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BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 455, de 18/05/2022
cve: BOCG-14-D-455
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BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
XIV LEGISLATURA
Serie D: GENERAL
18 de mayo de 2022
Núm. 455
ÍNDICE
Control de la acción del Gobierno
PROPOSICIONES NO DE LEY
Comisión de Asuntos Exteriores
161/004133 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), relativa a la persecución de la comunidad bahá'í en Irán ... (Página6)
161/004138 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plural, sobre la Casa de Galicia de Montevideo ... (Página8)
161/004147 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, sobre el reconocimiento público del héroe nacional Blas de Lezo, la promoción del hallazgo de los restos y la rendición del merecido homenaje a su figura ...
161/004151 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, para impulsar la diplomacia científica y tecnológica bilateral con el Reino Unido
12
161/004156 Proposición no de Ley presentada por el Grupos Parlamentarios Republicano, Euskal Herria Bildu, sobre actuaciones para que se haga justicia con Osman Kavala en Turquía
13
Comisión de Justicia
161/004137 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plural, relativa a impulsar las reformas necesarias para hacer frente al fenómeno de la multirreincidencia en los delitos de hurto de carácter leve...
161/004146 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a la destitución inmediata de la Fiscal General del Estado por incumplimiento grave y reiterado de sus funciones... (Página16)
Comisión de Defensa
161/004134 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, por la que se insta al Gobierno a la aprobación de una Ley de Financiación y Programación Plurianual de las Fuerzas Armadas, que dote a las mismas de un
sistema de financiación a largo plazo autónomo e independiente de intereses políticos, desvinculado de los Presupuestos Generales del Estado, y en el que se establezca un umbral mínimo de inversión del 2% del PIB en un plazo máximo de cinco años...
(Página23)
161/004143 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la preparación ante futuras pandemias y otros incidentes biológicos... (Página25)
Comisión de Hacienda y Función Pública
161/004127 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre medidas en defensa de las familias... (Página28)
161/004129 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a aprobar el protocolo de actuación frente al acoso sexual y por razón de sexo o género en la Administración General del Estado...
161/004132 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Republicano, sobre medidas de lucha contra el fraude y la evasión fiscal... (Página30)
161/004154 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la modificación de la Ley 20/1991, de 7 de junio, de modificación de los aspectos fiscales del Régimen Económico Fiscal de Canarias, para la
devolución de IGIC a las empresas afectadas por la quiebra de Thomas Cook... (Página32)
161/004157 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre el restablecimiento, tanto en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas como en el Impuesto sobre Sociedades, de los coeficientes correctores
del efecto de la inflación, en la determinación del valor de adquisición de los bienes inmuebles en el momento de su venta... (Página33)
Comisión de Interior
161/004136 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre refuerzo de las plantillas de la Guardia Civil y de la Policía Nacional en Baleares... (Página34)
161/004141 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a paralizar la supresión de las patrullas del Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (SEPRONA) y a aumentar los
efectivos del Servicio... (Página35)
161/004142 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la creación de un tercer grupo de Unidades de Prevención y Reacción (UPR) en Palma de Mallorca y un grupo de UPR en la isla de Ibiza...
(Página37)
161/004161 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre la convocatoria urgente de la Comisión de Seguimiento del Plan de Acción de Lucha contra los Delitos de Odio, tras los asesinatos cometidos en Bilbao en
los últimos meses contra, al menos, cuatro personas homosexuales... (Página38)
Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana
161/004155 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la programación por parte de Renfe de una oferta de trenes del servicio público de Media Distancia adecuada a las demandas de movilidad de
los usuarios del ferrocarril en Galicia por motivos laborales y de formación, con relación al corredor Atlántico Vigo-A Coruña y el corredor A Coruña-Santiago-Ourense... (Página39)
Comisión de Educación y Formación Profesional
161/004128 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a introducir el flamenco en los ciclos formativos y certificados de profesionalidad de Formación Profesional...
161/004149 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, para garantizar el acceso al sistema de ayudas al estudio del alumnado matriculado en el primer ciclo de la Etapa de Educación Infantil...
161/004163 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa al impulso de las humanidades... (Página44)
Comisión de Industria, Comercio y Turismo
161/004126 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a reconocer e impulsar el turismo de golf en España... (Página46)
Comisión de Derechos Sociales y Políticas Integrales de la Discapacidad
161/004140 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, relativa a la eliminación de la discriminación por motivos de renta, patrimonio o situación socioeconómica...
(Página47)
Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación
161/004139 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plural, sobre el incremento de las ayudas destinadas a los productores de carne por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación...
161/004144 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la aplicación de descuentos en el precio de los combustibles a los buques pesqueros españoles que repostan fuera de España...
Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico
161/004131 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plural, relativa a aprobar de manera urgente una moratoria o un periodo transitorio de adaptación para el sector agrícola en la aplicación del artículo 27.3 de la Ley
7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular... (Página51)
161/004153 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para que el precio del agua desalada para riego y abastecimiento tenga un precio asequible que no exceda los 0,3 euros/m3...
161/004159 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a la aplicación de la taxonomía europea en España con el propósito de fortalecer la seguridad de suministro de Europa...
Comisión de Cultura y Deporte
161/004125 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la elaboración de un catálogo de Fiestas Ecuestres Singulares... (Página61)
161/004160 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la conservación y restauración urgente del Castillo de Alburquerque (Badajoz)... (Página62)
161/004162 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a incluir la Tauromaquia entre las manifestaciones culturales a la que los jóvenes puedan tener acceso dentro del bono cultural...
Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades
161/004150 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, para impulsar la diplomacia científica y tecnológica bilateral con el Reino Unido... (Página65)
Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo
161/004158 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, sobre el desarrollo de un protocolo de control financiero de los fondos destinados a la cooperación internacional... (Página66)
Comisión de Derechos de la Infancia y Adolescencia
161/004130 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la celebración del Año Europeo de la Juventud... (Página72)
161/004148 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, para garantizar el acceso al sistema de ayudas al estudio del alumnado matriculado en el primer ciclo de la Etapa de Educación Infantil...
Comisión sobre Seguridad Vial
161/004145 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre modificación del Reglamento General de Circulación en relación con la reforma de la señal de los semáforos reservados para peatones, y la sustitución
del término minusválido, por persona en situación de discapacidad... (Página75)
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL
Comisión de Hacienda y Función Pública
181/001821 Pregunta formulada por el Diputado Víctor Valentín Píriz Maya (GP), sobre incidencia de la inflación en la previsión de ingresos de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT)... (Página76)
181/001822 Pregunta formulada por el Diputado don Víctor Valentín Píriz Maya (GP), sobre previsiones acerca de actualizar la Dirección General de Ingresos su precisión de ingresos por impuestos en 2022 a cuenta de la inflación...
Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana
181/001812 Pregunta formulada por el Diputado Celso Luis Delgado Arce (GP), sobre previsiones acerca de formalizar un acuerdo internacional con el Gobierno de Portugal para prolongar la autovía AG-31 desde Celanova (Ourense) hasta la
frontera lusa... (Página77)
181/001820 Pregunta formulada por el Diputado don Celso Luis Delgado Arce (GP), sobre previsiones de convocar a la mayor brevedad una reunión de la Comisión de Seguimiento del Convenio Marco de Colaboración suscrito el 22 de junio de 2016
entre el Ministerio de Fomento, la Xunta de Galicia, el Ayuntamiento de Ourense y ADIF-AV para el desarrollo de la futura estación intermodal de Ourense, para abordar principalmente todo lo referente a las actuaciones conveniadas, así como lo
relativo a otras actuaciones urbanas no contempladas en el estudio informativo pero que sí fueron en su día objeto de valoración... (Página77)
Comisión sobre Seguridad Vial
181/001811 Pregunta formulada por los Diputados Patricia Rueda Perelló (GVOX), Alcaraz Martos, Francisco José (GVOX), Utrilla Cano, Julio (GVOX), Sánchez del Real, Víctor Manuel (GVOX), Fernández-Lomana Gutiérrez, Rafael (GVOX) y Gestoso de
Miguel, Luis (GVOX), sobre manera en la que se protege jurídicamente y se custodian los bienes que componen el inmovilizado de la Jefatura Central de Tráfico cuando el 61,73% del activo no cuenta con un soporte documental...
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ESCRITA
Relación de preguntas para respuesta escrita que pasan a tramitarse como preguntas para respuesta oral en Comisión... (Página78)
CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PROPOSICIONES NO DE LEY
La Mesa de la Cámara en su reunión del día de hoy ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 194 del Reglamento, las siguientes Proposiciones no de Ley, y considerando que solicitan el debate de las iniciativas en Comisión, disponer
su conocimiento por las Comisiones que se indican, dando traslado al Gobierno y publicar en el 'Boletín Oficial de las Cortes Generales'.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de mayo de 2022.-P.A. El Secretario General Adjunto para Asuntos Parlamentarios del Congreso de los Diputados, José Antonio Moreno Ara.
Comisión de Asuntos Exteriores
161/004133
A la Mesa de la Comisión de Asuntos Exteriores
El Grupo Parlamentario Vasco EAJ-PNV, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la persecución de la comunidad
bahá'í en Irán, para su debate en la Comisión de Asuntos Exteriores.
Exposición de motivos
La Fe bahá'í es una religión nacida en Irán a mediados del siglo XIX, y extendida hoy por todo el mundo. La Fe bahá'í tiene más de 7 millones de seguidores, de los cuales más de 300.000 residen en Irán, según la última actualización del
censo oficial en aquel país en 1980.
La comunidad bahá'í de España está presente desde el año 1948 e inscrita en el registro de entidades religiosas del Ministerio de Justicia en el año 1968, contando hoy en día con aproximadamente 5000 creyentes en 300 localidades de la
península y archipiélago canario.
Su principal mensaje es el de la unidad orgánica de toda la raza humana, sostiene la creencia de que la sociedad ha de estar basada en principios fundamentales como la eliminación de toda forma de prejuicio; la plena igualdad entre el
hombre y la mujer; el reconocimiento de la unidad esencial de las grandes religiones del mundo; la eliminación de los extremos de pobreza y riqueza; la educación universal; la armonía entre la ciencia y la religión; un equilibrio sostenible
entre naturaleza y tecnología y el establecimiento de un sistema federal mundial, basado en la seguridad colectiva y la unidad de la humanidad.
Desde los inicios de su fundación en 1844 en Irán, la Fe bahá'í ha estado perseguida en su país de origen. Tras el estallido de la Revolución y el establecimiento de la República Islámica de 1979, la situación de la comunidad bahá'í en Irán
se vio agravada con ejecuciones, encarcelamientos, torturas y desapariciones orquestadas por el Gobierno; las cuales fueron condenadas y sancionadas fuertemente por la Comunidad Internacional y Naciones Unidas, exigiendo la detención de tales
prácticas.
Sin embargo, en las últimas cuatro décadas desde una política de Estado, se ha pretendido erradicar la comunidad bahá'í como una entidad viable tanto dentro como fuera del país. Así lo señaló el Relator Especial de Naciones Unidas sobre la
situación de los Derechos Humanos en Irán en el año 1993 revelando la existencia de un memorándum secreto firmado en 1991 por el líder supremo de Irán, Ali Jameneí, que titulado 'La cuestión bahá'í', en el que se establecen directrices concretas
sobre las relaciones con los bahá'ís, estipulando que 'el trato que les dispense el Gobierno debe ser tal que se ponga freno a su progreso y desarrollo'.
Este conjunto de medidas, en vigor hasta hoy, están orientadas a coartar la vida educativa, económica y cultural de los bahá'ís iraníes. Los bahá'ís son arrestados, detenidos y encarcelados de forma rutinaria. Se les prohíbe ocupar cargos
públicos, y sus tiendas y empresas son cerradas sistemáticamente o sufren impedimentos administrativos por parte de funcionarios en todos los niveles. A los jóvenes bahá'ís se les impide asistir a la universidad, y los educadores bahá'ís
voluntarios que han tratado de llenar ese vacío han sido arrestados y encarcelados.
Dr. Ahmed Shaheed actual Relator Especial de Naciones Unidas sobre la libertad de religión o creencias, en su nuevo informe del 2 de marzo de 2022 dirigido al Consejo de Derechos Humanos ha incluido un histórico anexo sobre las
'Experiencias de personas pertenecientes a la comunidad minoritaria bahá'í en condiciones de creciente inseguridad'. En él ilustra la peligrosa situación que enfrentan los bahá'ís en Irán ante la falta de reconocimiento legal son expuestos a
violaciones de sus derechos básicos como cualquier ciudadano. La 'discriminación y persecución de los bahá'ís es sistemática y dirigida por el Estado', dice el anexo, y los bahá'ís 'supuestamente han sufrido violencia y restricciones para
manifestar su fe', en particular si se considera que contradicen los principios islámicos.
En Irán la propaganda anti-bahá'í y los discursos de odio contra los bahá'ís son patrocinados por el Estado Islámico en los medios de comunicación públicos, redes sociales y otros espacios, los cuales se han intensificado hasta un grado
inquietante. Desde principios de 2021 la Comunidad Internacional Bahá'í registró más de 33.000 artículos de propaganda anti-bahá'í o de discursos de odio, lo que indica un aumento drástico con respecto a años anteriores y augura una escalada en
acciones violentas de la población hacia los bahá'ís.
Otro patrón de discriminación sistemática y opresión económica es la tendencia creciente en la propiedades, que ha ocurrido en distintas regiones del país usando una nueva estrategia amparada en el artículo 49 de la Constitución iraní, que
permite al Gobierno confiscar propiedades 'ilegítimas' que se hayan obtenido mediante 'usura, usurpación, soborno, malversación, robo, apuestas, uso indebido de las dotaciones del Gobierno islámico, uso indebido de contratos y transacciones
gubernamentales, tierras no cultivadas y otras de carácter público, casas de mala reputación y otras fuentes ilegítimas'. Ninguna de estas causas se aplica en las sentencias de expropiación de las propiedades bahá'ís, lo que demuestra que se
utiliza indebidamente el artículo 49 para justificar el propósito de motivación religiosa que hay detrás de las mismas. Todas las propiedades son transferidas a un organismo paraestatal llamado Ejecución de la Orden del Imán Jomeini (EIKO), también
conocido como Setad.
A pesar de todo, los bahá'ís iraníes han expresado en repetidas ocasiones al Gobierno su deseo de practicar su religión de acuerdo con los dictados de su conciencia y de contribuir a la mejora y el progreso de la sociedad iraní en su
conjunto. Los escritos bahá'ís exigen abstenerse de emplear la violencia, y exhortan la obedecía y el respeto a las leyes del Gobierno del país en el que viven.
Esta Proposición no de Ley pretende dar continuidad a las ya aprobadas por unanimidad en esta Cámara en 2006 y con mayoría absoluta en 2009, en la octava y novena legislatura, respectivamente.
Por todo lo expuesto, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a apoyar las siguientes medidas:
1. Que reconociendo la singularidad que viven los bahá'ís en Irán y considerando que sus derechos no están recogidos en su constitución, haga un llamamiento al Gobierno iraní a respetar los acuerdos que tiene signados en materia de Derechos
Humanos y atienda a las recomendaciones de las distintas resoluciones emitidas por los organismos internacionales de poner fin a la persecución de los bahá'ís en Irán, cumpliendo con sus promesas en el Examen Periódico Universal de Naciones Unidas.
2. Que proyecte su influencia a nivel internacional para colocar en la agenda europea la situación de los bahá'ís en Irán y aliente a la Unión Europea a no relajar su presión sobre Irán en materia de Derechos Humanos.
3. Que las delegaciones españolas en Irán recuerden a otros cuerpos diplomáticos iraníes el compromiso del Gobierno español con la libertad religiosa, el respeto de los derechos humanos y su preocupación especial por la persecución de los
bahá'ís en aquel país.
4. Que dada la emergencia sanitaria y económica que se vive a causa del COVID-19, en especial en sus cárceles, se solicite al Gobierno iraní que atienda las peticiones de organismos internacionales para que sean puestos en libertad todos
los presos de conciencia que estén cumpliendo condena por motivos religiosos, por defender los Derechos Humanos y por pertenecer a minorías religiosas, incluidos los bahá'ís.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de abril de 2022.-Aitor Esteban Bravo, Portavoz del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).
161/004138
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Plural, a instancia del diputado del Bloque Nacionalista Galego (BNG) Néstor Rego Candamil, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente
Proposición no de Ley sobre la Casa de Galiza de Montevideo para su debate en la Comisión de Asuntos Exteriores.
Exposición de motivos
El legado de los emigrantes gallegos en el exterior es muy importante y representa una parte fundamental del patrimonio cultural e inmaterial de Galiza.
La Casa de Galiza en Montevideo fue fundada en 1917 gracias al esfuerzo de muchos emigrantes en esa ciudad. Ese mismo edificio fue sede del Consello de Galiza y también albergó al Goberno galego en el exilio tras el alzamiento militar y
durante los años de la Dictadura franquista.
La situación del Centro en la actualidad es muy preocupante y requiere una actuación urgente por parte de las distintas administraciones con competencias en esta materia, esto es, de la Xunta de Galiza, pero también del Gobierno del Estado,
para lograr una mediación que permita salvaguardar el patrimonio cultural del Centro, conformado por una amplia variedad de obras artísticas, entre las que se incluye la escultura 'A Santiña' de Asorey, una biblioteca con ejemplares de especial
interés, así como distintas piezas cerámicas, mobiliarias y artísticas, recibidas o compradas con el esfuerzo de las gallegos y gallegas en la emigración.
El 31 de marzo estaba fijada como fecha final de pago, pudiendo proceder posteriormente al cobro de las deudas los acreedores de la Casa de Galiza para lo que podrán proceder a la venta del patrimonio mobiliario e inmobiliario, lo que
supondrá una gran pérdida para toda la colectividad gallega en Uruguay.
Por esta razón, una representación del BNG visitó a mediados de marzo las instalaciones situadas en la Avenida 18 de julio y en el Hospital, reuniéndose con socias y socios, trabajadores de la entidad, exmiembros de la Comisión de Cultura y
el propio Ministro de Salud Pública de la República Oriental del Uruguay, para conocer la situación de forma directa.
Debido al procedimiento judicial que decreta el cierre de la Casa de Galiza en el mes de diciembre, se plantea un panorama actual muy preocupante, pues supondrá la desaparición de una entidad histórica de la ciudad y el cierre total de sus
actividades.
Al estado actual se ha llegado, entro otros factores, por la acumulación de deudas y por una mala gestión. Además, es necesario recordar que el Presidente saliente de la Casa de Galiza, reconoció en una entrevista que 'fue instado por el
Gobierno gallego a presidir la entidad'.
El BNG ya formuló en distintas iniciativas ante el Parlamento de Galiza la preocupación por la grave situación del Centro, la falta de transparencia e información en todo este proceso, y las graves consecuencias que tendrá para los socios y
socias la privación de la atención socio-sanitaria y ambulatoria.
Para el BNG fue muy sorprendente tener la confirmación por parte del propio Gobierno de la República Oriental de Uruguay de que el Gobierno gallego se negó a ayudar en esta difícil situación, a pesar de realizar peticiones expresas en este
sentido, mientras, en Galiza, la Xunta seguía alegando estar realizando mediaciones diplomáticas para solventar el problema. Tampoco hemos tenido conocimiento de que el Gobierno del Estado, a través del Ministerio de Asuntos Exteriores haya
realizado alguna gestión para solucionar la situación.
En definitiva, la desaparición de esta histórica sociedad supondrá el desmantelamiento de su patrimonio, la desatención de la situación sociosanitaria de las socias y socios gallegos con el cese ambulatorio y el traslado y derivación de
pacientes a otras entidades integradas en el Sistema Nacional de Salud de Uruguay, así como la redistribución de las personas trabajadoras del centro, situación en la que deberá garantizarse el respeto de su antigüedad y salario. Pero, sobre todo,
es muy importante que se dé la adecuada cobertura y una asistencia de calidad a las personas usuarias, muchas de ellas mayores, sobre todo la grave situación de los cien socios y socias de avanzada edad en situación de pobreza que no estaban pagando
cuota, pero cuya atención era cubierta por la Xunta de Galiza.
Por todo lo expuesto anteriormente, el BNG presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno del Estado a:
1. Solicitar a las autoridades competentes de Uruguay que se adopten todas las medidas necesarias para garantizar la protección sanitaria de los socios de la Casa de Galiza, así como todas aquellas que, ajustadas a derecho, garanticen la
protección y la integridad de su patrimonio cultural, artístico e histórico, para que permanezcan en el ámbito galleguidad en el propio país, ayudando a los socios a su adquisición o realizando directamente la administración, de no ser posible otra
solución.
2. Continuar con las medidas que correspondan dentro de sus competencias para asegurar la protección socio-sanitaria de los emigrantes gallegos.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 mayo de 2022.-Néstor Rego Candamil, Portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Plural.
161/004147
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Macarena Olona Choclán, don Iván Espinosa de los Monteros de Simón, don Alberto Asarta Cuevas, don Víctor González Coello de Portugal, don Víctor Sánchez del Real, don Agustín Rosety Fernández de Castro y don Emilio Jesús del Valle
Rodríguez, en sus respectivas condiciones de Portavoz Adjunta, Portavoz y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente Proposición no de
Ley para el reconocimiento público del héroe nacional Blas de Lezo, la promoción del hallazgo de los restos y la rendición del merecido homenaje a su figura, para su discusión en la Comisión de Asuntos Exteriores.
Exposición de motivos
Primero. Blas de Lezo: una vida al servicio de España.
Blas de Lezo es, sin duda, uno de los héroes nacionales españoles más conocidos, y quizá el que ha sido objeto de mayor divulgación popular en las últimas décadas. Procedente, como Elcano y Churruca, de ese vivero de glorias de la Marina
española que son las provincias vascas, ha simbolizado como pocos nuestro orgullo nacional, al haber sido protagonista de una brillante victoria sobre una gran expedición británica en Cartagena de Indias en 1741. Probablemente, uno de los factores
de este auge de Blas de Lezo en la cultura popular sea su condición de vencedor sobre una potencia como la Gran Bretaña, que en el siglo XVIII se estaba configurando como el más formidable poder naval y colonial de las últimas centurias.
Nacido en la localidad portuaria de Pasajes (Guipúzcoa) en 1689, Blas de Lezo y Olavarrieta dedicó su vida al servicio de la Corona española en el mar desde que era un adolescente. Comenzó su carrera combatiendo en la marina borbónica en la
Guerra de Sucesión Española, en la cual perdió una pierna y sufrió graves heridas en un brazo. Posteriormente sufriría otras heridas de consideración en el cumplimiento del deber, como las lesiones en un ojo producidas en sus luchas contra piratas
y contrabandistas en las Indias españolas en los años siguientes.
Entre sus acciones más destacadas están su intervención como segundo jefe de la flota que en 1732 desembarcó a las tropas que recuperaron Orán, plaza del norte de África que durante siglos estuvo bajo soberanía española. El mismo año había
liderado una escuadra de seis navíos que había intimado con éxito a la república de Génova a la devolución a la Corona española de dos millones de pesos depositados en el banco de la ciudad, así como a que se rindieran honores al estandarte real
como desagravio. En esta misión, en particular, dio muestra de extraordinarias firmeza, audacia y determinación.
Pero es indudablemente su participación en la batalla de Cartagena de Indias lo que ha llevado a Blas de Lezo al lugar de honor que ocupa en la galería de héroes de España. Hay que recordar que este combate forma parte de una contienda
entre España y Gran Bretaña, la Guerra del Asiento, que, comenzada en 1739, se confundió con la más general Guerra de la Sucesión de Austria y no terminó
hasta 1748. A su vez, y por lo que se refiere a nuestro país, estos enfrentamientos forman parte de una serie de conflictos que se dieron a lo largo del siglo XVIII entre España, Francia y Gran Bretaña y que tenían por objeto la obtención
de la hegemonía naval y comercial en el mundo, que se disputaban estas potencias de Europa occidental. Aunque a la larga los británicos lograron llevarse la mejor parte, también sufrieron derrotas estrepitosas a manos de los ejércitos y las flotas
de España y de sus aliados. El mayor revés que aquellos sufrieron fue sin duda la independencia de los actuales Estados Unidos, pero uno de los peores desastres en el campo más propiamente militar fue precisamente el de Cartagena de Indias.
Segundo. La Batalla de Cartagena de Indias.
Cartagena de Indias no fue una simple acción de guerra, sino una campaña naval y militar por derecho propio. El origen de la lucha por la ciudad está en la gran importancia de su puerto para la Flota de Indias, que en aquella época era un
elemento vital no solamente de la economía española, sino del mismo comercio internacional. De esta importancia da testimonio que el propio virrey español de Nueva Granada, Sebastián de Eslava y Lassaga, tuviese instrucciones de residir
permanentemente en la ciudad. Por todo ello, los británicos armaron una descomunal expedición con la finalidad de ocupar la localidad y su puerto, a cuyo frente estuvieron Edward Vernon y Thomas Wentworth, al mando respectivamente de las fuerzas
marítimas y terrestres.
La campaña tuvo lugar entre los meses de marzo y mayo de 1741. Cartagena de Indias se encuentra en primera línea de costa, pero la ciudad era inexpugnable si se planteaba un ataque directo desde el mar. Por este motivo, el plan de los
británicos era recorrer las aguas interiores que hay al oeste de la localidad, ocupando varias posiciones fortificadas españolas. Fue precisamente en la defensa de estas aguas interiores y en esta primera fase de la campaña, sobre todo en la
entrada de la llamada bahía exterior, en la cual Blas de Lezo, en su calidad de comandante de las fuerzas navales españolas, tuvo su actuación más destacada.
La abrumadora superioridad numérica de las fuerzas británicas les permitió atravesar la bahía exterior y, ya en la bahía interior, desembarcar en tierra firme cerca de la propia Cartagena de Indias. Aquí tuvo lugar la fase terrestre de la
campaña, en la que el mando directo correspondió al propio virrey Eslava y cuyo episodio central fue el asalto británico al castillo de San Felipe de Barajas, en el cerro de San Lázaro, última posición defensiva antes de llegar a la propia
Cartagena, el día 20 de abril. En las operaciones de defensa intervino nuevamente con heroísmo Blas de Lezo. El fuego español masacró a las tropas británicas y el asalto terminó en una derrota sangrienta. Las enfermedades tropicales ya habían
hecho además su aparición en el campamento británico y la campaña estaba condenada. La retirada final tuvo lugar el 20 de mayo.
Tercero. Blas de Lezo en la memoria.
En septiembre del mismo 1741 falleció Blas de Lezo sin haber obtenido el necesario reconocimiento por su condición de artífice de tan gloriosa victoria. Es más, a consecuencia de las malas relaciones con el virrey, desde la Corte, sin tener
noticia de la defunción por la lentitud de las comunicaciones en la época, se ordenaría su destitución y su regreso a la Península. Solamente años después su hijo obtendría la rehabilitación de su figura, otorgándosele por el rey Carlos III el
marquesado de Ovieco.
No puede decirse que, en los ya casi trescientos años transcurridos, España haya olvidado por completo la figura de Blas de Lezo. Siempre ha aparecido con distinción en las listas de héroes nacionales, sobre todo en las que hacen referencia
a nuestras guerras navales de la Edad Moderna. La victoria de Cartagena de Indias, al menos para aquellos españoles mínimamente interesados por las hazañas de nuestras armas, siempre estuvo entre los hechos brillantes del Ejército y la Armada. En
la propia Guipúzcoa, hasta el intento separatista de erradicar la memoria de los vínculos de las provincias vascas con la gran Patria española, Blas de Lezo siempre fue considerado como uno de los héroes más distinguidos de una tierra de por sí rica
en grandes servidores de España. En la fachada de la misma Diputación Foral se pueden ver los bustos de algunos de estos grandes héroes (Elcano, Oquendo, Legazpi, Urdaneta), y también está el del propio Lezo.
Probablemente no podamos hablar tanto de un olvido de Blas de Lezo en particular, como de un abandono de la memoria de nuestros héroes más en general, que también habría alcanzado durante un tiempo al propio Lezo. Sin embargo, desde hace
cerca de veinte años, el recuerdo de Blas de Lezo ha experimentado un resurgimiento que puede ser calificado de espectacular, con varios libros dedicados a su figura, por no hablar de estudios o conferencias. Este interés verdaderamente
extraordinario se ha manifestado también en una completa exposición relativa al personaje y a la campaña de Cartagena de Indias, organizada en 2013 por el Museo Naval, y en una estatua erigida en Madrid a su memoria en 2014.
Cuestión distinta es la de los restos mortales de Blas de Lezo, y es que no se sabe con certeza dónde reposan. El hecho de haber fallecido tras caer en desgracia, lejos de su familia, a miles de kilómetros de la España peninsular, y en
mitad de una guerra, probablemente hizo imposible que se diera a su cuerpo sepultura con los honores merecidos y que su situación no recibiese atención durante mucho tiempo.
La opción más probable parece ser la de que sus restos se encuentren en el Convento de Santo Domingo de Cartagena de Indias, ya que así lo expresaba el hijo del héroe, Blas Fernando de Lezo, en una carta fechada en 1774 y dirigida al
director de la academia de guardiamarinas de Cádiz. Pero esto no deja de ser una hipótesis, porque la tumba como tal no ha sido hallada, ni su existencia ha sido objeto de comprobación material.
Aquí es donde debemos señalar un fenómeno muy criticable que ha podido observarse en nuestro país en demasiadas ocasiones, que es el del escaso interés dedicado a los lugares de descanso de muchas de sus grandes figuras. Quizá el caso más
sangrante sea el de los restos de Cervantes, identificados solamente en vísperas del cuarto centenario de su muerte. Y, como vemos, esta situación se ha producido también con Blas de Lezo, ya que lamentablemente no podemos en el momento actual
indicar con seguridad dónde está su tumba, y por tanto dónde poder acudir a visitar sus restos y rendirles el debido homenaje.
Cuarto. La importancia de los héroes en la España actual.
España es una de las naciones que han hecho aportaciones más sobresalientes a la civilización occidental y a la historia universal. Por sus contribuciones a la difusión del Cristianismo, por su condición de elemento central en la extensión
de la cultura de base grecolatina y por el papel fundamental de la misma lengua española, nuestro país puede afirmar sin complejos que es una de las grandes naciones del mundo. Y esta grandeza se sustenta a su vez en el heroísmo, el trabajo y las
virtudes de tantos españoles que han servido a nuestra Patria a lo largo de su Historia.
Aunque son los españoles en su conjunto los protagonistas de la trayectoria histórica de la Nación, es indudable que las acciones más destacadas al servicio de España, en los distintos terrenos, son esenciales por lo que tienen de hitos que
marcan esa trayectoria, y por lo que implican de ejemplo que imitar para las generaciones venideras. En este sentido, nuestra fuerza política, cuya primera vocación es precisamente el servir a la comunidad, postula en la Agenda España la difusión
de las hazañas de los héroes nacionales.
Blas de Lezo es uno de estos héroes nacionales. La preservación de su memoria no puede corresponder únicamente a sus descendientes y admiradores, sino también, y principalmente, a las instituciones públicas de la comunidad a la que el héroe
consagró una vida de servicio. Esta custodia del recuerdo de los héroes de España tiene que ser una auténtica política de Estado. Con esta iniciativa queremos traer a las Cortes Generales, la más alta instancia representativa de nuestro sistema
político, la rememoración de la figura de un marino excepcional que dedicó su existencia a la defensa de España.
Pero no se detiene aquí el espíritu de esta Proposición no de Ley. Ya hemos dicho que Blas de Lezo no es precisamente el héroe nacional cuyo recuerdo ha sido objeto del mayor de los abandonos. Es nuestra voluntad aprovechar esta
oportunidad para afirmar, una vez más, la necesidad de que España, a través de sus autoridades, recuerde a sus héroes y difunda su memoria. Hay una ingente cantidad de figuras que han prestado contribuciones destacadas a nuestra Patria que no han
recibido el reconocimiento que merecen. Volvemos a anunciar nuestro propósito de luchar para recuperar su memoria, para lograr que las instituciones públicas les den el recuerdo, el homenaje y la difusión de que sin duda son acreedores, y para que
las virtudes de que son modelo sean la regla de comportamiento de las generaciones venideras.
Al amparo de lo expuesto, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de la Nación a:
1. Reiterar el reconocimiento público del Teniente General de la Armada Española don Blas de Lezo y Olavarrieta por los grandes servicios prestados a España a lo largo de su carrera, y de modo particular por su heroica conducta en la
batalla de Cartagena de Indias.
2. Promover la investigación y, en su caso, el hallazgo de sus restos mortales, así como la colocación de estos en un lugar revestido de la dignidad y el honor que su figura merecen.
3. Garantizar la presencia en los planes de estudios de la figura de Blas de Lezo y de otros héroes nacionales, para que su ejemplo contribuya a la formación del carácter de los españoles del futuro.
4. Asumir que el reconocimiento, el homenaje y la difusión de las figuras de los héroes nacionales deben ser parte de la tarea que todas las instituciones tienen encomendada de fortalecer a España como nuestra Patria común, de manera que
aquellos constituyan una verdadera política de Estado.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de mayo de 2022.- Víctor González Coello de Portugal, Víctor Manuel Sánchez del Real, Agustín Rosety Fernández de Castro, Alberto Asarta Cuevas y Emilio Jesús del Valle Rodríguez, Diputados.-Iván
Espinosa de los Monteros de Simón y Macarena Olona Choclán, Portavoces del Grupo Parlamentario VOX.
161/004151
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para impulsar la diplomacia científica y tecnológica bilateral
con el Reino Unido, para su debate en la Comisión de Asuntos Exteriores.
Exposición de motivos
La cooperación científica y tecnológica entre España y Reino Unido siempre ha gozado de buena salud. De hecho, de acuerdo con el informe Análisis de la colaboración científica entre España y Reino Unido. 2011-2020, elaborado por la
Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT), Reino Unido es el segundo país del mundo con el que más colaboración científica tiene España, solo por detrás de Estados Unidos. Nuestro país, en cambio, es el octavo país colaborador de
Reino Unido en esta materia. Además, entre 2011 y 2020 la producción científica entre ambos países se duplicó, con una tasa de crecimiento anual del 18,2 %.
Sin embargo, la decisión del Reino Unido de abandonar la Unión Europea y su salida efectiva del bloque ha afectado a esa cooperación. Según denuncia la Sociedad de Científicos Españoles en el Reino Unido (SRUK/CERU), la situación actual ha
sumido a los investigadores españoles que desarrollan su carrera en Reino Unido en un estado de incertidumbre. De acuerdo con el Acuerdo de Comercio y Cooperación firmado entre la Unión Europea y el Reino Unido para regular sus relaciones tras la
salida de este país del bloque comunitario, el Reino Unido podrá asociarse a los programas de I+D de la Unión Europea como Horizonte Europa, Euratom, ITER y Copernicus a través de la firma y ratificación de un protocolo. Sin embargo, las
diferencias entre el gobierno británico, por un lado, y la Comisión Europea y los 27 Estados miembros de la Unión Europea, por otro, sobre el cumplimiento de lo acordado en el Acuerdo de Comercio y Cooperación y, en particular, sobre el protocolo
referido a Irlanda del Norte, ha hecho encallar las negociaciones de ese instrumento que facilitaría la cooperación científica y tecnológica.
Esto supone que muchos profesionales españoles que trabajan día a día por avanzar en el conocimiento y por defender la reputación de nuestro país en el ámbito científico a nivel internacional no puedan estar desarrollando todo su potencial y
el de sus proyectos por la falta de acceso a programas de investigación conjunta y por no poder solicitar financiación de los mismos. Todo ello pese a que tanto el gobierno británico como la Comisión Europea se han mostrado favorables de que el
Reino Unido tenga una participación activa en esos programas de I+D. Además, la situación actual ha paralizado la formación de alianzas y acuerdos de colaboración entre instituciones científicas y universidades españolas y británicas. De hecho, los
investigadores y académicos se están organizando en torno a la campaña 'Stick to Science' para pedir que se actualice este marco de cooperación con el Reino Unido y también con Suiza.
Desde el Grupo Parlamentario Ciudadanos hemos hecho de la cooperación científica y tecnológica una pieza fundamental de nuestra política exterior y de nuestra política de I+D. De hecho, en varias ocasiones hemos solicitado al Gobierno que
acelere los trámites también para firmar acuerdos de carácter bilateral con el Reino Unido sobre los ámbitos de nuestra cooperación que puedan complementar al Acuerdo de Comercio y Cooperación, incluyendo la cooperación científica y tecnológica.
Por tanto, los liberales españoles compartimos la preocupación de los investigadores españoles en Reino Unido y queremos dar certidumbre a quienes trabajan cada día por hacer avanzar la ciencia y la innovación.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Impulsar, en el seno de las instituciones de la Unión Europea, las acciones necesarias para desbloquear las negociaciones para la incorporación de Reino Unido a los programas de I+D de la Unión Europea.
2. Acelerar los procedimientos para la firma de convenios de carácter bilateral que faciliten y fomenten la cooperación científico-técnica y universitaria entre España y el Reino Unido en el nuevo contexto tras la salida de este país de la
Unión Europea.
3. Asegurar todo el apoyo institucional y administrativo necesario a los científicos y tecnólogos españoles que realizan sus tareas de investigación y desarrollan sus carreras profesionales en el Reino Unido para que no tengan que
enfrentarse a la incertidumbre actual en soledad.
4. Reforzar el Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación mediante un Plan de Atracción y Retorno del Talento Investigador con suficientes incentivos para hacer más sencillo a los científicos y tecnólogos españoles en Reino Unido su vuelta
a España, si es que así lo desean, sin sacrificar perspectivas profesionales o calidad de vida.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de mayo de 2022.-María Carmen Martínez Granados, Diputada.-Edmundo Bal Francés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
161/004156
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Los Grupos Parlamentarios Republicano y EH Bildu, a instancia de la Diputada Marta Rosique i Saltor y del Diputado Jon Iñarritu García, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la
siguiente Proposición no de Ley para que se haga justicia con Osman Kavala en Turquía, para su debate en la Comisión de Asuntos Exteriores.
Exposición de motivos
Osman Kavala es un activista y empresario turco que fue acusado de organizar las protestas del parque Gezi, unas manifestaciones multitudinarias celebradas en 2013 contra un proyecto de desarrollo urbanístico en Estambul. Arrestado en 2017,
un tribunal le absolvió de estos cargos en febrero de 2019. Sin embargo, las autoridades volvieron a detenerle de inmediato como sospechoso de estar detrás del fallido intento golpista de 2016. También le acusaron de 'espionaje'. El verano
pasado, un tribunal decidió fusionar el enjuiciamiento de Gezi con el de 35 aficionados al fútbol por su presunta participación en las protestas de 2013 en el parque de Gezi, aunque después, a petición de la fiscalía, esta decisión fue anulada.
El 25 de abril, Osman Kavala fue condenado a cadena perpetua agravada por los hechos de 2016, que no han sido probados. Solo fue absuelto del cargo de espionaje. Junto a Kavala, siete investigados en la misma causa han sido condenados a 18
años de prisión, siendo todos profesionales liberales e intelectuales; pese a que hasta ahora han estado en libertad provisional, deberán ingresar en prisión. Se trata de Mücella Yapici, Çigdem Mater, Hakan Altinay, Mine Õzerden, Can Atalay,
Tayfun Kahraman y Yigit Ali Ekmekçi.
Durante todo el proceso, Osman Kavala ha permanecido en detención arbitraria durante más de cuatro años y medio, únicamente por su activismo en la sociedad civil. En enero de este mismo año, el Comité de Ministros del Consejo de Europa tomó
la decisión de iniciar un proceso formal de infracción contra Turquía, debido precisamente a su negativa a liberar a Kavala. Dos años antes, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos había sentenciado con rotundidad que las autoridades turcas habían
violado el derecho de Osman Kavala a la libertad, fallando que al no existir sospechas razonables de que hubiera cometido un delito que justificara su encarcelamiento, Turquía debía ponerle inmediatamente en libertad.
Turquía es el segundo país que se enfrenta a un procedimiento de infracción de este tipo por no aplicar una sentencia vinculante del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
La decisión del tribunal especial núm. 13 de Estambul desafía toda lógica porque Osman Kavala no ha cometido ningún delito reconocido internacionalmente y las autoridades que forman parte de la acusación no han aportado prueba alguna que
justifique las acusaciones infundadas de intento de derrocar al gobierno. Esta sentencia demuestra que este juicio ha sido, en realidad, una manipulación con una clara motivación política que lo único que persigue es silenciar las voces
independientes y críticas.
Por todo ello, presentamos la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta el Gobierno español a:
1. Instar a las autoridades turcas a actuar en pleno cumplimiento de las normas del Convenio Europeo de Derechos Humanos y de las obligaciones internacionales de Turquía en virtud del Convenio.
2. Solicitar a las autoridades turcas la absolución y la libertad inmediata de Osman Kavala, Mücella Çigdem Mater, Hakan Altinay, Mine Õzerden, Can Atalay, Tayfun Kahraman y Yigit Ali Ekmekçi.
3. Vincular todo acuerdo de colaboración y relación con el estado turco al pleno respeto de los Derechos Humanos y al pleno cumplimiento de las normas y convenios internacionales.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de mayo de 2022.-Mertxe Aizpurua Arzallus, Marta Rosique i Saltor y Jon Iñarritu García, Diputados.-Gabriel Rufián Romero, Portavoz del Grupo Parlamentario Republicano.
Comisión de Justicia
161/004137
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Plural, a instancias del Diputado de Junts Josep Pagàs i Massó, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta para su debate en la Comisión de Justicia, una
Proposición no de Ley para impulsar las reformas necesarias para hacer frente al fenómeno de la multirreincidencia en los delitos de hurto de carácter leve.
Exposición de motivos
I
La ciudadanía de las grandes ciudades y de los entornos metropolitanos valora la inseguridad como uno de sus principales problemas, sino el principal. A modo de ejemplo, el 20,8 % de la ciudadanía de Barcelona considera la inseguridad como
el principal problema de la ciudad, ostentando la primera posición de forma sostenida desde diciembre de 2018. A pesar de que la situación de pandemia ha supuesto durante unos meses un decremento de los hechos delictivos, la recuperación de la
normalidad postpandemia está conllevando un progresivo aumento de los mismos y, en concreto, los hurtos practicados por delincuentes multirreincidentes han consolidado su posición como principal hecho delictivo en la ciudad.
Si a esto se le suma la tendencia de que dichos hurtos se están cada vez más transformando en robos con violencia e intimidación, es fácilmente comprensible que la alarma social se haya disparado. A modo de ejemplo, a principios de este
año, en la ciudad de Barcelona se llevó a cabo una operación conjunta entre el Área de seguridad del Transporte Metropolitano y los Grupos de Delincuencia Urbana de Barcelona en la que se detuvieron 14 personas que acumulaban 154 antecedentes y se
denunciaron 14 personas más con 163 antecedentes. A los pocos días los Mossos d'Esquadra detuvieron en Barcelona a 5 miembros de un grupo de atracadores multirreincidentes de establecimientos comerciales que habían robado con arma de fuego en
diferentes joyerías, llegando a acumular 75.000 euros.
No obstante, el objeto de la presente iniciativa es la multirreincidencia en los delitos de hurto leves, un fenómeno que genera una importante alarma social por la poca efectividad de la actuación policial y
judicial, y por la percepción de impunidad de los delincuentes reincidentes que se extiende entre la población.
La multirreincidencia es, pues, un problema de seguridad objetiva, pero a su vez, también es un problema de percepción de la seguridad entre la ciudadanía. Tener los recursos necesarios, útiles y eficaces para abordarla es una prioridad
para atajar la creciente sensación de alarma social.
II
Ante esta situación, el Ayuntamiento de Barcelona ha aprobado diversas resoluciones que instan a adoptar las medidas necesarias para hacer frente al fenómeno de la multirreincidencia en los delitos de hurto. Concretamente, la Comissió de
Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció del Consell Municipal de l'Ajuntament de Barcelona, el 20 de octubre pasado, aprobó por amplia mayoría una proposición del grupo municipal de Junts per Catalunya que instaba al
Gobierno del Estado español a 'presentar un proyecto de reforma del Código Penal a efectos de incluir como agravante la reincidencia o multirreincidencia y el endurecimiento de penas especialmente en la comisión de delitos leves de hurto'. Esta
proposición no se presentó aisladamente, sino después de conocerse el informe que este mismo grupo municipal había requerido al equipo de gobierno municipal sobre las reuniones mantenidas con diferentes responsables del Gobierno, como el secretario
de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, en febrero de 2020 y el ministro del interior, Fernando Grande-Marlaska, en mayo del 2021, en las que se trató el problema de la multirreincidencia y la alarma social que genera y la necesidad de que las
administraciones públicas actúen para encontrar soluciones.
III
El abordaje de la multirreincidencia requiere de una actuación desde diferentes ámbitos (legislativo, judicial, procesal, policial) con una necesaria coordinación.
Desde el Ayuntamiento Barcelona, el ll-lustre Col-legi de l'Advocacia de Barcelona (ICAB) y Foment del Treball se han propuesto una serie de mejoras legislativas. Entre estas, destaca la modificación del artículo 235.1.7 del Código Penal,
de forma que se posibilite integrar también la condena por delitos leves en el cómputo de condenas para apreciar la reincidencia. Esta modificación es necesaria ya que la jurisprudencia del Tribunal Supremo impide subsumir en este precepto aquellos
supuestos en que el sujeto activo del delito haya sido previamente condenado por delitos leves. También se propone la revisión y la modificación de la extensión o tipos de penas por hurtos fijados ahora en los tipos básico del artículo 234.2 (la
redacción actual prevé multa de unos tres meses), agravado del artículo 234.1 (prisión de 6 a 18 meses) e hiperagravado del artículo 235.1.7 (de un año a tres de prisión).
Es, pues, razonable que el legislador reforme la actual regulación del delito de hurto al objeto de ofrecer un nuevo tratamiento que permita una respuesta al fenómeno de la multirreincidencia en la ejecución de delitos leves. Los
delincuentes habituales, condenados por meras faltas, deben poder ser condenados como autores de un tipo castigado con penas de prisión, tal y como ya se pretendía con la reforma penal de 2015.
No obstante, esta mejora legislativa no puede hacerse al margen de la conocida jurisprudencia constitucional sobre la reincidencia. Según esta jurisprudencia, desde una consideración del Derecho penal que parte de los principios del Estado
social y democrático de Derecho, para entrar en los parámetros de la constitucionalidad, la reincidencia debe ser regulada necesariamente con cautelas en relación con los principios constitucionales referentes al elemento de la culpabilidad, sobre
todo los principios de proporcionalidad y de non bis in ídem.
Partiendo de esta jurisprudencia constitucional construida a partir de la agravante genérica de reincidencia, el Tribunal Supremo (sentencia del TS 481/2017, de 28 de junio) ha acabado por considerar que los subtipos penales hiperagravados,
en los que se produce un salto punitivo que permite al juzgador convertir una condena de pena de multa en otra de pena privativa de libertad, no tienen cobertura constitucional, por lo que la reforma penal de 2015, en relación a la
multirreincidencia en los delitos leves de hurto, ha perdido su virtualidad.
Según el Alto Tribunal, partiendo del escaso grado de ilicitud del delito leve de hurto dada la pena de multa que le asigna, su agravación hipercualificada sobre el soporte de otros delitos leves ya condenados nos sitúa en un terreno próximo
a los límites del principio de proporcionalidad de las penas. Por lo tanto,
la actuación legislativa, aunque legítimamente puede emprenderse, en todo caso debe ser extraordinariamente precisa y ponderada.
Por otra parte, y de forma complementaria y/o paralela a la reforma penal, desde el Ayuntamiento de Barcelona, ICAB y Foment del Treball se han venido proponiendo también medidas de diversa índole. En primer lugar, medidas de tipo procesal
(como la creación de una Fiscalía especializada en la persecución de la multirreincidencia, la mejora de la organización del Ministerio Fiscal en los ámbitos territoriales donde sea Barcelona para abordar de forma más óptima estos delitos, así como
la creación o redimensionamiento de Juzgados de Instrucción especializados en la seguridad ciudadana, dedicados a perseguir los delitos de hurtos y robos). En segundo lugar, medidas para mejorar la aplicación del actual Código Penal (medidas
tendentes a la mejora de la coordinación entre los diversos actores jurídicos y a la mayor utilización de los recursos punitivos existentes, como la imposición de penas accesorias como la prohibición temporal de aproximación a los entornos donde
habitualmente se desarrolla la actividad delictiva, el castigo al quebrantamiento de condena a quienes incumplan la prohibición de acercamiento o la aplicación del agravante de grupo criminal). En tercer lugar, se han propuesto medidas de refuerzo
de la actuación policial (en el caso de Barcelona, entre Mossos d'Esquadra y Guardia Urbana, con la colaboración del CNP).
Finalmente, se considera imprescindible, específicamente para el caso de la ciudad de Barcelona, que se aporten los recursos necesarios para proceder redimensionar adecuadamente el segundo Juzgado de Guardia de la ciudad de Barcelona
encargado de juzgar los delitos leves, como los hurtos, y que se valore la oportunidad de abrir un tercer Juzgado en los términos solicitados por el Departament de Justícia de la Generalitat y diversas entidades y operadores jurídicos.
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a impulsar las reformas necesarias para hacer frente al fenómeno de la multirreincidencia en los delitos de hurto, incluyendo, entre otras, la reforma del Código Penal con el objeto de que la
multirreincidencia pase a tener la condición de agravante en la condena por delitos de hurto de carácter leve.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de mayo de 2022.-Josep Pagès i Massó, Diputado.-Míriam Nogueras i Camero, Portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Plural.
161/004146
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Macarena Olona Choclán, don Francisco Javier Ortega Smith-Molina, don Eduardo Luis Ruiz Navarro, don José María Sánchez García, doña Patricia de las Heras Fernández y don Carlos José Zambrano García-Ráez, en sus respectivas condiciones
de Portavoces Adjuntos y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo establecido en los artículos 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente Proposición no de Ley para la
destitución inmediata de la Fiscal General del Estado por incumplimiento grave y reiterado de sus funciones, para su discusión en la Comisión de Justicia.
Exposición de motivos
Primero. El Fiscal General del Estado es una pieza clave en el funcionamiento de la justicia.
La Constitución española de 1978 ('CE') otorga al Ministerio Fiscal la función de promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad', así como 'velar por la independencia de los Tribunales' (artículo 124.1 CE). Tal importante
cometido debe realizarlo 'conforme a los principios de unidad de actuación y dependencia jerárquica y con sujeción, en todo caso, a los de legalidad e imparcialidad' (artículo 124.2 CE).
La Ley 50/1981, de 30 de diciembre, por la que se regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal ('EOMF') regula el desarrollo de la previsión constitucional de esta institución.
El artículo 29 dispone lo siguiente:
'Uno. El Fiscal General del Estado será nombrado por el Rey, a propuesta del Gobierno, oído previamente el Consejo General del Poder Judicial, eligiéndolo entre juristas españoles de reconocido prestigio con más de quince años de ejercicio
efectivo de su profesión.
Dos. Recibido el informe del Consejo General del Poder Judicial, el Gobierno comunicará su propuesta al Congreso de los Diputados, a fin de que pueda disponer la comparecencia de la persona elegida ante la Comisión correspondiente de la
Cámara, en los términos que prevea su reglamento a los efectos de que se puedan valorar los méritos e idoneidad del candidato propuesto.
Tres. Una vez nombrado, el Fiscal General del Estado prestará ante el Rey el juramento o promesa que previene la Ley y tomará posesión del cargo ante el Pleno del Tribunal Supremo.'
La CE aproxima funcionalmente el Ministerio Fiscal al Poder Judicial, cuando señala que 'los Jueces y Magistrados, integrantes del Poder Judicial, [están] sometidos únicamente al imperio de la Ley' (artículo 117.1 CE in fine). Así, por un
lado, al Ministerio Fiscal se le encomienda la 'defensa de la legalidad' y la protección 'del interés público tutelado por la ley'; por otro, en cuanto al concreto alcance del principio de legalidad, el artículo 6 EOMF dispone lo siguiente: 'Por
el principio de legalidad el Ministerio Fiscal actuará con sujeción a la Constitución, a las leyes y demás normas que integran el ordenamiento jurídico vigente, dictaminando, informando y ejercitando, en su caso, las acciones procedentes u
oponiéndose a las indebidamente actuadas en la medida y forma en que las leyes lo establezcan'.
Se entiende así que el Ministerio Fiscal y, por aplicación de los principios de unidad de acción y dependencia jerárquica, el Fiscal General del Estado como órgano director de esta institución, son piezas clave para garantizar el correcto
funcionamiento de la Justicia. Un Fiscal General del Estado continuamente supeditado a los intereses políticos del Gobierno, que funcione como transmisor o, incluso, como ejecutor de instrucciones netamente políticas, es un peligro para la
democracia.
En consecuencia, los miembros del Ministerio Fiscal y, señaladamente, el Fiscal General del Estado, han de disfrutar de la máxima independencia respecto de tales pretensiones políticas de los restantes poderes del Estado. El embate es
claro: un Estado solo será democrático si su sistema de Justicia es independiente.
Segundo. El nombramiento de doña Dolores Delgado García constituye un ataque a la independencia de la justicia.
En relación con lo expuesto en el epígrafe anterior, es evidente que los más prominentes miembros de la coalición de Gobierno y de la mayoría parlamentaria que lo sustenta no solo no son un ejemplo para los ciudadanos, sino que se convierten
en arquetipo de comportamientos que deben evitarse a toda costa para mantener la salud de una democracia.
Entre estas conductas se ubican los abundantes ataques a la independencia judicial perpetrados por los sujetos antedichos: la admisión por don Pedro Sánchez Pérez-Castejón de que la Fiscalía General del Estado es controlada por el Gobierno
1; los ataques al Poder Judicial del exvicepresidente segundo del Gobierno y exministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, señor Iglesias Turrión 2; las distintas declaraciones del exministro de Justicia, don Juan Carlos Campo Moreno, en relación
con que España debía ir hacia un 'debate constituyente' y que el país se encontraba en una 'crisis constituyente''; las diversas proposiciones de reforma de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, por los grupos parlamentarios de
la mayoría política para socavar al Poder Judicial; o las públicas acusaciones de prevaricación por la actual ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, doña Ione Belarra Urteaga, a los magistrados del Tribunal Supremo tras la condena al ya
exdiputado de Unidas Podemos, don Alberto Rodríguez Rodríguez.
Sin embargo, el mayor ataque a la independencia de la Justicia se dio al comienzo de la XIV Legislatura, cuando el presidente del Gobierno propuso al Rey la designación de doña Dolores Delgado García, ministra de Justicia en las legislaturas
XII y XIII, como Fiscal General del Estado. Ello ocurrió el mismo día, además, en que se hacía efectivo su cese como ministra.
1 https://www.rtve.es/play/videos/telediario/sanchez-insinua-fiscalia-sigue-ordenes-del-gobierno-sobrepuigdemont/5435909/
2 2https://elpais.com/espana/2020-08-19/el-poder-judicial-pide-respeto-a-la-indepedencia-judicial-tras-losatagues-de-podemospor-su-imputacion.html
Con este nombramiento se puso fin a la tradición no escrita que había evitado que, desde la designación del ministro de la Presidencia socialista, don Javier Moscoso del Prado Muñoz, como Fiscal General del Estado en 1986, ningún diputado o
ministro en ejercicio hubiese ocupado el cargo.
En cuanto a los requisitos establecidos por el referido artículo 29 EOMF, la señora Delgado García cumple sobradamente los quince años de ejercicio profesional requeridos por la CE. No obstante, su condición de 'jurista de reconocido
prestigio' está adornada por una serie de circunstancias que, ya mientras ejercía como ministra, anticipaban una involucración en asuntos y un desempeño de prácticas de todo punto incompatibles con la titularidad y ejercicio del más alto cargo del
Ministerio Fiscal. Así, entre otras:
- La Fiscal General del Estado realizó sonrojantes y desafortunadas declaraciones sobre el actual Ministro del Interior, don Fernando Grande-Marlaska Gómez 3, y sobre diversos compañeros de la Carrera Fiscal.
- La señora Delgado García ha disfrutado de una amistad muy estrecha con el excomisario del Cuerpo Nacional de Policía, don José Manuel Villarejo Pérez. En este sentido, alabó incluso la puesta en marcha por este de un servicio de obtención
de información a políticos y empresarios a cargo de prostitutas 4.
- Doña Dolores Delgado García ha sido reprobada en dos ocasiones por el Congreso de los Diputados y en una por el Senado, en relación con su falta de contundencia a la hora de defender al magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo,
don Pablo Llarena Conde, ante los ataques de los tribunales belgas en relación con la extradición del prófugo señor Puigdemont Casamajó, y por sus 'perversas amistades' con el excomisario referido y con el exjuez y abogado, don Baltasar Garzón Real.
Tercero. El apartamiento de don Ignacio Stampa, fuente del llamado caso tándem obedece a razones torticeras.
Precisamente, las consecuencias de la amistad de la actual Fiscal General del Estado con el señor Villarejo Pérez y el conocimiento y posible implicación de esta y de su pareja, el señor Garzón Real, en las actividades presuntamente
delictivas llevadas a cabo por el excomisario (caso Kitchen, caso Tándem, etc.) hacen que sea necesario analizar detalladamente las circunstancias que han concurrido en este caso.
El exmiembro de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, don Ignacio Stampa Fuente, presentó a finales de 2020 ante el Ministerio de Justicia una reclamación de responsabilidad patrimonial por menoscabo en su
carrera profesional y en su prestigio e imagen pública como fiscal contra la Fiscal General del Estado. El reclamante acusa a esta de realizar, por sí y a través de persona interpuesta, maniobras de distinta naturaleza con el fin de relevarle de
sus funciones en el seno de la referida Fiscalía Especial y, en particular, en el llamado caso Tándem, que investiga la presunta organización criminal que dirigiría el citado excomisario.
El señor Stampa Fuente, que prestó servicios en la citada Fiscalía Especial durante cuatro años y medio en situación de comisión de servicios, se postuló para adquirir en ella una plaza fija junto con siete compañeros en idéntica situación
administrativa. La provisión de tales plazas figuraba como punto del orden del día de la reunión del Consejo Fiscal de 27 de octubre de 2020.
Sin embargo, el órgano previsto en el artículo 14 EOMF decidió que don Ignacio Stampa Fuente fuese el único de los ocho postulantes a la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada que no accediese a dicha plaza.
Este no obtuvo ningún apoyo en la votación, ni siquiera por parte de aquellos miembros del Consejo Fiscal pertenecientes a la Unión Progresista de Fiscales (UPF), asociación profesional de la que este era miembro.
El señor Stampa Fuente atribuye el rechazo de su nombramiento a la dilación indebida de unas diligencias de investigación abiertas contra él en la Fiscalía Superior de Madrid, primero, y en la Inspección Fiscal, después, por una supuesta
revelación de secretos que habrían llevado a cabo este mismo y el también fiscal don Miguel Serrano Solís a los letrados del partido Unidas Podemos, personado como acusación popular en diversas piezas separadas del Caso Tándem. El señor Serrano
Solís, sin embargo, no fue posteriormente sometido a investigación por orden de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado.
3 https://www.elmundo.es/espana/2018/09/2S/Sba9cc09268e3eed568b45f4.html
4 https://www.abe.es/es pana/abci-villarejo-conto-delgado-creo-prostitucion-para-obtener-informacion-poIiticos-201809270905 noticia.html
En este sentido, el reclamante considera que el período de nueve meses durante el que se extendió la investigación es inusualmente elevado y artificioso, y en su transcurso se produjo la votación, referida anteriormente, en virtud de la cual
se rechazó su nombramiento definitivo como miembro de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada.
El señor Stampa sostiene que doña Dolores Delgado García supervisó de forma directa la citada investigación, a pesar de ejercer como presidenta del órgano que debía resolver sobre la plaza a la que optaba el reclamante. De acuerdo con esta
versión, la señora Delgado García ordenó, a través del Fiscal Jefe de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado, don Alvaro García Ortiz, rechazar de manera arbitraria e injustificada las diversas propuestas de archivo de las
diligencias habidas en el procedimiento, prolongando indebidamente su duración. Asimismo, denuncia que esta no advirtió al Consejo Fiscal de estas circunstancias, ni tampoco de las evidentes incompatibilidades en que ella misma incurría.
En este último sentido, de acuerdo con el reclamante, la Fiscal General del Estado ostenta un interés directo ('connivencia mayor') 5 en las distintas investigaciones penales relacionadas con el señor Villarejo Pérez, que la habrían obligado
a abstenerse en la votación de las plazas que debían cubrirse en la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada. Así, el fiscal reclamante señaló varios elementos para sostener esta afirmación:
- 'En la pieza número 4 del caso Tándem (pieza Pit) 'hay anotaciones de los principales investigados sobre una eventual participación de la propia fiscal general en su etapa como fiscal de la Audiencia Nacional'. Se refiere al procedimiento
de extradición a Guatemala del empresario Ángel Pérez Maura, que contrató a Villarejo para que frenara esa entrega.
- En esa misma pieza 'existían, al menos en aquel momento, indicios de la participación [en el procedimiento] de la pareja sentimental de la fiscal general', Baltasar Garzón.
En esa pieza, y al menos en 2018, 'la defensa jurídica de los investigados Carlos Salamanca, Eugenio Pino y Enrique García Castaño era ejercida por el despacho de abogados que dirigía la pareja sentimental de la fiscal general'
- 'Consta la participación directa de la pareja sentimental de la fiscal general como letrado defensor de García Castaño en el acta de registro practicado en su domicilio el 11 de julio de 2018, en declaraciones realizadas a medios de
comunicación con ocasión de dicho registro calificando de ilegal la detención de su cliente por los dos fiscales anticorrupción encargados del asunto y en la declaración judicial de dicho investigado como detenido del 13 de julio de 2018'.
- 'Constan multitud de anotaciones sobre contactos entre la pareja sentimental de la fiscal general y los principales investigados en el procedimiento Tándem
- 'Se difundieron grabaciones efectuadas por el principal investigado [Villarejo] de antiguas reuniones con la fiscal general en su etapa como fiscal de la Audiencia Nacional y su pareja sentimental' 6
Asimismo, en relación con el Fiscal Jefe de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado, distintas informaciones periodísticas dan por acreditados los siguientes hechos:
- El señor García Ortiz incoó un expediente en la Secretaría Técnica y envió la denuncia a la Fiscalía Superior de Madrid 'con la expresa indicación y sin motivación alguna de que su competencia sea solamente la relativa a la actuación del
fiscal Stampa en el llamado caso Tándem en el que se le atribuye la comisión de un delito de revelación de secretos'. Esto es, como se señaló anteriormente, el señor Serrano Solís no fue objeto de investigación.
- El fiscal instructor de las citadas diligencias en la Fiscalía Superior de Madrid, don Carlos Ruiz de Alegría, elevó a su superior, don Jesús Caballero Klink, primera propuesta de archivo de estas con fecha 2 de octubre de 2020. Sin
embargo, el 8 de octubre el Fiscal Jefe de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado 'sugirió' la práctica de nuevas actuaciones en el marco de esta investigación sobre el señor Stampa Fuente. El 23 de octubre se reiteró la propuesta
de archivo, que fue respondida por don Alvaro García Ortiz sugiriendo', de nuevo, la realización de más diligencias. Ello fue rechazado por el instructor 'por considerarlas estériles e inútiles para el esclarecimiento de unos hechos que entiendo
meridianamente esclarecidos tras la instrucción que practiqué, afirmándome y ratificándome por ello en los dos informes propuesta que obran en las actuaciones'.
5 https://www.clmundo.es/cronica/2021/11/28/61a1343121efa04c388b45be.htmI
6 https://www.elespanol.com/espana/tribunales/20211114/estrategia-fiscal-stampa-demanda-generalapartarlevillarejo/626937740_0.html
- El 16 de febrero de 2021, el señor Caballero Klink, que había avocado el asunto; acordó por tercera vez el archivo de las actuaciones, sin elevarlo a la Secretaría Técnica, no sin antes desglosar de las diligencias de investigación las
diversas comunicaciones sobre el particular remitidas por la unidad dirigida por el señor García Ortiz.
Como se ha anticipado, la estrategia seguida tenía como fin que se prolongase en el tiempo la investigación sobre el señor Stampa Fuente, de tal manera que este no obtuviese ningún voto en la reunión del Consejo Fiscal que había de resolver
sobre la provisión de plazas en la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada.
En relación con lo expuesto, la Asociación Profesional Independiente de Fiscales (APIF) remitió el pasado 11 de noviembre un escrito al Consejo Fiscal en el que expresa su 'escándalo' en relación con 'las acciones de la Excma. Sra. Fiscal
General del Estado que determinaron finalmente el apartamiento del reclamante de las Diligencias Previas abiertas contra diversas personas por graves delitos de corrupción, en el que el despacho profesional del que es titular la pareja sentimental
de la Excma. Sra. Fiscal General del Estado, D. Baltasar Garzón Real, ejercía la defensa de varios implicados'. Así, dirigió una serie de preguntas al Consejo Fiscal con el objeto de aclarar un asunto 'plagado de irregularidades y que causa un
daño muy grave a la institución
Por su parte, la Asociación de Fiscales (AF) emitió el 16 de noviembre un comunicado en el que se refiere a 'supuestas maniobras' de la Fiscal General del Estado de las que se hacen eco 'recientes informaciones aparecidas en algunos medios
de comunicación'. La asociación profesional califica la acusación como 'muy grave' e insta a la señora Delgado García a proporcionar 'una explicación muy detallada'.
Estas acusaciones motivaron la inclusión de este asunto, por la propia Fiscal General del Estado, como punto del orden del día en la reunión del Consejo Fiscal celebrada el 24 de noviembre, 'al objeto de recabar detallada información sobre
esta cuestión'. A esta reunión, doña Dolores Delgado García acudió acompañada por el referido Fiscal Jefe de la Secretaría Técnica y por el Fiscal Jefe de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, don Alejandro Luzón
Cánovas. No fueron citados, sin embargo, los señores Caballero Klink ni Ruiz de Alegría.
Sin embargo, la AF denuncia que la Fiscal General del Estado negó el acceso a la documentación relativa a la investigación sobre el señor Stampa Fuente, alegando que se trataba de información 'reservada', por lo que ha reproducido su
petición por escrito y anunciado que recurrirá al Tribunal Supremo si no se le proporcionan los documentos necesarios.
Por otro lado, el señor Ruiz de Alegría, instructor de las diligencias de investigación seguidas en la Fiscalía Superior de Madrid contra el señor Stampa Fuente, ha defendido su actuación en ese procedimiento y censuró que no se le citase a
la reunión del Consejo Fiscal del pasado 24 de noviembre. También ha advertido de la 'sibilina y torticera' maniobra llevada a cabo por el Fiscal Jefe de la Secretaría Técnica para, a su juicio, 'retorcer' la investigación y mantenerla viva cuando
ya estaba agotada.
Por todo ello, la AF exigió, en su Congreso celebrado los pasados 26 y 27 de noviembre, la 'inmediata dimisión' de la señora Delgado García 'por carecer de idoneidad por su directa procedencia de la política y por sus conflictos de
intereses' 7. Igualmente, la asociación consideró que 'las erráticas y sectarias actuaciones y decisiones de Dolores Delgado han causado ya un grave daño al prestigio del Ministerio Fiscal. Su permanencia en el cargo es incompatible con la
imparcialidad y los principios constitucionales que rigen' la Fiscalía General del Estado. Asimismo, la AF reclamó que 'se vuelva a una política de nombramientos basada en los principios de mérito y capacidad, abandonando la arbitrariedad que
impera en los nombramientos de la Fiscal General del Estado'.
Cuarto. La Fiscal General del Estado interfirió en la investigación del Fiscal Stampa.
Por si las anteriores irregularidades no fueran suficientes, la nueva información que ha desvelado un medio de comunicación evidencia que la Fiscal General del Estado interfirió en la investigación penal abierta contra el fiscal Stampa 8
(diligencias de investigación número 32/2020). Tal información pone de manifiesto la existencia de hasta cuatro borradores de decretos de archivo de las actuaciones de la investigación entre octubre de 2020 y febrero de 2021.
7 http://asociaciondefiscaIes.es/images/Pdf/211127_Conclusiones_Congreso_Asociacio%CC%81n_de_Fiscales.pdf
8 La presión del hombre fuerte de Dolores Delgado frenó cuatro veces la exculpación de Stampa. El Mundo. Disponible en: https://www.elmundo.es/espana/2022/03/15/6230dfa221efa013298b458c.html
En primer lugar, es preciso traer a colación el correo electrónico al que ha tenido acceso otro medio de comunicación 9, que envió el fiscal Superior de Madrid a la Fiscal General del Estado el pasado 4 de diciembre de 2020: 'En atención a
lo solicitado, tengo el honor de informar a V.E. de lo ocurrido el día de ayer, 3 de diciembre de 2020, en el marco de las Diligencias de Investigación 32/2020, seguidas por un presunto delito de revelación de secretos de la que es objeto de
investigación el Ilmo. Sr, fiscal D. Ignacio Stampa Fuente'. Lo anterior es prueba de que doña Dolores Delgado García estaba más que informada del transcurso de la investigación desde el momento inicial.
El 9 de diciembre de 2020, tras las reiteradas peticiones por parte del Fiscal Jefe de la Secretaría Técnica, señor García Ortiz, al fiscal instructor, el teniente fiscal señor Ruiz de Alegría, sobre la práctica de nuevas diligencias en el
marco de la investigación, este último se negó a dilatar la instrucción, anunciando al entonces Fiscal Superior de Madrid, señor Caballero Klink, que le plantearía el artículo 27 EOMF, a cuyo tenor 'el fiscal que recibiere una orden o instrucción
que considere contraria a las leyes o que, por cualquier otro motivo estime improcedente, se lo hará saber así, mediante informe razonado, a su fiscal jefe. De proceder la orden o instrucción de éste, si no considera satisfactorias las razones
alegadas, planteará la cuestión a la Junta de fiscalía y, una vez que ésta se manifieste, resolverá definitivamente reconsiderándola o ratificándola [...]'Tras esto, fue el propio señor Caballero Klink quien asumió la instrucción.
El 2 de febrero de 2021, el referido envió un correo electrónico al señor García Ortiz con el asunto 'dación de cuenta' en los siguientes términos: 'de conformidad con el artículo 25.2 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal te envío el
decreto de archivo de las diligencias de investigación 32/2020 seguidas en esta Fiscalía'. En dicho correo se adjuntó un archivo de 16 páginas denominado 'decreto febrero 2021' que concluía lo siguiente:
'Del resultado de la actividad investigadora desplegada en las presentes diligencias de investigación y las consideraciones que hemos desarrollado a lo largo del informe, no cabe apreciar huella alguna de indicios ni tan siquiera de
sospechas que avalaran la pretensión de los denunciantes, es decir; la existencia de un delito de revelación de secretos cometido por el fiscal Ignacio Stampa.'
El 4 de febrero de 2021 don Jesús Caballero Klink envió un segundo correo de nuevo al Fiscal Jefe de la Secretaría Técnica en el que adjuntaba la segunda versión del decreto, denominado 'decreto final' de diez páginas (seis menos que la
versión anterior) en el que se omitía información determinante que exculpaba al fiscal Stampa de las acusaciones. Concretamente, se obviaron los testimonios que los abogados de Unidas Podemos, doña Marta Flor y don Alejandro Gámez, y el fiscal de
la misma Fiscalía Especial, don Miguel Serrano, habían prestado ante el instructor de la Fiscalía Superior de Madrid. Todos estos testimonios eran determinantes para el esclarecimiento del caso, además de favorables a la exculpación del señor
Stampa Fuente 10. La conclusión de este segundo decreto fue la siguiente:
'Del resultado de la actividad investigadora desplegada en las presentes diligencias de investigación y las consideraciones que hemos desarrollado a lo largo del informe, no cabe apreciar indicios que avalen la pretensión de los
denunciantes, es decir; la existencia de un delito de revelación de secretos cometido por el fiscal Ignacio Stampa'.
En definitiva, la anterior información pone de manifiesto que la Fiscal General del Estado, a través de su mano derecha el Fiscal Jefe de la Secretaría Técnica, no solo conocía el estado de la investigación penal abierta al señor Stampa
Fuente, sino que, además, ha interferido en repetidas ocasiones para forzar la inculpación del investigado.
9 Comunicaciones internas de la Fiscalía reflejan que Delgado fue informada del 'caso Stampa'. Europa Press. Disponible en:
https://www.europapress.es/nacional/noticia-comunicaciones-internas-fiscalia-reflejan-deIgado-fue-informada-caso-stampa-20220315103716.htmI
10 'La presión del hombre fuerte de Dolores Delgado frenó cuatro veces la exculpación de Stampa'. El Mundo:?'Estas tres pruebas testificales practicadas eran favorables para Stampa, ya que la abogada Marta Flor negó ante el fiscal
instructor haber mantenido una relación sentimental alguna con el fiscal del caso Villarejo. Además, declaró que 'en numerosas ocasiones' a lo largo de la instrucción del caso Tándem desde Podemos solicitaron. la práctica de distintas diligencias
y los representantes del Ministerio Público se opusieron a las mismas. El letrado Gámez declaró que 'nunca se dio información alguna sobre la causa declarada secreta por parte de los fiscales'. Asimismo, el fiscal Serrano subrayó que 'nunca se
proporcionó a los abogados de la acusación popular dato o información sensible de la causa principal o de las piezas cuando las mismas estaban declaradas secretas'. En total, tres páginas de testimonios favorables a Stampa que fueron eliminadas del
decreto final de archivo por indicación directa de la Fiscalía General del Estado, tal y como informan fuentes fiscales'. Disponible en: https://www.elmundo.es/espana/2022/03/15/6230dfa221efa013298b458c.html
Ante los anteriores hechos las asociaciones de fiscales se han pronunciado con su máxima condena y pidiendo la dimisión de la Fiscal General del Estado. Así lo ha manifestado la AF en un comunicado de su Comisión Ejecutiva 11:
'Ante el cúmulo de informaciones aparecidas en el día de hoy que acreditan con pruebas documentales que la FGE encubrió ante el Consejo Fiscal, órgano de representación democrática de todos los Fiscales, su intervención en un asunto en que
debió abstenerse la Comisión Ejecutiva de la Asociación de Fiscales exige, de nuevo, la inmediata dimisión de Dolores Delgado como Fiscal General del Estado.
Tenemos que recordar que los Vocales electos por la lista de la AF recurrieron en vía contencioso-administrativa la decisión de la FGE de no facilitarles el expediente disciplinario abierto al compañero, por entender que la consideración
como reservado y la negativa a comunicar esa documentación al Consejo Fiscal no ayuda a despejar las dudas creadas y afecta al artículo 23.2 de la Constitución Española que consagra el derecho a ejercer el cargo público sin perturbaciones
ilegítimas.
Sus actuaciones y decisiones erráticas y sectarias y su flagrante incumplimiento de los estándares éticos más elementales, sitúan permanentemente a su persona y a la institución que dirige en el punto de mira y reproche público permanentes
con grave daño al prestigio del Ministerio Fiscal y enorme quebranto de la confianza que la ciudadanía puede depositar en ella. Su permanencia en el cargo es incompatible con la imparcialidad y los demás principios constitucionales que rigen el
Ministerio Público.'
Por su parte, la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), ha manifestado lo siguiente:
'todo este asunto muestra, a nuestro entender, que la Fiscalía General no está dirigida por la persona idónea; que su Secretario Técnico no debería permanecer ni un día más en el puesto, que hay que instaurar un sistema de contrapesos al
absoluto control de la institución que ejercer el Fiscal General, que la transparencia en el conjunto de las actuaciones internas no debe ser voluntaria.'
Asimismo, APIF ha solicitado que se incluya como causa automática de cese del Fiscal General del Estado la infracción del deber de abstención 12.
Quinto. La Fiscal General del Estado debe ser destituida inmediatamente.
Este Grupo Parlamentario ha puesto de manifiesto en varias iniciativas 13 la falta de idoneidad de doña Dolores Delgado García para el cargo de Fiscal General del Estado, debido a su falta de independencia e imparcialidad y al desempeño de
prácticas de todo punto incompatibles con la titularidad y ejercicio del más alto cargo del Ministerio Fiscal. Como ejemplo de sus escándalos, podemos recordar los anteriormente explicados.
En atención a todo lo expuesto, doña Dolores Delgado García es radicalmente inidónea para ostentar el cargo de Fiscal General del Estado, no solo por su acceso directo desde la política, sino por el flagrante incumplimiento de los principios
constitucionales, democráticos y legales que rigen la institución que dirige y por sus evidentes conflictos de interés, acciones y omisiones al frente de la Fiscalía General del Estado. Así pues, el artículo 31.1.d) EOMF prevé el cese de este cargo
'por incumplimiento grave o reiterado de sus funciones', y existen sobrados motivos para calificar como tal las acciones de la señora Delgado García. Además, es evidente que la Fiscal General del Estado se debería haber abstenido en cualquier
intromisión en el caso del señor Stampa Fuente, de acuerdo con el artículo 28 EOMF en relación con el 219 LOPJ 14.
11 El comunicado de fecha 15 de marzo de 2022 está disponible en el siguiente enlace: https://www.lawy_erpress.com/2022/03/16/comunicado-de-la-af-pidiendo-la-dimision-de-la-fge/
12 La APIF reclama que se establezca como causa automática de cese del fiscal general la infracción del deber de abstención. Confilegal. Disponible en:
https://confiIegal.com/20220315-la-apif-reclama-que-se-establezca-como-causa-automafica-de-cese-del-fiscal-general-la-infraccion-del-deber-de-abstencion/
13 Entre ellas la Proposición no de Ley con número de Registro General 176168 y fecha 13 de diciembre de 2021.
14 El artículo 28 EOMF dispone que. 'Los miembros del Ministerio Fiscal no podrán ser recusados. Se abstendrán de intervenir en los pleitos o causas cuando les afecten algunas de las causas de abstención establecidas para los Jueces y
Magistrados en la Ley Orgánica del Poder Judicial, en cuanto les sean de aplicación. Las partes intervinientes en los referidos pleitos o causas podrán acudir al superior jerárquico del Fiscal de que se trate interesando que, en los referidos
supuestos, se ordene su no intervención en el proceso'. El artículo 219 LOPJ establece como causas de abstención, entre otras: 'Tener interés directo o indirecto en el pleito o causa; Haber ocupado cargo público, desempeñado empleo o ejercido
profesión con ocasión de los cuales haya participado directa o indirectamente en el asunto objeto del pleito o causa o en otro relacionado con el mismo; El vínculo matrimonial o situación de hecho asimilable'.
En conclusión, es imprescindible que el cargo de Fiscal General del Estado, como órgano que dirige el Ministerio Fiscal, encargado de promover la justicia y velar por la independencia de los tribunales con arreglo al artículo 124 de la
Constitución, actúe conforme a los principios de imparcialidad, independencia y legalidad. Doña Dolores Delgado García no reúne ninguna de estas exigencias y ello repercute gravemente en el buen funcionamiento de la Justicia. Por ello, es
necesario proceder de manera inmediata a la destitución de la actual Fiscal General del Estado, así como a dotar al nuevo cargo de los principios que le son exigibles.
Al amparo de lo expuesto, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a que destituya de manera inmediata a la Fiscal General del Estado, doña Dolores Delgado García, debido a las gravísimas actuaciones detalladas en la parte expositiva de la presente
iniciativa, que constituyen un incumplimiento grave y reiterado de sus funciones constitucionales reguladas en el artículo 124 de la Constitución Española, de conformidad con el artículo 31.1 apartado d) de la Ley 50/1981, de 30 de diciembre, por la
que se regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. Su permanencia en el cargo es claramente incompatible con la imparcialidad y los demás principios que rigen el Ministerio Público.
Asimismo, el Congreso de los Diputados insta al Gobierno a promover el endurecimiento de los requisitos de independencia, idoneidad e imparcialidad que deben concurrir para el acceso y el mantenimiento en el cargo de Fiscal General del
Estado.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de mayo de 2022.- Eduardo Luis Ruiz Navarro, Patricia de las Heras Fernández, José María Sánchez García y Carlos José Zambrano García-Raez, Diputados.-Macarena Olona Choclán y Francisco Javier Ortega
Smith-Molina, Portavoces del Grupo Parlamentario VOX.
Comisión de Defensa
161/004134
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley, para la aprobación de una Ley de Financiación y
Programación Plurianual de las Fuerzas Armadas, que dote a las mismas de un sistema de financiación a largo plazo autónomo e independiente de intereses políticos, desvinculado de los Presupuestos Generales del Estado, y en el que se establezca un
umbral mínimo de inversión del 2% del PIB en un plazo máximo de cinco años, para su debate en la Comisión de Defensa.
Exposición de motivos
Según la Constitución Española, nuestras Fuerzas Armadas tienen como misión garantizar la soberanía e independencia de España y defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional. Así, contribuyen militarmente a la
seguridad y defensa de nuestro país y de nuestros aliados en el marco de las organizaciones internacionales de las que España forma parte, y al mantenimiento de la paz y la estabilidad. Los objetivos que persiguen el Ejército y la política de
Defensa de nuestro país son, por tanto, de una importancia capital, de primerísimo orden, máxime en la actual coyuntura, en la hemos sido testigos en directo del inicio unilateral de una guerra en Europa y de la aterradora posibilidad de entrar en
un conflicto armado mucho mayor en nuestro continente.
Sin embargo, a pesar de su importancia y de la enorme trascendencia de su misión, el presupuesto en materia de Defensa en nuestro país no cuenta con un instrumento jurídico capaz de otorgarle a nuestras Fuerzas Armadas la autonomía
financiera, certidumbre y estabilidad económica necesarias, incluyéndose el mismo dentro de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de aprobación anual. De esta manera, la dotación económica de la Defensa se ve sometida cada año a
arbitrariedades de decisión
política del Gobierno de turno que, en las últimas décadas, han resultado en continuas mermas en beneficio de políticas de corte social electoralmente más rentables.
Los continuos recortes en el presupuesto de Defensa, fruto también de la total ausencia de una cultura de la Defensa que fomente en la sociedad el reconocimiento a la necesidad e importancia del gasto militar, produce continuos retrasos en
la ejecución de inversiones o la profesionalización de nuestros Ejércitos. La solución pasaría por aprobar una ley de financiación de las Fuerzas Armadas, que debiera tener el rango de orgánica, que posibilite ese objetivo de otorgar a la
institución certidumbre económica, herramientas legales de financiación ajenas a la coyuntura política, y posibilidades de planificación plurianual.
Antecedentes hay varios en la actualidad y en nuestro entorno. Así, Francia ha aprobado desde los años '60, trece leyes de programación plurianual, por sexenios, en los que ha reflejado para cada período los programas de inversión
perseguidos y las previsiones financieras asociadas a ello, así como los mecanismos de supervisión y control por parte del parlamento. Portugal cuenta con una Ley Orgánica de programación militar que regula las inversiones para modernización,
empleo y sostenimiento de la fuerza a través del fomento de la industria de defensa portuguesa, con un horizonte de doce años divididos por períodos cuatrienales, y no referida a criterios generales de evolución de la economía nacional. Bélgica
cuenta con una Ley de Programación de Inversiones Militares para el período 2016-2030 que también contempla los programas de inversiones necesarias durante dicho período y su dotación presupuestaria. Polonia, por su parte, dispone de una ley de
reconstrucción, modernización y financiación de las Fuerzas Armadas que, entre otras cosas, establece umbrales para la financiación de la defensa en porcentaje sobre el PIB, actualmente en el 2.2% entre 2020 y 2023, y hasta el 2.5% para 2030, además
de aprobar planes de modernización con un horizonte de diez años.
En España contamos con algo parecido hasta principios de los años '90, a través de las llamadas 'leyes de dotaciones', que trataban de establecer el marco económico y financiero necesario para garantizar la certidumbre y estabilidad del
proceso de inversiones y gasto militar de la Defensa. Durante años, a través de estas leyes se logró modernizar nuestros Ejércitos, su armamento, equipos y sistemas, a la vez que se contribuía decididamente al desarrollo de la industria de la
Defensa y del tejido empresarial nacional. Pero desde finales del siglo XX se ha carecido de la misma continuidad normativa, y la financiación de la Defensa ha entrado en una espiral de incertidumbre que ha mermado su estabilidad en el
aseguramiento de objetivos, inversiones y metas dentro de una política de Estado que escape a intereses partidistas o de coyunturas del momento.
El actual esquema financiero del Ministerio de Defensa se nutre principalmente de tres fuentes: presupuesto ordinario, anticipos de industria, y fondo de contigencia. De un lado, su presupuestación a través de los PGE anuales implica una
excesiva dependencia de criterios exclusivamente políticos. Por otro lado, los anticipos del Ministerio de Industria para la financiación de los Programas Especiales de Armamento (PEAS), están sometidos a la incertidumbre de su devolución por parte
del Ministerio de Defensa, tan dependiente de la coyuntura económica del momento. Por último, el hecho de que la presupuestación actual de las Operaciones de Mantenimiento de la Paz (OMP), a pesar de su enorme importancia, se sufraguen
mayoritariamente con cargo al Fondo de Contingencia, supone una anomalía de difícil justificación.
En otro orden de cosas, en la Cumbre de la OTAN celebrada en el año 2014, nuestro Gobierno de entonces se comprometió con nuestros socios internacionales al establecimiento de una inversión mínima del 2% del PIB para el presupuesto en
Defensa, en un plazo máximo de diez años. Dicho compromiso fue ratificado por Pedro Sánchez en la última cumbre de la OTAN celebrada en julio de 2018, al poco de acceder al Gobierno. A pesar de esta promesa para cuyo cumplimiento apenas quedan dos
años, en 2021 España fue el segundo país que menos gasto dedicó a la partida presupuestaria de Defensa, con apenas el 1.02% del PIB. El compromiso que adquirió nuestro Gobierno, si bien no es vinculante per sé, sí proyecta una imagen de la
credibilidad de un país para con sus socios internacionales, por lo que su incumplimiento y, sobre todo, la indisimulada intención política de no abordar el mismo, coloca a nuestro país a la cola en relevancia estratégica internacional.
Y decimos esto por cuanto, a pesar de lo expresado por Pedro Sánchez tras la invasión de Ucrania, para poder facilitar la financiación suficiente y estable de la Defensa se necesita convicción política. Ello no puede suceder sin embargo
dentro de un Gobierno en el que uno de sus socios aboga explícitamente por el recorte absoluto del gasto militar, la abolición de nuestros Ejércitos, o la salida de nuestro país de la OTAN.
Nuestro país necesita en el Gobierno socios fiables, que crean convencidos en la importancia de contar con una Defensa fuerte, moderna, bien dotada y bien financiada, que cuente con personal preparado y profesionalizado; un Gobierno que
impulse una cultura estratégica nacional y potencie nuestro tejido empresarial asociado a este sector; y, también, un Gobierno que lleve a cabo una labor pedagógica e informativa en la sociedad que fomente entre sus ciudadanos la admiración por la
labor que desempeñan nuestros Ejércitos.
Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Ciudadanos, presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a impulsar la aprobación de una Ley de Financiación y Programación Plurianual de las Fuerzas Armadas, que dote a las mismas de un sistema de financiación a largo plazo autónomo e
independiente de intereses políticos, desvinculado de los Presupuestos Generales del Estado, y en el que se establezca un umbral mínimo de inversión del 2% del PIB en un plazo máximo de cinco años, así como los mecanismos de supervisión y control
del gasto militar por parte del Parlamento.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de abril de 2022.-Miguel Ángel Gutiérrez Vivas, Diputado.-Edmundo Bal Francés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
161/004143
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para el refuerzo de la preparación
ante futuras pandemias y otros incidentes biológicos, para su debate en la Comisión de Defensa.
Exposición de motivos
La actual pandemia ha demostrado la vulnerabilidad de las sociedades modernas ante los agentes biológicos, así como el potencial destructivo de una liberación maliciosa de agentes biológicos. La disrupción causada por la crisis del COVID-19
podría haber despertado el interés de ciertos actores estatales y no estatales por recurrir a los agentes biológicos para conseguir sus objetivos.
La crisis del COVID-19 ha proporcionado cantidades ingentes de información muy valiosa a actores hostiles sobre los puntos fuertes y débiles de nuestras instituciones y sistemas en la preparación y respuesta ante incidentes biológicos.
Las autoridades han aprendido profundamente de la gestión de la pandemia de COVID-19 y, como subrayó la Declaración de Carbis Bay del G7 en junio de 2021, se debe 'actuar ahora para reforzar el sistema mundial de salud y seguridad sanitaria
con el fin de estar mejor preparados para futuras pandemias' y 'tomar más medidas tangibles para mejorar nuestras defensas colectivas ante futuras amenazas'.
A nivel europeo y global se están llevando a cabo una serie de iniciativas de reflexión acerca de las lecciones aprendidas sobre la crisis del COVID-19 y las maneras de aumentar la resiliencia de nuestra sociedad ante similares amenazas
futuras. La presente Proposición no de Ley aspira a tender puentes entre estas iniciativas y el Congreso de los Diputados, con el objetivo de contribuir a que España cuente con las herramientas necesarias para hacer frente a futuras amenazas
biológicas.
Cualquier tipo de incidente, incluso a pequeña escala, y sin importar su origen natural (pandemias), accidental (incidente en laboratorio), o intencional (bioterrorismo o ataque biológico) causaría un tremendo efecto disruptivo en la
seguridad, funcionamiento, y resiliencia del país. Esto deviene aún más relevante habida cuenta de que las reservas nacionales albergan contramedidas médicas caducadas para determinadas amenazas biológicas como la viruela.
La Convención sobre Armas Biológicas (CAB) prohíbe el desarrollo, producción y almacenamiento de este tipo de armas. Sin embargo, la CAB no abarca el bioterrorismo ni incluye un mecanismo de
verificación de su cumplimiento por parte de los Estados signatarios. Esta situación ha facilitado que algunos países hayan mantenido o potenciado sus programas biológicos.
Todos los países signatarios están obligados a informar a la CAB sobre sus laboratorios de máximo nivel de bioseguridad (BSL-4). Según el índice de Seguridad Sanitaria Global (GHS Index) de 2019, sólo una cuarta parte de estos laboratorios
alcanzan el nivel de bioseguridad requerido, exponiendo bacterias, toxinas, y virus potencialmente peligrosos a accidentes, fugas, o robos. El posible riesgo derivado de los laboratorios BSL-4 quedó expuesto en 2019 con el desafortunado incendio
causado por una explosión de gas en las instalaciones de Vector en Rusia, un laboratorio conocido por ser el único en Europa albergando el virus de la viruela. La CAB carece de competencias de supervisión sobre el cumplimiento de la seguridad
sanitaria de estos laboratorios.
Europol lleva advirtiendo desde 2018 en sus informes anuales sobre situación y tendencias del terrorismo en la UE (TESAT) de un creciente interés de grupos terroristas en recurrir a ataques biológicos para conseguir sus intereses. Si bien
la manipulación y contención de agentes biológicos sigue suponiendo una barrera para ellos, Europol señala que el avance y disponibilidad de la biología sintética y la publicación de manuales de fabricación paso a paso de armas biológicas en foros
terroristas online están erosionando dichas limitaciones. De hecho, como señala el informe TESAT 2019 de Europol, solo en 2018, las fuerzas y cuerpos de seguridad frustraron tres ataques bioterroristas en suelo europeo.
En su 67 sesión anual de octubre de 2021, la Asamblea Parlamentaria de la OTAN aprobó el informe 'Armas biológicas: progreso tecnológico y la amenaza del bioterrorismo en la era post-COVID-19'. En este informe se advierte de la degradación
de los acuerdos internacionales de no proliferación de armas de destrucción masiva ante el incremento de su uso por determinados actores internacionales y por el desarrollo de la biología sintética, que permitirá recrear, modificar o crear desde
cero nuevos patógenos que pongan en riesgo la seguridad internacional (como ejemplo, la recreación del virus de la viruela equina en 2016 por dos científicos canadienses). Por tanto, el informe subraya que la preparación ante incidentes biológicos
no es sólo necesaria en materia de protección y defensa, sino también en términos de disuasión.
Para una preparación y respuesta eficaz ante las amenazas biológicas, la Asamblea Parlamentaria de la OTAN recomienda el fortalecimiento de la cooperación cívico-militar y público-privada, acuerdos nacionales de seguridad de suministro de
contramedidas médicas, y el refuerzo de las reservas estratégicas de contramedidas médicas.
En su Resolución 472 de octubre de 2021, la Asamblea Parlamentaria de la OTAN advierte de cómo los rápidos avances en el campo de la biotecnología están facilitando futuros actos de bioterrorismo e insta a los gobiernos y parlamentos de los
países aliados a aumentar la concienciación sobre las amenazas biológicas y la importancia de la biodefensa. Asimismo, la Resolución 466 de octubre de 2021 de la Asamblea Parlamentaria de la OTAN señala que la pandemia de COVID-19 ha puesto de
manifiesto la necesidad de reforzar la preparación civil, y la cooperación cívico-militar y con la industria para aumentar la planificación, gestión y resiliencia ante crisis.
El estudio del Parlamento Europeo sobre 'Preparación y respuestas de la UE a amenazas NRBQ', publicado en julio de 2021, recuerda que la prevención y preparación ante incidentes NRBQ (nuclear, radiológica, bacteriológica y química) tiene
costes muy inferiores a los de una respuesta tardía. El estudio advierte del riesgo creciente de un ataque NRBQ ante la proliferación de armas de destrucción masiva desde Rusia y Siria, y la emergencia de tecnologías disruptivas como la biología
sintética.
El estudio del Parlamento Europeo recomienda adoptar un enfoque transversal involucrando a la sociedad civil y autoridades de defensa, seguridad, y sanidad, así como el refuerzo de la cooperación operativa y técnica con la OTAN. A nivel
sanitario, el estudio considera necesario fomentar las compras conjuntas de productos médicos a nivel europeo y el establecimiento de reservas estratégicas centrales o regionales de contramedidas médicas. En el plano político, recomienda una
regulación sobre pandemias o crisis graves y el incremento de la resiliencia de infraestructuras críticas.
El informe sobre 'cooperación UE-OTAN en el contexto de las relaciones transatlánticas', adoptado por el Parlamento Europeo en julio de 2021, subraya la amenaza para la resiliencia y seguridad que suponen las emergencias disruptivas no
convencionales como las pandemias. El informe recomienda el refuerzo de la cooperación UE-OTAN para la mejora de la preparación y respuesta ante pandemias, facilitando el uso transfronterizo de capacidades logísticas militares y desarrollando
reservas de emergencia de productos y equipamiento médico.
Tras las carencias detectadas durante la crisis del COVID-19, la UE ha acordado reforzar su arquitectura institucional de detección, preparación y respuesta ante incidentes biológicos. La UE ha decidido aumentar las competencias y recursos
de la Agencia Europea del Medicamento (EMA) y del Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades (ECDC) y reforzar la preparación ante pandemias mediante la revisión de la Directiva sobre amenazas transfronterizas graves para la salud.
También ha creado la Autoridad Europea de Preparación y Respuestas ante Emergencias Sanitarias (HERA).
En la Declaración de Carbis Bay del G7 de junio de 2021, los líderes mundiales sellaron el compromiso de reforzar los mecanismos de financiación nacionales para la preparación, prevención, detección y respuesta ante pandemias, haciéndolos
más sostenibles y predecibles. En el mismo sentido, la Declaración de Roma del G20 de octubre de 2021 también apuntó que la financiación de la prevención, preparación y respuesta ante pandemias debe ser más adecuada, sostenible, y coordinada.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a reforzar la preparación ante futuras pandemias y otros incidentes biológicos mediante las siguientes acciones:
1. Integrar las lecciones aprendidas de la crisis del COVID-19 y de las recomendaciones internacionales para evitar que una futura emergencia biológica cause el mismo o mayor nivel disruptivo.
2. Reforzar las competencias y recursos del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES) y de la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios (AEMPS) para la detección, preparación y respuesta ante eventos
biológicos.
3. Reforzar la capacidad de preparación y respuesta ante amenazas biológicas a través del refuerzo de las reservas estratégicas de equipamiento y contramedidas médicas ante amenazas biológicas conocidas (viruela, ántrax, botulismo, Ébola,
etc.).
4. Apoyo de las iniciativas de constitución de reservas compartidas de contramedidas médicas propuestas a nivel de la UE y de la OTAN.
5. Colaboración con la industria para generar un tejido productivo y cadenas de suministro resilientes y expandibles, capaces de suministrar contramedidas médicas para su almacenamiento y de aumentar exponencialmente su capacidad de
producción en tiempos de emergencia.
6. Definir con mayor claridad el rol de las Fuerzas Armadas en la operacionalización de las reservas médicas para hacerlas disponibles en cualquier punto de la geografía española o internacional.
7. Organización de ejercicios de despliegue rápido de contramedidas médicas desde las reservas estratégicas a los lugares afectados por un incidente biológico.
8. Elaboración y práctica de protocolos unificados, interoperables, y coordinados entre autoridades sanitarias, de Defensa, y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
9. Aumentar la formación NRBQ de las Fuerzas Armadas en materia de prevención, preparación y respuesta a diferentes escenarios de ataques biológicos.
10. Priorizar la administración de contramedidas médicas y demás primeros auxilios al personal militar y sanitario sujetos a una alta exposición en un hipotético evento biológico.
11. Aumentar la protección y preparación NRBQ de los militares desplegados en misiones internacionales.
12. Incrementar el control sobre la compra de sustancias de doble uso que puedan ser utilizadas para la fabricación de armas biológicas.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de mayo de 2022.-Fernando Adolfo Gutiérrez Díaz de Otazu, Carlos Rojas García, Agustín Almodóbar Barceló, Antonio González Terol, César Sánchez Pérez, Edurne Uriarte Bengoechea, José Antonio Bermúdez
de Castro Fernández, Jaime Miguel Mateu Istúriz, Jesús Postigo Quintana, Juan Antonio Callejas Cano, María José García-Pelayo Jurado, Paloma Gázquez Collado y Ricardo Tarno Blanco, Diputados.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión de Hacienda y Función Pública
161/004127
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley de medidas en defensa de las
familias, para su debate en la Comisión de Hacienda y Función Pública.
Exposición de motivos
Tanto la pandemia como la invasión de Ucrania son dos hechos excepcionales que afectan globalmente a todos los países. Pero siendo cierto esto, también lo es que la diferente respuesta de los gobiernos determina el impacto económico y
social de las mismas en las familias y en las empresas. Y, en términos comparativos, la gestión del gobierno ha sido un rotundo fracaso, como muestra el hecho de que fuimos el país que más cayó en 2020 y somos el país de la OCDE que más va a tardar
en recuperar los niveles previos a la pandemia.
El entorno ha sido complejo, pero el gobierno de Sánchez ha dispuesto en estos dos últimos años de la mayor cantidad de recursos públicos de nuestra historia, 200.000 millones de euros adicionales, gracias a la suspensión temporal de las
reglas fiscales acordada en Bruselas. A pesar de ello, mientras el resto de los países europeos bajaba impuestos, en España se han subido prácticamente todas las figuras tributarias: IRPF, Ahorro, Sociedades, IVA, Patrimonio, Primas de Seguros,
Matriculación de Vehículos, Residuos, Plásticos de un solo uso, Transacciones Financieras, Determinados Servicios Digitales y Cotizaciones Sociales, lastrando la recuperación y situándonos en el vagón de cola no sólo en Europa sino en el conjunto de
los países desarrollados.
Las familias han visto disminuidos tanto sus ingresos brutos -como les ha sucedido a todos los trabajadores que han estado en ERTE o que han perdido su empleo- como sus ingresos netos -al tener que hacer frente a mayores impuestos- y,
adicionalmente, como consecuencia de la inflación más alta en 4 décadas, han visto mermados su poder adquisitivo y el valor de sus ahorros.
Tenemos el mayor índice de miseria de toda la OCDE (índice de Okan), que también refleja la frustración de una sociedad que sufre una tasa de paro que duplica la media europea y una inflación que prácticamente duplica la de nuestros países
vecinos, Francia y Portugal. Una sociedad que reclama medidas urgentes y eficaces.
Mientras la propaganda gubernamental nos decía que 'salimos más fuertes' y 'no dejamos a nadie atrás', la realidad es que, según la última Encuesta de Condiciones de Vida (2020), que recoge sólo parcialmente el impacto de la pandemia ya que
se elabora utilizando los ingresos de 2019, se produjo en nuestro país un importante aumento de la desigualdad y la pobreza, comparable al que se produjo en la anterior crisis financiera en 2008:
- El porcentaje de población en riesgo de pobreza o exclusión social (tasa AROPE) aumentó al 26,4% desde el 25,3% de 2019;
- El 7,0% de la población se encontraba en situación de carencia material severa -frente al 4,7% del año anterior-; esto es, un millón de personas cayeron en situación de pobreza.
Este deterioro económico y social que afecta a todas las familias, pero especialmente a las clases medias y a los colectivos más vulnerables, coincide con una recaudación tributaria que sigue marcando récords históricos a pesar de no haber
recuperado los niveles de actividad de 2019. La Autoridad Independiente (AIReF) estima que cada punto de inflación supone un incremento de recaudación tributaria de 2.000 millones de euros, lo que en 2021 se traduce en un aumento de 13.000 millones
de euros para las arcas públicas, a los que hay que restar 1.605 millones de euros de las rebajas temporales de impuestos aprobada para determinados consumidores de electricidad (datos de la Agencia Tributaria de junio a diciembre de 2021).
En los dos primeros meses de 2022, la recaudación tributaria ha subido 7.500 millones de euros respecto al año anterior, subida que se mantendrá en los próximos meses puesto que en marzo la inflación saltó hasta el 9,8% y se prevé que se
mantendrá elevada prácticamente hasta final de año.
En consecuencia, hay recursos suficientes para ayudar a las familias, lo que falta es voluntad política. Con la intención de facilitarle soluciones al Gobierno, el Partido Popular entregó un documento de 41 páginas con medidas urgentes y
extraordinarias en defensa de las familias y la economía de España, que muestra una alternativa para hacer mejor las cosas; una alternativa realista, factible y justa.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a devolver a las familias el incremento de la recaudación resultante de los dos primeros meses de 2022, de manera que ese importe se quede en el bolsillo de los contribuyentes, mitigando los
efectos de la inflación. En concreto, se aprobarán de forma inmediata:
- La deflactación de la tarifa del IRPF en los 3 primeros tramos, para favorecer específicamente a las rentas más bajas y medias, con ajuste de las retenciones para que el efecto sea inmediato.
- Una nueva figura en el mínimo personal y familiar, especifico y con carácter temporal, que decrezca conforme aumente las rentas del ciudadano.
- Un impuesto negativo articulado como pago anticipado para personas especialmente desprotegidas por el incremento del IPC para las rentas del trabajo y de actividades económicas más bajas sobre las que no hay obligación de retener, y
coordinado con las ayudas que se puedan recibir desde el Ingreso Mínimo Vital o desde el Bono Social Eléctrico y del Bono Social Térmico, así como del resto de prestaciones sociales que se prestan desde CCAA y Ayuntamientos.
- Una rebaja de los tributos indirectos del IVA e Impuestos Especiales que gravan el consumo energético. Con el doble objetivo de liberar recursos en la economía familiar y de las empresas, y a su vez contribuir a la simplificación y la
eficiencia al ahorrar costes de gestión y reducir la carga burocrática para la administración, las empresas y los consumidores.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de abril de 2022.-Carolina España Reina, Javier Bas Corugeira y Mario Garcés Sanagustín, Diputados.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/004129
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa, para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley relativa
a aprobar el protocolo de actuación frente al acoso sexual y por razón de sexo o género en la Administración General del Estado, para su debate en la Comisión de Hacienda y Función Pública.
Exposición de motivos
El actual Gobierno de Pedro Sánchez ha mostrado su compromiso con unas administraciones públicas modernas, de calidad, adaptadas a las necesidades y a las expectativas de la ciudadanía y, sobre todo, capaces de afrontar los múltiples retos
que tenemos como sociedad. Las Administraciones Públicas tienen como fin servir a los ciudadanos y a las ciudadanas de este país, además de garantizar los derechos y libertades que les reconocen las leyes y prestar servicios públicos que nos
permiten ser una sociedad cohesionada, equilibrada y justa, en definitiva, vertebrando el modelo de Estado autonómico y del bienestar.
Son pues las Administraciones Públicas la base sobre la que se asienta el contrato social que hemos asumido para eliminar inequidades, redistribuir parte de la riqueza y, por tanto, lograr el bienestar social. Es de justicia reconocer el
papel que las administraciones han jugado en la sociedad española desde la Transición como clave de bóveda de nuestro modelo de convivencia y a la vez la función que han desempeñado en el progreso económico de nuestro país, sobre todo ante problemas
como los que hemos vivido como consecuencia de la pandemia.
El artículo 14 de la Constitución española proclama el derecho a la igualdad y a la no discriminación por razón de sexo, y su artículo 9.2 consagra la obligación de los poderes públicos de promover las condiciones para que la igualdad del
individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas.
En este sentido, la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, establece en su disposición final sexta la aplicación de un protocolo de actuación sobre medidas preventivas del acoso sexual y del
acoso por razón de sexo o género en la Administración General del Estado (AGE), con los principios recogidos en el artículo 62 del mismo texto legal.
Este Gobierno apuesta firmemente por la igualdad plena y efectiva entre hombres y mujeres, prueba de ello es la aprobación del III Plan para la Igualdad de Género en la Administración General del Estado y en los organismos públicos
vinculados o dependientes de ella, el cual está ahora en fase de ejecución y que recomienda entre sus ejes de actuación un mayor esfuerzo en la inclusión de medidas de impacto de género sobre violencia de género y otras situaciones de especial
protección.
Uno de los objetivos del III Plan es la aprobación del protocolo de Acoso Sexual y por razón de sexo o género para la AGE como criterio homogéneo que regule la actuación de la Administración General del Estado en el supuesto de acoso sexual
y acoso por razón de sexo, con el fin de prevenir, proteger a las víctimas y poner fin a la situación que vive en su entorno laboral.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. En ejecución del III Plan de Igualdad en la Administración General del Estado, negociar, con la representación de las y los trabajadores en la Mesa General de Negociación, un protocolo de actuación frente al acoso sexual y por razón de
sexo o género en la Administración General del Estado y en los organismos públicos vinculados o dependientes de ella.
2. Aprobar el Real Decreto de Protocolo de actuación frente al Acoso Sexual y por Razón de Sexo o género en la Administración General del Estado con el fin de prevenir el acoso, proteger a la víctima y poner fin a la situación que vive en
su entorno laboral, así como para poner en marcha mecanismos similares en el conjunto de la AGE.
3. Regular normativamente el contenido del acuerdo, tras las conclusiones obtenidas.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de abril de 2022.-José Luis Aceves Galindo, Patricia Blanquer Alcaraz, Juan Cuatrecasas Asua, Odón Elorza González, Juan Bernardo Fuentes Curbelo, Valentín García Gómez, Antonio Hurtado Zurera, Gema
López Somoza, José Losada Fernández, Montse Mínguez García, José Luis Ramos Rodríguez y María Luisa Vilches Ruiz, Diputados.-José Zaragoza Alonso y Rafaela Crespín Rubio, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.
161/004132
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Republicano, a instancia del Diputado Joan Margall Sastre, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre medidas de lucha
contra el fraude y la evasión fiscal, para su debate en instancia en la Comisión de Hacienda y Función Pública.
Exposición de motivos
El incremento de los recursos personales dedicados a la lucha contra el fraude fiscal es una medida esencial para avanzar en el seguimiento y lucha de los grandes delincuentes fiscales, como grandes empresas y fortunas. Pero el estado
español ocupa el penúltimo puesto en el ranking europeo del número de empleados en las Administraciones tributarias europeas, respecto a la Población total y respecto a la Población activa, según el informe de Administraciones Tributarias 2019 de la
OCDE. Este hecho supone que a cada empleado tributario en el Estado español le corresponde una carga potencial de entre 632 y
706 ciudadanos más respectivamente que a la media ponderada en la UE-27 y en la Zona Euro-19. Asimismo, la OCDE en su informe de 2019 destaca a la Administración Tributaria española por ser una de las más envejecidas del mundo, señalando
que sólo el 20% de sus empleados tiene menos de 45 años.
Así, para equipararse a las medias ponderadas de edad europeas, el estado español tendría que contar entre 15.000 y 17.500 nuevos efectivos para reducir a la mitad el tamaño de la economía sumergida en el estado, y poder recaudar a medo
plazo cerca de 34.500 millones adicionales cada año, según los Técnicos de Hacienda (GESTHA), lo cual exige de unas convocatorias de Ofertas de Empleo Público anuales de forma gradual durante 8 o 10 años para asegurar el acceso a la función pública
con igualdad, mérito y capacidad que se requiere para mejorar el servicio público.
Ante esta necesidad, durante la tramitación parlamentaria de la Ley 11/2021, de 9 de julio, de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal, nuestro grupo Parlamentario incorporó enmiendas al proyecto de Ley que resolviera este
déficit de recursos humanos en la lucha contra el fraude fiscal respecto a otras economías europeas. Así, finalmente se incorporó en la Ley una nueva Disposición adicional sexta, donde el Gobierno se comprometía a 'dictar la normativa necesaria, en
el plazo de seis meses, para que en un periodo de ocho años la ratio de personal de las administraciones tributarias en relación con el número de obligados tributarios se aproxime a la media europea'. Sin embargo, este plazo de 6 meses finalizó el
pasado 11 de enero de 2022 sin que, hoy en día, se aprecie ningún avance en esta materia.
Por otro lado, además de una falta de efectivos, también es necesario reestructurar las competencias de estos técnicos. Por ello, se cree imprescindible la creación del Cuerpo Superior Técnico de Hacienda, que permitiría aumentar las
responsabilidades del 83,4% de los funcionarios del grupo A que ejercen las competencias superiores en las áreas operativas de la prevención y lucha contra el fraude, el control de la legalidad en los Tribunales económico-administrativos y el 90,8%
de los funcionarios del grupo A con competencias superiores en la IGAE en las áreas operativas del control del gasto público y de las subvenciones.
Este nuevo cuerpo adscrito al A1 concentraría la investigación tributaria en los delitos fiscales y fraudes más abultados, mientras que las personas particulares, trabajadores autónomos y pymes, preferentemente, podrían recibir cartas
detallando las eventuales discrepancias para que puedan justificarlas o en caso contrario, presentar voluntariamente declaraciones complementarias.
Por todas, la resolución de 24 de marzo de 1992, de la AEAT, sobre organización y atribución de funciones a la inspección de los tributos establecía la atribución de competencias de los técnicos para investigar actividades empresariales o
personas jurídicas con volumen anual de operaciones que no excediera de 1.803.036,31 euros, y profesionales hasta 180.303,63 euros de facturación. Hasta noviembre de 2008, no se cambiaron esos límites competenciales de los técnicos para investigar
personas o empresas con volumen anual de operaciones hasta los vigentes 4.000.000 euros en actuaciones de alcance general o 5.700.000 euros en actuaciones de alcance parcial.
Es decir, 28 años después de la creación de la AEAT, hoy en día, los técnicos de Hacienda solo pueden investigar a particulares, autónomos y a la mitad inferior del tramo de las pequeñas empresas, hecho que perjudica gravemente la lucha
contra el fraude y la evasión fiscal.
Es por todo ello que el Grupo Parlamentario Republicano presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta el Gobierno español a:
1. Cumplir, en el plazo máximo de un mes, con la disposición adicional sexta de la Ley 11/2021, de 9 de julio, de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal de aprobación de la normativa para que en un periodo de ocho años la
ratio de personal de las administraciones tributarias en relación con el número de obligados tributarios se aproxime a la media europea AEAT para cubrir las necesidades de inspección y control del gran fraude fiscal.
2. Crear, en el plazo de tres meses, el Cuerpo Superior Técnico de Hacienda, para concentrar la investigación tributaria en los delitos fiscales y fraudes más abultados.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de abril de 2022.-Joan Margall Sastre, Diputado.-Gabriel Rufián Romero. Portavoz del Grupo Parlamentario Republicano.
161/004154
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para la modificación de la Ley 20/1991
de 7 de junio, de modificación de los aspectos fiscales del Régimen Económico Fiscal de Canarias, para la devolución del IGIC a las empresas afectadas por la quiebra de Thomas Cook, para su debate en la Comisión de Hacienda y Función Pública.
Exposición de motivos
El hundimiento del gigante británico Thomas Cook, la agencia de viajes más antigua de la historia y la segunda mayor del mundo, supuso un durísimo golpe para el sector turístico ante la suspensión de pagos del turoperador, protagonizando la
mayor quiebra turística de la historia. Tan solo en España el hundimiento de la agencia, según datos de la Alianza por la Excelencia Turística (Exceltur), dejaba deudas por valor de 200 millones de euros en el sector turístico y los destinos más
afectados fueron Baleares y Canarias.
En Canarias, según respuesta parlamentaria, las plazas aéreas canceladas por la caída del turoperador ascendían a 310.900 plazas en la temporada de invierno 2019/20 y 307.400 plazas programadas para la temporada de verano 2020.
Las empresas del sector turístico se encontraron entonces con los impagos del turoperador pero también con las cuotas de IVA en Península y Baleares y de IGIC en Canarias abonadas a Hacienda y a la Agencia Tributaria Canaria respectivamente,
de facturas que aún no habían cobrado y no iban a cobrar. El grupo de Thomas Cook facturaba en España 4.000 millones de euros.
El 29 de abril del año 2020, el Tribunal de Justicia Europeo (TJUE) emite un auto (C-756/19) que sienta jurisprudencia y que confirma la devolución de las cuotas impagadas del IVA aunque el deudor concursado esté en otro estado miembro,
donde Reino Unido por aquella fecha de la declaración de quiebra formaba parte de la Unión Europea.
Este hecho hace que desde la Dirección General de Tributos se emitiera una consulta vinculante (V3346-20 de 12 de noviembre de 2020), que señaló que con base en la jurisprudencia del TJUE cabe la modificación de la base imponible tratándose
de créditos impagados en procedimientos concúrsales que se desarrollen por un órgano jurisdiccional de otro Estado miembro. Es decir, que en contra de la Ley del IVA y de lo que se venía dictando, permite recuperar el IVA atrapado en un concurso en
otro Estado de la Unión Europea. Por tanto, este cambio de doctrina obliga al Fisco a devolver este IVA de los últimos cuatro años no prescritos, hecho que tiene un importante efecto en las empresas afectadas por la quiebra de Thomas Cook.
A través de la Agencia Tributaria Canaria se realiza la consulta sobre este mismo hecho dada la identidad de redacción entre el artículo 22.8.2.o de la Ley 20/1991 de modificación de los aspectos fiscales del Régimen Económico y Fiscal de
Canarias y el artículo 80.Cinco.2.o de la Ley 37/1992, del Impuesto de Valor Añadido, se consulta si, conforme a la jurisprudencia comunitaria, cabe la modificación prevista en los números 6 del artículo 22 de la Ley 20/1991, cuando las entidades
destinatarias de las operaciones, que no han hecho efectivo el pago de las cuotas repercutidas, no se encuentran establecidas en Canarias pero sí en la Unión Europea.
El resultado es que la regulación, estatal o autonómica, sobre el IGIC prevalece sobre la normativa comunitaria de armonización del IVA; La jurisprudencia derivada del Auto del TJUE de 29 de abril de 2020 (Asunto C-756/19) no resulta
aplicable al IGIC porque es contraria a lo recogido en el artículo 22.8.2.o de la Ley 20/1991, que dispone expresamente que no resultan aplicables los supuestos de modificación de la base imponible previstos en los números 6 y 7 del artículo 22 de
la Ley 20/1991 cuando los destinatarios de las operaciones no se encuentren establecidos en Canarias.
Después de más de dos años desde que el turoperador británico se declarara en quiebra, empresas turísticas en Canarias siguen arrastrando este problema. En total en Canarias se estiman 5 millones de euros en concepto de IGIC.
Mientras a los empresarios del sector turístico del resto de España se les está devolviendo el IVA correspondiente a las facturas impagadas, los afectados en Canarias siguen esperando una solución.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a realizar las modificaciones necesarias en la Ley 20/1991, de 7 de junio, de modificación de los aspectos fiscales del Régimen Económico Fiscal de Canarias, al objeto de que las
empresas en Canarias puedan modificar la base imponible ante créditos impagados en procedimientos concúrsales que se desarrollen por un órgano jurisdiccional de cualquier Estado de la Unión Europea, permitiendo recuperar el IGIC atrapado en un
concurso, como ha sido el caso de la quiebra del turoperador de Thomas Cook.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de mayo de 2022.-Ana María Zurita Expósito, Guillermo Mariscal Anaya, Sebastián Jesús Ledesma Martín, María Auxiliadora Pérez Díaz y Carolina España Reina, Diputados.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo,
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/004157
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley, sobre el restablecimiento, tanto en el Impuesto sobre
la Renta de las Personas Físicas como en el Impuesto sobre Sociedades, de los coeficientes correctores del efecto de la inflación, en la determinación del valor de adquisición de los bienes inmuebles en el momento de su venta, para su posterior
debate en la Comisión de Hacienda y Función Pública.
Exposición de motivos
El artículo 35 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio, en su
redacción dada hasta el año 2014, contemplaba la actualización del valor de adquisición de los bienes inmuebles a la hora de determinar la plusvalía generada en el momento de la venta de los mismos, mediante la aplicación de unos coeficientes
correctores que se establecían anualmente en la Ley de Presupuestos Generales del Estado. Las mismas previsiones se contenían hasta entonces en la normativa fiscal de las sociedades.
Estos coeficientes eran utilizados, por tanto, para actualizar al momento de la venta el valor de adquisición de un inmueble, con el fin de evitar que el contribuyente hubiera de tributar por la parte de ganancia patrimonial únicamente
debida al efecto de la inflación.
La posibilidad de seguir corrigiendo el precio de adquisición de los bienes inmuebles a efectos de la imposición directa, tanto personal como societaria, fue eliminada en el año 2014, con efectos de 1 de enero de 2015, durante el gobierno en
mayoría absoluta del Partido Popular. Esta modificación, operada por la Ley 26/2014, de 27 de noviembre, supuso un serio encarecimiento de los impuestos que gravan la venta de inmuebles. El Gobierno de entonces, sin embargo, no ofreció ninguna
explicación al respecto de una reforma de tal calado, lo que se atribuyó de manera unánime a una mera necesidad recaudatoria.
Así, el legislador anterior a 2015 sí entendió que la plusvalía nominal generada sobre el papel, por diferencia entre el precio de venta y el valor de adquisición de un inmueble, que fuera debida exclusivamente al incremento del precio del
dinero durante los años de posesión del activo, no debía quedar sujeta a tributación, toda vez que no supone incremento patrimonial real alguno en el contribuyente. Tan es así, que las tres provincias vascas mantienen la existencia de estos
coeficientes correctores en la venta de inmuebles, conscientes de que su eliminación supone hacer tributar a sus contribuyentes por una ganancia patrimonial inexistente.
Recuperar una medida como ésta, correctora del efecto de la inflación en la tributación sobre la venta de inmuebles, parece de justicia, pues es fácil entender que el dinero de hace veinte años no tiene el mismo valor ni la misma capacidad
adquisitiva hoy. Así, de los datos aportados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) se desprende que desde el año 1995 hasta 2020, la tasa acumulada del IPC ha sido de
un 69.9%, es decir, que los precios han aumentado en casi un 70% desde entonces. Y, todo ello, sin hablar del nivel de precios actual, con una inflación situada en el 8.4%, la mayor de los últimos 30 años.
Por otro lado, es necesario destacar que, aparte de la potencial inconstitucionalidad que subyace en la imposición tributaria sobre una ganancia patrimonial irreal que no es el reflejo de una mayor capacidad económica en el contribuyente, la
eliminación de estos coeficientes correctores del efecto de la inflación tuvo, y mantiene como consecuencia directa, el castigo al ahorro individual a largo plazo, fomentando y premiando fiscalmente la especulación.
Sobra explicar la necesidad de recuperar una medida como ésta, y no sólo por haber sido la misma injustificadamente eliminada de nuestro ordenamiento por un afán meramente recaudatorio, sino por su importancia capital en un momento como el
actual, en el que no es descartable que muchos contribuyentes estén vendiendo activos inmobiliarios con cuyo beneficio poder hacer frente a la crisis, pero que deben sufrir la injusticia de ver cómo parte de su plusvalía es absorbida por los
impuestos que deben satisfacer exclusivamente debidos al incremento del precio del dinero.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a realizar las modificaciones legislativas pertinentes, tanto en la Ley reguladora del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, como en la Ley reguladora del Impuesto sobre Sociedades,
con el fin de recuperar la actualización del valor de adquisición de los bienes inmuebles en la determinación de la plusvalía generada con su venta, mediante la aplicación de los coeficientes correctores del efecto de la inflación que, al efecto, se
establezcan anualmente en la Ley de Presupuestos Generales del Estado.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de mayo de 2022.-Edmundo Bal Francés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Comisión de Interior
161/004136
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley, para que se refuercen las plantillas
Guardia Civil y Policía Nacional en Baleares, para su debate en la Comisión de Interior.
Exposición de motivos
Según el último balance de criminalidad facilitado por el Ministerio del Interior correspondiente al año 2021, las islas Baleares se consolidaron como la Comunidad con mayor incidencia proporcional en tasa de criminalidad en relación al
número de habitantes, todo ello sin tener en cuenta la derivada de la población flotante.
Por islas, la tasa de criminalidad se sitúa aproximadamente en 53 delitos o faltas por cada 1.000 habitantes en Mallorca; 58, en Ibiza; 36, en Menorca, y 44, en Formentera, en los últimos 12 meses.
Por tipología en el último año se ha observado una mayor incidencia de los delitos contra la libertad sexual, que crecieron casi un 50%.
Resulta preocupante, teniendo en cuenta, además, que en este balance no se ha tenido en cuenta la incidencia de la población ocasional derivada de la temporada turística.
A todas estas circunstancias hay que sumarle la necesidad de atender la llegada -en creciente aumento- de embarcaciones con inmigración irregular, lo que obliga en muchos casos a redoblar esfuerzos por parte de los miembros de las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado.
Dicho esto, resulta necesario incrementar y reforzar las plantillas de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad en las Islas Baleares, así como de arbitrar medidas para lograr la fidelización de sus miembros,
circunstancia que pasa inevitablemente por el reconocimiento a una compensación por razón de la insularidad que permita a los funcionarios afrontar el coste de la vida.
Según información facilitada por el Gobierno de España, en el año 2021 la isla de Ibiza y de Formentera no registraron ningún incremento de refuerzos respecto del año inmediatamente anterior.
Según manifestó recientemente Tomás Quesada, Secretario General de JUCIL en las Islas Baleares, 'la presencia de la Guardia Civil en Baleares evoluciona de forma negativa y en sentido contrarío a los demás indicadores que avalan su necesaria
presencia en nuestras islas'.
Nos encontramos ante el inicio de una nueva temporada turística. Las islas Baleares van a volver a tener abierta, por completo, toda su actividad diurna y nocturna en las mismas condiciones y en las mismas circunstancias habituales, toda
vez que las restricciones motivadas por el COVID-19 ya no son un impedimento.
En este contexto, interesa poner de relieve que la seguridad resulta ser uno de los principales incentivos a la hora de elegir destino y sobre todo un elemento determinante para la reputación e imagen de las islas.
Por todo lo expuesto, constituye una exigencia que el Ministerio del Interior refuerce la presencia de miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado en temporada turística y otorgue estabilidad de las plantillas de manera que la
seguridad de los residentes también se encuentra garantizada a lo largo de todo el año.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Que el Ministerio del Interior incremente urgentemente las plantillas del Cuerpo Nacional de Policía en la ciudad de Ibiza, y de Guardia Civil en todos y cada uno de los municipios de las Islas Baleares, al objeto de garantizar
suficientemente la seguridad de residentes y visitantes.
2. Revisar en el año 2022 las indemnizaciones por residencia del personal en activo del sector público estatal destinado en la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares, procediendo a la modificación de las cuantías con objeto de adaptarlas
a la realidad actual mediante la dotación presupuestaria correspondiente.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de mayo de 2022.-Margarita Prohens Rigo, Miguel Ángel Jerez Juan y Ana Belén Vázquez Blanco, Diputados.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/004141
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para paralizar la supresión de las
patrullas del Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (SEPRONA) y aumento de los efectivos del Servicio, para su debate en la Comisión de Interior.
Exposición de motivos
La Guardia Civil es la Institución más valorada por el conjunto de la sociedad española y es un cuerpo eficaz y de referencia en todos los órdenes a nivel internacional. Sus hombres y mujeres contribuyen hoy en España a garantizar nuestra
libertad, seguridad y el ejercicio de los derechos constitucionales.
La Guardia Civil ejerce sus misiones y funciones a través de diferentes Unidades y especialidades, siendo todas ellas necesarias para el eficaz desarrollo de sus cometidos en su conjunto y en colaboración con otros cuerpo policiales.
El Gobierno debe trabajar para garantizar la presencia de la Guardia Civil en todos los pueblos y regiones de España.
En las últimas fechas hemos conocido, a través de los medios de comunicación y sin diálogo con los municipios afectados, el proyecto de supresión de diversas patrullas del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) y con ello la
reducción de los efectivos dedicados a la vigilancia del medio ambiente en la Región de Murcia.
Desde hace dos años se viene denunciando la escasez de efectivos de la Guardia Civil y ahora vemos como la Región de Murcia pierde unos efectivos muy valiosos y necesarios para reforzar la vigilancia y seguridad de las zonas rurales y el
litoral.
Según hemos podido conocer por la Asociación Unificada de Guardias Civiles, el Gobierno tiene previsto suprimir las patrullas de Águilas, Abarán, Alhama de Murcia y Torre Pacheco, en total, catorce guardias civiles, tres cabos y un sargento.
No solo no se fomentan las patrullas del SEPRONA reforzándolas con más agentes, sino que se reducen las plantillas provocando así que con menos profesionales se tenga que abarcar más extensión y carga de trabajo y, por tanto, su rendimiento
y capacidad operativa es mucho menor, generando un déficit de vigilancia del medio ambiente y la persecución de los delitos e infracciones medioambientales.
Resulta imposible abarcar las extensas áreas asignadas y consecuentemente existirá menor control y vigilancia sobre las mismas.
Como denuncia la Asociación Unificada de Guardias Civiles, el mejor ejemplo lo tenemos en la localidad de Águilas donde la patrulla del SEPRONA realiza sus funciones en una gran extensión de 1.318,7 km cuadrados y 55 km de litoral, abarcando
diversas localidades y sus pedanías. Dentro de la demarcación de la Patrulla de Águilas se encuentran los siguientes Espacios Protegidos, que verán reducida su vigilancia:
- Parque Regional de Cabo Cope-Puntas de Calnegre que se encuentra encuadrado dentro de RED NATURA 2000 y es zona LIC.
- Sierra de Almenara, encuadrada dentro de la RED NATURA 2000, zona ZEPA, LIC y APF, encuadrando dos zonas de máxima densidad de tortuga mora en las Sierras de Almenara y de la Torrecilla.
- Paisaje protegido de Sierra de las Moreras encuadrada en la RED NATURA 2000 zona ZEPA y LIC.
- Isla Cueva de Lobos, encuadrada en la RED NATURA 2000 y zona ZEPA.
- Cuatro Calas, encuadrado en la RED NATURA 2000, paisaje protegido y zona LIC.
- Sierra de la Muela-Cabo Tiñoso, otro espacio natural encuadrado dentro de la RED NATURA 2000, ZEPA, LIC y APF; comprendiendo además la Reserva Marina de Interés Pesquero de Cabo Tiñoso.
- Además, de forma inminente, se va a declarar la Reserva Marina Integral de Cabo Cope.
En cuanto a la patrulla de Abarán ocurre algo similar con la vigilancia de la Sierra de la Pila o a la patrulla de Alhama de Murcia con el parque natural de Sierra Espuña.
A los perjuicios que se ocasionarían a la vigilancia medioambiental hay que añadir los perjuicios personales de cada uno de los guardias civiles afectados.
Además, en caso de aceptar la reubicación, se verían perjudicados al tener que cambiar de domicilio o desplazarse distancias largas en su nuevo puesto de trabajo. A esto sumamos que con estos movimientos se perderían las plazas de cinco
guardias civiles en el SEPRONA de la Región de Murcia.
Por último, es inaceptable que se realicen este tipo de proyectos o propuestas sin contar con los agentes afectados y sus representantes, y sin transparencia en un ejercicio de opacidad.
Por ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Paralizar el desmantelamiento de los equipos del Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil en los municipios de Águilas, Abarán, Alhama de Murcia y Torre Pacheco.
2. Mantener el actual número de agentes del SEPRONA en la Región de Murcia y en el resto de España, y que progresivamente éstos vayan en aumento.
3. Reforzar los medios materiales de la Guardia Civil en la Región de Murcia, para garantizar la seguridad de los ciudadanos y la vigilancia y protección del medio ambiente.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de mayo de 2022.-Ana Belén Vázquez Blanco e Isabel María Borrego Cortés, Diputadas.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/004142
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la creación de un tercer
grupo de UPR en Palma de Mallorca y un grupo de UPR en la isla de Ibiza, para su debate en la Comisión de Interior.
Exposición de motivos
Las Unidades de Prevención y Reacción se conciben como Unidades destinadas a la prevención, mantenimiento y, en su caso, restablecimiento del orden público y la seguridad ciudadana, dotadas de una estructura prefijada y medios suficientes
para acometer con solvencia las funciones específicas que le son propias.
Estas Unidades se emplearán prioritariamente cuando sea precisa la intervención de Unidades de sus características, adecuadamente estructuradas y dotadas de una notable capacidad operativa.
Sus funciones se concretan, en líneas generales, en las siguientes:
1. Dispositivos especiales de prevención de la delincuencia.
2. Mantenimiento del orden público y la seguridad ciudadana.
3. Apoyo a otras Unidades, Servicios o Instituciones, en dispositivos puntuales.
4. Reacción e intervención ante cualquier situación que requiera una actuación inmediata.
Es de significar que al margen del nivel de turistas que visitan todos los años las Islas baleares, y que esta Jefatura Superior de Policía carece de Unidad de Intervención Policial, con lo que ha de hacerse cargo de todos los Servicios que
en otras demarcaciones Policiales las hacen las UlP's.
Prevención, acción, colaboración y reacción:
Llevan a cabo entre otros los Dispositivos de seguridad y de orden público en Eventos deportivos (en Palma hay Un Equipo de Primera División y Otro en Liga Profesional), musicales de San Sebastián y en Verano; Taurinos; prevención ante la
presencia de grandes Cruceros, más los millones de turistas que pasan y visitan la Ciudad, especialmente entre marzo y octubre, estableciéndose Servicio de tarde/noche en Playa de Palma, de forma ininterrumpida todo el verano, así como dispositivos
Antiterroristas durante todo el año.
Operaciones de seguridad ciudadana y de orden público en el Poblado Marginal de Son Banya, de forma conjunta y de apoyo a Policía Judicial, y el control de dicho poblado diariamente en los turnos de mañana y tarde.
Se colabora con Policía Judicial y con la B.P.E.Y.F., con constantes requerimientos, de entradas y registros, en el traslado de reclamados internacionales a Madrid (Audiencia Nacional), conducciones que implican un gran despliegue policial,
entierros, protección jurados, conducciones de FIES, expulsiones y traslados a C.I.E.s y conducciones internacionales; con la llegada masiva de Pateras en los últimos años por encima de 100 al año.
Protección a Personalidades, congresos de Jueces y Fiscales, Autoridades y Presidentes de otros países. Protección todas las semanas del Parlament Balear en las sesiones ordinarias y extraordinarias, así como de las concentraciones y
manifestaciones en el mismo y en la sede del Gobierno Balear.
Son significativos los desplazamientos de la Unidad (UPR y MOTOS), tanto en Prevención como en Orden Público a otras ciudades e islas de la Comunidad Autónoma, como Manacor, Mahón, Ibiza y Ciudadela, lo que implica un esfuerzo en personal y
medios. No hay que olvidar que en esta Jefatura no existen Unidades de Intervención Policial (U.LP.s), ni GOEs, y que muchas de sus funciones son asumidas íntegramente por la UPR. Condiciona el hecho de ser la provincia un conjunto de islas, donde
el apoyo exterior es difícil y en muchas ocasiones lento.
Desde octubre de 2013, por parte de Funcionarios de UPR, se hacen cargo de la Seguridad de la Instalación de la Base en el Puerto de Palma de Mallorca; desde que la Seguridad de Edificios Policiales ya no se encarga la Brigada de Seguridad
Ciudadana lo que detrae a tres Funcionarios en Horario de Noche a tres Turnos, y los fines de semana y festivo en horario de mañana y de tarde.
Si en Mallorca nos encontramos con la problemática antes descrita, en la Isla de Ibiza esta situación se agrava aún más si cabe dado que en esta isla no existe UPR, debiendo hacer las funciones antes reseñadas los integrantes del Personal
Operativo de Seguridad Ciudadana y el Personal Operativo de Policía, quienes realizan servicio al ciudadano los siete días de la semana, 24 horas al día.
Si bien es cierto, que en verano y en servicios especiales, el servicio de seguridad ciudadana es reforzado por las unidades de Palma, como anteriormente se ha desarrollado, la mayor parte del año esta isla cuenta con escaso personal para
desempeñar sus funciones de manera adecuada.
Entre los servicios de orden público que realizan en Ibiza se encuentra dar seguridad y protección a tres equipos de fútbol de ligas nacionales, manifestaciones y concentración que año tras año aumentan, prevención y protección en zonas de
ocio donde se congregan miles de personas a diario, eventos lúdicos y culturales, asistir a las llegadas de pateras, que los últimos años ha habido un aumento alarmante y un largo etcétera.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a la creación de un tercer grupo de UPR en Palma de Mallorca y un grupo de UPR en la isla de Ibiza.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de abril de 2022.-Margarita Prohens Rigo, Miguel Ángel Jerez Juan y Ana Belén Vázquez Blanco, Diputados.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/004161
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para la convocatoria urgente de la Comisión de
Seguimiento del Plan de Lucha contra los delitos de odio, tras los asesinatos cometidos en Bilbao en los últimos meses contra, al menos, cuatro personas homosexuales, para su debate en la Comisión de Interior.
Exposición de motivos
A lo largo de esta semana se ha informado por los medios de comunicación de una perturbadora noticia sobre la presunta existencia de un asesino en serie de hombres homosexuales en Bilbao. Así, ayer mismo se entregaba ante la Ertzaintza el
principal sospechoso del asesinato de cuatro hombres en los últimos meses, aunque las informaciones apuntan en estos momentos a que podrían atribuírsele, al menos, cuatro muertes más. Su modus operandi, al parecer, consistía en concertar encuentros
a través de aplicaciones de citas para gais y, posteriormente, drogar a sus víctimas con una droga letal que, primeramente, les anulaba la voluntad hasta el punto de facilitar a su asesino sus tarjetas de crédito, cuentas bancarias y claves de
acceso.
La investigación está abierta en estos momentos y la Policía se encuentra analizando todos aquellos casos de muertes aparentemente naturales, producidas en la zona de Bilbao en los últimos meses, de hombres de mediana edad, en los que se
observara con posterioridad a su fallecimiento el vaciado de sus cuentas bancarias por parte de personas desconocidas para los familiares de la víctima.
De confirmarse estos crímenes -hoy, según parece, al menos, ocho-, y su autoría a un hombre colombiano de 26 años, según apunta la investigación en estos momentos, éste se convertiría en el mayor asesino en serie de hombres homosexuales de
la historia de nuestro país.
En el año 2018 el Gobierno creó el Plan de Lucha contra los Delitos de Odio, y una Comisión de seguimiento al respecto del mismo. Este Plan recoge pautas dirigidas a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE) para identificar
delitos homófobos, entre otros, y para generar confianza entre los colectivos más vulnerables a sufrir este tipo de ataques, todo ello con el fin de prevenir, mitigar o reducir el daño causado a las víctimas de estos delitos. Así, las principales
líneas de acción de este Plan
son la formación de las FCSE, la prevención de los delitos de odio 'identificando los espacios y situaciones en los que los colectivos vulnerables se encuentran especialmente inseguros o en situación de riesgo', la atención a las víctimas, y
la respuesta ante estos crímenes.
Por su parte, la Comisión de Seguimiento de dicho Plan, presidida por el Ministro del Interior, debe reunirse con carácter ordinario una vez al semestre, para valorar el alcance del cumplimiento del Plan y analizar la situación actual con
relación a este tipo de delitos, si bien nada impide que pueda reunirse con carácter extraordinario cuando suceden agresiones homófobas de gravedad o que causan especial alarma social.
Así, por ejemplo, el Presidente del Gobierno en persona mandó convocar 'de manera urgente' esta Comisión, que se comprometió también a presidir él mismo, tras el ataque, que resultó ser falso, a un homosexual en Madrid en septiembre del año
pasado. Esta convocatoria 'urgente' tuvo en aquel momento como objetivo 'analizar' la situación generada tras esta agresión -que aún no había sido confirmada y resultó haber sido fingida- y 'activar nuevos mecanismos' contra este tipo de agresiones
y hechos, según palabras de la portavoz del Gobierno.
En todo este contexto, resulta inexplicable el silencio y la falta de acción del Gobierno ante la existencia, más que probable, del mayor asesino de homosexuales de la historia de nuestro país. Nuestro Gobierno debe manifestar públicamente
su condena a hechos tan gravísimos y debe convocar de urgencia, esta vez sí con más motivo que nunca, la Comisión de Seguimiento del Plan de Lucha contra los delitos de odio, con el fin de que ésta pueda analizar lo ocurrido en Bilbao, la
vinculación de estos crímenes con una motivación homófoba, el modo de incrementar y mejorar los medios de protección social para el colectivo LGTBI, en particular, los derivados de aquellas situaciones que implican mayores riesgos para el mismo,
como las aplicaciones informáticas de citas, entre otros, y estudiar si la respuesta y coordinación policial está siendo la adecuada.
Por este motivo, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a convocar con carácter urgente la Comisión de Seguimiento del Plan de Lucha contra los delitos de odio, tras los asesinatos cometidos en Bilbao en los últimos meses contra, al menos, cuatro
personas homosexuales.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de mayo de 2022.-Edmundo Bal Francés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana
161/004155
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la programación por parte de
Renfe de una oferta de trenes del servicio público de media distancia adecuada a las demandas de movilidad de los usuarios del ferrocarril en Galicia por motivos laborales y de formación, con relación al corredor Atlántico Vigo-A Coruña y el
corredor A Coruña-Santiago-Ourense, para su debate en la Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
Exposición de motivos
En diciembre de 2021 comenzaron los servicios de alta velocidad entre Madrid y Galicia con diez frecuencias diarias en cada sentido, dos de ellas con trenes Ave y el resto con trenes Alvia, y ello llevó a RENFE a disponer unos nuevos
horarios de ferrocarril de los trenes Avant y de media distancia que en determinados casos, al no ajustarse a la realidad laboral y social, han provocado el rechazo de los usuarios habituales, fundamentalmente trabajadores, profesionales,
estudiantes, funcionarios, al igual que usuarios de centros sanitarios.
Y ello por cuanto sus necesidades habituales de desplazamiento no son atendidas, y ni siquiera consideradas, por la empresa operadora. Son muchos miles las personas que en Galicia viven en una ciudad y trabajan o estudian en otra y es
necesario que los transportes ferroviarios permitan atender esa realidad.
Y es que el tráfico entre las grandes ciudades de Galicia, A Coruña-Santiago-Vilagarcía, Pontevedra, Vigo, Ourense, Lugo y Ferrol, proporcionan volúmenes considerables de viajeros, que requieren una oferta de servicios rápidos a determinadas
horas, permitiendo los viajes en el día para atender múltiples actividades, tanto de mañana como de tarde.
Estos viajes son independientes en requerimientos, horarios y tarifas, de los de los ciudadanos que desean desplazarse al centro de la nación. Y es por ello que el cuadro de servicios del tráfico interciudades debe establecerse conforme a
esa necesidad y los de acceso a Madrid con la suya y con trenes de diferentes características.
En definitiva, se debe aprovechar al máximo la oportunidad que supone una conexión de dos horas y quince minutos entre Ourense y Madrid, pero al mismo tiempo es absolutamente imprescindible ofrecer un servicio ferroviario competitivo y con
horarios capaces de satisfacer la creciente demanda de la red ferroviaria interior de Galicia.
Finalizó ya el primer trimestre de 2022 y la realidad es que RENFE sigue sin reponer servicios suprimidos por la pandemia, sin programar nuevos servicios y sin adaptar los horarios a las necesidades de los usuarios que a través de sus
plataformas vienen constantemente reivindicando.
Se han pronunciado tanto los usuarios con múltiples quejas individuales y colectivas como el Parlamento gallego con sendas PNL, el Consejo Económico y Social, la Federación de Municipios y Provincias y distintos Ayuntamientos, solicitando
todas estas instituciones la profundización del servicio en cuanto a su naturaleza de servicio público y la mejora de la utilidad diaria de los servicios, la fiabilidad de los mismos y su asequibilidad.
En esta PNL acogemos estas demandas en relación con dos Corredores ferroviarios.
En el Corredor Atlántico Viqo-A Coruña:
1. En el viaje de ida:
- Para atender el horario de entrada de las 8:00 en Santiago y A Coruña: crear una nueva frecuencia de Media Distancia con salida de Vigo 6:00-6:10 que haga 4 paradas (la estación está abierta desde las 5:15). Interesa a todos los
usuarios, también a los de Santiago que tienen que recurrir a regionales para ir a A Coruña (incluida la previsión de modificaciones en el contrato entre Renfe y Ministerio, cláusula segunda).
- Adelantar el tren 9072 que ahora parte a las 6:40 de Vigo, de modo que salga a las 6:10, lo que supondría llegar a Santiago de Compostela, con la configuración actual de siete paradas, a las 7:20.
- Revisar la calidad del trayecto de madrugadores, para evitar los retrasos diarios de 10-12 minutos o mayores en el sentido A Coruña-Vigo.
2. En el viaje de vuelta:
- Retrasar el tren 9153 con salida de A Coruña a las 15:00 a las 15:30 para poder atender a todos los usuarios del área de A Coruña y hacia Vigo con jornadas de trabajo o estudio de 7 horas.
- Crear una nueva frecuencia de Media Distancia entre las 15:00 y las 17:00, que es la hora de salida del tren 9173 a las 15:30, saliendo de A Coruña sería lo ideal.
- En sentido de vuelta Santiago-A Coruña no hay trenes entre las 20:17 y las 21:35 debido a que se ha adelantado el Avant 9590 que salía de Ourense de las 20:00 para enlazar con Ave. Los usuarios nos piden un tren sobre las 20:30 para
poder salir del trabajo o estudio y regresar a A Coruña.
En el Corredor A Coruña-Santiaqo-Ourense:
1. Recuperar el tren 9470, suprimido en pandemia, que salía de Ourense hacia Santiago y A Coruña a las 6:45 horas.
2. Reponer el tren 9061 en su horario de las 6:30 horas con salida de A Coruña sentido Ourense, ahora sale a las 5:55.
3. Reponer el tren que salía antes de la pandemia a las 7: 1 5 de A Coruña sentido Ourense. Antes de la pandemia este era un Alvia que venía de Ferrol con destino Madrid y que salía de A Coruña a las 7:15. Con este tren se llega a
Ourense a las 8:26 y da servicio a muchos trabajadores.
4. Reponer en su horario el tren 9133 que antes del 21 de diciembre de 2021 salía de A Coruña sentido Ourense a las 15:30 y se ha adelantado para conexión con AVE a las 15:10.
5. Aumentar las plazas comercializadas en modalidad 'sinergiado' (incluido en el contrato entre Renfe y Ministerio, cláusula segunda) para que trenes Alvia entren en los abonos sin coste extra. Ejemplo: tren 34064 A Coruña-Ourense con
salida 7:38, o el 4145 que sale de Ourense hacia A Coruña a las 17:08.
6. Pedir justificación a Renfe y Adif por la aplicación de la tarifa 5 de velocidad alta o 4 en modalidad alta velocidad cuando existen limitaciones de velocidad de 200 km/h dadas por el ancho ibérico de la línea y el retraso en la
implantación completa del ERTMS que impiden alcanzar las máximas prestaciones. Debería estar aplicándose la tarifa 4 convencional, la compañía está cobrando por una prestación que no se da. Los usuarios soportan un sobrecoste ilícito.
Por todo lo anterior, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España y, más en concreto, a RENFE a que con urgencia aborde la programación de una oferta de trenes y horarios adecuada a las demandas de movilidad de los usuarios del ferrocarril que en
Galicia se desplazan cada día entre las distintas ciudades para acudir a sus trabajos y actividades, de conformidad con lo que se propone en el expositivo de esta iniciativa, con relación al corredor Atlántico Vigo-A Coruña y al corredor A
Coruña-Santiago-Ourense.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de mayo de 2022.-Celso Luis Delgado Arce, Ana María Pastor Julián, Marta González Vázquez, Jaime Eduardo de Olano Vela, Diego Gago Bugarín, Ana Belén Vázquez Blanco, Joaquín María García Díez,
Tristana María Moraleja Gómez, Javier Bas Corugeira, Juan Manuel Constenla Carbón y María Valentina Martínez Ferro, Diputados.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión de Educación y Formación Profesional
161/004128
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a introducir el flamenco en
los ciclos formativos y certificados de profesionalidad de formación profesional, para su debate en la Comisión de Educación y Formación Profesional.
Exposición de motivos
Uno de los objetivos del Sistema de la Formación Profesional es adecuar los niveles de cualificación de la población activa a las necesidades de los sectores productivos y desarrollar un sistema de Formación Profesional a lo largo de la vida
flexible, accesible, acumulable, acreditable y capitalizable. La propuesta consiste en abrir un camino profesional a los miles de profesionales que engrandecen con su trabajo y mantienen vivo el Flamenco.
Hasta hace pocos años los estudios oficiales de guitarra flamenca solo podían cursarse en Codarts, el Conservatorio de Música de Rotterdam. La Ley Orgánica de Educación abrió en España la puerta al flamenco en las aulas de los
conservatorios, y hoy es posible obtener un título superior de cante flamenco, guitarra flamenca, baile flamenco o flamencología en cinco de nuestros conservatorios superiores de música, los de Córdoba, Barcelona (ESMUC, Liceu y Taller de Músics) y
Murcia, o en los de danza de Madrid y de Málaga.
Tras la primera Cátedra en la Universidad de Jerez, ya sexagenaria, se fueron sumando las de Córdoba, Granada, Jaén, Sevilla, Málaga o la más reciente de Flamencología promovida conjuntamente por la UCAM y la Fundación del Cante de las Minas
en la Región de Murcia.
En el ámbito de los estudios profesionales, la presencia del flamenco es ya una realidad consolidada, como podemos comprobar en los conservatorios de música de Almería, Badajoz, Cartagena, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Jerez de la
Frontera, Linares, Málaga, Arturo Soria de Madrid y Sevilla. El baile flamenco también puede cursarse en los conservatorios de danza de Andalucía en de Almería, Cádiz, Granada, Córdoba, Málaga y Sevilla, y fuera de la región andaluza en Fortea de
Madrid y Murcia.
Estos alumnos pueden continuar sus estudios en el nivel de grado en los conservatorios superiores e incluso continuarlos en los de máster, con dos títulos de enseñanzas artísticas en la ESMUC y otro universitario de investigación y análisis
del flamenco que ofrecen en conjunto las universidades de Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva y Pablo Olavide de Sevilla.
Sin embargo, la tardanza en la formación reglada del flamenco y las escasas plazas ofertadas en las ya nombradas, propician que se deban abrir nuevos cambios, a través de la Formación Profesional, más aún cuando uno de los objetivos de todas
las formaciones es la inserción laboral mediante una capacitación de competencias. Esta formación deberá ir acompasada en el desarrollo de nuevas certificaciones profesionales, ya que son muchos los artistas flamencos que llevan décadas
desarrollando su actividad profesional sin ningún tipo de marco legal especifico. Estos nuevos certificados de profesionalidad permitirán a los artistas flamencos ya consolidados, sin ninguna formación reglada, acreditar su experiencia profesional,
y enmarcarlos dentro de la actividad laboral reglada, lo que permitirá dignificar las contrataciones laborales.
Nos encontramos en muchas ocasiones que grandes figuras del flamenco, incluso cuando son invitados para impartir clases magistrales en universidades y conservatorios, no disponen de ninguna certificación de profesionalidad, quedando en una
ambigua situación laboral.
Como bien decía Faustino Núñez catedrático de Flamenco del Conservatorio Superior de Música 'Rafael Orozco' de Córdoba, en una entrevista 'Con el fin de impulsar estas enseñanzas, considero que cabría adoptar diferentes medidas. [...] es
imprescindible que se haga todo lo posible por favorecer la presencia del flamenco en la enseñanza a todos los niveles, generalista y especializada'. 'La enseñanza necesita una pedagogía que, si bien en el ámbito del baile y la guitarra está
bastante avanzada, no así en el cante y la investigación. Supongo que poco a poco eso será corregido y dentro de no mucho tiempo habrá herramientas didácticas bien armadas para lograr una enseñanza lo más eficaz posible'.
Por todo lo expuesto se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a adoptar las medidas que permitan la implantación de la enseñanza de las actividades profesionales relacionadas con el flamenco, aprobando los títulos formativos de formación profesional que
constituirán las ofertas de formación profesional referidas al Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, con la finalidad de desarrollar un marco educativo acorde a las necesidades del sector, que representan nuestra expresión artística
más universal.
Asimismo, se insta al Gobierno a regular los certificados de profesionalidad de Nivel 1 y de Nivel 2 correspondientes a las cualificaciones profesionales de actividades profesionales relacionadas con el flamenco que se incluirán en el
Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de abril de 2022.-María Soledad Cruz-Guzmán García, Beatriz Jiménez Linuesa, María Sandra Moneo Díez, Óscar Clavell López, Elena Castillo López, Pedro Navarro López, María del Carmen González Guinda,
José Ángel Alonso Pérez y Juan Antonio Callejas Cano, Diputados.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/004149
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para garantizar el acceso al sistema de ayudas al estudio del
alumnado matriculado en el primer ciclo de la etapa de Educación Infantil, para su debate en la Comisión de Educación y Formación Profesional.
Exposición de motivos
El pasado 30 de junio se publicó en el Boletín Oficial del Estado el Real Decreto 471/2021, de 29 de junio, por el que se establecen los umbrales de renta y patrimonio familiar y las cuantías de las becas y ayudas al estudio para el curso
2021-2022, y se modifica parcialmente el Real Decreto 1721/2007, de 21 de diciembre, por el que se establece el régimen de las becas y ayudas al estudio personalizadas.
A pesar de que las modificaciones reglamentarias introducidas en los últimos años y el incremento de los fondos destinados a ayudas al estudio previsto en los Presupuestos Generales para el año 2022 deben valorarse de manera positiva,
nuestro sistema sigue teniendo mucho camino por recorrer a la hora de garantizar la equidad y la igualdad de oportunidades en el ámbito educativo.
La Educación Infantil, según el artículo 12.1 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, constituye una etapa educativa con identidad propia que atiende a niños y niñas desde el nacimiento hasta los 6 años de edad. Tiene
carácter voluntario y su finalidad es la de contribuir al desarrollo físico, afectivo, social, cognitivo y artístico del alumnado, así como la educación en valores cívicos para la convivencia.
Dentro de este período, el primer ciclo de Educación Infantil, destinado a la atención social y educativa de los niños y niñas menores de 3 años, reviste una importancia fundamental en los primeros años de vida, base e inicio de todo el
proceso educativo. Además, el primer ciclo de Educación Infantil constituye un elemento básico para eliminar las diferencias culturales y las desventajas iniciales del niño o niña socialmente desfavorecido, potenciando la igualdad de oportunidades
educativas y la socialización, del mismo modo que se erige en factor esencial en la prevención de las dificultades de aprendizaje y del fracaso escolar, que se manifiestan con más claridad en las etapas educativas posteriores.
Sin embargo, el Estado no reconoce la posibilidad de convocar ayudas y subsidios al estudio para el alumnado que cursa el primer ciclo de Educación Infantil. Esta situación carece de sentido en la medida en que existe un amplio consenso
político para incrementar el porcentaje de estudiantes matriculados en este ciclo educativo como herramienta para reducir los elevados porcentajes de fracaso escolar en España, especialmente entre el alumnado que proviene de contextos económicos más
desfavorecidos.
El Consejo Escolar del Estado, a través de su último dictamen sobre el Real Decreto, por el que se establecen los umbrales de renta y patrimonio familiar y las cuantías de las becas y ayudas al estudio para el curso 2021-2022 y se modifica
parcialmente el Real Decreto 1721/2007, de 21 de diciembre, por el que se establece el régimen de las becas y ayudas al estudio personalizadas, propuso al Gobierno de España posibilitar el acceso a las ayudas para el material escolar para el
alumnado con discapacidad que precisara materiales adaptados y ayudas técnicas para el proceso de enseñanza/aprendizaje.
Sin embargo, esta propuesta fue desechada por el Ministerio de Educación y Formación Profesional, que no incluyo a estos alumnos como sujetos con posibilidad de beneficiarse de estas ayudas a pesar de los enormes costes complementarios que
asumen estas familias para garantizar la igualdad de oportunidades en el aprendizaje durante este ciclo educativo.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a reconocer el derecho a acceder a ayudas para material escolar al alumnado con necesidades educativas especiales derivadas de discapacidad o trastorno del espectro autista
matriculado en el primer ciclo de Educación Infantil que precise de materiales adaptados y ayudas técnicas para el proceso de enseñanza/aprendizaje.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de mayo de 2022.-Sara Giménez Giménez, Diputada.-Edmundo Bal Francés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
161/004163
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Macarena Olona Choclán, don Joaquín Robles López, doña Georgina Trías Gil, don José Ramírez del Río, doña María de los Reyes Romero Vilches, doña María Teresa López Álvarez y don José María Figaredo Álvarez-Sala, en sus respectivas
condiciones de Portavoz Adjunta y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente Proposición no de Ley relativa al impulso de las
Humanidades, para su discusión en la Comisión de Educación y Formación Profesional.
Exposición de motivos
Primero. La desaparición de las humanidades.
En el primer trimestre de 2022 se establecieron la ordenación y las enseñanzas mínimas de la Educación Primaria, la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato. Los Reales Decretos 157/2022 15, 217/2022 16 y 243/2022 17,
respectivamente, se implantarán progresivamente a partir del curso escolar 2022-2023.
Una simple búsqueda de la palabra 'Humanidades' demuestra la práctica desaparición de esta disciplina en los tres programas curriculares. No obstante, no se debe únicamente a la última ley educativa: se trata, más bien, de un proceso
continuado a lo largo de las últimas décadas con el fin, deseado o no, de destruir los cimientos sólidos sobre los que se sostiene España y el resto de Occidente desde hace siglos.
La Real Academia Española define las Humanidades como el '[C]onjunto de disciplinas que giran en torno al ser humano, como la literatura, la filosofía o la historia' 18. Precisamente, son materias como la Historia y la Filosofía las que
están en mayor riesgo de desaparición por los currículos educativos de los últimos tiempos.
Este empobrecimiento de nuestro modelo educativo en materia humanística se traduce en una formación incompleta y menos humana de los alumnos. Una educación sin Humanidades supone una instrucción estrictamente técnica sin apelación alguna a
las grandes cuestiones del hombre y la humanidad. El resultado será una persona desarraigada de su propia familia, su Nación y su civilización. Un sujeto fácilmente manipulable sin capacidad de juzgar con fundamento la realidad de las cosas. Así,
el adoctrinamiento en la ideología (parcial, engañosa y alienante) sustituye a la búsqueda de la sabiduría (universal, real y liberadora).
De esta manera, las Humanidades también deben entenderse como 'la cultura que una persona necesita para llevar una vida genuinamente humana' 19. La educación humanística, herencia de lo mejor de la civilización occidental, debe transmitirse
en todos los niveles educativos. De lo contrario, se corre el riesgo de profundizar aún más en un creciente salvajismo social consecuencia de la negación de nuestras propias raíces:
'Nuestro rechazo de la transmisión ha engendrado lo que en ocasiones parece una sociedad de niños salvajes. Aumento de actos vandálicos, ruptura de todos los vínculos, consumismo irresponsable, dificultades cotidianas en la vida colectiva,
fracasos en la inserción social y en el compromiso ciudadano, ruptura del diálogo entre las generaciones, explosión de la delincuencia... Por todos lados vemos al hombre 'degradado, insociable, grosero', inhumano. En el corazón de nuestros países
desarrollados tenemos el sentimiento de ver resurgir la barbarie. Y no llegamos a comprenderlo [...] No nos damos cuenta de que esto proviene, esencialmente, de una ruptura de la transmisión, de un abandono de nuestra propia civilización -del que
todos los síntomas de la crisis no son más que consecuencias, directas o indirectas-' 20.
15 Real Decreto 157/2022, de 1 de marzo, por el que se establecen la ordenación y las enseñanzas mínimas de la Educación Primaria.
16 Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas mínimas de la Educación Secundaria Obligatoria.
17 Real Decreto 243/2022, de 5 de abril, por el que se establecen la ordenación y las enseñanzas mínimas del Bachillerato.
18 https://dle.rae.es/humanidad?m=form
19 https://www.universidadsi.es/Ia-importancia-de-Ias-humanidades-en-Ios-programas-educativos/
20 BELLAMY, F-X. (2018), Los desheredados. Por qué es urgente transmitir la cultura, Madrid, Ediciones Encuentro, pp. 124-125.
En definitiva, es imprescindible relanzar una robusta educación humanística con base en las aportaciones de las tres ciudades configuradoras de España y el resto del mundo occidental: Atenas, Roma y Jerusalén. Ahondar en el sentido opuesto
condenará a nuestros hijos a un futuro de analfabetismo y manipulación por parte de las élites globalistas.
Segundo. Razones para promover las humanidades.
Hay numerosos medios y metodologías para introducir la educación humanística en nuestro sistema educativo: desde seminarios de Grandes Libros del pensamiento y la literatura occidentales, hasta sesiones para cultivar el gusto por la lectura
reflexiva y la argumentación. No obstante, lo verdaderamente relevante es determinar por qué la formación humanística es un elemento imprescindible para el buen desarrollo de nuestros hijos:
- Transmitir la tradición cultural de España y el resto de Occidente.
Las disciplinas humanísticas (Filosofía, Historia, Literatura...) son fundamentales para acercar a las nuevas generaciones la herencia recibida de nuestros antepasados desde la admiración y el agradecimiento. Nadie puede amar lo que no
conoce. Por ello, en todos los niveles educativos es primordial introducir a los alumnos en la tradición cultural de España y el resto de Occidente a través de la lectura de los clásicos, el estudio de nuestras raíces civilizacionales y la
transmisión de un sentido de pertenencia a una comunidad con muchos siglos de historia.
- Fortalecer los principios de esfuerzo, estudio, disciplina y excelencia.
Las Humanidades deben servir de cauce para formar a nuestros hijos en los mejores hábitos de estudio, pensamiento y conversación. La exigencia, la disciplina y la excelencia son principios que pueden coadyuvar en la formación de españoles
virtuosos en su trabajo y en sus relaciones con los demás. La lectura y el comentario de los grandes relatos de Occidente son un vehículo extraordinario para fomentar entre los más jóvenes este tipo de conductas.
- Desarrollar una capacidad bien fundamentada para juzgar la realidad.
La paupérrima realidad educativa española es consecuencia de décadas de una legislación partidista e ideológica. Tanto el Partido Popular (PP) como el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) han aprobado reformas alejadas de las
necesidades reales de nuestros hijos en materia educativa. Los resultados son evidentes: la tendencia de las últimas generaciones que han pasado por la escuela española es preocupante. Muchos jóvenes carecen de capacidades de comprensión lectora,
atención, juicio, madurez emocional, redacción, escucha activa y un largo etcétera de habilidades básicas para saber desenvolverse en el mundo profesional y en la vida personal. Una profunda formación humanística es fundamental para revertir esta
tendencia.
- Suscitar el amor por la búsqueda del bien, la verdad y la belleza.
Una buena educación humanística es esencial para cultivar las bases de una vida cultural plena, esto es, una vida plenamente humana. La lectura y la reflexión en torno a los pilares filosóficos y literarios fundacionales de España y el
resto de Occidente son una imprescindible vía en la búsqueda de lo bueno, lo verdadero y lo bello. Las grandes historias que nos han llegado, superando el paso del tiempo, fueron referencia para nuestros antepasados a la hora de responder a las
preguntas trascendentales de la humanidad. Los alumnos españoles también merecen aproximarse a ellas para su crecimiento personal y en pro del bien común.
Tercero. Conclusión.
La promoción de las Humanidades como elemento imprescindible y transversal de la enseñanza a todos los niveles para favorecer el desarrollo de nuestros jóvenes se antoja, más que nunca, urgente y necesaria. La educación española debe
renunciar a la imposición ideológica en las aulas y guiarse por el ideal de la búsqueda de la sabiduría.
Las Humanidades son un medio excelente para formar a nuestros hijos en esas disciplinas que, en la llamada 'sociedad de la información', han sido erróneamente consideradas por muchos como 'saberes
inútiles'. Los estudios humanísticos son una suerte de 'escuela de vida': fomentan no solo el aprendizaje de una serie de conocimientos sino también el planteamiento de las cuestiones fundamentales sobre la vida, el hombre y la comunidad.
Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Promover, en general, las Humanidades con base en la cultura occidental con todos los medios y recursos de la Administración General del Estado.
2. Impulsar el estudio de las disciplinas humanísticas en todas las etapas del sistema educativo y, en consecuencia, su inclusión en los currículos de Primaria, ESO y Bachillerato.
3. Alcanzar acuerdos con la Corporación RTVE para fomentar la difusión de las Humanidades en sus canales y programas.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de mayo de 2022.-Joaquín Robles López, Georgina Trías Gil, José María Figaredo Álvarez-Sala, José Ramírez del Río, María de los Reyes Romero Vilches y María Teresa López Álvarez, Diputados.-Macarena
Olona Choclán, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
Comisión de Industria, Comercio y Turismo
161/004126
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley, para reconocer e impulsar el Turismo
de Golf en España, para su debate en la Comisión de Industria, Comercio y Turismo.
Exposición de motivos
El Golf es mucho más que un deporte. Es un factor generador de demanda turística, esto es, supone una palanca clara de decisión a la hora de elegir España como destino turístico, sobre todo en temporada baja de sol y playa que es
precisamente en otoño, invierno y primavera, cuando se da la temporada alta de turismo de Golf. España cuenta con más de 400 campos de golf, considerando campo de golf como 1 recorrido de 18 hoyos con medidas reglamentarias. Así, la gran mayoría
de estos campos se mantienen gracias a los turistas mayoritariamente internacionales, suponiendo los jugadores locales un porcentaje menor de la facturación global anual.
No en vano, cada año nos visitan, según datos correspondientes a 2019, último año previo a la pandemia, más de 1.5 millones de turistas, cuya principal motivación para viajar a España es principalmente la práctica de este deporte, con una
estancia media de 7 días. Ello supone un impacto anual directo de 5.400 millones de euros y uno indirecto de 12.769 millones, que como anteriormente se ha expuesto, se produce precisamente durante la temporada baja de sol y playa, contribuyendo a
mantener empleos estables y de calidad todo el año y posibilitando en definitiva, la actividad constante y permanente de hoteles, restaurantes, taxis, tiendas y demás servicios complementarios. De hecho, en algunas comunidades autónomas como
Andalucía supone alrededor del 3% de su PIB regional.
No obstante, a pesar de todos estos datos incontestables, desde el Gobierno de España se sigue sin reconocer al Golf como parte esencial de nuestra oferta turística global, ya que se da la paradoja de que aunque se reconoce al Golf en el
Club de Producto Turístico, no se le aplican normativas fiscales propias del sector turístico. Más recientemente y durante el curso de la pandemia no se le consideró parte del sector turístico a la hora de exonerar el pago de las cuotas con cargo a
las empresas por sus trabajadores en situación de ERTE, como sí se dispuso con respecto a establecimientos hoteleros, hosteleros y
agencias de viajes, y ello a pesar del impacto de la crisis sanitaria sobre el segmento que estamos tratando, que penalizó en mayor medida al mantenimiento de los flujos internacionales.
Por otro lado, hay que reseñar que los campos de golf no cuentan con un CNAE propio dentro del grupo específico del sector turístico, y se consideran meras infraestructuras deportivas con las evidentes limitaciones que eso supone sobre todo
a la hora de poder acceder a las convocatorias para proyectos de sostenibilidad con cargo a los Fondos Next Generation EU. No cabe la menor duda de que estas instalaciones son ejemplo de sostenibilidad, ya que además del ser sumideros evidentes de
CO2 por sus grandes extensiones verdes, utilizan para el riego del 100% de su extensión, agua regenerada proveniente de las depuradoras de aguas residuales urbanas. En efecto, actualmente el 65% de los campos de golf españoles tienen acceso a esa
agua reciclada. En este sentido, el impedimento para utilizar los Fondos de Reconstrucción impide completar el acceso al agua regenerada llegando al 100% de las instalaciones, hecho aún más imperdonable en época de sequía como en la que nos
encontramos, además de la pérdida del correspondiente ingreso por su venta para los municipios con depuradoras.
Asimismo, la sostenibilidad medioambiental de estas instalaciones también se hace patente en cuanto a que los vehículos de movilidad utilizados son 100% eléctricos, y desgraciadamente, también se les impide acceder a las ayudas para
movilidad eléctrica, así como para sostenibilidad energética de la renovación de sus flotas de buggies de golf.
En materia de fiscalidad, se da otra paradoja con este sector, porque al considerar a los campos como meras instalaciones deportivas, se les está aplicando el IVA al tipo general del 21%, olvidando que forman parte del engranaje del sector
turístico. Esta situación produce una clara desventaja competitiva con respecto a otros destinos internacionales de Golf, que ofrecen precios más competitivos que los existentes en nuestro país. A este respecto, se estima que esta situación
produce una pérdida anual de alrededor de 500.000 turistas golfistas, normalmente con una fuerte propensión al gasto hacía otros destinos competidores (el incremento en la recaudación del Estado por este incremento de turistas compensaría con creces
a la minoración prevista por la reducción del IVA, que se estima en 57 millones anuales).
Por todo lo anterior, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a adoptar de manera inmediata las medidas necesarias siguientes:
1. Reconocer, visibilizar y potenciar al sector del Golf como un sector turístico estratégico dado su evidente papel como palanca de atracción de demanda nacional e internacional de turistas en temporada baja de sol y playa, así como de
alta rentabilidad para los destinos españoles.
2. Creación de un nuevo CNAE específico para la actividad de los campos de golf.
3. La inclusión del producto Golf en todas las campañas de promoción del Destino España a realizar por parte de Turespaña en el exterior.
4. Posibilitar a los campos de golf acceder a las distintas convocatorias financiadas con Fondos Next Generation EU en los ámbitos de ayudas a riego, movilidad sostenible, sostenibilidad energética y transformación digital e innovación
tecnológica.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de abril de 2022.-Agustín Almodóbar Barceló, Sebastián Jesús Ledesma Martín, Mario Cortés Carballo e Isabel María Borrego Cortés, Diputados.- Concepción Gamarra Ruíz-Clavijo, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión de Derechos Sociales y Políticas Integrales de la Discapacidad
161/004140
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Confederal Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, presenta, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la presente Proposición no de Ley para
su debate y aprobación en la Comisión de Derechos
Sociales y Políticas Integrales de la Discapacidad, relativa a la eliminación de la discriminación por motivos de renta, patrimonio o situación socioeconómica.
Exposición de motivos
La Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español (EAPN-ES) presentó el 10 de setiembre el II Informe 'El Mapa de la Pobreza Severa en España. El Paisaje del Abandono', que analiza la situación de extrema
pobreza en el país. Al inicio de la pandemia, 4,5 millones de personas en España (9,5% de la población) vivía en situación de pobreza severa (un millón más que en 2008). El informe indica que, después de año y medio de pandemia, los indicios
reafirman el sesgo social de la enfermedad, tanto en lo que se refiere a las posibilidades de contagio, como a las profundas consecuencias económicas que produce entre la población más pobre. Graciela Malgesini, responsable de Incidencia Política
en la EAPN-ES, señala que, a la vista de los datos del informe, 'la pobreza es el resultado de decisiones políticas, de la desigualdad y de la injusticia. Su eliminación se consigue mediante un nivel alto de protección social, con recursos eficaces
y generosos, servicios públicos universales y empleo de calidad. Y se garantiza mediante la igualdad de género y la lucha contra toda forma de discriminación'.
Efectivamente, tanto la Constitución española como la Carta de los derechos fundamentales de la Unión Europea establecen el marco fundamental de esta problemática, en lo que concierne a la dignidad de las personas y sus derechos ante
cualquier tipo de discriminación.
El artículo 10 de la Constitución española recoge la dignidad humana en los siguientes términos:
'1. La dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás son fundamento del orden político y de la paz social.
2. Las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretarán de conformidad con la Declaración universal de derechos humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas
materias ratificados por España.'
El artículo 21 de la Carta de los derechos fundamentales de la Unión Europea expresa que:
'Se prohíbe toda discriminación, y en particular la ejercida por razón de sexo, raza, color, orígenes étnicos o sociales, características genéticas, lengua, religión o convicciones, opiniones políticas o de cualquier otro tipo, pertenencia a
una minoría nacional, patrimonio, nacimiento, discapacidad, edad u orientación sexual.'
En ese contexto, identificamos en la coyuntura regional actual el caso de la Ordenanza de Convivencia Cívica de Alicante, más conocida como ordenanza contra la mendicidad, que ha sido objeto de debate en las Cortes Valencianas, tal y como
recogía el periódico Información de Alicante el 24 de febrero de 2022. La ordenanza en cuestión, aprobada definitivamente por el Pleno extraordinario del Ayuntamiento de Alicante el 15 de febrero de 2022, ha sido impulsada por el equipo de Gobierno
del Partido Popular y Ciudadanos para 'prevenir las conductas vandálicas, el ruido, los grafitis, las agresiones contra el patrimonio, actitudes de acoso, resolver conflictos, actuar contra la mendicidad coactiva, con violencia o intimidación,
cuidar los espacios públicos y dar protección social a las personas necesitadas'. No obstante, la ordenanza cuenta con el rechazo de las organizaciones sociales, como Cáritas y Médicos del Mundo, que indican que 'permite castigar conductas de forma
arbitraria' y que 'hace la guerra al pobre en lugar de luchar contra la pobreza y ataca a las mujeres prostituidas frente a los proxenetas'.
Por todo ello se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a:
1. Colaborar con las distintas administraciones con el objeto de que no se aprueben normas que criminalicen a las personas más vulnerables, en particular aquellas en situación de exclusión social, sin acceso a una vivienda, migrantes y
refugiadas, personas racializadas o víctimas de trata.
2. Incluir la aporofobia dentro del marco del Código Penal en los artículos 22 (Circunstancia 4.ª) y 510 con el objetivo de evitar la estigmatización, la exclusión, la desigualdad y la criminalización de las
personas que se encuentran en los estratos socioeconómicos más bajos, así como introducir en el catálogo de circunstancias agravantes del delito la discriminación por circunstancias socioeconómicas.
3. Realizar campañas de sensibilización de cara a impulsar los derechos humanos y garantizar la inclusión de todas las personas.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de mayo de 2022.-Pilar Garrido Gutiérrez, Diputada.-Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común.
Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación
161/004139
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Plural, a instancia del Diputado del Bloque Nacionalista Galego (BNG) Néstor Rego Candamil, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente
Proposición no de Ley para el incremento de las ayudas destinadas a los productores de carne por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, para su debate en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Exposición de motivos
El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación sometió a información pública del 19 al 26 de abril el borrador de Real Decreto que regulará el proceso de concesión del fondo de ayudas excepcionales para determinados sectores agrícolas y
ganaderos, debido a la grave situación por el incremento de precios.
Este Real Decreto, establecerá las ayudas destinadas a los productores de vacuno de carne, ovino y caprino de carne, avicultura de carne (pollos), conejos y productores de cítricos. Sin embargo, las cuantías reflejadas en este borrador son
claramente insuficientes y discriminatorias si se comparan con las concedidas a otros sectores recientemente por el mismo motivo, como es el caso del sector lácteo.
En el caso de los productores de carne, los topes de ayudas para hacer frente al incremento de costes de producción quedan fijados en 60 euros por vaca y 15 por ternero hasta un máximo de 125 vacas y 520 becerros. En el caso de cabras y
ovejas, 7 euros hasta un máximo de 800 animales y para las explotaciones de pollos y conejos se propone una cantidad variable de entre 600 a 5.160 euros en función de la capacidad de la granja.
Estas cuantías, llaman la atención si se comparan con las ayudas establecidas por el mismo Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para los productores de leche, en compensación por el incremento de costes provocados por el aumento
del precio de la electricidad, los piensos de alimentación animal y los combustibles, por el Real Decreto-ley 6/2022, de 29 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes en el marco del Plan Nacional de respuesta a las consecuencias económicas y
sociales de la guerra en Ucrania.
En este último se fija que la ayuda será de 210 euros por vaca hasta un máximo de 40 animales por beneficiario, 140 euros por vaca para los animales por beneficiario comprendidos en un número adicional entre 41 y 180 y 100 euros por vaca
para los animales por beneficiario comprendidos en un número adicional superior a 180.
Claramente se aprecia una diferencia de trato entre uno y otro sector que no puede justificarse, por lo tanto es necesario que el Gobierno del Estado, y más concretamente el Ministerio de Agricultura, rectifique el contenido del borrador
hecho público e incremente las ayudas previstas para, cuando menos, equipararlas a las concedidas al sector lácteo.
Desde el sector y los distintos sindicatos agrarios consideran que esta discriminación es incomprensible y destacan que en este momento las explotaciones de producción de carne son las que más pérdidas acumulan debido a las medidas adoptadas
para hacer frente a la pandemia que supuso el cierre de la hostelería durante meses, a los que se suma ahora el incremento de costes.
En todo caso, debe recordarse que lo verdaderamente importante para todo el sector agrario es garantizar el cumplimiento del contenido de la Ley de la Cadena Alimentaria, asegurando que los productores no vendan por debajo del coste de
producción, para ello es necesario introducir la posibilidad de fijarlos atendiendo a costes de producción de referencia, como pueden ser los recogidos en los estudios que realizan los observatorios de las CCAA o las universidades en esta materia.
Por todo lo expuesto anteriormente, el BNG presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno del Estado a:
1. Modificar el borrador del Real Decreto que regulará el proceso de concesión del fondo de ayudas excepcionales para determinados sectores agrícolas y ganaderos, debido a la grave situación por el incremento de precios para incrementar las
ayudas destinadas a los productores de carne para, como mínimo, equipararlas a las establecidas en otros sectores como es el caso del sector lácteo
2. Modificar el artículo 9 de la Ley 12/2013, de 2 de agosto, de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria, modificada por la Ley 16/2021, de 14 de diciembre, para establecer costes de producción de referencia.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de mayo de 2022.-Néstor Rego Candamil, Portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Plural.
161/004144
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la aplicación de descuentos
en el precio de los combustibles a los buques pesqueros españoles que repostan fuera de España, para su debate en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Exposición de motivos
Recientemente desde el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, en reunión mantenida con representantes del sector pesquero, se informaba a éste del paquete de ayudas aprobado en el Consejo de Ministros del 29 del pasado mes de
marzo. Estas ayudas quedaron recogidas en el Real Decreto-ley 6/2022, de 29 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes en el marco del Plan Nacional de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania.
Tras la reunión mantenida en el Ministerio, el sector pesquero consideró las ayudas aprobadas para la flota pesquera insuficientes. En concreto, la rebaja de 20 céntimos en el litro de combustible para los buques pesqueros -la misma cuantía
que para el resto de los ciudadanos, se dediquen a la actividad que se dediquen- no beneficiaría a los barcos pesqueros de bandera española que se vean obligados a repostar fuera de los puertos españoles.
Actualmente España cuenta con unos 300 buques pesqueros que realizan su actividad fuera de nuestras aguas, la mayoría pertenecientes a flotas de altura y gran altura que repostan en puertos lejanos a España, con mediación directa o indirecta
de operadores logísticos o suministradores españoles de hidrocarburos. Estos buques se ven excluidos del acceso a la bonificación de los 20 céntimos por litro en el gasóleo, al no contemplar esta circunstancia el Real Decreto Ley aprobado. La
situación es más lesiva si se tiene en cuenta que las flotas de terceros países, sin cumplir los mismos estándares socioeconómicos y ambientales exigidos en Europa, descargan sus productos para consumo de los ciudadanos comunitarios en los puertos
españoles y recibiendo ayudas para su actividad. Estas flotas, que normalmente operan bajo pabellones de conveniencia o de países con escaso respeto en cuestiones ambientales, sociales y económicas, sí pueden obtener la rebaja aprobada por el
Gobierno, de 20 céntimos al litro de gasóleo, cuando repostan combustible en puertos españoles, lo que supone para ellas un beneficio aportado por un sistema que sufragan con sus impuestos los ciudadanos españoles.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Habilitar las medidas necesarias para que los buques pesqueros españoles que faenen en aguas internacionales o fuera de la ZEE española puedan beneficiarse de la rebaja de los 20 céntimos por litro de gasóleo cuando reposten en puertos
extranjeros, mediante la mediación o intervención directa de operadores logísticos o suministradores españoles de hidrocarburos.
2. Extender las anteriores medidas de bonificación de 20 céntimos a aquellos buques pesqueros con bandera de los países miembros de la Unión Europea que operan habitualmente descargando y aprovisionando en puertos de España.
3. Articular las medidas efectivas para que esta bonificación al precio del combustible no se aplique a buques pesqueros que, bajo banderas de conveniencia o con estándares sociales económicos o ambientales inferiores a los exigidos en la
Unión Europea, repostan en puertos españoles.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de mayo de 2022.-Joaquín María García Díez, Marta González Vázquez, Belén Hoyo Juliá y Milagros Marcos Ortega, Diputados.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso.
Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico
161/004131
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Plural, a instancia Joan Baldoví Roda, Diputado de Compromís, y al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley Proposición
para aprobar de manera urgente una moratoria o un periodo transitorio de adaptación para el sector agrícola en la aplicación del artículo 27.3 de la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, para su
debate en la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico.
Exposición de motivos
La Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, viene a regular la gestión de los residuos, como señala en su art. 1, define, en su art. 2, los conceptos que se desarrollan a lo largo del
articulado. Entre ellos figura, en la letra g) de su apartado 1, el de biorresiduos, donde no contempla vegetales, flora o partes leñosas que se generan en los bosques o en la agricultura. Ni en la letra al) el concepto 'residuo' se puede entender
que se refiere a los mismos, ni en la letra ao) el concepto 'residuos agrarios y silvícolas' comprenden los mismos. En este último concepto hemos de entender que se refiere a lo generado por la acción del hombre al aportar a la Naturaleza
sustancias y objetos que no produce la misma, como son envases de pesticidas, fertilizantes, plásticos, y aquello que usamos para acelerar la acción de la Naturaleza aportado artificialmente por el ser humano.
Por ello, en el art. 3 de la Ley 7/2022, señala en su apartado 2, letra e) que esta ley no es de aplicación a '[...] la paja y otro material natural, agrícola o silvícola, no peligroso, utilizado en explotaciones agrícolas y ganaderas
[...]'.
Visto lo señalado, y reconociendo la labor que los agricultores realizan al practicar la agricultura, especialmente de leñosos, de captadores de CO2 y sumidero de carbono, no podemos por una interpretación errónea de la Ley, aplicar
indebidamente la misma y compulsar indebidamente a nuestros agricultores, provocándoles malestar y enfado; iniciando expedientes sancionadores por una mala aplicación de la Ley.
Hemos de tener en cuenta que la quema de rastrojos, la quema de restos de poda es necesaria no sólo para mantener una adecuada sanidad vegetal, sino para prevenir una acumulación de material
combustible que podría desencadenar incendios graves. Las quemas agrícolas se han practicado desde los inicios de la agricultura y, reconociendo que debemos evolucionar hacia su triturado y descomposición en la misma explotación agraria si
ello no compromete el mantenimiento de una correcta sanidad vegetal.
Sin embargo, ello no es viable y eficiente en el caso de explotaciones agrarias de escasa dimensión, muchas de ellas situadas en territorios de dificultad orográfica, donde las explotaciones se estructuran en abancalamientos de escasa
anchura que deben de ser protegidos para evitar la erosión. Igualmente, tampoco es viable extraer, en la mayoría de las circunstancias, esos residuos vegetales para que un operador público o privado los gestione, pues ello representa un coste
elevado para nuestros productores, a lo que debemos añadir la consecuencia nada baladí de los consumos en combustible fósil que genera su traslado.
Además, en los casos de cultivos leñosos donde se procede al arranque de los árboles para su renovación y replantación, resulta conveniente la quema de las raíces de estos árboles, pues son reservorio de todo tipo de patógenos; y por ello,
no debe conllevar una burocracia de permisos individualizados. Bastante tiene el agricultor que, además de a la propia dureza de la profesión, han de enfrentarse a la escasa rentabilidad de una agricultura atiborrada de procedimientos burocráticos
generados indebidamente.
Por todo ello, se propone a la Cámara que apruebe la siguiente propuesta para que la redacción contenida en el art. 27.3 se aplique en el sentido de que no contenga una prohibición de las quemas agrarias como se han practicado y se
practican en la agricultura, sino de los residuos aportados por el ser humano al entorno agrario y silvícola para realizar su actividad como son envases, plásticos y otros objetos que no han sido generados por la acción de la Naturaleza.
También se propone que se inste al Gobierno para que se concedan ayudas para la adquisición por ayuntamientos o en régimen comunal o colectivo de maquinaria para incentivar la trituración de restos agrícolas. Además, impulsar líneas de
investigación para que los centros de investigación y experimentación al servicio del sector agrario desarrollen maquinaria y una robotización adaptada a la tipología de explotaciones agrarias existentes en nuestro territorio. Especialmente, para
que las pequeñas explotaciones de montaña y las abancaladas les resulte viable y eficiente poder triturar la poda y los rastrojos. Explotaciones estas últimas, que necesitan una especial protección para que siga practicándose la agricultura ya que,
además de evitar la erosión y la pérdida de suelo fértil, cumple una importante función medioambiental en la prevención de incendios al crear espacios de cultivos en mosaico entre zonas forestales.
Pero no terminamos sin vernos obligados a añadir que las construcciones de ancestrales mampuestos de piedra son auténticos monumentos, un patrimonio cultural donde el sudor y el esfuerzo de nuestros antepasados queda patente y debe
conservarse para las generaciones futuras, porque son parte de nuestra memoria histórica viva.
Por todo presento la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso insta al Gobierno a:
1. Aprobar de manera urgente una moratoria o un periodo transitorio de adaptación para el sector agrícola en la aplicación del artículo 27.3 de la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, en
el sentido de que no contenga una prohibición de las quemas agrarias, sino de los residuos aportados al entorno agrario y silvícola para realizar su actividad como son envases, plásticos y otros objetos que no han sido generados por la acción de la
naturaleza.
2. Conceder ayudas para la adquisición por medio de Ayuntamientos o en régimen comunal o colectivo, de maquinaria para incentivar la trituración de restos agrícolas.
3. Impulsar líneas de investigación para que los centros de investigación y experimentación al servicio del sector agrario desarrollen maquinaria y una robotización adaptada a la tipología de explotaciones agrarias existentes en nuestro
territorio. Especialmente, para que las pequeñas explotaciones de montaña y las abancaladas les resulte viable y eficiente poder triturar la poda y los rastrojos.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de abril de 2022.-Joan Baldoví Roda, Portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Plural.
161/004153
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para que el precio del agua desalada para riego y
abastecimiento tenga un precio asequible que no exceda los 0,3 /m3, para su debate en la Comisión para la Transición Ecológica y Reto Demográfico.
Exposición de motivos
El objetivo 6 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, marca la necesidad de garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua, es decir garantizar el suministro de agua en cantidad y en calidad suficiente, como un objetivo
fundamental para el desarrollo de la sociedad y para la lucha contra la pobreza y las enfermedades en cualquier lugar del mundo. La propia Agenda 2030, incluye algunas metas que deben alcanzarse en esa fecha, entre las que destacamos lograr el
acceso universal y equitativo al agua potable a un precio asequible para todas las personas o implementar la gestión integrada de los recursos hídricos a todos los niveles.
En ese sentido, los poderes públicos tienen la obligación de impulsar una política de agua seria y solvente, en un contexto de inseguridad por los efectos del cambio climático, que garantice la demanda y favorezca el desarrollo
socioeconómico de todo el territorio nacional.
El Partido Popular aprobó, de acuerdo con las directrices marcadas por la Unión Europea, dos ciclos de planificación hidrológica para las cuencas de competencia estatal, organizando los recursos de agua existentes y fijando objetivos
ambientales para nuestros ríos, y cumplir con los propios objetivos de la planificación hidrológica, el buen estado de las masas de agua y protección del dominio público hidráulico, la satisfacción de demandas de uso y el equilibrio sectorial y
territorial. Se llevó a cabo un importante esfuerzo para la puesta en marcha de las infraestructuras hidráulicas, para dar respuesta a las necesidades de España, considerando el agua un elemento para la vertebración, cohesión, defensa del
crecimiento y de la competitividad.
Teniendo en cuenta que algunas regiones pueden afrontar unos escenarios futuros de escasez de recursos hídricos, no solo debemos asegurar su disponibilidad, también debemos hacer posible un uso responsable y racional de los mismos y
garantizar un precio competitivo, que haga posible que los sectores económicos de nuestro país puedan afrontar los momentos de dificultad que nos acontece, muy especialmente la actual crisis de precios de la energía.
Por tanto, una buena planificación hidrológica debe garantizar la suficiencia hídrica para los diferentes usos y la disponibilidad de recursos a través de las infraestructuras necesarias que permitan su aplicación y las medidas para hacer
más eficiente su uso. En este sentido, la planificación también debe prever las inversiones que permitan satisfacer las infraestructuras, bien con recursos propios o provenientes de los fondos europeos, para la regulación, el almacenamiento,
captación o distribución. Unas inversiones que deben ser prioritarias y consideradas como estratégicas.
Por otra parte, debemos garantizar el acceso a los recursos hídricos con precios accesibles y competitivos. La Directiva Marco del Agua señala que los estados miembros tendrán en cuenta el principio de la recuperación de los costes de los
servicios relacionados con el agua, incluidos los costes medioambientales y los relativos a los recursos, todo a la vista del análisis económico que debe realizarse. Las excepciones al principio de recuperación de costes para determinados usos
tienen que estar muy bien justificadas.
Las condiciones de sequía periódica que sufren las cuencas del sur y este peninsular, especialmente las que vierten al mediterráneo, hacen difícil que se garantice la disponibilidad de recursos hídricos. Así, cuencas hidrográficas como la
del Segura se encuentran este año por debajo de la media de volumen embalsado en los últimos diez años. Lo mismo le sucede a la Cuenca Mediterránea Andaluza. Mientras que la Cuenca del Júcar ha tenido un brusco cambio de tendencia de las reservas
de sus embalses, debido a las precipitaciones de las últimas semanas.
En el mismo sentido, la viabilidad de las explotaciones agrarias que se encuentran en la vertiente mediterránea se ve comprometida por la inseguridad de la disponibilidad de recurso hídrico, por la baja rentabilidad de las explotaciones, por
el alza de los costes de producción como consecuencia de la crisis y como resultado del alto coste energético que soportan aquellas que dependen de recursos hídricos no
convencionales, entre los que ocupan un lugar muy destacado el agua desalada. Lo mismo sucede respecto de las que dependen de infraestructuras de transporte de aguas con instalaciones que bombean el agua a cotas elevadas.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Incrementar la disponibilidad de financiación, incluidos los fondos europeos NGEU, destinados al sector agroalimentario en su conjunto, a fin de ejecutar los compromisos de regulación e inversiones en nuevos regadíos, incluidos y
comprometidos en los Planes Hidrológicos de Cuenca vigentes y aún sin ejecutar, así como impulsar las actuaciones del nuevo ciclo de planificación hidrológica, asegurando la disponibilidad de recursos hídricos en todos los territorios.
2. Habilitar un precio de agua desalada para riego que no supere en ningún caso el umbral de los 0,3 /m3', previo acuerdo entre Comunidades Autónomas, usuarios, regantes y el Gobierno de España.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de mayo de 2022.-César Sánchez Pérez, Macarena Montesinos de Miguel, Agustín Almodóbar Barceló, Óscar Clavell López, Belén Hoyo Juliá, Vicente Betoret Coll, Luis Santamaría Ruiz, Óscar Gamazo Micó,
Teodoro García Egea, Isabel María Borrego Cortés, Juan Luis Pedreño Molina, Miguel Ángel Castellón Rubio, Juan José Matarí Sáez, Carolina España Reina, Mario Cortés Carballo y Ángel Luis González Muñoz, Diputados.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo,
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/004159
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Macarena Olona Choclán, don Ricardo Chamorro Delmo, doña Mireia Borrás Pabón, don Ángel López Maraver, don Luis Gestoso de Miguel, doña María Magdalena Nevado del Campo, don Francisco José Contreras Peláez y don Pedro Jesús Requejo
Novoa, en sus respectivas condiciones de Portavoz Adjunta y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente
Proposición no de Ley relativa a la aplicación de la taxonomía europea en España con el propósito de fortalecer la seguridad de suministro de Europa, para su discusión en la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico.
Exposición de motivos
Primero. La taxonomía europea.
La taxonomía es un sistema de clasificación de las actividades económicas desde el punto de vista de su sostenibilidad. En este marco se contempla el desarrollo de una categorización sobre las tecnologías de generación de energía y ofrece a
las empresas e inversores una clasificación de inversiones consideradas sostenibles y ecológicas en el entorno de la Unión Europea (UE). La no inclusión de una actividad en la taxonomía no impide invertir en ella, pero dificulta las condiciones de
financiación pública y privada. Esta clasificación no aplica a inversiones ya realizadas o las que están reguladas por otras normas, como las relacionadas con la política de Competencia.
La propuesta de clasificación definirá las actividades neutras o con una intensidad débil en emisiones de carbono, las actividades en transición que permiten prever un escenario con neutralidad de emisiones de carbono en 2050 y las
actividades de transición que ayudan a dicho objetivo. Con ello se busca evitar el llamado 'greenwashing', es decir, que se etiquete como 'verde' una actividad que realmente no cumple con la calificación o con lo que ello implica.
La versión inicial de clasificación se consolidará a lo largo de 2022 y se revisará cada tres años. La inclusión de una actividad permitirá una serie de beneficios:
- Asignación de etiquetado sostenible. Esto permitiría la incorporación de estas inversiones dentro de la oferta de los productos financieros que buscan el impulso de las medidas de sostenibilidad ambiental.
- Posibilidad de acceso a ayudas públicas. Facilita la exención automática por la Comisión Europea de los requisitos de aprobación de ayudas que tengan el carácter de 'de Estado'.
- Acceso a los Bonos Verdes Europeos (EUGBS). La Comisión facilita la creación de un entorno de inversión con mayor liquidez a través de bonos para la financiación de proyectos de calificación sostenible 21. Esto permitirá además que un
bono emitido por una empresa o administración tenga respaldo de los criterios de los EUGBS (EU Green Bond Standard, por sus siglas en inglés) 22.
Segundo. Los sectores energéticos gasista y nuclear en España.
Los sectores energéticos gasista y nuclear son fundamentales para la economía española. España cuenta con una red de transporte de gas de más de 11.000 km de gasoductos, siendo modelo de referencia internacional e implicando una elevada
inversión en el sector.
Al mismo tiempo, es la Nación con más plantas de re gasificación de Europa, con una infraestructura de recepción de gas natural licuado (GNL) compuesta por siete terminales de regasificación, con la capacidad de suministrar más del doble del
consumo nacional actual 23. Estas plantas de regasificación cumplen un papel fundamental de estabilidad en el sistema energético, funcionando en conexión directa con la red y aportando almacenamiento y flexibilidad. De la misma manera, permiten
que los ciclos combinados generen energía eléctrica de manera rápida y flexible cuando otras energías no estén disponibles.
De igual modo, la red nacional de infraestructura gasista consta de 19 estaciones de compresión, centros de regulación y medida y puntos de conexión que permiten unos efectivos transporte y distribución interna del gas por el territorio
nacional. Asimismo, se dispone de tres almacenamientos estratégicos (Yela, Gaviota y Serrablo) con una capacidad total de 5.781 millones de m3 (5,781 bcm) y con una capacidad operativa sobre este valor de 2.710 millones de m3 (47%).
21 Bonos Verdes: títulos de deuda emitidos para realizar inversiones bajo unos criterios de sostenibilidad que los permiten calificar como 'verdes'. Existen índices o definiciones para alcanzar esta calificación por asociaciones bancarias,
pero ninguno reconocido oficialmente por la UE.
22 2iniciativa de los EUGBS: https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/sustainable-finance/european-green-bond-standard_en
23 Folleto Plantas de Regasificación de Enagás.pdf (enagas.es, 28/02/2022) https://www.enagas.es/stfls/EnagasImport/Ficheros/1020/833/FolletoPlantasdeRegasificaci%C3%B3ndeEnag%C3%A1s.pdf
Ilustración 1 Infraestructura gasista de España y suministros internacionales. Fuente: CINCO DIAS 24
Además, se dispone de seis conexiones internacionales que unen al sistema gasista español con Francia, Portugal y el norte de África, aunque limitadas con el resto de Europa.
En 2021 España tuvo un consumo anual de 379,92 TWh de gas natural, lo que equivaldría aproximadamente a 36.011 millones de metros cúbicos (36,01 bcm). De este consumo, en 2021 288,5 TWh (76%) correspondieron al consumo de hogares, comercios
e industrias, y 91,4 TWh (24%) a las centrales de ciclos combinados. La generación eléctrica con gas representa aproximadamente el 20% de la energía eléctrica consumida en España al año.
En lo que se refiere al sector nuclear en España, las centrales nucleares de generación eléctrica garantizan el suministro de electricidad durante el total de días de operación anual. Este factor es por el que se la considera energía de
base, ayudando a la gestión y a la estabilidad del sistema eléctrico. Sus indicadores de funcionamiento -no dependiente de factores meteorológicos- son cercanos al 90%, representando fiabilidad y disponibilidad. Además, la producción eléctrica
nuclear supone cerca del 40% de la electricidad libre de emisiones, evitando unos 30 millones de toneladas de CO2 al año.
El parque de generación de electricidad consta de cinco emplazamientos con siete reactores activos en total: Almaraz I y II (Cáceres), Ascó I y II (Tarragona), Cofrentes (Valencia), Trillo (Guadalajara) y Vandellós II (Tarragona). Todos
ellos con una potencia neta instalada conjunta de 7.117 Mwe (6,3% del total de la potencia instalada en España). Este parque de generación es capaz de producir cada año entre 55.000 y 60.000 GWh, aproximadamente el 20% de la electricidad consumida
en España.
24 Gas natural, el respaldo incómodo de la transición energética, Cinco Días (28/04/2022) https://cincodias.elpais.com/cincodias/2022/02/24/companias/1645726495_687525.html
Así mismo, España dispone de la capacidad de fabricar combustible nuclear en Juzbado (Salamanca) y un centro de almacenamiento de residuos en El Cabril (Córdoba) 25.
Tercero. Últimas propuestas sobre taxonomía en la Unión Europea.
El elemento normativo central de este sistema de clasificación es el Reglamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de junio de 2020 por el que se establece el marco para facilitar las inversiones sostenibles e indicar
que las actividades económicas sostenibles deben contribuir al menos a uno de los seis objetivos, no perjudicando a ninguno de los otros 26 27.
La Comisión Europea es el órgano encargado de la elaboración de los criterios de detalle a aplicar mediante una serie de actos delegados. Estos actos delegados son textos con un reducido número de artículos pero con información detallada de
carácter técnico.
1. El primer acto delegado, enfocado en la industria y el sector energético, determina los criterios de contribución a los objetivos de mitigación o adaptación a la reducción de emisiones y por los que no perjudicar a los otros cuatro
objetivos 28. Se aprobó el 4 de junio de 2021 pero el escrutinio no finalizó hasta el 8 de diciembre, publicándose oficialmente el 9 de diciembre y siendo aplicable a partir del 1 de enero de 2022.
2. La reciente propuesta de acto delegado complementario de 2 de febrero de 2022 busca esclarecer una 'lista cerrada' de actividades que no estuvieran analizadas en el anexo del primer acto delegado y cuya inclusión fuera posible en el
futuro. En este caso, se trasladó la reclamación de inclusión de actividades relacionadas con el gas natural y la energía nuclear fijando las condiciones por las que nuevas inversiones en estas tecnologías estarían en el ámbito de la taxonomía como
actividades sostenibles.
En el acto delegado complementario la Comisión Europea presentó la propuesta para reconocer una serie de actividades relacionadas con el gas y la energía nuclear como energías de transición y sujetas a una serie de requisitos para su
inclusión dentro de la taxonomía europea:
- Energía nuclear. Las inversiones en nuevas centrales nucleares deben recibir permisos de construcción antes de 2045. Se exige el criterio de sostenibilidad en el tratamiento de combustible y residuos nucleares, así como en el
desmantelamiento.
- Gas natural. Las inversiones en nuevas centrales de ciclo combinado deben emitir menos de 270g de CO2 por kWh de electricidad producida. La mayoría de las centrales existentes tienen emisiones superiores a este límite, por lo que se
requerirá la introducción de su actualización, gases renovables y la captura de CO2. La inversión en este tipo de tecnología estaría enfocada en el reemplazo de combustibles fósiles más contaminante (básicamente carbón y fuel). Los permisos de
construcción deben presentarse antes de 2031, previendo un reemplazo gradual del gas natural por gases renovables y bajos en carbono y alcanzándose el total en 2036.
El Parlamento Europeo y el Consejo disponen de cuatro meses para estudiar el documento y entregar las objeciones que consideren oportunas. Tras la finalización de esta etapa, si al menos el 72% de los Estados miembros (20 Estados miembro)
no están de acuerdo con el contenido, el Consejo tendrá derecho a oponerse al acto delegado. Esta posición deberá representar al menos el 65% de la población de la Unión Europea. De igual manera, el Parlamento Europeo puede oponerse si, al menos,
353 diputados votan en contra en el Pleno 29.
Una vez finalizado el período de control, y si ambos colegisladores (Parlamento y el Consejo Europeo) no se oponen, el acto delegado complementario entraría en vigor y se aplicaría a partir del 1 de enero de 2023.
25 Energía nuclear en España - Foro Nuclear (28/04/2022): https://www.foronuclear.org/descubre-la-energia-nuclear/energía-nuclear-en-espana/
26 Reglamento (UE) 2020/852: https://ec.europa.eu/info/law/sustainable-finance-taxonomy-regulation-eu-2020-852_en
27 Conocido en el argot comunitario como el principio de 'do no significant harm' (DNSH).
28 Reglamento delegado (UE) 2021/2139 de la Comisión de 4 de junio de 2021: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32021R2139&qid=1639037016630
29 Taxonomía de la UE: acto delegado complementario sobre el clima (europa.eu) https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_22_711
La mayor parte de Estados miembro de la Unión Europea apuestan por la inclusión de una o dos de estas fuentes de energías en la taxonomía, al menos durante un periodo transitorio. Cada uno lo decide en función de sus intereses, su
programación y política energética, así como por la estructura de su parque de generación.
Aquellos sin un programa de energía nuclear han optado por el gas natural para reemplazar a la generación de electricidad y calefacción a base de carbón (Grecia, Polonia) o de combustibles petrolíferos (Chipre, Malta). Así mismo, el bloque
del Este de Europa ha optado por defender ambas tecnologías porque les son necesarias durante la transición, especialmente por razones de coste y emisiones. Los únicos gobiernos que defienden la exclusión de ambas, además de España, son los de
Austria, Bélgica y Luxemburgo.
Por tanto, la posición en origen definida por cada Estado miembro quedó del siguiente modo:
- Nuclear:
- Inclusión: Bulgaria, Chequia, Croacia, Eslovaquia, Eslovenia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Países Bajos, Polonia, Rumania y Suecia. Estos países cuentan con centrales nucleares, a excepción de Croacia, Grecia y Polonia, que
apoyan esta postura por solidaridad con el bloque del Este y Sureste de Europa.
- Neutrales: Chipre, Estonia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Malta y Portugal. Ninguno de ellos tiene centrales nucleares en funcionamiento.
- Exclusión: Alemania 30 31, Austria, Bélgica, Dinamarca, España y Luxemburgo. Alemania, Bélgica y España tienen centrales nucleares, pero con un plan de cierre en el corto-medio plazo. Austria y Luxemburgo son intensamente antinucleares.
Esta ha sido la tendencia dominante en Alemania durante la última década.
- Gas natural:
- Inclusión: Bulgaria, Chequia, Chipre, Eslovaquia, Grecia, Hungría, Italia, Lituania, Malta, Polonia y Rumania. Alemania en este caso se muestra favorable a su inclusión.
- Neutrales: Croacia, Eslovenia, Estonia, Finlandia y Portugal.
- Exclusión: Austria, Bélgica, Dinamarca, España, Francia, Irlanda, Letonia, Luxemburgo, Países Bajos y Suecia.
Aunque la posición del Gobierno es defendida en la Unión Europea por el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, que es el que participa en el Grupo de Expertos, la posición pública se ha fijado desde el Ministerio para la
Transición Ecológica y el Reto Demográfico, competente en las reas de medio ambiente, clima y energía.
Respecto de la posición del actual Gobierno de España, se defendió desde la presentación del acto complementario que ni la energía nuclear ni el gas natural debían incluirse en la taxonomía como 'verdes', mostrando su negativa al contenido
del acto delegado complementario, a pesar de tratarse de sectores energéticos relevantes para España 32.
En sus comunicaciones se admite que ambas tecnologías tienen un papel en la transición, pero limitado, indicando que debían tratarse en una categoría distinta de la 'verde', en contra de los beneficios que ello permitiría en las próximas
décadas para España y su pueblo 33.
En concreto, la ministra D.ª Teresa Ribera en sus comunicaciones califica como 'inmenso error' el cometido a su juicio por la Comisión Europea (CE) al calificar como 'verde' la energía nuclear y el gas, señalando que 'no tiene sentido y que
confunde a inversores y ala opinión pública' 34.
30 El Ifo alemán aboga por posponer el abandono de la energía nuclear por la Guerra. (02/03/2022) https://www.expansion.com/empresas/energía/2022/02/26/621a61c4e5fdea6d028b4574.html
31 Debido a la reciente situación por el conflicto ente Ucrania y Rusia, Alemania contempla modificar la programación de cierre de las centrales nucleares, alargando su vida operativa y su posición sobre taxonomía.
32 Nota de Prensa del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (28/04/2022):
https://www.miteco.gob.es/es/prensa/ultimas-noticias/espa%C3%B1a-reitera-su-rechazo-a-incluir-la-energ%C3%ADa-nuclear-y-el-gas-natural-en-la-taxonom%C3%ADa-verde-europea/tcm:30-534764
33 Teresa Ribera pide reconsiderar el etiquetado verde del gas y la energía nuclear (28/04/2022) https://www.efeverde.com/noticias/etiquetado-verde-gas-energia-nuclear-teresa-ribera/
34 Ribera admite que la nuclear puede ser una aliada para la transición ecológica (28/02/2022) https://www.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/ribera-insiste-califica-error-plan-europa-energia-nuclear-verde/2859999/?autoref=true
A pesar de ello, con motivo de los acontecimientos en el marco energético de la Unión Europea y la invasión de Ucrania por parte de Rusia, en las recientes comunicaciones del Gobierno se expresa que, a pesar de la posición previa definida
por la ministra, el Ejecutivo se muestra favorable a reiniciar y valorar la posición de ampliar las conexiones y capacidad de abastecimiento de gas al resto de Europa por parte de España. Por el contrario, el Gobierno elude su responsabilidad sobre
el lento desarrollo de ello, comprobándose como en Italia y otros países logran de manera prioritaria alcanzar acuerdos en este sentido a pesar de no disponer de las capacidades de que goza España 35.
Cuarto. Nuestra Propuesta para fortalecer la soberanía energética de España.
De todo lo anterior se infiere la conveniencia para España de la inclusión de la tecnología nuclear y de gas en la taxonomía para que ambos sectores puedan beneficiarse del marco de su financiación e impulsar su desarrollo, fortaleciendo así
la seguridad de suministro energético nacional. Esto requeriría -para su respaldo- de un nuevo posicionamiento por parte de Gobierno mostrándose a favor de la inclusión.
Así mismo, el desarrollo de estas infraestructuras otorgaría a España un papel relevante sobre la protección de la garantía de suministro de gas en Europa por la gran capacidad de regasificación que posee, así como por la posición de entrada
de gas desde África 36. De igual modo, respecto de la potencia nuclear de España, la posibilidad de su inclusión en la taxonomía abriría una nueva senda de interés inversionista sobre el sector, promoviendo su mejora de operación y seguridad y su
actualización, y dando cabida a una extensión de la vida útil de las centrales y a la posible ampliación en vista de su relevancia 37.
En este sentido, tanto los Estados miembro de Europa central como Alemania lanzan un plan de inversiones en políticas sobre el abastecimiento alternativo de gas natural respecto del gas de Rusia, permitiendo a España ser un socio comercial
estratégico 38. En este sentido, la única conexión terrestre de suministro directo desde un proveedor de gas es a través del gasoducto Medgaz con Argelia, ya que el otro existente con Marruecos (Magreb Europa) no proporciona suministro desde
noviembre de 2021 debido a la crisis diplomática. Esta situación ha empeorado todavía más con motivo de la posición mostrada por parte del Ejecutivo sobre el Sáhara, poniendo en riesgo esta única conexión directa con Argelia.
De igual manera, la capacidad de exportación al resto de Europa a través de Francia representa un volumen muy reducido respecto del consumo nacional o de las demandas que se puedan requerir como alternativa de suministro a Europa con
relación al gas de Rusia.
35 Argelia venderá a Italia el triple de gas que a España a partir de 2023 y lo convierte en su gran socio europeo https://www.elmundo.es/economia/2022/04/11/625479fe21efa09c488b45b8.html
36 Ribera rectifica tras ser desautorizada por Sánchez y acepta más gasoductos: 'Acelerar las interconexiones es clave' (elmundo.es, 02/03/2022) https://www.elmundo.es/economía/2022/03/02/621e6f7afc6c8387048b4582.html
37 El Gobierno insiste en su rechazo a clasificar la energía nuclear y el gas natural como inversión verde - El Periódico de la Energía (elperiodicodelaenergia.com) (19/04/2022)
https://elperiodicodelaenergia.com/gobierno-niega-nuclear-gas-energia-verde/
38 Alemania lanza un plan de inversiones en GNL para no depender de Rusia y estudia extender la operación de sus tres centrales nucleares, (elperiodicodelaenergia.com, 02/03/2022)
https://elperiodicodelaenergia.com/alemania-lanza-un-plan-de-inversiones-en-gnl-para-no-depender-de-rusia-y-estudia-extender-la-operacion-de-sus-tres-centrales-nucleares/
Ilustración 2 Red de gasoductos que conectan a Europa con Rusia y Argelia, sus principales proveedores 39
El aumento de las conexiones gasistas permitiría garantizar una mayor versatilidad de suministro y precio. Esto aporta seguridad al sistema gasista nacional y, de esta manera, a la soberanía energética de España y de Europa.
En conclusión, las nuevas posiciones respecto del gas y la energía nuclear por parte de los miembros de la Unión Europea dejan cada vez más aislada la posición del actual Gobierno de España, contradictoria con el interés nacional, situando a
su pueblo con sus decisiones en políticas energéticas en una situación de vulnerabilidad sobre el suministro eléctrico y de gas y, en definitiva, atacando de nuevo a la soberanía energética de España.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
- Disponer la elaboración de un plan nacional de soberanía energética, libre de imposiciones climáticas por parte de organismos supranacionales, para ser aplicado por los poderes públicos competentes con la mayor urgencia posible.
- Desvincularse de acuerdos lesivos para nuestra soberanía energética y perjudiciales para los intereses españoles, como el Acuerdo de París y el Pacto Verde Europeo, por apartarse de las necesidades reales de los españoles.
- Modificar su posición en cuanto a la inclusión de la tecnología nuclear y de gas en la taxonomía, permitiendo el fortalecimiento económico y competitivo de dichos sectores energéticos en el propio marco de financiación de la taxonomía.
- Aprovechar todos los medios al alcance de España para conseguir una energía barata, sostenible, eficiente y limpia, de tal manera que se garanticen unos precios de la luz asequibles para las familias y empresas españolas, que contribuyan a
reducir la dependencia de los países terceros y aseguren la soberanía energética de España.
39 https://cincodias.elpais.com/cincodias/2022/02/09/companias/1644413740_394775.html?rel=mas (01/03/2022)
- Eliminar la programación de cierre de centrales nucleares, y establecer un criterio objetivo y técnico de plazo de operación basado en la seguridad de las instalaciones, la potencial vida útil y la competitividad económica del sector.
- En el marco de financiación de la taxonomía, y en cuanto al parque de generación nuclear, fomentar la inversión e impulsar su posible actualización.
- Fomentar la inversión en la instalación de nuevas centrales nucleares en España.
- Aumentar las conexiones gasistas y la capacidad de exportación de España al resto de Europa, reforzando la seguridad de suministro de Europa en el marco de financiación de la taxonomía.
- Desarrollar urgentemente proyectos de conexión gasista de España con el resto de Europa, con el objeto de fortalecer la posición nacional como exportador de gas, reforzando asimismo la seguridad de suministro de España y de Europa en el
marco de financiación de la taxonomía.
- Aumentar las reservas estratégicas de gas y el almacenamiento operativo, con base en la capacidad de regasificación de España, el consumo nacional y las necesidades requeridas para exportar hacia Europa de manera continua, todo ello en el
marco de financiación de la taxonomía y con objeto de reforzar la seguridad de suministro de España y Europa.
- Garantizar las vías de recepción de gas procedente del norte de África, revirtiendo a tal efecto las recientes acciones en política exterior del Gobierno, que perjudican el interés nacional en materia energética.
- Blindar la seguridad de abastecimiento y reducir los efectos de la dependencia importadora de gas natural mediante la consolidación de España como centro de comercio de gas natural en el sur de Europa, y permitiendo así generar precios
desvinculados de la situación en otros entornos comerciales europeos.
- Promover las reformas legislativas oportunas para reducir la fiscalidad energética, especialmente con relación al Impuesto sobre el Valor Añadido y al Impuesto Especial sobre la Electricidad, debiendo asimismo eliminarse todos los
impuestos abusivos sobre la luz, el gasóleo y el gas, ya que reducen la competitividad económica de los españoles.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de mayo de 2022.-Ricardo Chamorro Delmo, Mireia Borrás Pabón, Ángel López Maraver, Luis Gestoso de Miguel, Pedro Jesús Requejo Novoa, Francisco José Contreras Peláez y María Magdalena Nevado del
Campo, Diputados.-Macarena Olona Choclán, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
Comisión de Cultura y Deporte
161/004125
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la elaboración de un
catálogo de Fiestas Ecuestres Singulares, para su debate en la Comisión de Cultura y Deporte.
Exposición de motivos
La participación del caballo en las fiestas populares es una constante histórica que cuenta con referencias seculares en toda España y que refleja la transformación de una sociedad originalmente agraria, en la que el caballo es un animal de
trabajo y un medio de transporte, a otra más diversificada, en la que pasa a ser también símbolo de nobleza o caballería. Esto implica que los caballos sean partícipes en muchos de los acontecimientos sociales, religiosos, culturales y deportivos
que se conserva, preservan y celebran hoy en día.
Consideramos necesario preservar y proteger algunos de los máximos exponentes religiosos, socioculturales y turísticos, como nuestras tradiciones con presencia equina, definiendo un marco normativo y legal actual y adaptado a esta realidad.
Se trata de una medida muy necesaria porque la
fijación del marco para este tipo de festejos puede servir también de ejemplo en la confección de normas que protejan las particularidades de otras fiestas de carácter análogo.
El pasado 18 de febrero, el Consejo de Ministros aprobó el Anteproyecto de Ley de Bienestar Animal, texto que ha causado una profunda preocupación y amplio rechazo por los sectores afectados. Es un texto con una profunda carga ideológica
elaborado por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2031 en la línea de otras iniciativas y manifestaciones llevadas a cabo por el Gobierno, que ha provocado malestar y movilizaciones en la sociedad civil, muy especialmente en el mundo rural.
De su lectura, redacción e interpretación se deduce claramente que se ha hecho de espaldas a las organizaciones a las que afecta. De hecho, el presidente de la Organización Colegial Veterinario lo ha calificado de 'contradictorio' y carente
de rigor científico.
Lo que se concibió en su origen como una oportunidad de consensuar una norma de protección a los animales, se ha visto desvirtuado por parte del Gobierno de España, que la está convirtiendo en un motivo de conflicto con múltiples sectores.
En algunos de los textos previos al anteproyecto se reflejaban referencias a la participación ecuestre en eventos, sin tener en cuenta las características de estos.
Por ello, el Grupo Parlamentario Popular ha registrado una Proposición no de Ley instando al Gobierno a aplazar el debate y aprobación de un proyecto de ley de protección animal que no cuenta con el consenso previo mayoritario de los
sectores afectados y que no está orientado a potenciar nuestra excelencia en materia de bienestar animal.
Desde el Grupo Parlamentario Popular proponemos mediante esta iniciativa eximir a nuestras fiestas tradicionales en las que participan caballos de cualquier polémica que pueda afectarlas, protegiéndolas, mediante la elaboración de un
Catálogo de Fiestas Ecuestres Singulares, que recoja y preserve el desarrollo de estos eventos, al margen de injerencias políticas.
Estamos hablando de tradiciones que hunden sus raíces en lo más profundo de nuestra historia, conectando el legado de generaciones y generaciones y constituyendo una parte fundamental de nuestra herencia patrimonial.
En este catálogo nacional podrían ampararse fiestas de reconocido prestigio, como por ejemplo, los Caballos del Vino en Caravaca de la Cruz, los desfiles Bíblico-Pasionales de la Semana Santa de Lorca, las fiestas tradicionales en Baleares
en las que el caballo es elemento central como las de Ciutadella en Menorca por San Juan, la Rapa das Bestas en A Estrada (Pontevedra), los curros en varios municipios de Galicia, o la Feria del Caballo de Jerez (Cádiz), entre otras.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a elaborar un catálogo de las Fiestas Ecuestres Singulares en España, para la protección y difusión de su carácter cultural y su valor.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de abril de 2022.-Isabel María Borrego Cortés, Teodoro García Egea, Juan Luis Pedreño Molina, Marta González Vázquez, María Valentina Martínez Ferro, Tristana María Moraleja Gómez, Celso Luis Delgado
Arce, Ana Belén Vázquez Blanco, Javier Bas Corugeira, Juan Manuel Constenla Carbón, Diego Gago Bugarín, Joaquín María García Díez, Jaime Eduardo de Olano Vela, Miguel Ángel Jerez Juan, Margarita Prohens Rigo, Sol Cruz-Guzmán García y María José
García-Pelayo, Diputados.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/004160
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para relativa a la conservación y
restauración urgente del Castillo de Alburquerque (Badajoz) para su debate en la Comisión de Cultura y Deporte.
Exposición de motivos
El Castillo de Alburquerque (Badajoz) es Bien de Interés Cultural y Monumento Nacional desde 1933. Pese a ser propiedad de la Junta de Extremadura, esta no realiza en el desde 2013 las inversiones necesarias para ponerlo en valor y
preservar el patrimonio del paso del tiempo y de la degradación que sufre.
Así mismo, el Ayuntamiento de la localidad no ha podido concurrir a las convocatorias como la del 1,5% cultural, mediante la cual podría obtener financiación poner en valor este patrimonio y subsanar los importantes déficits estructurales
que comienza a presentar.
La Asociación de la Defensa del Patrimonio de Alburquerque ha elaborado un estudio concienzudo y brillante de las deficiencias que presenta el monumento, del que se concluye lo siguiente:
1. Es necesario proceder a la restauración urgente de algunos de los portillos que se están abriendo como consecuencia del efecto de las raíces de la vegetación que están creciendo en sus muros.
2. Al mismo tiempo, urge la intervención en la parte superior de dos de los contrafuertes de la iglesia de Nuestra Señora del Castillo. Algunos de los sillarejos de la parte superior de estos contrafuertes corren riesgo de desprenderse.
3. Asimismo, existen humedades en algunas dependencias de la torre del homenaje, debido a que los caños de desagüe no lo hacen de forma correcta y vierten directamente sobre los muros. Esto hace que la humedad se transfiera al interior y
que algunas de sus dependencias se vean afectadas.
4. También constata que una de las terrazas, en concreto la que se encuentra encima del comedor que se ubica en la primera plaza de armas, la del nivel más bajo, está perdiendo parte de su recubrimiento a lo largo de una línea de borde,
pudiendo afectar al comedor, debido a que el agua puede calar hacia su interior.
En cuanto al exterior de la fortaleza, es patente el deterioro que está sufriendo: pérdida de merlones en el almenado, portillos que se están abriendo en distintos lienzos, crecimiento de vegetación en los muros que hacen que corra el
riesgo de pérdida de fábrica en los mismos, etc.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a colaborar con la Junta de Extremadura para la elaboración de un estudio conjunto de las deficiencias y riesgos que tiene el Castillo de Alburquerque (Badajoz) en su estructura, fortaleza e
instalaciones, a fin de presupuestar la restauración, la conservación y puesta en valor del mencionado castillo, Bien de Interés Cultural.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de mayo de 2022.-Víctor Valentín Píriz Maya, Diputado.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/004162
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a incluir la Tauromaquia
entre las manifestaciones culturales a la que los jóvenes puedan tener acceso dentro del bono cultural, para su debate en la Comisión de Cultura y Deporte.
Exposición de motivos
La cultura española tiene muchos referentes claros a nivel mundial, y dos de los más importantes son el flamenco y la tauromaquia. Ambos nos identifican en el exterior y suponen un valor incalculable como marca España, encerrando ambas
expresiones culturales una importantísima parte de nuestra historia.
Como escribiera Federico García Lorca, 'los toros son la fiesta más culta que hay hoy en el mundo'. Poesía, ensayos, pintura y hasta ópera han tomado de la tauromaquia su inspiración. Una expresión cultural viva, que inspira tantas otras
íntimamente ligadas, como poesía, pintura, música o cartelería.
Esta fuerte vinculación de los toros a nuestro legado cultural, que compartimos con Iberoamérica, Portugal y Francia, ha dado lugar a una riquísima variedad de manifestaciones artísticas, literarias y musicales en todas las épocas, de las
que son muestra universalmente reconocida la obra de pintores como Goya o Picasso.
Tan importante es la aportación cultural de la tauromaquia a nuestro país, que desde 1996 se han concedido veintiocho medallas de las Bellas Artes a personalidades e instituciones relacionadas con el mundo de los toros, a los profesionales
de la tauromaquia, reconocimiento que desde entonces se ha otorgado a grandes diestros a pie, a caballo y a ganaderos o instituciones que defienden la tauromaquia. Pero en la pasada edición del año 2021, el ministro Iceta apartó, una vez más, elude
su obligación de proteger la tauromaquia y la elimina de las Medallas de Oro al Mérito en las Bellas Artes.
La Ley 18/2013, de 12 de noviembre, reconoce la tauromaquia como patrimonio cultural con el fin de que los poderes públicos asuman su preservación y promoción. Dicha norma se fundamenta en la convicción de que en la sociedad española existe
un consenso sobre el carácter cultural, histórico y tradicional de la tauromaquia como parte esencial de patrimonio histórico, artístico cultural y etnográfico de España. Y en consecuencia, es responsabilidad de los poderes públicos asegurar la
libertad del creador, y en este caso, del desarrollo y respeto hacia cualquier expresión artística, en este caso la tauromaquia. La citada ley establece que la tauromaquia es un conjunto de actividades plenamente acordes con los derechos
fundamentales y libertades públicas amparados por nuestra Constitución, como la libertad de pensamiento y expresión, de producción y creación literaria, artística, científica o técnica. Y resulta evidente que la tauromaquia, como actividad cultural
y artística, requiere de protección y fomento por arte del Estado y las Comunidades Autónomas.
A la protección patrimonial y etnográfica se une el cuidado ecológico en el que se desarrolla la crianza del toro de lidia, así como la protección de un ecosistema único, la dehesa, y de un importantísimo patrimonio genético de la raza.
Queda en evidencia la arbitraria decisión del ministro de Cultura y Deporte excluyendo a la tauromaquia de las actividades que recoge el bono cultural para jóvenes que cumplan en este 2022 la mayoría de edad, dotado de 400 euros para cada
beneficiario, que pueden utilizar para acudir a espectáculos o adquirir productos culturales, tal y como se ha publicado en el RD 210/2022, de 22 de marzo.
Este bono cultural, dotado con 210 millones de euros, incumple la legislación estatal y autonómica de protección y promoción que obliga a los poderes públicos respecto de la tauromaquia. Por tanto, el citado Real Decreto supone un agravio,
especialmente por tratarse de un público juvenil, para esta importante manifestación cultural, que tiene una gran tradición y seguimiento entre los españoles (el segundo espectáculo de masas tras el fútbol). Este ataque a nuestra legislación ha
sido denunciado por entidades como la Fundación Toro de Lidia, al mismo tiempo que se ha debatido en numerosos parlamentos regionales, aprobándose una Proposición no de Ley, presentada por el Grupo Popular, en el mismo sentido que esta Proposición
no de Ley, tanto en la Comunidad Autónoma de Madrid como en Andalucía. Las Cortes de Castilla y León también solicitaban el pasado mes de octubre al gobierno que incluya de forma explícita dentro de los servicios cubiertos por el bono cultural a la
tauromaquia.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a desarrollar las modificaciones oportunas para incluir la tauromaquia entre las manifestaciones culturales a las que los jóvenes puedan tener acceso dentro del bono cultural, respetando de
este modo la legislación vigente.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de mayo de 2022.-María Soledad Cruz-Guzmán García, Eduardo Carazo Hermoso, Marta González Vázquez, José Alberto Herrero Bono, Javier Merino Martínez, Oscar Gamazo Micó, Carlos Aragonés Mendiguchía,
Alberto Casero Ávila, Juan Luis Pedreños Molina y Ana María Beltrán Villalba, Diputados.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades
161/004150
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para impulsar la diplomacia científica y tecnológica bilateral
con el Reino Unido para su debate en la Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades.
Exposición de motivos
La cooperación científica y tecnológica entre España y Reino Unido siempre ha gozado de buena salud. De hecho, de acuerdo con el informe Análisis de la colaboración científica entre España y Reino Unido. 2011-2020, elaborado por la
Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT), Reino Unido es el segundo país del mundo con el que más colaboración científica tiene España, sólo por detrás de Estados Unidos. Nuestro país, en cambio, es el octavo país colaborador de
Reino Unido en esta materia. Además, entre 2011 y 2020 la producción científica entre ambos países se duplicó, con una tasa de crecimiento anual del 18,2%.
Sin embargo, la decisión del Reino Unido de abandonar la Unión Europea y su salida efectiva del bloque ha afectado a esa cooperación. Según denuncia la Sociedad de Científicos Españoles en el Reino Unido (SRUK/CERU), la situación actual ha
sumido a los investigadores españoles que desarrollan su carrera en Reino Unido en un estado de incertidumbre. De acuerdo con el Acuerdo de Comercio y Cooperación firmado entre la Unión Europea y el Reino Unido para regular sus relaciones tras la
salida de este país del bloque comunitario, el Reino Unido podrá asociarse a los programas de I+D de la Unión Europea como Horizonte Europa, Euratom, ITER y Copernicus a través de la firma y ratificación de un protocolo. Sin embargo, las
diferencias entre el gobierno británico, por un lado, y la Comisión Europea y los 27 Estados miembros de la Unión Europea, por otro, sobre el cumplimiento de lo acordado en el Acuerdo de Comercio y Cooperación y, en particular, sobre el protocolo
referido a Irlanda del Norte, ha hecho encallar las negociaciones de ese instrumento que facilitaría la cooperación científica y tecnológica.
Esto supone que muchos profesionales españoles que trabajan día a día por avanzar en el conocimiento y por defender la reputación de nuestro país en el ámbito científico a nivel internacional no puedan estar desarrollando todo su potencial y
el de sus proyectos por la falta de acceso a programas de investigación conjunta y por no poder solicitar financiación de los mismos. Todo ello pese a que tanto el gobierno británico como la Comisión Europea se han mostrado favorables de que el
Reino Unido tenga una participación activa en esos programas de I+D. Además, la situación actual ha paralizado la formación de alianzas y acuerdos de colaboración entre instituciones científicas y universidades españolas y británicas. De hecho, los
investigadores y académicos se están organizando en torno a la campaña 'Stick to Science' para pedir que se actualice este marco de cooperación con el Reino Unido y también con Suiza.
Desde el Grupo Parlamentario Ciudadanos hemos hecho de la cooperación científica y tecnológica una pieza fundamental de nuestra política exterior y de nuestra política de I+D. De hecho, en varias ocasiones hemos solicitado al Gobierno que
acelere los trámites también para firmar acuerdos de carácter bilateral con el Reino Unido sobre los ámbitos de nuestra cooperación que puedan complementar al Acuerdo de Comercio y Cooperación, incluyendo la cooperación científica y tecnológica.
Por tanto, los liberales españoles compartimos la preocupación de los investigadores españoles en Reino Unido y queremos dar certidumbre a quienes trabajan cada día por hacer avanzar la ciencia y la innovación.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Impulsar, en el seno de las instituciones de la Unión Europea, las acciones necesarias para desbloquear las negociaciones para la incorporación de Reino Unido a los programas de I+D de la Unión Europea.
2. Acelerar los procedimientos para la firma de convenios de carácter bilateral que faciliten y fomenten la cooperación científico-técnica y universitaria entre España y el Reino Unido en el nuevo contexto tras la salida de este país de la
Unión Europea.
3. Asegurar todo el apoyo institucional y administrativo necesario a los científicos y tecnólogos españoles que realizan sus tareas de investigación y desarrollan sus carreras profesionales en el Reino Unido para que no tengan que
enfrentarse a la incertidumbre actual en soledad.
4. Reforzar el Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación mediante un Plan de Atracción y Retorno del Talento Investigador con suficientes incentivos para hacer más sencillo a los científicos y tecnólogos españoles en Reino Unido su vuelta
a España, si es que así lo desean, sin sacrificar perspectivas profesionales o calidad de vida.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de mayo de 2022.-Juan Ignacio López-Bas Valero, Diputado.-Edmundo Bal Francés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo
161/004158
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Macarena Olona Choclán, don Víctor Sánchez del Real, doña Carla Toscano de Balbín, don Alberto Asarta Cuevas, doña. Cristina Alicia Esteban Calonje y doña María de los Reyes Romero Vilches, en sus respectivas condiciones de Portavoz
Adjunta y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente Proposición no de Ley para el desarrollo de un
protocolo de control financiero de los fondos destinados a la cooperación internacional, para su discusión en la Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo.
Exposición de motivos
Primero. Las asignaciones presupuestarias de la Cooperación Internacional para el Desarrollo.
La disposición adicional primera de la Ley 23/1998, de 7 de julio, de Cooperación Internacional para el Desarrollo ('LCID') establece que '[J]unto a los Presupuestos Generales del Estado, el Gobierno elaborará un informe que recoja de manera
integrada los créditos de los distintos Ministerios y organismos públicos destinados a financiar programas de ayuda oficial al desarrollo'. A tal fin se publicó el Informe de Ayuda Oficial al Desarrollo ('AOD'), en el marco de la Propuesta de
Presupuestos Generales del Estado para 2022 que realiza la Secretaría de Estado de Cooperación Internacional -Dirección General de Políticas de Desarrollo Sostenible- 40.
El informe recoge una exposición completa de las previsiones de gasto en materia de cooperación internacional para el desarrollo de la Administración General del Estado ('AGE') para 2022, así como de los recursos asignados por parte de los
entes territoriales y las universidades. Todo ello, sobre la base de los criterios establecidos por el Comité de Ayuda al Desarrollo de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) para el cómputo de la AOD.
Según se remarca en el referido informe, '[L]a cooperación para el desarrollo es una prioridad del Gobierno de España. La pandemia del COVID-19 está suponiendo un impacto sin precedentes en las personas, comunidades y países en situación de
mayor pobreza, exclusión y vulnerabilidad, poniendo en riesgo el alcance de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) a escala global y amenazando con hacer retroceder lustros de progreso en desarrollo humano y en la disminución de la pobreza y
el hambre'.
En ejecución de ese compromiso del Gobierno con la Agenda 2030, la AOD de la AGE se ha incrementado en el ejercicio 2022, con respecto al 2021, en un 13,95%, ascendiendo el montante total a 3.152,76 millones de euros.
40 Recuperado de: https://www.con.greso.es/docu/pge2Q22/FGE informe AQD%20 2022.pdf
Departamento / Organismo / Unidad;AOD 2022
(Mill. Euros)
Ministerio de Asuntos Exteriores. Unión Europea y Cooperación.;909,61
Ministerio de Hacienda.;1.149,11
Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital.;388,92
Ministerio de Inclusión. Seguridad Social y Migraciones.;340,81
Ministerio de Sanidad.;292,82
Otros Ministerios.;71,49
Total Administración General del Estado.;3.152,76
Fuente: https://www.congreso.es/docu/pge2022/FGE informe AQD%20 2022.pdf
En este sentido, el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación ('MAEC') contribuirá a la AOD en el 2022 un total de 909,61 millones de euros, lo que representa un 28,85% del total de la AGE. Ello implica un incremento del
15,39% respecto de la cantidad consignada los Presupuestos Generales del Estado ('PGE') de 2021, incremento que trae causa, en su mayoría, del aumento del 52,90% en el Programa 143A de Cooperación al Desarrollo de la Agencia Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo ('AECID') y del incremento en 2,09 millones de euros (0,71%) en la Secretaría de Estado de Cooperación Internacional ('SECI'). El grueso de las dotaciones será ejecutado por la SECI y por la Agencia Española de
Cooperación Internacional al Desarrollo ('AECID').
Segundo. La malversación de los fondos destinados a la AOD.
Los casos de malversación o uso fraudulento de los fondos destinados a la AOD son muy numerosos.
I. El más reciente y, quizá, el más relevante dado el grado de detalle al que la opinión pública ha tenido acceso, gracias al recurso judicial interpuesto por miembros del Grupo Parlamentario VOX ('GP VOX') en el Congreso de los Diputados,
es aquel relacionado con la Oficina Técnica de Cooperación ('OTC') de Panamá 41.
El 8 de febrero de 2022, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo dictó la Sentencia núm. 150/2022, por la que se estimó el recurso contencioso-administrativo n.º 128/2021, interpuesto por doña
Macarena Olona Choclán y don Víctor Sánchez del Real contra una denegación por el Gobierno de la documentación solicitada por estos en ejercicio del ius in officium de su función parlamentaria. Esa documentación era la relativa a un Informe
elaborado por la División de Control y Mejora de la Gestión del MAEC, remitido en fecha 8 de junio de 2020 al Tribunal de Cuentas, sobre el caso de los 'millones de Panamá', que afecta a AECID.
En su virtud, el Gobierno debía entregar en plazo no superior a treinta días 'copia del informe elaborado por la División de Control y Mejora de la Gestión del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación remitido el 8 de
junio al Tribunal de Cuentas sobre el caso de los 'millones de Panamá', que afecta a la AECID'.
El 28 de febrero de 2022 tuvo entrada en el Registro General del Congreso de los Diputados el informe remitido por el Gobierno en cumplimiento de la meritada Sentencia.
En el informe, tras un análisis de los hechos investigados por la División de Control y Mejora de la Gestión del MAEC, de conformidad con el artículo 177 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria ('LGP') entre los hechos
que pueden generar responsabilidad patrimonial se encuentran el 'alcance o malversación en la administración de fondos públicos'. La responsabilidad patrimonial de los gestores de fondos públicos alcanza a todas las personas que tengan encomendados
el manejo y la custodia de estos.
41 A las OTC les corresponden las funciones de identificación y seguimiento de los proyectos programas de cooperación para el desarrollo financiados por la AECID, así como aquellas tareas de apoyo y coordinación de todos los actores de la
Cooperación Española presentes en cada uno de los países donde se ubican -en Panamá, desde 1988-.
Así, en el caso de la OTC de Panamá, existen dos cargos con responsabilidad económico-financiera, a saber: (i) el administrador, quien viene desempeñando materialmente esas funciones desde su contratación en el año 1992; y (ii) el
Coordinador de la OTC a quien, como Cajero Pagador, con nombramiento expreso y con base el artículo 79 LGP y lo establecido en la Orden de 23 de diciembre de 1987 por la que se dictan normas para el desarrollo y aplicación del Real Decreto 640/1987,
de 8 de mayo, sobre pagos librados a justificar, corresponde la custodia y uso de fondos de la Caja Pagadora (la OTC).
En ambos casos, sus actuaciones han provocado un daño en los fondos públicos gestionados por la OTC de Panamá. Presumiblemente, en el caso del Sr. Guevara Barrios -administrador de la OTC Panamá- existiendo, además, una manifiesta
intencionalidad, correspondiente en tal caso la calificación de los hechos como malversación.
En el caso de los coordinadores, que han ocupado el puesto en los diferentes años en que se han producido los hechos, corresponde la de alcance, pues habría podido existir una actuación culposa grave por no haberse adoptado las medidas
mínimas necesarias para evitar las actuaciones delictivas del administrador.
Los daños así causados por dichas conductas, determinantes de la responsabilidad, se consideran efectivos, cuantificables económicamente e individualizados.
De conformidad con los datos obrantes en el informe, en la tesorería de la OTC de Panamá se ha producido un desfalco por valor total estimado de:
Cuenta;Cuantía en USD
Otras Administraciones AACID.;1.311.317,13
OTC FCAS.;3.587.284,44
OTC Funcionamiento.;135.522,87
Caja Efectivo.;1.720,94
TOTAL.;5.035.845,38
Remarca igualmente el informe que las cantidades detraídas de las cuentas corrientes, tres, y de la caja de efectivo, se han venido produciendo durante, al menos, los últimos 13 años.
En ese plazo, el administrador siempre fue el señor Guevara Barrios. Sin embargo, se han sucedido dos coordinadores. Por ello, a fin de determinar y, posteriormente, depurar las responsabilidades procedentes, deben distinguirse dos
periodos:
Cuenta;Cuantía USD;Coordinador
Otras Administraciones AACID.;1.311.317,13;Rosa Beltrán.
OTC FCAS.;1.875.761,12;Rosa Beltrán.
Total Periodo Rosa Beltrán.;3.187.078,55;
OTC FCAS.;1.711.523,02;Carlos Cano.
OTC Funcionamiento.;135.522,87;Carlos Cano.
Caja Efectivo.;1.720,94;Carlos Cano.
Total periodo Carlos Cano.;1.848.766,83;
II. Otro caso llamativo fue aquel que culminó el 10 de junio de 2015, cuando el Tribunal Supremo hizo pública la sentencia por la que condenaba a D. Rafael Blasco, exconsejero de Solidaridad y Ciudadanía de la Generalidad de Valencia, así
como a su equipo y al empresario D. Cesar Augusto Tauroni. El fallo del Tribunal Supremo 'confirmó que durante años una trama ajena al mundo de la cooperación, con epicentro en la propia Generalitat, e impulsada por el que fue hasta siete veces
conseller, Rafael Blasco, saqueó los fondos destinados a las personas más empobrecidas' 42
42 Tribunal Supremo, Sala Segunda, de lo Penal, Sentencia 277/2015 de 3 junio 2015, Rec. 10546/2014.
III. Pero la malversación y uso fraudulento de recursos públicos destinados a la AOD no es el único riesgo que afrontan tales dotaciones. Así, en muchos casos los fondos de la Cooperación Española no se han destinado o alcanzado los
objetivos para los que fueron asignados y, en no pocas ocasiones, acaban en manos de gobiernos, u organismos adscritos a estos, corruptos.
El economista del desarrollo D. José María Larrú Ramos (2009) ha mostrado cómo España, 'al igual que otros donantes internacionales, no castiga a los países más corruptos cuando asigna sus flujos de ayuda privándoles de este instrumento.
Larrú muestra en un trabajo reciente cómo 'tres países de entre los 20 más corruptos han sido considerados como prioritarios de la Cooperación Española según su Plan Director 2005-2008: Angola, Haití y Paraguay. Estos dos últimos vuelven a serlo
para el Plan Director 2009-2012'. 43 44
En el caso de Guinea Ecuatorial, como señalaba El País 45, citando el testimonio de un empresario europeo que hace negocios en el país, el dictador Teodoro Obiang Nguema Mbasogo 'ha repartido los negocios clave entre sus hijos legítimos y
sus sobrinitos. Él decide quién exporta madera y quién no. Y lo decide exigiendo comisiones millonarias a las madereras extranjeras, de las que es un socio más'.
Desde 2005, y cada tres años, la OCDE -organismo que, a través del Comité de Ayuda al Desarrollo (DCD-CAD) es el órgano responsable de la gestión de los flujos de AOD internacionales- ha organizado Foros de Alto Nivel sobre la Eficacia de la
Ayuda, como el de París, Accra, o Busán (Corea del Sur).
'Fue la Declaración de París la que inició con más fuerza este debate, al enfatizar las cuestiones cualitativas. En este sentido, y en consonancia con el consenso de los expertos en sus diagnósticos sobre la política española de
cooperación, los Planes Directores de la Cooperación Española se adhieren a estas directrices. Pero una cosa son las palabras y las intenciones -reflejadas en los Planes Directores o Declaraciones internacionales- y otra los hechos' 46.
Así, por ejemplo, en la clasificación de mejores y peores prácticas de las agencias de ayuda de Easterly y Williamson (2011), España se sitúa en la posición número 34 de un total de 42 organismos (23 bilaterales y 19 multilaterales) 47.
Este indicador penaliza la escasa calidad de la ayuda española en materias de especialización y selectividad de proyectos, además de efectividad en la distribución, costes administrativos y transparencia 48.
IV. Por otro lado, existen evidencias de que los fondos de la AOD, en ocasiones, se emplean para avanzar en proyectos de carácter ideológico más que para su real fundamento, el desarrollo. Un estudio de Unión Progreso y Democracia
('UPyD'), que analizaba la concesión de subvenciones de la Agencia de Cooperación Internacional de las Islas Baleares (ACIIB), 'encontró que un gran número de proyectos tenía que ver con el avance del comercio justo o modelos de organización social
colectivistas (bajo el epígrafe de 'economía de las comunidades'), la igualdad de género y otros conceptos vaporosos con gran arraigo en la izquierda' 49.
V. Además de los riesgos que afronta la AOD en relación con la malversación o su uso fraudulento por los gobiernos receptores, existe un riesgo aún más pernicioso, cual es que los fondos acaben siendo fuentes de financiación para actividades
terroristas.
El día 13 de abril de 2021 era detenida la ciudadana española Juana Ruiz por parte de las autoridades israelíes, que presentaron los siguientes cargos formales en su contra: trabajar para una asociación ilegal (Health Work Committees,
'HWC'), recaudar fondos en España para la financiación de una organización terrorista -el Frente Popular para la Liberación de Palestina (FPLP)-, impartir ciclos de conferencias para criticar a Israel y destinar los fondos recaudados en ellas al
FPLP.
Poco después, el 3 de junio, la Mesa y los Portavoces de la Comisión de Asuntos Exteriores recibieron al Director General de Política en el Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel, Sr. Alón Bar, quien vino acompañado de la siguiente
delegación: Excma. Sra. Rodica Radian Gordon, Embajadora de Israel en
43 https://www.libremercado.com/2012-04-06/zapatero-beneficio-a-dictadores-v-politicos-corruptos-1276454664/
44 Larrú Ramos, José María. Corrupción y ayuda al desarrollo: evidencias, teoría y aplicaciones para España. Cuadernos Económico de ICE. N.° 78 (2009), página 272.
45 https://elpais.com/internacional/2012/03/04/actualidad/1330833751_310526.html
46 Ibid., pág. 9.
47 Easterly W., Williamson C.R, Rhetoric versus Reality: The Best and Worst of Aid Agency Practices. World Development, Volumen 39, número 11, noviembre de 2011, Páginas 1930-1949.
48 Ibid., pág. 9.
49 Ibid., pág. 9.
España, Sr. Emil Ben Naftaly, Asesor del Dto. de Política y del Sr. Asaf Moran, Ministro Consejero de la Embajada.
Posteriormente, el señor Bar aseveró que existía la posibilidad de que fondos de Cooperación Española hubieran podido acabar en manos de terroristas a través de organizaciones tapadera creadas por los mismos y se ofreció al MAEC para la
creación de un grupo de trabajo en el que poder tratar este asunto y dar a conocer las pruebas de las que dispondrían en este sentido.
Poco después, hemos tenido conocimiento de la resolución del caso de Juana Ruiz, que finalmente ha sido condenada tras un acuerdo de culpabilidad en el que los cargos imputados se redujeron a dos, aunque inicialmente se le imputaron cinco
delitos relacionados con su trabajo en HWC. Según este acuerdo, admitió haber recaudado fondos europeos para la ONG que luego se transfirieron para financiar las actividades del FPLP, si bien también declaró que '[SJiempre pensé que estaba
trabajando para una organización legal. Siento mucho si me equivoqué, espero que tengan en cuenta que no he intentado hacer ningún daño' 50.
Sin entrar en los pormenores del caso, es manifiesto que distintas ONG fueron utilizadas por una organización terrorista como instrumento para obtener financiación proveniente de fondos de la Cooperación española, concretamente y aparte de
HWC: la Unión de Comités de Mujeres Palestinas, la Asociación de Derechos Humanos y Apoyo a Prisioneros (Addameer), el Centro de Investigación y Desarrollo Bisan, la Unión de Comités de Trabajo Agrícola y las organizaciones Al-Haq y Defensa
Internacional de la Infancia.
Esto es, sin duda, un peligroso precedente y refuta claramente la respuesta que dio el Gobierno a una pregunta de miembros del GPVOX, con número de registro 135124, con número de registro 152313, recibida el 10 de septiembre y en la que el
Ejecutivo afirmaba 'que ninguno de los proyectos de la AECID tiene riesgo real de verse afectado por las informaciones mencionadas en la pregunta' -financiación del terrorismo-.
Tercero. Necesidad de un control financiero de la cooperación española.
Debe recordarse aquí el principio rector de la actuación pública, consagrado en el artículo 103 de la Constitución española, cuyo tenor es el siguiente: '[L]a Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa de
acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho'.
Este principio se ha plasmado, entre otras normas, en la Ley 19/2013, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno ('LTAIBG'). Así, en el preámbulo, se remarca que '[L]a transparencia, el acceso a la información pública
y las normas de buen gobierno deben ser los ejes fundamentales de toda acción política. Sólo cuando la acción de los responsables públicos se somete a escrutinio, cuando los ciudadanos pueden conocer cómo se toman las decisiones que les afectan,
cómo se manejan los fondos públicos o bajo qué criterios actúan nuestras instituciones podremos hablar del inicio de un proceso en el que los poderes públicos comienzan a responder a una sociedad que es crítica, exigente y que demanda participación
de los poderes públicos'.
A la vista de los importantes casos de malversación y uso fraudulento de los fondos destinados a la AOD, deviene imperativo que se implemente un sistema de control y supervisión financiera de los mismos. Hecho este que no es novedoso, pues
ya se ejerce este tipo de control sobre diversos fondos y recursos públicos.
Así, el artículo 19.2 LCID encomienda a la SECI 'la programación, dirección, seguimiento y control de las actividades consiguientes', en cuanto 'órgano superior' del MAEC. Sin embargo, y como se deduce de los ejemplos expuestos, este
sistema de seguimiento y control tiene fallas que es necesario remediar.
Por ello, y a causa de la ausencia de una descripción detallada de un régimen de seguimiento y control en la LCID, hemos de remitirnos a otros textos legales. En este sentido, cabría destacar, por ejemplo, aquel que se realiza sobre las
subvenciones. El artículo 44 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones ('LGS') establece que se habrá de ejercer un control financiero de subvenciones respecto de los beneficiarios y, en su caso, 'entidades colaboradoras por
razón de las subvenciones de la Administración General del Estado y organismos y entidades vinculados o dependientes de aquélla, otorgadas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado o a los fondos de la Unión Europea'.
50 https://www.efe.com/efe/espana/sociedad/israel-condena-a-la-cooperante-espanola-juana-ruiz-tras-acuerdo-de-culpabilidad/10004-4672530
Este control financiero de subvenciones tiene como objeto verificar (artículo 44.2 LGS):
'a) La adecuada y correcta obtención de la subvención por parte del beneficiario.
b) El cumplimiento por parte de beneficiarios y entidades colaboradoras de sus obligaciones en la gestión y aplicación de la subvención.
c) La adecuada y correcta justificación de la subvención por parte de beneficiarios y entidades colaboradoras.
d) La realidad y la regularidad de las operaciones que, de acuerdo con la justificación presentada por beneficiarios y entidades colaboradoras, han sido financiadas con la subvención.
e) La adecuada y correcta financiación de las actividades subvencionadas, en los términos establecidos en el apartado 3 del artículo 19 de esta ley.
f) La existencia de hechos, circunstancias o situaciones no declaradas a la Administración por beneficiarios y entidades colaboradoras y que pudieran afectar a la financiación de las actividades subvencionadas, a la adecuada y correcta
obtención, utilización, disfrute o justificación de la subvención, así como a la realidad y regularidad de las operaciones con ella financiadas.'
A fin de llevar a efecto esas verificaciones, el control financiero de subvenciones podrá consistir en (artículo 44.4 LGS):
'a) El examen de registros contables, cuentas o estados financieros y la documentación que los soporte, de beneficiarios y entidades colaboradoras.
b) El examen de operaciones individualizadas y concretas relacionadas o que pudieran afectar a las subvenciones concedidas.
c) La comprobación de aspectos parciales y concretos de una serie de actos relacionados o que pudieran afectar a las subvenciones concedidas.
d) La comprobación material de las inversiones financiadas.
e) Las actuaciones concretas de control que deban realizarse conforme con lo que en cada caso establezca la normativa reguladora de la subvención y, en su caso, la resolución de concesión.
f) Cualesquiera otras comprobaciones que resulten necesarias en atención a las características especiales de las actividades subvencionadas.'
Con el ánimo de profundizar en materia de transparencia en nuestro Estado de derecho es necesario proponer nuevas prácticas con las que ahondar en la prevención de conductas delictivas o que, incluso sin serlo, ensucien el prestigio de
nuestro sector público y sus actores. Los españoles tienen derecho a conocer qué uso se da al erario público al que con tanto esfuerzo contribuyen, pues cada céntimo importa.
En virtud de cuanto se ha expuesto, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Desarrollar un protocolo de control financiero ex ante, durante y ex post, de los fondos destinados a la cooperación internacional para el desarrollo de la Administración General del Estado, e incluir en este la evaluación de los riesgos
que las ayudas otorgadas pudieran llevar aparejadas por cualesquiera motivos de objeto, destinatario o localización.
2. Entretanto, realizar una auditoría exhaustiva sobre los fondos que, en esta legislatura, se hayan destinado a la cooperación internacional para el desarrollo, con el fin de determinar si se han destinado a promover actividades o
entidades ilícitas o a la financiación del terrorismo.
Las evaluaciones no se centrarán únicamente en el cumplimiento de los objetivos técnicos de los proyectos presentados, sino también en la prevención en materia de corrupción, blanqueo de capitales y riesgos para la seguridad.
Asimismo, deberá evaluarse también el impacto, positivo o negativo, sobre la imagen de España con y tras la realización del concreto proyecto de cooperación internacional al desarrollo.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de mayo de 2022.-Alberto Asarta Cuevas, Víctor Manuel Sánchez del Real, Carla Toscano de Balbín, Cristina Alicia Esteban Calonje y María de los Reyes Romero Vilches, Diputados.-Macarena Olona Choclán,
Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
Comisión de Derechos de la Infancia y Adolescencia
161/004130
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la celebración del Año Europeo de la Juventud, para su debate en la Comisión
de Derechos de la Infancia y Adolescencia.
Exposición de motivos
Reconocer el papel de los jóvenes como elemento vertebrador de los valores europeos siempre ha estado entre las prioridades de la Unión Europea. Su implicación y participación en los procesos de toma de decisiones es de vital importancia
para que el proyecto comunitario siga creciendo y para que la Unión siga siendo un agente internacional de primer orden.
Un año antes de que se declarase la pandemia provocada por la COVID-19, se ponía en marcha la Estrategia de la UE para la juventud para el periodo 2019-2027. Se trata de una hoja de ruta diseñada para explotar al máximo el potencial de las
políticas de juventud, impulsando la participación de los y las jóvenes en la vida democrática, apoyando el compromiso social y cívico y tratando de garantizar que la juventud cuente con los recursos necesarios para participar activamente en la
sociedad.
La Estrategia se concreta en once metas, que fueron definidas con la información recogida entre jóvenes europeos entre 2017 y 2018, siendo España uno de los países con más participación junto a Grecia e Italia. Esas once metas son:
1. Conectar la UE con los jóvenes.
2. Igualdad entre mujeres y hombres.
3. Sociedades inclusivas.
4. Información y diálogo constructivo.
5. Salud mental y bienestar.
6. Impulsar a la juventud rural.
7. Empleo de calidad para todos y todas.
8. Aprendizaje de calidad.
9. Espacios y participación para todos y todas.
10. Una Europa verde y sostenible.
11. Programas europeos y organizaciones juveniles.
Pero cuando la Estrategia apenas había echado a andar, el virus SARS-CoV2 se extendió por todo el planeta obligando a detener todas aquellas actividades no esenciales con el fin de contener su propagación y efectos. La realidad que trajo la
pandemia ha tenido efectos devastadores entre todas las franjas de edad, pero lo ha hecho significativamente más sobre los mayores y la población más joven.
Entre las primeras medidas que se adoptaron para combatir al virus estuvo la de cerrar las instituciones educativas a todos los niveles, privando a los y las más jóvenes de sus relaciones sociales e instalando una enseñanza en línea. La
premura con la que hubo que adoptar tras drástica medida hizo que se reforzaran las desigualdades existentes en la sociedad y, por consiguiente, en la educación.
Según el estudio Education andyouth in post-COVID-19 Europe de manera significativa se vio afectada la Formación Profesional, por su vinculación al aprendizaje práctico y que fue sustituido por una educación teórica que, evidentemente, no
proporciona el mismo nivel de desarrollo de habilidades. En el ámbito universitario, el impacto del cierre fue menor debido al nivel de independencia de los estudiantes y la integración existente las TIC en el sistema, aunque sí se vieron afectados
programas de movilidad de estudiantes tan importantes en el ámbito europeo como el ERASMUS+.
Entre las conclusiones que propone el estudio para fomentar una mayor resiliencia en el sector de la educación y la juventud en Europa, destacan el apoyo a la toma de decisiones en sinergia con medidas nacionales; el apoyo a la mejora de la
calidad y accesibilidad de la educación independientemente del contexto en el que se encuentre proporcionada; el desarrollo de estrategias que se traduzcan en un apoyo a estudiantes y jóvenes en diferentes formatos de aprendizaje; el fomento de la
digitalización en sectores relacionados con la educación y la juventud; y la mejora de la inclusión y la flexibilidad de los programas
de financiación de la UE en el ámbito de la educación y los jóvenes y su capacidad de respuesta a futuras crisis.
Pero no solo se han visto perjudicados en lo educativo, también su salud mental se ha visto afectada por el aislamiento y el distanciamiento social que debieron aplicarse para frenar la expansión del virus. Según el informe Salud Mental y
COVID-19 elaborado por la Confederación Salud Mental de España, son los jóvenes de entre 18 y 34 años quienes más han frecuentado los servicios de salud mental, han tenido más ataques de ansiedad, más síntomas de tristeza y han sido las personas que
más han modificado su vida habitual.
En el marco del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, la Unión Europea contempla que los Estados miembros pueden incluir medidas para combatir los problemas de salud mental en sus planes de recuperación y resiliencia. Los planes
presentados y aprobados abarcan una amplia gama de reformas e inversiones centradas en reforzar la eficacia de los sistemas sanitarios, aumentar su calidad y hacerlos más resilientes, en consonancia con las recomendaciones específicas por países.
La sexta palanca del Plan de Transformación, Recuperación y Resiliencia de nuestro país, 'Pacto por la ciencia y la innovación. Refuerzo a las capacidades del Sistema Nacional de Salud', en su componente 18, hace referencia a la renovación
y ampliación de las capacidades del Sistema Nacional de Salud. Se concreta en acciones para reforzar la prevención y promoción de la salud, centradas especialmente en la promoción de estilos de vida y entornos saludables dado que la mayor parte de
las enfermedades tienen factores de riesgo comunes sobre los que debe actuarse preventivamente. Menciona expresamente la falta de bienestar emocional.
La COVID-19 tuvo también una incidencia muy importante en la ocupación de los jóvenes. La tasa de desempleo de los jóvenes europeos aumentó del 11,9% en 2019 al 13,3% en 2020. En España, la sensibilidad del Gobierno con respecto al
desempleo juvenil llevó a apoyar en junio del pasado año el Plan Garantía Juvenil Plus, dotado con más de 4.000 millones de euros. Sus efectos se han observado con el paso de los meses: mientras en junio de 2021 la tasa de desempleo en menores de
25 años se situaba en el 36.4%, en noviembre de 2021 se encontraba ya en el 29,2%.
Ya en 2021, consciente de toda esta realidad padecida por los y las jóvenes a consecuencia de la pandemia, los dirigentes de la UE reafirmaron en la Declaración de Oporto su compromiso de trabajar en pro de una Europa más social. Entre los
acuerdos recogidos, figuran el de dar prioridad al apoyo a la juventud abordando las repercusiones de la crisis de la COVID-19 en su carrera profesional y en su plan de educación y formación y garantizando que se conviertan en la fuerza motriz de
una recuperación ecológica y digital inclusiva.
El compromiso ha quedado plasmado con la declaración del año 2022 como el Año Europeo de la Juventud. Para los próximos 12 meses, la UE se ha marcado cuatro objetivos fundamentales con el fin de generar oportunidades y garantizar que todas
las políticas comunitarias tengan en cuenta las cuestiones relativas a la juventud. Esos objetivos son:
- Poner de relieve la manera en que las transiciones ecológica y digital ofrecen oportunidades a los jóvenes;
- Ayudar a los y las jóvenes a convertirse en ciudadanía activa v comorometida.
- Alentar una perspectiva para los y las jóvenes en las políticas de la Unión.
Por lo anteriormente expuesto, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno insta al Gobierno, en colaboración con las Comunidades Autónomas y Entidades Locales a:
1. Establecer marcos de participación destinados a cristalizar en España los objetivos marcados con motivo del Año Europeo de la Juventud.
2. Contemplar inversiones para que puedan implementarse en España todos aquellos programas y acciones que se contemplen desde la Unión dentro del Año Europeo de la Juventud, con especial atención al proyecto ALMA, uno de los programas que
la Unión pondrá en marcha en los próximos meses para favorecer la movilidad transfronteriza entre los jóvenes con discapacidad.
3. Instar a la juventud, a través de campañas públicas de información del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, a participar en la Conferencia sobre el Futuro de Europa para que puedan expresar sus opiniones acerca de lo que
esperan de la Unión en el corto, medio y largo plazo.
4. Promover medidas dentro del Plan de Garantía Juvenil Plus 2021-2027 con el fin de seguir reduciendo la tasa de desempleo entre la juventud de nuestro país.
5. Impulsar la actividad de la Agencia Nacional Española, como responsable en España de la gestión del Cuerpo Europeo de Solidaridad (CES) para dar cumplimiento a los objetivos marcados para el periodo 2021-2027, entre ellos el apoyo a las
prioridades generales de la UE, prestando especial atención a la promoción de la inclusión y diversidad, a la sostenibilidad y cuidado medioambiental, la transición digital y la mejorar la participación de los y las jóvenes en la sociedad.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de abril de 2022.-Omar Anguita Pérez, Diputado.-Susana Ros Martínez y Rafaela Crespín Rubio, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.
161/004148
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para garantizar el acceso al sistema de ayudas al estudio del
alumnado matriculado en el primer ciclo de la etapa de Educación Infantil, para su debate en la Comisión de Derechos de la Infancia y la Adolescencia.
Exposición de motivos
El pasado 30 de junio se publicó en el Boletín Oficial del Estado el Real Decreto 471/2021, de 29 de junio, por el que se establecen los umbrales de renta y patrimonio familiar y las cuantías de las becas y ayudas al estudio para el curso
2021-2022, y se modifica parcialmente el Real Decreto 1721/2007, de 21 de diciembre, por el que se establece el régimen de las becas y ayudas al estudio personalizadas.
A pesar de que las modificaciones reglamentarias introducidas en los últimos años y el incremento de los fondos destinados a ayudas al estudio previsto en los Presupuestos Generales para el año 2022 deben valorarse de manera positiva,
nuestro sistema sigue teniendo mucho camino por recorrer a la hora de garantizar la equidad y la igualdad de oportunidades en el ámbito educativo.
La Educación Infantil, según el artículo 12.1 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, constituye una etapa educativa con identidad propia que atiende a niños y niñas desde el nacimiento hasta los 6 años de edad. Tiene
carácter voluntario y su finalidad es la de contribuir al desarrollo físico, afectivo, social, cognitivo y artístico del alumnado, así como la educación en valores cívicos para la convivencia.
Dentro de este período, el primer ciclo de Educación Infantil, destinado a la atención social y educativa de los niños y niñas menores de 3 años, reviste una importancia fundamental en los primeros años de vida, base e inicio de todo el
proceso educativo. Además, el primer ciclo de Educación Infantil constituye un elemento básico para eliminar las diferencias culturales y las desventajas iniciales del niño o niña socialmente desfavorecido, potenciando la igualdad de oportunidades
educativas y la socialización, del mismo modo que se erige en factor esencial en la prevención de las dificultades de aprendizaje y del fracaso escolar, que se manifiestan con más claridad en las etapas educativas posteriores.
Sin embargo, el Estado no reconoce la posibilidad de convocar ayudas y subsidios al estudio para el alumnado que cursa el primer ciclo de Educación Infantil. Esta situación carece de sentido en la medida en que existe un amplio consenso
político para incrementar el porcentaje de estudiantes matriculados en este ciclo educativo como herramienta para reducir los elevados porcentajes de fracaso escolar en España, especialmente entre el alumnado que proviene de contextos económicos más
desfavorecidos.
El Consejo Escolar del Estado, a través de su último dictamen sobre el Real Decreto, por el que se establecen los umbrales de renta y patrimonio familiar y las cuantías de las becas y ayudas al estudio para el curso 2021-2022 y se modifica
parcialmente el Real Decreto 1721/2007, de 21 de diciembre, por el que se establece el régimen de las becas y ayudas al estudio personalizadas, propuso al Gobierno de España
posibilitar el acceso a las ayudas para el material escolar para el alumnado con discapacidad que precisara materiales adaptados y ayudas técnicas para el proceso de enseñanza/aprendizaje.
Sin embargo, esta propuesta fue desechada por el Ministerio de Educación y Formación Profesional, que no incluyo a estos alumnos como sujetos con posibilidad de beneficiarse de estas ayudas a pesar de los enormes costes complementarios que
asumen estas familias para garantizar la igualdad de oportunidades en el aprendizaje durante este ciclo educativo.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a reconocer el derecho a acceder a ayudas para material escolar al alumnado con necesidades educativas especiales derivadas de discapacidad o trastorno del espectro autista
matriculado en el primer ciclo de Educación Infantil que precise de materiales adaptados y ayudas técnicas para el proceso de enseñanza/aprendizaje.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de mayo de 2022.-Sara Giménez Giménez, Diputada.-Edmundo Bal Francés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Comisión sobre Seguridad Vial
161/004145
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre modificación Reglamento General de Circulación en relación a la reforma de la
señal de los semáforos reservados para peatones, y la sustitución del término minusválido, por persona en situación de discapacidad, para su debate en la Comisión sobre Seguridad Vial.
Exposición de motivos
El artículo 145 del Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Circulación para la aplicación y desarrollo del texto articulado de la Ley sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y
seguridad vial, aprobado por el Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, bajo la rúbrica Semáforos reservados para peatones, establece lo siguiente: El significado de las luces de estos semáforos es el siguiente:
a) Una luz roja no intermitente, en forma de peatón inmóvil, indica a los peatones que no deben comenzar a cruzar la calzada.
b) Una luz verde no intermitente, en forma de peatón en marcha, indica a los peatones que pueden comenzar a atravesar la calzada. Cuando dicha luz pase a intermitente, significa que el tiempo de que aún disponen para terminar de atravesar
la calzada está a punto de finalizar y que se va a encender la luz roja.
En el año 2017, el Ayuntamiento de Madrid, introdujo nuevos dibujos en las lentes de los semáforos para peatones en determinadas zonas de la capital, nuevos dibujos para los peatones que representan una pareja de un hombre y una mujer
parados, dos hombres de la mano, parados y en actitud de caminar y dos mujeres también en ambas posiciones. Se trata de una representación inclusiva y no discriminatoria, pero que no está de acuerdo con las previsiones del Reglamento General de
Circulación.
Si bien estos cambios vienen siguiendo lo realizado en otras ciudades como Londres o Viena se considera adecuado que se proceda a la reforma del artículo 145 antes citado para dar cobertura a estos cambios más respetuosos con las mujeres y
de los colectivos LGTBI.
De otra parte, la Ley 8/2021, de 2 de junio, por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica, dio un paso decisivo en la adecuación de nuestro
ordenamiento jurídico a la Convención internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad, hecha en Nueva York el 13 de diciembre de 2006, la cual tiene entre otras
finalidades, promover el respeto de su dignidad inherente a todas las personas con discapacidad, entre cuyas medidas está, erradicar términos como disminuidos o minusválidos.
El lenguaje no solo nos define, también crea la realidad. La discapacidad es una circunstancia o estado de la persona. Por ello, parece lo acertado usar los términos personas con discapacidad en lugar de disminuido, minusválido o
discapacitado. Lo aconsejable y respetuoso con los derechos de las personas en situación de discapacidad, es usar el vocablo discapacitado/discapacitada como un adjetivo, y no como un sustantivo.
Es por ello que deben reformarse los artículos el Reglamento General de Circulación, 94 y 173, sustituyendo el término minusválidos, por personas con discapacidad.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Proceder a la modificación del artículo 145 del Reglamento general de circulación para dar cobertura legal a unos cambios más respetuosos con las mujeres y los colectivos LGTBI.
2. Sustituir en el término 'minusválido', por 'persona con discapacidad', siendo con ello más respetuosos con la dignidad inherente a todas las personas con discapacidad.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de mayo de 2022.-Manuel Arribas Maroto, Maribel García López, Juan Francisco Serrano Martínez, Adolfo Pérez Abellás, José Carlos Díaz Rodríguez, Natividad González Laso, Rafael José Vélez, Ignacio
López Cano, José Ramón Ortega Domínguez, Joan Ruiz i Carbonell, Alfredo Sancho Guardia, Daniel Senderos Oraá y David Serrada Pariente, Diputados.-Isaura Leal Fernández y Rafaela Crespín Rubio, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL
La Mesa de la Cámara en su reunión del día de hoy ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 189 del Reglamento, las siguientes preguntas orales al Gobierno en Comisión, disponer su conocimiento por las Comisiones que se indican,
dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de mayo de 2022.-P.A. El Secretario General Adjunto para Asuntos Parlamentarios del Congreso de los Diputados, José Antonio Moreno Ara.
Comisión de Hacienda y Función Pública
181/001821
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Diputado don Víctor Valentín Píriz Maya.
Texto:
¿Cómo afecta la inflación a la previsión de ingresos de la AEAT?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de mayo de 2022.-Víctor Valentín Píriz Maya, Diputado.
181/001822
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Diputado don Víctor Valentín Píriz Maya.
Texto:
¿Va a actualizar la DG de Ingresos su precisión de ingresos por impuestos en 2022 a cuenta de la inflación?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de mayo de 2022.-Víctor Valentín Píriz Maya, Diputado.
Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana
181/001812
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Diputado don Celso Luis Delgado Arce.
Texto:
¿Está dispuesto el Gobierno de España a formalizar un acuerdo internacional con el Gobierno de Portugal para prolongar la autovía AG-31 desde Celanova (Ourense) hasta la frontera lusa?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de mayo de 2022.-Celso Luis Delgado Arce, Diputado.
181/001820
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Diputado don Celso Luis Delgado Arce.
Texto:
¿Está dispuesto el MITMA a convocar a la mayor brevedad una reunión de la Comisión de Seguimiento del 'Convenio Marco de Colaboración suscrito el 22 de junio de 2016 entre el Ministerio de Fomento, la Xunta de Galicia, el Concello de Ourense
y ADIF-AV para el desarrollo de la futura estación intermodal de Ourense', para abordar principalmente todo lo referente a las actuaciones conveniadas, así como lo relativo a otras actuaciones urbanas no contempladas en el estudio informativo pero
que si fueron en su día objeto de valoración?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de mayo de 2022.-Celso Luis Delgado Arce, Diputado.
Comisión de sobre Seguridad Vial
181/001811
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Diputados doña Patricia Rueda Perelló, don Francisco José Alcaraz Martos, don Julio Utrilla Cano, don Víctor Manuel Sánchez Del Real, don Rafael Fernández-Lomana Gutiérrez y don Luis Gestoso de Miguel, Diputados del Grupo Parlamentario VOX.
Dirigida al Ministro del Interior.
Texto:
¿De qué manera se protege jurídicamente y se custodian los bienes que componen el inmovilizado de la Jefatura Central de Tráfico cuando, según se apunta en la auditoría de las cuentas anuales de 2020 de este organismo, el 61,73% del activo
no cuenta con un soporte documental?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de abril de 2022.-Patricia Rueda Perelló, Francisco José Alcaraz Martos, Víctor Manuel Sánchez del Real, Julio Utrilla Cano, Rafael Fernández-Lomana Gutiérrez y Luis Gestoso de Miguel, Diputados.
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ESCRITA
La Presidencia de la Cámara, a solicitud de sus autores, ha acordado tener por convertidas en preguntas con respuesta oral en Comisión y trasladar, a los efectos del artículo 190.2 del Reglamento, a las Comisiones que se indican, las
preguntas al Gobierno con respuesta escrita que a continuación se relacionan, así como comunicarlo a las Comisiones correspondientes, al Gobierno y a los Sres. Diputados preguntantes y su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de mayo de 2022.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación
Núm. expte.: 184/082682.
Núm. registro: 203836.
Autor iniciativa: Rego Candamil, Néstor (GPlu).
Objeto iniciativa: Apoyo del Gobierno a la flota arrastrera y de fondo de Galicia.
Publicación: 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 434, de 6 de abril de 2022.
Nuevo número asignado a la iniciativa tras la conversión: 181/001815.
Comisión de Defensa
Núm. expte.: 184/083478.
Núm. registro: 205848.
Autor iniciativa: Martínez Ferro, María Valentina (GP) Hispán Iglesias de Ussel, Pablo (GP).
Objeto iniciativa: Presupuesto y fecha de envío de material militar a Ucrania anunciado por el Presidente del Gobierno durante su intervención en la cumbre extraordinaria de la OTAN.
Publicación: 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 434, de 6 de abril de 2022.
Nuevo número asignado a la iniciativa tras la conversión: 181/001819.
Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones
Núm. expte.: 184/083470.
Núm. registro: 205840.
Autor iniciativa: Martínez Ferro, María Valentina (GP) Hispán Iglesias de Ussel, Pablo (GP).
Objeto iniciativa: Gestión de los trámites de acogida de los refugiados ucranianos.
Publicación: 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 434, de 6 de abril de 2022.
Nuevo número asignado a la iniciativa tras la conversión: 181/001818.
Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico
Núm. expte.: 184/082670.
Núm. registro: 203818.
Autor iniciativa: Rego Candamil, Néstor (GPlu).
Objeto iniciativa: Proyecto del Parque Eólico Brancellao.
Publicación: 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 434, de 6 de abril de 2022.
Nuevo número asignado a la iniciativa tras la conversión: 181/001816.
Núm. expte.: 184/082517.
Núm. registro: 203580.
Autor iniciativa: Rego Candamil, Néstor (GPlu).
Objeto iniciativa: Autorización del Parque Eólico Caíño por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
Publicación: 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 434, de 6 de abril de 2022.
Nuevo número asignado a la iniciativa tras la conversión: 181/001817.