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BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 492, de 30/08/2022
cve: BOCG-14-D-492
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BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
XIV LEGISLATURA
Serie D: GENERAL
30 de agosto de 2022
Núm. 492
ÍNDICE
Composición y organización de la Cámara
PLENO
051/000003 Composición del Pleno. Altas y bajas ... (Página3)
GRUPOS PARLAMENTARIOS
010/000013 Composición de los Grupos Parlamentarios. Altas y bajas ... (Página3)
Control de la acción del Gobierno
PROPOSICIONES NO DE LEY
Pleno
162/001060 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, sobre el cumplimiento de los derechos humanos en la frontera de España con Marruecos en Ceuta y Melilla ...
(Página4)
162/001061 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre la reforma de la PVPC ... (Página5)
162/001062 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa a garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso al empleo de las personas LGTBI ... (Página6)
162/001063 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plural, relativa a garantizar el comedor universal y gratuito en Educación Primaria ... (Página7)
162/001064 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa a la instalación de nuevas plantas de regasificación en Canarias ... (Página9)
162/001065 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre cirugía estética y lucha contra el intrusismo y las pseudociencias ... (Página10)
162/001066 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa a garantizar el acceso al servicio de comedor escolar al alumnado matriculado en las etapas de Educación Infantil y Primaria ...
162/001067 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa a reforzar las capacidades de prevención y respuesta ante incendios forestales ... (Página13)
162/001068 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a paliar los efectos ambientales y económicos derivados de los incendios forestales sucedidos durante el mes de julio de 2022 ...
162/001069 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, relativa a establecer medidas para la reducción de los impactos del cambio climático en el sector
agroalimentario español ... (Página16)
162/001070 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre un 'Plan Zamora' de prevención, reconstrucción y recuperación de los incendios forestales ... (Página18)
162/001071 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre la aprobación de un régimen fiscal diferenciado para las zonas de prioridad demográfica de nuestro país ... (Página20)
162/001072 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a garantizar el cumplimiento de las propuestas de resolución aprobadas en el debate de política general sobre el estado de la Nación ...
(Página22)
162/001073 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a ajustar el IRPF a la inflación ... (Página24)
162/001075 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre medidas a adoptar como consecuencia de la confluencia de la sequía y el aumento del coste de producción en la agricultura y ganadería ...
(Página26)
162/001076 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa al impulso de reformas en el ámbito de la energía para el acompañamiento del consumo energético de familias y empresas ...
COMPOSICIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA CÁMARA
De conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara, se ordena la publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales de los cambios habidos en la composición de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de agosto de 2022.-P.A. El Secretario General Adjunto para Asuntos Parlamentarios del Congreso de los Diputados, José Antonio Moreno Ara.
PLENO
051/000003
A) Relación por orden alfabético de señores Diputados que han adquirido la plena condición de Diputado.
Altas:
PÉREZ RECUERDA, Isabel Gema 25-08-2022
ROMANÍ CANTERA, José Ignacio 25-08-2022
B) Relación de Diputados que han presentado su credencial, por circunscripciones.
Cádiz:
ROMANÍ CANTERA, José Ignacio PP
Málaga:
PÉREZ RECUERDA, Isabel Gema PP
C) Relación de Diputados por orden de presentación de credenciales.
Nombre: PÉREZ RECUERDA, Isabel Gema.
Circunscripción: Málaga.
Número: 395.
Fecha: 24 de agosto de 2022.
Formación electoral: PP.
Nombre: ROMANÍ CANTERA, José Ignacio.
Circunscripción: Cádiz.
Número: 396.
Fecha: 24 de agosto de 2022.
Formación electoral: PP.
GRUPOS PARLAMENTARIOS
010/000013
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
(010/000004)
Número de miembros al 25 de agosto de 2022: 88.
Altas:
PÉREZ RECUERDA, Isabel Gema 25-08-2022
ROMANÍ CANTERA, José Ignacio 25-08-2022
CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PROPOSICIONES NO DE LEY
Pleno
La Mesa de la Cámara en su reunión del día de hoy ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 194 del Reglamento, las siguientes Proposiciones no de Ley y considerando que solicitan el debate de las iniciativas ante el Pleno de la
Cámara, disponer su conocimiento por éste, dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de agosto de 2022.-P.A. El Secretario General Adjunto para Asuntos Parlamentarios del Congreso de los Diputados, José Antonio Moreno Ara.
162/001060
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre el cumplimiento de los
Derechos Humanos en la Frontera de España con Marruecos en Ceuta y Melilla para su debate en el Pleno del Congreso.
Exposición de motivos
Los sucesos del 24 de junio de 2022, en la frontera entre Nador y Melilla, en Marruecos, son un violento recordatorio del fracaso de las políticas migratorias de la Unión Europea (UE). Los 37 muertos y cientos de heridos, reportados por las
ONGs que trabajan en terreno marroquí, son el símbolo trágico de las políticas de externalización de las fronteras de la Unión Europea (UE). Con el objetivo de impulsar la adopción de las medidas necesarias destinadas para la protección de los
Derechos Humanos, en la Frontera de España con Marruecos en Ceuta y Melilla, el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Condenar la pérdida de vidas humanas en la frontera de España con Marruecos y la actuación de las fuerzas de seguridad marroquíes que condujeron a ese trágico desenlace.
2. Garantizar una atención sanitaria adecuada y de calidad a todos los hospitalizados a raíz de esta tragedia que se encuentren en suelo español.
3. Habilitar el acceso a las oficinas establecidas en las fronteras de Ceuta y Melilla para las personas que manifiesten su voluntad de solicitar protección internacional.
4. Colaborar en la identificación de los cadáveres y localización de los familiares, garantizando una sepultura digna, a través de los servicios consulares españoles en Marruecos.
5. Abrir de modo inmediato una investigación independiente para esclarecer esta tragedia humana y derivar las correspondientes responsabilidades políticas y penales en colaboración con las delegaciones diplomáticas de la Unión Europea
presentes en territorio marroquí.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de junio de 2022.-Jaume Asens Llodrà, Ismael Cortés Gómez y Sofía Fernández Castañón, Diputados.-Pablo Echenique Robba, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú
Podem-Galicia en Común.
162/001061
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para la reforma de la PVPC, para su debate en
Pleno.
Exposición de motivos
El Gobierno ha aprobado el mecanismo del tope a los precios del gas natural anunciando bajadas de los precios de la tarifa regulada de entre el 20 % y el 50 %, según el día. En la práctica, la bajada fue considerablemente más baja en la
primera semana en que el mecanismo se aplicó. El Gobierno achacó este limitado efecto a la ola de calor y al efecto de la calima. En la segunda semana, la bajada tampoco llegó a lo anunciado por el Gobierno, manteniéndose por debajo del 12 %.
Según el Ejecutivo, la culpa esta vez fue de una nueva escalada abrupta en el precio del gas y un enorme incremento de las exportaciones a Francia.
Ciudadanos votó a favor del mecanismo porque cualquier bajada en la factura, por pequeña que sea, será agradecida por los hogares y negocios españoles que tantos meses llevan soportando estos precios. Sin embargo, no podemos dejar de
sorprendernos ante las explicaciones del Gobierno sobre el funcionamiento de su mecanismo de ajuste. Nuestro grupo parlamentario ya advirtió, igual que hicieron otros, del efecto colateral que tendría subvencionar de facto al gas natural: que
nuestros vecinos nos lo comprarían más. Los consumidores están subvencionando el gas a los españoles, y también a los franceses y al resto de vecinos. Según los cálculos de la patronal de las empresas eléctricas (Aelec), los cinco teravatios hora
(TWh) que habríamos exportado a Francia este año sin el mecanismo se convertirán en 25, quintuplicando la venta de electricidad generada con gas natural hasta equivaler al 10 % de la demanda anual española. Curioso resultado para un Gobierno que se
opone en Bruselas a la propuesta de la Comisión Europea de incluir el gas natural en la taxonomía de inversiones sostenibles.
Mientras el Gobierno sigue alegando excusas para justificar el pobre comportamiento de su medida estrella, la realidad sigue siendo tozuda, y no parece que la bajada vaya a alcanzar nunca los índices anunciados a bombo y platillo por el
Gobierno. Por mucho que desde la coalición se empeñen en esgrimir datos de casación del megavatio/hora con el tope aplicado, que lo deja por debajo de los países de nuestro entorno, siempre se suele olvidar la compensación que hay que pagar a las
empresas gasistas. El efecto del tope del gas se ve muy diluido cuando, yendo más allá del titular, contabilizamos también lo que tenemos que compensar a las empresas productoras, ya que deja la cifra final en montantes muy parecidos, si no
superiores a veces, a los precios previos a esta medida.
La conclusión es desoladora: se ha invertido un enorme capital político en Bruselas, con negociaciones eternas para forzar una solución a medida para España, que han quedado en muy poco tras tener que ajustarse, como ya advertimos, a las
normas comunitarias. En lugar de invertir todo ese esfuerzo en reformas de calado a nivel comunitario junto a otros países, el Gobierno ha preferido los gestos y titulares inmediatos. Todo ese capital político podría haberse invertido en impulsar
las interconexiones gasistas de la Península Ibérica, o las energías fiables y no emisoras, como son la nuclear y la hidroeléctrica, aceptando las propuestas que Ciudadanos lleva defendiendo desde que comenzó la crisis de precios para ambas
tecnologías, en lugar de seguir ignorándolas mientras la subvención de facto al gas no hace más que desplazarlas en el pool. Todo ello además de impulsar reformas profundas del mercado a nivel comunitario.
Sin embargo, el Gobierno ha desperdiciado su capital político forzando una excepción temporal para España, en lugar de acometer la primera reforma que le recomendó la Comisión, que es reformar la tarifa PVPC (precio voluntario para el
pequeño consumidor) como el grupo parlamentario Ciudadanos lleva meses pidiendo. El propio Ejecutivo lo reconoce en el Real Decreto-ley 10/2022. Sin embargo, lo hace guardándose de incluirlo en la parte dispositiva del texto, relegando la
necesaria reforma de la PVPC a la exposición de motivos, pero reconociéndola como 'una de las condiciones para la aprobación del mecanismo por parte de la Comisión Europea'. Si el plan era, tal como anunció la ministra Ribera, aprovechar la bajada
de la factura que se derivará del tope del gas (un 30 %, según los cálculos oficiales entonces) para ganar tiempo y abordar la reforma de la PVPC, no parece que el Gobierno disponga de mucho tiempo para abordarla, viendo las bajadas reales de la
factura.
La propia Comisión autorizó el tope al gas como un parche provisional para que España tuviera más tiempo de acometer las reformas necesarias, empezando por la PVPC y su exposición a los precios mayoristas de la electricidad. Reforma que el
Gobierno no llevó a cabo a finales del año pasado pese a que inició el proceso, alegando problemas con las asociaciones de consumidores, según la propia ministra Ribera. Mientras tanto, la Comisión Europea cifra el impacto de las ayudas destinadas
por España para luchar contra la subida de la electricidad en 8.500 millones de euros, frente a los apenas 740 millones que ha tenido que destinar Portugal gracias a un sistema de tarifas que no traslada directamente a 10,4 millones de consumidores
los precios del mercado mayorista. ¿A qué esperan para acometer esta reforma de una vez y reducir la exposición a la inestabilidad del mercado diario de los consumidores más vulnerables?
Por este motivo, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Acometer, a la mayor brevedad posible, la reforma del cálculo del precio voluntario para el pequeño consumidor, con objeto de reducir la exposición de los consumidores a los precios mayoristas de la electricidad.
2. Asumir, a la mayor brevedad posible, el resto de recomendaciones de la Comisión Europea para luchar contra la crisis de precios en España, especialmente en lo referido a reducir la influencia de los precios del gas natural sobre el
precio final de la electricidad, y a aumentar el ratio de interconexiones con el resto del continente.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de junio de 2022.-María Carmen Martínez Granados, Diputada.-Edmundo Bal Francés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
162/001062
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes, del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de ley para garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso al
empleo de las personas LGTBI, para su debate ante el Pleno.
Exposición de motivos
El artículo 14 de la Constitución española proclama el derecho a la igualdad y a la no discriminación al establecer que todas las personas son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer ninguna discriminación por razón de nacimiento,
raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Aunque no se mencione explícitamente la prohibición de discriminación por razón de orientación sexual, identidad o expresión de género, su inclusión es
incontrovertida, como el Tribunal Constitucional ha tenido ocasión de señalar en diversas sentencias. Paralelamente, la materialización de este derecho se encuentra recogida en el artículo 9.2 de la Constitución, que establece la obligación de los
poderes públicos de promover las condiciones para la libertad e igualdad del individuo y de los grupos en que se integra, para que sean reales y efectivas, remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de
todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social.
En el ámbito internacional, la Declaración Universal de Derechos Humanos proclama, en su artículo 1, que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, en su artículo 2, que los derechos y libertades en ella
contemplados serán de aplicación sin distinción de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición.
Por lo que se refiere al ámbito comunitario, el Tratado de la Unión Europea establece en su artículo 2 la no discriminación como uno de los valores comunes de la Unión. Por su parte, el artículo 19 del Tratado de Funcionamiento de la Unión
Europea, habilita al Consejo para adoptar acciones adecuadas para luchar
contra la discriminación por motivos de sexo, de origen racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual, y el artículo 21 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea prohíbe la discriminación
por orientación sexual e identidad de género. De conformidad con lo anterior, las tres directivas con mayor incidencia en este campo son la Directiva 2006/54/CE, del Parlamento y del Consejo, de 5 de julio, relativa a la aplicación del principio de
igualdad de oportunidades e igualdad de trato entre hombres y mujeres en asuntos de empleo y ocupación; la Directiva 2004/113/CE, del Consejo, de 13 de diciembre, por la que se aplica el principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres al
acceso de bienes y servicios y su suministro, y la Directiva 2000/78/CE, del Consejo, de 27 de noviembre, relativa al establecimiento de un marco general para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación, que incluye explícitamente la
orientación sexual en su articulado.
Según datos facilitados en año pasado por la Unión de Gente Trabajadora (UGT), más del 75 % de las personas reconocen haber visto algún tipo de agresión verbal a personas LGTBI, lo que obligaba a más del 44 % de las personas encuestadas a
ocultar su orientación sexual y/o identidad de género ante una entrevista de trabajo. Además, dos de cada tres personas ocultaban su orientación sexual en el trabajo por miedo no solo a las represalias con sus compañeros y compañeras, sino también
por la reacción que pudiera generar la dirección de la empresa. A su vez, según datos de esta misma organización, más de un 80 % de las personas trans se encuentran en situación de desempleo.
Los datos expuestos en el párrafo anterior ponen de manifiesto que las personas LGTBI no participan en el mercado laboral con las mismas oportunidades ni con el mismo grado de libertad que la mayor parte de la población, lo que es contrario
al artículo 14 de y 35 de la Constitución Española. De esta manera, en cumplimiento del artículo 9.2 de la Carta Magna, se hace necesario que los poderes públicos sigan promoviendo las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y
de los grupos en que se integra sean reales y efectivas.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a:
1. Evaluar la eficacia de la Estrategia Española de Apoyo Activo al Empleo 2021-2024 a la hora de garantizar el principio de no discriminación en el acceso al empleo y en el entorno laboral de las personas LGTBI.
2. Teniendo en cuenta los resultados de la evaluación, incorporar a la próxima Estrategia Española de Apoyo Activo al empleo un objetivo específico relativo a garantizar la igualdad de trato y no discriminación en el acceso al empleo y el
entorno laboral.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de junio de 2022.-Sara Giménez Giménez, Diputada.-Edmundo Bal Francés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
162/001063
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Más País Verdes Equo, en el Grupo Parlamentario Plural, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para su debate en Pleno para garantizar el comedor universal y
gratuito en educación primaria.
Exposición de motivos
En lo que va de año, el coste de la vida se ha encarecido por encima del 10 % con el incremento de la inflación. Además, según el informe 'El coste de la crianza en 2022' de Save the Children, en España cuesta unos 672 euros al mes criar a
un hijo o hija. Un 14,5 % más que en 2018. Con estos datos, criar a un hijo en España es un lujo y un riesgo de caer en la pobreza, especialmente para familias numerosas y monoparentales. Un coste al que casi un millón de familias no pueden hacer
frente. Este informe detalla que lo más caro de la crianza en España es la alimentación, que supone un 17,4 % del coste, seguida de la conciliación con un 17,3 % y la educación 13,1 %. A continuación, se sitúa la vivienda con el 12,5 %. Con
estos datos, muchas familias en España tienen que elegir entre poner un plato en la mesa o comprar las gafas de sus hijos y, todas estas niñas y niños quedan fuera del acceso al comedor escolar.
Hoy en día las familias con hijos y las clases medias son quienes soportan la carga impositiva más alta en España, por lo que debemos proponer medidas para ayudar a las familias que están aboradando un coste de entre 90 y 130 por niño de
comedor escolar. Un acceso universal y gratuito al comedor es mucho más eficaz que los sistemas de ayudas que nunca acaban de llegar a quien los necesita y, además, elimina trámites, burocracia e ineficiencia. El coste aproximado de esta medida,
según la ong Educo es de unos 1600 millones al año (una cifra similar a lo que han costado los 20 cent de subvención a la gasolina en solo tres meses).
En España 1 de cada 3 niños está en situación de pobreza o exclusión social, son 2,7 millones de niñas y niños, una de las cifras más altas de Europa, pero solo 1 de cada 10 accede a la beca comedor. Algo está fallando en nuestro sistema
porque la ayuda no llega a quienes más lo necesitan. El comedor escolar permite a las niñas y niños acceder a una alimentación equilibrada, pero el acceso al comedor tiene beneficios mucho más allá de la alimentación.
Como se detalla en el informe de la ong Educo 'Comedor escolar universal y gratuito: un objetivo alcanzable y urgente', las ventajas de poder acceder al comedor escolar pasan por la mejor socialización de los niños y niñas que hacen amigos
y aprenden a relacionarse y a resolver conflictos en un entorno seguro. El espacio de mediodía en los centros escolares incluye el comedor, el juego y actividades educativas. Los comedores universales garantizan un espacio de protección, ya que
muchos niños que comen en casa lo hacen solos, y mejoran las posibilidades de conciliación de las familias, ya que muchas madres dejan de trabajar para poder llevar a los niños a casa a comer y, además, es una oportunidad educativa que garantiza el
ritmo escolar, ya que muchos de quienes van a comer a casa no vuelven por la tarde a clase. Por eso el acceso gratuito a un comedor universal debería ser un derecho de niños y niñas para una educación en equidad. Es la mejor manera de garantizar
que la educación contribuye a reducir la desigualdad y reforzar el ascensor social.
Integrar el comedor como parte del proyecto educativo, además, mejora el proceso educativo ya que se puede organizar toda la vida escolar en periodos de actividad y descanso, alimentación saludable, recreación y concentración al mismo ritmo
para todo el alumnado, dependiendo de la etapa evolutiva y de forma que nadie quede excluido. Un proyecto que incluye la educación nutricional y la salud. Haciendo un único proyecto para todo el alumnado por igual. Además, una dieta saludable
potencia el desarrollo físico, psíquico y mental de los niños, favoreciendo todo el proceso educativo, así como ayuda a combatir el sobrepeso, que hoy afecta en España al 23,3 % de los niños y la obesidad (17,3 %).
Hoy en día casi el 18 % de las escuelas de primaria no tienen comedor escolar y, entre las que lo tienen, solo en 45% del alumnado accede a ese comedor. Hay grandes diferencias entre comunidades autónomas. Siendo el comedor escolar una
herramienta para la equidad educativa, vemos que en la Comunidad Valenciana acceden al comedor escolar el 60 % o en Euskadi el 78 %, mientras que en la Región de Murcia solo accede el 16 % o en Andalucía el 33 %. Si a la disparidad del acceso se
suma la disparidad de renta media, se acentúan las diferencias.
A nivel estatal, España invierte un 4,2 % del PIB en educación, mientras que la media de la Unión Europea está en el 4,7 %. Finlandia invierte un 6,3% en educación y eso incluye comedor universal, así tienen uno de los mejores sistemas
educativos y lideran los informes PISA, o Francia que incluye un desayuno universal y gratuito alcanzando el 5,4 % de inversión en educación. En contraposición, nuestro país lidera los ránkings de abandono escolar con un 16 % frente al 10 % de la
media de la Unión Europea. Un comedor universal y gratuito mejorará el sistema educativo, luchará contra la pobreza infantil y ayudará a todas las familias a poder criar mejor.
Por ello, Más País Verdes Equo, en el Grupo Parlamentario Plural presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Garantizar el comedor universal y gratuito como parte del derecho a la educación pública.
2. Incluir el comedor escolar en el proyecto educativo del centro.
3. Garantizar una oferta alimentaria saludable, de calidad y cercanía.
4. Elaborar un estudio en colaboración con las CCAA sobre la cobertura de comedor, las plazas de comedor ofrecidas, presupuestos, precios y calidad de los menús y tipo de gestión de los comedores para poder optimizar la oferta.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de julio de 2022.-Inés Sabanés Nadal, Diputada.-Íñigo Errejón Galván, Portavoz Adjunto del Grupo Parlamentario Plural.
162/001064
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Mixto, a Iniciativa de la Diputada María del Carmen Pita Cárdenes al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no
de Ley para su debate en el Pleno, relativa a la instalación de nuevas plantas de regasificación en Canarias.
Exposición de motivos
La lucha por el cambio climático ha sido un compromiso de los diferentes países, incluida España, ante los múltiples desastres naturales, las inundaciones, entre otras, producto del calentamiento global. Y, pese a estar hablando desde hace
décadas de una transición ecológica mediante las energías limpias, hace poco la Comisión Europea propuso incluir al gas y las nucleares como verdes, de manera que, las inversiones privadas pudieran competir por los fondos europeos destinados a la
transición ecológica. Afortunadamente, la semana pasada, los eurodiputados y eurodiputadas de las comisiones de Medio Ambiente y Asuntos Económicos han rechazado esta petición de clasificar, como ambientalmente sostenibles en la taxonomía de la UE,
la guía de inversiones 'verdes' de la UE. Esto significa, que se ha dado el primer paso, para votar en contra de una lista que otorgaría la etiqueta 'verde' al gas fósil y a la energía nuclear a pesar de sus nefastos impactos ambientales, votación
que realizará la primera semana de julio, del presente año.
Sin embargo, no debemos esperar una repuesta de la Unión Europea, para cumplir con los pactos contra el cambio climático y con los compromisos de avanzar hacia la transición energética. En Canarias sabemos bien que, con nuestra condición
geográfica, la introducción del gas fósil es un contrasentido. Tenemos todas las posibilidades para ser líderes en energías renovables.
Ahora bien, más allá de las razones medioambientales para rechazar la introducción del gas en Canarias, el actual conflicto bélico entre Ucrania y Rusia ha traído consigo un aumento en los precios de los combustibles, y, por tanto, un debate
sobre la dependencia de las energías fósiles. En el caso del gas, en los últimos doce meses ha subido un 651 % y la gasolina, pese los incentivos del Gobierno no ha dejado de subir, ocasionado un problema energético crítico para los países que
importan estos combustibles, teniendo como principal consecuencia el alza en los precios de los alimentos. Demostrando, una vez más, que no podemos depender de las energías fósiles, al ser un recurso escaso y volátil, pero, sobre todo, porque no
permite la soberanía energética, dificultando una transición más rápida y eficiente hacia las energías renovables en lugares que por su condición geográfica son un potencial, como es el caso de Canarias.
Recientemente, en el afán de responder a las presiones del lobby energético, el Gobierno, en el apartado IV del Real Decreto por el que se adoptan medidas urgentes para paliar las consecuencias de la guerra en Ucrania, añadió la introducción
del gas en Canarias, en el marco de unas medidas necesarias para la mayoría de la población, dejando claro que a Canarias solo se la ve como un comodín y una fuente de recursos para disponer sin tener en cuenta la voz del pueblo canario que ha dicho
de diversas maneras, un no rotundo a al gas. Esta modificación, pretende eliminar el trámite de autorización administrativa para las plantas de regasificación en el archipiélago canario. Abrir las puertas del gas en Canarias, partiendo de esta
inseguridad jurídica, plantea una regresión en la transición energética que nuestro archipiélago debe transitar.
Este escenario, ha coincidido con una resolución de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife por la que se inicia el trámite de competencia de proyectos en relación con la solicitud de concesión administrativa presentada por la
entidad 'Sampol Ingeniería y Obras, S.A.' para instalar una central eléctrica de gas natural e hidrógeno verde en Granadilla de Abona, publicado en el BOE el 8 de junio de 2022.
El Gobierno no puede seguir desconociendo la realidad de Canarias, no puede seguir negociando a espaldas y de manera contraria al mandato de su gente. Canarias debe tener voz y ser escuchada. La introducción del gas fósil no garantiza una
soberanía energética, ni para las Islas ni para el resto del Estado. El archipiélago tiene todo el potencial necesario para ser pionero en energías renovables, que permitirían ser fuente de empleo, y generar un turismo más sostenible.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Mixto, a iniciativa del Diputada María del Carmen Pita, presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'1. Instar al Gobierno a no introducir, mediante Reales Decretos o cualquier otro acto legislativo, instalaciones de regasificación en Canarias como fuente principal de energía.
2. Derogar las modificaciones del apartado IV, del Real Decreto por el que se adoptan medidas urgentes para paliar las consecuencias de la guerra en Ucrania, en el que se abre la puerta para la introducción de nuevas instalaciones de
regasificación en Canarias y, a su vez, supeditar la autorización administrativa a los Gobiernos autonómicos.
3. Rechazar de manera contundente que tanto el gas fósil como las energías nucleares sean consideradas dentro de la taxonomía verde y, por ende, se pueda acceder a los recursos, destinados hacia la transición energética.
4. Acelerar la transición energética en Canarias, para lograr una soberanía energética de manera sostenible y rápida sin depender del Gas como energía de transición, de acuerdo a la hoja de ruta energética que buscar alcanzar la neutralidad
climática en 2040.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de julio de 2022.-María del Carmen Pita Cárdenes, Diputada.-Ana María Oramas González-Moro, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
162/001065
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley
sobre cirugía estética y lucha contra el intrusismo y las pseudociencias, para su debate en el Pleno.
Exposición de motivos
España es líder en el sector de la Cirugía Estética. En atención a los datos publicados por la Sociedad Internacional de Cirugía Plástica Estética (ISAPS), en el año 2019 se realizaron 381.364 intervenciones con cirugía y 159.429 sin
cirugía. Estos dos últimos años, ha aumentado la demanda en más de un 10 %, a pesar de la crisis económica y sanitaria provocada por la COVID-19.
De acuerdo con la Orden SAS/1257/2010, de 7 de mayo, por la que se aprueba y publica el programa formativo de la especialidad de Cirugía Plástica, Estética y Reparadora, la 'Cirugía Plástica, Estética y Reparadora es una especialidad médica
que se ocupa de la corrección quirúrgica de todo proceso congénito, adquirido, tumoral o involutivo, que requiere reparación o reposición de estructuras que afectan a la forma y función corporal, y que en su faceta estética trata alteraciones que
sin constituir en sí mismas un proceso patológico, provocan un deterioro de la salud en la medida que interfieren en el bienestar físico y psíquico de las personas'.
Asimismo, se trata de una especialidad médica reconocida en todos los países de la Unión Europea, que tiene por objetivo enseñar y entrenar a los médicos residentes para adquirir los conocimientos, habilidades prácticas y actitudes que les
capacite para el desempeño de la especialidad, con la garantía de eficacia y seguridad que la sociedad exige.
Otras especialidades de ciencias de la salud, entre otras Oftalmología, Cirugía Oral y Maxilofacial y otorrinolaringología, tienen también competencias en cirugía estética en su ámbito de actuación.
La Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias, en su título I, artículo 4, establece que 'el ejercicio de una profesión sanitaria, por cuenta propia o ajena, requerirá la posesión del correspondiente título oficial que habilite
expresamente para ello'.
La Sociedad Española de Cirugía Plástica, Reparadora y Estética reclama la realización de las modificaciones legislativas necesarias para regular los servicios que se prestan desde las clínicas privadas de cirugía estética.
Asimismo, se ha generado en los últimos meses alarma social ante las noticias de muertes a causa de las negligencias médicas relacionadas con cirugías estéticas, como lo sucedido recientemente en la Región de Murcia.
Es prioritario, por lo tanto, promover las acciones necesarias para garantizar la seguridad del paciente en esta área, asegurando que todas las actividades sanitarias sean realizadas por profesionales médicos que dispongan de una titulación
oficialmente reconocida.
Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno, en coordinación con las comunidades autónomas y en el marco de sus competencias, a:
1. Fijar criterios comunes sobre el control y cumplimiento de la normativa junto a las Comunidades Autónomas y en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, de los centros sanitarios con autorización de la unidad
asistencial U.47 Cirugía Estética.
2. Facilitar a los pacientes información sobre las competencias y técnicas que pueden realizar los especialistas de Cirugía Plástica, Reparadora y Estética y otros especialistas médicos de acuerdo con las competencias del programa formativo
oficial de su especialidad.
3. Modificar el Real Decreto 1277/2003, de 10 de octubre, por el que se establecen las bases generales sobre autorización de centros, servicios y establecimientos sanitarios, con objeto de reforzar los artículos de la norma que
correspondan, y fortalecer las garantías de que todas las actividades sanitarias se realizan por profesionales que dispongan de la titulación oficialmente reconocida.
4. Luchar por la erradicación de cualquier intrusismo y pseudociencia que afecte a las distintas especialidades de profesiones médicas y desarrollar el Plan Nacional de Pseudoterapias.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de julio de 2022.-Ana Prieto Nieto y Marisol Sánchez Jódar, Diputadas.-Guillermo Antonio Meijón Couselo y Rafaela Crespín Rubio, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.
162/001066
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para garantizar el acceso al servicio de comedor escolar al
alumnado matriculado en las etapas de Educación Infantil y Primaria, para su debate ante el Pleno.
Exposición de motivos
El apartado segundo del artículo 9 de la Constitución Española encomienda a los poderes públicos 'la responsabilidad promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y
efectivas'. A su vez, el artículo 27 afirma que 'todos tienen el derecho a la educación, que tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades
fundamentales'.
El incremento experimentado en los últimos meses del Índice de Precios al Consumo (IPC) está poniendo en dificultades a las familias españolas, especialmente a aquellas con menores ingresos, a las que la inflación afecta especialmente. Esta
situación se hace especialmente preocupante si tenemos en cuenta las elevadas tasas de riesgo de pobreza que con carácter estructural soporta España en comparación a la mayoría de países de la Unión Europea. Según la Encuesta de Condiciones de Vida
(ECV) para el año 2021, el 27,8 % de la población está en riesgo de pobreza o exclusión, la tasa más alta desde el año 2016.
La ausencia de ingresos suficientes por miles de familias en España tiene un impacto directo sobre la alimentación de los menores. Según el informe publicado recientemente por Educo, titulado 'Comedor escolar universal y gratuito: un
objetivo alcanzable y urgente', 370.000 niños, niñas y adolescentes no comen carne, pescado o pollo cada dos días en nuestro país. A pesar de situación, solo el 11 % del alumnado recibe alguna ayuda o beca para poder asistir al comedor.
La desigualdad territorial en lo relativo a la oferta de servicio de comedor escolar en los centros públicos es otro de los elementos que cabe destacar del informe de Educo. Mientras que en comunidades autónomas como Madrid, Cataluña o
Cantabria, más del 90 % de los centros públicos cuentan con servicio de comedor escolar, en otras regiones como Extremadura o Castilla-La Mancha la tasa supera por poco el 50%. Las regiones más rezagadas en lo relativo a la oferta del servicio de
comedor escolar son Ceuta y Melilla, con una cobertura del 41,2 % y 23,1 % respectivamente.
Por otra parte, según expone el policy brief elaborado por el Centro de Políticas Económicas EsadeEcPol, titulado 'Jornada escolar continua: Cómo la pandemia está acelerando un modelo social y educativo regresivo', la jornada escolar
continua supone una pérdida de 8.048 millones de euros al año para las familias ya que el cuidado tras las clases de los niños en jornada escolar matinal (o continua) obliga, en caso de no tener ayuda externa, a que las familias reduzcan sus
jornadas laborales o abandonen el empleo
La infancia y la adolescencia es una etapa vital fundamental para el desarrollo intelectual y socio-emocional de las personas que debe ser objeto de especial protección por parte de los poderes públicos, especialmente en el marco del sistema
educativo, entre cuyos principios se encuentra la equidad como medio para garantizar la igualdad de oportunidades.
La adopción de medidas por parte de las administraciones educativas dirigidas a aumentar el número de usuarios del servicio de comedor escolar en centros públicos no solo es una medida viable económicamente, la inversión necesaria que haría
que el comedor escolar fuese universal y gratuito sería del 0,13 % del PIB según Educo, sino que tendría efectos positivos en los ámbitos de la salud, la conciliación y la economía.
Además, el policy brief de EsadeEcPol destaca que 'las evaluaciones experimentales de los programas de comedor también tienen un efecto positivo sobre el rendimiento académico, el comportamiento y la concentración del alumnado'. Este hecho
también es uno de los argumentos esgrimidos por Educo en favor de un acceso universal y gratuito a los comedores escolares, a la vez que destaca que esta medida 'garantizaría que los niños y niñas vayan a la escuela después del mediodía, lo que
previene el absentismo escolar'.
Tampoco se puede obviar, especialmente en el contexto actual, el carácter distributivo de esta medida, que ayudaría a aliviar la economía de miles de familias que han visto como los productos básicos de la compra se encarecían en los últimos
meses.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a:
1. Ampliar la cobertura y cuantía de las becas comedor para llegar a un 40 % de todo el alumnado matriculado en la Etapa de Educación Infantil y Primaria.
2. Programar el desarrollo y mejora de las infraestructuras escolares en los centros públicos de Educación Infantil y Primaria para hacer posible un comedor en cada centro educativo.
3. Promover, en colaboración con el resto de administraciones educativas, hábitos alimentarios saludables a través de los comedores escolares.
4. Promover, en colaboración con el resto de administraciones educativas, que el espacio del mediodía se integre dentro del proyecto educativo de los centros.
5. Encomendar a la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal de España una evaluación periódica del impacto de las ayudas o subsidios de carácter estatal dirigidos a atender los gastos de comedor escolar.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio de 2022.-Sara Giménez Giménez, Diputada.-Edmundo Bal Francés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
162/001067
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para reforzar las capacidades de prevención y respuesta ante
incendios forestales, para su debate en el Pleno.
Exposición de motivos
España es el país de la Unión Europea con una mayor superficie protegida por la Red Natura 2000, que tiene como objetivo preservar los ecosistemas y la biodiversidad, así como los beneficios económicos que estos tienen sobre el tejido
productivo. Nuestro país tiene más de 138.000 kilómetros cuadrados de superficie terrestre protegida por esta iniciativa europea, un 27,34% del total, mientras que cuenta también con más de 84.500 kilómetros cuadrados de medio marino superior bajo
esa protección, más del 8% del total de nuestro país. Por tanto, España es la joya natural de la Unión Europea, y nos convierte así en uno de los destinos turísticos más atractivos y uno de los puntos de biodiversidad más ricos del continente
europeo.
Sin embargo, durante décadas los sucesivos gobiernos de PSOE y PP han desdeñado ese patrimonio natural y han abandonado la inversión en su protección y su aprovechamiento. De acuerdo con los datos publicados por el Instituto Nacional de
Estadística (INE), el gasto total en protección medio ambiental no ha llegado a los 20.000 millones de euros, de los que solamente el 35,5 % provienen de administraciones públicas e instituciones sin ánimo de lucro. Además, más del 80 % de esa
financiación se destina a gestión de residuos y gestión de aguas residuales, pero no a protección de la biodiversidad o a la preservación de la calidad del aire y de la naturaleza. Además, durante la crisis económica de 2008 y la crisis del
COVID-19 de 2020 los recursos destinados a la protección del medio ambiente se han resentido.
Como consecuencia, en 2012 (en mitad de esa reducción presupuestaria), 2017 (año tras el que se comenzó a aumentar de nuevo la financiación para protección del medio ambiente) y 2022 (posterior al COVID-19) se han experimentado las mayores
catástrofes en materia de incendios forestales. En 2022, de hecho, el fuego ya ha arrasado decenas de miles hectáreas, lo que supone en torno al doble de la media de los últimos diez años. Los últimos incendios que se han declarado en Castilla y
León, Galicia, Extremadura, Aragón o Cataluña han mostrado que este tipo de fenómenos extremos son especialmente destructivos, habiéndose cobrado la vida de al menos dos personas, acabando con los ecosistemas de lugares tan emblemáticos para nuestra
biodiversidad como la Sierra de la Culebra, en Zamora, los Montes de Valdueza, en León, la comarca de Las Hurdes en Extremadura o la Sierra Bermeja, en Málaga, que también ardió hace unas semanas.
Ante esta situación, se ha hecho más evidente la vulnerabilidad de España ante los impactos del cambio climático. Esta vulnerabilidad viene dada, por un lado, por nuestras características geográficas y climáticas, con primaveras cada vez
más secas que contribuyen a que la vegetación adquiera propiedades más combustibles; pero también, por otro lado, por la incapacidad de las administraciones de destinar los recursos necesarios a la gestión forestal para el cuidado de bosques y
entornos silvestres, cuyo abandono actúa como gasolina cuando se declara un incendio. De hecho, ya en 2017 el Tribunal de Cuentas Europeo llamó la atención de las autoridades nacionales al considerar que los fondos europeos destinados a la mejora
de la gestión forestal, la prevención de incendios forestales y el cuidado del medio ambiente para evitar este tipo de catástrofes que acaban con nuestro patrimonio natural, con el modo de vida de miles de españoles, con los hogares y negocios de
cientos de familias y, en el peor de los casos, incluso con vidas de nuestros conciudadanos.
Es más, los vecinos de las comarcas afectadas por estos terribles incendios han expresado de forma muy clara su rechazo a la dejadez de las instituciones autonómicas en materia de gestión forestal y prevención de riesgos. Por ejemplo, la
Junta de Castilla y León, gobernada por PP y VOX, fue incapaz de poner en marcha de forma coordinada y efectiva el dispositivo de respuesta en el primero de los incendios que se declaró en la provincia de Zamora hace unas semanas, y los errores
cometidos entonces se han vuelto a repetir. Esto ha provocado que sean los propios vecinos los que tengan que poner en peligro tanto sus vidas como sus bienes para intentar poner coto al fuego, con las consecuencias que esto ha tenido para muchos
de ellos. Incluso los recursos destinados a las brigadas de extinción han sido escasos y casi insultantes, haciendo que el propio chef José Andrés haya acudido a proporcionar comidas a los
brigadistas por la falta de alimentos provistos por la Junta de Castilla y León a estos profesionales que se juegan la vida contra las llamas en el campo y el monte.
A todo esto, además, se suma que la mayoría de los incendios forestales que arrasan nuestro país son intencionados, de acuerdo con los datos disponibles. En los últimos diez años, en torno a la mitad de los incendios registrados en España
habían sido provocados, demostrando que el marco de prevención y sanción de estas conductas tampoco está funcionando. La relación de sanciones y penas no es suficientemente robusta para desincentivar, prevenir, evitar y atajar el problema de los
incendios forestales intencionados que arrasan el patrimonio natural de nuestro país cada año. Tampoco se abordan los problemas psicosociales que pueden empujar a determinados individuos a emprender este tipo de acciones, evitando así que los
servicios de protección puedan prever conductas o movimientos asociados a esos trastornos.
De hecho, en el desarrollo del Debate sobre el Estado de la Nación del pasado 12, 13, y 14 de julio, el Grupo Parlamentario Ciudadanos ya planteó medidas para abordar esta problemática y evitar que los españoles sigamos siendo testigos, año
tras año, de cómo las llamas acaban con nuestro patrimonio natural compartido.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Impulsar el compromiso de que las Comunidades Autónomas redoblen los recursos destinados a la prevención de incendios y la gestión de recursos forestales, poniendo en valor la actividad agrícola y ganadera y su labor en la limpieza de
malezas en campos y montes, y aprovechando estos recursos para la generación de energía mediante biomasa.
2. Revisar los parámetros para declarar temporadas de riesgo de incendios, de forma que no sólo se califique como alto riesgo los meses de julio, agosto y septiembre, sino que se base en indicadores de humedad, sequedad de las masas
forestales, vientos y estado de gestión del matorral, velando por el mantenimiento de dotaciones de prevención y respuesta a lo largo de todo el año.
3. Modificar los niveles de riesgo actuales para facilitar la coordinación entre Comunidades Autónomas y el Gobierno central en materia de respuesta ante incendios, de forma que la Unidad Militar de Emergencias (UME) pueda intervenir en
labores de respuesta ante incendios en aquellos de nivel 1, y no sólo a partir de aquellos que son declarados como nivel 2.
4. Revisar las sanciones y penas aplicables a quienes, de forma intencionada, provocan incendios forestales y otro tipo de daños contra nuestro patrimonio natural y nuestra biodiversidad, abordando además las causas raíz de este tipo de
conductas en individuos con trastornos de salud mental.
5. Impulsar las medidas necesarias para reforestar nuestro país de forma inteligente, preferentemente con especies autóctonas de reducida inflamabilidad, con el objetivo de que las superficies arboladas de nuestro país alcancen el 50% del
territorio nacional en 2040.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de julio de 2022.-María Carmen Martínez Granados, Diputada.-Edmundo Bal Francés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
162/001068
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para paliar los efectos ambientales y
económicos derivados de los incendios forestales sucedidos durante el mes de julio de 2022, para su debate en el Pleno.
Exposición de motivos
El pasado lunes 11 de julio, una tormenta seca y la consiguiente acción de los rayos, causaban varios incendios forestales en las provincias del centro-oriental de la península, como el declarado en Las Mesías, en el término municipal del
Ladrillar (Cáceres), que se extendía con rapidez traspasando los límites de la comunidad autónoma para afectar a Salamanca.
Los incendios forestales proliferaban en la provincia de Salamanca, como los declarados en Candelario, Puerto Seguro, Miranda del Castañar, Saelices el Chico, Garcibuey, San Felices de los Gallegos y Sobradillo, que obligaban a la Junta de
Castilla y León a declarar el nivel 2 por acumulación de focos.
Las malas condiciones climáticas, con altas temperaturas, baja humedad relativa y viento, unido a la cantidad de combustible acumulado en el bosque, hacían que la magnitud de las llamas se encontrase fuera de la capacidad de extinción, con
un pronóstico muy desfavorable.
Pendiente de la evolución de los incendios de principio de semana, el jueves 14, las llamas rodearon el pueblo de Casas de Miravete (Cáceres) y se propagaron de madrugada por el interior del Parque Nacional de Monfragüe. Ese mismo día, los
rayos provocaron varios incendios en Galicia.
El día siguiente, viernes 15, un fuego se declaraba en el paraje El Higuerón, en el término municipal de Mijas (Málaga), así como en la zona de Figueruela de Abajo (Zamora), en las inmediaciones de la Sierra de la Culebra, y en Roelos de
Sayago (Zamora) o en Navafría (Segovia). Los diferentes incendios en una decena de municipios de Galicia, como los tres focos de Folgoso do Courel (Lugo) y el de A Pobra do Brollón (Lugo) o Carballeda de Valdeorras (Ourense), avanzaban inexorables.
Las noticias sobre desalojos se sucedían en los distintos lugares por la proximidad de las llamas a los núcleos urbanos y las viviendas aisladas. Los diferentes responsables de extinción coincidían en la virulencia de los incendios.
El sábado, un total de 15 incendios permanecen activos en Castilla y León, de los cuales cuatro se encontraban en nivel 2. A su vez se iniciaba en el término municipal de Cebreros (Ávila) un nuevo siniestro. El domingo se declaraba un
nuevo incendio en Losado (Zamora) en el que, finalmente, ha habido que lamentar el fallecimiento de dos personas, un brigadista de extinción y un ganadero de Escober de Tábara. También se declaraban otros incendios en el entorno de la Garganta de
los Infiernos en el Valle del Jerte (Cáceres) y en Pont de Vilomara (Barcelona).
Estos son algunos ejemplos de las localidades que sufrieron el devastador efecto del fuego. El resultado, independientemente de la evolución particular de cada incendio, son miles de hectáreas calcinadas en pocos días, daños personales y de
bienes, así como un tremendo daño medioambiental, un revés para la actividad económica de cada región.
Sin duda, se trata de un año meteorológicamente complicado, y los incendios forestales sigue dejando cicatrices en nuestro territorio y huella en aquellas personas afectadas, en sus propiedades o el patrimonio natural y paisajístico. El
fuego no sabe de fronteras ni de competencias administrativas y cada vez es más patente que los incendios deben prevenirse y se deben apagar en los primeros instantes, cuando aún se consideran conatos; de lo contrario, hay muchas posibilidades de
convertirse en Grandes Incendios Forestales con afectación a amplias superficies, poniendo en peligro de vidas humanas, afecciones al medio natural y a la economía de las zonas afectadas.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Elaborar, en colaboración con las administraciones afectadas y a la mayor brevedad posible, un informe con la evaluación de todos los incendios forestales que han afectado a las distintas comunidades autónomas durante el mes de julio de
2022, determinando y cuantificando el alcance real de los mismos, y activar las ayudas derivadas de la situación de emergencia o naturaleza catastrófica, especialmente de los calificados como 'gran incendio' o que hayan afectado a la población o
espacios naturales singulares.
2. Analizar la declaración de zona gravemente afectada por una emergencia de protección civil, según el procedimiento y a los efectos de lo establecido en la Ley 17/2015, de 9 de julio, en los municipios afectados por los incendios
forestales sucedidos durante el mes de julio de 2022.
3. En atención a la declaración de zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil, aplicarlas medidas dispuestas en el artículo 24 de la Ley 17/2015, de 9 de julio, que resulten convenientes para paliar los daños provocados
por los incendios y, en concreto:
a) Conceder ayudas económicas a particulares por daños a vivienda habitual y enseres de primera necesidad que procedan.
b) Realizar la compensación a las corporaciones locales afectadas por gastos derivados de actuaciones inaplazables.
c) Aprobar las correspondientes ayudas a personas físicas o jurídicas que hayan llevado a cabo la prestación personal de servicios y bienes.
d) Aprobar las correspondientes ayudas destinadas a establecimientos industriales, mercantiles y de servicios.
e) Aprobar, si procede, las subvenciones por daños en infraestructuras municipales y red viaria provincial.
f) Aprobar, si procede, las subvenciones por daños en infraestructuras hidráulicas que se hayan podido ver afectadas por las llamas, en particular aquellas que dan servicio a las comunidades de regantes y pequeños agricultores.
g) Aprobar, si procede, las subvenciones por daños en producciones agrícolas, ganaderas y forestales.
h) Aprobar medidas fiscales, laborales y de la Seguridad Social.
4. Evaluar, si procede, las medidas excepcionales de autorización de reducción de los índices de rendimiento neto de las explotaciones y actividades agrarias realizadas en las zonas siniestradas.
5. Colaborar, con las administraciones competentes, en la realización de los trabajos de restauración forestal y ecológica de las áreas afectadas por los incendios y coordinar las medidas de carácter preventivo, para evitar la repetición de
situaciones similares.
6. Que el Gobierno comunique a los ayuntamientos afectados su decisión sobre la aprobación de las medidas de ayudas aplicadas de cara a la previsión de presupuestos municipales.
7. Llevar a cabo la coordinación y seguimiento de las medidas para lograr su máximo desarrollo, creando una comisión de coordinación según lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley 17/2015, de 9 de julio.
8. Solicitar las ayudas que el Fondo de Solidaridad de la Unión Europea pone a disposición de los Estados para compensar las pérdidas y daños causados por los incendios y sus consecuencias.
9. Destinar más Fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, a la recuperación y gestión forestal sostenible en las zonas afectadas, así como a la dotación de infraestructuras y medios de extinción.
10. Habilitar, ante situaciones excepcionales como las vividas durante los días del mes de julio, los protocolos de contingencia que permitan la participación de otras unidades del ejército, diferentes del operativo de intervención propio
en los supuestos de grave riesgo, catástrofe, calamidad u otras necesidades públicas, para reforzar las labores de prevención, apoyo a la extinción y extinción de los incendios forestales y/o como operativo de vigilancia y disuasión.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de julio de 2022.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
162/001069
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, presenta, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la presente Proposición no de Ley
para su debate y aprobación en Pleno relativa a establecer medidas para la reducción de los impactos del cambio climático en el sector agroalimentario español.
Exposición de motivos
La agricultura es un sector estrechamente vinculado con la base de recursos naturales, especialmente de los recursos agua, suelo y biodiversidad, de los cuales depende para su desarrollo.
Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), en su informe 'El trabajo de la FAO sobre el cambio climático' de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el cambio climático 2019, publicado en
Roma en 2019, el sector de la alimentación y la agricultura debe producir un 49 % más de alimentos de aquí a 2050, pero ya es un importante factor de cambio climático y, al mismo tiempo, tremendamente vulnerable a dicho fenómeno. Emite alrededor de
una cuarta parte de las emisiones de gases de efecto invernadero y mantiene a cerca de 2 500 millones de personas.
Los impactos climáticos tales como fenómenos meteorológicos extremos, propagación de plagas y enfermedades, pérdida de biodiversidad, degradación de los ecosistemas y escasez de agua se agravarán a medida que se calienta el planeta. Estos
impactos pueden ser perjudiciales para la seguridad alimentaria y los medios de vida y dar lugar a migraciones forzadas.
La FAO prevé que la población mundial supere los 9.000 millones de personas en 2050, lo que implica la necesidad a medio plazo de producir más alimento, de calidad y de forma más sostenible, en línea con los Objetivos de Desarrollo
Sostenible establecidos por las Naciones Unidas. En las próximas décadas la agricultura tiene la responsabilidad de hacer frente al reto de garantizar la seguridad alimentaria para una población mundial creciente, con una menor disponibilidad de
recursos y en un entorno marcado por los efectos del cambio climático.
Entre los desafíos globales destacados por la organización, hay tres que merecen especial atención:
- El cambio climático podría llevar a más de 122 millones de personas, principalmente agricultores, a la pobreza extrema para 2030.
- Se prevé que el cambio climático aumente los precios de los cereales en un 29 % de aquí a 2050.
- La escasez de agua afecta al 40 % de la población. Por cada grado centígrado de aumento, 500 millones de personas más sufrirán una reducción del 20 % de los recursos hídricos renovables.
Recientemente, la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG), publicó un informe en el que advertía que el caso de España, donde en los últimos 30 años sólo los grandes desastres relacionados con el clima han provocado
pérdidas de 25.000 millones de euros (la mitad de ellas relacionadas con la sequía), los daños podrían aumentar drásticamente si las emisiones continúan al ritmo actual. En concreto, la organización señala que 'Este escenario llevaría a alcanzar un
incremento de 2°C respecto a períodos preindustriales en 2050, lo que podría reducir el PIB nacional en más de un 7 % respecto a un escenario sin cambio climático. Incluso si se lograra que la temperatura no subiera más de 1,5°C, objetivo
establecido por los Acuerdos Internacionales de París de reducción de emisiones, las pérdidas que ocasionaría llegarían al 2,5 % del PIB'.
Según el informe agroalimentario 2021 'Avanzando hacia la sostenibilidad' de CaixaBank Research, el cambio climático y la lucha para prevenirlo suponen enormes desafíos para la producción agroalimentaria en España: 'Por una parte, la
agricultura en España, que tradicionalmente se ha beneficiado de una situación geográfica y una climatología privilegiadas, es especialmente vulnerable al cambio climático. El aumento de la erosión de los suelos, las inundaciones, las sequías y los
incendios forestales, junto con el incremento de plagas y enfermedades, son algunos de sus efectos directos. A su vez, la actividad del sector primario también contribuye al cambio climático: la especialización y la intensificación de los
cultivos, el uso de insumos químicos y la industrialización de la producción ganadera tienen efectos negativos en el agua, el suelo, el aire, la biodiversidad y la conservación de los hábitats'.
Un sector tan importante como el agroalimentario sería de los más perjudicados por su elevada dependencia del clima. En general, un calentamiento global de incluso 1,5°C se traduciría en una bajada apreciable de los rendimientos y de la
calidad de la producción en las zonas actuales de cultivo, pero más especialmente en las zonas más calurosas y áridas del sur peninsular, tal y como detalla en su informe la organización COAG. El paulatino incremento de la temperatura aumentaría de
forma claramente perceptible la intensidad y la frecuencia de extremos climáticos como olas de calor, lluvias torrenciales, o especialmente sequías y pedriscos, los que más preocupan al agricultor. Estos episodios podrían ser especialmente graves
en la zona mediterránea una vez se alcance un calentamiento de 2°C.
El sector agroalimentario, por tanto, debe afrontar las transformaciones necesarias para que contribuya de manera real a la lucha contra el cambio climático, la crisis de biodiversidad, la sobrepesca, el problema del agua en España y el reto
demográfico, y, a su vez, para amortiguar los impactos que el cambio climático tiene sobre este sector.
Por ello se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso insta al Gobierno a:
1. Aumentar la ambición en la lucha contra el cambio climático para acelerar la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero en todos los sectores.
2. Realizar un seguimiento continuado de los impactos del cambio climático sobre el sector agricultura y ganadero español, así como a promover mecanismos de adaptación y resiliencia a los cambios climáticos.
3. Adaptar las políticas y estrategias de lucha contra los incendios forestales a las nuevas condiciones generadas por el aumento de temperaturas consecuencia del cambio climático.
4. Promover políticas de conservación de los ecosistemas agrícolas más amenazados, y de restablecimiento de la biodiversidad agrícola-ganadera.
5. Fomentar un modelo de agricultura y ganadería de carácter familiar y extensiva que, como sector estratégico, se fundamente en un desarrollo sostenible tanto desde su faceta económica, social y medioambiental
6. Establecer una moratoria de nuevas macrogranjas y ampliación de las existentes, así como desestimar las que están en trámite.
7. Garantizar el 25% de la superficie agrícola para su cultivo bajo los parámetros de la agricultura ecológica y agricultura de regeneración de suelos.
8. Promover la I+D en materia de lucha contra el cambio climático en el sector agrícola y ganadero.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de julio de 2022.-Juan Antonio López de Uralde Garmendia, Diputado.-Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común.
162/001070
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para un 'Plan Zamora' de prevención,
reconstrucción y recuperación de los incendios forestales, para su debate en Pleno.
Exposición de motivos
Los incendios forestales son, como en otros países del sur de Europa, un fenómeno enormemente destructivo para las personas, sus bienes, y el medio ambiente. Y si bien pueden originarse de forma natural, en España el 96 % de ellos tienen
causa en la actividad humana. La superficie forestal de España supone más de la mitad de su territorio unos 27 millones de hectáreas de bosque. De estos bosques, que presentan una enorme variedad según la zona del país en que se encuentren, cada
año suelen quemarse decenas o incluso cientos de miles de hectáreas. Algo que, desde 1961, ha supuesto un total de 8 millones de hectáreas quemadas. Esto significa que casi el 30 % de los bosques españoles ha ardido en los últimos 50 años.
La provincia de Zamora se está viendo especialmente castigada este 2022, con dos incendios que ya se han colocado entre los diez peores de lo que va de siglo en España: Sierra de la Culebra y Losado, este último el peor de nuestra historia.
Además, este incendio devoraba 10.000 hectáreas en 4 horas, convirtiéndolo en uno de los más veloces desde que hay registros; 'un fuego inextinguible', según relataban los bomberos de la zona, que se alimentaba del monte y las altas temperaturas.
Según datos del Sistema Europeo de Información de Incendios Forestales, Zamora acumula en torno a un tercio de toda la superficie quemada en España en lo que va de año, con más de 67.000 hectáreas. Esta cifra supera con creces la media prevista
para mediados de julio, y representa más del 6 % del territorio total de la provincia. Es también casi la mitad de todo lo que ha ardido en Zamora en lo que va de siglo.
Ello se debe, en gran parte, a que está en la zona de España que más ha notado las intensas olas de calor de este 2022, en términos relativos. También se debe, en parte, a la deficiente gestión medioambiental de la Junta de Castilla y León,
especialmente en lo relativo a la vital tarea de desbroce y limpieza del monte durante los meses previos al verano. También la dotación personal y económica del personal de emergencia se debe mejorar (se han dado casos de equipos de prevención que,
tras una jornada de trabajo desbrozando el monte se han tenido que incorporar a tareas de extinción) y a las estrategias de reforestación (el 40 % de los grandes incendios forestales en España se han producido en superficies repobladas). Además,
resulta
especialmente lamentable el porcentaje, antes señalado, de incendios originados por la actividad humana, tanto de forma imprudente como intencionada. Las penas previstas para esta peligrosísima conducta, no sólo para las personas sino
también para nuestro medio ambiente y tesoros naturales, deben aumentar, especialmente en el caso de que no haya habido riesgo para la vida o integridad física de las personas (en estos supuestos los pirómanos se enfrentan a penas de uno a cinco
años).
Las soluciones no pasan meramente por repoblar por un lado mientras los bosques arden por el otro, sino por realizar una planificación preventiva generadora de empleo en el medio rural, y especialmente en las zonas afectadas. El sector
forestal tiene una gran importancia socioeconómica por sus múltiples aprovechamientos, que son la base de la ganadería extensiva y un recurso fundamental para la soberanía alimentaria, además de ser clave para el ciclo hidrológico y la
biodiversidad. Sin embargo, el medio rural, que es el que sostiene el mantenimiento de bosques y montes, se encuentra ante un panorama desolador que no hace sino dificultar enormemente una adecuada labor de prevención de incendios, continuada y
sostenible. Hasta un tercio de los grandes incendios forestales en España se dan en ámbitos de monte bajo. La España vaciada y el reto demográfico son conceptos repetida y justamente usados para reclamar las infraestructuras y servicios que
necesita el mundo rural. Sin embargo, también tienen un efecto directo sobre el drama de los incendios forestales, ya que un bosque bien cuidado y mantenido necesita de gente que pueda vivir en sus cercanías.
Ante esta situación, se ha hecho más evidente la vulnerabilidad de España ante los impactos del cambio climático. Esta vulnerabilidad viene dada, por un lado, por nuestras características geográficas y climáticas, con primaveras cada vez
más secas que contribuyen a que la vegetación adquiera propiedades más combustibles; pero también, por otro lado, por la incapacidad de las administraciones de destinar los recursos necesarios a la gestión forestal para el cuidado de bosques y
entornos silvestres, cuyo abandono actúa como gasolina cuando se declara un incendio. De hecho, ya en 2017 el Tribunal de Cuentas Europeo llamó la atención de las autoridades nacionales al considerar que los fondos europeos destinados a la mejora
de la gestión forestal, la prevención de incendios forestales y el cuidado del medio ambiente para evitar este tipo de catástrofes que acaban con nuestro patrimonio natural, con el modo de vida de miles de españoles, con los hogares y negocios de
cientos de familias y, en el peor de los casos, incluso con vidas de nuestros conciudadanos.
Es más, los vecinos de las comarcas afectadas por estos terribles incendios han expresado de forma muy clara su rechazo a la dejadez de las instituciones autonómicas en materia de gestión forestal y prevención de riesgos. Por ejemplo, la
Junta de Castilla y León, gobernada por PP y VOX, fue incapaz de poner en marcha de forma coordinada y efectiva el dispositivo de respuesta en el primero de los incendios que se declaró en la provincia de Zamora hace unas semanas, y los errores
cometidos entonces se han vuelto a repetir. Esto ha provocado que sean los propios vecinos los que tengan que poner en peligro tanto sus vidas como sus bienes para intentar poner coto al fuego, con las consecuencias que esto ha tenido para muchos
de ellos. Incluso los recursos destinados a las brigadas de extinción han sido escasos y casi insultantes, haciendo que el propio chef José Andrés haya acudido a proporcionar comidas a los brigadistas por la falta de alimentos provistos por la
Junta de Castilla y León a estos profesionales que se juegan la vida contra las llamas en el campo y el monte. Como el procurador Francisco Igea señalaba hace escasos días en las Cortes de Castilla y León, una mera media hora de tardanza en
responder a un incendio puede hacerlo casi imposible de extinguir. La inversión en prevención y respuesta rápida es fundamental.
Este necesario cuidado de nuestro monte no es un 'gasto', como algunas fuerzas políticas lo quieren pintar. Es una inversión en viabilidad del medio rural, preservación de la biodiversidad, absorción de carbono y, por encima de todo,
protección de los bienes y las vidas de sus habitantes. El último y más devastador ejemplo lo tenemos en Zamora, donde el fuego se ha cobrado ya dos vidas, además de la incalculable destrucción infligida.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Aprobar un 'Plan Zamora' de prevención, reconstrucción y recuperación de los incendios forestales que han asolado la provincia, conjunto entre las administraciones central y autonómica, y que incida especialmente en la reforestación
inteligente para proteger a los nuevos bosques de futuros
incendios. El modelo de este plan será extensivo a otras provincias y territorios que sufran incendios forestales, así como las medidas siguientes.
2. Celebrar una Conferencia de Presidentes de carácter extraordinario para impulsar el compromiso de que las Comunidades Autónomas redoblen la coordinación y los recursos destinados a la prevención de incendios y la gestión de recursos
forestales, limpiando de malezas campos y montes y aprovechando estos recursos para la generación de energía mediante biomasa.
3. Revisar el régimen sancionador para los supuestos de incendios originados por la actividad humana, con el objetivo de maximizar la capacidad de disuasión para supuestos de imprudencia y, sobre todo, de intencionalidad. Revisar
especialmente el régimen penal previsto en el Capítulo de incendios del Código Penal (arts. 351-358), incrementando las penas, sobre todo para supuestos sin peligro para la vida o integridad física de las personas.
4. Impulsar una revisión de las estrategias de reforestación autonómicas para asegurar que sirven también como estrategias de prevención de nuevos incendios, buscando el equilibrio entre el sostenimiento de especies autóctonas con un
entorno más seguro ante incendios.
5. Incorporar al Plan de Medidas ante el Reto Demográfico medidas para incentivar el establecimiento y desarrollo vital de la agricultura y la ganadería como activos fundamentales frente a los incendios forestales.
6. Impulsar la cooperación entre administraciones, con especial incidencia en la facilitación de trabajos silvícolas, reforzando las ayudas para mantener el monte durante todo el año y aligerando las cargas burocráticas para quienes las
reciben.
7. Presentar un plan de refuerzo de la dotación, tanto personal como económica, de los servicios de emergencias y extinción de incendios. Este plan deberá evitar la temporalidad y la focalización en el verano, ampliando las tareas de
prevención a todo el año y generando así empleo verde. También deberá evitar, en la medida de lo posible, responsabilizar de las tareas de extinción a los equipos encargados simultáneamente de la prevención.
8. Revisar los parámetros para declarar temporadas de riesgo de incendios, de forma que no sólo se califique como alto riesgo los meses de julio, agosto y septiembre, sino que se base en indicadores de humedad, sequedad de las masas
forestales, vientos y estado de gestión del matorral.
9. Modificar los niveles de riesgo actuales para facilitar la coordinación entre Comunidades Autónomas y el Gobierno central en materia de respuesta ante incendios, de forma que la Unidad Militar de Emergencias (UME) pueda intervenir en
labores de respuesta ante incendios en aquellos de nivel 1, y no sólo a partir de aquellos que son declarados como nivel 2.
10. Invertir en nuevos medios de detección temprana y respuesta rápida ante incendios en sus primeros treinta minutos de desarrollo, incluyendo la vigilancia de zonas de riesgo mediante drones y la instalación de sensores y detectores.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de julio de 2022.-María Carmen Martínez Granados, Diputada.-Edmundo Bal Francés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
162/001071
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley, para la aprobación de un régimen fiscal diferenciado
para las zonas de prioridad demográfica de nuestro país, para su posterior debate en el Pleno.
Exposición de motivos
La despoblación del medio rural es un problema creciente en nuestro país ocasionado principalmente por dos factores; (a) la crisis de natalidad experimentada de manera progresiva en las últimas décadas y, (b) la tendencia global a urbanizar
los espacios, lo que conlleva el abandono de los municipios de pequeño tamaño para buscar nuevas oportunidades en las grandes ciudades. Europa no es una excepción a este fenómeno. Así, en el viejo continente, el aumento de las tasas de
urbanización ha tenido un crecimiento
sostenido y rápido, lo que ha provocado que muchos municipios, provincias y regiones se encuentren con una población mermada, prácticamente, en el transcurso de una generación.
España es el segundo territorio nacional más extenso de la Unión Europea y cuenta con una densidad de población por debajo de la media comunitaria, con algunas regiones, incluso, con índices comparables a los de Laponia. Nuestro país es el
cuarto de la UE, tras Estonia, Finlandia y Letonia, con más municipios en riesgo de despoblación. Siguiendo los estándares de Eurostat, un municipio se considera en riesgo de despoblación cuando existen crecimiento de la población y saldo
vegetativo negativos desde principios del siglo XX, así como una densidad poblacional inferior a 12,5 habitantes por km2. Estos parámetros se dan, ahora mismo, en el 42,2 % de los municipios españoles. Desde principios de siglo, el 63,1 % de los
municipios y 13 provincias han perdido habitantes, según datos del INE. En estas últimas dos décadas, la población de los municipios de 1.000 o menos habitantes ha caído un 8,9 % (142.000 habitantes menos). De esta forma, han pasado de concentrar
el 4% de la población en el año 2000 al 3,1% en 2018.
El principal problema que debemos atajar, por tanto, no es que los habitantes del medio rural busquen mejores oportunidades en las grandes ciudades, si no que se vean obligados a marcharse por la falta de los servicios e infraestructuras que
posibilitarían más oportunidades en el medio rural. En este sentido, el anterior Gobierno aprobó, en marzo de 2019, las directrices generales de la Estrategia Nacional frente al Reto Demográfico, elaboradas por el Comisionado del Gobierno frente al
Reto Demográfico, adscrito al entonces Ministerio de Política Territorial y Función Pública. Sin embargo, los objetivos que se marcó esta Estrategia no han sido alcanzados o se han visto claramente superados por el rápido ritmo de despoblación que
afecta a lo que se conoce como 'España vaciada'.
Para ofrecer alternativas reales a los habitantes del medio rural, es necesario proponer medidas ambiciosas que realmente atajen la sangría de población y la afronten desde múltiples sectores. Así, Ciudadanos lleva presentando en los
sucesivos programas de las citas electorales de los últimos años, su Plan Naranja contra la Despoblación, que supone la reforma más ambiciosa en este terreno tras décadas de inacción por parte de los sucesivos gobiernos del bipartidismo. Por otro
lado, el pasado mes de enero el Grupo Parlamentario Ciudadanos presentó en esta Cámara, una Proposición no de Ley integral en materia de despoblación con medidas determinantes dirigidas a la reactivación de estos territorios, como la utilización de
la contratación pública como instrumento de desarrollo territorial; la incorporación de criterios de incentivación positiva y apoyo específico para solicitantes de subvenciones públicas; la adopción de incentivos administrativos, profesionales y
económicos en el empleo público en el medio rural; el impulso a la colaboración público-privada para el desarrollo de proyectos frente al reto demográfico; la incorporación de los factores demográficos en la responsabilidad social del sector
privado; la aprobación de un plan de choque para mejorar el acceso a servicios públicos de la España rural; la aprobación de un Plan de Promoción de Sectores Estratégicos contra la Despoblación; la puesta en marcha de medidas de promoción de la
cultura y el deporte en estos territorios; la puesta en valor del patrimonio cultural, artístico, histórico y gastronómico de los municipios de zonas escasamente pobladas; y el impulso a medidas de simplificación administrativa, gestión
mancomunada de servicios y fusión de municipios limítrofes, entre otras muchas.
Además de toda esta extensa batería de medidas, explicadas con detalle en nuestra iniciativa parlamentaria, con la presente proposición no de ley venimos a demandar la aprobación de una política de Estado en materia de fiscalidad
diferenciada para las zonas escasamente pobladas o en riesgo de despoblación. Así, esta política diferenciada deberá coadyuvar a conseguir el objetivo de reactivar la vida de los pueblos más olvidados de nuestro país, en paralelo a las ayudas
recientemente aprobadas para algunas provincias españolas en el mapa de ayudas estatales de finalidad regional para el período 2022-2027 por parte de la Comisión Europea. Esta política nacional específica debería encontrar el encaje jurídico
adecuado que alinee dichos estímulos fiscales con diferenciación territorial a las disposiciones europeas, de lo que ya tenemos algunos antecedentes en nuestro país.
La fiscalidad es, sin duda, uno de los canales por los que más rápidamente y de manera más efectiva pueden instaurarse cambios en la sociedad y, además, el establecimiento de un régimen de tributación específico para la España despoblada
supondría, al decir de los expertos, un coste muy moderado en términos de pérdida recaudatoria, que se vería en todo caso compensado con el incremento de la actividad económica que se generaría en dichos territorios. El objetivo principal es, en
suma, revertir la situación de la España rural para hacer de nuestros pueblos hoy vacíos, lugares atractivos en los que querer vivir, trabajar y formar una familia.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a poner en marcha con carácter urgente un régimen fiscal diferenciado para las zonas de prioridad demográfica de nuestro país, que se utilice como instrumento de dinamización y repoblación de
los territorios escasamente poblados o en riesgo de despoblación, dentro del marco comunitario para las ayudas estatales de finalidad regional y que incluya, al menos, las siguientes medidas:
1. Una batería de beneficios fiscales con reducciones en los principales tributos, IRPF, Impuesto sobre Sociedades, Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, Impuesto sobre el Patrimonio, e Impuesto sobre
Sucesiones y Donaciones, para las personas físicas y jurídicas que tengan su residencia habitual y efectiva en los municipios con riesgo de despoblación.
2. Eliminación de los impuestos directos para las empresas de nueva creación que se instalen en territorios de la España rural despoblada, durante los dos primeros años de actividad.
3. Establecimiento de una tarifa superreducida de cotización social, al menos, durante los dos primeros años, para los autónomos y jóvenes emprendedores que se establezcan en dichos territorios, así como bonificaciones significativas para
los autónomos que, además, tengan hijos y vivan en áreas despobladas.
4. Establecimiento de una exención estatal en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, sobre el valor de las explotaciones agrarias de las zonas rurales de nuestro país y sus bienes afectos, que se donen o pongan en herencia en favor de
agricultores profesionales, sean o no parientes del titular, con el fin de facilitar la continuidad y el mantenimiento del empleo en la explotación cuando su titular se jubile o fallezca.
5. Aprobación de medidas fiscales de estímulo a la natalidad, con el establecimiento de deducciones específicas y significativas por nacimiento o adopción de niños que vayan a residir de manera efectiva en zonas rurales en riesgo de
despoblación.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de julio de 2022.-Edmundo Bal Francés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
162/001072
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(162) Proposición no de Ley ante el Pleno.
Autor: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Proposición no de Ley relativa a garantizar el cumplimiento de las propuestas de resolución aprobadas en el debate de política general sobre el estado de la Nación.
Acuerdo:
Considerando que se solicita el debate de la iniciativa ante el Pleno, y entendiendo que las previsiones contenidas en los puntos 3 y 5 se harían, en todo caso, por el procedimiento reglamentario pertinente, admitirla a trámite como
Proposición no de Ley conforme al artículo 194 del Reglamento, disponer su conocimiento por el Pleno de la Cámara, dando traslado al Gobierno y publicarla en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, comunicando este acuerdo al Grupo Parlamentario
proponente.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de agosto de 2022.-P.A. El Secretario General Adjunto para Asuntos Parlamentarios del Congreso de los Diputados, José Antonio Moreno Ara.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para garantizar el cumplimiento de las
propuestas de resolución aprobadas en el debate de política general sobre el estado de la Nación, para su debate en Pleno.
Exposición de motivos
Durante los días 12, 13 y 14 de julio de 2022, se celebró en el Congreso de los Diputados, el debate de política general sobre el estado de la Nación, tras la comunicación presentada por el Gobierno, con el objetivo de 'dar cuenta al
Parlamento y a la ciudadanía acerca de la acción política desarrollada durante este período por el Gobierno, así como sobre sus futuras líneas de actuación'.
A este importante debate de control sobre la gestión del Gobierno, que hacía 7 años que no se celebraba, si bien no aparece expresamente previsto en la Constitución Española, ni tampoco se regula en el Reglamento del Congreso de los
Diputados, el Presidente Sánchez nunca se había sometido, a pesar de ostentar la Presidencia del Gobierno desde junio del año 2018.
A pesar de esta ausencia de regulación específica, desde que se introdujo en 1983, se han celebrado con carácter anual casi de forma ininterrumpida hasta 2015, con las excepciones consecuencia de procesos electorales. Al carecer de
previsión reglamentaria expresa, su desarrollo se articula siguiendo la fórmula de las comunicaciones del Gobierno, a las que se refieren los artículos 196 y 197 del Reglamento de la Cámara. Así, el debate parte de la iniciativa del Gobierno, que
remite a la Cámara la comunicación correspondiente, pero ofrece la oportunidad a los distintos grupos parlamentarios de plantear al Gobierno propuestas dirigidas a reorientar sus políticas fallidas o ineficaces.
No obstante la falta de previsión normativa, la tradición parlamentaria ha sumado, por su relevancia, este Debate a otros de gran trascendencia como son el de investidura o la cuestión de confianza, por lo que la importancia de sus
conclusiones es notable.
Las conclusiones alcanzadas, tras escuchar la exposición del Presidente del Gobierno, se manifiestan, singularmente, a través de las diferentes propuestas de resolución que los grupos parlamentarios presentan una vez concluido el debate para
ser, posteriormente, sometidas a la aprobación del Pleno. Aquellas que finalmente resultan aprobadas, por lo tanto, han de ser consideradas como auténticos mandatos que los representantes de la soberanía nacional imponen al Gobierno.
En esta ocasión, de las 138 propuestas de resolución presentadas por los distintos grupos parlamentarios, 41 de ellas fueron aprobadas, de las cuales, las aprobadas por iniciativa del Grupo Parlamentario Popular, versaban sobre cuestiones
que afectan al interés general, que buscan solucionar los problemas reales de los españoles y que van encaminadas a procurar que el Gobierno revierta sus perniciosas políticas actuales únicamente orientadas a perpetuarse en el poder y no a mejorar
el bienestar de los españoles.
El Gobierno, lejos de someterse al debate sobre la gestión desarrollada por el mismo como una oportunidad para analizar la eficacia de las políticas desarrolladas a lo largo de su mandato o exponer a los españoles sus planes y programas para
mejorar la vida de los españoles en tiempos de una grave crisis económica e institucional, dedicó sus esfuerzos asegurarse su continuidad en el cargo mediante cesiones a sus socios coyunturales para garantizar su permanencia en el poder en lo que
resta de legislatura. Evidenció que para este Gobierno y para su Presidente, los intereses generales y los problemas de los españoles son secundarios y que su única preocupación es la supervivencia de un Gobierno de coalición agónico, dividido, en
permanente desacuerdo y formado por personas con intereses políticos enfrentados, ensimismados en sus problemas internos y ausentes en la imprescindible acción de Gobierno para solucionar los gravísimos problemas que soporta una sociedad hastiada de
tanta incompetencia.
Ejemplos de ese modo de ejercer el poder fueron las medidas improvisadas, anunciadas por el Presidente, sin concreciones, sin evaluar el impacto y las tensiones que van a provocar, alejadas de las necesidades reales de los españoles, que
pusieron en evidencia que carece de un proyecto de país.
Ante esa inhibición, cobran especial relevancia algunas de las propuestas de resolución que resultaron aprobadas a instancias de la oposición fundamentalmente.
Medidas alternativas que apuesten de manera decidida por el crecimiento y el impulso de nuestra economía, por más y mejores empleos, por un estado del bienestar suficiente y sostenible y por políticas
de Estado y fortalecimiento de nuestras instituciones para hacer frente a un futuro incierto que precisa aunar esfuerzos para salir de esta crisis todos juntos sin dejar atrás a nadie.
Esas propuestas de resolución aprobadas, por respeto a la separación de poderes en la que se fundamenta nuestro sistema democrático, deben ser mandatos que el Poder Ejecutivo debe cumplir y rendir cuentas posteriormente sobre su ejecución.
Es ya una seña de identidad de este Gobierno la falta de transparencia y la renuencia a someterse al control parlamentario, con evidente desprecio a los derechos fundamentales de los representantes del Poder Legislativo, por lo que se hace
imprescindible adoptar una nueva resolución parlamentaria que permita recordarle y exigirle su obligación de cumplimiento, máxime cuando se derivan del primer y único debate de estas características al que se ha sometido este Presidente en cuatro
años.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Remitir a la Cámara al inicio del próximo periodo de sesiones, un informe detallado sobre el grado de cumplimiento y las actuaciones puestas en marcha a fin de llevar a cabo con anterioridad a la finalización del presente año, las
resoluciones aprobadas en el debate de política general sobre el estado de la Nación.
2. Remitir a la Cámara, en el próximo periodo de sesiones, informe sobre las actuaciones llevadas a cabo, consensuadas con Comunidades Autónomas y sectores implicados, a fin de dar cumplimiento a la resolución aprobada en el debate sobre el
estado de la Nación, en materia sanitaria referente a un plan de recursos humanos dirigido a los profesionales sanitarios, y que refuerce, en mayor medida, la Atención Primaria, y otras medidas.
3. Dar cuenta a la Cámara, en el próximo periodo de sesiones, sobre las actuaciones llevadas a cabo en cumplimiento de la resolución aprobada en el debate sobre el estado de la Nación, en materia de política exterior y de seguridad de
Estado para recuperar y fortalecer los ejes permanentes en las cuestiones de vecindad, UE y América Latina; fortalecer la relación con Estados Unidos y apoyar la ampliación del contingente militar para la base de Rota; impulsar un incremento
presupuestario de defensa para lograr el objetivo del 2 % del PIB; mejorar las condiciones laborales de todo el personal profesional de las Fuerzas Armadas y otras reformas relacionadas con el papel de España en la UE.
4. Elaborar antes de que finalice 2022, en cumplimiento de la resolución aprobada en el debate sobre el estado de la Nación, las normas necesarias para adaptar la legislación española a las recomendaciones aprobadas por el Parlamento
Europeo respecto a los crímenes de ETA y para reforzar las políticas de prevención, cooperación internacional y persecución contra el terrorismo yihadista; actuaciones para intensificar el reconocimiento de las víctimas del terrorismo como
referente ético de nuestra democracia y para promover una cultura democrática que reivindique la Transición, la Constitución y el rechazo de todos los totalitarismos.
5. Dar cuenta a la Cámara, antes de que finalice el año 2022, del cumplimiento de la resolución aprobada en el debate sobre el estado de la Nación que instaba la recuperación inmediata de todos los servicios ferroviarios a los niveles
anteriores a la pandemia y las actuaciones llevadas a cabo para retirar el mapa concesional de transporte regular de viajeros por autobús y propuestas para la elaboración de un nuevo mapa que no perjudique a la España despoblada.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de julio de 2022.-Carlos Rojas García, Diputado.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
162/001073
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley, para ajustar el IRPF a la inflación,
para su debate en Pleno.
Exposición de motivos
El pasado 8 de noviembre de 2021, la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital afirmaba que 'la inflación es un fenómeno transitorio', unas palabras que recordaban demasiado a aquellas que pronunció al
comienzo de la pandemia, en marzo de 2020, afirmando que el impacto económico del coronavirus sería 'transitorio y poco significativo'.
En aquel momento, el índice general de precios (IPC) subía un 5,4 % y la inflación subyacente un 1,4 %. Hoy tenemos un IPC que sube un 10,8 % y una inflación subyacente del 6,1 % que resta competitividad a nuestras empresas, pero sobre todo
merma poder adquisitivo a las familias que cada vez tienen más difícil llegar a fin de mes.
Y mientras esto sucede, el Estado aumenta la recaudación tributaria como consecuencia del ensanchamiento de las bases imponibles y se sitúa en récord absoluto de recaudación: 16.534 millones de euros en los 6 primeros meses, un 18,3 % más
que el año anterior, a pesar de que el crecimiento en ese mismo período sólo ha aumentado un 1,3 %. La elevada inflación permite compensar el menor crecimiento real de forma que se cumplen los objetivos fiscales en términos nominales, pero a costa
del empobrecimiento de las familias y las clases medias que tienen que pagar el 'impuesto invisible' de la inflación.
Para evitar esta subida encubierta de impuestos y que las familias paguen la inflación dos veces -en la cesta de la compra y al pagar los impuestos- es necesario ajustar tanto los tramos como los mínimos personales y deducciones en el
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF). Eso es lo que el Partido Popular incluyó en el Plan Económico entregado al Gobierno y eso es lo que ha pedido el Grupo Parlamentario Popular a través de diferentes iniciativas legislativas,
destacando las dos últimas: una Proposición de Ley y una Propuesta de Resolución presentada en el último Debate sobre el Estado de la Nación (DEN).
Respecto a la primera, la Proposición de Ley para deflactar el IRPF con la inflación acumulada desde enero de 2015 -última vez que se ajustaron los tramos- hasta diciembre de 2021, un 12,8 %, ha sido vetada por el Gobierno negando incluso la
posibilidad de que se debata.
Respecto a la segunda, la Propuesta de Resolución en el DEN pedía 'deflactar la tarifa del IRPF en los 3 primeros tramos, para favorecer específicamente a las rentas más bajas y medias, con ajuste de las retenciones para que el efecto sea
inmediato' así como 'establecer un nuevo mínimo personal y familiar, especifico y con carácter temporal, que decrezca conforme aumente las rentas del ciudadano.' fue rechazada con los votos en contra del PSOE y Unidas Podemos, y la abstención del
PNV.
Por eso sorprende que, tan sólo dos semanas después, el gobierno bipartito PNV-PSE del País Vasco y la Diputaciones Forales hayan anunciado que ajustará para Euskadi todos los tramos y deducciones del IRPF un 4 % (adicional al 1,5 % que ya
ajustó a primeros de año, completando un 5,5 % en total) para compensar el efecto de la elevada inflación sobre las familias vascas; incluyendo el ajuste de las retenciones en septiembre para que el efecto sea inmediato.
No podemos entender que lo que el Partido Socialista y el PNV quieren para los 2,2 millones de residentes en el País Vasco, se lo nieguen a los más de 44 millones de españoles que residen en el resto de CCAA de régimen común, en una clara
discriminación entre unas personas y otras en función de donde residen y, peor aún, en función de los intereses partidistas del Gobierno.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a deflactar el IRPF, actualizando al menos los 3 primeros tramos, así como establecer un nuevo mínimo personal y familiar, especifico y con carácter temporal, que decrezca conforme aumente las
rentas del ciudadano. Y que así mismo proceda a ajustar con carácter inmediato la tabla de retenciones para aliviar a las familias, evitando la discriminación entre españoles en un momento en el que las familias tienen enormes dificultades para
llegar a fin de mes.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de julio de 2022.-Javier Bas Corugeira, María Elvira Rodríguez Herrer, Mario Garcés Sanagustín y Jaime Eduardo de Olano Vela, Diputados.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.
162/001075
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley, sobre medidas a adoptar como
consecuencia de la confluencia de la sequía y el aumento de costes de producción en la agricultura y ganadería, para su debate en Pleno.
Exposición de motivos
El pasado mes de marzo el Grupo Parlamentario Popular presentaba una Propuesta en el Pleno del Congreso de los Diputados que proponía al Gobierno una serie de medidas que evitarán la situación de cierre de explotaciones y aumento del
sacrificio de animales que hoy, según los datos oficiales aportados por el propio Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación en la última Estadística de mercados agrícolas y ganaderos, son ya una realidad.
A pesar del comportamiento ejemplar de nuestros agricultores y ganaderos durante la etapa más dura de la pandemia COVID, que ha permitido que toda la población española tuviera garantizado el suministro de alimentos en cantidad y calidad, el
sector primario se ha visto abocado a afrontar un proceso de transición por la normativa europea y la política nacional para avanzar en la lucha contra el cambio climático, sin que se hayan habilitado los apoyos públicos y de colaboración público
privada que necesita para ello.
A pesar de que la Unión Europea, en el contexto COVID, planteó la necesidad de reforzar las cadenas de valor estratégico, siendo una de las principales el sistema alimentario, y de que para ello puso a disposición de los Estados Miembros un
paquete financiero y de ayudas directas de gran envergadura, las medidas adoptadas por el Gobierno de España no están dando respuesta a las necesidades de quienes aseguran la producción de alimentos en nuestro país.
De hecho, el Gobierno, lejos de apoyar este proceso de transición en la agricultura y la alimentación, ha tomado partido en favor de tesis que cuestionan la profesionalidad y excelencia de nuestro sector primario, de la calidad de los
alimentos que producimos.
En este contexto, desde hace más de un año las explotaciones agrarias de nuestro país vienen sufriendo pérdidas muy importantes en sus resultados económicos, que ponen en riesgo su viabilidad a consecuencia de importantes alzas en los costes
de producción (energía, combustible, etc.), de la insuficiencia en los precios percibidos y de desequilibrios entre oferta y demanda. Ante ello, el pasado 20 de marzo todos los sectores vinculados a la economía rural se manifestaron masivamente
contra la inacción del gobierno.
A esto se han unido posteriormente las consecuencias derivadas de la invasión de Ucrania: escasez de cereales, el consiguiente aumento desbordado del precio de piensos, abonos y fertilizantes, y los efectos de la preocupante sequía que ha
reducido la disponibilidad de pastos y mermado las cosechas de los principales productos agrarios (cereal, uva, arroz, etc.) sin que haya una política hidrológica nacional que permita pensar que pueda haber una solución a corto o medio plazo.
Las recientes declaraciones del Secretario de Estado de Medioambiente culpabilizando al sector agrario del consumo de agua, no han sido precisamente tranquilizadoras ya que lejos de proponer soluciones para aumentar la capacidad de
almacenamiento de agua en nuestro país, ha planteado limitaciones al uso agrario, aún siendo como es, absolutamente imprescindible para el futuro del mundo rural.
Ante esta situación de altos costes de producción y bajos precios de venta en origen, muy diferentes a los de nuestros vecinos europeos, y un gobierno que cuestiona sistemáticamente la actividad agraria, se está produciendo un alarmante
aumento del sacrificio de animales y abandono de explotaciones, tal y como refleja la última estadística oficial del propio Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
En este momento ya no está garantizada la competitividad de un sector que representa más de un 10 % del PIB de la economía española, que genera unos 3 millones de empleos, que exporta por valor de 60.000 millones de euros al año, que es el
garante de la provisión de alimentos y la principal fuente de actividad en el medio rural. Medio rural que afronta el reto de la despoblación con mucha más intensidad que en el resto de países europeos.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular formula la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Promover ante la Comisión Europea la modificación de la propuesta de Plan Estratégico de la PAC de España, a la vista de las actuales circunstancias y de las nuevas previsiones de futuro, con el objetivo de garantizar la viabilidad de
las explotaciones y la seguridad alimentaria de nuestro país. Dicha revisión debe realizarse con carácter de urgencia, de tal manera que pueda ser de aplicación en los plazos previstos, y deberá llevarse a cabo contando con la participación de las
Comunidades Autónomas y de las organizaciones representativas del sector agrario, de tal forma que el nuevo Plan, esta vez sí, sea realmente consensuado y constituya el resultado de un amplio acuerdo nacional.
2. Promover ante la Unión Europea y apoyar aquellas iniciativas similares promovidas por otros Estados miembro, la revisión del Pacto Verde Europeo y de diferentes estrategias, como la 'Estrategia de la Granja a la Mesa' y la 'Estrategia de
la Unión Europea sobre Biodiversidad para 2030', de tal manera que de su aplicación no se derive la pérdida de potencial productivo del sector agroalimentario, ni pérdida de rentabilidad para los productores.
3. Asegurar en el proceso de la nueva planificación hidrológica de tercer ciclo en cada cuenca (2022-2027) la realización de las infraestructuras e inversiones necesarias para prevenir situaciones de sequía cada mes más recurrentes y graves
como las actuales.
4. Proceder, de manera inmediata, a la regulación de los contratos de acceso a las redes de transporte y distribución eléctrica para regadíos en los términos previstos ya en dos leyes vigentes, estableciendo condiciones particulares de
aplicación a dichos contratos que contemplen la posibilidad de disponer de dos potencias diferentes a lo largo de un año, en función de las necesidades de suministro para el riego.
5. Poner en marcha de manera efectiva las bonificaciones establecidas en la Disposición adicional primera de la Ley 16/2021, de 14 de diciembre, de hasta un 35 % y un 15 % de la factura del gasóleo y la de los plásticos y fertilizantes,
utilizados en las actividades llevadas a cabo en favor de los operadores de la cadena sujetos al ámbito de aplicación previsto en el artículo 2 de la Ley 12/2013, de 2 de agosto, de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria e
incluir los piensos en dichas bonificaciones.
6. Reducir, para el período impositivo 2022, los índices de rendimiento neto aplicables en el método de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas para las actividades agrícolas y ganaderas afectadas por los
graves desequilibrios del mercado, el gran incremento de los costes de producción y otras circunstancias extraordinarias.
A tal efecto, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, junto con las Comunidades Autónomas y las organizaciones representativas del sector, elaborarán con carácter de urgencia, el preceptivo informe en el que se identifiquen las
actividades agrícolas y ganaderas donde se producen circunstancias excepcionales, que justifique hacer uso de la autorización contenida en el artículo 37.4.1.o del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de agosto de 2022.-Jaime Eduardo de Olano Vera, Milagros Marcos Ortega, Javier Merino Martínez, Joaquín María García Díez, Belén Hoyo Juliá, Sebastián Jesús Ledesma Martín, Juan Manuel Constenla
Carbón, Juan José Matarí Sáez y Juan Diego Requena Ruiz, Diputados.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
162/001076
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes, del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para el impulso de reformas en el ámbito de la energía para el
acompañamiento del consumo energético de familias y empresas, para su debate en el Pleno.
Exposición de motivos
El contexto económico y político que afecta a España y al resto de los países de la Unión Europea está teniendo importantes efectos negativos en la economía de las familias y de las empresas. La elevada inflación que afecta a nuestra
economía, consecuencia de la invasión rusa a Ucrania y de los cuellos de botella en las cadenas de suministro global, están provocando el empobrecimiento de miles de familias que en los últimos meses han visto como se reducía de forma considerable
su capacidad de consumo. Los últimos datos disponibles indican que la inflación siguió subiendo en julio en toda la Unión Europea, pero mientras en la media de la UE, repuntó en 0,2 puntos hasta el 9,8 %, en España la subida de precios se aceleró
en 7 décimas hasta alcanzar el 10,7 % en julio en términos armonizados. Esto supone el pico máximo de los últimos 38 años, con una subida también de la inflación subyacente, que excluye los componentes más volátiles, del 5,5 % de junio al 6,1 % en
el pasado mes de julio.
A ello se unen las malas previsiones económicas para el 2023. La gran incertidumbre provocada por la guerra, que afecta al suministro del gas, a la inflación y al desembolso del consumo, entre otros, diagnostican un riesgo de recesión de
cara al año que viene. Los diferentes organismos económicos que han actualizado sus previsiones macro han pronosticado no solo un crecimiento económico muy por debajo del inicialmente previsto para el conjunto del próximo año, sino también un
parón, que podría llevar a España a la recesión técnica. Desde la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) esperan que el crecimiento del PIB español alcance solo un 0,3 % en el cuarto y último trimestre de este año. De cara al
2023 desde el BBVA Research calculan que España entrará en una recesión en el primer trimestre de 2023, que sucederá así tras sumar dos trimestres en negativo -lo que se conoce como recesión técnica-. Aunque estas previsiones sitúan a España en un
marco de no crecimiento, la duda permanece en si el mismo será mayor o menor, si se prolongará solo durante unos meses o si nos encaminamos hacia una recesión dura y persistente.
La situación crítica ha llevado a la Unión Europea a plantear medidas de choque para prepararse para un otoño y un invierno en los que el consumo energético aumenta por la necesidad de climatización debido a las bajas temperaturas. En este
contexto, en el que además gran parte del norte y el este de Europa dependían del gas ruso para responder a esos incrementos estacionales del consumo, se han puesto sobre la mesa medidas nunca vistas antes de aprovechamiento y ahorro energético.
Los 27 Estados miembros acordaron el pasado julio a imponerse a sí mismos un objetivo de reducción del consumo de gas natural del 15 % para este invierno -en sentido amplio, desde el 1 de agosto de 2022 al 31 de marzo de 2023-, una reducción muy
significativa para un período de tiempo tan corto. Las medidas a aprobar para alcanzar ese objetivo podrán variar entre Estados miembros, adaptándose así a la realidad específica de cada país y contemplando también posibles exenciones y excepciones
en algunos casos particulares.
España es uno de esos casos particulares, puesto que nuestra dependencia del gas ruso es mínima, si bien esta dependencia se ha cuadriplicado desde el inicio de la crisis energética, convirtiéndose ya en nuestro segundo proveedor, con un
24,4 % del total y suponiendo ya un volumen mayor que las importaciones desde Argelia, precisamente en un contexto de tensión en las relaciones diplomáticas con este socio clave del Norte de África por la decisión del Gobierno de respaldar el plan
marroquí de autonomía para el Sáhara Occidental, algo que el gobierno argelino ha rechazado frontalmente.
Sin embargo, por solidaridad con nuestros socios europeos y, también, por el impacto que el precio global del gas natural tiene también sobre nuestra economía, el Gobierno ha decidido sumarse a los esfuerzos de reducción del consumo. La
forma que el Gobierno ha decidido para plantear estas medidas extraordinarias vuelve a caracterizarse por la falta de diálogo y de acuerdo, no sólo con el resto de las fuerzas parlamentarias -incluso las que hemos demostrado un gran sentido de
Estado en momentos de crisis, como es el caso de Ciudadanos- sino también con las familias y empresas que se van a ver afectadas por las mismas.
Así pues, el Real Decreto-ley 14/2022, de 1 de agosto, de medidas de sostenibilidad económica en el ámbito del transporte, en materia de becas y ayudas al estudio, así como de medidas de ahorro, eficiencia energética y de reducción de la
dependencia energética del gas, aprobado por el Consejo de Ministros, ha planteado medidas que tienen un impacto directo en la calidad de vida de los españoles y en el desempeño de las actividades económicas de nuestro país. Por ejemplo, entre esas
medidas se incluyen la imposición de nuevos límites máximos y mínimos para la climatización en establecimientos o el apagado de la iluminación de edificios públicos y monumentos. Estas medidas se tomaron, además, en mitad del
verano más caluroso del que se tienen registros, afectando de forma directa a la calidad de vida de los españoles pese a no estar claro cuál es el potencial de ahorro energético que suponían.
Mientras tanto, el Gobierno ha renunciado a tomar medidas de carácter más estructural que sí pueden tener un impacto mucho mayor en el consumo energético y, en particular, en la reducción de la dependencia de los combustibles fósiles. Por
ejemplo, una vez más se ha negado a revisar el calendario de cierre de las centrales nucleares españolas, que actualmente generan en torno al 25 % de nuestro mix energético y que suponen un mejor complemento a la generación renovable que el gas
natural. Una vez más, esta decisión va en contra de la tendencia europea, que ya ha visto como países como Finlandia han abierto incluso nuevas centrales para, precisamente, reducir su dependencia de los combustibles fósiles y, en concreto, del gas
de origen ruso. El ejemplo alemán ha puesto de manifiesto las debilidades de un sistema energético que tiene como tabú la energía nuclear, e incluso en ese país se está teniendo un gran debate público actualmente sobre si convendría alargar la vida
útil de sus centrales nucleares.
Tampoco ha planteado el Gobierno medidas para paliar el impacto que las subidas de precios de la energía o de los combustibles pueden tener sobre la actividad económica, especialmente en el inicio de curso tras la vuelta de vacaciones de
verano, cuando la actividad económica repunte de nuevo y el consumo de energía vuelva a aumentar.
En definitiva, el Gobierno ha decidido imponer a los españoles unas medidas que no son necesarias, al no contar con una dependencia del gas ruso tan marcada como la de nuestros socios europeos; que no son adecuadas, al no ir dirigidas a
abordar los retos reales de nuestro sistema energético ni a aprovechar las potencialidades de nuestro país para el ahorro de energía; y que no han sido acordadas, siendo aprobadas de forma unilateral por el Gobierno de espaldas al parlamento, a las
familias, a los representantes del sector empresarial, a las Comunidades Autónomas y a los municipios. El objetivo de fomentar el ahorro energético para reducir la carga que supone la factura de la luz para hogares y empresas es compartido, y
compartidas y acordadas deberían ser por tanto las medidas que el Gobierno pusiera sobre la mesa. Pese a ello, con esta actitud el Gobierno debilita su propia posición en la Unión Europea, al no acudir con un 'plan país' dialogado y consensuado, y
su posición interna al no contar con el resto de los actores implicados para hacer posible esta gran transformación.
En estas circunstancias, al imperativo moral y democrático que tenemos quienes creemos en la democracia liberal y en los valores fundacionales de la Unión Europea de ir de la mano para dar respuesta a la crisis humanitaria y militar en
Ucrania, como ya ocurre en el Parlamento Europeo, se une la urgencia de millones de españoles a quienes no se le pueden exigir más años de sacrificios sin un plan de choque a corto plazo que alivie el bolsillo de familias, trabajadores y empresas,
sin una senda de reformas estructurales que preparen a nuestro país para el nuevo escenario energético y sin una apuesta decidida por una política energética con carácter de Estado para gestionar el presente y el futuro del país.
Por este motivo, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Acordar con las Cortes Generales, las Comunidades Autónomas y la Federación Española de Municipios y Provincias, con la participación de actores implicados del sector empresarial:
a) Dar más flexibilidad a las empresas a la hora de poder establecer medidas de ahorro energético, aprovechando sus características particulares y evitando imposiciones generales como la limitación de temperaturas.
b) Contemplar la diferenciación de medidas entre las diferentes zonas climáticas de España, asegurando así que cualquier medida que se pone en marcha está adaptada a las características específicas de carácter geográfico y climático del
entorno en el que se aplican.
c) Ampliar la reducción del tipo reducido del 5 % del IVA aplicable al gas hasta el 31 de marzo de 2023, en línea con el horizonte temporal acordado a nivel europeo.
d) Aprobar ayudas específicas para la subvención de la instalación de bombas de calor y la sustitución de calderas de gas por calderas eléctricas en los hogares españoles.
2. Encargar, con carácter de urgencia, un estudio general sobre la prolongación de la vida útil de las centrales nucleares españolas que plantee escenarios para prolongar hasta 2045 el máximo número de
instalaciones en condiciones de seguridad, sostenibilidad y rentabilidad, con medidas que faciliten el flujo de inversiones necesarias para hacer posible este objetivo.
3. Deflactar la tarifa del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), con el fin de ajustar los tramos de la escala de dicho impuesto a la evolución de la inflación y a la capacidad económica real de los contribuyentes, como ya
propuso de forma pionera Ciudadanos en febrero de este año 2022.
4. Impulsar los cambios normativos necesarios para desligar la tarifa regulada (PVPC) de los precios del mercado mayorista diario, ofreciendo una mayor seguridad y estabilidad de precios a los consumidores que tienen contratada esta tarifa.
5. Propiciar los cambios necesarios, atendiendo a las recomendaciones realizadas por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), para mejorar la competencia en el mercado de comercializadoras de electricidad y de
distribución de carburantes en estaciones de servicios, facilitando así la reducción de precios.
6. Alcanzar los acuerdos necesarios para que las familias en situación de vulnerabilidad puedan beneficiarse de los excedentes de energía generada mediante paneles solares en los edificios de la Administración General del Estado.
7. Negociar, en el marco de la Unión Europea, una financiación suficiente y una puesta en marcha inmediata de los trabajos para completar el gasoducto pirenaico Midcat de conexión energética entre España y Francia.
8. Aprobar una regulación que identifique con la suficiente seguridad jurídica los espacios marinos españoles en los que se podrán instalar parques eólicos marinos, dando certidumbre a los inversores del sector.
9. Impulsar el transporte de mercancías por tren con el objetivo de reducir el consumo de combustible en el sector logístico.
10. Acelerar la electrificación del parque móvil para reducir la dependencia de los combustibles fósiles, velando por la asequibilidad de los vehículos eléctricos para las familias españolas.
11. Impulsar un Plan de Aprovechamientos Hidroeléctricos que permita la instalación de nuevos aprovechamientos y la renovación de los existentes allá donde sea posible, de forma que se planifique un sistema de embalses que actúe con una
doble naturaleza, de almacenamiento y de producción de energía, de forma que progresivamente la energía hidroeléctrica pueda actuar como energía de respaldo y reducir nuestra dependencia del gas.
12. Favorecer la hibridación de parques energéticos, de forma que sea más sencillo y atractivo invertir en la construcción de parques de energía eólica combinados con parques de energía solar, permitiendo así un mayor aprovechamiento del
potencial energético del terreno.
13. Simplificar, en colaboración con las Comunidades Autónomas y los municipios, los procedimientos para la solicitud de ayudas y para la aplicación de deducciones fiscales por la instalación de paneles solares en edificios privados y por
la renovación de sistemas de aislamiento para mejorar el aprovechamiento energético de estos edificios.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de agosto de 2022.-María Carmen Martínez Granados, Diputada.-Edmundo Bal Francés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.