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BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 416, de 11/03/2022
cve: BOCG-14-D-416
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BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
XIV LEGISLATURA
Serie D: GENERAL
11 de marzo de 2022
Núm. 416
ÍNDICE
Control de la acción del Gobierno
PROPOSICIONES NO DE LEY
Pleno
162/000960 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa a adoptar medidas de carácter urgente para frenar el alza de las rentas de los alquileres como consecuencia de su actualización de acuerdo a la
evolución del índice de precios de consumo... (Página3)
162/000961 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre accesibilidad universal en los espacios naturales... (Página4)
162/000962 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa a la situación de sequía y la recuperación de la inversión en infraestructuras de regulación del agua... (Página6)
162/000963 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa a la reprobación de los Ministros que cuestionan la actuación europea de apoyo a la ciudadanía ucraniana... (Página7)
162/000964 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa a la política de nombres de estaciones y aeropuertos... (Página9)
162/000966 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa a la regresión de costas en la Comunitat Valenciana... (Página10)
162/000967 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa a la defensa de los derechos y libertades de las mujeres en América Latina... (Página12)
162/000968 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre la vigencia del Acuerdo de Asociación UE-Cuba... (Página15)
162/000969 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre interconexiones gasistas en España... (Página18)
Competencias en relación con otros órganos e instituciones
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
232/000067 Encabezamiento y fallo de la Sentencia dictada en el recurso de inconstitucionalidad número 5389/2021, promovido por el Presidente del Gobierno, contra el Decreto-ley de la Generalitat de Cataluña 37/2020, de 3 de noviembre, de
refuerzo de la protección del derecho a la vivienda ante los efectos de la pandemia de la COVID-19... (Página21)
232/000074 Encabezamiento y fallo de la Sentencia dictada en el recurso de inconstitucionalidad número 6003/2021, promovido por el Parlamento de Canarias contra la disposición final primera, apartado cuarto, de la Ley 11/2021, de 9 de julio,
de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal, de transposición de la Directiva (UE) 2016/1164, del Consejo, de 12 de julio de 2016, por la que se establecen normas contra las prácticas de elusión fiscal que inciden directamente en el
funcionamiento del mercado interior, de modificación de diversas normas tributarias y en materia de regulación del juego ... (Página22)
233/000023 Encabezamiento y acuerdo del auto recaído en la cuestión de inconstitucionalidad número 1142/2021, planteada por la Sección 1.ª de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el recurso
de apelación número 158/2020, en relación con las disposiciones transitorias primera 1.º y tercera de la Ley 1/2018, de 22 de febrero, de Coordinación de Policías Locales de la Comunidad de Madrid, por posible vulneración del artículo 149.1.18 de la
Constitución española ... (Página24)
Otros textos
INICIATIVA LEGISLATIVA POPULAR
120/000030 Acuerdo de la Mesa de la Cámara admitiendo el escrito presentado por doña Soledad Camacho Alcántara y otros, por el que se ejercita el trámite inicial de la iniciativa legislativa popular para la igualdad real y efectiva en el
nivel de aportación económica que da acceso a la prestación farmacéutica ambulatoria, entre los colectivos de pensionistas y sus beneficiarios encuadrados en la Seguridad Social y los pensionistas de las mutualidades de MUFACE, ISFAS, MUGEJU y sus
beneficiarios ... (Página25)
PREMIOS
292/000025 Convocatoria de la IV edición del premio 'Josefina Carabias' de periodismo parlamentario.
Convocatoria ... (Página25)
Designación de los miembros del Jurado ... (Página26)
CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PROPOSICIONES NO DE LEY
Pleno
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 194 del Reglamento, las siguientes Proposiciones no de Ley y considerando que solicitan el debate de las iniciativas ante el Pleno de la
Cámara, disponer su conocimiento por éste, dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de marzo de 2022.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
162/000960
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para adoptar medidas de carácter urgente para frenar el alza de las
rentas de los alquileres como consecuencia de su actualización de acuerdo a la evolución del Índice de Precios de Consumo, para su debate ante el Pleno.
Exposición de motivos
El incremento del Índice de Precios al Consumo derivado del aumento del precio de la energía está poniendo en aprietos a muchos ciudadanos que viven en un piso de alquiler. En la actualidad, la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de
Arrendamientos Urbanos, establece en su artículo 18 que 'durante la vigencia del contrato, la renta solo podrá ser actualizada por el arrendador o el arrendatario en la fecha en que se cumpla cada año de vigencia del contrato cuyo incremento no
podrá exceder del resultado de aplicar la variación porcentual experimentada por el Índice de Precios al Consumo a fecha de cada actualización'.
El desarrollo de esta disposición y el incremento de los precios está empujando al alza las rentas de los alquileres que se están actualizando en los últimos meses, lo que provocará que miles de personas, especialmente jóvenes, destinen un
mayor porcentaje de su renta a pagar un bien tan esencial como es la vivienda, en un momento donde la ciudadanía aún se está recuperando del impacto económico que tuvo en la economía la expansión del SARS-CoV-2 a escala mundial.
Sobre el impacto de la inflación en la economía de las familias, gran parte de la literatura económica apunta que las personas con rentas más bajas y dependientes del trabajo son las que se ven más afectadas por este fenómeno económico. A
su vez, aquellas personas cuyos ingresos dependen en mayor medida de las rentas del capital o de rentas de inmuebles sufren muy poco el impacto derivado de un incremento general de los precios.
La actual coyuntura económica puede poner en aprietos a las personas que viven de alquiler, especialmente a jóvenes. A la elevada tasa de desempleo juvenil se le suma la ineficacia de las políticas públicas de las Administraciones Públicas
a la hora de articular medidas que faciliten el acceso a una vivienda asequible, ya sea a través de alquiler o compra, a este colectivo.
En abril de 2021, el Banco de España publicó un estudio sobre la Crisis del COVID-19 y su impacto sobre las condiciones económicas de las generaciones jóvenes. Según las conclusiones del informe, en lo que respecta al acceso de los jóvenes
a una vivienda, el estudio destaca que la proporción de personas que poseen una vivienda residencial a los 30 años ha disminuido para aquellos ciudadanos que nacieron a partir del año 1980. En concreto, el 7 % de los nacidos en 1988 poseía su
vivienda principal a los 29
años; entre los nacidos en 1976, ese porcentaje era del 26 %. A su vez, el Banco de España destacaba que los precios de alquiler en los últimos años han absorbido un elevado porcentaje de los ingresos de las personas en este grupo de edad.
Ante la incierta evolución de los precios generales derivados del aumento del coste de la energía y tras el impacto de la COVID-19 en España, es necesario que los poderes públicos intervengan con todos los instrumentos a su disposición para
garantizar que los colectivos más vulnerables en nuestro país vean como se reduce de forma considerable su ya menguada capacidad adquisitiva.
La actualización de las mensualidades conforme al Índice Nacional de la Vivienda en alquiler podría evitar un incremento drástico de las rentas en los contratos que se actualicen durante los próximos meses y es un indicador más adecuado para
valorar la evolución real de los precios del alquiler en España.
A su vez, apostamos por trasladar el pago de los gastos de gestión inmobiliaria y de formalización del contrato a los arrendadores, teniendo en cuenta que el beneficiario real del servicio es el propietario del inmueble, no el inquilino. De
esta manera, apostamos por eliminar una de las barreras más importantes que soportan los arrendatarios a la hora de acceder a una vivienda de alquiler.
Teniendo en cuenta todo lo anterior, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a impulsar una reforma urgente de la Ley de Arrendamientos Urbanos para:
1. Establecer que la actualización de la renta para los contratos de alquiler de vivienda se realice de acuerdo al Índice Nacional de la Vivienda en Alquiler elaborado por el Instituto Nacional de Estadística en lugar del Índice de Precios
de Consumo general, en caso de que exista la obligación contractual de actualizar con carácter anual la renta del arrendamiento.
2. Habilitar, a través de la web del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, una herramienta que facilite el cálculo del incremento de la renta de los alquileres teniendo en cuenta la cuantía de la renta pactada entre las
partes y el Índice Nacional de la Vivienda en Alquiler.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de marzo de 2022.-Sara Giménez Giménez y Juan Ignacio López-Bas Valero, Diputados.-Edmundo Bal Francés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
162/000961
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre accesibilidad universal en los espacios naturales para su debate en el Pleno.
Exposición de motivos
Los espacios protegidos son aquellas áreas terrestres o marinas que, en reconocimiento a sus valores naturales sobresalientes, están específicamente dedicadas a la conservación de la naturaleza y sujetas, por lo tanto, a un régimen jurídico
especial para su protección. Estas áreas desempeñan una función decisiva para la conservación de los ecosistemas y la supervivencia de las especies y para el mantenimiento de los procesos ecológicos y de los bienes y servicios ecosistémicos. Por
ello, son uno de los instrumentos fundamentales para la conservación in situ de la biodiversidad.
Los espacios protegidos en nuestro país están definidos y regulados con carácter básico por la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.
Atendiendo a sus respectivos marcos jurídicos de origen, existen Espacios Naturales Protegidos, Espacios protegidos Red Natura 2000 y Áreas protegidas por instrumentos internacionales.
Los Espacios Naturales Protegidos se clasifican, en función de los bienes y valores a proteger y de los objetivos de gestión a cumplir, en las siguientes categorías: Parques, Reservas Naturales, Áreas Marinas Protegidas, Monumentos
Naturales, Paisajes Protegidos. Además, las comunidades autónomas
han ido desarrollando su propia normativa, llegando a tener un total de 40 figuras diferentes de espacios naturales protegidos.
Todos los poderes públicos, en sus respectivos ámbitos competenciales, deben velar por la conservación y la utilización racional del patrimonio natural. Para alcanzar este objetivo, las administraciones públicas deben desarrollar y aplicar
incentivos positivos para la conservación y uso sostenible del patrimonio natural y la biodiversidad.
La conservación de la naturaleza es beneficiosa, por sí misma, para la sociedad por sus consecuencias en la mejora del medioambiente y la salud pública. Además, en muchos casos, puede y debe ser compatible con la generación de retornos de
carácter económico. Para un determinado territorio, formar parte de un espacio protegido puede generar oportunidades para el impulso de actividades productivas tradicionales, así como recreativas y de turismo.
Los entornos naturales juegan un papel fundamental en el turismo español, pues no solo tienen el atractivo de su alto valor paisajístico, sino que también ayudan a promover la salud. Las visitas del público a estos espacios (exceptuando las
zonas de reserva) sirven para impulsar el disfrute y el conocimiento de la naturaleza, fomentar una actitud favorable de la ciudadanía hacia ella y generar retornos económicos, siempre que se realicen de manera adecuada y sostenible.
Por ello, es importante garantizar, en la medida de lo posible, que todas las personas tengan la posibilidad de conocer y disfrutar los espacios naturales de nuestro país. Aunque estas zonas objetivamente pueden presentar dificultades para
el logro de la accesibilidad universal, su gestión debe orientarse a alcanzar el mayor grado posible de utilización autónoma por parte de las personas con discapacidad y mayores.
La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU mandata a los estados parte a adoptar las medidas pertinentes para asegurar que las personas con discapacidad tengan acceso a instalaciones recreativas y turísticas,
a fin de que puedan participar en igualdad de condiciones con las demás en actividades de esparcimiento.
En España, son muchas y de muy diversos ámbitos las normas que se orientan a este objetivo. Destacan el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las
personas con discapacidad y de su inclusión social y la Ley 30/2014, de 3 de diciembre, de Parques Nacionales, además de muchas otras, tanto estatales como autonómicas.
Por otra parte, son numerosos los esfuerzos realizados en nuestro país por las diferentes administraciones públicas implicadas.
En 2017, el Ministerio de Medio Ambiente promovió la edición de la Guía Técnica de Accesibilidad en Espacios Naturales. En diciembre de 2019, el Organismo Autónomo Parques Nacionales y la Fundación ONCE renovaron su alianza para desarrollar
un programa de accesibilidad universal en estos espacios protegidos.
También en el ámbito autonómico existen ejemplos de los esfuerzos realizados en este sentido en centros de interpretación, salas de exposiciones, aseos, zonas de aparcamiento, albergues, senderos, etc. Estas instalaciones, cada vez más,
cuentan con las adaptaciones y el diseño necesarios para facilitar el acceso de personas con movilidad reducida y personas con discapacidad física, mental, intelectual o sensorial.
Por su parte, numerosas entidades del tercer sector han tratado de acercar la naturaleza a las personas con discapacidad. Para ello, promueven y organizan actividades que cuentan con personal formado en diferentes áreas relacionadas con el
ocio de las personas con discapacidad en el medio natural, así como en seguridad y prevención de accidentes en ese ámbito.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno, en coordinación con las comunidades autónomas en el marco de sus competencias y contando con las entidades representativas del sector de la discapacidad, a adoptar medidas encaminadas a seguir
avanzando en la accesibilidad universal de los espacios naturales. A tal fin, se llevarán a cabo las siguientes actuaciones:
1. Incorporar en el II Plan Nacional de Accesibilidad actuaciones encaminadas a fomentar la accesibilidad de las personas con discapacidad en los espacios protegidos.
2. Revisar y actualizar la Guía Técnica de Accesibilidad en Espacios Naturales.
3. Elaborar programas destinados a acercar nuestro patrimonio natural a las personas con discapacidad, a través de la Fundación Biodiversidad y el Organismo Autónomo Parques Nacionales.
4. En las actuaciones a desarrollar se tendrá en cuenta el principio de diseño universal o diseño para todas las personas.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero de 2022.-Daniel Senderos Oraá, Eva Patricia Bueno Campanario, Helena Caballero Gutiérrez, Antidio Fagúndez Campo, Germán Renau Martínez, José Luis Aceves Galindo, María Montserrat García
Chavarría, María Inmaculada Oria López, Esther Padilla Ruiz, Omar Anguita Pérez, Manuel Gabriel González Ramos, Herminio Rufino Sancho Íñíguez, Luis Carlos Sahuquillo García, Javier Antón Cacho y Daniel Vicente Viondi, Diputados.-José Zaragoza
Alonso y Rafaela Crespín Rubio, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.
162/000962
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la situación de sequía y la
recuperación de la inversión en infraestructuras de regulación del agua, para su debate en Pleno.
Exposición de motivos
Según la Agencia Estatal de Meteorología, el pasado mes de enero cayeron en España 16,4 litros por metro cuadrado, mientras que la media suele ser de 62,4 litros por metro cuadrado. Nos encontramos por tanto ante el inicio de año con menos
lluvias desde 2005, el quinto más seco desde 1961 y el segundo del siglo XXI. Según datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, la reserva hídrica española está al 44,6 % de su capacidad total, y en la última semana se
han perdido unos 88 mil millones de litros, el 0,2 % de la capacidad total actual de los embalses.
Esta sequía afecta gravemente a todo el territorio: la cuenca hidrográfica del Guadalquivir presenta la situación más alarmante; por Comunidades Autónomas, Murcia es la más preocupante. En algunos territorios, como el Campo de Gibraltar o
la comarca del Alt Empordà, se han debido tomar medidas como limitar el riego de jardines y de zonas verdes, así como el uso de agua para la limpieza de las calles, el llenado de piscina o el de fuentes ornamentales. Se ha tenido que limitar el
abastecimiento del consumo global de agua a un máximo de 250 litros por habitante al día, y se ha reducido el consumo de agua en el riego agrícola en un 25 %, en la ganadería en un 10 %, en el ámbito industrial en un 5 % y en el recreativo en un 30
%. Situaciones así se repiten en los grandes regadíos del Ebro y del Guadiana, así como en nuestro país vecino, Portugal. Hasta tal punto es grave la situación, que en pleno mes de febrero el viento, la baja humedad y la vegetación seca hicieron
arder unas 433 hectáreas de matojo, pastos y arbolado en el término de Roses, un 95 % dentro del Parque Natural de Cap de Creus (Gerona). Así, en definitiva, el cambio climático hace que cada vez llueva menos, y que cuando lo haga sea de una forma
más irregular, aumentando las sequías e inundaciones, así como el riesgo de incendios. España padece una situación de estrés hídrico severo, siendo el tercer país con el índice medio más alto de la UE (0,32), solo por detrás de Malta y Bélgica.
A esta situación estructural de deficiente gestión hídrica hay que añadir la escalada en los precios de la electricidad, que encadena ya meses de subidas insoportables para los hogares y negocios españoles. Esta situación no hará más que
empeorar ante el sombrío prospecto arrojado por la invasión rusa de Ucrania, convirtiendo la prioridad de independencia europea del gas natural ruso en una urgencia. Ante la imprevisibilidad de los precios del gas natural -sujeto a factores
geopolíticos y a altos índices de emisión de carbono- y de las renovables -sujetas a la intermitencia de los factores meteorológicos-, solo la energía hidroeléctrica ofrece la seguridad de una electricidad barata, limpia y fiable en el corto-medio
plazo. Desde Ciudadanos hemos reclamado en múltiples ocasiones la necesidad de estudiar nuevos aprovechamientos hídricos, que combinen el almacenamiento de agua y de energía, respetando siempre la prioridad del abastecimiento humano y agrícola
mediante una estricta observancia de la Ley de Aguas.
Sin embargo, y a pesar de que los planes hidrológicos de las cuencas hidrográficas españolas han incluido decenas de anuncios de construcción de nuevas presas y embalses en la última década, el Ministerio para la Transición Ecológica eliminó
de esos programas 85 embalses en 2021. Las confederaciones hidrográficas, especialmente Ebro, Guadalquivir y Duero, tienen previstos en sus planes de cuenca al menos 17 nuevos pantanos en el horizonte del año 2033. Todos son competencia del
Estado, que debería invertir alrededor de 800 millones para levantarlos todos.
El Gobierno está ultimando además un cambio en las reglas de trasvase, con reducciones arbitrarias que no se podrán compensar con la desalación y la reutilización; el problema es que el agua desalada requiere de más energía y es más cara
que la que llega del trasvase. Esto impacta en la rentabilidad de unos negocios que ya tienen que soportar costes altísimos de por sí, sobre todo en concepto de energía. Medidas de este tipo podrían suponer un impacto de 3.000 millones de euros en
el PIB español.
Recoger el agua que cae de forma escasa o desmesurada, y evitar que se pierda, es un objetivo primordial para afrontar un futuro con garantías para el abastecimiento humano, el riego, la producción de energía o los usos industriales. Sin
embargo, la ministra Teresa Ribera declaró el pasado mes de septiembre en la Comisión de Transición Ecológica del Congreso de los Diputados que no era partidaria de incrementar las obras hidráulicas a no ser que fuera necesario.
Recuperar la inversión en infraestructuras de regulación del agua, tan reclamada por expertos y agricultores, permitiría crear 71.000 empleos directos y otros 28.000 indirectos. Proporcionaría a nuestro país una mayor capacidad para
acumular el agua, suavizando el impacto de sequías e inundaciones, y aumentando las posibilidades de abastecimiento de agua, aprovechamiento hidroeléctrico, y almacenamiento de energía, lo cual a su vez ayudaría a disminuir los costes de múltiples
sectores y a progresar en la descarbonización de la energía. En este sentido, el grupo parlamentario Ciudadanos ya propuso, hasta en dos ocasiones en 2021, la puesta en marcha de un plan nacional de aprovechamiento hídrico: una a través de
Proposición no de ley, y otra mediante enmienda a los Presupuestos Generales del Estado de 2022. La primera fue ignorada, la segunda directamente vetada por el Gobierno.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Poner en marcha, a la mayor brevedad posible, un Plan Nacional de Aprovechamiento Hídrico que lleve a cabo un análisis general de las nuevas instalaciones que se podrían construir para combinar el almacenamiento de agua con el
almacenamiento de energía (centrales de bombeo) y su generación (centrales hidroeléctricas).
2. Impulsar la aplicación de la solidaridad interterritorial como principio rector de la gestión hidrológica en España.
3. Impulsar, en el seno del Consejo de la UE, la posibilidad de que se utilice el Fondo de Solidaridad de la Unión Europea para paliar los daños provocados por esta catástrofe natural.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de marzo de 2022.-María Carmen Martínez Granados, Diputada.-Edmundo Bal Francés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
162/000963
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para la reprobación de los ministros que cuestionan la actuación
europea de apoyo a la ciudadanía ucraniana para su debate en el Pleno.
Exposición de motivos
En los últimos días, el Kremlin había llevado a cabo acciones incrementales, aumentando la presión sobre el gobierno ucraniano y sobre la población civil, con continuos ciberataques y operaciones de 'falsa
bandera' en la frontera entre los territorios ocupados de los oblast de Donetsk y Lugansk. Además, en los últimos meses el presidente Vladimir Putin había ordenado la movilización de unas 175.000 tropas en territorio ruso, moldavo,
bielorruso y en los territorios ucranianos ocupados de Crimea, Donetsk y Lugansk. El pasado 21 de febrero, el Kremlin emitió un reconocimiento oficial de la independencia de los oblast de Donetsk y Lugansk, incluyendo en ese reconocimiento incluso
los territorios que seguían bajo control del gobierno ucraniano. Automáticamente, Vladimir Putin emitió un comunicado en el que enviaba unas supuestas 'operaciones de paz' a esos territorios, afirmando que su población había recibido ataques por
parte de fuerzas ucranianas y habían solicitado formalmente ayuda rusa. Una vez más, se repite la misma hoja de ruta ya aplicada en Georgia en 2008 y en Crimea en 2014.
La invasión a gran escala de Ucrania ordenada por el Kremlin se ha cobrado ya cientos de muertos y miles de heridos, y a fecha de redacción de estas líneas las tropas rusas están cercando la capital, Kiev, donde al sonido de las detonaciones
de misiles y bombas se han sumado en las últimas horas los traqueteos de carros de combate y los tiroteos. Durante horas, los ciudadanos ucranianos han tenido que esconderse en búnkers improvisados, refugios antibombas, o incluso en los túneles y
estaciones del metro, recordando las imágenes aciagas de Londres bajo la amenaza de la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial. Y es que esta nueva guerra no es otra cosa que un recordatorio de todo lo que no hemos hecho bien los europeos y
occidentales tras conseguir la paz en la anterior.
Otros han decidido huir de Kiev, intentando buscar refugio en otras zonas del país con la esperanza de que lo peor de los horrores de la guerra no les alcance. Muchos de ellos, tras superar las largas caravanas de vehículos que salían de la
capital hacía solo unas horas, quizás incluso decidirán abandonar del todo el país. Esto supondrá, además, la ruptura de familias, puesto que el gobierno ucraniano ha ordenado a todos los varones de entre 18 y 60 años que permanezcan en el país
para defenderlo frente a la invasión, prohibiendo su salida al extranjero. A los fallecidos, los heridos, las aspiraciones y sueños rotos, se suman ahora los miles de familias que van a sufrir el dolor de la separación forzosa.
Ante esta situación, la Unión Europea ha respondido quizás con lentitud, pero sin duda con determinación y con una voluntad de jugar un papel geopolítico que no se había visto hasta entonces. No solo se han aprobado sanciones de carácter
histórico tanto para el liderazgo del régimen de Vladimir Putin, incluido él mismo, o restricciones nunca vistas antes para afectar a las principales vías de financiación del mismo, sino que también se ha decidido financiar por primera vez el envío
de armamento a un tercer país que, además, se encuentra en una situación de guerra por la invasión.
Desde el Grupo Parlamentario Ciudadanos presentamos el pasado 24 de febrero, el día que comenzó esta invasión de Ucrania, una proposición no de ley con una batería de propuestas al Gobierno de España para hacer frente a esta emergencia,
entre las que se encontraban tanto el envío de ayuda humanitaria adicional a los esfuerzos ya realizados en el seno de la Unión Europea. Prácticamente todas y cada una de esas medidas se han ido implementando posteriormente, lo que evidencia el
atino con el que se propusieron por nuestra parte.
En los últimos días, además, desde el Grupo Parlamentario Ciudadanos hemos apoyado el envío de armamento a Ucrania, y hemos solicitado al Gobierno de España que tome medidas como las que ya han tomado Estonia, Polonia, Países Bajos,
Luxemburgo, Suecia, Finlandia, Alemania o Francia, y complemente los esfuerzos realizados a nivel europeo a través del Fondo Europeo para la Paz. No en vano, este fondo no cuenta con los recursos necesarios para dar toda la asistencia en materia de
envío de armamento y protección por sí solo, sino que se trata, como bien ha recordado el Alto Representante Josep Borrell, de un complemento de las actuaciones bilaterales que realizan los gobiernos nacionales.
España es una de las deshonrosas excepciones al envío bilateral de armamento, y la mayoría de los expertos apuntan a que la razón es la presencia de Unidas Podemos en el Gobierno de España. De hecho, incluso cuando el Presidente del
Gobierno ha anunciado en sesión plenaria extraordinaria que España podría finalmente proceder al envío bilateral de armamento, rectificando su posición anterior, la mayoría de los ministros del Gobierno nombrados a propuesta de Unidas Podemos se han
negado a aplaudir la decisión. La propia líder de ese partido y Ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, ha criticado esa rectificación en los pasillos del Congreso de los Diputados, abriendo de nuevo una brecha en el Gobierno y,
sobre todo, en la reputación internacional de España y de nuestra fiabilidad como socio europeo.
La ciudadanía ucraniana se merece firmeza y determinación en nuestras medidas de apoyo, del carácter que sean, para poder poner fin a esta invasión. Contar con ministros que se ponen de perfil ante un acto de agresión directa, que rompe con
el derecho internacional, con la soberanía de un Estado
miembro de las Naciones Unidas, y con la integridad territorial de uno de nuestros vecinos europeos más próximos es una deshonra para nuestro país.
Teniendo esto en cuenta, y en solidaridad con la ciudadanía ucraniana, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados acuerda la reprobación de la Ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, de la Ministra de Igualdad, del Ministro de Universidades y del Ministro de Consumo, por su oposición al envío de armamento a Ucrania
para hacer frente a la invasión desatada por Vladimir Putin.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de marzo de 2022.-María Carmen Martínez Granados, Diputada.-Edmundo Bal Francés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
162/000964
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la política de nombres de estaciones y aeropuertos
para su debate en Pleno.
Exposición de motivos
En los últimos años en España hemos visto un incremento en el número de infraestructuras, como aeropuertos y estaciones de ferrocarril, que toman el nombre de personalidades con el fin de homenajearlas o poner en valor su contribución a la
sociedad española. En algunos casos se trata de infraestructuras de nueva creación (p. ej. estaciones de Málaga-María Zambrano y Burgos-Rosa Manzano), mientras que en otros ha supuesto la modificación de nombres consolidados de infraestructuras
existentes (p. ej. aeropuertos Josep Tarradellas Barcelona-EI Prat y Adolfo Suárez Madrid-Barajas o estación Madrid-Chamartín Clara Campoamor).
Con independencia del nombre concreto que se decida asignar a la infraestructura y de la idoneidad o eficacia real que puede tener esta medida para la consecución del fin que en teoría se persigue, que no es otro sino el reconocimiento de la
personalidad que se trate, lo cierto es que una política desordenada en la designación de las infraestructuras como se ha llevado hasta ahora dificulta el entendimiento de la red de transportes y la usabilidad de la misma por parte de los usuarios.
Sirva, a modo de ejemplo, el caso de las denominaciones actuales de los aeropuertos de la red de AENA. En el portal web, para seleccionar el aeropuerto sobre el que se desea o necesita información, se despliega un listado con los aeródromos
en orden alfabético. El resultado es una lista nada intuitiva donde el aeropuerto de Madrid figura por la A, el de Barcelona por la J, el de Lanzarote por la C o el de Granada-Jaén por la F. Si bien esto no supone gran problema a los usuarios
frecuentes o a los profesionales de AENA, conocedores de la red al detalle, es un obstáculo absurdo para el usuario ocasional, que es el mayoritario, y más aún para usuarios extranjeros que no tienen por qué estar familiarizados con el sobrenombre
de los aeródromos.
No se puede perder de vista que las infraestructuras de titularidad pública tienen que estar al servicio única y exclusivamente de los usuarios, y no al servicio de las administraciones que las gestionan. En ocasiones, estas últimas
realizan cambios repentinos, injustificados o con tan elevada frecuencia que no responden a una gestión eficiente de los recursos y confunden al usuario. Confusión y gasto que, tememos, irá en aumento si con cada cambio de color político en el
Gobierno se procede a rebautizar estaciones y aeropuertos con nombres elegidos sin el necesario consenso previo.
Con el fin de poner al usuario en el centro de la red de transporte y evitar que las batallas políticas supongan un desgaste innecesario en un servicio público, a la vez que reconociendo que no resulta realista -ni probablemente conveniente-
limitar en sí la posibilidad de poner el nombre de personas ilustres a estaciones y aeropuertos, es necesario cambiar el enfoque y amplitud de estos cambios, dando estabilidad, permanencia y fácil identificabilidad a los nodos de la red de
transportes. De esta manera, se
propone que los nombres oficiales de estaciones y aeropuertos sean invariables y se limiten a la identificación geográfica (Barcelona-Sants) y/o técnica (Medina del Campo AV). En el caso de que se decida añadir el nombre de una
personalidad, este cambio podría verse reflejado en la mercadotecnia de la misma o en elementos estéticos de carácter secundario, como puede ser un logo, el nombre que figura en la marquesina decorativa o folletos (p. ej. Valencia-Joaquín Sorolla),
mientras que en los planos de red, listados oficiales o las indicaciones de origen/destino se limitarían al nombre oficial geográfico (p. ej. Valencia AV o Valencia Central).
De manera relacionada con el problema anterior, en algunos casos la política de nombres de las distintas administraciones lleva a situaciones que dificultan el transporte intermodal. No es infrecuente ver estaciones de cercanías y de metro
que, estando en el mismo punto y siendo natural nodo de intercambio, cuenten con nombres diferentes dando a entender que no hay conexión posible. Es este el caso, por ejemplo, de las estaciones de Vicálvaro/Puerta de Arganda y Vallecas/Sierra de
Guadalupe, en Madrid; o St. Andreu Arenal/Fabra i Puig, en Barcelona. También se da el supuesto inverso de estaciones con idéntico nombre que, sin embargo, no dan pie a transbordo alguno, como es el caso de las estaciones Lutxana en Bilbao, en
márgenes diferentes de la ría.
El Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana, en su reciente Estrategia de Movilidad Segura, Sostenible y Conectada 2030, aboga acertadamente en su Eje 1 por la intermodalidad y multimodalidad en entornos urbanos, de manera que los
diferentes modos de transporte, con independencia de su titularidad, se complementen y funcionen en todo el territorio como una red integrada de transportes eficiente y segura, que dé continuidad a los itinerarios, y con altos niveles de calidad.
La puesta en marcha de una política estable, previsible, perdurable y coordinada de nombres en los nodos de transporte va precisamente encaminada a facilitar este transporte intermodal y, en definitiva, poner a los pasajeros en el centro de la
planificación de los transportes.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Limitar los nombres oficiales de estaciones y aeropuertos estrictamente al nombre de la localidad donde se encuentren o, en su caso, la referencia geográfica que corresponda.
2. De añadir el nombre de personalidades a estaciones y aeropuertos, cuando se considere oportuno con el fin de homenajearlas, que únicamente se haga a efectos de imagen (marquesinas de la propia infraestructura, logos...), sin que suponga
modificación del nombre oficial ni del nombre que figura en paneles informativos o en el origen/destino de los billetes, de manera que se facilite la usabilidad y la accesibilidad del transporte público.
3. Modificar, a la mayor brevedad, los nombres actuales de las infraestructuras a los que se le ha añadido el de una personalidad de tal manera que figure siempre primero el término geográfico y en segundo lugar el de la persona
homenajeada, con el fin de facilitar la localización e identificación de la infraestructura que se trate.
4. Evitar, en coordinación con el resto de administraciones públicas competentes, que aquellos nombres de infraestructuras coincidentes en una misma localización tengan nombres diferentes, de manera que sea más intuitiva para los usuarios
la estructura de la red, las distintas posibilidades de transbordo y se impulse el transporte multimodal.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de marzo de 2022.-Juan Ignacio López-Bas Valero, Diputado.-Edmundo Bal Francés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
162/000966
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la regresión de costas en la
Comunidad Valenciana, para su debate en Pleno.
Exposición de motivos
Durante los dos últimos años, Ciudadanos ha venido impulsando propuestas e instando, a todos los niveles, al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, para que desarrolle los proyectos de regeneración de la costa en las
provincias de Valencia, Alicante y Castellón. Estos proyectos, que de necesarios se han tornado en urgentes, necesitan de una dotación suficiente y una ejecución inmediata. Es por ello que el grupo parlamentario Ciudadanos los incluyó en sus
enmiendas a los Presupuestos Generales del Estado, ante la insuficiente dotación prevista por el Gobierno.
Localidades como Tavernes de la Valldigna, en Valencia, sufren un grave problema de erosión del arenal desde hace varios años. Los temporales marítimos provocan perjuicios cada vez mayores, dejando la costa progresivamente sin arena, lo que
desprotege las calles y daña directamente las edificaciones de la zona. Los municipios del litoral como Almenara, La Llosa, Xilxes, Moncofa, Nules, Burriana y Almassora vienen sufriendo también la regresión de sus playas desde hace muchos años.
Últimamente, esta situación se ha agravado debido a las borrascas cada vez más regulares y virulentas que azotan la zona. Los ayuntamientos no quieren más parches que tapen de forma temporal los daños de las tormentas, sino soluciones definitivas y
sostenibles que se adapten al medio, al tiempo que frenen estos fenómenos en la medida de lo posible.
Sin embargo, la administración, por la que han pasado varios gobiernos de diferente signo político, se ha mostrado incapaz de solucionar un problema que afecta gravemente a la economía del sector turístico y al medio ambiente. Las
solicitudes de reuniones urgentes para adoptar medidas de emergencia son ignoradas por el Ministerio, mientras vecinos y turistas sufren la escasez de arena año tras año. Una situación que se agrava con el paso del tiempo y que pone en peligro las
temporadas turísticas en las tres provincias.
A falta de una medida definitiva, la alternativa ha sido realizar periódicamente deposiciones de arena. Estas han tenido elevados costes (unos 800.000 anuales) y no han servido para solucionar la situación del litoral. Actualmente, la
franja de arena ha desaparecido casi en su totalidad y el problema de la erosión se va agravando ante la inoperancia de la administración para dar una solución definitiva.
Las zonas costeras son especialmente vulnerables a los efectos del cambio climático. La subida del nivel del mar y las fuertes tormentas pueden provocar la erosión e inundación de estas zonas sensibles, así como la pérdida de hábitat
natural. Durante el siglo XX, el nivel del mar en todo el mundo subió unos 20 centímetros. Se espera que las temperaturas globales sigan subiendo, lo que provocará un aumento del nivel del mar y de las mareas de tempestad, así como una mayor
frecuencia e intensidad de las tormentas. Se espera que estos cambios continúen erosionando las costas y dañando la propiedad y la infraestructura, lo que podría provocar el desplazamiento de la población.
Antes que sacrificar el progreso económico e industrial de la zona mediante la cancelación de infraestructuras necesarias para ambas provincias, Ciudadanos prioriza un enfoque de infraestructura verde para la mejora de la costa -una 'línea
de costa viva'-, la cual puede crearse utilizando plantas, arrecifes, arena y barreras naturales para reducir la erosión y las inundaciones, al tiempo que se mantienen los procesos naturales de la costa. La restauración de los humedales afectados
puede reducir la altura de las olas y los daños a edificaciones, al amortiguar la velocidad e intensidad de las olas. A diferencia de las estructuras duras, como los mamparos y los muros de contención, las líneas de costa con vegetación
proporcionan múltiples beneficios al ecosistema, como la mejora de la calidad del agua, el hábitat acuático y el secuestro de carbono. Esta infraestructura verde también puede utilizarse en combinación con la infraestructura gris, como los diques y
espigones.
Estos proyectos deberían estar incluidos en las Estrategias para la Protección de la Costa Española del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico; sin embargo, no se han producido avances al respecto. Mientras, el
litoral sigue degradándose, poniendo en peligro edificaciones de la zona e incluso la seguridad de las personas, además de amenazar el sustento económico y el medio natural de ambas provincias. El Ministerio debe ser consciente de esta realidad y
actuar a la mayor brevedad posible, A tal efecto, se adjuntan imágenes de las zonas afectadas.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Poner en marcha, a la mayor brevedad posible, un plan urgente de reversión de la regresión de costas en Valencia, Alicante y Castellón, con la dotación suficiente para emprender las actuaciones necesarias en recrecido de las playas,
traslado de sedimentos, y adecuación de infraestructuras.
2. Poner en marcha, en el plazo de seis meses, un plan de protección a largo plazo de la costa mediante la implantación de infraestructuras verdes que mitiguen el efecto del cambio climático sobre la costa, en combinación con las medidas
urgentes de reversión.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de marzo de 2022.-María Carmen Martínez Granados y María Muñoz Vidal, Diputadas.-Edmundo Bal Francés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
162/000967
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley de defensa de los derechos y libertades de las mujeres en América
Latina para su debate en el Pleno.
Exposición de motivos
Los derechos y libertades fundamentales de las mujeres han gozado de grandes avances en los últimos años, pero aún quedan muchos aspectos por mejorar para asegurar la igualdad efectiva y real de las mujeres frente a las numerosas
discriminaciones que sufren en su vida cotidiana, desde el plano familiar al laboral. Es por ello que se sigue celebrando el Día Internacional de la Mujer cada 8 de marzo, para visibilizar esas diferencias y discriminaciones que aún existen y,
sobre todo, para poner sobre la
mesa medidas para cambiar esa realidad. España es uno de los países más seguros para las mujeres, y es también uno de los países en los que más se garantiza la igualdad entre sexos según índices especializados como Woman Stats, el Instituto
Europeo por la Igualdad de Género, el Índice de Mujeres, Paz y Seguridad o el Índice de Investigación de la Paz de Oslo.
Sin embargo, esto no es así en todos los continentes. Por desgracia, las mujeres de América Latina siguen enfrentándose a situaciones de discriminación intolerable, llegando incluso a poner en riesgo su integridad física y su vida en
niveles extremadamente altos.
En México, los últimos años han sido aún más terribles para las mexicanas. Entre enero y noviembre del pasado año, 3.462 mujeres fueron asesinadas, lo que supone una media de 10 vidas al día. Del total de mexicanas asesinadas, 2.540 fueron
víctimas de homicidio doloso, mientras que 922 sufrieron feminicidio por razón de su género, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP). De hecho, los llamados 'feminicidios' se han incrementado en un
4,11 % desde que accedió al poder el líder populista Andrés Manuel López Obrador. Por su parte, los delitos como violaciones o la trata de personas se han visto agravados por el aumento de la violencia generalizada, los recortes a los presupuestos
de igualdad, políticas de género débiles y la subida de las agresiones machistas durante la pandemia. Mientras tanto, el gobierno de López Obrador no es capaz de abordar esta problemática con la seriedad que requiere y no hay medidas
suficientemente ambiciosas en marcha.
Perú es uno de los países que registra unas tasas más altas de violencia machista. De acuerdo a informes recogidos por el Banco Mundial, en torno a siete de cada 10 mujeres adultas peruanas han sido víctimas de algún tipo de violencia
psicológica, física y/o sexual a lo largo de su vida. Durante el año 2020, la pandemia disparó las denuncias de esta violencia, más que triplicando la cifra de denuncias del año 2019 y alcanzando las 24.990. Los expertos apuntan a que el principal
reto es la normalización de la violencia contra ellas a la que se enfrentan las mujeres en Perú, puesto que según datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática el 39 % de las agredidas decide no pedir ayuda y el 23 % no denuncia a sus
agresores, principalmente por vergüenza. El comunista Pedro Castillo accedió al poder hace unos siete meses, y ya se ha tenido que enfrentar a una polémica con la violencia contra las mujeres por haber nombrado a un primer ministro que había
agredido a su mujer, a su hija y a la psicóloga que había intentado tratarle.
En el caso de Brasil, el ascenso del ultraderechista Jair Bolsonaro ha agravado el problema de la violencia machista en el país. El pasado año 2021, tres de cada 10 mujeres brasileñas fueron amenazadas de muerte por sus parejas o exparejas,
y una de cada seis sufrió un intento de acabar con su vida. El miedo y la vergüenza siguen presentes también en la sociedad brasileña, puesto que solo una tercera parte de ellas denunciaron los hechos a las autoridades. Es más, en una encuesta
realizada entre hombres brasileños, el 33 % de ellos consideraban que las mujeres eran total o parcialmente responsables de la violencia que sufrían. No es de extrañar, dado que la justicia brasileña ha tenido que sancionar al presidente Bolsonaro
y a algunos de sus ministros por sus 'reiteradas' declaraciones discriminatorias contra las mujeres a raíz de una denuncia del Ministerio Público Federal por considerar que ese 'carácter discriminatorio en relación a las mujeres han causado
consecuencias negativas para toda la sociedad brasileña y daños morales de dimensiones colectivas'.
Todo ello por no hablar de países que viven directamente bajo un régimen dictatorial. En la tiranía comunista de Cuba, a la violencia machista se le suma la violencia institucional instigada por las fuerzas de represión comandadas por
Miguel Díaz-Canel. La Red Femenina de Cuba ha denunciado en repetidas ocasiones la violencia extrema con la que las fuerzas de seguridad y militares cubanas reprimen a las mujeres que protestan por los derechos y libertades de todos sus
compatriotas. De hecho, las imágenes de la violencia desmedida por parte del régimen comunista de Cuba contra las manifestantes en las protestas del pasado año 2021 demuestran esa violencia institucional que denuncian las mujeres cubanas.
En Nicaragua, la tiranía del matrimonio de Daniel Ortega y Rosario Murillo mantiene un marco de miedo y represión que se ceba especialmente contra las mujeres, tal y como denuncian organizaciones como Católicas por el Derecho a Decidir.
Además, el dictador mantiene una prohibición total de la interrupción voluntaria del embarazo, incluyendo en casos de violación, mientras que las fuerzas de seguridad y mantenimiento del orden renuncian en muchos casos a atender a las pocas
nicaragüenses que consiguen romper con el miedo y la vergüenza y recurren a las autoridades para hacer frente a la violencia y la discriminación. Es más, varias organizaciones feministas denuncian la actitud de
responsables de las instituciones del Estado y de la policía, que en muchos casos son los propios agresores o perpetradores de amenazas, acoso y persecución a mujeres.
Por su parte, en Venezuela son bien sabidos los abusos intolerables que comete el régimen de Nicolás Maduro, que tiene en las mujeres una víctima especial. En su informe de 2021 sobre la situación de derechos y libertades fundamentales en
el país, la Alta Comisionada de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), Michelle Bachelet, el organismo internacional había considerado probadas situaciones de 'golpizas, descargas eléctricas, violencia sexual y
amenazas de violación' por parte de las fuerzas de represión del régimen contra mujeres venezolanas. La violencia sexual, de hecho, ocupaba una gran parte de ese informe y mostraba las despreciables actuaciones de la tiranía comunista de Nicolás
Maduro contra la libertad y la integridad de las mujeres. Por ejemplo, había información sobre violaciones sexuales a mujeres detenidas en prisiones preventivas, cometidas por parte de trabajadores y fuerzas del régimen ante la inacción de las
instituciones. Uno de los casos expuestos era el de un agente policial de Barinas que presuntamente asesinó de un disparo a una mujer en custodia policial, cuando la prisionera se negó a tener actos sexuales con él. Es más, el propio informe
instaba a la Fiscalía de Venezuela a 'investigar a fondo las denuncias de violencia sexual presentadas por otras mujeres detenidas y [procesar] a los agentes de policía presuntamente involucrados'. El régimen de Nicolás Maduro, sin embargo,
permanece impasible ante estos deplorables actos de agresión, violencia y discriminación contra las mujeres.
Por desgracia, esta situación también es extensible a otros países del continente hermano. Según datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Honduras encabeza la trágica lista de feminicidios regional, con 4,7
mujeres asesinadas por cada 100.000 habitantes, seguida de República Dominicana, con 2,4 por cada 100.000 habitantes y El Salvador, con 2,1 por cada 100.000 habitantes. Además, en países como Ecuador, Costa Rica o Panamá, los casos de violencia
machista que acaban en asesinato se incrementaron el pasado año con respecto a 2020.
Dados los lazos históricos, económicos, culturales y sociales de España con América Latina, nuestro país debe involucrarse de forma activa en la protección de las mujeres y en la defensa y promoción de sus derechos, sus libertades y de su
integridad. Una sociedad que da la espalda al 50% de su ciudadanía es una sociedad condenada al fracaso, y España debe ser capaz de tomar una actitud más proactiva y decidida para no abandonar a esas mujeres latinoamericanas a su suerte. Para
poder decirles que no están solas, sino que su causa es la de todos los demócratas y de quienes defendemos la libertad.
Teniendo esto en cuenta, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Actualizar la Guía para la Transversalización del Enfoque de Género de la AECID para adaptarla a las necesidades específicas de la realidad internacional actual, asegurando así que la cooperación española ofrece un verdadero valor
añadido a las mujeres de las sociedades en las que opera, principalmente en los países de América Latina.
2. Acordar con los grupos parlamentarios un nuevo Plan Director de la Cooperación Española 2022-2025 que tenga como prioridad la defensa de la libertad de las mujeres y de la lucha contra la discriminación por razón de sexo, incluyendo
medidas específicas y apoyo a proyectos locales que tengan como objetivo garantizar la igualdad de género en los países en los que opera la cooperación española, especialmente en América Latina.
3. Aprobar, en el seno de la reforma del marco normativo de la cooperación española, un mecanismo de 'freno de emergencia' para paralizar la financiación de proyectos de cooperación para el desarrollo que se vehiculen a través de
instituciones públicas de los países receptores en caso de que los gobiernos de esos países lleven a cabo, por acción o por omisión, políticas que fomenten o favorezcan la violencia psicológica, física y/o sexual contra las mujeres, pasando a una
fórmula de financiación sin participación de instituciones públicas del país receptor que siga asegurando que esos fondos llegan a la población destinataria.
4. Fomentar la participación de empresas españolas en los proyectos de cooperación para el desarrollo que tengan como objetivo promover y favorecer la toma de conciencia sobre la igualdad de género y la lucha
contra la violencia contra las mujeres, aprovechando la experiencia que nuestras empresas tienen a la hora de fomentar y facilitar el desarrollo personal y profesional de las mujeres españolas.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de marzo de 2022.-Juan Ignacio López-Bas Valero, Diputado.-Edmundo Bal Francés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
162/000968
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la vigencia del Acuerdo de Asociación UE-Cuba para su
debate en el Pleno.
Exposición de motivos
El pasado 1 de enero de 2017 entró en vigor, en su aplicación provisional, el nuevo Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación entre la Unión Europea (UE) y Cuba, en un intento por mejorar la posición de los Estados miembros de la UE y, en
particular, de sus empresas ante una normalización en las relaciones entre Estados Unidos y Cuba. Esta nueva etapa de la política exterior estadounidense, auspiciada por el expresidente Obama, provocó que importantes capitales norteamericanos
comenzaran a invertir en Cuba, dejando a las empresas europeas en un segundo plano, a lo que la Unión Europea quiso reaccionar con la firma de este acuerdo.
Sin embargo, los abusos constantes que el régimen del entonces 'hermanísimo' Raúl Castro contra los derechos y libertades fundamentales eran un obstáculo para esa normalización de relaciones por parte de un bloque como la Unión Europea, para
el que los valores democráticos son un asunto fundamental. Por ello, el Acuerdo de Cooperación y Diálogo Político incluye capítulos en desarrollo sostenible, derechos y libertades fundamentales, y cooperación en materia comercial y de inversiones.
Sin embargo, ni la aplicación de este Acuerdo ni el cambio en el liderazgo del régimen, que ahora ocupa Miguel Díaz-Canel, han supuesto una mejora de los estándares de bienestar y de calidad democrática de Cuba. Es más, entre los meses de
julio y noviembre del pasado 2021, una vez más los ciudadanos y organizaciones democráticas cubanos se manifestaron en las calles pidiendo una transición pacífica hacia la democracia, pero el régimen respondió con una represión voraz, con una dureza
mayor que la vista en los últimos años. Como resultado, el mundo volvió a horrorizarse con la vileza de un régimen que ya creía olvidado, y los cubanos tuvieron que seguir saliendo a las calles y utilizar todos los espacios a su disposición para
gritar, en oposición al castrista '¡patria o muerte!', su lema '¡patria y vida!'. Una vileza que alcanzó el punto de ver a un presidente de una nación abiertamente incitar a la guerra civil entre ciudadanos, conducta que podría ser catalogada como
delito de lesa humanidad en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, del que España es parte.
Lamentablemente, la Unión Europea ha sido incapaz de mantener una posición firme en este sentido, y de utilizar sus herramientas de política comercial como vía para provocar cambios y mejoras para la sociedad cubana. En particular, España,
que debería ejercer el liderazgo de la política exterior europea hacia Cuba por los lazos históricos, sociales, culturales y económicos que mantiene nuestro país con la isla caribeña, ha estado ausente en este debate, especialmente desde la entrada
de un partido abiertamente pro-régimen como Unidas Podemos en el Gobierno de la Nación.
Por el contrario, los liberales europeos hemos tomado el liderazgo en este sentido, y desde el grupo parlamentario Renovar Europa en el Parlamento Europeo hemos solicitado la aprobación de sanciones específicas contra altos cargos del
régimen cubano, y hemos pedido la implicación del Alto Representante de la Unión Europea para la Política Exterior y de Seguridad Común, el socialista español Josep Borrell. Solo la presencia de autoridades europeas en el terreno, en Cuba, podrá
dar aliento a la sociedad civil de aquel país que tan ardua tarea está llevando a cabo por traer la libertad y la democracia a la isla.
Los liberales españoles consideramos que tanto el Gobierno de España como la Unión Europea no han sido capaces de abordar de forma adecuada el reto que se presenta a las relaciones UE-Cuba: unos líderes cada vez más autoritarios, pero una
sociedad cada vez más decidida a dejar atrás la tiranía y la
dictadura para abrirse a un futuro de democracia y prosperidad. Además, los términos del Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación no contemplan la participación de la sociedad civil en las conversaciones sobre democratización y derechos
fundamentales en Cuba, sino que identifica como interlocutor único al régimen de Díaz-Canel. Esto ha hecho que, pese a que sí se les menciona como partes interesadas, los demócratas cubanos estén de facto fuera de la mesa de negociaciones y, por
tanto, del juego de intereses de las relaciones entre la Unión Europea y Cuba.
La emergencia de una nueva oposición al régimen, más joven, mejor organizada, con capacidades de movilización digital y con una visión de futuro para el país articulada en torno a la idea ilusionante de '¡patria y vida!' proporciona a la
Unión Europea y, por supuesto, también a España una nueva oportunidad para enmendar los errores del Acuerdo de 2016. Estos artistas, blogueros e influencers han sido capaces de, con sus creaciones y reivindicaciones, conectar con el deseo de un
país democrático que cada vez sienten más cubanos. El Gobierno de España no puede seguir poniéndose de perfil ante esta situación, ni puede continuar dando la espalda a todos esos cubanos que buscan en un país hermano el apoyo necesario para salir
de la dictadura y la miseria.
Mientras tanto, de hecho, otros Estados miembros como Austria, Grecia, Polonia, Chipre, Croacia o Chequia firmaron el pasado julio de 2021, junto a países como Brasil, Colombia, Ecuador, Guatemala, Honduras, Israel, la República de Corea,
Ucrania o Estados Unidos, un comunicado ejemplar en el que condenaban 'los arrestos masivos y las detenciones de manifestantes en Cuba' por parte del régimen de Díaz-Canel, al que instaban además a 'escuchar las voces y demandas del pueblo cubano',
añadiendo además que los países firmantes 'ofrecen su apoyo al pueblo cubano y a todos aquellos que defienden las libertades que todo ciudadano merece disfrutar'. Por desgracia, España declinó firmar ese comunicado, renunciando a su liderazgo
europeo en este ámbito.
En estos momentos, y desde el mes de noviembre de 2021, se celebran procesos penales en Cuba, donde la fiscalía cubana realiza peticiones de penas privativas de libertad de 10 a 30 años de duración para los manifestantes que tomaron los
espacios públicos el 11 de julio de 2021 y los días siguientes. Los delitos de los que son acusados estos manifestantes son de sedición, desorden público, desacato, propagación de pandemia, y otra serie de delitos que pretenden cubrir la naturaleza
política de su persecución y encarcelamiento. Procesos penales que además se realizan sin garantías suficientes, de forma sumarísima, en ocasiones sin presencia de abogados de la defensa, con fabricación de pruebas y otro tipo de actuaciones
contrarias a sus garantías procesales y al Estado de Derecho.
El 17 de agosto de 2021, como respuesta represiva a los promotores en redes sociales de manifestaciones a lo largo del país, el régimen cubano lanzó un paquete legislativo encabezado por el Decreto-ley 35/2021 y seguido por las normas
desarrolladoras del mismo. Este nuevo paquete legislativo, pese a su naturaleza administrativa, viene a sancionar conductas que se catalogan como ciberterrorismo, subversión social, ataques al Estado, niveles de peligrosidad en las redes, entre
otras, con sanciones no solo pecuniarias, sino también de privación de libertad. No son pocos los activistas políticos que ya han sido sancionados con multas por el contenido político de sus publicaciones en redes sociales como Twitter o Facebook.
Una ola legislativa para la represión que alcanzaría su cénit con la promulgación de la reforma del Código Penal que fue anunciada por el gobierno cubano el pasado 20 de enero de 2022. Una reforma que distingue entre organizaciones
políticas, sociales y de masas reconocidas por el Estado y las no reconocidas de cara a la exigibilidad de responsabilidad penal a las mismas, que legitima la comisión de delitos en defensa de los intereses del Estado, que criminaliza de forma
expresa la persecución de un cambio constitucional, que recoge conceptos jurídicos indeterminados como el ejercicio 'arbitrario' de los derechos constitucionales, que penaliza expresamente la financiación de actividades políticas contrarias al
régimen, y que, entre otras tantas medidas, aumenta el abanico de conductas penadas para los delitos utilizados habitualmente para la persecución de opositores, como desórdenes públicos o desacato.
Teniendo esto en cuenta, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados expresa su apoyo firme a la sociedad cubana y a su legítima voluntad de avanzar en la transición pacífica hacia el fin de la dictadura y la llegada de una democracia liberal, así
como su condena a las acciones de represión perpetradas por el régimen de Miguel Díaz-Canel contra su propia población, e insta al Gobierno a:
1. Redoblar sus esfuerzos por liderar la postura de la Unión Europea hacia Cuba, defendiendo sin complejos la centralidad de los derechos y libertades fundamentales en cualquier relación bilateral o multilateral con el régimen cubano.
2. Exigir al gobierno cubano el inmediato cese de los procedimientos judiciales arbitrarios a manifestantes pacíficos y opositores políticos, así como la inmediata liberación de los presos de conciencia, como condición indispensable para la
continuidad de relaciones políticas entre ambas naciones.
3. Impulsar la adopción de medidas apropiadas, de conformidad con el artículo 85.2 del Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación Unión Europea-Cuba, por el sistemático incumplimiento por parte de Cuba de sus obligaciones en materia de
democracia y Derechos Humanos, y que persigan asegurar el respeto por parte de Cuba al artículo 1.5 del acuerdo, incluyendo como medida indispensable la designación de una delegación especial de Derechos Humanos para Cuba por parte de la Comisión
Europea.
4. Ofrecer la acogida en España de todos los demócratas cubanos que puedan ser perseguidos o acosados por su actividad en favor de la transición hacia la democracia en Cuba, poniendo a su disposición los recursos técnicos y logísticos
necesarios para que su vida no corra peligro y, en última instancia, puedan trasladarse a nuestro país si lo necesitaren.
5. Impulsar, de acuerdo a la legislación europea vigente, la aprobación de sanciones a los responsables de las flagrantes violaciones de derechos humanos en Cuba, ampliando la lista ya aprobada por los Estados Unidos, así como a organismos
y personas jurídicas que están siendo esenciales en la perpetración de dichas violaciones, contenidos en el Anexo I.
Anexo I.
1. Personas físicas, miembros de la jerarquía gubernamental y militar de la República de Cuba:
- Raúl Modesto Castro Ruz, expresidente de la República de Cuba y ex primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba.
- Miguel Mario Díaz-Canel Bermúdez, presidente de la República de Cuba, primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, y comandante en jefe de las Fuerzas Armadas Revolucionarias.
- Alejandro Castro Espín, Coordinador del Consejo de Defensa y Seguridad Nacional.
- Lázaro Alberto Álvarez Casas, ministro del Ministerio del Interior.
- Leopoldo Cintra Frías, exministro del Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias.
- Álvaro López Miera, ministro del Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias.
- Oscar Manuel Silveira Martínez, ministro del Ministerio de Justicia de la República de Cuba.
- Pedro Orlando Martínez Fernández, jefe de la Dirección Política de la Policía Nacional Revolucionaria.
- Óscar Callejas Valcarce, director general de la Policía Nacional Revolucionaria de la República de Cuba.
- Eddy Sierra Arias, subdirector general de la Policía Nacional Revolucionaria de la República de Cuba.
- Romarcio Sotomayor García, jefe de la Dirección Política del Ministerio del Interior.
- Alberto González Casals, jefe de la Dirección de Inteligencia del Ministerio del Interior.
- Ramón Espinosa Martín, viceministro primero del Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias.
- Joaquín Quintas Solá, viceministro del Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias.
- Roberto Legrá Sotolongo, viceministro jefe del Estado Mayor General del Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias.
- Raúl Acosta Gregorich, jefe del Ejército Occidental del Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias.
- Andrés González Brito, jefe del Ejército Central del Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias.
- Ricardo Rigel Tejeda, jefe del Ejército Oriental del Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias.
- Eliecer Alfredo Velázquez Almaguer, jefe del Ejército Juvenil del Trabajo del Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias.
- Abelardo Jiménez González, jefe de la Dirección de Establecimientos Penitenciarios del Ministerio del Interior.
- Yamila Peña Ojeda, fiscal general de la Fiscalía General de la República de Cuba.
- Lilia María Hernández Doejo, presidenta de la Junta Directiva Nacional de Bufetes Colectivos.
- Luis Alberto Rodríguez López-Callejas, presidente ejecutivo del Grupo de Administración Empresarial, S.A.
2. Entidades u organismos estatales de la República de Cuba:
- Ministerio del Interior.
- Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias.
- Ministerio de Justicia.
- Fuerzas Armadas Revolucionarias.
- Policía Nacional Revolucionaria del Ministerio del Interior.
- Brigada Especial Nacional del Ministerio del Interior.
- Fiscalía General de la República de Cuba.
- Organización Nacional de Bufetes Colectivos de la República de Cuba.
3. Personas jurídicas:
- Corporación Cimex, S.A.
- Corporación Panamericana, S.A.
- Financiera Cimex, S.A.
- Grupo de Administración Empresarial, S.A.
- Havanatur, S.A.
- Compañía Cubana de Aviación, S.A.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de marzo de 2022.-María Carmen Martínez Granados, Diputada.-Edmundo Bal Francés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
162/000969
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre interconexiones gasistas en
España, para su debate en Pleno.
Exposición de motivos
La inadmisible invasión de Ucrania por parte de Rusia y el desencadenante de guerra en Europa ha provocado, además de enorme sufrimiento y muerte en la población civil y éxodo masivo de refugiados, problemas de carácter estratégico para la
seguridad en Europa.
Uno de ellos es la garantía de suministro energético y el incremento de precios, que se añade a la escalada que venimos padeciendo desde hace más de un año, y la necesidad de replantearse de manera urgente el posicionamiento tanto europeo
como nacional, en materia de fuentes e infraestructuras de suministro energético. A la reciente modificación de la taxonomía verde en la UE -dando entrada a las inversiones en gas y energía nuclear bajo determinadas condiciones-, se añade ahora la
publicación de un borrador de comunicación (Toolbox), que viene a completar el que se aprobó en el mes de octubre pasado, para abordar y atajar los altos precios de la energía.
Uno de los puntos principales para la seguridad y la garantía de suministro en Europa, tal y como ha venido señalando en distintas iniciativas desde el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, son las interconexiones, para que España deje
de ser una isla energética.
En esta materia, la gestión llevada a cabo por el Gobierno de Pedro Sánchez, y en particular, por la Vicepresidenta Tercera y Ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, se ha caracterizado por una falta de previsión
y liderazgo notables, que han desembocado en el cierre del gasoducto del Magreb, y en el abandono de las interconexiones gasistas proyectadas con Francia (STEP-MIDCAT). Falta de previsión y liderazgo que obedecen a una obsesión ideológica y una
animadversión hacia esa fuente energética -por una malentendida vocación de acelerar la descarbonización relegando y excluyendo al gas en la transición energética-, que por otra parte, no ha ocultado en sus manifestaciones y posiciones públicas la
propia Vicepresidenta.
Esa pérdida de proyectos europeos para las interconexiones gasistas de la península con el resto de la UE a través de Francia, está desaprovechando el potencial de España para convertirse en hub de gas del sur de Europa, dada su magnífica
infraestructura gasista, con abastecimiento diversificado a través de gasoductos que proceden de Argelia y plantas regasificadoras (6 en operación más la planta de El Musel en trámite) que permiten la introducción al sistema peninsular del gas
licuado que procede transportado en buques metaneros de distintos países como EEUU, Nigeria, Catar, Trinidad y Tobago, y muchos otros. Gracias a las correctas decisiones tomadas en la planificación energética de hace más de dos décadas, España
lidera la capacidad de almacenamiento y regasificación europea. Según el último Informe del Sistema Gasista del Gestor Técnico del Sistema ENAGAS, correspondiente al ejercicio 2020, el uso medio de la capacidad contratada en plantas de
regasificación fue de un 89 %, con 238 buques metaneros descargados de 14 países suministradores de gas natural al Sistema Gasista español. Por su parte, las interconexiones para el aprovisionamiento desde Argelia fueron las siguientes:
Conexiones internacionales con el norte de África
2019;;;;2020;;
GWh;Nominal;Contratado;% Capacidad contratada;Nominal;Contratado;% Capacidad contratada
Tarifa.;161.998;90.956;56;161.998;98.582;61
Almería.;105.760;87.187;82;105.760;75.390;71
TOTAL.;267.758;178.143;67;267.758;173.973;65
Pero toda esa capacidad, la de nuestras plantas regasificadoras, las instalaciones de almacenamiento más la proveniente del aprovisionamiento por gasoducto desde Argelia, no puede aprovecharse por la falta de interconexión suficiente con
Francia.
Por otro lado, en una reciente respuesta parlamentaria a preguntas de diputados del GPP, el Gobierno reconocía que España continúa siendo una isla energética pero al mismo tiempo decía que 'no se cuenta en la actualidad con ningún proyecto
destinado a reforzar las interconexiones gasistas con Europa ya que contamos con dos gasoductos que conectan España con Francia y otros dos con Portugal'. Pero todos ellos son claramente insuficientes como han declarado el primer ministro
portugués, Antonio Costa, y la comisaria europea de Energía, Kadri Simson.
En esa respuesta escrita del Gobierno, de fecha 19 de enero de 2022, se confirma que el gasoducto STEP ha sido rechazado en la 4.a lista PCI por 'la opinión negativa de los reguladores independientes de Francia y España, CRE y Comisión
Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) respectivamente, en relación con el análisis coste-beneficio de la infraestructura' para a continuación señalar que 'España en su condición de isla, energéticamente hablando, no recibe gas de manera
física a través de las conexiones internacionales que conectan nuestro país con Francia y verticalmente con otros terceros países a través de las infraestructuras de la Unión Europea'.
La agresión militar de Rusia a Ucrania ha puesto de relieve que la dependencia energética de la UE de Rusia, que aprovisiona casi el 40 % de las necesidades de gas de la UE, es insostenible y urgen soluciones que permitan sustituir la
procedencia del gas necesario en Europa.
A esta situación hay que sumarle el aumento progresivo de los aprovisionamientos de gas desde Rusia, principalmente desde 2018. Así por ejemplo en 2017 España no importó gas procedente de Rusia; desde la llegada de Pedro Sánchez al
gobierno la dependencia del gas ruso ha ido incrementándose, suponiendo en la actualidad más del 10 % de nuestros aprovisionamientos y consumos en un claro error estratégico, permitiendo la entrada de gas ruso y perdiendo el suministro de gas
argelino por el gasoducto Magreb, haciendo que España se vuelva vulnerable en cuanto a su soberanía energética.
En ese contexto, todas las miradas se vuelven a España y su sistema gasista, que podría ser una solución que coloque a nuestro país en el liderazgo de la transición energética contando con el gas como vector imprescindible en esa transición.
El tiempo perdido por España debe recuperarse ahora con urgencia. Los errores deben ser corregidos de forma inmediata. Los aprovisionamientos que puedan alimentar al resto de Europa desde la Península, con nuevas interconexiones, deben
aprovechar todo el potencial de nuestra infraestructura gasista, iniciar las acciones que correspondan para la reapertura del gasoducto Magreb, debe ponerse en marcha sin demora la planta de regasificación de El Musel, en el puerto de Gijón, y la
mejora de las interconexiones con Francia.
El gasoducto STEP permitía a España jugar un papel geoestratégico fundamental:
- Conectaría el gas del norte de África con Europa.
- Haría de España un actor fundamental en la política energética europea.
- Permitiría el desarrollo de gases renovables y su comercialización en Europa.
- Contribuiría a mitigar la dependencia europea del gas ruso.
- Generaría valor y rentabilidad adicional a la mayor red de regasificadoras de Europa y una red de gasoductos y almacenamiento de vanguardia, como es la red gasista española, contribuyendo a su consolidación como hub del gas del sur de
Europa.
- Rebajaría el precio de la electricidad al contar con gas más barato que el proveniente del este y del norte de Europa.
- Fortalecería el potencial de transformación, desde una posición de ventaja competitiva, de la red gasista española hacia el vector del hidrógeno.
Sin embargo, en la 5.a Lista de PCI, el proyecto STEP, como reconoce el Gobierno, desaparece por el informe desfavorable de los reguladores español y francés.
Por todo ello, tenemos que reiterar la opinión ya avanzada hace pocas semanas; la razón de esa incongruencia que evidencia el Gobierno con su rectificación de última hora después de tres años de inacción solo puede encontrarse en una falta
de compromiso de este Gobierno y de su Vicepresidenta Tercera y Ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico con el sector gasista español en general y con las interconexiones de gas en particular, como consecuencia de un prejuicio ideológico
y sectario contra ese tipo de energía. Es llamativo ver como si se consideran proyectos PCI la interconexión de Grecia e Italia, con una longitud de 1.872 km, mientras se rechazaban como antieconómicos los 200 km de conexión con Francia. Parece
evidente que las políticas gubernamentales inciden directamente en la evaluación técnico-económica que han de realizar los reguladores. Por otro lado, insistimos que es injustificable como este Gobierno ha permitido el cierre del gasoducto del
Magreb que aprovisionaba a España con una capacidad de casi el 25 % de su consumo, sin razón tecnifica ni económica que lo avale, y como permanece en la inacción en este tema, e incluso facilitando su uso para exportar gas desde la península a
Marruecos.
Anteponer intereses ideológicos en materia de transición energética al interés general y a los intereses geoestratégicos nacionales, se ha dado de bruces con una terrible realidad, como es la guerra en Ucrania.
En este contexto, el presidente Sánchez desautorizó públicamente hace escasos días a la Vicepresidenta Ribera, lo que le ha llevado a manifestarse a favor de una 'aceleración y fortalecimiento de las interconexiones', en clara alusión al
proyecto STEP-Midcat entre España y Francia para conectar con Alemania y centroeuropa, que había quedado excluido recientemente de la lista de proyectos
estratégicos de la UE, los llamados proyectos PIC (Proyectos de Interés Común), por el informe desfavorable de los reguladores francés y español y sin que el Gobierno español opusiera resistencia alguna.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Incrementar las capacidades y los niveles de aprovisionamiento, almacenamiento, regasificación y transporte de gas en el sistema peninsular, con especial atención a las interconexiones con Francia, Portugal, Marruecos y Argelia, en
coherencia con la nueva Comunicación de la UE.
2. Relanzar con carácter urgente, y con la simplificación de trámites a la que también apunta la UE, las nuevas interconexiones gasistas proyectadas en su día, en concreto, el proyecto STEP-MIDCAT.
3. Promover las modificaciones normativas en España y, en su caso, en el seno de la UE, a fin de que puedan acortarse los plazos de ejecución y puesta en operación del proyecto de interconexión referido en el apartado anterior, así como sus
mecanismos de financiación como Proyecto de Interés Común o similar.
4. Intensificar los trabajos para la puesta en servicio y funcionamiento de la regasificadora El Musel.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de marzo de 2022.-Juan Diego Requena Ruiz y Guillermo Mariscal Anaya, Diputados.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
COMPETENCIAS EN RELACIÓN CON OTROS ÓRGANOS E INSTITUCIONES
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
232/000067
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(232) Recurso de inconstitucionalidad.
Autor: Tribunal Constitucional
Sentencia dictada por el citado Tribunal en el recurso de inconstitucionalidad número 5389/2021, promovido por el Presidente del Gobierno, contra el Decreto-ley de la Generalitat de Cataluña 37/2020, de 3 de noviembre, de refuerzo de la
protección del derecho a la vivienda ante los efectos de la pandemia de la COVID-19.
Acuerdo:
Tomar conocimiento y trasladar a la Dirección de Estudios, Análisis y Publicaciones y a la Asesoría Jurídica de la Secretaría General, así como publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales el encabezamiento y el fallo de la
sentencia.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de marzo de 2022.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
El Pleno del Tribunal Constitucional, compuesto por el magistrado don Pedro José González Trevijano Sánchez, presidente, y los magistrados y magistradas don Juan Antonio Xiol Ríos, don Santiago Martínez-Vares García, don Antonio Narváez
Rodríguez, don Ricardo Enríquez Sancho, don Cándido Conde-Pumpido Tourón, doña María Luisa Balaguer Callejón, don Ramón Sáez Valcárcel, don Enrique Arnaldo Alcubilla, doña Concepción Espejel Jorquera y doña Inmaculada Montalbán Huertas, ha
pronunciado
EN NOMBRE DEL REY
la siguiente
SENTENCIA
En el recurso de inconstitucionalidad núm. 5389-2021, interpuesto por el Presidente del Gobierno contra los apartados 1, 2 y 3 del artículo único del Decreto-ley del Gobierno de la Generalitat de Cataluña 37/2020, de 3 de noviembre, de
refuerzo de la protección del derecho a la vivienda ante los efectos de la pandemia de la COVID-19. Han comparecido el Congreso de Diputados y el Senado. Han formulado alegaciones el Gobierno y el Parlamento de Cataluña. Ha sido ponente el
magistrado don Ricardo Enríquez Sancho.
[...]
FALLO
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, por la autoridad que le confiere la Constitución de la Nación española,
Ha decidido:
Estimar el presente recurso de inconstitucionalidad, y, en su virtud, declarar inconstitucionales y nulos los apartados 1, 2 y 3 del artículo único del Decreto-ley del Gobierno de la Generalitat de Cataluña 37/2020, de 3 de noviembre, de
refuerzo de la protección del derecho a la vivienda ante los efectos de la pandemia de la COVID-19.
Publíquese esta Sentencia en el 'Boletín Oficial del Estado'.
Dada en Madrid, a 24 de febrero de 2022.
232/000074
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(232) Recurso de inconstitucionalidad.
Autor: Tribunal Constitucional
Sentencia dictada por el citado Tribunal en el recurso de inconstitucionalidad número 6003/2021, promovido por el Parlamento de Canarias contra la disposición final primera, apartado cuarto, de la Ley 11/2021, de 9 de julio, de medidas de
prevención y lucha contra el fraude fiscal, de transposición de la Directiva (UE) 2016/1164, del Consejo, de 12 de julio de 2016, por la que se establecen normas contra las prácticas de elusión fiscal que inciden directamente en el funcionamiento
del mercado interior, de modificación de diversas normas tributarias y en materia de regulación del juego.
Acuerdo:
Tomar conocimiento y trasladar a la Dirección de Estudios, Análisis y Publicaciones y a la Asesoría Jurídica de la Secretaría General, así como publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales el encabezamiento y el fallo de la
sentencia.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de marzo de 2022.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
El Pleno del Tribunal Constitucional, compuesto por el magistrado don Pedro José González-Trevijano Sánchez, Presidente; el magistrado don Juan Antonio Xiol Ríos; los magistrados don Santiago Martínez-Vares García, don Antonio Narváez
Rodríguez, don Ricardo Enríquez Sancho, don Cándido Conde-Pumpido Tourón, la magistrada doña María Luisa Balaguer Callejón, los magistrados don Juan Ramón Sáez Valcárcel, don Enrique Arnaldo Alcubilla, las magistradas doña Concepción Espejel
Jorquera y doña Inmaculada Montalbán Huertas ha pronunciado
EN NOMBRE DEL REY
la siguiente
SENTENCIA
En el recurso de inconstitucionalidad núm. 6003-2021, interpuesto por el Parlamento de Canarias contra la disposición final primera, apartado cuarto, de la Ley 11/2021, de 9 de julio, de medidas de prevención y lucha contra el fraude
fiscal, de transposición de la Directiva (UE) 2016/1164, del Consejo, de 12 de julio de 2016, por la que se establecen normas contra las prácticas de elusión fiscal que inciden directamente en el funcionamiento del mercado interior, de modificación
de diversas normas tributarias y en materia de regulación del juego. Han intervenido y formulado alegaciones el Congreso de los Diputados, el Senado y el Abogado del Estado. Ha sido Ponente el Magistrado don Santiago Martínez-Vares García.
[...]
FALLO
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, por la autoridad que le confiere la Constitución de la Nación española,
Ha decidido:
Declarar que ha perdido objeto el recurso de inconstitucionalidad núm. 6003/2021 promovido por el Parlamento de Canarias contra la disposición final primera, apartado cuarto, de la Ley 11/2021, de 9 de julio, de medidas de prevención y
lucha contra el fraude fiscal.
Publíquese esta Sentencia en el 'Boletín Oficial del Estado'.
Dada en Madrid, a 24 de febrero de 2022.
233/000023
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(233) Cuestión de inconstitucionalidad
Autor: Tribunal Constitucional
Auto dictado por el citado Tribunal en la cuestión de inconstitucionalidad número 1142/2021, planteada por la Sección 1.ª de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el recurso de apelación
número 158/2020, en relación con las disposiciones transitorias primera 1.º y tercera de la Ley 1/2018, de 22 de febrero, de Coordinación de Policías Locales de la Comunidad de Madrid, por posible vulneración del artículo 149.1.18 de la Constitución
española.
Acuerdo:
Tomar conocimiento y trasladar a la Dirección de Estudios, Análisis y Publicaciones y a la Asesoría Jurídica de la Secretaría General, así como publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales el encabezamiento y el acuerdo del auto.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de marzo de 2022.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
El Pleno del Tribunal Constitucional, compuesto por el magistrado don Pedro González-Trevijano Sánchez, presidente, y los magistrados y magistradas don Juan Antonio Xiol Ríos, don Santiago Martínez-Vares García, don Antonio Narváez
Rodríguez, don Ricardo Enríquez Sancho, don Cándido Conde-Pumpido Tourón, doña María Luisa Balaguer Callejón, don Ramón Sáez Valcárcel, don Enrique Arnaldo Alcubilla, doña Concepción Espejel Jorquera y doña Inmaculada Montalbán Huertas, en la
cuestión de inconstitucionalidad núm. 1142-2021, planteada por la Sección primera de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en relación con las disposiciones transitorias primera.1 y tercera de la Ley
1/2018, de 22 de febrero, de Coordinación de Policías Locales de la Comunidad de Madrid, ha dictado el siguiente
AUTO
[...]
Por lo expuesto, el Pleno
ACUERDA
Declarar la extinción de la presente cuestión de inconstitucionalidad núm. 1142-2021 por desaparición sobrevenida de su objeto.
Madrid, a 24 de febrero de 2022.
OTROS TEXTOS
INICIATIVA LEGISLATIVA POPULAR
120/000030
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(120) Iniciativa Legislativa Popular.
Autor: Doña Soledad Camacho Alcántara y otros.
Proposición de Ley para la igualdad real y efectiva en el nivel de aportación económica que da acceso a la prestación farmacéutica ambulatoria, entre los colectivos de pensionistas y sus beneficiarios encuadrados en la Seguridad Social y los
pensionistas de las mutualidades de MUFACE, ISFAS, MUGEJU y sus beneficiarios.
Acuerdo:
Admitir a trámite el escrito por el que se ejercita el trámite inicial de la iniciativa legislativa popular, comunicando este acuerdo a la Comisión Promotora, a la Junta Electoral Central y al Senado, publicándolo en el Boletín Oficial de la
Cortes Generales, conforme a los artículos 5.3 y 7.1 de la Ley Orgánica 3/1984, de 26 de marzo, reguladora de la Iniciativa Legislativa Popular.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de marzo de 2022.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
PREMIOS
292/000025
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de 8 de marzo de 2022, ha acordado aprobar la convocatoria de la IV Edición del Premio 'Josefina Carabias' de periodismo parlamentario, de acuerdo con las bases que figuran a continuación:
El Congreso de los Diputados convoca la IV edición del Premio 'Josefina Carabias' de periodismo parlamentario, tanto audiovisual como gráfico y escrito. El Premio tiene como objetivo ayudar a fortalecer la imagen del Congreso y de los
miembros de la Cámara, así como fomentar la defensa de los valores de los derechos y libertades que los propios parlamentarios representan y defienden cada día en su acción política desde el Parlamento, y al mismo tiempo honrar la memoria de la
primera mujer que se dedicó profesionalmente de forma exclusiva al periodismo.
La convocatoria se hace con arreglo a las siguientes bases:
Primera. El Premio 'Josefina Carabias' está dotado con 6.000 euros y un obsequio institucional.
Segunda. Podrán ser propuestos para el Premio los profesionales de la información o los medios de comunicación que hayan destacado por llevar a cabo una brillante narración del trabajo parlamentario o de la defensa de los derechos y
libertades desde el Congreso, bien a lo largo de su trayectoria, bien en alguno de sus trabajos.
Tercera. En la concesión del Premio se tendrá en cuenta su labor en pro de la democracia y de la pluralidad informativa. Su obra podrá haberse publicado en prensa escrita o digital, radio o televisión de todo el territorio nacional, en
castellano o en cualquier otra lengua cooficial en las Comunidades Autónomas de España.
Cuarta. El Premio en metálico estará sujeto a la normativa fiscal vigente en el momento de su entrega.
Quinta. Los candidatos al Premio deberán ser propuestos por asociaciones de periodistas, grupos parlamentarios o entidades reconocidas por su labor social y política en defensa de la democracia y de los derechos humanos. El plazo de
presentación de propuestas finalizará el día 31 de mayo de 2022.
Sexta. El Premio será otorgado por la Mesa del Congreso de los Diputados a propuesta de un jurado integrado por su Presidenta, que lo presidirá, cuatro miembros de la Mesa de la Cámara, el ganador del Premio en su tercera edición, la
Presidenta de la Junta Directiva de la Asociación de Periodistas Parlamentarios o miembro de la Junta Directiva en quien delegue, la Directora de Comunicación de la Presidencia del Congreso de los Diputados y la Directora de Comunicación de la
Secretaría General del Congreso de los Diputados, que actuará como Secretaria.
Séptima. El jurado resolverá cuantas cuestiones surjan en el proceso de concesión del Premio. Podrá proponer, asimismo, que se declare desierto. En todo caso, sus decisiones no serán susceptibles de recurso alguno.
Octava. Las propuestas de candidatos se enviarán por correo certificado o se entregarán en la Secretaría de la Dirección de Comunicación (calle de Floridablanca, s/n, Edificio Ampliación II, planta baja, Congreso de los Diputados, 28071
Madrid), en horario de 10 a 14 horas, de lunes a viernes, con la identificación del candidato (nombre, domicilio y teléfono). En el sobre se hará constar 'Premio Josefina Carabias'.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena su publicación.
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de marzo de 2022.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de 8 de marzo de 2022, ha acordado que el Jurado de la IV Edición del Premio 'Josefina Carabias' de periodismo parlamentario esté integrado por las siguientes personas:
- Excma. Sra. D.ª Meritxell Batet Lamaña, Presidenta, que lo presidirá.
- Excmo. Sr. D. Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, Vicepresidente Primero.
- Excma. Sra. D.ª Ana María Pastor Julián, Vicepresidenta Segunda.
- Excma. Sra. D.ª María Gloria Elizo Serrano, Vicepresidenta Tercera.
- Excmo. Sr. D. Ignacio Gil Lázaro, Vicepresidente Cuarto.
- Sr. D. Fernando Garea Baragaño, ganador del Premio en su tercera edición.
- Presidenta de la Junta Directiva de la Asociación de Periodistas Parlamentarios, o miembro de la Junta Directiva en quien delegue.
- Sra. D.ª Elisenda Guardino Cusó, Directora de Comunicación de la Presidencia del Congreso de los Diputados.
- Ilma. Sra. D.ª María Rosario Rodríguez García, Directora de Comunicación de la Secretaría General del Congreso de los Diputados, que actuará como Secretaria del Jurado.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena su publicación.
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de marzo de 2022.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.