]
152 B.O.C. número 148 de martes 20 de julio de 2021.
153 https://www.dsn.gob.es/es/file/7256/downIoad?token=Ah MWX8D [Último acceso: 16 de junio de 2022]
154 Escribano, G. (2014): 'La seguridad energética española en un escenario de transición' en Cuadernos de Estrategia (n.º 166), Instituto Español de Estudios Estratégicos, p. 120.
suministrar la energía necesaria a precios competitivos. Si se descartan fuentes de energía y se instaura una dependencia total de las fuentes renovables, se abocaría a la industria a tener que pagar unos precios mucho más altos que
nuestros competidores, forzando el cierre de plantas y a la deslocalización de otras.
Mientras que en todo el país el Gobierno está optando por aplicar unas políticas que no permiten sobrevivir a las centrales térmicas, la Unión Europea exige ahora a los países miembros que busquen alternativas dirigidas a conseguir reducir
la dependencia energética. Aunque la Comisión Europea plantea el Plan REPowerUE como una medida temporal, la realidad es que este nuevo plan, podría extenderse por más de 15 años, poniendo en clara evidencia los utópicos y suicidas objetivos que
mantenía la agenda 2030, que ya empezarían a quedar obsoletos ante la nueva situación internacional.
La Unión Europea cifra en 210 000 millones de euros las ayudas a los países de cara a buscar nuevas alternativas 155 cuando hay regiones españolas como Asturias, con centrales termoeléctricas como son la de Lada y Soto de la Barca que
podrían revertir sus procesos de desmantelamiento y volver a ponerse en marcha. Esto supondría, no sólo una solución inmediata para la crisis energética, sino también la recuperación de España de parte de su soberanía y el inicio del proceso de
reversión de la crisis demográfica que atraviesa nuestra Nación.
Por los motivos expuestos, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a adoptar las siguientes medidas en relación con la industria al objeto de conseguir reducir la dependencia energética y los precios de la electricidad:
1. Apartarse de los postulados de la agenda 2030, especialmente en materia energética. España debe proteger sus intereses nacionales y su soberanía energética al tiempo que procura energía barata, sostenible, eficiente y limpia que asegure
unos precios de la luz asequibles para las familias y empresas españolas.
2. Poner en marcha todos los mecanismos necesarios de cara a paralizar todos los desmantelamientos de centrales térmicas que existan actualmente en España, reconectándose todas de nuevo a la red nacional como la base para iniciar la
recuperación de la soberanía energética. España debe adaptar los plazos de la transformación a una economía menos contaminante sin poner en peligro el empleo y la economía de los españoles.
3. Iniciar los trámites existentes para proceder de forma inmediata a la paralización del desmantelamiento de las centrales térmicas de Soto de la Barca en Tineo, y de Lada en Langreo, Asturias, con base en la seguridad del suministro
energético.
4. Aceptación de la inclusión de la energía nuclear y del gas en la taxonomía verde europea, y despliegue de la actividad necesaria en el seno de la Unión Europea para adaptar las imposiciones en cuanto al CO2 a las necesidades de España y
su industria al objeto de conseguir una transición que proteja el empleo y la riqueza.
5. Desarrollo de las infraestructuras e instalaciones necesarias de todas las fuentes de energía posibles (v.gr. hidrógeno, gas, nuclear, etc.) para garantizar y alcanzar la soberanía energética en España.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de julio de 2022.-Mireia Borrás Pabón, Inés María Cañizares Pacheco, Patricia Rueda Perelló, Andrés Alberto Rodríguez Almeida y María de la Cabeza Ruiz Solás, Diputados.-José María Figaredo
Álvarez-Sala, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
161/004354
A la mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Plural, a instancia del Diputado del Bloque Nacionalista Galego (BNG) Néstor Rego Candamil, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente
Proposición no de Ley sobre las prórrogas de las concesiones en dominio
155 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip 22 3131 [fecha de consulta: 20 de junio de 20211.
público marítimo que afectan al sector mar industria y la repercusión en las mismas de la interpretación propiciada por el artículo 20 de la Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición energética, para su debate en la
Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico.
Exposición de motivos
La Ley de Costas de 1988 establece que toda ocupación de los bienes de dominio público marítimo-terrestre estatal con obras o instalaciones no desmontables debe estar sujeta a concesión otorgada por la Administración del Estado. Esa
normativa establecía que la licencia 'se otorgará por 30 años, prorrogables por otros 30, respetando los usos y aprovechamientos existentes'. En el 2013, el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio ambiente, aprobó una reforma, en previsión
de la expiración masiva de concesiones, una modificación parcial de la Ley del 88 que creaba la figura de la 'prórroga extraordinaria y selectiva' de los permisos otorgados. Advertía de que no era una ampliación indiscriminada, sino supeditada 'a
un informe ambiental que deberá determinar los efectos que la ocupación tiene para el medio ambiente'. Esa normativa (2/2013) fijaba además en 75 años el plazo máximo de esta prórroga extraordinaria.
A pesar de esa reforma, las alarmas saltaron en marzo de 2019, cuando desde el Ministerio de Transición Ecológica se dio a conocer el anteproyecto de modificación del reglamento general de la Ley de Costas, un texto que generó un aluvión de
alegaciones precisamente por suponer la manifestación de esa intención de limitar el tiempo prorrogable para todo tipo de actividades, y sentar que las prórrogas no podrían, en ningún caso, superar el tiempo máximo del período de concesión que se
fijaba en 75 años, modificación que finalmente quedó paralizada.
Sin embargo, el Ministerio introdujo una modificación encubierta de la Ley y del Reglamento de Costas a través de la Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición energética, pues en su artículo 20 se ahonda en la
interpretación de que el período de concesión se limita a 75 años como máximo, incluidas las prórrogas, y estas solo se otorgarán 'de ser posibles', mientras que la Ley de Costas de 1988 dejaba abierta la posibilidad de que las concesiones otorgadas
a depuradoras, plantas piscícolas, conserveras u otras instalaciones de tipo industrial podían tener una vigencia de hasta 75 años y ser susceptibles de prórrogas.
Esta interpretación es claramente contraria a los intereses de unas 232 empresas de la cadena mar-industria situadas en la costa de Galiza, como depuradoras, cocederos de marisco, piscifactorías, cetáreas [...]que, desarrollando una
actividad perfectamente sostenible, necesitan ubicarse en zona de dominio público marítimo terrestre y estar en contacto con la lámina de agua. Por todo ello, el BNG presentó ya durante el proceso de tramitación parlamentaria del texto legislativo,
una enmienda en la que reclamaba la eliminación del artículo 18 del proyecto (ahora 20), así como posteriormente una propuesta de transaccional para que la redacción del articulado no permitiera una interpretación restrictiva y facilitara el
mantenimiento de las concesiones para las actividades sostenibles. Sin embargo, no hubo ninguna disposición por parte de los partidos políticos que conforman el Gobierno del Estado a modificar el artículo citado en beneficio del sector mar
industria.
Estos cambios legislativos han generado una situación de total inseguridad jurídica que afecta gravemente a la cadena mar-industria, donde las empresas con concesión en vigor desconocen, por un lado, si a su actividad se le va a reconocer
posibilidad de prórroga y, por otro lado, cual va a ser el período de prórroga que se conceda, si se concede.
Así mismo, cabe destacar que la tramitación de esta norma ha puesto de relieve, tal y como ha defendido históricamente el Bloque Nacionalista Galego, la importancia que para Galiza tiene la posibilidad de regular y ordenar su litoral. Por
lo tanto resulta imprescindible que se transfieran a la Xunta de Galiza las competencias en esta materia, no sólo de la gestión, sino de la legislación que permita adaptarla a las necesidades y singularidades propias de la economía y la geografía
gallegas.
Por todo lo expuesto anteriormente, el BNG presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno del Estado a:
1. Modificar el artículo 20 de la Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición energética para garantizar el mantenimiento de la actividad del sector mar-industria y evitar el cierre y desplazamiento de la zona
marítimo-terrestres de empresas que necesariamente deben estar ubicadas
cerca del mar, que están plenamente integradas en el medio y con una actividad sostenible, garantizando seguridad jurídica a las industrias afectadas.
2. Transferir a la Xunta de Galiza las competencias para la regulación y gestión en materia de dominio público marítimo-terrestre y de ordenación del litoral que permitiría adaptar la normativa a las necesidades y especificidades de la
costa gallega.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de julio de 2022.-Néstor Rego Candamil, Portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Plural.
161/004358
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Mixto, a iniciativa de la Diputada María del Carmen Pita Cárdenes al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no
de Ley para su debate en la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico, relativa a la instalación de nuevas plantas de regasificación en Canarias.
Exposición de motivos
La lucha por el cambio climático ha sido un compromiso de los diferentes países, incluida España, ante los múltiples desastres naturales, las inundaciones, entre otras, producto del calentamiento global. Y, pese a estar hablando desde hace
décadas de una transición ecológica mediante las energías limpias, hace poco la Comisión Europea propuso incluir al gas y las nucleares como verdes, de manera que, las inversiones privadas pudieran competir por los fondos europeos destinados a la
transición ecológica. Afortunadamente, la semana pasada, los eurodiputados y eurodiputadas de las comisiones de Medio Ambiente y Asuntos Económicos han rechazado esta petición de clasificar, como ambientalmente sostenibles en la taxonomía de la UE,
la guía de inversiones 'verdes' de la UE. Esto significa, que se ha dado el primer paso, para votar en contra de una lista que otorgaría la etiqueta 'verde' al gas fósil y a la energía nuclear a pesar de sus nefastos impactos ambientales, votación
que realizará la primera semana de julio, del presente año.
Sin embargo, no debemos esperar una repuesta de la Unión Europea, para cumplir con los pactos contra el cambio climático y con los compromisos de avanzar hacia la transición energética. En Canarias sabemos bien que, con nuestra condición
geográfica, la introducción del gas fósil es un contrasentido. Tenemos todas las posibilidades para ser líderes en energías renovables.
Ahora bien, más allá de las razones medioambientales para rechazar la introducción del gas en Canarias, el actual conflicto bélico entre Ucrania y Rusia ha traído consigo un aumento en los precios de los combustibles, y, por tanto, un debate
sobre la dependencia de las energías fósiles. En el caso del gas, en los últimos doce meses ha subido un 651% y la gasolina, pese los incentivos del Gobierno no ha dejado de subir, ocasionado un problema energético crítico para los países que
importan estos combustibles, teniendo como principal consecuencia el alza en los precios de los alimentos. Demostrando, una vez más, que no podemos depender de las energías fósiles, al ser un recurso escaso y volátil, pero, sobre todo, porque no
permite la soberanía energética, dificultando una transición más rápida y eficiente hacia las energías renovables en lugares que por su condición geográfica son un potencial, como es el caso de Canarias.
Recientemente, en el afán de responder a las presiones del lobby energético, el Gobierno, en el apartado IV del Real Decreto por el que se adoptan medidas urgentes para paliar las consecuencias de la guerra en Ucrania, añadió la introducción
del gas en Canarias, en el marco de unas medidas necesarias para la mayoría de la población, dejando claro que a Canarias solo se la ve como un comodín y una fuente de recursos para disponer sin tener en cuenta la voz del pueblo canario que ha dicho
de diversas maneras, un no rotundo a al gas. Esta modificación, pretende eliminar el trámite de autorización administrativa para las plantas de regasificación en el archipiélago canario. Abrir las puertas del gas en Canarias, partiendo de esta
inseguridad jurídica, plantea una regresión en la transición energética que nuestro archipiélago debe transitar.
Este escenario, ha coincidido con una resolución de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife por la que se inicia el trámite de competencia de proyectos en relación con la solicitud de concesión administrativa presentada por la
entidad 'Sampol Ingeniería y Obras, S.A.' para instalar una central eléctrica de gas natural e hidrógeno verde en Granadilla de Abona, publicado en el BOE el 8 de junio de 2022.
El Gobierno no puede seguir desconociendo la realidad de Canarias, no puede seguir negociando a espaldas y de manera contraria al mandato de su gente. Canarias debe tener voz y ser escuchada. La introducción del gas fósil no garantiza una
soberanía energética, ni para las Islas ni para el resto del Estado. El archipiélago tiene todo el potencial necesario para ser pionero en energías renovables, que permitirían ser fuente de empleo, y generar un turismo más sostenible.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Mixto, a iniciativa del Diputada María del Carmen Pita, presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'1. Instar al Gobierno a no introducir, mediante Reales Decretos o cualquier otro acto legislativo, instalaciones de regasificación en Canarias como fuente principal de energía.
2. Derogar las modificaciones del apartado IV, del Real Decreto por el que se adoptan medidas urgentes para paliar las consecuencias de la guerra en Ucrania, en el que se abre la puerta para la introducción de nuevas instalaciones de
regasificación en Canarias y, a su vez, supeditar la autorización administrativa a los Gobiernos autonómicos.
3. Rechazar de manera contundente que tanto el gas fósil como las energías nucleares sean consideradas dentro de la taxonomía verde y, por ende, se pueda acceder a los recursos, destinados hacia la transición energética.
4. Acelerar la transición energética en Canarias, para lograr una soberanía energética de manera sostenible y rápida sin depender del Gas como energía de transición, de acuerdo a la hoja de ruta energética que buscar alcanzar la neutralidad
climática en 2040.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de julio de 2022.-María del Carmen Pita Cárdenes, Diputada.-Ana María Oramas González-Moro, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
161/004366
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre nuevo Real Decreto de Envases y Residuos de Envases, para su debate en la
Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico.
Exposición de motivos
El elevado volumen de residuos generados en España, como en el resto de países desarrollados, supone uno de los mayores retos ambientales a los que nos enfrentamos. Abordar esta problemática requiere profundizar en los principios de la
economía circular y en la aplicación de la jerarquía de residuos, primando la prevención, la reutilización y el reciclaje, por ese orden. En concreto, el impulso a la reutilización de bienes y productos es una de las claves para avanzar en
circularidad, logrando que dichos productos alarguen su vida útil y reduciendo la generación de residuos.
Los envases son uno de los principales flujos de residuos. Regulados por normativa europea y nacional desde los años 90 del pasado siglo, España ha logrado avances en materia de recogida separada y reciclaje, si bien es necesario
profundizar en estos aspectos. En materia de reutilización, ha habido progresos en ámbitos como el de los envases de bebidas en el sector de la hostelería, pero apenas existe reutilización de envases en el canal doméstico. Por ello, y con el fin
de reducir la generación de residuos de envases, se considera imprescindible avanzar en la introducción de la reutilización de envases de bebidas en los hogares, siguiendo la línea marcada por el canal ORECA.
Por todo ello el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a concluir la tramitación de un nuevo Real Decreto de Envases y Residuos de Envases que incorpore medidas ambiciosas en materia de prevención y reutilización, y que en particular:
a) Contemple objetivos de reutilización exigentes no solo para los envases de bebidas en el canal HORECA, sino también en el canal doméstico.
b) Exija que, a partir de 2025, los establecimientos minoristas de más de 300 m2 ofrezcan a los consumidores referencias de bebidas en envases reutilizables, con exigencias crecientes en función de la superficie de los comercios, extendiendo
esta obligación a establecimientos de menor tamaño más adelante.
c) Establezca un sistema de depósito, devolución y retorno para envases de bebida reutilizables, de modo que exista un incentivo para que el consumidor devuelva los envases a los comercios.
d) Aborde también objetivos de reutilización para envases industriales y comerciales.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de julio de 2022.-Eva Patricia Bueno Campanario, Helena Caballero Gutiérrez, Germán Renau Martínez, Antidio Fagúndez Campo, Sandra Guaita Esteruelas, María Montserrat García Echevarría, María
Inmaculada Oria López, Esther Padilla Ruiz, Daniel Senderos Oraá, Omar Anguita Pérez, Herminio Rufino Sancho Íñiguez, Daniel Vicente Viondi y Javier Antón Cacho, Diputados.-José Zaragoza Alonso y Rafaela Crespín Rubio, Portavoces del Grupo
Parlamentario Socialista.
161/004374
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Confederal Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, presenta, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la presente Proposición no de Ley para
su debate y aprobación en la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico relativa a la paralización definitiva del Almacén Temporal Centralizado de Residuos Radiactivos (ATC) en la localidad de Villar de Cañas (Cuenca).
Exposición de motivos
Los residuos radiactivos son la principal huella de la energía nuclear. Estamos hablando de unos residuos extremadamente peligrosos para la salud y para el conjunto del ecosistema, y cuyo grado de peligrosidad varía en función de su
actividad radioactiva y sus periodos de desintegración. Según datos de ENRESA los residuos de muy baja, baja y media actividad (RBMA) -aquellos cuyo periodo de semidesintegración es inferior a 30 años- se almacenan en el Centro de Almacenamiento de
El Cabril.
Por su parte, la gestión de los residuos de combustible gastados de alta actividad y especiales, cuyo periodo de desintegración supera los miles de años, se realiza en España en las piscinas o almacenes temporales de las propias centrales
nucleares. Esta situación tiene un carácter temporal, hasta la aprobación del 7.º Plan General de Residuos Radiactivos, que actualmente se encuentra en fase de tramitación por el Ministerio de Transición Ecológica. Así pues, debido a que en
algunas Centrales Nucleares se está acumulando una cantidad importante de estos tipos de residuos radiactivos, el plan vigente (6.º PGRR) contempla en su estrategia la gestión de los mismos de forma única a través de en un Almacén Temporal
Centralizado (ATC). El Real Decreto 775/2006, constituyó una Comisión Interministerial para el establecimiento de los criterios que debería cumplir el establecimiento del ATC, dando como resultado el acuerdo del Consejo de Ministros de 30 de
diciembre de 2011, designando Villar de Cañas (Cuenca) como emplazamiento de esta instalación.
Tras años de protestas y manifestaciones de diversos grupos, asociaciones, sindicatos y partidos políticos de la provincia agrupadas la mayoría de ellas en la Plataforma Contra el Cementerio Nuclear en Villar de Cañas, integrada por 49
entidades, se han ido conociendo informes de diversa índole que dejan
clara la no idoneidad de los terrenos elegidos. El proyecto de ATC no cuenta ni con la pertinente Declaración de Impacto Ambiental (DIA), ni con las autorizaciones del Ministerio, ni son acordes al el planeamiento urbanístico necesario en
la localidad (POM). Para mayor abundamiento, numerosos informes geológicos señalan lo inadecuado de los terrenos seleccionados para la construcción de este proyecto, lo que se ha confirmado con varios movimientos sísmicos en los últimos años a
distancia cercana del lugar elegido. La sociedad conquense y la castellano-manchega han seguido pidiendo que se estudiaran a fondo por parte del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) estas cuestiones, ante las múltiples irregularidades, incertidumbres
y riesgos asociados al proyecto del ATC en Villar de Cañas.
La Plataforma contra el Cementerio Nuclear presentó una petición de moratoria para el proyecto hasta que se actualicen todos los planes de gestión de los residuos radiactivos, se hagan todas las evaluaciones de información técnica, y se
recojan las recomendaciones y alternativas desde el punto de vista técnico y económico necesarias para que la población en su conjunto pueda participar de manera real en la toma de decisiones para este proyecto. En julio de 2018 la Secretaría de
Estado de Energía solicitó al CSN y a la Secretaría de Estado de Medioambiente la suspensión, tanto de la emisión del informe preceptivo sobre la autorización de construcción como de la tramitación del procedimiento de evaluación ambiental,
respectivamente, hasta la aprobación del 7.º PGRR.
Actualmente, la versión inicial del 7.º PGRR, que se encuentra en fase de exposición pública, contempla dos alternativas para la estrategia de la gestión de los residuos radiactivos: un almacén temporal centralizado (ATC) en una única
ubicación o almacenes temporales descentralizados (ATD) en cada una de las siete centrales nucleares.
Como hemos visto en otros casos, este tipo de instalaciones solo sirven para crear pobreza en los núcleos en que se instalan y en sus alrededores, y no se encuentran aspectos positivos en su instalación. La peligrosidad de este tipo de
basureros nucleares es tal que los Estados necesitan 'premiar' con grandes cantidades de dinero a los municipios que las acogen, ya que son muy elevados los perjuicios que conlleva. Especialmente, el campo y sus agricultores y agricultoras,
principal pilar de la economía de la zona, se verán duramente golpeados, y desprestigiadas las diversas Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas Protegidas con las que la agricultura y la ganadería cuentan en la provincia de Cuenca.
En definitiva, se convertiría la provincia de Cuenca, una provincia históricamente maltratada por los gobiernos, en el estercolero del país, un lugar que ya no será conocido por sus ajos, sus vinos, sus carnes, sus bosques, sus lagunas o sus
fiestas, sino por ser el basurero de la energía nuclear de España. En suma, la sostenibilidad choca con la instalación de un cementerio nuclear en Villar de Cañas, y el esfuerzo por lograr un turismo sostenible y de calidad puede verse enormemente
perjudicado.
Es preciso apostar por proyectos de energías renovables, acorde a las políticas potenciadas por la Unión Europea en el último tiempo y no por esta clase de construcciones. Por todos estos motivos, el actual proyecto de ATC está
absolutamente desfasado y fuera de lugar, siendo preciso que se deseche el proyecto de forma definitiva.
Hoy por hoy, la sociedad conquense y castellano-manchega continúan mostrando su rechazo a esta instalación, conocida popularmente como 'cementerio nuclear', y siguen trabajando para la cancelación definitiva de este proyecto.
Por todo ello, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a paralizar de forma oficial y definitivamente el proyecto de Almacén Temporal Centralizado de Residuos Radiactivos (ATC) en la localidad de Villar de Cañas (Cuenca).'
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de julio de 2022.-Juan Antonio López de Uralde Garmendia, Diputado.-Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común.
161/004379
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para reforzar las capacidades de prevención y respuesta ante
incendios forestales para su debate en la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico.
Exposición de motivos
España es el país de la Unión Europea con una mayor superficie protegida por la Red Natura 2000, que tiene como objetivo preservar los ecosistemas y la biodiversidad, así como los beneficios económicos que estos tienen sobre el tejido
productivo. Nuestro país tiene más de 138.000 kilómetros cuadrados de superficie terrestre protegida por esta iniciativa europea, un 27,34% del total, mientras que cuenta también con más de 84.500 kilómetros cuadrados de medio marino superior bajo
esa protección, más del 8% del total de nuestro país. Por tanto, España es la joya natural de la Unión Europea, y nos convierte así en uno de los destinos turísticos más atractivos y uno de los puntos de biodiversidad más ricos del continente
europeo.
Sin embargo, durante décadas los sucesivos gobiernos de PSOE y PP han desdeñado ese patrimonio natural y han abandonado la inversión en su protección y su aprovechamiento. De acuerdo con los datos publicados por el Instituto Nacional de
Estadística (INE), el gasto total en protección medio ambiental no ha llegado a los 20.000 millones de euros, de los que solamente el 35,5% provienen de administraciones públicas e instituciones sin ánimo de lucro. Además, más del 80% de esa
financiación se destina a gestión de residuos y gestión de aguas residuales, pero no a protección de la biodiversidad o a la preservación de la calidad del aire y de la naturaleza. Además, durante la crisis económica de 2008 y la crisis del
COVID-19 de 2020 los recursos destinados a la protección del medio ambiente se han resentido.
Como consecuencia, en 2012 (en mitad de esa reducción presupuestaria), 2017 (año tras el que se comenzó a aumentar de nuevo la financiación para protección del medio ambiente) y 2022 (posterior al COVID-19) se han experimentado las mayores
catástrofes en materia de incendios forestales. En 2022, de hecho, el fuego ya ha arrasado decenas de miles hectáreas, lo que supone en torno al doble de la media de los últimos diez años. Los últimos incendios que se han declarado en Castilla y
León, Galicia, Extremadura, Aragón o Cataluña han mostrado que este tipo de fenómenos extremos son especialmente destructivos, habiéndose cobrado la vida de al menos dos personas, acabando con los ecosistemas de lugares tan emblemáticos para nuestra
biodiversidad como la Sierra de la Culebra, en Zamora, los Montes de Valdueza, en León, la comarca de Las Hurdes en Extremadura o la Sierra Bermeja, en Málaga, que también ardió hace unas semanas.
Ante esta situación, se ha hecho más evidente la vulnerabilidad de España ante los impactos del cambio climático. Esta vulnerabilidad viene dada, por un lado, por nuestras características geográficas y climáticas, con primaveras cada vez
más secas que contribuyen a que la vegetación adquiera propiedades más combustibles; pero también, por otro lado, por la incapacidad de las administraciones de destinar los recursos necesarios a la gestión forestal para el cuidado de bosques y
entornos silvestres, cuyo abandono actúa como gasolina cuando se declara un incendio. De hecho, ya en 2017 el Tribunal de Cuentas Europeo llamó la atención de las autoridades nacionales al considerar que los fondos europeos destinados a la mejora
de la gestión forestal, la prevención de incendios forestales y el cuidado del medio ambiente para evitar este tipo de catástrofes que acaban con nuestro patrimonio natural, con el modo de vida de miles de españoles, con los hogares y negocios de
cientos de familias y, en el peor de los casos, incluso con vidas de nuestros conciudadanos.
Es más, los vecinos de las comarcas afectadas por estos terribles incendios han expresado de forma muy clara su rechazo a la dejadez de las instituciones autonómicas en materia de gestión forestal y prevención de riesgos. Por ejemplo, la
Junta de Castilla y León, gobernada por PP y VOX, fue incapaz de poner en marcha de forma coordinada y efectiva el dispositivo de respuesta en el primero de los incendios que se declaró en la provincia de Zamora hace unas semanas, y los errores
cometidos entonces se han vuelto a repetir. Esto ha provocado que sean los propios vecinos los que tengan que poner en peligro tanto sus vidas como sus bienes para intentar poner coto al fuego, con las consecuencias que esto ha tenido para muchos
de ellos. Incluso los recursos destinados a las brigadas de extinción han sido escasos y casi
insultantes, haciendo que el propio chef José Andrés haya acudido a proporcionar comidas a los brigadistas por la falta de alimentos provistos por la Junta de Castilla y León a estos profesionales que se juegan la vida contra las llamas en
el campo y el monte.
A todo esto, además, se suma que la mayoría de los incendios forestales que arrasan nuestro país son intencionados, de acuerdo con los datos disponibles. En los últimos diez años, en torno a la mitad de los incendios registrados en España
habían sido provocados, demostrando que el marco de prevención y sanción de estas conductas tampoco está funcionando. La relación de sanciones y penas no es suficientemente robusta para desincentivar, prevenir, evitar y atajar el problema de los
incendios forestales intencionados que arrasan el patrimonio natural de nuestro país cada año. Tampoco se abordan los problemas psicosociales que pueden empujar a determinados individuos a emprender este tipo de acciones, evitando así que los
servicios de protección puedan prever conductas o movimientos asociados a esos trastornos.
De hecho, en el desarrollo del Debate sobre el Estado de la Nación del pasado 12, 13, y 14 de julio, el Grupo Parlamentario Ciudadanos ya planteó medidas para abordar esta problemática y evitar que los españoles sigamos siendo testigos, año
tras año, de cómo las llamas acaban con nuestro patrimonio natural compartido.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Impulsar el compromiso de que las Comunidades Autónomas redoblen los recursos destinados a la prevención de incendios y la gestión de recursos forestales, poniendo en valor la actividad agrícola y ganadera y su labor en la limpieza de
malezas en campos y montes, y aprovechando estos recursos para la generación de energía mediante biomasa.
2. Revisar los parámetros para declarar temporadas de riesgo de incendios, de forma que no sólo se califique como alto riesgo los meses de julio, agosto y septiembre, sino que se base en indicadores de humedad, sequedad de las masas
forestales, vientos y estado de gestión del matorral, velando por el mantenimiento de dotaciones de prevención y respuesta a lo largo de todo el año.
3. Modificar los niveles de riesgo actuales para facilitar la coordinación entre Comunidades Autónomas y el Gobierno central en materia de respuesta ante incendios, de forma que la Unidad Militar de Emergencias (UME) pueda intervenir en
labores de respuesta ante incendios en aquellos de nivel 1, y no sólo a partir de aquellos que son declarados como nivel 2.
4. Revisar las sanciones y penas aplicables a quienes, de forma intencionada, provocan incendios forestales y otro tipo de daños contra nuestro patrimonio natural y nuestra biodiversidad, abordando además las causas raíz de este tipo de
conductas en individuos con trastornos de salud mental.
5. Impulsar las medidas necesarias para reforestar nuestro país de forma inteligente, preferentemente con especies autóctonas de reducida inflamabilidad, con el objetivo de que las superficies arboladas de nuestro país alcancen el 50% del
territorio nacional en 2040.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de julio de 2022.-María Carmen Martínez Granados, Diputada.-Edmundo Bal Francés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
161/004380
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley, para paliar los efectos ambientales y
económicos derivados de los incendios forestales sucedidos durante el mes de julio de 2022, para su debate en la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico.
Exposición de motivos
El pasado lunes 11 de julio, una tormenta seca y la consiguiente acción de los rayos, causaban varios incendios forestales en las provincias del centro-oriental de la península, como el declarado en Las Mestas, en el término municipal del
Ladrillar (Cáceres), que se extendía con rapidez traspasando los límites de la comunidad autónoma para afectar a Salamanca.
Los incendios forestales proliferaban en la provincia de Salamanca, como los declarados en Candelario, Puerto Seguro, Miranda del Castañar, Saelices el Chico, Garcibuey, San Felices de los Gallegos y Sobradillo, que obligaban a la Junta de
Castilla y León a declarar el nivel 2 por acumulación de focos.
Las malas condiciones climáticas, con altas temperaturas, baja humedad relativa y viento, unido a la cantidad de combustible acumulado en el bosque, hacían que la magnitud de las llamas se encontrase fuera de la capacidad de extinción, con
un pronóstico muy desfavorable.
Pendiente de la evolución de los incendios de principio de semana, el jueves 14, las llamas rodearon el pueblo de Casas de Miravete (Cáceres) y se propagaron de madrugada por el interior del Parque Nacional de Monfragüe. Ese mismo día, los
rayos provocaron varios incendios en Galicia.
El día siguiente, viernes 15, un fuego se declaraba en el paraje El Higuerón, en el término municipal de Mijas (Málaga), así como en la zona de Figueruela de Abajo (Zamora), en las inmediaciones de la Sierra de la Culebra, y en Roelos de
Sayago (Zamora) o en Navafría (Segovia). Los diferentes incendios en una decena de municipios de Galicia, como los tres focos de Folgoso do Courel (Lugo) y el de A Pobra do Brollón (Lugo) o Carballeda de Valdeorras (Ourense), avanzaban inexorables.
Las noticias sobre desalojos se sucedían en los distintos lugares por la proximidad de las llamas a los núcleos urbanos y las viviendas aisladas. Los diferentes responsables de extinción coincidían en la virulencia de los incendios.
El sábado, un total de 15 incendios permanecen activos en Castilla y León, de los cuales cuatro se encontraban en nivel 2. A su vez se iniciaba en el término municipal de Cebreros (Ávila) un nuevo siniestro. El domingo se declaraba un
nuevo incendio en Losado (Zamora) en el que, finalmente, ha habido que lamentar el fallecimiento de dos personas, un brigadista de extinción y un ganadero de Escober de Tábara. También se declaraban otros incendios en el entorno de la Garganta de
los Infiernos en el Valle del Jerte (Cáceres) y en Pont de Vilomara (Barcelona).
Estos son algunos ejemplos de las localidades que sufrieron el devastador efecto del fuego. El resultado, independientemente de la evolución particular de cada incendio, son miles de hectáreas calcinadas en pocos días, daños personales y de
bienes, así como un tremendo daño medioambiental, un revés para la actividad económica de cada región.
Sin duda, se trata de un año meteorológicamente complicado, y los incendios forestales sigue dejando cicatrices en nuestro territorio y huella en aquellas personas afectadas, en sus propiedades o el patrimonio natural y paisajístico. El
fuego no sabe de fronteras ni de competencias administrativas y cada vez es más patente que los incendios deben prevenirse y se deben apagar en los primeros instantes, cuando aún se consideran conatos; de lo contrario, hay muchas posibilidades de
convertirse en Grandes Incendios Forestales con afectación a amplias superficies, poniendo en peligro de vidas humanas, afecciones al medio natural y a la economía de las zonas afectadas.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Elaborar, en colaboración con las administraciones afectadas y a la mayor brevedad posible, un informe con la evaluación de todos los incendios forestales que han afectado a las distintas comunidades autónomas durante el mes de julio de
2022, determinando y cuantificando el alcance real de los mismos, y activar las ayudas derivadas de la situación de emergencia o naturaleza catastrófica, especialmente de los calificados como 'gran incendio' o que hayan afectado a la población o
espacios naturales singulares.
2. Analizar la declaración de zona gravemente afectada por una emergencia de protección civil, según el procedimiento y a los efectos de lo establecido en la Ley 17/2015, de 9 de julio, en los municipios afectados por los incendios
forestales sucedidos durante el mes de julio de 2022.
3. En atención a la declaración de zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil, aplicar las medidas dispuestas en el artículo 24 de la Ley 17/2015, de 9 de julio, que resulten convenientes para paliar los daños
provocados por los incendios y, en concreto:
a) Conceder ayudas económicas a particulares por daños a vivienda habitual y enseres de primera necesidad que procedan.
b) Realizar la compensación a las corporaciones locales afectadas por gastos derivados de actuaciones inaplazables.
c) Aprobar las correspondientes ayudas a personas físicas o jurídicas que hayan llevado a cabo la prestación personal de servicios y bienes.
d) Aprobar las correspondientes ayudas destinadas a establecimientos industriales, mercantiles y de servicios.
e) Aprobar, si procede, las subvenciones por daños en infraestructuras municipales y red viaria provincial.
f) Aprobar, si procede, las subvenciones por daños en infraestructuras hidráulicas que se hayan podido ver afectadas por las llamas, en particular aquellas que dan servicio a las comunidades de regantes y pequeños agricultores.
g) Aprobar, si procede, las subvenciones por daños en producciones agrícolas, ganaderas y forestales.
h) Aprobar medidas fiscales, laborales y de la Seguridad Social.
4. Evaluar, si procede, las medidas excepcionales de autorización de reducción de los índices de rendimiento neto de las explotaciones y actividades agrarias realizadas en las zonas siniestradas.
5. Colaborar, con las administraciones competentes, en la realización de los trabajos de restauración forestal y ecológica de las áreas afectadas por los incendios y coordinar las medidas de carácter preventivo, para evitar la repetición de
situaciones similares.
6. Que el Gobierno comunique a los ayuntamientos afectados su decisión sobre la aprobación de las medidas de ayudas aplicadas de cara a la previsión de presupuestos municipales.
7. Llevar a cabo la coordinación y seguimiento de las medidas para lograr su máximo desarrollo, creando una comisión de coordinación según lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley 17/2015, de 9 de julio.
8. Solicitar las ayudas que el Fondo de Solidaridad de la Unión Europea pone a disposición de los Estados para compensar las pérdidas y daños causados por los incendios y sus consecuencias.
parte 1
parte 2