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BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 383, de 29/12/2021
cve: BOCG-14-D-383
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BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
XIV LEGISLATURA
Serie D: GENERAL
29 de diciembre de 2021
Núm. 383
ÍNDICE
Control de la acción del Gobierno
PROPOSICIONES NO DE LEY
Comisión Constitucional
161/003528 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la defensa de los Derechos Fundamentales y de las Libertades Públicas ... (Página7)
Comisión de Asuntos Exteriores
161/003514 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la obligación de dar cumplimiento a los compromisos internacionales adquiridos en materia de derechos humanos por parte del Gobierno de la
República de Nicaragua ... (Página8)
Comisión de Justicia
161/003505 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, sobre la destitución inmediata de la Fiscal General del Estado ... (Página9)
Comisión de Hacienda y Función Pública
161/003516 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plural, sobre la exención fiscal de las cantidades percibidas por los familiares de las víctimas del vuelo GWI9525 en concepto de responsabilidad civil o ayudas
voluntarias ... (Página15)
161/003521 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre un nuevo Estatuto Orgánico del Gestor Administrativo ... (Página16)
161/003522 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plural, sobre el desmantelamiento de los centros de la AEAT en Galicia y para garantizar el servicio de atención al público en los mismos ...
Comisión de Interior
161/003506 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre la convocatoria de la Comisión de Seguimiento del Plan de Acción de Lucha contra los Delitos de Odio para evaluar los señalamientos lingüísticos que se
están produciendo en Cataluña ... (Página19)
161/003524 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a paliar los efectos de la borrasca Barra y las inundaciones sucedidas con posterioridad en diferentes cuencas y Comunidades Autónomas
durante el mes de diciembre de 2021 ... (Página20)
161/003508 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre incremento de los efectivos de Policía Nacional en los puestos fronterizos de aquellos aeropuertos y puertos con mayor densidad de tráfico
internacional, para agilizar el control de pasaportes ... (Página23)
Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana
161/003511 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, dirigida a crear un plan de medidas de apoyo al sector del transporte de mercancías por carretera ... (Página25)
161/003526 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, sobre la adopción de las medidas necesarias para agilizar los tiempos de espera en los aeropuertos a la vez que se cumplen las exigencias sanitarias ...
Comisión de Educación y Formación Profesional
161/003523 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a derogar el Real Decreto 984/2021, de 16 de noviembre, por el que se regulan la evaluación y la promoción en la Educación Primaria, así
como la evaluación, la promoción y la titulación en la Educación Secundaria Obligatoria, el Bachillerato y la Formación Profesional ... (Página30)
161/003525 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a garantizar la financiación de una oferta educativa plural ... (Página31)
Comisión de Industria, Comercio y Turismo
161/003507 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a acelerar y afianzar la plena recuperación turística de las aerolíneas y del tráfico aeroportuario a través de una reducción
significativa e inmediata de las tarifas aeroportuarias aplicables y otras actuaciones de carácter complementario ... (Página33)
161/003513 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a que el Gobierno incremente con carácter de urgencia los efectivos de Policía Nacional en los puestos fronterizos de aquellos
aeropuertos y puertos con mayor densidad de tráfico internacional para agilizar el control de pasaportes ... (Página35)
Comisión de Derechos Sociales y Políticas Integrales de la Discapacidad
161/003497 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la modificación del Anexo IV del Real Decreto 818/2009, de 8 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento General de Conductores para
permitir acceder a las personas con hipoacusia con pérdida combinada de más del 35 por 100 (con o sin audífono) a la obtención de los permisos de circulación encuadrados en el Grupo 2.
Retirada ... (Página37)
Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación
161/003509 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plural, sobre los criterios de reparto para las compensaciones del Fondo de Reserva del Brexit ... (Página37)
161/003510 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plural, sobre la propuesta de la Comisión Europea 'Fit for 55' para acelerar los objetivos del cumplimiento del Pacto Verde Europeo y sus efectos perjudiciales en el
sector pesquero ... (Página39)
161/003517 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, relativa a las necesidades de una buena implementación en nuestro país de la nueva Política Agraria Común ...
(Página40)
Comisión de Cultura y Deporte
161/003512 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la Liga de Fútbol Femenino Español ... (Página43)
Comisión de Asuntos Económicos y Transformación Digital
161/002631 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre incentivo a la producción audiovisual canaria.
Retirada... (Página44)
161/003520 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre el acceso al ejercicio de los derechos y al disfrute de los servicios públicos en el ámbito digital ... (Página44)
Comisión de Sanidad y Consumo
161/003518 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la supresión del Ministerio de Consumo ... (Página46)
Comisión de Derechos de la Infancia y Adolescencia
161/003519 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa al fomento de la Educación Física, actividad física y deporte, en la etapa de la infancia y la adolescencia ... (Página48)
Comisión de Seguridad Vial
161/003475 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la modificación del Anexo IV del Real Decreto 818/2009, de 8 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento General de Conductores para
permitir acceder a las personas con hipoacusia con pérdida combinada de más del 35 por 100 (con o sin audífono) a la obtención de los permisos de circulación encuadrados en el Grupo 2.
Retirada ... (Página52)
161/003515 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre apoyo al sector de la motocicleta y otros vehículos ligeros personales ... (Página52)
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL
Comisión de Asuntos Exteriores
181/001601 Pregunta formulada por los Diputados Iván Espinosa de los Monteros de Simón (GVOX), Olona Choclán, Macarena (GVOX), Asarta Cuevas, Alberto (GVOX), González Coello de Portugal, Víctor (GVOX), Sánchez del Real, Víctor Manuel (GVOX),
Rosety Fernández de Castro, Agustín (GVOX) y Del Valle Rodríguez, Emilio Jesús (GVOX), sobre previsiones acerca de convocar al Embajador de la República Bolivariana de Venezuela en el Reino de España tras los graves insultos de Diosdado Cabello a Su
Majestad el Rey Don Felipe VI ... (Página54)
181/001610 Pregunta formulada por los Diputados Macarena Olona Choclán (GVOX), Asarta Cuevas, Alberto (GVOX), González Coello de Portugal, Víctor (GVOX), Sánchez del Real, Víctor Manuel (GVOX), Rosety Fernández de Castro, Agustín (GVOX) y
Del Valle Rodríguez, Emilio Jesús (GVOX), sobre conocimiento que tiene el Gobierno del hecho de que Marruecos estudia desplegar misiles israelíes en El Estrecho, en las zonas de Tánger y Nador, así como medidas previstas al respecto ...
Comisión de Interior
181/001605 Pregunta formulada por los Diputados Macarena Olona Choclán (GVOX), Ortega Smith-Molina, Francisco Javier (GVOX), Alcaraz Martos, Francisco José (GVOX), Gestoso de Miguel, Luis (GVOX) y Gil Lázaro, Ignacio (GVOX), sobre motivos
que justifican que el Ministerio del Interior haya utilizado un Blindado Medio sobre Ruedas (BMR 6x6) en las protestas de los trabajadores del metal en Cádiz y no lo hiciera en los disturbios provocados en Barcelona con motivo del referéndum ilegal
y contra la sentencia dictada con motivo del proceso soberanista ... (Página55)
Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana
181/001603 Pregunta formulada por la Diputada doña Patricia Rueda Perelló (GVOX), sobre conclusiones que se extrajeron del colapso producido por la tormenta Filomena en enero de 2021 y nuevas medidas que se van a aplicar en los planes
invernales del Gobierno ... (Página55)
181/001604 Pregunta formulada por los Diputados Andrés Alberto Rodríguez Almeida (GVOX), Rueda Perelló, Patricia (GVOX), de las Heras Fernández, Patricia (GVOX), Esteban Calonje, Cristina Alicia (GVOX), Figaredo Álvarez-Sala, José María
(GVOX), Vega Arias, Rubén Darío (GVOX) y Segura Just, Juan Carlos (GVOX), sobre adaptaciones que pretende promover el Gobierno en las infraestructuras públicas para permitir la correcta circulación de vehículos de movilidad personal, bicicletas y
ciclos ... (Página55)
181/001612 Pregunta formulada por los Diputados Patricia Rueda Perelló (GVOX), De las Heras Fernández, Patricia (GVOX), Esteban Calonje, Cristina Alicia (GVOX), Figaredo Álvarez-Sala, José María (GVOX), Vega Arias, Rubén Darío (GVOX) y
Segura Just, Juan Carlos (GVOX), sobre actuaciones que llevará a cabo el Gobierno para resolver el conflicto colectivo con los trabajadores de AENA y ENAIRE ... (Página56)
181/001613 Pregunta formulada por los Diputados Patricia Rueda Perelló (GVOX), de las Heras Fernández, Patricia (GVOX), Esteban Calonje, Cristina Alicia (GVOX), Figaredo Álvarez-Sala, José María (GVOX), Vega Arias, Rubén Darío (GVOX) y
Segura Just, Juan Carlos (GVOX), sobre forma en la que se va a ver afectado el sector aéreo por la caída de la compra de billetes en los meses de diciembre y enero con motivo de las nuevas restricciones de la COVID-19 ...
181/001614 Pregunta formulada por los Diputados Patricia Rueda Perelló (GVOX), de las Heras Fernández, Patricia (GVOX), Esteban Calonje, Cristina Alicia (GVOX), Figaredo Álvarez-Sala, José María (GVOX), Vega Arias, Rubén Darío (GVOX) y
Segura Just, Juan Carlos (GVOX), sobre actuaciones que se están llevando a cabo desde el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, para impulsar la candidatura de Málaga para la Expo de 2027 y planificación de infraestructuras que se
está realizando para esta candidatura ... (Página56)
Comisión de Industria, Comercio y Turismo
181/001615 Pregunta formulada por los Diputados Patricia Rueda Perelló (GVOX), Figaredo Álvarez-Sala, José María (GVOX), Borrás Pabón, Mireia (GVOX), Rodríguez
Almeida, Andrés Alberto (GVOX) y Ruiz Solás, María de la Cabeza (GVOX), sobre actuaciones y planificaciones para impulsar la candidatura de Málaga para la Expo de 2027 en relación con el turismo, la industria y el comercio ...
181/001616 Pregunta formulada por los Diputados Patricia Rueda Perelló (GVOX), Figaredo Álvarez-Sala, José María (GVOX), Borrás Pabón, Mireia (GVOX), Rodríguez Almeida, Andrés Alberto (GVOX) y Ruiz Solás, María de la Cabeza (GVOX), sobre
motivos por los que no se ha ejecutado la mayor parte del plan de 7.000 millones de euros de ayudas directas para PYMES y autónomos de los sectores más afectados de la crisis que se aprobó en el Consejo de Ministros del 12/03/2021 ...
Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico
181/001599 Pregunta formulada por los Diputados Juan Diego Requena Ruiz (GP) y Mariscal Anaya, Guillermo (GP), sobre medidas para prevenir la suspensión de pagos y posible desaparición de las comercializadoras independientes de gas y
electricidad ante la subida de precios ... (Página57)
181/001600 Pregunta formulada por los Diputados Juan Diego Requena Ruiz (GP) y Mariscal Anaya, Guillermo (GP), sobre valoración del impacto en los consumidores de la falta de competencia que acarrea la desaparición de comercializadoras
independientes de gas y electricidad, por su insostenibilidad económica ante la subida de precios de gas y electricidad ... (Página58)
181/001618 Pregunta formulada por el Diputado Miguel Ángel Castellón Rubio (GP), sobre explicaciones que va a ofrecer la Vicepresidenta Tercera del Gobierno y Ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico a la Comisión Europea
sobre las dudas relativas a la perturbación de los incentivos a la inversión en descarbonización en el sector eléctrico español que estarían produciendo las medidas adoptadas por el Gobierno de España, expresadas en la carta que, con fecha
25/11/2021, le ha remitido la Comisaria de Energía de la Unión Europea, Kadri Simson, en nombre de los Vicepresidentes ejecutivos de la Comisión, Frans Timmermans y Margrethe Vestager, responsable esta última también de Competencia, en relación con
el Real Decreto-ley 17/2021, de 14 de septiembre y el Real Decreto-ley 23/2021, de 26 de octubre ... (Página58)
181/001621 Pregunta formulada por el Diputado Miguel Ángel Castellón Rubio (GP), sobre explicaciones que va a ofrecer la Vicepresidenta Tercera del Gobierno y Ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico a la Comisión Europea
sobre las dudas sobre el cumplimiento por parte de España de los artículos 107 y 108 del Tratado del Funcionamiento de la Unión Europea (que regulan la concesión de ayudas de Estado), expresadas en la carta que, con fecha 25/11/2021, le ha remitido
la Comisaria de Energía de la Unión Europea, Kadri Simson, en nombre de los Vicepresidentes ejecutivos de la Comisión, Frans Timmermans y Margrethe Vestager, responsable esta última también de Competencia, en relación con el Real Decreto-ley
17/2021, de 14 de septiembre y el Real Decreto-ley 23/2021, de 26 de octubre ... (Página58)
Comisión de Asuntos Económicos y Transformación Digital
181/001513 Pregunta formulada por el Diputado don Néstor Rego Candamil (GPlu), sobre regulación del sector bancario para poner freno al proceso de concentración bancaria, al incumplimiento de las normas de competencia y al agravamiento de la
exclusión financiera (procedente de la pregunta escrita al Gobierno 184/062858).
Retirada... (Página58)
181/001519 Pregunta formulada por el Diputado don Néstor Rego Candamil (GPlu), sobre reducción de horarios de caja por parte de las entidades financieras (procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta escrita 184/063308).
Retirada... (Página59)
181/001611 Pregunta formulada por la Diputada doña María Muñoz Vidal (GCs), sobre cumplimiento por el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital de su labor de protectorado de las fundaciones bancarias, especialmente en lo
referente a asegurar la idoneidad y buen ejercicio de los patronos ... (Página59)
181/001617 Pregunta formulada por el Diputado Miguel Ángel Castellón Rubio (GP), sobre explicaciones que va a ofrecer la Vicepresidenta Primera del Gobierno y Ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital a la Comisión Europea
sobre las dudas relativas a las restricciones a la libertad de empresa y a la libertad de mercado en el sector eléctrico por parte del Gobierno de España, expresadas en la carta que, con fecha 25/11/2021, le ha remitido la Comisaría de Energía de la
Unión Europea, Kadri Simson, en nombre de los Vicepresidentes ejecutivos de la Comisión, Frans Timmermans y Margrethe Vestager, responsable esta última también de Competencia, en relación con el Real Decreto-ley 17/2021, de 14 de septiembre y el
Real Decreto-ley 23/2021, de 26 de octubre ... (Página60)
181/001619 Pregunta formulada por el Diputado Miguel Ángel Castellón Rubio (GP), sobre explicaciones que va a ofrecer la Vicepresidenta Primera del Gobierno y Ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital a la Comisión Europea
sobre las dudas sobre el cumplimiento por parte de España de los artículos 107 y 108 del Tratado del Funcionamiento de la Unión Europea (que regulan la concesión de ayudas de Estado), expresadas en la carta que, con fecha 25/11/2021, le ha remitido
la Comisaria de Energía de la Unión Europea, Kadri Simson, en nombre de los Vicepresidentes ejecutivos de la Comisión, Frans Timmermans y Margrethe Vestager, responsable esta última también de Competencia, en relación con el Real Decreto-ley
17/2021, de 14 de septiembre y el Real Decreto-ley 23/2021, de 26 de octubre ... (Página60)
181/001620 Pregunta formulada por el Diputado Miguel Ángel Castellón Rubio (GP), sobre explicaciones que va a ofrecer la Vicepresidenta Primera del Gobierno y Ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital a la Comisión Europea
sobre las dudas relativas al falseamiento de la competencia efectiva del mercado minorista del gas por parte del Gobierno de España, expresadas en la carta que, con fecha 25/11/2021, le ha remitido la Comisaria de Energía de la Unión Europea, Kadri
Simson, en nombre de los Vicepresidentes ejecutivos de la Comisión, Frans Timmermans y Margrethe Vestager, responsable esta última también de Competencia, en relación con el Real Decreto-ley 17/2021, de 14 de septiembre y el Real Decreto-ley
23/2021, de 26 de octubre ... (Página60)
Comisión de Seguridad Vial
181/001602 Pregunta formulada por los Diputados Patricia de las Heras Fernández (GVOX), Esteban Calonje, Cristina Alicia (GVOX), Rodríguez Almeida, Andrés Alberto (GVOX), Rueda Perelló, Patricia (GVOX), Figaredo Álvarez-Sala, José María
(GVOX), Vega Arias, Rubén Darío (GVOX) y Segura Just, Juan Carlos (GVOX), sobre coste que va a suponer para el erario público la aplicación en la Red de Carreteras del Estado del nuevo artículo 56 de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a
Motor y Seguridad Vial ... (Página61)
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ESCRITA
Relación de preguntas para respuesta escrita que pasan a tramitarse como preguntas para respuesta oral en Comisión ... (Página61)
CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PROPOSICIONES NO DE LEY
La Mesa de la Cámara en su reunión del día de hoy ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 194 del Reglamento, las siguientes Proposiciones no de Ley y considerando que solicitan el debate de las iniciativas en Comisión, disponer
su conocimiento por las Comisiones que se indican, dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de diciembre de 2021.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
Comisión Constitucional
161/003528
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley en defensa de los Derechos Fundamentales y de las
Libertades Públicas, para su debate en la Comisión Constitucional.
Exposición de motivos
Un ataque de extrema gravedad a los Derechos Fundamentales y a las Libertades Públicas consagradas en el Capítulo Segundo de nuestra Constitución ha tenido lugar en los últimos días en la localidad de Canet de Mar. Un niño, alumno de la
escuela Turó del Drac, y su familia han sido señalados, atacados y acosados por exigir el cumplimiento de la ley.
En este caso, el cumplimiento de la Sentencia de 16 de diciembre de 2020 del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de obligatoriedad para todos los centros escolares y para todos los alumnos, no solo para los que lo soliciten, de un 25 %
de educación en lengua castellana como lengua vehicular. Dicha Sentencia fue recurrida por la Generalitat, y el pasado 23 de noviembre el Tribunal Supremo rechazó dicho recurso y ratificó el contenido de la Sentencia del Tribunal Superior de
Justicia de Cataluña que obliga a impartir al menos el 25 % de la enseñanza en lengua castellana.
En un claro gesto de desacato y de desobediencia ante dicha Sentencia, la Generalitat, a través de su consejero de Educación, Josep González Cambray, envió una carta a los directores de los centros educativos en la que les animaba a hacer
caso omiso de esa Sentencia. Y, casi en paralelo, se han producido los graves hechos de acoso al niño y a la familia que ha exigido el cumplimiento de la Sentencia.
El ataque a los Derechos Fundamentales y a las Libertades Públicas producido en Canet no es un hecho aislado, lamentablemente, en una Comunidad Autónoma en la que las propias autoridades animan al incumplimiento de la ley. Es una muestra
más de un clima de presión contra las familias y ciudadanos catalanes que exigen el cumplimiento de la ley y el derecho a la utilización del castellano, lengua oficial del Estado, como señala el artículo 3 de nuestra Constitución.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de Diputados insta al Gobierno a liderar la defensa de los derechos y libertades de los ciudadanos, vulnerados en Cataluña con la complicidad de las autoridades de la Generalitat, que están
favoreciendo la segregación, el acoso y la persecución de los ciudadanos que quieren ejercer su derecho a utilizar el castellano, lengua oficial del Estado.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de diciembre de 2021.-Isabel María Borrego Cortés, Edurne Uriarte Bengochea, José Antonio Bermúdez de Castro, María Jesús Moro Almaraz, Jaime Miguel Mateu Istúriz, Ana María Beltrán Villalba, Vicente
Tirado Ochoa, Adolfo Suárez Illana y Carmen Navarro Lacoba, Diputados.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión de Asuntos Exteriores
161/003514
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición
no de Ley relativa a la obligación de dar cumplimiento a los compromisos internacionales adquiridos en materia de DDHH. por parte del Gobierno de la República de Nicaragua, para su debate en la Comisión de Asuntos Exteriores.
Exposición de motivos
Nicaragua, como cualquier otro país, tiene la obligación de dar cumplimiento a los compromisos internacionales adquiridos en materia de Derechos Humanos y a sus propios preceptos constitucionales, garantizando los derechos y garantías de
todos sus ciudadanos.
Un derecho que está en constante y alarmante deterioro es el de la libertad de manifestación, siendo reprimidas casi cualquier tipo de manifestaciones, sean estos estudiantes universitarios o campesinos. Un ejemplo claro lo tenemos en los
hechos acaecidos en abril de 2018. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), de la Organización de Estados Americanos (OEA), cuantificó en 328 personas los fallecidos durante dichas protestas.
Adicionalmente, desde octubre de 2020, el Estado inició la aprobación de un paquete de leyes que ponen en peligro el ejercicio de los derechos humanos y civiles básicos de la ciudadanía, especialmente se ha visto afectado el derecho a la
libertad de asociación y la libertad de expresión.
Los periodistas y defensores de derechos humanos viven en un ambiente de permanente hostigamiento por parte de las autoridades. Para muchas, esto incluye la cancelación de sus registros legales, la incautación de sus bienes y,
recientemente, la destrucción de sus instalaciones. Las constantes amenazas y hostigamiento han provocado que miles de personas se vean obligadas a abandonar Nicaragua para resguardar su libertad y sus derechos. Según la Agencia de las Naciones
Unidas para los Refugiados (Acnur), más de 106.000 nicaragüenses se han ido del país desde 2018 por razones políticas o económicas. Y con la pandemia, la migración se ha acelerado.
Dentro de esta escalada en la que el Gobierno de Nicaragua se aleja cada vez más de los estándares internacionales de garantías democráticas y de derechos civiles, el domingo 7 de noviembre de 2021 se convocaron por el Gobierno nicaragüense
unas elecciones presidenciales que no han cumplido con las garantías electorales mínimas para ser catalogadas como democráticas y, por tanto, en las que puedas ser reconocidos sus resultados.
El proceso electoral en Nicaragua ha estado marcado por la constante vulneración de los derechos y de las garantías democráticas. Hechos como la detención de siete aspirantes presidenciales, la cancelación de tres partidos políticos
opositores y el encarcelamiento, acoso e intimidación de periodistas, empresarios, líderes sociales, estudiantiles y rurales, pueblos indígenas; así como el cierre de uno de los principales diario del país, La Prensa, con casi 100 años de historia,
y la persecución de periodistas críticos y el veto a los enviados especiales de medios de comunicación internacionales, son hechos incuestionables que hablan de la deriva autoritaria del gobierno Nicaragüense.
El Gobierno de Nicaragua no ha facilitado la presencia de observadores electorales independientes al tiempo que se acumulan las denuncias de la jornada electoral sobre urnas abiertas, denuncia de violencia
política y actos de coacción electoral en los centros de votación e, incluso, denuncias de presencia de fuerzas parapoliciales en las cercanías de los mismos.
Todo ello en el marco de la aprobación de una reforma electoral no consensuada y muy alejada de las recomendaciones de la OEA.
El Gobierno nicaragüense no solo ha privado al pueblo de Nicaragua del derecho civil y político a votar en unas elecciones creíbles, inclusivas, justas y transparentes, sino que tampoco ha cumplido sus propios compromisos en materia de
derechos humanos y libertades fundamentales con arreglo a la Constitución de Nicaragua, la Carta Democrática Interamericana y los pactos internacionales de los que el país es parte.
Solo un proceso electoral creíble, incluyente y transparente acorde con los estándares democráticos internacionales puede ofrecer una salida a la crisis social, política y económica que vive Nicaragua.
Durante todos estos acontecimientos el Gobierno de España, a través de su Ministerio de Asuntos Exteriores ha ejercido una intensa labor diplomática en favor del cumplimiento de la legalidad internacional y de los derechos humanos en
Nicaragua destacando la llamada a consultas de su embajador en Managua el 11 de agosto de 2021, el no reconocimiento de las elecciones convocadas para el pasado 7 de noviembre, y la petición en el marco del Consejo de Asuntos Exteriores de la Unión
Europea de distintas clases de sanciones para los dirigentes políticos del gobierno de
Por todo ello, el Grupo Parlamentario socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados comparte con el Gobierno de España el no reconocimiento de las elecciones presidenciales del 7 de noviembre de 2021 en Nicaragua por falta de garantías democráticas y la vulneración constante de los derechos
políticos y civiles de la ciudadanía por parte del Gobierno de Nicaragua; e insta al Gobierno a:
- Solicitar aquellas sanciones que fueren necesarias contra los dirigentes políticos del gobierno de Nicaragua, en el marco de la Unión Europea.
- Realizar aquellas acciones diplomáticas que fueran necesarias y oportunas con el objetivo de poner fin a la vulneración de los derechos humanos, políticos y civiles en Nicaragua.
- Solicitar con urgencia al Gobierno nicaragüense la liberación inmediata e incondicional de todos los presos políticos y manifestantes encarcelados arbitrariamente, así como la anulación de los procedimientos judiciales abiertos contra
ellos.
- Instar al Gobierno de Nicaragua a que cumpla con los compromisos internacionales contraídos en materia de Derechos Humanos y con sus propios preceptos constitucionales, autorizando el regreso a Nicaragua de los organismos internacionales
de defensa de los derechos humanos, como la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).'
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de diciembre de 2021.-Sergio Gutiérrez Prieto, María Olga Alonso Suárez, Noemí Villagrasa Quero, Gemma Araujo Morales, Arnau Ramírez Carner, Pau Marí Klose, Susana Sumelzo Jordán, José Antonio
Rodríguez Salas, Pere Joan Pons Sampietro, José Luis Ábalos Meco, Zaida Cantera de Castro y Marc Lamúa Estañol, Diputados.-Ana Belén Fernández Casero y Rafaela Crespín Rubio, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión de Justicia
161/003505
A la Mesa del Congreso de los Diputados
D.ª Macarena Olona Choclán y D. Francisco Javier Ortega Smith-Molina, en su condición de Portavoces Adjuntos, y D. José María Sánchez García, D. Eduardo Luis Ruiz Navarro, D.ª Patricia de las Heras Fernández y D. Carlos José Zambrano
García-Ráez, en su condición de Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente
Reglamento del Congreso de los Diputados, formulan la siguiente Proposición no de Ley para la destitución inmediata de la Fiscal General del Estado, para su debate en la Comisión de Justicia.
Exposición de motivos
Primero. El Fiscal General del Estado es una pieza clave en el funcionamiento de la Justicia.
El artículo 124 de la Constitución Española establece lo siguiente:
'1. El Ministerio Fiscal, sin perjuicio de las funciones encomendadas a otros órganos, tiene por misión promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la
ley, de oficio o a petición de los interesados, así como velar por la independencia de los Tribunales y procurar ante estos la satisfacción del interés social.
2. El Ministerio Fiscal ejerce sus funciones por medio de órganos propios conforme a los principios de unidad de actuación y dependencia jerárquica y con sujeción, en todo caso, a los de legalidad e imparcialidad.
3. La ley regulará el estatuto orgánico del Ministerio Fiscal.
4. El Fiscal General del Estado será nombrado por el Rey, a propuesta del Gobierno, oído el Consejo General del Poder Judicial.'
2. En desarrollo del último de estos apartados, el artículo 29 de la Ley 50/1981, de 30 de diciembre, por la que se regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal ('EOMF') dispone lo siguiente:
'Uno. El Fiscal General del Estado será nombrado por el Rey, a propuesta del Gobierno, oído previamente el Consejo General del Poder Judicial, eligiéndolo entre juristas españoles de reconocido prestigio con más de quince años de ejercicio
efectivo de su profesión.
Dos. Recibido el informe del Consejo General del Poder Judicial, el Gobierno comunicará su propuesta al Congreso de los Diputados, a fin de que pueda disponer la comparecencia de la persona elegida ante la Comisión correspondiente de la
Cámara, en los términos que prevea su reglamento a los efectos de que se puedan valorar los méritos e idoneidad del candidato propuesto.
Tres. Una vez nombrado, el Fiscal General del Estado prestará ante el Rey el juramento o promesa que previene la Ley y tomará posesión del cargo ante el Pleno del Tribunal Supremo.'
3. Asimismo, el artículo 31.Uno.d) EOMF prevé que 'el mandato del Fiscal General del Estado tendrá una duración de cuatro años. Antes de que concluya dicho mandato únicamente podrá cesar por los siguientes motivos: [...] d) por
incumplimiento grave o reiterado de sus funciones'. De acuerdo con el apartado 3 ibídem, la concurrencia de esta causa 'será apreciada por el Consejo de Ministros'.
4. La Constitución Española de 1978 ('CE') aproxima funcionalmente el Ministerio Fiscal al Poder Judicial, cuando señala que 'los Jueces y Magistrados, integrantes del Poder Judicial, [están] sometidos únicamente al imperio de la Ley'
(artículo 117.1 CE in fine). Así, por un lado, al Ministerio Fiscal se le encomienda la 'defensa de la legalidad' y la protección 'del interés público tutelado por la ley'; por otro, en cuanto al concreto alcance del principio de legalidad, el
artículo 6 EOMF dispone lo siguiente:
'Por el principio de legalidad el Ministerio Fiscal actuará con sujeción a la Constitución, a las leyes y demás normas que integran el ordenamiento jurídico vigente, dictaminando, informando y ejercitando, en su caso, las acciones
procedentes u oponiéndose a las indebidamente actuadas en la medida y forma en que las leyes lo establezcan.'
5. No en vano, señala Torres-Dulce Lifante 1 que la sujeción únicamente al imperio de la ley es la única manera que tiene el Ministerio Fiscal para defender la legalidad que el Gobierno y la Administración pueden infringir:
'Esa posición de defensa de la justicia como valor constitucional y su plasmación en el interés público tutelado por la ley en su función de promoción jurisdiccional activa [...] justifica la posición de privilegio procesal del Ministerio
Fiscal en situaciones como las del secreto sumarial en el proceso penal, en el recurso de amparo o en las cuestiones de inconstitucionalidad o en su especial posición como garante de la Ley en los procesos contencioso-administrativos o laborales o
de especiales derechos de los menores
1 https://www.boe.es/biblioteca jurídica/abrir pdf.php?id=PUB-PB-2018-94 2, págs. 766 y ss.
en ciertos procesos civiles. En cualquiera de esas situaciones el Ministerio Fiscal puede sostener una contraposición clara con las tesis del Gobierno, lo que se justifica solo si el mandato misional del artículo 124 CE alcanza la dimensión
de órgano constitucional claramente independiente de las legítimas pretensiones político-procesales del Gobierno.'
6. Se entiende así que el Ministerio Fiscal y, por aplicación de los principios de unidad de acción y dependencia jerárquica, el Fiscal General del Estado como órgano director de esta institución, son piezas clave para garantizar el
correcto funcionamiento de la Justicia. Un Fiscal General del Estado continuamente plegado a las 'legítimas pretensiones político-procesales del Gobierno', que funcione como transmisor o, incluso, como ejecutor de instrucciones netamente políticas,
es un peligro para la democracia.
7. En consecuencia, los miembros del Ministerio Fiscal y, señaladamente, el Fiscal General del Estado, han de disfrutar de la máxima independencia respecto de tales pretensiones políticas de los restantes poderes del Estado. El embate es
claro: un Estado solo será democrático si su sistema de Justicia es independiente.
Segundo. El nombramiento de Doña Dolores Delgado García constituye un ataque a la independencia de la Justicia.
8. En relación con lo expuesto en el epígrafe anterior, es evidente que los más prominentes miembros de la coalición de Gobierno y de la mayoría parlamentaria que lo sustenta no solo no son un ejemplo para los ciudadanos, sino que se
convierten en arquetipo de comportamientos que deben evitarse a toda costa para mantener la salud de una democracia.
9. Entre estas conductas se ubican los abundantes ataques a la independencia judicial perpetrados por los sujetos antedichos: la admisión por el presidente del Gobierno de que la Fiscalía General del Estado la controla el Gobierno 2; los
ataques al Poder Judicial del exvicepresidente segundo del Gobierno y exministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, señor Iglesias Turrión 3; las distintas declaraciones del exministro de Justicia, don Juan Carlos Campo Moreno en relación con que
España debía ir hacia un 'debate constituyente' y que el país se encontraba en una 'crisis constituyente'; las diversas proposiciones de reforma de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial por los grupos parlamentarios de la
mayoría política para socavar al Poder Judicial; o las públicas acusaciones de prevaricación por la actual Ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, doña Ione Belarra Urteaga, a los Magistrados del Tribunal Supremo tras la condena al ya
exdiputado de Unidas Podemos don Alberto Rodríguez Rodríguez.
10. Sin embargo, el mayor ataque a la independencia de la Justicia se dio al comienzo de la XIV Legislatura, cuando el presidente del Gobierno propuso al Rey la designación de doña Dolores Delgado García, Ministra de Justicia en las
legislaturas XII y XIII, como Fiscal General del Estado. Ello ocurrió el mismo día, además, en que se hacía efectivo su cese como Ministra.
11. Con este nombramiento se puso fin a la tradición no escrita que había evitado que, desde la designación del Ministro de Presidencia socialista, don Javier Moscoso del Prado Muñoz, como Fiscal General del Estado en 1986, ningún Diputado
o Ministro en ejercicio hubiese ocupado el cargo.
12. En cuanto a los requisitos establecidos por el referido artículo 29 EOMF, la señora Delgado García cumple sobradamente los quince años de ejercicio profesional requeridos por la CE. No obstante, su condición de 'jurista de reconocido
prestigio' está adornada por una serie de circunstancias que, ya mientras ejercía como Ministra, anticipaban una involucración en asuntos y un desempeño de prácticas de todo punto incompatibles con la titularidad y ejercicio del más alto cargo del
Ministerio Fiscal. Así, entre otras:
- La Fiscal General del Estado realizó sonrojantes y desafortunadas declaraciones sobre el actual Ministro del Interior, don Fernando Grande-Marlaska Gómez 4, y sobre diversos compañeros de la Carrera Fiscal.
- La señora Delgado García ha disfrutado de una amistad muy estrecha con el excomisario del Cuerpo Nacional de Policía, don José Manuel Villarejo Pérez. En este sentido, alabó incluso la puesta en
2 https://www.rtve.es/play/videos / telediario/sanchez-insinua-fiscalia-sigue-ordenes-del-gobierno-sobre-puigdemont/5435909/
3 https://elpais.com/espana/2020-Q8-19/el-poder-iudicial-pide-respeto-a-la-indepedencia-judicial-tras-los-ataques-de-podemos-por-su-imputacion.html
4 https://www,elmundo.es/espana/2018/09/25/5ba9cc09268e3eed568b45f4.html
marcha por este de un servicio de obtención de información a políticos y empresarios a cargo de prostitutas 5.
- Doña Dolores Delgado García ha sido reprobada en dos ocasiones por el Congreso de los Diputados y en una por el Senado, en relación con su falta de contundencia a la hora de defender al Magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo,
don Pablo Llarena Conde, ante los ataques de los tribunales belgas en relación con la extradición del prófugo señor Puigdemont Casamajó, y por sus 'perversas amistades' con el excomisario referido y con el exjuez y abogado don Baltasar Garzón Real.
Tercero. El apartamiento de Don Ignacio Stampa Fuente del llamado Caso Tándem obedece a razones torticeras.
13. Precisamente, las consecuencias de la amistad de la actual Fiscal General del Estado con el señor Villarejo Pérez y el conocimiento y posible implicación de esta y de su pareja, el señor Garzón Real, en las actividades presuntamente
delictivas llevadas a cabo por el excomisario (Caso Kitchen, Caso Tándem, etc.) suponen la causa de la presentación de esta iniciativa en el momento actual. Es necesario analizar detalladamente las circunstancias que han concurrido en este caso.
14. El exmiembro de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, don Ignacio Stampa Fuente, presentó recientemente ante el Ministerio de Justicia una reclamación de responsabilidad patrimonial por menoscabo en su
carrera profesional y en su prestigio e imagen pública como fiscal contra la Fiscal General del Estado. El reclamante acusa a esta de realizar, por sí y a través de persona interpuesta, maniobras de distinta naturaleza con el fin de relevarle de
sus funciones en el seno de la referida Fiscalía Especial y, en particular, en el llamado Caso Tándem, que investiga la presunta organización criminal que dirigiría el citado excomisario.
15. El señor Stampa Fuente, que prestó servicios en la citada Fiscalía Especial durante 4 años y medio en situación de comisión de servicios, se postuló para adquirir en ella una plaza fija, junto con siete compañeros en idéntica situación
administrativa. La provisión de tales plazas figuraba como punto del orden del día de la reunión del Consejo Fiscal de 27 de octubre de 2020.
16. Sin embargo, el órgano previsto en el artículo 14 EOMF decidió que don Ignacio Stampa Fuente fuese el único de los ocho postulantes a la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada que no accediese a dicha plaza.
Este no obtuvo ningún apoyo en la votación, ni siquiera por parte de aquellos miembros del Consejo Fiscal pertenecientes a la Unión Progresista de Fiscales (UPF), asociación profesional de la que este era miembro.
17. El señor Stampa Fuente atribuye el rechazo de su nombramiento a la dilación indebida de unas diligencias de investigación abiertas contra él en la Fiscalía Superior de Madrid, primero, y en la Inspección Fiscal, después, por una
supuesta revelación de secretos que habrían llevado a cabo este mismo y el también fiscal don Miguel Serrano Solís a los letrados del partido Podemos, personado como acusación popular en diversas piezas separadas del Caso Tándem. El señor Serrano
Solís, sin embargo, no fue posteriormente sometido a investigación por orden de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado.
18. En este sentido, el reclamante considera que el período de nueve meses durante el que se extendió la investigación es inusualmente elevado y artificioso, y en su transcurso se produjo la votación, referida anteriormente, en virtud de la
cual se rechazó su nombramiento definitivo como miembro de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada.
19. El señor Stampa Fuente sostiene que doña Dolores Delgado García supervisó de forma directa la citada investigación, a pesar de ejercer como presidenta del órgano que debía resolver sobre la plaza a la que optaba el reclamante. De
acuerdo con esta versión, la señora Delgado García ordenó, a través del Fiscal Jefe de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado, don Alvaro García Ortiz, rechazar de manera arbitraria e injustificada las diversas propuestas de archivo
de las diligencias habidas en el procedimiento, prolongando indebidamente su duración. Asimismo, denuncia que esta no advirtió al Consejo Fiscal de estas circunstancias, ni tampoco de las evidentes incompatibilidades en que ella misma incurría.
20. En este último sentido, de acuerdo con el reclamante, la Fiscal General del Estado ostenta un interés directo ('connivencia mayor') en las distintas investigaciones penales relacionadas con el
5 https://www.abc.es/espana/abci-villarejo-conto-delgado-creo-prostitucion-para-obtener-informacion-politicos-201809270905 noticia.html
señor Villarejo Pérez que la habrían obligado a abstenerse en la votación de las plazas que debían cubrirse en la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada. Así:
- 'En la pieza número 4 del caso Tándem (pieza Pit) 'hay anotaciones de los principales investigados sobre una eventual participación de la propia fiscal general en su etapa como fiscal de la Audiencia Nacional'. Se refiere al procedimiento
de extradición a Guatemala del empresario Ángel Pérez Maura, que contrató a Villarejo para que frenara esa entrega.
- En esa misma pieza 'existían, al menos en aquel momento, indicios de la participación [en el procedimiento] de la pareja sentimental de la fiscal general', Baltasar Garzón.
- En esa pieza, y al menos en 2018, 'la defensa jurídica de los investigados Carlos Salamanca, Eugenio Pino y Enrique García Castaño era ejercida por el despacho de abogados que dirigía la pareja sentimental de la fiscal general'.
- 'Consta la participación directa de la pareja sentimental de la fiscal general como letrado defensor de García Castaño en el acta de registro practicado en su domicilio el 11 de julio de 2018, en declaraciones realizadas a medios de
comunicación con ocasión de dicho registro calificando de ilegal la detención de su cliente por los dos fiscales anticorrupción encargados del asunto y en la declaración judicial de dicho investigado como detenido del 13 de julio de 2018'.
- 'Constan multitud de anotaciones sobre contactos entre la pareja sentimental de la fiscal general y los principales investigados en el procedimiento Tándem'.
- 'Se difundieron grabaciones efectuadas por el principal investigado [Villarejo] de antiguas reuniones con la fiscal general en su etapa como fiscal de la Audiencia Nacional y su pareja sentimental' 6.
21. Asimismo, en relación con el Fiscal Jefe de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado, distintas informaciones periodísticas dan por acreditados los siguientes hechos:
- El señor García Ortiz incoó un expediente en la Secretaría Técnica y envió la denuncia a la Fiscalía Superior de Madrid 'con la expresa indicación y sin motivación alguna de que su competencia sea solamente la relativa a la actuación del
fiscal Stampa en el llamado caso Tándem en el que se le atribuye la comisión de un delito de revelación de secretos'. Esto es, como se señaló anteriormente, el señor Serrano Solís no fue objeto de investigación.
- El fiscal instructor de las citadas diligencias en la Fiscalía Superior de Madrid, don Carlos Ruiz de Alegría, elevó a su superior, don Jesús Caballero Klink, primera propuesta de archivo de estas con fecha 2 de octubre de 2020. Sin
embargo, el 8 de octubre el Fiscal Jefe de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado 'sugirió' la práctica de nuevas actuaciones en el marco de esta investigación sobre el señor Stampa Fuente. El 23 de octubre se reiteró la propuesta
de archivo, que fue respondida por don Alvaro García Ortiz 'sugiriendo', de nuevo, la realización de más diligencias. Ello fue rechazado por el instructor 'por considerarlas estériles e inútiles para el esclarecimiento de unos hechos que entiendo
meridianamente esclarecidos tras la instrucción que practiqué, afirmándome y ratificándome por ello en los dos informes propuesta que obran en las actuaciones'.
- El 16 de febrero de 2021 el señor Caballero Klink, que había avocado el asunto, acordó por tercera vez el archivo de las actuaciones, sin elevarlo a la Secretaría Técnica, no sin antes desglosar de las diligencias de investigación las
diversas comunicaciones sobre el particular remitidas por la unidad dirigida por el señor García Ortiz.
22. Como se ha anticipado, la estrategia seguida tenía como fin que se prolongase en el tiempo la investigación sobre el señor Stampa Fuente, de tal manera que este no obtuviese ningún voto en la reunión del Consejo Fiscal que había de
resolver sobre la provisión de plazas en la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada.
23. En relación con lo expuesto, la Asociación Profesional Independiente de Fiscales (APIF) remitió el pasado 11 de noviembre un escrito al Consejo Fiscal en el que expresa su 'escándalo' en relación con 'las acciones de la Excma. Sra.
Fiscal General del Estado que determinaron finalmente el apartamiento del reclamante de las Diligencias Previas [...] abiertas contra diversas personas por graves delitos de corrupción, en el que el despacho profesional del que es titular la pareja
sentimental de la Excma. Sra. Fiscal General del Estado, D. Baltasar Garzón Real, ejercía la defensa de varios implicados'. Así, dirigió
6 https://www.elespanol.com/espana/tribunales/20211114/estrategia-fiscal-stampa-demanda-general-apartarle-villarejo/ 626937740 0.html
una serie de preguntas al Consejo Fiscal con el objeto de aclarar un asunto 'plagado de irregularidades y que causa un daño muy grave a la institución'.
24. Por su parte, la Asociación de Fiscales (AF) emitió el 16 de noviembre un comunicado en el que se refiere a 'supuestas maniobras' de la Fiscal General del Estado de las que se hacen eco 'recientes informaciones aparecidas en algunos
medios de comunicación'. La asociación profesional califica la acusación como 'muy grave' e insta a la señora Delgado García a proporcionar 'una explicación muy detallada'.
25. Estas acusaciones motivaron la inclusión de este asunto, por la propia Fiscal General del Estado, como punto del orden del día en la reunión del Consejo Fiscal celebrada el 24 de noviembre, 'al objeto de recabar detallada información
sobre esta cuestión'. A esta reunión, doña Dolores Delgado García acudió acompañada por el referido Fiscal Jefe de la Secretaría Técnica y por el Fiscal Jefe de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, don Alejandro
Luzón Cánovas. No fueron citados, sin embargo, los señores Caballero Klink ni Ruiz de Alegría.
26. Sin embargo, la AF denuncia que la Fiscal General del Estado negó el acceso a la documentación relativa a la investigación sobre el señor Stampa Fuente alegando que se trataba de información 'reservada', por lo que ha reproducido su
petición por escrito y anunciado que recurrirá al Tribunal Supremo si no se le proporcionan los documentos necesarios.
27. Por otro lado, el señor Ruiz de Alegría, instructor de las diligencias de investigación seguidas en la Fiscalía Superior de Madrid contra el señor Stampa Fuente, ha defendido su actuación en ese procedimiento y ha censurado que no se le
citase a la reunión del Consejo Fiscal del pasado 24 de noviembre. También ha advertido de la 'sibilina y torticera' maniobra llevada a cabo por el Fiscal Jefe de la Secretaría Técnica para, a su juicio, 'retorcer' la investigación y mantenerla
viva cuando ya estaba agotada.
28. Por todo ello, la AF exigió, en su Congreso celebrado los pasados 26 y 27 de noviembre, la 'inmediata dimisión' de la señora Delgado García 'por carecer de idoneidad por su directa procedencia de la política y por sus conflictos de
intereses' 7. Igualmente, la asociación considera que 'las erráticas y sectarias actuaciones y decisiones de Dolores Delgado han causado ya un grave daño al prestigio del Ministerio Fiscal. Su permanencia en el cargo es incompatible con la
imparcialidad y los principios constitucionales que rigen' la Fiscalía General del Estado. Asimismo, la AF reclamó que 'se vuelva a una política de nombramientos basada en los principios de mérito y capacidad, abandonando la arbitrariedad que
impera en los nombramientos de la Fiscal General del Estado'.
Cuarto. Se hace necesaria la destitución inmediata de la Fiscal General del Estado por incumplimiento grave y reiterado de sus funciones y por vulneración de los principios constitucionales que rigen la institución.
29. En atención a lo expuesto, se puede afirmar con rotundidad que doña Dolores Delgado García es radicalmente inidónea para ostentar el cargo de Fiscal General del Estado. Ello, no solo por su acceso directo desde la política, sino por el
flagrante incumplimiento de los principios constitucionales, democráticos y legales que rigen la institución que dirige y por sus evidentes conflictos de interés, acciones y omisiones al frente de la Fiscalía General del Estado. La indudable
importancia que este órgano supone en el buen funcionamiento de la Justicia y, por consiguiente, de la democracia, exige que no pesen sobre su más alta autoridad las tachas insuperables que concurren en la señora Delgado García.
30. Como se ha anticipado, es notorio que los señores Villarejo Pérez, Delgado García y Garzón Real se encuentran estrechamente vinculados por una relación que tiene una larga duración: se hallan ampliamente documentados los numerosos
encuentros mantenidos entre los dos primeros, que el excomisario anotó en sus agendas y cuyo contenido grabó; Ilocad (International Legal Office for Cooperation and Development), sociedad de servicios legales de la que es titular don Baltasar
Garzón Real, ostenta la representación de varios investigados en las diversas causas penales en las que está implicado don José Manuel Villarejo Pérez (el comisario exjefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo -UCAO-, don Enrique García Castaño;
el exjefe del puesto fronterizo del Aeropuerto Madrid-Barajas y exalto cargo de la Comisaría General de Extranjería, don Carlos Salamanca; y el exdirector adjunto operativo -DAO-, don Eugenio Pino); también es sobradamente conocida la relación
íntima que une a la Fiscal General del Estado con el hoy abogado.
7 http://asociaciondefíscales.es/images/Pdf/211127 Conclusiones Congreso Asociacio%CC%81n de Fiscales.pdf
31. Por todo ello, debe ponerse fin a la anomalía institucional que supuso el nombramiento de doña Dolores Delgado García como Fiscal General del Estado el mismo día de su cese como Ministra de Justicia y, en consecuencia, procederse a su
destitución inmediata con base en el 'incumplimiento grave [y] reiterado de sus funciones' que exige el artículo 31.1.d) EOMF.
32. Es incuestionable que el trabajo y la reputación de la inmensa mayoría de los fiscales de España, cualquiera que sea su afiliación política o la asociación a la que en su caso pertenezcan, no debe quedar dañado en su reputación por las
maniobras 'sibilinas y torticeras' de la señora Delgado García, involucrada en los más turbios asuntos e indigna para el cargo que ocupa.
33. Correlativamente, se hace necesario que el Gobierno presente ante las Cortes Generales un proyecto de ley de modificación del EOMF y, en particular, de su artículo 29, para reforzar los requisitos que deben reunir los candidatos al
cargo de Fiscal General del Estado. De esta manera, han de definirse perfiles que alcancen un altísimo grado de idoneidad y de imparcialidad, de probidad y de justicia, de honradez y de excelencia para ejercer tan alto cargo, con el fin de impedir
que pueda repetirse en el futuro una situación de degradación institucional como la que existe en la actualidad.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a destituir de manera inmediata a la Fiscal General del Estado, doña Dolores Delgado García, por el incumplimiento grave y reiterado de sus funciones, y a que, siguiendo los términos
de lo dispuesto en los artículos 124.4 de la Constitución Española y 29 de la Ley 50/1981, de 30 de diciembre, por la que se regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, proponga a Su Majestad el Rey el nombramiento de un nuevo Fiscal General
del Estado que asegure el escrupuloso cumplimiento, respeto y promoción de los principios constitucionales, democráticos y legales que rigen esta institución.
Asimismo, el Congreso de los Diputados insta al Gobierno a adoptar las medidas necesarias para reforzar la idoneidad, la imparcialidad, la competencia profesional y la independencia para el ejercicio del cargo de Fiscal General del Estado,
incrementando y objetivando los requisitos que debe reunir la persona propuesta por el Gobierno para ejercer la referida autoridad.
A estos efectos, el Gobierno deberá presentar ante las Cortes Generales en el plazo de seis meses un proyecto de ley de modificación del artículo 29 de la Ley 50/1981, de 30 de diciembre, -por la que se regula el Estatuto Orgánico del
Ministerio Fiscal para incluir, entre otros, los siguientes requisitos que habrán de ser necesariamente cumplidos por la persona cuya designación se proponga al Rey:
1. No desempeñar o haber desempeñado cargo político electo o de confianza en los últimos diez años.
2. No pertenecer a partido político o sindicato, ni haber pertenecido o trabajado para alguno de estos en los últimos diez años.
3. Ampliar a veinte años el período necesario de ejercicio profesional.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de diciembre de 2021.-José María Sánchez García, Eduardo Luis Ruiz Navarro, Patricia de las Heras Fernández y Carlos José Zambrano García Raez, Diputados.-Macarena Olona Choclán y Francisco Javier
Ortega Smith-Molina, Portavoces del Grupo Parlamentario VOX.
Comisión de Hacienda y Función Pública
161/003516
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Plural, a instancias de la Diputada de Junts per Catalunya, doña Míriam Nogueras i Camero, de acuerdo con lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta, para su debate ante la
Comisión de Hacienda y Función Pública, una Proposición no de Ley para la exención fiscal de las cantidades percibidas por los familiares de las víctimas del vuelo GWI9525 en concepto de responsabilidad civil o ayudas voluntarias.
Exposición de motivos
El 24 de marzo de 2015, el vuelo 9525 de Germanwings que partió del Aeroport del Prat con destino a Düsseldorf se estrelló en los Alpes franceses provocando del fallecimiento de todas las personas a bordo del Airbus A320, 144 pasajeros
-cuatro miembros de la tripulación y dos pilotos-.
54 huérfanos, fruto de dicha catástrofe, se encuentran a la espera de medidas urgentes para recibir unas becas de estudios ofrecidas por la compañía, sin que su importe se vea reducido por una carga impositiva. El 29 de mayo de 2018 fue
aprobada por una proposición de ley en el Congreso en la que se modificaba la Ley Reguladora de las Haciendas Locales con el objetivo de que las víctimas del accidente de Germanwings no tuvieran que cotizar el IRPF de las indemnizaciones recibidas.
Sin embargo, tras quedar estancada en la comisión de Hacienda durante meses, la ley decayó con la disolución de las Cortes el 5 de marzo de 2019.
Dada la situación socioeconómica provocada por la pandemia, las familias integrantes de la Asociación de afectados del vuelo GWI9525 en los Alpes dependen de que se tomen medidas legislativas con la máxima premura dada la verdadera necesidad
que una gran parte de las víctimas tienen de estas ayudas.
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Modificar la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto Sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio mediante
una disposición adicional nueva redactada de la siguiente forma:
'Disposición adicional nueva. Exención por daños personales.
1. Estarán exentas de este Impuesto las cantidades recibidas por los familiares de las víctimas del accidente del vuelo GWI9525, acaecido el 24 de marzo de 2015, en concepto de la responsabilidad civil o ayudas voluntarias procedentes de
fondos específicos creados por la compañía aérea afectada o por una entidad vinculada a esta última.
2. Lo dispuesto en esta disposición adicional resultará de aplicación a los períodos impositivos iniciados desde el 1 de enero de 2015.''
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de diciembre de 2021.-Míriam Nogueras i Camero, Portavoz del Grupo Parlamentario Plural.
161/003521
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre un nuevo Estatuto Orgánico del
Gestor Administrativo, para su debate en Comisión de Hacienda y Función Pública.
Exposición de motivos
El convencimiento de que una economía competitiva exige unas Administraciones Públicas eficientes, transparentes y ágiles, llevó al Gobierno del Partido Popular a aprobar la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas con el fin de regular, de forma completa y sistemática, las relaciones 'ad extra' entre las Administraciones y los administrados, tanto en lo referente al ejercicio de la potestad de autotutela -en cuya virtud
se dictan actos administrativos que inciden directamente en la esfera jurídica de los interesados- como en lo relativo al ejercicio de la potestad reglamentaria y la iniciativa legislativa.
Con ello, se daba un paso más para mejorar la sociedad del bienestar. Por una parte, el estado, a través de sus administraciones públicas, mejoraba la prestación de bienes y servicios a los ciudadanos.
Por otra, se reconocía la importancia del ciudadano como verdadero cliente de las administraciones públicas y, como tal, titular de unos derechos y usuario habitual de esos bienes y servicios públicos.
Entre ambos, y por la dificultad de la administración para buscar y reutilizar una información de la que ya dispone y la necesidad de acreditar que la información que le aporta el administrado (personas físicas o jurídicas) es correcta,
surge la figura del profesional que hace esta labor de recopilación y acreditación de la información del ciudadano para que la administración no tenga que hacerlo. En España esta labor profesional la realizan los Gestores Administrativos.
Desde sus orígenes, la profesión del Gestor Administrativo ha ido ganándose la confianza de las diferentes Administraciones Públicas y convirtiéndose en un destacado colaborador social a través de convenios de colaboración y encomiendas de
gestión. Hasta el punto de que, en la actualidad, más de 5.000 gestorías distribuidas por todo el territorio nacional realizan el 60 % de la tramitación administrativa del país (cerca de 27.000.000 de trámites) la gran mayoría por vía telemática,
fruto de la gran transformación digital que ha vivido la profesión en los últimos años.
La crisis sanitaria del COVID 19 ha mostrado la importancia tanto de la administración electrónica como de la función de los gestores administrativos que fueron considerados actividad esencial y desempeñaron un papel fundamental para poder
mantener la actividad de ciudadanos, autónomos y pymes en una buena parte de los trámites administrativos, a pesar de la ausencia de citas presenciales durante gran parte de la pandemia.
Esto fue posible gracias a los cambios normativos introducidos por el anterior gobierno del Partido Popular, los acuerdos previos que habían suscrito los gestores administrativos con las diferentes administraciones públicas, y por los
desarrollos telemáticos que se llevan realizando desde hace años. Una transformación de la profesión que, por la apuesta clara por la digitalización promovida desde las instituciones europeas en el marco de los fondos para la recuperación y la
resiliencia, se va a acelerar e intensificar en los próximos años.
Avanzamos en una administración electrónica del siglo XXI con unos profesionales, los gestores administrativos, que -siendo parte fundamental de esa transformación- se encuentran encorsetados por una regulación -el Estatuto Orgánico de la
profesión de Gestor Administrativo- que data de 1963 y cuya última modificación se realizó en 1998, hace casi 25 años cuando Internet era tan solo un medio de acceso a la información en modo lectura.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a aprobar, en el plazo máximo de tres meses, un nuevo Estatuto Orgánico de la profesión de Gestor Administrativo para actualizar su regulación a la nueva realidad de la administración
electrónica.'
Palacio el Congreso de los Diputados, 16 de diciembre de 2021.-Carolina España Reina, Javier Bas Corugeira, Eloy Suárez Lamata y Mario Garcés Sanagustín, Diputados.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso.
161/003522
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Plural, a instancia del Diputado del Bloque Nacionalista Galego (BNG) don Néstor Rego Candamil, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente
Proposición no de Ley sobre el desmantelamiento de los centros de la AEAT en Galiza y para garantizar el servicio de atención al público en los mismos, para su debate en la Comisión de Hacienda y Función Pública.
Exposición de motivos
Las medidas aplicadas al hilo de la crisis financiera del año 2009 junto con una digitalización mal entendida de las administraciones públicas han llevado al deterioro de numerosos servicios públicos del Estado, que vienen reduciendo su
número de oficinas, personal y opciones de atención presencial a
los ciudadanos y ciudadanas. El contexto derivado de la pandemia de la COVID-19 ha favorecido un agravamiento de esta situación, tanto por la previsión de nuevas medidas restrictivas de gasto de las administraciones como por la
consolidación de medidas tomadas para la reducción de la atención presencial. En este contexto, se hacen más visibles las consecuencias en determinados servicios, como es el caso de los servicios de gestión tributaria en Galiza por parte del
Estado, tal y como están denunciando organizaciones sindicales como la CIG.
Es necesario recordar que la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT) es un organismo público perteneciente a la Administración General del Estado español y se encarga de la gestión del sistema tributario y aduanero del Estado,
así como de aquellos recursos de otras entidades públicas y administraciones que le sea encomendada por ley o convenio. Para estos efectos, aglutina dentro de sus funciones diversas tareas y servicios, fundamentalmente de inspección, gestión y
recaudación.
Al ser Galiza en este momento una de las comunidades de régimen común del Estado, este organismo tiene especial importancia al ser la encargada de la recaudación de buena parte de los impuestos de los gallegos y gallegas por la falta de
desarrollo de una hacienda gallega propia y por la falta de aumento de competencias de la ATRIGA (Administración Tributaria Galega) por parte del gobierno del Partido Popular. Se trata, por lo tanto, de un servicio público que debe dar cobertura a
las necesidades de información y gestión de las y de los gallegos en cumplimiento de sus deberes tributarios.
Es necesario señalar que para el desarrollo de los deberes del ámbito de la hacienda es fundamental la accesibilidad a los servicios y es indudable que, dado que muchos asuntos implican una gran responsabilidad e incluso a veces una
complejidad añadida en lo referido a los procedimientos y gestiones a desarrollar, es preciso garantizar la posibilidad de la atención presencial a las y a los usuarios.
En la Resolución de 21 de septiembre de 2004, de la Presidencia de la AEAT por la que se establece la estructura y organización territorial de la Agencia Estatal de Administración Tributaria recoge el proceso de territorialización de
competencias y funciones así como aspectos referentes a la modernización de los procedimientos y estructuras. En este sentido, se determina la disposición de los órganos territoriales de la AEAT entre los que están las Delegaciones Especiales de la
Agencia Tributaria para cada una de las Comunidades Autónomas y en el Anexo 1 se relacionan estas así como las delegaciones que integra y en el Anexo II las Delegaciones especiales, incluyéndose un total de dieciocho puntos para Galiza, un mapa que
estaría hoy vigente.
Sin embargo, el Bloque Nacionalista Galego ha denunciado desde hace años los recortes y deficiencias del servicio que evidencian la intención de reducir progresivamente el papel que cumplen los centros presenciales de la AEAT, pues se ha
aminorado el personal, sus funciones y su papel de atención al público. En este sentido, se ha procedido a la amortización de plazas del personal que se jubila o que concursa y también se ha prescindido de la convocatoria de plazas para estos
centros en los concursos o procedimientos de movilidad dentro de la AEAT. De esta forma, si en el año 2000 en Galiza había más de 300 personas trabajando de forma directa en la AEAT, hoy esa cifra se reduce a 170. Además, progresivamente, se
fueron reduciendo drásticamente los medios humanos en los centros distribuidos territorialmente, emplazados en cabeceras de comarca. Por ejemplo, el situado en O Carballiño, que contaba con 40 personas trabajando en el año 2000, en el año 2021
tiene solo 11. La AEAT de Cee, que tenía 17, tiene menos de la mitad en la actualidad, solo 7 o la de Ribeira, que contaba con 30, tiene solo 10. Esta tendencia, en la actualidad extiende el deterioro de forma global a nivel gallego y hay oficinas
de grandes entornos de población como Ferrol o Vilagarcía que dan cuenta de este desmantelamiento.
Como resultando de este proceso de desmantelamiento, los centros administrativos distribuidos territorialmente en Galiza están perdiendo su funcionalidad y la falta de recursos materiales y, sobre todo, humanos, dificulta o impiden una
adecuada atención al público. Por ejemplo, hace ya más de 3 años que en Monforte se eliminó la unidad de IVA. Esta práctica constatada de no cubrir las plazas vacantes o de proceder directamente a su amortización, implica, en primer lugar, una
pérdida de puestos de trabajo necesarios, pero también supone graves consecuencias para el público que pierde posibilidades de realizar determinados servicios en una oficina próxima a su vivienda o a su localidad y debe incurrir en más
desplazamientos que no se suplen, en muchos casos, ni por la atención telefónica ni mediante la tramitación por internet.
Por lo tanto, es necesario que, en tanto no se avance en las competencias y funciones ejercidas por la ATRIGA, el Gobierno y la Administración General del Estado debe garantizar el mantenimiento y buena calidad de los servicios de atención
al público de la AEAT en Galiza. Resulta imprescindible poner freno a una estrategia encubierta de vaciamiento de estos servicios que supone un grave perjuicio a la población,
especialmente a la de mayor edad y a la que vive en el rural y no tiene unos servicios adecuados de transporte, que se ve abocada, cada vez más, a contratar servicios de asesoría privada e incurrir en gastos económicos para operaciones
comunes, por no tener un servicio público adecuado y próximo.
Por todo lo expuesto anteriormente, el BNG presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno del Estado a:
1. Recuperar para los centros administrativos en Galiza de la AEAT, como mínimo, los índices de trabajadores y trabajadoras existentes en el año 2000 garantizando, en igualdad de condiciones a lo largo del territorio gallego, la atención
presencial al público para el asesoramiento y servicios que presta.
2. Adoptar de forma urgente las actuaciones necesarias para evitar la pérdida de empleo público y el deterioro de los servicios a causa del desmantelamiento encubierto de los centros administrativos de la AEAT en Galiza.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de diciembre de 2021.-Néstor Rego Candamil, Diputado.-Míriam Nogueras i Camero, Portavoz del Grupo Parlamentario Plural.
Comisión de Interior
161/003506
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para la convocatoria Comisión de Seguimiento del Plan de Acción de Lucha
contra los Delitos de Odio para evaluar los señalamientos lingüísticos que se están produciendo en Cataluña, para su debate en la Comisión de Interior.
Exposición de motivos
El pasado 23 de noviembre, el Tribunal Supremo ratificó el derecho de los estudiantes de Cataluña a recibir, al menos, un 25 % de enseñanza en español, lengua oficial en todo el Estado y la mayoritaria entre la sociedad catalana. Con esta
decisión, el Alto Tribunal ratificaba la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) conocida en diciembre de 2020, y desoída por el Gobierno de España, entonces inmerso en las negociaciones con los independentistas catalanes para
aprobar su reforma de la Ley de Educación a cambio, entre otros asuntos, de eliminar la referencia al castellano como lengua vehicular en la educación. La decisión del Tribunal Supremo deja sin parapeto legal al mal llamado sistema de inmersión
lingüística y, lo que es más grave, constata la vulneración de derechos sistemática a que se ha sometido, con la inacción de los sucesivos gobiernos de PSOE y PP, a generaciones enteras de alumnos catalanes, privados de una educación con el
castellano también como lengua vehicular junto al catalán.
Tras conocerse la decisión del Supremo, las autoridades de la Generalitat de Cataluña no tardaron en afirmar que no acatarían, una vez más, las sentencias judiciales a este respecto. No sólo eso, sino que se apresuraron, a través del
consejero de Educación, Josep Gonzàlez-Cambray, en hacer llegar a los responsables de los centros educativos una misiva instándoles a desobedecer la sentencia, en un acto de coacción esperable, pero no por ello menos repudiable. Por si fuera poco,
el mismo consejero comunicó que tenía 'garantías' del Ministerio de Educación para dejar sin efectos la sentencia del TSJC, motivo por el que el Grupo Parlamentario Ciudadanos ya solicitó de manera urgente la comparecencia de la Ministra de
Educación, Pilar Alegría. Preguntada por ello en sesión de control al Gobierno por Inés Arrimadas, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos, la ministra Alegría se limitó a señalar el 'respeto del Gobierno de España por las sentencias
judiciales', sin aclarar qué medidas va a llevar a cabo para garantizar el derecho de los estudiantes de Cataluña a recibir su educación también en castellano.
La inacción del Gobierno de España, unida a la ofensiva de sus socios que gobiernan la Generalitat de Cataluña, no ha hecho sino empeorar el clima de hostigamiento y señalamiento que el nacionalismo
lleva décadas imponiendo a quienes, amparados en las sentencias judiciales, solicitan que se respeten sus derechos y libertades en este sentido. Por desgracia, en los últimos días ha trascendido el caso de un menor de 5 años en Canet de Mar
(Barcelona), cuya familia, en ejercicio de sus derechos, ha solicitado al centro la aplicación de lo recogido en la sentencia para que pudiera recibir al menos el 25 % de sus horas lectivas en castellano. Las reacciones del nacionalismo más radical
se han traducido en llamadas en redes sociales a 'apedrear' el domicilio del menor, así como a insultos que tildan de 'colonos' a la familia del alumno. Por su parte, el Govern de la Generalitat, lejos de prestar el apoyo necesario al menor y a sus
padres para garantizar su protección y anonimato, sigue amparando el hostigamiento que reciben por parte de las organizaciones independentistas radicales y hace responsable de la situación que se está viviendo en esta ciudad a los tribunales de
justicia 'por romper la convivencia al imponer un 25 % de las clases en castellano'.
El último episodio de acoso infligido al menor y su familia se produjo el pasado viernes en una manifestación convocada por el Sindicato de Estudiantes de los Países Catalanes frente a la escuela del menor, en la que también participaron
representantes políticos de los partidos independentistas. Durante la concentración, varios de los asistentes calificaron la sentencia como un 'ataque al modelo de escuela' catalana e instaron a las autoridades públicas y docentes del centro
educativo a desobedecerla.
Todos estos hechos, como recientemente y a fecha de hoy lunes 13 de diciembre ha dado a conocer la familia a través de una carta pública, están causando sufrimiento a los padres y al propio menor, sencillamente por el hecho de que están
reivindicando el ejercicio de sus derechos. No deja de ser sorprendente a este respecto la inhibición del Gobierno de España, teniendo en cuenta que señalamiento separatista ha llevado el odio a las puertas de un colegio y al negocio familiar, un
supuesto de extrema gravedad ante al que hasta la fecha el Ejecutivo no ha considerado llevar ninguna acción para combatir este episodio de odio y hostigamiento.
Por todo lo anterior, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a convocar de manera inmediata la Comisión de Seguimiento del Plan de Acción de Lucha contra los Delitos de Odio a raíz de las situaciones de acoso que sufren las familias que
reclaman el derecho de sus hijos a recibir 25 % de las clases en castellano.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de diciembre de 2021.-Sara Giménez Giménez, Diputada.-Inés Arrimadas García y Edmundo Bal Francés, Portavoces del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
161/003524
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley, para paliar los efectos de la
borrasca Barra y las inundaciones sucedidas con posterioridad en diferentes cuencas y Comunidades Autónomas durante el mes de diciembre de 2021, para su debate en la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico.
Exposición de motivos
El fin de semana del 5 de diciembre de 2021 se iniciaba, climatológicamente, con la predicción de una nueva borrasca, denominada Barra, asociada a un frente de aire frío, que afectaría especialmente al tercio norte peninsular. Los frentes
asociados a la borrasca aportarían fuertes precipitaciones en el cantábrico y pirineo y fuerte viento en el tercio oriental, con alta probabilidad de nieve desde cotas medias. Los avisos por nevadas y fenómenos costeros se activaban durante los
tres días siguientes, mientras las predicciones se iban cumpliendo.
Con posterioridad, la entrada de un anticiclón, con el aumento de las temperaturas, provocando el deshielo, mientras prexistían la precipitaciones, tanto en forma de lluvia como de nieve. Como
consecuencia de todo ello, el caudal de los ríos aumentaba considerablemente, en una secuencia que se iba notando de oeste a este, desde Asturias hasta Aragón, pasando por Cantabria, País Vasco, Castilla y León, La Rioja y Navarra.
En la cornisa cantábrica, las lluvias eran precedidas por las intensas precipitaciones de las últimas semanas de noviembre, que habían humedecido sustancialmente el terreno, originando igualmente el desbordamiento de ríos, cortes e
inundaciones de carreteras, o de la red de caminos que sirven de acceso a núcleos rurales, centros de actividad ganadera y casas rurales, siendo estos últimos parte importante de la economía de varios concejos, como el de Cangas de Onís.
En Asturias, el río Deva, que marca la frontera entre Asturias y Cantabria, se desbordaba el jueves 9, afectando a las vegas cercanas. Varias vías de comunicación se cortaban al tráfico, en algunos casos por motivos preventivos frente a
aludes, especialmente reseñables la del puerto de San Isidro, en otras por desprendimientos y argayos. El deslizamiento de lodos y tierra de una escombrera de Hunosa sobre las carreteras LA-7 y LA-8, dificultaba la movilidad en Langreo.
En Cantabria, los ríos de la cuenca de Asón y Deva se mantenían en estado de alerta durante varios días. El río Asón se desbordaba a su paso por la localidad de Ampuero inundando el polígono industrial. Las zonas más afectadas por los
cortes de carreteras y las inundaciones eran Piélagos, Los Corrales de Buelna y Laredo.
En el País Vasco, también varios ríos sufrían crecidas considerables. En Guipúzcoa los ríos Bidasoa, Urumea, Oria o Deba se desbordaban, y municipio como Mendaro, Irun y Andoain sufrían inundaciones y cortes de carreteras. El hospital de
Mendaro llegaba a estar aislado. Un desprendimiento cortaba las vías del tren entre Beasain y Brinkola, originando problemas en la circulación de trenes de cercanías, larga y media distancia. En Vizcaya los ríos Cadagua y Herrerías se desbordaban
a su paso por el municipio de Güeñes. En Alava, desembalse de agua acumulada en el pantano de Ullibarri-Gamboa provocaba problemas en la cuenca del Zadorra que afecto a varios barrios de Vitoria y a municipios cercanos.
En Navarra, hay que lamentar el fallecimiento de dos personas. En Sunbilla una mujer perdía la vida al desprenderse un cobertizo y en el río Bidasoa, en las proximidades de Lesaka, se encontraba el cuerpo de un vecino de Elizondo,
desaparecido un día antes. Se registraba la mayor crecida del río Arga, desde que hay registro, afectando a Pamplona y localidades de su comarca, como Villava y Burlada. Al norte de la Comunidad Foral, las crecidas de los ríos, especialmente del
Bidasoa y algunos de sus afluentes, producían inundaciones. En el sur de la comunidad, el Ebro se desbordaba en localidades como Tudela, donde se inundaban más de 20 calles del casco antiguo, Castejón, San Adrían, Ribaforada, Buñuel, Cabanillas y
Fustiñana. Por todo ello, igualmente, se producía el corte multitud de carreteras dificultando la movilidad y aislando algunos municipios.
Días antes, aguas arriba del Ebro, en el norte de Burgos, se desbordaban los ríos Bayas y Zadorra en torno de Miranda de Ebro. Esta misma ciudad sufría inundaciones en el casco urbano, en comercios y portales cercanos a la orilla del Ebro.
En La Rioja, la crecida del Ebro provocaba daños en los cultivos, especialmente de viñedos, frutales y huertas de toda la región pero, especialmente, los municipios afectados, han sido Calahorra, Aldeanueva de Ebro y Alfaro, en la ribera del
Ebro en Rioja Baja.
Más tarde, a Aragón llegaba la crecida del río Ebro y su desbordamiento con graves incidentes en localidades de la Ribera Alta de la comunidad, especialmente en localidades como Alcalá de Ebro, Gallur, Pradilla de Ebro o Novillas, donde el
volumen de la crecida alcanzó los 2.662 m3/s y una altura del caudal de casi 8,5 metros, superando así la última gran avenida de 2015.
La punta de la crecida del Ebro llegaba a Zaragoza debilitada por las cantidades desbordadas aguas arriba. No obstante, ha producido inundaciones que han obligado a desalojar varias urbanizaciones en Moverá y el barrio rural de Alfocea, que
permanecían aisladas después de que el río rebasase la carretera de acceso. La preocupación se trasladaba a los pueblos situados aguas abajo. Una vez más, los daños sufridos en Aragón, por la crecida del Ebro, son muy graves, con cuantiosas
pérdidas en el sector agropecuario.
El alarmante incremento de los caudales de la cuenca del río Ebro en estos días de diciembre de 2021, con caudales que superan en algunos puntos los límites históricos, ha tenido como efecto la anegación de miles de hectáreas de cultivo y
también ha tenido afección sobre numerosas explotaciones ganaderas en diversas partes del territorio que abarca la cuenca.
Estos son solo algunos ejemplos de los acontecimientos sucedidos como consecuencia de la borrasca Barra y el deshielo de las nieves acumuladas durante las últimas semanas. Sus efectos deben de ser
evaluados, paliar los daños y acelerar las líneas de ayudas. Sin embargo, ha venido siendo habitual que se haya producido el pago de las indemnizaciones con gran retraso.
Por todo ello, se hace necesario paliar los daños producidos, la coordinación y colaboración entre las administraciones y afrontar los problemas que siguen existiendo en cuencas con capacidad de grandes caudales, como la del Ebro, para
mejorar su gestión.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Elaborar, a la mayor brevedad posible, el informe sobre los daños producidos por las precipitaciones e Inundaciones como consecuencia de la borrasca Barra sucedidas durante las primeras semanas del mes de diciembre de 2021, afectando a
diferentes Comunidades Autónomas, determinando la localización y cuantificando el alcance real de los daños.
2. Analizar la posibilidad de declaración de zona gravemente afectada por una emergencia de protección civil, según el procedimiento y a los efectos de lo establecido en la Ley 17/2015, de 9 de julio, en los municipios afectados.
3. En atención a la declaración de zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil, aplicar las medidas dispuestas en el artículo 24 de la Ley 17/2015, de 9 de julio, que resulten convenientes para paliar los daños
provocados por las inundaciones, y en concreto:
- Conceder ayudas económicas a particulares por daños a vivienda habitual y enseres de primera necesidad que procedan.
- Realizar la compensación a corporaciones locales por gastos derivados de actuaciones inaplazables.
- Aprobar las correspondientes ayudas a personas físicas o jurídicas que hayan llevado a cabo la prestación personal de servicios y bienes.
- Aprobar las correspondientes ayudas destinadas a establecimientos industriales, mercantiles y de servicios.
- Aprobar, si procede, las subvenciones por daños en infraestructuras municipales y red viaria provincial.
- Aprobar, si procede, las subvenciones por daños en infraestructuras hidráulicas que se hayan podido ver afectadas por las lluvias, en particular aquellas que dan servicio a las comunidades de regantes y pequeños agricultores.
- Aprobar, si procede, las subvenciones por daños en producciones agrícolas, ganaderas y forestales.
- Aprobar medidas fiscales, laborales y de la Seguridad Social.
4. Que el Gobierno comunique a los Ayuntamientos afectados su decisión sobre la aprobación de las medidas de ayudas aplicadas de cara a la previsión de presupuestos municipales.
5. Activar, en todo caso, las ayudas para situaciones no declaradas como zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil, acorde a las características y necesidades del acontecimiento.
6. Evaluar, si procede, las medidas excepcionales de autorización de reducción de los índices de rendimiento neto de las explotaciones y actividades agrarias realizadas en las zonas siniestradas.
7. Instar a las distintas administraciones locales, autonómicas y central a que, en coordinación entre todas ellas, tomen las medidas necesarias de carácter preventivo, para evitar la repetición de situaciones similares.
8. Llevar a cabo la coordinación y seguimiento de las medidas para lograr su máximo desarrollo, creando una comisión de coordinación según lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley 17/2015, de 9 de julio.'
Palacio el Congreso de los Diputados, 16 de diciembre de 2021.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/003508
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(161) Proposición no de Ley en Comisión.
Autor: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Proposición no de Ley sobre incremento de los efectivos de Policía Nacional en los puestos fronterizos de aquellos aeropuertos y puertos con mayor densidad de tráfico internacional, para agilizar el control de pasaportes.
Acuerdo:
Teniendo en cuenta la incorporación de firma presentada mediante escrito número de registro 176185 y considerando que se solicita el debate de la iniciativa en Comisión, admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al artículo
194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Interior. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, comunicando este acuerdo al Grupo Parlamentario autor de la
iniciativa.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de diciembre de 2021.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para que el Gobierno incremente con
carácter de urgencia los efectivos de Policía Nacional en los puestos fronterizos de aquellos aeropuertos y puertos con mayor densidad de tráfico internacional, para agilizar el control de pasaportes, para su debate en la Comisión de Interior.
Exposición de motivos
A medida que se ha ido recuperando el tráfico aéreo con los países de fuera de la UE y del espacio Schengen, y tras pasar Reino Unido a engrosar la lista de terceros países tras el Brexit, se está registrando una preocupante congestión en
los controles de pasaportes, tanto en la entrada como en la salida, de algunos aeropuertos con mayor densidad de este tipo de tráfico internacional, especialmente en el de Madrid.
Esta situación viene agravada por el hecho de que los pasajeros con origen/destino Reino Unido, principal mercado emisor a nuestro país, están obligados a cumplir las nuevas medidas migratorias tras el Brexit, provocando también saturación
en los controles al igual que el resto de pasajeros de países no pertenecientes a la UE, lo que ya está ocasionando que se requiera un mayor tiempo de registro en frontera.
Desde la reapertura de España al turismo internacional y, especialmente, desde que algunos terceros países han procedido a relajar o, en su caso, suprimir las restricciones para viajar a nuestro país, están aumentando paulatinamente los
tránsitos desde o hacia estos países sin que ello haya ¡do acompañado de la necesaria dotación de Policía Nacional, responsable de estos controles de fronteras del territorio Schengen, con los consiguientes retrasos, en salida y llegada, para los
viajeros que se dirigen o proceden de estos terceros países internacionales, lo que está provocando pérdidas de vuelos, ocasionando un grave perjuicio a los pasajeros, a la operativa de las compañías, a la vez que afecta negativamente a la imagen
internacional de España.
En este período, anterior a que algunos países hayan incluido restricciones y requisitos sanitarios adicionales a raíz de la variante Ómicron, se dieron dos hitos que animaron el tráfico internacional con terceros países. Por un lado, la
relajación de las restricciones para viajeros en Reino Unido el pasado 4
de octubre con la desaparición del llamado 'sistema de semáforo' que regía anteriormente, manteniendo una única lista roja de países, en la que España no se encuentra, además de suprimirse el requisito de un test negativo de COVID-19 antes
de salir de España rumbo el país británico para los pasajeros con la doble pauta de vacunación, limitando las pruebas a una PCR o test de flujo lateral el segundo día de llegada en el Reino Unido. A ello se unió la reapertura de fronteras de
Estados Unidos desde el 8 de noviembre a los viajeros vacunados con la pauta completa.
La falta de la suficiente dotación de Policía Nacional en los controles de pasaportes de aquellos aeropuertos con mayor densidad de tráfico internacional está provocando largas colas de espera, con la consiguiente pérdida de vuelos, en
filtros de aeropuertos como los de Alicante, Sevilla, Ibiza, Tenerife Sur, Málaga y, muy especialmente, Madrid.
Esta situación está afectando a los pasajeros que salen desde alguno de estos aeropuertos con destino hacia un país fuera del espacio UE/Schengen, muchos de ellos españoles, y los viajeros internacionales con documentación de fuera de la
UE/Schengen. En ambos casos deben pasar por el control de pasaporte, pero las largas colas que se están viendo obligados a soportar, con picos que alcanzan los 80 minutos de espera, están provocando que pierdan su vuelo de salida o, en el segundo
caso, de los vuelos en conexión de aquellos pasajeros internacionales que realizan escala en algunos de estos aeropuertos.
Sólo entre el 25 de octubre y 25 de noviembre, ambas fechas incluidas casi 5.000 pasajeros se quedaron en tierra perdiendo su vuelo en el aeropuerto de Barajas como consecuencia de la congestión de los controles de pasaporte por la falta de
suficientes efectivos de Policía Nacional.
Esta situación está causando problemas muy preocupantes como, por ejemplo:
- Un grave perjuicio a los pasajeros que se ven obligados a soportar prolongados tiempos de espera o, en el peor de los casos, la pérdida de su vuelo.
- Un gran perjuicio para la operativa de las compañías aéreas.
- Afectación a la imagen internacional de España en un momento crucial para la reactivación del turismo, principal motor de crecimiento del país.
- Posible pérdida de pasajeros que opten por otros aeropuertos europeos para realizar su conexión: las pérdidas de conexión pueden conllevar que los pasajeros se vayan a otros aeropuertos europeos con mayores garantías de conexión
debilitando el carácter de hub de los españoles con las consecuencias económicas y geopolíticas que ello conlleva.
Por todo lo expuesto y teniendo en cuenta la proximidad de la campaña de Navidad, que habitualmente viene siendo el segundo pico más fuerte de actividad, urge la adopción de medidas por parte del Ministerio de Interior y que proceda, cuanto
antes, a reforzar estos controles de pasaporte saturados con los efectivos requeridos y evitar un agravamiento de la situación a medida que se vaya recuperando el tráfico aéreo a futuro, con la consiguiente pérdida de vuelos a miles de pasajeros, lo
que supone un gran perjuicio para ellos, así como la operativa de las compañías aéreas y de deterioro de la imagen internacional de España.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'Que el Ministerio de Interior incremente con carácter de urgencia, la dotación de efectivos de Policía Nacional en los puestos fronterizos de aquellos aeropuertos y puertos con mayor densidad de tráfico internacional, para agilizar el
control de pasaportes u otros documentos migratorios, tras el caos vivido en los últimos meses.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de diciembre de 2021.-Isabel María Borrego Cortés, Agustín Almodóbar Barceló y Ana Belén Vázquez Blanco, Diputados.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.
Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana
161/003511
A la Mesa del Congreso de los Diputados
D.ª. Macarena Olona Choclán, D.ª Patricia Rueda Perelló, D.ª Patricia de las Heras Fernández, D.ª Cristina Alicia Esteban Calonje, D. José María Figaredo Álvarez-Sala, D. Rubén Darío Vega Arias y D. Juan Carlos Segura Just, en sus
respectivas condiciones de Portavoz Adjunta y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente Proposición no de
Ley dirigida a crear un plan de medidas de apoyo al sector del transporte de mercancías por carretera, para su discusión en la Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
Exposición de motivos
1. El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ('MITMA'), mediante carta de 23 de julio de 2020, al Comité Nacional de Transporte por Carretera ('CNTC'), se comprometió a responder o al menos estudiar muchas de las reclamaciones
del sector del transporte de mercancías por carretera. Sin embargo, actualmente han quedado desatendidas y olvidadas en su mayoría por el Gobierno de España.
2. Así, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, entre otras cuestiones, se comprometía a lo siguiente:
a) No aprobar sin consenso con el sector ni la normativa de masas y dimensiones ni la implantación de euroviñeta a los transportistas profesionales. No obstante, en relación con la primera de las cuestiones no se tiene conocimiento de
actuación alguna por parte del Gobierno y, respecto a lo segundo, no se han producido avances en sentido contrario. Efectivamente, el Gobierno sigue firme en la implantación de un sistema de pago en todas las carreteras de alta capacidad en España,
y en esa línea se ha comprometido con la Comisión Europea sin previa consulta a los representantes del sector del transporte.
b) [E]l compromiso ineludible del Ministerio de abordar en septiembre la problemática de la carga y descarga por los conductores, teniendo en cuenta que las actividades de carga y descarga no tienen por qué ser por cuenta del transportista y
que el sector considera no admisibles muchas de las condiciones en las que los conductores se están viendo obligados a aceptar la realización de estas actividades. En este sentido, es necesario profundizar en el debate y análisis con el fin de
clarificar el marco normativo de la realización la [sic] carga y descarga, tanto desde el punto de vista mercantil como laboral, abordando, asimismo los problemas asociados a los tiempos de espera, la responsabilidad de las partes en el contrato
respecto de estas actividades y los posibles riesgos laborales asumidos. Estos aspectos se tratarán en la mesa tripartita entre cargadores, transportistas y MITMA con objeto de poder disponer en diciembre de 2020 de un texto normativo con las
disposiciones que aborden estos aspectos.
Pese a lo expuesto, no se ha realizado por el Gobierno propuesta satisfactoria alguna para los transportistas.
c) [L]a intención de mantener el APL de PGE-2021 las ayudas al abandono de la profesión y a la formación del sector.
Sin embargo, en los Presupuestos Generales del Estado de 2021, en el programa 453M Ordenación e inspección del transporte terrestre, perteneciente al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, se encuentra la aplicación
presupuestaria 17.01.453M.772 Programas de medidas para la mejora del sector del transporte por carretera, para la que se asignaba una partida de 9.946,00 miles de euros. Y, por su parte, en el proyecto de Ley de los Presupuestos Generales del
Estado para 2022, esta partida presupuestaria se reduce en 16,00 miles de euros, con una dotación de 9.930,00 miles de euros.
d) Proceder a la devolución de 200 millones de euros del importe pendiente de devolver el [sic] céntimo sanitario a los transportistas antes de finales de 2020. No obstante, las patronales denuncian que no se ha realizado la devolución del
referido importe 8.
e) [E]ntre septiembre y diciembre de 2020 se diseñará, [sic] un Plan de Impulso a la Sostenibilidad del Transporte de Mercancías por Carreteras 2021-2023, en el que se incluyan medidas que permitan un
8 https://www.transporteprofesional.es/ ultimas-noticias /la-cetm-pide-que-se-valore-al-transporte-y-reclama-al-gobierno-soluciones-reales [fecha de consulta: 7 de diciembre de 2021].
reforzamiento del sector, la mejora de su prestigio, su robustez como sector económico y su sostenibilidad desde la triple perspectiva ambiental, económica y social. Entre otras, se abordarán todas las medidas incluidas en la carta del CNTC
de 20 de febrero y a efectos de su diseño se establecerán reuniones quincenales entre el CNTC y el MITMA. Sobre este plan, el Gobierno se limitó, en abril del 2021, a presentar unas líneas generales que siguen sin desarrollarse 9.
3. A todos los incumplimientos expuestos, se han sumado las consecuencias de la crisis por la COVID19 y la exclusión de este sector de las ayudas directas contempladas en el Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, de medidas
extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la COVID-19. Así como, una Agenda 2030 que recoge las imposiciones europeístas de una política energética que perjudica directamente a nuestros transportistas con
subidas desorbitadas de los precios de los hidrocarburos y con tasas y sanciones como la prima por exceso de emisiones de CO2 que solo lastran la actividad del sector.
4. Esta situación insostenible ha traído como consecuencia que el pasado 10 de noviembre de 2021, el Comité Nacional del Transporte por Carretera anunciara la convocatoria del cese de actividad de transportistas para los días 20,21 y 22 de
diciembre. En respuesta, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, a través de la Secretaría de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, mantuvo el pasado día 19 de noviembre una reunión con el Comité Nacional del Transporte
por Carretera para intentar evitar la huelga. Y sobre este encuentro, el Ministerio mediante nota de prensa titulada Mitma avanza en el diálogo con el Comité Nacional del Transporte por Carretera informaba de lo siguiente 10:
En la reunión se han repasado una a una las actuaciones llevadas a cabo por Mitma a partir de los compromisos de julio de 2020. Entre ellas, se ha destacado especialmente la aprobación de un régimen sancionador de la morosidad en el sector
del transporte de mercancías por carretera mediante la Ley 13/2021, de 1 de octubre, que constituye un hito único a nivel nacional en esta materia.
5. Sin embargo, se ha evidenciado la incapacidad de este Gobierno para conseguir alcanzar acuerdo alguno en tanto que, el 2 de diciembre, el CNTC informaba de lo siguiente 11:
En el día de hoy el Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC) ha sido convocado por la Secretaria de Estado, doña Isabel Pardo de Vera, con el fin de valorar el documento de trabajo remitido desde el Ministerio de Transportes,
Movilidad y Agenda Urbana (MITMA) para responder a las peticiones del sector, que ha convocado un paro patronal para los días 20; 21 y 22 de diciembre.
En el curso de la reunión el Presidente del CNTC, don Carmelo González Sayas, ha transmitido a los responsables del MITMA el acuerdo adoptado por el pleno de este organismo en el día de ayer, de rechazar íntegramente el documento propuesto
por considerar que, no solo no responde a lo solicitado por el sector, sino que incluso es más restrictivo que el compromiso asumido por el anterior Secretario de Estado, don Pedro Saura, el pasado 23 de julio.
No se da respuesta adecuada a cuestiones como la prohibición de la participación del conductor en las operaciones de carga y descarga; reducción tiempos de espera; aplicación obligatoria cláusula de revisión precio del gasóleo; devolución
importes atrasados del céntimo sanitario; no aplicación de la Euroviñeta y resto de puntos reivindicados desde hace años.
Del mismo modo, se acordó impugnar judicialmente el RD 983/21 de 16 de noviembre de concesión de ayudas para la transformación de flotas, por entender que es gravemente discriminatorio para el transporte de mercancías, cuando se niegan
ayudas a este sector que se conceden a otros vehículos impulsados por idénticas energías para otras áreas de transporte.
El CNTC percibe falta de voluntad de llegar a un acuerdo por parte del Gobierno, por lo que le ha invitado a realizar una nueva propuesta que, caso de no estimarse suficiente, puede suponer un endurecimiento de las condiciones del paro, que
podría convertirse en indefinido.
6. En España, el 95 % del transporte de mercancías se realiza por carretera 12 y, según los últimos datos ofrecidos por el Ministerio, el sector genera más de 500.000 empleos entre puestos directos e indirectos 13. Se ha demostrado que el
sector transporte de mercancías por carretera cumple un papel
9 https://www.mitma.gob.es/el-ministerio/sala-de-prensa/noticias/jue-15042021-1720.
10 https://www.mitma.gob.es/el-ministerio/sala-de-prensa/ noticias/vie-19112021-1917.
11 https://www.fenadismer.es/los-transportistas-amenazan-con-endurecer-el-paro-de-navidad/.
12 https://cdn.mitma.gob.es/portal-web- drupal/estudios_transporte/IndicadoresEconomicos_2021.pdf [fecha de consulta: 18 de noviembre de 2021].
13 https://apps.fomento.gob.es/BDOTLE/visorBDpop.aspx?i=443.
esencial para el suministro de alimentos y otros productos básicos para la población. La función que realiza este sector tiene una importancia estratégica fundamental tal y como ha quedado acreditado durante la pandemia, por lo que su
protección debería ser una cuestión prioritaria para el Gobierno.
Por los motivos expuestos, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a acometer a la mayor brevedad posible y de forma satisfactoria para el sector todos los compromisos adoptados mediante carta dirigida al Comité Nacional de Transporte por Carretera el 23 de
julio de 2020, entre otras:
- Retirar la propuesta realizada por el Gobierno ante la Comisión Europea de creación de un sistema de pago en todas las carreteras de alta capacidad españolas y, en todo caso, a abstenerse de implantar un mecanismo de ingresos de esta
índole en futuras normas jurídicas.
- Promover las actuaciones necesarias para que se proceda a la devolución inmediata del importe pendiente del céntimo sanitario a los transportistas.
- No aprobar sin consenso con el sector del transporte de carreteras la normativa de masas y dimensiones.
- Promover todas las actuaciones necesarias para incrementar el número de aparcamientos seguros en España en áreas de descanso y de servicio, ya sea por adecuación de los existentes como por desarrollo de otros nuevos.
- Adicionalmente a la anterior, desarrollar medidas para conseguir que los aparcamientos habilitados para el descanso de los transportistas cumplan los requisitos recogidos en el informe de la Comisión Europea para la calificación de
aparcamiento categoría platino.
- Estudiar la elaboración de un proyecto de ley por el que se modifique el artículo 20 de la Ley 15/2009, de 11 de noviembre, del contrato de transporte terrestre de mercancías en orden a establecer un régimen más favorable a los
transportistas en relación con las operaciones de carga y descarga.
- Promover el incremento o, al menos, el mantenimiento de las ayudas al abandono de la profesión de transportista.
- Adoptar las medidas necesarias en orden a realizar un Plan nacional de impulso a la red de transportes de mercancías por carretera que tenga los siguientes objetivos prioritarios:
i. Refuerzo de las infraestructuras de transporte, especialmente en la España rural.
ii. Desarrollo de una política laboral orientada al mantenimiento del mayor número de puestos de trabajo en el sector.
iii. Supresión del mayor número de cargas administrativas y tasas e impuestos posibles.
iv. Apoyo a los transportes y productos nacionales.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de diciembre de 2021.-Patricia Rueda Perelló, José María Figaredo Álvarez-Sala, Patricia de las Heras Fernández, Rubén Darío Vega Arias, Cristina Alicia Esteban Calonje y Juan Carlos Segura Just,
Diputados.-Macarena Olona Choclán, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
161/003526
A la Mesa del Congreso de los Diputados
D.ª Macarena Olona Choclán, D.ª Patricia Rueda Perelló, D.ª Patricia de las Heras Fernández, D.ª Cristina Alicia Esteban Calonje, D. José María Figaredo Álvarez-Sala, D. Rubén Darío Vega Arias y D. Juan Carlos Segura Just, en sus respectivas
condiciones de Portavoz Adjunta y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente Proposición no de Ley dirigida
a adoptar todas las medidas necesarias para agilizar los tiempos de espera en los aeropuertos a la vez que se cumplen las exigencias sanitarias, para su discusión en la Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
Exposición de motivos
Primero. Reactivación de la demanda en el sector aéreo.
1. Las restricciones adoptadas a nivel internacional para evitar la propagación del virus de Wuhan, así como las inconstitucionales medidas impuestas por el Gobierno, han supuesto un importante golpe para la economía española. Estas
limitaciones implicaron, a lo largo del año 2020, un descenso significativo de los viajes, que resultó en un grave perjuicio para todos los sectores en general, y para los de los transportes y el turismo, en particular.
2. En España, en 2019, el peso del turismo representaba el 12,4 % del PIB y el 12,9 % del empleo total 14. Sin embargo, según información facilitada por el ente público de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA) 15, en 2020 el
volumen de pasajeros en aeropuertos españoles alcanzó la cifra de 76.065.601, un 72,4 % menos que en 2019. Y, conforme a la Estadística de Movimientos Turísticos en Fronteras (FRONTUR) referida a 2020 que publica el INE 16, en ese periodo nos
visitaron 18.957.856 turistas, un 77,3 % menos que el año anterior. De ellos, 13.658.789 entraron por los aeropuertos españoles.
3. No obstante, en los once primeros meses de 2021 esta situación ha mejorado, y países que son grandes emisores de turistas, como son el Reino Unido y los Estados Unidos, abrieron sus fronteras. Según la información de evolución del
tráfico aéreo publicada por AENA, hasta noviembre de 2021, se han recibido por los aeropuertos españoles un total de 107.238.408 viajeros; un 48,4 % más que en 2020. De forma paralela, la estadística FRONTUR relativa a octubre de 2021 17, señala
la llegada de 24.830.991 turistas hasta ese mes; un 39,3 % más que el año anterior. De estos turistas, el 49,4 % llegaron a través de nuestros aeropuertos.
4. Ahora bien, la persistencia de la pandemia causada por la COVID-19 ha provocado el mantenimiento de los requisitos sanitarios ya existentes, y la imposición de nuevas exigencias para la entrada en España, como es el caso del certificado
Covid de la Unión Europea 18, vigente desde el 1 de julio de 2021. Asimismo, la salida del Reino Unido de la Unión Europea, principal país emisor de turistas hacia España, se ha traducido en controles adicionales a la llegada de sus nacionales.
5. La mencionada reactivación de los viajes aéreos exigía que se dotase a los aeropuertos españoles de los medios materiales y personales necesarios para garantizar la fluidez requerida en los controles, al tiempo que se cumpliese con las
exigencias sanitarias. Para ello era necesaria una planificación adecuada y suficiente que no ha existido. En consecuencia, durante los últimos meses se han producido colapsos en los principales aeropuertos españoles.
6. De hecho, un ejemplo reseñable de ello se produjo durante la 24.a Asamblea General de la Organización Mundial del Turismo, que se celebró en Madrid entre los días 30 de noviembre y 3 de diciembre de 2021. Varios medios de comunicación
informaron del colapso que la llegada de participantes en la Asamblea había generado en el aeropuerto de Madrid 19.
Segundo. Reivindicaciones del sector aéreo y turístico.
7. Debido a las aglomeraciones que se estaban produciendo en varios aeropuertos, el pasado 7 de octubre de 2021 la Asociación de Líneas Aéreas (ALA) requirió del Ministerio del Interior una mayor dotación de agentes de la Policía Nacional
para el control de pasaportes. En esta petición se alegaba el riesgo de pérdida de vuelos y conexiones que sufrían los pasajeros ante las grandes demoras motivadas por el control de identificaciones, subrayándose que '[a]hora más que nunca el buen
funcionamiento del tráfico aéreo y de nuestros aeropuertos resulta crucial para la reactivación del turismo, principal motor de crecimiento del país' 20.
8. Ante la ausencia de respuesta y acción por el Gobierno, la misma Asociación reiteró su petición el pasado 3 de diciembre de 2021, afirmando que solo en el aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid-Barajas, entre
14 Cuenta satélite del turismo de España. Año 2019. Instituto Nacional de Estadística. https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operación.htm?c=Estadistica C&cid=1254736169169&menu=ultiDatos&idp=1254735576863 [Fecha de consulta: 13/12/2021].
15 https://www.aena.es/es/estadísticas/inicio.html [Fecha de consulta: 13/12/2021].
16 https://www.ine.es/daco/daco42/frontur/frontur1220.pdf [Fecha de consulta: 13/12/2021].
17 https://www.ine.es/daco/daco42/frontur/frontur1021.pdf [Fecha de consulta: 13/12/2021].
18 https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/safe-covid-19-vaccines-europeans/ eu-digital-covid-certificate es [Fecha de consulta: 13/12/2021].
19 https://www.vozpopuli.com/espana/gobierno-baraias-coronavirus-omicron.html [Fecha de consulta: 13/12/2021].
20 https://www.alaspain.com/?p=9247 [Fecha de consulta: 13/12/2021].
los días 25 de octubre y 25 de noviembre de 2021, estas demoras en el control de pasaportes supusieron la pérdida de sus vuelos a 5.000 pasajeros. Asimismo, exponían lo siguiente 21:
'España no se puede permitir ahora una congestión de sus aeropuertos. En un momento clave para el sector del turismo como son las Navidades y con la vista ya puesta en verano, es imperativo mejorar los controles de pasaportes, ya que la
situación actual supone un agravio para los pasajeros, para la operativa de las aerolíneas y para la imagen de España en el exterior.
[...]
Por eso, volvemos a insistir al Ministerio en el aumento de efectivos en los aeropuertos con más tráfico internacional, evitando así inconvenientes tanto a pasajeros como a compañías aéreas, y ayudando a mantener la buena imagen de España
para nuestros turistas.'
9. A estas peticiones se sumaron varias organizaciones asociaciativas del sector turístico, como es el caso de la Federación Empresarial de Asociaciones Territoriales de Agencias de Viajes Españolas (FETAVE) y de la Unión Nacional de
Agencias de Viajes (UNAV), las cuales en un comunicado de prensa del pasado 2 de diciembre de 2021 denunciaban las esperas, superiores a los 45 minutos, en los controles de frontera del aeropuerto de Madrid. Reclamaban, igualmente, que se
reforzaran los efectivos de la Policía Nacional asignados a estas tareas fronterizas en los aeropuertos con mayor volumen de pasajeros procedentes de países fuera del territorio Schengen 22.
10. En la misma línea, la Federación Madrileña de Agencias de Viajes (FEMAV) exponía que la reapertura de los viajes con Estados Unidos, así como los problemas derivados del Brexit, no habían ido acompañados de un incremento en la dotación
de policías nacionales destinados a los controles 23.
Tercero. Medidas que adoptar.
11. La situación expuesta hace que nuestra economía se resienta al quedar gravemente dañada la imagen de España como destino de viajes. Por consiguiente, es necesario dotar a todos los aeropuertos españoles de medios materiales suficientes
que permitan reducir los tiempos de espera, y garantizar a la vez el cumplimiento de las medidas sanitarias vigentes.
12. En primer lugar, siendo competencia del Cuerpo Nacional de Policía, y en concreto de su Unidad Central de Fronteras, el control de entrada y salida del territorio nacional por vía aeroportuaria 24, se hace imprescindible dotar a los
aeropuertos españoles de agentes de policía suficientes para esta actividad.
13 En segundo lugar, se deberían desarrollar medidas como las implantadas en Barcelona. AENA anunciaba el pasado 9 de junio de 2021 la puesta en funcionamiento en el aeropuerto José Tarradellas-Barcelona-El Prat de un nuevo espacio de
control de pasaportes, que implica un aumento del tamaño de la zona de control de pasaportes, y también la incorporación de un paso especial para personas de movilidad reducida y de un sistema automatizado de gestión de colas para agilizar el flujo
de personas 25.
14. En definitiva, es imprescindible la adopción de todas las acciones necesarias en los aeropuertos nacionales que lo requieran, con el fin de mejorar la experiencia de los usuarios del sector aéreo, y en especial lo que permita la
agilización de los trámites de control. Con ello se potenciará la imagen de España, algo más esencial si cabe en una situación de recuperación como la actual.
Por los motivos expuestos, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a adoptar, a la mayor brevedad posible, cuantas acciones sean necesarias a fin de agilizar los controles fronterizos de salida y entrada en los aeropuertos españoles y a fin de lograr una mayor
identificación de inmigrantes ilegales y de personas que puedan poner en peligro la seguridad nacional, entre otras, las siguientes:
21 https://www.alaspain.com/?p=9345 [Fecha de consulta: 13/12/2021].
22 http://www.fetave.es/upload images/FETAVE/pdf publica notas prensa/nota de prensa-colapso aeroportuario.pdf [Fecha de consulta: 13/12/2021].
23 http://www.fetave.es/upload images/FETAVE/pdf publica notas prensa/agencias reclaman mayor dotad n policial en barajas.pdf [Fecha de consulta: 13/12/2021].
24 https://www.policia.es/ es/tupolicia conócenos estructura dao cgextranjeriayfronteras.php# [Fecha de consulta: 13/12/2021].
25 https://portal.aena.es/es/corporativa/aeropuerto-josep-tarradellas-barcelona-el-prat-pone-en-funcionamiento-el-nuevo-control-pasaportes-terminal-tl.html?p=1237548067609 [Fecha de consulta: 13/12/2021].
- Promover las medidas correspondientes dirigidas a incrementar el número de efectivos de la Unidad Central de Fronteras del Cuerpo Nacional de Policía destinados en los aeropuertos.
- Impulsar, en coordinación con el organismo regulador aeroportuario AENA, la mejora de las instalaciones destinadas a los controles fronterizos de los aeropuertos españoles, a través de medidas tales como las siguientes:
i. Instalación de cabinas automatizadas de revisión documental del tipo ABC (Automated Border Control) para pasaportes con esta tecnología.
ii. Ampliación de los espacios en los controles de pasaportes para mejorar la fluidez y la gestión de colas.
iii. Adaptación de estos espacios para facilitar el paso por ellos de personas con movilidad reducida y de personas con necesidades especiales.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de diciembre de 2021.-Patricia Rueda Perelló, José María Figaredo Álvarez-Sala, Patricia de las Heras Fernández, Rubén Darío Vega Arias, Cristina Alicia Esteban Calonje y Juan Carlos Segura Just,
Diputados.-Macarena Olona Choclán, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
Comisión de Educación y Formación Profesional
161/003523
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a derogar el Real Decreto
984/2021, de 16 de noviembre, por el que se regulan la evaluación y la promoción en la Educación Primaria, así como la evaluación, la promoción y la titulación en la Educación Secundaria Obligatoria, el Bachillerato y la Formación Profesional, para
su debate en la Comisión de Educación y Formación Profesional.
Exposición de motivos
El Gobierno ha aprobado el Real Decreto 984/2021, de 16 de noviembre, por el que se regulan la evaluación y la promoción en la Educación Primaria, así como la evaluación, la promoción y la titulación en la Educación Secundaria Obligatoria,
el Bachillerato y la Formación Profesional, por el que se eliminan los exámenes de recuperación en la ESO desde este curso 2021/2022 en todas las comunidades autónomas.
El citado Real Decreto ha sido dictaminado por el Consejo de Estado (Dictamen núm. 833/2021) y ha obligado al Ministerio de Educación y Formación Profesional a eliminar la moratoria que establecía la Disposición Transitoria Quinta del
proyecto, por la cual las comunidades autónomas podían decidir mantener o no, durante este curso 2021/2022 los exámenes de recuperación de la ESO de julio y septiembre. El Consejo de Estado le ha recordado al Gobierno que 'no cuenta con
habilitación para establecer un régimen diferenciado de vigencia, según la programación de cada administración educativa para el mantenimiento de los exámenes extraordinarios ', motivo por el que el Gobierno ha decidido eliminar en el texto
definitivo los exámenes de recuperación desde este curso ya iniciado.
El Consejo Escolar del Estado en su dictamen de julio de 2021 al proyecto de este Real Decreto consideraba positiva su tramitación con el fin de que 'a comienzos del próximo mes de septiembre' pudieran ser de plena aplicación aquellos
aspectos de la evaluación, promoción y titulación previstos en la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, de modificación de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, un hecho que no ha ocurrido.
Este Real Decreto se aprueba con el curso empezado y las Administraciones y centros educativos tendrán que adaptarse, a estas alturas del curso, a los nuevos criterios de evaluación, promoción y titulación. Por ello algunas Comunidades ya
han manifestado su imposible cumplimiento, teniendo en cuenta que ya están iniciadas las programaciones que preveían estos exámenes extraordinarios y que este Decreto ahora suprime, modificando así las expectativas de estudiantes, familias y centros
educativos.
Con esta medida la ministra Pilar Alegría, que dirige el Departamento de Educación, continua con la política educativa que ha marcado el Gobierno de Pedro Sánchez, en una carrera de fondo por devaluar la calidad educativa y que ha generado
una alarma social en la comunidad educativa, al abrir la puerta para promocionar y titular con asignaturas suspensas, porque en la ESO no habrá límite claro de suspensos para obtener el título y en Bachillerato se permitirá titular con un suspenso,
desautorizando a los docentes, y denostando la cultura del esfuerzo, la superación y la exigencia.
A ello se une la ruptura de la cohesión social y la equidad educativa, pues no se garantiza la igualdad de oportunidades al no establecerse unos criterios objetivos de evaluación, promoción y titulación en todo el territorio nacional.
La aprobación de la LOMLOE se tramitó con la política de la imposición, sin consenso, y su desarrollo ahora por la nueva titular, tanto con este Real Decreto como lo que se prevé con los de los currículos, es caótico y está generando un alto
grado de inseguridad a los docentes, equipos directivos y a las administraciones, tanto por el alcance de las medidas alejadas de criterios basados en evidencias científicas como por el calendario con el que se está aprobando, para su puesta en
marcha conforme al calendario establecido.
Asociaciones de profesores como ANPE han solicitado un curso para adaptarse a la nueva medida y que no entre en vigor en este curso 21/22 y además entienden que el fracaso escolar no se soluciona no suspendiendo a la gente, para los alumnos
no tiene que ser fácil alcanzar determinadas metas, han de conocer lo que implica esforzarse para llegar a ellas. Desde sindicatos de inspectores como USIE consideran que equivale a la promoción automática, y que se puede dar la sensación a muchas
familias de que todo vale y que en cierta forma se desmoviliza a muchos docentes, porque el alumno no actúa igual cuando piensa que es lo mismo lo que haga porque va a pasar de curso.
El Gobierno debe rectificar y garantizar el derecho a la educación que se reconoce en el artículo 27 de la Constitución porque el Estado tiene la competencia exclusiva para la regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad
de todos los españoles en el ejercicio de los derechos. Según el informe Datos y Cifras del curso 2021/2022, del propio Ministerio de Educación, la tasa de repetición en ESO de los alumnos españoles ha bajado desde el 13,3 % de 2009-10 al 8,5 % de
2019-20, lo que demuestra que se puede avanzar con medidas educativas de otra índole.
Por todo ello el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso propone la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a garantizar el derecho a la educación y la igualdad de oportunidades de todos los alumnos con independencia del lugar en que estos estudien, para lo que procederá:
1. A derogar el Real Decreto 984/2021, de 16 de noviembre, por el que se regulan la evaluación y la promoción en la Educación Primaria, así como la evaluación, la promoción y la titulación en la Educación Secundaria Obligatoria, el
Bachillerato y la Formación Profesional.
2. A mantener los exámenes de recuperación de las asignaturas no superadas en la ESO, en modo y fechas que determinen las administraciones educativas.
3. A implantar un sistema de trabajo fundamentado en el diálogo y el consenso necesario con las diferentes fuerzas políticas educativas, administraciones educativas, sindicatos, asociaciones de padres y demás representantes de la comunidad
educativa en la elaboración y aprobación de las políticas educativas de desarrollo de la LOMLOE.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de diciembre de 2021.-María Sandra Moneo Díez y Óscar Clavell López, Diputados.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/003525
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no
de Ley relativa a garantizar la financiación de una oferta educativa plural, para su debate en la Comisión de Educación y Formación Profesional.
Exposición de motivos
La Constitución española establece que la enseñanza básica debe ser obligatoria y gratuita (artículo 27. apartado 4 CE). El artículo 9 de la Constitución señala además que corresponde a los poderes públicos 'promover las condiciones para
que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integran sean reales y efectivas'.
Teniendo en cuenta estos preceptos constitucionales, la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación, define el sistema educativo en España como un sistema de carácter mixto o dual de redes complementarias, que
faciliten el ejercicio de las familias a elegir en libertad el modelo educativo de sus hijos. Para ello se instauró la figura del concierto educativo, en virtud del cual y mediante la financiación con fondos públicos de centros privados que reúnan
los requisitos señalados en la ley, las familias pueden optar, no solo entre los distintos centros públicos, sino también entre centros de iniciativa social, distintos de los promovidos por los poderes públicos.
La Sentencia 31/2018, de 31 de abril, desestimando el recuso del Grupo socialista a la LOMCE expone que la interpretación conjunta de los apartados 4 y 9 del artículo 27, en el contexto de cuanto implica su apartado 1, obliga a entender que
la 'gratuidad garantizada constitucionalmente no puede referirse exclusivamente a la escuela pública, negándola a todos los centros privados, ya que ello implicaría la obligatoriedad de tal enseñanza pública, al menos en el nivel básico, impidiendo
la posibilidad real de elegir la enseñanza básica en cualquier centro privado', reconociendo que vulneraría no solo el derecho de los padres a elegir centro docente sino también el derecho de creación de centros docentes consagrado en el artículo
27.6 CE.
Según los datos del informe del Ministerio de Educación y Formación Profesional, 'Sistema Estatal de Indicadores de la Educación 2021', el gasto público en educación se eleva a 50.660,3 millones de euros para el año 2018, de ellos, 6.339,1
millones de euros se dedican a financiar la enseñanza privada, lo que representa un 12,5 % del gasto público en educación y un 14,3 % del gasto de las Administraciones educativas. Se trata por tanto, de un porcentaje que no se corresponde con la
verdadera representación de esta red de escolarización, que acoge al 25,4 % de los alumnos del sistema educativo español.
Si se considera únicamente el gasto público por alumno en centros públicos en la Enseñanza no universitaria, en el año 2018 es de 5.968 euros, mientras la plaza de un centro concertado se financia con la mitad. En el curso 2019-2020, las
familias que eligieron un centro concertado fueron una de cada cuatro, representando al 25,4 % del alumnado. En algunas Comunidades Autónomas como el País Vasco ese porcentaje alcanza hasta el 48,1 %, seguido de Navarra con un 33 % o Madrid con un
29,8 % y en la Comunidad Autónoma de menos porcentaje, Castilla La Mancha, tiene un 15,2 % de alumnado escolarizado en centros de enseñanza concertada.
Las administraciones educativas deben garantizar a todos los alumnos un puesto escolar gratuito, y para ello debe dotar a los centros públicos y a los privados concertados de los recursos humanos y materiales necesarios para compensar la
situación de los alumnos que tengan especiales dificultades para alcanzar los objetivos de la educación obligatoria, a causa de sus condiciones sociales.
La LOMLOE ha previsto en su disposición adicional octava que el plan de incremento de financiación pública se formulará en el plazo de dos años a partir del momento de entrada en vigor de esta ley, es decir en el año 2023. Este plan deberá
incluir las conclusiones a las que a su vez se refiere la disposición adicional vigésimo novena respecto a la fijación del importe de los módulos. Entre tanto la política educativa del Gobierno de Pedro Sánchez financia con cargo a los fondos de la
Unión Europea las plazas de titularidad pública de educación infantil atentando a la libertad los padres en la educación. Además se ha comprobado mediante evidencias científicas la estimulación que ejerce una red sobre la otra con los proyectos de
innovación educativa.
Por tanto, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Defender una oferta educativa plural y complementaria de la red pública; y por lo tanto, la libertad de elección de las familias y la igualdad de oportunidades en su ejercicio.
2. Garantizar la gratuidad real y efectiva de la educación básica en el marco constitucional del derecho a la libertad de educación que estipula el artículo 27 de la Constitución Española.
3. Impulsar la concertación progresiva de los ciclos de grado medio de Formación Profesional y de Bachillerato como paso previo a lograr la extensión de la enseñanza básica hasta los 18 años.
4. Adecuar el modelo de financiación de la escuela concertada con el fin de garantizar el acceso a la misma de todas las familias en condiciones de igualdad.
5. Garantizar la equiparación salarial de los docentes en pago delegado con relación a sus homólogos de la función pública.
A tal efecto, se fijará un calendario razonable para adecuar el módulo de conciertos al coste real de la enseñanza.
6. Modificar la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, para reforzar que las aportaciones realizadas por las familias a entidades sin ánimo de
lucro acogidas a la citada Ley y dedicadas a la educación concertada, sean deducibles en los términos recogidos en el artículo 17 de la citada ley, en tanto se alcance una equiparación real y efectiva de la financiación de la educación concertada.'
Palacio el Congreso de los Diputados, 16 de diciembre de 2021.-María Sandra Moneo Díez y Óscar Clavell López, Diputados.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión de Industria, Comercio y Turismo
161/003507
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a acelerar y afianzar la
plena recuperación turística de las aerolíneas y del tráfico aeroportuario a través de una reducción significativa e inmediata de las tarifas aeroportuarias aplicables y otras actuaciones de carácter complementario para su debate en la Comisión de
Industria, Comercio y Turismo.
Exposición de motivos
A punto de alcanzar el umbral de dos años conviviendo con la pandemia y en el contexto de la sexta ola, la industria turística española continúa con una incidencia acumulada creciente desafiando el virus, mientras afronta con cierta cautela
e incertidumbre la irrupción de la nueva variante ómicron en el desarrollo de la temporada de invierno, que a día de hoy obstaculizan el ritmo de restauración de los flujos turísticos en nuestro país, así como del resto de un mundo turístico
interdependiente. Por consiguiente, en este punto procede efectuar un análisis de balance sobre todos aquellos aspectos mejorables que rodean al estado de uno de los sectores más estratégicos de la economía española, al objeto de seguir
profundizando en aquellas decisiones y medidas que puedan contribuir a robustecer la recuperación definitiva de la mejor industria de la Marca España y sin duda, la que más embates ha sufrido a lo largo del curso de la pandemia.
Cabe recordar que entre enero y octubre de este año España alcanzó los 26,2 millones de pasajeros internacionales, lo cual representa un -68,3 % menos que en el año 2019, dato enormemente preocupante si se tiene en cuenta que tomando como
referencia ese mismo ejercicio, más de un 80 % de los 83,7 millones de turistas que nos visitaron lo hicieron por vía aeroportuaria, lo cual revela la importancia vital de la conectividad aérea para el sector turístico y para la economía nacional en
su conjunto. Asimismo, hay que apuntar que hasta finales de septiembre pasado se habían reactivado tan sólo el 51 % de los vuelos comerciales respecto al mismo periodo de 2019, mientras que únicamente se habían recuperado el 36 % de los pasajeros.
Así las cosas, la crisis ocasionada por la COVID-19 ha significado un drástico descenso del tráfico aéreo llegando a mínimos históricos, situándose en 2020 en niveles de hace más de 20 años, con 76
millones de pasajeros gestionados en la red de los 46 aeropuertos españoles (un 72,4 % inferior al tráfico de pasajeros en 2019). Con respecto al ejercicio actual, pese a la incertidumbre existente a cuenta de la nueva variante y las
últimas medidas de restricción a la movilidad decretadas por parte de algunos de nuestros principales países emisores de turistas, se calcula que al cierre de 2021 se produzca una recuperación con respecto al año 2020 en torno a sólo un 45 %.
En efecto, a efectos de dimensionar la presente crisis con el consiguiente deterioro financiero y patrimonial del sector que tratamos, parece oportuno reseñar aquí que el informe económico dado a conocer durante la 77a Asamblea General Anual
de IATA y la Cumbre Mundial del Transporte Aéreo celebrada recientemente en Boston, prevé unas pérdidas acumuladas netas para la industria aérea por valor de 173.000 millones de euros entre 2020 y 2022 a causa del Coronavirus.
En este sentido, resulta necesario poner sobre la mesa que una de las demandas recurrentes del sector de las aerolíneas desde que se estuvo en condiciones mínimas de reiniciar el tráfico aéreo y de reactivar la actividad turística, consistió
en la reducción de las tarifas aeroportuarias como herramienta más eficaz para dinamizar la demanda de pasajeros. Sin embargo, en el marco todavía de vigencia del DORA I, Aena se limitó a aplicar una simple bonificación de la tarifa de aterrizaje,
en lugar de implementar potentes bonificaciones en la tasa de pasajeros y seguridad. Con posterioridad, el pasado 28 de septiembre el Consejo de Ministros aprobó el nuevo Documento de Regulación Aeroportuaria, -DORA II-, para el periodo 2022-2026,
donde se ha establecido una senda tarifaria circunscrita únicamente a la congelación de tarifas en medio del contexto de la mayor crisis en la historia de la aviación comercial y del sector turístico que España haya conocido hasta ahora. En
paralelo, no podemos obviar tampoco que el propio DORA II proyecta que los aeropuertos españoles no recuperarán los niveles de tráfico anteriores a la pandemia hasta finales del año 2025.
A consecuencia de todo lo anterior, la Asociación de Líneas Aéreas (ALA), que aglutina a este sector con cerca del 90 % del tráfico aéreo en nuestro país, acogió con frustración las nuevas condiciones, dado que en todo momento desde este
colectivo se ha venido defendiendo una reducción de las tarifas aeroportuarias de cara a incentivar la recuperación del tráfico, fundamental para la recuperación del turismo y de la economía al ser el principal motor de crecimiento económico en
nuestro país. Y es que de acuerdo con las últimas perspectivas de tendencias por parte de ALA y a la espera de cómo evolucione la sexta ola del virus, la normalización del sector no se situaría antes de 2024, de ahí la enorme necesidad de acelerar
la recuperación de los viajes internacionales, levantando restricciones, fijando criterios comunes entre las principales potencias emisoras y receptoras de flujos, así como apostando decididamente por establecer el marco de condiciones más
atractivas y competitivas posibles para animar a la industria global de viajes y turismo.
A este mismo respecto, es necesario subrayar que desde el Grupo Popular se entiende que como ya se ha evidenciado en otras crisis anteriores, el abaratamiento de las tasas aeroportuarias y las bonificaciones a las compañías aéreas podrían
significar unas de las herramientas más útiles de promoción turística a la hora de dinamizar la demanda en nuestros destinos españoles. Por esta misma razón, desde este mismo Grupo se viene planteando mediante numerosas iniciativas la necesidad de
que el Gobierno deseche definitivamente incorporar ninguna medida de tipo fiscal que suponga gravar el uso del transporte aéreo y por el contrario, introduzca la apuesta por medidas encaminadas a promover una rebaja de tasas, que pueda servir para
reforzar la conectividad por vía aérea de los destinos españoles.
Por último, en particular conviene recordar que ya desde el pasado mes de marzo de este año el GPP articuló una PNL relativa al reposicionamiento competitivo del Destino España y la mejora de su conectividad, mediante la implantación de una
estrategia de modulación y abaratamiento de tasas aeroportuarias como medida dinamizadora, iniciativa que resultó desestimada en el mes de mayo en el seno de la Comisión de Industria, Comercio y Turismo por parte del Grupo Parlamentario Socialista
en compañía de sus socios parlamentarios. A continuación, el pasado mes de julio en el marco del proceso de elaboración del DORA II 2022-2026, el GPP en concordancia con el informe emitido por parte de la Comisión Nacional de los Mercados y la
Competencia (CNMC), nuevamente planteó una estrategia de reducción de tarifas aeroportuarias.
A la vista de todo lo expuesto anteriormente, conviene reiterar en esta última fase de incertidumbre, así como de oscilaciones en las políticas de restricciones de viaje aplicables por parte de otros Gobiernos, acompañado al propio tiempo de
un contexto inflacionista y de incremento del coste del petróleo, la necesidad de impulsar por parte del Gobierno de la segunda potencia turística mundial, la consolidación de recuperación y de planificación de unas compañías aéreas muy penalizadas
y descapitalizadas,
estimulando desde un punto de vista tarifario la captación de tráfico internacional de viajeros y la apertura del espacio aéreo español a nuevos mercados turísticos, y por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a la adopción con carácter inmediato de las siguientes medidas:
- Iniciar con carácter inmediato el procedimiento de modificación del Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA II) para el quinquenio 2022-2026 aprobado por el Consejo de Ministros, para imponer a Aena la implantación de una reducción
relevante del esquema de tarifas aeroportuarias con la finalidad de mejorar la competitividad de los aeropuertos españoles, haciéndolos más atractivos internacionalmente, en un contexto de reestructuración, reformulación de planes de negocio y
reprogramación del mapa de conexiones por parte de las compañías aéreas, y garantizando en todo caso la estabilidad, sostenibilidad económico-financiera y parámetros de calidad adecuados para la red aeroportuaria española.
- Aplicación inminente del sistema de bonificaciones por razones de interés general, -focalizadas en el caso de los territorios extrapeninsulares absolutamente dependientes del transporte aéreo-, así como introducción inmediata de esquemas
de incentivos comerciales extraordinarios, conforme a lo estipulado en el DORA 2022-2026 de cara a estimular la demanda viajera, fomentar la conectividad internacional y completar la plena recuperación de actividad de la industria de viajes y del
turismo hasta niveles prepandemia.
- Implementación de una estrategia específica de desestacionalización y desconcentración de la demanda turística a través de una modulación táctica de las tarifas aeroportuarias aplicables, impulsando la recuperación del segmento de turismo
urbano y corporativo como uno de los nichos del mercado turístico más afectados por la pandemia.
- Aumentar dentro del Plan Estratégico de Marketing 2021-2024 de Turespaña, la dotación presupuestaria del desarrollo de acciones de comarketing con aerolíneas dirigidas a incentivar la creación de nuevas rutas a destinos de largo radio
intercontinentales y nuevos mercados, así como que persigan incrementar nuestra capacidad aérea en rutas ya existentes.
- Descartar absolutamente por efecto contraproducente en el contexto de una pandemia, cualquier iniciativa dirigida al establecimiento y aplicación de impuestos al combustible aéreo (queroseno), que se pueda traducir de manera automática en
una medida disuasoria para el deseo de viajar y las decisiones de viaje, así como lastrar y encarecer el precio de los billetes, perjudicando los intereses de consumidores y turistas y provocando en consecuencia, una disminución de la demanda.
- Reforzar urgentemente la capacidad y dotación de medios y efectivos de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los controles fronterizos de los aeropuertos españoles con mayor densidad de tráfico internacional de pasajeros, evitando
por todos los medios los problemas de congestión presentes en la red aeroportuaria a lo largo de los últimos meses, causando perjuicios a nuestros visitantes, así como deteriorando la imagen de la marca país.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de diciembre de 2021.-Agustín Almodóbar Barceló, Sebastián Jesús Ledesma Martín e Isabel María Borrego Cortés, Diputados.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso.
161/003513
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para que el Gobierno incremente con
carácter de urgencia los efectivos de Policía Nacional en los puestos fronterizos de aquellos aeropuertos y puertos con mayor densidad de tráfico internacional, para agilizar el control de pasaportes, para su debate en la Comisión de Industria,
Comercio y Turismo.
Exposición de motivos
A medida que se ha ido recuperando el tráfico aéreo con los países de fuera de la UE y del espacio Schengen, y tras pasar Reino Unido a engrosar la lista de terceros países tras el Brexit, se está registrando una preocupante congestión en
los controles de pasaportes, tanto en la entrada como en la salida, de algunos aeropuertos con mayor densidad de este tipo de tráfico internacional, especialmente en el de Madrid.
Esta situación viene agravada por el hecho de que los pasajeros con origen/destino Reino Unido, principal mercado emisor a nuestro país, están obligados a cumplir las nuevas medidas migratorias tras el Brexit, provocando también saturación
en los controles al igual que el resto de pasajeros de países no pertenecientes a la UE, lo que ya está ocasionando que se requiera un mayor tiempo de registro en frontera.
Desde la reapertura de España al turismo internacional y, especialmente, desde que algunos terceros países han procedido a relajar o, en su caso, suprimir las restricciones para viajar a nuestro país, están aumentando paulatinamente los
tránsitos desde o hacia estos países sin que ello haya ido acompañado de la necesaria dotación de Policía Nacional, responsable de estos controles de fronteras del territorio Schengen, con los consiguientes retrasos, en salida y llegada, para los
viajeros que se dirigen o proceden de estos terceros países internacionales, lo que está provocando pérdidas de vuelos, ocasionando un grave perjuicio a los pasajeros, a la operativa de las compañías, a la vez que afecta negativamente a la imagen
internacional de España.
En este período, anterior a que algunos países hayan incluido restricciones y requisitos sanitarios adicionales a raíz de la variante Ómicron, se dieron dos hitos que animaron el tráfico internacional con terceros países. Por un lado, la
relajación de las restricciones para viajeros en Reino Unido el pasado 4 de octubre con la desaparición del llamado 'sistema de semáforo' que regía anteriormente, manteniendo una única lista roja de países, en la que España no se encuentra, además
de suprimirse el requisito de un test negativo de COVID-19 antes de salir de España rumbo el país británico para los pasajeros con la doble pauta de vacunación, limitando las pruebas a una PCR o test de flujo lateral el segundo día de llegada en el
Reino Unido. A ello se unió la reapertura de fronteras de Estados Unidos desde el 8 de noviembre a los viajeros vacunados con la pauta completa.
La falta de la suficiente dotación de Policía Nacional en los controles de pasaportes de aquellos aeropuertos con mayor densidad de tráfico internacional está provocando largas colas de espera, con la consiguiente pérdida de vuelos, en
filtros de aeropuertos como los de Alicante, Sevilla, Ibiza, Tenerife Sur, Málaga y, muy especialmente, Madrid.
Esta situación está afectando a los pasajeros que salen desde alguno de estos aeropuertos con destino hacia un país fuera del espacio UE/Schengen, muchos de ellos españoles, y los viajeros internacionales con documentación de fuera de la
UE/Schengen. En ambos casos deben pasar por el control de pasaporte, pero las largas colas que se están viendo obligados a soportar, con picos que alcanzan los 80 minutos de espera, están provocando que pierdan su vuelo de salida o, en el segundo
caso, de los vuelos en conexión de aquellos pasajeros internacionales que realizan escala en algunos de estos aeropuertos.
Sólo entre el 25 de octubre y 25 de noviembre, ambas fechas incluidas casi 5.000 pasajeros se quedaron en tierra perdiendo su vuelo en el aeropuerto de Barajas como consecuencia de la congestión de los controles de pasaporte por la falta de
suficientes efectivos de Policía Nacional.
Esta situación está causando problemas muy preocupantes como, por ejemplo:
- Un grave perjuicio a los pasajeros que se ven obligados a soportar prolongados tiempos de espera o, en el peor de los casos, la pérdida de su vuelo.
- Un gran perjuicio para la operativa de las compañías aéreas.
- Afectación a la imagen internacional de España en un momento crucial para la reactivación del turismo, principal motor de crecimiento del país.
- Posible pérdida de pasajeros que opten por otros aeropuertos europeos para realizar su conexión: las pérdidas de conexión pueden conllevar que los pasajeros se vayan a otros aeropuertos europeos con mayores garantías de conexión
debilitando el carácter de hub de los españoles con las consecuencias económicas y geopolíticas que ello conlleva.
Por todo lo expuesto y teniendo en cuenta la proximidad de la campaña de Navidad, que habitualmente viene siendo el segundo pico más fuerte de actividad, urge la adopción de medidas por parte del Ministerio de Interior y que proceda, cuanto
antes, a reforzar estos controles de pasaporte saturados con los efectivos requeridos y evitar un agravamiento de la situación a medida que se vaya recuperando el tráfico aéreo a futuro, con la consiguiente pérdida de vuelos a miles de pasajeros, lo
que supone un gran perjuicio para ellos, así como la operativa de las compañías aéreas y de deterioro de la imagen internacional de España.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'Que el Ministerio de Interior incremente con carácter de urgencia, la dotación de efectivos de Policía Nacional en los puestos fronterizos de aquellos aeropuertos y puertos con mayor densidad de tráfico internacional, para agilizar el
control de pasaportes u otros documentos migratorios, tras el caos vivido en los últimos meses.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de diciembre de 2021.-Isabel María Borrego Cortés, Agustín Almodobar Barceló y Ana Vázquez Blanco, Diputados.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión de Derechos Sociales y Políticas Integrales de la Discapacidad
161/003497
Mediante escrito de fecha 16 de diciembre de 2021 se ha retirado por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso la Proposición no de Ley relativa a la modificación del Anexo IV del Real Decreto 818/2009, de 8 de mayo, por el que se
aprueba el Reglamento General de Conductores para permitir acceder a las personas con hipoacusia con pérdida combinada de más del 35 por 100 (con o sin audífono) a la obtención de los permisos de circulación encuadrados en el Grupo 2, publicada en
el 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 379, de 22 de diciembre de 2021.
Lo que se publica de conformidad con el artículo 97 del Reglamento del Congreso.
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de diciembre de 2021.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación
161/003509
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Plural, a instancia del Diputado del Bloque Nacionalista Galego (BNG) don Néstor Rego Candamil, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente
Proposición no de Ley sobre los criterios de reparto para las compensaciones del Fondo de Reserva del Brexit, para su debate en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Exposición de motivos
El resultado de las negociaciones entre la Unión Europea y el Reino Unido quedó en evidencia en el mismo momento del acuerdo. Posteriormente, en el mes de marzo, se sumó el fiasco que supuso la falta de acuerdo definitivo sobre las cuotas
para 2021 y su prórroga provisional hasta julio, momento en que los recortes se hicieron patentes y, tal y como había augurado el sector, la situación empeoraba para Galicia respeto de la existente antes del Brexit.
Precisamente previendo las nefastas consecuencias del Brexit, el Consejo de la UE había acordado, ya en julio de 2020, adoptar un paquete de ayudas y la propuesta de la Comisión al respeto fue presentada después de la misma firma del
acuerdo: 5.000 millones de euros para apoyar a las empresas y al empleo de los sectores afectados constituían la Reserva de Ajuste Brexit (BAR).
Del total, tan solo se destinaban a paliar las pérdidas de todo el sector pesquero comunitario 600 millones de euros, y de ellos, únicamente 2,2 correspondían al Estado español. Es decir, un 0,35 % del total de los fondos pesqueros, cuando
los datos que se tenían hecho públicos ya en aquel momento señalaban que las capturas de los buques del Estado español en aguas británicas representaban alrededor de un 1 % del conjunto de los de la flota europea.
Los criterios de reparto empleados fueron el valor del pescado capturado en el Reino Unido por cada Estado miembro, ponderado por su dependencia de las aguas británicas. No se tuvieron en cuenta otros caladeros británicos fuera del Gran
Sol, ni tampoco la cesión de la cuota de bacalao de Svalbard, donde la flota del Estado español perdió gran parte de las posibilidades de capturas que acaparaba.
Unos criterios de reparto, pues, cuestionables y discriminatorios, un presupuesto para el sector pesquero totalmente insuficiente en relación con el conjunto del de la Reserva de Ajuste y un porcentaje absolutamente irrisoria en el caso del
Estado español que va a afectar gravemente a Galiza.
El último paso legislativo fue la aprobación por parte de los Estados miembros, a través del Consejo de la UE, del Reglamento por lo que se establece la Reserva de Ajuste y los 600 millones de euros destinados a la pesca se mantuvieron
inamovibles. Esta aprobación definitiva no es más que la constatación del nulo interés manifestado por la Unión Europea y el Estado español en el sector pesquero, pues ambos pasaron de largo sobre esta discriminación mientras centraban sus
esfuerzos en favor del debate de los fondos de recuperación.
Así, el objetivo de mitigar el impacto del Brexit en la flota gallega desaparece con este acuerdo. En el caso gallego, los estudios hechos por el propio sector pesquero estimaron pérdidas para los barcos gallegos que pescan en los caladeros
británicos de 9 millones de euros, solo en este año 2021, sin contar con los demás sectores de la cadena que se verían afectados.
Por lo tanto, el BAR es un agravio más para una flota que viene perdiendo derechos y posibilidades de pesca continuadamente desde hace años y que además, ahora, queda a expensas de unas negociaciones anuales después del 2026 que le impiden
planificar su futuro y que condicionan sus inversiones.
El Reglamento establece como período de referencia para el apoyo de la Reserva de Ajuste desde el 01.01.20. hasta el 31.12.23., aunque la cuantía estará disponible hasta 2025, cuando se hará una revisión del gasto empleado. Su mayor parte,
4.300 millones de euros, se desembolsará cómo refinanciamiento en tres tramos anuales hasta el 2023, mientras los recursos restantes estarán disponibles en el 2025.
Para recibir los primeros pagos, los Estados deben notificar a la Comisión, dentro de los dos meses siguientes a la entrada en vigor del Reglamento (fue publicado en el DOUE del 08.10.21.), la identidad de los órganos responsables de la
gestión y auditoría de la Reserva y confirmar que elaboraron el sistema de gestión y control.
Por todo lo expuesto anteriormente, el BNG presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno del Estado a:
1. Exigir criterios de reparto para las compensaciones del BAR en los que se tengan en cuenta preferentemente a aquellos territorios del Estado afectados por el Brexit más dependientes de la pesca, el impacto en los sectores económicos
relacionados con la misma y el conjunto de las aguas británicas en las que faenan.
2. Establecer la gestión directa de los fondos pesqueros que se deriven de la Reserva de Ajuste Brexit por parte de la Xunta, en el caso de Galiza.
3 Programar y llevar a cabo planes de soporte económico y social al sector pesquero y a las zonas más afectadas de Galiza por el acuerdo entre la UE y el Reino Unido que palíen las consecuencias del mismo en colaboración y coordinación con
la Xunta de Galiza.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de diciembre de 2021.-Néstor Rego Candamil, Diputado.-Míriam Nogueras i Camero, Portavoz del Grupo Parlamentario Plural.
161/003510
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Plural, a instancia del diputado del Bloque Nacionalista Galego (BNG) don Néstor Rego Candamil, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente
Proposición no de Ley sobre la propuesta de la Comisión Europea 'Fit for 55' para acelerar los objetivos del cumplimiento del Pacto Verde Europeo y sus efectos perjudiciales en el sector pesquero, para su debate en la Comisión de Agricultura, Pesca
y Alimentación.
Exposición de motivos
En el mes de septiembre pasado, la Comisión de Pesca del Parlamento da Galiza aprobaba por unanimidad dirigirse al Gobierno del Estado español para exigirle que demandara ante la UE y de la OMC poner freno a la propuesta de prohibir las
subvenciones a la compra o a cubrir los costes de combustible, logrando así el objetivo de defender la igualdad global de la actividad marítimo-pesquera y de la competitividad y sostenibilidad de la flota gallega. En el mes de octubre esta misma
iniciativa fue también aprobada por unanimidad en la sesión plenaria del Parlamento.
Ambos acuerdos se adoptaban debido a la profunda preocupación generada por las negociaciones de la Organización Mundial del Comercio (OMC) sobre las ayudas que recibe el sector pesquero, concretamente ante la posibilidad de la eliminación de
las exenciones fiscales a los combustibles. La OMC no logró tomar el acuerdo que pretendía en su reunión de 15 de julio y, finalmente, el debate, que se presume sea definitivo, tendrá lugar en el mes de diciembre.
Al mismo tiempo que tenía lugar esa reunión clave de la OMC del mes de julio para regular por primera vez los subsidios a la pesca, la Comisión Europea anunciaba un paquete de medidas, llamado 'Fit for 55', para acelerar los objetivos del
cumplimiento del Pacto Verde Europeo que también puede tener un efecto perjudicial en el sector pesquero. El 'Fit for 55' tiene como objetivo reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 55 % para 2030 y, para conseguirlo, la Comisión
presentó diferentes propuestas entre las que figura la revisión de la Directiva de Tributación de la Energía. El objetivo es fomentar el uso de las tecnologías limpias eliminando los precios de combustibles libres de impuestos de los que venía
beneficiándose el sector pesquero.
Paradójicamente, pues, la UE defiende el mantenimiento de las exenciones fiscales a los combustibles en la pesca delante de la OMC mientras, a nivel interno, pretende gravar los carburantes fósiles a partir de 2023. Y no solo, la
contradicción aumenta cuando la postura de la UE es la promoción del uso de las tecnologías limpias y la de la OMC la eliminación de todos los subsidios, también los referidos a la modernización de las embarcaciones.
La propuesta, que otorga a los Estados miembros a capacidad de fijar la intensidad del gravamen a partir de un mínimo de algo más de tres euros por cada 100 litros, 'dejaría a los pequeños pescadores en una peor situación' y 'aumentaría los
riesgos para el medio marino por el incremento de repostajes en alta mar en el caso de los buques que pescan en aguas internacionales', segundo reconoció el propio vicepresidente de la Comisión Europea.
Este es precisamente el caso de Galiza, donde la pesca mayoritaria es la artesanal, con cerca de 4.000 embarcaciones que sufrirían consecuencias irreversibles. En el caso de las flotas de altura y gran altura, los costes de combustible
pueden alcanzar más del 40 % de los gastos de una empresa y llenar el depósito de 300.000 litros de un buque medio puede representar un sobrecoste de 10.500 euros. Las cantidades se disparan aún más si hablamos de barcos de gran altura con
depósitos de combustible que están entre los 800.000 y 1.300.000 litros.
Estamos pues, una vez más, delante de una política de la Unión dirigida al despiece y a la eliminación de la flota, especialmente de la artesanal, en este caso maquillada de transición ecológica y de una descarbonización que, sí, se va a
producir pero por la vía de la desaparición de miles de embarcaciones.
De nuevo, los factores social y económico que la propia PPC indica que se deben tener en cuenta a la hora de tomar medidas, desaparecen en aras de una transición que es totalmente injusta para países altamente dependientes de la pesca, como
es el caso de Galiza.
Así, de efectivizarse, la propuesta de la Comisión tendría las siguientes consecuencias:
- Incrementar la reducción de la flota, que vendrá a sumarse a la ya sufrida desde los años 90 que se sitúa en un 50 %.
- Favorecer la ya considerable expansión de las grandes flotas de terceros países.
- Disminuir la operatividad en los puertos gallegos, ante la existencia de combustible más barato en puertos no comunitarios.
- Promover la pérdida de miles de puestos de trabajo.
- No contribuir a la descarbonización real de la flota debido al bajo desarrollo de combustibles alternativos a los actuales y al de la tecnología necesaria para su almacenamiento y empleo.
La modificación de la Directiva ya superó el pasado día 18 su fase de recepción de consideraciones, que se trasladarán posteriormente al Consejo y al Parlamento europeo, sin embargo, la propuesta ya contempla que no habrá medidas de
compensación a pesar de la que el sector está advirtiendo de que no puede soportar más costes y que, de llevarse a cabo las medidas propuestas, el impacto económico y social será incalculable.
Delante, pues, de este escenario llama poderosamente la atención que no trascendieran, desde el mes de julio en el que se dio a conocer el 'Fit for 55', ni opiniones ni valoraciones por parte del Gobierno del Estado español. A día de hoy
desconocemos su posicionamiento ante de la propuesta de la Comisión y si escuchará y tendrá en cuenta la preocupación extrema que ya ha mostrado el sector a través de los portavoces de la Federación de Cofradías y de distintas asociaciones
representativas.
Por todo lo expuesto anteriormente, el BNG presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno del Estado a:
1. Posicionarse de forma clara respecto del 'Fit for 55' y, concretamente, de la propuesta de la Comisión Europea relativa a la modificación de la Directiva de Tributación de la Energía.
2. Elaborar, en colaboración con el sector, estudios e informes sobre el impacto social, económico y laboral que tendría la modificación de la Directiva de Tributación de la Energía en el sector pesquero gallego y en el conjunto de la
economía de Galiza.
3. Hacer valer el carácter de país altamente dependiente de la pesca de Galiza ante la Unión Europea.
4. Iniciar todas las acciones que se consideren necesarias para paralizar la propuesta de la Comisión Europea y evitar sus efectos negativos en la flota gallega.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de diciembre de 2021.-Néstor Rego Candamil, Diputado.-Míriam Nogueras i Camero, Portavoz del Grupo Parlamentario Plural.
161/003517
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Confederal Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para su debate en la Comisión de
Agricultura, Pesca y Alimentación, relativa a las necesidades para una buena implementación en nuestro país de la nueva Política Agraria Común.
Exposición de motivos
La Política Agraria Común (PAC) es, tanto por su dotación presupuestaria como por los objetivos estratégicos comprometidos para su implementación, la política de la Unión Europea con una mayor capacidad de influencia sobre los sistemas y las
metodologías productivas en nuestro país, así como para nuestra soberanía alimentaria.
La PAC, en este periodo de ejecución, significará para España un paquete de fondos estimado en 47.724 millones de euros. Una nueva PAC construida en consonancia con los objetivos del Pacto Verde Europeo, comprometiendo más del 40 % de los
fondos directa o indirectamente a objetivos ambientales, desarrollando a su vez una nueva arquitectura en los mecanismos de ayudas por los que se primarán prácticas agrarias y ganaderas favorables al medioambiente, la diversidad biológica o la lucha
contra el cambio climático.
Una política agraria que implica también la implementación de compromisos respecto a la optimización en el uso de fitosanitarios o antibióticos en el sistema productivo agropecuario, el desarrollo de la agricultura ecológica, la
implementación de zonas reservadas al sostenimiento de la biodiversidad o la mejora del bienestar animal.
La nueva redacción incorpora nuevos elementos de condicionalidad social, estableciendo la exigencia del cumplimiento de las legislaciones laborales de los estados miembros como condición para la percepción de las ayudas.
En esta nueva PAC, el apoyo a las y los jóvenes agricultores tendrá un nuevo nivel mínimo obligatorio del 3 % de los presupuestos PAC de los Estados miembros, una cifra que resulta insuficiente.
Asimismo, incorpora algunas acciones para la igualdad de género en el sistema agroganadero, líneas que pueden considerarse muy tibias y muy poco ambiciosas si las contrastamos con hechos como que en España los hombres reciben casi el doble
en ayudas PAC que las mujeres: las explotaciones de titularidad masculina reciben una ayuda media de 6.060 euros; las que son propiedad de mujeres, 3.852 euros.
Por lo tanto, se constata una nueva orientación de la PAC que define cambios sustanciales para nuestro sistema agroganadero, tanto en lo que se refiere a las morfologías de la producción como en la aplicación de nuevas pautas de
condicionalidad de las ayudas.
Todos ellos son objetivos necesarios, si bien entendemos que no suficientemente resueltos ni con la ambición necesaria para afrontar con valentía los desafíos planteados en el reequilibrio entre el sistema de producción agropecuaria, los
retos medioambientales y la realidad socioeconómica de nuestros territorios rurales. Estos deben ser aplicados necesariamente en colaboración con nuestros agricultores y ganaderos. Se trata de importantes cambios en la morfología de la producción
que se deben dar sobre un calendario de transición y flexibilidad, así como una definición estratégica de quién debe de ser objeto fundamental de las ayudas, entendiendo las particularidades de nuestro sector agrícola y ganadero en los diferentes
territorios de nuestro país y los retos a los que están sometidos.
Es importante reflexionar sobre el hecho de que este nuevo marco actualizado de ayudas europeas aterriza en un sistema productivo agropecuario en el que las ejecuciones históricas de las anteriores PAC, así como la complejidad de las
diferentes realidades territoriales y productivas de nuestro país, vienen arrastrando una más que cuestionable metodología en la distribución y el reparto de las ayudas, en tanto que se viene gratificando a grandes perceptores y terratenientes.
Todo ello frente a quienes conforman de manera fundamental la columna vertebral de nuestro sistema de producción agrícola y ganadero, que son nuestras pequeñas y medianas explotaciones de carácter familiar, las que sustentan las poblaciones, la vida
económica y social de los territorios rurales y que configuran el eje fundamental de nuestra soberanía alimentaria.
También es importante entender que el modelo de reparto de las ayudas PAC del primer pilar implementado en España se viene aplicando como una suerte de complemento de rentas para la subsistencia, no ya con el objetivo de fortalecer a los
productores agropecuarios, objeto de la PAC, sino como amortiguador y colchón social para con los territorios rurales. Así se ha venido ocultando, desde hace muchos años, la falta de políticas e inversión públicas directas, las bajas pensiones y
exiguas rentas en las zonas rurales y un desequilibrio de género aún más sangrante que en el ámbito urbano. De la misma manera, el modelo de reparto del segundo pilar lleva años compensando reiteradamente el deterioro en la inversión en políticas
públicas en las zonas rurales, que debería haber sido objeto de los Presupuestos Generales del Estado.
Fruto de esta situación es la distorsión existente, expresada por la mayoría de las organizaciones agrarias y profesionales, sobre los datos que recogen que a 30 de abril de 2021 contábamos con 264.949 cotizantes a la Seguridad Social
agraria, respecto a 1.129 solicitudes de ayudas PAC en 2020. Este elemento pone de manifiesto que en torno al 61 % de los perceptores de la PAC no cotizan a la Seguridad Social agraria y por lo tanto no ejercerían la actividad agraria o, al menos,
no la ejercerían como actividad principal. De igual modo, resulta necesario comparar los datos del Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) en 2020, siendo los perceptores totales de ayudas directas de la PAC 656.515, de los cuales 445.506
recibieron 5.000 euros o menos de ayudas directas.
Por otro lado, hay que destacar que esta nueva reglamentación de la nueva PAC limita los topes de percepción y que, de acuerdo con los datos disponibles, la limitación del 'capping' (techo máximo) y 'degresividad' (reducción progresiva) de
pagos de la futura ayuda básica a la renta para la sostenibilidad afectará a menos de 3.000 beneficiarios del actual pago básico.
Toda la situación expuesta permite entender que la nueva PAC debe ser impulsada, de manera coherente con las diferentes realidades territoriales de nuestro país, hacia el reequilibrio de rentas de quienes tienen en la actividad agraria y
ganadera su actividad principal, así como aquellos a tiempo parcial y pluriactivos que resultan necesarios para el mantenimiento de la actividad en algunos territorios y las condiciones de vida en las zonas rurales.
Esta situación exige plantear que las derivadas de la aplicación de la PAC no solo son significativas en la medida en que implican cambios que afectan a la tipología y morfología de la producción de alimentos, sino que influyen de manera
decisiva en nuestro entorno rural, con efectos tanto en las condiciones de vida de nuestros pueblos como en los procesos demográficos en nuestros territorios rurales.
Por lo tanto, la importancia de una implementación equilibrada y estratégica de la PAC implica derivadas socioeconómicas fundamentales, embridadas en el futuro de los territorios rurales de nuestro país, que van más allá del impacto de las
ayudas directas. Debe ser consecuente con el proceso de despoblación en territorios rurales por la falta de alternativas económicas. Es necesario integrar una gestión inteligente y coherente de la nueva PAC con el reto demográfico y las políticas
públicas hacia los territorios rurales.
Para ello es necesario garantizar la dimensión social de la PAC, pues nuestros pequeños y medianos productores, así como las personas que trabajan el campo, resultan fundamentales para la vertebración y articulación de los territorios, el
asentamiento de población y la salvaguarda del medioambiente. Todo ello, en el marco de la Conferencia Sectorial, donde se debe elaborar el documento que defina la adecuación de la nueva PAC a las particularidades de nuestro país a través del Plan
estratégico de la Política Agraria Común (PEPAC), que debe ser presentado a Bruselas antes del 31 de diciembre.
Por todo ello el Grupo Parlamentario presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación defina, en el marco de la nueva PAC, como principal objeto de percepción de las ayudas a quienes tienen como actividad principal la producción agrícola y ganadera, contemplando que
las ayudas redistributivas, las ayudas acopladas y los ecoesquemas sean enfocados de manera principal hacia productores con alta en la Seguridad Social agraria, retrayendo los derechos históricos de aquellos que no ejercen la actividad agroganadera.
2. Que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación permita, con el cumplimiento de diferentes prácticas requeridas en los diferentes ecoesquemas implementados, la complementación de ayudas derivadas de diferentes ecoesquemas.
3. Que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación implemente un ecoesquema específico que contemple las ayudas a la ganadería extensiva y semiextensiva, así como los manejos y prácticas antiincendios.
4. Que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación implemente, dentro de los nuevos mecanismos de ecoesquemas, un ecoesquema específico para la protección del olivar tradicional y de montaña, que proteja las prácticas productivas y
sostenibles de producción y los manejos tradicionales en la producción de la oliva.
5. Que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación implemente un ecoesquema específico de producciones y prácticas complementarias agrosilvopastoriles sostenibles en una misma explotación.
6. Que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación multiplique los esfuerzos en el marco de la Unión Europea para la consecución de una exigencia de reciprocidad en el cumplimiento en los estándares productivos, especialmente los
referidos al uso de fitosanitarios, antibióticos y el respeto a las normas de ética sociolaboral, a las importaciones agroalimentarias; exigencias equiparables a las que se les requieren a nuestras producciones autóctonas.
7. Que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación implemente la condicionalidad social de las ayudas, con la exigencia del cumplimento de las normas laborales para la percepción de ayudas desde el primer momento, lo que significa la
adhesión al periodo voluntario de la norma desde 2023.
8. Que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, en colaboración con el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y previa evaluación, implemente una normativa que
minimice el impacto de la instalación de plantas de energías renovables en relación con la ocupación de suelos fértiles y las resultantes consecuencias negativas para el acceso a la tierra, estableciendo las moratorias necesarias.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de diciembre de 2021.-Isabel Franco Carmona, Diputada.-Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común.
Comisión de Cultura y Deporte
161/003512
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la Liga de Fútbol Femenino
Español, para su debate en la Comisión de Cultura y Deporte.
Exposición de motivos
Hace 25 años aproximadamente se aprobó la Declaración de Brighton sobre Mujer y Deporte, con el objetivo de acelerar el proceso de cambio para rectificar los desequilibrios que tienen las mujeres en la práctica deportiva. Desde ese momento,
hasta el día de hoy, se han conseguido muchos avances y logros en la igualdad en el deporte: las administraciones públicas han implantado medidas de igualdad en el desarrollo del deporte, los medios de comunicación han comenzado a dar visibilidad
al deporte femenino, y muchas mujeres ostentan puestos de dirección en las entidades deportivas.
La presencia de deportistas femeninas no ha hecho más que crecer, y según el Informe Women and Sport, son un 50 % las mujeres menores de 50 años las que sienten un alto interés por la práctica deportiva con el objetivo de tener una mejor
salud y beneficios emocionales.
En nuestro país, el auge del fútbol femenino español es imparable y la liga de Primera División (Liga Iberdrola) reúne a algunas de las mejores futbolistas del mundo, y cada vez acude más público a los campos de fútbol, siendo el domingo 17
de marzo de 2019, fecha del encuentro entre el Fútbol Club Barcelona femenino y el Atlético de Madrid, la ocasión que congregó a más de 60 mil espectadores en el Wanda Metropolitano.
Este éxito compartido del fútbol femenino se hizo visible el 18 de febrero de 2020 con la firma del primer convenio colectivo entre la Asociación de Clubes de Fútbol Femenino (ACFF) y la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE), que fue
presentado en el Congreso de los Diputados, ante la presencia de la Mesa del Congreso y los diferentes Grupos Parlamentarios, pero que la AFE posteriormente denunció por tratarse de un convenio de mínimos en el que se requiere una nueva negociación
de los derechos sociales de las futbolistas, como el salario mínimo, los derechos de explotación de imagen, el fondo de garantía salarial o la conciliación de la vida laboral y familiar.
El 25 de marzo de 2021, con la presencia, en ese momento, de la Vicepresidenta Primera del Gobierno de España, doña Carmen Calvo, el Consejo Superior de Deportes presentó el proyecto de Liga de Fútbol Femenino y anunció el acuerdo inminente
para formalizar dicho compromiso en el seno de la Comisión Directiva del Consejo Superior de Deportes.
A partir de ese momento, los Clubes de Fútbol Femenino comenzaron los trabajos para la elaboración de unos Estatutos de la futura Liga de Fútbol Femenino, y se alcanzó un acuerdo de texto, con una amplia mayoría, 12 de los 16 clubes.
Tras ese acuerdo, el posicionamiento del Consejo Superior de Deportes ha sido exigir el acuerdo unánime de los 16 Clubes, obviando la regla de las mayorías de las entidades deportivas. Por tanto, esta exigencia del Gobierno supone un
bloqueo que afecta al futuro económico y social de las jugadoras del fútbol femenino español.
El retraso en la constitución de la Liga de Fútbol Femenino Profesional imposibilita la comercialización de los derechos audiovisuales de la competición, así como la entrada de nuevos patrocinadores. Por
tanto, los Clubes no dispondrán de los recursos económicos necesarios para cumplir con sus obligaciones contractuales.
A fecha de hoy, no solo no han llegado los 31 millones de euros prometidos, sino que se han perdido 2,5 millones de euros de derechos audiovisuales ante el apagón televisivo que vive actualmente la Liga Iberdrola.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que:
1. A través del Consejo Superior de Deportes proceda a aprobar de manera urgente el proyecto de estatutos mayoritariamente secundado por los Clubes de Fútbol Femenino para la Liga de Fútbol Femenino Español.
2. Dotar al fútbol femenino español de los recursos económicos, a través del Ministerio de Cultura y Deporte, que contribuyan al pleno desarrollo profesional de la competición y de las carreras profesionales de las futbolistas.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de diciembre de 2021.-Javier Merino Martínez, Marta González Vázquez, Óscar Gamazo Micó, Carlos Aragonés Mendiguchía, Alberto Casero Ávila, José Alberto Herrero Bono, Eduardo Carazo Hermoso, María
Soledad Cruz-Guzmán García y Juan Luis Pedreño Molina, Diputados.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión de Asuntos Económicos y Transformación Digital
161/002631
Mediante escrito de fecha 10 diciembre de 2021 se ha retirado por el Grupo Parlamentario Mixto la Proposición no de Ley sobre incentivo a la producción audiovisual canaria, publicada en el 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm.
284, de 2 de junio de 2021.
Lo que se publica de conformidad con el artículo 97 del Reglamento del Congreso.
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de diciembre de 2021.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
161/003520
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre el acceso al ejercicio de los derechos y al disfrute de los servicios
públicos en el ámbito digital, para su debate en la Comisión Constitucional.
Exposición de motivos
Del artículo 14 de la Constitución Española, en concordancia con los artículos 50 y 51 de la CE, se desprende que el ejercicio de los derechos ciudadanos y el acceso a los servicios públicos debe extenderse al conjunto de la ciudadanía, sin
que resulte admisible, en dicho ejercicio y acceso, discriminación alguna por razón de edad, sexo, nivel educativo, ocupación o lugar de residencia. Por tanto, hay que actuar para corregir situaciones que perjudiquen a las personas mayores sin
cultura digital y a los colectivos vulnerables, respecto a las cuales los poderes públicos tienen el mandato constitucional de promover la igualdad y su bienestar.
Sin embargo, es un hecho que los avances en el proceso de digitalización de determinados servicios básicos, como la banca Online o los propios de la administración electrónica, siendo imprescindibles para contribuir al crecimiento,
competencia de las personas y modernización del país, han creado situaciones de exclusión.
El uso de internet mediante gestiones online y otros recursos telemáticos que a muchos ha servido para resolver buen número de gestiones en un mundo de restricciones por la COVID-19, para otros ha resultado un problema. Lo aseguran
representantes de organizaciones de personas mayores, como la Unión Democrática de Pensionistas y Jubilados de España (UDP).
Estos cambios tecnológicos, acelerados con ocasión de la pandemia, aplicados en servicios como los bancarios y en las Administraciones para realizar trámites y gestiones, está acarreando consecuencias negativas, principalmente para las
personas más mayores sin herramientas tecnológicas ni formación digital, siendo la problemática aún más preocupante si viven solas, residen en zonas rurales o en áreas en declive demográfico. Hablamos de hombres y mujeres que no han aprendido a
usar las nuevas tecnologías y a quienes se les está privando de alternativas viables para poder ejercer determinados derechos y acceder a determinados servicios.
Esto viene ocurriendo, por ejemplo, en el sector bancario con la restricción de horarios, el cierre de sucursales y de cajeros, a lo que se une una importante eliminación de la atención personal presencial. Se trata de un fenómeno que
ejemplifica una nueva dimensión de la desigualdad y la exclusión: la brecha digital, que el Gobierno ya trata de atajar de raíz con distintos planes y proyectos. Como el Plan Nacional de Competencias Digitales, utilizando para combatir la
situación los Fondos Europeos para la recuperación, con 3.593 millones de euros. Este Plan (España Digital 2025) tiene como objetivo garantizar la formación e inclusión digital de la ciudadanía en general y de los trabajadores, no dejando a nadie
atrás en el proceso de transformación digital de la sociedad y la economía.
De manera complementaria, el proyecto e-lris, promovido por distintas universidades, organismos y agentes privados, es una iniciativa de la sociedad civil para que nadie se quede atrás en la transición digital. Los 'Espacios de Ciudadanía
Digital' del proyecto e-lris surgen como espacios de aprendizaje permanente en las bibliotecas públicas o en otros equipamientos culturales, para dar respuesta a las desigualdades tecnológicas, visualizadas de manera más clara en España durante la
pandemia del coronavirus. De esta forma, el sector público y privado y las instituciones educativas se alian para dar respuesta a las necesidades digitales de la ciudadanía, construyendo una alianza estratégica al abrigo del ODS 17.
Es evidente que vamos a un mundo cada vez más digitalizado, en el que está cambiando la forma en la que se ejercen los derechos y se accede a los servicios que nos garantiza la Constitución y el resto del ordenamiento jurídico. Es un
proceso imparable y necesario, que afecta de manera transversal tanto a la Administración Pública como a los servicios que se ofrecen desde el sector privado. Pero en un momento de transición como el actual, los poderes públicos deben hacer un
esfuerzo adicional para asegurar que toda la ciudadanía, esté o no alfabetizada digitalmente, tengan acceso universal al ejercicio de los derechos y al disfrute de los servicios, sin ninguna cortapisa ni discriminación.
La Carta de Derechos Digitales, aprobada recientemente por el Gobierno de España, es consciente de esta realidad y asume este compromiso, al que hace referencia en diversos artículos. Así, el Artículo IX, en su apartado 2, señala: 'Los
poderes públicos [...] garantizarán el derecho a la no exclusión digital y combatirán las brechas digitales en todas sus manifestaciones...'. Y el Artículo XII, apartado 2, establece: 'Se promoverán políticas públicas específicas dirigidas a
abordar las brechas de acceso atendiendo a posibles sesgos discriminatorios basados en las diferencias existentes por franja de edad, nivel de autonomía, grado de capacitación digital o cualquier otra circunstancia personal o social para garantizar
la plena ciudadanía digital y participación en los asuntos públicos de todos los colectivos en mayor riesgo de exclusión social, en particular las personas mayores...'.
También el Artículo XVIII, apartado 4, señala, respecto de las Administraciones Públicas: 'Se ofrecerán alternativas en el mundo físico que garanticen los derechos de aquellas personas que no quieran o no puedan utilizar recursos digitales
y no resulten obligadas a ello, en las mismas condiciones de igualdad'.
Aunque toma como base los avances legislativos realizados en España, principalmente plasmados en el Título X de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales, la Carta no
tiene carácter normativo, aunque marca objetivos claros y sugiere políticas específicas para alcanzarlos. En este sentido, apuesta porque la lucha contra la brecha digital se base en la intensificación de la capacitación y formación en habilidades
digitales. Y señala expresamente
que, en todo caso, se deben ofrecer alternativas en el mundo presencial para garantizar que en ningún caso se pueda incurrir en discriminación.
En base a las anteriores consideraciones, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Fomentar, de acuerdo con lo establecido en la Constitución y el resto del ordenamiento jurídico, a través de las medidas contempladas en el Plan Nacional de Competencias Digitales, que toda la ciudadanía, y especialmente las personas más
mayores sin competencias digitales básicas y otros sectores de población vulnerable, tengan acceso a un proceso de capacitación y formación digital en espacios cívicos de proximidad y gratuitos que les permita ejercer sus derechos y acceder a los
servicios básicos, en igualdad de condiciones y sin sufrir, en ningún caso, discriminación.
2. Promover, para combatir la brecha digital, que aquellos ciudadanos y ciudadanas que por diferentes razones todavía no han podido acceder a competencias digitales o a los medios técnicos para usarlas, y que se encuentran en riesgo de
exclusión de la sociedad digital, cuenten con ayudas de asistencia y medios presenciales alternativos, para poder ejercer, en plena igualdad, sus derechos y acceder a los servicios públicos digitales.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de diciembre de 2021.-Odón Elorza González, Diputado.-Rafaela Crespín Rubio, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión de Sanidad y Consumo
161/003518
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley de supresión del Ministerio de
Consumo, para su debate en la Comisión de Sanidad y Consumo.
Exposición de motivos
El Real Decreto 139/2020, de 28 de enero, estableció la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales y el RD 495/2020, de 28 de abril, desarrollo la estructura orgánica básica del Ministerio de Consumo.
El Ministerio de Consumo tiene Dirección General de Consumo y la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) procedentes del Ministerio de Sanidad, y la Dirección General de Ordenación del Juego procedente del Ministerio de
Hacienda.
La mayor parte de las competencias en materia de protección de los consumidores, seguridad alimentaria y gestión del juego están transferidas a las comunidades autónomas y recogidas en sus respectivos estatutos de autonomía.
Esta falta de competencias del Ministerio de Consumo queda patente en que, del total de 458.969,57 millones de euros contemplados en conjunto en el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para el año 2022, el Gobierno
destina únicamente 65,76 millones a la Sección 31 relativa a Consumo, es decir, un exiguo 0,014 %. Queda patente, en consecuencia, que la prioridad que el Ejecutivo da a la protección de los consumidores en los PGE de 2022 es residual y que su
objetivo no va más allá del gesto de mantener un ministerio más por razones estrictamente políticas.
Desde su creación el Ministerio de Consumo se ha visto envuelto en polémicas escandalosas, protagonizadas en su mayoría por el propio ministro, y que han dañado de forma irresponsable y gratuita la reputación de importantes sectores de la
economía españolas, sin aportar ni un ápice a la protección de los consumidores y usuarios españoles.
La frivolidad irresponsable del ministro ha culminado con una polémica campaña que involucra a los niños en una 'huelga simbólica de juguetes' en un momento muy duro para los consumidores españoles con subidas récords del precio de la
factura eléctrica; un IPC del 5,6 %, el mayor de los últimos 30 años;
la subida de más de 100 productos de la cesta de la compa; la subida de una media del 30 % de gasolina y Diesel; así como las subidas del gas y la bombona de butano; en definitiva, la inflación, 'el impuesto a los pobres', desbocada.
En medio de esta 'tormenta perfecta' de subida generalizada del coste de la vida que daña el poder adquisitivo de los consumidores y usuarios y especialmente de las familias en situación de vulnerabilidad social y económica, así como a los
parados, pensionistas y autónomos; el Ministerio de Consumo ha practicado una dejación de responsabilidades no haciendo ninguna propuesta para la protección de los consumidores.
A la polémica de los juguetes y falta de propuestas para proteger a los consumidores de la inflación permanente, se suma el historial de errores, meteduras de pata y actuaciones irresponsables del ministro de consumo como: la defensa del
'modelo de consumo cubano', caracterizado por la miseria y cartilla de racionamiento; ataques al estratégico turismo español afirmando que es 'estacional, precario y de bajo valor añadido'; culpó al sector y publicidad del juego mientras su
director general afirmaba que 'no hay mucha ludopatía'; demonizó al azúcar con la campaña mendaz del 'El azúcar mata'; subió el IVA de las bebidas azucaradas a los consumidores y señalamiento a las bebidas energéticas y mantenimiento del IVA del
21 % en las mascarillas higiénicas y FFP2 durante los años 2020 y 2021 en plena pandemia de COVID.
También ha traicionado a los sectores agrícola, ganadero y fabricantes de la potente industria agroalimentaria española del aceite, jamón y queso y otros productos españoles básicos en la dieta mediterránea con la implantación del etiquetado
frontal francés, Nutri-score así como la campaña injusta e irresponsable contra el consumo de carne 'Menos carne más vida'; no defendió la bajada del IVA de la luz; se mostró contra los niños y el creativo sector de los fabricante de los dulces,
amenazando con prohibir la publicidad y finalmente ha dedicado sus mayores esfuerzo, copiando a Stalin, a presentar una 'recetario de cocina' innecesario y que promociona productos importados, cuando nuestra 'cocina mediterránea' es puntera en el
mundo.
Además, ha insultado de forma injusta y mendaz a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad el Estado afirmando que puede que 'haya elementos reaccionarios dentro' y desde su estatus de ministro ataca a la Jefatura del Estado con total deslealtad y
saltándose su promesa de 'lealtad al Rey', acusando de 'maniobrar contra el Gobierno'.
A todos los argumentos anteriores que prueban el inútil y dañino Ministerio de Consumo, hay que sumar que no ha aprobado ninguna ley desde su creación y la escasa actividad diaria del ministro y de todo su equipo político.
El mantenimiento del ministerio de Consumo supone un gasto superfluo dirigido a satisfacer las aspiraciones puramente políticas y partidistas de su titular. Al mismo tiempo, la existencia misma del ministerio no ha supuesto un mayor peso ni
avances tangibles reales en las políticas de protección de los consumidores y usuarios. Además, en el contexto social y económico actual, no parece pertinente la existencia y el mantenimiento de un ministerio específico para consumo y sí, en
cambio, su integración con un rango administrativo inferior en otro u otros departamentos ministeriales. De esta forma, podrían liberarse y optimizarse los recursos existentes y disponibles en favor de la consecución de los objetivos relacionados
con la protección de los consumidores u usuarios frente a la escalada histórica de precios al consumo, IPC.
A la vista de todo ello, el Grupo Parlamentario Popular propone la siguiente
Proposición no de Ley
'En el plazo máximo de un mes, el Gobierno procederá a modificar el Real Decreto 139/2020, de 28 de enero, por el que se establece la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales y el Real Decreto 495/2020, de 28 de abril,
por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Consumo con el fin de suprimir el Ministerio de Consumo.
La Dirección General de Consumo y la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) serán adscritas al ministerio de Sanidad, mientras que la Dirección General de Ordenación del Juego será adscrita al Ministerio de Hacienda y
Función Pública.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de diciembre de 2021.-Carmen Riolobos Regadera, Ana María Pastor Julián, José Ignacio Echániz Salgado, Elena Castillo López, Elvira Velasco Morillo, Rosa María Romero Sánchez, María Teresa Angulo
Romero, Gabriel Elorriaga Pisarik, Juan Antonio Callejas Cano y José Ortiz Galván, Diputados.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión de Derechos de la Infancia y Adolescencia
161/003519
A la Mesa del Congreso de los Diputados
D.ª Macarena Olona Choclán, D. Pablo Juan Calvo Liste, D.ª María Teresa López Álvarez, D.ª Georgina Trias Gil, D.ª María Ruiz Solás, D. Rafael Fernández-Lomana Gutiérrez y D.ª Rocío de Meer Méndez, en sus respectivas condiciones de Portavoz
Adjunta y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GP VOX), al amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente Proposición no de Ley relativa al fomento de la Educación Física, actividad
física y deporte, en la etapa de la infancia y la adolescencia, para su debate en la Comisión de Infancia y Adolescencia.
Exposición de motivos
Primero. Estilo de vida sedentario en la población española.
Los medios tecnológicos y telemáticos han cambiado, entre otras cosas, las formas de trabajar y, en este sentido, actualmente la mayoría de las personas trabaja de modo sedentario, tal y como lo corroboran diversos estudios que se relacionan
a continuación:
i. El estudio publicado por el CIS Tendencias en la sociedad digital durante la pandemia de la COVID19 26 refiere que el 54,9 % de los españoles que ahora trabaja en remoto no lo había hecho antes de la pandemia. El teletrabajo se ha
asentado y genera un aumento del sedentarismo, puesto que la vivienda habitual se perpetúa como lugar de habitabilidad y de empleo.
ii. Según un estudio elaborado por la Sociedad Española de Nutrición Comunitaria (SENC) 27, el 62 % de los españoles pasa más de 5 horas sentado al día, mientras que el 36 % de los mismos ha reducido la actividad física a raíz de la
pandemia.
iii. En el año 2013, la Organización Mundial de la Salud (OMS) 28 declaró que el sedentarismo se encuentra entre los cuatro factores de mayor riesgo de muerte en el mundo y estima que aproximadamente 3,2 millones de defunciones al año se
deben a este factor.
iv. En el año 2015, CEBR, una de las más famosas consultoras del Reino Unido, elaboró un informe 29 acerca del coste de la inactividad física en Europa. En el mismo, se hace referencia a que la inactividad es responsable del 13,4 % de
todas las muertes en España, lo que equivalía a unas 54.000 personas en el año 2012. De igual manera, aseguraba que las estimaciones monetarias que habían llevado a cabo arrojaban un gasto sanitario relacionado con el sedentarismo de más de 6.600
millones de euros.
En definitiva, de acuerdo con los informes referidos, es evidente que nuestros hábitos diarios pueden suponer un problema para nuestra salud. Por ello, multitud de expertos llevan años intentando concienciar a la población en general de los
beneficios físicos que generan la actividad física y la práctica deportiva 30.
El deporte no solo afecta de manera positiva a la salud física, también a la salud mental y se ha demostrado que la participación de la población en un ejercicio físico puede ayudar a construir una autoestima más sólida y coadyuvar a una
mejora de la calidad de vida entre los niños y los adultos 31. Estas ventajas probablemente obedecen a una combinación de la actividad física y los aspectos socioculturales que pueden acompañar a esta actividad. De igual manera, existe una gran
variedad de situaciones terapéuticas que están asociadas a la práctica deportiva, como los procesos de intervención de patologías tan frecuentes como el estrés, la ansiedad y la depresión. Por consiguiente, los beneficios son numerosos y
unánimemente reconocidos por la comunidad científica y médica.
26 http://datos.cis.es/pdf/Es3316marMT A.pdf.
27 https://www.observatoriorh.com/orh-posts/el-62-de-los-espanoles-pasa-mas-de-5-horas-sentado-al-dia.html.
28 https://www.universia.net/es/actualidad/orientacion-academica/espana-cuarto-pais-mas-sedentarismo-europa-1053083.html.
29 https://inactivitv-time-bomb.nowwemove.com/download-report/The%20Economic%20Costs%20of%20Physical%20Inactivity%20in%20Europe%20(June%202015i.pdf.
30 https://www.efadeporte.com/blog/deporte-y-salud/ 15-beneficios-del-deporte-para-tu-salud.
31 http://www.scielo.org.co/pdf/res/n!8/nl8a08.pdf.
Cabe destacar que la inactividad física supone un coste de 990 millones de euros solo por la incidencia en enfermedades cardiovasculares, diabetes, cáncer de colon y cáncer de mama. Según el Informe de Actividad física y prevalencia de
patologías en la población española del año 2016 32, el incremento de la actividad física en la población española puede reducir el gasto sanitario de la administración y lograr un ahorro de unos 5.000 millones de euros.
Así pues, queda demostrado que el deporte puede mejorar la calidad de vida de las personas, a la vez que reducir el gasto sanitario de los Estados de cara al futuro. Por ello, consideramos que desde los poderes públicos se debe fomentar la
práctica deportiva, elaborando programas atractivos para la población y, de esa manera, potenciar la implicación de la sociedad en la mala influencia del sedentarismo en la salud.
Sin embargo, pese a los beneficios físicos que se obtienen de la práctica deportiva, nuestra sociedad presenta numerosos obstáculos para la incorporación efectiva del deporte en la actividad cotidiana de las personas. En este sentido se
pronuncia el estudio social Deporte, salud y calidad de vida, elaborado por la Fundación La Caixa 33, que señala como causas que provocan la falta de actividad deportiva el ocio nocturno o el ocio digital o las horas dedicadas a la formación y al
trabajo.
Por todo ello, es fundamental que los Estados asuman su responsabilidad a la hora de concienciar a la población de la necesidad de llevar una vida saludable, tanto a nivel nutricional como a nivel práctico.
Segundo. Importancia de la realización de actividades físico-deportivas desde edades tempranas.
Desde hace varios años, la preocupación de la población por la obesidad ha ido en aumento, relacionada con los devastadores datos acerca de este mal que afecta cada día a más españoles. Caso especial es el de la obesidad infantil que, en
opinión de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 34, ha aumentado 'a un ritmo alarmante', calculando que en el pasado 2016 la cantidad de menores con sobrepeso en el mundo era de 41 millones.
Por un lado, y centrándonos en los datos acerca de esta patología en nuestro país, de acuerdo con el último estudio ALADINO 35 sobre la situación actual de la obesidad infantil en España, el 40,6 % de niños españoles entre 6 y 9 años tiene
exceso de peso; y de estos, el 23,3 % está en niveles de sobrepeso, mientras que el 17,3 % sufre obesidad.
Tras la exposición de estos alarmantes datos, nos encontramos con que desde el Ministerio de Sanidad y Consumo -y a través de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN)-, en el año 2005 se planteó la estrategia 'NAOS'
(Nutrición, Actividad Física y Prevención de la obesidad) 36 con el objetivo de concienciar a la población española del peligro que suponía el hecho de padecer obesidad o sobrepeso.
Se hizo hincapié en niños y jóvenes respecto de los cuales se pretendió que adquirieran hábitos de vida saludables por medio de una alimentación adecuada y una práctica constante de actividad y ejercicio físico.
La estrategia Naos tan solo enuncia las siguientes recomendaciones a llevar a cabo en el 'ámbito escolar':
- Incluir en el currículo académico conocimientos y habilidades relativos a la alimentación y la nutrición [...].
- Reforzar mediante talleres o actividades extraescolares la iniciación de los escolares en el mundo de la cocina y la gastronomía [...].
- Incluir en los cursos de formación del profesorado materiales didácticos y orientaciones sobre alimentación y nutrición, y su incidencia sobre la salud, así como de la importancia de practicar regularmente actividad física.
- Potenciar las acciones educativas en colaboración con otros sectores como las asociaciones de padres de alumnos, empresas de restauración colectiva, fundaciones, etc.
- Promover la práctica frecuente de actividad física y deporte en el colegio, ampliando el horario de uso de las instalaciones escolares con programas de actividades deportivas durante los fines de semana [...].
32 https://sede.educacion.gob.es/publiventa/d/21268/19/0.
33 https://fundacionlacaixa.org/documents/10280/240906/vol26 sencer es.pdf/3b9a8ebc-b98c-4c7a-9e6e-5fl5689f3608.
34 https://www.who.int/dietphysicalactivitv/childhood/es/.
35 https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/web/nutricion/detalle/aladino 2019.htm.
36 https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/web/nutrición/sección/estrategianaos.htm.
Esta estrategia nacional de lucha contra la obesidad no marca, empero, una clara hoja de ruta a realizar en los centros educativos que ayude a disminuir estas ratios.
Por otro lado, tal y como se indica en el informe publicado en el año 2016, Actividad Física en niños y adolescentes en España, elaborado por la Fundación para la Investigación Nutricional, 'las escuelas son un centro de referencia de los
barrios, el acceso a sus instalaciones deportivas por parte de los alumnos en horario escolar y extraescolar aumenta la posibilidad de practicar actividad física'. Por todo ello, es fundamental que se tenga en cuenta a los centros educativos en
dicha estrategia, y llevar a cabo protocolos de actuación que reviertan la situación actual de la población infantil.
El comportamiento sedentario, tal y como hemos apuntado en el anterior apartado de la presente iniciativa, implica por sí mismo un factor de riesgo para ciertas enfermedades que, unido a unos malos hábitos alimentarios, fundamenta el aumento
de la obesidad en la población. Los niños y jóvenes no se encuentran menos afectados por este estilo de vida poco saludable;de hecho, según la encuesta 'Children in the city' 37 elaborada por la Fundación Española del Corazón, el 85 % de los
menores no realiza la hora y media diaria mínima de ejercicio físico recomendada por la OMS para menores de entre 5 y 17 años.
Cabe destacar que, en el pasado año 2016, España se unió a la Campaña Europea contra la Obesidad y el Sedentarismo Infantil en los colegios 38 (ALCIS), que constaba de dos partes: una de promoción y concienciación de la importancia de
incorporar la actividad física y el deporte a nuestras vidas, llevada a cabo en los centros educativos participantes; y otra de investigación, que se llevaría a cabo durante los seis meses posteriores a la presentación de dicha iniciativa. Sin
embargo, hasta la presentación de esta iniciativa, no hemos tenido conocimiento de los pasos seguidos por los distintos Ejecutivos desde el 2016 en el marco de lo planteado por la citada Campaña Europea.
Tercero. Papel de las instituciones, familias y deportistas en la lucha contra la obesidad infantil.
Nuestros deportistas se han convertido en referentes para la población en general, especialmente en el caso de los menores, para quienes muchos de estos deportistas pasan a ser sus mentores y/o ídolos en los que fijarse. Además, el éxito
personal y colectivo permite la sociabilización y la consecuencia de logros de equipo; por ello, multitud de expertos recomiendan la realización de prácticas deportivas en grupos a los colectivos de menores con necesidades especiales, tales como el
síndrome del espectro autista.
En virtud de lo expuesto, se hace oportuno que los Estados trabajen en políticas eficaces en materia de actividad física beneficiosa para la salud, entre las cuales cabe mencionar un plan intersectorial que englobe varios ámbitos políticos
como el deporte, la salud y la educación. Especialmente relacionado con el ámbito educativo, se requiere un buen plan deportivo en los centros educativos que ayudará a reducir los niveles de obesidad infantil, reduciendo así el nivel de
sedentarismo de nuestro país en el futuro.
Por otro lado, cabe destacar cómo la Unión Europea ha desarrollado políticas con el objetivo de marcar la línea para que los Estados miembros acometan políticas que fomenten la actividad deportiva en sus competencias. A este respecto, el
pasado 26 de noviembre de 2013 se presentó una Recomendación del Consejo sobre la promoción de la actividad física beneficiosa para la salud en distintos sectores.
En la misma 39, el Consejo exponía que 'la mayoría de los ciudadanos europeos no realizan una actividad física suficiente y un 60 % raramente o nunca practican deporte ni hace ejercicio', habida cuenta de que los índices de inactividad
física en la Unión aún estaban siendo inaceptablemente elevados.
Además, incidía en que investigaciones recientes indicaban que 'los hábitos sedentarios podrían constituir un factor de riesgo para los resultados sanitarios, con independencia de la influencia de la actividad física'. 'La educación física
en la escuela tiene el potencial para convertirse en un instrumento eficaz para aumentar el grado de concienciación sobre la importancia de la actividad física beneficiosa para la salud y las escuelas pueden asociarse de forma sencilla y eficaz a la
aplicación de este tipo de actividades', ahondando así en que la situación requiere de una promoción educativa en hábitos deportivos en edades tempranas.
37 https://fundaciondelcorazon.com/images/stories/citycampaignmadridstudvexecutive.pdf.
38 https://www.infosalus.com/actualidad/noticia-espana-une-campana-europea-contra-obesidad-sedentarismo-infantil-colegios-20160913174416.html.
39 Recomendación del Consejo de 26 de noviembre de 2013 sobre la promoción de la actividad física beneficiosa para la salud en distintos sectores.
Previamente a esta Recomendación, en las Conclusiones del Consejo de 27 de noviembre de 2012, sobre la promoción de la actividad física beneficiosa para la salud, se reconoció la necesidad de 'nuevas acciones a escala de la Unión y se pidió
a la Comisión que presentara una propuesta de Recomendación del Consejo que incluyera un marco de seguimiento ligero basado en un conjunto de indicadores que abarcara los ámbitos temáticos de las Directrices de actividad física de la UE'.
Algunos de los países miembros de la UE, como Francia o Alemania, han realizado cambios en sus normativas y elaborado protocolos para darle mayor importancia a la actividad física y deportiva en las escuelas. Así pues, en Alemania, el
Ministerio Federal de Salud y el Ministerio Federal de Alimentos, Agricultura y Protección del Consumidor han desarrollado directrices sobre 'Alimentación saludable y actividad física-Claves para una mayor calidad de vida' 40, que sirve como base
para el plan nacional de acción orientado a prevenir el sobrepeso, el sedentarismo, y las condiciones y enfermedades crónicas que resultan de ellos. Las directrices tienen cinco campos de acción principales, entre los que destaca la concienciación
sobre la alimentación, la actividad física y la salud en la educación.
Asimismo, en Francia, la Estrategia Nacional de Deporte y Salud 2019-2024 41 prevé la promoción de la actividad física y el deporte regular en las escuelas, a la vez que un enfoque integrado en el entorno de la vida de los jóvenes (escuela,
ocio, familia y espacio público). Además, parte del Plan Nacional de Salud Pública se basa en la'Prevención Prioritaria', es decir, la promoción de la actividad física para prevenir la obesidad en niños desde los 3 a los 8 años, algo que como reza
el documento 'ya está planificado' (promocionar juegos activos, ocio familiar, etc.).
Por todo lo descrito en la presente iniciativa, en el Grupo Parlamentario VOX entendemos que, desde el poder legislativo, es fundamental aportar soluciones concretas para fomentar la actividad deportiva en los centros educativos. Además,
los poderes públicos deben esforzarse en coaligarse en un frente común: la lucha contra la obesidad infantil. Este hecho redundará en un bien común para nuestros menores a corto y largo plazo, reduciendo a su vez las tasas de sedentarismo a las
que España hace frente anualmente.
En virtud de lo expuesto, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a lo siguiente:
1. Promover el fomento de la actividad física y deportiva en los centros educativos de todo el territorio español.
2. Promover desde el Consejo Superior de Deportes una guía de buenas prácticas deportivas relativa a todas las etapas escolares, a cargo de profesionales y técnicos cualificados.
3. Promover, en conjunto con las Comunidades Autónomas, un aumento significativo de la actividad físico-deportiva en los centros educativos, en horario lectivo y con actividades extraescolares, que ayuden a fomentar la actividad física
entre los niños y jóvenes.
4. Promover, en conjunto con las Comunidades Autónomas, el desarrollo de políticas educativas que aumenten la oferta educativa para los menores con necesidades educativas especiales, fomentando los valores prácticos asociativos relacionados
con el deporte.
5. Desarrollar y adaptar la Estrategia NAOS a las necesidades actuales de la población española, haciendo hincapié en abordar el problema de la obesidad infantil.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de diciembre de 2021.-Pablo Juan Calvo Liste, María Teresa López Álvarez, Georgina Trías Gil, Rafael Fernández-Lomana Gutiérrez, María de la Cabeza Ruiz Solas y Rocío de Meer Méndez,
Diputados.-Macarena Olona Choclán, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
40 https:// www.bmel.de/SharedDocs/Downloads/DE/Broschueren/AktíonsplanINFORM.pdf? blob=publicationFile&v-3.
41 https://sports.gouv.fr/IMG/pdf/rapport snss 2019-2024 cs6 v5.pdf.
Comisión de Seguridad Vial
161/003475
Mediante escrito de fecha 16 de diciembre de 2021 se ha retirado por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso la Proposición no de Ley relativa a la modificación del Anexo IV del Real Decreto 818/2009, de 8 de mayo, por el que se
aprueba el Reglamento General de Conductores para permitir acceder a las personas con hipoacusia con pérdida combinada de más del 35 por 100 (con o sin audífono) a la obtención de los permisos de circulación encuadrados en el Grupo 2, publicada en
el 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 379, de 22 de diciembre de 2021.
Lo que se publica de conformidad con el artículo 97 del Reglamento del Congreso.
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de diciembre de 2021.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
161/003515
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley de apoyo al sector de la motocicleta y
otros vehículos ligeros personales, para su debate en la Comisión de Seguridad Vial.
Exposición de motivos
El sector de los vehículos ligeros (motocicletas, clclomotores, bicicletas eléctricas, triciclos y cuadriciclos) cuenta con una larga tradición en España, tanto a nivel Industrial como social y deportivo, estableciéndose como un pilar
fundamental dentro del conjunto de la automoción. Actualmente este sector soporta más de 22.000 empleos directos a través de miles de empresas contando con fabricantes de vehículos y componentes, Importadores, mayoristas de componentes y
accesorios, concesionarios, talleres y otros negocios involucrados.
Uno de cada ocho vehículos matriculados en España corresponde a este sector, destacando el creciente interés en el ámbito urbano por las ventajas que ofrecen ante la actual transformación de la movilidad. En 2019 se matricularon más de
200.000 unidades, situando a España como el tercer mercado europeo, contando actualmente con un parque de 5,5 millones de ciclomotores y motocicletas (16 % del total de vehículos). Considerando solo las motocicletas, el crecimiento experimentado
por el parque desde el año 2005 ha sido del 100 %.
España cuenta con un tejido industrial relevante en torno a estos vehículos, con fabricantes tanto de vehículos como de componentes, accesorios o equipamiento de protección para motoristas con cifras de exportación superiores al 60 % de su
producción. La industria española se coloca en una posición destacada en el conjunto europeo, gracias a la continua adaptación a las necesidades del mercado y a los cada vez más exigentes requerimientos en materia medioambiental y de seguridad.
Actualmente el sector afronta los retos de transformación marcados por el Acuerdo Verde Europeo (Green Deal). Los vehículos ligeros, por sus características, ya dan respuesta ante los ambiciosos objetivos de descarbonización: sus bajas
emisiones de contaminantes (apenas el 0,8 % del NOx y 1,9 % del PM2.5, del transporte nacional por carretera), de CO2 (el 1,9 %), alta eficiencia energética (factor de consumo pasajero-kilómetro cercano al de un autobús urbano), descongestión del
tráfico, reducción de tiempos de desplazamiento, cobertura integral de distancias en ámbito urbano e interurbano, y su optimización del espacio, colocan a este medio de movilidad como un actor esencial en este proceso.
Otro claro ejemplo de ello es que España es el mayor productor europeo de motocicletas eléctricas, y el mercado nacional cuenta con una penetración de modelos eléctricos cercana al 8 %, cifra muy superior a otros segmentos, por ejemplo, del
2 % en el caso de los turismos.
La crisis del COVID-19 ha impactado al sector los vehículos ligeros como al resto de la automoción española. No obstante, también ha acelerado la transformación de la movilidad y el cambio del comportamiento de los ciudadanos que apuestan
por modos de transporte más prácticos y económicos.
Como conclusión, el Gobierno debe prestar una atención especial a este sector estratégico, combinando el apoyo institucional y el necesario apoyo económico y financiero, en donde el desarrollo del Plan de Recuperación, Transformación y
Resiliencia canalizador de los fondos 'Next Generation EU', representa una oportunidad que debe aprovecharse.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Impulsar la industria de los vehículos ligeros a través de la inversión en l+D+i, en proyectos como los relacionados con la electrificación y el desarrollo de baterías, sistemas avanzados de seguridad o la adaptación a las cada vez más
exigentes etapas de emisiones, para cumplir con el compromiso de fabricar vehículos más seguros, limpios e inteligentes.
2. Fomentar la relocalización industrial con el fin de evitar la dependencia completa de suministradores exteriores, dotando a la industria auxiliar de las herramientas necesarias para optimizar su productividad y adaptarse a los requisitos
tecnológicos más avanzados, favoreciendo la atracción de centros de decisión y desarrollo al país.
3. Desarrollar el ámbito logístíco, actuando como centro de distribución de accesorios y recambios, de componentes, de vehículos completos, agilizando el transporte de suministros y acercando en tiempo y coste el producto nacional terminado
a los mercados externos.
4. Potenciar la formación, conocimiento y atracción de talento, mejorando la productividad del capital humano y el crecimiento de la actividad, favoreciendo el afianzamiento en España de los centros de desarrollo, diseño, pruebas y
homologación, evitando la fuga de profesionales cualificados, y atrayendo talento externo.
5. Favorecer la expansión internacional, la exportación y el acceso a los mercados exteriores mediante políticas de financiamiento, promoción e inventivos a la industria nacional de motocicleta y otros vehículos ligeros personales.
6. Integrar el uso de vehículos ligeros personales en los instrumentos normativos y de planificación como en la futura Ley de Movilidad Sostenible y financiación del transporte y en los Planes de Movilidad Urbana Sostenible, a fin de
diferenciarse de otros transportes motorizados privados y adaptando el diseño urbano con criterios homogéneos a nivel nacional (pacificación del tráfico, uso de carriles especiales o segregados, elementos diferenciadores como paradas avanzadas o
utilizar menos pintura en calzada).
7. Garantizar la seguridad de los usuarios vulnerables, integrándolos en las políticas de seguridad vial bajo el enfoque del Sistema Seguro, -como recomiendan la ONU y la Unión Europea-, mediante las modificaciones necesarias de la
normativa en materia de Tráfico y la revisión de los Planes Locales de Seguridad Vial y los Planes de Movilidad Laboral.
Para ello se propone tres vías de actuación prioritarias:
7.1 Abarcando un concepto de formación más amplio, incluyendo la formación vial desde el currículo escolar, pasando por ampliar los conocimientos sobre vulnerables en la obtención de todos los permisos de conducir y terminando por el fomento
de una formación avanzada de calidad continuada a lo largo de la vida del motorista.
7.2 Teniendo en cuenta a los vulnerables en el diseño, planificación y mantenimiento de las infraestructuras. Se requiere dotación presupuestaria para revisar la normativa evitando que se ejecuten nuevos tramos sin incorporar barreras de
protección para motoristas (SPM) y aplicar un plan de sustitución de los guardarraíles peligrosos; identificar y actuar en los tramos de alta siniestralidad; y fomentar la inversión en infraestructuras inteligentes y vehículos conectados.
7.3 Incentivando la renovación del parque con vehículos más eficientes y seguros (la media actual del parque se sitúa en 16,4 años), incluido el desarrollo de una adecuada política fiscal, así como el desarrollo de inversiones para el l+D en
conectívidad y electrificación.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de diciembre de 2021.-Diego Gago Bugarín, Juan José Matarí Sáez, Óscar Gamazo Micó, Jaime Miguel Mateu Istúriz, Tristana María Moraleja Gómez y Guillermo Mariscal Anaya, Diputados.-Concepción Gamarra
Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL
La Mesa de la Cámara en su reunión del día de hoy ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 189 del Reglamento, las siguientes preguntas orales al Gobierno en Comisión, disponer su conocimiento por las Comisiones que se indican,
dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de diciembre de 2021.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
Comisión de Asuntos Exteriores
181/001601
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Diputados don Iván Espinosa de los Monteros de Simón, doña Macarena Olona Choclán, don Alberto Asarta Cuevas, don Víctor González Coello de Portugal, don Víctor Sánchez del Real, don Agustín Rosety Fernández de Castro y don Emilio Jesús del
Valle Rodríguez, Grupo Parlamentario VOX.
Dirigida al Ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación.
Texto:
¿Va a convocar al Embajador de la República Bolivariana de Venezuela en el Reino de España tras los graves insultos de Diosdado Cabello -número 2 del régimen de Nicolás Maduro- a S.M. el Rey Felipe VI?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de diciembre de 2021.- Macarena Olona Choclán, Iván Espinosa de los Monteros de Simón, Víctor González Coello de Portugal, Alberto Asarta Cuevas, Víctor Manuel Sánchez del Real, Agustín Rosety
Fernández de Castro y Emilio Jesús del Valle Rodríguez, Diputados.
181/001610
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Diputados doña Macarena Olona Choclán, don Alberto Asarta Cuevas, don Víctor González Coello de Portugal, don Víctor Sánchez del Real, don Agustín Rosety Fernández de Castro y don Emilio Jesús del Valle Rodríguez, Grupo Parlamentario VOX.
Dirigida al Ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación.
Texto:
Según informaciones publicadas, Marruecos estudia desplegar misiles israelíes en El Estrecho, en las zonas de Tánger y Nador, 'en respuesta a lo que entiende es un mayor control del Ejército español en los cinco territorios del norte de
África: las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, el peñón de Vélez de la Gomera, el peñón de Alhucemas y el archipiélago de las Islas Chafarinas'. Atendiendo a estas informaciones, ¿tiene el Gobierno conocimiento de las mismas y, en caso
afirmativo, qué medidas tiene previsto adoptar?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de diciembre de 2021.-Macarena Olona Choclán, Alberto Asarta Cuevas, Víctor González Coello de Portugal, Agustín Rosety Fernández de Castro, Víctor Manuel Sánchez del Real y Emilio Jesús del Valle
Rodríguez, Diputados.
Comisión de Interior
181/001605
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Diputados doña Macarena Olona Choclán, don Francisco Javier Ortega Smith-Molina, don Francisco José Alcaraz Martos, don Luis Gestoso de Miguel y don Ignacio Gil Lázaro, Grupo Parlamentario VOX.
Dirigida al Ministro del Interior.
Texto:
¿Qué motivos justifican que el Ministerio del Interior haya utilizado un Blindado Medio sobre Ruedas (BMR 6x6) en las protestas de los trabajadores del metal en Cádiz y no lo hiciera en los disturbios provocados en Barcelona con motivo del
referéndum ilegal y contra la sentencia dictada con motivo del proceso soberanista?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de diciembre de 2021.-Macarena Olona Choclán, Francisco Ortega Simth-Molina, Francisco José Alcaraz Martos, Luis Gestoso de Miguel e Ignacio Gil Lázaro, Diputados.
Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana
181/001603
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Diputada doña Patricia Rueda Perelló, Grupo Parlamentario VOX.
Dirigida a la Ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
Texto:
¿Qué conclusiones se extrajeron del colapso producido por la tormenta Filomena en enero de 2021 y qué nuevas medidas se van a aplicar en los planes invernales del Gobierno?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de diciembre de 2021.-Patricia Rueda Perelló, Diputada.
181/001604
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Diputados don Andrés Alberto Rodríguez Almeida, doña Patricia Rueda Perelló, doña Patricia de las Heras Fernández, doña Cristina Alicia Esteban Calonje, don José María Figaredo Álvarez-Sala, don Rubén Darío Vega Arias y don Juan Carlos
Segura Just, Grupo Parlamentario VOX.
Dirigida a la Ministra de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana.
Texto:
Entre las modificaciones aprobadas en el texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial se encuentra la introducción de un apartado 5 al artículo 25. Ante esta nueva prohibición, ¿qué adaptaciones
pretende promover el Gobierno en las infraestructuras públicas para permitir la correcta circulación de vehículos de movilidad personal, bicicletas y ciclos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de diciembre de 2021.-Andrés Alberto Rodríguez Almeida, Patricia Rueda Perelló, José María Figaredo Álvarez-Sala, Rubén Darío Vega Arias, Juan Carlos Segura Just, Patricia de las Heras Fernández y
Cristina Alicia Esteban Calonje, Diputados.
181/001612
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Diputados doña Patricia Rueda Perelló, doña Patricia de las Heras Fernández, doña Cristina Alicia Esteban Calonje, don José María Figaredo Álvarez-Sala, don Rubén Darío Vega Arias y don Juan Carlos Segura Just, Grupo Parlamentario VOX.
Dirigida a la Ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
Texto:
¿Qué actuaciones llevará a cabo el Gobierno para resolver el conflicto colectivo con los trabajadores de AENA y ENAIRE?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de diciembre de 2021.-Patricia Rueda Perelló, Patricia de las Heras Fernández, José María Figaredo Álvarez-Sala, Cristina Alicia Esteban Calonje, Juan Carlos Segura Just y Rubén Darío Vega Arias,
Diputados.
181/001613
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Diputados doña Patricia Rueda Perelló, doña Patricia de las Heras Fernández, doña Cristina Alicia Esteban Calonje, don José María Figaredo Álvarez-Sala, don Rubén Darío Vega Arias y don Juan Carlos Segura Just, Grupo Parlamentario VOX.
Dirigida a la Ministra de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana.
Texto:
¿Cómo se va a ver afectado el sector aéreo por la caída de la compra de billetes en los meses de diciembre y enero con motivo de las nuevas restricciones de la COVID-19?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de diciembre de 2021.-Patricia Rueda Perelló, Patricia de las Heras Fernández, Cristina Alicia Esteban Calonje, Juan Carlos Segura Just y Rubén Darío Vega Arias, Diputados.
181/001614
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Diputados doña Patricia Rueda Perelló, doña Patricia de las Heras Fernández, doña Cristina Alicia Esteban Calonje, don José María Figaredo Álvarez-Sala, don Rubén Darío Vega Arias y don Juan Carlos Segura Just, Grupo Parlamentario VOX.
Dirigida a la Ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
Texto:
¿Qué actuaciones se están llevando a cabo desde su Ministerio para impulsar la candidatura de Málaga para la Expo de 2027 y qué planificación de infraestructuras se están realizando para esta candidatura?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de diciembre de 2021.-Patricia Rueda Perelló, Patricia de las Heras Fernández, José María Figaredo Álvarez-Sala, Cristina Alicia Esteban Calonje, Juan Carlos Segura Just y Rubén Darío Vega Arias,
Diputados.
Comisión de Industria, Comercio y Turismo
181/001615
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Diputados doña Patricia Rueda Perelló, don José María Figaredo Álvarez-Sala, doña Mireia Borrás Pabón, don Andrés Alberto Rodríguez Almeida, doña María de la Cabeza Ruiz Solás, Grupo Parlamentario VOX.
Dirigida a la Ministra de Industria, Comercio y Turismo.
Texto:
¿Qué actuaciones y planificaciones se están llevando a cabo desde su Ministerio para impulsar la candidatura de Málaga para la Expo de 2027 en relación con el turismo, la industria y el comercio?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de diciembre de 2021.-Patricia Rueda Perelló, José María Figaredo Álvarez-Sala, Mireia Borrás Pabón, Andrés Alberto Rodríguez Almeida y María de la Cabeza Ruiz Solás, Diputados.
181/001616
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Diputados doña Patricia Rueda Perelló, don José María Figaredo Álvarez-Sala, doña Mireia Borrás Pabón, don Andrés Alberto Rodríguez Almeida, doña María de la Cabeza Ruiz Solás, Grupo Parlamentario VOX.
Dirigida a la Ministra de Industria, Comercio y Turismo.
Texto:
¿Por qué motivos no se ha ejecutado la mayor parte del plan de 7.000 millones de euros de ayudas directas para PYMEs y autónomos de los sectores más afectados de la crisis que se aprobó en el Consejo de Ministros del 12 de marzo de 2021?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de diciembre de 2021.-Patricia Rueda Perelló, José María Figaredo Álvarez-Sala, Mireia Borrás Pabón, Andrés Alberto Rodríguez Almeida y María de la Cabeza Ruiz Solás, Diputados.
Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico
181/001599
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Diputados don Juan Diego Requena Ruiz y Guillermo Mariscal Anaya.
Texto:
¿Qué medidas está tomando el Gobierno para prevenir la suspensión de pagos, y posible desaparición de las comercializadoras independientes de gas y electricidad ante la subida de precios de gas y electricidad que obliga a las
comercializadoras independientes a tener un fondo de maniobra sustancialmente mayor que el que venía siendo necesario hasta ahora?
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de diciembre de 2021.-Juan Diego Requena Ruiz y Guillermo Mariscal Anaya, Diputados.
181/001600
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Diputados don Juan Diego Requena Ruiz y Guillermo Mariscal Anaya.
Texto:
¿Cómo valora el Gobierno el impacto en los consumidores de la falta de competencia que acarrea la desaparición de comercializadoras independientes de gas y electricidad, por su insostenibilidad económica ante la subida de precios de gas y
electricidad?
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de diciembre de 2021.-Juan Diego Requena Ruiz y Guillermo Mariscal Anaya, Diputados.
181/001618
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Diputado don Miguel Ángel Castellón Rubio.
Texto:
¿Qué explicaciones va a ofrecer la Vicepresidenta Tercera y Ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico a la Comisión Europea sobre las dudas relativas a la perturbación de los incentivos a la inversión en descarbonización en el
sector eléctrico español que estarían produciendo las medidas adoptadas por el Gobierno de España, expresadas en la carta que, con fecha 25 de noviembre pasado, le ha remitido la Comisaria de Energía de la UE, Kadri Simson, en nombre de los
Vicepresidentes ejecutivos de la Comisión, Frans Timmermans y Margrethe Vestager, responsable esta última también de Competencia, en relación con el RDL 17/2021, de 14 de setiembre y el RDL 23/2021 de 26 de octubre?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de diciembre de 2021.-Miguel Ángel Castellón Rubio, Diputado.
181/001621
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Diputado don Miguel Ángel Castellón Rubio.
Texto:
¿Qué explicaciones va a ofrecer la Vicepresidenta Tercera y Ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico a la Comisión Europea sobre las dudas sobre el cumplimiento por parte de España de los artículos 107 y 108 del Tratado del
Funcionamiento de la Unión Europea, -que regulan la concesión de ayudas de Estado-, expresadas en la carta que, con fecha 25 de noviembre pasado, le ha remitido la Comisaria de Energía de la UE, Kadri Simson, en nombre de los Vicepresidentes
ejecutivos de la Comisión, Frans Timmermans y Margrethe Vestager, en relación con el RDL 17/2021, de 14 de septiembre y el RDL 23/2021 de 26 de octubre?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de diciembre de 2021.-Miguel Ángel Castellón Rubio, Diputado.
Comisión de Asuntos Económicos y Transformación Digital
181/001513
Por escrito de fecha 13 de diciembre de 2021, se ha retirado la pregunta formulada por el Diputado don Néstor Rego Candamil (GPlu) sobre regulación del sector bancario para poner freno al proceso de
concentración bancaria, al incumplimiento de las normas de competencia y al agravamiento de la exclusión financiera (procedente de la pregunta escrita al Gobierno 184/062858), publicada en el 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm.
355, de 3 de noviembre de 2021.
Lo que se publica de conformidad con el artículo 97 del Reglamento del Congreso.
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de diciembre de 2021.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
181/001519
Por escrito de fecha 13 de diciembre de 2021, se ha retirado la pregunta formulada por el Diputado don Néstor Rego Candamil (GPlu) sobre reducción de horarios de caja por parte de las entidades financieras (procedente de la pregunta al
Gobierno con respuesta escrita 184/063308), publicada en el 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 360, de 10 de noviembre de 2021.
Lo que se publica de conformidad con el artículo 97 del Reglamento del Congreso.
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de diciembre de 2021.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
181/001611
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Diputada doña María Muñoz Vidal, del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Destinataria de la pregunta doña Nadia Calviño Santamaría, Vicepresidenta Primera y Ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital.
Exposición de motivos:
El artículo 45 de la Ley 26/2013, de 27 de diciembre, de cajas de ahorros y fundaciones bancarias, establece que el protectorado de las fundaciones bancarias que excedan el ámbito territorial de una comunidad autónoma lo ejercerá el
Ministerio de Economía y Competitividad. Esta labor de protectorado conlleva el deber de velar por la legalidad de la constitución y funcionamiento de las fundaciones bancarias.
Por su parte, la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones, concreta que, entre otras funciones, el protectorado debe velar por el efectivo cumplimiento de los fines fundacionales, de acuerdo con la voluntad del fundador, y teniendo en
cuenta la consecución del interés general.
El reciente proceso de fusión por absorción de las entidades bancarias Unicaja Banco y Liberbank ha suscitado en gran parte de la sociedad, y muy particularmente la sociedad malagueña, así como del sector bancario, dudas en torno al papel de
la Fundación Bancaria Unicaja y la idoneidad de alguno de sus patronos. Asimismo, consta en prensa que el Banco de España ha remitido al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital un expediente sobre la idoneidad, en particular, de
Braulio Medel Cámara como patrono y presidente de la fundación.
Todo ello como corolario de una serie de irregularidades descubiertas en la gestión de la entonces Caja de Ahorros hace años. Puesto que, a pesar de la prohibición de percepción de dietas de sociedades participadas por la Caja por parte de
sus directivos, antes de su transformación en Banco y Fundación, la Junta de Andalucía de entonces dejó pasar sin sanción por infracción grave la denuncia que a tal efecto cursó el Banco de España.
Texto:
¿Cómo está cumpliendo el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital su labor de protectorado de las fundaciones bancarias, especialmente en lo referente a asegurar la idoneidad y buen ejercicio de los patronos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de diciembre de 2021.-María Muñoz Vidal, Diputada.
181/001617
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Diputado don Miguel Ángel Castellón Rubio.
Texto:
¿Qué explicaciones va a ofrecer la Vicepresidenta Primera y Ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital a la Comisión Europea sobre las dudas relativas a las restricciones a la libertad de empresa y a la libertad de mercado en el
sector eléctrico por parte del Gobierno de España, expresadas en la carta que, con fecha 25 de noviembre pasado, le ha remitido la Comisaria de Energía de la UE, Kadri Simson, en nombre de los Vicepresidentes ejecutivos de la Comisión, Frans
Timmermans y Margrethe Vestager, responsable esta última también de Competencia, en relación con el RDL 17/2021, de 14 de septiembre y el RDL 23/2021 de 26 de octubre?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de diciembre de 2021.-Miguel Ángel Castellón Rubio, Diputado.
181/001619
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Diputado don Miguel Ángel Castellón Rubio.
Texto:
¿Qué explicaciones va a ofrecer la Vicepresidenta Primera y Ministra de Asuntos Económicas y Transformación Digital a la Comisión Europea sobre las dudas sobre el cumplimiento por parte de España de los artículos 107 y 108 del Tratado del
Funcionamiento de la Unión Europea, -que regulan la concesión de ayudas de Estado-, expresadas en la carta que, con fecha 25 de noviembre pasado, le ha remitido la Comisaria de Energía de la UE, Kadri Simson, en nombre de los Vicepresidentes
ejecutivos de la Comisión, Frans Timmermans y Margrethe Vestager, responsable esta última también de Competencia, en relación con el RDL 17/2021, de 14 de septiembre y el RDL 23/2021 de 26 de octubre?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de diciembre de 2021.-Miguel Ángel Castellón Rubio, Diputado.
181/001620
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Diputado don Miguel Ángel Castellón Rubio.
Texto:
¿Qué explicaciones va a ofrecer la Vicepresidenta Primera y Ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital a la Comisión Europea sobre las dudas relativas al falseamiento de la competencia efectiva del mercado minorista del gas por
parte del Gobierno de España, expresadas en la carta que, con fecha 25 de noviembre pasado, le ha remitido la Comisaria de Energía de la UE, Kadri Simson, en nombre de los Vicepresidentes ejecutivos de la Comisión, Frans Timmermans y Margrethe
Vestager, responsable esta última también de Competencia, en relación con el RDL 17/2021, de 14 de septiembre y el RDL 23/2021 de 26 de octubre?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de diciembre de 2021.-Miguel Ángel Castellón Rubio, Diputado.
Comisión de Seguridad Vial
181/001602
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Diputados doña Patricia de las Heras Fernández, doña Cristina Alicia Esteban Calonje, don Andrés Alberto Rodríguez Almeida, doña Patricia Rueda Perelló, don José María Figaredo Álvarez-Sala, don Rubén Darío Vega Arias y don Juan Carlos
Segura Just, Grupo Parlamentario VOX.
Dirigida a la Ministra de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana.
Texto:
Tras su entrada en vigor, ¿qué coste se estima que va a suponer para el erario público la aplicación en la Red de Carreteras del Estado del nuevo artículo 56 de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial por el
que se establece que las indicaciones escritas que se incluyan o acompañen a los paneles de señalización de las vías públicas, e inscripciones también deberán figurar en la lengua oficial de la comunidad autónoma reconocida en el respectivo estatuto
de autonomía, cuando la señal esté ubicada en el ámbito territorial de dicha comunidad?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de diciembre de 2021.-Andrés Alberto Rodríguez Almeida, Patricia Rueda Perelló, José María Figaredo Álvarez-Sala, Rubén Darío Vega Arias, Juan Carlos Segura Just, Patricia de las Heras Fernández y
Cristina Alicia Esteban Calonje, Diputados.
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ESCRITA
La Presidencia de la Cámara, a solicitud de su autor, ha acordado tener por convertida en pregunta con respuesta oral en Comisión y trasladar, a los efectos del artículo 190.2 del Reglamento, a la Comisión de Agricultura, Pesca y
Alimentación, la pregunta al Gobierno con respuesta escrita que a continuación se relaciona, así como comunicarlo a dicha Comisión, al Gobierno y al Sr. Diputado preguntante y su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de diciembre de 2021.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
Núm. expte.: 184/067831.
Núm. registro: 168781.
Autor iniciativa: Rego Candamil, Néstor (GPlu).
Objeto iniciativa: Propuesta de cuotas pesqueras para el año 2022.
Publicación: 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 365, de 22 de noviembre de 2021.
Nuevo número asignado a la iniciativa tras la conversión: 181/001622.
Núm. expte.: 184/067566.
Núm. registro: 168123.
Autor iniciativa: Rego Candamil, Néstor (GPlu).
Objeto iniciativa: Superficie admisible en los pastos arbustivos a los efectos de la PAC.
Publicación: 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 365, de 22 de noviembre de 2021.
Nuevo número asignado a la iniciativa tras la conversión: 181/001623.