Ruta de navegación
Publicaciones
BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 459, de 24/05/2022
cve: BOCG-14-D-459
PDF
BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
XIV LEGISLATURA
Serie D: GENERAL
24 de mayo de 2022
Núm. 459
ÍNDICE
Control de la acción del Gobierno
PROPOSICIONES NO DE LEY
Comisión Constitucional
161/004171 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plural, sobre garantizar el derecho a la verdad, justicia, la reparación y las garantías de no repetición a toda la ciudadanía española ...
Comisión de Asuntos Exteriores
161/004164 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre apoyo a la reconstrucción y la integración europea de Ucrania ... (Página7)
161/004179 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre el patrocinio español de la reconstrucción de la infraestructura gasista en Ucrania y su preparación para el hidrógeno verde ...
161/004184 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plural, relativa a celebrar acuerdos internacionales bilaterales de reconocimiento de derechos de participación política en los comicios locales ...
161/004189 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a incrementar las sanciones contra la Federación de Rusia por la invasión de Ucrania ... (Página12)
161/004190 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la revisión de los acuerdos bilaterales de extradición ... (Página13)
161/004191 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, relativa a apoyar el desarrollo libre, sin violencia ni fraude, de las elecciones presidenciales en Colombia
del 29/05/2022 ... (Página15)
161/004192 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, relativa a la crisis mundial de alimentos por los efectos de la guerra de Rusia en Ucrania ...
161/004193 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa al impulso de las Cumbres Iberoamericanas ... (Página20)
161/004194 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a las tropas rusas en las Repúblicas de Moldavia y Georgia y el derecho de estos Estados a la integridad territorial ...
161/004195 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la Promoción Sahel ... (Página23)
161/004196 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la libertad de prensa ... (Página26)
Comisión de Defensa
161/004199 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa al apoyo y reconocimiento a los miembros del Centro Nacional de Inteligencia ... (Página27)
Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana
161/004181 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre la eliminación de la obligatoriedad del uso de mascarillas en aviones ... (Página28)
Comisión de Educación y Formación Profesional
161/004174 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la inclusión de la Informática entre las materias de modalidad de cada una de las modalidades de Bachillerato ...
Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones
161/004183 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plural, sobre la eliminación de la tasa de reposición ... (Página31)
Comisión de Derechos Sociales y Políticas Integrales de la Discapacidad
161/004166 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a la prestación para el cuidado de los hijos enfermos ... (Página33)
Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación
161/004175 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, por la que se insta al Gobierno a conceder ayudas al sector agrícola para hacer frente a los daños ocasionados por las tormentas del 02/05/2022 y
lluvias últimas en la Región de Murcia ... (Página35)
Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico
161/004169 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre la creación de un plan nacional de vivienda rural que incremente la oferta de viviendas en el mundo rural ... (Página37)
161/004178 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre el patrocinio español de la reconstrucción de la infraestructura gasista en Ucrania y su preparación para el hidrógeno verde ...
Comisión de Cultura y Deporte
161/004185 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre apoyo a las mujeres en el mundo del motor F1 ... (Página40)
161/004187 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la aprobación de un plan urgente de recursos humanos de los museos de titularidad estatal para evitar su cierre y garantizar el derecho
de acceso a la cultura ... (Página41)
Comisión de Asuntos Económicos y Transformación Digital
161/004176 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a mejorar la gestión y la eficacia de los Fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia ... (Página42)
Comisión de Sanidad y Consumo
161/004180 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, relativa a la equidad, universalidad y cohesión del Sistema Nacional de Salud ...
161/004182 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre la eliminación de la obligatoriedad del uso de mascarillas en aviones ... (Página46)
Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades
161/004186 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, relativa al impulso de la ciencia ciudadana ... (Página47)
Comisión de Igualdad
161/004170 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Republicano, sobre medidas para combatir la presión estética ... (Página48)
161/004173 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre mujeres frente a las violencias en Ucrania ... (Página50)
161/004177 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a la elaboración de un nuevo informe sobre el aborto en España y a la promoción del conocimiento acerca de los métodos y consecuencias del aborto ...
161/004188 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la elaboración de programas de apoyo a la conciliación y la corresponsabilidad de la vida personal, laboral y familiar ...
Comisión de seguimiento y evaluación de los Acuerdos del Pacto de Estado en materia de Violencia de Género
161/004172 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre mujeres frente a las violencias en Ucrania ... (Página58)
Comisión sobre Seguridad Vial
161/004165 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plural, sobre la creación de un centro descentralizado de exámenes de la Dirección General de Tráfico en Lalín ... (Página60)
Comisión de Política Territorial
161/004168 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, relativa a mejorar la conectividad móvil en el medio rural ... (Página61)
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL
Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación
181/001823 Pregunta formulada por los Diputados Diego Gago Bugarín (GP), García Díez, Joaquín María (GP), Bas Corugeira, Javier (GP), Constenla Carbón, Juan Manuel (GP), Marcos Ortega, Milagros (GP) y Pastor Julián, Ana María (GP), sobre
actuaciones de apoyo que desarrollará el Gobierno para que la ciudad de Vigo pueda disponer de una sede permanente de la FAO como se aprobó en el Parlamento Europeo ... (Página63)
Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico
181/001824 Pregunta formulada por la Diputada Isabel María Borrego Cortés (GP), sobre porcentaje del caudal de la Rambla del Albujón de la Región de Murcia bombeado desde el mes de junio de 2021 ... (Página63)
181/001825 Pregunta formulada por la Diputada Isabel María Borrego Cortés (GP), sobre número de horas que ha estado interrumpido el bombeo de la Rambla del Albujón de la Región de Murcia desde el mes de junio de 2021 ...
181/001826 Pregunta formulada por la Diputada Isabel María Borrego Cortés (GP), sobre número de litros de agua que se han dejado de bombear durante las horas que ha estado interrumpido el bombeo de la Rambla del Albujón de la Región de
Murcia desde el mes de junio de 2021, y que por lo tanto han entrado en el Mar Menor ... (Página64)
Comisión sobre Seguridad Vial
181/001827 Pregunta formulada por los Diputados Patricia Rueda Perelló (GVOX), Alcaraz Martos, Francisco José (GVOX), Utrilla Cano, Julio (GVOX), Sánchez del Real, Víctor Manuel (GVOX), Fernández-Lomana Gutiérrez, Rafael (GVOX) y Gestoso de
Miguel, Luis (GVOX), sobre satisfacción del Gobierno con los trabajos efectivamente realizados por la Sociedad Estatal de Gestión Inmobiliaria y de Patrimonio, M.P., S.A. (SEGIPSA) en relación con el inventario y valoración de los bienes de la
Dirección General de Tráfico ... (Página64)
181/001828 Pregunta formulada por los Diputados Patricia Rueda Perelló (GVOX), Alcaraz Martos, Francisco José (GVOX), Utrilla Cano, Julio (GVOX), Sánchez del Real, Víctor Manuel (GVOX), Fernández-Lomana Gutiérrez, Rafael (GVOX) y Gestoso de
Miguel, Luis (GVOX), sobre opinión del Gobierno acerca de si se han cumplido correctamente los trabajos realizados por Ingeniería de Sistemas para la Defensa de España S.A. S.M.E. M.P. (ISDEFE) para solventar los problemas informáticos en la
gestión de sanciones de la Dirección General de Tráfico ... (Página65)
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ESCRITA
Relación de preguntas para respuesta escrita que pasan a tramitarse como preguntas para respuesta oral en Comisión ... (Página65)
CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PROPOSICIONES NO DE LEY
La Mesa de la Cámara en su reunión del día de hoy ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 194 del Reglamento, las siguientes Proposiciones no de Ley y considerando que solicitan el debate de las iniciativas en Comisión, disponer
su conocimiento por las Comisiones que se indican, dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de mayo de 2022.-P.A. El Secretario General Adjunto para Asuntos Parlamentarios del Congreso de los Diputados, José Antonio Moreno Ara.
Comisión Constitucional
161/004171
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Más País Verdes Equo, en el Grupo Parlamentario Plural, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre garantizar el derecho a la verdad, justicia, la
reparación y las garantías de no repetición a toda la ciudadanía española, para su debate en la Comisión Constitucional.
Exposición de motivos
El 22 de enero de 2020 España se sometió por tercera vez a la Evaluación Periódica Universal de Naciones Unidas. El grupo de trabajo sobre el Examen Periódico Universal, establecido de conformidad con la resolución 5/1 del Consejo de
Derechos Humanos, formuló al gobierno español en marzo de ese mismo año 275 recomendaciones para revertir las vulneraciones de derechos humanos detectadas en el país en relación con diversos ámbitos. Pasados dos meses, el gobierno español contestó
a dichas recomendaciones del informe final, anunciado que, de las 275, se comprometía en esta legislatura a implementar 252. Entre estas medidas, encontramos que el gobierno se comprometió a cumplir las recomendaciones internacionales sobre verdad,
justicia, reparación y garantías de no repetición para todas las víctimas del golpe de estado, la Guerra Civil y la dictadura franquista. En otro orden de cosas, el 7 de enero de 2020 fue investido presidente del Gobierno Pedro Sánchez tras un
acuerdo para la formación de un gobierno de coalición entre el PSOE y Unidas Podemos y de apoyo parlamentario con diferentes socios de legislatura. En dicho acuerdo se comprometía el gobierno, entre otras cosas, a impulsar un programa de
exhumaciones de las víctimas del franquismo realizado directamente por el Estado, a retirar los símbolos franquistas de lugares públicos y a anular las condenas y sanciones represivas del régimen franquista.
Sin embargo, nos encontramos, pasado el ecuador de la legislatura, ante un hecho de una extrema gravedad. Este hecho se refiere al bloqueo en la tramitación de las iniciativas legislativas relacionadas con la memoria democrática y por tanto
con la garantía de los derechos de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición de las víctimas de la dictadura franquista en nuestro país, que son las siguientes: el Proyecto de Ley de Memoria Democrática (121/000064), la Proposición
de Ley de reforma de la Ley 9/1968, de 5 de abril, sobre secretos oficiales (122/000006), la Proposición de Ley sobre bebés robados en el Estado español (122/000039) y la Proposición de Ley de modificación de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de
noviembre, del Código Penal (Orgánica) para incorporar el Principio de Legalidad Internacional (122/000096).
El texto legislativo más importante por su alcance normativo, el Proyecto de ley de Memoria Democrática, tardó en ser aprobado por el Consejo de Ministros casi un año, pero finalmente se pudieron
iniciar los trámites parlamentarios para su mejora y aprobación en septiembre de 2021. Cerrado el plazo de enmiendas, se encuentra no obstante paralizado desde hace meses en la Comisión de Constitucional, para constituirse su ponencia.
Esta paralización puede deberse, entre otras cosas, a que el texto tal y como está ahora redactado, no satisface demandas fundamentales de las víctimas, así como algunos de los acuerdos internacionales que España ha ratificado.
Por un lado, es patente la ausencia del reconocimiento al derecho a la justicia de las víctimas y familiares. Como ya han apuntado diferentes asociaciones y organismos como la Unión Progresista de Fiscales, el texto no comprende ninguna
modificación legislativa para poder investigar y enjuiciar las graves violaciones de derechos humanos cometidas durante la dictadura. Tampoco se declaran ilegales las sentencias judiciales represivas de la dictadura ni se garantiza la reparación
económica en el caso que sea necesario. Por otro lado, en relación a la definición de víctima el texto aprecia un vacío de protección entre 1978 y 1982, momento en el que, con un gobierno legítimamente elegido mediante sufragio libre, se aprueba la
primera modificación democrática del código penal (Ley Orgánica 8/1983, de 25 de junio, de Reforma Urgente y Parcial del Código penal). Por tanto, se debe arbitrar un mecanismo de reconocimiento y reparación de víctimas de vulneraciones de derechos
humanos provocadas por el Estado en dicho marco temporal.
En relación con la Proposición de Ley para la Reforma de la Ley de Secretos Oficiales, nos encontramos con su paralización desde hace más de un año en la Comisión de Constitucional. El gobierno lleva dos años comprometiéndose a aprobar su
reforma dentro de sus diferentes planes normativos (Plan Anual Normativo 2020, Plan Anual Normativo 2022), pero no hay ningún avance en ese sentido. Estamos hablando de una norma regulada por una ley preconstitucional de 1968, sin mecanismos
específicos para la desclasificación de documentos, obstaculizando el acceso a la verdad de muchas de las víctimas del franquismo, tal y como llevan denunciando desde hace años organismos internacionales como Amnistía Internacional. Pero no sólo
afecta a los colectivos de víctimas y familiares en su búsqueda por la verdad, dicha ley está afectando de manera profunda la calidad democrática de nuestro país porque restringe enormemente los mecanismos de transparencia y control democrático. En
este sentido, el gobierno, ante los gravísimos sucesos en torno al caso Pegasus, debería ser consciente de la necesidad de aprobar con urgencia la reforma de la Ley, siendo el procedimiento más rápido y con garantías el de la tramitación de la
Proposición de Ley paralizada en la Comisión de Constitucional. La misma ausencia de voluntad política se topa con la Proposición de Ley de Bebés Robados, paralizada desde hace más de dos años en la Comisión de Justicia.
Con respecto a la última iniciativa nombrada, el pasado 15 de marzo se votó en el Pleno del Congreso de los Diputados la toma en consideración de la Proposición de Ley de modificación de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del
Código Penal (Orgánica). Dicha Proposición de Ley tenía como objeto remover uno de los obstáculos principales que invocan reiteradamente los Juzgados y Tribunales españoles para investigar y enjuiciar los crímenes franquistas, el principio de
legalidad, ya que el texto legislativo de la Ley de Memoria Democrática no contempla esta cuestión tal y como hemos señalado con anterioridad. Con dicha modificación se pretendía trasponer a nuestro Código Penal una previsión normativa establecida
en diferentes Tratados y Convenios Internacionales suscritos y ratificados por el Estado español, entre otros en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en el Convenio Europeo de Derechos Humanos. La toma en consideración fue
rechazada con el voto de uno de los partidos en el gobierno.
Todos los hechos anteriores no dejan duda, el gobierno no está cumpliendo sus compromisos ni con la ciudadanía española ni con los organismos internacionales en el ámbito de la memoria democrática y los derechos humanos. Estamos aludiendo a
una de las cuestiones fundamentales de un estado de derecho democrático avanzado, que es cómo reconoce a las personas que vieron vulnerados sus derechos más básicos, muchos de ellos por luchar por la consecución de las libertades y los derechos en
nuestro país. Asimismo, debemos entender esta ausencia de garantías de derechos desde un agravio ulterior, pues estamos hablando de una problemática que involucra a personas que luchan, sobre todo, contra el tiempo y el olvido, protagonistas de
sucesos que ocurrieron entre cuarenta y ochenta años atrás y que han vuelto a ser revictimizadas por el Estado. Desafortunadamente, los acuerdos y normas aprobadas hasta la fecha en este ámbito han estado orientadas a reconocimientos
institucionales parciales, tibios y absolutamente insuficientes.
Por todo ello presentamos la siguiente
Proposición no de Ley
'Se insta al Gobierno a:
1. Comprometerse con la aprobación de las iniciativas legislativas que se encuentran en el Parlamento español que afectan al respeto, protección, garantías y, en definitiva, aplicación efectiva del derecho a la verdad, la justicia, la
reparación y las garantías de no repetición de las víctimas del franquismo, como son el Proyecto de Ley de Memoria, la Proposición de Ley de reforma de la Ley de Secretos Oficiales y la Proposición de Ley de Bebés Robados.
2. Incorporar en la tramitación del Proyecto de Ley de Memoria las enmiendas que mejoran el texto y garantizan un abordaje integral de las políticas de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, sobre todo en relación con el
acceso a la justicia, para todas las víctimas del franquismo en consonancia con las recomendaciones y tratados internacionales ratificados por España.
3. Colaborar con la justicia argentina en la Causa denominada 'Querella Argentina', que investiga las violaciones de derechos humanos cometidas por el régimen franquista.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo de 2022.-Íñigo Errejón Galván, Portavoz del Grupo Parlamentario Plural.
Comisión de Asuntos Exteriores
161/004164
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para el apoyo a la reconstrucción y la integración europea de
Ucrania para su debate en la Comisión de Asuntos Exteriores.
Exposición de motivos
El pasado 24 de febrero, Vladimir Putin comenzó su ofensiva contra Ucrania con el objetivo de tomar el control de ese país, derrocar a su gobierno proeuropeo y obtener un mayor control geopolítico en el sureste europeo. Esta agresión a la
soberanía nacional de Ucrania y a su integridad territorial es no solo un incumplimiento flagrante del derecho internacional, sino también una afrenta a nuestros valores europeos de defensa de la libertad, la convivencia y la tolerancia. Dos meses
y medio después del inicio de esa ofensiva las tropas rusas no han cumplido ninguno de sus objetivos, y las fuerzas ucranianas han conseguido resistir y repeler sus ataques.
Sin embargo, estos logros no se han producido sin coste. Según cifras oficiales, más de 3.200 civiles han sido asesinados, entre ellos más de 230 niños. En términos económicos, la invasión ha provocado que el Banco Mundial prevea que la
economía ucraniana se contraiga hasta un 45 % en este año 2022, debido a la destrucción de ciudades enteras, la disrupción de sectores económicos y la interrupción de cadenas de valor. Además, más de 5,6 millones de ucranianos se han visto
obligados a abandonar sus hogares y buscar refugio en otro país. España ha acogido hasta la fecha más de 137.000 ucranianos, de los cuales en torno al 40 % son niños. Sin embargo, cuanto más se extienda la invasión más devastadoras serán estas
consecuencias económicas y humanas.
Es por ello que desde el Grupo Parlamentario Ciudadanos hemos defendido desde el primer momento de la invasión el ofrecimiento de apoyo logístico, económico y militar a Ucrania para contribuir a su defensa de la legalidad internacional y de
los valores europeos. El mismo 24 de febrero, el Grupo Parlamentario Ciudadanos fue el primero que registró una iniciativa solicitando al Gobierno de España que apoyara la aprobación de sanciones a Vladimir Putin y a sus altos cargos responsables
de la invasión, así como la expulsión de los bancos rusos del sistema SWIFT y de la cancelación de las compras de petróleo, gas y carbón a Rusia. También los liberales propusimos el envío de equipamiento militar y de protección
civil a Ucrania, así como recursos logísticos como teléfonos satélite, combustible, chalecos antibalas o sistemas de desminado. La gran mayoría de medidas que planteábamos en esa propuesta finalmente se pusieron en marcha o bien en el seno
de la Unión Europea o bien de forma bilateral.
Incluso cuando esta invasión acabe, y esperamos que sea pronto, el reto para Ucrania tiene una dimensión considerable. Tras la guerra tendrá que venir la reconstrucción, y los europeos debemos entender que esa reconstrucción debe estar
ligada a las aspiraciones europeístas de la gran mayoría de la sociedad ucraniana. De hecho, el gobierno ucraniano ya ha formalizado su solicitud de adhesión a la Unión Europea, y varios Estados miembros e instituciones de la Unión Europea se han
mostrado favorables a esa adhesión, siguiendo siempre los procedimientos establecidos para ello y los necesarios avances en materia de reformas estructurales que deben poner en marcha todos los países candidatos. Sin embargo, el Presidente del
Gobierno aún no ha hecho público el respaldo de España a la candidatura de Ucrania a ser miembro de la Unión Europea.
Por el contrario, la Presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha prometido públicamente hacer todo lo posible por acelerar y agilizar el proceso de adhesión de Ucrania si los Estados miembros dan la luz verde en el próximo
Consejo Europeo de junio para que el país obtenga oficialmente el estatus de candidato. De hecho, el pasado 4 de mayo en su comparecencia ante el pleno del Parlamento Europeo para anunciar el nuevo paquete de sanciones contra los altos cargos del
régimen de Vladimir Putin, von der Leyen anunció que la Comisión Europea propondrá un plan de recuperación ambicioso para Ucrania. Este paquete económico, siguiendo el ejemplo de Next Generation EU, serviría para financiar la reconstrucción del
país tras la guerra y vendría ligado a la aprobación de reformas estructurales de carácter político, económico e institucional que a su vez ayudarían a Ucrania a acercarse a la adhesión a la Unión Europea.
Por su parte, el líder de la delegación de Ciudadanos en el Parlamento Europeo y vicepresidente económico del grupo liberal en esa cámara, Luis Garicano, ha propuesto que la Comisión Europea emita 'bonos de guerra' para financiar esos
esfuerzos de reconstrucción económica en Ucrania. De este modo, la Unión Europea podría poner a disposición del gobierno ucraniano recursos económicos para evitar la quiebra ante el tremendo reto que tiene por delante en materia de recuperación
posterior a la invasión rusa. Este tipo de iniciativas responden a ese compromiso que la gran mayoría de la sociedad europea siente hacia Ucrania, hacia la libertad de su nación y hacia sus aspiraciones europeístas. No en vano, según la última
encuesta del Eurobarómetro, el 93 % de los europeos apoya ofrecer ayuda humanitaria a Ucrania, el 80 % aprueba la ayuda económica al país y el 71 % considera que Ucrania forma parte de la familia europea.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados expresa su apoyo a la candidatura de adhesión a la Unión Europea de Ucrania e insta al Gobierno a:
1. Expresar públicamente su apoyo a la candidatura de adhesión a la Unión Europea de Ucrania de cara al Consejo Europeo de junio donde los Jefes de Estado y de Gobierno de los 27 Estados miembros decidirán si Ucrania es oficialmente país
candidato a la adhesión.
2. Redoblar el envío de armamento pesado desde España a las tropas ucranianas, de forma complementaria a las aportaciones que se realicen de forma conjunta por la Unión Europea a través del Fondo Europeo de Apoyo a la Paz.
3. Impulsar en el seno de las instituciones de la Unión Europea la adopción de medidas extraordinarias para ayudar a la recuperación económica de Ucrania y la reconstrucción del país, como pueden ser la iniciativa anunciada por la
Presidenta von der Leyen de crear un fondo específico de recuperación o la emisión de 'bonos de guerra' por parte de la Comisión Europea para financiar ese esfuerzo de recuperación económica.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de mayo de 2022.-María Carmen Martínez Granados, Diputada.-Edmundo Bal Francés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
161/004179
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para el patrocinio español de la reconstrucción de la
infraestructura gasista en Ucrania y su preparación para el hidrógeno verde para su debate en la Comisión de Asuntos Exteriores.
Exposición de motivos
El pasado 24 de febrero, Vladimir Putin comenzó su ofensiva contra Ucrania con el objetivo de tomar el control de ese país, derrocar a su gobierno proeuropeo y obtener un mayor control geopolítico en el sureste europeo. Esta agresión a la
soberanía nacional de Ucrania y a su integridad territorial es no solo un incumplimiento flagrante del derecho internacional, sino también una afrenta a nuestros valores europeos de defensa de la libertad, la convivencia y la tolerancia. Dos meses
y medio después del inicio de esa ofensiva las tropas rusas no han cumplido ninguno de sus objetivos, y las fuerzas ucranianas han conseguido resistir y repeler sus ataques.
Sin embargo, estos logros no se han producido sin coste. Según cifras oficiales, más de 3.200 civiles han sido asesinados, entre ellos más de 230 niños. En términos económicos, la invasión ha provocado que el Banco Mundial prevea que la
economía ucraniana se contraiga hasta un 45 % en este año 2022, debido a la destrucción de ciudades enteras, la disrupción de sectores económicos y la interrupción de cadenas de valor. Además, más de 5,6 millones de ucranianos se han visto
obligados a abandonar sus hogares y buscar refugio en otro país. España ha acogido hasta la fecha más de 137.000 ucranianos, de los cuales en torno al 40 % son niños. Sin embargo, cuanto más se extienda la invasión más devastadora serán estas
consecuencias económicas y humanas.
Es por ello que desde el Grupo Parlamentario Ciudadanos hemos defendido desde el primer momento de la invasión el ofrecimiento de apoyo logístico, económico y militar a Ucrania para contribuir a su defensa de la legalidad internacional y de
los valores europeos. El mismo 24 de febrero, el Grupo Parlamentario Ciudadanos fue el primero que registró una iniciativa solicitando al Gobierno de España que apoyara la aprobación de sanciones a Vladimir Putin y a sus altos cargos responsables
de la invasión, así como la expulsión de los bancos rusos del sistema SWIFT y de la cancelación de las compras de petróleo, gas y carbón a Rusia. También los liberales propusimos el envío de equipamiento militar y de protección civil a Ucrania, así
como recursos logísticos como teléfonos por satélite, combustible, chalecos antibalas o sistemas de desminado. La gran mayoría de medidas que planteábamos en esa propuesta finalmente se pusieron en marcha o bien en el seno de la Unión Europea o
bien de forma bilateral.
Incluso cuando esta invasión acabe, y esperamos que sea pronto, el reto para Ucrania tiene una dimensión considerable. Tras la guerra tendrá que venir la reconstrucción, y los europeos debemos entender que esa reconstrucción debe estar
ligada a las aspiraciones europeístas de la gran mayoría de la sociedad ucraniana. De hecho, el pasado 4 de mayo en su comparecencia ante el pleno del Parlamento Europeo para anunciar el nuevo paquete de sanciones contra los altos cargos del
régimen de Vladimir Putin, la Presidenta de la Comisión Europea anunció que propondrá un plan de recuperación ambicioso para Ucrania. Este paquete económico, siguiendo el ejemplo de Next Generation EU, serviría para financiar la reconstrucción del
país tras la guerra y vendría ligado a la aprobación de reformas estructurales de carácter político, económico e institucional que a su vez ayudarían a Ucrania a acercarse a la adhesión a la Unión Europea.
Por su parte, ya hay gobiernos nacionales de la Unión Europea que han anunciado que patrocinarán la recuperación de determinados sectores o lugares de Ucrania tras la guerra. Esto supone que serán estos gobiernos los encargados de financiar
o de coordinar la financiación de los esfuerzos de reconstrucción en esos aspectos particulares. Por ejemplo, el gobierno danés ha hecho público que se encargará de la reconstrucción de la ciudad de Mykolaiv, que ha sido arrasada por las tropas
rusas. Otro ejemplo es el del gobierno griego, que ha anunciado que se hará cargo de la reconstrucción del famoso hospital de maternidad de Mariúpol que fue devastado por la invasión. Por su parte, el gobierno italiano también ha anunciado que se
encargará de la reconstrucción de teatro de esa ciudad, que también saltó a la fama por haber servido de refugio para cientos de personas. El Gobierno de España, en cambio, no ha anunciado aún que vaya a llevar a cabo ninguna iniciativa en este
sentido.
Dada la experiencia de España en materia de energías renovables y, en particular, la apuesta por el hidrógeno verde que están haciendo sectores económicos, sociales, fuerzas parlamentarias y gobiernos municipales, autonómicos y el Gobierno
de España, nuestro país puede ofrecer ese patrocinio a Ucrania en un sector esencial. Ucrania juega un papel fundamental en el suministro de gas a la Unión Europea, hasta el punto de que su operador gasista tuvo que cortar de emergencia un tercio
del flujo hacia la UE por un ataque ruso esta misma mañana. Tras la guerra, Ucrania puede seguir desempeñando ese papel vital en una economía que se orienta cada vez más hacia la sostenibilidad. En 2020, la Comisión Europea ya presentó su
Estrategia del Hidrógeno, cuyo objetivo es promover la producción de hidrógeno verde para que en el año 2050 esta fuente de energía se convierta en generalizada, en combinación con las energías renovables.
Ucrania dispone de importantes fuentes de energía como la solar, la eólica o la biomasa, que pueden ser herramienta para realizar los procesos necesarios para producir hidrógeno verde. De hecho, la Unión Europea prevé que se pueda
establecer en Ucrania una capacidad de producción de unos 10 GW, mientras que los propios expertos ucranianos estiman que podrán crear en torno a 45 millones de toneladas de hidrógeno, en torno a la mitad de lo que se está consumiendo actualmente en
todo el mundo. Ucrania podría así convertirse en suministrador de hidrógeno verde de gran relevancia para toda la Unión Europea, complementando así los esfuerzos que España está haciendo para hacer lo propio desde el suroeste del continente. Así,
España y Ucrania podrían, juntas, ser la vía para construir esa economía más sostenible que permita a las empresas europeas ser más competitivas en el mundo y dejar atrás las fuentes de energía menos respetuosas con la acción climática.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Negociar con su homólogo ucraniano el patrocinio español de la reconstrucción de las infraestructuras gasistas de Ucrania y su adaptación a la producción y distribución de hidrógeno.
2. Celebrar, conjuntamente con la Comisión Europea, una conferencia internacional de donantes en territorio español para recaudar compromisos de financiación por parte de gobiernos nacionales, organizaciones internacionales, empresas
privadas y actores sin ánimo de lucro para la reconstrucción y actualización del sistema de hidrógeno verde de Ucrania.
3. Facilitar la participación de empresas españolas en los esfuerzos que el Gobierno coordine para la reconstrucción y actualización del sistema de hidrógeno verde de Ucrania, aprovechando así su experiencia en este sector y abriendo nuevos
horizontes comerciales para las mismas.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo de 2022.-María Carmen Martínez Granados, Diputada.-Edmundo Bal Francés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
161/004184
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Plural, a instancias de la Diputada de Junts, Mariona lllamola Dausà, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta para su debate en la Comisión de Asuntos
Exteriores una Proposición no de Ley para celebrar acuerdos internacionales bilaterales de reconocimiento de derechos de participación política en los comicios locales.
Exposición de motivos
Los derechos políticos son un derecho fundamental que ayuda a la integración y a la cohesión social.
El Tratado de Maastricht, en vigor desde noviembre de 1993 supuso un avance en el reconocimiento de derechos políticos a los nacionales de los Estados miembros de la Unión Europea residentes en un estado distinto del de su nacionalidad. No
obstante, no comportó un reconocimiento pleno de dichos derechos puesto que únicamente incluye el sufragio activo y pasivo en las elecciones municipales y al Parlamento Europeo.
Sin embargo, entre 1989 y 1990 España ya había celebrado acuerdos bilaterales reconociendo el derecho de sufragio activo en las elecciones municipales, bajo el criterio de reciprocidad, con los Países Bajos, Dinamarca, Suecia y Noruega
respectivamente. De ellos, tras la inclusión del estatuto de la ciudadanía europea en el acervo comunitario, únicamente continua vigente el celebrado con Noruega.
El año 2009 marcó un punto de inflexión en lo referente al reconocimiento de derechos políticos a favor de los inmigrantes en España, mediante la extensión del derecho de sufragio activo en elecciones locales. Ello fue debido a que España
suscribió e incorporó a su ordenamiento jurídico doce acuerdos de reciprocidad en materia de sufragio en comicios locales más allá de Europa, de los que seis corresponden a países latinoamericanos: Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay y
Perú. También se sumaron a la lista Cabo Verde, Islandia, Nueva Zelanda, Trinidad y Tobago y Corea del Sur. La culminación de estos acuerdos fue posible por un contexto político que abogaba por avanzar en esta línea, como por ejemplo la aprobación
del Estatuto de la ciudadanía española en el Exterior (Ley 40/2006, de 14 de diciembre).
Los acuerdos celebrados a partir de 2009 permitieron que residentes no nacionales procedentes de países no comunitarios, pudieran ejercer el derecho de sufragio activo en España, algo que tuvo lugar por primera vez en los comicios locales
realizados el 22 de mayo de 2011 y, por segunda vez, en los comicios realizados el 24 de mayo de 2015, así como en las últimas elecciones del 26 de mayo del 2019.
No obstante, desde el año 2011 no se han vuelto a celebrar acuerdos internacionales bilaterales con otros países no comunitarios (a excepción de Reino Unido tras su salida de la Unión Europea) y aún quedan sin concluir algunos acuerdos cuyas
negociaciones se iniciaron en aquel periodo. Entre 2009 y 2011, a parte de los acuerdos mencionados, también se iniciaron negociaciones para celebrar acuerdos bilaterales en materia de sufragio local con Argentina, Uruguay, Venezuela, Burkina Faso
y Marruecos, los cuales no culminaron, entre otros motivos, por no alcanzarse un acuerdo en los requisitos de reciprocidad o por no ser aprobados por las Cortes Generales. Algunos de ellos cayeron en el olvido, como el de Venezuela y el de
Marruecos, este último después de que el Presidente Rodríguez Zapatero convocara elecciones por adelantado (20 de noviembre de 2011).
La realidad migratoria en España ha evolucionado desde 2011 y, con ella, la configuración social, política y jurídica, en especial en los contextos locales. A título informativo y según datos de la Secretaría de Estado de Migraciones de 31
de diciembre de 2021, viven en España con autorización de residencia 764.281 nacionales marroquíes, 114.793 nacionales venezolanos y 63.922 nacionales senegaleses. De estos, 666.025 nacionales marroquíes, 53.209 nacionales senegaleses, 8.938
nacionales venezolanos así como 72.388 ucranianos disponen de autorización de residencia de larga duración.
Una de las condiciones que se establece en los acuerdos bilaterales vigentes es que los residentes nacionales de países no comunitarios con residencia legal en España de al menos 5 años (a excepción de Noruega que establece 3 años) pueden
ejercer su derecho de sufragio local. Así pues, los residentes nacionales de los países mencionados cumplen con este requisito y, por ende, deberían poder tener el derecho a ejercer sus derechos políticos, al menos en el ámbito local.
La participación política de los extranjeros en una comunidad local es clave para forjar una integración sólida en la comunidad de acogida. Asimismo, asegurar a los extranjeros el derecho a la participación política local sin diferenciarlos
por su origen de sus homólogos extranjeros y en condiciones similares a los ciudadanos nacionales, es primordial para aumentar su sentimiento de pertenencia a ella y su valor para la sociedad de acogida. Finalmente, asegurar el derecho de
participación política a los extranjeros contribuye a impulsar la diversidad, el acercamiento entre culturas y el diálogo, factores importantes en la construcción de sociedades democráticas.
Así pues, impulsar el derecho al sufragio local de los extranjeros residentes en España permitirá mejorar la integración de los colectivos de extranjeros y la cohesión del tejido social local. Lo que podría también ser un paso hacia una
ciudadanía cívica.
Excepto en el marco de la Unión Europea, el resto de las iniciativas multilaterales para reconocer el derecho de participación política no han tenido mucho éxito. Por ello, parece, que actualmente, la vía más adecuada continúa siendo la
bilateral.
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Tomar las medidas necesarias para impulsar acuerdos internacionales bilaterales de reconocimiento del derecho al sufragio local, tanto activo como pasivo, con más países no miembros de
la UE, tomando en consideración, especialmente, aquellos países los nacionales de los cuales conforman una comunidad significativa de extranjeros con autorización de residencia en España.
2. Retomar los procesos de negociación de los acuerdos internacionales bilaterales sobre participación en las elecciones municipales de los nacionales de cada país residentes en el territorio del otro, iniciados en 2011 y pendientes de
culminación, en concreto con Venezuela, Marruecos, Argentina y Uruguay.
3. Modificar los acuerdos bilaterales vigentes celebrados por España en los que se reconocen derechos políticos, incluyendo el derecho de sufragio pasivo.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de mayo de 2022.-Mariona lllamola Dausà, Diputada.-Míriam Nogueras i Camero, Portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Plural.
161/004189
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a incrementar las sanciones
contra la Federación de Rusia por la invasión de Ucrania, para su debate en la Comisión de Asuntos Exteriores.
Exposición de motivos
Durante el período de la Guerra Fría, tras la II Guerra Mundial, se firmó el 1 de agosto de 1975 el Acta de Helsinki que supuso el punto de partida para la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa. La OSCE, organización
regional reconocida por la Carta de las Naciones Unidas, sirve como foro de debate multilateral encaminado a la mejora de la seguridad colectiva entre todos sus miembros, entre los cuales están Estados Unidos, Canadá, varios países de Asia Central y
todos los países del continente europeo, incluida la Federación Rusa.
El control de armamento, la lucha contra el terrorismo internacional, el tráfico de drogas y de seres humanos o la prevención y la gestión de conflictos son las principales amenazas transnacionales para la seguridad en Europa. Asimismo, la
democratización de los países miembros es uno de los principales objetivos de la OSCE.
Entre los puntos claves del Acta de Helsinki se encuentran las cláusulas de inviolabilidad de las fronteras nacionales, el respeto a la soberanía y a la integridad territorial de los Estados miembros además de prestar especial importancia al
mantenimiento de las libertades fundamentales y de los Derechos Humanos.
Sin embargo, la ilegítima intervención militar por parte del presidente Putin en Ucrania desde el pasado 24 de febrero de 2022 ha provocado que la estructura de segundad europea se vea gravemente atacada por parte de uno de los Estados
miembros y fundadores de la OSCE -Rusia.
Durante la primera semana de marzo de 2022, la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa denunció el bombardeo de su sede en la ciudad ucraniana de Mariúpol y de dos de sus vehículos empleados en la Misión de Observación
Internacional. La misión sobre el terreno, de la que formaban parte un grupo de expertos independientes, ha cesado temporalmente las investigaciones por posibles crímenes de guerra y de lesa humanidad tras los indiscriminados ataques rusos a
infraestructuras civiles en Ucrania.
En este contexto, todos los preceptos principales del Acta de Helsinki han sido vulnerados e ignorados por parte de la Federación de Rusia, pues las continuas violaciones del derecho internacional y a la integridad territorial de un país
soberano como es Ucrania pone en peligro la mera existencia de la OSCE.
Hasta el momento, la OSCE había sido considerada como actor neutral por todas las partes pero, tras la invasión y la evacuación de los observadores internacionales desplegados en la región del Donbás, la OSCE ha presentado un informe (abril
2022) sobre violaciones del derecho humanitario internacional en el que se constatan 'claros patrones' de vulneraciones al analizar lo ocurrido en el hospital de civiles infantil de Mariúpol, destruido en un ataque ruso e investigado como posible
crimen de guerra. En este
sentido, Rusia ha calificado este ataque como desinformación y ha acusado a la OSCE de parcialidad en el conflicto 'posicionándose como protagonista de una campaña antirrusa'.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Plantear ante el Consejo Permanente y la Asamblea Parlamentaria de la OSCE la incompatibilidad de Rusia con la Organización ante el incumplimiento de este país con los puntos principales del Acta de Helsinki.
2. Trasladar a la Presidencia de la OSCE y al Alto Representante para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad de la UE la preocupación por los posibles crímenes de guerra y de lesa humanidad perpetrados en Ucrania por uno de los Estados
miembros de la OSCE.
3. Ampliar el paquete de sanciones económicas a Rusia por sus incesantes ataques a civiles ucranianos, vulnerando de esta manera el derecho internacional y el derecho internacional humanitario.
4. Instar a los diferentes Estados miembros de la Unión Europea a incrementar el envío de material militar a las Fuerzas Armadas ucranianas.
5. Limitar la participación de Rusia en los foros multilaterales internacionales mientras se siga vulnerando la soberanía e integridad territorial de Ucrania.
6. Proponer la convocatoria de una nueva Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la OSCE para proceder a la expulsión de la Federación de Rusia de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa.
7. Reforzar el compromiso con la OTAN como base de la defensa colectiva de los Estados aliados.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de mayo de 2022.-Pablo Hispán Iglesias de Ussel y Belén Hoyo Juliá, Diputados.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/004190
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la revisión de los acuerdos
bilaterales de extradición, para su debate en la Comisión de Asuntos Exteriores.
Exposición de motivos
La extradición es un instrumento de cooperación entre las naciones que implica un reconocimiento a los sistemas judiciales y a los estándares de separación de poderes y de calidad del Estado de Derecho entre las diferentes naciones.
Actualmente, como detalla el ministerio de Justicia, España tiene convenios bilaterales de extradición con 36 países. En el ámbito de la Unión Europea la extradición ha sido sustituida por la Orden de Detención Europea, también conocida como
euroorden. Asimismo, gracias a la adhesión de España al Convenio Europeo de Extradición de 1957 se puede pedir a otros 21 países la entrega de personas con órdenes de búsqueda y captura.
En España, los procesos de extradición están contemplados en la Ley 4/1985 de Extradición Pasiva o son regulados por un tratado de extradición existente entre España y el Estado requirente, ambos sujetos al artículo 13.3 de la Constitución
que así lo determina, pues 'la extradición sólo se concederá en cumplimiento de un tratado atendiendo al principio de reciprocidad'.
En este contexto, tanto el opositor venezolano Rolando Figueroa, que, actualmente reside en A Coruña con su mujer y sus dos hijos, como Ernesto Luis Quintero Méndez, quien lleva privado de libertad más de 15 meses a la espera de ser
entregado a las autoridades venezolanas, han sido víctima de amenazas constantes.
Rolando Figueroa, por su afiliación a Voluntad Popular (VP), uno de los partidos políticos que integran la Mesa de Unidad Democrática, la agrupación de referencia de la oposición al régimen de Nicolás Maduro.
Ernesto Luis Quintero Méndez por haber sido trabajador de una empresa que, antes de ser expropiada por las autoridades venezolanas financiaba a medios de comunicación afines a la oposición al gobierno venezolano.
En los últimos dos años, el Ministerio del Interior ha denegado hasta en dos ocasiones la petición de asilo a Rolando Figueroa y a Ernesto Luis Quintero Méndez, mientras Venezuela los reclama en lo que es una evidente persecución política.
Venezuela es un Estado en que los principales dirigentes del Gobierno están sancionados por la Unión Europea y muchos de ellos son perseguidos por varios Estados por delitos relacionados con el narcotráfico. Es un estado en el que la
Justicia está controlada por la dictadura y los tribunales son un instrumento de la política represiva.
La corte penal internacional ha iniciado contra Venezuela un procedimiento por crímenes de lesa humanidad al haberse constatado que se producen detenciones arbitrarias, torturas en sus cárceles y se crean procedimientos judiciales ad hoc,
sin respetar los principios más elementales de un sistema de justicia imparcial.
Por lo tanto, resulta urgente la suspensión del Tratado de Extradición entre el Reino de España y la República de Venezuela acordado en Caracas el 4 de enero de 1989 así como la revisión de los distintos acuerdos bilaterales de extradición
con aquellos países que se ha demostrado que no ofrecen garantías judiciales a un proceso justo para los acusados, que no respetan la presunción de inocencia y que por ende no respetan varios de los artículos y preceptos básicos de la Declaración
Universal de los Derechos Humanos.
Desde el Grupo Parlamentario Popular se ha preguntado en varias ocasiones al Gobierno sobre la posible extradición inmediata del opositor Rolando Figueroa pues, al haberle denegado el asilo, su hipotética vuelta a Venezuela puede comprometer
su integridad física como ha ocurrido con otros opositores políticos venezolanos. La respuesta del Gobierno, evasiva e imprecisa, se compromete a defender y promover los Derechos Humanos en la acción de la política exterior española, también en lo
que respecta a Venezuela. Sin embargo, la Constitución española en el artículo 13.3 relativo a extranjería, extradición y asilo, enfatiza que 'quedan excluidos de la extradición los delitos políticos, no considerándose como tales los actos de
terrorismo'.
Cabe destacar que el Tratado de Extradición de 1989 firmado entre España y Venezuela expone en el artículo 6.1 los motivos que no se consideran motivos políticos para denegar la extradición: atentar contra la vida del jefe del Estado o de
Gobierno -o de un miembro de su familia-, y diversos actos de terrorismo. Seguidamente en el artículo 6.2 se aclara que no se concederá la extradición si la parte requerida, el señor Rolando Figueroa en el caso expuesto, tuviera motivos fundados
para suponer que la solicitud de extradición presentada en su contra fuera con la finalidad de perseguir o castigar en razón de su raza, religión, nacionalidad u opiniones políticas, o bien que su situación pueda agravarse por los motivos
mencionados.
Es lógico, por tanto, entender que acogiéndose al propio Tratado de Extradición bilateral, se debería el suspender el proceso de devolución y de no ser así, debería suspenderse el Tratado pues no se ajusta a lo establecido por el propio
acuerdo. La persecución por parte de grupos y personalidades directamente ligadas al régimen de Maduro no solo se ha limitado al señor R. Figueroa, también a sus familiares que no han abandonado Venezuela. Además, el artículo 12 del mismo Tratado
establece explícitamente que 'no se concederá la extradición si la parte requirente -Venezuela-, no da seguridades de que el juicio [...] respeta los derechos mínimos de defensa garantizados a cualquier persona acusada de delito'.
Ante todo lo cual, se hace urgente proceder a una revisión de la política de extradiciones para evitar que sea esta una forma de colaboración en la persecución de refugiados por motivos políticos por parte de dictaduras.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Revisar y suspender los acuerdos de extradición con Venezuela y con el resto de países que no garanticen la independencia de sus instituciones judiciales y utilicen los Tribunales para reprimir a la oposición.
2. Reconocer el derecho de asilo de Rolando Figueroa por tratarse de un opositor del régimen de Maduro.
3. Reconocer el derecho de asilo de Ernesto Luis Quintero Méndez por ser víctima de una persecución política.
4. Reiterar el compromiso de España con la defensa de la libertad de expresión, de pensamiento y de opinión de todas las personas, establecido en el artículo 20.1 de la Constitución española.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de mayo de 2022.-María Valentina Martínez Ferro, Diputada.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/004191
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Confederal Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta esta Proposición no de Ley para su
debate y aprobación en la Comisión de Asuntos Exteriores, relativa a apoyar el desarrollo libre, sin violencia ni fraude, de las elecciones presidenciales en Colombia del próximo 29 de mayo.
Exposición de motivos
El próximo 29 de mayo se celebrarán en Colombia las elecciones presidenciales. Según informaciones preocupantes recibidas a través de los medios de comunicación, organizaciones políticas, activistas por la paz, personas de la sociedad civil
organizada y del mundo de la cultura, estas elecciones están siendo amenazadas por acciones violentas y de desestabilización impulsadas por sectores que se resisten a los cambios democráticos, sociales y culturales.
Tras más de seis décadas de guerra, violencia y sufrimiento del pueblo colombiano, de miles de muertos, desaparecidos y desplazados, es innegable la voluntad de los colombianos y colombianas y la gran esperanza puesta en este proceso
electoral democrático, que debe garantizar un proceso electoral limpio y pacífico.
El 13 de marzo de 2022 tuvieron lugar las elecciones legislativas. Durante esa jornada, la Misión de Observación Electoral, organismo independiente e internacional, informó de diversas acciones cuyo objetivo era impedir que los ciudadanos
pudieran ejercer su derecho al voto y procedimientos fraudulentos, indicios de compra de votos, no exentos de violencia.
Desde entonces, las violaciones a los derechos humanos y las amenazas al desarrollo pacífico del proceso electoral no han dejado de producirse. Recientemente, el Programa Somos Defensores (PSD) informó que, en el primer trimestre de 2022,
53 activistas de derechos humanos fueron asesinados en Colombia entre enero y marzo, período en el que también se registraron 254 agresiones y amenazas en su contra. El Sistema de Información sobre Ataques contra Defensores de Derechos Humanos en
Colombia (SIADDHH) calificó de alarmante el número de muertes, ya que implica un aumento del 89 por ciento en el número de casos confirmados en el primer trimestre de 2021.
Durante la campaña, por su parte, se ha intensificado la violencia en muchas regiones del país. El Clan del Golfo, vinculado al paramilitarismo, ha realizado un paro armado paralizando nueve departamentos del país. Simultáneamente, la
organización paramilitar Águilas Negras ha lanzado amenazas contra líderes sociales y contra diferentes líderes del Pacto Histórico, incluidos los candidatos
a la presidencia y vicepresidencia, Francia Márquez y Gustavo Petro, que se han visto obligados a suspender actos electorales por dicha razón. Asimismo, la Procuraduría General de la Nación acaba de suspender en sus funciones al alcalde de
Medellín Daniel Quintero, en abierta violación de sus derechos de participación política y los de sus electores y de las sentencias al respecto de la propia Corte Interamericana.
Estos hechos gravísimos han determinado a que organizaciones políticas colombianas, movimientos por la paz y observadores internacionales alerten a la comunidad internacional para que se implique para velar que este proceso electoral pueda
transcurrir con las máximas garantías democráticas y para los resultados sean reconocidos y defendidos. Para este empeño se han constituido diversas misiones de observación cuyo objetivo fundamental es el cuidado del voto y de la democracia en
Colombia.
Hace justo un año, esta Comisión de Exteriores debatió y aprobó una Proposición no de Ley presentada conjuntamente por diversos grupos parlamentarios e impulsada también por movimientos sociales en defensa de los derechos humanos y del
activismo por la paz en Colombia. En dicha Proposición no de Ley se instaba al Gobierno de España y a está Cámara a expresar su disposición, cooperación y compromiso para la consecución del fin de la violencia en Colombia, por el cumplimiento de
los Acuerdos de Paz en todos sus términos, por el cese inmediato de la represión sobre la población y las organizaciones de defensa de los derechos humanos que estaban padeciendo en ese periodo del año 2021, tras jornadas de movilizaciones y de
altísima represión por parte del Gobierno de Duque.
Esta iniciativa parlamentaría nos interpela ahora, en este proceso electoral y ante las inquietantes informaciones recibidas, y exige que nuestras instituciones reafirmen su compromiso con la paz y la justicia en Colombia y por el desarrollo
de unas elecciones libres y con todas sus garantías democráticas.
Proposición no de Ley
'Por la que el Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Trasladar al Gobierno colombiano la altísima preocupación del Gobierno de España por los asesinatos de líderes comunitarios, las restricciones arbitrarias de derechos de participación política y las amenazas a la seguridad y a la vida de
dirigentes y candidatos del Pacto Histórico en las elecciones del 29 de mayo.
2. Reiterar su apoyo al Acuerdo de Paz para la finalización del conflicto en y exhortar al actual Gobierno en Colombia a garantizar especialmente dicho Acuerdo durante el proceso electoral.
3. Realizar los máximos esfuerzos diplomáticos y de cooperación internacional para que las próximas elecciones presidenciales en Colombia se lleven a cabo de manera pacífica, sin violencia, con plenas garantías para el ejercicio libre del
sufragio activo y pasivo.
4. Reconocer públicamente a las delegaciones españolas, europeas e internacionales que se trasladarán a Colombia con el objetivo de ejercer su observación en el proceso electoral.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de mayo de 2022.-Gerardo Pisarello Prados, Lucía Muñoz Dalda, Enrique Fernando Santiago Romero y Antonio Gómez-Reino Varela, Diputados.-Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo Parlamentario
Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común.
161/004192
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Confederal Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta esta Proposición no de Ley para su
debate y aprobación en la Comisión de Asuntos Exteriores, relativa a la crisis mundial de alimentos por los efectos de la guerra de Rusia en Ucrania.
Exposición de motivos
La guerra de Rusia en Ucrania está teniendo un fuerte impacto en el funcionamiento de las cadenas globales de suministro de alimentos. Si la situación de pandemia global ya había provocado, durante los
últimos dos años, el desabastecimiento y encarecimiento de algunos productos alimentarios e insumos para su producción por las prácticas de acaparamiento desarrolladas por algunas economías, el nuevo conflicto bélico está recrudeciendo esta
situación, puesto que Ucrania, Rusia y otros países de su entorno afectados directamente por el conflicto armado y sus consecuencias se encuentran entre los principales abastecedores mundiales de importantes productos agrarios, alimentarios y
energéticos.
De esta manera, ambos estados juegan un rol estratégico en los mercados mundiales de productos básicos. Son grandes exportadores de materias primas básicas, desde trigo y cereales hasta petróleo, gas natural y carbón, oro y otros metales
preciosos. La cuenca del Mar Negro es una de las áreas más importantes del mundo para la producción agrícola y, más concretamente, la de cereales. Rusia es el líder mundial en exportación de trigo y Ucrania se ubica cuarto en la lista. Ambos
países, conocidos como 'el granero de Europa', representan el 29 % de las exportaciones globales de trigo, el 32 % de la cebada y el 19 % de las exportaciones de maíz. Ucrania es el mayor productor mundial de aceite de girasol, y Rusia ocupa el
segundo lugar; entre ambos representan el 60 % de la producción mundial. Rusia es el exportador de fertilizantes más grande a nivel mundial, con un 15 % de los suministros, a lo que suma la situación de su aliado Bielorrusia, uno de los
principales productores de fertilizante de potasa, cuyas exportaciones han sido afectadas por las sanciones impuestas a nivel internacional. Rusia es también el tercer exportador de petróleo y carbón del mundo y uno de los mayores exportadores de
gas. Por último, tanto Rusia como Ucrania se sitúan entre los mayores productores y exportadores globales en productos como el aluminio, el cobre, el paladio, el acero, el níquel, el platino, el oro o el neón.
Actualmente una porción crucial del trigo, el maíz y la cebada del mundo está atrapada en Rusia y Ucrania a causa de la guerra y las sanciones, mientras que una porción todavía mayor de los fertilizantes está atascada en Rusia y Bielorrusia.
El resultado es que se están disparando los precios de los alimentos y los fertilizantes en todo el mundo. Desde que comenzó la invasión en febrero de este año, los precios del trigo han aumentado en más de 21 %, los de la cebada más de un 33 %,
los del maíz un 36 % y los de algunos fertilizantes más de un 40 %. Por su parte, el precio del barril de crudo cotiza actualmente por encima de 110 dólares, cuando a finales del año pasado su precio rondaba los 80 dólares, y el precio del gas
natural está alcanzando cotas históricas.
Los efectos de estas restricciones y procesos inflacionarios se hacen notar a nivel global, entrando en una fase de crisis alimentaria sin precedentes que supone que millones de personas en determinados territorios no puedan costearse o
disponer de alimentos. Esta situación afecta sobremanera a algunos países que o bien muestran una elevada dependencia de las importaciones procedentes de Rusia y Ucrania o bien mantienen un elevado grado de vulnerabilidad por encontrarse imbuidos
en conflictos bélicos o crisis humanitarias.
Por otro lado, las plantas europeas de fertilizantes están reduciendo su producción de manera significativa a causa de los altos precios de la energía. Agricultores de todo el mundo están recortando gastos en fertilizantes y esto amenaza el
volumen de las siguientes cosechas. Brasil, el principal productor mundial de soja, compra casi la mitad de sus fertilizantes de potasa a Rusia y Bielorrusia. En la actualidad, tan solo le quedan tres meses de reservas. China, que enfrenta su
peor cosecha de trigo en décadas después de una serie de fuertes inundaciones, está planeando comprar una fracción mucho mayor de lo habitual, lo que tendrá efectos directos sobre la disponibilidad y precios para el resto de economías. India, que
suele exportar pequeñas cantidades de trigo, ya ha visto cómo la demanda extranjera ha aumentado a más del triple en comparación con el año pasado.
Un total de 12 países reciben más del 50 % de su trigo de Rusia y Ucrania, mientras que en otros 22 las importaciones de estos países representan el 40 % del total. Países como Afganistán, Egipto, Siria, Líbano, Libia, Yemen y Túnez
estarían entre los más afectados por el aumento de los precios del trigo o por la interrupción de los suministros, según el Instituto de Oriente Medio. En África, Estados como Somalia, Kenia, Etiopía, Níger, Eritrea, Madagascar, Mali o República
Democrática del Congo, entre otros, avanzan hacia una situación de extrema vulnerabilidad. Hay que tener en cuenta que, en 2020, los países africanos importaron 4 mil millones de dólares en productos agrícolas de Rusia y 2,9 mil millones de dólares
de Ucrania, con el Cuerno de África como el principal destino. Por su parte, Armenia, Mongolia o Kazajistán han importado tradicionalmente casi todo su trigo de Rusia y Ucrania y deben encontrar nuevas fuentes, pero compiten para ello con
compradores de mucho mayor tamaño, como Turquía, Egipto, Bangladés e Irán, los cuales han obtenido más del 60 % de su trigo de los dos países en guerra. Los Estados que padecen conflictos prolongados, entre ellos Yemen, Siria, Sudán del Sur y
Etiopía, ya están enfrentando graves emergencias alimentarias que los expertos temen que podrían empeorar en poco
tiempo. En Afganistán, los y las trabajadoras de organizaciones de ayuda advierten que la guerra en Ucrania ya ha exacerbado la crisis humanitaria y ha dificultado más la alimentación de unos 23 millones de afganos y afganas que no tienen
suficiente para comer.
Respecto a los problemas de inseguridad alimentaria y tras unos años en los que se había llegado a una cierta estabilización de la situación, la pandemia provocó un repunte del 18 %, hasta cifras que van desde los 720 a los 811 millones de
personas afectadas. De ellas, 283 millones se encuentran en una situación de inseguridad alimentaria aguda y 45 millones al borde de la hambruna. La guerra de Rusia en Ucrania no ha hecho sino agudizar aún más este problema. El aumento de los
precios de los alimentos ha sido tradicionalmente un catalizador de revueltas sociales y políticas en países pobres árabes y africanos, y muchos de ellos subsidian alimentos básicos como el pan para evitar ese tipo de problemas. En este momento,
según distintas fuentes, sus economías y presupuestos corren el riesgo de sucumbir ante el incremento del costo de la comida, lo que puede provocar situaciones de emergencia humanitaria y hambrunas en distintos territorios del planeta, sumadas a la
inestabilidad política que ello provoca.
A nivel global, los distintos programas de seguridad alimentaria impulsados por diferentes organismos internacionales pretenden dar solución a esta problemática. Los presupuestos del Programa Mundial de Alimentos de la ONU ya han aumentado
en 71 millones de dólares mensuales, pero estos recursos extraordinarios se muestran insuficientes para atender la difícil situación actual y la más que probable deriva de los acontecimientos por la posible prolongación de la guerra en Ucrania. Por
parte de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) se ha informado recientemente que se necesitan urgentemente 115 millones de dólares estadounidenses '... para prevenir un mayor deterioro de la situación de
inseguridad alimentaria y el agravamiento de las perturbaciones en las cadenas de suministro de alimentos de Ucrania'. Estos recursos extraordinarios serían dedicados exclusivamente al apoyo a la agricultura para evitar una crisis alimentaria en
Ucrania. A esto se suma la necesidad urgente de nuevos recursos económicos para paliar el agravamiento de la situación en el resto de países seriamente afectados por las alteraciones en las cadenas globales de suministro de alimentos. No hay que
olvidar que Ucrania ha sido, hasta ahora, el mayor proveedor de la ayuda del Programa Mundial de Alimentos, que opera actualmente en más de 80 países, y que sus cultivos han servido hasta la fecha para alimentar a 400 millones de personas en todo el
planeta. Si las producciones y exportaciones ucranianas siguen bloqueadas, la situación de muchos Estados y zonas en crisis se volverá muy crítica.
La insuficiencia de los recursos dispuestos en la actualidad deriva en la incapacidad de los organismos internacionales y ONGs para atender de manera adecuada las necesidades existentes a lo largo y ancho del planeta. Representantes del
Programa Mundial de Alimentos han informado sobre ello: 'Debido a los precios del combustible y de los alimentos, hemos recortado las raciones para millones de niños y familias en todo el mundo. Ahora, estamos pensando en llegar a eliminar las
raciones en países como Yemen, donde acabábamos de reducirlas al 50 %. Lo mismo en Níger, Mali, Chad...'. Según estas mismas fuentes, la guerra tendrá un impacto global 'más allá de todo lo que hemos visto desde la Segunda Guerra Mundial',
advirtiendo de que las olas de hambruna desencadenarán movimientos masivos de población que influirán en los países menos afectados por la crisis alimentaria. Por su parte, la Organización Mundial del Comercio estima que la guerra y las sanciones
podrían reducir el volumen del comercio mundial a la mitad. Europa se vería muy afectada, pero el impacto sería dramático para Oriente Medio y África, donde la falta de suministros provocaría un notable aumento de los precios de los alimentos y
movimientos migratorios masivos.
Por parte de la Comisión Europea se ha anunciado la intención de reunir a todos los actores concernidos antes de finales de junio con objeto de crear un mecanismo de movilización, un equipo de crisis dedicado a la compra de grano en todo el
mundo y a la recaudación de donaciones para el Programa Mundial de Alimentos. El comisario europeo de Gestión de Crisis, Janez Lenarcic, lo expresó en estos términos: 'La Comisión Europea abordará ahora el problema junto con los Estados miembros
de la UE. Primero actuaremos con medidas de emergencia y luego queremos llegar a la raíz del problema e intentar acercar a todas las partes...'. Y entre las medidas de emergencia, tal como afirman diferentes instituciones y expertos, la principal
sería que los Estados desarrollados incrementaran sus ayudas monetarias a los programas de ayuda, en especial al mencionado Programa Mundial de Alimentos.
No obstante, existen otros condicionantes globales que están en la raíz del problema y cuyo adecuado tratamiento se hace necesario para evitar la profundización de esta crisis alimentaria, al igual que la aparición de otras nuevas derivadas
de futuros sucesos, como ya ocurrió en las décadas de 1960 y 1970. Se trata de condicionantes que se relacionan de manera estrecha con las ineficiencias y efectos
perniciosos del sistema económico vigente, con implicaciones en los modelos de propiedad, producción, distribución y consumo. El proceso de globalización de la economía, la especialización internacional de las producciones y la
deslocalización de diversas actividades esenciales han provocado un incremento en los niveles de exposición y dependencia respecto a los mercados internacionales en relación al abastecimiento de energía, alimentos y de los insumos necesarios para la
producción de estos, si bien de manera diferencial dependiendo de cada país. Este elevado nivel de exposición y dependencia se constituye además como factor de fragilidad del sistema y la actividad por las continuas fluctuaciones de los precios y
las prácticas especulativas que se dan en los mercados globales.
En este marco, muchos expertos y organismos internacionales han señalado la conveniencia de que cada país cuente con cierto grado de autonomía alimentaria para abastecer a su población. Esta es precisamente la línea que se siguió a partir
de la crisis mundial de alimentos de 2008 por entidades como la FAO, la Cruz Roja o el Banco Mundial, con donaciones de fondos fiduciarios para enfrentar los efectos directos de la falta de alimentos en determinados países y, al mismo tiempo,
estimulando políticas agrícolas para impulsar sus capacidades de producción y autoabastecimiento. En cuanto a los insumos, el autoabastecimiento en relación a semillas, fertilizantes, fitosanitarios, maquinaria o a energía cobra también especial
relevancia.
El derecho a una alimentación adecuada está sancionado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos o en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU. Según las Directrices por el Derecho a la
Alimentación (FAO 2004), es responsabilidad de los Estados respetar, proteger y garantizar el derecho a una alimentación y nutrición adecuadas de sus pueblos, particularmente en contextos de crisis como el actual. Asimismo, el Comité de Seguridad
Alimentaria Mundial de Naciones Unidas, en el documento del Marco de Acción para situaciones de crisis prolongadas en su Recomendación n.º 1 señala '... la integración de políticas que refuerzan los sistemas alimentarios locales como un componente
principal para aumentar la resiliencia, incluido a través de las compras locales y la creación de reservas alimentarias'. Esto es, el impulso al desarrollo de producciones locales en los diferentes territorios que permitan asegurar el suministro de
alimentos en cantidad suficiente y a precios asequibles a los consumidores, reduciendo con ello la dependencia externa.
De cara a posibilitar un adecuado impulso de la soberanía alimentaria y energética de los diferentes territorios, y en seguimiento de las propuestas realizadas por multitud de organizaciones y expertos a nivel mundial, se haría necesaria la
aplicación de sistemas de financiación estables para aquellos países que no cuentan con recursos suficientes para el desarrollo de estas políticas por medios propios, para lo cual se requeriría el estudio, diseño e implementación de sistemas
arancelarios e impositivos que operen a nivel internacional, a aplicar a las empresas transnacionales que operan en estos países y que exportan sus productos a otros terceros países. Asimismo, y con objeto de garantizar la capacidad de todos los
Estados para desarrollar modelos soberanos que protejan, promuevan y garanticen la producción local de los bienes y servicios esenciales con capacidad para abastecer a sus poblaciones, priorizando estos derechos a los de libre competencia y libre
mercado, se requeriría la promoción, en el plano internacional, de la revisión y reforma de los Tratados de Libre Comercio, así como de los postulados, principios y objetivos de la Organización Mundial del Comercio, la Red Internacional de la
Competencia, la Dirección General de Competencia de la Comisión Europea y otros organismos relacionados.
Así, y como conclusión, los efectos acumulados de la pandemia y la guerra en Ucrania hacen necesaria una actuación decidida e integrada en diversos planos, donde la coordinación y la colaboración por parte de las diferentes instituciones y
organismos internacionales se hace insoslayable. El doble objetivo de estas actuaciones debe ser, por una lado, el de garantizar la seguridad alimentaria a toda la población, que según la FAO, se alcanza cuando '... todas las personas tienen
acceso físico, social y económico permanente a alimentos seguros, nutritivos y en cantidad suficiente para satisfacer sus requerimientos nutricionales y preferencias alimentarias, y así poder llevar una vida activa y saludable'; y por otro lado,
establecer un modelo de soberanía alimentaria, que como establece el movimiento internacional Vía Campesina sería '... el derecho de los pueblos a alimentos nutritivos y culturalmente adecuados, accesibles, producidos de forma sostenible y
ecológica, y su derecho a decidir su propio sistema alimentario y productivo'. Obviamente, el avance hacia este modelo no debe circunscribirse al ámbito estatal; más bien su viabilidad y posibilidad de existencia dependen de que se impulse una red
de cooperación a nivel internacional que frente a las actuales prácticas competitivas abogue por el apoyo mutuo y el comercio justo entre los diferentes países para posibilitar el mejor desarrollo de un sistema que garantice la seguridad
alimentaria, la salud y el buen vivir de sus pueblos.
Por todo lo expuesto se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'Por la que el Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Impulsar y apoyar, en el marco de la Comisión Europea y del resto de organismos internacionales relacionados, un incremento urgente de los recursos políticos y económicos dispuestos para garantizar la continuidad de la actividad agraria
en Ucrania y la seguridad de las vías de abastecimiento de alimentos a nivel mundial.
2. Impulsar y apoyar, en el marco de la Comisión Europea y del resto de organismos internacionales relacionados, un incremento urgente de los recursos económicos dispuestos para el Programa Mundial de Alimentos y otros programas de
seguridad alimentaria, con objeto de paliar las necesidades de la población ucraniana y la de aquellos países en situación vulnerable frente a la actual crisis alimentaria.
3. Posicionarse, en las instituciones, organismos y foros internacionales, a favor del desarrollo de políticas y el incremento en la dotación de recursos preferentes para el impulso de la soberanía alimentaria y la soberanía energética en
los diferentes territorios del mundo.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de mayo de 2022.-Lucía Muñoz Dalda, Diputada.-Antonio Gómez-Reino Varela, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común.
161/004193
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa al impulso de las Cumbres Iberoamericanas, para su debate en la Comisión
de Asuntos Exteriores.
Exposición de motivos
La comunidad iberoamericana se ha consolidado como un foro permanente de diálogo político, de cooperación y de solidaridad de los 22 países,
España, comprometida desde sus inicios con el impulso y la consolidación del espacio Iberoamericano, mantiene ahora por responsabilidad histórica sus compromisos con la construcción de la identidad iberoamericana y el fortalecimiento de la
Región.
En la Cumbre fundacional de Guadalajara, México, se había definido como un objetivo central 'concertar la voluntad política de nuestros gobiernos para propiciar las soluciones que esos desafíos reclaman y convertir el conjunto de afinidades
históricas y culturales que nos enlazan en un instrumento de unidad y desarrollo basado en el diálogo, la cooperación y la solidaridad' (Declaración de Guadalajara, Punto 1).
Guadalajara fue el comienzo de un proceso de concertación basado en vínculos socioculturales, que 31 años después, se ha consolidado como una plataforma activa para el diálogo de políticas y de cooperación avanzada, ofreciendo un marco donde
los desafíos compartidos pueden ser respondidos colectivamente, con un intercambio recíproco de conocimientos, prácticas y experiencias y avanzar así hacia un horizonte de desarrollo sostenible.
Durante todos esos años las Cumbres Iberoamericanas se han mantenido como un foro de conversación y negociación, con solidez y madurez institucional, a pesar de las transformaciones y conflictos que ha experimentado el mundo, y a las
divergencias entre sus miembros.
Las Cumbres se han ido consolidando como un mecanismo de diálogo de alto nivel con la participación de los Jefes y las Jefas de Estado y de Gobierno y con la creación de la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB), en 2005.
La educación, la sanidad, la cultura, el empleo, la integración o la inmigración han estado presentes en las agendas de todas las Cumbres Iberoamericanas, que tampoco se han olvidado de temas políticos como el desarme, el terrorismo, la
globalización o el fortalecimiento de las democracias.
Las decisiones de las Cumbres han beneficiado a millones de iberoamericanos e iberoamericanas. Es un foro donde se abordan cuestiones que impactan directamente en la vida cotidiana de la región. Recordemos el Convenio Multilateral
Iberoamericano sobre Seguridad Social del que ya se han beneficiado más de 87.000 ciudadanos y ciudadanas, o el fondo de cooperación para agua y saneamiento, lanzado en la Cumbre del año 2007, que ha beneficiado ya a más de 3,3 millones de personas,
o el Pacto Iberoamericano de Juventud, por citar solo algunos ejemplos.
Pero Iberoamérica es hoy diferente a la de 1991, incluso diferente a la de hace unos años. Ha habido cambios políticos en la región, cambios demográficos y económicos, y muchos movimientos migratorios. A todo ello, se le han sumado los
efectos de la pandemia de la COVID-19 y ahora la guerra de Putin contra Ucrania.
Vivimos una nueva realidad que apela a una nueva cooperación generando además la oportunidad de forjar estrategias cruciales para la recuperación pospandemia y para afrontar los retos futuros como el cambio climático o la digitalización.
Las Cumbres son espacios privilegiados de diálogo y concertación política y su fortalecimiento es necesario. España ha estado siempre comprometida y lo seguirá estando, el pasado ha puesto de manifiesto la importancia que estos encuentros
tienen en las relaciones regionales y que el futuro pasa por el multilateralismo, herramienta clave para compartir conocimiento y buscar soluciones conjuntas para salir de las crisis sociales, económicas, sanitarias y lograr el ambicionado
crecimiento sostenible y una región cohesionada.
Superar la pandemia, la emergencia climática, la transformación tecnológica necesitan del refuerzo de la cooperación entre los países Iberoamericanos con una estrategia comunitaria clara y contundente.
Aquel lema de la primera Cumbre de México, 'Todos juntos podemos' sigue representando hoy la esperanza de una recuperación transformadora que esperan los más de 680 millones de personas de nuestra región.
Voluntad de diálogo, consensos, políticas públicas y grandes pactos han sido necesarios en estos 31 años y ahora más que nunca. Esa voluntad que une intereses y afinidades a ambos lados del Atlántico permitirá lograr las transformaciones
que necesitamos para construir un futuro mejor para nuestras democracias.
Por todo ello el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Seguir impulsando la celebración de las Cumbres Iberoamericanas como un instrumento indispensable tanto de diálogo y concertación como de cooperación y solidaridad, no sólo a nivel Iberoamericano, sino de representación común en el
escenario mundial.
2. Trabajar para convertirnos dentro del nuevo escenario global, en una región altamente competitiva, en el ámbito político, en el ámbito social, pero también en el económico y en el de la sostenibilidad, consolidando decisivamente el
espacio Iberoamericano como un ámbito de cooperación y de diálogo.
3. Impulsar una Agenda Medioambiental comprometida con el proceso multilateral para hacer frente a las causas y efectos adversos del cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la degradación de los suelos.
4. Promover principios y valores comunes para el asentamiento, la consolidación y el avance de las democracias. El respeto al estado social y democrático de derecho, los derechos humanos, la seguridad jurídica, la institucionalidad y las
libertades deben marcar las agendas.
5. Reforzar la cooperación en las Cumbres bajo el principio de la unidad en la diversidad y del compromiso con los más desfavorecidos.
6. Trabajar en la mejora de la productividad, de la digitalización, de la innovación de la región Iberoamericana y de cada uno de los 22 países que la forman.
7. Potenciar las relaciones estratégicas para impulsar la construcción de una relación mucho más estrecha con otras regiones, como la Unión Europea.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de mayo de 2022.-Sergio Gutiérrez Prieto, María Olga Alonso Suárez, Noemí Villagrasa Quero, Gemma Araujo Morales, Arnau Ramírez Carner, Pau Marí Klose, Susana Sumelzo Jordán, José Antonio Rodríguez
Salas, Pere Joan Pons Sampietro, José Luis Ábalos Meco, Zaida Cantera Castro y Marc Lamuà Estañol, Diputados.-Ana Belén Fernández Casero y Rafaela Crespín Rubio, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.
161/004194
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a las tropas rusas en las Repúblicas de Moldavia y Georgia y el derecho de
estos Estados a la integridad territorial, para su debate en la Comisión de Asuntos Exteriores.
Exposición de motivos
La invasión de Ucrania por tropas rusas y las amenazas sobre Estados colindantes ha contribuido a poner en el foco la situación de regiones donde tropas rusas sostienen a autoridades rebeldes que desafían la integridad territorial de sus
Estados, más allá de lo que sucede en Ucrania.
Es el caso de Transnistria, donde un contingente militar ruso respalda una declaración de independencia de la región violando el derecho de Moldavia a mantener su integridad territorial y la inviolabilidad de sus fronteras.
Es también la situación de las autoproclamadas Repúblicas de Osetia del Sur y Abjasia en la República de Georgia, donde hay desplegadas tropas rusas desde 2008, violando el derecho de otro Estado de preservar intacto su territorio y a la
inviolabilidad de sus fronteras.
La actuación de Rusia en distintos territorios de la antigua Unión Soviética, ha sido una fuente de tensión y de desestabilización permanente desde que se convirtieran en Estados soberanos a principios de la década de los noventa.
Algunos países han experimentado presiones de naturaleza híbrida que incluye el apoyo financiero a candidatos afines al gobierno de la Federación Rusa, ciberataques, campañas de propaganda y desinformación a través de medios de comunicación
rusófonos o redes sociales, la facilitación de flujos migratorios en sus fronteras, la concesión de pasaportes rusos a minorías residentes en otros Estados, invasiones de su espacio aéreo, etc.
En Ucrania, Georgia y Moldavia, tropas rusas ocupan a día de hoy regiones enteras de sus Estados bajo el pretexto de defender a las poblaciones rusófonas de una supuesta hostilidad de los Estados en que se encuentran legítimamente
integrados.
Las acciones de la Federación Rusa contravienen los principios del Acta Final de Helsinki, que afirma por un lado que 'los Estados participantes consideran mutuamente como inviolables todas sus fronteras', y que 'los Estados participantes se
abstendrán en sus relaciones mutuas, así como en sus relaciones internacionales en general, de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado, o de cualquier otra forma
incompatible con los propósitos de las Naciones Unidas y con la presente Declaración. No podrá invocarse ninguna consideración que pueda servir para justificar el recurso a la amenaza o al uso de la fuerza en contravención de este principio'.
Moldavia sufre desde 1992 la consecuencia de la presencia de tropas rusas en el territorio de Transnistria. Tras la disolución de la URSS y la independencia de Moldavia en 1991, en enero de 1992 estalló en Moldavia una breve guerra civil;
las tropas rusas, acantonadas en Transnistria, suministraron armamento a los separatistas de dicha región moldava. En el marco del armisticio firmado 1992 bajo los auspicios de la OSCE, las tropas rusas pasaron a formar parte de la Comisión
Conjunta de Control, con un cometido inicial de mantenimiento de la paz. Actualmente Rusia mantiene en Transnistria en torno a 1.500 efectivos.
A pesar de diversos compromisos asumidos originalmente por Moscú, como el acuerdo ruso-moldavo de octubre de 1994 (no ratificado por la Duma rusa) o el compromiso del presidente Yeltsin con ocasión de la Cumbre de la OSCE de Estambul, en
noviembre de 1999, nunca llegó a producirse la retirada de las tropas y el armamento rusos. La presencia de tropas rusas en Transnistria ha cobrado actualidad con motivo de la invasión rusa de Ucrania, especialmente tras la declaración del general
Rustam Minnekaev, en las que aseguraba que Rusia aspira a ocupar todo el sur de Ucrania hasta llegar a Transnistria.
Por su parte, el 20 % del territorio de Georgia, las autoproclamadas Repúblicas de Abjasia y Osetia del Sur, se encuentra de facto separado del Estado, ocupado por tropas rusas desde 2008. Tras el reconocimiento de su independencia por
Rusia (y un puñado de Estados: Nicaragua, Venezuela, Siria y Nauru), las autoridades de ambas regiones separatistas, con apoyo ruso, han ido reforzando la línea divisoria con el resto de Georgia (fronterización), avanzando en distintos puntos la
línea de frontera, mientras perdían contingentes importantes de población, que se instalaba mayoritariamente en el resto del territorio georgiano. En los últimos años las autoproclamadas repúblicas independientes han expresado su voluntad de
incorporarse plenamente a la Federación Rusa. En este sentido, en Osetia del Sur se ha anunciado recientemente la próxima celebración de un referéndum de autodeterminación sobre la adhesión a Rusia, opción rechazada por el gobierno de Tiblisi.
Moldavia y Georgia han reclamado repetidamente el reconocimiento de su soberanía sobre los territorios ocupados por tropas rusas, reconocida en distintas resoluciones de Naciones Unidas. A pesar de que los gobiernos moldavo y georgiano han
mostrado su predisposición a alcanzar acuerdos que posibilitaran fórmulas de autogobierno en los territorios ocupados, las autoridades prorrusas se han mostrado impermeables a ningún tipo de negociación que contemplase el mantenimiento de la
integridad territorial de ambos Estados.
Por todo ello el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Condenar las iniciativas promovidas desde la Federación Rusa para desestabilizar los regímenes políticos y las estructuras sociales de países colindantes a través de actividades de guerra híbrida.
2. Mantener su apoyo a los gobiernos legítimos de Moldavia y Georgia en sus reclamaciones sobre su integridad territorial.
3. Denunciar la continuada intervención militar de la Federación Rusa en estos territorios y su rechazo a adoptar una actitud constructiva que permita avanzar en la solución pacífica de los conflictos con arreglo a los principios del
derecho internacional.
4. Apoyar los esfuerzos de organismos internacionales para ofrecer ayuda a Moldavia ante la emergencia humanitaria provocada por las acciones militares rusas en Ucrania.
5. A la espera del dictamen de la Comisión Europea sobre la solicitud de candidatura de Ucrania, Moldavia y Georgia, mostrar compromiso y apoyo a los tres países en línea con las Conclusiones de la Reunión informal de Jefes de Estado y de
Gobierno de Versalles de 10 y 11 de marzo y las Conclusiones del posterior Consejo Europeo de 24 y 25 de marzo.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de mayo de 2022.-Sergio Gutiérrez Prieto, María Olga Alonso Suárez, Noemí Villagrasa Quero, Gemma Araujo Morales, Arnau Ramírez Carner, Pau Marí Klose, Susana Sumelzo Jordán, José Antonio Rodríguez
Salas, Pere Joan Pons Sampietro, José Luis Ábalos Meco y Marc Lamuà Estañol, Diputados.-Ana Belén Fernández Casero y Rafaela Crespín Rubio, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.
161/004195
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la Promoción Sahel, para su debate en la Comisión de Asuntos Exteriores.
Exposición de motivos
El Sahel (del árabe, 'costa') es la franja inferior del Sáhara, el desierto más grande del planeta. Un espacio de tres millones de kilómetros cuadrados que fue durante siglos zona de paso obligatoria para extensas rutas comerciales entre
Europa, África y Asia.
Se caracteriza por tener un complejo panorama de seguridad regional: las rutas migratorias que lo atraviesan, el impacto climático y sus recursos naturales lo convierten en una región estratégica para la estabilidad internacional.
Los países de la zona se enfrentan a múltiples retos. Entre otros, el cambio climático, que está haciendo que toda la región sea aún más frágil. Ante esta situación, es necesaria una respuesta adaptada y rápidamente eficaz sobre el
terreno. Una respuesta que tenga en cuenta los retos de seguridad y sea capaz de garantizar el desarrollo sostenible de la región.
El desierto del Sáhara no deja de crecer, son las consecuencias que acarrea el cambio climático, desde 1920, ha crecido un 10 % y esto está poniendo en riesgo a los millones de personas que viven en la zona y cuya vida depende de esas
tierras, pues las necesitan para alimentarse. Todo esto tiene un efecto devastador en las vidas de esas comunidades pues al ser eminentemente agrícolas esto se traduce en más hambrunas, en la persistencia de conflictos y en migraciones tanto a
otros países, como a desplazamientos en la zona.
El efecto de la desertificación y de su extensión, no se debe solo a cuestiones climáticas, el factor humano resulta de vital importancia, y se relaciona con el uso de la tierra, el uso y el consumo del agua, el crecimiento de las
poblaciones y donde se asientan.
El ambicioso plan, la Gran Muralla Verde, puesto en marcha por la Unión Africana en 2007, empieza a obtener sus frutos y además de recuperar millones de hectáreas, ha dado lugar también a medidas de preservación como la reforestación, la
creación de terrazas, la estabilización de dunas del desierto, además de adoptar medidas para proteger el suministro de agua. Todo esto se ha traducido en crear medios de vida sostenibles para la gente que allí vive, en paz y preservando sus
ecosistemas y paisajes.
La mejora de la gestión de los recursos naturales de la región, posiblemente conducirá a la estabilidad de la región, lo que evitará el desplazamiento de poblaciones y, con esto disminuiremos considerablemente los riesgos de tensiones ínter
e intracomunitarias por el acceso a estos recursos naturales tan limitados.
El incremento poblacional del 3,4 % anual sitúa a la región como una de las zonas con mayor crecimiento demográfico del mundo que, sin embargo, no se ve acompañado del suficiente crecimiento en lo económico.
Esta situación supone un grave riesgo para la población en mayor situación de vulnerabilidad, que se traduce en un fuerte factor de conflicto y otro obstáculo más a la prestación de los servicios más básicos.
En los últimos años además de los problemas crónicos y estructurales relacionados con el cambio climático y la pobreza extrema (sequías, inundaciones, hambrunas, epidemias), la población ha tenido que hacer frente a episodios violentos
persistentes.
Es una de las regiones del mundo con mayor concentración de conflictos, lo que se ha traducido en numerosas pérdidas de vidas, en agitación social, en destrucción de infraestructuras, en estados con instituciones débiles y en corrupción. La
mala gobernanza ha hecho que en la región, muchos países hayan sido incapaces de abordar estos problemas, lo que ha dado lugar a golpes de Estado e imposición de estados de emergencia. Bajo el paraguas de combatir la inseguridad de la zona, la
población ha sufrido una merma de sus derechos fundamentales y el aumento de la pobreza y el deterioro de las condiciones de vida.
Estas vastas regiones han visto en los últimos años, como cerca de 2,5 millones de personas han tenido que huir de sus hogares, unos 6,7 millones necesitan ayuda humanitaria urgente, y la cifra puede subir a los 10,5 millones si no
colaboramos en la adopción de medidas que eviten el colapso social.
La covid-19, ha aumentado la inseguridad alimentaria, ha limitado la capacidad de recuperación económica y social, y ha colapsado la frágil asistencia sanitaria y de seguimiento de los pacientes, que atendía mayormente las necesidades
básicas y de protección de las comunidades.
Por último, a este panorama hay que añadirle el impacto mundial que está suponiendo la guerra en Ucrania, que está alterando el mercado internacional de cereales, fertilizantes y materias primas, elementos básicos para esta región y la
inestabilidad que les va a suponer la merma de recursos destinados a las poblaciones que ya sufrían crisis alimentaria.
Basta con recordar que de los nueve países que conforman la región, cinco están entre los últimos veinte de la lista del Informe sobre Desarrollo Humano.
Y a pesar de estos datos, la región del Sahel es rica en potencial, lo que la convierte tanto en una tierra de oportunidades como de desafíos: capital humano, recursos naturales, culturales, potencial de energías renovables que ofrecen un
importante potencial de crecimiento y desarrollo, los desafíos profundamente arraigados a los que se enfrenta afectan de manera importante a la prosperidad y a la paz.
Aunque varios factores obstaculizan su desarrollo: inseguridad, inestabilidad, falta de oportunidades económicas, escaso acceso a la educación, al empleo y a servicios esenciales como el agua y la electricidad...
De ahí que consideremos que el esfuerzo que se debe realizar para promover la seguridad en la región del Sahel no tendrá futuro si no viene acompañado de un esfuerzo duradero en materia de desarrollo.
Estabilizar la región supondrá reforzar las protecciones sociales, en particular la seguridad alimentaria, la educación, la sanidad y el desarrollo económico, que genere empleo en la región que evite que los jóvenes, cada vez más numerosos
tengan que emigrar por razones ajenas a su voluntad, asimismo se tendrá que prestar especial atención a las mujeres, pilares de la comunidad. También supondrá luchar contra la inseguridad y la falta de expectativas, este binomio solo podrá ser
resuelto con un enfoque integral que actúe en los ámbitos de la modernización de la agricultura y desarrollo rural, de la salud, del fortalecimiento institucional y de la promoción de los derechos de las mujeres y la igualdad de género.
Por todo ello el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a:
1. Mantener y adaptar el apoyo en beneficio de las poblaciones del Sahel en un contexto de inestabilidad e inseguridad crecientes, para que no vean comprometidos los logros que se hayan podido obtener en relación con el desarrollo.
2. Reiterar la necesidad de respetar los derechos humanos, los principios humanitarios y el derecho internacional humanitario, incluidas las fuerzas de defensa y seguridad.
3. Ofrecer una respuesta coordinada con las poblaciones de la zona y a la altura de los retos de la importante crisis alimentaria a que se enfrentan los países del Sahel.
4. Continuar los esfuerzos en las zonas más frágiles, extendiendo al mismo tiempo las acciones en las zonas de prevención, para luchar contra las causas profundas de la inestabilidad y limitar la expansión de los conflictos y las crisis.
5. Intensificar los apoyos a la inserción socioeconómica reforzada y a una mayor participación de los jóvenes y de las mujeres en la vida política.
6. Reforzar las sinergias frente a los desafíos medioambientales y climáticos que fragilizan a las poblaciones vulnerables en el Sahel.
7. Impulsar la asistencia humanitaria, los servicios básicos y la protección de las poblaciones afectadas por los conflictos armados
8. Impulsar la presencia del Estado y la prestación de servicios esenciales en todos los territorios de los países del Sahel, el restablecimiento de la cohesión social y de la confianza de los ciudadanos en sus instituciones públicas, sigue
siendo una prioridad absoluta.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de mayo de 2022.-Sergio Gutiérrez Prieto, María Olga Alonso Suárez, Noemí Villagrasa Quero, Gemma Araujo Morales, Arnau Ramírez Carner, Pau Marí Klose, Susana Sumelzo Jordán, José Antonio Rodríguez
Salas, Pere Joan Pons Sampietro, José Luis Ábalos Meco, Zaida Cantera Castro y Marc Lamuà Estañol, Diputados.-Ana Belén Fernández Casero y Rafaela Crespín Rubio, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.
161/004196
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la libertad de prensa, para su debate en la Comisión de Asuntos
Exteriores.
Exposición de motivos
El artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos estipula que el establecimiento, mantenimiento y fortalecimiento de una prensa independiente, pluralista, y libre son indispensables para el desarrollo y mantenimiento de la
democracia en un país, así como para el desarrollo económico.
Tal y como lo define Reporteros Sin Fronteras (RSF), por prensa independiente debe entenderse una prensa sobre la cual los poderes públicos no ejerzan ni dominio político o económico, ni control sobre los materiales y la infraestructura
necesarios para la producción y difusión de diarios, revistas y otras publicaciones periódicas. Por el contrario, por prensa pluralista debe entenderse la supresión de los monopolios de toda clase y la existencia del mayor número posible de
diarios, revistas y otras publicaciones periódicas que reflejen la más amplia gama posible de opiniones dentro de la comunidad.
En este sentido, desde que se publicara la Declaración de Windhoek el 3 de mayo de 1991 y aunque la tendencia mundial hacia la democracia y la libertad de información y de expresión se ha entendido como una contribución fundamental a la
realización de las aspiraciones de la humanidad, existen numerosas amenazas a la libertad de prensa a lo largo y ancho del planeta que limitan, cuando no prohíben, la libertad de informar y el derecho de la ciudadanía a ser informada.
Por eso es tan preocupante las cifras de los casos de los profesionales, periodistas y colaboradores, que fueron encarcelados, secuestrados, desaparecidos o asesinados debido a su labor periodística.
En este sentido, estos informes también indican que la mitad de los profesionales de los medios de comunicación asesinados habían recibido amenazas previas relacionadas con su trabajo, lo que marca un déficit de atención al problema, cuando
no indica una ausencia total de medidas que erradiquen esta situación.
Así, según Reporteros Sin Fronteras solo en 2021 fueron asesinados 24 periodistas y colaboradores al ejercer su trabajo mientras que, en los primeros meses de 2022, han perdido la vida otros siete profesionales de la comunicación mientras
que cubrían la invasión de Ucrania, mientras que 362 periodistas o colaboradores se encuentran en la cárcel a lo largo y ancho del planeta.
Por todo lo anterior, compartimos la Declaración de Windhoek+30 como catalizadora de la labor continua de promoción de medios de comunicación libres, independientes y pluralistas, y que además destaca la creciente importancia de la
información entendida como bien común, tal y como recoge la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.
Es por ello que, con motivo del Día Internacional de la Libertad de Prensa, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a:
1. Mostrar su respeto y reconocimiento a todos los y las profesionales del periodismo y la comunicación que, a lo largo y ancho del planeta, ejercen la labor periodística, en numerosas ocasiones, llegando a poner en riesgo su integridad
física en el ejercicio de su profesión.
2. Seguir condenando las amenazas, el acoso y el asesinato de periodistas, transmitiendo la solidaridad de toda la sociedad española a todas las víctimas en el ejercicio del periodismo y la comunicación, con la convicción de que su trabajo
no solo garantiza el derecho a ser informados del conjunto de la ciudadanía, sino que un periodismo libre es fundamental para la construcción de sistemas democráticos sólidos.
3. Seguir alentando en el seno de los organismos internacionales la defensa de la libertad de prensa como uno de los pilares fundamentales de los sistemas democráticos promoviendo que los países que, a día de hoy vulneran esta libertad,
introduzcan las garantías constitucionales necesarias para promocionarla y respetarla.
4. Seguir apoyando e impulsando en los organismos internacionales la creación de entornos seguros, en todos los países y en cualquier circunstancia, para los periodistas y sus colaboradores en consonancia con las normas internacionales, ya
que la labor periodística solo puede ejercerse libre de amenazas, agresiones u otros actos de intimidación o acoso.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de mayo de 2022.-Sergio Gutiérrez Prieto, María Olga Alonso Suárez, Noemí Villagrasa Quero, Gemma Araujo Morales, Arnau Ramírez Carner, Pau Marí Klose, Susana Sumelzo Jordán, José Antonio Rodríguez
Salas, Pere Joan Pons Sampietro, José Luis Ábalos Meco, Zaida Cantera Castro y Marc Lamuà Estañol, Diputados.-Ana Belén Fernández Casero y Rafaela Crespín Rubio, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión de Defensa
161/004199
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley de apoyo y reconocimiento a los
miembros del Centro Nacional de Inteligencia, para su debate en la Comisión de Defensa.
Exposición de motivos
El extraordinario servicio público que prestan día a día los miembros del Centro Nacional de Inteligencia es uno de los pilares fundamentales sobre los que se sustenta la seguridad del Estado y la Defensa Nacional, lo que les hace acreedores
del máximo reconocimiento y respeto por parte de los Poderes del Estado, de las instituciones y de la sociedad española en general.
Estos días, al cumplirse el vigésimo aniversario de este organismo, recobra actualidad el comienzo de la Exposición de Motivos de su ley de creación -la Ley 11/2002, de 6 de mayo, reguladora del Centro Nacional de Inteligencia- que dice:
'La sociedad española demanda unos servicios de inteligencia eficaces, especializados y modernos, capaces de afrontar los nuevos retos del actual escenario nacional e internacional, regidos por los principios de control y pleno sometimiento al
ordenamiento jurídico'.
El prestigio y el compromiso de estos funcionarios está fuera de toda duda y así lo han reconocido los sucesivos gobiernos. No hay mejores palabras para describir su mérito que las pronunciadas por doña Paz Estaban López cuanto asumió el
cargo de Secretaria de Estado-Directora tras casi cuatro décadas en el CESID y en el CNI: 'Me enorgullece enormemente reconocer hoy en público que el mérito es -lo ha sido ahora y lo es siempre- de las personas anónimas que pertenecen al CNI y cuyo
esfuerzo y nivel de compromiso son tan desconocidos como ellos mismos, sin que a ellos les importe ni busquen reconocimiento de ningún tipo, más allá de la íntima satisfacción de saber que están cumpliendo con su deber'.
Un cumplimiento del deber que, por desgracia, a algunos de los agentes del CNI les ha supuesto el sacrificio máximo que puede ofrecer una persona, y a ellos está dedicado el monumento que se encuentra frente a la sede principal y que tiene
grabada la siguiente inscripción: 'a todos cuantos dieron su vida, en secreto, al servicio de España'.
Una efeméride como esta debería haberse celebrado como un acto de homenaje y agradecimiento a las miles de personas que trabajan y han trabajado a lo largo de estos años en esa institución. Pero las recientes actuaciones del Gobierno han
deslucido el aniversario, provocando justo un efecto contrario, pues han colocado imprudentemente al CNI en el centro de la polémica, cuestionando ante los ojos de la opinión pública su eficacia y su buen hacer.
Un agravio al que ha contribuido el propio presidente del Gobierno a pesar de ser el principal beneficiario de la excelente hoja de servicios prestada por el CNI, pues tal y como dice la Ley 11/2002 en su artículo primero: 'el Centro
Nacional de Inteligencia es el Organismo público responsable de facilitar al Presidente del Gobierno y al Gobierno de la Nación las informaciones, análisis, estudios o propuestas que
permitan prevenir y evitar cualquier peligro, amenaza o agresión contra la independencia o integridad territorial de España, los intereses nacionales y la estabilidad del Estado de derecho y sus instituciones'.
Aunque son conocidos los hechos, hay dos brechas en nuestra seguridad causadas por la actuación del Gobierno y que son especialmente graves.
Por un lado, la necesidad de Pedro Sánchez de satisfacer a quienes mantienen parlamentariamente a su Gobierno llevó a la presidenta del Congreso de los Diputados a modificar la resolución que regulaba la comisión de Secretos Oficiales para
permitir la presencia en dicho órgano colegiado de representantes de fuerzas políticas que ha venido justificando la ruptura del orden constitucional por medios ilegales. La primera reunión de la comisión ya ha provocado la primera brecha en la
seguridad del Estado tras las declaraciones realizadas con posterioridad por el representante de ERC en dicho órgano.
La segunda brecha en la seguridad es la revelación hecha por la Presidencia del Gobierno del espionaje realizado al propio presidente y a varios ministros tras ser contaminados sus móviles con el programa Pegasus. Una información que
provocó -entre otras consecuencias- las acusaciones cruzadas entre la ministra de Defensa y el ministro de Presidencia sobre la responsabilidad en la protección de los móviles. Una protección que corresponde a la Secretaría General de Presidencia,
tal y como se recoge en los sucesivos reales decretos de estructura, habiendo sido secretario general hasta mediados de 2021 precisamente el ministro de la Presidencia, don Félix Bolaños García.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados acuerda:
1. Reconocer públicamente el extraordinario servicio que presta a España el Centro Nacional de Inteligencia y las personas que trabajan en dicho organismo, cumpliendo fielmente los fines establecidos en su ley de creación con absoluto
respeto a los principios de control y pleno sometimiento al ordenamiento jurídico.
2. Instar al Gobierno a apoyar el trabajo del CNI mejorando los medios técnicos del Centro Criptológico Nacional aumentando el programa presupuestario del organismo si es necesario para lograr este fin.
3. Instar al Gobierno a que asigne la competencia de la seguridad de los móviles del presidente y de los altos cargos al Centro Criptológico Nacional.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de mayo de 2022.-Carlos Rojas García y Fernando Adolfo Gutiérrez de Otazu, Diputados.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana
161/004181
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para la eliminación de la obligatoriedad del uso de mascarillas
en aviones para su debate en la Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
Exposición de motivos
Hace unas semanas, el Gobierno de España aprobó el Real Decreto que acababa con la obligatoriedad del uso de mascarillas en interiores, produciéndose unos días después de que se aprobara en el Pleno del Congreso de los Diputados la
proposición no de ley del Grupo Parlamentario Ciudadanos que instaba al Gobierno a tomar dicha medida. Finalmente, y tras muchas reticencias, el Gobierno accedió a tomar una decisión que la situación de la pandemia de COVID-19 en España permitía
tomar, como ya habían
recordado expertos y sociedades científicas. Las vacunas han sido efectivas, evitando que las personas sin comorbilidades y otro tipo de vulnerabilidades que se contagian con el SARS-CoV-2 desarrollen una enfermedad muy leve, y que aquellas
que sí tienen esas vulnerabilidades puedan evitar un cuadro clínico grave o el fallecimiento.
En este contexto, era necesario relajar las restricciones impuestas a la vida cotidiana, principalmente porque el perjuicio que provocan en las relaciones sociales, transacciones económicas o en el desarrollo socioemocional de la ciudadanía
es mayor que el beneficio que producen. Así, el Real Decreto 286/2022, de 19 de abril, por el que se modifica la obligatoriedad del uso de mascarillas durante la situación de crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19 eliminó la obligatoriedad del
uso de mascarillas en interiores salvo en algunas excepciones. Por un lado, la mascarilla sería obligatoria únicamente en centros hospitalarios, sanitarios y sociosanitarios, así como en establecimientos sanitarios como las farmacias; por otro
lado, también seguiría siendo obligatoria en los transportes de cualquier tipo, pero no necesariamente en andenes, estaciones, puertos o aeropuertos. Esto hacía obligatorio, por ejemplo, que se utilizara la mascarilla cuando un ciudadano sube a un
vagón de tren, a un autobús o a un avión.
En el caso del transporte aéreo, de hecho, la obligatoriedad se topó con el hecho de que en multitud de jurisdicciones esta medida de llevar obligatoriamente mascarilla en el avión ya no existía. La mayoría de los aviones comerciales
cuentan con filtros HEPA (High Efficiency Particulate Air), en los que la circulación del aire hace que los flujos del mismo no se crucen o lo hagan mínimamente. El aire en la cabina de las aeronaves se renueva cada tres minutos de media mientras
el avión está en el aire, puesto que el 60 % del aire es fresco y procede del exterior, mientras que el 40 % restante es el que pasa por esos filtros HEPA. Esta divergencia entre las jurisdicciones sometía a los viajeros a una incertidumbre sobre
la obligatoriedad o no de llevar mascarilla en un avión, por ejemplo, que comenzara su trayecto en una jurisdicción donde existía dicha obligatoriedad, como España, y que atravesara y/o finalizara dicho trayecto en una jurisdicción en la que no
existía dicha obligatoriedad.
Para evitar dicha inseguridad, la Agencia Europea de Seguridad Aérea (AESA) y el Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades (ECDC) han anunciado una actualización del protocolo conjunto de seguridad sanitaria en la
aviación en la que se retira la recomendación a las autoridades nacionales de que se decrete su uso obligatorio tanto en la espera en el aeropuerto como durante el trayecto de avión. Esta actualización, de acuerdo a las agencias implicadas, refleja
la nueva situación epidemiológica y la situación mucho más favorable que tenemos actualmente gracias a los niveles de vacunación en la Unión Europea.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente
Proposición no de ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a eliminar la obligatoriedad del uso de mascarillas en línea con la actualización del protocolo conjunto de seguridad sanitaria en la aviación realizado por la Agencia Europea de Seguridad
Aérea (AESA) y el Centro Europeo para la Prevención y el Control de enfermedades (ECDC), incluyendo la eliminación de la obligatoriedad del uso de mascarillas en aviones.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo de 2022.-Juan Ignacio López-Bas Valero, Diputado.-Edmundo Bal Francés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Comisión de Educación y Formación Profesional
161/004174
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a incluir la informática
entre las materias de modalidad de cada una de las modalidades de Bachillerato, para su debate en la Comisión de Educación y Formación Profesional.
Exposición de motivos
En el proyecto de Real Decreto por el que se establece la ordenación y las enseñanzas mínimas del Bachillerato se eliminan las materias de Tecnologías de la Información y la Comunicación 1 (TIC1) y Tecnologías de la Información y la
Comunicación 2 (TIC2), que existían actualmente, que fueron introducidas en la LOMCE como materias específicas y que eran las únicas con contenidos de Informática.
Con la LOMLOE son las administraciones educativas las que regularán la oferta de esta materia como optativa o los centros entre las optativas propias, en el marco de lo dispuesto por la administración correspondiente.
La Sociedad Científica Informática de España (SCIE), la Conferencia de Decanos y Directores de Ingeniería Informática (CODDII), el Consejo de Colegios de Ingenieros Técnicos en Informática (CONCITI), el Consejo de Colegios de Ingenieros en
Informática (CCII), la Plataforma Nacional de Asociaciones de Profesores de Informática (PNAPI), la Reunión de Estudiantes en Ingenierías Técnicas y Superiores en Informática (RITSI), han puesto de manifiesto que la competencia digital que se
predica en la LOMLOE solo habilita como usuario, mientras que solo la informática educa como creador y, por ello, han solicitado al Ministerio que se implanten asignaturas obligatorias de informática en los cursos de primero y segundo de
Bachillerato, en todas sus modalidades, con el único objetivo de garantizar el progreso de nuestra sociedad, en el bien entendido que la informática es un motor de innovación, de crecimiento económico y de empleo.
La competencia digital solo capacita a utilizar las herramientas digitales, pero la informática es la ciencia que proporciona el conocimiento sobre la estructura y funcionamiento de los ordenadores, lenguajes y técnicas de programación,
bases de datos, redes, ciberseguridad, algoritmos, inteligencia artificial, etc. Y la informática, como materia fundamental para la sociedad actual, necesita enseñarse en asignaturas propias para garantizar la calidad de su educación. Por ello no
se sostiene la afirmación de la ministra de Educación y Formación Profesional, Pilar Alegría, cuando dice que 'la asignatura técnicamente no desaparece, sino que se convierte en una asignatura transversal'.
En países como Reino Unido, Finlandia, Francia, Israel o Singapur existen asignaturas de informática en los niveles equivalentes. Según el informe de la red Eurydice, que aglutina a 37 países y analiza cómo se organizan y funcionan los
sistemas educativos en Europa, la informática era una materia obligatoria independiente en 15 países europeos ya en 2019. Por su parte, Informatics Europe, el organismo que engloba a la enseñanza y la investigación pública y privada en el sector
informático en Europa, suscribe la importancia de esta asignatura.
Aunque la Formación Profesional y la Universidad proporcionan una formación especializada para el alumnado de los Ciclos Formativos, Grados y Posgrados en Ingeniería Informática o afines, en las etapas educativas anteriores debe
proporcionarse una educación básica en informática que capacite para un adecuado desarrollo profesional en el futuro.
Hoy en día prácticamente cualquier profesión se beneficia de un uso más o menos específico de la informática, y resulta evidente el beneficio de la inclusión de la educación en informática desde edades tempranas, así como que un mayor
conocimiento de esta materia permite fomentar vocaciones de grupos que tradicionalmente han tenido una presencia minoritaria, especialmente las mujeres.
A diferencia, en otros muchos países que son referentes, como Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, Alemania, Italia, Israel, Países Bajos, Dinamarca, Finlandia, Australia, Canadá, etc., se está apostando por el aprendizaje de la
informática en Educación Secundaria, e incluso en Educación Primaria. Y en España, por el contrario, con esta organización de las materias del Bachillerato el Gobierno da un paso atrás en calidad de la educación y no garantiza la igualdad de
oportunidades entre los alumnos en función del lugar en que estos estudien.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a modificar el Real Decreto por el que se establece la ordenación y las enseñanzas mínimas del Bachillerato, e introducir la Informática como materia de modalidad en cada una de las modalidades
de los primeros y segundos cursos de Bachillerato, con la
finalidad de garantizar una educación de calidad y la igualdad de oportunidades de todos los alumnos con independencia del lugar en que estén escolarizados.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo de 2022.-Óscar Clavell López y María Sandra Moneo Díez, Diputados.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones
161/004183
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Plural, a instancia de don Joan Baldoví Roda, Diputado de Compromís, y al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la
eliminación de la tasa de reposición, para su debate en la Comisión de Trabajo, Seguridad Social y Migraciones.
Exposición de motivos
El Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, fue una sentencia de muerte para la administración pública. Este decreto, ratificado después por las
sucesivas leyes de Presupuestos Generales del Estado, limita las ofertas públicas de empleo a un porcentaje máximo de puestos de trabajo vacantes y lo condiciona al número de jubilaciones anuales.
Como consecuencia de estas restricciones normativas, el número de convocatorias y de plazas ofrecidas ha descendido de manera rotunda en todas las administraciones. Por poner un ejemplo, en la Comunitat Valenciana, la Oferta Pública de
Empleo para el año 2020, la Consellería de Justicia, Interior y Administración Pública calculó que necesitarían ofrecer alrededor de 2.000 puestos de trabajo. No obstante, la tasa de reposición incluida en la Ley de PGE del año 2018, solo
permitiría convocar oposiciones para 800 plazas aproximadamente.
En la Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2021, Compromís, en el Congreso, presentó una enmienda que fue rechaza por la mayoría de los Grupos parlamentarios de la Cámara, que pretendía solventar este escollo, por medio de la
modificación de su artículo 20 sobre la Oferta de Empleo Público, contratos y nombramientos temporales. En esta enmienda se solicitaba que, aquellas administraciones autonómicas que se encontraran por debajo de la media de empleados públicos por
habitante del conjunto de estas, se computaran de forma separada e individualizada y no quedaran sujetas a ninguna tasa de reposición mientras no alcanzaran la misma; y explícitamente ponía la atención en los Sectores Públicos Sanitarios,
Educativos y de la Administración de Justicia. Y ello en atención al principio de igualdad, en el sentido que ha sido interpretado tradicionalmente por el Tribunal Constitucional: igualdad es tratar de la misma forma situaciones iguales y tratar
de forma diferente situaciones diferentes.
La consecuencia de todo ello es que la función pública acaba perdiendo recursos, puesto que las personas que acceden son menos que las que se jubilan, lo cual ha sido especialmente grave en las administraciones que ya estaban infradotadas de
partida, como es el caso de la Generalitat Valenciana. Además, hay que tener en cuenta que no siempre se cubren todas las plazas ofrecidas, lo cual obliga la Administración a cubrir estos lugares de manera interina, de forma que el número de nuevas
incorporaciones se reduce todavía más. Esto sin tener en cuenta del tiempo que se tarda en realizar todo el proceso, puesto que desde la publicación de la OPE hasta que se cubren las plazas vacantes pueden pasar hasta cinco años y, en algunos
casos, de forma que durante todo este periodo el lugar queda vacante.
En el caso del territorio valenciano, no hay duda de que la tasa de reposición ha empeorado la situación de la función pública valenciana (la última en ratio de empleados públicos autonómicos por habitante de acuerdo con los datos del
Ministerio) y es una de las razones fundamentales de los principales problemas que esta afronta, como son el alto índice de temporalidad -que llega hasta el 35 %-, el alto número de vacantes y el elevado número de jubilaciones en los próximos años.
De tal manera, pues, que nos encontramos con una función pública envejecida, con mucha interinidad y carencia de personal; y todo esto tiene como consecuencia una peor calidad de los servicios públicos y una precarización del personal,
consecuencias que van en detrimento del conjunto de la ciudadanía.
Hay que tener presente que, en caso de mantener la restricción del número de plazas susceptibles de ser convocadas, la Generalitat no podrá hacer frente a las funciones que tiene encomendadas. Sin personal, es imposible implementar y
ejecutar, y mucho menos evaluar las políticas de un gobierno. Por todo esto, la tasa de reposición no va solo contra los servicios públicos, sino, incluso, en contra del mismo autogobierno.
Se podría poner fin a esta situación eliminando totalmente la tasa de reposición, puesto que las administraciones podrían organizar sus propios recursos y programar las convocatorias de ofertas públicas de ocupación en función de las
necesidades de la administración y no en función de las personas que se jubilan. Asimismo, se pondría también fin a la pérdida constante de personal que está sufriendo la función pública desde la aprobación del mencionado Real Decreto-ley 20/2012.
O al menos, establecer una tasa de reposición 'asimétrica', que tenga en cuenta las diferencias en el punto de partida de las plantillas entre una Administración y otras. Por cuanto resulta contrario al principio de igualdad que se aplique el mismo
porcentaje a aquellas que se encuentran por encima de la media y a aquellas que se encuentra por debajo de la misma.
De hecho, son muchas las organizaciones sindicales y profesionales del sector público que han exigido la eliminación de la tasa de reposición. Una restricción que afecta también a la administración local y que muchos ayuntamientos también
han denunciado. Así mismo, hay que recordar el papel del estado como creador de ocupación y como motor de la economía, y más encara en una situación de crisis.
Es el momento de poner fin a las políticas de austeridad que no hacen si no perjudicar la calidad de la administración pública y de los servicios públicos, en detrimento, por lo tanto, de la ciudadanía. Es momento de revocar una medida que
ponga en peligro el presente y el futuro de la función pública, su profesionalización y estabilización, y también la atracción de talento y el tan necesario relevo generacional. El Gobierno Valenciano, el Govern del Botánic ha elaborado en esta
legislatura una nueva ley de función pública que pretende mejorar su mente esta mejora, es necesario poner fin a las restricciones derivadas de la tasa de reposición.
Por todo ello, presento la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso insta al Gobierno:
1. Realizar las modificaciones normativas necesarias para eliminar las tasas de reposición que limitan el alcance de las ofertas de ocupación pública y lastran y precarizan la función pública o, en su defecto, establecer unas tasas de
reposición asimétricas que respeten el principio de igualdad no presuponiendo una inexistente igualdad previa en la dotación de recursos públicos de todas las Administraciones.
2. Poner en marcha un plan de choque para la recuperación del personal perdido los últimos años a causa de las limitaciones de la tasa de reposición y otras limitaciones presupuestarias a través de convocatorias de ofertas públicas de
empleo.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de mayo de 2022.-Joan Baldoví Roda, Diputado.-Íñigo Errejón Galván, Portavoz del Grupo Parlamentario Plural.
Comisión de Derechos Sociales y Políticas Integrales de la Discapacidad
161/004166
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Macarena Olona Choclán, doña Rocío de Meer Méndez, doña María de los Reyes Romero Vilches, doña Cristina Alicia Esteban Calonje, doña Lourdes Méndez Monasterio y doña Georgina Trías Gil, en sus respectivas condiciones de Portavoz
Adjunta y Diputadas del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente Proposición no de Ley relativa a la prestación para el cuidado de los hijos
enfermos, para su discusión en la Comisión de Derechos Sociales y Políticas Integrales de la Discapacidad.
Exposición de motivos
Primero. Españoles dedicados a los cuidados de otros miembros de la familia.
Según la información proporcionada por el Instituto Nacional de Estadística y relativa al año 2020, en torno al 25 % 1 del total de la población activa 2 española 'no busca empleo porque cuida a personas dependientes', y en torno al 11 % 3
'ha dejado el trabajo para cuidar a personas dependientes'. Nos encontramos, por lo tanto, con que en España un porcentaje significativo de la población se dedica a labores de cuidados de otros miembros de la familia, y por tal razón posterga o
abandona su vida laboral.
La apuesta por una cultura del cuidado en el seno de la familia es, sin duda, un bien social que ha de ser adecuadamente valorado por la entera sociedad española y protegido por los poderes públicos.
Precisamente una de las manifestaciones del carácter social o asistencial del Estado español (artículo 1.1 de la Constitución Española, 'CE') es el deber de atención a los ciudadanos que se hallan en situación de mayor necesidad o
vulnerabilidad, entre los que se encuentran las familias con un miembro con discapacidad o en situación de dependencia, y otro que se dedica a su cuidado, muchas veces en detrimento de su vida laboral.
A mayor abundamiento, las familias han de ser especialmente valoradas y protegidas por el Estado, en tanto que de ellas depende la existencia de la sociedad. De hecho, el artículo 39.1 CE afirma que 'los poderes públicos aseguran la
protección social, económica y jurídica de la familia'. La familia es la institución natural y jurídica que precede al Estado; es el lugar donde los hijos nacen, crecen y se educan, y donde los mayores reciben apoyo y cariño hasta el final de su
vida. La familia es, por excelencia, el lugar del cuidado.
Segundo. Reducción de jornada para el cuidado de hijos menores con enfermedades graves.
Dentro del ámbito de protección descrito en el expositivo anterior encontramos un supuesto particular: el de las familias en las que un hijo experimenta una 'necesidad de cuidado directo, continuo y permanente del menor durante el tiempo de
hospitalización', cuidado que es brindado por uno de sus padres. Precisamente este es el objeto del apartado 6 del artículo 37 ('Descanso semanal. Fiestas y permisos') del Estatuto de los Trabajadores ('ET'), cuyo texto refundido fue aprobado por
Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre. El tercer párrafo de este precepto se refiere a la reducción de jornada 'con la disminución proporcional del salario de, al menos, la mitad de la duración de aquella', para los padres de menores de
23 años 4 'afectado[s] por cáncer (tumores malignos, melanomas y carcinomas), o por cualquier otra enfermedad grave'. Idéntica previsión legal se recoge, para los
1
https://www.ine.es/ss/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=Unknown+format&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadervalue1=attachment%3B+filename%3DCTF2T7.xlsx&blobkey=urldata&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=391%2F730%2FCTF2T7%2C0.xlsx&ssb
inary=true
2 'La población activa comprende las personas ocupadas y paradas durante la semana de referencia, según los criterios OIT' (https://www.ine.es/DEFIne/es/concepto.htm?c=4456&op=30256&p=2&n=20).
3
https://www.ine.es/ss/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=Unknown+format&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadervalue1=attachment%3B+filename%3DCTF2T6.xlsx&blobkey=urldata&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=232%2F420%2FCTF2T6%2C0.xlsx&ssb
inary=true
4 El artículo referido habla, impropiamente, de 'menor', sin duda por omisión de la disposición final 25 de la Ley 22/2021, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2022, que modificó el apartado 6 para elevar la
edad del causante de 18 a 23 años.
empleados públicos, en el artículo 49.e) del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre ('EBEP').
Las normas referidas se concretan y desarrollan en el Real Decreto 1148/2011, de 29 de julio, para la aplicación y desarrollo, en el sistema de la Seguridad Social, de la prestación económica por cuidado de menores afectados por cáncer u
otra enfermedad grave ('RD 1148/2011'), y regulan la posibilidad de obtención de una prestación que, según lo dispuesto en los artículos 2 y siguientes Real Decreto 1148/2011, se otorga:
- a los progenitores, adoptantes o acogedores;
- que tengan un hijo menor de 23 años 5 con una enfermedad grave de entre las incluidas en el anexo de la norma 6;
- que experimente una situación de hospitalización o de recaída tras una hospitalización previa 7, si bien, a pesar del tenor literal del ET, del EBEP y del Real Decreto 1148/2011 se ha admitido en la práctica como hospitalización la
continuación del tratamiento médico o el cuidado del 'menor' en domicilio tras el diagnóstico 8;
- siempre y cuando ambos trabajen y tengan cumplido un tiempo mínimo de cotización;
- y reduzcan su actividad laboral 9 en, al menos, un 50 % de la jornada;
- para dedicarse al cuidado de este hijo 10.
Se pretende, por tanto, que esta prestación, de devengo diario, compense o modere la reducción de salario que experimenta la persona por dedicarse a las labores de cuidado del hijo enfermo. Por ello, 'se reconocerá en proporción al
porcentaje de reducción que experimente la jornada de trabajo que disfruten las personas trabajadoras' (artículo 4.1 ibidem).
Asimismo, esta prestación está exenta de tributación según lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
Tercero. Necesidad de ampliación del supuesto de hecho de la norma.
Muchas familias han manifestado (e incluso trasladado al Congreso de los Diputados, por la vía de la Comisión de Peticiones 11) la injusticia que provoca la literalidad de la norma antedicha: ciertamente,
5 En este sentido, y como se ha anticipado, la modificación operada por la Ley 22/2021 se ha traducido también en una modificación del RealDecreto 1148/2011 con el fin de elevar de 18 a 23 años el límite máximo de edad del hijo enfermo cuyo
cuidado da origen a la prestación que nos ocupa [artículo 7.3.d) ibidem]. Ciertamente, esto ha supuesto una ampliación del número de beneficiarios de la norma, aunque es una medida insuficiente, por cuanto no resuelve el problema de otras posibles
exclusiones.
6 Aunque no solo, puesto que la jurisprudencia ha señalado que el hecho de no figurar en el listado de enfermedades graves no obsta a la concesión de la prestación. Así, la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 25 de
abril de 2016 concede el derecho por el cuidado de una menor afectada por el Síndrome de Phelan-Macdermid, por ser equiparable analógicamente a alguna de las enfermedades especificadas en el listado anteriormente indicado, y la Sentencia del
Tribunal Superior de Justicia de Galicia de 14 de julio de 2015 lo otorgó por una anomalía cromosómica que guarda relación con la Enfermedad de Duchen.
7 La necesidad del cuidado directo, continuo y permanente del causante se determinará, inicialmente, mediante el informe de hospitalización; finalizado este, se acreditará mediante 'el informe del facultativo del Servicio Público de Salud u
órgano administrativo sanitario de la Comunidad Autónoma correspondiente, responsable de la asistencia sanitaria del causante' [artículos 7.1 y 7.3.b) RD 1148/2011].
8 MERCADER URGUINA, J., Análisis de la Compatibilidad de Prestaciones del Sistema de Seguridad Social y el Trabajo: Balance y Propuestas de Reforma. Ministerio de empleo y Seguridad Social: 'Se considerará situación protegida, a estos
efectos, la reducción de la jornada de trabajo que, de acuerdo con lo previsto en el párrafo tercero del artículo 37.5 ET, lleven a cabo las personas progenitoras, adoptantes y acogedoras de carácter familiar preadoptivo o permanente, cuando ambas
trabajen, para el cuidado del menor a su cargo afectado por cáncer u otra enfermedad grave incluida en el listado que figura en el anexo del propio texto reglamentario. Habida cuenta que la enfermedad que padezca el menor deberá implicar un ingreso
hospitalario de larga duración que requiera su cuidado directo, continuo y permanente, y que se considerará asimismo como ingreso hospitalario de larga duración la continuación del tratamiento médico o el cuidado del menor en domicilio tras el
diagnóstico y hospitalización por la enfermedad grave, el otorgamiento de esta prestación, con naturaleza de subsidio, tiene por objeto compensar la pérdida de ingresos que sufren los progenitores que reduzcan su jornada'.
9 Deben estar afiliadas a cualquiera de los regímenes de la Seguridad Social, si bien 'el real decreto no será de aplicación al personal funcionario incluido en el ámbito de aplicación de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico
del Empleado Público, que se regirá por lo previsto en el artículo 49.e) de dicha Ley' (artículo 1 RD 1148/2011). Además, la reducción de la jornada ha de producirse en los términos descritos en el artículo 37.5 del Real Decreto Legislativo 2/2015,
de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.
10 Artículo 4 del Real Decreto 1148/2011.
11 V. gr., expedientes 280/001613/0000 y 280/001618/0000.
aunque el fin que se procura a través de ella es bueno, los límites objetivos que se fijan -mencionados en el expositivo anterior- excluyen que algunos cuidadores se puedan beneficiar de la ayuda.
Es, por ejemplo, el caso de los padres que cuidan a un hijo gravemente enfermo cuya edad supera el umbral de 23 años fijado por el Real Decreto 1148/2011. O, v. gr., el de los hijos que padecen enfermedades que pueden ser tratadas a nivel
ambulatorio y no requieren hospitalización, pero sí un cuidado directo, continuo y permanente, que no se recoge en la normativa pero que en la práctica se ha admitido, como se anticipó. En ambos casos, la labor de cuidado del hijo enfermo es la
misma, como también lo es la pérdida salarial producida por la reducción de la jornada laboral; sin embargo, a esta situación no se anuda una respuesta jurídica por parte de los poderes públicos, de lo cual se infiere una falta de valoración
socio-jurídica de la labor de cuidado que se lleva a cabo.
El espíritu de la norma aconseja, por tanto, que se modifique su redacción literal para dar cabida a aquellas otras situaciones en las que se cumple de igual modo el supuesto de hecho al cual el Real Decreto 1148/2011 quiere responder: la
necesidad de disminución de la jornada laboral en aras del cuidado de los hijos enfermos.
Cuarto. Conclusión.
La propuesta contenida en esta iniciativa supone una concreción del principio de igualdad, para cuya promoción y garantía es competente el Estado, en virtud de lo dispuesto en el artículo 149.1.1.ª CE.
Se hace imperativo defender la cultura de la vida y de la familia, postulando que no sean penalizadas aquellas personas que se dedican al cuidado de los hijos o de personas dependientes, lo que, sin duda, contribuiría significativamente al
bien común de España.
Al amparo de lo expuesto, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a estudiar la viabilidad de una ampliación de los límites objetivos de la prestación pública para el cuidado de los hijos enfermos con los siguientes fines:
1. Dar reconocimiento legal a la práctica consolidada de superar la exigencia de hospitalización del hijo causante de la prestación, de modo que baste la necesidad de su cuidado directo, continuo y permanente en régimen ambulatorio.
2. Aumentar la edad del hijo causante de la prestación, con el fin de que la ayuda pueda ser percibida siempre que se mantenga la necesidad de cuidados que da lugar a la misma.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de mayo de 2022.-Rocío de Meer Méndez, María de los Reyes Romero Vilches, Cristina Alicia Esteban Calonje, Lourdes Méndez Monasterio y Georgina Trías Gil, Diputadas.-Macarena Olona Choclán, Portavoz
del Grupo Parlamentario VOX.
Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación
161/004175
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley por la que se insta al Gobierno a
conceder ayudas al sector agrícola para hacer frente a los daños ocasionados por las tormentas del pasado 2 de mayo y lluvias últimas en la Región de Murcia, para su debate en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Exposición de motivos
El pasado 2 de mayo de 2022 las fuertes tormentas que afectaron a la región de Murcia, principalmente a la comarca del río Mula, municipios de Mula y Pliego, y también al Altiplano y al noroeste de la región, causaron grandes daños a los
cultivos de la zona. Los registros pluviométricos de la Confederación Hidrográfica acumulaban hasta 75 litros por metro cuadrado en el término municipal de Mula y 71 en el de Caravaca. Las tormentas en Mula, de algo más de una hora de duración, se
producían con un granizo de un tamaño considerable.
Como consecuencia del granizo, la gran cantidad de agua e incluso un tornado, se han producido cuantiosos daños en los cultivos de albaricoque, melocotón, nectarina, olivo, almendro, cítricos, especialmente el limón y viñedos. En el caso de
algunas producciones, como la de albaricoque, estaba a punto de iniciarse la recolección. No solo se ha dañado la cosecha, en algunos casos el 100 % de las mismas, sino que también se han producido daños en la madera de los árboles y cepas y se han
arrancado gran número de árboles. Los primeros datos estiman unas pérdidas que superan los 16 millones de euros, siendo la comarca del río Mula la más afectada, seguida del Altiplano y el Noroeste, en total más de 10.000 hectáreas afectadas.
La tormenta de granizo es, posiblemente, el fenómeno meteorológico más temido por los fruticultores y los agricultores en general, por las consecuencias en la cantidad de producción y en la reducción de la calidad de los productos. Además,
aunque los daños ocasionados sobre los brotes y las hojas son recuperables con el tiempo, la afectación sobre el tronco y ramas debilitan al árbol, especialmente en plantaciones jóvenes, y pueden llegar a comprometer la producción del siguiente año,
además de incrementar considerablemente el riesgo de enfermedades. En este aspecto, las primeras estimaciones calculan en 140 millones las pérdidas.
El gobierno de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia ha anunciado ya que pagará el tratamiento de los árboles afectados para poder minimizar los daños y salvar la cosecha del año próximo y también ha puesto a disposición todas las
oficinas comarcales agrarias para agilizar los trámites de los seguros agrarios.
Es urgente que el Gobierno central adopte medidas para ayudar tanto a los agricultores de fruta, almendros y viñedos, como a las centrales transformadoras y a los trabajadores que no podrán trabajar en la campaña de la fruta de este año.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Habilitar, de forma inmediata, ayudas directas en forma de subvenciones a los agricultores afectados por las tormentas de principios de mayo en la región de Murcia, principalmente en la comarca del río Mula.
2. Establecer, de forma inmediata, una línea de financiación para los agricultores afectados por las tormentas y el granizo, con intereses a tipo 0 %.
3. Establecer, para los afectados, la posibilidad de refinanciación de créditos y la de otorgar préstamos a largo plazo, de diez a doce años, con tres años de carencia, con un tipo de interés bajo y una subvención de parte del principal,
que faciliten la posibilidad de inversión.
4. Agilizar los trámites de peritación y el pago de las indemnizaciones del seguro agrario.
5. Reducir, para el periodo impositivo, los índices de rendimiento neto aplicables en el método de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas para las actividades agrícolas afectadas, en consonancia con los
daños producidos para cada producción y territorio.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo de 2022.-Isabel María Borrego Cortés, Teodoro García Egea y Juan Luis Pedreño Molina, Diputados.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico
161/004169
A la Mesa de la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico
Don Tomás Guitarte Gimeno, Diputado de la Agrupación de Electores Teruel Existe, perteneciente al Grupo Parlamentario Mixto en el Congreso, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente
Proposición no de Ley para su debate en la comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico sobre la creación de un Plan Nacional de Vivienda Rural que incremente la oferta de viviendas en el mundo rural.
Exposición de motivos
1. Cada vez es más común el fenómeno de personas que buscan trasladarse a vivir al medio rural, pero no pueden hacerlo por la falta de oferta de vivienda. Esta realidad es consecuencia de la falta de una oferta estructurada a la que puedan
acudir los demandantes, así como la escasez general de este bien en el mercado, que se contrasta con el volumen de viviendas vacías, deshabitadas y abandonadas que se encuentran en el medio rural.
2. Ofrecer un parque de vivienda público aumenta el atractivo de los pequeños municipios y facilita el asentamiento de personas y familias que puedan decidir establecer su proyecto de vida en cualquier lugar, proporcionando a cada pueblo la
oportunidad de crecer demográficamente.
3. La rehabilitación de inmuebles en el medio rural no es solo una oportunidad para aumentar la oferta de vivienda, sino también ayuda a mejorar la imagen de los pueblos, acabando con la sensación de abandono que sufren muchos por la ruina
de sus edificios, además de mejorar la sensación de seguridad, especialmente entre las personas mayores, que habitan proporcionalmente más estos lugares y sufren en mayor medida el miedo y la inseguridad.
4. La cantidad de recursos necesaria para llevar a cabo estos programas es inasumible en el caso de la mayoría de los ayuntamientos de los pequeños municipios, por lo que se hace especialmente necesaria la intervención y ayuda de todas las
instituciones públicas, particularmente el Gobierno de España.
5. En el marco de la transición ecológica que está en marcha para reducir la contaminación del medio ambiente y conseguir una mayor eficiencia de los recursos empleados se hace patente la necesidad de mejorar la eficiencia energética de las
viviendas, como se contempla en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. En este sentido, también parece más acorde con los objetivos del Pacto Verde Europeo priorizar la rehabilitación de antiguos edificios para evitar una expansión
de la urbanización, conservando los trazados urbanos ya existentes.
6. Las Viviendas de Protección Oficial (o Viviendas de Promoción Pública) han jugado a lo largo del tiempo, un papel fundamental en el acceso a la vivienda por parte de las clases medias-bajas de nuestro país. Sin embargo, estos programas
han estado muy enfocados en el medio urbano y han olvidado el medio rural.
7. En contra de lo que a veces se puede pensar desde la ciudad, la oferta de viviendas en el mundo rural es escasa. Esto es debido a cuestiones que ya se han expuesto con anterioridad, pero también a que los promotores privados, en alguna
ocasión con intereses especulativos, se han centrado en la promoción de vivienda en grandes ciudades, donde gracias a las economías de escala podían conseguir altos beneficios. La falta de promoción privada en lugares donde sí que hay demanda de
vivienda, debería ser cubierta por el sector público para garantizar la oferta.
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
- Crear un Plan de Protección Oficial Rural que garantice que en cinco años, todos los municipios de menos de 500 habitantes en España cuenten con al menos dos viviendas de propiedad municipal disponibles para el alquiler en cualquier
momento.
- Establecer mecanismos dentro de ese plan para que si alguna de esas dos viviendas por municipio se alquilase de modo permanente o se vendiese, se pudiese construir otra vivienda, de modo que siempre
haya un stock mínimo de dos viviendas disponibles en alquiler en cada municipio, para no frenar la llegada de nuevos pobladores.
- Establecer préstamos a tipo de interés cero para aquellos pobladores interesados en la construcción o rehabilitación de vivienda en municipios de menos de 5.000 habitantes.
- Incentivar la mejora en eficiencia energética de las viviendas en pueblos de menos de 5000 habitantes.
- Eliminar las trabas legales y burocráticas para que los ayuntamientos de menos de 500 habitantes puedan expropiar y derribar con más facilidad edificios en estado de ruina, con el compromiso de construir nueva vivienda de propiedad
municipal en dichos solares.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de mayo de 2022.-Tomás Guitarte Gimeno, Diputado.-Albert Botrán Pahissa, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
161/004178
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para el patrocinio español de la reconstrucción de la
infraestructura gasista en Ucrania y su preparación para el hidrógeno verde para su debate en la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico.
Exposición de motivos
El pasado 24 de febrero, Vladimir Putin comenzó su ofensiva contra Ucrania con el objetivo de tomar el control de ese país, derrocar a su gobierno pro-europeo y obtener un mayor control geopolítico en el sureste europeo. Esta agresión a la
soberanía nacional de Ucrania y a su integridad territorial es no solo un incumplimiento flagrante del derecho internacional, sino también una afrenta a nuestros valores europeos de defensa de la libertad, la convivencia y la tolerancia. Dos meses
y medio después del inicio de esa ofensiva las tropas rusas no han cumplido ninguno de sus objetivos, y las fuerzas ucranianas han conseguido resistir y repeler sus ataques.
Sin embargo, estos logros no se han producido sin coste. Según cifras oficiales, más de 3.200 civiles han sido asesinados, entre ellos más de 230 niños. En términos económicos, la invasión ha provocado que el Banco Mundial prevea que la
economía ucraniana se contraiga hasta un 45 % en este año 2022, debido a la destrucción de ciudades enteras, la disrupción de sectores económicos y la interrupción de cadenas de valor. Además, más de 5,6 millones de ucranianos se han visto
obligados a abandonar sus hogares y buscar refugio en otro país. España ha acogido hasta la fecha más de 137.000 ucranianos, de los cuales en torno al 40 % son niños. Sin embargo, cuanto más se extienda la invasión más devastadora serán estas
consecuencias económicas y humanas.
Es por ello que desde el Grupo Parlamentario Ciudadanos hemos defendido desde el primer momento de la invasión el ofrecimiento de apoyo logístico, económico y militar a Ucrania para contribuir a su defensa de la legalidad internacional y de
los valores europeos. El mismo 24 de febrero, el Grupo Parlamentario Ciudadanos fue el primero que registró una iniciativa solicitando al Gobierno de España que apoyara la aprobación de sanciones a Vladimir Putin y a sus altos cargos responsables
de la invasión, así como la expulsión de los bancos rusos del sistema SWIFT y de la cancelación de las compras de petróleo, gas y carbón a Rusia. También los liberales propusimos el envío de equipamiento militar y de protección civil a Ucrania, así
como recursos logísticos como teléfonos por satélite, combustible, chalecos antibalas o sistemas de desminado. La gran mayoría de medidas que planteábamos en esa propuesta finalmente se pusieron en marcha o bien en el seno de la Unión Europea o
bien de forma bilateral.
Incluso cuando esta invasión acabe, y esperamos que sea pronto, el reto para Ucrania tiene una dimensión considerable. Tras la guerra tendrá que venir la reconstrucción, y los europeos debemos entender que esa reconstrucción debe estar
ligada a las aspiraciones europeístas de la gran mayoría de la sociedad ucraniana. De hecho, el pasado 4 de mayo en su comparecencia ante el pleno del Parlamento Europeo para anunciar el nuevo paquete de sanciones contra los altos cargos del
régimen de Vladimir Putin, la Presidenta de la Comisión Europea anunció que propondrá un plan de recuperación ambicioso
para Ucrania. Este paquete económico, siguiendo el ejemplo de Next Generation EU, serviría para financiar la reconstrucción del país tras la guerra y vendría ligado a la aprobación de reformas estructurales de carácter político, económico e
institucional que a su vez ayudarían a Ucrania a acercarse a la adhesión a la Unión Europea.
Por su parte, ya hay gobiernos nacionales de la Unión Europea que han anunciado que patrocinarán la recuperación de determinados sectores o lugares de Ucrania tras la guerra. Esto supone que serán estos gobiernos los encargados de financiar
o de coordinar la financiación de los esfuerzos de reconstrucción en esos aspectos particulares. Por ejemplo, el Gobierno danés ha hecho público que se encargará de la reconstrucción de la ciudad de Mykolaiv, que ha sido arrasada por las tropas
rusas. Otro ejemplo es el del Gobierno griego, que ha anunciado que se hará cargo de la reconstrucción del famoso hospital de maternidad de Mariúpol que fue devastado por la invasión. Por su parte, el Gobierno italiano también ha anunciado que se
encargará de la reconstrucción de teatro de esa ciudad, que también saltó a la fama por haber servido de refugio para cientos de personas. El Gobierno de España, en cambio, no ha anunciado aún que vaya a llevar a cabo ninguna iniciativa en este
sentido.
Dada la experiencia de España en materia de energías renovables y, en particular, la apuesta por el hidrógeno verde que están haciendo sectores económicos, sociales, fuerzas parlamentarias y gobiernos municipales, autonómicos y el Gobierno
de España, nuestro país puede ofrecer ese patrocinio a Ucrania en un sector esencial. Ucrania juega un papel fundamental en el suministro de gas a la Unión Europea, hasta el punto de que su operador gasista tuvo que cortar de emergencia un tercio
del flujo hacia la UE por un ataque ruso esta misma mañana. Tras la guerra, Ucrania puede seguir desempeñando ese papel vital en una economía que se orienta cada vez más hacia la sostenibilidad. En 2020, la Comisión Europea ya presentó su
Estrategia del Hidrógeno, cuyo objetivo es promover la producción de hidrógeno verde para que en el año 2050 esta fuente de energía se convierta en generalizada, en combinación con las energías renovables.
Ucrania dispone de importantes fuentes de energía como la solar, la eólica o la biomasa, que pueden ser herramienta para realizar los procesos necesarios para producir hidrógeno verde. De hecho, la Unión Europea prevé que se pueda
establecer en Ucrania una capacidad de producción de unos 10 GW, mientras que los propios expertos ucranianos estiman que podrán crear en torno a 45 millones de toneladas de hidrógeno, en torno a la mitad de lo que se está consumiendo actualmente en
todo el mundo. Ucrania podría así convertirse en suministrador de hidrógeno verde de gran relevancia para toda la Unión Europea, complementando así los esfuerzos que España está haciendo para hacer lo propio desde el suroeste del continente. Así,
España y Ucrania podrían, juntas, ser la vía para construir esa economía más sostenible que permita a las empresas europeas ser más competitivas en el mundo y dejar atrás las fuentes de energía menos respetuosas con la acción climática.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Negociar con su homólogo ucraniano el patrocinio español de la reconstrucción de las infraestructuras gasistas de Ucrania y su adaptación a la producción y distribución de hidrógeno.
2. Celebrar, conjuntamente con la Comisión Europea, una conferencia internacional de donantes en territorio español para recaudar compromisos de financiación por parte de gobiernos nacionales, organizaciones internacionales, empresas
privadas y actores sin ánimo de lucro para la reconstrucción y actualización del sistema de hidrógeno verde de Ucrania.
3. Facilitar la participación de empresas españolas en los esfuerzos que el Gobierno coordine para la reconstrucción y actualización del sistema de hidrógeno verde de Ucrania, aprovechando así su experiencia en este sector y abriendo nuevos
horizontes comerciales para las mismas.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo de 2022.-María Carmen Martínez Granados, Diputada.-Edmundo Bal Francés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Comisión de Cultura y Deporte
161/004185
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre el apoyo a las mujeres en el mundo del motor F1, para su debate en la
Comisión de Cultura y Deporte.
Exposición de motivos
El mundo de las competiciones del motor ha sido y es un terreno difícil para las mujeres, ya que tanto equipos como organizadores han puesto siempre dificultades para su contratación. Sin embargo, algunas de ellas han conseguido dar un paso
más allá y ya forman parte de la historia del automovilismo.
Genevra Delphine Mudgel en 1899 se ponía a los mandos de su Lacomobile por las calles de Nueva York y aunque conducía los modelos más rápidos del momento, nunca compitió, por lo que no se encuentran de ella logros reseñables. A pesar de
ello es reconocida como la primera mujer piloto de la historia.
'El único casco que debe llevar una mujer es el de la peluquería' dijo el director del Gran Premio de Francia, pero Maria Teresa de Filippis, a pesar de todos los obstáculos, fue capaz de disputar cuatro carreras entre 1958 y 1959 a los
mandos de un Masserati.
De Filippis abrió el camino a pilotos como Leila Lombardi, primera y única mujer que ha puntuado en la F1, entre 1974 y 1976. También llegaron a la F1 la británica Divina Galica, la sudafricana Desiré Wilson o Giovanna Amati en la década de
los 90. Otras cinco mujeres se han puesto a los mandos como pilotos probadoras y pilotos de desarrollo: María de Villota, tristemente fallecida; Simona de Silvestre; Susie Wolff; Carmen Jordá, y Tatiana Calderón.
Otros logros femeninos destacados en el mundo del automovilismo son los de mujeres como Clärenore Stinnes, que entre 1927 y 1929 dio la vuelta al mundo en su automóvil con la única compañía de un cinematógrafo y dos mecánicos; Michele
Mouton, ganadora de varias pruebas en el mundial de Rallyes, que subió al podio hasta en nueve ocasiones; Jutta Kleinschmidt, ganadora de dos etapas del Dakar, en 2001 se proclamó campeona a los mandos de un Mitsubishi; Danica Patrick, en 2008 se
convirtió en la primera mujer en ganar una carrera de las lndycar Series, al imponerse en las 300 millas de Japón.
También podemos hablar de las aportaciones realizadas por las mujeres para facilitar la conducción y la seguridad en la práctica deportiva y de competición, eso sí, enfrentándose al sexismo, la desigualdad y la discriminación.
Dorothy Levitt, una británica que logró el primer récord femenino de velocidad a principios del siglo XX, en un libro dedicado al automóvil aportaba una serie de consejos como un pequeño espejo para ver el tráfico que había detrás, tan
fundamental que hoy no podríamos conducir sin el espejo retrovisor. Floren Lawrence fue una actriz apasionada del motor que, en 1914, diseñó un artilugio de palo que movía de forma intermitente para indicar a los otros usuarios que el vehículo iba
a girar. Mary Anderson, mujer empresaria, tuvo la brillante idea de crear un dispositivo manual que se accionaba desde el interior para limpiar el parabrisas. Jume McCarroll pensó en dibujar una línea divisoria que permitiera circular a cada
vehículo por su carril evitando situaciones peligrosas. Sophie Opel fue la primera fabricante de automóviles de 1895.
Podríamos seguir hablando de Madame Labrousse o Camille du Gast como las primeras pilotos profesionales o de Emilia Pardo Bazán como la primera mujer española en tomar el volante de un coche, pero sería importante hacer mención a mujeres
valientes que sueñan con la F1. Valientes y españolas.
Marta García, Belén García y Nerea Martí son tres jóvenes pilotos que competirán en W Series, la suerte de F3 solo para mujeres. El primer objetivo es ser conocidas en este deporte del automovilismo donde el porcentaje en competición es
ínfimo. Quieren ser ejemplo para otras generaciones y ganar es el trampolín hacia otras competiciones y hacia los escalones inferiores de la F1.
Por ello, el reconocimiento del trabajo que durante la historia de este deporte las mujeres han realizado, con esfuerzo y constancia, se hace imprescindible, así como formular un compromiso hacia su visibilidad, especialmente como pilotos de
competición.
Por todo ello el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a que, en el marco de una gobernanza multinivel, de la que participen las Comunidades y Ciudades Autónomas se lleven a cabo:
1. Campañas de difusión de los eventos automovilísticos en los que participen mujeres piloto, tanto de pruebas como de desarrollo, así como en carreras de F3.
2. Expresar el reconocimiento a la labor de las mujeres en el mundo del automovilismo, en especial en el mundo de la F1, donde se encuentran mayores dificultades de acceso al pilotaje.
3. Propiciar la esponsorización de las pilotos y el apoyo de las administraciones para facilitar el acceso en igualdad y no discriminación a las competiciones mixtas.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo de 2022.-Yolanda Seva Ruiz y Juan Luis Soto Burillo, Diputados.-Guillermo Antonio Meijón Couselo y Rafaela Crespín Rubio, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.
161/004187
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la aprobación de un Plan
urgente de recursos humanos de los Museos de titularidad estatal para evitar su cierre y garantizar el derecho de acceso a la cultura, para su debate en la Comisión de Cultura y Deporte.
Exposición de motivos
El 18 de mayo se celebra el Día Internacional de los Museos, una festividad instaurada en 1977 para reconocer el papel crucial de estas instituciones en la vida cultural de cualquier país y para promover el rol que desempeñan en el
intercambio artístico y cultural, que permite la comprensión de otras culturas y formas de vida y de otros momentos históricos. El fin último de esta celebración es el de llamar la atención de la opinión pública en torno a sus actividades en todo
el mundo.
En España hay 16 museos de titularidad estatal que son los siguientes: el Museo Arqueológico Nacional, el Museo Cerralbo, el Museo de América, el Museo del Traje, el Museo Nacional de Antropología, el Museo Nacional de Artes Decorativas, el
Museo Nacional del Romanticismo y el Museo Sorolla, todos ellos en Madrid; así como el Museo Nacional de Arte Romano de Mérida; el Museo Nacional y Centro de Investigación de Altamira, Santillana del Mar; el Museo del Greco y el Museo Sefardí,
ambos en Toledo; el Museo Nacional de Cerámica y Artes Suntuarias, en Valencia, y el Museo Casa de Cervantes y el Museo Nacional de Escultura, estos dos últimos en Valladolid.
El lema de la celebración del día internacional de los museos en este año de 2022 fue El poder de los Museos. Sin embargo, ese poder del que hace gala el slogan, no puede ser desarrollado con aprovechamiento en España porque esas grandes
instituciones museísticas de titularidad estatal adolecen de graves carencias de personal que las han obligado a cerrar parte de sus salas o realizar recortes horarios, llegando incluso a cerrarse la mitad de las salas en el caso del Museo
Arqueológico Nacional o del Museo Sorolla, lo cual ha provocado cientos de quejas de visitantes y turistas que no pudieron completar las visitas que pretendían realizar.
Según la detallada información proporcionada por el diario ABC durante la primera semana de mayo, el Museo del Romanticismo tiene trece de sus veintiséis salas cerradas al contar con la mitad de los vigilantes que debería tener en plantilla;
el Museo Nacional de Antropología ha tenido que recurrir a cerrar las exposiciones temporales por la misma razón. Esta situación se vendría repitiendo en diferentes museos desde hace más de dos años. En el Museo Sorolla hay registradas más de
doscientas quejas por el cierre de la exposición temporal en el turno de mañana. En el caso del Museo Arqueológico Nacional, la clausura se centra en la segunda planta, en las secciones de los reinos cristianos y la Edad Moderna, además de la
exposición 'La moneda, algo más que dinero', siendo estas prácticamente la mitad de las
salas. El Museo de América cierra días enteros durante la semana. El Museo Sorolla cierra por las mañanas la exposición temporal 'La edad dichosa', sobre la infancia en la obra del pintor, ante la imposibilidad de disponer de personal para
atenderla más allá del horario de tarde.
La respuesta del Ministerio de Cultura ha sido que estas situaciones de falta de personal se deben a la entrada en vigor del cuarto convenio único del personal laboral, que ha supuesto la transformación de la categoría laboral de los
vigilantes, lo que impide que cubran las bajas de porteros, jefes de planta o taquilleros. Igualmente han afectado el goteo de jubilaciones, el bloqueo de sus reposiciones, la reducción de las plantillas y los traslados de personal efectuados.
Todo ello con una enorme falta de previsión ante las consecuencias inevitables de todos estos factores y sin haber negociado con el Ministerio de Administraciones Públicas el establecimiento de mecanismos de solución a esta delicadísima situación.
En el segundo semestre de 2021 todos los museos estatales abrieron gratis por falta de personal, con la excusa de recuperar el hábito de visitarlos, después de la pandemia.
El sindicato UGT remitió recientemente una carta al ministro de Cultura en la que se pone de manifiesto precisamente esta ausencia de previsión por la entrada en vigor del convenio colectivo, situación que califica de 'total desastre'.
Después de más de dos años de convivencia con la COVID-19, con un confinamiento total primero, que supuso el cierre de todos los museos, y con importantes restricciones en la movilidad para toda la población mundial, hemos entrado por fin
desde esta primavera de 2022 en una situación en la que se recuperan los viajes, al haberse alcanzado, en la Unión Europea al menos, un porcentaje significativo de población vacunada con varias dosis. El turismo es uno de los sectores que más
aporta a la economía española. De esa actividad dependen los servicios de alojamiento, de ocio, de restauración o de transporte. Si se pretende recuperar la actividad previa a la pandemia y el número de visitantes que recibía nuestro país, así
como el turismo interior y la actividad social y cultural que se daba antes de irrumpir el COVID-19 en nuestras vidas, hay que poner todas las medidas posibles en marcha, recuperando también los museos como motor e impulso de la vida cultural de las
ciudades y permitiendo a la ciudadanía que disfrute del derecho recogido en el artículo 44 de nuestra Constitución: 'Los poderes públicos promoverán y tutelarán el acceso a la cultura, a la que todos tienen derecho'. Un artículo de la Constitución
que se está vulnerando flagrantemente al no dar el Ministerio solución a esta situación.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno, con la finalidad de garantizar el derecho de acceso a la cultura que establece el artículo 44.1 de la Constitución Española, a la aprobación, con carácter urgente, de un Plan de Recursos
Humanos para los Museos de titularidad estatal y entidades expositivas dependientes del Ministerio de Cultura, para asegurar la protección de las obras que albergan y evitar el cierre de sus salas o la restricción del horario de apertura,
solventando los actuales problemas sufridos en los museos de titularidad estatales en un plazo máximo de tres meses.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de mayo de 2022.-Marta González Vázquez, María Soledad Cruz-Guzmán García, Eduardo Carazo Hermoso, José Alberto Herrero Bono, Javier Merino Martínez, Óscar Gamazo Micó, Carlos Aragonés Mendiguchía,
Alberto Casero Ávila y Juan Luis Pedreño Molina, Diputados.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión de Asuntos Económicos y Transformación Digital
161/004176
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para mejorar la gestión y la
eficacia de los Fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, para su debate en la Comisión de Asuntos Económicos y Transformación Digital.
Exposición de motivos
El 21 de julio de 2020 el Consejo Europeo aprobó la creación del programa Next Generation, como respuesta coordinada a los efectos económicos y sociales que la pandemia de la COVID-19 produjo en los Estados miembros de la UE. Ha supuesto un
hito sin precedentes en la política europea, tanto por la cantidad de fondos movilizados como por la estructura de financiación o el diseño de su gobernanza.
El Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) constituye el elemento más importante del Next Generation EU, proporcionando a España 70.000 millones de euros en transferencias no reembolsables en el periodo 2021-2026, que se unen a las
procedentes del REACT- EU, el Fondo de Transición Justa y el Fondo de Desarrollo Rural, todos ellos también dentro del programa, de forma que la dotación total destinada a España supera los 85.100 millones de euros. A estas transferencias hay que
sumar 84.000 millones de euros en préstamos que el MRR destina a España.
El MRR supone la mayor oportunidad de nuestra historia reciente para salir de una crisis económica mediante inversiones y reformas que incrementen nuestro potencial de crecimiento y creen empleo estable apoyados en cuatro ejes transversales:
la transformación digital, la transición energética, la cohesión social y territorial y la igualdad de género.
Además de representar una oportunidad histórica, supone una gran responsabilidad como país, ya que estos fondos hay que devolverlos de forma directa, los préstamos, o indirecta, los fondos no reembolsables que se financiarán con las
aportaciones futuras de los Estados miembros. Para que no sea una carga que trasladamos a las generaciones futuras es necesario que se invierta (no se gaste) en proyectos que permitan mejorar la competitividad y productividad de nuestras empresas,
que creen riqueza y empleo, y que generen los recursos suficientes para poder devolver estos fondos sin coste para nuestros hijos.
El 13 de julio de 2021, el ECOFIN, aprobó el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Reino de España (PRTR), estructurándose en torno a diez políticas palanca, donde se fijan treinta componentes que articulan 212 programas de
inversión y reformas estructurales.
Una vez cerrado el primer ejercicio de aplicación del PRTR el balance de su ejecución se puede definir como decepcionante en base a su nulo impacto sobre el crecimiento de la economía española en 2021, cifrado en 0,3 puntos porcentuales por
el Banco de España. Además, la AIREF ha rebajado para 2022 el impacto del crecimiento asociado al PRTR desde el 2,5 % del PIB al 1,8 %.
En primer lugar, la opacidad y la falta de transparencia han sido rasgos inherentes al desarrollo de la ejecución del plan, sin disponer de datos de ejecución real en términos de contabilidad nacional del dinero que llega al tejido
productivo desde el 31 de agosto publicado por la IGAE. El desarrollo del sistema de información de gestión, denominado CoFFEE-MRR (Plataforma Común de FFFEE -Fondos Europeos-, módulo del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia) sigue sin estar
operativo tras meses de demora, perjudicando el control asociado a los fondos.
En segundo término, no existe Cogobernanza. No se ha contado con las CCAA en el diseño del plan, no se les permite flexibilidad, ni adaptabilidad de las inversiones a las particularidades de sus territorios y se les impide llevar a cabo una
planificación plurianual consistente, dado que cada Conferencia Sectorial cuenta con sus propios criterios de territorialización y horizonte temporal. Tampoco existe consenso sobre aspectos esenciales como el tratamiento del IVA a efectos de su
consideración como gasto subvencionable, generando inseguridad jurídica.
El Reglamento del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, en sus artículos 18 y 28, señala con claridad la necesidad de contar con las autoridades locales y regionales, así como con la sociedad civil, tanto en la fase de planificación como
en la de ejecución. No se hizo en la elaboración del plan nacional de recuperación, sigue sin hacerse ahora en la elaboración y publicación de convocatorias, y ha sido denunciado por el presidente del Comité Europeo de las Regiones.
En tercer lugar, existen cada vez más dudas en torno a la eficacia y eficiencia de las inversiones, sobre la calidad de los proyectos o el diseño de convocatorias y licitaciones. Transcurrido un año los PERTES no terminan de arrancar, se
están tramitando inversiones que ya estaban previstas o no son innovadoras, algunas incrementarán el gasto estructural, con fragmentación de convocatorias que reducen el impacto tractor en los sectores económicos, y el tejido productivo manifiesta
su desánimo por la falta de información y accesibilidad para concurrir, lo que se traduce en que tan solo un 16,6 % de las empresas esté interesado en acudir a las convocatorias según el Banco de España.
Por último, el desarrollo del PRTR no contempla la posibilidad de aplicar recursos utilizando la vía de los incentivos fiscales, que movilizaría fondos a familias y empresas de manera ágil, sencilla y monitorizable, tal como han hecho
Italia, Francia, Portugal, Grecia o Suecia.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados, ante el fracaso en la gestión actual de los fondos europeos y su incapacidad para llegar realmente a nuestro tejido productivo y contribuir al crecimiento y la creación de empleo, insta al Gobierno a:
- Reprogramar las inversiones asociadas al PRTR español, con el fin de potenciar su efecto tractor sobre el conjunto de nuestra economía, facilitando el acceso de pymes y autónomos.
- Replantear el marco de gobernanza del PRTR, donde se tengan en cuenta las necesidades reales de las CCAA en la determinación de los criterios de reparto de los fondos asignados en las conferencias sectoriales, y se les permita realmente
tomar decisiones sobre las inversiones que mejor se ajusten a las necesidades de sus territorios.
- Implantar los medios necesarios que faciliten la transparencia y la rendición de cuentas al conjunto de la sociedad; comenzando por la propia Plataforma Común para los Fondos Europeos.
- Plantear, de manera urgente, incentivos fiscales con cargo al PRTR aplicables a familias y empresas que realicen inversiones que contribuyan al cumplimiento de los objetivos del PRTR.
- Abrir un proceso de diálogo con el sector privado, con todas las fuerzas políticas y con el resto de administraciones públicas, CCAA y EELL, para elaborar la adenda al plan de recuperación necesaria para solicitar los 84.000 millones en
créditos del MRR.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo de 2022.-Miguel Ángel Castellón Rubio, Pablo Hispán Iglesias de Ussel, Jaime Eduardo de Olano Vela y Mario Garcés Sanagustín, Diputados.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión de Sanidad y Consumo
161/004180
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Confederal Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común presenta, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la presente Proposición no de Ley para
su debate y aprobación en la Comisión de Sanidad y Consumo, relativa a la equidad, universalidad y cohesión del Sistema Nacional de Salud.
Exposición de motivos
La Declaración Universal de los Derechos Humanos de Naciones Unidas, en su artículo 25.1, establece el derecho de las personas a disfrutar de un nivel de vida suficiente para asegurar su salud. Esto, según varias interpretaciones jurídicas,
puede indicar que existe una obligación de los poderes públicos a establecer medidas que garanticen la protección de la salud general. A este respecto, el artículo 43 de la Constitución Española (CE) reconoce el derecho a la protección de la salud
como herramienta primordial para la cohesión social, debido a que su cumplimiento responde a las condiciones de universalidad y equidad como principios rectores en la cúspide de nuestro ordenamiento jurídico. Sin embargo, en la actualidad no se
consagra una garantía absoluta y universal de este derecho.
Durante décadas se ha demostrado que la universalización de la protección de la salud en España es posible. Según datos del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, en el año 2005 se rozó la universalización, con coberturas con
financiación pública que alcanzaron un 99,8 % de los ciudadanos, siendo el Sistema Nacional de Salud responsable de un 95 % de esa cobertura 12. Sin embargo, el acceso
12 Microsoft Word - Portadilla.doc (seg-social.es).
a la misma no está plenamente garantizado con carácter universal, ya que no todas las personas residentes en territorio español pueden acceder a un servicio público sanitario. La Ley 14/1986, General de Sanidad, establece el reconocimiento
de este derecho por medio de la residencia en el territorio nacional, lo que superpone el trámite administrativo por encima del carácter inherente de este derecho. La introducción de este requisito supone un elemento discriminatorio que afecta a
los principios de equidad y de universalización de la cobertura sanitaria pública.
La universalización, defendida tanto desde los tratados internacionales firmados por el Estado español como desde la propia Constitución, debe materializarse en una formulación política y legal que sea sustentada de forma patrimonial y
financiera para hacerse efectiva. Por este motivo, y con la intención de eliminar las principales barreras a la asistencia por medio del reconocimiento a la titularidad del derecho, es necesario que legalmente se vuelva a una definición inclusiva
donde la titularidad del derecho a la atención pública sanitaria se realice por medio del empadronamiento.
El derecho a la protección de la salud, reconocido en el artículo 43 CE, debe ser asegurado por medio de una cobertura sanitaria pública y gratuita que no discrimine a las personas por su capacidad económica o su situación administrativa.
Sin embargo, la Ley General de Sanidad, en su capítulo II, abre la puerta a realizar conciertos sanitarios bajo el marco del artículo 38 CE, relativo a la libertad de empresa. Paradójicamente, los conciertos sanitarios son en esencia contrarios a
la voluntad universalizadora del derecho a la asistencia sanitaria, ya que tienden a la segmentación de la prestación de estos servicios hacia la cobertura exclusiva de quienes puedan pagar una asistencia sanitaria privada.
En este sentido, y profundizando en el capítulo II de la Ley General de Sanidad, en la actualidad no contamos con un desarrollo legislativo de conceptos tales como el de 'alto interés social', que es precisamente lo que definiría la
capacidad de percibir subvenciones económicas no periódicas por parte de empresas privadas. La experiencia empírica ha demostrado que la privatización de las prestaciones sanitarias no solo dedica menos presupuesto al paciente que una gestión
directa desde la Administración pública, sino que no hay prueba de que la gestión privada sea más beneficiosa partiendo de las mismas ratios de inversión. Por otro lado, los datos demuestran que las privatizaciones y los recortes han empobrecido y
deteriorado el dispositivo público encargado de garantizar la igualdad en el acceso a la protección de la salud. Existen ejemplos de sobra en todo el territorio del Estado, siendo quizás el más claro y mediático el relativo a la gestión del
departamento de salud de Torrevieja, en Alicante.
Por otra parte, los acuerdos de Gobierno firmados por el PSOE y Unidas Podemos recogen (en su punto 2.2.3) el compromiso de revisar la Ley 15/1997, de habilitación de nuevas formas de gestión del Sistema Nacional de Salud, así como otros
mecanismos normativos que abren la puesta a las privatizaciones sanitarias. Este compromiso refleja la naturaleza del acuerdo político, así como las estructuras básicas de funcionamiento y acción del Gobierno. La revisión y derogación de esta ley,
tanto en forma como en fondo, responde a los efectos negativos que ha provocado y al deterioro tanto de los servicios de atención como de las propias instalaciones sanitarias públicas. Esta ley amparó los procesos privatizadores de la gestión y
administración de los centros y servicios sanitarios, lo que ha fagocitado el sistema público de salud y por tanto menguado la equidad y la universalización de acceso a los servicios de salud, en contra de lo dispuesto en el artículo 43 de la
Constitución.
Por todo ello se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Definir como titulares del derecho a la atención sanitaria pública a todos los habitantes empadronados en cualquier municipio del territorio español.
2. Garantizar la atención sanitaria a menores de edad, mujeres embarazadas y una atención universal por urgencias independientemente de la situación legal del beneficiario.
3. Derogar en forma y fondo la Ley 15/1997, sobre habilitación de nuevas formas de gestión del Sistema Nacional de Salud.
4. Generar las medidas de cautela necesarias para garantizar la universalidad del derecho de acceso a los servicios sanitarios públicos.
5. Formular un marco jurídico que habilite a las comunidades autónomas para abrir un proceso de desprivatización de los servicios de salud asegurando que, a su finalización, los contratos privados o conciertos existentes sean revertidos
hacia una gestión pública directa.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo de 2022.-Rosa María Medel Pérez, Diputada.-Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común.
161/004182
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para la eliminación de la obligatoriedad del uso de mascarillas
en aviones para su debate en la Comisión de Sanidad y Consumo.
Exposición de motivos
Hace unas semanas, el Gobierno de España aprobó el Real Decreto que acababa con la obligatoriedad del uso de mascarillas en interiores, produciéndose unos días después de que se aprobara en el Pleno del Congreso de los Diputados la
proposición no de ley del Grupo Parlamentario Ciudadanos que instaba al Gobierno a tomar dicha medida. Finalmente, y tras muchas reticencias, el Gobierno accedió a tomar una decisión que la situación de la pandemia de COVID-19 en España permitía
tomar, como ya habían recordado expertos y sociedades científicas. Las vacunas han sido efectivas, evitando que las personas sin comorbilidades y otro tipo de vulnerabilidades que se contagian con el SARS-CoV-2 desarrollen una enfermedad muy leve,
y que aquellas que sí tienen esas vulnerabilidades puedan evitar un cuadro clínico grave o el fallecimiento.
En este contexto, era necesario relajar las restricciones impuestas a la vida cotidiana, principalmente porque el perjuicio que provocan en las relaciones sociales, transacciones económicas o en el desarrollo socioemocional de la ciudadanía
es mayor que el beneficio que producen. Así, el Real Decreto 286/2022, de 19 de abril, por el que se modifica la obligatoriedad del uso de mascarillas durante la situación de crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19 eliminó la obligatoriedad del
uso de mascarillas en interiores salvo en algunas excepciones. Por un lado, la mascarilla sería obligatoria únicamente en centros hospitalarios, sanitarios y sociosanitarios, así como en establecimientos sanitarios como las farmacias; por otro
lado, también seguiría siendo obligatoria en los transportes de cualquier tipo, pero no necesariamente en andenes, estaciones, puertos o aeropuertos. Esto hacía obligatorio, por ejemplo, que se utilizara la mascarilla cuando un ciudadano sube a un
vagón de tren, a un autobús o a un avión.
En el caso del transporte aéreo, de hecho, la obligatoriedad se topó con el hecho de que en multitud de jurisdicciones esta medida de llevar obligatoriamente mascarilla en el avión ya no existía. La mayoría de los aviones comerciales
cuentan con filtros HEPA (High Efficiency Particulate Air), en los que la circulación del aire hace que los flujos del mismo no se crucen o lo hagan mínimamente. El aire en la cabina de las aeronaves se renueva cada tres minutos de media mientras
el avión está en el aire, puesto que el 60 % del aire es fresco y procede del exterior, mientras que el 40 % restante es el que pasa por esos filtros HEPA. Esta divergencia entre las jurisdicciones sometía a los viajeros a una incertidumbre sobre
la obligatoriedad o no de llevar mascarilla en un avión, por ejemplo, que comenzara su trayecto en una jurisdicción donde existía dicha obligatoriedad, como España, y que atravesara y/o finalizara dicho trayecto en una jurisdicción en la que no
existía dicha obligatoriedad.
Para evitar dicha inseguridad, la Agencia Europea de Seguridad Aérea (AESA) y el Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades (ECDC) han anunciado una actualización del protocolo conjunto de seguridad sanitaria en la
aviación en la que se retira la recomendación a las autoridades nacionales de que se decrete su uso obligatorio tanto en la espera en el aeropuerto como durante el trayecto de avión. Esta actualización, de acuerdo a las agencias implicadas, refleja
la nueva situación epidemiológica y la situación mucho más favorable que tenemos actualmente gracias a los niveles de vacunación en la Unión Europea.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a eliminar la obligatoriedad del uso de mascarillas en línea con la actualización del protocolo conjunto de seguridad sanitaria en la aviación realizado por la Agencia Europea de Seguridad
Aérea (AESA) y el Centro Europeo para la Prevención y el Control de enfermedades (ECDC), incluyendo la eliminación de la obligatoriedad del uso de mascarillas en aviones.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo de 2022.-Guillermo Díaz Gómez, Diputado.-Edmundo Bal Francés, Portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades
161/004186
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para su debate en la Comisión de
Ciencia, Innovación y Universidades, relativa al impulso de la ciencia ciudadana.
Exposición de motivos
El término 'ciencia ciudadana', conocida también como ciencia cívica, ciencia en red, ciencia colaborativa, crowd Science o crowd-sourced Science, hace referencia a las investigaciones llevadas a cabo por personal científico con la
colaboración de personas no profesionales y aficionadas, como una forma de colaboración abierta y de micromecenazgo. Más concretamente, el Green Paper on Citizen Science publicado por el proyecto Socientize de la Unión Europea en 2013, describe la
ciencia ciudadana como 'el compromiso del público general en actividades de investigación científica, cuando los ciudadanos contribuyen activamente a la ciencia con su esfuerzo intelectual o dando soporte al conocimiento con sus herramientas o
recursos'. Describe esa situación, en la que los voluntarios aportan datos a la investigación y adquieren nuevos conocimientos y habilidades científicas como un 'escenario abierto, colaborativo y transversal, en el que las interacciones entre
ciencia, sociedad y políticas investigadoras mejoran, conduciendo a una investigación más democrática, basada en la toma de decisiones a partir de evidencias informadas surgidas del método científico, total o parcialmente, por parte de científicos
amateurs o no profesionales'.
El marco de los derechos fundamentales incluye el reconocimiento del derecho de toda persona a participar libremente en la cultura, a compartir y beneficiarse de la ciencia y la tecnología. En ese sentido, el artículo 27 de la Declaración
Universal de los Derechos Humanos proclama que: 'Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten'. En el
mismo sentido se manifiestan el artículo primero de la constitución de la Unesco, el artículo 15 del Pacto Internacional de los Derechos Económicos Sociales y Culturales y el artículo 44 de la Constitución Española.
Para tal fin, la ciencia ciudadana propone que la ciudadanía pueda tomar parte en todas las etapas del proceso científico. Así, se plantea que se involucre en la recogida de datos (proyectos contributivos), en proyectos estructurados por
los científicos para ofrecer herramientas participativas tanto en su diseño como en la recogida y el análisis de datos (proyectos de colaboración) y también en proyectos en los que los ciudadanos y ciudadanas participan en todas las etapas del
proceso científico (proyectos co-creativos). Todo esto con el objetivo de que la ciencia colabore en la construcción de sociedades del conocimiento y estas puedan contribuir, a su vez, al desarrollo de una ciencia más inclusiva, al empoderamiento
de las comunidades y a una mayor cultura participativa y democrática.
Especial mención cabe hacer a la perspectiva de género en todos los procesos aquí descritos. La ciencia ciudadana ha realizado esfuerzos importantes para incrementar la accesibilidad a la información
relativa a la vida de las mujeres alrededor del mundo, señalando las cuestiones clave e informando sobre oportunidades para acelerar el progreso de las cuestiones de género: inequidades persistentes (desigualdades entre hombres y mujeres,
desigualdades económicas entre países, desigualdades en el interior de los países); sexualidad y reproducción; enfermedades; roles de las mujeres; y bienestar de niñas y adolescentes, pubertad y maduración, entre otros.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Impulsar la participación ciudadana a través de las instituciones públicas y el sistema universitario en los procesos de generación de conocimiento y ciencia, promoviendo que los centros de investigación incluyan entre sus objetivos la
contribución a la sociedad del conocimiento.
2. Impulsar la creación de unidades que dinamicen, promuevan, coordinen y organicen actividades y proyectos de cultura científica en los centros financiados con recursos públicos.
3. Fomentar un marco de financiación estable y a largo plazo, que permita el desarrollo de actividades y proyectos de largo recorrido para la cultura científica de participación ciudadana.
4. Potenciar el estrechamiento de las relaciones entre ciencia y sociedad a través del reconocimiento de las actividades de fomento de la cultura científica de participación ciudadana en la evaluación del personal, los proyectos y los
centros de l+D+i.
5. Establecer unos criterios e indicadores claros para evaluar las actividades de cultura científica en todos los niveles
6. Fomentar que la ciencia salga al encuentro de los ciudadanos y buscar fórmulas innovadoras para establecer un diálogo con la ciudadanía más alejada de la actividad investigadora.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de mayo de 2022.-Javier Sánchez Serna, Diputado.-Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común.
Comisión de Igualdad
161/004170
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Republicano, a instancia de la Diputada Pilar Vallugera i Balañà, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre medidas para
combatir la presión estética para su debate en instancia en la Comisión de Igualdad.
Exposición de motivos
La presión estética debe ser abordada como una forma de violencia hacia el conjunto de la ciudadanía, pero en especial hacia niñas, adolescentes y mujeres. A su vez, es una problemática totalmente transversal, es decir, no puede trabajarse
únicamente desde un organismo público en particular, como puede ser una administración local, o desde un ámbito público, como puede ser la sanidad. La presión estética afecta a la población tanto en su vida pública como privada, y debe ser
combatida a todos los niveles administrativos y desde todos los ámbitos competentes, no pueden obtenerse resultados positivos sin la implicación de sanidad y consumo, educación, empresa o audiovisual, entre otros.
En la línea de lo expuesto, el Departament d'lgualtat i Feminismes de la Generalitat de Catalunya ha puesto en marcha un plan para combatir la presión estética, cuyo objetivo es dar una respuesta política para hacer frente a los cánones
estéticos que originan, reproducen y extienden los estereotipos y las discriminaciones de género, raciales y capacitistas. A su vez, se pretende aumentar la consciencia social sobre el impacto de la presión estética en el bienestar físico y
emocional a lo largo de todo el ciclo vital de
las personas, especialmente el de las mujeres. Las medidas de este plan de acción se estructuran alrededor de cuatro ejes estratégicos, que son publicidad, consumo y alimentación; redes sociales; cultura y medios de comunicación; y el
ámbito social que incluye, de entre otros, el mundo laboral y el deporte.
Es en los ámbitos de publicidad, redes sociales y medios de comunicación en los que se plantea la presente iniciativa, ya que son aspectos con un ámbito competencial estatal, donde las administraciones autonómicas carecen de competencias
para legislar unilateralmente.
Es preciso hacer mención de los datos que sustentan las iniciativas actuales. Sin duda, es cuanto menos alarmante que el 47 % de las adolescentes entre 12 y 16 años de edad quieran adelgazarse, según la 'Associació contra l'Anoréxia i la
Bulímia de Catalunya', y el 41 % haya hecho alguna vez dieta por su cuenta y sin consejo profesional. Por otra parte, las enfermedades relacionadas con los trastornos alimenticios afectan a alrededor de 28.000 adolescentes y jóvenes en Catalunya,
según los datos del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, esto supone el 5 % de adolescentes femeninas en nuestro territorio. ¿Qué entienden estas jóvenes por presión estética? Los cuerpos que aparecen en televisión, en el cine, en
las redes sociales o en la publicidad. Cuerpos leídos socialmente como perfectos, jóvenes y delgados, en algunos casos incluso por debajo de niveles saludables. Cuerpos que crean un imaginario social donde no hay cuerpos válidos fuera de la norma.
Con todo, las administraciones catalanas no han sido las únicas en dar el aviso sobre la gravedad de la situación. En la Comunidad de Madrid, el Hospital Infantil Universitario Niño Jesús registró un 20 % más de ingresos por trastornos
alimentarios durante el año 2020, principalmente por anorexia nerviosa, los especialistas médicos del centro señalaron un claro culpable de estas patologías alimentarias: las redes sociales. También se ha unido a esta reivindicación el Centro
Adalmed de Madrid. Natalia Paniego Díaz, psicóloga experta en trastornos de conducta alimentaria, confirmaba en una entrevista en diciembre de 2021 que el incremento de estos casos en los últimos años se debe en gran parte a las plataformas de
exposición pública y, a su vez, señalaba que las principales víctimas son las mujeres jóvenes al existir una mayor presión estética social sobre ellas.
Vidas distorsionadas y presión estética es lo que emiten en masa y a diario las plataformas de contenido audiovisual actuales. Los creadores de contenido audiovisual, conocidos comúnmente como 'influencers', transmiten falsas expectativas
que provocan frustraciones tempranas en los jóvenes, ya que en su gran mayoría son modelos inalcanzables. El riesgo de desarrollar conductas patológicas se dispara cuando se genera la fijación y la identificación con estos modelos. Importante
señalar que a la sobreexposición a vidas y cuerpos reconocidos socialmente como perfectos se suma el efecto a corto plazo que impulsan las redes sociales. Esto es, subir una foto y generar de manera inmediata 'likes' y comentarios genera una
valoración social adictiva en los jóvenes, que imitan a los 'influencers', quienes consiguen a diario dicha valoración ficticia con sus contenidos. Además, en los últimos dos años se ha creado la herramienta de los filtros en casi todas las redes
sociales, dicha herramienta permite a todos los usuarios retocar y tergiversar su propia imagen. Es decir, se trata de un Photoshop automático y de fácil acceso disponible para todos los usuarios.
El marco internacional europeo actual nos ofrece una comparativa para observar qué medidas son las más adecuadas para implementarse y mitigar la presión estética entre adolescentes y jóvenes, en la publicidad en medios convencionales y en
las redes sociales. En primer lugar, el Ministerio de Infancia e Igualdad de Noruega desarrolló en 2021 una ley sobre marketing donde se determina que, si una 'influencer' recibe una retribución por una publicación en las redes sociales, tendrá que
declarar si su figura o facciones han sido editadas y si ha usado algún filtro a través de un 'hashtag' aprobado por el gobierno. También se aplica a anuncios convencionales y a fotografías.
En segundo lugar, en Reino Unido, también en 2021, a raíz de un activismo social promovido por la modelo Sasha Pallari, se impulsó un hashtag -#filterdrop- a través del cual se denuncian contenidos audiovisuales que emplean filtros de
belleza para vender sus productos. Dicha iniciativa, originada por los resultados de una encuesta de 'Girlguiding', donde se observa que un tercio de las niñas y jóvenes inglesas buscan alterar su imagen usando filtros, promovió que la autoridad
inglesa encargada del autocontrol publicitario, 'Advertising Standards Authority (ASA)', prohibiera el uso de filtros de belleza a las 'influencers' patrocinadoras y a las marcas que sacaran provecho.
Por último, el ejemplo de Francia, país que desde 2017 obliga a los creadores de contenido audiovisual, como los del sector de la moda, a indicar cuándo una imagen está modificada con Photoshop.
Con todo, queda expuesta la relevancia de la situación y las graves implicaciones para la salud de la población, especialmente de mujeres jóvenes, así como ejemplos de medidas que pueden ser aplicadas desde las administraciones para regular
los contenidos de las plataformas audiovisuales.
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta el Gobierno español a:
1. Realizar, en un plazo de 3 meses, las modificaciones normativas necesarias para prohibir la comunicación comercial audiovisual que fomente o induzca a las personas consumidoras a tener hábitos no saludables o que puedan incitar o
fomentar trastornos alimentarios como son la anorexia y la bulimia, entre otros.
2. Realizar, en un plazo de 3 meses, las modificaciones normativas necesarias para que la comunicación comercial audiovisual que fomente la presión estética presentando imágenes del cuerpo o partes del cuerpo que hayan sido manipuladas o
retocadas esté señalizada como tal.
3. Realizar, en un plazo de 3 meses, las modificaciones normativas necesarias para asegurar la protección de los menores frente a las comunicaciones comerciales audiovisuales, asegurando que las comunicaciones comerciales no incurran en la
incitación de conductas dañinas o el fomento de estereotipos por razón de apariencia física.
4. Realizar, en un plazo de 3 meses, las modificaciones normativas necesarias para asegurar la protección de los menores frente a las comunicaciones comerciales audiovisuales, asegurando que las comunicaciones comerciales no promoverán la
presión estética o el rechazo a la autoimagen apelando al rechazo social por la apariencia física, o al éxito social debido a factores de peso o estética.
5. Realizar, en un plazo de 3 meses, las modificaciones normativas necesarias para asegurar la protección de los menores frente a las comunicaciones comerciales audiovisuales sobre productos especialmente dirigidos a menores, como los
juguetes, no reproducirán estereotipos de carácter sexista, racista, estético o de carácter homofóbico o transfóbico o por razones de discapacidad.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de mayo de 2022.-Pilar Vallugera Balañà, Diputada.-Gabriel Rufián Romero, Portavoz del Grupo Parlamentario Republicano.
161/004173
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre mujeres frente a las violencias en Ucrania, para su debate en la Comisión de
Igualdad.
Exposición de motivos
El pasado 24 de febrero se produjo la invasión de Ucrania por parte de Rusia, una invasión injustificada que ha dado lugar a una guerra que vulnera todos los acuerdos internacionales, pone en riesgo la estabilidad no solo europea, sino
internacional.
Según los datos facilitados por Naciones Unidas, desde el inicio del conflicto armado, 4,215 millones de personas han abandonado sus hogares en Ucrania para huir buscando refugio en países vecinos, como Polonia, la República de Moldovia,
Eslovaquia, Hungría, Rumania y Bielorrusia. Este éxodo de población civil, en su mayoría, está compuesto por mujeres, niños y niñas en una situación muy precaria y vulnerable. Esto hace que sea extremadamente sencillo que sean víctimas de
agresiones o violencia sexual, y/o que acaben cayendo en manos de redes internacionales de trata y tráfico de personas. Tanto los/as menores como las mujeres son un objetivo fácil para las mafias.
Tampoco podemos olvidar el riesgo que corren las mujeres y las niñas y niños de sufrir agresiones sexuales y violaciones durante las contiendas bélicas, donde las mujeres pueden llegar a ser utilizadas como armas de guerra. De hecho, ya nos
está llegando información de que mujeres y niñas ucranianas, una vez que las tropas rusas han abandonado las ciudades y pueblos que estas habían invadido, están acudiendo a la policía y a las ONG de defensa de los Derechos Humanos para contar las
agresiones sexuales y violaciones masivas que han sufrido.
El pasado 3 de marzo, la presidenta de la Eurocámara, Roberta Metsola, en una reunión de la comisión interparlamentaria con motivo de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, alabó 'a
las mujeres increíblemente valientes de Ucrania, que luchan obligadas a albergar a sus seres queridos en búnkeres, que dan a luz en estaciones de metro en desuso, que son líderes en primera línea y que son testimonio de coraje, fuerza y
resiliencia incluso en las peores circunstancias'. Unas certeras palabras que ponen en valor la valentía y el arrojo de estas mujeres que, en situaciones tan adversas, son capaces de enfrentarse a la realidad desde la primera línea de combate. Sin
embargo, no podemos dejar de señalar, de la misma manera, que las mujeres que han abandonado Ucrania con sus hijos e hijas, además de dejar atrás a sus seres queridos, van a perder su libertad y su autonomía, ya que se verán obligadas a depender del
país donde soliciten refugio.
El análisis de la guerra en Ucrania resultaría incompleto si no se incluyen las situaciones características por las que atraviesan las mujeres y los retos específicos que tienen que afrontar. Como decía la Premio Nobel de Literatura Svelana
Alexiévich en su ensayo La guerra no tiene rostro de mujer, 'En lo que narran las mujeres no hay, o casi no hay, lo que estamos acostumbrados a leer y escuchar: cómo unas personas matan a otras de forma heroica y finalmente vencen. O cómo son
derrotados [...]. Los relatos de las mujeres son diferentes y hablan de otras cosas [...]. Tiene sus propias palabras. En esa guerra no hay héroes ni hazañas increíbles, tan solo hay seres humanos involucrados en una tarea inhumana'.
Las Naciones Unidas llevan décadas señalando la particular situación de las mujeres en los conflictos armados. La Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, de 1995, incluyó entre sus áreas prioritarias la denominada 'La mujer y los
conflictos armados'. Fue la primera vez que en un acuerdo internacional se puso de manifiesto la importancia de abordar, entre otras cuestiones, la seguridad de las mujeres. Más tarde, en el año 2000, la Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de
Naciones Unidas, estableció un marco jurídico y político que reconocía la importancia de la participación de las mujeres, así como la inclusión de la perspectiva de género en las negociaciones de paz, la planificación humanitaria, las operaciones de
mantenimiento de la paz y la consolidación de la misma en situaciones posteriores a un conflicto. Posteriormente, en 2008, la Resolución 1820 fue la primera en reconocer la violencia sexual como táctica de guerra y señalando que la violación y
otras formas de violencia sexual pueden constituir un crimen de guerra, un crimen contra la humanidad o un acto de genocidio.
Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo parlamentario Socialista en el Congreso de los Diputados presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Promover en el seno de la Unión Europea la aplicación de la perspectiva de género en todas las políticas que afecten a las personas refugiadas en los diferentes países de acogida, así como el desarrollo de medidas concretas y específicas
para evitar que las mafias de la prostitución y las redes de trata capten a las mujeres que huyen de la guerra, prestando especial atención a la vigilancia en las fronteras de Ucrania y en los países limítrofes.
2. Reforzar la labor que está llevando a cabo la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), canalizando la ayuda a la ciudadanía ucraniana a través de los Organismos Internacionales y las ONG humanitarias que
trabajan en la zona, teniendo en cuenta la situación de riesgo específica que sufren las mujeres en la zona de conflicto, en coherencia con la acción exterior y la cooperación española, que tiene entre sus principios rectores la igualdad.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de mayo de 2022.-Lídia Guinart Moreno, Laura Berja Vega, Andrea Fernández Benéitez y María Guijarro Ceballos, Diputadas.-Susana Ros Martínez y Rafaela Crespín Rubio, Portavoces del Grupo
Parlamentario Socialista.
161/004177
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Macarena Olona Choclán, doña Lourdes Méndez Monasterio, don Juan Luis Steegmann Olmedillas, doña Rocío de Meer Méndez y doña María de la Cabeza Ruiz Solás, en sus respectivas condiciones de Portavoz Adjunta y Diputados del Grupo
Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo dispuesto en los
artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente Proposición no de Ley relativa a la elaboración de un nuevo informe sobre el aborto en España y a la promoción del conocimiento acerca de los métodos y
consecuencias del aborto, para su discusión en la Comisión de Igualdad.
Exposición de motivos
Primero. Evolución del aborto procurado en España.
I. La Sentencia 53/1985, de 11 de abril, del Tribunal Constitucional, por la que se resolvía el recurso de inconstitucionalidad planteado contra el texto definitivo del Proyecto de Ley Orgánica de reforma del art. 417 bis del Código Penal,
señalaba que el derecho a la vida, 'reconocido y garantizado en su doble significación física y moral por el art. 15 de la Constitución, es la proyección de un valor superior del ordenamiento jurídico constitucional -la vida humana- y constituye el
derecho fundamental esencial troncal en cuanto es el supuesto ontológico sin el que los restantes derechos no tendrían existencia posible' 13.
Por otra parte, la sentencia establecía dos obligaciones para el Estado en relación con la protección del nasciturus: 'la de abstenerse de interrumpir o de obstaculizar el proceso natural de gestación, y la de establecer un sistema legal
para la defensa de la vida que suponga una protección efectiva de la misma y que, dado el carácter fundamental de la vida, incluya también, como última garantía, las normas penales' 14. Sin embargo, el Tribunal reconocía a renglón seguido que 'ello
no significa que dicha protección haya de revestir carácter absoluto, pues, como sucede en relación con todos los bienes y derechos constitucionalmente reconocidos, en determinados supuestos puede y aun debe estar sujeta a limitaciones' 15.
Finalmente, por la Ley Orgánica 9/1985, de 5 de julio, de reforma del artículo 417 bis del Código Penal, se despenalizó el aborto en tres supuestos: 'grave peligro para la vida o la salud física o psíquica de la embarazada', que el embarazo
fuera consecuencia de una violación y que el feto pudiera presentar 'graves taras físicas o psíquicas', supuestos que se ha convenido en denominar, respectivamente, terapéutico, ético y eugenésico.
II. No obstante, aun existiendo el reconocimiento y consagración del derecho a la vida en nuestra Constitución, y la consideración del nasciturus como un bien jurídico de obligada protección por parte del Estado, tal y como se reconoce en
la jurisprudencia del TC, lo cierto es que con la aprobación de la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo ('LO 2/2010'), se produce un ataque frontal al derecho a la vida. Y
ello porque no se respetan los valores en los que se basa nuestro texto constitucional, se encumbra la autonomía personal o autodeterminación individual y se apela erróneamente, como si de un derecho fundamental se tratara, al ejercicio del
desarrollo de la personalidad, en detrimento del derecho a la vida del no nacido y de la protección del nasciturus.
'El desarrollo de la sexualidad y la capacidad de procreación están directamente vinculados a la dignidad de la persona y al libre desarrollo de la personalidad y son objeto de protección a través de distintos derechos fundamentales,
señaladamente, de aquellos que garantizan la integridad física y moral y la intimidad personal y familiar. La decisión de tener hijos y cuándo tenerlos constituye uno de los asuntos más íntimos y personales que las personas afrontan a lo largo de
sus vidas, que integra un ámbito esencial de la autodeterminación individual. Los poderes públicos están obligados a no interferir en ese tipo de decisiones, pero, también, deben establecer las condiciones para que se adopten de forma libre y
responsable, poniendo al alcance de quienes lo precisen servicios de atención sanitaria, asesoramiento o información' (preámbulo LO 2/2010).
La LO 2/2010 establece un sistema de plazos por el cual el aborto podrá ser procurado a petición de la mujer durante las catorce primeras semanas de gestación (artículo 14) o hasta las veintidós semanas si concurren causas médicas (art.
15), produciéndose una absoluta desprotección del no nacido, en las primeras catorce semanas, y también una discriminación inexplicable hacia las personas con discapacidad inexplicable al ampliarse el plazo en estos casos. Incurre así en una grave
inconstitucionalidad, al vulnerar abiertamente el derecho que todos tienen a la vida, según reconoce el artículo 15 de la Constitución Española. A este respecto se interpuso recurso ante el Tribunal Constitucional; recurso que inexplicablemente
13 STS 53/1085, de 11 de abril, Fundamento Jurídico tercero.
14 ídem, Fundamento Jurídico séptimo.
15 ídem.
no ha sido resuelto por dicho Tribunal, aun habiendo transcurrido casi doce años desde entonces, lo que motivó la demanda presentada ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, admitida a trámite el pasado mes de enero de 2022.
El preámbulo de la LO 2/2010 reconoce que la 'experiencia ha demostrado que la protección de la vida prenatal es más eficaz a través de políticas activas de apoyo a las mujeres embarazadas y a la maternidad', y continúa: 'Por ello, la
tutela del bien jurídico en el momento inicial de la gestación se articula a través de la voluntad de la mujer, y no contra ella'. La contradicción es palmaria, pues no existe mayor protección de la vida prenatal que el reconocimiento de la
titularidad del derecho a la vida del concebido no nacido, que la LO 2/2010 niega.
III. El tratamiento jurídico del aborto, en definitiva, ha pasado de la despenalización a su consagración como derecho. Este proceso ha seguido las instrucciones de las organizaciones internacionales, quienes han motivado el ejercicio del
aborto como derecho de la mujer y como medio para conseguir la salud sexual y reproductiva, concepto este acuñado para eliminar vidas humanas y que en absoluto persigue ni consigue aumentar la salud de las mujeres, sino, en muchos casos, al
contrario.
Pues bien, la legislación española es una de las que ha acogido tales directrices con mayor radicalidad. En consecuencia, se ha producido en nuestro país una banalización del aborto como tal, normalizándose una conducta cuya práctica trata
de ocultar el drama y el dolor patentes en tal decisión, no ofreciéndose ni alternativa ni información suficiente a la mujer que pone fin a su embarazo, como si de algo bueno se tratara.
El último informe sobre 'Interrupción Voluntaria del Embarazo' del Ministerio de Sanidad (de 2020) declara un total de 99.149 abortos, de los cuales el 90,9 % se produjo al amparo del artículo 14 LO 2/2010, esto es, dentro de las primeras
catorce semanas de gestación y a petición de la mujer, sin alegar causa médica alguna. Del total de abortos, el 87,14 % se produjeron en centros extrahospitalarios; de esta cifra, el 79,02 % tuvieron lugar en centros privados y el 8,12 % en
centros públicos. Julián Marías calificó la aceptación social del aborto como 'sin excepción, lo más grave que ha acontecido en este siglo que se va acercando a su final' 16.
A estas cifras hay que añadir las que se desconocen por la falta de notificación de los casos de aborto por parte de las Comunidades Autónomas. Así, algunas no han notificado ni un solo caso de aborto en los últimos cinco años, ni siquiera
en centros privados, y otras no han volcado todos los abortos químicos que se realizan en sus centros, por lo que los datos que han proporcionado al Ministerio no reflejan la realidad 17.
Esta Proposición no de Ley tiene por objeto promover el conocimiento de la realidad del aborto en todas sus dimensiones como forma de contrarrestar la 'aceptación social' promovida por el Gobierno socialista de la II Legislatura y
absolutamente refrendada por todos los Gobiernos posteriores hasta la fecha, sin excepciones.
Segundo. El consentimiento informado.
La Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica define el consentimiento informado como 'la conformidad libre, voluntaria y
consciente de un paciente, manifestada en el pleno uso de sus facultades después de recibir la información adecuada, para que tenga lugar una actuación que afecta a su salud'.
El artículo 14 LO 2/2010, relativo al aborto a petición de la mujer, establece entre sus requisitos 'que se haya informado a la mujer embarazada sobre los derechos, prestaciones y ayudas públicas de apoyo a la maternidad' y 'que haya
transcurrido un plazo de al menos tres días desde la información mencionada en el párrafo anterior y la realización de la intervención'. Esta información previa se encuentra regulada en el artículo 17 LO 2/2010:
'1. Todas las mujeres que manifiesten su intención de someterse a una interrupción voluntaria del embarazo recibirán información sobre los distintos métodos de interrupción del embarazo, las condiciones para la interrupción previstas en
esta Ley, los centros públicos y acreditados a los que se pueda dirigir y
16 Marías, J., 'Una visión antropológica del aborto', ABC, 24 de mayo de 1983.
17 Así lo pone de relieve el Informe 'Evolución del Aborto en España, 35 años después' (1985-2020), del Instituto de Política Familiar, que señala lo siguiente: 'Algunas Comunidades Autónomas no notifican los abortos químicos y/o no
disponen de protocolos de seguimiento, provocando que los datos del número de abortos químicos no sean reales', los cuales 'superan, al menos, los 6.600 abortos anuales'. Asimismo, es del todo reseñable que 'los abortos farmacológicos ya superarían
los 35.000 abortos y supondrían ya el 33% del total de los abortos'.
los trámites para acceder a la prestación, así como las condiciones para su cobertura por el servicio público de salud correspondiente.
2. En los casos en que las mujeres opten por la interrupción del embarazo regulada en el artículo 14 recibirán, además, un sobre cerrado que contendrá la siguiente información:
a. Las ayudas públicas disponibles para las mujeres embarazadas y la cobertura sanitaria durante el embarazo y el parto.
b. Los derechos laborales vinculados al embarazo y a la maternidad; las prestaciones y ayudas públicas para el cuidado y atención de los hijos e hijas; los beneficios fiscales y demás información relevante sobre incentivos y ayudas al
nacimiento.
c. Datos sobre los centros disponibles para recibir información adecuada sobre anticoncepción y sexo seguro.
d. Datos sobre los centros en los que la mujer pueda recibir voluntariamente asesoramiento antes y después de la interrupción del embarazo.
Esta información deberá ser entregada en cualquier centro sanitario público o bien en los centros acreditados para la interrupción voluntaria del embarazo. Junto con la información en sobre cerrado se entregará a la mujer un documento
acreditativo de la fecha de la entrega, a los efectos de lo establecido en el artículo 14 de esta Ley.
La elaboración, contenidos y formato de esta información será determinada reglamentariamente por el Gobierno.
3. En el supuesto de interrupción del embarazo previsto en la letra b del artículo 15 de esta Ley, la mujer recibirá además de la información prevista en el apartado primero de este artículo, información por escrito sobre los derechos,
prestaciones y ayudas públicas existentes de apoyo a la autonomía de las personas con alguna discapacidad, así como la red de organizaciones sociales de asistencia social a estas personas.
4. En todos los supuestos, y con carácter previo a la prestación del consentimiento, se habrá de informar a la mujer en los términos de los artículos 4 y 10 de la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, y específicamente sobre las consecuencias
médicas, psicológicas y sociales de la prosecución del embarazo o de la interrupción del mismo.
5. La información prevista en este artículo será clara, objetiva y comprensible. En el caso de las personas con discapacidad, se proporcionará en formatos y medios accesibles, adecuados a sus necesidades.
Se comunicará, en la documentación entregada, que dicha información podrá ser ofrecida, además, verbalmente, si la mujer lo solicita.'
Si bien, la LO 2/2010 obliga a dar 'información sobre los distintos métodos de interrupción del embarazo', a informar sobre 'las consecuencias médicas, psicológicas y sociales de la prosecución del embarazo o de la interrupción del mismo' y
a que la información sea 'clara, objetiva y comprensible', la ley omite informar acerca del estado del feto o especificar la forma en que los métodos abortivos terminarán con la vida del concebido no nacido. Así, a modo de ejemplo, una conocida
clínica abortiva describe de la siguiente manera el método por aspiración: 'Se trata de una intervención sencilla, que requiere anestesia, en la que después de dilatar el cuello del útero por medios mecánicos y/o farmacológicos se procede a la
aspiración del contenido uterino y a un microlegrado de comprobación' 18. El método, sin embargo, consiste en 'una fuerte succión' que 'despedaza el cuerpo del no nacido'. Posteriormente, se extrae el cráneo, que suele no salir por el tubo de
succión' 19.
Por otra parte, conviene señalar que no existe ninguna intervención quirúrgica terapéutica sobre el feto en la que no se utilice la analgesia fetal, salvo, curiosamente, en el caso del aborto inducido.
Recientemente, una revisión del Journal of Medical Ethicss 20, fruto de la reflexión de dos autores con visiones contrapuestas sobre el aborto, ha concluido que ya no se puede sostener que sea imposible que el feto sufra dolor en la ventana
de 12 a 24 semanas de gestación. Por lo tanto, resulta evidente que no se puede descartar que el feto no sufra en el momento de ser succionado, o destruido mediante el método
18 http://www.clinicadator.com/ aborto.html#content4-17
19 Pardo Sáenz, J. M., La vida del no nacido: El aborto y la dignidad de la mujer, Eunsa, 2011, p. 41.
20 Derbyshire SWG, Bockmann JC., ] Med Ethics, 2020; 4, pp. 3-6.
más agresivo de dilatación y legrado. Resulta, por ende, razonable informar a la madre sobre todos los extremos relativos al aborto con carácter previo a su realización, incluyendo el estado del feto y su posible sufrimiento, con el fin de
que su consentimiento sea realmente informado.
Tercero. El informe de 'interrupción voluntaria del embarazo' y la necesidad de un nuevo informe sobre el aborto.
Cada año el Ministerio de Sanidad publica un informe acerca de la 'interrupción voluntaria del embarazo', cuyo objeto, tal y como expresa el último informe publicado (2019), es el siguiente:
'1. Caracterizar, demográfica y socialmente, el colectivo de mujeres que recurren a la Interrupción Voluntaria del Embarazo.
2. Describir las características del servicio que se presta, tanto por la red pública como por la privada.
3. Identificar las áreas con mayor demanda de Interrupciones Voluntarias de Embarazo.
4. Servir de base tanto a la planificación de los servicios asistenciales como de programas de promoción de la salud e igualdad de la mujer.
5. Permitir obtener el conocimiento adecuado de las características de las interrupciones realizadas en nuestro país que permita plantear, en cada momento, la adecuación del marco legal regulador.'
Sin embargo, la utilidad del informe radica sobre todo en la fotografía que realiza del fenómeno del aborto.
Por cuanto respecta a los puntos segundo y quinto, se echa en falta un informe acerca de los riesgos y consecuencias del aborto en el ámbito personal, tanto a nivel físico -esterilidad, efectos secundarios a largo plazo; daños,
perforaciones e infecciones en útero o cuello, entre otros- como a nivel psicológico -trastornos, depresión, adicciones, etcétera-.
De igual modo, dicho informe ha de estudiar sus implicaciones sociales, toda vez que el aborto no solo es un drama íntimo, sino un drama colectivo: que en España se produzcan cerca de 100.000 abortos al año es un dato aterrador. En 2019
nacieron 360.617 niños en España, es decir, el total de abortos procurados representan más de un cuarto del total los nacimientos.
Cuarto. El informe Matic.
A la urgencia inherente al objeto de esta Proposición no de Ley se le suma la aprobación en el seno del Parlamento Europeo, en junio de 2021, del ideológico 'Informe sobre la situación de la salud y los derechos sexuales y reproductivos en
la Unión, en el marco de la salud de las mujeres' (2020/2215(INI)), conocido como 'Informe Matic' que, aunque no se trata de un acto jurídico vinculante 21, considera: 'que la salud sexual es fundamental para la salud y el bienestar generales de
las personas, las parejas y las familias, así como para el desarrollo social y económico de las comunidades y los países, y que el acceso a la salud, incluida la salud reproductiva y sexual, es un derecho humano' y 'lamenta que, en ocasiones, la
práctica común en los Estados miembros permita a los médicos, y en algunas ocasiones a instituciones médicas enteras, negarse a prestar servicios sanitarios sobre la base de la denominada cláusula de conciencia, que conduce a la denegación del
aborto por motivos de religión o de conciencia, y que pone en peligro la vida y los derechos de las mujeres; señala que esta cláusula también se utiliza a menudo en situaciones en las que cualquier retraso podría poner en peligro la vida o la salud
del paciente' 22.
Quinto. Conclusiones.
Este Grupo Parlamentario defiende el derecho a la vida desde la concepción hasta la muerte natural y, por consiguiente, ante los brutales ataques que se están produciendo al primero de los derechos fundamentales y condición, por tanto, de
todos los derechos de la persona, venimos presentando diversas iniciativas -y esta es una de ellas- que pretenden recuperar, paso a paso, el respeto al derecho a la vida en nuestra legislación.
La presente Proposición no de Ley propone, de forma subsidiaria a la derogación de la LO 2/2010, una reforma puntual de la vigente legislación en materia de aborto, sin que suponga, en ningún caso, la aceptación del contenido de la LO
2/2010, incompatible con el derecho a la vida del nasciturus.
21 Artículo 223 y siguientes del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.
22 https://www.europarl.europa.eu/doceo/ document/ A-9-2021-0169_ES.html
Sexto. Competencia.
El Estado tiene competencia material exclusiva sobre 'la regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales' y las
'bases y coordinación general de la sanidad', de conformidad con lo dispuesto en los artículos 149.1.1.a y 149.1.16.a de la Constitución Española.
Asimismo, la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, declara que 'las actuaciones de las Administraciones Públicas Sanitarias estarán orientadas' a 'la promoción de la salud' (artículo 6) y establece que la Administración del Estado
desarrollará 'la elaboración de informes generales sobre la salud pública y la asistencia sanitaria' (artículo 40.15).
Al amparo de lo expuesto, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a lo siguiente:
1. Derogar la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, y promover en su lugar la normas y políticas públicas que protejan a la mujer y al concebido no nacido del drama
del aborto, garantizando, además, información y apoyo a las madres con un embarazo inesperado o problemático. En tales normas y políticas se garantizará una igualdad en todo el territorio nacional.
2. Subsidiariamente:
A. Elaborar un informe del aborto en España, cuyo contenido integre, como mínimo, los siguientes aspectos:
- El número real de todos los abortos que se realizan en España, sumando el químico y el quirúrgico.
- Las causas del aborto en España y un diagnóstico de la situación presente, acompañado de propuestas para acabar con su práctica.
- Los riesgos y las consecuencias del aborto en lo relativo a la salud física y mental de la mujer. Para ello deberá realizarse un seguimiento de las secuelas que se producen, en los términos expuestos en el inciso 'E'.
- Las cifras de arrepentimiento posterior al aborto.
- Las implicaciones sociales que han de asumir las mujeres que abortan y sus familias.
- El lucro de las clínicas abortistas.
- La labor de las entidades cuyo fin es acoger a las madres embarazadas y ofrecer una alternativa al aborto.
B. Promover la modificación de los artículos 14 y 17 LO 2/2010, para exigir un mayor conocimiento acerca de los métodos y consecuencias del aborto; en especial, habrá de explicitarse el estado del feto en el momento en que se solicite,
mostrándolo a la madre mediante herramientas ecográficas o de índole similar, así como la forma en que el método en cuestión -bien sea quirúrgico o químico- terminará con su vida.
C. Aumentar de tres a siete días el plazo establecido en el artículo 14, d) LO/2010 como periodo de reflexión obligatorio.
D. Promover la modificación de la exigencia contenida en el artículo 17 LO 2/2010 de entregar en un 'sobre cerrado' la información relativa a prestaciones, ayudas y derechos derivados de la continuación con el embarazo, por una obligación
del médico de informar oralmente y por escrito de dicho contenido, así como de informar conforme a lo dispuesto en el Código de Deontología Médica.
E. Articular las medidas necesarias para garantizar que el seguimiento médico de las mujeres que han abortado (regulado en el artículo 19.2 LO 2/2010) es suficiente tanto a nivel físico como psicológico.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de mayo de 2022.-Lourdes Méndez Monasterio, Juan Luis Steegmann Olmedillas, María de la Cabeza Ruiz Solás y Rocío de Meer Méndez, Diputados.-Macarena Olona Choclán, Portavoz del Grupo Parlamentario
VOX.
161/004188
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la implementación de
Programas de apoyo a la conciliación y la corresponsabilidad de la vida personal, laboral y familiar, para su debate en la Comisión de Igualdad.
Exposición de motivos
'La corresponsabilidad en los hogares no existe' ya que el reparto de tareas sigue siendo 'desigual'. Esta es una de las principales conclusiones de 'El coste de la conciliación', la encuesta elaborada por la Asociación Yo No Renuncio, del
Club de Malasmadres, y que ha revelado que el 57% de las mujeres españolas ha sufrido una pérdida salarial al convertirse en madre, tras verse obligada a reducir la jornada, coger una excedencia o directamente dejar el empleo.
El pasado mes de marzo, el Club de Malasmadres publicó los resultados de la citada encuesta, a la que contestaron 51.627 mujeres entre el 8 y el 13 de febrero. Es la primera que mide el coste de conciliar para las mujeres en términos
económicos, emocionales y personales.
Así, ha puesto de manifiesto que 'el 64% de las madres declara que llega cansada todos los días a su trabajo', ya que 'la doble jornada laboral, en el mercado del trabajo y en la esfera doméstica, tiene también un coste emocional y personal'
para ellas.
Un coste que se encuentra al margen de si ellas cobran más o menos que su pareja. 'En aquellos hogares en los que ambos aportan la misma cantidad de dinero, el porcentaje de mujeres que ha sufrido un coste laboral es superior al 50%', se
expone en el estudio.
'El camino recorrido en el ámbito laboral no ha ido acompañado de cambios en la esfera doméstica, y las mujeres siguen asumiendo la gestión y organización del trabajo reproductivo', ha declarado Maite Egoscozabal, responsable de
Investigación Social de la Asociación Yo No Renuncio, en la presentación de la encuesta.
Y es que no debe olvidarse que el trabajo de los cuidados no remunerados que comprende todas aquellas actividades para atender a otros, ya sean tareas físicas o emocionales, todavía recaen principalmente en las madres. De este modo, entre
los datos difundidos por Malasmadres, destacan los siguientes:
- El 65% de las madres son las responsables de gestionar las emociones de los menores.
- El 70% de las mujeres se preocupa de las relaciones de amistad de sus hijos e hijas.
- El 71% está pendiente de los deberes (sólo en el 3% de los casos lo hace la pareja).
- En el caso de niños y niñas con necesidades especiales, la diferencia es mayor, ya que en el 93% de los casos es la madre la que se encarga de gestionar las terapias.
- El 79% de las madres se encarga de organizar las fiestas de cumpleaños.
- El 83% presta atención a los mails y grupos de Whatsapp del colegio.
- El 69% planifica las comidas y cenas.
Algunos autores han denominado todas estas tareas como 'el tercer turno', es más, todo ello nos debe llevar a reflexionar sobre todo lo que se debe modificar, también desde la educación, puesto que, desde Malasmadres también subrayan que el
49% de las madres admite que les cuesta delegar y 'sienten que ellas tienen que estar más presentes en los hogares y en las tareas doméstico-familiares'.
La conclusión es nítida, toda esta falta de conciliación y de corresponsabilidad tiene un coste personal para las mujeres: el 65% tiene menos de una hora libre al día y el 20% ni eso; el 64% declara llegar cansada al trabajo todos los
días, y el 66% indica que no ha pedido ayuda psicológica pese a sentirse desbordada y triste.
Por otra parte, 4 de cada 10 mujeres se ha sentido minusvalorada en su empleo o en su entorno social tras ser madre, ya que 'la sociedad percibe que la crianza no es un trabajo, sino un estado de plenitud y felicidad'.
El esfuerzo personal, laboral y emocional de las familias en este ámbito recae principalmente en las mujeres; se ha avanzado mucho, pero todavía queda mucho camino que recorrer, modificar el modelo
social para encontrar otras opciones que hagan sostenible la relación 'trabajo y vida', como dicen desde Malasmadres.
Desde el Partido Popular se han presentado numerosas iniciativas relativas a la conciliación y la corresponsabilidad, por ejemplo, ante el olvido del Gobierno en los Presupuestos Generales del Estado para 2022, se registraron alrededor de 40
enmiendas que suponían más de 1.500 millones de euros, destinadas a la protección y bienestar de las familias en sus múltiples manifestaciones, al fomento de la natalidad como una de las principales vías para paliar el invierno demográfico que tiene
España y, especialmente, como la apuesta definitiva por la igualdad, la conciliación y la corresponsabilidad, iniciativas por valor de 229.000.000 euros, sin embargo, todas fueron rechazadas o vetadas.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno, en colaboración con las Comunidades Autónomas, a:
1. Elaboración del Plan Nacional de Conciliación y Corresponsabilidad.
2. Estrategia de medidas de apoyo a la conciliación, impulsando la coordinación entre las Administraciones Públicas y los agentes económicos y sociales, para lo que se creará al efecto una Conferencia Sectorial para la Conciliación de la
vida personal, familiar y laboral.
3. Programa para la promoción de la igualdad de oportunidades y la inserción sociolaboral de mujeres residentes en los municipios de la España Rural.
4. Programa para incentivar la cultura del emprendimiento entre las mujeres con discapacidad y de acceso a la autocontratación.
5. Programa de fomento y sensibilización de medidas de apoyo a la conciliación de la vida personal familiar de mujeres y hombres y de la corresponsabilidad.
6. Programas para facilitar la reinserción en el mercado laboral de las mujeres tras el cuidado de menores o personas en situación de dependencia en el hogar.
7. Plan de ayudas para compensar la disminución de ingresos por las reducciones de jornada laboral y excedencias por cuidado de menores, personas dependientes o con discapacidad.
8. Plan de ayudas dirigidas al sector empresarial para introducir medidas de flexibilidad horaria y jornadas laborales.
9. Plan de ayudas para incentivar la contratación para sustituir personas en reducción de jornada, excelencia o baja por maternidad o paternidad.
10. Dotar a las Comunidades Autónomas y a las Entidades Locales de una Red de Centros para facilitar la conciliación de la vida familiar, personal y laboral.
11. Crear una Red de recursos, servicios, centros de día y residenciales, especialmente en el medio rural, establecimiento programas de estancias diurnas, unidades de convalecencia sociosanitaria, programas de respiro familiar, servicios de
ayuda a domicilio o teleasistencia avanzada.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de mayo de 2022.-Alicia García Rodríguez, María Auxiliadora Pérez Díaz y Margarita Prohens Rigo, Diputadas.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Estado en materia de Violencia de Género
161/004172
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre mujeres frente a las violencias en Ucrania, para su debate en la Comisión de
Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Estado en materia de Violencia de Género.
Exposición de motivos
El pasado 24 de febrero se produjo la invasión de Ucrania por parte de Rusia, una invasión injustificada que ha dado lugar a una guerra que vulnera todos los acuerdos internacionales, pone en riesgo la estabilidad no solo europea, sino
internacional.
Según los datos facilitados por Naciones Unidas, desde el inicio del conflicto armado, 4,215 millones de personas han abandonado sus hogares en Ucrania para huir buscando refugio en países vecinos, como Polonia, la República de Moldovia,
Eslovaquia, Hungría, Rumania y Bielorrusia. Este éxodo de población civil, en su mayoría, está compuesto por mujeres, niños y niñas en una situación muy precaria y vulnerable. Esto hace que sea extremadamente sencillo que sean víctimas de
agresiones o violencia sexual, y/o que acaben cayendo en manos de redes internacionales de trata y tráfico de personas. Tanto los/as menores como las mujeres son un objetivo fácil para las mafias.
Tampoco podemos olvidar el riesgo que corren las mujeres y las niñas y niños de sufrir agresiones sexuales y violaciones durante las contiendas bélicas, donde las mujeres pueden llegar a ser utilizadas como armas de guerra. De hecho, ya nos
está llegando información de que mujeres y niñas ucranianas, una vez que las tropas rusas han abandonado las ciudades y pueblos que estas habían invadido, están acudiendo a la policía y a las ONG de defensa de los Derechos Humanos para contar las
agresiones sexuales y violaciones masivas que han sufrido.
El pasado 3 de marzo, la presidenta de la Eurocámara, Roberta Metsola, en una reunión de la comisión interparlamentaria con motivo de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, alabó 'a las mujeres increíblemente valientes de
Ucrania, que luchan obligadas a albergar a sus seres queridos en búnkeres, que dan a luz en estaciones de metro en desuso, que son líderes en primera línea y que son testimonio de coraje, fuerza y resiliencia incluso en las peores circunstancias'.
Unas certeras palabras que ponen en valor la valentía y el arrojo de estas mujeres que, en situaciones tan adversas, son capaces de enfrentarse a la realidad desde la primera línea de combate. Sin embargo, no podemos dejar de señalar, de la misma
manera, que las mujeres que han abandonado Ucrania con sus hijos e hijas, además de dejar atrás a sus seres queridos, van a perder su libertad y su autonomía, ya que se verán obligadas a depender del país donde soliciten refugio.
El análisis de la guerra en Ucrania resultaría incompleto si no se incluyen las situaciones características por las que atraviesan las mujeres y los retos específicos que tienen que afrontar. Como decía la Premio Nobel de Literatura Svelana
Alexiévich en su ensayo La guerra no tiene rostro de mujer, 'En lo que narran las mujeres no hay, o casi no hay, lo que estamos acostumbrados a leer y escuchar: cómo unas personas matan a otras de forma heroica y finalmente vencen. O cómo son
derrotados [...]. Los relatos de las mujeres son diferentes y hablan de otras cosas [...]. Tiene sus propias palabras. En esa guerra no hay héroes ni hazañas increíbles, tan solo hay seres humanos involucrados en una tarea inhumana'.
Las Naciones Unidas llevan décadas señalando la particular situación de las mujeres en los conflictos armados. La Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, de 1995, incluyó entre sus áreas prioritarias la denominada 'La mujer y los
conflictos armados'. Fue la primera vez que en un acuerdo internacional se puso de manifiesto la importancia de abordar, entre otras cuestiones, la seguridad de las mujeres. Más tarde, en el año 2000, la Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de
Naciones Unidas, estableció un marco jurídico y político que reconocía la importancia de la participación de las mujeres, así como la inclusión de la perspectiva de género en las negociaciones de paz, la planificación humanitaria, las operaciones de
mantenimiento de la paz y la consolidación de la misma en situaciones posteriores a un conflicto. Posteriormente, en 2008, la Resolución 1820 fue la primera en reconocer la violencia sexual como táctica de guerra y señalando que la violación y
otras formas de violencia sexual pueden constituir un crimen de guerra, un crimen contra la humanidad o un acto de genocidio.
Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo parlamentario Socialista en el Congreso de los Diputados presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Promover en el seno de la Unión Europea la aplicación de la perspectiva de género en todas las políticas que afecten a las personas refugiadas en los diferentes países de acogida, así como el desarrollo de medidas concretas y específicas
para evitar que las mafias de la prostitución y las redes de trata
capten a las mujeres que huyen de la guerra, prestando especial atención a la vigilancia en las fronteras de Ucrania y en los países limítrofes.
2. Reforzar la labor que está llevando a cabo la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), canalizando la ayuda a la ciudadanía ucraniana a través de los Organismos Internacionales y las ONG humanitarias que
trabajan en la zona, teniendo en cuenta la situación de riesgo específica que sufren las mujeres en la zona de conflicto, en coherencia con la acción exterior y la cooperación española, que tiene entre sus principios rectores la igualdad.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de mayo de 2022.-Lídia Guinart Moreno, Laura Berja Vega, Andrea Fernández Benéitez y María Guijarro Ceballos, Diputadas.-Susana Ros Martínez y Rafaela Crespín Rubio, Portavoces del Grupo
Parlamentario Socialista.
Comisión sobre Seguridad Vial
161/004165
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Plural, a instancia del diputado del Bloque Nacionalista Galego (BNG), Néstor Rego Candamil, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente
Proposición no de Ley para la creación de un centro descentralizado de exámenes de la Dirección General de Tráfico en Lalín para su debate en la Comisión de Seguridad Vial.
Exposición de motivos
En la actualidad, el alumnado de las autoescuelas de Lalín y localidades limítrofes deben desplazarse hasta la ciudad de Pontevedra para la realización de los exámenes conducentes a la obtención del permiso de conducir. Este viaje supone
graves perjuicios de tiempo y dinero, tanto para las autoescuelas como para los y las estudiantes, pues implica casi tres horas de viaje entre ida y vuelta.
Por este motivo, el BNG reclama que se descentralicen los lugares de examen permitiendo su realización también en el concello de Lalín, al igual que se hace ya en este momento en otros lugares de forma descentralizada. Así, cabe recordar
que se están llevando a cabo los exámenes de conducir desde hace muchos años en otros municipios gallegos con un peso demográfico inferior al de Lalín, como es el caso Foz, que cuenta con 10.000 habitantes; Monforte de Lemos con 18.300 y O Barco de
Valdeorras con 13.400 vecinos. Lalín, con más de 20.000 habitantes, supera esas cifras y destaca por contar con una intensa circulación y un casco urbano desarrollado.
Lalín cumple todas las condiciones que se necesitan para que se pueda hacer realidad la demanda de habilitar un centro de exámenes teóricos y prácticos, pues tal y como exigía Tráfico, cuenta con un tramo de autopista libre de peaje para
poder realizar las pruebas, rotondas en su casco urbano y semáforos en zonas próximas. En consecuencia, sería perfectamente factible la realización de prácticas en el propio municipio y en las localidades cercanas y organizar la realización de
exámenes en Lalín cada quince días o una vez al mes.
La consecución de este servicio supondría un gran beneficio para las autoescuelas, así como para los vecinos y vecinas, tanto del propio municipio de Lalín como del conjunto de la comarca. La principal ventaja ya ha sido apuntada, la
facilidad de desplazamiento, pues ahora deben recorrer más de 140 km hasta Pontevedra, no sólo para el examen, sino diariamente para la realización de las prácticas en el lugar en el que luego van a examinarse.
En la actualidad, debe tenerse en cuenta además el elevado precio de los combustibles, cuestión que encarece considerablemente los desplazamientos entre Lalín y Pontevedra, y con ellos se eleva también el coste de las prácticas, pero esa
subida no puede ser repercutida encareciendo aún más el precio para el alumnado. Por lo tanto, la reducción de los viajes para prácticas y examen supondría, además de un mejor servicio para los estudiantes, un balón de oxígeno y una ayuda para las
propias autoescuelas en el actual contexto de crisis económica.
En definitiva, Lalín reúne las condiciones necesarias para poder contar con un centro para la realización de exámenes descentralizado que evite largos desplazamientos, sólo se necesita de la voluntad y el impulso a esta medida por parte de
la Dirección General de Tráfico.
Por todo lo expuesto anteriormente, el BNG presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno del Estado a realizar las gestiones necesarias para la apertura de un centro de exámenes de la DGT para la obtención del permiso de conducir en el concello de Lalín, población que cuenta con
los requisitos necesarios para contar con este servicio, evitando largos desplazamientos para la realización de las prácticas y para los exámenes.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de abril de 2022.-Néstor Rego Candamil, Portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Plural.
Comisión de Política Territorial
161/004168
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Confederal Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de ley relativa a mejorar la conectividad
móvil en el medio rural, para su debate en la Comisión de Política Territorial.
Exposición de motivos
En los últimos 30 años la telefonía móvil ha experimentado un crecimiento espectacular en nuestro país. Desde hace más de una década, el número de clientes de telefonía móvil es superior al número de habitantes, contando con un total de
líneas de voz más banda ancha de 47,7 millones y un total de líneas móviles de 55 millones, según los datos de la Comisión Nacional de Mercados de la Competencia de junio de 2021. La telefonía y el acceso a internet desde dispositivos móviles,
junto con los servicios que ya presta y los que previsiblemente proporcione en un futuro inmediato, se han convertido, por causas muy diversas, en un fenómeno que afecta de forma transversal a todos los sectores de la economía, de la sociedad y de
la vida personal.
La cobertura de telefonía móvil y la conexión a Internet a una velocidad apropiada son ejes clave para articular el acceso a la comunicación y a la información. Pero también a servicios públicos como la educación y la sanidad, la
administración electrónica, otros servicios esenciales como la compra a distancia y los servicios financieros, el acceso al ocio, al empleo y al teletrabajo, y también para sostener las relaciones interpersonales. Junto con otros derechos como la
sanidad, los servicios sociales, la educación, el trabajo, la vivienda o la cultura, las telecomunicaciones en pleno siglo XXI son un soporte de la plena ciudadanía.
De esta manera, la telefonía y el internet móvil suponen hoy en día una necesidad esencial para la actividad profesional, empresarial y personal, resultando de extraordinaria importancia en situaciones de emergencia. Sin embargo, su
extensión territorial lleva décadas poniendo de manifiesto la existencia de grandes brechas de acceso en función de la ubicación de las personas usuarias en el territorio, fundamentalmente entre las ciudades y municipios grandes y los pequeños
núcleos. Las deficiencias se observan especialmente en zonas rurales, de montaña y fronterizas, lo que restringe el derecho al acceso y la libertad de elección de operador móvil en estos territorios.
En el mundo rural, donde la accesibilidad de los servicios ya está de por sí muy limitada, la falta de telecomunicaciones agrava esta situación, socavando más si cabe los derechos de sus habitantes. Son muchos los ciudadanos y ciudadanas
que no disponen en pleno año 2022 de cobertura móvil de telefonía o de Internet, o que solamente tienen a su alcance conectividades pobres, con mantenimientos deficientes,
averías continuas e interrupciones repetidas. La continuidad de esta situación compromete la viabilidad de estos núcleos de población y discrimina a sus habitantes y visitantes habituales.
En plena tercera década del siglo XXI, en España sigue habiendo decenas de municipios sin cobertura móvil o con una señal tan débil que apenas permite hacer llamadas y no permite la conexión a Internet. Según los datos oficiales del
Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, al menos 40 núcleos de población no cuentan con ningún tipo de conexión telefónica, y en otros 88 núcleos el acceso es prácticamente nulo. Se trata de núcleos de población condenados por la
falta de regulaciones e incentivos hacia los operadores telefónicos. Localidades como estas necesitan afrontar los problemas de despoblación y de reto demográfico fijando población, lo que pasa por ofrecer soluciones de comunicación dignas y
adecuadas a nuestro tiempo.
Recientes informes del Defensor del Pueblo han puesto de manifiesto la carencia de servicios en telefonía móvil y en cobertura digital en partes de nuestro territorio. Tanto en el informe de 2020 como en el de 2019, el Defensor del Pueblo
pone de relieve dicha carencia y la necesidad de que tanto el servicio de telefonía como el de acceso a Internet tengan la consideración de servicio universal, de acuerdo con las definiciones de la Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de
Telecomunicaciones.
Por otra parte, un problema añadido y aún más extendido por todo el medio rural español, es la presencia de un solo operador de los cuatro que cuentan con infraestructura propia, no contando en numerosos casos con acuerdos de cesión de red a
los operadores ausentes. Esta ausencia de acuerdos de cesión de red limita la capacidad de elección de compañía de telecomunicaciones para los residentes de estas zonas y deja sin conexión a todos aquellos visitantes, población trabajadora y
turistas que utilicen los servicios de operadores sin red propia ni acuerdos de cesión en esos territorios.
Se da la paradoja que dentro del territorio de la Unión Europea podemos disfrutar de cobertura móvil al mismo precio que en el territorio español gracias a los acuerdos entre operadores y a la regulación europea desde junio de 2017, pero en
nuestro país no contamos con mecanismos regulatorios que hagan obligatorios estos aspectos. Fuera de España, son muchos los países que han establecido mecanismos de 'roaming nacional', obligando a los operadores a cederse sus infraestructuras, ya
sea solo para servicios de emergencia, como implementó hace décadas el Reino Unido; o para todos los servicios, como han regulado Portugal, Bélgica, Austria o Noruega, dentro del espacio UE-EFTA, o Nueva Zelanda, Colombia y Ecuador, fuera de
nuestro continente.
La Directiva 2002/21/CE, relativa a un marco regulador común de las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas, modificada por la Directiva 2009/140/CE y el Reglamento (CE) 544/2009, tienen como objetivo el uso conjunto de redes y
la extensión de condiciones de cobertura y de calidad. Incluyen, entre otras recomendaciones, establecer la obligación de compartir recursos entre operadores, para garantizar la libre competencia y proporcionar una mayor libertad de elección de
operador a los usuarios en cualquier parte del Estado. Así se evitan mercados cautivos para un solo operador y se dinamiza la competencia entre los diferentes actores del mercado de las telecomunicaciones.
Por todo ello, ante la necesidad de garantizar el derecho de acceso de todos los ciudadanos en igualdad de condiciones a los servicios de telefonía e Internet móviles, promoviendo así una mayor cohesión territorial en todo el Estado, se
presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Facilitar y promover la cohesión territorial a través de la extensión de la cobertura móvil de telefonía e internet a todos los núcleos poblados del Estado, dotando de cobertura móvil de servicios de voz e internet de al menos 30 Mbps a
todos los núcleos de población, garantizando el servicio en el 100% de los cascos urbanos.
2. Impulsar mecanismos de promoción de acuerdos de uso compartido de la infraestructura y de la red entre los operadores móviles, a fin de garantizar que todas las compañías de telefonía móvil puedan prestar servicio de internet de banda
ancha y de voz en todos los núcleos de población de nuestro país en un plazo determinado.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de mayo de 2022.-Miguel Ángel Bustamante Martín, Diputado.-Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común.
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL
La Mesa de la Cámara en su reunión del día de hoy ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 189 del Reglamento, las siguientes preguntas orales al Gobierno en Comisión, disponer su conocimiento por las Comisiones que se indican,
dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de mayo de 2022.-P.A. El Secretario General Adjunto para Asuntos Parlamentarios del Congreso de los Diputados, José Antonio Moreno Ara.
Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación
181/001823
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Diputados don Diego Gago Bugarín, don Joaquín María García Díez, don Javier Bas Corugeira, don Juan Manuel Constenla Carbón, doña Milagros Marcos Ortega y doña Ana María Pastor Julián.
Texto:
¿Qué actuaciones de apoyo desarrollará el Gobierno de España para que la ciudad de Vigo pueda disponer de una sede permanente de la FAO, tal y como se aprobó por mayoría en el Parlamento Europeo en la resolución del texto sobre el papel de
los sectores de la pesca y la acuicultura en la UE del 3 de marzo de 2022?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de mayo de 2022.-Diego Gago Bugarín, Joaquín María García Díez, Javier Bas Corugeira, Juan Manuel Constenla Carbón, Milagros Marcos Ortega y Ana María Pastor Julián, Diputados.
Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico
181/001824
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Diputada doña Isabel María Borrego Cortés.
Texto:
¿Qué porcentaje del caudal de la Rambla del Albujón de la Región de Murcia ha sido bombeada desde el mes de junio de 2021?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de mayo de 2022.-Isabel María Borrego Cortés, Diputada.
181/001825
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Diputada doña Isabel María Borrego Cortés.
Texto:
¿Cuántas horas ha estado interrumpido el bombeo de la Rambla del Albujón de la Región de Murcia desde el mes de junio de 2021 hasta la fecha?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de mayo de 2022.-Isabel María Borrego Cortés, Diputada.
181/001826
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Diputada doña Isabel María Borrego Cortés.
Texto:
¿Cuántos litros de agua se ha dejado de bombear durante las horas que ha estado interrumpido el bombeo de la Rambla del Albujón de la Región de Murcia, desde el mes de junio de 2021 y que por lo tanto han entrado en el Mar Menor?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de mayo de 2022.-Isabel María Borrego Cortés, Diputada.
Comisión sobre Seguridad Vial
181/001827
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Diputados doña Patricia Rueda Perelló, don Francisco José Alcaraz Martos, don Julio Utrilla Cano, don Víctor Manuel Sánchez del Real, don Rafael Fernández-Lomana Gutiérrez y don Luis Gestoso de Miguel, Diputados del Grupo Parlamentario VOX.
Dirigida al Ministro del Interior, don Fernando Grande-Marlaska Gómez.
Texto:
¿Está satisfecho el Gobierno con los trabajos efectivamente realizados por la Sociedad Estatal de Gestión Inmobiliaria y de Patrimonio, M.P., S.A. (SEGIPSA) en relación con el inventario y valoración de los bienes de la Dirección General de
Tráfico?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de mayo de 2022.-Patricia Rueda Perelló, Francisco José Alcaraz Martos, Víctor Manuel Sánchez del Real, Julio Utrilla Cano, Rafael Fernández-Lomana Gutiérrez y Luis Gestoso de Miguel, Diputados.
181/001828
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Diputados doña Patricia Rueda Perelló, don Francisco José Alcaraz Martos, don Julio Utrilla Cano, don Víctor Manuel Sánchez del Real, don Rafael Fernández-Lomana Gutiérrez y don Luis Gestoso de Miguel, Diputados del Grupo Parlamentario VOX.
Dirigida al Ministro del Interior.
Texto:
¿Considera el Gobierno cumplidos correctamente los trabajos realizados por Ingeniería de Sistemas para la Defensa de España S.A. S.M.E. M.P. (ISDEFE) para solventar los problemas informáticos en la gestión de sanciones de la Dirección
General de Tráfico?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de mayo de 2022.-Patricia Rueda Perelló, Francisco José Alcaraz Martos, Víctor Manuel Sánchez del Real, Julio Utrilla Cano, Rafael Fernández-Lomana Gutiérrez y Luis Gestoso de Miguel, Diputados.
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ESCRITA
La Presidencia de la Cámara, a solicitud de su autor, ha acordado tener por convertidas en preguntas con respuesta oral en Comisión y trasladar, a los efectos del artículo 190.2 del Reglamento, a la Comisión de Transición Ecológica y Reto
Demográfico, las preguntas al Gobierno con respuesta escrita que a continuación se relacionan, así como comunicarlo a dicha Comisión, al Gobierno y al Sr. Diputado preguntante y su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo de 2022.-P.A. El Secretario General Adjunto para Asuntos Parlamentarios del Congreso de los Diputados, José Antonio Moreno Ara.
Núm. expte.: 184/029809.
Núm. registro: 76492.
Autor iniciativa: Guitarte Gimeno, Tomás (GMx).
Objeto iniciativa: Autorización de derribo de la presa de Los Toranes en el río Mijares.
Publicación: 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 198, de 21 de diciembre de 2020.
Nuevo número asignado a la iniciativa tras la conversión: 181/001830.
Núm. expte.: 184/035862.
Núm. registro: 90437.
Autor iniciativa: Guitarte Gimeno, Tomás (GMx).
Objeto iniciativa: Beneficios que va a ofrecer la demolición de la central térmica de Andorra para el proceso de transición energética y el despliegue de energías renovables.
Publicación: 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 231, de 2 de marzo de 2021.
Nuevo número asignado a la iniciativa tras la conversión: 181/001831.
Núm. expte.: 184/035863.
Núm. registro: 90438.
Autor iniciativa: Guitarte Gimeno, Tomás (GMx).
Objeto iniciativa: Consideraciones acerca de si debería ser de aplicación el apartado 6.2.19 de la memoria descriptiva del Plan General de Ordenación Urbana de Andorra (Teruel), en relación con la demolición de la central térmica de
Andorra.
Publicación: 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 231, de 2 de marzo de 2021.
Nuevo número asignado a la iniciativa tras la conversión: 181/001832.
Núm. expte.: 184/035864.
Núm. registro: 90439.
Autor iniciativa: Guitarte Gimeno, Tomás (GMx).
Objeto iniciativa: Convocatoria de organizaciones ecologistas y no de ninguna asociación de defensa del patrimonio en el periodo de consultas en relación con la demolición de la central térmica de Andorra.
Publicación: 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 231, de 2 de marzo de 2021.
Nuevo número asignado a la iniciativa tras la conversión: 181/001833.
Núm. expte.: 184/060572.
Núm. registro: 148708.
Autor iniciativa: Guitarte Gimeno, Tomás (GMx).
Objeto iniciativa: Cumplimiento del Plan '130 medidas frente al Reto Demográfico'.
Publicación: 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 321, de 9 de septiembre de 2021.
Nuevo número asignado a la iniciativa tras la conversión: 181/001834.