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BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 411, de 04/03/2022
cve: BOCG-14-D-411
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BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
XIV LEGISLATURA
Serie D: GENERAL
4 de marzo de 2022
Núm. 411
ÍNDICE
Composición y organización de la Cámara
DIPUTADOS
Declaración de bienes y rentas de los señores Diputados. ... (Página3)
Control de la acción del Gobierno
PROPOSICIONES NO DE LEY
Pleno
162/000951 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plural, sobre prevención y lucha contra la corrupción ... (Página14)
162/000953 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, sobre la modificación de la Ley 9/2012, de 14 de noviembre, de reestructuración y resolución de entidades de
crédito; la Ley 11/2015, de 18 de junio, de recuperación y resolución de entidades de crédito y empresas de servicios de inversión; y el Real Decreto 1559/2012, de 15 de noviembre, por el que se establece el régimen jurídico de las sociedades de
gestión de activos, en relación con el régimen jurídico de la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria... (Página15)
162/000954 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plural, sobre planificación de la retirada de las mascarillas en entornos educativos ... (Página18)
162/000955 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa a la puesta en marcha de un plan de recuperación económica de La Palma... (Página19)
162/000956 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre apoyo a la ciudadanía ucraniana frente a las agresiones de Vladimir Putin ... (Página20)
162/000958 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa a la implantación del cheque empleo servicio universal en España para mejorar las condiciones laborales de las empleadas del hogar y garantizar su
acceso a la prestación por desempleo.... (Página22)
162/000959 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa a garantizar un sistema eficaz de acogida de la ciudadanía ucraniana.... (Página23)
Competencias en relación con otros órganos e instituciones
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
233/000032 Encabezamiento y fallo de la Sentencia dictada en la cuestión de inconstitucionalidad número 5908/2021, planteada por el Pleno del Tribunal Constitucional, en relación con el inciso, 'cuando el domicilio social de la entidad de
crédito se encuentre en Canarias', del artículo 41.9.2.a) de la Ley 4/2012, de 25 de junio, de medidas administrativas y fiscales de la Comunidad Autónoma de Canarias.... (Página24)
COMPOSICIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA CÁMARA
DIPUTADOS
De conformidad con lo dispuesto en la Norma 5 del Acuerdo de las Mesas del Congreso de los Diputados y del Senado, de 21 de diciembre de 2009, por el que se aprueban las Normas en materia de registro de intereses, en los términos de la
redacción dada por la modificación acordada por las Mesas de ambas Cámaras, en su reunión del día 19 de julio de 2011, para dar cumplimiento a lo establecido en la reforma del artículo 160.2 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, se
ordena la publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales de las siguientes declaraciones de bienes y rentas presentadas, una vez calificadas.
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de marzo de 2022.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
ÍNDICE
ANGUITA PÉREZ, Omar (GS) (núm. expte. 005/000353/0001) 1 ... (Página4)
PASTOR JULIÁN, Ana María (GP) (núm. expte. 005/000025/0001) 1 ... (Página9)
0 Declaración inicial
1 Modificación de Declaración
2 Declaración final
CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PROPOSICIONES NO DE LEY
Pleno
La Mesa de la Cámara en su reunión del día de hoy ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 194 del Reglamento, las siguientes Proposiciones no de Ley y considerando que solicitan el debate de las iniciativas ante el Pleno de la
Cámara, disponer su conocimiento por éste, dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de marzo de 2022.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
162/000951
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Más País Verdes Equo, en el Grupo Parlamentario Plural, de conformidad con el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de ley para su debate en Pleno sobre prevención y lucha contra la
corrupción.
Exposición de motivos
El pasado 16 de diciembre de 2019 entró en vigor la Directiva UE de Protección de Denunciantes 2019/1937, conocida como Directiva Whistleblowers. El plazo para transponer esta directiva en nuestro país terminó el 17 de diciembre de 2021,
pero hemos incumplido este plazo, como tantas otras veces, y todavía no tenemos una legislación que pueda proteger a los alertadores en casos de corrupción, ni que establezca todos los cauces pertinentes para canalizar denuncias anónimas.
El pasado mes de julio Transparency International publicó su barómetro de corrupción global de la Unión Europea 2021. En el caso de nuestro país un 86 % de los españoles cree que la corrupción en el Gobierno es un gran problema.
Concretamente, solo un 16 % de los españoles cree que el Gobierno tiene en cuenta sus opiniones al tomar decisiones, de manera que España ocupa el lugar 25 entre los 27 países de la UE según este estudio. Además, Transparency Internacional ha
publicado un nuevo examen sobre la corrupción, esta vez en todo el mundo, el pasado 22 de enero de 2022, donde España retrocede del puesto 32 al 34, obteniendo 61 puntos sobre 100. Los observadores internacionales nos puntúan peor en lucha contra
la corrupción y la actualidad informativa de la última semana, lamentablemente, refrenda esta percepción.
No ayuda a luchar contra la corrupción el retraso del Ministerio de Justicia en transponer una norma que ofrecería un mecanismo fiable de protección a los alertadores de corrupción, pública y privada, para que cualquier ciudadano o
funcionario público pueda sentirse libre y seguro de poner en conocimiento de un organismo, creado a tal efecto, las prácticas corruptas que puedan conocer. Cuesta entender tanto retraso del Ministerio cuando en el Congreso se han podido registrar
varias iniciativas desde hace más de dos años, para esta trasposición, como la firmada por Más País en diciembre de 2019, que también está sufriendo retrasos y aún no se ha podido debatir en el pleno.
Bruselas, una vez más, ha abierto un expediente a España que terminará en sanción económica en ausencia de transposición de la directiva, como ya ocurrió con la multa de 15 millones de euros que se impusieron a España por la directiva de
protección de datos personales. Somos de los países con más expedientes (106 activos). Una falta de diligencia en el desarrollo normativo, como ha denunciado la Agéncia Valenciana Antifrau, que genera gran desconfianza en la ciudadanía. Los
hechos recién conocidos
en relación con el Partido Popular ponen de manifiesto la urgencia por acometer esta norma, así como abordar otras reformas que ayuden a luchar contra la corrupción.
Por ello, Más País Verdes Equo, en el Grupo Parlamentario Plural, presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Hacer efectiva la trasposición de la Directiva UE 2019/1937 de protección de alertadores en casos de corrupción.
2. Crear de manera inmediata mediante esta ley una Autoridad Nacional de Lucha contra la Corrupción en España, configurada como Alto Comisionado del Congreso de los Diputados, con personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar para
el cumplimiento de sus fines. Este organismo actuará con plena independencia orgánica y funcional de las administraciones públicas, de forma objetiva, trasparente e imparcial, coordinando e impulsando actuaciones destinadas a ayudar a las
autoridades competentes y a las personas que alerten sobre actividades corruptas o sobre las actividades incluidas en el ámbito material de esta ley, a prevenir y detectar e investigar los hechos alertados o denunciados, trabajando en colaboración y
coordinación con las Administraciones con competencia en la materia.
3. Acometer una reforma del Reglamento del Registro Mercantil para llevar a cabo la apertura pública y gratuita de este registro, de forma que toda la información empresarial y societaria que figure en el registro mercantil se publique de
manera abierta, gratuita y reutilizable, como se hace en la mayoría de países europeos de nuestro entorno y que permite así vigilar las irregularidades en la contratación pública. Esta reforma debe contemplar que la web del ''Boletín Oficial de
Registro Mercantil'', además de ser abierta y gratuita, tenga un buscador como el de la Companies House británica donde poder descargar toda la información.
4. Acometer una reforma del Real Decreto-ley 5/1994, de 29 de abril, por el que se regula la obligación de comunicación de determinados datos a requerimiento de las Comisiones Parlamentarias de Investigación, de forma que la Administración
Tributaria y las entidades de crédito, entidades aseguradoras, sociedades o agencias de valores, sociedades gestoras de instituciones de inversión colectiva, establecimientos financieros de crédito y, en general, cualesquiera entidades financieras,
deberán proporcionar cuantos datos, informes, antecedentes o documentos les sean requeridos por las Comisiones Parlamentarias de Investigación a que se refiere el artículo 76 de la Constitución y esta obligación se extienda a las Comisiones
Parlamentarias de investigación autonómicas y de las Corporaciones Locales.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de febrero de 2022.-Inés Sabanés Nadal, Diputada.-Íñigo Errejón Galván, Portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Plural.
162/000953
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común presenta, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la presente Proposición no de Ley
para su debate y aprobación en Pleno sobre la modificación de la Ley 9/2012, de 14 de noviembre, de reestructuración y resolución de entidades de crédito; la Ley 11/2015, de 18 de junio, de recuperación y resolución de entidades de crédito y
empresas de servicios de inversión; y el Real Decreto 1559/2012, de 15 de noviembre, por el que se establece el régimen jurídico de las sociedades de gestión de activos, en relación con el régimen jurídico de la Sociedad de Gestión de Activos
procedentes de la Reestructuración Bancaria.
Exposición de motivos
La creación de una sociedad de gestión de activos inmobiliarios, popularmente conocida como banco malo, fue una de las condiciones impuestas en el MoU, el Memorándum de Entendimiento firmado con la Unión Europea para el rescate de España en
2012.
La Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria, en adelante SAREB, fue creada con el objetivo de comprar parte de los activos tóxicos y problemáticos que tenía la banca para 'limpiar' sus balances y eliminar el
lastre que en ellos tenían los activos 'improductivos'. Viviendas y suelos que estaban en poder de las entidades después de haber sido ejecutadas las garantías e hipotecas de quienes no habían pagado los préstamos firmados, además de créditos
fallidos con enormes dificultades de recuperación, fueron traspasados a este 'banco malo' para que las entidades dejasen de tener el lastre de tener que provisionar esos activos que no les generaban más que gastos y les obligaban a reservar capital.
Para que no impactase negativamente en las cuentas de las Administraciones Públicas, SAREB se constituyó con mayoría de accionistas privados sin consolidar su balance con las cuentas del Estado. Fue financiada con recursos públicos que
suponían un 95,31 % del total, pero el porcentaje de propiedad accionarial público solo sería del 45,68 %. Al mismo tiempo, los socios privados que solo aportaban el 4,69 % de la financiación total, se quedaban con el 54,33 % de las acciones.
La notificación de la Unión Europea de abril de 2021 en el contexto del Procedimiento de Déficit Excesivo de 2020 desmontó la estrategia y supuso la integración contable de SAREB como parte de las Administraciones Públicas.
Como consecuencia de la reclasificación la actividad de la compañía repercute directamente sobre las cuentas públicas con efectos desde 2020. Ha supuesto un incremento en el déficit público de 2020 de 9.891 millones de euros (0,88 % del
PIB) y un incremento de la deuda PDE consolidada de las Administraciones Públicas de 34.145 millones de euros en diciembre de 2020 (3,05 % del PIB). Del mismo modo, en los sucesivos ejercicios, las operaciones de disposición de su activo por parte
de SAREB, así como sus resultados contables afectarán al saldo de las cuentas nacionales del sector de las Administraciones Públicas.
SAREB adquirió por tanto inmuebles, créditos y suelo por valor de 50.781 millones de euros después de aplicar un descuento medio del 52 % sobre el que tenían en las entidades. Es decir, activos contabilizados en las entidades bancarias
nacionalizadas por 107.121 millones de euros, fueron adquiridos por el 'banco malo' por 50.781 millones.
A pesar de esa rebaja aparentemente elevada, se traspasaron mucho más caros de lo que realmente valían. De hecho, la Comisión Europea indicó en diciembre de 2012, que el descuento medio con el que SAREB debería haber adquirido los activos
era de un 72 %. Es decir, suponía casi 20 puntos porcentuales sobre el valor bruto de traspaso realmente practicado. Se compraron los inmuebles, el suelo y los créditos por 18.000 millones de euros más de lo que valían.
El ministro de Economía, Luis de Guindos, aseguraba en noviembre de 2012, solo unos meses después de la creación de la SAREB, que la sociedad no solo no les costaría dinero a los contribuyentes españoles, sino que, a lo largo de su vida,
ofrecería una rentabilidad del 15 %.
Sin embargo, en junio de 2021 la sociedad había consumido los 1.200 millones aportados de capital y los 3.600 millones de deuda subordinada que habían suscrito los accionistas. En total, 4.800 millones. Pero, además, el patrimonio neto de
SAREB era negativo en casi 9.700 millones de euros. En total un quebranto contable que asciende a unos 14.500 millones de los que 12.000 millones son públicos.
El resultado de todo lo anterior ha sido la aprobación de un real decreto para eliminar los límites a la participación del Estado en el accionariado de SAREB, permitiendo así la nacionalización de facto.
La aprobación del Real Decreto-ley 1/2022, de 18 de enero, por el que se modifica el régimen jurídico de las sociedades de gestión de activos y en particular el régimen de la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración
Bancaria, deja en evidencia la negligente actuación en la gestión de esta sociedad y la necesidad de modificar la forma de actuar.
Por todo ello se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a promover una modificación en el articulado de la Ley 9/2012, de 14 de noviembre, de reestructuración y resolución de entidades de crédito; la Ley 11/2015, de 18 de junio, de recuperación y
resolución de entidades de crédito y empresas de servicios de inversión;
y el Real Decreto 1559/2012, de 15 de noviembre, por el que se establece el régimen jurídico de las sociedades de gestión de activos, en relación con el régimen jurídico de la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración
Bancaria para incluir los siguientes ejes fundamentales:
I. Modificación del objeto social de SAREB para convertir a esta sociedad en una herramienta pública para garantizar el derecho a la vivienda con duración indefinida. Para ello la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la
Reestructuración Bancaria deberá depender del ministerio que tenga las competencias a nivel estatal en materia de vivienda.
II. Para poder fiscalizar y controlar adecuadamente SAREB, la toma de control público incorporará la creación de un organismo que permita el seguimiento de la actividad de la sociedad y la comprobación del cumplimiento de sus objetivos, más
allá de los órganos de control de la sociedad. En el Consejo de Administración y en dichos organismos de seguimiento participarán los ministerios que tengan competencias en derechos sociales y vivienda.
III. SAREB debe ser transparente y es imprescindible que se conozcan los activos que tiene en propiedad. Que inmuebles y suelos que hemos pagado con dinero público sigan siendo algo desconocido para los ministerios que tienen competencias
relacionadas como es el caso de Transporte (vivienda) o Derechos Sociales, debe ser subsanado de manera inmediata.
IV. Para defender los intereses públicos, SAREB debe modificar los próximos bonos que emita para que puedan generar rendimientos negativos. La compañía ha anunciado que ha interpuesto una demanda contra sus tenedores de deuda sénior
(Abanca, CaixaBank, Banco Sabadell, BBVA, Unicaja, Ibercaja y BFA) con el objetivo de conseguir que sus bonos puedan generar rendimientos negativos, según una nota remitida a la CNMV. Solicita, en concreto, que se declare que el cupón trimestral de
los bonos sénior emitidos por SAREB a partir de las emisiones 2017-3 y 2018-1 y sucesivas pueden generar rendimientos negativos. Reclama, así, que la banca que tiene esa deuda le pague por la misma, dado cómo están los tipos de interés actualmente.
Como ejemplo, en 2020 la compañía dejó de ingresar por esta causa 147 millones de euros.
V. SAREB realizará una gestión social del parque de viviendas actual de SAREB integrando las mismas el parque social para garantizar acceso a la vivienda de la población, especialmente la más vulnerable. Para ello se llevará a cabo una
gestión activa con las personas que están en precario en viviendas de la SAREB para gestionar alquileres sociales vinculados al nivel de ingresos. Se estima que podrían alcanzar un precio medio de 100 euros mensuales, oscilando entre niveles
inferiores para las personas inquilinas en situación de más vulnerabilidad y 300 euros como máximo.
VI. Se suspenderán de forma indefinida los procedimientos de desahucio con objeto de que los servicios sociales puedan ofrecer soluciones a las personas que habiten viviendas propiedad de SAREB y que se encuentren en situación económica sin
alternativa habitacional.
VIl. SAREB agilizará los convenios con las comunidades autónomas y las corporaciones locales para que estas administraciones puedan gestionar las viviendas en sus ámbitos de actuación y destinarlas al alquiler social.
VIII. SAREB realizará actuaciones con el suelo urbanizable para convertir los 72 millones de metros de suelo en desarrollo y finalista en vivienda pública destinada a alquiler social. También podrá articular cesiones a cooperativas de
suelo urbanizable en modalidad de derecho de uso.
IX. SAREB realizará actuaciones en el suelo rústico en propiedad del que dispone para desarrollar una estrategia de inversión en energías renovables y para implementar iniciativas vinculadas al desarrollo rural y la fijación de población al
territorio.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de febrero de 2022.-Pilar Garrido Gutiérrez, Diputada.-Sofía Fernández Castañón, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común.
162/000954
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Más País Verdes Equo, en el Grupo Parlamentario Plural, de conformidad con el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para su debate en Pleno sobre planificación de la retirada de
las mascarillas en entornos educativos.
Exposición de motivos
Desde el mes de marzo de 2020 hemos experimentado diferentes intervenciones de salud pública encaminadas a disminuir el impacto de la pandemia de COVID-19 en nuestra salud y, en términos generales, en nuestra sociedad.
El uso de la mascarilla en interiores ha sido una de esas medidas, siendo bastante generalizada en diferentes países de nuestro entorno y, además, habiéndose mostrado como una herramienta fundamental para el control de la transmisión del
SARS-CoV-2. Por otro lado, el uso de mascarillas en espacios exteriores, aunque controvertido desde el punto de vista de la justificación técnica, ha sido obligatorio en España hasta inicios de febrero de 2022, salvo una época en la cual esta
medida decayó.
Ahora, con la generalización de la vacunación en la población general, el aumento de la vacunación en la población pediátrica entre cinco y once años, en los cuales veremos una proporción creciente de niños y niñas con la pauta completa
durante las próximas semanas, y los datos acumulados de la última ola en lo relativo a la tasa de complicaciones en los casos de COVID-19, es hora de plantear qué hacer con algunas de las medidas de seguridad implantadas semanas o meses atrás. Que
las instituciones ostenten el mando y la guía de la retirada y atenuación de las medidas de seguridad es fundamental para amplificar los efectos positivos y reducir los impactos negativos.
Los centros educativos pueden ser un lugar idóneo para comenzar a retirar la mascarilla en el interior de las aulas, de forma gradual y progresiva. Esto es así, principalmente, porque sabemos que la retirada de la mascarilla aportaría
beneficios importantes a los niños y niñas en al menos dos aspectos fundamentales para su vida diaria y su desarrollo futuro: la socialización entre pares y la mejora en diversos ámbitos del aprendizaje.
Tenemos la oportunidad de llevar a cabo esta retirada de la mascarilla no de una forma atolondrada y que busque el efectismo, sino gradual y monitorizada, como señala el Posicionamiento de la Asociación Española de Pediatría-AEP con relación
a la retirada progresiva de mascarillas en las escuelas, publicado el 14 de febrero de 2022: 'Si queremos progresar hacia una eventual 'normalización' de la transmisión, debemos ir retirando progresivamente las medidas de prevención en el ámbito
escolar, adaptándonos a la situación epidemiológica de cada comunidad, y siempre y cuando se pueda garantizar una monitorización estrecha del impacto de esta desescalada'. Comenzar la retirada por los cursos inferiores de educación primaria y
avanzar de acuerdo con los estudios de medida de impacto de dicha retirada hacia cursos superiores permitiría avanzar y actuar en la dirección de atenuación de las medidas de seguridad, haciéndolo de forma segura.
Además, es preciso que la desescalada en las medidas que han de ser retiradas de forma progresiva ha de acompañarse del refuerzo de aquellas otras medidas que han de mantenerse en el tiempo, porque son beneficiosas no solo en el contexto de
la pandemia de COVID-19, sino en términos generales para la prevención de infecciones respiratorias. Es el caso de la ventilación. Sabemos que una correcta ventilación es un elemento fundamental para la prevención de la transmisión de SARS-CoV-2
en entornos cerrados, así como de otras infecciones respiratorias; la ventilación más adecuada es la realizada de forma natural mediante ventilación cruzada, garantizando por parte de las instituciones que se cuentan con los medios técnicos y
profesionales necesarios para que los lugares donde no se da dicha ventilación cruzada, tengan una ventilación suficientemente satisfactoria.
Así mismo, es necesario intensificar la vacunación en la población pediátrica, así como atender sus necesidades de socialización, ya que estas necesidades de niños y niñas fueron puestas a la cola en las primeras fases de la pandemia sin
tener en cuenta las implicaciones para su salud mental. Siendo la población de menor riesgo, fueron los últimos en salir a pasear y deben ser los primeros ahora.
Por ello, Más País Verdes Equo, en el Grupo Parlamentario Plural, presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Proponer en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud la retirada de la mascarilla en los centros educativos, como primer lugar donde pilotar esta medida dentro de nuestra sociedad, comenzando por los cursos inferiores y
avanzando de acuerdo con el análisis de los resultados de impacto de esta medida.
2. Acordar con las Comunidades Autónomas procedimientos para garantizar la ventilación en las aulas de los centros educativos, debiendo estas poner los medios materiales necesarios para la ventilación en aquellas aulas que no puedan
ventilar de manera correcta mediante ventilación natural, según se acredite mediante mediciones de los niveles de calidad del aire.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de febrero de 2022.-Inés Sabanés Nadal, Diputada.-Íñigo Errejón Galván, Portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Plural.
162/000955
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana María Oramas González-Moro, Diputada de Coalición Canaria, integrada en el Grupo Parlamentario Mixto, de conformidad con lo previsto en el Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta, para su debate en Pleno, la siguiente
Proposición no de Ley para la puesta en marcha de un plan de recuperación económica de La Palma.
Exposición de motivos
La erupción volcánica que se inició el 19 de septiembre de 2021 se llevó por delante las propiedades de miles de palmeros, sus negocios y explotaciones agrícolas y ganaderas. Fue un duro golpe para los dos sectores económicos de los que
vive La Palma: la agricultura y el turismo. A ello hay que añadir la destrucción de la zona industrial más grande de la zona del valle de Aridane.
En cuanto a la agricultura, la destrucción ha afectado a la zona platanera más rentable desde el punto de vista económico, y a gran cantidad de hectáreas de aguacate, próteas y otros cultivos. Lo mismo ocurre con las explotaciones
ganaderas, muchas de las cuales han desaparecido por completo. Las ayudas por pérdida de renta han comenzado a llegar, pero no se sabe nada de las ayudas para la recuperación de los cultivos y las infraestructuras. Durante la visita del Comisario
de Agricultura se cifró la cantidad necesaria para recuperar la infraestructura de los cultivos en la zona afectada en más de 110 millones de euros.
A ello hay que unir la destrucción de buena parte de la economía turística. Se ha puesto en marcha el Plan La Palma renace que contempla un bono para recuperar turistas, campañas promocionales y una línea de apoyo a la conectividad. Pero
no se ha previsto cantidad alguna para la recuperación de los alojamientos perdidos, más de 600, según el Área de Turismo, a las que hay que añadir las 4.000 inutilizadas en la actualidad, entre ellas las que se encuentran en Puerto Naos, el
principal núcleo turístico, afectado por la emisión de gases, sin que se sepa cuándo terminará esa situación. Teniendo en cuenta que el total de camas es de alrededor de 14.000, la afección es enorme.
Por lo que se refiere a la industria, la desaparición de la zona industrial del valle de Aridane ha supuesto un duro golpe, dado que la planificación y puesta en marcha de una zona similar llevará alrededor de diez años.
La afección a estos sectores económicos no solo se produce en la zona tapada por el volcán, las repercusiones en una isla tan pequeña, son lógicamente para toda la economía insular.
Ante todo esto, es urgente la puesta en marcha de medidas que permitan una recuperación de la economía de La Palma, si no queremos que se repitan los episodios de emigración masiva que ha vivido la isla históricamente tras las erupciones
volcánicas.
Por todo ello se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a poner en marcha un Programa de Recuperación Económica de La Palma que incluya:
1.º Ayudas a fondo perdido para cubrir las necesidades actuales y futuras de las empresas, hasta que la recuperación económica sea total.
2.º Préstamos preferenciales para afrontar gastos de infraestructura necesarios para recuperar la actividad o para reconvertir las empresas, en aquellos casos en que sea imposible continuar la actividad tal y como estaba planteada.
3.º Incluir a las empresas palmeras como preferentes en todas las actuaciones de apoyo empresarial o económico que se pongan en marcha por parte del Gobierno de España.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de febrero de 2022.-Ana María Oramas González-Moro, Diputada.-Isidro Manuel Martínez Oblanca, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
162/000956
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley de apoyo a la ciudadanía ucraniana frente a las agresiones de
Vladimir Putin, para su debate en el Pleno.
Exposición de motivos
Finalmente, ocurrió. Vladimir Putin acabó, mediante un mensaje televisado en la madrugada del 24 de febrero, declarando la guerra a Ucrania. Acto seguido, se sucedieron bombardeos no ya solo en los territorios ocupados de los oblast de
Donetsk y Lugansk, que el Kremlin había reconocido como estados independientes, sino a lo largo y ancho de todo el territorio ucraniano. Según el presidente ruso, el objetivo de esta operación militar a gran escala es 'desnazificar' Ucrania y
provocar un cambio de régimen en el país, cuyo liderazgo actualmente es pro-europeo. Mientras tanto, las primeras informaciones ya hablan de, al menos, siete fallecidos y miles de desplazados que dejan sus hogares y buscan refugio en algún lugar
seguro, sin saber exactamente si queda alguno en toda Ucrania.
En los últimos días, el Kremlin había llevado a cabo acciones incrementales, aumentando la presión sobre el Gobierno ucraniano y sobre la población civil, con continuos ciberataques y operaciones de 'falsa bandera' en la frontera entre los
territorios ocupados de los oblast de Donetsk y Lugansk. Además, en los últimos meses el presidente Vladimir Putin había ordenado la movilización de unas 175.000 tropas en territorio ruso, moldavo, bielorruso y en los territorios ucranianos
ocupados de Crimea, Donetsk y Lugansk. El pasado 21 de febrero, el Kremlin emitió un reconocimiento oficial de la independencia de los oblast de Donetsk y Luganks, incluyendo en ese reconocimiento incluso los territorios que seguían bajo control
del Gobierno ucraniano. Automáticamente, Vladimir Putin emitió un comunicado en el que enviaba unas supuestas 'operaciones de paz' a esos territorios, afirmando que su población había recibido ataques por parte de fuerzas ucranianas y habían
solicitado formalmente ayuda rusa. Una vez más, se repite la misma hoja de ruta ya aplicada en Georgia en 2008 y en Crimea en 2014.
Como respuesta a esa actuación, la Unión Europea y Estados Unidos pasaron de su estrategia de intentar una solución diplomática a pasar a la acción para aprobar un primer paquete de sanciones. Por primera vez, hubo una reacción
internacional muy coordinada, incluyendo además prohibiciones a la exportación de material tecnológico a Rusia por parte de aliados asiáticos como Taiwan, Singapur o
Japón, que temen que una agresión por parte del régimen de Vladimir Putin contra Ucrania que quede impune pueda impulsar las ansias expansionistas de China en el Indo-Pacífico. Sin embargo, solo un día después de que la Unión Europea
pudiera hacer efectivas esas sanciones, Vladimir Putin ha continuado con su plan y ha ordenado una invasión completa de Ucrania. Esto ha llevado tanto a los europeos como a los estadounidenses y a nuestros aliados a repensar de nuevo las acciones
de respuesta que pueden ser necesarias y efectivas.
Mientras tanto, la población ucraniana se enfrenta de nuevo a una agresión por parte del Kremlin y se ve obligada a soportar un enfrentamiento militar abierto en su territorio. Por la voluntad del Kremlin de evitar que Ucrania pudiera
ejercer su soberanía, finalmente han visto también comprometida su integridad territorial y, finalmente, la paz. Este tipo de actuaciones no pueden sino provocar una condena unánime en todos los demócratas, puesto que suponen una ruptura frontal
del derecho internacional, del Estado de Derecho, y de la estabilidad europea e internacional.
Teniendo esto en cuenta, y en solidaridad con la ciudadanía ucraniana, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados expresa su firme condena a la invasión ordenada por Vladimir Putin contra la soberanía, la integridad territorial y la población de Ucrania, e insta al Gobierno a:
1. Liderar, en el seno de las instituciones de la Unión Europea, una nueva lista de sanciones específicas contra los responsables directos e indirectos de las hostilidades y actos de agresión contra Ucrania, la expulsión de la Federación
Rusa del sistema de pagos SWIFT y la cancelación de la financiación de gas y petróleo de origen ruso.
2. Aprobar un paquete económico de urgencia con asistencia financiera extraordinaria al Gobierno ucraniano, con el objetivo de contribuir a la estabilización del sistema financiero ucraniano y evitar la fuga masiva de capitales.
3. Enviar, con carácter urgente, una nueva remesa de asistencia humanitaria que tenga como objetivo la protección de la población ucraniana y la provisión de servicios a todos los desplazados internos a causa de las hostilidades, incluyendo
el envío de cascos, chalecos antibalas y sistemas de desminado.
4. Proceder al envío urgente de dispositivos y equipos de comunicación por satélite para garantizar el desarrollo de las comunicaciones básicas civiles y militares ucranianas tras la destrucción de infraestructuras de telecomunicaciones por
parte de las tropas rusas.
5. Aportar recursos económicos y humanos a la fuerza de respuesta ante ciberataques que ya han puesto en marcha algunos Estados miembros de la Unión Europea, para evitar que se produzcan nuevos ataques de carácter cibernético contra
infraestructuras o servicios críticos en Ucrania o contra instituciones públicas.
6. Redoblar, en coordinación con nuestros socios europeos y de la OTAN, los esfuerzos para combatir la desinformación propagada por el régimen de Vladimir Putin a través de sus actores diseminados por todo el mundo, mediante todo tipo de
medidas destinadas a detener su proliferación, diseminación y difusión.
7. Asegurar el envío urgente de gasoil y gasolina para facilitar el funcionamiento de los transportes por carretera de carácter civil o militar, ante la destrucción de los puestos de repostaje y almacenaje de combustible por parte de las
tropas rusas.
8. Activar el régimen de protección internacional subsidiaria para ciudadanos ucranianos.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de febrero de 2022.-María Carmen Martínez Granados, Diputada.-Edmundo Bal Francés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
162/000958
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley, relativa a la implantación del cheque empleo servicio universal en
España para mejorar las condiciones laborales de las empleadas del hogar y garantizar su acceso a la prestación por desempleo, para su debate ante el Pleno.
Exposición de motivos
En el año 2006 se ponía en marcha en Francia el cheque empleo-servicios universal que tenía entre sus finalidades reducir el empleo sumergido entre las personas que prestan sus servicios a domicilio mediante un sistema de contratación menos
burocratizado y que reconocía mayores derechos laborales a los trabajadores.
Concretamente, la creación de este cheque empleo-servicios articulaba un sistema de contratación de servicios particulares a domicilio por el cual se le facilitaba al empleador un talonario para remunerar los servicios contratados y un
formulario para informar a la administración de los servicios disfrutados.
La simplicidad administrativa de este sistema de contratación, así como las numerosas ventajas fiscales que lo acompañan, lo convierten en una herramienta muy interesante para hacer frente a la precariedad laboral que sufren miles de
trabajadores en España, aflorar empleo sumergido y promover a medio plazo la profesionalización y calidad de los servicios que prestan estos trabajadores.
Según los datos proporcionados por el Fondo Monetario Internacional durante el primer trimestre de este año, en torno al 17,2 % del dinero que se mueve en nuestro país 'es dinero en B'. Además, según el Instituto de Estudios Fiscales, la
mitad del dinero en negro que se mueve en nuestro país corresponde a empleo sumergido y la cantidad es equivalente a ocultar un millón de empleos. En la misma línea, el sindicato Gestha, apunta que aflorar el empleo sumergido en España ayudaría a
incrementar la recaudación de la Seguridad Social en 3.500 millones de euros.
Algunos sindicatos y determinadas asociaciones de profesionales llevan reclamando desde hace años la implantación del bono servicio universal en España. En particular, las empleadas domésticas sería uno de los colectivos más beneficiados
por esta política pública. Según datos publicados por el periódico digital El Confidencial en enero de 2020, 'una de cada tres empleadas del hogar trabaja en negro', por lo que no pudo recibir la ayuda extraordinaria impulsada por el Gobierno de
España para este colectivo durante la crisis sanitaria y económica provocada por la COVID-19.
A su vez, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea acaba de concluir que el régimen laboral de las empleadas del hogar en España es discriminatorio al considerar que no hay razones para negar a este colectivo el acceso al paro. La
implantación de este cheque empleo servicio universal, junto con el diseño para el acceso a la prestación por desempleo de estas trabajadoras, ayudaría a reducir la precariedad laboral que afecta a este colectivo y mejorar su protección social.
Por todo lo anterior, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a:
1. Implantar el cheque empleo servicio universal con el objetivo de simplificar la contratación de las trabajadoras del hogar por parte de los empleadores, facilitar el afloramiento de empleos sumergidos y como garantía del abono del
salario y las cotizaciones correspondientes de estos trabajos.
De manera complementaria, se articulará el procedimiento de acceso a la prestación de desempleo de estas trabajadoras y las condiciones que deberán cumplir para acceder a esta prestación social.
2. Acompañar la implantación del cheque empleo servicio universal de las deducciones fiscales necesarias a los empleadores para garantizar la eficacia de esta medida.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de febrero de 2022.-María Muñoz Vidal y Sara Giménez Giménez, Diputadas.-Edmundo Bal Francés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
162/000959
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para garantizar un sistema eficaz de acogida de la ciudadanía
ucraniana, para su debate en el Pleno.
Exposición de motivos
En los últimos días, el Kremlin había llevado a cabo acciones incrementales, aumentando la presión sobre el Gobierno ucraniano y sobre la población civil, con continuos ciberataques y operaciones de 'falsa bandera' en la frontera entre los
territorios ocupados de los oblast de Donetsk y Lugansk. Además, en los últimos meses el presidente Vladimir Putin había ordenado la movilización de unas 175.000 tropas en territorio ruso, moldavo, bielorruso y en los territorios ucranianos
ocupados de Crimea, Donetsk y Lugansk. El pasado 21 de febrero, el Kremlin emitió un reconocimiento oficial de la independencia de los oblast de Donetsk y Luganks, incluyendo en ese reconocimiento incluso los territorios que seguían bajo control
del Gobierno ucraniano. Automáticamente, Vladimir Putin emitió un comunicado en el que enviaba unas supuestas 'operaciones de paz' a esos territorios, afirmando que su población había recibido ataques por parte de fuerzas ucranianas y habían
solicitado formalmente ayuda rusa. Una vez más, se repite la misma hoja de ruta ya aplicada en Georgia en 2008 y en Crimea en 2014.
La invasión a gran escala de Ucrania ordenada por el Kremlin se ha cobrado ya decenas de muertos y centenares de heridos, y a fecha de redacción de estas líneas las tropas rusas están cercando la capital, Kiev, donde al sonido de las
detonaciones de misiles y bombas se han sumado en las últimas horas los traqueteos de carros de combate y los tiroteos. Durante horas, los ciudadanos ucranianos han tenido que esconderse en búnkers improvisados, refugios antibombas, o incluso en
los túneles y estaciones del metro, recordando las imágenes aciagas de Londres bajo la amenaza de la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial. Y es que esta nueva guerra no es otra cosa que un recordatorio de todo lo que no hemos hecho bien los
europeos y occidentales tras conseguir la paz en la anterior.
Otros han decidido huir de Kiev, intentando buscar refugio en otras zonas del país con la esperanza de que lo peor de los horrores de la guerra no les alcance. Muchos de ellos, tras superar las largas caravanas de vehículos que salían de la
capital hacía solo unas horas, quizás incluso decidirán abandonar del todo el país. Esto supondrá, además, la ruptura de familias, puesto que el Gobierno ucraniano ha ordenado a todos los varones de entre 18 y 60 años que permanezcan en el país
para defenderlo frente a la invasión, prohibiendo su salida al extranjero. A los fallecidos, los heridos, las aspiraciones y sueños rotos, se suman ahora los miles de familias que van a sufrir el dolor de la separación forzosa.
Ante este drama humanitario, el Gobierno polaco ha dado un giro de ciento ochenta grados a su política migratoria, afirmando que las fronteras de su país estaban abiertas por completo a los ucranianos que huyeran de la guerra. De hecho,
representantes del Gobierno polaco han admitido abiertamente que dan la bienvenida a todos los ucranianos que quieran refugiarse en Polonia, eliminando los requisitos de presentación de documentación y de certificados COVID-19, permitiendo incluso
que viajen a Polonia con sus mascotas. No en vano, Polonia comparte frontera terrestre con Ucrania. De acuerdo a las estimaciones del propio Gobierno polaco, esperan la llegada de entre uno y cuatro millones de refugiados en los próximos días a
causa de la invasión del país vecino.
Desde el Grupo Parlamentario Ciudadanos presentamos el pasado 24 de febrero, el día que comenzó esta invasión de Ucrania, una proposición no de ley con una batería de propuestas al Gobierno de España para hacer frente a esta emergencia,
entre las que se encontraban tanto el envío de ayuda humanitaria adicional a los esfuerzos ya realizados en el seno de la Unión Europea como la aprobación del régimen especial de protección internacional subsidiaria para los ciudadanos ucranianos.
Dado el avance significativo de la situación y el agravamiento de la crisis humanitaria resultante, se hacen necesarias más medidas, especialmente en coordinación con nuestros socios de la Unión Europea, para acoger de forma exitosa a todos los
ucranianos que busquen en Europa su refugio ante la invasión del Kremlin.
Teniendo esto en cuenta, y en solidaridad con la ciudadanía ucraniana, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Convocar, de forma conjunta con los Gobiernos de Polonia, Estonia, Letonia, Lituania y Rumania y la Comisión Europea, una Cumbre de Solidaridad con carácter urgente para acordar medidas en el seno de la Unión Europea para acoger a todos
los ucranianos que se vean obligados a exiliarse de su país por la invasión.
2. Impulsar, en el seno de las instituciones de la Unión Europea, una aplicación más flexible de la legislación vigente en materia de asilo y refugio para poder absorber de forma eficaz y segura a los ciudadanos ucranianos que lleguen a
nuestras fronteras.
3. Eliminar todos los requisitos burocráticos adicionales a un documento válido de identificación, de carácter administrativo o sanitario como el Certificado COVID-19, a la hora de permitir la entrada de ciudadanos ucranianos en territorio
europeo para solicitar asilo de forma segura.
4. Enviar apoyo a los Estados miembros de la Unión Europea que comparten frontera terrestre con Ucrania, en forma de recursos económicos, logísticos y humanos, para ayudar a las fuerzas de control de fronteras de esos países a garantizar la
entrada segura de los ciudadanos ucranianos que lleguen a territorio europeo y a realizar las tareas procedentes de verificación de documentos e identificación de personas.
5. Aprobar una partida presupuestaria extraordinaria para aumentar los recursos económicos y humanos de la Oficina de Asilo y Refugio, para poder agilizar los procesos de tramitación de solicitudes de asilo en nuestro país en previsión de
una posible oleada de solicitudes por parte de ciudadanos ucranianos.
6. Ofrecer todo el apoyo logístico y administrativo necesario a los ciudadanos ucranianos residentes en España para poder localizar y contactar a sus familias, así como para poder establecer procedimientos de reunificación familiar sin
importar el grado de parentesco.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de febrero de 2022.-María Carmen Martínez Granados, Diputada.-Edmundo Bal Francés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
COMPETENCIAS EN RELACIÓN CON OTROS ÓRGANOS E INSTITUCIONES
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
233/000032
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(233) Cuestión de inconstitucionalidad.
Autor: Tribunal Constitucional.
Sentencia dictada por el citado Tribunal en la cuestión de inconstitucionalidad número 5908/2021, planteada por el Pleno del Tribunal Constitucional, en relación con el inciso 'cuando el domicilio social de la entidad de crédito se encuentre
en Canarias' del artículo 41.9.2.a) de la Ley 4/2012, de 25 de junio, de medidas administrativas y fiscales de la Comunidad Autónoma de Canarias.
Acuerdo:
Tomar conocimiento y trasladar a la Dirección de Estudios, Análisis y Publicaciones y a la Asesoría Jurídica de la Secretaría General, así como publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales el encabezamiento y el fallo de la
sentencia.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de marzo de 2022.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
El Pleno del Tribunal Constitucional, compuesto por el Magistrado don Pedro José González-Trevijano Sánchez, Presidente, y los Magistrados y Magistradas don Juan Antonio Xiol Ríos, don Santiago Martínez-Vares García, don Antonio Narváez
Rodríguez, don Ricardo Enríquez Sancho, don Cándido Conde-Pumpido Tourón, doña María Luisa Balaguer Callejón, don Ramón Sáez Valcárcel, don Enrique Amaldo Alcubilla, doña Concepción Espejel Jorquera y doña Inmaculada Montalbán Huertas, ha
pronunciado
EN EL NOMBRE DEL REY
la siguiente
SENTENCIA
En la cuestión interna de inconstitucionalidad núm. 5908-2021, planteada por el Pleno del Tribunal Constitucional en relación con el inciso 'cuando el domicilio social de la entidad de crédito se encuentre en Canarias' del artículo
41.Nueve.2 a) de la Ley 4/2012, de 25 de junio, de medidas administrativas y fiscales, de la Comunidad Autónoma de Canarias. Han comparecido el Congreso de los Diputados, el Senado y el Gobierno de la Nación. Han formulado alegaciones el Gobierno
y el Parlamento de Canarias y la Fiscal General del Estado. Ha sido Ponente el Magistrado don Ricardo Enríquez Sancho.
[...]
FALLO
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, por la autoridad que le confiere la Constitución de la Nación Española,
Ha decidido estimar la presente cuestión interna de inconstitucionalidad planteada por el Pleno del Tribunal Constitucional y, en su virtud, declarar la inconstitucionalidad y nulidad del inciso 'cuando el domicilio social de la entidad de
crédito se encuentre en Canarias' del artículo 41.Nueve.2 a) de la Ley 4/2012, de 25 de junio, de medidas administrativas y fiscales, de la Comunidad Autónoma de Canarias.
Publíquese esta Sentencia en el 'Boletín Oficial del Estado'.
Dada en Madrid, a 9 de febrero de 2022.