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BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 467, de 07/06/2022
cve: BOCG-14-D-467
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BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
XIV LEGISLATURA
Serie D: GENERAL
7 de junio de 2022
Núm. 467
ÍNDICE
Control de la acción del Gobierno
PROPOSICIONES NO DE LEY
Comisión Constitucional
161/004228 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa a una reforma que elimine la referencia a 'nacionalidades y regiones' en la Constitución española en su artículo 2...
Comisión de Asuntos Exteriores
161/004251 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, relativa a la actuación de la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex) ...
Comisión de Hacienda y Función Pública
161/004229 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre medidas en defensa de sectores más afectados por la crisis económica ... (Página7)
161/004230 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a racionalizar el gasto público ... (Página8)
161/004234 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre el mínimo del 15 por ciento del impuesto de sociedades aprobado por el Parlamento Europeo para que Canarias quede exenta dado su régimen económico y fiscal
... (Página9)
161/004252 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre condiciones financieras de los préstamos formalizados con el Fondo de Financiación a Entidades Locales ... (Página10)
Comisión de Interior
161/004231 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, por la que se insta al Gobierno a realizar a la mayor brevedad, las obras de la nueva Comandancia de la Guardia Civil y de la nueva Jefatura de la
Policía Nacional en Ceuta, así como al urgente refuerzo de personal y material de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad destinados en Ceuta ... (Página11)
161/004245 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la adopción de medidas con la finalidad de agilizar el procedimiento de control de pasaportes británicos en los filtros fronterizos de
los aeropuertos de la red de Aena con mayor densidad de tráfico internacional ... (Página14)
161/004246 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a exigir al Ministerio del Interior reforzar la seguridad pública, incrementando los medios materiales y personales de la Guardia Civil
en la Comarca de Campoo ... (Página16)
Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana
161/004242 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre la construcción de un apeadero-intermodal de Guadaíra para permitir el transbordo entre la línea C-4 de Sevilla y la L1 del Metro ...
161/004243 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la necesidad de actuaciones para proteger el trazado ferroviario entre Barcelona y el Maresme ... (Página20)
161/004250 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plural, sobre colocación de pantallas que reduzcan el impacto de la AP7 a su paso por Sagunto ... (Página21)
Comisión de Educación y Formación Profesional
161/004232 Proposición no de Ley presentada por los Grupos Parlamentarios Republicano y Plural, relativa a asegurar la calidad de la educación con presencialidad plena ... (Página22)
161/004235 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre creación de un curso de especialización en hidrógeno verde ... (Página22)
161/004241 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a incrementar los umbrales de renta para la concesión de ayudas de los alumnos con necesidad específica de apoyo educativo ...
Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones
161/004239 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plural, sobre el derecho al acceso y mantenimiento de cuentas de pago básicas para las personas en situación de vulnerabilidad ... (Página26)
Comisión de Industria, Comercio y Turismo
161/004244 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la adopción de medidas con la finalidad de agilizar el procedimiento de control de pasaportes británicos en los filtros fronterizos de
los aeropuertos de la red de Aena con mayor densidad de tráfico internacional ... (Página28)
161/004253 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a impulsar la industria naval nacional y, especialmente, la actividad de los astilleros de la provincia de Cádiz ... (Página30)
161/004257 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre la aprobación de un PERTE para el sector turístico ... (Página34)
161/004258 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre medidas de apoyo al sector del comercio ambulante ... (Página36)
Comisión de Derechos Sociales y Políticas Integrales de la Discapacidad
161/004237 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a implantar una Estrategia Nacional de Prevención de la Ceguera ... (Página38)
161/004249 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre la modificación de los elementos valorativos de la epilepsia para la asignación de discapacidad ... (Página40)
161/004262 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a evaluar la Estrategia Integral Española de Cultura para Todos, e impulsar una nueva para el periodo 2022-2030 ...
Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación
161/004226 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plural, sobre la retirada del Proyecto de Real Decreto por el que se establecen normas para la nutrición sostenible de los suelos agrarios ...
161/004255 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa a garantizar la viabilidad de la ganadería en los territorios con mayor presencia del lobo ibérico ... (Página47)
161/004261 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la ejecución de las infraestructuras hidráulicas necesarias para Andalucía ... (Página48)
161/004263 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre la promoción de los vinos de Andalucía y defensa del vino ... (Página50)
Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico
161/004238 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a facilitar la eliminación por incineración de los residuos vegetales generados en el entorno agrario ...
161/004254 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa a garantizar la viabilidad de la ganadería en los territorios con mayor presencia del lobo ibérico ... (Página53)
Comisión de Cultura y Deporte
161/004236 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la declaración de la jota como Manifestación Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de España y posterior presentación como Patrimonio
Inmaterial de la Humanidad ... (Página55)
Comisión de Política Territorial
161/004233 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, sobre la armonización del empadronamiento ... (Página56)
161/004247 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, sobre la reducción del número de 'asesores' (personal eventual de confianza) que prestan servicio en la Delegación del Gobierno en Andalucía ...
161/004248 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, por la que se insta al Gobierno a seguir favoreciendo el desarrollo del Estado de las Autonomías ... (Página62)
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ESCRITA
Relación de preguntas para respuesta escrita que pasan a tramitarse como preguntas para respuesta oral en Comisión ... (Página64)
CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PROPOSICIONES NO DE LEY
La Mesa de la Cámara ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 194 del Reglamento, las siguientes Proposiciones no de Ley y considerando que solicitan el debate de las iniciativas en Comisión, disponer su conocimiento por las
Comisiones que se indican, dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de mayo de 2022.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
Comisión Constitucional
161/004228
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes, del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para una reforma que elimine la referencia a 'nacionalidades y
regiones' en la Constitución Española en su artículo 2, para su debate en la Comisión Constitucional.
Exposición de motivos
La redacción del artículo segundo de la Constitución fue una solución de compromiso durante un tiempo de la Transición en el cual acechaban fuerzas de la reacción, aquellos que intentaban impedir el progreso democrático y los que esperaban
ver fracasar el proceso constituyente para poder introducir sus reivindicaciones particulares. Entre ellos estaban determinados grupos separatistas, cuyas demandas incluían la de poder fracturar la soberanía nacional en aras de formar sus propios
estados. Afortunadamente no fue el caso, habida cuenta de la solución de compromiso alcanzada, basada en la idea de la autonomía de 'nacionalidades y regiones', finalmente configuradas como Comunidades Autónomas.
Pese a que la redacción del precepto acepta la existencia inequívoca de la nación española, deja la puerta abierta a una torticera interpretación del concepto de nacionalidad, más allá del debido reconocimiento a la diversidad, para
justificar soberanías inexistentes y la ruptura de la unidad de España y el orden constitucional. Una vez constituidas todas las Comunidades Autónomas, no hay necesidad de referirse a ningún supuesto sujeto político que coexista con la nación
española. Por esta razón, todas las Comunidades deberían ser denominadas en la Constitución. Se elimina, de esta forma, un argumento utilizado por los separatistas que, en su locura, han llegado a plantear una suerte de igualación entre
nacionalidad y nación, como si aquella no fuese una creación de ésta, que ya, además, no se necesita. Cumplió su función, es hora de que desaparezcan.
Debe recordarse que se trata de una redacción dada en un momento de gran incertidumbre donde aún no se sabía cómo se articularía la organización territorial del Estado. La Constitución contempla la creación de las Comunidades Autónomas como
algo de carácter dispositivo, de manera que por aquel entonces no se podía saber con seguridad que el mapa autonómico se cerraría abarcando la totalidad del territorio nacional.
Es evidente que este modelo, operativo por entonces, se ha visto desbordado por los acontecimientos y la falta de lealtad de los actores nacionalistas. Numerosos han sido los desafíos al Estado y al principio de la indisoluble unidad de la
nación española. Barreras al estudio en castellano, barreras en materia administrativa, discriminaciones políticas o retos al Gobierno central para intentar realizar secesiones ilegales de parte del territorio español. Ante esta situación no
podemos permitir que se siga abusando de un instrumento ideado para alcanzar el consenso. En su lugar, es necesario redefinirlo y adaptarlo a la situación actual, para vindicar el hecho de que los derechos y libertades de los españoles provienen de
la
misma idea de unidad de la nación. España es la garantía de la continuidad de esos derechos, la garantía del mantenimiento de una democracia liberal, frente a los intentos por imponer concepciones populistas o caudillistas, sin los
adecuados frenos y contrapesos.
En definitiva, unos términos, inicialmente inocuos, que cumplían una misión en un momento fundacional, pero que ya no se necesitan, e, incluso, como se está comprobando, se están utilizando de forma desleal e ilegítima para justificar una
desigualdad en los derechos de los ciudadanos españoles de los distintos territorios, así como hacer de menos unas Comunidades Autónomas frente a otras. Es por ello por lo que proponemos eliminar las desafortunadas expresiones, que no se
corresponden con la realidad nacional y territorial española, de forma que quede claro, no haya duda alguna, de que el único sujeto político que sirve de soporte a nuestro Estado democrático de Derecho, organizado territorialmente en Comunidades
Autónomas, es la nación española, patria común e indivisible de todos los españoles.
Las reformas constitucionales no deben ser un elemento extraño en nuestra vida política; el ejemplo está a la vuelta de la esquina: países como Portugal, Alemania o Francia han reformado sus constituciones con el fin de insuflarles aire
fresco, y adaptarla a la realidad de las circunstancias actuales. Es lo que deberíamos hacer con nuestra Carta Magna. Hay reformas pendientes, tal y como Cs lleva tiempo defendiendo, para adaptarla a los nuevos tiempos y blindar sus valores y
principios fundacionales. Una de esas reformas, que no la única, es esta que hoy registramos.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que presente un proyecto de reforma de la Constitución, conforme a sus artículos 166 y 87, que atienda, en particular, a los siguientes principios:
1. Eliminación de la distinción entre 'nacionalidades y regiones' del artículo segundo de la Constitución Española, que ha dado pie a considerar que hay territorios de primera y de segunda en nuestro país.
2. Cambiar su redacción por otra que blinde la igualdad entre españoles, con el siguiente tenor:
'La Constitución garantiza la indisoluble unidad de la Nación española, nación de ciudadanos libres e iguales, patria común e indivisible de todos los españoles integrada por 17 Comunidades Autónomas y dos ciudades autónomas, y garantiza,
igualmente, la solidaridad entre todas ellas'.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de mayo de 2022.-Inés Arrimadas García y Edmundo Bal Francés, Portavoces del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Comisión de Asuntos Exteriores
161/004251
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la actuación de la
Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex), para su debate en la Comisión de Asuntos Exteriores.
Exposición de motivos
Frontex, la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas, se creó en 2004 para ayudar a los Estados miembros de la Unión Europea (UE) y a los países asociados a Schengen a proteger las fronteras exteriores del espacio de libre
circulación de la UE. Como agencia de la UE, Frontex está financiada con los presupuestos de la UE y con las contribuciones de los países asociados a Schengen.
El pasado 28 de abril, Fabrice Leggeri dimitió de su cargo como director de Frontex. Esta dimisión se produce tras una 'gestión repleta de escándalos por el rol de la agencia en actividades ilegales y violaciones de derechos humanos', según
afirmaron fuentes de la Fundación PorCausa. Dos días antes de su dimisión varios medios de comunicación -Lighthouse Reports, Der Spiegel, 'Rundschau' de SRF, Republik y Le Monde- publicaron una investigación conjunta en la que mostraban que la
agencia de fronteras europea
había participado, junto a las autoridades griegas, en devoluciones en caliente ilegales de al menos 957 personas solicitantes de asilo en el mar Egeo entre marzo de 2020 y septiembre de 2021.
Las cerca de mil deportaciones ilegales de las que trata la investigación tuvieron lugar en una única operación, Poseidón, llevada a cabo a lo largo de las fronteras marítimas de Grecia con Turquía, con intervenciones monitoreadas por
Frontex. Entre marzo de 2020 y septiembre de 2021, esta operación supuso 222 incidentes, todos presentados como 'advertencias de salida' en el mar Egeo; es decir, casos de barcos de migrantes interceptados o desviados antes de llegar a aguas
griegas.
Ya en diciembre de 2021, Joñas Grimheden -director de Derechos Fundamentales de la agencia- afirmó que el organismo supervisado por él podría estar implicado, por omisión pasiva, en vulneraciones de derechos humanos en distintas fronteras de
países europeos, y en concreto en casos de devolución en caliente de solicitantes de asilo en las fronteras de Lituania y Grecia.
En enero de 2021, la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) -encargada de investigar el fraude al presupuesto de la UE, la corrupción y las faltas graves en las instituciones europeas- confirmó que investiga las denuncias sobre las
devoluciones en caliente de la agencia Frontex. Ylva Johansson, comisaria europea de Interior, responsable política de Frontex, contaba desde diciembre de 2020 con los dos volúmenes de un 'libro negro' que recoge más de 20.000 casos de devoluciones
en caliente, abusos en la frontera y criminalización de ONG solo en la llamada 'ruta de los Balcanes'.
En marzo, la Unión Europea acordó con Moldavia el envío de agentes de Frontex a la frontera de este país con Ucrania, con el objetivo de dar apoyo en el control de la llegada de los refugiados que huyen del conflicto con Rusia y garantizar
la vigilancia de una zona que linda con un territorio en guerra. La comisaria de Interior, Ylva Johansson, ya adelantó la víspera en una comparecencia europarlamentaria que sus servicios habían negociado 'en solo una semana' las disposiciones de un
tipo de acuerdo que generalmente lleva a la UE unos seis meses cerrar con países terceros.
Además, entre otras medidas, el 4 de marzo de 2022, el Consejo de la Unión Europea, en su formación de Justicia y Asuntos de Interior (JAI), aprobó la Decisión de Ejecución (UE) 2022/382 del Consejo, de 4 de marzo de 2022, por la que se
constata la existencia de una afluencia masiva de personas desplazadas procedentes de Ucrania en el sentido del artículo 5 de la Directiva 2001/55/CE del Consejo, de 20 de julio de 2001 (relativa a las normas mínimas para la concesión de protección
temporal en caso de afluencia masiva de personas desplazadas y a medidas de fomento de un esfuerzo equitativo entre los Estados miembros para acoger a dichas personas y asumir las consecuencias de su acogida) y con el efecto de que se inicie la
protección temporal.
España participa también en esta reacción, habiendo expresado el Gobierno mediante una declaración institucional 'su compromiso decidido e inquebrantable de apoyar al pueblo ucraniano y de velar por su bienestar y atender sus necesidades' y
ampliando la protección temporal otorgada en virtud de la Decisión de Ejecución (UE) 2022/382, por Acuerdo del Consejo de Ministros de 8 de marzo de 2022.
El trato que se ha dado a los refugiados ucranianos en los últimos meses, así como la eficacia y rapidez en la resolución de sus solicitudes de asilo, supone la constatación de que otra política europea de asilo es posible. Se hace
necesario que estos mismos principios -los aplicados a la gestión de solicitudes de asilo de aquellas personas que han tenido que huir de Ucrania- guíen la política migratoria de la UE de manera que se haga extensiva a todos los casos de conflicto
en nuestra vecindad.
Por todo lo expuesto, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Promover, en el seno de la Unión Europea y en coordinación con nuestros socios europeos, una política europea de asilo que tenga como base la eficacia y la rapidez de actuación se ha tenido en el caso de los refugiados de Ucrania.
2. Promover, en el seno de la Unión Europea y en coordinación con nuestros socios europeos, una reformulación de las funciones de Frontex con el fin de priorizar las de búsqueda y salvamento de personas migrantes en el mar y evitar
cualquier vulneración de la legalidad internacional y de los derechos humanos.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de mayo de 2022.-Miguel Ángel Bustamante Martín, Lucía Muñoz Dalda y Gerardo Pisarello Prados, Diputados.-Antonio Gómez-Reino Varela, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En
Comú Podem-Galicia en Común.
Comisión de Hacienda y Función Pública
161/004229
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley de medidas en defensa de sectores
más afectados por la crisis económica, para su debate en la Comisión de Hacienda y Función Pública.
Exposición de motivos
España ha sido el país que más cayó en 2020 y va a ser el país que más va a tardar en recuperar los niveles de PIB previos a la pandemia, lo que se estima que no sucederá hasta finales de 2023.
El fracaso de muchas de las medidas aprobadas por el Gobierno, a veces por su propio diseño al exigir una burocracia y unos requisitos imposibles de cumplir, unido a una subida de impuestos generalizada que reduce la competitividad de
nuestras empresas, ha provocado una recuperación asimétrica entre sectores, alguno de los cuales han llegado en una situación de extrema vulnerabilidad a la crisis por la invasión de Ucrania.
Así, el Fondo de Rescate de SEPI ha cubierto sólo el 21 % de su importe, el Fondo de recapitalización de empresas de COFIDES el 33 %, la línea ICO inversión el 30 % y de los 7.000 millones de euros de ayudas directas a autónomos se han
devuelto 1.780 millones de euros a pesar de las enormes dificultades que atraviesa este colectivo, especialmente en sectores relacionados con el ocio y el turismo.
El último ejemplo de incompetencia del gobierno lo hemos vivido con la medida estrella del RDL 6/2022 Plan Nacional de Respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania, la bonificación de 20 céntimos a los
combustibles que, al tener que anticiparlo las propias gasolineras, ha provocado el cierre de 350 de las 11.000 que hay operativas en nuestro país. Casi la mitad de ellas no ha recibido aún el pago de los importes anticipados y está en dificultades
económicas.
Llueve sobre mojado y nuestro tejido productivo ha quedado muy dañado. Según el Banco de España, a finales de 2021 teníamos un 18 % de empresas vulnerables, y esta situación se ha agravado en el primer trimestre de 2022 con el aumento de
costes empresariales, de las materias primas y de los costes laborales que ha frenado la actividad empresarial y la creación de empleo.
Como recogen los registros de la Seguridad Social, en marzo de 2022 tenemos 61.000 empresas menos que antes de la crisis, pero el riesgo es que -si no se toman medidas eficaces- se puedan perder muchas más, especialmente ahora que ha acabado
la moratoria de los créditos ICO de liquidez y está próxima a finalizar la moratoria concursal, lo que sucederá en junio de este año.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
- Analizar la aprobación de la reducción de los índices y módulos del régimen de estimación objetiva en IRPF y simplificado en IVA y de régimen especial de recargo de equivalencia de aquellos sectores más afectados por el encarecimiento de
los costes, entre otros: transporte, industria, agricultura, ganadería, y en general todas las actividades afectadas por el crecimiento de los costes energéticos.
- Introducir un nuevo supuesto de libertad de amortización en el artículo 12.3 LIS para inversiones con elevada mejora de la eficiencia energética, cuando se cumplan los requisitos que se establezcan reglamentariamente.
- Aprobar un nuevo plan de ayudas directas a autónomos y pymes, aplicando sistemas mucho más simplificados, mediante la sustitución del mecanismo de las ayudas y las subvenciones por incentivos fiscales e impuestos negativos y créditos
fiscales monetizables, que permitan un efecto inmediato y que se encuentren bajo el paraguas de los hitos y objetivos del MRR.
- Reutilizar los fondos que quedaron sin aplicar del Real Decreto Ley 5/2021 de solvencia empresarial, rediseñándolos para que llegue realmente a nuestro tejido productivo.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de mayo de 2022.-Carolina España Reina, Javier Bas Corugeira, Eloy Suárez Lamata y Mario Garcés Sanagustín, Diputados.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.
161/004230
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para racionalizar el gasto público,
para su debate en la Comisión de Hacienda y Función Pública.
Exposición de motivos
Las finanzas públicas en España se encontraban muy deterioradas a consecuencia de las políticas económicas desarrolladas desde julio de 2018, agravándose su vulnerabilidad con la llegada de la COVID-19 y la reciente invasión rusa de Ucrania,
evidenciando la falta de capacidad del Gobierno para responder a las circunstancias que condicionan nuestro desarrollo económico.
La deuda pública española se encuentra próxima al 120 % del PIB, con un volumen récord de 1,44 billones, 276.000 millones más que en 2018 y un déficit público previsto para 2022 del -5 %, en un contexto de revisiones a la baja en las
previsiones de crecimiento para España, tal y como acaba de ratificar la Comisión Europea, reduciendo en 1,6 puntos hasta el 4 % nuestra previsión de crecimiento para 2022, elevando al mismo tiempo, la previsión de inflación hasta el 6,3 %. Por
tanto, España no recuperará los niveles previos a la pandemia hasta mitad de 2023 en el mejor de los casos y lo hará con un deterioro de sus cuentas públicas y sin un plan de consolidación fiscal creíble a medio plazo que han reclamado instituciones
y organismos independientes como Airef o Banco de España.
Además, el BCE ya ha anunciado la reducción de su programa de compras que finalizará en junio y una posible subida de tipos de interés para la segunda mitad de 2022, lo que elevará la presión sobre la sostenibilidad de nuestras cuentas
públicas por un incremento en los costes financieros de las emisiones del Tesoro.
En los Presupuestos Generales del Estado para 2022 se contemplaba un techo de gasto público máximo de 196.142 millones de euros, nivel récord. El éxito de la gestión pública no se basa en alcanzar niveles de gasto cada vez superiores,
especialmente en coyunturas macroeconómicas complejas y llenas de incertidumbre, sino en la eficacia y eficiencia en la gestión de los recursos.
Es ahí, aplicando los recursos en las actividades óptimas para cumplir los objetivos de las políticas públicas y en la maximización de la utilidad de unos recursos finitos para lograr la calidad pretendida en la prestación de bienes y
servicios del estado, donde los gobiernos demuestran su altura.
No se trata de gastar más, sino de gastar mejor. Un gasto público mayor no garantiza un mejor resultado. Ni más ministerios deviene en mejor gestión, en todo caso, sí que tiene como consecuencia un incremento de centros de gasto.
Por tanto, la racionalización del gasto público es la vía más adecuada para liberar recursos, destinarlos a las actividades más productivas y con mayor efecto multiplicador sobre la economía española, en lugar de cubrir las ineficiencias en
el gasto público con nuevos incrementos en los impuestos.
En un reciente estudio, el Instituto de Estudios Económicos presentaba su índice de Eficiencia del Gasto Público, comparando la situación de España con respecto a otros países. España obtiene la posición 29 con 74,4 puntos en 2021,
perdiendo 10 puntos con respecto a los 84,6 puntos de 2019 y encontrándose por debajo de la media de la UE con 98,6 puntos y lejos de la media 100 de la OCDE. Es decir, hemos perdido eficiencia en la gestión del gasto público y nos hemos alejado de
nuestros socios europeos en los últimos años.
Actuar sobre el gasto público superfluo trasciende las cuestiones económico-financieras y supone actuar en el plano de la justicia social. España es uno de los países de la UE con mayor esfuerzo fiscal y donde las clases medias y
trabajadoras están sufriendo especialmente las consecuencias de la inflación
mientras la recaudación del primer trimestre de 2022 supera en 9.000 millones al mismo periodo de 2021. Es de justicia exigir que la recaudación que generan los ciudadanos pagando sus impuestos se gestionen de la manera más eficiente
posible.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
- Potenciar la AIREF como órgano de evaluación del gasto público, dotando a la recién creada División de evaluación del gasto público de recursos suficientes para que pueda desarrollar su trabajo, y que este se realice en colaboración con
las CC.AA.
- Presentar una estrategia creíble de consolidación fiscal acorde con las orientaciones presupuestarias que determine la UE sobre los Pactos de Estabilidad y Crecimiento detallando con qué medidas y a qué ritmo va a cumplir estos objetivos,
en coordinación con el resto de las administraciones públicas.
- Reducir los Ministerios, altos cargos y asesores, abordando una nueva configuración en la estructura del Gobierno, pasando de los 22 ministerios actuales a una nueva estructura orgánica similar a la de 2018.
- Diseñar un Plan Nacional para la mejora de la efectividad y calidad del gasto público que permita establecer medidas para la modernización y reforma de todas las Administraciones Públicas, estatal, autonómicas y corporaciones locales.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de mayo de 2022.-Carolina España Reina, Javier Bas Corugeira, Eloy Suárez Lamata y Mario Garcés Sanagustín, Diputados.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.
161/004234
A la Mesa de la Comisión de Hacienda
Ana María Oramas González-Moro, Diputada de Coalición Canaria, integrada en el Grupo Parlamentario Mixto, de conformidad con lo previsto en el Reglamento del Congreso de los Diputados presenta, para su debate en Comisión, la siguiente
Proposición no de Ley sobre el mínimo del 15 por ciento del impuesto de sociedades aprobado por el Parlamento Europeo para que Canarias quede exenta dado su régimen económico y fiscal.
Exposición de motivos
El pleno del Parlamento Europeo respaldó el pasado 19 de mayo la propuesta de la Comisión para convertir en ley el acuerdo internacional que fija un tipo mínimo del 15 % en el impuesto sobre sociedades para las grandes multinacionales que
facturen más de 750 millones de euros y emplazó a los Gobiernos para que comience a aplicarse el 31 de diciembre de 2022 como tarde.
Los eurodiputados respaldaron con 503 votos a favor, 46 votos en contra y 48 abstenciones este proyecto legislativo, aunque la resolución no es vinculante porque, al tratarse de una propuesta sobre fiscalidad, son los Estados miembros los
que deben aprobarla por unanimidad.
Canarias tiene una fiscalidad diferenciada que se recoge en su Régimen Económico y Fiscal y obtiene su blindaje en el Estatuto de Autonomía de Canarias y en la Constitución, así como en el artículo 349 del Tratado de Funcionamiento de la UE
y que se caracteriza por tener un diferencial fiscal que permite un trato diferenciado y singular dentro de la Unión Europea.
Tal y como hemos conocido primero por los medios de comunicación y confirmado por el Gobierno de Canarias, el Gobierno de España no defendió ni remitió ningún documento reclamando la exceptuación de Canarias. Así lo confirmaba el director
general de Fiscalidad de la Comisión Europea que aseguraba que ningún país planteó en el momento oportuno excepciones a la propuesta de Directiva.
Nuestra singularidad, consagrada en el Tratado de Funcionamiento de la UE y ratificada por la jurisprudencia de la Unión, junto con la renovada Estrategia RUP, ha de ser el marco en el que se defienda la
exención de Canarias del tipo mínimo del Impuesto de Sociedades, aun estando de acuerdo con la Directiva que impulsa la Comisión para que las grandes corporaciones no eludan sus obligaciones tributarias.
El mantenimiento de ese diferencial en el Impuesto de Sociedades es importante para Canarias, no en términos cuantitativos, pues el número de empresas afectadas por la medida sería escaso, sino por la preservación de su fuero económico y
fiscal. Se trata básicamente de que no se siente un precedente en la parte constitutiva de nuestras singularidades, estos incentivos están pensados para captar algo de capitalización empresarial, generar empleo y contribuir a la diversificación de
la economía para una Región Ultraperiférica que tiene dificultades y hándicaps añadidos para su desarrollo en el marco de la cohesión europea.
Sin embargo el impacto de la medida podría ser mucho mayor de aplicarse a las filiales establecidas en Canarias y en la Zona Especial Canaria que verían comprometidos las deducciones, reducciones y otras ventajas fiscales previstas en el
Régimen Económico y Fiscal y que permite que Canarias tenga un especial atractivo para el establecimiento de empresas, la diversificación de su economía y la creación de empleo de calidad.
Por todo lo expuesto, se formula la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a:
1. Respaldar inequívocamente que Canarias quede exenta de la aplicación del 15 % de mínimo de tributación del impuesto de sociedades a las multinacionales aprobado el pasado 19 de mayo.
2. Instar a la Eurocámara la introducción de una cláusula que permita la exceptuación de Canarias de la aplicación del 15 % del Impuesto de Sociedades dentro del análisis del impacto de esta legislación en los países en desarrollo y en
concreto de Canarias y su singularidad fiscal.
3. Que las filiales de las multinacionales establecidas en Canarias y con domicilio fiscal en Canarias queden exentas del tipo impositivo mínimo de forma que se sigan aplicando las distintas rebajas fiscales previstas en el Régimen
Económico y Fiscal de Canarias.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de mayo de 2022.-Ana María Oramas González-Moro, Diputada.-Sergio Sayas López, Portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Mixto.
161/004252
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre condiciones financieras de los préstamos formalizados con el Fondo de
Financiación a Entidades Locales, para su debate en la Comisión de Hacienda.
Exposición de motivos
La crisis financiera de 2008 supuso entre otros efectos un incremento en concepto de pagos pendientes, derivada de la fuerte caída de ingresos fiscales fruto de aquella recesión. Ante tal situación, el gobierno del PP optó entonces, a
partir de 2012, por cancelar las obligaciones pendientes de pago de Comunidades Autónomas y Entidades Locales, pero sustituyendo su deuda comercial por endeudamiento de la Administración central, triplicándose con ello la deuda de las entidades
territoriales con el Estado en apenas un año, entre 2012-2013.
En el caso de las Entidades Locales se aprobó el Real Decreto-ley 4/2012, de 24 de febrero, por el que se determinan obligaciones de información y procedimientos necesarios para establecer un mecanismo de financiación para el pago a los
proveedores de las entidades locales. Un plan que luego se extendería a las Comunidades Autónomas y financiado vía crédito sindicado suscrito por el Fondo para la Financiación de Pago a Proveedores (FFPP), creado por el Gobierno y veintiséis
entidades financieras. Este mecanismo para el pago a proveedores tuvo dos fases más, abonando hasta 2014 un total de 11,6 miles de millones de euros a las Entidades Locales y 30,2 miles de millones de euros a las Comunidades Autónomas. Estas
últimas vieron complementada su financiación de emergencia con el llamado Fondo de
Liquidez Autonómica (FLA). Un instrumento, el FLA, que terminó por dedicar más de una cuarta parte de sus recursos a pagar facturas pendientes a proveedores, en particular de contratos de obras, suministros y servicios, y de conciertos
sanitarios y farmacias, según estimaciones del Banco de España Una financiación a su vez sujeta a una dura condicionalidad en forma de ajustes fiscales.
La respuesta del actual Gobierno de coalición frente a la crisis derivada por la COVID-19 ha sido bien diferente, aportando la Administración central los recursos necesarios a Comunidades Autónomas y Entidades Locales vía transferencias y no
mediante créditos. Y sin contrapartidas en forma de duros planes de ajuste, garantizando la prestación de servicios públicos. Gracias a ello, las Comunidades Autónomas cerraron 2021 con un saldo presupuestario equilibrado entre ingresos y gastos,
mientras que las Entidades Locales presentaron en su conjunto un ligero superávit del 0,3 % del PIB.
El Gobierno ha arbitrado medidas pertinentes para evitar que las circunstancias excepcionales implicarán un deterioro de la atención a la ciudadanía o un empeoramiento en los plazos de pago de las Administraciones Públicas, que se han ido
reduciendo hasta alcanzar mínimos al final del año 2021.
Se implementaron medidas antes de la pandemia por el gobierno socialista durante la XIII Legislatura, en marzo de 2019. Se modificaron las condiciones financieras, los períodos de amortización, de carencia y el tipo de interés de los
préstamos formalizados por municipios en riesgo financiero con el Fondo de Financiación de Entidades Locales. Estas medidas permitían la sustitución de retenciones en la participación en los tributos del Estado por préstamos, además, de la
agrupación de préstamos para facilitar la liquidez de las EELL.
Por su parte, la Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2021 posibilitó a las Entidades Locales incluir las deudas con la Agencia Tributaria y la Seguridad Social y ampliar el periodo de amortización por 5, 7 o 10 años de los préstamos
suscritos con el FFPP, mejorando con ello su liquidez y situación financiera, en especial de las entidades con una situación tesorería más delicada. Asimismo, en la Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2022 se ha regulado un procedimiento de
pago a proveedores con cargo al Fondo de Financiación de Entidades Locales para aquéllas con un período medio de pago global a proveedores superior a 30 días, para cancelar las facturas pendientes más antiguas.
Con todo ello, un grupo limitado de Entidades Locales enfrenta aún dificultades con relación a su liquidez disponible y obligaciones pendientes a corto plazo, por lo que un período de carencia en la amortización de los créditos para el pago
a proveedores podría ser en estos casos necesario.
Por todo ello el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a promover modificaciones en las condiciones financieras de los préstamos formalizados con el Fondo de Financiación a Entidades Locales por Entidades Locales que deban asumir una elevada carga
financiera en los próximos meses para el pago de las amortizaciones de los mismos.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de mayo de 2022.-Patricia Blanquer Alcaraz, José Luis Ramos Rodríguez, María Dolores Narváez Bandera, José Luis Aceves Galindo, Montserrat Mínguez García, Juan Cuatrecasas Asua, Odón Elorza González,
Valentín García Gómez, Antonio Hurtado Zurera, Juan Bernardo Fuentes Curbelo, José Losada Fernández, Gema López Somoza y María Luisa Vilches Ruiz, Diputados.-José Zaragoza Alonso y Rafaela Crespín Rubio, Portavoces del Grupo Parlamentario
Socialista.
Comisión de Interior
161/004231
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley por la que se insta al Gobierno a
realizar a la mayor brevedad las obras de la nueva Comandancia de la Guardia Civil y
de la nueva Jefatura de la Policía Nacional en Ceuta, así como al urgente refuerzo de personal y material de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad destinados en Ceuta, para su debate en la Comisión de Interior.
Exposición de motivos
En España, la Ciudad Autónoma de Ceuta muestra caracteres específicos, por su particular ubicación geográfica con en el continente africano y su peculiar situación respecto al Sistema Schengen del que España es parte, siendo Ceuta una de las
fronteras terrestres más importante de la Unión Europea.
La seguridad de esta frontera es una inmensa responsabilidad para el Gobierno de España; una obligación ineludible, con los ceutíes, con el conjunto de los españoles y con los ciudadanos de la Unión Europea.
Hemos visto en los últimos años como las fronteras son especialmente vulnerables a la acción de los traficantes de seres humanos, que se lucran de la desesperación de miles de personas y organizan asaltos violentos a los perímetros
fronterizos, sin importarles la vida de los inmigrantes ni la de quienes tienen encomendada la custodia de esas fronteras.
Por eso, la protección requiere políticas eficaces, que combinen la firmeza frente a los asaltos violentos y el trato humanitario hacia el fenómeno de la inmigración a gran escala.
Es ejemplar el trabajo que realizan las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que custodian diariamente las vallas y se enfrentan con gran profesionalidad y humanidad, a los problemas que provoca la gestión de las fronteras en Ceuta,
llevándolo a cabo, en ocasiones, con escasos medios personales y materiales.
Es imprescindible mejorar sus condiciones de trabajo, debemos asegurar la integridad personal de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que realizan su actuación en un lugar tan complicado como este, en ocasiones con
riesgo propio de su integridad, especialmente cuando se producen avalanchas sorpresivas en la frontera o ataques en la aduana.
Pero para ello se requiere el incremento de los recursos dedicados a inteligencia y de los medios humanos, tecnológicos y materiales, en cuantía suficiente para llevarla a cabo con garantías. Una frontera segura, moderna y fluida. Ese es
el objetivo que se debe perseguir y por lo que exigen más funcionarios y mejores medios.
El 'Boletín Oficial del Estado' publicó el pasado sábado 14 de mayo la reapertura de las fronteras terrestres de Ceuta y Melilla con Marruecos durante la medianoche del martes 17. De este modo, vuelven a estar gradualmente operativas
después de dos años y dos meses cerradas. Entendemos que esta medida repercutirá positivamente a nivel social y económico en ambas Ciudades, pero el Ministerio del Interior debe de dar unas garantías necesarias para los Guardias Civiles y Policías
Nacionales que prestan servicio tanto en Ceuta como en Melilla.
En el caso de Ceuta se hace urgente la necesidad de aumentar el número de agentes en los perímetros fronterizos, dotar de medios para el control de la inmigración irregular y ampliar, tal y como se comprometió y no ejecutó, los espigones de
Benzú y del Tarajal.
Es necesario que el Ministerio del Interior refuerce la plantilla de agentes y que también haya una dotación suficiente de recursos materiales. Para afrontar el día a día, la inestabilidad migratoria de Ceuta y las crisis gubernamentales
con Marruecos debe haber un mayor despliegue de efectivos. Recordemos que justo hace un año el Ejército tuvo que trabajar por frenar la avalancha de personas magrebíes que intentaban cruzar ilegalmente la frontera a través de Ceuta. La escasez de
agentes no ayudó y no pudieron contener a los migrantes ante la pasividad de las fuerzas marroquíes.
Se hace urgente el aumento de la dotación de medios materiales y personales para que los guardias civiles y policías nacionales no tengan que poner en riesgo su integridad física a la hora de realizar una contención en la frontera,
actualmente los catálogos tanto de policía como de guardia civil se encuentran obsoletos además de incompletos, no cubriéndose ni tan siquiera el catálogo actual, así de la Guardia Civil de 626 activos solo se encuentran realmente ocupados 582 y en
la Policía Nacional de 573 puestos en catálogo solo están ocupados 503.
Pero no solo incidimos en la necesidad de aumentar el número de efectivos en la frontera, sino que demandamos una inversión en medios técnicos modernos, eficaces y humanitarios. En cada crisis migratoria no puede quedar en riesgo la vida de
los migrantes y de los agentes. Además, la Administración tiene que dotar a las instalaciones fronterizas de cámaras de infrarrojos, medidas disuasorias y se tiene que proceder a la reapertura de instalaciones oficiales, como puede ser la de Fuerte
del Príncipe.
En la actualidad no hay personal para atender la vigilancia de la valla, el control de los pasos fronterizos por tierra y la llegada de viajeros al puerto a través de los ferris.
En las actuales circunstancias y con las cifras de las que disponemos el control perimetral de la frontera con Marruecos en Ceuta estaría vigilada por un guardia civil cada 10 metros a lo largo de los 6,3 kilómetros que separan en esta
ciudad ambos países, pero no hay agentes destinados en el control del mismo, sino que de ocurrir algún salto se envía a las unidades de seguridad ciudadana ya de por sí escasas, de ahí la necesidad de que se incrementen las plantillas y exista una
Unidad de Seguridad Ciudadana con base en Ceuta para evitar que tengan que desplazarse desde otras bases.
El refuerzo y la modernización del Paso de El Tarajal es más que necesario dada la afluencia de gente que se espera. En la etapa anterior a la pandemia provocada por el coronavirus, cruzaban del orden de 20.000 personas diarias y unos 3.000
vehículos. Para el control del paso fronterizo ante este número abrumador de personas hay del orden de 2 a 4 guardias civiles y en torno de 15 a 20 integrantes del Cuerpo Nacional de Policía.
Al igual, que se hacen necesarios los refuerzos en el puerto, en la Estación Marítima de donde salen los ferris hacia la Península se cuenta en la actualidad con 1 o 2 guardias civiles por turno y de 2 a 3 policías nacionales, además de 1 a
2 guardias civiles especialistas mecánicos encargados de buscar zulos e infraestructuras ocultas en los vehículos, así como de 1 a 2 guías de perros, una dotación claramente insuficiente.
Por otra parte, los sindicatos policiales llevan años reivindicando una Jefatura de Policía nueva en Ceuta, debido al estado lamentable que se encuentra la actual, donde agentes de las distintas Brigadas de Policía Judicial, Extranjería,
Científica, además de Oficina de denuncia, expedición de documentación (DNI y pasaporte), seguridad y calabozos, desempeñan su labor encomendada en espacios reducidos, sin los medios necesarios y parcheando las instalaciones con intención de
subsanar la problemática de espacio mencionada, lo cual no se logra. Además, no disponen de un parking subterráneo donde tener los vehículos camuflados, los vehículos intervenidos quedan expuestos a toda persona que pase por la calle, añadiéndole
la problemática de escasez de aparcamientos para los propios vehículos policiales, todo ello hace necesario y urgente la inmediata construcción de unas dependencias policiales que subsanen de una vez por todas las carencias que sufren cada día.
El Catálogo de Puestos de Trabajo de la Policía Nacional se encuentra desfasado desde hace años en la plantilla de la Jefatura Superior de Policía de Ceuta, debido a contar con agentes que ocupan plazas en el mencionado catálogo pero prestan
servicio en otras plantillas, la falta de personal con la apertura de la Frontera del Tarajal, que está suplida por agentes de la Brigada de Respuesta a la Inmigración Clandestina y de la Unidad de Intervención Policial, se hace necesario y urgente
más Policías formados en documentación y frontera, que pertenezcan de forma permanente a la plantilla de Ceuta, refuerzos en la Brigada de Seguridad Ciudadana, en Policía Judicial e Información.
Por otra parte, en la actualidad siguen sin comenzar las obras de la nueva Comandancia de la Guardia Civil en Ceuta. El Ministerio de Vivienda aprobó hace ya más de diez años, en febrero de 2010, una modificación del Plan General de
Ordenación Urbana (PGOU) de Ceuta (el Pleno de la Asamblea ya había hecho sus deberes en 2019) con el fin de 'permitir la construcción de una nueva Comandancia de la Guardia Civil' y de 'varios edificios residenciales destinados a vivienda
permanente o temporal de guardias civiles que estén destinados habitualmente en la ciudad, así como de aquellos otros que deban trasladarse a la misma a consecuencia de situaciones especiales de seguridad u otras'.
Aunque nunca se ha ejecutado, ya entonces se consideraba que 'el complejo previsto reviste un gran interés estratégico, tanto para el Instituto armado, como para la Ciudad Autónoma'.
La superficie en planta del complejo a levantar se cuantificó en unos 7.600 metros cuadrados, quedando calificado el resto de la parcela (de superficie 9.275,20 metros cuadrados), como Sistema General de Espacios Libres 'AA Ámbito
Ajardinado.
En conclusión, es clara la desproporción existente entre la misión de controlar los puestos fronterizos que tienen asignados las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y los medios tanto personales como materiales para conseguirlo.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Que se inicien a la mayor brevedad posible las obras de la nueva Comandancia de la Guardia Civil en Ceuta.
2. Que se inicien a la mayor brevedad posible las obras para la nueva Jefatura de Policía Nacional en Ceuta.
3. Que, ante la apertura de la frontera de Ceuta con Marruecos, se dote urgentemente de más medios personales y materiales a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado destinados en Ceuta.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de mayo de 2022.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/004245
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la adopción de medidas con
la finalidad de agilizar el procedimiento de control de pasaportes británicos en los filtros fronterizos de los aeropuertos de la red de Aena con mayor densidad de tráfico internacional para su debate en la Comisión de Interior.
Exposición de motivos
Desde el pasado año en que comenzase a normalizarse la actividad turística y a reanudarse de manera progresiva el funcionamiento del tráfico aéreo en nuestro país, se ha venido detectando y alertando por parte de distintos eslabones de la
cadena de valor turística española como son la inmensa mayoría de aerolíneas que operan en la red de aeropuertos españolas, agrupadas en torno a la Asociación de Líneas Aéreas (ALA), efectivos policiales, viajeros damnificados, etc., sobre la
existencia de serios e importantes problemas de saturación en los controles de pasaportes focalizados en aquellos aeropuertos de mayor tráfico internacional, originado fundamentalmente por la ausencia de un suficiente número de efectivos policiales
en dichos controles.
Fruto de ello, allá por el mes de octubre de 2021 con bastante antelación al inicio de la campaña de Navidad, la propia ALA remitía sin éxito alguno al Ministerio del Interior una comunicación solicitando que se reforzase la dotación
policial en estas zonas aeroportuarias. En paralelo y en la misma dirección, cabe recordar que también de manera infructuosa el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso viene interesándose por este particular y planteando de manera reiterada al
Gobierno diversas iniciativas con el único objetivo de darle solución y satisfacer la cuestión suscitada. En particular, en diciembre pasado el GPP presentaba una Proposición no de Ley para que el Gobierno incrementase con carácter de urgencia los
efectivos de Policía Nacional en los puestos fronterizos de aquellos aeropuertos y puertos con mayor densidad para agilizar el control de pasaportes. Igualmente, por enésima vez el pasado mes de marzo ALA instaba al Gobierno a actuar en este
sentido antes del arranque de la primera cita importante del año turístico, la Semana Santa. A pesar de ello, sólo en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas de manera acreditada hasta 3.000 personas perdieron su conexión durante la pasada
Semana Santa debido a las largas colas y esperas producidas en los filtros fronterizos. Por esta razón, ALA, asociación de referencia que aglutina el 85 % del tráfico aéreo en España, sigue demandando e insistiendo en la necesidad de llevar a la
práctica un refuerzo urgente y especial de las dotaciones policiales en las instalaciones aeroportuarias para evitar lastres este verano.
En medio de este escenario de infradotación de medios y colapso aeroportuario subsiguiente, resulta necesario traer a colación que tras la finalización del periodo transitorio en virtud del cual el Reino Unido dejó de formar parte de la
Unión Europea pasando a ser considerado como tercer país, resultan aplicables controles fronterizos como requisito a nacionales británicos cuando viajan a otros países de la Unión Europea o del espacio Schengen, como es España. No obstante, a día
de hoy es imprescindible recordar aquí la importancia histórica, estratégica y clave del mercado británico para el Destino España, que tras la paulatina restauración de flujos y el levantamiento de restricciones a la movilidad (sin olvidar la
penalización sufrida durante la temporada alta de invierno en muchos destinos españoles por la pérdida de segmento del turismo familiar británico, motivada por los requisitos decretados inútil y unilateralmente por parte del Gobierno socialista),
vuelve a recuperar su posición de mercado líder emisor de turistas y de gasto respectivamente. No en vano, habría que destacar que los ingresos que aporta Reino Unido a España equivaldrían al 1,2 % del PIB
español y hasta la irrupción del COVID-19, nuestro país recibía anualmente la visita de más de 18 millones de turistas británicos, junto con una generación de gasto cercana a los 20.000 millones de euros.
En efecto, de acuerdo con los últimos datos procedentes de FRONTUR, los principales países emisores en los tres primeros meses de 2022 son Reino Unido (con cerca de 1,8 millones de turistas), Francia (con más de 1,3 millones) y Alemania (con
casi 1,3 millones). Por último, en el mes de abril, respecto a la llegada de pasajeros aéreos internacionales, por países, Reino Unido fue de nuevo el principal mercado emisor con 1.601.009 viajeros, el 23 % del total, seguido de Alemania, con
1.121.843 pasajeros y una cuota del 16,1 %. Asimismo, según EGATUR en lo que concierne al gasto de los turistas internacionales que visitan España, en los tres primeros meses de 2022 Reino Unido es el país con mayor gasto acumulado (18,0 % del
total equivalente a 2.135 millones de euros). Le siguen Alemania (14,0 %) y Países Nórdicos (9,1 %). Por último, añadir que, de acuerdo a las cifras procedentes de la nota de Capacidad Aérea correspondiente a mayo de 2022 publicada por Turespaña,
el número de asientos en vuelos previstos del Reino Unido hacia España para el periodo mayo-julio, alcanzaría la cifra de 7.616.334 plazas.
Así las cosas, de cara a la inminente temporada estival y en un momento de inflexión para la plena reactivación de la primera industria de nuestro país, urge sin mayores dilaciones injustificadas la acción por parte del Gobierno de Pedro
Sánchez con el único propósito de salvar esta serie de obstáculos e inconvenientes a los que ya hasta ha apuntado pública y recientemente el propio Embajador del Reino Unido en España, así como con impacto para nuestra marca país (controversia
evidenciada ya en los medios británicos de comunicación de mayor difusión), o incluso con posibles repercusiones para nuestro posicionamiento como uno de los principales hubs aéreos de Europa. A este mismo respecto, hay que poner de manifiesto que
algunos destinos competidores directos como es el caso de Italia o incluso del vecino Portugal, han tomado la delantera articulando soluciones de cara a mejorar la experiencia y satisfacción de los viajeros del Reino Unido, acelerando su ingreso en
el control fronterizo de sus principales aeropuertos (Lisboa, Oporto, Faro o Funchal), mediante las denominadas instalaciones RAPIDforALL e-gates.
Por todo lo anteriormente expuesto, en vísperas de dar comienzo al desarrollo de la campaña de verano -en la cual en el año prepandemia 2019 llegaron 2 millones de veraneantes británicos cada mes en el trimestre que abarcó desde junio a
septiembre-, al objeto de proporcionar una reparación pragmática y efectiva, poniendo fin a los daños y perjuicios ocasionados a nuestros visitantes por causa de la infradotación hasta el momento de efectivos policiales en los controles fronterizos
de los aeropuertos españoles, a la par que poniendo en máximo valor nuestra condición de destino turístico seguro y de confianza en un actual contexto geopolítico más inestable al objeto de ser capaces de absorber pérdida de flujos, junto con la
atracción de mercados alternativos de alto valor añadido ventajosos para España, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a la adopción urgente de las siguientes medidas:
- Agilizar el procedimiento de control de pasaportes en los filtros fronterizos de los aeropuertos españoles mediante el ABC System, siguiendo la misma fórmula implementada en los principales aeropuertos portugueses (instalaciones
RAPIDforALL e-gates), con la finalidad de subsanar los problemas de congestión acontecidos a lo largo del último año.
- Reforzar y garantizar en todo caso la capacidad y dotación adecuada de medios y efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los puestos fronterizos de aquellos aeropuertos y puertos con mayores volúmenes de tráfico
internacional de pasajeros en una fase decisiva para acelerarla definitiva recuperación de los destinos españoles y del negocio aeroportuario tras dos años y medio conviviendo con la pandemia.
- Evitar en todo caso comprometer o deteriorar la imagen de la Marca España y su reposicionamiento competitivo en un nuevo ciclo turístico, así como entorpecer la compleja operativa de las aerolíneas y otras empresas prestadoras de servicios
aeroportuarios, así como los intereses de turistas y consumidores por causa de episodios recurrentes de saturación en los filtros fronterizos de los aeropuertos españoles.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de mayo de 2022.-Agustín Almodóbar Barceló, Sebastián Jesús Ledesma Martín, Ana Belén Vázquez Blanco e Isabel María Borrego Cortés, Diputados.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.
161/004246
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para exigir al Ministerio de Interior
reforzar la seguridad pública, incrementando los medios materiales y personales de la Guardia Civil en la Comarca de Campoo para su debate en la Comisión de Interior.
Exposición de motivos
El pasado 21 de abril de 2022 los alcaldes de Campoo de Enmedio, Campoo de Yuso, Valdeolea y Valdeprado del Río, todos ellos de Cantabria, tomaron en una reunión conjunta varios acuerdos ante las numerosas quejas existentes en la Comarca de
Campoo por la falta de efectivos de la Guardia Civil.
Entre lo acordado se incluye:
1. Transmitir a la delegada de Gobierno en Cantabria el malestar por la falta de efectivos de la Guardia Civil en los cuarteles de la comarca. Más aún, cuando los pocos guardias civiles existentes en Campoo son reclamados en múltiples
ocasiones para prestar servicio en otras zonas de Cantabria con el grave perjuicio que ello pudiera acarrear en determinadas situaciones.
2. Hacer llegar a las Cortes Generales la necesidad de mejora en la prestación de servicio de seguridad en la zona.
3. Poner de manifiesto que la comarca campurriana está compuesta por once ayuntamientos con una extensión que roza los 1.000 kilómetros cuadrados y más de 150 localidades, con una dispersión geográfica muy acentuada. En definitiva, una
zona muy amplia con un número de efectivos muy reducido para hacer frente con eficacia a las llamadas de los vecinos en situación de riesgo.
El eje 7 del documento del Gobierno de España, 'Plan de Recuperación 130 medidas frente al Reto Demográfico', Refuerzo de los Servicios Públicos e impulso de la Descentralización, contempla en su punto número 1 las medidas para el refuerzo
de la seguridad pública entre los que se incluye 'incrementar la capacidad de actuación, tanto preventiva como asistencial, de las Unidades de la Guardia Civil'. Mejorar la atención a la ciudadanía, acercando los servicios que la Guardia Civil
presta a las localidades más alejadas y despobladas.
Por otro lado, en su apartado número 2 el Gobierno expone que es necesario incrementar la capacidad de asistencia y preventiva de los puestos de la Guardia Civil, así como mejorar las condiciones de vida y trabajo de los guardias civiles.
Otras medidas contempladas en dicho plan van dirigidas a disponer de infraestructuras y vehículos, así como reforzar la seguridad de los guardias civiles que prestan servicio en estas zonas.
Por todo lo expuesto les presentamos la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a mejorar la seguridad de la ciudadanía incrementando los medios personales y materiales de la Guardia Civil en las zonas rurales y territorios más dispersos, prestando especial atención a
comarcas como la de Campoo en Cantabria.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de mayo de 2022.-Elena Castillo López, Ana Belén Vázquez Blanco y Diego Movellán Lombilla, Diputados.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana
161/004242
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Pablo Cambronero Piqueras, Diputado del Grupo Parlamentario Mixto, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley, para la
construcción, basada en una solicitud ciudadana, de un apeadero-intermodal de Guadaíra para permitir el transbordo entre la línea C-4 de Sevilla y la L1 del Metro.
Exposición de motivos
Sevilla tiene una necesidad urgente de mejorar su movilidad. La inadecuada infraestructura viaria impide atender la creciente demanda de transporte mediante la mejora de los transportes de superficie.
En este caso, una asociación ciudadana hispalense llamada 'Sevilla quiere metro' solicitó que se termine de construir un apeadero-intercambiador en la variante ferroviaria de la Negrilla (línea Bifurcación Tamarguillo-La Salud), a la altura
de estación 'Guadaíra' de la línea 1 de Metro de Sevilla, muy próxima a la universidad Pablo de Olavide de Sevilla, aprovechando una plataforma ya construida.
La estación sigue en bruto, tal y como la dejó Metro de Sevilla, que terminó la estructura a la espera de que el Ministerio de Fomento (de aquel entonces) concluyese la construcción de un apeadero-intercambiador.
Se trata de una solución económica y muy efectiva para mejorar la movilidad de Sevilla, en línea con los objetivos de desarrollo sostenible y la agenda 2030.
Una vez presentado el problema. Se expone lo siguiente:
1. La población de Sevilla tiene graves problemas de movilidad. La construcción de este apeadero-intercambiador permitiría el trasbordo efectivo entre la línea C-4 de Cercanías y la línea 1 de metro.
Este rápido transbordo beneficiaría a todos los vecinos del distrito de Sevilla-Este, pero también al distrito de Padre Pío y Palmete.
2. Dicho intercambiador podría ser potencialmente utilizado por los visitantes del Palacio de Congresos, lugar de encuentros y celebraciones masivas en la ciudad de Sevilla.
De esta forma, los visitantes del Palacio de Congresos podrán desplazarse utilizando la línea C-4 de Cercanías y posteriormente, transbordando en el Metro. Ello reduciría enormemente los tiempos de desplazamientos de esta infraestructura
crítica para Sevilla, lugar de celebración de grandes eventos.
3. El intercambiador propuesto estaría a muy pocos metros de la universidad Pablo de Olavide, donde acuden a diario casi 10.000 personas. La opción sería perfecta para los alumnos, profesores y demás personal que viven en Sevilla Este,
Padre Pío, Bellavista o Dos Hermanas, zonas muy alejadas a las que llega el tren, pero no así el Metro.
4. Volumen potencial de pasajeros: La construcción de este apeadero-intercambiador permitiría tanto aumentar la demanda de la línea 1 de Metro (ya muy superior a la prevista), como aumentar la demanda de la línea C-4 de Cercanías (aspecto
muy necesario).
En cuanto a números:
- 10.000 personas que se desplazan a diario a la Universidad Pablo de Olavide.
- 63.000 personas del distrito Sevilla-Este (especialmente, los barrios Puerta Este, Las Góndolas, Jardines del Edén y Avenida de las Ciencias) serían beneficiarios potenciales de esta actuación.
- 1.000.000 (un millón) de visitantes acuden anualmente al Palacio de Exposiciones y Congresos y que ahora podrían ir en Metro, gracias al trasbordo propuesto (Metro + Línea C-4 de Cercanías).
- La demanda podría ser mayor ante los 2,1 millones de pasajeros del tranvía de Alcalá (que se pondrá en servicio en el año 2023). Esta línea será un ramal-prolongación de Metro de Sevilla, con transbordo en la estación de Metro de Pablo de
Olavide).
- 30.000 potenciales vecinos del futuro barrio de 'El Pítamo'. Téngase en cuenta que este populoso futuro barrio tendrá un notable déficit de movilidad, al estar justamente en medio de la línea 1 y futura línea 3, y a pesar del hecho de
tener proyectado un apeadero de Cercanías (véase Ilustración 3). Este problema es fácilmente resoluble con la finalización del apeadero-intercambiador de Guadaíra, de forma que los vecinos de este barrio de 'Pítamo' podrían coger en el apeadero de
su futuro barrio la línea C-4 de Cercanías para bajarse en 'Guadaíra' y tener conexión directa con la Línea 1.
5. Ahorro en tiempo, dinero y distancia para usuarios potenciales:
La finalización de este intercambiador-apeadero de Guadaíra acercaría el Metro de Sevilla al barrio Sevilla Este, donde viven unas 200.000 personas y donde va a tardar en llegar la proyectada línea 2 de Metro.
6. La construcción de este intercambiador requeriría una mínima inversión habida cuenta de que va está constuida la plataforma/estructura (véase Ilustración 1).
Una vez ADIF acometa el proyecto, Metro de Sevilla sólo tendrá que realizar los acabados y terminaciones de la estación, lo que llevará 'unos dos meses sólo'.
7. Es el momento y la finalización de esta apeadero-intercambiador se trata de una gran oportunidad actualmente:
La intermodalidad y viabilidad de este apeadero-intercambiador (ya medio construido) se vería potenciado por el hecho de que el Consorcio de Transportes de Sevilla y Renfe han llegado a un acuerdo para lograr la integración tarifaria, de
forma que se pueda hacer trasbordo entre tren y metro con un único billete.
8. En definitiva, se trata de una solución económica para potenciar la intermodalidad en la zona este de Sevilla (la que más crece), ayudando a conseguir una ciudad de Sevilla más justa y sostenible.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Mixto, a través de su Diputado Pablo Emérito Cambronero Piqueras presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Llegar en el plazo máximo de 2 meses a un acuerdo entre el Ministerio de Transportes y la Consejería de Fomento (Dirección de Movilidad) para la finalización de este apeadero-intercambiador que potencie el uso de la línea C-4 de
Cercanías, y acerque el metro a aquellas zonas donde actualmente no llega.
2. Una vez finalizado este intercambiador-apeadero se restituya a la mayor brevedad posible (máximo 2 meses) los dos sentidos de la línea C-4 (actualmente sólo funciona una de ellas) y aumentar su frecuencia para atraer a una mayor
demanda.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de mayo de 2022.-Pablo Cambronero Piqueras, Diputado.-Albert Botran Pahissa, Portavoz Grupo Parlamentario Mixto.
161/004243
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, la siguiente Proposición no de Ley relativa a la necesidad de actuaciones para proteger el trazado ferroviario entre Barcelona
y el Maresme, para su debate en la Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
Exposición de motivos
La costa del Maresme y el Barcelonés Nord, en la provincia de Barcelona, está sufriendo los efectos del Cambio Climático de una manera cada vez más acusada. Las playas están en regresión y la línea 1 de cercanías, la R1, la más utilizada de
Catalunya a la par que la más antigua, está amenazada.
La preocupación de los responsables municipales de las localidades afectadas y de las personas usuarias va en aumento, especialmente tras el corte de la línea de tren entre Santa Susana y Pineda acaecida el pasado mes de marzo, con ocasión
de un fuerte temporal que la dejó gravemente afectada en ese tramo. El temporal erosionó la cimentación de las vías.
En Montgat y Badalona, varias playas quedaron prácticamente inservibles y la línea de tren, así como las instalaciones de acceso -como los ascensores en Montgat- corren peligro por las inundaciones y la propia regresión de la zona de arena,
paralela a la cual transcurre la línea de cercanías.
Algunos estudios ponen de manifiesto que la amenaza a las vías será cada vez más evidente y preocupante. Desde el Observatorio del Georiesgo del Colegio de Geólogos de Catalunya se ha lanzado la alerta y se ha advertido que la erosión del
mar continuará aumentando hasta comerse literalmente las vías.
Ante este tipo de situaciones que, lejos de ser puntuales, se repiten cada vez con mayor asiduidad, resulta imprescindible estudiar actuaciones a medio y largo plazo pero también actuaciones de urgencia encaminadas a proteger las vías, los
trenes y a las personas usuarias.
Por todo lo anterior, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Llevar a cabo un análisis de vulnerabilidad de la Línea R1 a su paso por el Maresme.
2. Impulsar en el marco de la normativa vigente al efecto, y en coordinación con las administraciones competentes, los trabajos necesarios para la mejora de la protección de la infraestructura ferroviaria en la
línea Barcelona-Mataró-Maçanet, a su paso por el Maresme, ante los continuos efectos adversos que los temporales marítimos provocan sobre la misma.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de mayo de 2022.-Lídia Guinart Moreno, César Joaquín Ramos Esteban, Francisco Aranda Vargas y Sandra Guaita Esteruelas, Diputados.-José Zaragoza Alonso y Rafaela Crespín Rubio, Portavoces del Grupo
Parlamentario Socialista.
161/004250
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Plural, a instancia Joan Baldoví Roda, diputado de Compromís, y al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para la
colocación de pantallas que reduzcan el impacto de la AP7 a su paso por Sagunt. Para su debate en la Comisión de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana.
Exposición de motivos
Según el Ministerio de Transición Ecológica: 'Se entiende por contaminación acústica la presencia en el ambiente de ruidos o vibraciones, cualquier que siga el emisor acústico que los origine, que impliquen molestia, riesgo o mal para los
persones, para el desarrollo de los suyas actividades o para los bienes de cualquier naturaleza, o que causen efectos significativos sobre el medio ambiente'.
En la ciudad de Sagunto, muchas personas sufren diariamente esta molestia. Algunas de ellas son niños y niñas y personas con necesidades especiales que asisten al Colegio de Educación Especial y al Centro de Ocupación de San Cristóbal.
Este tan solo es un ejemplo de las personas afectadas, pero el alcance de los daños causados por la contaminación acústica afecta a otras muchas. De hecho, a causa de la disposición geográfica de la montaña del Castell frente a la AP7, los niveles
de ruido los días de más viento son extraordinariamente altos, llegando a afectar a la población en su conjunto.
La Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en su artículo 4.2 asegura que 'en relación con las infraestructuras viarias, ferroviarias, aeroportuarias y portuarias de competencia estatal, la competencia (...) corresponderá a la
Administración General del Estado'. Es, por lo tanto, competencia de la cartera de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y de su Demarcación de Carreteras, llevar a cabo las acciones necesarias para paliar los efectos que la contaminación acústica
causa a la ciudadanía de Sagunt debido a la proximidad de la AP7 al casco urbano.
Por todo ello, presento la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso insta al Gobierno a:
1. Llevar a cabo la colocación de las pantallas que ayuden a reducir la contaminación acústica causada por la AP7 a su paso por Sagunt, teniendo en cuenta el plan acústico municipal aprobado por su Ayuntamiento.
2. Utilizar aglomerados fonoabsorbentes en el momento que se lleve a cabo la repavimentación de la AP7 para disminuir en origen el ruido y reducir la contaminación acústica que tantas molestias ocasiona a la población de Sagunt.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de mayo de 2022.-Joan Baldoví Roda, Diputado.-Íñigo Errejón Galván, Portavoz del Grupo Parlamentario Plural.
Comisión de Educación y Formación Profesional
161/004232
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Los Grupos Parlamentarios abajo firmantes, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para asegurar la calidad de la educación con presencialidad plena
para su debate en la Comisión de Educación y Formación Profesional.
Exposición de motivos
En mayo de 2021, la Ministra de Educación y Formación Profesional instó a las Comunidades Autónomas a mantener los refuerzos de profesorado el próximo curso para asegurar la calidad de la educación con presencialidad plena.
La Ministra recordó que las Comunidades Autónomas dispondrían de 10.000 millones euros del mecanismo europeo REACT-UE para Educación, Sanidad y otras políticas sociales, además del fondo extraordinario de 13.400 millones que el Gobierno
transferiría a las Comunidades Autónomas.
Los efectos económicos y sociales que la pandemia ha provocado han hecho aflorar la necesidad de suplementar los esfuerzos entorno a la mejora de oportunidades educativas, especialmente al alumnado con necesidades educativas especiales o
proveniente de entornos socio-económicos vulnerables.
A las puertas de iniciar el curso 2022-2023, con el impacto emocional de la pandemia aún presente en nuestros niños y jóvenes, y el impacto que supone la escolarización de miles de alumnos provenientes de Ucrania, se hace necesario mantener
este refuerzo.
En relación con los profesionales de atención educativa, la situación sanitaria, pero también la económica y social que está resultando a medida que avanzamos hacia la superación de la crisis sanitaria, requiere esfuerzos adicionales en el
ámbito de apoyo a la atención del alumnado, a riesgo de comprometer el éxito educativo en centros y entornos de mayor complejidad.
Asimismo, también es necesario maximizar las garantías de limitación del número de niños en grupos de primer ciclo de educación infantil, así como los soportes materiales y educativos en el ámbito de la higiene. Es necesario disponer de más
profesionales de estos ámbitos en las siguientes categorías: educador/a social, educador/a de guardería, integrador/a social, técnico/a especialista en educación infantil y educador/a de educación especial.
Por todo ello, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno español a:
1. Garantizar el mantenimiento de los refuerzos de personal docente y no docente de cara al curso 2022-2023 en los centros educativos y reeditar la transferencia del curso pasado a las Comunidades Autónomas tanto de los fondos propios del
Estado como del mecanismo europeo REACT-UE para Educación.
2. Financiar la consolidación de las plantillas de refuerzo de personal docente y no docente contratadas por las Comunidades Autónomas a causa de la pandemia del COVID-19 en el curso 2023-2024.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de mayo de 2022.-Montserrat Bassa Coll, Mariona Illamola Dausà y Sergi Miquel i Valentí, Diputados.-Gabriel Rufián Romero, Portavoz del Grupo Parlamentario Republicano.-Míriam Nogueras i Camero,
Portavoz del Grupo Parlamentario Plural.
161/004235
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para impulsar la creación de
un curso de especialización en hidrógeno verde, para su debate en la Comisión de Educación y Formación Profesional.
Exposición de motivos
La transición ecológica hacia una economía neutra en carbono es una oportunidad en términos ambientales, sociales y económicos que permite reducir la dependencia energética exterior, mejorar la balanza comercial y avanzar hacia una economía
moderna y próspera.
En un contexto de transición energética a nivel europeo y mundial, la carrera tecnológica, industrial y de conocimiento en torno a las energías limpias puede generar nuevas dependencias tecnológicas de determinados mercados.
Por ello, la Unión Europea ha establecido, entre otras, las energías renovables, el almacenamiento energético y el hidrógeno renovable, como áreas clave en las que reforzar capacidades propias y, con ello, mejorar la autonomía estratégica
del país de cara a garantizar la transición ecológica y transformación digital.
La AIE identifica el hidrógeno como vector energético clave para alcanzar un futuro energético limpio, seguro y asequible.
España ya está bien posicionada en parte de la cadena de valor y capacidades de l+D+i asociadas a la transición energética, desde las energías renovables, la electrónica de potencia, el almacenamiento o el hidrógeno renovable.
Para maximizar las oportunidades de esta transición y reforzar la autonomía estratégica española en este ámbito, es necesario apuntalar el posicionamiento del sector y mejorar las capacidades de integración de estas soluciones en el tejido
productivo, de modo que las capacidades de diseño, investigación, desarrollo e innovación y fabricación propios y su implantación en su sistema productivo.
Se debe buscar reforzar la cadena de valor con soluciones, tecnologías y capacidades propias; aprovechar el potencial humano para generar empleo de calidad sostenible y sostenido en el tiempo; así como reforzar el liderazgo y la
competitividad exterior del sector.
La 'carrera tecnológica' en torno a las energías limpias sí podría conducir a una situación de dominancia tecnológica de unos mercados frente a otros, sometiendo a aquellos países sin el control de tecnologías energéticas clave a aquellos
que sí cuentan con las correspondientes capacidades tecnológicas e industriales.
Es necesaria una actuación coordinada que permita a España aprovechar oportunidades en torno al conocimiento, capacidades tecnológicas, cadena de valor y nuevos modelos de negocio en la transición energética, y su integración en los
distintos sectores y procesos productivos para el refuerzo de la llamada 'autonomía estratégica'.
Aun siendo uno de los vectores energéticos más novedosos España cuenta con empresas en todos los escalones de la cadena de valor, con una presencia relevante de Pymes. No obstante, es imprescindible que se desplieguen decididamente medidas
para aprovechar el potencial de nuestro país, de modo que alcancemos una posición de liderazgo tecnológico y de producción dentro de la Unión Europea buscando posicionar España como referente tecnológico en la producción y aprovechamiento del
hidrógeno renovable a través del impulso de la cadena de valor del hidrógeno y su integración en los distintos procesos productivos.
Considerando una de las más importantes y necesaria la formación y capacitación del capital humano relativo tanto para el impulso de nuevas tecnologías y desarrollos como para el adecuado aprovechamiento de las oportunidades laborales y
sociales de la transición energética en conjunto y del hidrógeno renovable en particular.
Elementos de formación, capacitación o sensibilización que contribuyan a:
- Apoyar los aspectos educativos y de formación en nuevas habilidades y competencias profesionales, necesarios en el desarrollo de una nueva industria entorno al hidrógeno renovable.
- La coordinación de la formación profesional con la formación continua en el campo de las tecnologías del hidrógeno renovable, que permitirá facilitar el camino de trabajadores individuales y de empresas en el manejo y la adopción de
tecnologías de hidrógeno de forma eficiente y segura.
En consecuencia, se hace necesario impartir conocimientos y habilidades de Formación Profesional vinculados a las tecnologías del hidrógeno renovable (almacenamiento, transporte, fabricación, operación y mantenimiento, medios de transporte,
líneas de montaje y talleres de servicio -ej.: vehículos
tipo FCEV-, uso doméstico y comercial) dirigidos a la ampliación de conocimientos y mejora de las competencias profesionales previamente adquiridas por titulados de ciclos formativos.
Por todo ello el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a impulsar la creación de un curso de especialización en hidrógeno verde transversal a diferentes familias profesionales, dirigido a los titulados de los ciclos formativos más
directamente implicados en su investigación, desarrollo e impulso, en el que se concreten las competencias profesionales que se quiere conseguir.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de mayo de 2022.-Alfredo Sancho Guardia, María Luz Martínez Seijo, Lázaro Azorín Salar y Germán Renau Martínez, Diputados.-Guillermo Antonio Meijón Couselo y Rafaela Crespín Rubio, Portavoces del
Grupo Parlamentario Socialista.
161/004241
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a incrementar los umbrales de
renta para la concesión de ayudas de los alumnos con necesidad específica de apoyo educativo que se fijan en el Real Decreto por el que se establecen los umbrales de renta y patrimonio familiar y las cuantías de las becas y ayudas al estudio para su
debate en la Comisión de Educación y Formación Profesional.
Exposición de motivos
Si el cumplimiento del deber constitucional de garantizar la igualdad de los ciudadanos en el acceso a la educación requiere la remoción de cualquier obstáculo de naturaleza socioeconómica que dificulte o impida el ejercicio de este derecho
fundamental y el derecho constitucional a la educación exige que nadie quede excluido del acceso a la enseñanza por razones socioeconómicas; y si se infiere que el Constituyente fijó la obligación de los poderes públicos de establecer un sistema de
becas y ayudas para garantizar el derecho de todos a la educación, debe exigirse la correspondiente modificación al alza de los umbrales de renta de la convocatoria ayudas al estudio para el curso 2022-2023, para los alumnos con necesidad específica
de apoyo educativo que no ha sido modificado en las convocatorias de los últimos años.
La Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, en su artículo 83 establece en su apartado uno, que para garantizar la igualdad de todas las personas en el ejercicio del
derecho a la educación, los estudiantes con condiciones socioeconómicas desfavorables tendrán derecho a obtener becas y ayudas al estudio. Asimismo, que el Gobierno regulará de forma básica con carácter de mínimos, las modalidades y cuantías de las
becas y ayudas al estudio, las condiciones económicas y académicas que hayan de reunir los beneficiarios, así como los supuestos de incompatibilidad, revocación, reintegro y cuantos requisitos sean precisos para asegurar la igualdad en el acceso a
las citadas becas y ayudas.
Por su parte el artículo 6 de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación, reconoce a los alumnos el derecho básico en su letra 'h) a recibir las ayudas y los apoyos precisos para compensar las carencias y
desventajas de tipo personal, familiar, económico, social y cultural, especialmente en el caso de presentar necesidades educativas especiales, que impidan o dificulten el acceso y la permanencia en el sistema educativo'.
La voluntad que manifestó el Gobierno de Pedro Sánchez era avanzar en una política de igualdad de oportunidades y de equidad y que era preciso estudiar y diseñar un sistema de becas y ayudas que avance en esa equidad y que favorezca al
máximo número de estudiantes, un objetivo que no se ha producido respecto a las ayudas a alumnos con necesidad específica de apoyo educativo.
Las ayudas al estudio y subsidios son para el alumnado con necesidad específica de apoyo educativo derivada de discapacidad, trastorno grave de conducta o trastorno del espectro autista o
asociada a alta capacidad intelectual que curse estudios en los niveles de segundo ciclo de Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Ciclos Formativos de Grado Medio y de Grado Superior,
Formación Profesional Básica así como los otros programas formativos de formación profesional a los que se refiere la disposición adicional cuarta del Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero.
Los subsidios atenderán tanto a los gastos de comedor escolar, como a los de transporte escolar y se concederán al alumnado con necesidades educativas especiales que pertenezcan a familias numerosas. Para la concesión de los subsidios no se
atenderá a la renta ni al patrimonio familiar.
En todos estos años no se han modificado los umbrales de renta para las ayudas para la concesión de los componentes de las ayudas al estudio para el alumnado con necesidad específica de apoyo educativo. Solo se modificó e incrementó el
umbral 1 para la convocatoria de becas y ayudas de carácter general en el curso 2020-2021, pero no se modificó los umbrales de renta para estas ayudas, lo que no permite incrementar el potencial de becarios.
Así en el último Real Decreto 154/2022, de 22 de febrero, por el que se establecen los umbrales de renta y patrimonio familiar y las cuantías de las becas y ayudas al estudio para el curso 2022-2023, y se modifica parcialmente el Real
Decreto 1721/2007, de 21 de diciembre, por el que se establece el régimen de las becas y ayudas al estudio personalizadas, se mantienen los mismos importes para cada familia en función del número de miembros, desde hace más de 10 años, y así dispone
en su artículo 7:
'Artículo 7. Estudios comprendidos, cuantías y umbral de renta.
[...]
5. El umbral de renta aplicable para la concesión de los componentes de las ayudas al estudio para el alumnado con necesidad específica de apoyo educativo será el siguiente:
El umbral de renta aplicable para la de para la concesión de los componentes de las ayudas al estudio para el alumnado con necesidad específica de apoyo educativo será el siguiente:
Número de miembros de la familia;Umbral (euros)
Familias de un miembro.;11.937
Familias de dos miembros.;19.444
Familias de tres miembros.;25.534
Familias de cuatro miembros.;30.287
Familias de cinco miembros.;34.370
Familias de seis miembros.;38.313
Familias de siete miembros.;42.041
Familias de ocho miembros.;45.744
A partir del octavo miembro se añadirán 3.672 euros por cada nuevo miembro computable de la familia.'
De otro lado, según la memoria de gastos, tomo rojo, del Proyecto de Ley de Presupuestos para el ejercicio 2022, el número de becarios en 2020 son un total de 112.414 becarios y en el 2021 el número disminuye a 105.876 becarios, parece que
lejos de incrementarse el número de becarios se ha reducido, con el riesgo de que algunos alumnos puedan quedar sin las terapias que necesitan por la denegación de la beca.
Por todo ello, se propone para su debate y votación la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a incrementar los umbrales de renta de las ayudas al estudio para el alumnado con necesidad específica de apoyo educativo con la finalidad de que puedan extenderse a más familias.
Para ello, en la Resolución por la que se convocan ayudas al estudio para alumnos con necesidad específica de apoyo educativo para el curso 2022-2023, se modificarán los umbrales de renta al alza, teniendo en cuenta las pérdidas económicas
que están sufriendo numerosas familias con la crisis económica, y abriendo la posibilidad de considerar la nueva situación económica sobrevenida para estas familias a los efectos de la concesión de la ayuda.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de mayo de 2022.-María del Carmen González Guinda, Óscar Clavell López y María Sandra Moneo Díez, Diputados.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones
161/004239
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Plural, a instancia Joan Baldoví Roda, Diputado de Compromís, y al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y ss. del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley por el derecho al
acceso y mantenimiento de cuentas de pago básicas para las personas en situación de vulnerabilidad para su debate en la Comisión de Trabajo, Seguridad Social y Migraciones.
Exposición de motivos
La entrada en vigor de la Directiva 2014/92/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de julio de 2014, sobre la comparabilidad de las comisiones conexas a las cuentas de pago, el traslado de cuentas de pago y el acceso a cuentas de
pago básicas establece el derecho de acceso general de toda persona a una cuenta de pago básica y establece que los Estados miembros puedan requerir a las entidades de crédito que apliquen condiciones más ventajosas para los consumidores
vulnerables, como medidas de promoción de la inclusión social dentro del mercado de productos financieros de la Unión Europea. Dicha Directiva delimita el conjunto de servicios incluidos en la cuenta de pago básica, quedando a criterio de los
Estados miembros la determinación concreta de las comisiones asociadas a la misma.
El Gobierno del Estado trasladó al ordenamiento jurídico español esta normativa europea, incluyendo mayores garantías, a través del Real Decreto-ley 19/2017, de 24 de noviembre, de cuentas de pago básicas, traslado de cuentas de pago y
comparabilidad de comisiones; y Real Decreto 164/2019, de 22 de marzo, por el que se establece un régimen gratuito de cuentas de pago básicas en beneficio de personas en situación de vulnerabilidad o con riesgo de exclusión financiera. Así se
recoge de manera expresa en el artículo 3, del mencionado Real Decreto 19/2017, estableciendo la obligatoriedad de ofrecer cuentas de pago básicas a determinadas personas.
Entre las personas a las que expresamente se reconoce el derecho a acceder a una cuenta de pago básica figuran solicitantes de asilo y quienes no dispongan de permiso de residencia, pero su expulsión sea imposible por razones jurídicas o de
hecho con el fin de que puedan acogerse plenamente a las ventajas de la Directiva.
Además, la Ley exige que en caso la entidad deniegue la apertura de la cuenta al potencial cliente deberá notificarle por escrito de forma gratuita, y expresando las razones concretas, así como informará del procedimiento de reclamación, tal
como queda reflejado en el artículo 5, del mencionado Real Decreto.
Sin embargo, cuando se ha intentado dar cumplimiento a dicha ley, tanto Entidades locales como las organizaciones sociales (Adoratrices, Andalucía Acoge, Asociación Progresión, Asociación Rumiñahui, CEAR, Diaconía, Fedelatina, Fundació
CEPAIM, Acción Integral con migrantes, Fundación ACIP-ACAM, La Merced Migraciones, Movimiento por la Paz, ONG CESAL, ONG Rescate, Plataformas Sociales Salesianas, Pueblos Unidos, Providencia, Red Acoge, San Juan de Dios Ciempozuelos) que trabajan
con personas que se encuentran en situación de exclusión social y financiera, especialmente personas migrantes, refugiadas y solicitantes de protección internacional, han detectado diferentes incidencias producidas en algunas entidades bancarias, en
relación a las trabas y dificultades para acceder y mantener una cuenta de pago básico. De tal manera que, aquellas personas que debieran estar protegidos por la legislación, continúan
en situación de exclusión financiera, con consecuencias tan graves como no poder contratar servicios básicos como la luz y el agua y teniendo dificultades para poder llevar a cabo pagos como el alquiler de la vivienda o acceder a las
prestaciones sociales concedidas por las Administraciones Públicas.
Entre las irregularidades detectadas destacan:
- No se informa de este producto a los potenciales clientes, ni de su gratuidad; de hecho muchas personas empleadas desconocen la existencia y condiciones de las cuentas de pago básicas.
- No se aceptan documentos acreditativos de la identidad de las personas, como la tarjeta de solicitud de protección internacional, a pesar tener plena validez.
- Se requiere certificado de empadronamiento, sin ser éste uno de los documentos acreditativos de la identidad contemplados en la normativa.
- Se solicita documentación adicional a la requerida según la normativa vigente apoyándose en la Ley de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo para justificar la no apertura de la cuenta bancaria.
- Se exige la contratación de seguros u otros productos bancarios para autorizar la apertura de la cuenta de pago básica.
- Determinadas nacionalidades se encuentran sistemáticamente con mayores dificultades, a pesar de ser solicitantes de protección internacional.
- Es arbitraria la documentación requerida cuando se trata de acreditar la situación de exclusión y vulnerabilidad de las personas para que dicha cuenta pueda ser gratuita; pese a que esta documentación queda reflejada en la normativa
vigente.
- Se bloquea la cuenta bancaria de forma automática y sin previo aviso en supuestos no contemplados normativamente (por falta de actividad económica, por ejemplo).
- No consta a las entidades suscribientes que las sucursales bancarias estén cumpliendo con su obligación legal de denegar por escrito la apertura de cuentas de pago básicas.
Por su parte, el Banco de España reconoció en una carta escrita y en respuesta al Defensor del Pueblo en mayo de 2021 de esta situación, y reconoció que es conocedor de 'las dificultades prácticas que ciertos clientes o potenciales clientes
están encontrando para ejercitar su derecho al acceso a una cuenta de pago básica'. El Banco de España relaciona dichas incidencias con la dificultad de reconocer la documentación acreditativa de la identidad de las personas solicitantes de
protección internacional en aplicación del artículo 3 del RD-ley 19/2017, de 24 de noviembre, normativa reguladora de dichos documentos; y su colisión con la normativa de prevención de blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo (Ley
10/2010, de 28 de abril), 'lo que dificulta en muchos casos la apertura de cuentas, pues dicho conocimiento se basa en que los potenciales clientes sean capaces de ofrecer una acreditación indubitada de su identidad'.
A tal respecto, la Comisión Europea recomendó (Recomendación de la Comisión de 18 de julio de 2011) el establecimiento de cuentas de pago básicas como un factor fundamental para la inclusión y la cohesión social. La recomendación incluye la
necesaria implicación activa, por parte de los Estados y los proveedores de los servicios, en cuanto a la publicidad sobre la existencia de este tipo de cuentas para fomentar la inclusión financiera; esta publicidad debe incluir la no
obligatoriedad de adquirir servicios suplementarios para poder acceder a una cuenta de pago básica.
Además, cabe recordar que La Directiva 2014/92 del Parlamento Europeo y del Consejo desarrolla el acceso a la cuenta de pago básica y prohíbe todo tipo de discriminación conforme a lo contemplado en el artículo 21 de la Carta de Derechos
Fundamentales de la UE.
Así pues, todas estas irregularidades detectadas suponen un incumplimiento de la normativa vigente y la denegación de un derecho básico. Con el fin de poner fin a esta situación de trato discriminatorio que aumenta la situación de exclusión
financiera y social de las personas en situación de vulnerabilidad, prepongo la siguiente:
Proposición no de Ley
'El Congreso insta al Gobierno a:
1. Garantizar el cumplimiento de la normativa vigente, relativa a las cuentas de pago, tanto del Real Decreto-ley 19/2017, de 24 de noviembre, de cuentas de pago básicas, traslado de cuentas de pago y comparabilidad de comisiones, como del
Real Decreto 164/2019, de 22 de marzo, por el que se establece
un régimen gratuito de cuentas de pago básicas en beneficio de personas en situación de vulnerabilidad o con riesgo de exclusión financiera; con el fin de asegurar el derecho al acceso y mantenimiento de cuentas de pago básicas de las
personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad social y económica a acceder a dichas cuentas de forma gratuita.
2. Reforzar los órganos de control y supervisión de las entidades bancarias para que todas las sucursales del Estado publiciten y ofrezcan las cuentas de pago básico en los términos que marca la ley. Para ello, se llevarán a cabo las
siguientes actuaciones:
a) Facilitar instrucciones claras y precisas al personal de las sucursales de su entidad bancaria sobre la obligación de conocer, informar y facilitar la apertura de una cuenta de pago básica a las personas en situación de vulnerabilidad,
así como las condiciones de su gratuidad.
b) Notificar las denegaciones por escrito tal y como señala el artículo 4.4 del RDL 19/2017 'al potencial cliente por escrito y de manera gratuita, expresando las razones concretas en las que se funda, sin demora injustificada, y a más
tardar en un plazo máximo de diez días hábiles a contar desde la fecha de recepción de la solicitud completa' así como del 'procedimiento que ha de seguir para presentar una reclamación contra la denegación'.
c) Facilitar información actualizada al personal de las entidades bancarias acerca de los documentos de identidad con plena validez de las personas solicitantes de protección internacional y migrantes.
d) Emisión de una instrucción interna, que tenga en cuenta las siguientes consideraciones de cara a la apertura de las cuentas bancarias básicas para personas solicitantes de protección internacional y migrantes:
a. En caso de caducidad de la documentación identificativa de residencia, no bloquear la cuenta automáticamente, sino otorgar un plazo de 6 meses previa comunicación y/o notificación al cliente que debe demostrar estar en plazo de
renovación.
b. Prohibición de cancelación y/o bloqueo de la cuenta de pago básica por falta de movimientos económicos.
e) Mejorar y adaptar los procedimientos de reclamación para que sean accesibles en documento físico y no solo por vía online, teniendo en cuenta la brecha digital existente en muchos casos y/o la falta de recursos y medios tecnológicos de
los que carecen las personas en situación de vulnerabilidad. También el personal de la sucursal bancaria debe informar de este derecho.
3. Modificar el artículo 6.1, a) del Reglamento RD 304/2014 de la ley 10/2010 de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación de terrorismo, con el fin de incorporar los documentos acreditativos de los sujetos de derechos del
artículo 3 (cédulas de inscripción (personas sin pasaporte), documento blanco (resguardo de presentación de solicitud de protección internacional), tarjeta roja (solicitantes de protección internacional), tarjeta verde (apátridas).'
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de mayo de 2022.-Joan Baldoví Roda, Diputado.-Íñigo Errejón Galván, Portavoz del Grupo Parlamentario Plural.
Comisión de Industria, Comercio y Turismo
161/004244
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la adopción de medidas con
la finalidad de agilizar el procedimiento de control de pasaportes británicos en los filtros fronterizos de los aeropuertos de la red de Aena con mayor densidad de tráfico internacional para su debate en la Comisión de Industria, Comercio y Turismo.
Exposición de motivos
Desde el pasado año en que comenzase a normalizarse la actividad turística y a reanudarse de manera progresiva el funcionamiento del tráfico aéreo en nuestro país, se ha venido detectando y alertando por parte de distintos eslabones de la
cadena de valor turística española como son la inmensa mayoría de aerolíneas que operan en la red de aeropuertos españolas, agrupadas en torno a la Asociación de Líneas Aéreas (ALA), efectivos policiales, viajeros damnificados, etc., sobre la
existencia de serios e importantes problemas de saturación en los controles de pasaportes focalizados en aquellos aeropuertos de mayor tráfico internacional, originado fundamentalmente por la ausencia de un suficiente número de efectivos policiales
en dichos controles.
Fruto de ello, allá por el mes de octubre de 2021 con bastante antelación al inicio de la campaña de Navidad, la propia ALA remitía sin éxito alguno al Ministerio del Interior una comunicación solicitando que se reforzase la dotación
policial en estas zonas aeroportuarias. En paralelo y en la misma dirección, cabe recordar que también de manera infructuosa el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso viene interesándose por este particular y planteando de manera reiterada al
Gobierno diversas iniciativas con el único objetivo de darle solución y satisfacer la cuestión suscitada. En particular, en diciembre pasado el GPP presentaba una Proposición no de Ley para que el Gobierno incrementase con carácter de urgencia los
efectivos de Policía Nacional en los puestos fronterizos de aquellos aeropuertos y puertos con mayor densidad para agilizar el control de pasaportes. Igualmente, por enésima vez el pasado mes de marzo ALA instaba al Gobierno a actuar en este
sentido antes del arranque de la primera cita importante del año turístico, la Semana Santa. A pesar de ello, sólo en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas de manera acreditada hasta 3.000 personas perdieron su conexión durante la pasada
Semana Santa debido a las largas colas y esperas producidas en los filtros fronterizos. Por esta razón, ALA, asociación de referencia que aglutina el 85 % del tráfico aéreo en España, sigue demandando e insistiendo en la necesidad de llevar a la
práctica un refuerzo urgente y especial de las dotaciones policiales en las instalaciones aeroportuarias para evitar lastres este verano.
En medio de este escenario de infradotación de medios y colapso aeroportuario subsiguiente, resulta necesario traer a colación que tras la finalización del periodo transitorio en virtud del cual el Reino Unido dejó de formar parte de la
Unión Europea pasando a ser considerado como tercer país, resultan aplicables controles fronterizos como requisito a nacionales británicos cuando viajan a otros países de la Unión Europea o del espacio Schengen, como es España. No obstante, a día
de hoy es imprescindible recordar aquí la importancia histórica, estratégica y clave del mercado británico para el Destino España, que tras la paulatina restauración de flujos y el levantamiento de restricciones a la movilidad (sin olvidar la
penalización sufrida durante la temporada alta de invierno en muchos destinos españoles por la pérdida de segmento del turismo familiar británico, motivada por los requisitos decretados inútil y unilateralmente por parte del Gobierno socialista),
vuelve a recuperar su posición de mercado líder emisor de turistas y de gasto respectivamente. No en vano, habría que destacar que los ingresos que aporta Reino Unido a España equivaldrían al 1,2 % del PIB español y hasta la irrupción del COVID-19,
nuestro país recibía anualmente la visita de más de 18 millones de turistas británicos, junto con una generación de gasto cercana a los 20.000 millones de euros.
En efecto, de acuerdo con los últimos datos procedentes de FRONTUR, los principales países emisores en los tres primeros meses de 2022 son Reino Unido (con cerca de 1,8 millones de turistas), Francia (con más de 1,3 millones) y Alemania (con
casi 1,3 millones). Por último, en el mes de abril, respecto a la llegada de pasajeros aéreos internacionales, por países, Reino Unido fue de nuevo el principal mercado emisor con 1.601.009 viajeros, el 23 % del total, seguido de Alemania, con
1.121.843 pasajeros y una cuota del 16,1 %. Asimismo, según EGATUR en lo que concierne al gasto de los turistas internacionales que visitan España, en los tres primeros meses de 2022 Reino Unido es el país con mayor gasto acumulado (18,0 % del
total equivalente a 2.135 millones de euros). Le siguen Alemania (14,0 %) y Países Nórdicos (9,1 %). Por último, añadir que, de acuerdo a las cifras procedentes de la nota de Capacidad Aérea correspondiente a mayo de 2022 publicada por Turespaña,
el número de asientos en vuelos previstos del Reino Unido hacia España para el periodo mayo-julio, alcanzaría la cifra de 7.616.334 plazas.
Así las cosas, de cara a la inminente temporada estival y en un momento de inflexión para la plena reactivación de la primera industria de nuestro país, urge sin mayores dilaciones injustificadas la acción por parte del Gobierno de Pedro
Sánchez con el único propósito de salvar esta serie de obstáculos e inconvenientes a los que ya hasta ha apuntado pública y recientemente el propio Embajador del Reino
Unido en España, así como con impacto para nuestra marca país (controversia evidenciada ya en los medios británicos de comunicación de mayor difusión), o incluso con posibles repercusiones para nuestro posicionamiento como uno de los
principales hubs aéreos de Europa. A este mismo respecto, hay que poner de manifiesto que algunos destinos competidores directos como es el caso de Italia o incluso del vecino Portugal, han tomado la delantera articulando soluciones de cara a
mejorar la experiencia y satisfacción de los viajeros del Reino Unido, acelerando su ingreso en el control fronterizo de sus principales aeropuertos (Lisboa, Oporto, Faro o Funchal), mediante las denominadas instalaciones RAPIDforALL e-gates.
Por todo lo anteriormente expuesto, en vísperas de dar comienzo al desarrollo de la campaña de verano -en la cual en el año prepandemia 2019 llegaron 2 millones de veraneantes británicos cada mes en el trimestre que abarcó desde junio a
septiembre-, al objeto de proporcionar una reparación pragmática y efectiva, poniendo fin a los daños y perjuicios ocasionados a nuestros visitantes por causa de la infradotación hasta el momento de efectivos policiales en los controles fronterizos
de los aeropuertos españoles, a la par que poniendo en máximo valor nuestra condición de destino turístico seguro y de confianza en un actual contexto geopolítico más inestable al objeto de ser capaces de absorber pérdida de flujos, junto con la
atracción de mercados alternativos de alto valor añadido ventajosos para España, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a la adopción urgente de las siguientes medidas:
- Agilizar el procedimiento de control de pasaportes en los filtros fronterizos de los aeropuertos españoles mediante el ABC System, siguiendo la misma fórmula implementada en los principales aeropuertos portugueses (instalaciones
RAPIDforALL e-gates), con la finalidad de subsanar los problemas de congestión acontecidos a lo largo del último año.
- Reforzar y garantizar en todo caso la capacidad y dotación adecuada de medios y efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los puestos fronterizos de aquellos aeropuertos y puertos con mayores volúmenes de tráfico
internacional de pasajeros en una fase decisiva para acelerarla definitiva recuperación de los destinos españoles y del negocio aeroportuario tras dos años y medio conviviendo con la pandemia.
- Evitar en todo caso comprometer o deteriorar la imagen de la Marca España y su reposicionamiento competitivo en un nuevo ciclo turístico, así como entorpecer la compleja operativa de las aerolíneas y otras empresas prestadoras de servicios
aeroportuarios, así como los intereses de turistas y consumidores por causa de episodios recurrentes de saturación en los filtros fronterizos de los aeropuertos españoles.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de mayo de 2022.-Agustín Almodóbar Barceló, Sebastián Jesús Ledesma Martín, Ana Belén Vázquez Blanco e Isabel María Borrego Cortés, Diputados.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.
161/004253
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Macarena Olona Choclán, doña Patricia Rueda Perelló, don José María Figaredo Álvarez-Sala, doña Mireia Borrás Pabón, don Andrés Alberto Rodríguez Almeida, don Carlos Zambrano García-Ráez, don Agustín Rosety Fernández de Castro y doña
María de la Cabeza Ruiz Solás, en sus respectivas condiciones de Portavoz Adjunta y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GP VOX), al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados,
presentan la siguiente Proposición no de Ley dirigida a impulsar la industria naval nacional y, especialmente, la actividad de los astilleros de la provincia de Cádiz, para su debate en la Comisión de Industria, Comercio y Turismo.
Exposición de motivos
Primero. La Situación de la industria naval en España.
La industria naval es uno de los grandes tractores económicos del sector secundario español. Dentro de este, la actividad de los astilleros impulsa la economía regional como una industria de ensamble, por cuanto requiere de innumerables
servicios adyacentes y trabajos de colaboración. En este sentido, los principales sectores que se benefician van desde los dedicados a la siderurgia, tratamiento de metales, servicios de soldadura, calderería, ingeniería o desarrollo de nuevas
tecnologías I+D+i, hasta los productores de gases industriales o recicladores de metales, transporte marítimo y terrestre de materias, o turismo.
Los principales astilleros de capital privado se encuentran repartidos entre las regiones vasca, asturiana y gallega. Y, en cuanto a su impacto en la sociedad, el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, con base en datos de la Agenda
Sectorial de la Industria Naval de 2019, apuntaba que los 20 astilleros nacionales con capacidad para construir buques de 100 GT son fuente de 70.000 empleos de alto grado de cualificación y 7.500 millones de euros de facturación anual 1. Estos
datos sitúan a la referida industria española como la segunda potencia en la Unión Europea y la novena en el mundo en contratación de pedidos 2.
El sector naval privado español es un ejemplo internacional de innovación técnica y de diseño. Así, la industria naval es tradicionalmente un sector que comienza con labores más sencillas (soldadura y fundición técnicamente simples) y que
progresivamente va sofisticándose -sistemas de datos, conectividad e incluso sistemas de estabilización física de las embarcaciones y posicionamiento dinámicos-.
La industria española comenzó a mediados del siglo pasado como pura industria pesada y ha ido evolucionando hasta ser actualmente un ejemplo a nivel mundial por su innovación. Algunos ejemplos de proyectos de vanguardia con firma española
son:
- Un buque pesquero que transporta las capturas vivas 3.
- Un buque diseñado para prestar servicios a la generación eólica marina neutro en emisiones de CO2 4.
- Buques dedicados al transporte de gas natural licuado (LNG, por sus siglas en inglés) de última generación.
- Un buque oceanográfico silencioso que no produce burbujas y que, por tanto, consigue evitar interferencias en la actividad de los equipos de investigación acústica 5.
- Buques con propulsión dual Diesel y Eléctrica para patrullaje en modo eléctrico, que minimizan la contaminación. Es el caso de la serie BAM para la Armada Española.
En definitiva, se está ante una industria puntera por su desarrollo tecnológico y por la complejidad de los proyectos que es capaz de desarrollar.
Segundo. La concreta situación de Navantia.
España cuenta también con una gran empresa naval de titularidad pública, Navantia, SA ('Navantia'). Sus centros de trabajo están distribuidos por la costa española: en concreto, en la Bahía de Cádiz (astilleros de San Fernando, Cádiz y
Puerto Real) uno de sus astilleros, el de Puerto Real, dispone de un activo puntero a escala mundial: el segundo mayor dique seco de Europa 6.
Este dique tiene capacidad para construir los mayores buques del mundo, de hasta 1.000.000 de toneladas métricas. Y también los mayores portaaviones del mundo, los de la clase Gerald Ford, que alcanzan las 100.000 toneladas, o los
portaviones británicos, de menor tamaño, y que alcanzan las 60.000 toneladas. Por tanto, se trata de una infraestructura con una capacidad muy concreta para producir grandes buques, que
1 Resumen ejecutivo del Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación económica naval, pág. 5.
2 https://cincodias.elpais.com/cincodias/2022/03/15/companias/1647348128_468837.html#:~:text=La%20ministra%20de%20Industria%2C%20Comercio,310%20millones%2C% 20y%20la%20 privada%2C (fecha de consulta: 27 de mayo de 2022),
3 https://www.abc.es/economía/abci-innovacion-toda-maquina-para-mitigar-sufrimiento-peces-202205090137_noticia.html (fecha de consulta: 27 de mayo de 2022).
4 https:// www.puentedemando.com/el-buque-csov-edda-breeze-preparado-para-pruebas-de-mar/
5 https://www.lavozdegalicia.es/noticia/somosmar/2021/10/27/armon-construira-oceanografico-avanzados-mundo-vigo/0003_202110G27P30994.htm
6 https://www.diariodecadiz.es/noticias-provincia-cadiz/anos-mayor-dique-Europa_0_957504676.html y
https://www.lavozdelsur.es/actualidad/politica/el-segundo-dique-mas-grande-de-europa-esta-en-puerto-real-v-apenas-tiene-carga-de-trabajo_151301102.html
no puede replicarse ni encontrarse fácilmente en otros países del mundo. A esta ventaja competitiva debe añadirse la técnica y el saber hacer de los trabajadores de la industria naval española.
En definitiva, las instalaciones de Navantia en Puerto Real (Cádiz) ofrecen una fortaleza de la que ningún otro país -y menos aún una empresa privada- dispone. Y, en consecuencia lógica, los productos navales elaborados son también punteros
a nivel mundial. El ejemplo más claro es el de la fragata F110, puesto que no sólo su diseño y estructura es novedosa y revolucionaria, sino que el sistema de radar -adaptado a esa estructura- es líder global en sistemas de detección y coordinación
por radio.
Sin embargo, los grandes proyectos que en los últimos años podrían haber servido para amortizar esta infraestructura han sido contratados en terceros países debido, principalmente, a la negligencia del Gobierno:
- En mayo de 2020 Navantia perdió un contrato para la fabricación de diez buques para la Armada estadounidense con los que se habrían facturado 10.000 millones de euros 7.
Este contrato se adjudicó finalmente a una compañía italiana. El principal motivo fue la retirada sin previo aviso en 2019 de una fragata española que acompañaba a una flota estadounidense en una operación en el golfo Pérsico. Se debió a
una decisión política del Gobierno socialista 8.
- En junio de 2020 Navantia perdió uno de los grandes contratos para la fabricación de infraestructuras para la industria de generación eólica 9. Las noticias al respecto fueron lapidarias: La pérdida de un nuevo contrato de Navantia ha
dado la puntilla al sector. Los astilleros públicos llevan más de dos años sin firmar un acuerdo de construcción naval capaz de ilusionar y arrastrar hacia el empleo a las empresas auxiliares de la Bahía.
- En junio de 2021, Navantia perdió el contrato para la fabricación de cuatro fragatas para la armada griega con el que se habrían facturado 4.000 millones de euros 10.
En el concurso para este contrato participaba un conglomerado de compañías repartidas por diversos países aliados de Grecia. Navantia (y con ella España) fue excluida. El principal motivo fue la relación aparentemente estrecha que el
Gobierno de España mantiene con el de Turquía, adversario estratégico de Grecia.
- Este mismo año se ha perdido la posibilidad de participar en el programa Miecznik polaco para la construcción de tres fragatas 11.
En definitiva, estos fracasos de Navantia -y, por ende, de España- se deben indudablemente a la negligencia e incapacidad comercial del Gobierno socialcomunista y a la dirección designada por el Ejecutivo, a través de la Sociedad Estatal de
Participaciones Industriales (SEPI), para la compañía naval nacional.
Dicho lo anterior, recientemente los medios han anunciado que Navantia sí ha accedido a una serie de contratos que dotarán a sus astilleros de carga de trabajo. Estos contratos, muy a corto plazo y esporádicos, se centran en la reparación
de buques civiles, los cuales en ningún caso cubren las enormes posibilidades que ofrece el dique seco de Puerto Real 12. Asimismo, estos contratos no son más que una suerte de arrendamiento de infraestructuras: así, las compañías encargadas de
reparar los buques en cuestión alquilan el dique de Puerto Real y son ellas -con sus propios trabajadores y tecnología- quienes efectúan los trabajos. De esta forma, este tipo de contratos son solo un parche que alarga la agonía de uno de los
grandes activos industriales de España.
La única solución real y viable para Navantia pasa, necesariamente, por obtener carga de trabajo en proyectos punteros que aprovechen las capacidades de la compañía y confieran así unos ingresos correlativos a la capacidad física y técnica
de la compañía y del astillero.
7 https://elpais.com/espana/2020-05-02/navantia-pierde-el-gran-contrato-de-fragatas-del-pentagono.html (fecha de consulta: 27 de mayo de 2022).
8 https://elpais.com/politica/2019/07/18/actualidad/1563431439_712625.html#:~:text=El%20Departamento%20de%20Defensa%20de,mayo%20en%20el%20golfo%20P%C3%A9rsico (fecha de consulta: 27 de mayo de 2022).
9
https://www.lavozdigital.es/cadiz/provincia/lvdi-perdida-ultimo-contrato-eolico-navantia-pone-limite-industria-auxiliar-202006161432_noticia.html?ref=https%3A%2F%2Fwww.lavozdigital.es%2Fcadiz%2Fprovincia%2Flvdi-perdida-ultimo-contrato-eolico~
navantia-pon e-limite-indus tria-auxiliar-202006161432_noticia.html (fecha de consulta: 27 de mayo de 2022).
10 https://www.niusdiario.es/economia/empresas/navantia-pierde-contrato-con-grecia-de-cuatro-fragatas_18_3151329557.html
11 https://www.infodefensa.com/texto-diario/mostrar73446458/navantia-pierde-opciones-concurso-polonia-construir-tres-fragatas (fecha de consulta: 27 de mayo de 2022).
12 https://www.lavozdigital.es/cadiz/provincia/lvdi-reforma-cruceros-cadiz-confirma-carga-trabajo-hasta-2023-202205161323_noticia.html (fecha de consulta: 27 de mayo de 2022).
Tercero. El Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE) para la Industria Naval.
El 15 de marzo de 2022 el Consejo de Ministros aprobó el Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica ('PERTE') para el sector naval, para el que se prevé una inversión de 1.460 millones de euros, de los que la
aportación pública será de 310 millones, y la privada de 1.150 millones.
Asimismo, se afirma que se espera que el proyecto contribuya a la creación de cerca de 3.100 puestos de trabajo de calidad, principalmente en regiones periféricas, contribuyendo así a la política de reto demográfico 13.
Los objetivos de este PERTE, según ha anunciado el Ministerio, serán los siguientes 14:
- Mantener la aportación de este sector a la soberanía industrial.
- Diversificar la actividad hacia las energías renovables marinas.
- Digitalizar la cadena de valor.
- Incrementar la sostenibilidad medioambiental.
- Mejorar la formación y capacitación de los empleados.
Como antes se ha señalado, la industria naval española de capital privado destaca por su alto nivel de tecnificación, sus diseños complejos y especializados y el alto valor añadido que aporta a los armadores. España no resulta competitiva
en el precio de los principales insumos que requiere esta industria -recursos humanos, energía y materias primas-. Así pues, el sector privado ha evolucionado y sobrevivido gracias al valor añadido que aportan a sus diseños.
En consecuencia, no parece que la industria del sector naval privado sea susceptible de cumplir los objetivos del anunciado PERTE naval, puesto que ya están diversificados hacia las energías renovables, ya están digitalizados, ya son
ambientalmente sostenibles, y la capacitación y formación de sus empleados supera con creces la media nacional. Pese a lo expuesto, en mayo de 2022, desde el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo se afirmaba que el PERTE naval está orientado
a los astilleros privados 15.
Así pues, aunque el PERTE pueda ser beneficioso para el sector, no parece que vaya a ser la solución definitiva para Navantia, puesto que, como se ha señalado, no será esta empresa a quien vaya dirigido. Y, aunque así fuese, la principal
necesidad de la compañía estatal no es otra que la disponer de una verdadera carga de trabajo. A mayor abundamiento, parece que el PERTE naval no llegará a término en el plazo anunciado por el Gobierno, por lo que, en cualquier caso, se hace
necesario su impulso 16.
Cuarto. Conclusión.
En definitiva, España cuenta en la provincia de Cádiz con un activo único: el dique seco de Puerto Real de Navantia. La dirección de la compañía pública y el Gobierno, sin embargo, tienen esta infraestructura absolutamente infrautilizada.
Por ello, el sector naval en la provincia languidece lentamente y la conclusión necesaria -si la situación no se revierte pronto- será su desaparición.
Por su parte, el Ejecutivo ha anunciado con un gran énfasis el PERTE naval como si fuese a salvar al sector por sí solo, al igual que ha publicitado con los distintos PERTE en otros sectores. Sin embargo, según sus propias manifestaciones
no parece que este vaya a impactar de forma relevante en Navantia Cádiz. Tampoco parece que la inyección de fondos públicos vaya a solucionar por sí misma la situación de la empresa. La compañía necesita una carga de trabajo que permita aprovechar
al cien por cien sus ventajas competitivas y que, consecuentemente, se reciban beneficios de forma acorde a ello. Sin embargo, resulta evidente que el Gobierno ni siquiera ha trazado una estrategia en ese sentido. Tal es la mala gestión de esta
empresa pública.
En definitiva, se trata de un ejemplo más de cómo los obstáculos impuestos a la industria nacional por parte de las diferentes agendas globalistas y a causa de la inacción de los sucesivos gobiernos han
13 https://www.mincotur.gob.es/es-es/GabinetePrensa/NotasPrensa/2022/Paginas/Gobierno-aprueba-el-PERTE-Naval-movilizar-l-460-millones-de-euros-.aspx (fecha de consulta: 27 de mayo de 2022).
14 https://www.mincotur.gob.es/es-es/recuperacion-transformacion-resüiencia/Paginas/perte-naval.aspx (fecha de consulta: 27 de mayo de 2022).
15 https://www.eleconomista.es/industria/noticias/11783674/05/22/El-retraso-del-Perte-naval-dificulta-a-la-industria-vasca-el-diseno-de-proyectos.html (fecha de consulta: 27 de mayo de 2022).
16 Ídem.
debilitado nuestro tejido productivo, generando una progresiva destrucción de empresas y empleo, así como una reducción generalizada de salarios.
En Andalucía, al igual que en toda España, debe protegerse la soberanía industrial. La industria crea empleo de calidad y riqueza y, en concreto, la industria naval genera riqueza por valor de millones de euros y favorece la contratación de
miles de personas, algo imprescindible para la Nación en general y para Andalucía y Cádiz en particular, pues se trata de la provincia con la mayor tasa de paro más alta de España.
Por los motivos expuestos, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a lo siguiente:
1. Promover las iniciativas normativas que faciliten el desarrollo de la industria naval española de titularidad tanto pública como privada.
2. Aplicar con carácter urgente una política comercial exterior y de defensa, basada en los intereses de España y en el bienestar y la prosperidad de los españoles, que atraiga proyectos de trabajo y construcción hacia la industria naval
española de titularidad pública y privada.
3. Adoptar medidas que favorezcan la llegada de carga consolidada de trabajo para las factorías de Puerto Real y de San Fernando de Navantia en la provincia de Cádiz.
4. Impulsar con urgencia el Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica para la industria naval.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de mayo de 2022.-Mireia Borrás Pabón, José María Figaredo Álvarez-Sala, Patricia Rueda Perelló, Andrés Alberto Rodríguez Almeida, Carlos José Zambrano García-Ráez, Agustín Rosety Fernández de Castro
y María de la Cabeza Ruiz Solás, Diputados.-Macarena Olona Choclán, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
161/004257
A la Mesa de la Comisión de Industria, Comercio y Turismo
María del Carmen Martínez Granados, Diputada del Grupo Parlamentario de Ciudadanos, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes, del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de ley para la
aprobación de un PERTE para el sector turístico, para su debate en la Comisión de Industria, Comercio y Turismo.
Exposición de motivos
Los proyectos estratégicos para la recuperación y transformación económica (PERTE), regulados en el Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y
para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, son proyectos de carácter estratégico con gran capacidad de arrastre para el crecimiento económico, el empleo y la competitividad de la economía española, con un alto
componente de colaboración público privada y transversales a las diferentes administraciones.
Este mecanismo, que es utilizado para la gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y poner en marcha parte de los Fondos Europeos 'Next Generation' para incentivar la recuperación económica tras el deterioro sufrido a
causa de la pandemia del coronavirus, supone una herramienta de impulso y coordinación de proyectos prioritarios, con el objetivo de contribuir a una gestión ágil y eficiente de los fondos y reforzar aquellos proyectos que contribuyan a la
transformación de la economía española.
La actividad turística, que antes de la pandemia representaba el 12,4 % del Producto Interior Bruto de España, cayó al 5,5 % del PIB en 2020, según datos del INE. Se trata del porcentaje más bajo de toda la serie histórica. Sin embargo, el
grupo parlamentario Ciudadanos ha venido trabajando en el Congreso de los Diputados para apoyar la recuperación de este sector fundamental para España, a través de iniciativas como la declaración de sector estratégico o la reactivación de los viajes
del IMSERSO.
Atendiendo a que el Turismo, como sector, representa una vital contribución al crecimiento económico, a la creación de empleo y a la competitividad de la economía española, a que su carácter innovador está permitiendo el desarrollo de nuevos
productos y servicios en una continua búsqueda de la excelencia y el ofrecer la máxima calidad, a su importancia cualitativa dada su impacto en todo el país, y su papel en la integración y crecimiento de las PYMES, y que toda esta enumeración son
criterios valorables para declarar a un proyecto como PERTE de acuerdo con el artículo 8.3 del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre que los regula, estimamos imprescindible para apoyar y reforzar este sector vital para España su declaración
como Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica.
El PERTE que reclamamos supondría un firme apoyo e impulso a un sector que sigue afectado por los efectos de la pandemia de la COVID-19, como son las restricciones que aún perviven en el transporte o los requisitos de acceso a múltiples
países. Es por ello necesario apostar decididamente por la supervivencia y viabilidad del sector, adoptando medidas específicas y efectivas para las empresas que lo integran, garantizando su continuidad, y por ende, la de los empleos que generan.
Sin embargo, el secretario de Estado de Turismo afirmó la pasada semana que el formato PERTE no es 'viable para el sector turístico', alegando sin embargo que el turismo 'sí que tiene un PERTE', que son los 3.400 millones de euros destinados
al sector dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, frente al plan de 15.000 millones que piden los grandes grupos turísticos, similar a los aprobados para otros sectores. Desde Moncloa se justifica esta decisión en las
especiales características del sector turístico, que al no estar compuesto por grandes empresas que puedan generar efecto tractor, sino por PYMES en su mayoría, los fondos de un PERTE se diluirían. Olvida el Ministerio el efecto tractor que el
turismo de destinos maduros puede generar sobre una larga cadena de empresas, por ejemplo; o que, en palabras de la patronal, los fondos se podrían concentrar en unos pocos proyectos emblemáticos y ambiciosos que transformen el atractivo y el
posicionamiento competitivo de algunos destinos, sirviendo de espejo para que otros sigan. Sería el caso de destinos como la Costa del Sol o la costa de Cádiz. En los últimos quince años, ningún gobierno central ha visto la necesidad de poner en
marcha un plan de reconversión de zonas turísticas necesitadas mucho más allá de una mera operación de estética o unos Planes Renove que desde el principio se consideraron insuficientes. No es serio que a un sector responsable del 12 % del PIB se
le deje tan solo el 5 % de los fondos de recuperación, repartidos, además, sin consenso y por cuotas territoriales.
Un PERTE para el turismo, bien diseñado, no se limitaría exclusivamente a las actividades directamente en contacto con los turistas, debido a la capacidad multiplicadora del sector turístico sobre otros sectores. La agricultura y ganadería
de proximidad al albur de la apuesta por la economía circular, el propio sector de la construcción especializada en la rehabilitación alineada con el objetivo de la revalorización, el clúster energético enfocado en el avance en la descarbonización y
las empresas de tecnologías aplicadas a la gestión del destino y la integración de la cadena de valor turística serían algunas de las actividades beneficiadas. Así mismo, y de forma indirecta, la apuesta por espacios de alta calidad de vida debería
facilitar un mayor aprovechamiento del parque residencial ya construido, a través de las oportunidades de la deslocalización laboral de profesionales de alto valor añadido y la eventual localización de empresas de servicios avanzados y profesionales
liberales.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a aprobar, en el plazo de un mes, un Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE) para el sector turístico, de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto-ley
36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, atendiendo la contribución del sector al crecimiento
económico y a la creación de empleo en nuestro país.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de mayo de 2022.-María Carmen Martínez Granados, Diputada.-Edmundo Bal Francés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
161/004258
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley de medidas de apoyo al sector del
comercio ambulante para su debate en Comisión de Industria, Comercio y Turismo.
Exposición de Motivos
Según la memoria de los PGE 2022 el fin del Programa 4310 es promover la competitividad, la innovación y el uso de las nuevas tecnologías por parte del sector comercial, favoreciendo su adaptación a los nuevos hábitos de consumo y mejorando
la gestión de su modelo de negocio, prestando especial atención a las pymes y micropymes del comercio minorista, considerando que estas constituyen el 98,5 % de las empresas del sector y que éste ha sido muy afectado por la crisis del coronavirus
vivida en 2020. Para ello se diseñará un Plan de impulso del sector comercial que recoja acciones e iniciativas que apoyen la competitividad del comercio en España de forma que el mismo se vea reforzado y esté capacitado para superar nuevas crisis.
Es necesario impulsar el comercio como sector estratégico a la hora de generar riqueza, empleo y cohesión social. Y se necesita hacerlo en el medio urbano y rural de manera que salga de la crisis más reforzado, moderno y omnicanal,
aprovechando las posibilidades que ofrece la digitalización para ser más competitivos, recuperando la confianza del consumidor e impregnándolo de elementos sostenibles para que así perdure en el tiempo. Y todo ello, sin olvidar el modelo de
colaboración público-privada como herramienta para el fomento del comercio tradicional y poner en valor a los establecimientos comerciales.
Los objetivos establecidos en el Plan de impulso al comercio serán:
- Facilitar el desarrollo de proyectos de transformación digital.
- Facilitar la transformación ecológica del sector.
- Fomentar la innovación en el comercio, promoviendo su adaptación a las nuevas tecnologías y a las nuevas formas de consumo, trabajando en una estrategia multicanal que pase por la omnicanalidad.
- Contribuir a que el comercio tradicional perdure en el tiempo.
- Potenciar el uso de las energías renovables y no contaminantes.
- Disminuir la huella de carbono y la movilidad sostenible.
Junto a estos objetivos contemplados en el Plan de impulso al comercio, es necesario desarrollar las siguientes medidas de actuación:
- Sensibilización y capacitación en materia medio ambiental.
- Modernizar los mercados, las áreas comerciales, mercados de venta no sedentaria y los canales cortos de comercialización, y sus equipamientos comerciales.
- Fomentar el fortalecimiento de la actividad comercial en zonas turísticas.
- Facilitar liquidez y avales a las pymes en riesgo.
- Impulsar la actividad inversora.
- Facilitar herramientas a la actividad emprendedora.
- Potenciar las sinergias entre el turismo y el comercio.
- Contribuir a crear un marco de libre y justa competencia.
- Sensibilizar al pequeño comercio de la necesidad de impulsar sus capacidades en el uso de nuevas tecnologías.
- Desarrollar las capacidades, conocimientos y competencias en el sector del comercio minorista.
- Facilitar información y servicios de interés para el sector de la distribución comercial.
- Contribuir a conseguir un entorno seguro en el comercio.
- Generar confianza en el cliente.
- Aumentar la demanda.
Para la consecución de estos objetivos se desarrollarán las siguientes líneas de acción en el ámbito del comercio interior:
Trabajar en una estrategia multicanal, fomento del asociacionismo entre empresas del sector, refuerzo de la actividad comercial en zonas rurales, mejora de la competitividad comercial en los municipios, modernización de los mercados
municipales, ejes comerciales o venta no sedentaria, fomento del emprendimiento, formación y sensibilización.
Los mercadillos están considerados como centros comerciales al aire libre, donde miles de autónomos en nuestro país ofrecen una amplísima gama de productos, muchos de ellos considerados esenciales para la población.
La situación pre-COVID del comercio ambulante ya presentaba graves problemas estructurales como consecuencia de múltiples factores como la aparición de nuevos agentes comerciales, el formato de la venta online, la falta de inversión de los
ayuntamientos , los terrenos donde se ubican que en ocasiones son hasta peligrosos, la falta de servicios, los outlet, y la propia imagen marginal de los mercadillos, todo esto ha quedado claramente de manifiesto y ha evidenciado su vulnerabilidad,
por lo que han padeciendo sobremanera los efectos de la pandemia.
Tanto es así que el 1 de marzo de 2019 la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, y el secretario general de la Unión Nacional de Empresas del Comercio Ambulante (UNECA), Iván Borja, ya firmaron un protocolo de colaboración
con el objetivo de modernizar un sector que representaba el 8 % del total del comercio minorista.
El protocolo perseguía la búsqueda de soluciones que permitieran al comercio ambulante pervivir en el futuro y, en concreto, al estudio de soluciones de modernización, formación profesional, acceso a nuevas tecnologías y digitalización
adaptada a este canal de venta, adecuación de recintos, y acentuación del papel de la venta no sedentaria en la lucha contra la despoblación y el desabastecimiento de zonas rurales y núcleos de población dispersos, entre otras.
Desde el primer momento de la pandemia, las asociaciones más representativas del sector pidieron ayudas económicas a las distintas administraciones para paliar el impacto económico que supondría el cierre de los mercadillos donde desarrollan
su actividad. La Unión Nacional de Empresas del Comercio Ambulante (UNECA) ya advertía del enorme impacto que las medidas que se estaban adoptando para controlar el avance de la pandemia tendrían sobre el sector y reclamaban al Gobierno un plan de
ayudas para modernizar el sector y compensar la reducción de las numerosas pérdidas que esta situación iba a generar.
Sin embargo, y a pesar de los ingresos de miles familias de este país dependen del comercio ambulante, el Gobierno de España no adoptó ninguna medida específica para paliar los efectos que la actual crisis sanitaria y económica estaba
teniendo en este sector en particular.
El actual contexto económico, tras la crisis sanitaria de la COVID-19 y con la invasión de Rusia a Ucrania es un momento no solo propicio sino fundamentalmente urgente y necesario, para impulsar un paquete de medidas que contemplen la
elaboración de un marco legislativo estatal más extenso que al actual sobre el comercio ambulante hasta el desarrollo de un sistema de incentivos económicos que proporcione a los autónomos y trabajadores del sector herramientas para ser más
competitivos en el actual contexto global y tecnológico.
Para la patronal del comercio ambulante en España (UNECA) es de urgencia abordar la situación actual de un sector de actividad económica que aglutinaba, según datos definitivos de 2019 del INE, a 42.281 empresas, de las cuales 87,51 % son
profesionales autónomos sin trabajadores a su cargo, que tenía una cifra de negocio de más de 1.667 millones de euros, y que ocupa a 53.018 personas de manera directa en los más de 3.500 mercadillos, sin contar las que lo hacen de manera indirecta.
Un sector muy castigado por la crisis económica de 2008 y que arrastra desde entonces, una caída en cuanto a la cifra de negocio importante, desde los 2.778 mill de euros del ejercicio 2007, a los 1667 mill de euros en 2019, según la UNECA
la estimación de caída de ingresos en 2020 oscila entre un 60 o 70 % lo que rebajaría el nivel de volumen de negocio a los 500 millones de euros.
'Necesitamos con carácter de urgencia un plan de medidas urgentes para evitar la marginalización de un sector económico que arrastra un estigma injusto, y que siendo, la única actividad económica que ha sido generosa acogiendo a personas y
colectivos en riesgo de exclusión social, el formato comercial más antiguo que dio origen a lo que hoy reconocemos como la práctica del comercio e incluso a muchos núcleos poblaciones y que se mantiene como el único formato comercial que
desarrolla un servicio público como único canal de abastecimiento en zonas rurales donde sufren los efectos devastadores de la despoblación.'
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Impulsar un Plan de Rescate del Comercio Ambulante.
2. Constituir una Mesa de Diálogo con las Administraciones Públicas para atender la problemática del sector.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de mayo de 2022.-María de la O Redondo Calvillo, Tristana María Moraleja Gómez, Agustín Almodóbar Barceló y Guillermo Mariscal Anaya, Diputados.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión de Derechos Sociales y Políticas Integrales de la Discapacidad
161/004237
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para implementar una Estrategia
Nacional de Prevención de la Ceguera para su debate en la Comisión de Derechos Sociales y Políticas Integrales de la Discapacidad.
Exposición de motivos
Más del 90 % de la información que recibimos en nuestro día a día proviene de nuestros ojos. Así, la vista es el sentido que más teme perder el 95 % de la ciudadanía.
Sin embargo, infinidad de estudios publicados en España nos confirman que suele ser el aspecto sanitario que menos cuidamos de manera preventiva: En el año 2019 sólo dos de cada diez españoles se revisaron su visión, uno de cada cuatro lo
había hecho hacía más de dos años y entre los menores de siete años, sólo tres de cada diez han acudido alguna vez a una revisión con un profesional de la visión.
A esto hay que añadir que la pandemia de la COVID-19 ha modificado nuestros hábitos de vida, generando datos tan alarmantes como que el 91,4 % de la ciudadanía usó mucho más las pantallas de lo que anteriormente lo hacía, según un estudio de
la Asociación Visión y Vida.
En concreto, el 66,3 % de los encuestados afirmaron que las usaban el doble de lo habitual. En el caso de los menores, la mitad de ellos sí que incrementaron durante el confinamiento el tiempo de uso de pantallas (48,2 %) llegando a cifras
como que, el 50,3 % ha estado entre cuatro y ocho horas y el 22,1 % más de ocho horas diarias, lo que puede generar importantes consecuencias si tenemos en cuenta que la Organización Mundial de la Salud recomienda que los menores no deberían estar
más de una hora al día ante dispositivos electrónicos.
Haber tenido que vivir una situación que ha confinado a menores y mayores en sus domicilios durante cerca de cien días, sin poder realizar paseos y actividades en el exterior, en muchos casos sin recibir el impacto directo de la luz solar ha
tenido consecuencias desastrosas para la salud visual de los ciudadanos y los datos ofrecidos por la Asociación Visión y Vida así lo demuestran: Cerca de la mitad de la población sufrió, durante ese periodo, sintomatología asociada a un problema
visual como sequedad ocular, enrojecimiento de los ojos, lagrimeo, visión borrosa, dolor de cabeza, etc.
Además, sabemos que a seis de cada diez jóvenes (64,9 %) le varió su graduación durante el confinamiento y a casi uno de cada diez niños (10,1 %) le tuvieron que prescribir gafas o lentes de contacto por primera vez. Así, comprobamos
también que seis de cada diez présbitas más jóvenes (63,3 %), aquellos que tienen entre 40 y 50 años, tienen peor visión ahora que en marzo y casi la mitad (47,2 %) han requerido una nueva graduación.
Sin embargo, de estos estudios poblacionales se desprende que sólo una de cada cuatro familias decidió el pasado mes de septiembre, antes de iniciar la llamada 'vuelta al cole', revisar el estado de la visión de sus hijos para comprobar si
su visión se había dañado durante el confinamiento. Y no debemos olvidar que ello contribuye al incremento del fracaso escolar producido por un problema visual no resuelto. Además, la miopía -considerada pandemia por la OMS antes de la llegada de
la COVID-19- afecta ya a seis de cada diez universitarios y los considerados 'nativos digitales' -nacidos desde el año 2000- son más miopes que la generación previa tanto, en cantidad de afectados, como en las dioptrías de miopía de los mismos.
Recordemos que una miopía mayor de cinco dioptrías se asocia ya a un ojo patológico multiplicando por más de cien sus posibilidades de sufrir en la etapa adulta problemas tan serios como glaucoma o enfermedades retinianas. Es más, el 63,2 % de los
jóvenes miopes de hoy tiene antecedentes familiares de DMAE o glaucoma.
Todos estos datos unidos al contexto económico que vivimos, los más vulnerables han sido los más damnificados por las nefastas políticas del Gobierno de Sánchez, la última tasa de riesgo de pobreza y/o exclusión social AROPE advertía que el
7,0 % de la población se encontraba en situación de carencia material severa, frente al 4,7 % del año 2019. Casi 2 millones personas respecto del año 2018 en exclusión severa, y existe un repunte del 20 % de la demanda en los Bancos de Alimentos.
Las familias, especialmente las que tienen menores en su seno, han sido olvidadas por este Gobierno, el riesgo de exclusión social se ha incrementado al 27 % de parejas con hijos frente al 18 % entre parejas sin hijos. Una incidencia mucho
más acusada en el caso de que se trate de una familia numerosa (47 %) o de un hogar monoparental (49 %), especialmente cuando la persona sustentadora principal es una mujer.
Sin olvidar la pobreza infantil, de acuerdo con los datos de Eurostat (2021) sobre la situación de los niños, niñas y adolescentes (NNA) en riesgo de pobreza o exclusión social (AROPE), el 24,2 % de los NNA de la Unión Europea estaba en
riesgo de pobreza o exclusión social en 2020, mientras que España contaba con cerca de un 32 %.
Todo ello supondrá el incremento de la tasa de la llamada 'pobreza visual'; personas que aun sabiendo que necesitan un equipamiento óptico para tener una visión correcta en su día a día no pueden asumirlo debido a problemas económicos.
Aunque en España tenemos el privilegio de contar con la ONCE que realiza una gran labor social con las personas que padecen discapacidad visual, el gobierno de la Nación está obligado a garantizar el bienestar de estas personas a través de
una Estrategia Nacional que, no sólo dé respuesta a sus necesidades, sino que evite que las personas con afecciones oculares o de algún grado de discapacidad visual lleguen a perder la visión.
En consecuencia, desde el Grupo Parlamentario Popular, consideramos esencial la implementación de una Estrategia Nacional de cuidado visual y prevención de la ceguera, que permita la detección rápida de problemas visuales desde la infancia,
el cuidado preventivo de la visión en todas las etapas de la vida y el acceso justo y equitativo a sistemas de corrección visual que permitan que no haya ni una sola persona en España que no tenga el derecho a ver por sus condiciones sociales y
económicas.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a implementar, en coordinación con las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales, una Estrategia Nacional de Prevención de la Ceguera que incluya:
1. Un Plan Nacional que contemple programas de cribado, detección precoz y diagnóstico temprano que permita el seguimiento y evolución del estado de la visión desde la etapa de escolarización hasta la llegada a la edad adulta.
2. Campañas informativas sobre cuidado preventivo de la visión y sobre la importancia de las revisiones periódicas en la edad adulta (sobre todo a partir de los 50 años) para prevenir las principales causas de discapacidad visual que son
las patologías asociadas a la edad como son Degeneración Macular Asociada a la Edad (DMAE), retinopatía diabética, alta miopía y el glaucoma.
3. Medidas específicas para la formación de los profesionales sanitarios, sociales y docentes en detección temprana de problemas visuales.
4. Impulso a la investigación y la introducción y acceso a nuevos tratamientos.
5. La creación de programas interdisciplinares de seguimiento sanitario, apoyo psicológico y rehabilitación visual.
6. La puesta en marcha urgente de un Plan especial de ayudas a la renovación de los equipamientos ópticos, urgente tras la crisis de la COVID-19.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de mayo de 2022.-María del Carmen González Guinda, Margarita Prohens Rigo, Macarena Montesinos de Miguel, Alicia García Rodríguez, María Teresa Angulo Romero, María Sandra Moneo Díez, Diego Movellán
Lombilla, Carmen Navarro Lacoba, José Ortiz Galván, Miguel Ángel Paniagua Núñez y Carmelo Romero Hernández, Diputados.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/004249
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la modificación de los elementos valorativos de la epilepsia para
la asignación de discapacidad, para su debate en la Comisión de Derechos Sociales y Políticas Integrales de la Discapacidad.
Exposición de motivos
La Organización Mundial de la Salud (OMS) describe la epilepsia como 'una enfermedad cerebral crónica que afecta a personas de todo el mundo y se caracteriza por convulsiones recurrentes. Estas convulsiones son episodios breves de
movimientos involuntarios que pueden afectar a una parte del cuerpo (convulsiones parciales) o a su totalidad (convulsiones generalizadas) y a veces se acompañan de pérdida de la consciencia, que se debe a descargas eléctricas excesivas de grupos de
células cerebrales y cuya frecuencia también puede variar desde menos de una al año hasta varias al día'.
Se estima que en España pueden existir más de 400.000 ciudadanos que padecen esta patología en nuestro país, con diferentes manifestaciones clínicas y repercusiones en su vida diaria. La epilepsia se caracteriza por una alteración del
cerebro que predispone a este a generar crisis epilépticas, con consecuencias sustanciales en el ámbito cognitivo, psicológico, neurológico y social. La epilepsia es una de las causas de consulta más frecuentes en un servicio de Neurología, siendo,
además, una de las enfermedades que más afectan a la calidad de vida del paciente de las tratadas en este tipo de servicios.
La afectación que esta patología supone, en numerosas ocasiones, a las actividades básicas de la vida diaria (ABVD) es significativa. La epilepsia no solo tiene como consecuencias directas las crisis convulsivas, también existen numerosos
casos en los que la epilepsia causa un deterioro cognitivo significativo de la persona que la padece, problemas de psicomotricidad y lenguaje, pérdida de habilidades motoras, etc.
El tratamiento para esta patología también posee consecuencias directas sobre el bienestar del paciente. Todas ellas, consecuencias que afectan directamente al desarrollo personal del afectado y a su bienestar físico, psíquico y social.
El Real Decreto 1971/1999, de 23 de diciembre, de procedimiento para el reconocimiento, declaración y calificación del grado de minusvalía establece una serie de criterios concretos a la hora de conceder minusvalías a personas afectadas por
epilepsia. En concreto, el Real Decreto establece lo siguiente:
'Para considerar que un paciente se encuentra adecuadamente tratado se precisa la demostración de una correcta dosificación de fármacos antiepilépticos, mediante determinación de niveles plasmáticos de fármacos que deberán encontrarse en
rangos terapéuticos.
Será necesario que el paciente haya permanecido con crisis, a pesar del tratamiento correcto, durante más de un año antes de proceder a la valoración.
La discapacidad que produzca la epilepsia dependerá fundamentalmente del número y tipo de crisis. Las crisis generalizadas tipo ausencias y las parciales simples son menos discapacitantes que las restantes
crisis generalizadas (mioclónicas, tónicas, tónico-clónicas y atónicas) y que las crisis parciales complejas. Por este motivo, las ausencias y crisis parciales simples sólo serán incluidas en clase I o clase II.
Dado que muchas epilepsias aparecidas en la infancia tienen tendencia a estabilizarse con la edad, en estos casos se realizarán revisiones cada 5 años.'
Es decir, es preciso que tenga crisis desde hace un año, y se valora 'fundamentalmente' el número y tipo de estas. No teniendo en cuenta, en ningún momento, sus consecuencias. Desde el Grupo Parlamentario Ciudadanos consideramos preciso
que se revisen los criterios para conceder la discapacidad en la patología de la epilepsia ya que tener en cuenta sólo el número de crisis y no sus consecuencias, de las que existe suficiente evidencia para saber que pueden tener importantes
repercusiones para la salud física, psíquica y social del paciente.
En el año 2017, durante la XII Legislatura, el Congreso de los Diputados aprobó una iniciativa por la que se instaba al Gobierno de España a impulsar una serie de medidas relacionadas con la modificación de los elementos valorativos de la
epilepsia para la asignación de discapacidad, mejorar su atención sanitaria y prevenir situación de discriminación. Sin embargo, a pesar del tiempo transcurrido, el Ejecutivo no ha dado cumplimiento al mandato de esta Cámara.
Teniendo en cuenta todo lo anterior, se presenta la siguiente:
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a:
1. Cumplir su compromiso para la modificación del Real Decreto 1971/1999, de 23 de diciembre, de procedimiento para el reconocimiento, declaración y calificación del grado de minusvalía y presentar en el plazo de seis meses un nuevo
borrador en el seno del Consejo Interterritorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, para lograr un acuerdo con las Comunidades Autónomas.
2. Escuchar a las asociaciones de pacientes con epilepsia, por parte de la comisión creada para las modificaciones del citado Decreto, con el fin de que puedan ser valoradas sus propuestas en relación a la posible modificación de los
criterios de valoración y reconocimiento del grado de minusvalía. Todo ello, en cumplimiento del artículo quinto de la Orden de 12 de junio de 2001 sobre creación, composición y funciones.
3. Modificar el Real Decreto 1971/1999, de 23 de diciembre, de procedimiento para el reconocimiento, declaración y calificación del grado de minusvalía, en concreto a lo relativo a los criterios para la asignación del grado de discapacidad
por epilepsia, a fin de que el grado dependa del número y tipo de crisis, pero también del grado de afectación y limitaciones de las Actividades Básicas de la Vida Diaria (ABVD) como consecuencia de la enfermedad y de los factores neurobiológicos,
psicosociales y farmacológicos, conforme al estudio que la Comisión Estatal de Coordinación y Seguimiento de la valoración del Grado de Discapacidad está llevando a cabo para llegar a la aprobación final del Documento técnico del Nuevo Baremo de
Valoración de la Discapacidad para adaptarlo a la CIF-OMS/2001.
4. Ajustar y actualizar la nomenclatura utilizada en el Real Decreto 1971/1999, de 23 de diciembre, de procedimiento para el reconocimiento, declaración y calificación del grado de minusvalía para la epilepsia en base al nuevo sistema de
clasificación establecido por la Liga Internacional Contra la Epilepsia (ILAE).
5. Desarrollar una Estrategia Nacional de Epilepsia, donde se recojan todas las acciones necesarias a desarrollar en el ámbito sanitario, social, educativo y laboral, con el objetivo de que la enfermedad sea correctamente asumida y se rompa
la estigmatización que existe sobre los afectados.
6. Trasladar al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, respetando las competencias de las Comunidades Autónomas en la materia, la necesidad de garantizar unos estándares de calidad comunes en los centros especializados de
atención a la epilepsia en todo el territorio estatal en relación a los documentos de valoración específicos, así como la necesidad de protocolizar en todos los territorios, los recursos humanos y materiales precisos a fin de que un centro
hospitalario pueda abrir una unidad especializada en epilepsia.
7. Realizar campañas de formación e información para que la epilepsia deje de suponer una discriminación para los pacientes.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de mayo de 2022.-Sara Giménez Giménez, Diputada.-Edmundo Bal Francés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
161/004262
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para evaluar la Estrategia Integral
Española de Cultura para Todos, e impulsar una nueva para el periodo 2022-2030 para su debate en la Comisión de Derechos Sociales y Políticas Integrales de la Discapacidad.
Exposición de motivos
La accesibilidad, conforme a lo establecido por la Ley 51/2003 -especialmente en los artículos 2.c) y 7.c)-, supone un conjunto de condiciones que deben cumplir los entornos, procesos, bienes, productos y servicios, para ser comprensibles,
utilizables y practicables por todas las personas en igualdad de condiciones que el resto de ciudadanos. Y en este sentido, se entiende que es necesaria para el ejercicio, para la realización efectiva, de los derechos fundamentales en igualdad de
oportunidades.
El artículo 14 de la Constitución española explícitamente reconoce el principio de igualdad y no discriminación; del cual se ha derivado el derecho fundamental a la igualdad, así como el derecho fundamental a la no discriminación, que en lo
básico, se traduce en que todas las personas puedan gozar del ejercicio efectivo de sus derechos sin que pueda existir discriminación alguna que lo dificulte o impida.
Los avances en accesibilidad requieren de avances legislativos que atiendan al diseño para todos, la supresión de barreras, las tecnologías asistenciales y los ajustes razonables, todo ello a través de normas claras y precisas, definidas
después de consultar a los diseñadores -entendidos en un sentido amplio-, fabricantes, así como prestatarios de servicios y a las personas con discapacidad, y aplicadas después de un periodo preparatorio durante el cual se pongan a disposición de
los ciudadanos servicios de asesoramiento técnico y jurídico.
Con esta filosofía en 2011 se impulsó la Estrategia Integral Española de Cultura para Todos: la accesibilidad a la cultura para las personas con discapacidad, teniendo en cuenta que la cultura constituye uno de los elementos esenciales en
el desarrollo de la personalidad y asumiendo las dificultades existentes en el acceso a los espacios, actividades culturales y a las creaciones artísticas; barreras físicas y sensoriales que excluyen de la participación como espectadores y también
como artistas a las personas con discapacidad.
Por lo tanto, esta Estrategia, partiendo de los principios de accesibilidad universal e inclusión aplicados al ámbito de la cultura y en base a la normativa española e internacional (el propio artículo 44 de la Constitución, la LIONDAU o la
Convención) que reconoce el derecho de las personas con discapacidad a participar en la vida cultural en igualdad de condiciones que el resto de los ciudadanos, la Estrategia contempla una serie de medidas dirigidas a garantizar la plena
participación del colectivo en las diferentes esferas culturales. Para ello integra aquellas actuaciones que ya están en marcha con otras nuevas, unificando los criterios de actuación en todos los espacios, acciones y servicios culturales
gestionados por el entonces Ministerio de Cultura y sus organismos autónomos. La Estrategia se compone de diez objetivos estratégicos a partir de los cuales se desarrollan de manera detallada todas las líneas de actuación propuestas. Para el
seguimiento, supervisión y evaluación de la misma se ha creado reglamentariamente un órgano interministerial bajo el nombre de Foro de Cultura Inclusiva al amparo del Real Decreto 1709/2011, de 18 de noviembre.
Asumiendo precisamente la obligación de los poderes públicos a facilitar el acceso a la cultura reconocido en nuestro ordenamiento jurídico, se hacía obligada la citada Estrategia con el fin de trabajar para suprimir todo aquello que pueda
impedir o limitar este derecho, así como implementar los apoyos necesarios para ejercerlo.
Merecen destacarse los objetivos de esta Estrategia como resumen sobre lo que se debía trabajar en este ámbito:
- Garantizar la plena accesibilidad universal para todos en los espacios, acciones y servicios culturales, tanto temporales como permanentes, que gestione el Ministerio de Cultura y sus organismos autónomos.
- Promover el acceso de las personas con discapacidad a los fondos bibliográficos y documentales, facilitando los recursos de apoyo necesarios.
- Fomentar la participación activa de las personas con discapacidad en la creación artística en los diferentes ámbitos de esta.
- Promover la investigación, desarrollo e innovación en tecnologías que faciliten hacer accesibles los diferentes contenidos culturales y los dispositivos y procesos de acceso a los mismos.
- Fomentar en los espacios y acciones culturales la contratación de personas con discapacidad.
- Promover la accesibilidad a los espacios a través del diseño para todos.
- Promover la formación profesional de la cultura y del personal de los espacios culturales para que puedan identificar y dar respuesta a las necesidades de las personas con discapacidad.
- Realizar campañas informativas y de divulgación cultural en formatos accesibles, para dar a conocer y fomentar la asistencia y participación de las personas con discapacidad en las ofertas culturales.
- Garantizar la participación real y efectiva de los propios usuarios y de sus organizaciones representativas en la ejecución y seguimiento de esta Estrategia.
Pues bien, tras la implementación de la Estrategia han sido habituales los Informes de evaluación y seguimiento de la misma para observar su grado de cumplimiento, su efectividad y sobre todo si se debieran impulsar reformas o mejoras en la
misma.
El primer Informe de evaluación se efectuó en el intervalo 2012-2014, contando para ello con 50 entidades públicas pertenecientes a la secretaría de Estado de Cultura, a Patrimonio Nacional y al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad.
Posteriormente, se presentaron los Informes 2015 y 2016 hasta llegar al último en el 2017, con un balance 259 medidas y 589.824 M y 30.430 personas beneficiarias.
Tras dicho Informe de 2017, nada se ha publicado hasta ahora respecto a la revisión de los objetivos de dicha Estrategia o a la posible publicación de una nueva con base en las últimas conclusiones que el Gobierno pueda tener al respecto,
pero que no ha sido publicado.
Si bien a respuesta a una pregunta parlamentaria de fecha 9 de febrero de 2022 se nos informó de los datos recopilados para la elaboración del Informe para el periodo 2018-2020 y se nos indicó que dicho informe estaba en fase de edición.
Pues bien, dicho Informe ni ha sido editado ni publicado, y teniendo en cuenta la importancia de conocer cuanto antes el grado de ejecución de los objetivos de la Estrategia en estos años, sobre todo para proyectar, en base a esa evaluación,
los objetivos para los próximos años, es por lo que planteamos esta iniciativa.
Tampoco se ha convocado el Foro de Cultura Inclusiva que el propio CERMI pedía fuera activado en agosto de 2020 al entonces ministro, dado que 'resulta imprescindible que este Foro vuelva a la actividad para evaluar las políticas y
actuaciones culturales en materia de inclusión y accesibilidad y para velar porque estas sean armónicas con los principios, valores y mandatos de la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad.'
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
- Elaborar el Informe 2018-2021, y el de evaluación final de la Estrategia Española de Cultura para Todos, Accesibilidad a la Cultura para las Personas con Discapacidad.
- Impulsar y actualizar los trabajos y reuniones del Foro de Cultura Inclusiva.
- Aprobar una nueva Estrategia Española de Cultura para Todos 2022-2030, con base en las conclusiones de la anterior, que cuente con la participación de todas las instituciones y entidades de la discapacidad, y con la colaboración del Foro
de Cultura Inclusiva.
- Esta Estrategia deberá impulsar nuevas iniciativas para que las personas con discapacidad puedan acceder a la cultura, en cualquiera de sus manifestaciones, bien como creadores, artistas, emprendedores, etcétera, así como espectadores.
- Elaborar un estudio específico del acceso a la cultura de las personas con discapacidad que viven en el medio rural, las mayores, las más vulnerables, cuyas conclusiones se incorporen a la Estrategia 2022-2030, dadas las especiales
dificultades que tienen, muchas veces sufriendo discriminación interseccional.
- Esta Estrategia deberá tener financiación suficiente para su puesta en funcionamiento, para lo que se deberá contar con los Fondos Europeos.
- Tener en cuenta la perspectiva de género para hacer efectiva la igualdad de oportunidades en el acceso a la cultura para hombres y mujeres con discapacidad.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de mayo de 2022.-María del Carmen González Guinda, Margarita Prohens Rigo, María Soledad Cruz-Guzmán García y Marta González Vázquez, Diputadas.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación
161/004226
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Plural, a instancia del Diputado del Bloque Nacionalista Galego (BNG) don Néstor Rego Candamil, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente
Proposición no de Ley para la retirada del Proyecto de Real Decreto por el que se establecen normas para la nutrición sostenible de los suelos agrarios para su debate en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Exposición de motivos
El día 5 de mayo finalizó el periodo de exposición pública del último intento de Proyecto de Real Decreto por el que se establecen normas para la nutrición sostenible de los suelos agrarios. Nos referimos a él como 'último intento', pues se
trata de otra nueva versión del proyecto de real decreto que en 2020 estuviera también en exposición pública hasta el mes de octubre y que no llegó a materializarse. El nuevo documento hecho público no solo no corrigió ninguno de los problemas que
presentaba el anterior, sino que incluso aumenta sus despropósitos y, de llegar a aprobarse, causará graves perjuicios a la ganadería bovina de Galiza y, por extensión, también a las de Asturias o Cantabria, que presentan características semejantes
a las gallegas.
Este nuevo intento de regular la materia parece deberse al anuncio de la Comisión Europea de su intención de actualizar la Directiva sobre las Emisiones Industriales 2010/75/UE para ampliar la tipología de explotaciones ganaderas que deben
someterse a esta Directiva. De hecho, se pretende aplicar a las explotaciones ganaderas con manejo en intensivo de más de 150-UGMs. Debe recordarse a este respecto que el propio ministro de Agricultura, Luis Planas, declaró que 'no es real que una
granja de 150 vacas se someta a las mismas normas que la industria química'.
A pesar de la contundencia de estas palabras, pocos días después, y en flagrante contradicción con estas declaraciones, el Ministerio hace público el mencionado real decreto por el que se establecen normas para la nutrición sostenible de los
suelos agrarios. Las prisas no justifican un texto sin documentación e información veraz, lleno de datos incompletos que, una vez más, no tienen en cuenta las características propias de la ganadería de Galiza, y que carga la culpabilidad de las
emisiones de amoníaco y nitratos sobre esta ganadería de vacuno con tierra en la que la práctica totalidad de las mismas son pequeñas y medianas explotaciones familiares.
Por parte del Gobierno deben tenerse en cuenta los distintos estudios e investigaciones rigurosos en esta materia como, por ejemplo, Van Damme et al. 2018 en que se identifican los puntos críticos de emisión de amoníaco utilizando un mapa
de alta resolución de amoníaco atmosférico obtenido a partir de imágenes de satélite, diarias, mediante el IASI, identificando 248 puntos críticos en todo el planeta, entre los que se encuentran las zonas de cría intensiva de animales (macrogranjas)
Eckley-Yuma (Colorado, EE. UU.); Bakersfield y Tulare (California, EE. UU.) y Torreón (México).
En el Estado español los puntos críticos identificados que aparecen en el ranking mundial son fundamentalmente debidos al ganado porcino, como son los de Vic-Manlleu (Barcelona), así como Cánovas, Lorca y Porto Lumbreas (Murcia). Pero
también aparecen algunas de vacuno de carne como Mensalbes (Toledo) y de vacuno de leche en Viso-Pozoblanco (Córdoba). Realizando una escala geográfica mayor, destaca especialmente toda la zona del Valle del Ebro (Aragón y Cataluña).
Sin embargo, haciendo caso omiso de los datos antes señalados, en el Plan de Proyección de Emisiones de Gases Contaminantes a la Atmósfera presentado por el Ministerio para la Transición Ecológica en 2019 se cargan las principales
reducciones en las emisiones de amoníaco en el ganado vacuno mientras se permite que sigan creciendo las de porcino, a pesar de ser este el principal emisor.
;2016;2020;2025;2030;2040;2016-2040;Porcentaje reducción
Produción animal y gestión de estiércoles y purines.;200,35;196,98;178,67;159,88;155,35;45,00;22,46
V. leche.;19,94;19,59;15,81;12,20;10,96;8,98;45,05
V. carne.;41,29;39,09;32,51;25,83;24,02;17,27;41,82
Ovino.;9,46;9,17;8,56;7,95;7,56;1,91;20,17
Porcino.;79,69;81,82;77,61;72,90;72,38;7,32;9,18
Caprino.;0,80;0,77;0,75;0,72;0,68;0,12;14,86
Equino.;5,23;5,01;5,09;5,17;5,20;0,03;0,63
Aves.;43,85;41,46;38,26;35,04;34,49;9,36;21,35
Abonado orgánico y mineral.;247,75;228,88;206,93;184,26;180,59;67,16;27,11
Otros sectores.;44,11;47,88;50,34;51,63;48,46;-4,35;-9,86
Total nacional.;492,21;473,75;435,93;395,76;384,39;107,82;21,9
Fuente: Plan de Proyección de Emisiones de Gases Contaminantes del Miteco.
También destaca la reducción que se pretende exigir al vacuno de leche que, pese a su bajo peso relativo en las emisiones estatales, se vería obligado a un ajuste que representa un recorte de más del 45 % de la cuota de emisiones actuales,
pasando del 4 % en 2016, al 2,85 % en 2040. Lo mismo sucede con las reducciones en el vacuno de carne, con una reducción de casi el 42 %, pasando del actual 8,1 % al 6,25 entre 2016 y 2040.
Sin embargo, las emisiones del subsector porcino que son, y con diferencia, las mayores, se incrementarían pasando del 16 % al 18,8 % estatal y los demás subsectores ganaderos se mantendrían estables.
El proyecto de Real Decreto ignora intencionadamente, una vez más, que los porcentajes del porcino (44 %) y de los abonos de síntesis (20 %) chocan frontalmente con el 10 % que suponen las emisiones del vacuno de leche, sector en el cual las
granjas situadas en Galiza suponen el 50 % de las del conjunto del Estado, siendo el vacuno de carne inapreciable en emisiones.
La excepción contenida en la propuesta de 10 ha de superficie para pastos o cultivos forrajeros para autoconsumo que se recoge en el artículo 4 de requisitos generales afectaría al 68 % de todas las explotaciones gallegas y al 90 % de las
vacas. Esta afectación es muy grave para el sector y completamente desproporcionada, más si tenemos en cuenta que en la propuesta de la nueva normativa europea de emisiones industriales marca el límite de las explotaciones exentas en las 150 UGMs,
y de mantenerse ese límite previsto por la Unión Europea se afectaría a menos del 6,1 % de las explotaciones lecheras de Galiza y a menos del 15 % de las vacas, tal y como se puede deducir de los propios datos publicados por el MAPAMA y el INE.
Este absurdo solo puede responder a una total ignorancia de la realidad gallega por parte del Gobierno del Estado, que parece desconocer que la inmensa mayoría de granjas en Galiza son pequeñas y medianas explotaciones familiares, con una
forma de trabajar sostenible con el entorno y el medio ambiente y que, en consecuencia, deberían protegerse, no imposibilitar su trabajo, atendiendo a que, por sus especiales características, no van a poder aplicar ni cumplir con el contenido de
esta norma que además, en su caso, es innecesaria.
Así, por ejemplo, en el artículo 5 del real decreto propuesto, relativo a la obligación de registrar las operaciones de aporte de nutrientes y materia orgánica al suelo agrario y de agua de riego en el cuaderno de explotación, establece, en
su apartado 2, la obligatoriedad de hacer análisis de los datos del suelo de los distintos recintos, de acuerdo con lo establecido en el artículo 6, para lo que se coordinará una red de laboratorios de analíticas de suelo. Resulta evidente que este
artículo está pensado para grandes
explotaciones que tienen la mayor parte de su terreno concentrado en una única o unas pocas fincas. Sin embargo, esta previsión aplicada a cada una de las explotaciones ganaderas gallegas donde los terrenos agrarios están completamente
atomizados en pequeñas propiedades separadas supondría una obligación inasumible para los ganaderos. Y lo mismo sucede con el artículo 6 donde se exige que se lleve un Plan de abonado en el que se identifiquen de forma inequívoca los diferentes
recintos que forman parte de la unidad de producción, y que debe incluir los datos del suelo de los recintos o, al menos, de un recinto representativo por cada hoja de cultivo. Los datos se referirán, al menos, a los valores de los contenidos en
materia orgánica, nutrientes y, en su caso, contaminantes que figuran en la Sección A de la Parte I del anexo I. Recuerden que en algunas explotaciones de Galiza son cientos las fincas dispersas que trabajan para reunir una extensión de terreno
suficiente.
Otro ejemplo de carga excesiva para las pequeñas explotaciones es la prevista en el apartado 3 del artículo 5, donde se establece que los ganaderos deberán registrar la composición analítica y en particular el contenido en nitrógeno, fósforo
y materia orgánica referidos a materia fresca de los estiércoles aplicados al suelo, de acuerdo con el artículo 13, que deberá ser proporcionada por el suministrador o por el propio titular de la explotación cuando los purines se generen en esta.
Resulta evidente que una granja pequeña, que utiliza sus propios purines como abono, no va a poder asumir un nuevo coste para realizar este análisis, por lo que en la práctica se estará promoviendo la fertilización química (donde los valores vienen
indicados) y obstaculizando la orgánica, obligando al ganadero/a descartar el purín o estiércol que produce como un residuo pagando para que se lo gestionen en una planta de Biogás.
En definitiva, con este real decreto se promueve una BCAM 10 de carácter estatal no incluida en el Reglamento del Parlamento Europeo, sobre la base del artículo 13 del Reglamento (UE) 2021/2115 del Parlamento Europeo y del Consejo por el que
se establecen normas en relación con la ayuda a los planes estratégicos con el fin de dotar de una mayor ambición medioambiental a la PAC, por lo que se crea esta BACM relativa a la nutrición sostenible de suelos agrarios.
Por todo lo expuesto, y siguiendo los acertados análisis e informes del investigador Xoán Castro del Centro de Investigaciones Agrarias de Mabegondo (CIAM), no es entendible por qué el Gobierno castiga a los ganaderos elevando la
condicionalidad, lo que no solo penaliza, sino que impediría, el cobro de la PAC a la mayoría de ellos, afectando sobre todo a las pequeñas y medianas explotaciones familiares que son las que crean más trabajo en forma de UTAs en las zonas rurales
más desfavorecidas.
De entrar en vigor este Real Decreto sería un golpe mortal para la ganadería de leche y carne de Galiza, así como de toda la cornisa cantábrica con características y afectaciones semejantes. Se ignora con esta norma las características
edafológicas, climáticas, orográficas y de reparto de la propiedad gallegas, poniendo en peligro los sectores de carne y de vacuno, uno de los principales motores económicos que mantienen vivas y fijan población en amplias zonas del rural, muy
especialmente en el caso de la ganadería extensiva de montaña.
Este real decreto obligaría a implantar en estas explotaciones ganaderas toda una serie de requisitos para, teóricamente, controlar y racionalizar el uso de fertilizantes y purines. Cuestión que apoyamos, pero que debe ajustarse a cada
realidad territorial, sin que pueda en ningún caso justificarse la emisión de normas restrictivas que parecen pensadas y adaptadas para las zonas de alta afectación y con declaración de vulnerabilidad.
Es necesario recordar además que la Xunta de Galiza tiene competencias exclusivas para establecer las normas complementarias en materia de medio ambiente y para la regulación de los pastos. Es decir, que puede dictar legislación en esta
materia para adaptarla a las especificidades de su territorio. Sin embargo, el Gobierno del Estado está excediendo sus límites competenciales, estableciendo una normativa básica con unos límites que superan incluso los marcados por la UE, lo que
imposibilita a las CC. AA. que ejerzan las suyas. La uniformización de la normativa para todo el Estado sin tener en cuenta las características propias de Galiza, como la atomización de la propiedad, el elevado número de parcelas que maneja cada
explotación y su dispersión, la diferencia en las características del suelo que absorbe de forma distinta los nutrientes, etc., supone una grave discriminación y una sobreexigencia innecesaria que pondrá en riesgo el futuro de las granjas de vacuno.
Para terminar, debe destacarse que el proyecto presentado no tiene en consideración tampoco el actual momento de alza de precios eléctricos, de combustibles y del brutal incremento del coste de insumos y fertilizantes que está golpeando
duramente al sector de la agricultura y ganadería. Obligar a realizar más gastos económicos para poder cumplir con el contenido del real decreto en esta situación límite puede suponer obligar a muchos ganaderos a abandonar sus explotaciones.
Por todo lo expuesto anteriormente, el BNG presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno del Estado a retirar el proyecto de real decreto por el que se establecen normas para la nutrición sostenible de los suelos agrarios y que presente otro texto que respete las competencias de la
Xunta de Galiza y que se ajuste a la realidad de las ganaderías de vacuno de Galiza, así como a la propuesta de la nueva normativa de emisiones industriales.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de mayo de 2022.-Néstor Rego Candamil, Portavoz del Grupo Parlamentario Plural.
161/004255
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para garantizar la viabilidad de la ganadería en
los territorios con mayor presencia del lobo ibérico, para su debate en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Exposición de motivos
La recuperación del lobo ibérico y su compatibilidad con una ganadería viable en los territorios con presencia de esta especie es fundamental para nuestros ganaderos; sin embargo, el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico
mantiene, también en este tema, su habitual imposición unilateral. Decisiones como la inclusión de la especie en el LESPRE también al norte del Duero se toman con la oposición de precisamente las cuatro Comunidades Autónomas (Asturias, Cantabria,
Castilla y León y Galicia) más afectadas, al aglutinar el 95 % de la población del lobo ibérico, y con un fuerte rechazo de las principales asociaciones ganaderas de esas regiones más afectadas. La toma unilateral de decisiones sin consulta ni
coordinación con los afectados, por desgracia, parece haberse convertido en el modus operandi habitual en la política agrícola y ganadera del Gobierno.
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, como la amplia mayoría de los ciudadanos, comparte plenamente el objetivo de proteger la enorme biodiversidad animal y vegetal que tenemos la fortuna de disfrutar en España. La protección de especies
vulnerables como el lobo ibérico no es una excepción. Afortunadamente todo indica que la situación crítica en la que se encontraba el lobo ibérico en los últimos años ha ido mejorando, con un crecimiento considerable tanto del número de manadas
existentes como de la población total, estimadas en unas 300 y 2.500, respectivamente. No se puede obviar, no obstante, que la persecución de objetivos medioambientales en un ámbito concreto, en muchas ocasiones, acarrea riesgos y costes
significativos en otros que deben ser adecuadamente abordados. En el caso que nos trae, el régimen de protección del lobo ibérico expone al mundo rural, y especialmente a las explotaciones ganaderas, a los daños que poblaciones de lobos sin control
pudieran ocasionarles. Asociaciones ganaderas estiman en más de 2.500 ataques y 3.500 reses muertas y 2 millones de euros en daños solo en Castilla y León en el año 2019. En tanto que la preservación de las especies que integran nuestro espacio
natural es una tarea que incumbe a toda la sociedad española en su conjunto, es lógico que sea la sociedad española también en su conjunto, y las Administraciones Públicas en su nombre, quien se haga cargo de los costes asociados a la conservación
animal en lugar de dejar a los ganaderos a su suerte. Se hace necesario, por lo tanto, establecer mecanismos que indemnicen al sector rural más afectado por esta decisión.
Ello no debe hacerse incurriendo en la inservible proliferación legislativa preelectoral acostumbrada por otros grupos, sino instando al Gobierno a tener en cuenta a los afectados y actuar ya, especialmente en los que a prevención y
compensaciones se refiere.
La conservación del lobo debe afrontarse priorizando la viabilidad de la ganadería, especialmente de la ganadería extensiva. Al fin y al cabo, no ha pasado ni un año desde que el Gobierno, a través del ministro de Consumo, justificara unas
declaraciones insostenibles sobre el sector cárnico español basándose en las bondades de la ganadería extensiva, y en una inexistente competición entre esta y la
ganadería intensiva. Esta postura es difícilmente compatible con la adopción de decisiones sin diálogo ni consenso, como es el caso del lobo ibérico.
Por todo ello, el grupo parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Elaborar, a la mayor brevedad, a través de un organismo independiente e imparcial, un censo nacional del lobo ibérico que sustituya al anterior y se revise cada dos años, y que recoja con la máxima precisión posible el número de
ejemplares en cada territorio, su composición en grupos, y la movilidad de los mismos, para garantizar que la toma de decisiones refleje la situación real de la especie en cada territorio y su potencial dañino para la ganadería en el mismo.
2. Establecer, a la mayor brevedad, un Registro Nacional de Ataques del Lobo Ibérico (RENALI), fácilmente accesible y basado en los dos principios siguientes:
a) Los ganaderos tendrán la obligación de comunicar todas las muertes y/o lesiones producidas entre el ganado que puedan haber sido ocasionados por la presencia del lobo ibérico, inmediatamente después de tener conocimiento de las mismas.
b) El Estado, a través del Servicio de Protección de la Naturaleza que corresponda en cada territorio, tendrá la obligación de comprobar y verificar los ataques registrados con la máxima celeridad.
3. Establecer, en tanto en cuanto la normativa comunitaria no contemple otras soluciones, un sistema de compensaciones que, sufragado conjuntamente por el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, y fondos comunitarios
adicionales, atienda puntualmente todas las reclamaciones por los ataques registrados que se hayan verificado. Las compensaciones cubrirán el valor de las reses perdidas o del tratamiento requerido en su caso, incluyendo en su caso los perros de
guardia, lo invertido en su crianza y mantenimiento, así como el lucro cesante de la explotación, de manera íntegra.
4. Poner a disposición de los ganaderos afectados, a la mayor brevedad posible, los 20 millones de euros anunciados por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico para acompañar a los ganaderos en la compatibilización
de su actividad profesional con la protección de grandes carnívoros.
5. Impulsar, en base a los datos del censo nacional y registro de ataques propuestos, las medidas de prevención necesarias para reducir el impacto del lobo ibérico sobre la ganadería, sufragado conjuntamente por el Ministerio para la
Transición Ecológica y el Reto Demográfico, y fondos comunitarios adicionales.
6. Responder, de acuerdo a la legislación vigente, a las demandas de gestión autonómica por parte de las Comunidades Autónomas más afectadas y contestar, por parte del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y en un
plazo máximo de 15 días, las medidas que, de acuerdo con esa legislación, dichas comunidades pueden tomar en tanto no llega el Plan de Conservación Nacional.
7. Establecer un sistema de coordinación permanente entre el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y las Comunidades Autónomas en el que, en caso de que en base a
los datos del censo nacional y registro de ataques propuestos el lobo ibérico suponga un perjuicio para la actividad ganadera, se asegure que ninguna de las medidas a adoptar se tome unilateralmente.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de mayo de 2022.-María Carmen Martínez Granados, Diputada.-Edmundo Bal Francés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
161/004261
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la ejecución de las
infraestructuras hidráulicas necesarias para Andalucía, para su debate en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Exposición de motivos
El agua es un elemento fundamental para la supervivencia humana, siendo esencial para muchas de nuestras actividades: para la agrícola, la industria y la producción de energía, para el abastecimiento humano en unas urbes cada vez más
pobladas, así como para el mantenimiento de ecosistemas naturales. Por este motivo, el artículo 40.2 del Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas (TRLA), establece que 'la política
del agua está al servicio de las estrategias y planes sectoriales que sobre los distintos usos establezcan las Administraciones públicas, sin perjuicio de la gestión racional y sostenible del recurso que debe ser aplicada por el Ministerio de Medio
Ambiente, o por las Administraciones hidráulicas competentes, que condicionará toda autorización, concesión o infraestructura futura que se solicite'.
En una situación de escasez de recursos hídricos, cada vez más patente en algunas regiones, y con previsiones de reducciones e irregularidades en la disponibilidad del mismo en el futuro, se hace más evidente la necesidad de realizar una
planificación hidrológica que facilite una gestión eficaz y sostenible del agua, recurso escaso con el que debemos compatibilizar el desarrollo socioeconómico con los objetivos ambientales.
Así, volviendo a la ley de aguas, el artículo 40.1 del TRLA establece que la planificación hidrológica tiene como objetivos generales conseguir el buen estado y la adecuada protección del dominio público hidráulico y de las aguas objeto de
esta Ley de Aguas, la atención a su demanda, el equilibrio y armonización del desarrollo regional y sectorial, incrementando las disponibilidades del recurso, protegiendo su calidad, economizando su empleo y racionalizando sus usos, en armonía con
el medio ambiente y los demás recursos naturales.
Nuestro acervo regulador, cultural e histórico, pivota sobre la escasez e importancia que se le ha dado al agua en nuestro país, desde las primeras normas de mediados del siglo XIX o la creación de las Confederaciones Hidrográficas en 1926,
a las más recientes, con los requerimientos de la Directiva marco de Agua y los problemas cada vez más frecuentes de sequías e inundaciones. La experiencia acumulada de nuestro país en la gestión de los recursos hídricos, en el momento en el que
deberíamos tener finalizado el tercer ciclo de planificación hidrológica (2022-2027), siempre ha puesto de manifiesto la necesidad de ser eficientes en el uso y disponer de una serie de infraestructuras para poder garantizar agua en cantidad y
calidad.
Algunas comunidades autónomas, conscientes de todas estas necesidades, han trabajado para alcanzar acuerdos con proyección en el futuro. Por ejemplo, durante esta legislatura, en Andalucía se impulsó un Pacto Andaluz del Agua con el máximo
consenso de las fuerzas políticas representadas en el Parlamento de Andalucía, los agentes económicos y sociales, las organizaciones ecologistas, las plataformas ciudadanas en defensa de la gestión pública del agua y el conjunto de la sociedad
andaluza.
Pero, independientemente del esfuerzo financiero y de planificación realizado por la Junta de Andalucía para sus cuencas internas, con una problemática que no existe en otras zonas de España, la región está pendiente de la ejecución de obras
de interés general del Estado que se necesitan de forma urgente.
La excepcional situación de sequía que azota gran parte de la comunidad andaluza ha puesto de manifiesto esa urgencia por ejecutar las obras pendientes, más necesarias que nunca. Por este motivo, la Junta de Andalucía ya ha solicitado la
coordinación con la Administración del Estado para abordar posibles actuaciones, tanto de emergencia frente a la sequía como sobre infraestructuras pendientes, y sobre el reparto de los fondos de Recuperación y Resiliencia Next Generation, que son
una oportunidad única e irrenunciable para poner a disposición de los andaluces las fuentes hídricas adicionales que necesitan y que tantos años llevan esperando.
Es el momento de que salgan adelante, entre otras actuaciones que son de interés general del Estado, las conducciones de Rules y Siles, el túnel de San Silvestre, la presa de Alcolea, el trasvase del Tinto-Odiel-Piedras, las obras pendientes
de las ampliaciones de las desaladoras de Dalias y Carboneras, y la puesta en marcha de la infraestructura del Almanzora en Almería, la presa de Gibralmedina, el saneamiento integral de la Costa del Sol, los regadíos del Genil-Cabra y las
infraestructuras para la mejora en la eficiencia del uso del agua en el cultivo del arroz (Sevilla).
Estas actuaciones, además de ser un compromiso con la región y poner la política del agua al servicio de las estrategias y planes sectoriales, como demanda el TRLA, permitirían un impulso al sector agrario, desarrollando todo su potencial,
si bien esta exige otros compromisos por parte del Gobierno de la Nación, como un correcto reparto de los fondos de la Política Agraria Común y un verdadero apoyo a la
digitalización y la innovación del conjunto del sector agroalimentario, de modo que se asegure la competitividad de la economía de la región.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Llevar a cabo las infraestructuras hidráulicas vitales para Andalucía, en su gran mayoría declaradas de interés general del Estado, que son fundamentales para el abastecimiento y para dar posibilidades al sector agrario y al regadío,
adoptando también el resto de las actuaciones en materia de política de aguas que viene reclamando el Gobierno andaluz en los últimos años.
2. Incluir, entre las actuaciones a ejecutar de forma inmediata, las siguientes:
- Ampliación de la desaladora de Carboneras (Almería),
- ampliación de la desaladora del Campo de Dalias (Almería),
- reparación y ampliación de la desaladora del Bajo Almanzora (Almería),
- tubería de conexión Venta del Pobre al Campo de Tabernas (Almería),
- conducciones de Rules (todos los desglosados) (Granada),
- desaladora de la Costa del Sol oriental (Axarquia) (Málaga),
- ampliación de la desaladora de la Costa del Sol occidental (Marbella-Málaga),
- saneamiento integral de la Costa del Sol occidental (Málaga),
- recrecimiento de la presa de la Concepción (Málaga),
- corrección de los vertidos salinos del embalse del Guadalhorce (Málaga),
- presa de Gibralmedina (Cádiz),
- conducciones derivadas de la presa de Siles (Jaén),
- modernización del Genil-Cabra (Córdoba),
- infraestructuras para Ia mejora en la eficiencia del uso del agua en el cultivo del arroz (Sevilla),
- modernización del Genil-Cabra (zona de Écija, Sevilla),
- presa de Alcolea (Huelva),
- canal de Trigueros (Huelva),
- desdoblamiento del túnel de San Silvestre (Huelva),
- ampliación del bombeo de Bocachanza (Huelva),
- obras derivadas del trasvase al Condado (Ley 10/2018) (Huelva).'
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de mayo de 2022.-Milagros Marcos Ortega, Marta González Vázquez, María José García-Pelayo Jurado, Javier Merino Martínez, Joaquín María García Díez, Belén Hoyo Juliá, Sebastián Jesús Ledesma Martín,
Juan Manuel Constenla Carbón, Juan José Matarí Sáez y Juan Diego Requena Ruiz, Diputados.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/004263
A la Mesa de la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación
El Grupo Parlamentario de Ciudadanos, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley, sobre la promoción de los vinos de Andalucía y defensa del
vino, para su debate en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Exposición de motivos
Andalucía tiene una tradición milenaria en el cultivo de la vid y en la elaboración de vinos que han gozado de gran prestigio y fama en todo el mundo. El sector vitivinícola andaluz tiene una gran importancia tanto por el valor económico
que genera como por la población que ocupa, y por el papel que desempeña en la conservación medioambiental. La orientación de este sector hacia la producción de vinos de calidad y su enorme diversidad dentro de un estilo propio es una de las
características actuales en su producción.
Más del 70 % de los viñedos de Andalucía están amparados por alguna de las denominaciones de origen establecidas: Jerez-Xérès-Sherry, Manzanilla de Sanlúcar, Condado de Huelva, Montilla-Moriles, Málaga, Sierras de Málaga.
Andalucía es la novena Comunidad Autónoma en cuanto a superficie de viñedos; sin embargo, ya se ha posicionado a la cabeza de la exportación de vino superando sus cifras de exportaciones previas a la pandemia el año pasado. Todos los
indicadores pronostican un desempeño aún mejor este 2022. Por provincias, Cádiz fue la que más exportó a los mercados internacionales, seguida de Córdoba y Málaga. Por tipología de vino, el vino de Jerez fue el tipo más exportado, seguido del vino
blanco con denominación de origen y, en tercer lugar, el vino Rioja.
En un contexto de potente recuperación turística encabezada por Andalucía, que prevé volver a niveles previos a la pandemia al recibir 30 millones de viajeros este año, no podemos permitirnos desaprovechar esta oportunidad de promoción y
proyección de calidad a un sector que ha encajado el durísimo golpe de la pandemia del COVID-19 manteniendo el empleo, la fijación de población, el cuidado al medio ambiente y la innovación en todo el país.
A nivel nacional, España se mueve entre los puestos segundo y tercero del ranking mundial en producción de vino; sin embargo, estamos muy lejos del podio en cuanto a consumo per cápita, en comparación con países de nuestro entorno. Esto
quiere decir que aún existe un amplio margen de crecimiento nacional para el sector. Sin embargo, el Gobierno de España se viene dedicando más a poner en cuestión uno de los pilares básicos de nuestra alimentación, como es el vino, y a callar ante
los repetidos intentos de sus socios de investidura por fragmentar las denominaciones de origen, que son la mejor y más potente herramienta de promoción y seguridad jurídica para los vinos españoles. El grupo parlamentario Ciudadanos, por el
contrario, trae esta iniciativa para aprovechar la potente recuperación de afluencia turística que vivirá Andalucía este verano para promocionar todas las denominaciones de origen de la región a nivel nacional, con especial incidencia en los
sectores hostelero y de transporte de viajeros.
Por todo ello, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Poner en marcha, en el plazo de un mes, una campaña de promoción nacional de todas las denominaciones de origen andaluzas, con especial incidencia en los sectores de la hostelería y del transporte de viajeros.
2. Poner en marcha, a la mayor brevedad posible, una campaña de ayudas adicionales y publicidad institucional en medios de comunicación y establecimientos de hostelería para explotaciones vitivinícolas que también impulsen el enoturismo y
la transición ecológica en zonas escasamente pobladas y en riesgo de despoblación.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de mayo de 2022.-María Carmen Martínez Granados, Diputada.-Edmundo Bal Francés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico
161/004238
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para facilitar la eliminación por
incineración de los residuos vegetales generados en el entorno agrario, para su debate en la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico.
Exposición de motivos
Según el último censo agrario, la superficie agrícola utilizada en España en el año 2020 alcanzó los 23,9 millones de hectáreas, aumentando un 0,7 % en relación con el anterior censo de 2009.
Las estadísticas de superficies y producciones de cultivo dentro del territorio nacional ponen de manifiesto la gran variedad de explotaciones, entre las que podemos destacar los 11,6 millones de hectáreas de tierra arable, distribuido entre
cereales, barbechos, cultivos industriales y forrajeros, además de 7,5 millones de pastos permanentes; cerca de 2,5 millones de olivar; 1,3 dedicados a frutales; 860 mil al viñedo; 48 mil de otros cultivos leñosos (viveros, árboles para la
producción de trufa, algarrobo, alcaparra, pitas, mimbreras, esparto, etc.); casi 3 mil hectáreas de huertos y 64 mil hectáreas de cultivos en invernaderos.
Estas cifras, a su vez, esconden una gran diversidad y heterogeneidad de productos agrícolas, proporcionando una rica y variada gastronomía.
Más allá de las variaciones sobre superficies y tamaños de explotación que indica el censo y que son reflejo de la mayor o menor rentabilidad de los productos y de la viabilidad económica de las explotaciones, España sigue teniendo un
marcado carácter agrario, al disponer de una considerable extensión de territorio que, unida a la configuración geográfica y climática, explican esta alta biodiversidad agraria. La larga tradición agraria y cultural ha provocado que los quehaceres
cotidianos en el campo se adapten a los condicionantes regionales y culturales.
Tradicionalmente, la operación de eliminación por incineración de los residuos vegetales generados en el entorno agrario, procedentes fundamentalmente de la poda en frutales, del olivo o de otros cultivos leñosos y no leñosos, además de las
limpias de rastrojos y malezas, se han realizado en la misma finca una vez realizada la actuación. Esta forma de tratamiento de los residuos in situ se justifica en que la mayoría de las enfermedades fúngicas que afectan a los cultivos, así como la
propagación de plagas, se pueden expandir con mayor facilidad cuando los restos de poda se dejan en la parcela.
La Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminantes para una economía circular, recientemente aprobada, incluye en su artículo 27.3 que no se permita, con carácter general, la quema de residuos vegetales generados en el entorno
agrario o silvícola, exceptuando la quema de estos residuos in situ cuando cuenten con la correspondiente autorización individualizada que permita dicha quema, por razones de carácter fitosanitario que no sea posible abordar con otro tipo de
tratamiento, motivando adecuadamente que no existen otros medios para evitar la propagación de plagas.
De este modo, la nueva ley incluía la interpretación que el Ministerio hizo en 2020 de la anterior Ley de Residuos y Suelos Contaminados, cuando se consultó sobre la incineración de restos vegetales y respondía que las quemas agrícolas
estaban prohibidas, salvo que se constatara un riesgo fitosanitario y que sería aconsejable minimizar al máximo posible las quemas que se realizan por motivos fitosanitarios. Sin embargo, la ley no incluía una prohibición absoluta de las quemas, ni
la literalidad de este texto, motivo por el que la fiscalía cerró un caso que acusaba a las administraciones públicas de no aplicar la normativa existente en aquel momento.
Por otra parte, es necesario recordar que el artículo 3.2.e) de la nueva Ley 7/2022, señala que no se aplica a la '..., paja y otro material natural, agrícola o silvícola, no peligroso, utilizado en explotaciones agrícolas y ganaderas, en la
silvicultura o en la producción de energía a base de esta biomasa, mediante procedimientos o métodos que no pongan en peligro la salud humana o dañen el medio ambiente'. En este sentido, podríamos considerar que el tratamiento de los residuos de
podas establecido en el artículo 27.3 se extralimita del ámbito de aplicación de la ley. Además, la referencia al propio artículo 3.2.e) en los materiales susceptibles de quedar excluidos de quema genera más incertidumbre sobre a qué restos se
refiere la prohibición.
Durante la tramitación de la ley se pusieron de manifiesto las dificultades que ciertas explotaciones tenían ya o iban a tener para acceder al punto de generación de la poda y retirar los restos vegetales, como la pendiente u otros
condicionantes orográficos, la imposibilidad de otro tipo de tratamiento, o el establecimiento de épocas y técnicas de quema autorizadas.
Con la entrada en vigor de la ley de residuos, algunas organizaciones agrarias han denunciado las dificultades de interpretación y de aplicación de la norma, la falta de directrices y alternativas, la ausencia de gestores, así como las
repercusiones económicas sobre la viabilidad de las explotaciones agrícolas, que se puede ver seriamente afectada, circunstancia que puede provocar incluso el abandono de tierras de cultivo.
Por todo ello se hace necesario aclarar el alcance de la ley y regular las excepcionalidades que permitan la operación de eliminación por incineración de los residuos vegetales generados en el entorno agrario, procedentes fundamentalmente de
la poda y los restos de cultivo, siendo conveniente que la
limitación se circunscriba a una normativa específica agrícola, que contemple la circularidad, la eficiencia energética y también la viabilidad y la sostenibilidad del propio sector.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Impulsar, en coordinación con las Comunidades Autónomas, la aprobación de la normativa propia para el sector agrario, en la que se contemplen los términos y condiciones en que las Comunidades Autónomas podrán autorizar la quema
controlada de restos de poda o rastrojos, eliminando la referencia en el artículo 27.3 de la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular.
2. Que se promulguen, de acuerdo con las Comunidades Autónomas, las normas reglamentarias de desarrollo de dicha ley agraria que permitan a las Comunidades Autónomas autorizar las quemas controladas de forma inmediata y segura.
3. Que, de forma transitoria, en tanto no se hayan llevado a cabo las medidas de los apartados anteriores, se promulguen con urgencia las normas reglamentarias que sean necesarias para que, en interpretación de la ley en vigor, se permita a
las Comunidades Autónomas autorizar, por razones fitosanitarias, quemas controladas previa autorización usando las excepciones que habilita la norma en estos momentos.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de mayo de 2022.-César Sánchez Pérez, Milagros Marcos Ortega, Macarena Montesinos de Miguel, Belén Hoyo Juliá, Luis Santamaría Ruiz, Óscar Clavell López, Óscar Gamazo Micó, Vicente Betoret Coll y
Agustín Almodóbar Barceló, Diputados.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/004254
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para garantizar la viabilidad de la ganadería en
los territorios con mayor presencia del lobo ibérico, para su debate en la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico.
Exposición de motivos
La recuperación del lobo ibérico y su compatibilidad con una ganadería viable en los territorios con presencia de esta especie es fundamental para nuestros ganaderos; sin embargo, el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico
mantiene, también en este tema, su habitual imposición unilateral. Decisiones como la inclusión de la especie en el LESPRE también al norte del Duero se toman con la oposición de precisamente las cuatro Comunidades Autónomas (Asturias, Cantabria,
Castilla y León y Galicia) más afectadas, al aglutinar el 95 % de la población del lobo ibérico, y con un fuerte rechazo de las principales asociaciones ganaderas de esas regiones más afectadas. La toma unilateral de decisiones sin consulta ni
coordinación con los afectados, por desgracia, parece haberse convertido en el modus operandi habitual en la política agrícola y ganadera del Gobierno.
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, como la amplia mayoría de los ciudadanos, comparte plenamente el objetivo de proteger la enorme biodiversidad animal y vegetal que tenemos la fortuna de disfrutar en España. La protección de especies
vulnerables como el lobo ibérico no es una excepción. Afortunadamente todo indica que la situación crítica en la que se encontraba el lobo ibérico en los últimos años ha ido mejorando, con un crecimiento considerable tanto del número de manadas
existentes como de la población total, estimadas en unas 300 y 2.500, respectivamente. No se puede obviar, no obstante, que la persecución de objetivos medioambientales en un ámbito concreto, en muchas ocasiones, acarrea riesgos y costes
significativos en otros que deben ser adecuadamente abordados. En el caso que nos trae, el régimen de protección del lobo ibérico expone al mundo rural, y especialmente a las explotaciones
ganaderas, a los daños que poblaciones de lobos sin control pudieran ocasionarles. Asociaciones ganaderas estiman en más de 2.500 ataques y 3.500 reses muertas y dos millones de euros en daños solo en Castilla y León en el año 2019. En
tanto que la preservación de las especies que integran nuestro espacio natural es una tarea que incumbe a toda la sociedad española en su conjunto, es lógico que sea la sociedad española también en su conjunto, y las Administraciones Públicas en su
nombre, quien se haga cargo de los costes asociados a la conservación animal en lugar de dejar a los ganaderos a su suerte. Se hace necesario, por lo tanto, establecer mecanismos que indemnicen al sector rural más afectado por esta decisión.
Ello no debe hacerse incurriendo en la inservible proliferación legislativa preelectoral acostumbrada por otros grupos, sino instando al Gobierno a tener en cuenta a los afectados y actuar ya, especialmente en los que a prevención y
compensaciones se refiere.
La conservación del lobo debe afrontarse priorizando la viabilidad de la ganadería, especialmente de la ganadería extensiva. Al fin y al cabo, no ha pasado ni un año desde que el Gobierno, a través del ministro de Consumo, justificara unas
declaraciones insostenibles sobre el sector cárnico español basándose en las bondades de la ganadería extensiva, y en una inexistente competición entre esta y la ganadería intensiva. Esta postura es difícilmente compatible con la adopción de
decisiones sin diálogo ni consenso, como es el caso del lobo ibérico.
Por todo ello, el grupo parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Elaborar, a la mayor brevedad, a través de un organismo independiente e imparcial, un censo nacional del lobo ibérico que sustituya al anterior y se revise cada dos años, y que recoja con la máxima precisión posible el número de
ejemplares en cada territorio, su composición en grupos, y la movilidad de los mismos, para garantizar que la toma de decisiones refleje la situación real de la especie en cada territorio y su potencial dañino para la ganadería en el mismo.
2. Establecer, a la mayor brevedad, un Registro Nacional de Ataques del Lobo Ibérico (RENALI), fácilmente accesible y basado en los dos principios siguientes:
a) Los ganaderos tendrán la obligación de comunicar todas las muertes y/o lesiones producidas entre el ganado que puedan haber sido ocasionados por la presencia del lobo ibérico, inmediatamente después de tener conocimiento de las mismas.
b) El Estado, a través del Servicio de Protección de la Naturaleza que corresponda en cada territorio, tendrá la obligación de comprobar y verificar los ataques registrados con la máxima celeridad.
3. Establecer, en tanto en cuanto la normativa comunitaria no contemple otras soluciones, un sistema de compensaciones que, sufragado conjuntamente por el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, y fondos comunitarios
adicionales, atienda puntualmente todas las reclamaciones por los ataques registrados que se hayan verificado. Las compensaciones cubrirán el valor de las reses perdidas o del tratamiento requerido en su caso, incluyendo en su caso los perros de
guardia, lo invertido en su crianza y mantenimiento, así como el lucro cesante de la explotación, de manera íntegra.
4. Poner a disposición de los ganaderos afectados, a la mayor brevedad posible, los 20 millones de euros anunciados por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico para acompañar a los ganaderos en la compatibilización
de su actividad profesional con la protección de grandes carnívoros.
5. Impulsar, en base a los datos del censo nacional y registro de ataques propuestos, las medidas de prevención necesarias para reducir el impacto del lobo ibérico sobre la ganadería, sufragado conjuntamente por el Ministerio para la
Transición Ecológica y el Reto Demográfico, y fondos comunitarios adicionales.
6. Responder, de acuerdo a la legislación vigente, a las demandas de gestión autonómica por parte de las Comunidades Autónomas más afectadas y contestar, por parte del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y en un
plazo máximo de 15 días, las medidas que, de acuerdo con esa legislación, dichas comunidades pueden tomar en tanto no llega el Plan de Conservación Nacional.
7. Establecer un sistema de coordinación permanente entre el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y las Comunidades Autónomas en el que, en caso de que en base a
los datos del censo nacional y registro de ataques propuestos el lobo
ibérico suponga un perjuicio para la actividad ganadera, se asegure que ninguna de las medidas a adoptar se tome unilateralmente.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de mayo de 2022.-María Carmen Martínez Granados, Diputada.-Edmundo Bal Francés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Comisión de Cultura y Deporte
161/004236
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley relativa a
la Declaración de la Jota como Manifestación Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de España y posterior presentación como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad para su debate en la Comisión de Cultura y Deporte.
Exposición de motivos
La jota es un género musical que nace y se desarrolla en España. Esta danza y canto tradicional extendida por gran parte de España, se canta y se baila acompañándose de diferentes instrumentos musicales (guitarras, bandurrias, laúdes,
dulzaina, gaita, tamboril y tambor, etc.) y con el toque de castañuelas. Los intérpretes suelen ir vestidos con trajes regionales.
Su nombre proviene del verbo saltar, pronunciándose como 'sotar' o 'jotar'. Algunos expertos dicen que proviene de la palabra valenciana 'xotar' (saltar rítmicamente), pasando posteriormente como 'jota' al castellano.
Los antecedentes de este baile, que algunos dicen que se sitúa en Valencia, se pueden deber a bailes de tipo religioso en su expresión tocada o cantada, y se sabe de su existencia desde el siglo XVIII aunque hasta el siglo XIX no es un
género consolidado por todo nuestro país. Es en la actualidad el más difundido del repertorio tradicional español de música popular.
Su estilo es diferente según de la zona de España que se trate, aunque su interpretación es una pareja saltando con sus manos en forma de cruz y algunas veces acompañándose de castañuelas y coplas, que casi siempre son picarescas y con gran
sentido del humor, existiendo una rica variedad coreográfica en todo el territorio.
La jota, por su singularidad y como una de las manifestaciones de nuestro rico folclore, constituye un activo esencial de nuestro Patrimonio Cultural. Su riqueza musical, su inagotable repertorio y variedad de sus registros en nuestro país
suscita en la población un profundo sentimiento y recordatorio del pasado, aunque reivindicamos también una jota actual.
Constituye una herencia cultural de primer nivel, que debe de seguir siendo transmitida a las generaciones venideras con el apoyo de instituciones, grupos folclóricos, medios de comunicación, etc.
Desde hace unos años la iniciativa que partió de Aragón y que cuenta con el apoyo de todas las comunidades que tienen a la Jota como una de sus tradiciones de la cultura popular, en sus vertientes de baile, instrumento y canto, para su
Declaración como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, de acuerdo con la Convención de la UNESCO, suscita un apoyo importante para su consecución.
Actualmente, es requisito previo, de protección necesaria, la Declaración de la Jota como Manifestación Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de España por parte del Ministerio de Cultura y Deporte para poder elevar su
candidatura a la UNESCO.
Para ello ya se están haciendo todos los trabajos necesarios, bajo la coordinación de la Dirección General de Bellas Artes del mencionado Ministerio de Cultura y Deportes, en presentar su candidatura, este otoño, a la próxima sesión del
Consejo del Patrimonio Histórico Español para su aprobación.
Para el resultado final de una buena candidatura es imprescindible la participación de tanto las CC. AA. portadoras de esta tradición como de personas expertas y estudiosas en esta materia, pasando, como no podía ser de otra forma, por sus
intérpretes y sus grupos musicales. Todos ellos son los que principalmente transmiten, difunden y conservan la Jota.
Todos debemos de implicarnos en conseguir que este bien de nuestro patrimonio se conozca mejor y se tenga mayor consciencia de su importancia, y para ello no existe mejor forma que su inclusión en la lista de Patrimonio Inmaterial de la
Humanidad, de acuerdo a la Convención de la UNESCO.
Por todo ello, el grupo parlamentario socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Realizar los trámites oportunos para, contando con las Comunidades Autónomas interesadas, efectuar la Declaración de la Jota como Manifestación Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de España.
2. Una vez realizado este trámite, presentar la candidatura de la Jota para su Declaración como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, de acuerdo con la Convención de la UNESCO.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de mayo de 2022.-José Luis Aceves Galindo, Marc Lamuà Estañol, Juan Luis Soto Burillo, Susana Sumuelzo Jordán, Mariana de Gracia Canales Duque, Adriana Lastra Fernández, Maribel García López, Yolanda
Seva Ruiz, Juan Catrecasas Asúa, Pere Joan Pons Sampietro, María Tamara Raya Rodríguez, Santos Cerdán León, Pedro Casares Hontañón, Gema López Somoza y María Guijarro Ceballos, Diputados.-Guillermo Antonio Meijón Couselo y Rafaela Crespín Rubio,
Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión de Política Territorial
161/004233
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la armonización del
empadronamiento, para su debate en la Comisión de Política Territorial.
Exposición de motivos
El empadronamiento municipal no es solo un deber, es también un derecho. El padrón es un paso esencial para garantizar el acceso universal a los servicios públicos y derechos básicos, como es el caso del sistema público de salud o a la
escolarización. Si este trámite puede conllevar dificultades para cualquier persona, constituye una vulneración de derechos especialmente sensible para aquellas que se encuentran en situación de precariedad en relación con la vivienda, ya sea por
falta de domicilio fijo o porque no pueden acreditar la titularidad de un domicilio. Además, cabe destacar que el padrón municipal permite justificar la residencia habitual en un municipio, uno de los requisitos indispensables para la mayoría de
trámites relacionados con la Ley de Extranjería, como la demostración del arraigo social o el reagrupamiento familiar. Es decir, el derecho al padrón implica el acceso a otros derechos básicos.
Los ayuntamientos deben establecer las vías administrativas necesarias para cumplir la ley. Cabe subrayar que toda persona está obligada a empadronarse en el municipio en el que reside. La Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases
de Régimen Local, dice en su artículo 15 que 'toda persona que viva en España está obligada a inscribirse en el Padrón del municipio en el que resida habitualmente', y esto incluye a toda persona que resida en el municipio, independientemente de su
momento de regularización o de su situación habitacional. Además, en su artículo 16, especifica que 'la inscripción en el Padrón municipal contendrá como obligatorios', entre otros datos, el domicilio habitual, que no fijo. Asimismo, en su
artículo 18 se incluye la especificidad de la inscripción de los extranjeros, que 'no constituirá prueba de su residencia legal en España ni les atribuirá ningún derecho que no les confiera la legislación vigente, especialmente en materia de
derechos y libertades de los extranjeros en España'.
Por lo tanto, es preciso aplicar la fórmula adecuada para cumplir el artículo 15 de la ley, esto es, empadronar a toda persona que viva en España. A la vez, y mientras no se resuelva la situación de
irregularidad administrativa, es necesario asegurar que los datos del padrón municipal, las denuncias por delito o las visitas a centros sanitarios no puedan ser utilizados para facilitar procesos de expulsión. Hay que tener en cuenta que
el impacto de la crisis social y sanitaria generada por la COVID-19 es especialmente grave para algunos colectivos, y se agrava todavía más para quien se encuentra con dificultades para empadronarse, como puede ser el caso de las personas en
situación de ausencia de hogar o las que no cuentan con documentación que certifique dónde viven.
Hay ayuntamientos que han conseguido servir de ejemplo y modelo en este sentido, llevando a cabo una política activa de empadronamiento y facilitando los circuitos, especialmente en las modalidades de empadronamiento sin domicilio fijo o sin
acreditación documental. Barcelona, desde 2016, ha implementado un refuerzo de los circuitos de empadronamiento con el fin de facilitar el acceso universal al padrón, especialmente para personas en situación de vulnerabilidad e independientemente
de su situación administrativa o socioeconómica, blindando su derecho a los servicios básicos. El Ayuntamiento de Barcelona ha establecido tres vías para el padrón en función del domicilio: la primera, para personas con domicilio habitual y que
pueden acreditarlo, que suponen la mayoría de trámites en general; la segunda, para personas que tienen un domicilio habitual pero no pueden acreditarlo, ya sea por causas de vivienda en precario, contratos de alquiler verbales, infravivienda o
asentamientos; y la tercera, el empadronamiento sin domicilio fijo, que suele ser para personas que no tienen un hogar pero viven en el municipio, ya sea en la calle, en equipamientos de corta estancia o en casa de amigos. En función de la
casuística, el Ayuntamiento de Barcelona activa uno u otro de los circuitos, haciendo el trámite lo más accesible y fácil posible, realizando una comprobación de la residencia o un informe desde los servicios sociales (Informe de Conocimiento de
Residencia o ICR). Todo ello acompañado de campañas informativas y formación a los y las trabajadoras de los servicios de información y atención del Ayuntamiento. En definitiva, lo que hace el Ayuntamiento de la ciudad es aplicar, simplemente, la
legislación vigente.
La problemática viene cuando no todos los ayuntamientos crean estos mecanismos accesibles, generando desigualdades según el municipio y creando un efecto de expulsión del lugar en el que el ciudadano o ciudadana ha decidido o ha podido
establecerse. La situación es especialmente lesiva para aquellas personas en situación de vulnerabilidad que necesitan empadronarse para hacer trámites indispensables relacionados con la vida y la dignidad, desde la solicitud de ayudas sociales
municipales o estatales -como el Ingreso Mínimo Vital- hasta el acceso a servicios esenciales anteriormente mencionados, como la salud o la educación.
El 2 de mayo de 2020 se publicó en el BOE una nueva resolución sobre el empadronamiento. La Resolución de 17 de febrero de 2020, de la Presidencia del Instituto Nacional de Estadística y de la Dirección General de Cooperación Autonómica y
Local, por la que se dictan instrucciones técnicas a los ayuntamientos sobre la gestión del padrón municipal, establece que todos los ayuntamientos deben garantizar la inclusión en el padrón de la manera más ágil y transparente posible. Además,
recoge algunas cuestiones fundamentales al respecto, como que el empadronamiento no tiene ninguna relación con la situación administrativa de los solicitantes, se insta a la máxima flexibilidad para que la persona pueda acreditar su identidad
(fotocopia del pasaporte si no está vigente, resguardo de solicitud, etc.), marcando que se debe empadronar a todas las personas que viven en infraviviendas, asentamientos o caravanas, por ejemplo; se especifica, así, que el único criterio que debe
guiar a los ayuntamientos es que la dirección donde se empadrona la persona pueda recibir cartas, independientemente de las condiciones legales. En el caso de las personas sin hogar, un informe de los servicios sociales es suficiente para acreditar
que son vecinos y vecinas del municipio y, por lo tanto, se puede empadronar a estas personas sin domicilio fijo.
A la dificultad para ejercer el derecho de empadronamiento al que se enfrentan las personas extranjeras en situación de vulnerabilidad, se añade una segunda problemática una vez lo han realizado. En el artículo 16 de la Ley de Bases de
Régimen Local (LBRL) se establece que 'deberá ser objeto de renovación periódica cada dos años cuando se trate de la inscripción de extranjeros no comunitarios sin autorización de residencia permanente'. De hecho, el artículo sigue así: 'el
transcurso del plazo señalado en el párrafo anterior será causa para acordar la caducidad de las inscripciones que deban ser objeto de renovación periódica, siempre que el interesado no hubiese procedido a tal renovación. En este caso, la caducidad
podrá declararse sin necesidad de audiencia previa del interesado'. Esto supone un problema grave, puesto que comporta una limitación de los derechos de las personas extranjeras en situación de vulnerabilidad, muchas veces alejadas de la
comunicación fluida con las administraciones y de los trámites administrativos. Ello les supone la pérdida del empadronamiento ante el desconocimiento del requisito de su renovación dos años después. De hecho, en 2005 el Arateko, defensor del
pueblo de Euskadi,
recomendaba 'que los ayuntamientos informen en el tiempo y lugar adecuados a las personas extranjeras de la obligación de renovar el padrón y, con antelación a darle de baja en el padrón, les informen de los efectos que conlleva la no
renovación, todo ello en un lenguaje comprensible, evitando provocar alarma social y traducido a los principales idiomas que se hablan por las personas extranjeras en el municipio'.
No favorecer el empadronamiento desde los ayuntamientos no es solo un acto que se desajusta a la ley y que supone una vulneración de los derechos, sino que supone una traba gravísima para los ciudadanos y ciudadanas en situación de
vulnerabilidad. A su vez, las dificultades en el proceso del padrón generan un sistema de mercadeo opaco relacionado con este deber y derecho, donde se establecen situaciones en las que la propiedad niega el empadronamiento en su domicilio en caso
de alquiler de una habitación o bien se ofrece la posibilidad de dar la dirección de la propiedad para conseguir el padrón a cambio de una cuantía económica.
Es urgente consensuar criterios comunes entre los municipios para hacer efectivo el empadronamiento como paso imprescindible para acceder a los derechos básicos, y debe ser considerado como una política esencial para garantizar los derechos
humanos. De hecho, los síndicos y síndicas locales de Catalunya pidieron el pasado mes de noviembre que el proceso de empadronamiento no se utilice para otro fin que el marcado por la ley, y aseveraron que debe regirse bajo los principios de buena
administración: con agilidad, rapidez, cuidado, transparencia, claridad y seguridad jurídica. Para evitar los desajustes entre municipios en cuanto a la gestión del padrón municipal y sus consecuencias para las personas en diversos contextos de
vulnerabilidad, es conveniente aunar una estrategia conjunta de ámbito estatal. Cabe armonizar los criterios, vías y respuestas por parte de los ayuntamientos para que la garantía y ejercicio de un derecho y obligación no dependa únicamente de la
voluntad política del gobierno local y pase a cumplirse lo estipulado en la ley.
Por todo ello el Grupo Parlamentario presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Garantizar el cumplimiento de los criterios de empadronamiento en todos los consistorios recogidos en el artículo 15 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.
2. Garantizar el empadronamiento de toda persona que resida en España y trabajar para que en todos los municipios se aplique la legislación vigente, asegurando el empadronamiento universal, incluyendo el empadronamiento sin domicilio fijo o
por comprobación.
3. Impulsar la colaboración activa y continuada con las entidades del tercer sector para desarrollar campañas que hagan llegar a las personas en situación de vulnerabilidad información y recursos para ejercer su derecho al empadronamiento.
4. Emplazar a los ayuntamientos a que informen en el tiempo y lugar adecuados a las personas extranjeras de la obligación de renovar el padrón y, con antelación a la fecha límite de caducidad del padrón, les informen de los efectos que
conlleva la no renovación; todo ello en un lenguaje comprensible, evitando provocar alarma social y traducido a las lenguas que les resulten comprensibles.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de mayo de 2022.-Joan Mena Arca, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común.
161/004247
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Macarena Olona Choclán, don Emilio Jesús del Valle Rodríguez, don Eduardo Luis Ruiz Navarro, doña Inés María Cañizares Pacheco, don Pablo Sáez Alonso-Muñumer, don Juan Carlos Segura Just, don Pablo Juan Calvo Liste y don José María
Figaredo Álvarez-Sala, en sus respectivas condiciones de Portavoz Adjunta y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente Proposición no
de Ley para la reducción del número de 'asesores' (personal eventual de confianza) que prestan servicio en la Delegación del Gobierno en Andalucía, para su discusión en la Comisión de Política Territorial.
Exposición de motivos
Primero. La Administración General del Estado en el Territorio.
La Administración General del Estado en el Territorio ('AGET') es la encargada de ejercer la actividad del Estado de forma desconcentrada en el territorio, correspondiendo al Delegado del Gobierno la dirección de la misma en su respectivo
ámbito autonómico y su coordinación con la Administración de la Comunidad Autónoma.
La Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público ('LRJSP'), fija la estructura de la que llama Administración General del Estado de carácter territorial, anteriormente denominada, por la Ley 6/1997, de 14 de abril, de
Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado ('LOFAGE'), Administración Periférica del Estado. Se prevé de esta manera la integración de servicios periféricos ministeriales en las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno
y Direcciones Insulares, así como la consiguiente supresión de los órganos cuyos servicios se integren.
Así, el artículo 55 ibidem señala en sus apartados primero y segundo:
1. La organización de la Administración General del Estado responde a los principios [...] de gestión territorial integrada en Delegaciones del Gobierno en las Comunidades Autónomas, salvo las excepciones previstas por esta ley.
2. La Administración General del Estado comprende: [...]
b) La Organización Territorial [...].'
Segundo. Las Delegaciones del Gobierno.
Las Delegaciones del Gobierno ejercen la dirección y la supervisión de todos los servicios de la Administración General del Estado ('AGE') y sus Organismos públicos situados en su territorio, representando al Gobierno en el territorio de la
región 17.
Así, según dispone el artículo 154 de la Constitución Española: '[u]n Delegado nombrado por el Gobierno dirigirá la Administración General del Estado en el Territorio de la Comunidad Autónoma y la coordinará, cuando proceda, con la
administración propia de la Comunidad'
En la actualidad existen 17 Delegaciones del Gobierno, correspondientes a cada una de las regiones, dos Delegaciones del Gobierno en las Ciudades de Ceuta y Melilla, y 44 Subdelegaciones del Gobierno en las provincias.
Las Delegaciones del Gobierno están adscritas orgánicamente al Ministerio de Política Territorial, a través de la Secretaría de Estado de Política Territorial. Dentro de esta Secretaría de Estado, la Secretaría General de Coordinación
Territorial es el órgano al que corresponde la coordinación de la actividad de la AGET y la asistencia a la misma. De la Secretaría General de Coordinación Territorial depende la Dirección General de la Administración General del Estado en el
Territorio, a la que se le atribuye la coordinación y asistencia a las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno 18.
Las Delegaciones del Gobierno comprenden los siguientes órganos 19:
- Subdelegaciones del Gobierno en las provincias y Direcciones Insulares.
- Secretaría General y, en su caso, Vicesecretaría General.
- Áreas funcionales para la gestión de los servicios integrados de Fomento, Industria y Energía, Sanidad y Política Social, Alta Inspección de Educación y Trabajo e Inmigración.
- Gabinete, como órgano de apoyo y asistencia inmediata al Delegado del Gobierno.
- Comisión Territorial de Asistencia, integrada por los Subdelegados del Gobierno, los Directores Insulares, en su caso, el Secretario General, el Jefe de Gabinete, los Directores de las Áreas Funcionales y los responsables de los servicios
no integrados que el Delegado del Gobierno determine.
Tercero. El Delegado de Gobierno y su Gabinete.
La LRJSP establece en su artículo 55.4 que '[e]n la organización territorial de la Administración General del Estado son órganos directivos tanto los Delegados del Gobierno en las Comunidades
17 https://www.mptfp.gob.es/portal/delegaciones gobierno/ administracion-general-estadoterritorio.html
18 Artículo 12 del Real Decreto 139/2020, de 28 de enero, por el que se establece la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales.
19 Ibid., supra.
Autónomas, que tendrán rango de Subsecretario, como los Subdelegados del Gobierno en las provincias, los cuales tendrán nivel de Subdirector general'.
Por su parte, el artículo 56.1 ibidem establece que la estructura de las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno 'se fijará por Real Decreto del Consejo de Ministros a propuesta del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas 20,
en razón de la dependencia orgánica de las Delegaciones del Gobierno, y contarán, en todo caso, con una Secretaría General, dependiente de los Delegados o, en su caso, de los Subdelegados del Gobierno, como órgano de gestión de los servicios
comunes, y de la que dependerán los distintos servicios integrados en la misma, así como aquellos otros servicios y unidades que se determine en la relación de puestos de trabajo'.
En cumplimiento y al amparo de tal precepto, se promulgó el Real Decreto 1330/1997, de 1 de agosto, de integración de servicios periféricos y de estructura de las Delegaciones del Gobierno, que, en su artículo segundo, apartado cuarto,
señala que 'existirá un Gabinete como órgano de apoyo y asistencia inmediata al Delegado'.
Esa es la única referencia que se hace al Gabinete de los Delegados del Gobierno. No existe ninguna otra referencia legal que determine, en cambio, el número máximo de sus integrantes, las cualificaciones que deben reunir o su sistema de
nombramiento.
Los Gabinetes sí vienen definidos, en cambio, en la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno ('LG'), cuyo artículo 10.1 los define como los 'órganos de apoyo político y técnico del Presidente del Gobierno, de los Vicepresidentes, de los
Ministros y de los Secretarios de Estado. Los miembros de los Gabinetes realizan tareas de confianza y asesoramiento especial sin que en ningún caso puedan adoptar actos o resoluciones que correspondan legalmente a los órganos de la Administración
General del Estado o de las organizaciones adscritas a ella, sin perjuicio de su asistencia o pertenencia a órganos colegiados que adopten decisiones administrativas. Asimismo, los directores de los gabinetes podrán dictar los actos administrativos
propios de la jefatura de la unidad que dirigen'.
En cuanto al nivel orgánico y las retribuciones, los apartados 2 y 3 del artículo 10 LG establecen que:
'2. Los Directores de Gabinete tendrán el nivel orgánico que se determine reglamentariamente. El resto de miembros del Gabinete tendrán la situación y grado administrativo que les corresponda en virtud de la legislación correspondiente.
3. Las retribuciones de los miembros de los Gabinetes se determinan por el Consejo de Ministros dentro de las consignaciones presupuestarias establecidas al efecto adecuándose, en todo caso, a las retribuciones de la Administración General
del Estado.'
Como señalábamos, los Delegados del Gobierno tienen, en virtud del artículo 55.4 LRJSP, el 'rango de Subsecretario'. Es decir, que estos están en un escalón jerárquico inferior -órganos directivos- a los Secretarios de Estado -órganos
superiores- 21.
Pese a las restricciones existentes respecto de órganos superiores jerárquicamente a las Delegaciones del Gobierno, nos encontramos con que algunas de estas, como las de Andalucía o Cataluña, cuentan con 21 y 14 asesores, respectivamente 22.
Es decir, cuentan con más del doble de asesores que los que tienen los titulares de los Gabinetes de las Vicepresidencias del Gobierno. En definitiva, un exceso que no encuentra justificación alguna.
Cuarto. El abuso de los Asesores en las Delegaciones del Gobierno.
La falta de regulación normativa sobre los asesores o miembros del Gabinete de los Delegados del Gobierno ha supuesto que, en la mayoría de las Delegaciones del Gobierno, se haya abusado injustificadamente de esta figura.
Ello quedó constatado en una respuesta del Gobierno, de fecha 15 de abril de 2021, con número de entrada 112.351 en el Registro del Congreso de los Diputados, a una solicitud de informe formulada por varios Diputados del Grupo Parlamentario
VOX. A partir de su contenido se pudo constatar que, a 15 de abril de 2021, había nada menos que 127 asesores al servicio de las Delegaciones de Gobierno 23. Todos
20 A la fecha, el Ministerio de Política Territorial, en virtud del.
21 Artículo 55.2 LRJSP.
22 Datos reflejados en la contestación del Gobierno de fecha 15 de abril de 2021, con número de entrada en el Registro del Congreso de los Diputados 112.351.
23 Debe señalarse que en los Presupuestos Generales del Estado para 2021, en la Sección 22 (Ministerio de Política Territorial y Función Pública), entre sus dos programas, el 921-N y 921-P, se preveían 148 cargos.
ellos nombrados, según la respuesta, como personal eventual de confianza (niveles de complemento de destino 26 a 30), que tenían 'asignadas funciones de confianza o asesoramiento especial y su nombramiento y cese serán libres'.
El Gobierno se negó a responder sobre el resto de la información que se había solicitado porque 'no procede aportar el nombre y apellidos ni el curriculum vitae de este personal, por afectar a datos de carácter personal'.
No obstante lo anterior, en una ampliación de respuesta del Gobierno, de fecha 3 de junio de 2021, con número de entrada 130.927 en el Registro del Congreso de los Diputados, se trasladó que:
'En relación con la información interesada, se pone a disposición de Sus Señorías la requerida sobre personal eventual de confianza (niveles de complemento de destino 26 a 30) que presta servicio en las Delegaciones del Gobierno -cuya
relación en número se incluyó en las respuestas del Gobierno remitidas al Congreso de los Diputados en abril de 2021-, y que obra en poder de los servicios administrativos del Ministerio de Política Territorial y Función Pública.
Sus Señorías pueden consultar presencialmente dicha información, concertando una visita a través de la dirección de correo electrónico de la Dirección General de la Administración General del Estado en el Territorio [...].'
Sendas respuestas del Gobierno fueron recurridas por la vía jurisdiccional, concretamente, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Cuarta, del Tribunal Supremo, que, en su Sentencia número 164/2022, de 10 de febrero, estimó el
recurso interpuesto por los Diputados del Grupo Parlamentario VOX. En síntesis, el Alto Tribunal fundamentó el fallo señalando que:
'Ciertamente la Administración no les priva de la información requerida, pero, aparte de que no se ofrece razón alguna que impida enviarla directamente, es una respuesta que no casa con la dignidad parlamentaria ni se ajusta al estándar de
ayuda que cabe deducir del artículo 109 de la Constitución; además no es, en sí, una respuesta, pues lejos de entregarles la información les obliga a solicitar esa cita para que sean ellos mismos quienes busquen y obtengan aquella.'
Y, en su virtud, requirió al 'Gobierno para que entregue a los demandantes la información solicitada en plazo no superior a treinta días'.
Si bien no deja de llamar la atención la falta de transparencia por parte del Gobierno, y su evidente intención de obstaculizar el legítimo ejercicio de las funciones parlamentarias por parte de Diputados del Grupo Parlamentario VOX 24, que
forma parte del ius in officium, del núcleo de su función representativa. Lo que aquí nos concierne, en realidad, sobre lo que se quiere llamar la atención y corregir, es la ingente cantidad de asesores con que cuentan las Delegaciones del Gobierno
y el elevadísimo coste que suponen para todos los españoles, pues conllevan un gasto de más de seis millones de euros anuales.
Igualmente, resultan llamativas las diferencias entre el número de personal eventual de confianza entre las distintas Delegaciones del Gobierno. Así, por ejemplo, frente a los 21 asesores con que cuenta la Delegación del Gobierno de
Andalucía, la de Madrid tiene solamente cinco. Hecho este que encuentra la misma falta de justificación, pues no existen preceptos que regulen y limiten el número de asesores en las Delegaciones del Gobierno.
Quinto. Conclusión.
De cuanto se ha expuesto no puede sino concluirse la necesidad de reducir el número de asesores que puedan prestar servicio en la Delegación del Gobierno en Andalucía. Con ello, además de detener esta deriva derrochadora del erario público,
absolutamente irresponsable, se atajaría la recurrente problemática en torno al empleo de las Administraciones Públicas como agencias de colocación de afines. Esta situación se constata fácilmente viendo las trayectorias profesionales del personal
eventual de confianza que ejercen como 'asesores' en las Delegaciones de Gobierno 25.
24 Artículo 7 del Reglamento del Congreso de los Diputados.
25 Así, por ejemplo, de los 14 'asesores' de la Delegación del Gobierno en Cataluña, hemos podido constatar que, al menos, 12 de ellos están vinculados o han ejercido cargos en el PSC.
Y, todo ello, en contravención del deber constitucional que obliga a la Administración Pública a servir 'con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización,
desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho', de conformidad con lo previsto en el artículo 103.1 de la Constitución Española.
Si, según reza la propia página web del Ministerio de Política Territorial, '[l]a Administración General del Estado en el Territorio tiene un valor esencial e insustituible en términos de eficacia [...]' 26, debe acometerse, necesariamente y
a la mayor prontitud, la reducción del número de personal eventual de confianza al servicio de la Delegación del Gobierno en Andalucía.
En definitiva, los impuestos han de ir destinados a mejorar las condiciones materiales de vida de los españoles. Debe, por tanto, incrementarse el gasto público en sanidad, en educación, en dependencia, en pensiones y en infraestructuras.
Pero, al mismo tiempo, para poder lograrlo es necesario desmontar el sistema autonómico, poner fin a las duplicidades administrativas, reducir el número de asesores, ministerios, consejerías, diputados y parlamentos y terminar con el despilfarro
político.
Al amparo de Io expuesto, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a reducir el gasto político innecesario e improductivo, terminando con el despilfarro de los recursos públicos y destinando estos a la inversión en cuestiones que mejoren las condiciones de
vida de los españoles.
En este sentido, el Congreso de los Diputados insta al Gobierno a reducir el número de asesores (personal eventual de confianza) que prestan servicio en la Delegación del Gobierno en Andalucía.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de mayo de 2022.-Emilio Jesús del Valle Rodríguez, Inés María Cañizares Pacheco, José María Figaredo Álvarez-Sala, Pablo Sáez Alonso-Muñumer, Juan Carlos Segura Just, Eduardo Luis Ruiz Navarro y
Pablo Juan Calvo Liste, Diputados.-Macarena Olona Choclán, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
161/004248
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley por la que se insta al Gobierno a seguir favoreciendo el desarrollo del Estado de
las Autonomías para su debate en la Comisión de Política Territorial.
Exposición de motivos
La Constitución Española reconoce en el artículo 137 y siguientes la autonomía territorial, que se materializa jurídicamente en una importante descentralización del Estado asemejándose en muchos aspectos al propio de los estados federales.
Nuestro Estado se organiza territorialmente en 17 comunidades autónomas, dos ciudades autónomas, Ceuta y Melilla, y 8.131 municipios. Todas las comunidades tienen aprobados sus Estatutos de Autonomía como norma institucional básica que rige
su organización y competencias.
Las comunidades autónomas tienen autonomía propia y ello supone que tienen atribuidas competencias en las materias propias que sus propios Estatutos así lo reconocen. Dichas competencias pueden ser legislativas y ejecutivas, dependiendo de
las materias. Estas competencias pueden ser de cuatro tipos:
- Competencias legislativas y ejecutivas exclusivas. Es el caso, por ejemplo, de servicios sociales, industria, comercio, turismo, juventud o deportes.
26 https://www.mptfp.gob.es/portal/delegaciones_gobierno/administracion-general-estado-territorio.html
- Competencias para el desarrollo de la legislación básica del Estado, así como para la puesta en marcha de esta legislación. Es el caso de medioambiente, política económica, educación, asistencia sanitaria o salud pública.
- Competencias para la ejecución de la legislación aprobada en exclusiva por el Estado. Es sobre todo el caso de empleo y formación profesional.
- Competencias legislativas y ejecutivas, aunque distintas de las que tiene el Estado en la misma materia. Es el caso especial de cultura.
El Estado y las comunidades autónomas llevan a cabo los procesos de transferencia de competencias a través de la correspondiente negociación en la Comisión Mixta de Transferencias, que materializa mediante acuerdo el traspaso de funciones y
servicios con los correspondientes medios materiales, personales y económicos de la materia objeto de la competencia.
Del mismo modo, las comunidades autónomas tienen su propia Administración, se organizan en Consejerías con sus departamentos, así como organismos con plena personalidad jurídica, que se completan actuando en régimen de descentralización
funcional.
El ejercicio de las competencias puede ocasionar conflictos entre ambas Administraciones al actuar extralimitándose en la ejecución concreta sobre algún contenido de la materia. Estos conflictos se tratan de solucionar en primera instancia
a través del diálogo y la cooperación. A pesar de ello, en algunas ocasiones, cuando el diálogo no es fructífero, se requiere de la intervención de los órganos jurisdiccionales, en concreto del Tribunal Constitucional, que es el competente para
conocer de los conflictos de competencias, así como de la constitucionalidad de las leyes.
El estado autonómico con la actual configuración territorial de nuestro país, recogido en el Título VIII de la Constitución Española, es un avance en el reconocimiento a todos los territorios de sus capacidades con pleno respeto a sus
competencias para conseguir que todos los ciudadanos tengan los mismos derechos y oportunidades vivan donde vivan, y al mismo tiempo mantener su identidad propia.
Vivimos un tiempo político en el que alguna formación política niega el estado de las autonomías poniendo en duda la validez y utilidad del estado autonómico, promoviendo la eliminación de las autonomías y la recentralización de competencias
al Estado e incluso la supresión del propio Título VIII de la Constitución Española.
Es ahora más necesario que nunca reafirmar el compromiso con nuestra Constitución y nuestro estado autonómico, más útil y necesario si cabe, después de lo que hemos vivido con la pandemia.
Es sin duda innegable el valor de las autonomías para cambiar la vida de la gente y la trasformación del territorio.
Por todo ello el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Seguir fortaleciendo el estado autonómico, impulsando su desarrollo estatutario, como base de la necesaria trasformación territorial y social.
2. Potenciar la cogobernanza y la cooperación como base de la cohesión del Estado español.
3. Avanzar en los traspasos que resultan viables con arreglo al marco estatutario clarificando la distribución competencial y reduciendo la conflictividad.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de mayo de 2022.-Josefa Andrés Barea, Antidio Fagúndez Campo, Ariagona González Pérez, Patxi López Álvarez, Gema López Somoza, José Losada Fernández, María Dolores Narváez Bandera, Esther Padilla
Ruiz, María Inmaculada Oria López, José Luis Ramos Rodríguez, Mariano Sánchez Escobar y Herminio Rufino Sancho Íñiguez, Diputados.-Isaura Leal Fernández y Rafaela Crespín Rubio, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ESCRITA
La Presidencia de la Cámara, a solicitud de sus autores, ha acordado tener por convertida en pregunta con respuesta oral en Comisión y trasladar, a los efectos del artículo 190.2 del Reglamento, a la Comisión de Transición Ecológica y Reto
Demográfico, la pregunta al Gobierno con respuesta escrita que a continuación se relaciona, así como comunicarlo a dicha Comisión, al Gobierno y a los Sres. Diputados preguntantes y su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de mayo de 2022.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
Núm. expte.: 184/084933.
Núm. registro: 210049.
Autor iniciativa: Capdevila i Esteve, Joan (GR) y Salvador i Duch, Jordi (GR).
Objeto iniciativa: Plazo previsto para aprobar y desarrollar el Reglamento al que se refiere el apartado 2 del artículo 3 del Real Decreto-ley 20/2018, de 7 de diciembre, de medidas urgentes para el impulso de la competitividad económica en
el sector de la industria y el comercio en España.
Publicación: 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 447, de 3 de mayo de 2022.
Nuevo número asignado a la iniciativa tras la conversión: 181/001851.