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BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 453, de 13/05/2022
cve: BOCG-14-D-453
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BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
XIV LEGISLATURA
Serie D: GENERAL
13 de mayo de 2022
Núm. 453
ÍNDICE
Control de la acción del Gobierno
PROPOSICIONES NO DE LEY
Pleno
162/001020 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa a mostrar el apoyo de la Cámara a las funciones ejercidas por el personal del Centro Nacional de Inteligencia y rechazar las acusaciones de los
grupos separatistas ... (Página3)
162/001021 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la celebración del Año Europeo de la Juventud ... (Página5)
162/001022 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre la necesidad de salvaguardar el buen nombre de los trabajadores públicos en los servicios de inteligencia de nuestra democracia ...
162/001023 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plural, relativa a impulsar las reformas necesarias para hacer frente al fenómeno de la multirreincidencia en los delitos de hurto de carácter leve ...
162/001024 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plural, sobre la creación de una red ecológica marina en el litoral de la provincia de Málaga para la conservación de la biodiversidad y el turismo sostenible ...
162/001025 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, para impulsar la diplomacia científica y tecnológica bilateral con el Reino Unido ... (Página12)
Competencias en relación con otros órganos e instituciones
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
232/000050 Encabezamiento y acuerdo del Auto dictado en el recurso de inconstitucionalidad número 1975/2021, promovido por el Presidente del Gobierno, contra el apartado 5 del artículo único de la Ley de la Comunidad Autónoma de Galicia
8/2021, de 25 de febrero, de modificación de la Ley 8/2008, de 10 de julio, de salud de Galicia, en cuanto da nueva redacción al artículo 38.2 de la ley modificada ... (Página14)
Otros textos
INICIATIVA LEGISLATIVA POPULAR
120/000013 Proposición de Ley sobre dación en pago. Caducidad de la iniciativa ... (Página15)
120/000015 Proposición de Ley de modificación del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias y
de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y del comercio electrónico.
Caducidad de la iniciativa ... (Página15)
120/000016 Proposición de Ley por la que se regula el régimen de concesión de la mención de 'Matrícula de Honor' a los estudiantes de segundo curso de Bachillerato y de titulaciones universitarias.
Caducidad de la iniciativa ... (Página16)
CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PROPOSICIONES NO DE LEY
Pleno
La Mesa de la Cámara en su reunión del día de hoy ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 194 del Reglamento, las siguientes Proposiciones no de Ley y considerando que solicitan el debate de las iniciativas ante el Pleno de la
Cámara, disponer su conocimiento por éste, dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de mayo de 2022.-P.A. El Secretario General Adjunto para Asuntos Parlamentarios del Congreso de los Diputados, José Antonio Moreno Ara.
162/001020
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para mostrar el apoyo de la Cámara a las
funciones ejercidas por el personal del Centro Nacional de Inteligencia y rechazar las acusaciones de los grupos separatistas, para su debate en Pleno.
Exposición de motivos
Es conocido que todas las democracias occidentales disponen de servicios de Inteligencia, que, de acuerdo con la legalidad y al respeto al Estado de Derecho, llevan a cabo actuaciones de suma importancia para el Estado al que sirven. En el
caso de España, el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) lo componen servidores públicos anónimos, con enorme sacrificio personal y comprometiendo en numerosas ocasiones su seguridad y sus vidas. Una tarea noble por la que, además, no pueden ser
públicamente reconocidos por el Estado democrático al que entregan su tiempo, esfuerzo y parte importante de sus vidas.
En los últimos días, las fuerzas separatistas, nacionalistas y populistas de este país han dado alas a una campaña de calumnias contra el CNI y los funcionarios que lo integran, presumiendo hechos delictivos sin pruebas por parte de los
servicios de Inteligencia españoles en un intento de desacreditar su labor democrática dentro y fuera de España. Unos insultos, en definitiva, infundados que sólo buscan debilitar el nombre de nuestro Estado de Derecho. Sin embargo, lo grave del
asunto no sólo tiene que ver con las descontadas afrentas del nacionalismo -y lamentablemente del populismo que hoy integra el Ejecutivo de coalición-, sino sobre todo con la respuesta del Gobierno de España, que lejos de cerrar filas con nuestros
servidores públicos, ha consistido en dar credibilidad a las acusaciones infundadas de los que hoy son sus socios de gobierno y parlamentarios -separatistas, nacionalistas y populistas-.
No se explica de ninguna otra forma, si no, que el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, acudiese a verse con su consejera homóloga en la Generalitat de Cataluña, para ofrecerle 'investigaciones internas' en el CNI, así como a dar por
buenos los argumentos expuestos por una campaña separatista. Lo que debería esperarse del Gobierno de la Nación sería (a) una defensa de la honorabilidad de nuestros servidores públicos a quienes se les acusa de delinquir sin una sola prueba por
parte de quienes sí acostumbran a saltarse la legalidad vigente, (b) una defensa de la democracia y el Estado de derecho españoles y (c), el pertinente recordatorio de que un Estado tiene el deber y el derecho de defenderse democrática y legalmente
de quienes le atacan. En lugar de eso, nos encontramos con que el propio
gobierno de España presume culpables de delito a sus servidores públicos y, no contentos con ello, premian a quienes denuestan a la democracia española (ERC, Bildu, Junts, la CUP) con un puesto en la Comisión de Secretos Oficiales.
Es decir: las acusaciones de los separatistas han convencido al Gobierno, que a su vez ha utilizado a la presidencia del Congreso para forzar un cambio inadmisible y antidemocrático en la forma de elección de los miembros, permitiendo así
la entrada de los independentistas en esta Comisión, y poniendo en duda la legalidad de los trabajos del CNI.
En definitiva, todo un despropósito por parte del Gobierno de España ante el que presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no ha puesto pie en pared sino que, lejos de ello se enorgulleció de haber abierto 'un control interno en el propio
CNI', asumiendo esa presunción de culpabilidad a nuestros servidores públicos, y sacó pecho de haber 'desbloqueado' una Comisión de Secretos Oficiales del Estado, en la que han reservado silla a quienes manifiestan a diario su voluntad de debilitar
al Estado.
En este contexto, sólo la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha sido la voz del Gobierno que ha contestado con la firmeza y la contundencia que cabe esperar de los representantes del Estado, inquiriendo a los independentistas que,
ufanos, atacaban el pasado miércoles en la sesión de control a nuestros servidores públicos. La titular de Defensa manifestó, preguntándose, 'qué tiene que hacer' un Estado o un Gobierno cuando se vulnera la Constitución, cuando alguien declara la
independencia, corta las vías públicas o 'está teniendo relaciones con dirigentes políticos de un país que está invadiendo Ucrania'. Unas declaraciones de sentido común que no han recabado el apoyo necesario y esperable del conjunto del Ejecutivo.
Sus palabras han sido las únicas coherentes en este marco de inestabilidad que han generado los grupos independentistas con sus mensajes de ataque a la incuestionable labor del Centro Nacional de Inteligencia y de todos sus trabajadores. Es
evidente que sus intenciones pasan por desprestigiar los organismos públicos. En consecuencia, no podemos permitir que las materias tratadas en la Comisión de Secretos Oficiales, de un alto contenido sensible, que afectan a la seguridad nacional y
que podrían poner en peligro la seguridad de determinadas personas o incluso revelar la identidad de los miembros del CNI, se pongan en manos de intereses torticeros. Por ello, en este tipo de materias con contenido tan delicado debería primar por
encima de todo la seguridad, limitándose por ello el conocimiento de aquellos grupos que precisamente pueden usar este acceso en su favor y perjudicar la seguridad jurídica a la que esta información debería estar sometida.
Por todo ello, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso manifiesta su apoyo a los trabajadores públicos del CNI y a su actuación democrática dentro del Estado de Derecho y rechaza los ataques injustificados contra los servidores públicos, proferidos por grupos parlamentarias de esta
Cámara. Y por todo ello, insta al Gobierno de España a:
1. Desautorizar con firmeza las acusaciones contra los servidores públicos del CNI, cuando no existen pruebas ni indicios de irregularidad alguna, y salvaguardar su buen nombre y el de nuestra democracia frente a la campaña de acoso y
derribo del nacionalismo y el populismo.
2. Respaldar públicamente y en nombre de todo el Gobierno las acertadas palabras de la Ministra de Defensa reivindicando la legitimidad del Estado de Derecho para defenderse.
3. Defender la labor del CNI dentro de la legalidad y ampare los secretos del Estado, evitando desclasificaciones masivas e impidiendo que lleguen a conocimiento de grupos políticos separatistas.
4. Comprometerse de manera unánime a no dar credibilidad a las acusaciones de fuerzas políticas que cuestionan nuestra democracia, y a revertir las cesiones que se han hecho como la modificación de las mayorías de la Comisión de Secretos
Oficiales o el anuncio de una investigación interna en el CNI.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de abril de 2022.-Inés Arrimadas García y Edmundo Bal Francés, Portavoces del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
162/001021
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la celebración del Año Europeo de la Juventud, para su debate en Pleno.
Exposición de motivos
Reconocer el papel de los jóvenes como elemento vertebrador de los valores europeos siempre ha estado entre las prioridades de la Unión Europea. Su implicación y participación en los procesos de toma de decisiones es de vital importancia
para que el proyecto comunitario siga creciendo y para que la Unión siga siendo un agente internacional de primer orden.
Un año antes de que se declarase la pandemia provocada por la COVID-19, se ponía en marcha la Estrategia de la UE para la juventud para el periodo 2019-2027. Se trata de una hoja de ruta diseñada para explotar al máximo el potencial de las
políticas de juventud, impulsando la participación de los y las jóvenes en la vida democrática, apoyando el compromiso social y cívico y tratando de garantizar que la juventud cuente con los recursos necesarios para participar activamente en la
sociedad.
La Estrategia se concreta en once metas, que fueron definidas con la información recogida entre jóvenes europeos entre 2017 y 2018, siendo España uno de los países con más participación junto a Grecia e Italia. Esas once metas son:
1. Conectar la UE con los jóvenes.
2. Igualdad entre mujeres y hombres.
3. Sociedades inclusivas.
4. Información y diálogo constructivo.
5. Salud mental y bienestar.
6. Impulsar a la juventud rural.
7. Empleo de calidad para todos y todas.
8. Aprendizaje de calidad.
9. Espacios y participación para todos y todas.
10. Una Europa verde y sostenible.
11. Programas europeos y organizaciones juveniles.
Pero cuando la Estrategia apenas había echado a andar, el virus SARS-CoV2 se extendió por todo el planeta obligando a detener todas aquellas actividades no esenciales con el fin de contener su propagación y efectos. La realidad que trajo la
pandemia ha tenido efectos devastadores entre todas las franjas de edad, pero lo ha hecho significativamente más sobre los mayores y la población más joven.
Entre las primeras medidas que se adoptaron para combatir al virus estuvo la de cerrar las instituciones educativas a todos los niveles, privando a los y las más jóvenes de sus relaciones sociales e instalando una enseñanza en línea. La
premura con la que hubo que adoptar tras drástica medida hizo que se reforzaran las desigualdades existentes en la sociedad y, por consiguiente, en la educación.
Según el estudio Education and youth in post-COVID-19 Europe de manera significativa se vio afectada la Formación Profesional, por su vinculación al aprendizaje práctico y que fue sustituido por una educación teórica que, evidentemente, no
proporciona el mismo nivel de desarrollo de habilidades. En el ámbito universitario, el impacto del cierre fue menor debido al nivel de independencia de los estudiantes y la integración existente las TIC en el sistema, aunque sí se vieron afectados
programas de movilidad de estudiantes tan importantes en el ámbito europeo como el ERASMUS+.
Entre las conclusiones que propone el estudio para fomentar una mayor resiliencia en el sector de la educación y la juventud en Europa, destacan el apoyo a la toma de decisiones en sinergia con medidas nacionales; el apoyo a la mejora de la
calidad y accesibilidad de la educación independientemente del contexto en el que se encuentre proporcionada; el desarrollo de estrategias que se traduzcan en un apoyo a estudiantes y jóvenes en diferentes formatos de aprendizaje; el fomento de la
digitalización en sectores relacionados con la educación y la juventud; y la mejora de la inclusión y la flexibilidad de los programas de financiación de la UE en el ámbito de la educación y los jóvenes y su capacidad de respuesta a futuras crisis.
Pero no solo se han visto perjudicados en lo educativo, también su salud mental se ha visto afectada por el aislamiento y el distanciamiento social que debieron aplicarse para frenar la expansión del virus. Según el informe Salud Mental y
COVID-19 elaborado por la Confederación Salud Mental de España, son los jóvenes de entre 18 y 34 años quienes más han frecuentado los servicios de salud mental, han tenido más ataques de ansiedad, más síntomas de tristeza y han sido las personas que
más han modificado su vida habitual.
En el marco del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, la Unión Europea contempla que los Estados miembros pueden incluir medidas para combatir los problemas de salud mental en sus planes de recuperación y resiliencia. Los planes
presentados y aprobados abarcan una amplia gama de reformas e inversiones centradas en reforzar la eficacia de los sistemas sanitarios, aumentar su calidad y hacerlos más resilientes, en consonancia con las recomendaciones específicas por países.
La sexta palanca del Plan de Transformación, Recuperación y Resiliencia de nuestro país, 'Pacto por la ciencia y la innovación. Refuerzo a las capacidades del Sistema Nacional de Salud', en su componente 18, hace referencia a la renovación
y ampliación de las capacidades del Sistema Nacional de Salud. Se concreta en acciones para reforzar la prevención y promoción de la salud, centradas especialmente en la promoción de estilos de vida y entornos saludables dado que la mayor parte de
las enfermedades tienen factores de riesgo comunes sobre los que debe actuarse preventivamente. Menciona expresamente la falta de bienestar emocional.
La COVID-19 tuvo también una incidencia muy importante en la ocupación de los jóvenes. La tasa de desempleo de los jóvenes europeos aumentó del 11,9% en 2019 al 13,3% en 2020. En España, la sensibilidad del Gobierno con respecto al
desempleo juvenil llevó a apoyar en junio del pasado año el Plan Garantía Juvenil Plus, dotado con más de 4.000 millones de euros. Sus efectos se han observado con el paso de los meses: mientras en junio de 2021 la tasa de desempleo en menores de
25 años se situaba en el 36.4%, en noviembre de 2021 se encontraba ya en el 29,2%.
Ya en 2021, consciente de toda esta realidad padecida por los y las jóvenes a consecuencia de la pandemia, los dirigentes de la UE reafirmaron en la Declaración de Oporto su compromiso de trabajar en pro de una Europa más social. Entre los
acuerdos recogidos, figuran el de dar prioridad al apoyo a la juventud abordando las repercusiones de la crisis de la COVID-19 en su carrera profesional y en su plan de educación y formación y garantizando que se conviertan en la fuerza motriz de
una recuperación ecológica y digital inclusiva.
El compromiso ha quedado plasmado con la declaración del año 2022 como el Año Europeo de la Juventud. Para los próximos 12 meses, la UE se ha marcado cuatro objetivos fundamentales con el fin de generar oportunidades y garantizar que todas
las políticas comunitarias tengan en cuenta las cuestiones relativas a la juventud. Esos objetivos son:
- Poner de relieve la manera en que las transiciones ecológica y digital ofrecen oportunidades a los jóvenes.
- Ayudar a los y las jóvenes a convertirse en ciudadanía activa y comprometida.
- Fomentar las oportunidades a disposición de la juventud.
- Alentar una perspectiva para los y las jóvenes en las políticas de la Unión.
Por lo anteriormente expuesto, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno, en colaboración con las Comunidades Autónomas y Entidades Locales a:
1. Establecer marcos de participación destinados a cristalizar en España los objetivos marcados con motivo del Año Europeo de la Juventud.
2. Contemplar inversiones para que puedan implementarse en España todos aquellos programas y acciones que se contemplen desde la Unión dentro del Año Europeo de la Juventud, con especial atención al proyecto ALMA, uno de los programas que
la Unión pondrá en marcha en los próximos meses para favorecer la movilidad transfronteriza entre los jóvenes con discapacidad.
3. Instar a la juventud, a través de campañas públicas de información del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, a participar en la Conferencia sobre el Futuro de Europa para que puedan expresar sus opiniones acerca de lo que
esperan de la Unión en el corto, medio y largo plazo.
4. Promover medidas dentro del Plan de Garantía Juvenil Plus 2021-2027 con el fin de seguir reduciendo la tasa de desempleo entre la juventud de nuestro país.
5. Impulsar la actividad de la Agencia Nacional Española, como responsable en España de la gestión del Cuerpo Europeo de Solidaridad (CES) para dar cumplimiento a los objetivos marcados para el periodo 2021-2027, entre ellos el apoyo a las
prioridades generales de la UE, prestando especial atención a la promoción de la inclusión y diversidad, a la sostenibilidad y cuidado medioambiental, la transición digital y la mejorar la participación de los y las jóvenes en la sociedad.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de abril de 2022.-Omar Anguita Pérez, Diputado.-Susana Ros Martínez y Rafaela Crespín Rubio, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.
162/001022
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la necesidad de salvaguardar el buen nombre de los trabajadores
públicos en los servicios de inteligencia de nuestra democracia, para su debate en el Pleno.
Exposición de motivos
Este mismo lunes, el Gobierno de España convocaba una rueda de prensa extraordinaria para denunciar una serie de hechos ocurridos los pasados meses de mayo y junio de 2021, de los que hasta hoy no se tenían conocimiento. Dichos hechos
constituirían, atendiendo a las explicaciones del Ejecutivo en rueda de prensa, la infección del móvil del presidente del Gobierno y de la ministra de Defensa 'por un ataque externo e ilícito'. Concretamente, los teléfonos de ambos habrían sido
infectados por el software espía Pegasus en 2021 en los meses citados.
Estas informaciones no pueden interpretarse al margen de la campaña orquestada por las formaciones políticas independentistas que no ha buscado, desde su inicio, otra cosa que la deslegitimación de los servicios de Inteligencia de la
democracia española, basada en lanzar acusaciones sin pruebas ni indicio judiciales contra servidores públicos españoles, a quienes atribuyen conductas ilegales e ilícitas de 'espionaje'. Cuando se desató la campaña, hace algo más de una semana, el
Gobierno de España, lejos de cerrar filas con la honorabilidad de los servicios de Inteligencia democráticos, abrió 'un control interno en el propio CNI', del que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se enorgullecía el pasado miércoles en la
sesión de control en el Congreso, asumiendo esa presunción de culpabilidad a nuestros servidores públicos.
A raíz de lo expuesto hoy por el propio Gobierno de España en rueda de prensa, la reacción inicial del Ejecutivo resulta todavía más inadecuada y reprobable, pues, atendiendo a las palabras del ministro de Presidencia, Félix Bolaños, quien
ha afirmado hoy que hace meses que el Gobierno viene 'tomando medidas' en materia de seguridad para evitar este tipo de intrusiones. Baste recordar que, ante las acusaciones separatistas, la reacción del propio Bolaños fue la de acudir a verse con
su consejera homóloga en la Generalitat de Cataluña, para ofrecerle 'investigaciones internas' en el CNI, así como a dar por buenos los argumentos expuestos por una campaña separatista.
Sin embargo, hoy nos encontramos con la confirmación por parte del Ejecutivo de que ese mismo software habría infectado teléfonos móviles de los máximos responsables del Gobierno de la Nación, así como con la voluntad del mismo de acudir a
los tribunales. Si, como esgrime el propio Bolaños, hacía tiempo que el Gobierno sospechaba de estas 'intrusiones', ¿por qué sabiéndolo decidieron humillar al CNI y a sus trabajadores forzando una investigación interna, llevando su labor al
Defensor del Pueblo presumiendo actividad ilícita, y dando la razón al nacionalismo que acusa sin pruebas? Si, como ha manifestado el Gobierno, han puesto los hechos en conocimiento de la Justicia, ¿por qué no recomendaron lo propio a los líderes
separatista que denunciaban lo mismo y en su lugar decidieron darles credibilidad a costa del buen nombre del CNI?
Lo que debería esperarse desde el primer minuto por parte del Gobierno de la Nación sería (a) una defensa de la honorabilidad de nuestros servidores públicos a quienes se les acusa de delinquir sin una sola prueba por parte de quienes sí
acostumbran a saltarse la legalidad vigente, (b) una defensa de la
democracia y el Estado de derecho españoles y (c), el pertinente recordatorio de que un Estado tiene el deber y el derecho de defenderse democrática y legalmente de quienes le atacan. Más aún, sabiendo como ya sabía el Gobierno de estas
intrusiones que vienen a desmontar el mantra del separatismo de un espionaje por motivos ideológicos urdido y perpetrado por el Gobierno de España.
Acusar a los servidores públicos españoles de actuar contra la legalidad es un hecho gravísimo, y la circunstancia de que el Gobierno de España haya legitimado esas acusaciones aún conociendo la falsedad de las mismas, requiere una disculpa
por parte del Ejecutivo.
Proposición no de Ley
'Por todo lo anterior, el Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a resarcir el buen nombre de los servicios de Inteligencia de la democracia española y de los servidores públicos del CNI mediante una disculpa con los mismos,
cuando no existiendo pruebas ni indicios de irregularidad alguna sobre su conducta, se han visto sometidos a una campaña de acoso y derribo por parte del nacionalismo a la que el propio Gobierno ha dado crédito.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de mayo de 2022.-Edmundo Bal Francés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
162/001023
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Plural, a instancias del diputado de Junts Josep Pagès i Massó, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta para su debate ante el Pleno, una Proposición no de Ley
para impulsar las reformas necesarias para hacer frente al fenómeno de la multirreincidencia en los delitos de hurto de carácter leve.
Exposición de motivos
I
La ciudadanía de las grandes ciudades y de los entornos metropolitanos valora la inseguridad como uno de sus principales problemas, si no el principal. A modo de ejemplo, el 20,8% de la ciudadanía de Barcelona considera la inseguridad como
el principal problema de la ciudad, ostentando la primera posición de forma sostenida desde diciembre de 2018. A pesar de que la situación de pandemia ha supuesto durante unos meses un decremento de los hechos delictivos, la recuperación de la
normalidad postpandemia está conllevando un progresivo aumento de los mismos y, en concreto, los hurtos practicados por delincuentes multirreincidentes han consolidado su posición como principal hecho delictivo en la ciudad.
Si a esto se le suma la tendencia de que dichos hurtos se están cada vez más transformando en robos con violencia e intimidación, es fácilmente comprensible que la alarma social se haya disparado. A modo de ejemplo, a principios de este
año, en la ciudad de Barcelona se llevó a cabo una operación conjunta entre el Área de seguridad del Transporte Metropolitano y los Grupos de Delincuencia Urbana de Barcelona en la que se detuvieron 14 personas que acumulaban 154 antecedentes y se
denunciaron 14 personas más con 163 antecedentes. A los pocos días los Mossos d'Esquadra detuvieron en Barcelona a 5 miembros de un grupo de atracadores multirreincidentes de establecimientos comerciales que habían robado con arma de fuego en
diferentes joyerías, llegando a acumular 75.000 .
No obstante, el objeto de la presente iniciativa es la multirreincidencia en los delitos de hurto leves, un fenómeno que genera una importante alarma social por la poca efectividad de la actuación policial y judicial, y por la percepción de
impunidad de los delincuentes reincidentes que se extiende entre la población.
La multirreincidencia es, pues, un problema de seguridad objetiva, pero a su vez, también es un problema de percepción de la seguridad entre la ciudadanía. Tener los recursos necesarios, útiles y eficaces para abordarla es una prioridad
para atajar la creciente sensación de alarma social.
II
Ante esta situación, el Ayuntamiento de Barcelona ha aprobado diversas resoluciones que instan a adoptar las medidas necesarias para hacer frente al fenómeno de la multirreincidencia en los delitos de hurto. Concretamente, la Comissió de
Presidència, Drets de Ciutadania, Participació Seguretat i Prevenció del Consell Municipal de l'Ajuntament de Barcelona, el 20 de octubre pasado, aprobó por amplia mayoría una proposición del grupo municipal de Junts per Catalunya que instaba al
Gobierno del Estado español a 'presentar un proyecto de reforma del Código Penal a efectos de incluir como agravante la reincidencia o multirreincidencia y el endurecimiento de penas especialmente en la comisión de delitos leves de hurto'. Esta
proposición no se presentó aisladamente, sino después de conocerse el informe que este mismo grupo municipal había requerido al equipo de gobierno municipal sobre las reuniones mantenidas con diferentes responsables del Gobierno, como el secretario
de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, en febrero de 2020 y el ministro del interior, Fernando Grande-Marlaska, en mayo del 2021, en las que se trató el problema de la multirreincidencia y la alarma social que genera y la necesidad de que las
administraciones públicas actúen para encontrar soluciones.
III
El abordaje de la multirreincidencia requiere de una actuación desde diferentes ámbitos (legislativo, judicial, procesal, policial) con una necesaria coordinación.
Desde el Ayuntamiento Barcelona, el il-lustre Col legi de l'Advocacia de Barcelona (ICAB) y Foment del Treball se han propuesto una serie de mejoras legislativas. Entre estas, destaca la modificación del artículo 235.1.7 del Código Penal,
de forma que se posibilite integrar también la condena por delitos leves en el cómputo de condenas para apreciar la reincidencia. Esta modificación es necesaria ya que la jurisprudencia del Tribunal Supremo impide subsumir en este precepto aquellos
supuestos en que el sujeto activo del delito haya sido previamente condenado por delitos leves. También se propone la revisión y la modificación de la extensión o tipos de penas por hurtos fijados ahora en los tipos básico del artículo 234.2 (la
redacción actual prevé multa de unos tres meses), agravado del artículo 234.1 (prisión de 6 a 18 meses) y hiperagravado del artículo 235.1.7 (de un año a tres de prisión).
Es, pues, razonable que el legislador reforme la actual regulación del delito de hurto al objeto de ofrecer un nuevo tratamiento que permita una respuesta al fenómeno de la multirreincidencia en la ejecución de delitos leves. Los
delincuentes habituales, condenados por meras faltas, deben poder ser condenados como autores de un tipo castigado con penas de prisión, tal y como ya se pretendía con la reforma penal de 2015.
No obstante, esta mejora legislativa no puede hacerse al margen de la conocida jurisprudencia constitucional sobre la reincidencia. Según esta jurisprudencia, desde una consideración del Derecho penal que parte de los principios del Estado
social y democrático de Derecho, para entrar en los parámetros de la constitucionalidad, la reincidencia debe ser regulada necesariamente con cautelas en relación con los principios constitucionales referentes al elemento de la culpabilidad, sobre
todo los principios de proporcionalidad y de non bis in ídem.
Partiendo de esta jurisprudencia constitucional construida a partir de la agravante genérica de reincidencia, el Tribunal Supremo (sentencia del TS 481/2017, de 28 de junio) ha acabado por considerar que los subtipos penales hiperagravados,
en los que se produce un salto punitivo que permite al juzgador convertir una condena de pena de multa en otra de pena privativa de libertad, no tienen cobertura constitucional, por lo que la reforma penal de 2015, en relación a la
multirreincidencia en los delitos leves de hurto, ha perdido su virtualidad.
Según el Alto Tribunal, partiendo del escaso grado de ilicitud del delito leve de hurto dada la pena de multa que le asigna, su agravación hipercualificada sobre el soporte de otros delitos leves ya condenados nos sitúa en un terreno próximo
a los límites del principio de proporcionalidad de las penas. Por lo tanto, la actuación legislativa, aunque legítimamente puede emprenderse, en todo caso debe ser extraordinariamente precisa y ponderada.
Por otra parte, y de forma complementaria y/o paralela a la reforma penal, desde el Ayuntamiento de Barcelona, ICAB y Foment del Treball se han venido proponiendo también medidas de diversa índole. En primer lugar, medidas de tipo procesal
(como la creación de una Fiscalía especializada en la persecución de la multirreincidencia, la mejora de la organización del Ministerio Fiscal en los ámbitos territoriales donde sea Barcelona para abordar de forma más óptima estos delitos, así como
la creación o redimensionamiento
de Juzgados de Instrucción especializados en la seguridad ciudadana, dedicados a perseguir los delitos de hurtos y robos).
En segundo lugar, medidas para mejorar la aplicación del actual Código Penal (medidas tendentes a la mejora de la coordinación entre los diversos actores jurídicos y a la mayor utilización de los recursos punitivos existentes, como la
imposición de penas accesorias como la prohibición temporal de aproximación a los entornos donde habitualmente se desarrolla la actividad delictiva, el castigo al quebrantamiento de condena a quienes incumplan la prohibición de acercamiento o la
aplicación del agravante de grupo criminal). En tercer lugar, se han propuesto medidas de refuerzo de la actuación policial (en el caso de Barcelona, entre Mossos d'Esquadra y Guardia Urbana, con la colaboración del CNP).
Finalmente, se considera imprescindible, específicamente para el caso de la ciudad de Barcelona, que se aporten los recursos necesarios para proceder redimensionar adecuadamente el segundo Juzgado de Guardia de la ciudad de Barcelona
encargado de juzgar los delitos leves, como los hurtos, y que se valore la oportunidad de abrir un tercer Juzgado en los términos solicitados por el Departament de Justicia de la Generalitat y diversas entidades y operadores jurídicos.
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a impulsar las reformas necesarias para hacer frente al fenómeno de la multirreincidencia en los delitos de hurto, incluyendo, entre otras, la reforma del Código Penal con el objeto de que la
multirreincidencia pase a tener la condición de agravante en la condena por delitos de hurto de carácter leve.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de mayo de 2022.-Josep Pagès i Massó, Diputado.-Míriam Nogueras i Camero, Portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Plural.
162/001024
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Más País Verdes Equo, en el Grupo Parlamentario Plural, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de ley para su debate en Pleno sobre la creación de una red ecológica
marina en el litoral de la provincia de Málaga para la conservación de la biodiversidad y el turismo sostenible.
Exposición de motivos
La costa de Málaga es un entorno muy antropizado, en el que se ha perdido la mayor parte de sus ecosistemas autóctonos, muchos de ellos sepultados bajo cemento en forma de paseos marítimos o construcciones litorales. En este contexto,
cualquier 'mancha' de hábitat previo al deterioro costero, ya sean entornos dunares, playas, desembocaduras de ríos o zonas de vegetación autóctona, entre otros, deben ser protegidos y conservados con la máxima efectividad posible.
Para ello, resulta imperativo buscar nuevas fórmulas de protección del litoral, que pongan fin a este mosaico disperso de espacios naturales en toda la costa, y que apueste por una protección más amplia que dé continuidad a los entornos
naturales. Estas propuestas deben tener como prioridades: i) actuar como reservorio de la naturaleza propia de la costa de Málaga, ii) en el caso de futuras acciones de recuperación litoral, servirían como áreas de dispersión, sin olvidar la
potencialidad de generar corredores que unan estos reductos de biodiversidad autóctona y, iii) actuar como barrera ante la dispersión de especies exóticas invasoras que está ocurriendo a lo largo del litoral de Málaga (y de Andalucía).
Con estas características, la costa de Málaga podría verse beneficiada enormemente por la declaración de un Área Marina Protegida, una red ecológica que se conciba como una oportunidad para integrar iniciativas de ecoturismo litoral y
turismo sostenible. Históricamente, la costa de Málaga se ha basado en un 'turismo intensivo' de sol y playa. Estas prácticas tienen asociadas prácticas de masificación turística en hoteles, apartamentos, playas, áreas hosteleras y comerciales e
infraestructuras de transporte. Además, se vinculan a alternativas de ocio que no se corresponden a la realidad climática del entorno, siendo el caso más patente los campos de golf que proliferan en zonas con gran escasez
hídrica. Por lo tanto, es necesario que al diseñar esta red ecológica se vincule la conservación ambiental a las personas que lo habitan y a la transformación ecosocial del modelo económico y productivo. Así, se debe trabajar en un plan
integral que facilite e incentive el emprendimiento en turismo verde y azul, basado en entornos naturales desarrollados y estables. Los espacios protegidos deben actuar como generadores de beneficios, en un marco equilibrado de beneficio y
reinversión para la conservación, desarrollado por empresas comprometidas con la naturaleza y la vida de las personas.
La declaración de este Área Marina Protegida en la franja litoral malagueña facilitaría la recuperación de especies de pesca comercial, priorizaría la pesca artesanal, y por tanto sostenible, y tendría un efecto directo en la restauración de
los ecosistemas asociados y, por ende, de sus servicios ecosistémicos. Por ejemplo, la existencia de poblaciones robustas de sardinas, boquerones, etc., supondría un incremento de la predación de medusas, cuya proliferación es uno de los problemas
que más preocupan a las administraciones y empresarios locales. Serviría también para proteger y divulgar la enorme importancia ambiental, turística y económica de unas aguas que albergan una de las más importantes zonas de alimentación y migración
de cetáceos, tortugas y aves marinas del mediterráneo español, con decenas de Hábitats de Interés Comunitario. Además, esta declaración constituiría un hito histórico al ser el primer espacio natural protegido íntegramente marino que se crearía en
aguas territoriales andaluzas. Ello fomentaría el ecoturismo, por ejemplo, el ligado al avistamiento de cetáceos en unas aguas muy próximas a la costa que ya hoy son una de las mayores zonas de alimentación de diferentes especies, algunas muy
amenazadas.
El Convenio internacional sobre Diversidad Biológica de 2008 establece criterios para identificar áreas marinas de importancia ecológica y biológica (EBSA), como su singularidad y rareza, su biodiversidad, su importancia para el ciclo de
vida de las especies, la presencia de hábitats vulnerables o amenazados o su productividad biológica. En España, la figura de Área Marina Protegida, enfocada hacia el mantenimiento de la sostenibilidad de los océanos y la diversidad biológica,
aparece referida en la Ley del Patrimonio Natural y la Biodiversidad (Ley 42/2007, del 13 de diciembre) que identifica por primera vez el concepto de dichas áreas y contempla la creación de una red de áreas marinas protegidas. Posteriormente la Ley
de Protección del Medio Marino (12 de marzo de 2010) aborda nuevos aspectos de protección y gestión del mar. Uno de los elementos clave de esta ley es precisamente la creación de la red de áreas marinas protegidas. En ese marco legal, la Unión
Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) presentó al Gobierno de España en 2012 un documento técnico titulado 'Propuesta de una red representativa de áreas marinas protegidas en el mar de Alborán' que recogía una serie de espacios
marinos diseñados por organismos científicos internacionales. De él se extraen las propuestas incluidas en la presente proposición, que pretenden ser un primer paso hacia un proceso como el que dicho documento plantea que abarque el Mar de Alborán.
El elemento central de ese primer paso es la declaración de un Área Marina Protegida en el mar de Málaga, basada en los criterios existentes y en función del conocimiento del mar Mediterráneo, tanto desde el punto de vista ecológico y
socioeconómico, presiones y amenazas presentes y futuras, han propuesto sitios prioritarios con el fin de establecer una red coherente y representativa para la conservación de la biodiversidad. Integrando las zonificaciones propuestas por
organismos internacionales científicos, se ha compuesto un mapa que integra las áreas de importancia para las aves, los espacios para la conservación de los cetáceos y tortugas
Por otro lado, la conexión de Hábitats de Interés Comunitario aislados, con un alto grado de amenaza por un modelo turístico y urbanístico depredador, favorecería igualmente la ampliación de sus servicios ecosistémicos a las poblaciones del
entorno. Es el caso de las desembocaduras de los ríos Velez y Torrox, las dunas de la Carraca y Torre de Benagalbón o los acantilados del Cantal en la Axarquía, Peñón del Cuervo, Baños del Carmen, Arraijanal y Desembocadura del Guadalhorce en
Málaga y Calaburras-Calahonda, dunas de Marbella y Manilva y desembocaduras de ríos como Guadaiza, Verde o Real en la costa occidental. Algunos de esos espacios no están incluidos en la Red europea Natura 2000 (caso de la importantísima
Desembocadura del Guadalhorce), con lo cual esa sería la primera medida a promover. La conservación de espacios litorales es también una oportunidad de abrir vías de conectividad que permitan 'saltar' la barrera artificial que supone la N-340 a su
paso por Málaga. De este modo habría opciones de conectar espacios naturales del interior con los costeros, objetivo recogido en la resolución específica de la UICN (2016) sobre conectividad ecológica en el litoral norte del mar de Alborán.
Finalmente la creación de un centro de interpretación, investigación y educación ambiental en torno al turismo sostenible tendría como consecuencia la mejora del proyecto ya en estudio por el Ayuntamiento y la Diputación malagueñas para
crear un Centro de Visitantes del Corredor Verde del Guadalhorce. Los elementos que darían razón de ser al equipamiento ecoturístico serían el origen histórico de la ciudad de
Málaga a través de los yacimientos fenicios, romanos y cartagineses, el incalculable valor ambiental de la pequeña Doñana que es la desembocadura del Guadalhorce y la fragilidad de los últimos ecosistemas litorales de la costa malagueña y
del Mar de Alborán. El espacio sería un recurso de referencia internacional del turismo sostenible y centro estratégico de promoción del destino Málaga. Fomentaría la coordinación y la cooperación institucional entre Gobierno central,
Ayuntamiento, Diputación de Málaga, Junta de Andalucía, Centro del Mediterráneo de la UICN, Centro Oceanográfico de Málaga, Universidad de Málaga, Aula del Mar-Museo Alborania, Observatorio de Medio Ambiente Urbano de Málaga, empresas y organismos
de todo tipo.
Por ello, Más País Verdes Equo, en el Grupo Parlamentario Plural presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Declarar el Área Marina Protegida Mar de Málaga, en el espacio marino del Mar de Alborán frente a la costa provincial, entre Estepona y Nerja por la enorme importancia de sus aguas como hábitat de cetáceos, tortugas y aves marinas, así
como reservorio de especies de pesca comercial y área de interés científico, ecoturístico y cultural. Sería un primer paso en el proceso de creación de una red representativa de Áreas Marinas Protegidas en el Mar de Alborán, según la propuesta de
la comunidad científica recogida por la UICN en 2012.
2. Crear una red de hábitats para la conectividad de los espacios naturales protegidos y los Hábitats de Interés Comunitario del litoral terrestre de la provincia de Málaga, promoviendo además la inclusión en la Red europea Natura 2000 por
parte de la Junta de Andalucía de los que no lo están, como la Desembocadura del Guadalhorce y las Dunas de Artola.
3. Impulsar la construcción de un centro para la investigación, información y uso público y ecoturístico de la desembocadura del Guadalhorce, el litoral de la provincia de Málaga y el Mar de Alborán. Se ubicaría en el entorno litoral del
Guadalhorce como centro de interpretación, centro de investigación y centro de educación ambiental de dicho espacio, el Corredor Verde del Guadalhorce y las áreas arqueológicas del Cerro del Villar, San Julián y Arraijanal.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de abril de 2022.- Inés Sabanés Nadal, Diputada.-Íñigo Errejón Galván, Portavoz del Grupo Parlamentario Plural.
162/001025
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para impulsar la diplomacia científica y tecnológica bilateral
con el Reino Unido para su debate en el Pleno.
Exposición de motivos
La cooperación científica y tecnológica entre España y Reino Unido siempre ha gozado de buena salud. De hecho, de acuerdo con el informe Análisis de la colaboración científica entre España y Reino Unido. 2011-2020, elaborado por la
Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT), Reino Unido es el segundo país del mundo con el que más colaboración científica tiene España, sólo por detrás de Estados Unidos. Nuestro país, en cambio, es el octavo país colaborador de
Reino Unido en esta materia. Además, entre 2011 y 2020 la producción científica entre ambos países se duplicó, con una tasa de crecimiento anual del 18,2%.
Sin embargo, la decisión del Reino Unido de abandonar la Unión Europea y su salida efectiva del bloque ha afectado a esa cooperación. Según denuncia la Sociedad de Científicos Españoles en el Reino Unido (SRUK/CERU), la situación actual ha
sumido a los investigadores españoles que desarrollan su carrera en Reino Unido en un estado de incertidumbre. De acuerdo con el Acuerdo de Comercio y Cooperación firmado entre la Unión Europea y el Reino Unido para regular sus relaciones tras la
salida de este país del bloque comunitario, el Reino Unido podrá asociarse a los programas de
I+D de la Unión Europea como Horizonte Europa, Euratom, ITER y Copernicus a través de la firma y ratificación de un protocolo. Sin embargo, las diferencias entre el gobierno británico, por un lado, y la Comisión Europea y los 27 Estados
miembros de la Unión Europea, por otro, sobre el cumplimiento de lo acordado en el Acuerdo de Comercio y Cooperación y, en particular, sobre el protocolo referido a Irlanda del Norte, ha hecho encallar las negociaciones de ese instrumento que
facilitaría la cooperación científica y tecnológica.
Esto supone que muchos profesionales españoles que trabajan día a día por avanzar en el conocimiento y por defender la reputación de nuestro país en el ámbito científico a nivel internacional no puedan estar desarrollando todo su potencial y
el de sus proyectos por la falta de acceso a programas de investigación conjunta y por no poder solicitar financiación de los mismos. Todo ello pese a que tanto el gobierno británico como la Comisión Europea se han mostrado favorables de que el
Reino Unido tenga una participación activa en esos programas de I+D. Además, la situación actual ha paralizado la formación de alianzas y acuerdos de colaboración entre instituciones científicas y universidades españolas y británicas. De hecho, los
investigadores y académicos se están organizando en torno a la campaña 'Stick to Science' para pedir que se actualice este marco de cooperación con el Reino Unido y también con Suiza.
Desde el GP Ciudadanos hemos hecho de la cooperación científica y tecnológica una pieza fundamental de nuestra política exterior y de nuestra política de I+D. De hecho, en varias ocasiones hemos solicitado al Gobierno que acelere los
trámites también para firmar acuerdos de carácter bilateral con el Reino Unido sobre los ámbitos de nuestra cooperación que puedan complementar al Acuerdo de Comercio y Cooperación, incluyendo la cooperación científica y tecnológica. Por tanto, los
liberales españoles compartimos la preocupación de los investigadores españoles en Reino Unido y queremos dar certidumbre a quienes trabajan cada día por hacer avanzar la ciencia y la innovación.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Impulsar, en el seno de las instituciones de la Unión Europea, las acciones necesarias para desbloquear las negociaciones para la incorporación de Reino Unido a los programas de I+D de la Unión Europea.
2. Acelerar los procedimientos para la firma de convenios de carácter bilateral que faciliten y fomenten la cooperación científico-técnica y universitaria entre España y el Reino Unido en el nuevo contexto tras la salida de este país de la
Unión Europea.
3. Asegurar todo el apoyo institucional y administrativo necesario a los científicos y tecnólogos españoles que realizan sus tareas de investigación y desarrollan sus carreras profesionales en el Reino Unido para que no tengan que
enfrentarse a la incertidumbre actual en soledad.
4. Reforzar el Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación mediante un Plan de Atracción y Retorno del Talento Investigador con suficientes incentivos para hacer más sencillo a los científicos y tecnólogos españoles en Reino Unido su vuelta
a España, si es que así lo desean, sin sacrificar perspectivas profesionales o calidad de vida.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de mayo de 2022.-Juan Ignacio López-Bas Valero, Diputado.-Edmundo Bal Francés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
COMPETENCIAS EN RELACIÓN CON OTROS ÓRGANOS E INSTITUCIONES
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
232/00050
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(232) Recurso de inconstitucionalidad.
Autor: Tribunal Constitucional.
Auto dictado por el citado Tribunal en el recurso de inconstitucionalidad número 1975/2021, promovido por el Presidente del Gobierno, contra el apartado 5 del artículo único de la Ley de la Comunidad Autónoma de Galicia 8/2021, de 25 de
febrero, de modificación de la Ley 8/2008, de 10 de julio, de salud de Galicia, en cuanto da nueva redacción al artículo 38.2 de la ley modificada.
Acuerdo:
Tomar conocimiento y trasladar a la Dirección de Estudios, Análisis y Publicaciones y a la Asesoría Jurídica de la Secretaría General, así como publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales el encabezamiento y el acuerdo del Auto.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de mayo de 2022.-P.A. El Secretario General Adjunto para Asuntos Parlamentarios del Congreso de los Diputados, José Antonio Moreno Ara.
El Pleno del Tribunal Constitucional, compuesto por el magistrado don Pedro José González-Trevijano Sánchez, presidente; los magistrados don Juan Antonio Xiol Ríos, don Santiago Martínez-Vares García, don Antonio Narváez Rodríguez, don
Ricardo Enríquez Sancho y don Cándido Conde-Pumpido Tourón; la magistrada doña María Luisa Balaguer Callejón; los magistrados don Ramón Sáez Valcárcel y don Enrique Amaldo Alcubilla, y las magistradas doña Concepción Espejel Jorquera y doña
Inmaculada Montalbán Huertas en el recurso de inconstitucionalidad núm. 1975-2021, interpuesto por el presidente del Gobierno, en relación con el artículo único, apartado cinco, de la Ley de la Comunidad Autónoma de Galicia 8/2021, de 25 de
febrero, de modificación de la Ley 8/2008, de 10 de julio, de salud de Galicia, en cuanto da nueva redacción al artículo 38.2 de esta ley, ha dictado el siguiente
AUTO
[...]
Por lo expuesto, el Pleno
ACUERDA
Tener por desistido al presidente del Gobierno en el recurso de inconstitucionalidad núm. 1975-2021, promovido contra el apartado cinco del artículo único de la Ley de la Comunidad Autónoma de Galicia 8/2021, de 25 de febrero, de
modificación de la Ley 8/2008, de 10 de julio, de salud de Galicia, en cuanto da nueva redacción al art. 38.2 de la ley modificada, declarando extinguido el proceso.
Madrid, a 27 de abril de 2022.
OTROS TEXTOS
INICIATIVA LEGISLATIVA POPULAR
120/000013
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(120) Iniciativa legislativa popular.
Autor: Junta Electoral Central.
Comunicación de que la Proposición de Ley sobre dación en pago, debe entenderse caducada, de conformidad con lo establecido en el artículo 7.3 de la Ley Orgánica 3/1984, de 26 de marzo, reguladora de la Iniciativa Legislativa Popular.
Acuerdo:
Declarar la caducidad de la referida iniciativa legislativa popular, por haber transcurrido el plazo para la recogida de firmas establecido en el artículo 7.3 de la Ley Orgánica 3/1984, de 26 de marzo, reguladora de la Iniciativa Legislativa
Popular, comunicándolo a la Comisión Promotora y a la Junta Electoral Central y publicándolo en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de mayo de 2022.-P.A. El Secretario General Adjunto para Asuntos Parlamentarios del Congreso de los Diputados, José Antonio Moreno Ara.
120/000015
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(120) Iniciativa legislativa popular.
Autor: Junta Electoral Central.
Comunicación de que la Proposición de Ley de modificación del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes
complementarias y de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y del comercio electrónico, debe entenderse caducada, de conformidad con lo establecido en el artículo 7.3 de la Ley Orgánica 3/1984, de 26 de marzo,
reguladora de la Iniciativa Legislativa Popular.
Acuerdo:
Declarar la caducidad de la referida iniciativa legislativa popular, por haber transcurrido el plazo para la recogida de firmas establecido en el artículo 7.3 de la Ley Orgánica 3/1984, de 26 de marzo, reguladora de la Iniciativa Legislativa
Popular, comunicándolo a la Comisión Promotora y a la Junta Electoral Central y publicándolo en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de mayo de 2022.-P.A. El Secretario General Adjunto para Asuntos Parlamentarios del Congreso de los Diputados, José Antonio Moreno Ara.
120/000016
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(120) Iniciativa legislativa popular.
Autor: Junta Electoral Central.
Comunicación de que la Proposición de Ley por la que se regula el régimen de concesión de la mención de 'Matrícula de Honor' a los estudiantes de segundo curso de Bachillerato y de titulaciones universitarias, debe entenderse caducada, de
conformidad con lo establecido en el artículo 7.3 de la Ley Orgánica 3/1984, de 26 de marzo, reguladora de la Iniciativa Legislativa Popular.
Acuerdo:
Declarar la caducidad de la referida iniciativa legislativa popular, por haber transcurrido el plazo para la recogida de firmas establecido en el artículo 7.3 de la Ley Orgánica 3/1984, de 26 de marzo, reguladora de la Iniciativa Legislativa
Popular, comunicándolo a la Comisión Promotora y a la Junta Electoral Central y publicándolo en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de mayo de 2022.-P.A. El Secretario General Adjunto para Asuntos Parlamentarios del Congreso de los Diputados, José Antonio Moreno Ara.