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BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 369, de 30/11/2021
cve: BOCG-14-D-369
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BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
XIV LEGISLATURA
Serie D: GENERAL
30 de noviembre de 2021
Núm. 369
ÍNDICE
Control de la acción del Gobierno
PROPOSICIONES NO DE LEY
Comisión Constitucional
161/003404 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a conmemorar el 43 aniversario de la Constitución y reafirmar su papel fundamental en nuestra democracia...
Comisión de Asuntos Exteriores
161/003403 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a la presentación de una protesta formal ante la Embajada del Reino de Marruecos en España... (Página5)
161/003412 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la condena del golpe de Estado en Sudán y al apoyo a la transición democrática del país... (Página8)
161/003414 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a apoyar a las Repúblicas de Polonia y Lituania en su defensa de la frontera exterior oriental de la Unión Europea ante los ataques del régimen
bielorruso... (Página9)
161/003417 Proposición no de Ley presentada por los Grupos Parlamentarios Plural y Republicano, relativa a condenar el uso de armas químicas por parte del Estado español en la guerra del RIF... (Página14)
161/003418 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la crisis migratoria acontecida en las fronteras de Polonia y Lituania con Bielorrusia... (Página16)
161/003419 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la grave crisis económica y social que vive El Líbano... (Página18)
Comisión de Hacienda y Función Pública
161/003416 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, relativa a la reforma de la financiación local... (Página19)
Comisión de Interior
161/003413 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Republicano, relativa a que el Gobierno respete el deber legal que le incumbe de dar cumplimiento a la normativa vigente en relación con la devolución sin procedimiento
de menores extranjeros no acompañados... (Página22)
Comisión de Industria, Comercio y Turismo
161/003380 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la puesta en marcha de un programa para la garantía del suministro de la cadena de valor industrial con medidas para paliar el alto precio y
falta de disponibilidad de materias primas en la industria española. Retirada ... (Página23)
161/003402 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la puesta en marcha de un Programa para la garantía del suministro de la cadena de valor industrial con medidas para paliar el alto precio y
falta de disponibilidad de bienes intermedios y de materias primas en la industria española... (Página24)
Comisión de Asuntos Económicos y Transformación Digital
161/003405 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, relativa a desarrollar el derecho de cogestión en las grandes empresas....
Comisión de Sanidad y Consumo
161/003407 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la prevención del cáncer de cuello uterino y la mejora de estrategia de vacunación del VPH... (Página32)
Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades
161/003401 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a reclamar el amparo del Gobierno ante los graves ataques a los derechos y libertades de estudiantes y profesores en las universidades
catalanas por su defensa de la Constitución... (Página34)
Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo
161/003408 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la prevención del cáncer de cuello uterino y la mejora de estrategia de vacunación del VPH... (Página36)
Comisión de Igualdad
161/003409 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la prevención del cáncer de cuello uterino y la mejora de estrategia de vacunación del VPH... (Página39)
Comisión de Derechos de la Infancia y Adolescencia
161/003410 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a la prevención de la persecución, acoso y discriminación de niños y adolescentes por hacer uso del español... (Página41)
161/003415 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a la protección de los menores en los entornos audiovisuales... (Página47)
Comisión de Política Territorial
161/003411 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, sobre el impulso del Estatuto de los Municipios de Menor Población... (Página50)
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL
Comisión de Asuntos Exteriores
181/001579 Pregunta formulada por los Diputados Iván Espinosa de los Monteros de Simón (GVOX), Olona Choclán, Macarena (GVOX), Asarta Cuevas, Alberto (GVOX), González Coello de Portugal, Víctor (GVOX), Sánchez del Real, Víctor Manuel (GVOX),
Rosety Fernández de Castro, Agustín (GVOX) y Del Valle Rodríguez, Emilio Jesús (GVOX), sobre previsiones acerca de convocar al Embajador de la República de Cuba en el Reino de España para solicitar explicaciones ante la negativa de las autoridades
cubanas de permitir el aterrizaje en la ciudad de La Habana del Eurodiputado Hermann Tertsch Del Valle-Lersundi y del Diputado nacional Víctor González Coello de Portugal... (Página51)
Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación
181/001582 Pregunta formulada por los Diputados María Teresa López Álvarez (GVOX), Chamorro Delmo, Ricardo (GVOX), Vega Arias, Rubén Darío (GVOX), Nevado del Campo, María Magdalena (GVOX), Gestoso de Miguel, Luis (GVOX) y Mariscal Zabala,
Manuel (GVOX), sobre medidas que va a poner en marcha el Gobierno para evitar que pesqueros marroquíes continúen faenando en aguas españolas de Ceuta, vulnerando la normativa vigente... (Página52)
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ESCRITA
Relación de preguntas para respuesta escrita que pasan a tramitarse como preguntas para respuesta oral en Comisión... (Página52)
CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PROPOSICIONES NO DE LEY
La Mesa de la Cámara en su reunión del día de hoy ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 194 del Reglamento, las siguientes Proposiciones no de Ley y considerando que solicitan el debate de las iniciativas en Comisión, disponer
su conocimiento por las Comisiones que se indican, dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de noviembre de 2021.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
Comisión Constitucional
161/003404
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para conmemorar el 43 aniversario de la Constitución y
reafirmar su papel fundamental en nuestra democracia, para su debate en la Comisión Constitucional
Exposición de motivos
El próximo 6 de diciembre celebraremos el 43 aniversario de la ratificación por los españoles de la Constitución Española, en un momento en que no solo es necesario recordar esta señalada fecha de nuestra democracia, sino también reafirmar
nuestro compromiso con una Constitución que ha fundamentado la construcción y fortalecimiento de una de las democracias más avanzadas del mundo.
Desde el inicio de la Transición, algunos líderes sociales y políticos han transmitido el mensaje de que nuestra Constitución es defectuosa o democráticamente cuestionable. Sobre todo, se ha tratado de los líderes y partidos nacionalistas,
pero también de la extrema izquierda. Durante estos 43 años, tanto los líderes nacionalistas como los de la extrema izquierda han insistido en el mensaje de que hay un problema democrático con la Constitución y de que debería ser reformada para
llegar a ser plenamente democrática. Este mensaje ha ido unido a una constante deslealtad hacia esa Constitución, además de un incumplimiento reiterado del Estado de Derecho.
En estos últimos años, este proceso de deslegitimación de nuestra Ley Fundamental se ha visto agravado por varios factores. En primer lugar, la integración en el Gobierno de nuestro país de un partido de extrema izquierda, Unidas Podemos,
que cuestiona las bases y contenidos de la Constitución. En segundo lugar, el papel decisivo de todos los partidos nacionalistas, incluyendo los radicales como ERC y Bildu, en la acción del Gobierno de España. Y, en tercer lugar, la evolución
ideológica del Partido Socialista, que ha pasado de una posición de defensa de la Constitución a otra de reforma en la línea exigida tanto por los partidos nacionalistas como por la extrema izquierda con los que ahora gobierna.
La posición sobre la reforma de la Constitución del PSOE ya fue desarrollada en su Declaración de Barcelona de 2017 en lo que el Partido Socialista llamó 'una profunda reforma federal', 'respondiendo a los anhelos de cambio de una mayoría de
catalanes, así como de una mayoría de españoles'. Pero aquella inquietante declaración, que no tuvo más desarrollo posterior, ha sido reivindicada hace unas semanas por el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el 40 Congreso del PSOE,
en el que ha creado una Secretaría para la Reforma Constitucional y otros Derechos, con el objetivo de llevar a la práctica el texto de la Declaración de Barcelona.
Este proyecto de reforma del PSOE coincide con los nacionalistas y la externa izquierda en la valoración de que el problema está en nuestra Constitución y no en quienes son desleales a ella, y que, por lo tanto, y para dar satisfacción a las
reivindicaciones de nacionalistas y extrema izquierda, es preciso reformar la Constitución. Esa reforma pretende dar satisfacción a las exigencias no de la mayoría de los españoles, ni tampoco de la mayoría de los catalanes o los vascos, sino a una
parte de ellos, situados en las posiciones nacionalistas y más radicales.
En este preocupante contexto político, consideramos necesario reafirmar nuestro compromiso con la Constitución, recordando que se trata de una Constitución avanzada, en la línea de las más grandes y sólidas democracias del mundo, y, además,
una Constitución que consagra un sistema político altamente descentralizado, en la línea, igualmente, de las democracias más descentralizadas del mundo.
Además, creemos muy relevante recordar que esta Constitución fue el resultado de un amplísimo consenso entre fuerzas políticas diversas que representaron el espíritu del acuerdo y de la concordia de la Transición. El problema no es el
'envejecimiento' de la Constitución, como señalan algunos, sino el de la radicalización de fuerzas políticas que ahora tienen un papel determinante en el Gobierno de España.
Nuestra Constitución es garantía de respeto a las normas fundamentales de un sistema democrático, garantía de estabilidad de la democracia frente a los movimientos radicales y populistas, y garantía igualmente de igualdad de todos los
españoles. Por eso es nuevamente necesario recordar su aniversario, pero también es más importante que nunca defender su vigencia, su representación de la inmensa mayoría de los españoles y su éxito democrático.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados llama a la celebración del 43 aniversario de nuestra Constitución y a la defensa de su papel fundamental como garante de nuestra democracia, una de las más avanzadas del mundo, frente al desafío de los
movimientos nacionalistas, radicales y populistas.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de noviembre de 2021.-Edurne Uriarte Bengoechea, Isabel María Borrego Cortés, Ana María Beltrán Villalba, Jaime Miguel Mateu Istúriz, José Antonio Bermúdez de Castro, María Jesús Moro Almaraz, Adolfo
Suárez Illana, Carmen Navarro Lacoba y Vicente Tirado Ochoa, Diputados.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión de Asuntos Exteriores
161/003403
A la Mesa del Congreso de los Diputados
D. Iván Espinosa de los Monteros y de Simón, D.ª Macarena Olona Choclán, D. Alberto Asarta Cuevas, D. Víctor González Coello de Portugal, D. Agustín Rosety Fernández de Castro, D. Víctor Sánchez del Real y D. Emilio Jesús del Valle
Rodríguez, en sus respectivas condiciones de Portavoz, Portavoz Adjunta y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la
siguiente Proposición no de Ley relativa a la presentación de una protesta formal ante la Embajada del Reino de Marruecos en España, para su discusión en la Comisión de Asuntos Exteriores.
Exposición de motivos
Primero. El 6 de noviembre de 2021, la Embajada del Reino de Marruecos ante el Reino de España publicaba, a través de su cuenta oficial en la red social Twitter, unas fotografías acompañadas de texto en conmemoración de la denominada
'Marcha Verde', que constituyó una acción hostil sobre el Sahara español,
realizada en un delicado momento de la política interior de nuestro país. Reproducimos a continuación las imágenes y texto a las que la Embajada del Reino de Marruecos en España ha dado difusión:
Fuente: htttps://twitter.com/Emb_Marruecos.
Como puede apreciarse perfectamente, tanto por la efeméride conmemorada como por el tono y contenido utilizado en el mensaje, este es una provocación y demuestra una calculada falta de tacto y diplomacia que no puede ser imputada a la
inexperiencia o a un error en una legación diplomática de la importancia de la Embajada del Reino de Marruecos ante el Reino de España.
La conmemoración de un hecho hostil relativamente cercano contra nuestro país por parte del Reino de Marruecos, en especial cuando recientemente hemos vivido en la ciudad autónoma de Ceuta circunstancias que recordaban a las sufridas en
noviembre de 1975, no contribuye en modo alguna a mejorar las relaciones entre ambos países. Más bien al contrario, la repercusión social de estos mensajes muestra claramente lo contrario.
Segundo. El 24 de abril de 1964 entró en vigor la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, ratificada por España y Marruecos en 1967 y 1968, respectivamente. Esta Convención tiene por objeto la regulación a nivel internacional de
las relaciones diplomáticas y la inmunidad del personal
diplomático. En su artículo tercero se encuentran enunciadas las funciones de una Misión diplomática, que consisten principalmente en las siguientes:
'a) Representar al Estado acreditante ante el Estado receptor;
b) Proteger en el Estado receptor los intereses del Estado acreditante y los de sus nacionales, dentro de los límites permitidos por el derecho internacional;
c) Negociar con el gobierno del Estado receptor;
d) Enterarse por todos los medios lícitos de las condiciones y de la evolución de los acontecimientos en el Estado receptor e informar sobre ello al gobierno del Estado acreditante;
e) Fomentar las relaciones amistosas y desarrollar las relaciones económicas, culturales y científicas entre el Estado acreditante y el Estado receptor.'
Por otro lado, el artículo 41.1 referido a los privilegios e inmunidades de los agentes diplomáticos, dispone que 'Sin perjuicio de sus privilegios e inmunidades, todas las personas que gocen de esos privilegios e inmunidades deberán
respetar las leyes y reglamentos del Estado receptor. También están obligados a no inmiscuirse en los asuntos internos de ese Estado'.
En el ámbito interno, la Ley 2/2014, de 25 de marzo, de la Acción y del Servicio Exterior del Estado, define la Política Exterior como 'el conjunto de decisiones y acciones del Gobierno en sus relaciones con otros actores de la escena
internacional, con objeto de definir, promover, desarrollar y defender los valores e intereses de España en el exterior 1.'
El artículo 6 define, por su parte, las funciones del Gobierno en materia de Política Exterior, señalando expresamente, en su apartado primero, lo siguiente:
'1. El Gobierno dirige la Política Exterior, autoriza la firma y aplicación provisional de los tratados internacionales, aprueba su firma 'ad referendum', los remite a las Cortes Generales y acuerda la manifestación del consentimiento de
España para obligarse mediante un tratado internacional.'
Tercero. En palabras de Eduardo Vilariño, la Diplomacia es 'aquella actividad ejecutora de la política exterior de un sujeto de Derecho Internacional, llevada a cabo por órganos y personas debidamente representativos del mismo, ante otro u
otros sujetos de Derecho Internacional para, por medio de la negociación, alcanzar, mantener o fortalecer transaccionalmente la paz. Ha de tener como finalidad última hacer posible, con tales medios, la construcción o existencia de una comunidad
internacional justa que, a través de la cooperación, permita el pleno desarrollo de los pueblos 2'.
Para alcanzar estos fines, los Estados cuentan con una serie de medios de acción o instrumentos consuetudinarios, como la 'Nota Verbal', 'Nota formal de Protesta' o la 'Llamada a Consultas', cuyo uso ha sido aceptado en las relaciones
diplomáticas.
La Nota Verbal 3 es 'un documento escrito que la Misión Diplomática del Estado acreditante envía al Ministerio de Relaciones Exteriores del Estado receptor y viceversa y constituye, actualmente, el medio diplomático más utilizado para la
regular comunicación entre la Misión y el Ministerio y para la realización de cualquier tipo de gestión 4'. Normalmente, a través de las Notas Verbales, se traslada información sobre hechos que afectan o interesan a una de las Partes, ya sea por
voluntad del Estado emisor de la misma, o bien como respuesta a una petición de la otra Parte 5.
En la práctica, las Notas Verbales pueden ser utilizadas para trasladar una Protesta de un Estado a otro por un asunto determinado. En estos casos, la Nota Verbal se configura como una Nota formal de Protesta. Así, la Protesta 'se produce
cuando un Estado que se considera adversamente afectado por la decisión o la acción de otro Estado, que el Estado emisor considera ilegal, objeta semejante conducta y hace reserva de sus derechos 6', pudiendo exigir a través de la misma, como se ha
visto en la práctica 7,
1 Artículo 1.2 a) de la Ley 2/2014, de 25 de marzo, de la Acción y del Servicio Exterior del Estado.
2 VILARIÑO, Eduardo. 'Curso de Derecho Diplomático y Consular'. Tecnos. Madrid.
3 Su nombre deriva de su origen, pues constituía un documento que recogía los términos de una gestión verbal entre miembros de la Embajada y del Ministerio y se entregaba al término de esta para precisar su contenido de lo tratado en la
conversación.
4 DE YTURRIAGA BARBERÁN, J.A; 'Los órganos del Estado para las relaciones exteriores'.
5 Ibidem.
6 Ibidem.
7 Véase, por ejemplo, el caso del cierre por parte de Marruecos de sus bahías en el Mediterráneo con una serie de líneas de base rectas en el litoral norte del país, que suponían la inclusión en aguas interiores marroquíes de espacios
marítimos bajo jurisdicción española, lo que provocó que España presentara una nota de protesta en la que afirmó que semejante decisión violaba el Derecho Internacional, pidió al Reino de Marruecos que rectificara su decisión e hizo reserva expresa
de sus derechos. DE YTURRIAGA BARBERÁN, J.A; 'Ámbito de soberanía en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar: una perspectiva española'.
reparaciones, el restablecimiento de los derechos violados, anunciar medidas de represalia o retorsión o acudir a una instancia internacional para la solución pacífica de los conflictos'.
Cuarto. En conclusión, el mensaje emitido por la Embajada del Reino de Marruecos no cumple ni se enmarca en ninguna de las funciones reconocidas a una Misión Diplomática por la Convención de Viena. Al contrario, estas acciones no
contribuyen precisamente al fomento de las relaciones amistosas y cordiales entre nuestros dos países, signatarios ambos de la citada convención.
Todo ello requiere de una respuesta por parte del Gobierno, a través de los instrumentos previstos en la práctica internacional. En un momento en que las relaciones con el Reino de Marruecos no se han caracterizado precisamente por ser
positivas, dejar pasar esta provocación tan sólo puede ser interpretado como una manifiesta debilidad política y moral por parte de las autoridades españolas. Así, como mínimo, es pertinente trasladar a las autoridades del Reino alauita una nota
formal de protesta al objeto de que rectifiquen ante el mensaje conmemorativo de uno de los episodios más conflictivos entre ambos países.
Por todo ello, y al amparo de lo expuesto anteriormente, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a presentar, a través del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, una Nota formal de protesta ante la Embajada del Reino de Marruecos en España, exigiendo una
rectificación por sus erróneas declaraciones en la red social Twitter conmemorando uno de los episodios más conflictivos de la historia de ambos países.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de noviembre de 2021.-Alberto Asarta Cuevas, Víctor González Coello de Portugal, Agustín Rosety Fernández de Castro, Emilio Jesús del Valle Rodríguez y Víctor Manuel Sánchez del Real, Diputados.-Iván
Espinosa de los Monteros de Simón y Macarena Olona Choclán, Portavoces del Grupo Parlamentario VOX.
161/003412
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición
no de Ley de condena del golpe de Estado en Sudán y apoyo a la transición democrática del país, para su debate en la Comisión de Asuntos Exteriores.
Exposición de motivos
El pasado 25 de octubre, el ejército de Sudán anunció la toma de poder del país y la disolución del gobierno de transición, y declaró el estado de emergencia, después de haber detenido al primer ministro Abdalla Hamdok y otros dirigentes de
partidos políticos. También ordenaron el cierre del aeropuerto y la suspensión de los vuelos internacionales durante varios días, así como cortes en las comunicaciones y la interrupción de la conexión de internet.
Tras el derrocamiento, el 11 de abril de 2019, del régimen de Ornar al Bashir, Sudán había iniciado una transición democrática, abriendo el camino a un acuerdo político entre el Consejo Militar de Transición (CMT) y las Fuerzas de la
Libertad y el Cambio (FLC), y a la Carta Constitucional del 17 de agosto después de tres décadas de ostracismo internacional y estancamiento político.
A pesar del largo precedente de fragilidad política y de la profunda crisis económica que vive el país, agravada por la pandemia de la COVID19, en los últimos dos años Sudán había dado importantes avances, incluso en el ámbito internacional.
En diciembre de 2020, el gobierno de Estados Unidos formalizó la retirada de Sudán de la lista de países patrocinadores del terrorismo, un paso importante para
acceder a financiación internacional; y en agosto de 2021, el Consejo de Ministros acordó que Sudán entregaría a la Corte Penal Internacional a Ornar al Bashir, además de otros ex dirigentes, buscados por crímenes contra la humanidad y
crímenes de guerra durante el conflicto en la región de Darfur.
El Gobierno de España también ha apoyado la transición política en Sudán, esencial para el mantenimiento de la estabilidad en el Cuerno de África y para el Sahel. En mayo de 2021, durante su intervención virtual en la reunión de alto nivel
de apoyo a la transición política en Sudán organizada por Francia, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez subrayó el compromiso de España con un proceso de transición pacífico, democrático y próspero, y manifestó la disposición de condonar la
deuda bilateral con Sudán para ayudarles en la recuperación económica. Además, España es miembro del Grupo de Amigos de Sudán.
En protesta al golpe de Estado del pasado 25 de octubre, la población sudanesa ha salido a las calles para manifestarse. A pesar de la presión de la comunidad internacional, el ejército y las fuerzas de seguridad han intentado reprimir las
protestas con violencia provocando al menos 3 muertos.
Estos acontecimientos amenazan con frustrar los avances democráticos de Sudán de los últimos dos años y son contrarias a los deseos de la población sudanesa de construir pacíficamente un país democrático tras años de aislamiento y conflicto.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a:
1. Reiterar la condena al golpe de Estado en Sudán, que supone un paso atrás en el proceso de transición democrática, y solicitar la inmediata liberación de los políticos detenidos durante el golpe, así como el respeto de su integridad
física y sus derechos humanos.
2. Continuar apoyando, tanto en el seno de la Unión Europea como en la comunidad internacional, la transición democrática en Sudán liderada por la sociedad civil, y el diálogo entre las partes para que el pueblo sudanés alcance la libertad,
la paz y la justicia.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de noviembre de 2021.-Sergio Gutiérrez Prieto, Olga Alonso Suárez, Noemí Villagrasa Quero, Gemma Araujo Morales y Arnau Ramírez Carner, Diputados.-Ana Belén Fernández Casero y Rafaela Crespín Rubio,
Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.
161/003414
A la Mesa del Congreso de los Diputados
D. Iván Espinosa de los Monteros y de Simón, D.ª Macarena Olona Choclán, D. Agustín Rosety Fernández de Castro, D. Víctor González Coello de Portugal, D. Alberto Asarta Cuevas, D. Manuel Mestre Barea, D. Luis Gestoso de Miguel, D.ª Rocío de
Meer Méndez y D. Julio Utrilla Cano, en sus respectivas condiciones de Portavoz, Portavoz Adjunta y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presentan la siguiente Proposición no de Ley relativa a apoyar a la Repúblicas de Polonia y Lituania en su defensa de la frontera exterior oriental de la Unión Europea ante los ataques del régimen bielorruso, para su discusión en la
Comisión de Asuntos Exteriores.
Exposición de motivos
Primero. Los últimos acontecimientos en la frontera de Polonia son de una extraordinaria gravedad. Estos hechos han puesto de manifiesto, una vez más, la enorme crisis migratoria que está sufriendo Europa en los últimos años. Según el
Comité Estatal de Fronteras de Bielorrusia, cerca de 2.000 inmigrantes intentan cruzar la frontera con Polonia en la región de Grodno con el objetivo de acceder a la Unión Europea, ya que 'no consideran Bielorrusia como lugar de destino 8.'
8 Disponible (en línea): https: //www.cope.es/actualidad/internacional/noticias/tension- frontera-entre-polonia-bielorrusia-mas-2000-inmigrantes-intentan-cruzar-hasta-20211108 1606025 Última visita realizada el 11 de noviembre a las 11:00
horas.
Estos inmigrantes se están concentrando en la frontera entre la República de Polonia y la República de Bielorrusia, en concreto en el puesto fronterizo de Bruzgui-Kuznitsa, traídos desde Irak y Siria, alentados por el 'gobierno de Minsk'.
Ante esta amenaza de violación de las fronteras de Polonia, el Ministro de Defensa polaco, Mariusz Bíaszczak, ha advertido que su país va a desplegar a 12.000 soldados en la frontera para contener el aluvión de inmigrantes desde Bielorrusia 9. En
palabras del propio ministro, 'estamos preparados para defender las fronteras de Polonia 10.'
Sin embargo, esto no es un hecho aislado. La República de Lituania sufre también una avalancha de inmigrantes en su frontera con Bielorrusia 11, alcanzando la cifra de 3000 personas 12, un record total en la historia del país báltico. Esta
situación obligó en su momento al Gobierno Lituano a declarar el estado de emergencia y a solicitar ayuda a la Unión Europea. Al igual que el caso polaco, y como así afirmó el director de la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas,
Fabrice Joél Roger Leggeri, la crisis migratoria en Lituania fue creada y es alimentada por Bielorrusia, quien utiliza la migración irregular como palanca ante la UE y Lituania tras las últimas sanciones contra Minsk 13.
En definitiva, esta nueva crisis provocada en el este de Europa es la respuesta del Gobierno bielorruso, liderado por el presidente Aleksandr Grigórievich Lukashenko, al reconocimiento por parte de la Unión Europea de Svetlana Gueórguievna
Tijanóvskaya como vencedora de las elecciones presidenciales de agosto de 2020 14, así como a las sanciones impuestas por la represión contra la oposición política en ese país 15. Cabe recordar que la Consejo Europeo impuso, en junio del presente
año, nuevas medidas restrictivas al Gobierno bielorruso a raíz del aumento de las violaciones graves de los derechos humanos en Bielorrusia y debido, igualmente, a la violenta represión ejercida contra la sociedad civil, la oposición democrática y
los periodistas 16.
Esta maniobra de instrumentalizar a los migrantes con fines políticos forma parte de una nueva modalidad de guerra moderna, la denominada guerra híbrida. El 'Gobierno de Minsk' materializa así una estrategia de extorsión a la Unión Europea
en una serie de actuaciones hostiles en la frontera con este país. En este contexto, tanto Lituania, Polonia como la Unión Europa se enfrentan a un colapso migratorio difícil de gestionar por la ya maltrecha economía europea, así como a una crisis
humanitaria imposible de asumir por el desbordamiento de los servicios asistenciales.
Segundo. El modo contemporáneo de 'hacer la guerra' ha difuminado la diferencia entre las acciones definitorias del conflicto armado o aquellas propias de relaciones pacíficas. Un aspecto relevante de la conocida como 'zona gris' es que,
al desarrollarse por debajo del umbral bélico, 'un actor puede desafiar a otro más poderoso militarmente, siguiendo un cálculo acorde con la paradoja estabilidad/inestabilidad: que un Estado posea el dominio de la escalada en un nivel del conflicto
no impide -e incluso invita a- que sus rivales lleven la pugna a estratos inferiores 17'.
El investigador Javier Jordán lo resume de la siguiente manera:
'La zona gris es un espacio intermedio en el espectro de conflicto político que separa la competición acorde con las pautas convencionales de hacer política, del enfrentamiento armado directo y continuado. El conflicto en la zona gris gira
en tomo a una incompatibilidad relevante para al menos uno de los actores.
9 Disponible (en línea): https://www.elindependiente.com/internacional72021 /II709/polonia-lista-para-defender-sus-fronteras-ante-el-aluvion-de-migrantes-desde-bielorrusia/ Última visita realizada el 11 de noviembre a las 11:00 horas.
10 Ibídem.
11 https://cnnespanol.cnn.com/2021/08/13/belarus-migrantes-union-europea-lituania-trax/ https://elpais.com/ internacional/2021-07-19/una-guerra-hibrida-en-el-confin-de-europa.html
12 https://www.dw.com/es/lituania-r?%C3?%A9cord-de-inmigrantes-por-crisis-con- bielorrusia/a-58679564
13 https://es.euronews.com/2021/07/19/bielorrusia-politicos-migrantes-lituania
14 El último informe publicado por la rama de supervisión de elecciones de la OSCE asegura que ha existido sin lugar a dudas una violación sistemática de derechos humanos por parte del régimen de Lukashenko y recomienda que se anule el
resultado de los comicios de agosto de 2020 por graves irregularidades en todas las etapas del proceso de elección. En definitiva, según este organismo internacional las elecciones no fueron ni libres ni justas.
https://es.euronews.com/2020/11/05/la-osce-acusa-al-gobierno-de-bielorrusia-de-violacion- de-derechos-y-fraude-electoral
15 Ibídem 2.
16 Es conocido el caso de la detención de los periodistas Raman Pratasevich y Sofia Sapega, después de que el Gobierno bielorruso obligara a aterrizar de forma forzosa al vuelo de Ryanair que los transportaba en el aeropuerto de Minsk.
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2021/06/24/eu-imposes-sanctions-on-belarusian-economy/
17 JORDAN, Javier: 'El conflicto internacional en la zona gris: una propuesta teórica desde la perspectiva del realismo ofensivo', Revista Española de Ciencia Política, n°48,.2018. p.131. Disponible [en línea]:
https://www.ugr.es/~tiordan/Conflicto-zona-gris.pdf
Las estrategias utilizadas son multidimensionales, de implementación gradual y con objetivos a largo plazo 18.'
Siguiendo lo expuesto, el profesor Jordán señala como líneas de acción estratégicas en la zona gris 19 (los 'modos' en los que la acción del Estado 'agresor' se traduce) las siguientes:
I. Respaldo a la oposición política del Gobierno adversario para generar oposición, agudizar fracturas y perturbar sus procesos de toma de decisiones.
II. Operaciones de influencia sobre la opinión pública internacional y sobre la opinión pública del adversario, construyendo y difundiendo metanarrativas -en lo posible de manera encubierta, a través de terceros- que afecten a los procesos
políticos de otros Estados.
III. Coerción económica; mediante prácticas comerciales y financieras que refuercen la presión política. De nuevo se constata una gradación que va desde decisiones perfectamente legales y legítimas sobre la compra o venta de ciertos
productos, a medidas de mayor calado como sanciones económicas o bloqueos.
IV. Ciberataques contra entidades públicas y privadas; que además de amedrentar y generar confusión en el proceso de toma de decisiones políticas, airean la vulnerabilidad del adversario. Pueden ser ataques de diversa consideración:
desde denegaciones temporales de servicio en sitios web institucionales a acciones de mayor calado como los famosos ciberataques sufridos por Estonia en 2007 a manos de la Federación Rusa.
V. Acciones agresivas de inteligencia; las actividades de inteligencia de unos Estados sobre otros forman parte de la política normal pues por estrechas que sean las relaciones suele haber terrenos de competencia política o económica donde
la inteligencia proporciona ventaja competitiva. Sin embargo, en la zona gris esas actividades se tornan más agresivas: numerosos intentos de infiltración de los servicios rivales, campañas extensivas de ciberespionaje de entidades públicas y
privadas del rival, acoso y expulsión de agentes, etc
VI. Disuasión militar coercitiva; Tradicionalmente en los estudios estratégicos coerción (compellence) y disuasión (deterrence) se han entendido como conceptos en cierto modo contrapuestos: amenaza o empleo limitado de la fuerza para que
otro actor haga una cosa (coerción) o no haga otra (disuasión). Sin embargo, son complementarios pues dicha amenaza o empleo limitado de la fuerza puede incluir esa doble finalidad
VII. Hechos consumados; obteniendo una determinada ganancia en un solo paso y sin intención de retroceder. Alteran súbitamente el statu quo y colocan al adversario en una posición incómoda: ya no se trata de que las cosas sigan como
siempre, sino de forzar un retorno a la situación previa.
VIII. 'Sliced salami tactics'; concatenando acciones de bajo perfil que proporcionan ganancias graduales y que a la vez dificultan una reacción severa por parte del adversario.
IX. Guerras por delegación (proxy ivars), donde se apoya militarmente a un Gobierno o a un actor armado no estatal en contra de un rival estratégico.
Tercero. Estos 'modos' de actuación en el 'zona gris' tienen su aplicación práctica. Un buen ejemplo de esta nueva modalidad de guerra es la presión migratoria llevada a cabo por parte de terceros países, como la que actualmente está
sufriendo Polonia a manos de Bielorrusia. Estas agresiones recuerdan a lo sucedido en nuestra Ciudad Autónoma de Ceuta el pasado 17 de mayo 20 por parte del Reino de Marruecos.
Por tanto, estos actos se enmarcan en conceptos más amplios como el de 'guerra híbrida' o 'conflicto en la zona gris', que son utilizados comúnmente en el campo de los estudios estratégicos. En este campo de estudio muchos países tienen ya
un prolijo y añejo recorrido, como en el caso de Marruecos.
En definitiva, la Unión Europea, especialmente Lituania y Polonia, está sufriendo estos días las consecuencias de la guerra híbrida iniciada por Bielorrusia. Ante este hecho internacionalmente ilícito, los países europeos deben reaccionar
de inmediato, y para ello cuentan con diferentes organismos internacionales de apoyo, como la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE),
18 Ibidem. P. 133.
19 Ibidem. Pp. 137-141.
20 España vio lesionada su integridad territorial, seguridad y paz social en mayo del presente año por parte del Reino de Marruecos, que optó por una acción similar a la que ocurre ahora entre Polonia y Bielorrusia. Más de 8.000 personas
cruzaron nadando a España por Ceuta en solo 48 horas y ante la ausencia total de policía marroquí. En definitiva, el Reino de Marruecos ha desarrollado este tipo de actuaciones al objeto de presionar a España para que actúe en favor de sus
intereses.
de la que tanto Polonia y Lituania como Bielorrusia son Estados signatarios. La frontera del este de la UE debe ser defendida, lo que implica la necesidad de llevar a cabo una estrategia de defensa. Polonia, Lituania y, en definitiva,
Europa no pueden tolerar esta extorsión a través de la presión migratoria procedente de países del este; está en juego la integridad territorial y seguridad de Europa.
Cuarto. La OSCE es una organización de seguridad regional integrada por 57 Estados de Europa, América y Asia (Polonia, Lituania y Bielorrusia son Estados participantes desde los años 1973 y 1992 respectivamente). Esta organización trabaja
fundamentalmente en la región del este de Europa, en el llamado espacio postsoviético. Este organismo internacional aborda una amplia gama de temas relacionados con la seguridad, incluidos el control de armamentos, la diplomacia preventiva, las
medidas de fomento de la confianza y los derechos humanos, la democratización, el control de elecciones y la seguridad económica y ambiental.
La OSCE nació en el año 1970, en la Conferencia sobre Seguridad y la Cooperación en Europa, antiguo foro multilateral para el diálogo y la negociación entre el Este y el Oeste. En 1975 los Estados participantes firmaron la llamada Acta
final de Helsinki (Acta de Helsinki), documento fundacional de la actual OSCE. Este documento tiene como objetivo promover mejores relaciones entre los Estados signatarios y lograr las condiciones en las que sus pueblos puedan vivir en una paz
auténtica y duradera, libres de toda amenaza o atentado contra su seguridad.
Así, la disposición primera del Acta de Helsinki señala lo siguiente:
'Los Estados participantes respetarán la igualdad soberana y la individualidad de cada uno de ellos, así como todos los derechos inherentes a su soberanía y comprendidos en ella, incluyendo, en particular, el derecho de todo Estado a la
igualdad jurídica, a la integridad territorial y a la libertad y a la independencia política. Respetarán además el derecho de cada uno a elegir y desarrollar libremente sus sistemas políticos, sociales, económicos y culturales, así como su derecho
a determinar sus leyes y reglamentos.'
En relación con el derecho de los Estados a la inviolabilidad de sus fronteras y a su integridad territorial, las disposiciones tercera y cuarta del Acta de Helsinki señalan, respectivamente, lo siguiente:
'Los Estados participantes consideran mutuamente como inviolables todas sus fronteras, así como las fronteras de todos los Estados en Europa y en consecuencia se abstendrán ahora y en el futuro de atacar dichas fronteras. En consecuencia,
se abstendrán también de toda exigencia o de todo acto encaminado a apoderarse y usurpar todo o parte del territorio de cualquier Estado participante.
Los Estados participantes se abstendrán en sus relaciones mutuas, así como en sus relaciones internacionales en general, de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier
Estado, o de cualquier otra forma incompatible con los propósitos de las Naciones Unidas y con la presente Declaración. No podrá invocarse ninguna consideración que pueda servir para justificar el recurso a la amenaza o al uso de la fuerza en
contravención de este principio. En consecuencia, los Estados participantes se abstendrán de todo acto que constituya una amenaza de fuerza o un uso directo o indirecto de la fuerza contra otro Estado participante. Igualmente, se abstendrán de
cualquier manifestación de fuerza con el propósito de inducir a otro Estado participante a renunciar al pleno ejercicio de sus derechos soberanos. Se abstendrán igualmente en sus relaciones mutuas de cualquier acto de represalia por la fuerza.'
Por otro lado, respecto a la cooperación que deben llevar a cabo los Estados participantes establece que la desarrollaran entre sí 'y con todos los Estados en todos los campos, de acuerdo con los propósitos y principios de la Carta de las
Naciones Unidas. Al desarrollar su cooperación, los Estados participantes atenderán especialmente a aquellos campos, tal y como han sido establecidos, dentro del marco de la Conferencia sobre la Seguridad y la Cooperación en Europa, haciendo cada
uno de ellos su contribución en condiciones de plena igualdad. Procurarán, al desarrollar su cooperación como iguales, promover la comprensión y la confianza mutuas, las relaciones amistosas y de buena vecindad entre ellos, la paz internacional, la
seguridad y la justicia [...]
A pesar de lo expuesto, Bielorrusia, Estado participante de la OSCE, está incumpliendo lo dispuesto en el Acta de Helsinki, pues no está respetando la soberanía, la integridad territorial y la libertad e independencia política del pueblo
polaco y lituano, atacando su frontera mediante el envío de inmigrantes procedentes de países del Oriente Próximo. Estos hechos desestabilizadores están generando un conflicto, especialmente en Europa que, de no cesar, podría conllevar un
enfrentamiento armado.
En definitiva, la OSCE no puede ser ajena a este nuevo desafío para la seguridad del continente europeo.
Quinto. Actualmente, la OSCE mantiene una serie de misiones de observadores en países como Ucrania, Bosnia y Herzegovina, Moldavia y Kosovo, entre otros. Las operaciones que realizan dichas misiones en estos territorios 'tienen mandatos
hechos a su medida, convenidos por consenso por los Estados participantes. Las operaciones sobre el terreno solo se establecen con el acuerdo del país anfitrión[...] Algunas operaciones sobre el terreno contribuyen a las actividades de alerta
temprana y prevención de conflictos. De conformidad con sus respectivos mandatos, algunas de ellas supervisan también la evolución de la situación sobre el terreno e informan sobre ello, lo que les permite gestionar las crisis y desempeñar un papel
esencial en la etapa posconflicto 21.'
España, que forma parte de la OSCE desde sus orígenes, ha participado en el pasado en diversas misiones y actividades de esta organización. Incluso llegó a presidir el Comité de Seguridad, órgano que se reúne con una periodicidad mensual
para preparar los documentos en materia de seguridad. En este sentido, cabe destacar que España siempre ha manifestado su inclinación a solucionar los conflictos mediante soluciones pacíficas, de conformidad con la disposición quinta del Acta de
Helsinki, que señala lo siguiente:
'Los Estados participantes arreglarán las controversias entre ellos por medios pacíficos, de manera que no se pongan en peligro la paz internacional y la seguridad, y la justicia. Procurarán, de buena fe y con espíritu de cooperación,
lograr una solución rápida y equitativa, basada en el derecho internacional. A este fin, se servirán de medios tales como la negociación, la investigación, la mediación, la conciliación, el arbitraje, el arreglo judicial u otros medios pacíficos de
su elección, incluyendo cualquier procedimiento de arreglo convenido con anterioridad a las controversias en las que sean parte.'
Lo antedicho concuerda con lo dispuesto en nuestra normal fundamental. Concretamente, la Constitución española de 1978 señala en su Preámbulo que la Nación española desea 'Colaborar en el fortalecimiento de unas relaciones pacíficas y de
eficaz cooperación entre todos los pueblos de la Tierra'.
Por su parte, la Ley 2/2014, de 25 de marzo, de la Acción y del Servicio Exterior del Estado, manifiesta en su artículo 2 lo siguiente:
'1. La Política Exterior de España tiene como principios inspiradores el respeto a la dignidad humana, la libertad, la democracia, el Estado de Derecho y los derechos humanos. La Política Exterior de España defenderá y promoverá el respeto
y desarrollo del derecho internacional, en particular el respeto de los principios de la Carta de las Naciones Unidas. Promoverá los proyectos de construcción europea y de la Comunidad Iberoamericana de Naciones, así como el multilateralismo en el
seno de la comunidad internacional.
2. Son objetivos de la Política Exterior de España:
a) El mantenimiento y promoción de la paz y la seguridad internacionales;
b) El fomento de instituciones multilaterales fuertes y legítimas.
c) La promoción y consolidación de sistemas políticos basados en el Estado de Derecho y en el respeto a los derechos fundamentales y las libertades públicas.'
Por otro lado, la Ley Orgánica 5/2005, de 17 de noviembre, de la Defensa Nacional, establece, en su artículo 15, como una de las misiones de las Fuerzas Armadas lo siguiente:
'2. Las Fuerzas Armadas contribuyen militarmente a la seguridad y defensa de España y de sus aliados, en el marco de las organizaciones internacionales de las que España forma parte, así como al mantenimiento de la paz, la estabilidad y la
ayuda humanitaria.' 22
Además, esta misma ley, en su artículo 16, establece los tipos de misiones que pueden desarrollar las Fuerzas Armadas y, en particular, las siguientes:
'b) La colaboración en operaciones de mantenimiento de la paz y estabilización internacional en aquellas zonas donde se vean afectadas, la reconstrucción de la seguridad y la administración, así como
21 https://www.osce.org/es/where-we-are
22 https://www.boe.es/buscar/pdf/2005/BQE-A-2005-18933-consoIidado.pdf
la rehabilitación de un país, región o zona determinada, conforme a los tratados y compromisos establecidos.'
En definitiva, España, como Estado participante de la OSCE, debe promover, en el seno de la citada organización internacional, el despliegue de una misión de observación en la República de Bielorrusia, con el fin de supervisar la evolución
del conflicto que se está produciendo en el paso fronterizo de Bruzgui-Kuznitsa, así como poner fin a la crisis migratoria y contribuir a solucionar el conflicto generado.
Asimismo, nuestro país, de conformidad con los principios informadores e inspiradores de la política exterior, debe promover, en el seno de las diferentes organizaciones internacionales de las que forme parte, la imposición de las sanciones
necesarias al régimen bielorruso, en tanto en cuanto no se garantice el Estado de derecho y los Derechos Humanos 23 en ese país.
Al amparo de todo lo expuesto anteriormente, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados, como representante del pueblo español y sede de la soberanía nacional, declara su más firme apoyo a las Repúblicas de Polonia y Lituania en su defensa de la frontera exterior oriental de la Unión Europea ante
los ataques del régimen bielorruso, que constituye un ejemplo de coraje, compromiso y lealtad a Europa. Igualmente, condena expresamente los actos del Gobierno de Bielorrusia y el uso de la inmigración masiva y desordenada como medio de presión
política.
El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de la Nación a lo siguiente:
1. Promover, en el seno de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, el despliegue de una misión de observación en la República de Bielorrusia, con el fin de supervisar la evolución del conflicto que se está produciendo
en el paso fronterizo de Bruzgui-Kuznitsa, así como poner fin a la crisis migratoria, evitando la entrada de inmigrantes ilegales en la Unión Europea, contribuyendo a solucionar el conflicto generado, garantizando la protección e inviolabilidad de
las fronteras de Polonia y Lituania.
2. Promover la participación de observadores militares españoles en dicha misión de observación.
3. Promover, en el seno de las diferentes organizaciones internacionales de las que forma parte el Reino de España y, en especial, en el Consejo Europeo, la imposición de las sanciones pertinentes al régimen bielorruso, en tanto en cuanto
no se garantice el Estado de derecho y los Derechos Humanos en Bielorrusia, de conformidad con los principios informadores e inspiradores de nuestra política exterior.
4. Promover, en el seno de las instituciones Europeas y dentro del órgano competente al efecto, el despliegue de una misión de intervención fronteriza rápida en el paso Bruzgui-kuznitsa, garantizando la presencia de un destacamento militar
en dicha operación'.
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de noviembre de 2021.-Alberto Asarta Cuevas, Agustín Rosety Fernández de Castro, Manuel Mestre Barea, Luis Gestoso de Miguel, Rocío de Meer Méndez, Víctor González Coello de Portugal y Julio Utrilla
Cano, Diputados.-Macarena Olona Choclán e Iván Espinosa de los Monteros de Simón, Portavoces del Grupo Parlamentario VOX.
161/003417
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(161) Proposición no de Ley en Comisión.
Autor: Grupo Parlamentario Plural.
Grupo Parlamentario Republicano.
Proposición no de Ley relativa a condenar el uso de armas químicas por parte del Estado español en la guerra del RIF.
23 https://www.lavanguardia.com/politica/20200828/483136600286/la-osce-ofrece-mediacion- en-bielorrusia-y-exige-respeto-a-derechos-humanos.html
Acuerdo:
Teniendo en cuenta la incorporación de firmas presentada mediante escrito número de registro 171087, y considerando que se solicita el debate de la iniciativa en Comisión, admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al artículo
194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Asuntos Exteriores. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de noviembre de 2021.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Los Grupos Parlamentarios abajo firmantes, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presentan, para su debate en la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso de los Diputados, la siguiente Proposición
no de Ley para condenar el uso de armas químicas por parte del Estado español en la guerra del RIF.
Exposición de motivos
El Gobierno español fue el primero de la historia en utilizar gas mostaza contra población civil 24. En su airado intento de 'exterminar' (en palabras que diversos estudios atribuyen a Alfonso XIII) a los sublevados rifeños después de la
derrota total de las tropas españolas en Annual y desmantelar el estado independiente constituido en la región en 1921 bajo el liderazgo del presidente Abd el-Krim, España utilizó agentes químicos contra objetivos militares y la población civil
entre 1921 y 1926; hecho que jugó un papel clave en la recuperación del control y la soberanía sobre el Rif, su pueblo y recursos minerales.
Si bien estos fueron unos hechos discutidos durante años, en parte por el interés de pasados gobiernos españoles en no investigarlos, hoy en día existe un sólido consenso académico que sustenta la ocurrencia de los mismos 25.
A modo de ejemplo, en los ataques de 1924, el Ejército Español del África esparció gas mostaza desde aviones sobre la población. Esto sucedió después que el Tratado de Versalles en 1919 hubiese prohibido el uso militar de agentes químicos;
prohibición también explícita en diversos convenios posteriores, incluyendo los firmados en Saint Germain, Nevilly, Trianón, Sévres y Washington. Un año después de aquellos ataques, en 1925, el protocolo de Ginebra también consolidaría dicha
prohibición.
Inicialmente, el armamento químico y la tecnología fueron comprados a Alemania, que ya había utilizado armamento químico en la Primera Guerra Mundial. Posteriormente, sin embargo, el Estado español inició su propia producción de agentes
químicos para el uso militar. El gas mostaza utilizado en los ataques de 1924 había sido producido íntegramente en una fábrica de agentes químicos para el uso militar especializada en iperita (gas mostaza) y fosgeno. Dicha planta de armas,
establecida en La Marañosa (Madrid), era fruto de un convenio entre el Gobierno de España, con la participación de Alemania y la Unión Soviética, y el químico alemán Hugo Gustav Adolf Stoltzenberg que había colaborado estrechamente con Fritz Haber,
padre de la guerra química y Premio Nobel de Química en 1918 26.
El bombardeo continuado del Rif con gas mostaza y otros agentes químicos como la cloropicrina y el fosgeno causó numerosas víctimas no sólo entre los combatientes, sino también entre la población civil, y se recuerda como un hecho fatídico
que causó ceguera y enfermedades respiratorias en masa, importantes pérdidas de ganado y afectó substancialmente la producción agrícola de la región a largo plazo. La resistencia rifeña fue asesinada, capturada o se vio obligada a exiliarse; y
todo a cargo de
24 Etemad, L., Moshiri, M., & Balali-Mood, M. (2015). History of use and epidemiology of mustard compounds. In Basic and Clinical Toxicology of Mustard Compounds (pp. 29-47). Springer, Cham.
25 La Porte, P. (2011). 'Rien á ajouter': The League of Nations and the Rif War (1921-1926). European History Quarterly, 41(1), 66-87.
26 Sánchez, M., Pinto, G., Martín, M. T., & Hernández, J. M. (2015, December). Cien años de armas químicas. In Anales de Química (Vol. 111, No. 4).
grandes pérdidas de vidas humanas, incluyendo más de 60.000 bajas en las filas españolas y francesas, y más de 30.000 bajas en el lado defensor, entre heridos y muertos.
Algunos efectos de dichos ataques químicos habrían permanecido latentes sobre la población y la región durante décadas e incluso, afirman diversos estudios y ONG de la región, han llegado a afectar a descendientes de víctimas de aquellos
ataques. Según el Profesor Mimoun Charqi en su libro 'Armes chimiques de destruction massive sur le RIF' (2014), el 80 % de los adultos y el 50 % de los niños enfermos de cáncer atendidos en el hospital de oncología de Rabat proceden de la misma
zona del Rif que la aviación del Ejército español atacó de manera sistemática con gas mostaza. Estas afirmaciones merecen un estudio más profundo y es responsabilidad también del Estado indagar la verdad y actuar, en caso de poder verificarlo, para
reparar el daño perpetrado contra miles de civiles y sus descendientes.
Es por todo lo anterior que la visión de ciertos sectores del nacionalismo español que reduce el relato oficial sobre la Guerra del Rif a los golpes sufridos por parte de las fuerzas colonizadoras españolas (y francesas) en su intento de
controlar y exterminar a los sublevados, eminentemente en el nombrado 'desastre de Annual' de 1921, no debería ser considerado compatible con los principios que deben regir una supuesta democracia en pleno s. XXI, en sus ejercicios de memoria
histórica. El Estado español debe condenar su uso de armas químicas en la Guerra del Rif de acuerdo con el Derecho Internacional vigente ahora y ya en aquel entonces, y dirigir parte de su obra de gobierno a compensar a la población afectada y a la
memoria de sus ancestros, por los efectos sufridos a consecuencia del uso militar de agentes químicos.
Es en este sentido que se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados condena el uso militar de agentes químicos, incluyendo gas mostaza, perpetrado por el Estado español contra población civil durante la Guerra del Rif, e insta al Gobierno del Estado a:
1. Condenar el uso militar de agentes químicos del Estado español contra población civil durante la Guerra del Rif.
2. Comprometerse a investigar y contrastar de forma independiente, rigurosa y empírica, en coordinación con las autoridades marroquíes y en diálogo con la sociedad civil rifeña, la veracidad de las afirmaciones observadas en la literatura y
por parte de relevantes agentes locales que consideran que el uso sistemático de armas químicas que ejerció el Estado español contra la población civil en el Rif durante la Guerra, habría ocasionado durante años, y estaría ocasionando aun a día de
hoy, una mayor incidencia de casos de cáncer en las regiones bombardeadas.
3. Pedir perdón por las atrocidades de la guerra, en especial el uso de dichas armas químicas, para honrar la memoria de las víctimas y a sus descendientes, tendiendo en el proceso puentes de entendimiento que posibiliten, en un futuro,
ejercicios (conjuntos) de memoria histórica que redunden en un relato en común que sea responsable y verídico frente las atrocidades, eventos y consecuencias de la Guerra del Rif.
4. Actuar, en materia de cooperación internacional al desarrollo, para compensar la región por los posibles daños sufridos, derivados de dichos ataques.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de noviembre de 2021.-Marta Rosique i Saltor, Diputada.-Gabriel Rufián Romero, Portavoz del Grupo Parlamentario Republicano.-Mariona Illamola Dausà, Diputada.-Miriam Nogueras i Camero, Portavoz
adjunta del Grupo Parlamentario Plural.
161/003418
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición
no de Ley relativa a la crisis migratoria acontecida en las fronteras de Polonia y Lituania con Bielorrusia, para su debate en la Comisión de Asuntos Exteriores.
Exposición de motivos
En las últimas semanas la tensión en la frontera de Bielorrusia con Polonia ha ido en un constante aumento debido a la táctica llevada por los dirigentes bielorrusos de canalizar flujos migratorios hasta la frontera con la Unión Europea como
medio de presión y represalia por las sanciones comunitarias impuestas al país por la deriva de las decisiones del Gobierno de Lukashenko.
Así, y durante el mes de junio de 2021, ya se apreciaba un aumento sensible de migrantes que intentaban ingresar a Lituania y a Polonia a través de la frontera por Bielorrusia. En ese momento el gobierno lituano señaló que el Presidente
bielorruso, Aleksandr Lukashenko, estaba utilizando a los migrantes como 'un arma política' y alertaba que desde Bielorrusia se estaban otorgando visados de turismo a migrantes de Irak y Siria para facilitar su entrada en avión en el país.
Investigaciones periodistas como la realizada por la cadena británica BBC denuncian, además, que una vez en Bielorrusia, la propia administración les facilitaba a las personas migrantes los medios de transporte hacia la frontera con Lituania,
primero, y con Polonia después.
La realidad es que, desde 2020, las autoridades de Bielorrusia han cancelado o simplificado los requisitos de visado para 76 países, entre los que se encuentran algunos con serios conflictos como Siria, Libia, Irak y Afganistán. Algunas
agencias de viaje de estos países han aprovechado para ofrecer viajes a Bielorrusia en los que se publicita la posibilidad de vivienda y empleo en un país de la Unión Europea como objetivo final.
A mediados de 2021, Irak era el principal punto de partida hacia Bielorrusia. Ahora son los kurdos que huyen desde Siria la mayoría de quienes están tratando de ingresar a la Unión Europea por esta vía. También hay migrantes sirios,
libios, afganos, yemenís y de varios países africanos donde existen conflictos religiosos y políticos, como por ejemplo Congo y Etiopía. Muchos de ellos tienen la intención de ir a Alemania, Francia, Austria y los Países Bajos, donde pueden tener
ya familiares o conocidos. Según las autoridades alemanas, al menos 5.000 personas han llegado a Alemania a través de Bielorrusia.
Una presión migratoria sobre las fronteras de Lituania y Polonia que ha llevado a estos países de la Unión Europea a cerrar sus fronteras con Bielorrusia. En la actualidad miles de personas se encuentren atrapadas en el área fronteriza de
Bielorrusia provocando una crisis humanitaria agravada por las condiciones climatológicas adversas.
Ante esta situación, la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, solicitó a los estados miembros de la UE que impongan nuevas sanciones contra el régimen bielorruso, al que acusó de 'poner en riesgo la vida de las personas'.
Varias organizaciones de derechos humanos también han llamado la atención sobre el estado de los migrantes en la frontera, especialmente debido a las bajas temperaturas que se presentan durante la noche, que podría afectar a los menores.
El Parlamento Europeo expresó a mediados de octubre su solidaridad con los Estados miembros afectados por el ataque híbrido bielorruso y planteó llevar al régimen de Lukashenko ante la justicia internacional. En una resolución del pleno, la
Cámara expresó su 'firme solidaridad' con Lituania, Polonia y Letonia, así como con otros Estados miembros de la Unión en el punto de mira del régimen bielorruso, condenando enérgicamente la instrumentalización de seres humanos por parte del
gobierno de Lukashenko con fines políticos. El patrocinio estatal de los cruces ilegales en las fronteras exteriores de la Unión, junto con una campaña de desinformación, constituye 'una forma de guerra híbrida destinada a intimidar y
desestabilizar a la Unión', agrega la resolución.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a:
- Expresar su profunda preocupación por la dramática crisis que se está desarrollando en la frontera entre Polonia y Bielorrusia;
- Expresar una firme condena de la táctica del régimen bielorruso de canalizar artificialmente flujos migratorios hacia las fronteras de la UE;
- Exigir al gobierno bielorruso que ponga fin de inmediato a dichas acciones, así como a la instrumentalización de los migrantes atrapados en las fronteras de la Unión con Bielorrusia con fines políticos, frenando esta práctica inhumana e
ilegal.
- Redoblar, tanto en el marco de la política europea común como en el plano bilateral, los esfuerzos diplomáticos con el fin de buscar soluciones y evitar que más personas sean víctimas de tráfico;
- Exigir a las autoridades bielorrusas que ofrezcan asistencia humanitaria a las personas atrapadas en su área fronteriza; facilitando, asimismo, que permitan el acceso de organizaciones humanitarias a la región, así como establecer
corredores humanitarios.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de noviembre de 2021.-Sergio Gutiérrez Prieto, Olga Alonso Suárez, Noemí Villagrasa Quero, Gemma Araujo Morales, Arnau Ramírez Carner, Pau Mari Klose, Susana Sumelzo Jordán, José Antonio Rodríguez
Salas, Pere Joan Pons Sampietro, José Luis Ábalos Meco, Zaida Cantera de Castro y Marc Lamuà Estañol, Diputados.-Ana Belén Fernández Casero y Rafaela Crespín Rubio, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.
161/003419
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la grave crisis económica y social que vive El Líbano, para su debate en
la Comisión de Asuntos Exteriores.
Exposición de motivos
El Líbano vive una crisis económica, social, pero también alimentaria y sanitaria sin precedentes.
Según un informe del Banco Mundial publicado el pasado 1 de junio, la crisis económica y financiera que vive El Líbano es una de las 10 peores crisis mundiales desde mediados del siglo XIX y podría encontrarse entre las 3 primeras de
continuar esta senda. 'Frente a desafíos colosales, la continua inacción política y la ausencia de autoridad ejecutiva en pleno funcionamiento amenazan las ya complicadas condiciones socioeconómicas y una frágil paz social sin un punto de inflexión
claro en el horizonte'. 'Durante más de año y medio, el Líbano se ha enfrentado a múltiples retos: la más larga crisis económica y financiera en una época de paz, la COVID19 y la explosión en el puerto de Beirut', recoge el informe.
En octubre de 2019, un plan del gobierno para imponer un impuesto a las llamadas de WhatsApp fue el detonante de un movimiento sin precedentes en el país. Pero en realidad fue la gota que colmó el vaso después de una sucesión de problemas
económicos como la suspensión del acceso a los ahorros y cuentas corrientes en dólares de los clientes por parte de los bancos privados, o la pérdida, por primera vez en 30 años, de la artificial estabilidad de la libra libanesa.
Medio millón de ciudadanos (de una población total aproximada de 6 millones), de todas las religiones, salieron a la calle para protestar contra la corrupción y la clase dirigente, con reivindicaciones como la renuncia de la clase política,
un cambio de régimen, e incluso un Estado laico. Las protestas se prolongaron 5 meses, hasta la llegada de la pandemia, que agravó la situación del país y se tradujo en una situación de colapso hospitalario y falta de material médico y medicamentos
para asistir a los enfermos, además de empeorar la crisis económica y social.
En medio de esta complicada situación, del 4 de agosto de 2020, la capital del país, Beirut, fue devastada por una explosión de nitrato de amonio almacenado en el puerto, en la que fallecieron más de 200 personas, más de 6.000 resultaron
heridas y cientos de personas se quedaron sin hogar. Los daños derivados de la explosión se han estimado en unos 5.000 millones de dólares.
Las causas de la explosión en el puerto de Beirut todavía no están claras, y, para la población libanesa, es una muestra más del abandono de la ciudadanía por parte de sus políticos.
La explosión del puerto de Beirut, la crisis política endémica y el coronavirus han provocado que la moneda haya perdido más del 90 % de su valor frente al dólar, a que más del 50 % de la población se encuentre bajo el umbral de la pobreza
(cuando en 2019 era de menos del 30 %) y la población libanesa tiene que hacer frente diariamente a la escasez de medicamentos, de alimentos, de agua, de diésel y electricidad pública (en la actualidad, las familias reciben solamente 1 o 2 horas de
electricidad pública al día en sus hogares, y solo aquellos que disponen de generadores privados pueden acceder a más horas de energía).
La profunda crisis económica y social que asóla al Líbano, que cuenta con un historial de 15 años de guerra civil (1975-1990) y conflictos, podría afectar a la paz en el país y en la región. Con frecuencia, se producen tensiones y
enfrentamientos entre facciones políticas. El incidente reciente más grave se produjo el pasado 14 de octubre, durante una protesta de seguidores de Hezbolá contra el juez que investiga las explosiones del puerto de Beirut, que se saldó con 7
muertos y 30 heridos.
Tras 13 meses sin gobierno, el pasado mes de septiembre Nayib Mikati se convertía en primer ministro del país al obtener el voto de confianza del Parlamento. El gobierno de España, mediante un comunicado del Ministerio de Asuntos
Exteriores, Unión Europea y Cooperación, se mostró dispuesto a acompañar al Líbano en el objetivo de abordar sin más dilación las urgentes reformas pendientes para afrontar las graves crisis que viven el país y responder a las demandas del pueblo
libanés.
España siempre ha estado comprometida con la estabilidad en el Líbano, país vecino y fundamental para la estabilidad en la convulsa región de Oriente Próximo. España participa, desde 2006, en la misión de las Naciones Unidas en Líbano
(FINUL), que tiene entre sus cometidos vigilar el cese de hostilidades entre Hezbolá e Israel y acompañar y asistir a las Fuerzas Armadas libanesas en el sur del país y a lo largo de la separación entre ambos países denominada Línea Azul. En la
actualidad, alrededor de 600 militares españoles participan en la misión. Asimismo, a través de la AECID, el gobierno de España ha realizado envíos de ayuda humanitaria al país, incluyendo material sanitario para hacer frente a la pandemia de la
COVID19. También la cooperación española contribuirá a reconstruir una escuela modular en una de las zonas afectadas por la explosión en Beirut, y de las más pobres de la ciudad, con capacidad para 500 estudiantes.
Por todo ello el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a:
1. Reiterar su apoyo a la población libanesa que vive una crisis económica y social sin precedentes; y acompañar al país en el objetivo de abordar las reformas necesarias para afrontar esta crisis y responder a las demandas de sus
ciudadanos.
2. Trabajar, en el marco de la Unión Europea, para proporcionar apoyo, asistencia y, en su caso, observación del proceso electoral previsto para la primavera de 2022, contribuyendo a garantizar que los libaneses en el exterior puedan
también ejercer su derecho a voto.
3. Apoyar a las autoridades libanesas para que puedan llevar a cabo las urgentes y necesarias reformas políticas y económicas, tal y como demanda la sociedad libanesa.
4. Reforzar el apoyo de la cooperación española al país, con especial incidencia en los sectores más vulnerables y que se han visto especialmente afectados por la crisis económica y la COVID19, como la infancia y la educación.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de noviembre de 2021.-Sergio Gutiérrez Prieto, Olga Alonso Suárez, Noemí Villagrasa Quero, Gemma Araujo Morales, Arnau Ramírez Carner, Pau Mari Klose, Susana Sumelzo Jordán, José Antonio Rodríguez
Salas, Pere Joan Pons Sampietro, José Luis Ábalos Meco, Zaida Cantera de Castro y Marc Lamuà Estañol, Diputados.-Ana Belén Fernández Casero y Rafaela Crespín Rubio, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión de Hacienda y Función Pública
161/003416
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para la reforma de la financiación
local, para su debate en la Comisión de Hacienda y Función Pública.
Exposición de motivos
Desde hace más de 35 años, los ayuntamientos han venido reclamando una solución justa en materia de financiación, que se ha ido demorando de un modo inexplicable en el tiempo. Desde el inicio de la democracia en nuestro país, todas las
fuerzas políticas han incluido entre sus ejes programáticos y compromisos electorales mejorar la financiación municipal.
Pese a que paulatinamente las entidades locales han asumido un mayor número de competencias impropias y propias, pese a que han visto mermada su capacidad fiscal mediante leyes regresivas como la Ley 27/2013 de racionalización y
sostenibilidad de la Administración Local o la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera 2/2012; lo cierto es que han afrontado crisis económicas, y la más reciente crisis sanitaria provocada por el virus COVID19, teniendo que
aportar más recursos y actuaciones sobre todo en materia de cobertura social. Y lo han hecho pese a que actualmente la participación de las entidades locales en los tributos del Estado sigue estando lejos de aquellos consensos que se habían
formulado hace 40 años en los momentos de la fundación de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), que no eran otros que participar hasta en un 33 % en los mismos. Por desgracia, a día de hoy, los municipios participan en el mismo
porcentaje (13 %) que tenían en el año 79, cuando se celebraron las primeras elecciones municipales tras la dictadura franquista.
Como decimos, la reciente crisis sanitaria provocada por el COVID19 ha puesto en valor el trascendental papel que han jugado los ayuntamientos en la contención socioeconómica de los efectos causados por la crisis sanitaria del COVID. Para
combatir las consecuencias del confinamiento y la paralización de la actividad económica, las entidades locales desplegaron políticas de todo tipo con el esfuerzo inversor sobrellevado, asumiendo competencias impropias y realizando esfuerzos
encomiables para ampliar el escudo social para proteger a las familias, bonificar en tasas a la hostelería y al comercio local, o garantizar servicios sociales básicos, entre otras actuaciones.
Ya antes de la pandemia los gobiernos locales eran los entes políticos que prestaban y prestan servicios públicos esenciales desde la proximidad, amparados en el principio constitucional de autonomía. Como tales, requieren de un sistema de
financiación estable que garantice la cobertura de las necesidades básicas de los ciudadanos en el marco de sus competencias, al menos al mismo nivel que el resto de los gobiernos territoriales.
El sistema de financiación local debe combinar la presencia de un espacio fiscal propio que incluya impuestos (propios y compartidos), tasas, precios públicos y, en su caso, contribuciones especiales, que permita a los gobiernos locales
ejercer su autonomía y corresponsabilidad fiscal, con un conjunto de transferencias incondicionales (procedentes tanto de la Administración Central como de las Administraciones Autonómicas) que cubran la brecha existente entre las necesidades de
gasto estimadas con base a las competencias asumidas y a la capacidad fiscal propia que emana de las bases tributarias disponibles.
La FEMP siempre ha planteado como prioridad resolver el marco competencial y de financiación de los ayuntamientos. Ejemplo de ello son la declaración y resoluciones, tanto las aprobadas en el XII Pleno de la FEMP 'Compromiso con la
financiación local' -donde se hace un llamamiento público para impulsar de manera definitiva un compromiso de reforma de las haciendas locales, mediante el apoyo a iniciativas como mejorar la financiación y la gestión económica de los ayuntamientos,
suprimir las limitaciones existentes al destino del superávit local y las rigideces de la regla de gasto y sanear la situación de municipios en riesgo financiero-, como los acuerdos más recientes de mayores transferencias de fondos de reconstrucción
COVID desde el Estado a los ayuntamientos. El pasado 9 de septiembre, la FEMP reclamó incluso a la ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, avanzar en el nuevo modelo de financiación local, especialmente en el contexto de políticas de
reconstrucción económica y participación en los impuestos de las administraciones públicas.
Estos compromisos están sobre la mesa desde la redacción del informe de la Comisión de Expertos para la revisión del Modelo de Financiación Local con el que se dió cumplimiento al acuerdo del Consejo de Ministros de 10 de febrero de 2017 por
el que se constituyó la citada comisión. Esta estuvo formada por cinco expertos independientes designados por el Gobierno del PP, al frente en ese momento del ejecutivo, y otros cinco designados por la FEMP. Es necesario, por tanto, garantizar un
debate conjunto sobre financiación autonómica y local que permita abordar la necesaria financiación local de un modo global y con un modelo concertado entre Gobierno central, gobiernos autonómicos y ayuntamientos.
Por todo ello, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Abordar de forma urgente una nueva Ley de Financiación Local, que contemple, entre otras medidas, la participación hasta en un 33 % de los municipios en los tributos del Estado.
2. Iniciar de manera urgente la derogación de la Ley 27/2013 de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local del PP, aprobando una nueva normativa que conceda más autonomía financiera a las entidades locales.
3. Iniciar de manera urgente la derogación de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera 2/2012 por tratarse de una legislación lesiva para la autonomía y suficiencia financiera local.
4. Cumplir el acuerdo entre la FEMP y el Ministerio de Hacienda sobre gestión directa de los Fondos Europeos de Reconstrucción Económica de ayuntamientos y cabildos insulares de, al menos, el 15 % del total de los transferidos al Estado
español.
5. Llevar a cabo las reformas legislativas necesarias para introducir de manera amplia elementos de progresividad en el conjunto de tributos en atención a la capacidad económica del contribuyente.
6. Pactar con las CC.AA. en cumplimiento del mandato constitucional de suficiencia financiera de las corporaciones locales, y dado que hoy asumen sin compensación alguna competencias claramente autonómicas, el poner en marcha de manera
urgente iniciativas para abrir la participación de los ayuntamientos en los ingresos de la comunidad autónoma, ingresos que deberán ser necesariamente incondicionales.
7. Abordar las reformas necesarias en lo tocante a la propiedad inmobiliaria, en tanto en cuanto la base imponible fijada al territorio es la base nuclear de la fiscalidad local, cambiando el método de valoración de los inmuebles para
calcular la base imponible de una forma más real y poder aplicar criterios de progresividad (la aplicación del 'valor catastral' se ha demostrado insuficiente y desigual). Aumentar la horquilla de los tipos de gravamen aplicables para garantizar
mayor autonomía a los ayuntamientos. Regular el recargo sobre bienes inmuebles de uso residencial que se encuentren desocupados con carácter permanente (viviendas vacías) para que se pueda aplicar con seguridad jurídica.
8. Realizar las reformas legislativas necesarias en el marco de las competencias estatales para dar un tratamiento más favorable a la vivienda habitual frente a segundas viviendas, abriendo así la posibilidad de gravar a los pisos
turísticos como una actividad económica y no residencial.
9. Revisar los beneficios fiscales de la Iglesia Católica en lo tocante a tributos como el IBI, en el marco de una revisión general de los beneficios fiscales en tributos locales (determinados bienes del Estado o de infraestructuras de
ferrocarriles o de entidades no lucrativas).
10. Reforzar la participación de las entidades locales en los ingresos del Estado, garantizando que las transferencias del Estado a los ayuntamientos cumplen unos compromisos sobre su evolución y revisión permanente, evitando las
importantes desviaciones (la volatilidad de los resultados definitivos), que han dado lugar a devoluciones relevantes por parte de los municipios y han deteriorado fuertemente sus capacidades presupuestarias en momentos de crisis aguda.
11. Mantener el sistema de coparticipación en las grandes figuras tributarias (IRPF, IVA e Impuestos Especiales), al menos para las ciudades, así como estudiar la posibilidad de ceder a esos gobiernos locales alguna forma de competencia
normativa. Del mismo modo, permitir que los ayuntamientos puedan incrementar sus recursos estableciendo recargos sobre la cuota estatal del IRPF.
12. Asegurar una fiscalidad municipal sobre el ejercicio de la actividad económica que sea estable, actualizable y de aplicación general. Desde el 2003 el 90 % de los contribuyentes del IAE están exentos de tributación, con una única
actualización de tarifas -3,5 %- desde 1992 y una interpretación a la baja de los criterios de aplicación.
13. Establecer los mecanismos de compensación por parte del Estado de las pérdidas de recaudación producidas como consecuencia de la aplicación de la doctrina contenida en diversas Sentencias del Tribunal Constitucional sobre las reglas de
determinación de la base imponible del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de noviembre de 2021.-Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común.
Comisión de Interior
161/003413
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Republicano, a instancia de la Diputada Maria Carvalho Dantas, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para que el Gobierno
respete el deber legal que le incumbe de dar cumplimiento a la normativa vigente en relación con la devolución sin procedimiento de menores extranjeros no acompañados para su debate en instancia en la Comisión de Interior.
'La protección de las personas menores de edad es una obligación prioritaria de los poderes públicos, reconocida en el artículo 39 de la Constitución Española y en diversos tratados internacionales, entre los que destaca la mencionada
Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989 y ratificada por España en 1990.'
(Ley Orgánica de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia).
Exposición de motivos
La situación de los más de 1.000 menores que en el mes de mayo 2021 entraron en Ceuta preocupó especialmente al Defensor del Pueblo, a diversas organizaciones de defensa y garantía de los derechos humanos, y al Grupo Parlamentario
Republicano, que desde el primer momento estuvieron pendientes de las condiciones en las que se realizaba la acogida de los niños y niñas.
El día 13 de agosto del 2021 se produjeron devoluciones a Marruecos, a través del Puesto Fronterizo del Tarajal, de menores extranjeros no acompañados que se encontraban bajo la guarda de la Ciudad Autónoma de Ceuta, sin ser escuchados y en
contra de su voluntad. Las citadas devoluciones no cumplieron los requisitos exigidos por el artículo 35.5 la Ley Orgánica 4/2000 de los Derechos y Libertades de los extranjeros en España y de su integración social.
Resaltamos la rápida actuación del Defensor del Pueblo, el 13 de agosto, cuando, tras tener conocimiento de la expulsión a Marruecos de más de 50 menores sin ser escuchados y en contra de su voluntad, formuló un recordatorio de deberes
legales al Ministerio del Interior, para que cesara en esa actuación, pues, a su juicio, contravenía el procedimiento previsto legalmente. El Defensor del Pueblo consideró que debían cesar de inmediato dichas devoluciones de menores no acompañados.
Todo ello sin perjuicio de iniciar el procedimiento previsto en la legislación para, de manera individual y con todas las garantías establecidas en la normativa, proceder a la repatriación o reagrupación familiar de los menores, en aquellos casos en
los que sea procedente, de conformidad con su interés superior.
También resaltamos que el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos solicitó a España 'suspender la expulsión' de diez menores marroquíes no acompañados a su país, así como 'su transferencia a un centro de protección de
menores mientras el caso se encuentre pendiente' ante el Comité de Derechos del Niño. Dicha solicitud se fundamentó en la información contenida en la comunicación por las tres entidades no gubernamentales (Save The Children, Andalucía Acoge y
Gentium), a través de una comunicación individual con solicitud de medidas provisionales urgentes en nombre de diez de los 1.108 menores marroquíes no acompañados que accedieron a Ceuta entre el 17 y el 19 de mayo y se quedaron en la ciudad
autónoma.
Según alertaron las citadas entidades, 'ninguno' de los expulsados ha sido preguntado 'sobre su voluntad de volver a Marruecos, ni contó con asistencia letrada, ni tampoco con ninguna de las garantías previstas para el procedimiento de
repatriación [...] y la Fiscalía de Ceuta tampoco fue informada, sin poder escuchar o asistir a ningún niño antes de su expulsión'. Desde su punto de vista 'la expulsión de las víctimas a Marruecos en estas condiciones supondría la exposición a los
niños a una situación que afectaría irremediablemente a su situación personal y que no podría ser reparada con posterioridad, en la medida en que una devolución posterior a España en caso de que se considerara la expulsión contraria a la Convención
es altamente improbable'. Por ello, pidieron a la ONU que, 'con el fin de evitar daños irreparables en las víctimas', solicite urgentemente a España 'la adopción de medidas provisionales consistentes en la suspensión de cualquier acto o actuación
iniciado o que prevea iniciar dirigido a su expulsión a Marruecos'.
Considerando que:
1. El Acuerdo entre el Reino de España y el Reino de Marruecos sobre la cooperación en el ámbito de la prevención de la emigración ilegal de menores no acompañados, su protección y su retorno concertado, hecho en Rabat el 6 de marzo de
2007, exige que la situación de los menores no acompañados se gestione con el estricto respeto de la legislación nacional respectiva, de las normas y principios del Derecho Internacional, en especial de las disposiciones pertinentes de la Convención
de los Derechos del Niño, de 20 de noviembre de 1989, y de los protocolos facultativos de los que ambos Estados son partes.
2. La legislación aplicable, en el caso del Reino de España, además de la Convención de los Derechos del niño y toda la normativa de protección de menores, se encuentra recogida en el artículo 35.5 ya citado, así como en su desarrollo
reglamentario (artículo 195 del Real Decreto 557/2011, de 20 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000).
3. El Defensor del Pueblo ha mostrado su preocupación desde hace años en sus informes anuales, por las devoluciones sin garantías de menores extranjeros no acompañados. Tras la entrada en vigor del Reglamento en extranjería en el año 2011,
y tras la doctrina sentada por el Tribunal Constitucional (STC 183/2008 y 184/2008, de 22 de diciembre) no existe duda alguna respecto al procedimiento que se ha de seguir.
4. A la vista de las actuaciones realizadas, el Alto Comisionado de las Cortes Generales encargado de defender los derechos fundamentales y las libertades públicas de los ciudadanos mediante la supervisión de la actividad de las
administraciones públicas españolas afirmó que el procedimiento seguido para devolver a Marruecos a un grupo de menores, en agosto del 2021, no cumplió con los requisitos legalmente establecidos. Le preocupó muy especialmente el incumplimiento de
la obligación de escuchar al menor, y la ausencia de informe previo de los servicios de protección de menores y del ministerio fiscal.
5. Los y las menores tienen derecho a asistencia letrada, que debe ser garantizada en todo momento.
Si después del procedimiento administrativo con todas las garantías, la administración decide que es mejor para el menor repatriarlo, él tiene derecho a recorrer por la vía judicial.
Por todo lo expuesto se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno español a observar y cumplir rigurosamente el deber legal que le incumbe al Gobierno de dar cumplimiento a las previsiones del artículo 35.7 de la Ley Orgánica 4/2000 de los Derechos y
Libertades de los extranjeros en España, solicitando informe sobre las circunstancias familiares del menor a la representación diplomática del país de origen, con carácter previo a la decisión relativa a la iniciación de un procedimiento sobre su
repatriación. Asimismo, acordada la iniciación del procedimiento, tras haber oído al menor si tuviese suficiente juicio, y previo informe de los servicios de protección de menores y del Ministerio Fiscal, la Administración del Estado resolverá lo
que proceda sobre el retorno a su país de origen, a aquel donde se encontrasen sus familiares o, en su defecto, sobre su permanencia en España, garantizando siempre su derecho a asistencia letrada y a recorrer la decisión de repatriación por la vía
judicial.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de noviembre de 2021.-Maria Carvalho Dantas, Diputada.-Gabriel Rufián Romero, Portavoz del Grupo Parlamentario Republicano.
Comisión de Industria, Comercio y Turismo
161/003380
Mediante escrito de fecha 15 de noviembre de 2021 se ha retirado por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso la Proposición no de Ley sobre la puesta en marcha de un programa para la garantía del suministro de la cadena de valor
industrial con medidas para paliar el alto precio y falta de disponibilidad
de materias primas en la industria española, publicada en el 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 360, de 10 de noviembre de 2021.
Lo que se publica de conformidad con el artículo 97 del Reglamento del Congreso.
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de noviembre de 2021.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
161/003402
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para la puesta en marcha de un
Programa para la garantía del suministro de la cadena de valor industrial con medidas para paliar el alto precio y falta de disponibilidad de bienes intermedios y de materias primas en la industria española, para su debate en la Comisión de
Industria, Turismo y Comercio.
Exposición de motivos
A los problemas de desabastecimiento de bienes intermedios y de materias primas, y al aumento de los precios de la energía y del transporte, se suman además los problemas de logística en los puertos chinos, donde todavía se producen rebrotes
y cierres de terminales. Toda esta tormenta perfecta está dificultando la actividad de la industria española y encareciendo los precios finales.
El último índice de precios industriales (IPRI) se situó en el mes de septiembre en el 23,6 % interanual, el más alto desde diciembre de 1977, según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Comparado con la zona
euro la diferencia de precios supera el 10,2 %, dato que evidencia una mayor debilidad de España.
Si bien el precio de la energía es el principal responsable de que la inflación industrial esté tan alta, si descontamos la energía, la inflación industrial llega a 8,8 % interanual es la más alta desde enero de 1985.
Esta brutal inflación en el índice de precios industriales tiene una clara causa: los precios de los bienes intermedios, que en septiembre se encarecieron nada menos que un 16,8 % interanual.
El incremento de costes de transportes se sitúa en el 12,3 % para el año 2021.
El precio de los combustibles sigue creciendo, en los últimos doce meses el precio del barril de petróleo Brent ha aumentado un 93,58 %. El índice World Container Index (consultora Drewry), muestra el precio del transporte marítimo en
10.377 dólares (8.836,90 euros) por contenedor de 40 pies, cifra que es el 329 % más alta que la misma semana de 2020.
En el caso de las importaciones su indicador es el índice de precios de importación (IPRIM) que califica el desarrollo mensual de los precios de los productos industriales procedentes del resto del mundo. El precio de las importaciones de
los productos industriales ha sufrido una variación interanual de un 15,26 %.
Bienes intermedios.
Los precios de los bienes intermedios están desbocados:
- La bobina de acero se ha revalorizado un 65.67 %, en lo que va de año.
- El aluminio un 25.44 % desde enero, el precio más alto de la última década.
- Los tubos de cobre, en términos anuales, se han incrementado un 61 %,
- Los precios de fabricación de productos básicos de hierro, acero y ferroaleaciones crecen a un ritmo del 29,3 %.
- El coste de las materias primas para la edificación residencial y la ingeniería civil ha aumentado un 14,8 % en los últimos doce meses.
- La madera está en una montaña rusa de precios con máximos diferenciales del 270 % durante este año.
- El cemento, hormigón, mortero y áridos están disparando sus costes de producción por las meteóricas subidas de los precios del CO2. Antes de la pandemia el contrato de emisión de carbón
rondaba los 20 euros, en diciembre de 2020 superó por primera vez los 35 euros. En este año ha llegado a rozar los 60 euros por tonelada de CO2.
También simultáneamente se producen situaciones de escasez en determinados suministros:
- Hay 3.000 empresas transformadoras de plásticos que están afectadas por la escasez de plásticos, polímeros y aditivos necesarios.
- El caucho de origen natural tiene un suministro mundial de alrededor de 20 millones de toneladas al año, cantidad insuficiente para todos sus usos.
Especial atención requieren los circuitos integrados más comúnmente conocidos como chips. La digitalización ha hecho que estos chips estén incorporados prácticamente en todos los productos de consumo, desde grandes electrodomésticos,
móviles, vehículos o dispositivos electrónicos a cualquier pequeño electrodoméstico o incluso juguetes.
Por otro lado las nuevas tecnologías basadas en Inteligencia Artificial, y todas sus aplicaciones, la Nube, el 5G, Procesadores de Lenguaje Natural, sistemas de automatización de procesos (RPA), la Robótica, el vehículo eléctrico, conectado
y autónomo, los drones, y un sinfín de aplicaciones en campos la Industria, la Salud, la Defensa, la propia Investigación o el Transporte van a multiplicar exponencialmente las necesidades de chips y microprocesadores con altas capacidades de
computación.
La escasez de estos dispositivos, es debido en gran parte a la pandemia, que, detuvo las fábricas durante meses y que aun produce reducciones en la producción en muchos países asiáticos. Y por otro lado es debido a la mayor demanda y al
exceso de stocks de algunos países, que ven estos productos como estratégicos para el desarrollo económico y la seguridad nacional.
Esta escasez esta haciendo estragos en toda la industria española con especial incidencia en el sector de la automoción produciendo incluso paradas en la producción o recorte de turnos de trabajo.
Si bien en chips de potencia para vehículos eléctricos y autónomos Europa mantiene una posición de liderazgo, con la venta de ARM (UK) a Softbank y ahora a Nvidia, ha perdido la capacidad estratégica de disponer de chips con altas
capacidades de computación.
Europa necesita con urgencia el liderazgo en la industria de la microelectrónica. España debe trabajar las bases de su ecosistema científico, tecnológico y empresarial para estar en ese liderazgo. Debemos ser capaces de tener capacidades
desarrolladas para fabricar a medio plazo este tipo de productos.
Materias primas fundamentales.
Además del incremento de precios en los bienes intermedios y suministros básicos hay que considerar seriamente la situación de las materias primas fundamentales.
Las materias primas fundamentales son esenciales para el funcionamiento y la integridad de una amplia variedad de ecosistemas industriales y cuya escasez está afectando tanto a la capacidad de desarrollo tecnológico de la industria europea y
española como a la viabilidad de una verdadera transición ecológica.
Como ejemplo, el desarrollo de la industria del vehículo eléctrico va a necesitar en 10 años 18 veces más de litio y 5 veces más de cobalto, ambas materias primas fundamentales. El wolframio hace que los teléfonos vibren. El galio y el
indio se utilizan en la tecnología de diodos electroluminiscentes (LED) de las bombillas. Los semiconductores requieren silicio metálico. Para las pilas de combustible de hidrógeno y los electrolizadores se necesitan metales del grupo del platino.
La Comisión Europea ha lanzado la Alianza Industrial Estratégica sobre materias primas fundamentales con un objetivo, reducir la actual dependencia UE de estas materias que fluctúa entre el 75 y el 100 %. Está nueva estrategia industrial
para Europa propone reforzar la autonomía estratégica, y advierte de que la transición de hacia la neutralidad climática podría conllevar la sustitución de la actual dependencia de los combustibles fósiles por la dependencia de las materias primas,
de las que nos abastecemos en gran medida del extranjero y para las que la competencia mundial es cada vez más feroz.
Materias primas fundamentales en 2020;;
Antimonio.;Hafnio.;Fósforo.
Barita.;Tierras raras pesadas.;Escandio.
Materias primas fundamentales en 2020;;
Berilio.;Tierras raras ligeras.;Silicio metálico.
Bismuto.;Indio.;Tantalio.
Borato.;Magnesio.;Wolframio.
Cobalto.;Grafito natural.;Vanadio.
Carbón de coque.;Caucho natural.;Bauxita.
Espato flúor.;Niobio.;Litio.
Galio.;Metales del grupo del platino.;Titanio.
Germanio.;Fosforita.;Estroncio.
China, los Estados Unidos, Japón y otros países trabajan con premura para garantizar el suministro futuro, diversificar las fuentes de abastecimiento mediante asociaciones con países ricos en recursos y desarrollar sus cadenas de valor
internas basadas en materias primas.
En España, según el área de Recursos Minerales del Instituto Geológico y Minero de España, puede haber yacimientos económicamente aprovechables de al menos 17 de esas 30 materias primas fundamentales.
De hecho actualmente existen unos 25 proyectos para explotar estos minerales estratégicos, todos ellos están paralizados por la Administración.
Ejemplos de estos proyectos son la extracción de tierras raras que están en Matamulas en Ciudad Real y en Galicia; en la ría de Vigo y la cuenca del río Miño. Ambos proyectos fueron paralizados por la falta de determinación del Gobierno
Central.
Estos proyectos generarían empleo estable, porque las inversiones son a largo plazo, 20 años mínimo, y como muchos de los yacimientos están en la España vaciada, creando un futuro de progreso para estas zonas.
Por otro lado esta Alianza Industrial Estratégica contempla dos ejes: la Diplomacia Energética y Económica y la plena aplicación de la Economía Circular.
Diplomacia Energética y Económica.
La diplomacia energética y económica con terceros países también es importante para fortalecer la resiliencia de las cadenas de suministro de materias primas.
La red de embajadas de las que dispone España deben trabajar alineadas con nuestras empresas y el Ministerio de Industria con el objeto de establecer asociaciones estratégicas con terceros países ricos en recursos, utilizando todos los
instrumentos de política exterior de los que dispone y respetando sus obligaciones internacionales. Existe un gran potencial sin explotar para forjar asociaciones estratégicas sostenibles y responsables con estos países ricos en materias primas.
Estos abarcan desde países mineros altamente desarrollados, como Canadá y Australia, hasta diversos países en desarrollo en África y América Latina y países próximos a la UE, como Noruega, Ucrania, países candidatos y los Balcanes Occidentales.
Este tipo de asociaciones estratégicas, para la extracción, la transformación y el refinado, son importantes para los países y regiones en desarrollo ricos en recursos, como África. La UE puede ayudar a sus países socios a desarrollar sus
recursos minerales de forma sostenible mediante el apoyo a la mejora de la gobernanza local y la difusión de prácticas mineras responsables, creando a su vez valor añadido en el sector minero e impulsando el desarrollo económico y social.
La elevada concentración del suministro en países con bajos niveles de gobernanza no solo supone un riesgo para la seguridad del abastecimiento, sino que además puede agravar los problemas ambientales y sociales.
Economía Circular e l+D+i.
En cuanto al eje de economía circular, El Plan de Acción para la Economía Circular contemplado en el Pacto Verde Europeo tiene por objetivo desvincular el crecimiento del uso de los recursos a través del
diseño de productos sostenibles y el aprovechamiento del potencial que ofrecen las materias primas recicladas (materias primas secundarias). El avance hacia una economía más circular podría generar un incremento neto de 700.000 puestos de
trabajo en la UE de aquí a 2030.
La circularidad y el reciclaje de materias primas mediante el uso de tecnologías hipocarbónicas es parte integrante de la transición a una economía climáticamente neutra. El aumento de la vida útil de los productos y la utilización de
materias primas secundarias solucionarán en un porcentaje cada vez mayor de la demanda de materias primas de la UE.
Entre todos los residuos generados a nivel mundial destacan las más de 53 millones de toneladas solo de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, los cuales solo un 20 % se está gestionando de manera adecuada. El potencial del
reciclaje en este sector es enorme y aún más sus beneficios: un aparato eléctrico o electrónico no recogido tarda cientos, miles de años, en descomponerse y muchos de ellos tienen elementos contaminantes por su propia naturaleza.
Más del 50 % de algunos metales, como el hierro, el zinc o el platino, se recicla y con ello se consigue cubrir más del 25 % del consumo de la UE. Sin embargo, en el caso de otros -sobre todo los requeridos en tecnologías de energía
renovable o aplicaciones de alta tecnología, como las tierras raras, el galio o el indio- la contribución de la producción secundaria es únicamente marginal. La realización de un mayor número de investigaciones sobre el reprocesamiento de los
residuos ayudará a evitar que materiales valiosos terminen en los vertederos. Grandes cantidades de recursos salen de Europa en forma de residuos y chatarra, que se podrían reciclar aquí para convertirlos en materias primas secundarias.
Carecemos de información completa sobre la cantidad de materias primas que contienen los productos, tanto en los residuos de la extracción como en los depositados en vertederos que, de hecho, podrían estar disponibles para su recuperación o
reciclaje.
Por otro lado la sustitución de una materia prima fundamental por otra no fundamental que ofrezca un rendimiento similar es otra manera de reducir la dependencia de las materias primas fundamentales. La innovación en el ámbito de los
materiales, el diseño sostenible y el desarrollo de tecnologías alternativas que requieran materiales diferentes también pueden contribuir a mitigar el riesgo en el suministro.
Ejemplo de ello son sustituir el hormigón armado convencional por paneles prefabricados de hormigón con fibra polimérica. Es decir, un hormigón que utiliza material de desecho que, reciclado de esta manera, puede tener una nueva vida útil.
O las investigaciones sobre un hormigón de grafeno el doble de fuerte y más ecológico que el actual.
Impacto en los sectores industriales.
Estas 3 crisis, bienes intermedios, suministros y materias primas, siendo problemas comunes a la UE plantean en España un problema aún mayor de competitividad para nuestra industria:
- Sector del automóvil.
El cierre de turnos en las plantas de fabricación se ha generalizado en el sector: Michelín, cierra 13 turnos; Stellantis Vigo (antes PSA-Vigo) cierra el turno de fin de semana, la fábrica de Seat en Martorell, cierra un turno, Ford
Almussafes suprime el turno de noche y para la producción temporalmente o Renault Palencia elimina medio turno por citar algunos.
Esto ha provocado que la producción de coches se desplomara en septiembre más de un 30 % y desde ANFAC prevén que esta situación no revertirá hasta finales de 2022.
El efecto dominó de la reducción en la fabricación de coches produce una reducción en su venta. En octubre las matriculaciones de turismos y todoterrenos nuevos cayeron un 20,5 % en comparación con el mismo mes del año pasado y se
encuentran un 37 % por debajo de las cifras prepandemia, con 59.044 unidades. Lejos queda el objetivo del sector de volver a superar el millón de vehículos: en los diez primeros meses del año han sido 706.998.
- Sector mueble.
La subida del precio y el desabastecimiento de las materias primas que usa el sector del mueble: la gomaespuma, el acero, los mecanismos para sillones y sofás, el material de ferretería o las telas están afectando a la producción.
Desde el sector no descartan que pueda haber paros de producción de forma puntual en algunas fábricas concretas.
Aunque lo verdaderamente preocupante es que el consumo se retraiga al tener que repercutir el incremento de los costes en los precios finales de venta al público.
- Sector vitivinícola.
La industria vitivinícola se está viendo afectada por esta situación de desabastecimiento y encarecimiento de las materias primas. Principalmente los mayores problemas de desabastecimiento están siendo con las botellas para vinos
especiales, vinos de gama alta, más exclusivos. Sin embargo el alto precio del cartón, las etiquetas, los corchos, unido a la desorbitada factura de la electricidad está afectando los resultados y el balance del ejercicio de las bodegas.
Por el momento el sector se resiste a repercutir este incremento en el precio que paga el cliente por la botella.
- Sector farmacéutico.
La industria farmacéutica sufre un cierto cuello de botella en algunos de los productos utilizados porque se distribuyen en plásticos o filtros que vienen del sudeste asiático, donde sí que hay un cierto atasco en la llegada de las materias
primas.
Desde la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios han elaborado una lista donde, ahora mismo, se registran 475 medicamentos que pueden tener problemas a la hora de encontrar en las farmacias.
La industria farmacéutica española de los medicamentos ha lanzado un mensaje de tranquilidad al asegurar que la fabricación y el suministro de su producto está garantizado a corto plazo; sin embargo, existe cierta preocupación a medio y
largo plazo por el impacto del encarecimiento de las materias primas, el transporte y la energía que se repercute en un encarecimiento del coste de los artículos.
- Sector del metal.
Los productos siderúrgicos, que cuestan más del doble que hace un año, son esenciales en la industria transformadora, por lo que su encarecimiento impacta de lleno en el sector, que también sufre demoras en los suministros. A esto se suma
el precio de la energía, cuyos récords históricos se suceden cada pocos días, y que ha obligado a las empresas a readaptar su producción en función del coste de la electricidad.
En un análisis del impacto de las subidas de los precios energéticos y de las materias primas se concluye que, si no se aplican medidas de contención, estos costes serán inversamente proporcionales a la competitividad de la industria y
comercio del metal.
El incremento medio de costes de materias primas, energía y fletes en las empresas del metal ronda el 53 %. Respecto al alza de los precios de las materias primas, existe una gran dispersión de aumentos del coste de acero, aluminio, bronce,
y otras aleaciones, ya que oscila del 15 % al 149 %, con una media del 61 %. Asimismo, la escasez de materias primas ha provocado retrasos en los procesos de producción.
Por lo tanto, la situación es complicada, dura, y se necesitan soluciones a los problemas de forma inmediata porque las empresas del metal consideran que se pueden provocar roturas en las cadenas de producción.
Dentro de los subsectores, entre los más afectados se encuentran la metalurgia y fabricación de productos metálicos, la siderurgia, la galvanotecnia, el mecanizado y soldadura que acusa un 45 % de incremento.
En el comercio del metal la afectación se debe, sobre todo, al alto consumo de luz artificial para la iluminación de las instalaciones y la logística de los productos.
- El sector textil.
La industria textil tampoco está escapando de las subidas que se están produciendo en las materias primas este año. El precio del algodón repunta un 37,21 % desde enero y se ha encarecido más de un 121 % desde su mínimo, en abril de 2020.
El precio se duplica en año y medio y el sector empieza a pagar las consecuencias con temores ya en el mercado de cómo poder afrontar la próxima campaña de Navidad y, sobre todo, las rebajas de enero del 2022, en un momento en el que el consumo
sigue además débil. Ahora, la libra (cerca de medio kilo) de algodón se paga en el mercado estadounidense a 1,07 dólares, cuando, a principios de año, el precio no llegaba a los 0,80 dólares. Desde el año 2010 no se había producido un año tan
alcista para el precio del algodón como el actual.
En el calzado, los precios de materiales como hebillas, pieles y elásticos han subido a un 15 %. El retraso en el suministro y la subida de precios no ha llegado a parar la producción pero sí han bajado los ritmos de fabricación.
Pero el mayor problema al que se enfrenta el sector es por un lado, el incremento del coste del transporte, en junio de 2020 se pagaba cerca e 1.000 dólares de media por mover 1 contenedor por las principales rutas, ahora se debe asumir un
coste de casi 4.600 dólares. Y por otro, el colapso de los puertos, cada vez resulta incluso más difícil contratar el transporte y, según confirman en el sector, hay ya grandes empresas que han empezado a fletar barcos para poder garantizarse el
suministro.
Todos estos factores están provocando que las empresas se vean abocadas a subir los precios para no fabricar a pérdidas.
- Sector pintura.
Este sector también se esta viendo afectado, los productos que faltan, y que además son esenciales para fabricar las pinturas, son el disolvente, la resina epoxi, el isocianato, los pigmentos, dispersiones y emulsiones, acrilatos y
alcoholes.
Los productos necesarios han experimentado una subida en general de alrededor del 18 %, pero destacan la resina con un incremento de precio del 64 % y el isocianato con un incremento de precio del 100 %.
Las fábricas están haciendo lo imposible para no parar la producción pero hay líneas en las que no ha habido otra opción.
Más del 85 % de las empresas manifiesta no recibir lo necesario para trabajar correctamente, por lo que actualmente no pueden cubrir todos los pedidos.
- Sector de alimentación.
El sector de la alimentación también esta perdiendo competitividad, sobre todo de las grandes cadenas de supermercados. Aparte de la electricidad y de los carburantes -que acaban salpicando a todos los actores que suministran estas
compañías-, el precio de los materiales que se utilizan para empaquetar, como son el metal, el papel, la madera, el plástico y, sobre todo, el cartón, se ha disparado.
El sector, sin embargo, también está sufriendo precios de récord en cereales, carne de cerdo y ave a causa del incremento continuado del precio del pienso. El trigo, el maíz, la soja y los aceites vegetales, entre otros productos, también
se han disparado. Parte de este incremento de precios acaba repercutiéndose en los clientes, ya sea aumentando el coste de los productos o eliminando directamente las ofertas.
- El Sector de barcos, trenes y aviones.
Se ha producido un desplome del 51,7 % registrado en la facturación del sector de la construcción naval, ferroviaria, aeronáutica y espacial y de vehículos de combate, según los datos publicados provocados por la falta de suministros de las
materias primas y componentes necesarios.
- Sector electrodomésticos.
Las entregas de electrodomésticos están sufriendo retrasos de hasta 4 meses, porque las fabricas también han tenido que parar la producción.
BSH Electrodomésticos (Zaragoza) dejó de producir lavadoras durante dos semanas por la falta de piezas electrónicas.
Fagor Electronics ha reducido la producción y no descarta tener que parar debido a la falta de microprocesadores y semiconductores.
Samsung Electronics ha reconocido que su producción de teléfonos inteligentes, televisores y electrodomésticos se ha visto interrumpida por la falta de chips.
La patronal del sector de fabricantes y distribuidores, Applia España, ante la escasez de chips, reconoce que los fabricantes se están concentrando en los productos que requieren menos componentes de terceros para garantizar que la planta
esté operativa.
Esta situación supone aumentos de precios generalizados, sobre todo en smartphones, televisores, ordenadores portátiles o smartwatchs, reproductores Hi Fi e lavadoras o neveras inteligentes. Los Televisores y todo tipo de pantallas se han
encarecido un 30 %, y van a seguir subiendo.
- Sector construcción.
El alza del precio de los materiales está afectando al 75 % de las empresas del sector de la construcción. Un estudio de la Confederación Nacional de la Construcción (CNC) constata que el desabastecimiento afecta ya a tres de cada cuatro
empresas y que el coste de las obras se ha disparado el 22,2 % este año. Cuatro de cada 10 empresas han cancelado o paralizado sus obras por la subida del precio de las materias primas.
Los materiales que más se han encarecido en los últimos tres meses han sido la madera (125 %), la piedra (68 %) y el cobre (63 %), según los datos de CNC. La patronal defiende que se establezca un sistema automático de reequilibrio que
permita hacer frente a ese sobrecoste y, por tanto, tenga en cuenta las alteraciones de precios posteriores a la presentación de ofertas, tanto al alza como a la baja, buscando dotar de estabilidad al contrato.
Del estudio se desprende que el desabastecimiento de materiales en el transcurso de las obras ha provocado que en más de la mitad de los casos se haya producido un retraso en la ejecución de las unidades de obra sin afectar al plazo; un
21,8 % de las empresas haya optado por la paralización de la obra o un 12,3 % se haya retrasado en los plazos de finalización, entre otros.
Con respecto a la construcción de vivienda nueva el Banco de España advierte de que, si persisten los problemas de suministro, su coste se encarecerá. El sector estima que el coste de un piso podría aumentar entre un 10 % y 15 % por la
necesidad de repercutir costes.
Inversión.
Pero lo más alarmante es que este escenario tan negativo para la industria española esta produciendo un efecto de derivaciones de las inversiones de nuevas plantas y de modernización de las existentes a otros territorios y centros de
producción fuera del Estado español; y este hecho tiene un efecto irreversible y condena al cierre y la desaparición de la ya mermada industria española.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a aprobar un Programa para la garantía del suministro de la cadena de valor industrial, que contenga al menos las siguientes medidas:
Primera. Reactivación urgente del sector minero extractivo en España, cuyas capacidades de suministrar parte de las materias primas fundamentales necesarias para nuestra industria y susceptibles de su inmediata exportación a la Unión
Europea se ven entorpecidas por las políticas del Gobierno.
Segunda. Reactivación urgente del sector forestal y de la silvicultura como suministrador esencial para la construcción y gravemente afectado por las políticas restrictivas del Gobierno
Tercera. Actualizar mensualmente el cuadro de precios para los pliegos de obra pública y hacer las modificaciones legales necesarias para permitir la ampliación de los importes de adjudicación en función de dichas variaciones del cuadro de
precios de los contratos de obra pública en vigor.
Cuarta. Plan de incentivos al l+D+i para la búsqueda de nuevos bienes intermedios más sostenibles y reciclables y materiales alternativos más eficientes, baratos y con mayor disponibilidad y para el impulso de la colaboración entre los
distintos agentes del proceso innovador: sector público, academia, centros científicos y tecnológicos y agentes económicos y sociales.
Quinta. Resolver el gran atraso español en conseguir la plena circularidad de nuestra economía, urgentemente reclamada desde Bruselas incentivando la reutilización de los residuos industriales para obtener nuevos bienes intermedios,
materias primas secundarias y materias primas fundamentales, cumpliendo además con la propia Directiva de Residuos.
Sexta. Reforzar la Diplomacia Económica y Comercial con terceros países en línea con las recomendaciones de la Unión Europea para garantizar la sostenibilidad y resiliencia del suministro a la industria española a través de contratos con
los principales países productores de bienes intermedios y materias primas.
Séptima. Solicitar al Gobierno un papel mucho más proactivo tanto ante las situaciones de acaparamiento de suministros y materias primas fundamentales como ante acciones de proteccionismo industrial por parte de terceros países. Dicha pro
actividad debe ser desarrollada en el marco de organismos multilaterales, como la Organización Mundial de Comercio, el G-20, y sobre todo a través de una posición común en la UE.
Octava. Fomentar la participación industrial en los programas de la UE y/o internacionales de investigación e innovación potenciando especialmente la cooperación tecnológica internacional y la colaboración público-privada.
Novena. Redefinir urgentemente la orientación de los fondos Next Generation y los Fondos para Regiones en transición con el fin de adecuarlos a las prioridades descritas antes, que coinciden plenamente con las directrices originales
emanadas desde Bruselas y las contempladas en esa Alianza Industrial sobre materias primas.
Décima. Impulsar un PERTE de Microelectrónica basada en chips de código abierto no propietario, integrado en la estrategia europea de Soberanía Tecnológica, con recursos públicos y privados de al menos 1.000 millones de euros en los
próximos 7 años y que movilice recursos en Universidades, Centros Tecnológicos, Empresas para verticales en Telecomunicaciones, Transporte, Defensa, Aeroespacial y Supercomputación, nuevas empresas de Hardware y Electrónica y emprendedores.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de noviembre de 2021.-Mario Cortés Carballo, Tristana María Moraleja Gómez y Guillermo Mariscal Anaya, Diputados.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.
Comisión de Asuntos Económicos y Transformación
161/003405
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Confederal Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, presenta, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la presente Proposición no de Ley para
su debate y aprobación en la Comisión de Asuntos Económicos y Transformación Digital, relativa a desarrollar el derecho de cogestión en las grandes empresas.
Exposición de motivos
Generalmente, el término 'cogestión' hace referencia a una forma indirecta e institucionalizada de participación del personal en la empresa, a través de personas representantes, a las que se reconoce derecho de voz en los procedimientos de
toma de decisiones estratégicas y económicas de la empresa. En particular, el derecho de cogestión implica que las personas representantes del personal puedan influir en las decisiones al más alto nivel con derecho de voto, implicación en la
deliberación, y representando los intereses de la plantilla. La propiedad y dirección permanecen no obstante en manos de la empresa y accionistas. En ese sentido, la cogestión se distingue de otras formas directas de participación, por ejemplo, en
la organización del centro de trabajo, en el capital social, o en los beneficios.
En los países europeos en los cuales existen mecanismos de cogestión se han visto importantes ventajas desde el punto de vista empresarial. En primer lugar, los órganos de administración que practican la cogestión suelen tomar decisiones
alineadas con el desarrollo empresarial a largo plazo, frente a una visión cortoplacista y extractiva. En segundo lugar, la implicación del personal en los procesos de toma de decisiones empresariales evita las decisiones estratégicas más
traumáticas para los trabajadores, como por ejemplo, las deslocalizaciones. En tercer lugar, implicar a los y las trabajadoras puede contribuir a la innovación y competitividad de la empresa, fidelizar a la plantilla y contribuir a su motivación y
a la paz social. En cualquier caso, de acuerdo con la inmensa mayoría de la cogestión no supone en sí un obstáculo para la productividad ni la rentabilidad empresarial.
En la actualidad, al menos 14 países del Espacio Económico Europeo cuentan con normativas de cogestión vinculantes para empresas tanto públicas como privadas. El caso paradigmático es el alemán, que inspiró en gran medida otras leyes de
cogestión adoptadas en la década de los 1970 a los 1990 en otros países europeos. En particular, la participación de las y los trabajadores en Alemania se realiza a través de su participación en el consejo de vigilancia y de las funciones que a
este atribuye la ley de sociedades alemana y los estatutos sociales.
Otros cuatro países europeos mantienen determinados derechos de cogestión en su normativa, pero con ámbito de aplicación más restringido. España podría situarse en una tercera categoría de países:
aquellos que, contando con experiencias puntuales y limitadas, carecen en la actualidad de marco normativo que establezca derechos de cogestión.
La falta de derechos de cogestión en España se produce a pesar de que la Constitución española contiene un mandato expreso con respecto a la participación de los y las trabajadoras (artículo 129.2). Además, el propio Tratado de
Funcionamiento de la UE, en su artículo 153.f, menciona como parte de las competencias de la UE el apoyo y compleción de la acción de los Estados miembros en el ámbito de 'la representación y la defensa colectiva de los intereses de los trabajadores
y de los empresarios, incluida la cogestión'. Por tanto, resulta urgente trasladar el mandato constitucional a la práctica, desarrollando en nuestra normativa mecanismos que permitan la participación de las y los trabajadores en los órganos de
gestión de las grandes empresas, tal y como sucede en otros países de nuestro entorno.
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a impulsar el desarrollo normativo del artículo 129.2 de la Constitución en relación con el derecho de cogestión de los trabajadores en los órganos de administración de las grandes
empresas y grupos, tanto públicos como privados.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de noviembre de 2021.-Roberto Uriarte Torrealday, Diputado.-Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común.
Comisión de Sanidad y Consumo
161/003407
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(161) Proposición no de Ley en Comisión.
Autor: Grupo Parlamentario Socialista
Proposición no de Ley sobre la prevención del cáncer de cuello uterino y la mejora de estrategia de vacunación del VPH.
Acuerdo:
Considerando que se solicita el debate de la iniciativa en Comisión, y entendiendo que es ésta la que insta al Gobierno a la adopción de las medidas correspondientes, admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al artículo 194
del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Sanidad y Consumo. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, comunicando este acuerdo al Grupo Parlamentario proponente.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de noviembre de 2021.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la prevención del cáncer de cuello uterino y la mejora de estrategia de
vacunación del VPH, para su debate en la Comisión Sanidad y Consumo.
Exposición de motivos
El 28 de mayo conmemoramos el Día Internacional de acción por la salud de las mujeres, efeméride que recuerda la asamblea que tuvo lugar en 1987 bajo el nombre de Red Mundial de Mujeres por los Derechos Sexuales y Reproductivos. Desde
entonces, y al calor de la Agenda 2030, esta fecha cumple con el propósito de reafirmar el derecho a la salud como un derecho humano al que las mujeres, adolescentes y niñas deben acceder, a lo largo de su ciclo vital, sin restricciones ni
exclusiones de ninguna clase.
Así pues, el nuevo contrato social global que representa la Agenda 2030 interpela a la comunidad internacional a 'garantizar el acceso universal a los servicios de salud sexual y reproductiva, incluidos los de planificación de la familia,
información y educación, y la integración de la salud reproductiva en las estrategias y los programas nacionales' (ODS 3.7), y, de igual modo, a 'asegurar el acceso universal a la salud sexual y reproductiva y los derechos reproductivos según lo
acordado de conformidad con el Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo, la Plataforma de Acción de Beijing y los documentos finales de sus conferencias de examen' (ODS 5.6).
Precisamente, una de las problemáticas que ralentizan la consecución de estos objetivos son las Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) y, de entre ellas, caben destacar aquellas que se desarrollan de manera desigual según los sexos pese a
su exposición en ambos. Por lo pronto, y según datos sanitarios recogidos por la Federación de Planificación Familiar (FPFE), el 80 % de las personas entrarán en contacto con el virus del papiloma humano (VPH) en algún momento de su vida y, si bien
en la mayoría de los casos el virus desaparecerá por sí solo, de no hacerlo, podrá llegar a causar cáncer de cuello uterino y otras enfermedades. Solo en Europa, cada año son diagnosticadas de cáncer de cuello uterino más de 61.000 mujeres (siendo
el noveno cáncer más frecuente entre mujeres) y alrededor de 25.000 mueren a causa de ello (siendo el segundo cáncer con más víctimas mortales entre mujeres de entre 15 a 44 años).
Frente a ello, y de acuerdo con la 'Estrategia Mundial de la OMS para Acelerar la Eliminación del Cáncer del Cuello Uterino', el mandato hoy es aspirar a que un 90 % de las niñas estén vacunadas frente al VPH antes de cumplir los 15 años; a
que el 70 % de las mujeres se hayan cribado contra el cáncer de cuello uterino, utilizando test de alta eficacia antes de los 35 años y, de nuevo, a la edad de 45 años; y a que el 90 % de casos de cáncer de cuello uterino o lesiones precancerosas
se traten adecuadamente.
En efecto, los estudios muestran que las vacunas contra el VPH son seguras y eficaces, y que en los países con una alta tasa de vacunación está disminuyendo la transmisión de los tipos más comunes y peligrosos de virus. Verbigracia,
investigaciones realizadas en Alemania, Australia, Bélgica, Estados Unidos, Nueva Zelanda, Reino Unido y Suecia, revelan rápidas reducciones de hasta un 90 % en el número de infecciones y verrugas genitales por VPH entre adolescentes y jóvenes. De
igual modo, y con la información procedente de la FPFE, recientes estudios sobre la vacunación contra el VPH y las pruebas de detección de cáncer de cuello uterino en 53 países de la región europea de la Organización Mundial de la Salud (OMS)
indican que las dos estrategias actuales de prevención y control (primaria: vacunación contra el VPH; secundaria: pruebas de detección y diagnóstico precoz) son profundamente eficaces en la reducción de la incidencia y mortalidad del cáncer de
cuello uterino.
Según el 'Atlas de políticas de prevención del Cáncer del Cuello de Útero' promovido por el Foro Parlamentario Europeo por los Derechos Sexuales y Reproductivos (FPE), España ocupa una situación intermedia en la clasificación de los países
de estudio, con una puntuación del 74,2 % global, que podría verse reducida debido a las notables diferencias que existen entre las comunidades autónomas, compuesta de una puntuación de: prevención primaria del 95,7 %, prevención secundaria del
75,2 % y de información online: 37 %. Entre las deficiencias que identifica el estudio de 2019, se encuentra la ausencia de programas de cribado regulares mediante citología y/o test de VPH a todas las mujeres de entre 25 y 65 años (prevención
secundaria) y el acceso a información dispar, desigual e insuficiente tanto en cantidad como en calidad en torno al VPH.
Asimismo, y siguiendo el artículo 'Desigualdades de acceso a los programas de cribado del cáncer en España y cómo reducirlas: datos de 2013 y 2020', se concluye la existencia de desigualdades en el acceso al cribado del cáncer uterino: 'se
identificaron en ambos periodos grupos sociales no incluidos en la población diana y grupos que, estando incluidos, participaban menos, con diferencias según el tipo de programa'.
En definitiva, y como viene trabajando la FPFE en sus programas de incidencia, todos los estudios constatan la necesidad de que nuestro país refuerce sus programas y protocolos de concienciación, prevención y detección del VPH y del cáncer
de cuello uterino a nivel estatal, con la finalidad de proteger a toda la población independientemente del territorio en el que resida.
Por todo ello el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'Las Cortes Generales instan al Gobierno de España a:
1. Acelerar la implementación de las recomendaciones unificadas desde el Sistema Nacional de Salud (SNS) para que, en el marco de su competencia, las Comunidades Autónomas alcancen a cumplir con los objetivos de la OMS sobre acelerar la
eliminación del cáncer de cuello uterino:
- 90 % de niñas vacunadas frente al VPH antes de cumplir los 15 años,
- 70 % de las mujeres cribadas, mediante programa poblacional, contra el cáncer de cuello uterino, al menos dos veces entre los 35 y 45 años,
- 90 % de casos de cáncer de cuello uterino o lesiones precancerosas tratadas adecuadamente.
2. Aplicar, partiendo de la experiencia de vacunación de la COVID-19, un plan de vacunación frente al VPH que priorice, de manera eficiente y con equidad territorial, los siguientes colectivos de riesgo:
- Mujeres con trasplante de órgano sólido o de progenitores hematopoyéticos hasta los 26 años.
- Personas infectadas por VIH: mujeres y hombres hasta los 26 años (pauta de 3 dosis siempre, incluidas niñas/os),
- Hombres homosexuales, bisexuales o que tienen sexo con hombres hasta los 26 años.
- Personas en situación de prostitución hasta los 26 años.
- Mujeres con tratamiento escisional de cérvix.
- Personas con síndrome de WHIM (inmunodeficiencia primaria).
3. Mejorar la formación del personal sanitario en la prevención primaria, secundaria y tratamiento del cáncer de cuello, con especial atención a las recomendaciones sobre vacunación e incorporando la perspectiva de género.
4. Priorizar, en el marco de la salud global, una cooperación internacional para el desarrollo que sitúe la salud sexual y reproductiva como una medida de primer orden, y contribuir mediante sus programas a la vacunación, detección y
prevención del VPH y el tratamiento del cáncer de cuello uterino.
5. Asegurar que en los programas de cooperación internacional para el desarrollo que trabajen en SSR y en el acceso al cribado y diagnóstico precoz del cáncer uterino, se incorpore también de forma indivisible el enfoque de continuidad
asistencial, para garantizar el acceso al tratamiento quirúrgico de calidad y a otras indicaciones terapéuticas de la enfermedad en los hospitales de referencia, una vez diagnosticado el cáncer. Para ello es necesario reforzar los Sistemas de Salud
simultáneamente en los tres niveles a atención, salud pública, atención primaria, y atención especializada hospitalaria. Sin ello las acciones de cribado y diagnóstico precoz no obtendrán resultado.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de noviembre de 2021.-Ana Prieto Nieto, Laura Berja Vega, Noemí Villagrasa Quero y María Guijarro Ceballos, Diputadas.-Guillermo Antonio Meijón Couselo y Rafaela Crespín Rubio, Portavoces del Grupo
Parlamentario Socialista.
Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades
161/003401
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley que reclama el amparo del Gobierno
ante los graves ataques a los derechos y libertades de estudiantes y profesores en las universidades catalanas por su defensa de la Constitución, para su debate en la Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades
Exposición de motivos
El 20 de julio de 2021 en el Claustro de la Universidad de Barcelona se profirieron los gritos de fascista y colono contra el Catedrático Ricardo García Manrique. Insultos que, desde hace años, son los favoritos de organizaciones como
Arranz en sus acciones de acoso a profesores y alumnos que no comparten ideología independentista, que reclaman respeto a la Constitución española o que defienden que los órganos de la universidad, comenzando por sus Rectores, deben respetar el
principio de neutralidad institucional y que no cabe emitir comunicados o suscribir manifiestos de apoyo o repulsa en nombre y representación de la universidad para defender planteamientos independentistas. La oposición del Catedrático junto a
otros profesores de la Universidad a esas actuaciones y el recurso presentado ante los tribunales por haberse emitido un manifiesto de apoyo a los líderes independentistas procesados, condujo a la sentencia del juzgado de lo
ContenciosoAdministrativo 3 de Barcelona que condenara, a finales de 2020, a la Universidad de Barcelona por vulnerar los derechos fundamentales a la libertad ideológica y a la libertad de expresión de sus profesores y alumnos.
Ante semejantes insultos, el Rector de la Universidad de Barcelona, que presidía el Claustro, optó por el silencio y por no dar el correspondiente amparo al profesor agredido verbalmente, sino todo lo contrario, al considerar que dichos
insultos formaban parte de la libertad de expresión de quien los había proferido y que ni siquiera eran contrarios a la cortesía académica debida en el Claustro.
En el mes de octubre, miembros de la asociación S´ha Acabat habían instalado en el Campus de Bellaterra de la UAB una carpa informativa sobre la campaña del Gobierno de la Generalitat de elaborar listas de profesores que no impartieran sus
clases en catalán y lo hicieran en castellano. Un grupo de separatistas insultó y amenazó a los miembros de la asociación y finalmente arremetieron contra ellos violentamente derribando la carpa, a pesar de la intervención de algunos vigilantes de
seguridad que trataron de impedirlo y de la oposición de los miembros de la asociación. El Rector no condenó los hechos violentos, de los que hay testimonio gráfico en vídeos, aunque emitió un comunicado más que equidistante en el que las víctimas
pasan a ser los culpables de lo que calificó como 'situación de tensión' y en el que lamentó 'la instrumentalización ideológica que se hace del campus universitario'.
Produce, cuando menos, perplejidad que redactar un manifiesto en nombre de toda una comunidad universitaria (con planteamientos ideológicos y políticos muy diversos) en apoyo a unos procesados o los insultos a un profesor que ha defendido la
neutralidad institucional de la universidad y ha recurrido a los tribunales en defensa de sus derechos o que pintadas amenazantes contra S´ha Acabat por el grave delito de reclamar el respeto debido a la Constitución, se consideren actos inequívocos
de libertad de expresión y no 'instrumentalización ideológica' o vulneración de derechos; y que atacar violentamente a unos universitarios en el campus no merezca reproche alguno, pero que esos universitarios defiendan que los profesores no sean
perseguidos por impartir las clases en la lengua oficial del estado genere tensión.
El Ministro de Universidades no ha condenado ninguno de estos lamentables sucesos y, cuando se le ha preguntado sobre los graves incidentes que se suceden en las universidades catalanas, ha recurrido a señalar que forman parte de la libertad
de expresión. De otro lado, en su visita institucional para conocer a fondo las necesidades de la Universidad española y que, finalmente, se ha reducido a la Universidad del País Vasco y a la Universidad de Barcelona, en esta última, dio por buena
la exclusión de la asociación S´ha Acabat y de Universitaris per la Convivència entre las asociaciones convocadas para el encuentro de trabajo.
Tampoco se ha pronunciado para rechazar los buzones de denuncia anónima o las listas negras de profesores que den clases en castellano.
Es incomprensible e intolerable que en un estado de derecho un Ministro del Gobierno de España no haga nada, ni siquiera condene tan graves atentados a los derechos y libertades de los universitarios en las Universidades catalanas con la
pasividad y connivencia de los Rectores de estas universidades públicas que están obligados a cumplir y hacer cumplir la Constitución y el resto del ordenamiento del Estado.
En las últimas semanas, cuando se intensifican las noticias sobre medidas de la Generalitat contra los profesores universitarios que impartan clases en castellano y que se califican por la Consellera Geis i Carreras como medidas 'para
defender y potenciar la lengua catalana' ('agradi més o menys'), en el Congreso hemos asistido a un hecho insólito: la retirada de una enmienda a la totalidad respecto al proyecto de ley de convivencia universitaria presentado por el Gobierno a
cambio de presentar una autoenmienda a la totalidad en el trámite de enmiendas al articulado suscrita por los grupos políticos de apoyo al Gobierno, el Grupo socialista y el de Unidas Podemos junto al Grupo Republicano, desmontando
la propuesta normativa que se había trabajado por el Ministerio de universidades con los representantes de las universidades españolas (CRUE) y de los estudiantes universitarios (CREUP).
La representante del Grupo Republicano, Sra. Rosique i Saltor dijo en el debate de totalidad, sin que todavía conociéramos las enmiendas suscritas conjuntamente, que habían decidido la retirada de su enmienda a la totalidad 'tras llegar a
un acuerdo firmado con el Ministerio de Universidades, con el Partido Socialista y con Unidas Podemos,' 'un acuerdo que cambia sustancialmente el texto [...]blindando [...] los derechos de movilización del estudiantado'.
Lo cierto es que con esas enmiendas, además de un reconocido cambio sustancial del texto presentado por el Gobierno en el Congreso, la llamada ley de convivencia se ha convertido en una ley que pretende aprobarse, amparándose en una falsa
defensa de la autonomía universitaria, contra la opinión de las universidades y los estudiantes universitarios y que rompe el principio de igualdad con el fin de contentar en exclusiva al Grupo de Esquerra Republicana de Cataluña. Esta es la
actitud más opuesta a la búsqueda del consenso que puede existir, especialmente grave cuando se pretenden regular instrumentos jurídicos que contribuyan a garantizar la convivencia en las universidades.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, presenta la siguiente
Proposición no de Ley:
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Condenar todas las acciones de acoso, persecución, amedrentamiento, descalificación e insultos graves respecto a los miembros de la comunidad universitaria de las universidades catalanas por parte de grupos independentistas y del
Gobierno de la Generalitat de Catalunya, promoviendo las acciones que en derecho correspondan para reponer los derechos vulnerados.
2. Condenar los incumplimientos de las autoridades competentes del deber de neutralidad ideológica institucional y de su inacción ante los ataques a los derechos y libertades constitucionales de estudiantes y profesores universitarios,
promoviendo las acciones que en derecho correspondan para reponer los derechos vulnerados, así como las reformas normativas necesarias para garantizar el cumplimiento de la neutralidad institucional.
3. Romper cualquier tipo de acuerdo que haya suscrito con grupos políticos que pretenden convertir la ley de convivencia universitaria en un instrumento que 'blinda' las movilizaciones de los violentos contra los que quieren ejercer
pacíficamente sus derechos y libertades en las universidades catalanas y que determina la ruptura del principio constitucional de igualdad de trato a todos los universitarios que estudien o trabajen en cualquier universidad del sistema universitario
español.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de noviembre de 2021.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo
161/003408
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(161) Proposición no de Ley en Comisión.
Autor: Grupo Parlamentario Socialista.
Proposición no de Ley sobre la prevención del cáncer de cuello uterino y la mejora de estrategia de vacunación del VPH.
Acuerdo:
Considerando que se solicita el debate de la iniciativa en Comisión, y entendiendo que es ésta la que insta al Gobierno a la adopción de las medidas correspondientes, admitirla a trámite como Proposición no de
Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes
Generales, comunicando este acuerdo al Grupo Parlamentario proponente.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de noviembre de 2021.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la prevención del cáncer de cuello uterino y la mejora de estrategia de
vacunación del VPH, para su debate en la Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo.
Exposición de motivos
El 28 de mayo conmemoramos el Día internacional de acción por la salud de las mujeres, efeméride que recuerda la asamblea que tuvo lugar en 1987 bajo el nombre de Red Mundial de Mujeres por los Derechos Sexuales y Reproductivos. Desde
entonces, y al calor de la Agenda 2030, esta fecha cumple con el propósito de reafirmar el derecho a la salud como un derecho humano al que las mujeres, adolescentes y niñas deben acceder, a lo largo de su ciclo vital, sin restricciones ni
exclusiones de ninguna clase.
Así pues, el nuevo contrato social global que representa la Agenda 2030 interpela a la comunidad internacional a 'garantizar el acceso universal a los servicios de salud sexual y reproductiva, incluidos los de planificación de la familia,
información y educación, y la integración de la salud reproductiva en las estrategias y los programas nacionales' (ODS 3.7), y, de igual modo, a 'asegurar el acceso universal a la salud sexual y reproductiva y los derechos reproductivos según lo
acordado de conformidad con el Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo, la Plataforma de Acción de Beijing y los documentos finales de sus conferencias de examen' (ODS 5.6).
Precisamente, una de las problemáticas que ralentizan la consecución de estos objetivos son las Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) y, de entre ellas, caben destacar aquellas que se desarrollan de manera desigual según los sexos pese a
su exposición en ambos. Por lo pronto, y según datos sanitarios recogidos por la Federación de Planificación Familiar (FPFE), el 80 % de las personas entrarán en contacto con el virus del papiloma humano (VPH) en algún momento de su vida y, si bien
en la mayoría de los casos el virus desaparecerá por sí solo, de no hacerlo, podrá llegar a causar cáncer de cuello uterino y otras enfermedades. Solo en Europa, cada año son diagnosticadas de cáncer de cuello uterino más de 61.000 mujeres (siendo
el noveno cáncer más frecuente entre mujeres) y alrededor de 25.000 mueren a causa de ello (siendo el segundo cáncer con más víctimas mortales entre mujeres de entre 15 a 44 años).
Frente a ello, y de acuerdo con la 'Estrategia Mundial de la OMS para Acelerar la Eliminación del Cáncer del Cuello Uterino', el mandato hoy es aspirar a que un 90 % de las niñas estén vacunadas frente al VPH antes de cumplir los 15 años; a
que el 70 % de las mujeres se hayan cribado contra el cáncer de cuello uterino, utilizando test de alta eficacia antes de los 35 años y, de nuevo, a la edad de 45 años; y a que el 90 % de casos de cáncer de cuello uterino o lesiones precancerosas
se traten adecuadamente.
En efecto, los estudios muestran que las vacunas contra el VPH son seguras y eficaces, y que en los países con una alta tasa de vacunación está disminuyendo la transmisión de los tipos más comunes y peligrosos de virus. Verbigracia,
investigaciones realizadas en Alemania, Australia, Bélgica, Estados Unidos, Nueva Zelanda, Reino Unido y Suecia, revelan rápidas reducciones de hasta un 90 % en el número de infecciones y verrugas genitales por VPH entre adolescentes y jóvenes. De
igual modo, y con la información procedente de la FPFE, recientes estudios sobre la vacunación contra el VPH y las pruebas de detección de cáncer de cuello uterino en 53 países de la región europea de la Organización Mundial de la Salud (OMS)
indican que las dos estrategias actuales de prevención y control (primaria: vacunación
contra el VPH; secundaria: pruebas de detección y diagnóstico precoz) son profundamente eficaces en la reducción de la incidencia y mortalidad del cáncer de cuello uterino.
Según el 'Atlas de políticas de prevención del Cáncer del Cuello de Útero' promovido por el Foro Parlamentario Europeo por los Derechos Sexuales y Reproductivos (FPE), España ocupa una situación intermedia en la clasificación de los países
de estudio, con una puntuación del 74,2 % global, que podría verse reducida debido a las notables diferencias que existen entre las comunidades autónomas, compuesta de una puntuación de: prevención primaria del 95,7 %, prevención secundaria del
75,2 % y de información online: 37 %. Entre las deficiencias que identifica el estudio de 2019, se encuentra la ausencia de programas de cribado regulares mediante citología y/o test de VPH a todas las mujeres de entre 25 y 65 años (prevención
secundaria) y el acceso a información dispar, desigual e insuficiente tanto en cantidad como en calidad en torno al VPH.
Asimismo, y siguiendo el artículo 'Desigualdades de acceso a los programas de cribado del cáncer en España y cómo reducirlas: datos de 2013 y 2020', se concluye la existencia de desigualdades en el acceso al cribado del cáncer uterino: 'se
identificaron en ambos periodos grupos sociales no incluidos en la población diana y grupos que, estando incluidos, participaban menos, con diferencias según el tipo de programa'.
En definitiva, y como viene trabajando la FPFE en sus programas de incidencia, todos los estudios constatan la necesidad de que nuestro país refuerce sus programas y protocolos de concienciación, prevención y detección del VPH y del cáncer
de cuello uterino a nivel estatal, con la finalidad de proteger a toda la población independientemente del territorio en el que resida.
Por todo ello el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'Las Cortes Generales instan al Gobierno de España a:
1. Acelerar la implementación de las recomendaciones unificadas desde el Sistema Nacional de Salud (SNS) para que, en el marco de su competencia, las Comunidades Autónomas alcancen a cumplir con los objetivos de la OMS sobre acelerar la
eliminación del cáncer de cuello uterino:
- 90 % de niñas vacunadas frente al VPH antes de cumplir los 15 años,
- 70 % de las mujeres cribadas, mediante programa poblacional, contra el cáncer de cuello uterino, al menos dos veces entre los 35 y 45 años,
- 90 % de casos de cáncer de cuello uterino o lesiones precancerosas tratadas adecuadamente.
2. Aplicar, partiendo de la experiencia de vacunación de la COVID-19, un plan de vacunación frente al VPH que priorice, de manera eficiente y con equidad territorial, los siguientes colectivos de riesgo:
- Mujeres con trasplante de órgano sólido o de progenitores hematopoyéticos hasta los 26 años.
- Personas infectadas por VIH: mujeres y hombres hasta los 26 años (pauta de 3 dosis siempre, incluidas niñas/os),
- Hombres homosexuales, bisexuales o que tienen sexo con hombres hasta los 26 años.
- Personas en situación de prostitución hasta los 26 años,
- Mujeres con tratamiento escisional de cérvix.
- Personas con síndrome de WHIM (inmunodeficiencia primaria).
3. Mejorar la formación del personal sanitario en la prevención primaria, secundaria y tratamiento del cáncer de cuello, con especial atención a las recomendaciones sobre vacunación e incorporando la perspectiva de género.
4. Priorizar, en el marco de la salud global, una cooperación internacional para el desarrollo que sitúe la salud sexual y reproductiva como una medida de primer orden, y contribuir mediante sus programas a la vacunación, detección y
prevención del VPH y el tratamiento del cáncer de cuello uterino.
5. Asegurar que en los programas de cooperación internacional para el desarrollo que trabajen en SSR y en el acceso al cribado y diagnóstico precoz del cáncer uterino, se incorpore también de forma indivisible el enfoque de continuidad
asistencial, para garantizar el acceso al tratamiento quirúrgico de calidad y a otras indicaciones terapéuticas de la enfermedad en los hospitales de referencia, una vez diagnosticado el cáncer. Para ello es necesario reforzar los Sistemas de Salud
simultáneamente en los
tres niveles a atención, salud pública, atención primaria, y atención especializada hospitalaria. Sin ello las acciones de cribado y diagnóstico precoz no obtendrán resultado.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de noviembre de 2021.-María Guijarro Ceballos, Ana Prieto Nieto, Noemí Villagrasa Quero y Laura Berja Vega, Diputadas.-Ana Belén Fernández Casero y Rafaela Crespín Rubio, Portavoces del Grupo
Parlamentario Socialista.
Comisión de Igualdad
161/003409
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(161) Proposición no de Ley en Comisión.
Autor: Grupo Parlamentario Socialista.
Proposición no de Ley sobre la prevención del cáncer de cuello uterino y la mejora de estrategia de vacunación del VPH.
Acuerdo:
Considerando que se solicita el debate de la iniciativa en Comisión, y entendiendo que es ésta la que insta al Gobierno a la adopción de las medidas correspondiente, admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al artículo 194
del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Igualdad. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, comunicando este acuerdo al Grupo Parlamentario proponente.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de noviembre de 2021.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la prevención del cáncer de cuello uterino y la mejora de estrategia de
vacunación del VPH, para su debate en la Comisión Igualdad.
Exposición de motivos
El 28 de mayo conmemoramos el Día internacional de acción por la salud de las mujeres, efeméride que recuerda la asamblea que tuvo lugar en 1987 bajo el nombre de Red Mundial de Mujeres por los Derechos Sexuales y Reproductivos. Desde
entonces, y al calor de la Agenda 2030, esta fecha cumple con el propósito de reafirmar el derecho a la salud como un derecho humano al que las mujeres, adolescentes y niñas deben acceder, a lo largo de su ciclo vital, sin restricciones ni
exclusiones de ninguna clase.
Así pues, el nuevo contrato social global que representa la Agenda 2030 interpela a la comunidad internacional a 'garantizar el acceso universal a los servicios de salud sexual y reproductiva, incluidos los de planificación de la familia,
información y educación, y la integración de la salud reproductiva en las estrategias y los programas nacionales' (ODS 3.7), y, de igual modo, a 'asegurar el acceso universal a la salud sexual y reproductiva y los derechos reproductivos según lo
acordado de conformidad con el Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo, la Plataforma de Acción de Beijing y los documentos finales de sus conferencias de examen' (ODS 5.6).
Precisamente, una de las problemáticas que ralentizan la consecución de estos objetivos son las Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) y, de entre ellas, caben destacar aquellas que se desarrollan de manera desigual según los sexos pese a
su exposición en ambos. Por lo pronto, y según datos sanitarios recogidos por la Federación de Planificación Familiar (FPFE), el 80 % de las personas entrarán en contacto con el virus del papiloma humano (VPH) en algún momento de su vida y, si bien
en la mayoría de los casos el virus desaparecerá por sí solo, de no hacerlo, podrá llegar a causar cáncer de cuello uterino y otras enfermedades. Solo en Europa, cada año son diagnosticadas de cáncer de cuello uterino más de 61.000 mujeres (siendo
el noveno cáncer más frecuente entre mujeres) y alrededor de 25.000 mueren a causa de ello (siendo el segundo cáncer con más víctimas mortales entre mujeres de entre 15 a 44 años).
Frente a ello, y de acuerdo con la 'Estrategia Mundial de la OMS para Acelerar la Eliminación del Cáncer del Cuello Uterino', el mandato hoy es aspirar a que un 90 % de las niñas estén vacunadas frente al VPH antes de cumplir los 15 años; a
que el 70 % de las mujeres se hayan cribado contra el cáncer de cuello uterino, utilizando test de alta eficacia antes de los 35 años y, de nuevo, a la edad de 45 años; y a que el 90 % de casos de cáncer de cuello uterino o lesiones precancerosas
se traten adecuadamente.
En efecto, los estudios muestran que las vacunas contra el VPH son seguras y eficaces, y que en los países con una alta tasa de vacunación está disminuyendo la transmisión de los tipos más comunes y peligrosos de virus. Verbigracia,
investigaciones realizadas en Alemania, Australia, Bélgica, Estados Unidos, Nueva Zelanda, Reino Unido y Suecia, revelan rápidas reducciones de hasta un 90 % en el número de infecciones y verrugas genitales por VPH entre adolescentes y jóvenes. De
igual modo, y con la información procedente de la FPFE, recientes estudios sobre la vacunación contra el VPH y las pruebas de detección de cáncer de cuello uterino en 53 países de la región europea de la Organización Mundial de la Salud (OMS)
indican que las dos estrategias actuales de prevención y control (primaria: vacunación contra el VPH; secundaria: pruebas de detección y diagnóstico precoz) son profundamente eficaces en la reducción de la incidencia y mortalidad del cáncer de
cuello uterino.
Según el 'Atlas de políticas de prevención del Cáncer del Cuello de Útero' promovido por el Foro Parlamentario Europeo por los Derechos Sexuales y Reproductivos (FPE), España ocupa una situación intermedia en la clasificación de los países
de estudio, con una puntuación del 74,2 % global, que podría verse reducida debido a las notables diferencias que existen entre las comunidades autónomas, compuesta de una puntuación de: prevención primaria del 95,7 %, prevención secundaria del
75,2 % y de información online: 37 %. Entre las deficiencias que identifica el estudio de 2019, se encuentra la ausencia de programas de cribado regulares mediante citología y/o test de VPH a todas las mujeres de entre 25 y 65 años (prevención
secundaria) y el acceso a información dispar, desigual e insuficiente tanto en cantidad como en calidad en torno al VPH.
Asimismo, y siguiendo el artículo 'Desigualdades de acceso a los programas de cribado del cáncer en España y cómo reducirlas: datos de 2013 y 2020', se concluye la existencia de desigualdades en el acceso al cribado del cáncer uterino: 'se
identificaron en ambos periodos grupos sociales no incluidos en la población diana y grupos que, estando incluidos, participaban menos, con diferencias según el tipo de programa'.
En definitiva, y como viene trabajando la FPFE en sus programas de incidencia, todos los estudios constatan la necesidad de que nuestro país refuerce sus programas y protocolos de concienciación, prevención y detección del VPH y del cáncer
de cuello uterino a nivel estatal, con la finalidad de proteger a toda la población independientemente del territorio en el que resida.
Por todo ello el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'Las Cortes Generales instan al Gobierno de España a:
1. Acelerar la implementación de las recomendaciones unificadas desde el Sistema Nacional de Salud (SNS) para que, en el marco de su competencia, las Comunidades Autónomas alcancen a cumplir con los objetivos de la OMS sobre acelerar la
eliminación del cáncer de cuello uterino:
- 90 % de niñas vacunadas frente al VPH antes de cumplir los 15 años,
- 70 % de las mujeres cribadas, mediante programa poblacional, contra el cáncer de cuello uterino, al menos dos veces entre los 35 y 45 años,
- 90 % de casos de cáncer de cuello uterino o lesiones precancerosas tratadas adecuadamente.
2. Aplicar, partiendo de la experiencia de vacunación de la COVID-19, un plan de vacunación frente al VPH que priorice, de manera eficiente y con equidad territorial, los siguientes colectivos de riesgo:
- Mujeres con trasplante de órgano sólido o de progenitores hematopoyéticos hasta los 26 años.
- Personas infectadas por VIH: mujeres y hombres hasta los 26 años (pauta de 3 dosis siempre, incluidas niñas/os),
- Hombres homosexuales, bisexuales o que tienen sexo con hombres hasta los 26 años.
- Personas en situación de prostitución hasta los 26 años.
- Mujeres con tratamiento escisional de cérvix.
- Personas con síndrome de WHIM (inmunodeficiencia primaria).
3. Mejorar la formación del personal sanitario en la prevención primaria, secundaria y tratamiento del cáncer de cuello, con especial atención a las recomendaciones sobre vacunación e incorporando la perspectiva de género.
4. Priorizar, en el marco de la salud global, una cooperación internacional para el desarrollo que sitúe la salud sexual y reproductiva como una medida de primer orden, y contribuir mediante sus programas a la vacunación, detección y
prevención del VPH y el tratamiento del cáncer de cuello uterino.
5. Asegurar que en los programas de cooperación internacional para el desarrollo que trabajen en SSR y en el acceso al cribado y diagnóstico precoz del cáncer uterino, se incorpore también de forma indivisible el enfoque de continuidad
asistencial, para garantizar el acceso al tratamiento quirúrgico de calidad y a otras indicaciones terapéuticas de la enfermedad en los hospitales de referencia, una vez diagnosticado el cáncer. Para ello es necesario reforzar los Sistemas de Salud
simultáneamente en los tres niveles a atención, salud pública, atención primaria, y atención especializada hospitalaria. Sin ello las acciones de cribado y diagnóstico precoz no obtendrán resultado.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de noviembre de 2021.-Laura Berja Vega, Ana Prieto Nieto, Noemí Villagrasa Quero y María Guijarro Ceballos, Diputadas.-Susana Ros Martínez y Rafaela Crespín Rubio, Portavoces del Grupo Parlamentario
Socialista.
Comisión de Derechos de la Infancia y Adolescencia
161/003410
A la Mesa del Congreso de los Diputados
D.ª Macarena Olona Choclán, D.ª María Teresa López Álvarez, D. Pablo Juan Calvo Liste, D.ª Rocío de Meer Méndez, D.ª María de la Cabeza Ruiz Solás y D.ª Georgina Trías Gil, en sus respectivas condiciones de Portavoz Adjunta y Diputados del
Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente Proposición no de Ley relativa a la prevención de la persecución, acoso y discriminación de niños y
adolescentes por hacer uso del español, para su discusión en la Comisión de Derechos de la Infancia y Adolescencia.
Exposición de motivos
Primero. El deber de conocer y el derecho a usar el español.
La lengua es el vehículo esencial de la comunicación humana y supone, sin ninguna duda, una de las claves principales para la identificación de un pueblo con su historia.
El artículo 3 de la Constitución Española ('CE') recoge lo siguiente:
'1. El castellano es la lengua española oficial del Estado.
2. Las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas Comunidades Autónomas de acuerdo con sus Estatutos.
3. La riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección.'
Pese a la literalidad y rotundidad del precepto, la realidad es que en ciertas Comunidades Autónomas se han dictado normas y se han llevado a cabo políticas públicas que han relegado y relegan a un segundo plano, dificultan, e incluso llegan
a imposibilitar el uso y aplicación de este artículo constitucional.
En tales regiones, la lengua se usa como elemento de división y enfrentamiento y la estrategia de inmersión lingüística 27 pareciera no tener por objeto principal tanto la consolidación de las respectivas lenguas cooficiales cuanto la
eliminación de facto del español. Las consecuencias de estas decisiones políticas conducen a hacer una distinción entre españoles de primera (los de esas regiones) y de segunda (los de las demás) y crean graves perjuicios y marginaciones a quienes
pretenden utilizar y usan el español como lengua vehicular.
En la presente iniciativa se analizan las continuas situaciones de discriminación y acoso, y sus correspondientes consecuencias en distintos órdenes, que sufren muchos niños y adolescentes en sus centros escolares y educativos por hacer uso
del español.
Segundo. La situación del español en algunas comunidades autónomas con lengua cooficial.
El artículo 27 CE regula como derecho fundamental el de la educación, y como libertad esencial la de enseñanza. Este precepto, puesto en relación con el ya citado artículo 3 CE, supone que es obligación de los poderes públicos garantizar
que los niños y adolescentes, y sus padres y tutores, puedan ejercer su derecho a hacer uso de cualquiera de las lenguas españolas en las escuelas con total libertad.
A pesar de lo anterior, el grado de utilización y enseñanza del español en muchas comunidades autónomas, y la situación que viven muchos niños y adolescentes que lo usan en su vida diaria en lugar de la lengua cooficial, es preocupante.
En este sentido, en la Comunidad Autónoma vasca 'uno de cada tres jóvenes menores de 25 años tiene el euskera como lengua materna, según los datos que ha dado a conocer el Departamento de Cultura y Política Lingüística' 28. Atendiendo a los
datos de la más reciente Estadística de Población y Vivienda elaborada por Eustat:
'En la Comunidad Autónoma de Euskadi hay 389.767 personas de entre 5 y 24 años. La lengua materna del 20,59 % es únicamente el euskera y la de otro 13,14 % son tanto el euskera como el castellano (por tanto, el 33,73 % tiene el euskera como
lengua materna única o como una de sus lenguas maternas), mientras que un 61,95 % tiene el castellano como lengua materna' 29.
Como se puede apreciar, un alto porcentaje de la población joven tiene como lengua materna el vascuence. Sin embargo, desde los gobiernos autonómicos y locales se busca, incluso bordeando la inconstitucionalidad 30, el incremento de ese
porcentaje:
'Actualmente, de los casi 380.700 alumnos de enseñanzas no universitarias matriculados, apenas 55.000 estudian en castellano con el euskera como asignatura. Supone apenas el 14,5 % del total de escolares comprendidos en las etapas de
Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato. El llamado 'modelo A' de enseñanza se ha visto menguado de modo imparable en los últimos años en favor del 'modelo D', íntegramente en euskera -con la lengua castellana como asignatura- y, en menor
medida, con el 'modelo B', bilingüe que combina asignaturas en ambas lenguas.' 31
El documento referido hace también profusión del aumento registrado en el número de hablantes de esa lengua cooficial:
'Si se atiende a la evolución con respecto a los primeros datos censales que tuvieron en cuenta el conocimiento del euskera se aprecia un crecimiento notable. Así, si se comparan los datos de comienzos de los 90 con los últimos datos
censales (los datos son de 2016, si bien se han desagregado gracias al
27 Entendida esta según la describe el Instituto Cervantes, como 'programa de enseñanza de una segunda lengua en el que alguna de las materias del currículo escolar (o todas ellas) se estudia en una lengua que no es la L1 de los
estudiantes'. Al respecto, ver https://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca ele/diccio ele/diccionario/inmersionlineuistica.htm
28 https://www.euskadi.eus/gobierno-vasco/-/rtoticia/2020/el-34-de-las-y-los-jovenes-menores-de-25-anos-de-la-comunidad-autonoma-de-euskadi-tiene-el-euskera-como-lengua-materna/
29 ídem.
30 https://www.elmundo.es/pais-vasco/2021/09/12/613cd779fdddff84998M5fb.html
31 https://www.elindependiente.com/esparta / 2021 / 07/ 09/ solo-el-14-de-los-escolares-vascos-estudia-va-en-castellano-y-el-euskera-como-asignatura/
Sistema de Indicadores del Euskera), la diferencia es de más de 10 puntos. En 1991 el porcentaje de menores de 25 años que tenía el euskera como lengua materna era el 22,31 % (17,1 % solo el euskera y otro 5,21 % tanto el euskera como el
castellano), casi 12 puntos porcentuales menos que según los últimos datos.'
Por su parte, en Cataluña, 'la exclusión del castellano como lengua vehicular en la reforma de la Ley Orgánica de Educación (LOMLOE) reforzará al catalán como lengua de uso prioritario en las escuelas de Cataluña' 32. Las familias que
deseen que sus hijos aprendan y estudien en español en esta región se verán obligados, incluso en mayor medida que en la actualidad, a matricularlos en colegios privados, ya que 'no existe ni un solo centro educativo público que garantice a los
padres la opción de que sus hijos estudien con el castellano como lengua vehicular (solo unos pocos concertados imparten un poco más)' 33. Pese a esta única alternativa, en un estudio realizado por la Asamblea por una Escuela Bilingüe ('AEB') se
pone de manifiesto que 'solo 34 colegios privados ofrecen el castellano como lengua vehicular en la enseñanza en Cataluña. La mayoría de ellos, 29, se concentran en la provincia de Barcelona' 34.
De la misma manera, la asociación Hablamos Español 35 'solicitó a las Consejerías de Educación de las comunidades bilingües las programaciones didácticas de todas las asignaturas en español. Dos días después, teníamos todas las del País
Vasco, lo que demuestra que no es una petición tan complicada. Para las de Cataluña, Galicia, Baleares y Comunidad Valenciana, hemos tenido que reiterar las peticiones, acudir al Defensor del Pueblo, a las distintas comisiones de transparencia
autonómicas y hacer alegaciones. Diez meses más tarde, hemos conseguido las de Cataluña'.
El informe publicado señala que algunos centros educativos en Cataluña respondieron a su petición que 'ya hemos estado bastantes años programando en castellano. Iros [sic] a cagar!' o que 'no tenemos ninguna programación en español, ni en
quetxua, ni en suahili, ni en lemerig, ni en chemehuevi, ni en njerep, ni en talema, ni en liki, ni en ongota, ni en dumitrescu, ni en chamicuro'. De acuerdo con este informe, el 48 % de los centros escolares catalanes no tiene ninguna programación
en español, y el 49,2 % solo envía en español la programación de la asignatura 'Lengua castellana'.
Por último, en Galicia, la encuesta 'Conocimiento y uso del gallego' elaborada por el Instituto Gallego de Estatística (IGE) en el año 2019 refleja que 'el uso exclusivo del gallego está más extendido en las relaciones entre amigos. De este
modo, el 34,12 % de la población de Galicia habitualmente lo habla siempre con las amistades' 36. En cuanto al ámbito educativo, el uso del gallego crece según el rango de edad, pudiendo apreciarse cómo 'sube a 72,72 % entre los menores de cinco a
16 años' 37.
Tercero. Casos de discriminación sufrida por niños y adolescentes por usar el español.
De manera paralela al incremento en el uso de la lengua cooficial, la discriminación y persecución que sufren niños y adolescentes en determinadas regiones españolas no deja de crecer. Existen numerosos ejemplos de esta voluntad de
eliminación del español, también en las escuelas y centros educativos.
En Cataluña se han producido numerosas campañas contra los niños que utilizan el español en los patios de sus colegios. En este sentido, 'primero fue Plataforma per la Llengua la que se dedicó a espiar, sin permiso de los padres, la lengua
que se hablaba en los patios. Ahora otra plataforma, No t'excusis, se dedica a presionar a niños, docentes y padres para que los chavales no hablen castellano en el patio' 38.
Una de las situaciones más graves que se han vivido hasta la fecha tuvo lugar en un colegio de Tarrasa, cuando una profesora agredió, presuntamente, a una niña por dibujar la enseña nacional y escribir 'Viva España' en dicho dibujo 39.
Asimismo, un niño de 5 años fue sancionado con una etiqueta roja en un colegio
32 https://elpais.com/espana/catalunva/2020-11-06/el-catalan-en-la-escuela-sale-reforzado-tras-el-pacto-entre-gobierno-y-erc.html
33 https://www.abc.es/sociedad/abd-estudiar-castellano-cataluna-cuesta-unos-10000-euros- 201905230324 noticia.html
34 ídem.
35 https://hispanohablantes.es/2021711/11/los-centros-educativos-de-galicia-v-cataluna-no-tienen-programaciones-didacticas-en-espanol-mas-alla-de-Ias-de-lengua-castellana/v
36 https://www.europapress.es/galicia/noticia-aumenta-poblacion-usa-mas-gallego-castellano-galicia-20190927115546.html
37 ídem.
38 https://www.elcatalan.es/campana-totalitaria-contra-los-ninos-que-hablan-espanol-en-los-patios-de-las-escuelas-catalanas
39 https://www.vozpopuli.com/espana/Cataluña/agresion-terrassa-colegio-hablar-castellano-equiparable-insultar O 1256574995.html
de Sitges por no hablar en la 'lengua vehicular', esto es, el catalán 40. Adicionalmente, y entre otros casos de instrumentalización de niños trasladados al Ministerio de Educación, una madre denunció que en la Escuela Reina Violant de
Barcelona se castiga a los niños por hablar castellano en el aula 41.
Por su parte, en la Comunidad Valenciana, otra menor escribió una carta al anterior ministro de Educación y hoy candidato a Defensor del Pueblo, don Ángel Gabilondo Pujol, en la que explicaba que le habían suspendido una asignatura en el
colegio por responder las preguntas en español y no en valenciano 42. Se vulnera frontalmente la jurisprudencia del Tribunal Constitucional manifestada en sentencias como la 87/1983, de 27 de octubre (FJ 5) o la 337/1994, de 23 de diciembre (FJ 4).
Los casos en idéntica línea son muy numerosos, y hace que no pueda hablarse de hechos aislados, sino de conductas sistemáticas alentadas, cuando no dirigidas, por las autoridades educativas de esas determinadas regiones.
Cuarto. Consecuencias psicológicas del acoso sufrido por niños y adolescentes por razón de la lengua.
Esta situación de acoso y persecución que viven los menores por parte de los poderes públicos, de los profesores e, incluso, de sus propios compañeros, que únicamente utilizan la lengua cooficial en lugar del castellano en sus relaciones
cotidianas, tiene graves consecuencias psicológicas en ellos y provoca problemas en su desarrollo personal y en sus relaciones sociales.
En términos jurídicos, existe acoso cuando 'una persona que no está legítimamente autorizada para ello acecha a otra de manera reiterada e insistente alterando gravemente el desarrollo de su vida diaria' 43. Si tal conducta se incardina en
el tipo descrito en el artículo 173 del Código Penal, puede llegar a constituir un delito.
Pero incluso en aquellos casos de menor entidad, 'las situaciones de acoso escolar pueden producir una serie de consecuencias negativas moduladas por factores como el tipo de acoso, la intensidad, la duración y la persistencia, que
configuran la entidad de los desajustes físicos y psicológicos que experimentan las víctimas. En función de la naturaleza de estos elementos, se distinguen dos niveles de victimización a corto plazo:
- El primer nivel se corresponde con el menoscabo del funcionamiento psicológico deseable, en el que hallamos sentimientos de infelicidad, soledad, disminución del rendimiento escolar, y pérdida de motivación en la escuela, disminución de la
autoestima, sentimientos de inferioridad, sensibilidad al rechazo y a las evaluaciones negativas de los demás.
- El segundo nivel lo conforman diversos estados psicopatológicos tales como depresión, ansiedad o trastorno de estrés postraumático' 44.
Este tipo de acoso grupal genera también efectos físicos negativos en los menores, tales como estrés, trastornos de sueño o problemas digestivos.
Por último, aunque no menos importante, la limitación lingüística absurda que sufren los menores, al prescindir del español en los ámbitos educativos, puede derivar en serias dificultades de los estudiantes a la hora de salir de sus
respectivos territorios para estudiar o trabajar por falta de conocimiento, tanto hablado como escrito, de la lengua oficial en la totalidad del territorio nacional, y también la más hablada en aquellas regiones en las que es perseguida.
Quinto. La necesaria intervención de la alta inspección educativa.
Como se ha observado en los epígrafes anteriores, desde la asunción de competencias educativas por parte de las Comunidades Autónomas se han producido innumerables disfunciones en su ejercicio por parte de las diferentes regiones, en algunos
casos, con una deslealtad manifiesta de estas hacia el Estado y con profundo desprecio de los principios constitucionales.
40 https://www.libertaddigital.com/sociedad/marcan-con-una-pegatina-roia-a-un-nino-de-5-anos-por-no-hablar-catalan-en-el-patio-1276414551/
41 https://www.antena3.com/noticias/espana/ninos-castigados-hablar-espanol-clase-casos-que-educacion-estudia-adoctrinamiento-independentista-colegios-catalanes 201805035aeb6dc90cf2272640f7ebbb.html
42 https://esradio.hbertaddigital.com/sr-ministro-gabilondo-me-suspenden-por-utilizar-el-espanol-en-el-colegio-1276382274/
43 https://www.conceptosjuridicos.com/delito-de-acoso/
44 Velasco Rodríguez, J, Seijo, D, Vilariño, M, Consecuencias del acoso escolar en la salud psicoemocional de niños y adolescentes. Dpto. de Psicología Social, Básica y Metodología, Universidad de Santiago de Compostela, p. 114. Acceso en
línea: https://docplayer.es/21618092-Capitulo-14-consecuencias-del-acoso-escolar-en-la-salud-psicoemocional-de-ninos-y-adolescentes.html
Cobra importancia, en este contexto, la Alta Inspección educativa, órgano del Estado al que, de acuerdo con el artículo 149 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación ('LOE'), corresponde 'garantizar el cumplimiento de las
facultades que le están atribuidas en materia de enseñanza en las Comunidades Autónomas, la observancia de los principios y normas constitucionales aplicables y demás normas básicas que desarrollan el artículo 27 déla Constitución'.
La Alta Inspección educativa ejerce diversas competencias, entre las que pueden destacarse, a estos efectos, las de 'comprobar la inclusión de los aspectos básicos del currículo dentro de los currículos respectivos y que éstos se cursan de
acuerdo con el ordenamiento estatal correspondiente', o 'velar por el cumplimiento de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de sus derechos y deberes en materia de educación, así como de sus
derechos lingüísticos, de acuerdo con las disposiciones aplicables' (artículo 150.1 LOE).
En este sentido, la Sentencia del Tribunal Constitucional 14/2018, de 20 de febrero señala lo siguiente (FJ 10):
'b) Como sucede en otros ámbitos materiales (por ejemplo, sanidad, legislación laboral y Seguridad Social), el poder de vigilancia del Estado en el ámbito de la educación se manifiesta a través de la figura singular de la 'alta inspección',
creada a través de los Estatutos de Autonomía y actualmente regulada en la LOE [...].
Los contornos y límites de la alta inspección del Estado han quedado delimitados con nitidez por la jurisprudencia constitucional. Comenzando por la noción acuñada en la temprana STC 6/1982, de 22 de febrero, la alta inspección 'por
definición actúa en un espacio fronterizo entre dos administraciones: la estatal y la de las Comunidades Autónomas' (FJ 3). El sistema de controles no se agota con los que enuncia la Constitución, sino que ha de ser completado con aquellos que
pueden definir los estatutos de autonomía y las leyes orgánicas.
[...] Las competencias estatales derivadas de los artículos 27 y 149.1.1 y 30 CE constituyen 'facultades de un contenido estrictamente normativo que no cabe -por vía de inspección- extender a otras competencias ejecutivas que no sean las de
fiscalización del cumplimiento de los contenidos normativos (es decir, 'la alta inspección'); y las inherentes a dicha fiscalización' (FJ 8). La posterior STC 32/1983, de 28 de abril, resume así esta idea central: 'la alta inspección recae 'sobre
la correcta interpretación de las normas estatales, así como de las que emanan de las asambleas comunitarias, en su indispensable interrelación '...). Así entendida, la alta inspección constituye una competencia estatal de vigilancia, pero no un
control genérico e indeterminado que implique dependencia jerárquica de las Comunidades Autónomas respecto a la Administración del Estado, sino un instrumento de verificación o fiscalización que puede llevar en su caso a instar la actuación de los
controles constitucionalmente establecidos en relación con las Comunidades Autónomas, pero no a sustituirlos convirtiendo a dicha alta inspección en un nuevo y autónomo mecanismo directo de control' [FJ 2; asimismo, SSTC 42/1983, de 20 de mayo, FJ
3 D), y 22/2012, de 16 de febrero, FJ3J.'
Asimismo, el apartado 3 del artículo 150 LOE mandata al Gobierno a 'regular la organización y régimen de personal de la Alta Inspección, así como su dependencia'.
De manera coherente con lo transcrito, desde la primera regulación de la Alta Inspección educativa por Real Decreto 480/1981, de 6 de marzo, sobre el funcionamiento en el País Vasco y Cataluña de la alta inspección del Estado en materia de
enseñanza no universitaria ('RD 480/1981'), se observa que la función principal y razón de ser de esta facultad es controlar y comprobar el cumplimiento de sus obligaciones por parte de los poderes públicos autonómicos, lo cual es consecuencia y
exigencia del reparto competencial entre Estado y Comunidades Autónomas en materia educativa.
Sin embargo, un análisis comparativo de las funciones que se atribuían a la Alta Inspección en el Real Decreto 480/1981 y las otorgadas en las leyes orgánicas educativas de 2002 y 2006 evidencia la desaparición de alguna de las 'actividades
propias' que se recogían en el artículo tercero del referido Real Decreto, y que fueron suprimidas por la vigente LOE 45. Y es que, aunque la Alta Inspección educativa no tiene competencia en materia ejecutiva o de control, sí que puede instar los
mecanismos de control
45 Así, se suprimió la 'actividad propia' consistente en 'comprobar que los planes, programas de estudio y orientaciones pedagógicas, así como los libros de texto y demás material didáctico se adecúen a las enseñanzas mínimas y que estas se
imparten con observancia de lo dispuesto por el ordenamiento estatal sobre materias obligatorias básicas de los respectivos planes de estudios' (primera). Asimismo, en el apartado quinto ('velar por el cumplimiento de las condiciones básicas que
garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de sus derechos y deberes en materia de educación, así como los derechos lingüísticos'), se suprimió la referencia expresa a 'y, en particular, el de recibir enseñanza en la lengua
oficial del Estado'.
previstos legalmente ante una posible vulneración de la normativa. En este sentido, la Sentencia constitucional referida establece:
'c) [...] La autonomía de las Comunidades Autónomas no llega a excluir, sin embargo, toda intervención de la Administración general del Estado sobre las Comunidades Autónomas que no esté específicamente prevista en la Constitución [SSTC
134/2011, FJ 8 a); 215/2014, FJ 7 a); 101/2016, FJ 5, y 79/2017, FJ 17]. Es el caso de las competencias estatales de coordinación en determinadas materias y, con ello, la capacidad de regular y ejercer facultades que implican un 'cierto poder de
dirección' sobre algunos ámbitos de actividad autonómica, 'consecuencia de la posición de superioridad en que se encuentra el que coordina respecto al coordinado' (STC 214/1989, de 21 de diciembre, FJ 18); un poder que, en todo caso, debe respetar
la garantía constitucional de la autonomía de las Comunidades Autónomas [STC 79/2017, FJ 17 a), citando la STC 27/1987, de 27 de febrero, FJ 6)], que, naturalmente, es más cualificada que la de los entes locales (STC 32/1981, de 28 de junio, FJ 3).
La jurisprudencia constitucional también ha reconocido que el Estado puede fijar criterios de coordinación como facultad que guarda estrecha conexión con la normativa básica de educación (STC 26/2016, de 18 de febrero, FJ 6)...'
No obstante, su capacidad es muy limitada a causa, fundamentalmente, de la falta de desarrollo y adecuación normativa, que tiene su origen en la escasa voluntad política, acentuada en la actualidad, de apoderar suficientemente al órgano que
ha de ser 'instrumento de verificación o fiscalización que puede llevar en su caso a instar la actuación de los controles constitucionalmente establecidos en relación con las Comunidades Autónomas' en un contexto en el que la actual mayoría política
depende de las distintas fuerzas separatistas para mantener el Gobierno.
Además, las disposiciones del artículo 148.1 y la disposición adicional cuarta.3 LOE desdibujan las competencias de la Alta Inspección del Estado. Así, (i) la atribución de 'la supervisión y evaluación del sistema educativo' por el artículo
148.1 LOE a los 'poderes públicos' y (ii) la declaración de la 'competencia de las administraciones educativas' que contiene la disposición adicional cuarta.3 LOE sobre la 'supervisión de los libros de texto y otros materiales curriculares'
restringen e incluso vacían de contenido las funciones que el artículo 150 LOE continúa atribuyendo a esta Alta Inspección.
Se hace necesario, así, restaurar las competencias de la Alta Inspección educativa y, en particular, su función de supervisión, que constituye un elemento clave para alcanzar la calidad del sistema educativo, siempre que no desborde las
competencias que constitucionalmente le están reservadas, y desarrollar en consecuencia el marco jurídico de esta facultad, para hacer efectivo el mandato contenido en el artículo 150.3 LOE. A los efectos de la presente iniciativa, el objetivo debe
ser contribuir al respeto del derecho fundamental de los menores a hablar castellano en sus centros escolares sin ser perseguidos ni discriminados.
Sexto. Conclusión.
Parece evidente que el bilingüismo que aparentemente se defiende en determinadas regiones de España es absolutamente falso. Al contrario, lo que se pretende y se practica en determinadas regiones de España es la imposición de un
monolingüismo sectario que tiene como víctimas directas a los menores de edad, que ven cómo en sus centros escolares y educativos se persigue, acosa y discrimina al que solo utiliza el español, lengua común de todos los españoles y que todos tenemos
el deber de conocer y el derecho a usar.
Por todo lo expuesto, este Grupo Parlamentario considera que es necesario que las instituciones públicas de todos los niveles (nacional, regional y local) promuevan y garanticen, como es su deber constitucional, el uso del español en el
ámbito escolar.
En su virtud, deben adoptarse las medidas que sean necesarias para poner fin a la situación extrema de persecución, marginación, rechazo y acoso que sufre un gran número de alumnos por el mero hecho de utilizar el español en sus centros
educativos.
Al amparo de lo expuesto, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a lo siguiente:
1. Garantizar el cumplimiento del artículo 3 de la Constitución y, en consecuencia, el deber de todos los españoles y, en especial, de los menores en edad de escolarización, de conocer la lengua española,
así como el derecho a utilizarla en cualquier ámbito, público o privado, particularmente en los centros escolares y educativos.
2. Desarrollar a tal efecto el marco normativo de la Alta Inspección educativa, con el fin de asegurar su carácter de 'instrumento de verificación o fiscalización que puede llevar en su caso a instar la actuación de los controles
constitucionalmente establecidos en relación con las Comunidades Autónomas' y garantizar, así, la observancia de los principios y normas constitucionales en los sistemas educativos de determinadas regiones españolas y, señaladamente, los consagrados
en los artículos 3 y 27 de la Constitución.
3. Promover la adopción de cuantas medidas sean necesarias para poner fin de manera inmediata a las situaciones de acoso, discriminación y persecución que sufren los menores de edad en los sistemas educativos de determinadas regiones de
España por el mero hecho de usar el castellano en el ámbito educativo.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de noviembre de 2021.-María Teresa López Álvarez, Pablo Juan Calvo Liste, Rocío de Meer Méndez, María de la Cabeza Ruiz Solás y Georgina Trías Gil, Diputados.-Macarena Olona Choclán, Portavoz del
Grupo Parlamentario VOX.
161/003415
A la Mesa del Congreso de los Diputados
D.ª Macarena Olona Choclán, D.ª María Teresa López Álvarez, D. Pablo Juan Calvo Liste, D.ª Rocío de Meer Méndez, D.ª María de la Cabeza Ruiz Solás y D.ª Georgina Trías Gil, en sus respectivas condiciones de Portavoz Adjunta y Diputados del
Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente Proposición no de Ley relativa a la protección de los menores en los entornos audiovisuales, para su
discusión en la Comisión de Derechos de la Infancia y Adolescencia.
Exposición de motivos
Primero. Protección del menor en materia de contenido audiovisual.
El derecho a la libertad de expresión y a la información, reconocido por la Constitución Española (en adelante, 'CE') en su artículo 20, tiene su límite 'en los preceptos de las leyes que lo desarrollen y, especialmente, en el derecho al
honor, a la intimidad, a la propia imagen y ala protección de la juventud y de la infancia', como establece su apartado cuarto.
Asimismo, el artículo 39 CE reconoce como principios rectores de la política social y económica de la Nación la protección social, económica y jurídica de la familia, al igual que la protección integral de los hijos, de la que gozarán
conforme a lo previsto 'en los acuerdos internacionales que velan por sus derechos'.
En relación con el artículo 10.2 de nuestra Carta Magna, la Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989 -ratificada por España en 1990- reconoce en su artículo 17
que los Estados Partes 'promoverán la elaboración de directrices apropiadas para proteger al niño contra toda información y material perjudicial para su bienestar'.
Según dispone el texto, estas directrices tendrán en cuenta, fundamentalmente, el derecho a la libertad de expresión del niño -que podrá estar sujeto a restricciones 'para la protección de la seguridad nacional o el orden público o para
proteger la salud o la moral públicas y el principio que reconoce que los padres ostentan la obligación de la crianza y el desarrollo de los hijos.
La Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual 46 regula los derechos del menor en cuanto que público de material audiovisual en su artículo 7, cuyo apartado segundo prohíbe 'la emisión de contenidos audiovisuales que
puedan perjudicar seriamente el desarrollo físico, mental o moral de los menores, y, en particular, la de aquellos programas que incluyan escenas de pornografía, maltrato, violencia de género [sic] o violencia gratuita', estableciendo medidas de
protección como las franjas horarias de protección reforzada o los sistemas de control parental.
46 Uno de los objetos de la norma es, precisamente, la transposición de la Directiva 2007/65/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2007, por la que se modifica la Directiva 89/552/CEE del Consejo sobre la
coordinación de determinadas disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros relativas al ejercicio de actividades de radiodifusión televisiva.
No obstante, cabe recordar que la norma general en materia de protección de menores es la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, de modificación del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que recoge
la primacía del interés superior del menor, su condición de principio inspirador, así como su generalización.
Segundo. El control del contenido audiovisual.
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) publicaba el 9 de julio de 2015 la Resolución por la que aprueban los criterios orientadores para la calificación de contenidos audiovisuales, como organismo independiente
encargado de hacer efectivos los derechos del menor mediante la supervisión y control en materia de mercado de comunicación audiovisual, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley 3/2013, de 4 de junio, de creación de la Comisión
Nacional de los Mercados y la Competencia.
La citada resolución justificaba la necesidad de dichos criterios orientadores en que 'la existencia en televisión de contenidos que pueden perjudicar el desarrollo físico, mental y moral de los menores ha convertido su protección en uno de
los elementos centrales sobre los que pivota tanto la regulación audiovisual comunitaria como la española' 47.
En este sentido, el llamado Código de autorregulación de contenidos televisivos e infancia establece los criterios a tener en cuenta para el sistema de calificación de los contenidos audiovisuales. Dicho Código es conforme a la normativa
vigente, según publicó mediante resolución de 23 de junio de 2015 la CNMC, en coherencia con lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual 48.
En una reciente Resolución, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ha dispuesto que 'el bien jurídico protegido por el artículo 7.2 de la Ley 7/2010 es la protección de los menores frente a la programación prohibiendo la
emisión en abierto de contenidos televisivos que pueden resultar perjudiciales para su desarrollo físico, mental o moral' (SNC/DTSA/051/21). Aunque, como señala la Comisión, la causación de dicho perjuicio 'por determinados contenidos televisivos,
constituye una previsión que viene integrada por un concepto jurídico indeterminado', sin embargo, 'las previsiones del Código de Autorregulación sobre Contenidos Televisivos e Infancia pueden servir como criterio interpretativo'.
Tercero. El auge de las plataformas digitales y la necesidad de reforzar la protección del menor.
La CNMC ofrece datos que reflejan el evidente auge de las plataformas digitales de transmisión y distribución de contenido audiovisual -o plataformas de streaming- en los hogares españoles a lo largo de los últimos años. Así, 'en el segundo
trimestre de 2021, este tipo de plataformas de pago se usaban en un 53 % de los hogares con acceso a Internet. La tasa de crecimiento interanual fue de un 8 % 49.
Uso de plataformas de pago para ver contenidos audiovisuales online (porcentaje de hogares) Fuente: CNMC.
47 https://www.cnmc.es/sites/default/files/965666jl.pdf
48 Ibidem.
49 https://www.cnmc.es/prensa/ panel-hogares-usos-internet-ott-cnmc-20211029
Si bien las referidas plataformas pueden cumplir con la normativa vigente en materia audiovisual en lo relativo a la calificación de los contenidos, lo cierto es que, como constata la propia CNMC, en los hogares con menores a cargo en
general, el uso de las herramientas de control parental sobre los contenidos es relativamente bajo, sobre todo en los canales de televisión en abierto, y no llega al tercio del total en las plataformas de pago o en las de intercambio de vídeo 50.
Hogares con hijos menores o que se hacen cargo de menores habitualmente, aunque no sean sus hijos, que conocen el filtrado de contenidos y usan el servicio de la columna. Fuente: CNMC.
Como señala el estudio Protección de la infancia, construcción de la identidad y medios de comunicación. La regulación de los contenidos audiovisuales para menores en España, el auge de estas plataformas lleva aparejado un aumento de
situaciones de riesgo, habida cuenta de que en nuestro tiempo 'los contenidos audiovisuales llegan a los menores a través de múltiples soportes y constituyen una seña de identidad y de pertenencia al grupo' y, por ende, 'los mecanismos de protección
requieren más que nunca de la cooperación de todos los agentes implicados en el proceso educativo de los niños' 51.
La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) publicó una nota técnica con una serie de recomendaciones, tanto para los padres y tutores como para la industria, para promover el uso seguro de internet por parte de los menores, de los
cuales cerca del 70 % de aquellos cuya edad es inferior a 15 años ya tiene teléfono móvil 52. En suma, el documento insta al uso de las herramientas de control parental -que no son infalibles, como revela la propia AEPD- y, por supuesto, a la
educación.
Cuarto. Un ejemplo reciente.
Los medios de comunicación se han hecho eco del estreno de una serie emitida en una plataforma de pago que ha causado furor entre los menores de edad, incluyendo aquellos cuya edad es inferior a la recomendada por la misma (16 años),
causando un cierto grado de preocupación en la comunidad educativa debido al alto nivel de violencia que contiene y la elevada difusión que ha tenido la serie de marras.
Así, se ha descubierto 'que niños de 5 a 12 años han visto este contenido inadecuado para su edad a solas, en dispositivos móviles, cuando no en familia, con sus padres. Por eso, profesores y psicólogos ponen el foco en los padres, para que
controlen el acceso de sus hijos a este tipo de contenido audiovisual. Con unas pautas básicas para no dar pasos atrás en su crecimiento y maduración intelectual y evitar la normalización de contenidos violentos a edades tempranas' 53.
50 https://blog.cnmc.es/2021/11/12/mas-preocupados-por-tiktok-que-por-la-tele/
51 Nogales-Bocio, A., Huaiquian-Billeke, C., & Véliz-Burgos, A. (2020). Protección de la infancia, construcción de la identidad y medios de comunicación. La regulación de los contenidos audiovisuales para menores en España. Propósitos y
Representaciones, 8(SPE1),e494. doi: http://dx.doi.org/10.20511/pyr2020.v8nSPE1.494
52 https://www.aepd.es/sites/default/ files/2020-04/ nota-tecnica-proteccion-del-menor-en- internet.pdf
53 https://www.abc.es/espana/abci-juego-calamar-llega-patios-colegios-espana-20211071748_video.html
Asimismo, un colegio se ha visto en la obligación de emitir una circular en la cual señalan lo siguiente:
'Hace unos días, saltaba la noticia de unos niños en una escuela de San Sebastián de los Reyes (Madrid) que estaban imitando en el patio del colegio esta serie y disparaban a los niños que perdían, tal y como sucede en la serie. En otros
países como Bélgica también ha habido casos similares: los niños juegan al escondite inglés y el que pierde, es golpeado.' 54
De igual modo, 'en otros países de Europa también han dado la voz de alarma. En los patios de muchos colegios se han colado varios de los juegos que aparecen en El juego del calamar, en algún caso con el uso de violencia entre los menores',
señala el diario El Debate, que, a su vez, advierte: 'Las redes sociales tampoco ayudan en esta ocasión. Ea Policía del Reino Unido ha descubierto una convocatoria en las redes en la que se incita a participar en un juego en el que los perdedores
recibirían un disparo en la cara con una pistola de aire comprimido' 55.
Al amparo de lo expuesto, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a promover la protección de los menores ante los contenidos inadecuados en los entornos audiovisuales sobre la base del interés superior del menor, con especial atención a los mecanismos de que
disponen los padres para el control de los mismos, tanto en la televisión en abierto como en las distintas plataformas digitales, bien sean de pago o de intercambio de vídeos.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de noviembre de 2021.-María Teresa López Álvarez, Pablo Juan Calvo Liste, Rocío de Meer Méndez, María de la Cabeza Ruiz Solás y Georgina Trías Gil, Diputados.-Macarena Olona Choclán, Portavoz del
Grupo Parlamentario VOX.
Comisión de Política Territorial
161/003411
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Confederal Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de ley para el impulso del Estatuto de los
Municipios de Menor Población, para su debate en la Comisión de Política Territorial.
Exposición de motivos
El Gobierno anunció meses atrás el denominado 'Estatuto para los Municipios de Menor Población', que según manifestaron las autoridades ministeriales perseguía un triple objetivo:
a) Fijar la población al territorio.
b) Mantener la calidad democrática de los municipios.
c) Garantizar las condiciones de vida de los ciudadanos, con independencia del territorio en el que residan, mediante la prestación de unos servicios públicos de calidad.
Este proyecto normativo estaba incluido en el Plan Anual Normativo de 2020, que aludía a una 'Ley de modificación de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, para la recuperación de la autonomía local', cuyo
objetivo era 'la recuperación de la autonomía local para el diseño de políticas públicas y reforma de cuestiones puntuales relativas al procedimiento de elaboración de normas locales y al ejercicio de la función representativa de los cargos electos
para ajustarlas a las exigencias de la realidad actual. De otra parte, con la finalidad de establecer un Estatuto Básico de
54 https://www.diariosur.es/malaga-capital/juego-calamar-colegios-malaga-guardia-20211019130328-nt.html
55 https://www.eldebate.com/cine-tv-series /20211014/padres-juego-calamar-serie-ninos.html
Pequeños Municipios para conseguir fijar la población al territorio, mantener la calidad democrática del municipio, cumpliendo así con la cláusula del Estado democrático, y garantizar las condiciones de vida de los ciudadanos con
independencia del territorio en el que residan, a través de la prestación de unos servicios públicos de calidad. Ello entronca con la cláusula de Estado social'.
Esta previsión ha desaparecido del Plan Anual Normativo de 2021, si bien es un compromiso del Gobierno en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (Componente 11 - Reforma 1) aprobar la reforma antes de finalizar 2022.
La ministra de Política Territorial informó el pasado mes de septiembre a la Junta de Gobierno de la FEMP de que el Gobierno ultima un texto para una reforma integral de la Ley de Bases de Régimen Local. La reforma normativa, se anuncia,
incluirá asimismo un régimen especial para los municipios de menor población.
Por otra parte, la subsistencia de los problemas de despoblación, las insuficiencias de servicios o las carencias de recursos económicos y personales de las instituciones locales en gran parte del territorio hacen necesario y urgente que el
legislador estatal adopte una amplia batería de medidas para garantizar los derechos sociales de una parte de la población y no favorecer la generación de brechas sociales entre territorios.
Desde nuestro Grupo consideramos necesario involucrar todos los recursos organizativos e institucionales para dar respuesta a las necesidades de una parte de la población española que ha sido injustamente ignorada durante décadas.
Por todo ello el Grupo Parlamentario presenta la siguiente
Proposición no de ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Aprobar un proyecto de ley de reforma de la Ley de Bases del Régimen Local que garantice unas condiciones de vida adecuadas de los ciudadanos con independencia de su lugar de residencia a través de la prestación de unos servicios
públicos de calidad.
2. Seguir impulsando la iniciativa del denominado Estatuto de los Municipios de Menor Población y aprobar el correspondiente proyecto de ley.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de noviembre de 2021.-María del Carmen Pita Cárdenes, Diputada.-Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común.
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL
La Mesa de la Cámara en su reunión del día de hoy ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 189 del Reglamento, las siguientes preguntas orales al Gobierno en Comisión, disponer su conocimiento por las Comisiones que se indican,
dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de noviembre de 2021.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
Comisión de Asuntos Exteriores
181/001579
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Diputados: don Iván Espinosa de los Monteros de Simón, doña Macarena Olona Choclán, don Alberto Asarta Cuevas, don Víctor González Coello de Portugal, don Víctor Sánchez del Real, don Agustín Rosety
Fernández de Castro y don Emilio Jesús del Valle Rodríguez, diputados de la Comisión de Asuntos Exteriores del Grupo Parlamentario VOX.
Dirigida al Ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación
Texto:
Ante la negativa de las autoridades cubanas de permitir el aterrizaje en la ciudad de la Habana del eurodiputado Hermann Tertsch Del Valle-Lersundi y del diputado nacional Víctor González Coello de Portugal, así como de otros acompañantes,
quienes tenían previsto apoyar en la isla in situ las marchas y protestas pacíficas del 15 N, ¿va convocar al Embajador de la República de Cuba en el Reino de España para solicitar explicaciones ante esta cuestión?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de noviembre de 2021.-Macarena Olona Choclán, Iván Espinosa de los Monteros de Simón, Víctor González Coello de Portugal, Alberto Asarta Cuevas, Víctor Manuel Sánchez del Real, Agustín Rosety
Fernández de Castro y Emilio Jesús del Valle Rodríguez, Diputados.
Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación
181/001582
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Diputados: doña María Teresa López Álvarez, don Ricardo Chamorro Delmo, don Rubén Darío Vega Arias, doña Magdalena Nevado del Campo, don Luis Gestoso de Miguel y don Manuel Mariscal Zabala, diputados Del Grupo Parlamentario VOX.
Dirigida al Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Texto:
¿Qué medidas va a poner en marcha el Gobierno de España para evitar que pesqueros marroquíes continúen faenando en aguas españolas de Ceuta vulnerando la normativa vigente?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de septiembre de 2021.-Ricardo Chamorro Delmo, Rubén Darío Vega Arias, María Magdalena Nevado del Campo, Luis Gestoso de Miguel, Manuel Mariscal Zabala y María Teresa López Álvarez, Diputados.
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ESCRITA
La Presidencia de la Cámara, a solicitud de sus autores, ha acordado tener por convertidas en preguntas con respuesta oral en Comisión y trasladar, a los efectos del artículo 190.2 del Reglamento, a la Comisión de Transición Ecológica y Reto
Demográfico, las preguntas al Gobierno con respuesta escrita que a continuación se relacionan, así como comunicarlo a dicha Comisión, al Gobierno y a los Sres. Diputados preguntantes y su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de noviembre de 2021.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
Núm. expte.: 184/063601.
Núm. registro: 155722.
Autor iniciativa: Gázquez Collado, Paloma (GP) Mariscal Anaya, Guillermo (GP) Sánchez Pérez, César (GP) Gago Bugarín, Diego (GP) Alonso Pérez, José Angel (GP) Requena Ruiz, Juan Diego (GP) Herrero Bono, José Alberto (GP) Navarro Lacoba,
Carmen (GP) Cabezón Casas, Tomás (GP).
Objetivo iniciativa: Certeza acerca de las operaciones que se observan de tránsito de carbón en el puerto de El Musel.
Publicación: 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 336, de 4 de octubre de 2021.
Nuevo número asignado a la iniciativa tras la conversión: 181/001580.
Núm. expte.: 184/064493.
Núm. registro: 158249
Autor iniciativa: Gázquez Collado, Paloma (GP) Mariscal Anaya, Guillermo (GP) Sánchez Pérez, César (GP) Gago Bugarín, Diego (GP) Alonso Pérez, José Angel (GP) Requena Ruiz, Juan Diego (GP) Herrero Bono, José Alberto (GP) Navarro Lacoba,
Carmen (GP) Cabezón Casas, Tomás (GP).
Objetivo iniciativa: Grado de ejecución que tienen las partidas de los Presupuestros Geneales del Estado para el año 2021 correspondientes a inversiones hídricas.
Publicación: BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 341, de 11 de octubre de 2021.
Nuevo número asignado a la iniciativa tras la conversión: 181/001581.