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BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 353, de 29/10/2021
cve: BOCG-14-D-353
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BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
XIV LEGISLATURA
Serie D: GENERAL
29 de octubre de 2021
Núm. 353
ÍNDICE
Composición y organización de la Cámara
DIPUTADOS
Declaración de bienes y rentas de los señores Diputados ... (Página3)
Declaración de intereses económicos ... (Página14)
240/000002 Traslado del escrito del Presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo referido a la ejecución de la sentencia dictada en la causa especial seguida en relación con un Sr. Diputado, remitido en contestación a la solicitud de
aclaración cursada por la Presidencia de la Cámara ... (Página17)
Control de la acción del Gobierno
PROPOSICIONES NO DE LEY
Pleno
162/000851 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a regular un permiso retribuido en los casos de pérdida gestacional espontánea ... (Página17)
162/000852 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), sobre las medidas a implementar para la mejora de la línea ferroviaria Santander-Bilbao ... (Página19)
162/000853 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa a avanzar en la detección precoz y el abordaje del cáncer de mama ... (Página21)
162/000854 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a suspender la expedición o concesión de visados de entrada en Europa a todos los ciudadanos de países emisores de inmigración ilegal como Marruecos,
Argelia, Túnez y Mauritania, en tanto en cuanto estos países no readmitan en sus fronteras a todos los inmigrantes ilegales devueltos por España ... (Página22)
162/000855 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a declarar la crisis migratoria y la amenaza terrorista que se infiltra a través de esos mismos flujos de inmigración ilegal hacia España, así como la
creciente radicalización de los jóvenes musulmanes que viven en nuestro país, como 'situación de interés para la Seguridad Nacional' en aras de la prevención, protección y disuasión del proceso de entrada y radicalización del terrorismo yihadista en
España ... (Página28)
162/000856 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, por la que se insta al Gobierno a la adopción de determinadas acciones para defender el derecho a la memoria democrática de las víctimas de la
banda terrorista ETA ... (Página31)
162/000857 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa a la creación de una estrategia española de datos ... (Página34)
162/000858 Proposición no de Ley presentada por el Grupos Parlamentarios Plural, Republicano, Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, sobre la reconsideración de la ampliación norte del puerto de Valencia ...
162/000859 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plural, sobre la implantación del pago de peajes en las autovías de titularidad estatal ... (Página38)
162/000860 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre la elaboración de una Ley de Enseñanzas Artísticas ... (Página40)
162/000861 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre medidas frente al Reto Demográfico ... (Página40)
162/000862 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre rehabilitación de edificios en zonas de baja población ... (Página42)
162/000863 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a incentivar la contratación de los empleados y empleadas del hogar ... (Página43)
Competencias en relación con otros órganos e instituciones
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
234/000003 Encabezamiento y fallo de la Sentencia dictada en el recurso de amparo número 2109/2020, promovido por diputados del Grupo Parlamentario VOX contra los acuerdos de la Mesa del Congreso de los Diputados de 19 de marzo de 2020 y 21
de abril de 2020 ... (Página45)
COMPOSICIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA CÁMARA
DIPUTADOS
De conformidad con lo dispuesto en la Norma 5 del Acuerdo de las Mesas del Congreso de los Diputados y del Senado, de 21 de diciembre de 2009, por el que se aprueban las Normas en materia de registro de intereses, en los términos de la
redacción dada por la modificación acordada por las Mesas de ambas Cámaras, en su reunión del día 19 de julio de 2011, para dar cumplimiento a lo establecido en la reforma del artículo 160.2 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, se
ordena la publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales de las siguientes declaraciones de bienes y rentas presentadas, una vez calificadas.
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de octubre de 2021.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
ÍNDICE
DELGADO RAMOS, Juan Antonio (GCUP-EC-GC) (núm. expte. 005/000386/0000) 0 ... (Página9)
MARISCAL ZABALA, MANUEL (GVOX) (núm. expte. 005/000143/0001) 1 ... (Página4)
0 Declaración inicial.
1 Modificación de la declaración.
2 Declaración final.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 4.4 del Código de Conducta de las Cortes Generales, aprobado por Acuerdo de las Mesas del Congreso de los Diputados y del Senado de 1 de octubre de 2020, se ordena la publicación en el Boletín
Oficial de las Cortes Generales de la siguiente declaración de intereses económicos presentada, una vez calificada.
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de octubre de 2021.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
ÍNDICE
DELGADO RAMOS, Juan Antonio (GCUP-EC-GC) (núm. expte. 007/000359/0000) 1 ... (Página15)
1 Declaración inicial.
2 Modificación de la declaración.
240/000002
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(240) Suplicatorio.
Autor: Tribunal Supremo.
Traslado del escrito del Presidente de la Sala Segunda del citado Tribunal referido a la ejecución de la sentencia dictada en la causa especial seguida en relación con un Sr. Diputado, remitido en contestación a la solicitud de aclaración
cursada por la Presidencia de la Cámara.
Acuerdo:
Teniendo en cuenta que el Sr. Diputado causó baja en el día 22-10-2021, declarar decaídas sus iniciativas que se hallen en tramitación, trasladando este acuerdo al Grupo Parlamentario correspondiente y al Sr. Rodríguez Rodríguez y
publicándolo en el Boletín Oficial de las Cortes Generales. Asimismo, comunicar a los órganos directivos de la Secretaría General.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de octubre de 2021.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PROPOSICIONES NO DE LEY
Pleno
La Mesa de la Cámara en su reunión del día de hoy ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 194 del Reglamento, las siguientes Proposiciones no de Ley y considerando que solicitan el debate de las iniciativas ante el Pleno de la
Cámara, disponer su conocimiento por éste, dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de octubre de 2021.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
162/000851
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a regular un permiso
retribuido en los casos de pérdida gestacional espontánea, para su debate en el Pleno.
Exposición de motivos
El embarazo deseado es una de las mayores alegrías que puede tener una mujer o una pareja, por lo que su pérdida supone un gran shock para la mujer y, en el caso de haberla, para la pareja, independientemente del momento en el que se
produzca.
En el ámbito médico, el aborto espontaneo es la muerte embrionaria o fetal no inducida o la salida de los productos de la concepción antes de las veinte semanas de gestión.
Sin embargo, sea cuando sea, el aborto espontáneo debe abordarse en todas sus vertientes, médicas, físicas, psicológicas, pero sobre todo, debe ser enfocado en pro de la salud y bienestar de las mujeres que lo sufren.
Los psicólogos especialistas señalan que es muy importante valorar el aspecto emocional de la mujer durante todo este proceso, acompañarla desde el inicio y, por supuesto, si se observa que la situación le está pasando factura
psicológicamente, aconsejarla parar un tiempo para recuperarse y prepararse psicológica y emocionalmente para todo lo que puede seguir viniendo.
En España, con respecto a los permisos, cuando la muerte ocurre después de los 180 días, las mujeres tienen el derecho a la baja de maternidad abonada como cualquier otra madre (16 semanas). Actualmente, no existe ningún otro permiso al
respecto y en muchas ocasiones las mujeres tienen que padecer las consecuencias físicas, psicológicas de la pérdida gestacional y seguir adelante con su trabajo, y con su vida.
Sin embargo, en muchas ocasiones, dicen los psicólogos 'se necesita tiempo para superar física o psicológicamente algo así', de ahí, que sea importante regular permisos cuando las pérdidas durante el embarazo sean inferiores o superiores al
periodo perinatal. Nueva Zelanda se ha convertido en el segundo país del mundo, después de la India, en aprobar una 'baja por duelo' para familias que pierdan a sus hijos antes del parto o sufran abortos espontáneos durante la gestación. También
una empresa inglesa ha aprobado un permiso similar aumentándolo a diez días.
Es más, por el propio duelo de los padres o parejas, en relación con el apoyo mutuo tan importante en esos complicados momentos, estos permisos deben extenderse a la pareja.
Si la pareja, en el caso de que exista, está obligada a volver al trabajo, la red de apoyo es significativamente reducida y se sabe que la falta de apoyo social es un factor para problemas con el duelo.
En consecuencia, un permiso remunerado -baja por duelo- en casos de pérdida gestacional implica un notable avance de la legislación, independientemente del momento en el que se produzca. Dicha pérdida gestacional tendrá que venir acompañada
del certificado médico correspondiente para poder acceder a este nuevo permiso retribuido.
En definitiva, un derecho legal para la madre y su pareja, pero también, por otra parte, contribuye a que la sociedad perciba que perder un embarazo deseado es un momento importante en la vida y no debe ser tratado de forma superficial.
El 15 de octubre, es el Día mundial de la Concienciación sobre la Muerte Gestacional, Perinatal y Neonatal, cuyo objetivo es visibilizar el duelo de estas familias, ayudemos a contribuir a que puedan expresarlo libremente y a eliminar el
tabú social existente en este ámbito, con medidas como la planteada en esta Proposición no de Ley. Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Regular un permiso remunerado -baja por duelo- en casos de pérdida gestacional espontánea, independientemente del momento en que se produzca, ampliándose a la pareja si la hubiere.
2. Aprobar un Protocolo sobre atención e intervención con las mujeres y familias en el proceso de muerte y duelo gestacional y perinatal, en coordinación con las comunidades autónomas, los profesionales sanitarios y las asociaciones de
pacientes, que ofrezca recursos de acompañamiento previo, así como atención, y asistencia psicológica, con formación especializada de los profesionales que lo van a desarrollar.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de octubre de 2021.-Margarita Prohens Rigo, María Auxiliadora Pérez Díaz, Elvira Velasco Morillo y José Ignacio Echániz Salgado, Diputados.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.
162/000852
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), al amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre las medidas a implementar para la mejora de la línea
ferroviaria Santander-Bilbao, para su debate en pleno.
Exposición de motivos
El pasado 29 de septiembre la Ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, en respuesta a una pregunta parlamentaria sobre las medidas a implantar para mejorar la situación de abandono en la que se encontraba la línea ferroviaria
Bilbao-Santander, señaló que su Ministerio seguía trabajando en la mejora de sus servicios e infraestructuras, y que contaba con 85 millones de euros en el periodo 2021-2025 para la mejora de dicha infraestructura, señalando incluso la existencia de
obras de electrificación entre Karrantza y Bilbao, necesarias para acometer cualquier mejora y para el que se habría establecido un Plan Alternativo de Transporte.
Sin embargo, y ante la falta de concreción de actuaciones dirigidas a evitar el desmoronamiento del servicio de transporte por ferrocarril en dicha línea, el anuncio desde dicho Ministerio de la recuperación de frecuencias en la línea de
ferrocarril Santander-Bilbao -tres al día en cada sentido, sin perjuicio de otra matutina de Karrantza a Bilbao, y otra de Marrón a Santander-, no puede ser tomado, ni como signo de recuperación de la normalidad en dicho servicio, como si la de la
frecuencia fuera la única cuestión por resolver, ni el parámetro con el que se debe valorar su calidad y, por ello, la incidencia en la calidad de vida de los habitantes de dichas zonas.
Partamos de una premisa: esa línea es el principal medio público para que su población pueda acceder a servicios, medios económicos y oportunidades y, por ello, para que, manteniendo unas condiciones mínimas que garanticen una existencia
digna y provechosa, puedan optar por seguir viviendo donde hoy residen.
Y sucede que hoy día el servicio en esa línea y en sus dos trayectos principales, Karrantza-Bilbao y Marrón-Santander es no solo malo, sino lamentable, y que por ello camina en sentido inverso al de evitar el vaciado de las poblaciones de
entornos naturales y rurales, y por ello al del interés general.
Dicha mejora, que debiera ser inscrita en el marco de 'hacer de la movilidad un derecho, un elemento de cohesión social y de crecimiento económico' -que como principio inspirador de cualquier actuación en la materia consta en los
antecedentes de la consulta previa del anteproyecto de ley de movilidad sostenible y financiación del transporte-, refleja bien la inmensa contradicción en que se sitúa la actuación de dicho Ministerio y sus organismos dependientes, como
consecuencia del abandono de una línea que, básicamente, es un tren de cercanías para ámbitos rurales de los dos territorios concernidos, Bizkaia y Santander, Enkarterri y la Cantabria rural, y es, por tanto, la principal herramienta desde el punto
de vista de su sostenibilidad social, económica y humana, para dotar de contenido el derecho de sus ciudadanos a un medio público de transporte sostenible; por no decir el único.
Dicho tren, inaugurado en 1896, tarda hoy entre Karrantza y Bilbao entre 71 minutos, y 81 minutos entre dicha población y Santander, que es lo mismo que tardaba en 1910 y más de los 58 que tardaba el 2002 en el primer tramo; si bien lo
habitual son los retrasos de 40 minutos en una dirección y 30 en la otra salvo que, como en muchas ocasiones, el servicio se suspenda por fallos diversos en la infraestructura. Pero ni siquiera esa es la principal cuestión. No hay ni inversión ni
mantenimiento, y los medios son inexistentes y obsoletos.
En muchos lugares no hay tornos ni interventores ni canceladoras que permitan comprobar ni la seguridad ni la información ni el número real de usuarios, con lo que incluso el dato de su demanda está falsificado, y por ello también el de la
necesidad de frecuencias. Instalaciones abandonadas, trenes viejos, averiados con frecuencia, con líneas interrumpidas, porque la vía o los equipos se encuentra en mal estado, teniendo que acudir con frecuencia a transbordos y por tanto a mayores
retrasos.
Si bien los problemas que más preocupan son los de seguridad, de accesibilidad o de información a los usuarios. Consta el paso de algún tren, que atraviesa una carretera con las barreras del paso a nivel levantadas, porque a veces no
funcionan; o también que algún tren de Santander a Bilbao se diera media vuelta por problemas en la vía, sin que se diera ningún aviso a los usuarios, que se vieron atrapados en dirección contraria y tuvieron que aporrear la puerta del conductor
para saber lo que pasaba.
Además, todas esas deficiencias vulneran los parámetros de calidad exigibles en el Contrato entre ese Ministerio y Renfe Viajeros, SME, SA., cuyo cumplimiento se supone que el Gobierno debe garantizar y el MITMA vigilar, y son el exponente
más grave del abandono de la línea que, más allá del mal servicio y deficiente gestión, provoca la expulsión de esos usuarios, no solo del uso de esa línea, sino también del territorio.
Nos consta, además, que como consecuencia de todas esas deficiencias y tantas otras que cabría añadir por sus usuarios, se creó en junio de 2020 la 'Plataforma en defensa del tren Santander-Bilbao', con objeto de denunciar dichas
deficiencias y exigir las soluciones pertinentes, a la que pretendemos acompañar con esta iniciativa. De hecho y como consecuencia de su actividad son muchas las instituciones que se han pronunciado en favor de sus pretensiones, y en especial los
ayuntamientos de las zonas afectadas que, de forma unánime, han aprobado mociones dirigidas a exigir soluciones, y no meras reparaciones o parches.
En consecuencia, urge comprometer al Gobierno a la adopción de cuantas iniciativas resultan necesarias para dotar a dicha línea ferroviaria de prestaciones y características, necesarias para que puedan ser entendidas como homologables a las
exigidas con carácter general, y que permitirían a la población de dicho territorio acceder a servicios y oportunidades, de las que actualmente carecen por las deficiencias del servicio.
Proposición no de Ley
'Por todo ello, el Grupo Parlamentario Vasco, EAJ-PNV y a través de esta Proposicion no de Ley, insta al Gobierno a:
1. Aumentar el número de frecuencias y mejorar los tiempos de viaje, a fin de posibilitar acceder, primero y en un breve plazo, a los tiempos alcanzados en los objetivos del contrato suscrito entre el operador y el titular de la
infraestructura el año 2002 (58 minutos en el tramo Karrantza-Bilbao, con 10 paradas intermedias, y 81 minutos en el tramo Karrantza-Santander, con 13 paradas intermedias), para, en segundo lugar, señalar objetivos más ambiciosos tanto en cuanto a
frecuencias, como en cuanto a tiempos de viaje.
2. Concretar y detallar el destino de los 85 millones en inversiones a realizar en dicha línea, en el período 2021-2025, entre los que deberá figurar inversiones en:
a) Acondicionamiento de estaciones y apeaderos, y en especial las medidas dirigidas a facilitar la accesibilidad para todos los usuarios.
b) Sistemas de información a los viajeros.
c) Adaptación de los sistemas de emisión y compra de billetes, así como la coordinación y compatibilidad con las de otros sistemas públicos de viajeros.
d) Eliminación y/o adaptación de pasos a nivel.
3. Adaptación de la infraestructura y superestructura viaria, para lo que se precisa:
a) Mantenimiento de la catenaria, señalización y elementos de comunicación, así como la renovación de elementos de vía.
b) Mantenimiento preventivo y renovación de la flota de trenes; adquisición de material móvil, con sistemas de basculación en los trenes de viajeros.
c) Mantenimiento regular de trincheras, túneles, puentes y taludes.
d) Eliminación de limitaciones temporales de velocidad.
e) Introducción del eje de ancho variable en trenes de mercancías de ancho métrico
f) Conexión de la línea con centros intermodales y de transporte de mercancías (Puerto de Bilbao, Polígonos industriales, etcétera).
4. La inmediata finalización de la electrificación de los tramos aún pendientes de dicha mejora, como requisito para poder acceder al resto de mejoras, y, entre ellas:
a) Posibilitar la circulación inmediata de trenes eléctricos en los tramos ya habilitados, y en especial en los tramos Aranguren-Karrantza y Orejo-Karrantza.
b) Desdoblamiento de vía en los tramos Zaramillo-Aranguren, Nueva montaña-Maliaño y Astillero-Orejo.
5. Aumentar el personal de servicio, de mantenimiento, interventores o personal de estaciones.
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de octubre de 2021.-Aitor Esteban Bravo, Portavoz del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).
162/000853
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para avanzar en la detección precoz y el abordaje del cáncer de
mama, para su debate en el Pleno.
Exposición de motivos
Según la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM), la pandemia de COVID-19 ha tenido un efecto devastador en la capacidad de nuestro sistema sanitario de detectar de forma temprana el cáncer en nuestro país. Por ejemplo, según sus
estimaciones, el número de cánceres de mama diagnosticados en el pasado 2020 es mucho menor de lo esperado en condiciones normales. Teniendo en cuenta lo importante que es una detección temprana para este tipo de patologías, es especialmente
preocupante que se hayan dificultado estos procedimientos de detección precoz debido a la presión a la que ha sido sometido nuestro sistema sanitario debido a la pandemia.
De acuerdo a las estimaciones de la SEOM, en 2021 el cáncer de mama será el tercer tipo de cáncer con mayor incidencia, solo por detrás del cáncer de colon y recto y del cáncer de próstata, con 33.375 nuevos casos detectados en condiciones
de funcionamiento normal del sistema sanitario. Sin embargo, esta cifra puede acabar siendo menor si los efectos de la emergencia sanitaria del COVID-19 sigue poniendo presión sobre esas capacidades diagnósticas. No debe olvidarse, además, de que,
aunque los varones pueden también desarrollar cáncer de mama, es innegable que este tipo de cáncer es el más detectado en mujeres, por delante incluso del cáncer de colon y recto. Por tanto, este problema requiere un claro enfoque de género que
tenga en cuenta las especificidades del acceso a la asistencia sanitaria por parte de las mujeres.
La prevalencia total de cáncer de mama en España para las mujeres, es decir, el número total de casos diagnosticados y en tratamiento, era en 2020 de 516.827. Medio millón de mujeres afectadas por un tipo de cáncer específico cuya
prevalencia a los cinco años se reduce a 144.233 casos, gracias a los avances científicos que permiten diagnósticos más tempranos y tratamientos más efectivos. Sin embargo, no hay que olvidar que parte de esa prevalencia se debe también a la
mortalidad, puesto que el cáncer de mama provocó en 2020 en torno a 6.606 fallecimientos, el 5,8 % del total de fallecimientos provocados por todos los tipos de cáncer, y el 14,6 % si tenemos solo en cuenta las mujeres. Por suerte, esta cifra es
mucho menor que la de otras tipologías, y esos avances científicos hacen que la mortalidad del cáncer de mama en nuestro país pueda seguir reduciéndose. Es más, la supervivencia neta del cáncer de mama en mujeres alcanza ya el 86 %.
Desde el GP Ciudadanos tenemos claro lo importante que es avanzar, precisamente, en ese impulso a la ciencia y la medicina para que esa tendencia a la baja en la mortalidad del cáncer de mama se profundice y se mantenga. Nuestro compromiso,
y así lo demostramos allá donde tenemos presencia institucional, es apostar por la capacidad preventiva del sistema sanitario, puesto que invertir en prevención supone ahorrar tanto en costes humanos a medio plazo, al evitar complicaciones no
detectadas en alguna dolencia o patología, y en costes económicos, al ahorrar necesidades de inversión en tratamientos más invasivos, generalmente más costosos que las intervenciones en etapas más tempranas del desarrollo de una enfermedad.
Teniendo esto en cuenta, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Reforzar las campañas de comunicación sobre la importancia de la prevención y la revisión periódica para detectar de forma temprana el cáncer de mama, especialmente en mujeres con edades comprendidas entre los 45 y los 69 años.
2. Coordinar, en colaboración con las comunidades autónomas, las posibilidades de acceso a revisiones y seguimiento de cáncer de mama en todo el territorio nacional, sin importar la comunidad autónoma de origen o residencia de la paciente,
sin someterse a procedimientos burocráticos adicionales.
3. Impulsar, en el seno de las medidas que desarrollan el Plan Estatal de Investigación Científica, Técnica y de Innovación 2021-2023, que al menos el 40 % de la inversión en I+D se dedique al sector de la salud, especialmente en materia de
detección precoz y tratamientos no invasivos de patologías crónicas como el cáncer de mama.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de octubre de 2021.-Guillermo Díaz Gómez, Diputado.-Edmundo Bal Francés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
162/000854
A la Mesa del Congreso de los Diputados
D. Iván Espinosa de los Monteros y de Simón, Dña. Macarena Olona Choclán, D. Alberto Asarta Cuevas, D. Víctor González Coello de Portugal, D. Víctor Sánchez del Real, D. Agustín Rosety Fernández de Castro, D. Emilio Jesús del Valle
Rodríguez, Dña. Rocío de Meer Méndez y Dña. María Teresa López Álvarez, en sus respectivas condiciones de Portavoz, Portavoz Adjunta y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del
vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente Proposición no de Ley relativa a suspender la expedición o concesión de visados de entrada en Europa a todos los ciudadanos de países emisores de inmigración ilegal como
Marruecos, Argelia, Túnez y Mauritania, en tanto en cuanto estos países no readmitan en sus fronteras a todos los inmigrantes ilegales devueltos por España, para su discusión en el Pleno.
Exposición de motivos
Primero. Según se ha tenido conocimiento a través de informaciones publicadas en prensa 1, Francia acaba de reducir drásticamente la concesión de visados a Marruecos, Argelia y Túnez 'porque considera que esos tres países no cooperan de
manera suficiente contra la inmigración irregular, ya que apenas aceptan la entrada de sus ciudadanos expulsados por las autoridades francesas por no tener los papeles en regla'.
En este sentido, el portavoz del Gobierno francés, Gabriel Attal, ha indicado en una entrevista a la emisora de radio Europe 1 lo siguiente: 'Es una decisión drástica, inédita, pero necesaria'. Del mismo modo, Attal 'explicó que París
había intentado primero una negociación diplomática, pero como eso no funcionó se pasó a una fase de 'amenazas' y como tampoco eso bastó se decidió aplicar estas medidas de reducción de los visados'.
Asimismo, estas mismas fuentes señalan que 'según Europe 1, la justicia francesa ordenó entre enero y julio de este año la expulsión de 7.731 argelinos en situación irregular, pero solo se pudieron ejecutar el 0,2 % porque Argelia se negó a
dar las autorizaciones consulares necesarias. En el caso de Marruecos, de las 3.301 expulsiones dictadas por los tribunales franceses se llevaron a cabo un 2,4 %; en el de Túnez un 4 % de las 3.424. En esos siete primeros meses del año, Francia
había concedido 8.726 visados a argelinos (un 74 % de los solicitados), 18.579 a marroquíes (un 77 %) y 9.140 a tunecinos (un 71 %)'.
Ante esta situación, el presidente francés, Emmanuel Macron, 'ha dado órdenes para que se reduzcan a la mitad en el caso de Argelia y Marruecos y en un 30 % en el de Túnez'.
En España, el sindicato de Policía Nacional ASP (Alternativa Sindical Policial) se ha hecho eco de tales declaraciones, apoyando la iniciativa, y ha hecho constar en un comunicado lo siguiente:
'Desde ASP entendemos que se trata de conseguir que, si Marruecos continúa con su política de coacción de no admitir a los irregulares que salen de sus playas, la UE bloquearía la llegada a Europa de los miles de ciudadanos marroquíes y
argelinos pertenecientes a las clases altas y políticas de aquellos
1 Disponible en línea: https: //www.swissinfo.ch/spa/francia-maereb francia-reduce-visados-a-marruecos-argelia-y-túnez-por-inmigración-irregular/46984344.
países que tienen miles de propiedades en Francia y España que veranean y viajan al viejo continente cada año.'
Segundo. En lo que a España respecta, cabe destacar que nuestro país se enfrenta a un colapso migratorio imposible de gestionar por nuestra ya maltrecha economía, así como a una crisis humanitaria imposible de asumir por el desborde de los
servicios de asistencia españoles. De esta manera, según datos facilitados por el Ministerio del Interior, un total de 24.077 inmigrantes ilegales han llegado a España entre el 1 de enero y el 14 de septiembre de 2021, un 53,5 % más que en el mismo
periodo del año anterior, cuando fueron 15.688 2. Esto hay que sumárselo a la cifra del año 2020 en el que accedieron a nuestro país de forma ilegal cerca de 41.800 inmigrantes, un 29 % más que las entradas registradas en 2019, según el último
informe del Ministerio de Interior aunque, en el caso de entradas marítimas, el aumento es de un 45,5 %. No obstante, nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (en adelante, 'FYCSE') estiman que las cifras reales sean mayores.
En el supuesto de Canarias, la situación es de extrema gravedad, pues el aumento con respecto a las cifras del año pasado es de un 117,3 %, con 11.060 entradas en lo que llevamos de 2021 3. Esto ha generado una crisis sin precedentes que
pone en grave riesgo no solo la situación económica de la isla, sino que apuntala una inminente crisis social.
De hecho, numerosos medios e informadores señalan a las Islas Canarias como un Nuevo Lampedusa o Lesbos, un escenario que España no puede tolerar de ninguna manera.
Tercero. La utilización de los flujos migratorios ilegales como método de negociación y presión no es algo nuevo. De hecho, es público y notorio que tanto el Reino de Marruecos como Argelia han utilizado históricamente la inmigración
ilegal como arma geopolítica para debilitar la posición negociadora tanto de España como de la Unión Europea.
Así, el 6 de noviembre de 1975, Marruecos lanzó una ofensiva contra los territorios españoles en el Sahara Occidental que recibió el nombre de la Marcha Verde, utilizando a miles de vidas humanas para obtener objetivos políticos (consistente
en organizar una numerosa manifestación de más de 350.000 personas con banderas verdes y ramos de olivo que, de forma alegre, fueron descendiendo hasta la frontera sur con Mauritania).
En adición a lo anterior, en el año 2006 con la 'crisis de los cayucos', Marruecos volvió a utilizar los flujos migratorios como mecanismo de presión. Así, llegaron a Canarias más de 31.000 inmigrantes provenientes de Senegal, Mauritania y
del Sáhara Occidental ocupado. La solución que dio el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero fue dar dinero a los países de origen de los inmigrantes, esto es, Mauritania y Senegal y, en el caso de Marruecos, además de dinero,
concesiones políticas que inauguraron una 'nueva era de excelentes relaciones con Marruecos'.
Por tanto, es palmario que las autoridades de estos países detectan los momentos de debilidad de España en esta materia para relajar los controles migratorios acordados y financiados, con el objeto de que nuestro país ceda a las pretensiones
que estos Estados tengan. De hecho, cabe recordar que, en el caso de Argelia, el país norteafricano amplió de forma unilateral sus aguas territoriales en abril de 2018, incluyendo a la isla española de Cabrera.
En el caso de Marruecos, es bien sabido que este país reivindica como propios los territorios españoles de Ceuta, Melilla, los Peñones de Vélez de Gomera y de Alhucemas y las islas Chafarinas, además del Sáhara Occidental del que España es
aún potencia administradora mediante la Resolución 3458 de la Asamblea General de la ONU de 1975.
Por si no fuera suficiente, en el verano de 2020 llegaron en apenas 24 horas más de 800 inmigrantes ilegales argelinos a las costas españolas. Muy especialmente, a las costas de Murcia y Almería. Así pues, desde el Grupo Parlamentario VOX
solicitamos en su día que se declarara la llegada masiva de inmigrantes ilegales como situación de interés para la Seguridad Nacional, recordando que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado españoles advierten de la posibilidad de que los
terroristas yihadistas se infiltren en nuestro país vía las embarcaciones que transportan a los inmigrantes irregulares 4.
No obstante, a finales de año le llegaría el turno a las Islas Canarias. Una autentica invasión migratoria organizada, con más de 20.000 personas llegadas en pateras y cayucos a las islas de Tenerife, Gran
2 http://www.interior.gob.es/documents/10180/12745481/17 informe quincenal acumulado 01-01 al 14-09-2021.pdf/134fe6cd-lf9c-4c53-9a53-2218881fce39.
3 Ibidem.
4 Zuloaga, J.M: 'Yihadistas infiltrados como inmigrantes', La Razón, 13-10-2018. Disponible [en línea]: https://www.larazon.es/espana/yihadistas-infiltrados-como-inmigrantes-BG20151022/.
Canaria, Fuerteventura y Lanzarote. Se habló entonces de Canarias como la 'nueva Lampedusa de Europa'.
El Gobierno de España ante esta situación ni aplicó la Ley de Seguridad Nacional ni garantizó el cumplimiento de la finalidad de la política de Defensa. Sin embargo, sí alojó a los inmigrantes ilegales en hoteles de 4 estrellas. Ante esta
misma situación, Francia, por ejemplo, cerró sus fronteras 5 con España para evitar que inmigrantes ilegales llegasen a suelo galo. De hecho, según informaciones publicadas, en 5 meses las autoridades francesas devolvieron a España 15.757
inmigrantes en situación ilegal 6.
Siguiendo este marco conceptual de utilizar los flujos migratorios ilegales como herramienta de presión, cabe resaltar que el Reino de Marruecos está desarrollando una serie de acciones encaminadas al único objetivo de ultimar la anexión de
las ciudades españolas de Ceuta y Melilla -en este sentido, cabe recordar la perenne y añeja aspiración de Marruecos sobre las dos últimas plazas españolas en el Norte de África-. La última de estas actuaciones acaeció hace apenas meses en Ceuta,
con la invasión de más de 10.000 inmigrantes ilegales orquestada por las autoridades marroquíes. Así lo han confirmado tanto la Guardia Civil como el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), que calificaron de 'amenaza latente' la posibilidad de que
este hecho se pueda reproducir en cualquier momento. Especialmente en Melilla y las Islas Canarias 7. Consciente de su inferioridad -aunque cada vez menos evidente- de poder frente a España, el reino alauita realiza está actuaciones de guerra
híbrida al objeto de erosionar la posición española y facilitar la consecución de sus intereses.
Sin embargo, y sin perjuicio de todos los actos beligerantes expuestos anteriormente, resulta poderosamente alarmante que durante (i) el año 2019, España aprobara destinar al Reino de Marruecos 32.369.000 euros; (ii) el año 2020, 31.000.000
euros; y (iii) el año 2021, 30.000.000 euros, al objeto de ayudar a este país en su despliegue policial para luchar contra los flujos de inmigración ilegal hacia nuestro territorio. En total, España ha pagado al Reino de Marruecos 93.396.000 euros
desde el año 2019 8. Sin embargo, resulta obvio que dichos pagos han sido en balde, y que Marruecos más bien utiliza las aportaciones de España como forma de extorsión y presión para la consecución de sus propios intereses.
No obstante todo lo anterior, los hospitales de las ciudades de Ceuta y Melilla siguen atendiendo de forma altruista a ciudadanos marroquíes que acuden de manera regular a las ciudades autónomas al objeto de hacer uso de la sanidad pública
española 9. Así pues, según datos del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, el 60 % de los partos atendidos en el Hospital de Melilla son de mujeres marroquíes 10.
Por si no fuera suficiente, en aras de fortalecer sus demandas, tanto Marruecos como Argelia se encuentran en un enorme proceso de rearme, lo cual está reduciendo a marchas forzadas la superioridad de nuestras Fuerzas Armadas ante sus
homólogas del otro lado del Estrecho de Gibraltar.
Cuarto. En fecha 23 de septiembre de 2020, la Comisión Europea emitió un comunicado al resto de instituciones europeas relativo al Nuevo Pacto sobre Migración y Asilo 11. En dicho documento se destaca la necesidad de un 'sistema efectivo y
común de la UE para los retornos' de los inmigrantes ilegales a sus países de origen o partida. En particular, la Comisión señaló lo siguiente:
'Las normas de la UE en materia de inmigración solo pueden ser creíbles si se hace retomar efectivamente a quienes no cuentan con el derecho a quedarse en la UE. En la actualidad, solo alrededor
5 España y Francia forman parte del espacio Schengen, sin embargo, desde los ataques terroristas de 2015, el país galo ha establecido controles fronterizos amparándose en el artículo 3, apartado 2, del Tratado de la Unión Europea (TUE), y en
los artículos 67 y 77 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), que permite realizarlos por razones de 'seguridad nacional'. El pasado mes de noviembre, tras los últimos atentados en Francia, su presidente, Emmanuel Macron, dobló el
número de efectivos en las fronteras y desplegó 4.800 policías, gendarmes y militares para establecer controles veinticuatro horas al día. https://elpais.com/ espana/2021-04-24/francia-devolvio-a-espana-casi-16000-migrantes-en-
solo-cinco-meses.html.
6 https://elpais.com/espana/2021-04-24/francia-devolvio-a-espana-casi-16000-migrantes-en-solo-cinco-meses.html.
7 Lázaro, Fernando: 'Expertos españoles en seguridad: Es una invasión consentida por Marruecos', El Mundo, 20-5-2021. Disponible [en línea]: https: / / www.elmundo.es/espana/2021 / 05/20/60a6154221efa07c408b4659.html.
8 https://www.europapress.es/nacional/noticia-espana-dado-mas-90-millones-ayudas-marruecos-tres-anos-controlar-inmigracion-ilegal-20210519133221.html.
9 Memoria 2018, Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA), Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, p.6. Disponible [en línea]: https://ingesa.sanidad.gob.es/actividad/memorias/docs/Memoria INGESA 2018.pdf.
10 'El 60 % de los partos que se atienden en el Hospital de Melilla son de mujeres venidas desde Marruecos', Europapress, 02/04/2020. Disponible [en línea]:
https://www.europapress.es/ceuta-y-melilla/noticia-60-partos-atienden-hospital-melilla-son-muieres-venidas-marruecos-20170401174427.html.
11 Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones, relativa al Nuevo Pacto sobre Migración y Asilo, Comisión Europea, Bruselas, 23/09/2020. Disponible [en
línea]: https://eur-Iex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:85ff8b4f-ffl3-llea-b44f-Qlaa75ed71al.0012.02/DQC l&format=PDF.
de un tercio de las personas a las que se ordena regresar de los Estados miembros se marchan realmente.' 12
Por su parte, resulta perentorio recalcar la existencia de la Directiva 2008/115/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, relativa a normas y procedimientos comunes en los Estados miembros para el retorno de los
nacionales de terceros países en situación irregular 13.
En concreto, esta directiva sustancia la capacidad de la que disponen los Estados miembros para proceder a la expulsión de nacionales de terceros países que se encuentren en su territorio de forma ilegal. El documento prevé incluso, en su
artículo 8.4, la aplicación de medidas coercitivas para llevar a cabo estas expulsiones.
Quinto. No obstante lo anterior, resulta obvio que tanto Marruecos como Argelia, Túnez o Mauritania están incumpliendo sus obligaciones y responsabilidades para con España en cuanto al control de los flujos migratorios ilegales se refiere.
No solo no evitando que los inmigrantes ilegales salgan de sus costas en dirección a España como medida de extorsión para que nuestro país los siga proveyendo de fondos y recursos, sino también a la hora de no reconocer y aceptar la devolución de
sus propios nacionales cuando estos son identificados y se ha acordado su expulsión de España por su situación de ilegalidad.
En este sentido, cabe destacar que cuando un Estado ve lesionado su derecho -España- por parte de otro Estado -Marruecos, Argelia, Túnez, Mauritania-, responsable con arreglo al Derecho Internacional, el primer Estado puede hacer uso de
medidas de autotutela tales como las contramedidas contra el segundo Estado, en aras a proteger su soberanía y restaurar el daño causado. Cabe destacar que el concepto de 'contramedidas' fue recogido por la Comisión de Derecho Internacional ('CDI')
en el Proyecto de Artículos sobre Responsabilidad Internacional de los Estados por Hechos Ilícitos. En particular, dicho concepto podría definirse como aquellas medidas adoptadas por el Estado lesionado contra el Estado autor de un hecho
internacionalmente ilícito, con el objeto de inducirlo a cumplir las obligaciones derivadas de la responsabilidad por el ilícito cometido 14.
Por tanto, la naturaleza de tales actuaciones sería absolutamente lícita, tal y como apunta el propio Proyecto de Artículos sobre la Responsabilidad de los Estados por hechos Internacionalmente Ilícitos, adoptado por la CDI y anexado por la
Asamblea General en su Resolución 56/83, de 12 de diciembre de 2001. Concretamente, el artículo 22 dispone la licitud de las referidas contramedidas, señalando expresamente lo siguiente: 'La ilicitud del hecho de un Estado que no esté en
conformidad con una obligación internacional suya para con otro Estado queda excluida en el caso y en la medida en que ese hecho constituya una contramedida tomada contra ese otro Estado'.
Al mismo tiempo, la naturaleza de las contramedidas es también pacífica 15 y, por tanto, se encuentra absolutamente alineada con los Principios Generales del Derecho Internacional y la Carta de Naciones Unidas suscrita por España 16.
En definitiva, a través de las contramedidas, el Estado lesionado puede requerir al responsable que haga frente a su responsabilidad. Una vez que el Estado responsable haya hecho frente a sus obligaciones puede ser restablecida la situación
anterior a la lesión.
En aplicación de dicho concepto recogido por el Derecho Internacional, España estaría habilitada para adoptar contramedidas con el objetivo de instar a Marruecos, Argelia, Túnez o Mauritania a que respeten los acuerdos adoptados en materia
de control de los flujos de inmigración ilegal existentes entre dichos países y España, así como para evitar ceder ante la extorsión encubierta que sufre actualmente nuestro país en virtud de estos mismos acuerdos.
Sexto. Sin lugar a dudas, la inmigración ilegal supone un peligro para la Seguridad Nacional española -culpa de los escasos o nulos controles que ejercen Marruecos, Argelia, Túnez o Mauritania para evitar la salida de sus países de
inmigrantes ilegales con destino a España, pese a los acuerdos firmados a tal efecto-. No obstante, si le sumamos el problema del terrorismo, el conflicto que se produce es crítico para cualquier nación. Así, como se ha expuesto anteriormente, las
FCSE españolas advierten de la
12 Ibid., p.8.
13 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX?%3A32008L0115.
14 Artículo 49 de la Resolución aprobada por la Asamblea General 56/83. Responsabilidad del Estado por hechos internacionalmente ilícitos.
15 Las contramedidas no pueden hacer uso o amenaza del uso de la fuerza, pues ello se encuentra expresamente prohibido por el Derecho Internacional (artículo 50 de la Resolución aprobada por la Asamblea General 56/83. Responsabilidad del
Estado por hechos internacionalmente ilícitos).
16 Véase el caso Gabcíkovo-Nagymaros en 1997, el cual fortaleció sus bases doctrinales y las consideró una medida pacífica de resolución de conflictos internacionales.
posibilidad de infiltración terrorista en nuestro país a través de embarcaciones destinadas a transportar inmigrantes ilegales 17.
Así, un caso paradigmático que demuestra lo real de dicha posibilidad es la desarticulación este mismo 10 de octubre en Barcelona de una célula yihadista conformada íntegramente por inmigrantes que entraron ilegalmente en España. En
particular, entre los detenidos se encuentra el Jeque, de nacionalidad argelina, líder de la célula que había llegado a España a bordo de una embarcación ilegal y el cual fue detenido tras comprar un fusil AK-47 para perpetuar atentados terroristas.
De hecho, este criminal había facilitado el pasado 2020 la entrada en Europa por vía marítima de, al menos, otros dos yihadistas que recurrieron a él para subirse a una embarcación de este tipo y alcanzar la costa española, por lo que es evidente
que tenía pleno conocimiento de cómo entrar ilegalmente en España y lo estaba usando para infiltrar yihadistas en nuestro país a través de los flujos de inmigración ilegal. Asimismo, dicho cabecilla se encontraba adoctrinando a los miembros que
había conseguido captar para esa célula -todos argelinos sin documentación alguna- con fundamentalismo radical del Daesh y los había instado a martirizarse en nombre del islam. Así, 'El Jeque se dedicaba a crear terroristas. Conformaba
terroristas. Les hacía terroristas. Había conseguido que estuvieran preparados y dispuestos para consumar un posible atentado' 18. También, 'los agentes constataron que todos ellos habían experimentado signos de radicalización' 19. Por último,
cabe resaltar que de todos ellos uno ya había entrado hace poco tiempo en prisión, así como que, en los registros de las viviendas, los investigadores encontraron toda clase de machetes, de más de medio metro cada uno, y setenta cartuchos de
munición de calibre 9 milímetros, propiedad de El jeque. Entre los artículos incautados se hallaron también diversos efectos que presuntamente emplearon para falsificar documentos oficiales.
Otro ejemplo más fue el caso del atropello de Torre Pacheco (Murcia), que la Guardia Civil ha calificado de atentado terrorista 20, ocurrido el pasado 17 de septiembre en el que fallecieron dos personas. De hecho, el presunto terrorista
habría dejado una carta asegurando que efectivamente se trataba de un atentado 21, y un testigo asegura haberle visto efectuar la 'oración de despedida' de los terroristas antes de cometer un ataque. Atendiendo a lo dispuesto en el atestado del
Instituto Armado, el autor material del atentado se inmoló con un cuchillo que se clavó en el corazón después de realizar el atropello.
Asimismo, la Audiencia Nacional también se encontraría investigando como atentado yihadista este atropello mortal. Así, a pesar de que las pesquisas se encuentran en este momento bajo secreto de sumario, sí se conocen algunos detalles de
los hechos. En particular, se trataría de un joven marroquí de 27 años, de nombre Abdellah Gmara, que llegó a España como menor extranjero no acompañado (MENA) con 12 años en el año 2004 22.
En concreto, los hechos acaecieron 'cuando el conductor de un vehículo arrolló a las personas que se encontraban en una terraza de la citada localidad y después empotró el coche, un Volkswagen Golf, contra una pared. Como consecuencia del
atropello, murió, además del conductor, un ciudadano de origen venezolano y otros cuatro resultaron heridos. Cuando algunas personas llegaron hasta donde estaban el conductor, vieron que estaba haciendo con los dedos los signos típicos de los
yihadistas antes de suicidarse y que se había clavado voluntariamente un cuchillo de grandes dimensiones a la altura del corazón. En su poder, se encontraron tres cartas en las que, tal y como ordena el Estado Islámico, dejaba claro que lo que
había hecho era un acto contra los ''infieles''. Había apoyado el cuchillo en el volante y había apretado el cuerpo hasta causarse la muerte 23'.
Cabe destacar que este atentado es el primero que se produce tras los atentados de 2017 en Cataluña. De hecho, 'Lo que parecía un atropello masivo como consecuencia de una discusión entre ciudadanos marroquíes ha resultado ser la acción
criminal de un actor, ''lobo'' solitario, inspirado por el Estado Islámico 24'.
17 Zuloaga, J.M: 'Yihadistas infiltrados como inmigrantes', La Razón, 13-10-2018. Disponible [en línea]:https://www.larazon.es/espana / vihadistas-infiltrados-como-inmigr antes-BG20151022/.
18 https://www.elespanol.com /espana /20211014/lider-celula-yihadista-espana-patera-detenido-comprar/619189104 O.html
19 Ibidem.
20 Disponible (en línea) en https://cadenaser.com/ser/2021 /09721/tribunales/1632232494 745291.html. Última visita realizada el 22 de septiembre a las 12:00 h.
21 https://www.eldiario.es/poIitica/carta-autor-atropello-murcia-quiero-iusticia-islam-violaciones-asesinatos-telepaticos_1_8330749.html.
22 https://www.elmundo.es/espana/2021/09/27/6150c375fc6c835d078b45b7.html.
23 Disponible (en línea) en https://www.larazon.es/espana/20210921/ianrbps7z5af5oi3hzhv6mlh5i.html. Última visita realizada el 22 de septiembre a las 12:00 h.
24 Ibidem.
Otro caso paradigmático sería la detención el pasado 10 de septiembre en Santa Cruz de Tenerife de E.M.C., reclamado por la Audiencia Nacional debido a su peligrosidad. El detenido destacaba por instrumentalizar sistemáticamente su
radicalismo yihadista para infligir un trato degradante hacia sus parejas. Otro caso sería la detención el pasado abril en Almería del yihadista británico Abdel Bari. Calificado como 'extremadamente peligroso' por la Policía Nacional. Bari llegó
a España procedente de Argelia a bordo de una patera 25. Cabe apuntar que a este individuo se le arrestó cuando ya se encontraba alojado en una vivienda en Almería. Según fuentes policiales, Bari tenía intención de perpetrar atentados terroristas
en España.
Otro ejemplo de cómo los terroristas utilizan las redes de inmigración ilegal fueron los atentados de París del 13 de noviembre de 2015, que provocaron 130 muertos. Al menos dos de los terroristas que perpetraron dicho acto barbárico habían
llegado a Europa como inmigrantes o refugiados 26.
Adicionalmente, cabe destacar que el 16 de octubre de 2020 la Policía Nacional desarticulaba una célula terrorista en Mogán, Gran Canaria 27.
Por su parte, resulta alarmante para España conocer la noticia de que Mali liberó hace unos meses de sus cárceles a 180 yihadistas como intercambio por la liberación del líder la oposición, Soumaila Ciss 28. Lo anterior resulta preocupante
si tenemos en cuenta que en torno al 13 % de los inmigrantes ilegales que llegan a nuestras costas proceden de este país. Por tanto, no sería descabellado pensar que alguno de esos 180 yihadistas liberados pudiera aprovechar el flujo migratorio
ilegal existente entre Mali y España para acceder a nuestro país con el objeto de perpetrar atentados terroristas.
De hecho, los fallos de que adolecen tanto España como la UE en materia migratoria ya fueron expuestos por el ex Presidente de la Comisión Europea Jean-Claude Juncker en su discurso sobre el Estado de la Unión del 13 de septiembre de 2017:
'Las personas que no tienen derecho a permanecer en Europa deben ser retomadas a sus países de origen. Cuando solo se retoma al 36 % de los inmigrantes irregulares, es evidente que debemos intensificar considerablemente nuestra labor.'
Séptimo. Por último, la posición geográfica que ocupa el Reino de España, siendo frontera sur de la Unión Europea con el continente africano, inevitablemente ha favorecido que nos hayamos convertido en uno de los principales países destino
de los flujos migratorios ilegales. Así pues, no podemos obviar la realidad que sufre España y, por tanto, debemos actuar de inmediato.
De esta manera, la atrofia estratégica que vive nuestro país está fomentando las actuaciones -cada vez más agresivas- de nuestros vecinos del sur, dejando en una posición de debilidad a España para defender sus intereses intrínsecos, tales
como su integridad territorial, su soberanía y su seguridad. Por tanto, resulta urgente que España empiece a adoptar medidas efectivas contra aquellos países que están vulnerando nuestro Estado de derecho y lesionando nuestros derechos, como
Marruecos, Argelia Túnez y Mauritania, los cuales no tienen ningún reparo en dejar salir de sus fronteras a los inmigrantes que entran de manera ilegal en nuestro país -incumpliendo así los acuerdos firmados a tal efecto y por los que dichos países
reciben cuantiosas sumas de dinero por parte de España-, así como tampoco reconocen ni aceptan devuelta a sus propios nacionales una vez que han sido identificados y se ha acordado su expulsión de España por parte de las autoridades competentes.
Así pues, teniendo en cuenta las medidas que acaba de adoptar Francia a raíz de la negativa de estos países de aceptar devuelta a sus nacionales una vez que se ha decretado su expulsión del país galo, este Grupo Parlamentario considera que
España debería emular a su país vecino y aliado en la adopción de estas medidas, de tal manera que se forme un bloque sólido de países europeos que adopten contramedidas contra estos países en tanto en cuanto persistan en incumplir los acuerdos
firmados, trasladando la presión migratoria directamente a esos Estados.
Al amparo de todo lo expuesto anteriormente, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de la Nación, con el objeto de frenar la invasión migratoria, suspender la expedición o concesión de visados de entrada en España a todos los ciudadanos
25 Figueredo, Enrique: 'El yihadista rapero detenido en Almería llegó a España a bordo de una patera', La Vanguardia, 22-4-2020. Disponible [en línea]:
https://www.lavanguardia.com/sucesos/20200422/48678085670/rapero-terrorista-detenido-almeria.html.
26 Hernández, Irene: 'Dos de los terroristas de París entraron en Europa a través de Grecia', El Mundo, 20-11-2015. Disponible [en línea]: https://www.elmundo.es / internacional/2015/11 / 20/564f6fl0ca4741c56c8b458d.html.
27 https://www.canarias7.es/canarias/desmantelan-celula-vihadista-20201016150943-nt.html.
28 https://www.notimerica.com/política/noticia-mali-mali-libera-180-yihadistas-supuesto-intercambio-prisioneros-20201005110443.html.
de países emisores de inmigración ilegal como Marruecos, Argelia, Túnez y Mauritania, en tanto en cuanto estos países no readmitan en sus fronteras a todos los inmigrantes ilegales devueltos por España.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de octubre de 2021.-Rocío de Meer Méndez, Víctor González Coello de Portugal, Agustín Rosety Fernández de Castro, Víctor Manuel Sánchez del Real, Emilio Jesús del Valle Rodríguez, Alberto Asarta
Cuevas y María Teresa López Álvarez, Diputados.-Iván Espinosa de los Monteros de Simón y Macarena Olona Choclán, Portavoces del Grupo Parlamentario VOX.
162/000855
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Dña. Macarena Olona Choclán, D. Víctor González Coello de Portugal, D. Julio Utrilla Cano, D. Luis Gestoso de Miguel, Dña. Lourdes Méndez Monasterio, D. Joaquín Robles López y Dña. Rocío de Meer Méndez, en sus respectivas condiciones de
Portavoz Adjunta y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente Proposición no de Ley relativa a declarar la
crisis migratoria y la amenaza terrorista que se infiltra a través de esos mismos flujos de inmigración ilegal hacia España, así como la creciente radicalización de los jóvenes musulmanes que viven en nuestro país, como 'situación de interés para la
Seguridad Nacional' en aras de la prevención, protección y disuasión del proceso de entrada y radicalización del terrorismo yihadista en España, para su discusión en Pleno.
Exposición de motivos
Primero. Según informaciones publicadas 29, la Guardia Civil ha calificado de atentado terrorista el atropello de Torre Pacheco, Murcia, ocurrido el pasado 17 de septiembre en el que fallecieron dos personas. De hecho, el presunto
terrorista habría dejado una carta asegurando que efectivamente se trataba de un atentado 30, y un testigo asegura haberle visto efectuar la 'oración de despedida' de los terroristas antes de cometer un ataque. Atendiendo a lo dispuesto en el
atestado del Instituto Armado, el autor material del atentado se inmoló con un cuchillo que se clavó en el corazón después de realizar el atropello.
Asimismo, la Audiencia Nacional también se encontraría investigando como atentado yihadista este atropello mortal. Así, a pesar de que las pesquisas se encuentran en este momento bajo secreto de sumario, sí se conocen algunos detalles de
los hechos. En particular, se trataría de un joven marroquí de 27 años, de nombre Abdellah Gmara, que llegó a España como menor extranjero no acompañado (MENA) 31 con 12 años en el año 2004 32.
En concreto, los hechos acaecieron 'cuando el conductor de un vehículo arrolló a las personas que se encontraban en una terraza de la citada localidad y después empotró el coche, un Volkszvagen Golf, contra una pared. Como consecuencia del
atropello, murió, además del conductor, un ciudadano de origen venezolano y otros cuatro resultaron heridos. Cuando algunas personas llegaron hasta donde estaba el conductor, vieron que estaba haciendo con los dedos los signos típicos de los
yihadistas antes de suicidarse y que se había clavado voluntariamente un cuchillo de grandes dimensiones a la altura del corazón. En su poder, se encontraron tres cartas en las que, tal y como ordena el Estado Islámico, dejaba claro que lo que
había hecho era un acto contra los ''infieles''. Había apoyado el cuchillo en el volante y había apretado el cuerpo hasta causarse la muerte 33'.
Cabe destacar que este atentado es el primero que se produce tras los atentados de 2017 en Cataluña. De hecho, 'Lo que parecía un atropello masivo como consecuencia de una discusión entre
29 Disponible (en línea) en https://cadenaser.com/ser72021709/21/tribunales/1632232494 745291.html. Última visita realizada el 22 de septiembre a las 12:00 h.
30 https://www.eldiario.es/política/carta-autor-atropello-murcia-quiero-iusticia-islam-violaciones-asesinatos-telepaticos1 8330749.html.
31 https://www.larazon.es/espana /20210921/ianrbps7z5af5oi3hzhv6mlh5i.html.
32 https://www.elmundo.es/espana/2021 /09/27/6150c375fc6c835d078b45b7.html.
33 Disponible (en línea) en https://www.larazon.es/espana/20210921/ianrbps7z5af5oi3hzhv6mlh5i.html. Última visita realizada el 22 de septiembre a las 12:00 h.
ciudadanos marroquíes ha resultado ser la acción criminal de un actor, ''lobo'' solitario, inspirado por el Estado Islámico 34'.
Segundo. Sin lugar a dudas, la inmigración ilegal y descontrolada supone un peligro para la Seguridad Nacional española. No obstante, si le sumamos el problema del terrorismo camuflado en dicha inmigración, el conflicto que se produce es
crítico para cualquier nación. Según informaciones publicadas, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado españolas advierten de la posibilidad de que los terroristas yihadistas se infiltren en nuestro país a través de embarcaciones destinadas a
transportar inmigrantes ilegales 35.
Así, un caso paradigmático que demuestra lo real de dicha posibilidad es la desarticulación este mismo 10 de octubre en Barcelona de una célula yihadista conformada íntegramente por inmigrantes ilegales. En particular, entre los detenidos
se encuentra el Jeque, de nacionalidad argelina, líder de la célula que había llegado a España a bordo de una embarcación ilegal y el cual fue detenido tras comprar un fusil AK-47 para perpetuar atentados terroristas. De hecho, este criminal había
facilitado el pasado 2020 la entrada en Europa por vía marítima de al menos otros dos yihadistas que recurrieron a él para subirse a una embarcación de este tipo y alcanzar la costa española, por lo que es evidente que tenía pleno conocimiento de
cómo entrar ilegalmente en España y lo estaba usando para infiltrar yihadistas en nuestro país a través de los flujos de inmigración ilegal. Asimismo, dicho cabecilla se encontraba adoctrinando a los miembros que había conseguido captar para esa
célula -todos argelinos sin documentación alguna--con fundamentalismo radical del Daesh y los había instado a martirizarse en nombre del islam. Así, 'El Jeque se dedicaba a crear terroristas. Conformaba terroristas. Les hacía terroristas. Había
conseguido que estuvieran preparados y dispuestos para consumar un posible atentado' 36. También, 'los agentes constataron que todos ellos habían experimentado signos de radicalización' 37. Por último, cabe resaltar que de todos ellos uno ya había
entrado hace poco tiempo en la cárcel, así como que, en los registros de las viviendas, los investigadores encontraron toda clase de machetes, de más de medio metro cada uno, y setenta cartuchos de munición de calibre 9 milímetros. Todo ese arsenal
pertenecía en realidad al líder. Entre los artículos incautados se hallaron también diversos efectos que presuntamente emplearon para falsificar documentos oficiales.
Otro ejemplo en esta misma línea sería la detención el pasado 10 de septiembre en Santa Cruz de Tenerife de E.M.C., reclamado por la Audiencia Nacional debido a su peligrosidad. El detenido destacaba por instrumentalizar sistemáticamente su
radicalismo yihadista para infligir un trato degradante hacia sus parejas. Otro caso sería la detención el pasado abril en Almería del yihadista británico Abdel Bari. Calificado como 'extremadamente peligroso' por la Policía Nacional, Bari llegó a
España procedente de Argelia a bordo de una patera 38. Cabe apuntar que a este individuo se lo arrestó cuando ya se encontraba alojado en una vivienda en Almería. Según fuentes policiales, Bari tenía intención de perpetrar atentados terroristas en
España.
O también un ejemplo de cómo los terroristas utilizan las redes de inmigración ilegal sería los atentados de París del 13 de noviembre de 2015, que provocaron 130 muertos. Al menos dos de los terroristas que perpetraron dicho acto barbárico
habían llegado a Europa como inmigrantes o refugiados 39.
Adicionalmente, cabe destacar que el 16 de octubre de 2020 la Policía Nacional desarticulaba una célula terrorista en Mogán, Gran Canaria 40.
Si a esta posibilidad, esto es, la utilización de las redes de tráfico ilegal de personas por parte de los terroristas, sumamos la situación de pandemia que vive nuestro país, la problemática adquiere dimensiones siderales. Así, el profesor
Fernando Reinares, director del Programa sobre Radicalización Violenta y Terrorismo Global en el Real Instituto Elcano, advierte la posibilidad de que los grupos terroristas se aprovechen de la situación generada por el COVID-19 para la consecución
de sus objetivos.
34 Ibidem.
35 Zuloaga, J.M: 'Yihadistas infiltrados como inmigrantes', La Razón, 13-10-2018. Disponible [en línea]:https://www.larazon.es/espana/vihadistas-infiltrados-como-inmierantes-BG20151022/.
36 https://www.elespanol.com/espana/20211Q14/lider-celuIa-yihadista-espana-patera-detenido-comprar/619189104 O.html
37 Ibidem.
38 Figueredo, Enrique: 'El yihadista rapero detenido en Almería llegó a España a bordo de una patera', La Vanguardia, 22-4-2020. Disponible [en línea]:
https://www.lavanguardia.com/sucesos/20200422/4867808567Q/rapero-terrorista-detenido-almeria.html.
39 Hernández, Irene: 'Dos de los terroristas de París entraron en Europa a través de Grecia', El Mundo, 20-11-2015. Disponible [en línea]: https://www.elmundo.es/ internacional/2015/11/20/564f6fl0ca4741c56c8b458d.html.
40 https://www,canarias7.es/canarias/desmantelan-celula-yihadista-20201016150943-nt.html.
En su artículo 'COVID-19 y bioterrorismo', Reinares señala que 'la realidad del COVID-19 y la generalizada zozobra que está produciendo en un buen número de naciones occidentales [...] nos emplaza a reflexionar sobre la amenaza potencial de
una epidemia a escala regional o de una pandemia derivada del bioterrorismo'. La conclusión a la que llega el profesor Reinares es que los terroristas están tomando nota de cómo el COVID-19 ha conseguido lo que ellos no, esto es, la paralización
total de las sociedades occidentales. Ni tan siquiera sus mayores 'éxitos', como los atentados en el World Trade Center el 11 de septiembre de 2001, o los perpetrados el 11 de marzo en Madrid, consiguieron tener siquiera una parte de las
consecuencias económicas y sociales que el COVID-19 ha supuesto para nuestros países.
Tercero. No obstante lo anterior, nuestro país dispone de la regulación normativa necesaria para hacer frente a dicho fenómeno, esto es, al peligro que supone que una vía de entrada ilegal a España sea tan fácil para todos aquellos que
nunca solicitarían un visado, como es el caso de los yihadistas.
En concreto, la Ley 36/2015, de 28 de septiembre, de Seguridad Nacional (en adelante, 'Ley de Seguridad Nacional'), en su artículo tercero, define el concepto de Seguridad Nacional como 'la acción del Estado dirigida a proteger la libertad,
los derechos y bienestar de los ciudadanos, a garantizar la defensa de España y sus principios y valores constitucionales, así como a contribuir junto a nuestros socios y aliados a la seguridad internacional en el cumplimiento de los compromisos
asumidos.'
Resulta evidente, por tanto, que el enfoque que tiene que regir la política de Seguridad Nacional debe ser proactivo.
Por su parte, dicha ley estipula los ámbitos de especial interés de la Seguridad Nacional. Concretamente, en su artículo 10 señala lo siguiente:
'Se considerarán ámbitos de especial interés de la Seguridad Nacional aquellos que requieren una atención específica por resultar básicos para preservar los derechos y libertades, así como el bienestar de los ciudadanos, y para garantizar el
suministro de los servicios y recursos esenciales. A los efectos de esta ley, serán, entre otros, la ciberseguridad, la seguridad económica y financiera, la seguridad marítima, la seguridad del espacio aéreo y ultraterrestre, la seguridad
energética, la seguridad sanitaria y la preservación del medio ambiente.'
Asimismo, el artículo 23 de la citada ley define y establece la 'situación de interés para la Seguridad Nacional', en los siguientes términos:
'1. La gestión de crisis se desarrollará en la situación de interés para la Seguridad Nacional, adaptándose a las específicas circunstancias de la misma, de acuerdo con lo dispuesto en este título.
2. La situación de interés para la Seguridad Nacional es aquella en la que, por la gravedad de sus efectos y la dimensión, urgencia y transversalidad de las medidas para su resolución, requiere de la coordinación reforzada de las
autoridades competentes en el desempeño de sus atribuciones ordinarias, bajo la dirección del Gobierno, en el marco del Sistema de Seguridad Nacional, garantizando el funcionamiento óptimo, integrado y flexible de todos los recursos disponibles, en
los términos previstos en esta ley.
3. La situación de interés para la Seguridad Nacional se afrontará con los poderes y medios ordinarios de las distintas Administraciones Públicas y en ningún caso podrá implicar la suspensión de los derechos fundamentales y libertades
públicas de los ciudadanos.'
Del mismo modo, el artículo 24 sobre la declaración de la 'situación de interés para la Seguridad Nacional' reza lo siguiente:
'1. La situación de interés para la Seguridad Nacional se declarará por el Presidente del Gobierno mediante real decreto. La declaración incluirá, al menos:
a) La definición de la crisis.
b) El ámbito geográfico del territorio afectado.
c) La duración y, en su caso, posible prórroga.
d) El nombramiento, en su caso, de una autoridad funcional, y la determinación de sus competencias para dirigir y coordinar las actuaciones que procedan.
e) La determinación de los recursos humanos y materiales necesarios para afrontar la situación de interés para la Seguridad Nacional, previstos en los correspondientes planes de preparación y disposición
de recursos, así como de otros recursos adicionales que se requieran en cada caso, de acuerdo con lo dispuesto en el título IV.
2. La declaración de situación de interés para la Seguridad Nacional supondrá la obligación de las autoridades competentes de aportar los medios humanos y materiales necesarios que se encuentren bajo su dependencia, para la efectiva
aplicación de los mecanismos de actuación.
3. El Gobierno informará inmediatamente al Congreso de los Diputados de las medidas adoptadas y de la evolución de la situación de interés para la Seguridad Nacional'.
En consonancia con lo anterior, en el siguiente plano normativo se encuentra la Estrategia de Seguridad Nacional, que es, según el artículo 4.3 de la Ley de Seguridad Nacional, 'el marco político estratégico de referencia de la Política de
Seguridad Nacional. Contiene el análisis del entorno estratégico, concreta los riesgos y amenazas que afectan a la seguridad de España, define las líneas de acción estratégicas en cada ámbito de actuación y promueve la optimización de los recursos
existentes'.
La Estrategia de Seguridad Nacional actual (2017) califica la inmigración ilegal como una amenaza para la seguridad nacional de España -págs. 46 y 68-. Así, tal y como señala este documento, 'Europa, y el mundo en su conjunto, viven una de
las mayores crisis migratorias registradas desde la Segunda Guerra Mundial... España, por su posición geoestratégica, está especialmente expuesta a este desafío'.
Cuarto. A la luz de lo anterior, resulta patente y obvio que tanto la crisis migratoria como la amenaza terrorista infiltrada a través de los flujos de inmigración ilegal que se dirigen a España deben de ser consideradas como una 'situación
de interés para la Seguridad Nacional' de nuestro país, teniendo en cuenta el marco normativo expuesto con anterioridad en confluencia con las numerosas detenciones de terroristas yihadistas en nuestro territorio, así como con los, por suerte, no
tan numerosos atentados que han logrado realizar con éxito dichos individuos.
Además, tal y como hemos visto en el último atentado yihadista acaecido en Murcia, la radicalización de los jóvenes musulmanes que viven en nuestro país -legal o ilegalmente- está sufriendo un incremento alarmante en los últimos años,
dejándonos al albur de cuándo se producirá un nuevo ataque terrorista contra nuestra población.
Así pues, es obligación del Gobierno preparar todos los medios que estén a su disposición de forma que las instituciones del Estado estén alertas y lleven a cabo todas las acciones destinadas a prevenir y evitar que nuevos ataques de este
tipo se puedan producir en el futuro.
Por todo ello, y al amparo de lo expuesto, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de la Nación a declarar, en virtud de los artículos 23 y 24 de la Ley 36/2015, de 28 de septiembre, de Seguridad Nacional, la crisis migratoria y la amenaza terrorista que se infiltra a través
de esos mismos flujos de inmigración ilegal hacia España, así como la creciente radicalización de los jóvenes musulmanes que viven en nuestro país, como ''situación de interés para la Seguridad Nacional''. Así pues, se incluirá el despliegue de
todos los recursos humanos y materiales necesarios y suficientes -artículo 24.1.e)-, en aras de la prevención, protección y disuasión del proceso de entrada en España y radicalización del terrorismo yihadista.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de octubre de 2021.-Rocío de Meer Méndez, Víctor González Coello de Portugal, Joaquín Robles López, Lourdes Méndez Monasterio, Luis Gestoso de Miguel y Julio Utrilla Cano, Diputados.-Macarena Olona
Choclán, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
162/000856
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley, por la que se insta al Gobierno a la
adopción de determinadas acciones para defender el derecho a la memoria democrática de las víctimas de la banda terrorista ETA, para su debate en Pleno.
Exposición de motivos
Con motivo del décimo aniversario de la declaración del 'cese definitivo' de la actividad criminal de ETA, el 20 de octubre de 2011, debemos tener presente que los comandos de ETA fueron desarticulados y encarcelados sus miembros por la
acción continuada de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, de la Justicia y la creciente presión social. En 2011, ETA estaba derrotada de facto. Su declaración de 'cese de la actividad' fue la puesta en escena de un intento de enmascarar
su rendición, obtener beneficios políticos mediante la negociación y ganar tiempo para reforzar a sus aliados políticos.
ETA ha sido la organización terrorista más longeva y mortífera de España con 853 muertos, 2.597 heridos y 67 secuestrados. Cifras que esconden miles de familias marcadas porque unos terroristas decidieron libremente asesinar, secuestrar,
amenazar y extorsionar para doblegar el Estado de Derecho e imponer su proyecto político totalitario y excluyente, y que contaron con un entramado político, económico y social para amparar y justificar sus acciones criminales.
Cuando en estos momentos los herederos políticos de ETA intentan reescribir el relato de la historia del terrorismo e imponer una memoria manipulada es imprescindible no dejarse engañar por declaraciones de Otegi, que fue condenado por
terrorismo. Sus palabras son un artificio puramente instrumental para continuar con el blanqueo de ETA y facilitar al Gobierno de Sánchez legitimar sus indignos pactos con EH Bildu. Nos encontramos ante una comunidad de intereses entre el Gobierno
y los herederos de ETA. Unos ofrecen apoyo parlamentario y presupuestario y los otros facilitan la salida de la cárcel de los condenados por crímenes terroristas y otorgan barniz democrático a la izquierda proetarra.
Es por todo ello necesario considerar el reconocimiento a las víctimas de la banda terrorista ETA como parte esencial y prioritaria de la memoria democrática de España. La Ley 29/2011, de 22 de septiembre, de Reconocimiento y Protección
Integral a las Víctimas del Terrorismo, establece como principios fundamentales los valores de memoria, dignidad, justicia y verdad.
La memoria democrática va más allá de la protección individualizada de las víctimas y se debe circunscribir a una acción del Estado emprendida con vocación de tener alcance colectivo. En el escenario post-ETA no solo debemos hablar de
reparación material sino de un conjunto de medidas globales que incluyen la reparación moral.
La relación directa entre la defensa del régimen constitucional por parte de las víctimas de ETA y las acciones de la banda es recíproca. Si ETA atentó contra ellas, lo hizo como acción de ataque al sistema democrático. El legislador debe
garantizar un reconocimiento de las víctimas, consolidando su memoria, con la vista puesta en que la pérdida de sus vidas o los daños de todo tipo sufridos no caigan en el olvido, ni por parte de la ciudadanía ni por los poderes públicos. Un
atentado terrorista es, en todo caso, un ataque directo contra el régimen democrático y constitucional.
Garantizar el derecho a la memoria de las víctimas pasa por reconocer que no hay causa política que justifique matar y que no ha habido violencia de distintos signos.
Existieron unos terroristas que mataron y unas víctimas que fueron asesinadas. No se puede pasar esta página del terrorismo sin conocer la verdad histórica.
La democracia debe derrotar definitivamente a los verdugos, salvaguardando la memoria de las víctimas. Siguen existiendo crímenes sin resolver y asesinos sin identificar. Defender el derecho a la justicia de las víctimas es lograr que se
resuelvan los 379 atentados que están sin esclarecer, así como garantizar el cumplimiento de las penas de los terroristas. La política penitenciaria del Gobierno de España no puede convertirse en una puerta abierta a la impunidad.
El Estado Democrático no puede tolerar los símbolos que aún quedan en Euskadi en recuerdo de ETA y contra las víctimas. Deben ser retirados al ser contrarios a los valores y principios que sustentan la democracia.
Los poderes públicos deben impedir que se repitan actos contrarios a la dignidad de las víctimas, que revivan el dolor sufrido, tales como los 'ongi etorris' a los presos de la banda.
No se debe permitir que existan asociaciones que hacen apología de la banda, incitan al odio o la violencia contra los defensores del sistema democrático. Pensemos en los actos de coacción a los representantes de asociaciones o partidos
políticos constitucionalistas. El camino recorrido en defensa de la libertad no puede ser desvirtuado, permitiendo que caiga en el olvido. La sociedad y, por supuesto, las víctimas, tienen derecho a la memoria democrática. El blanqueo de ETA y de
sus acciones criminales es una estrategia de los herederos políticos de los terroristas y cuenta con la permisividad del Gobierno de coalición social comunista que depende del apoyo parlamentario de éstos.
La memoria democrática de las víctimas de ETA debe ser conocida por los más jóvenes que deben recibir una formación integral de la lucha política y social contra el terrorismo. Los poderes públicos han de incluirlo en la acción formativa en
ESO y Bachillerato.
Es necesario recordar a las víctimas para no blanquear a los responsables directos de su muerte ni a los responsables por omisión que aplaudían y defendían desde las instituciones la existencia de un 'conflicto' como justificación del
terrorismo. Se debe poner a las víctimas en el centro del debate público e incluir sus historias en los planes de estudio. Tener memoria colectiva es vital para mantener y seguir manteniendo un orden constitucional que nos ha permitido luchar y
superar los ataques de ETA contra la libertad y la vida.
No se puede estar con las víctimas y pactar con quienes defienden el asesinato, la amenaza y la extorsión como método para hacer política. No se puede dar a ETA por dejar de matar lo que no consiguió matando.
Los que defendieron que el uso de la violencia estuvo justificado no pueden ser tratados como un agente político más, por mucho que sean legales. EH Bildu no es un partido progresista sino el partido heredero del brazo institucional de ETA
que, a día de hoy, sigue defendiendo que algunos asesinatos de ETA estuvieron justificados.
Los pactos parlamentarios del Gobierno con EH Bildu son una traición a los que pagaron un precio dramático por defender la democracia española.
Por todo lo cual, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a la adopción inmediata de determinadas acciones para defender el derecho a la memoria democrática de las víctimas de la banda terrorista ETA:
1. Aplicar integrante la Ley 29/2011, de 22 de septiembre de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo, que establece como principios fundamentales los valores de memoria, dignidad, justicia y verdad.
2. Emprender una acción legislativa de Estado en reconocimiento del derecho a la memoria democrática de las víctimas del terrorismo como defensores de los valores de nuestra Constitución. La memoria democrática debe establecer respecto del
terrorismo de ETA:
- La victoria del Estado de Derecho y la derrota de los terroristas.
- La deuda moral que para con las víctimas tiene el conjunto de la sociedad y en concreto las Administraciones Públicas y los Poderes del Estado.
- La culpa absoluta de la banda terrorista ETA y de los movimientos sociales y políticos que apoyaron o justificaron unos crímenes que deben ser considerados de lesa humanidad.
- Prohibir e instar la retirada de los símbolos en recuerdo de ETA y contra las víctimas del terrorismo.
- Adoptar todas las medidas precisas para impedir los homenajes públicos a terroristas. Dando cumplimiento a la resolución del Parlamento Europeo de 2020 que exigía a las autoridades españolas adoptar todas las medidas necesarias para
evitar que las víctimas del terrorismo 'sean humilladas por actos como los homenajes a etarras que se han producido en los últimos años en España'.
- Impedir la apología o enaltecimiento de la banda ETA por parte de asociaciones o partidos, así como declaraciones o acciones que incitan al odio o la violencia contra los defensores del sistema democrático.
- Promover acciones de reconocimiento y homenaje a las víctimas de ETA.
- Señalizar los lugares de los atentados terroristas y los nombres de las víctimas de los mismos.
- Los más jóvenes deben recibir una formación integral en la memoria de la lucha política y social contra el terrorismo. Los poderes públicos han de implementarlo así en la acción formativa en ESO y Bachillerato.
- Garantizar una aplicación de la legislación que impida la progresión de grado o la concesión de beneficios penitenciarios a los terroristas que no acrediten fehacientemente, no solo haber renegado de los actos delictivos cometidos y
mostrar arrepentimiento, sino que muestren también signos inequívocos de haber abandonado la voluntad de reincidir en los mismos y colaboren activamente para impedir la producción de otros delitos análogos y en el esclarecimiento de los que pudieran
tener conocimiento. Estas condiciones tendrán que acreditarse mediante informes técnicos oficiales que atestigüen que el preso está realmente desvinculado de la organización terrorista y del entorno, de las actividades de asociaciones y colectivos
ilegales que la rodean, así como la colaboración con las autoridades.
- Promover la participación activa de las víctimas y de sus asociaciones en la persecución, procesamiento y en el cumplimiento de la condena de los autores de delitos terroristas.
3. Realizar un control exhaustivo de la ejecución de las competencias penitenciarias transferidas a las administraciones autonómicas, sin excluir la posibilidad de la recuperación de la transferencia si se aprecia un trato de favor hacia
los presos de ETA.
4. Instar que los crímenes de ETA sean considerados crímenes contra la humanidad con el fin de evitar su prescripción.
5. Impulsar, desde la Fiscalía General del Estado y desde el Ministerio del Interior, todas las actuaciones necesarias para el esclarecimiento de los 379 crímenes de ETA pendientes de resolver.
6. Excluir de los pactos y acuerdos políticos promovidos desde el Gobierno a los partidos que no condenan explícitamente los crímenes de ETA e intentan legitimar su existencia.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de octubre de 2021.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
162/000857
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para la creación de una Estrategia Española de Datos, para su
debate en Pleno.
Exposición de motivos
En septiembre de 2020, el Gobierno de España procedió a la creación de la Oficina del Dato en el organigrama de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, que se encargará de diseñar las estrategias del Gobierno en
materia de Big Data. Así se denomina al conjunto de tecnologías que han sido creadas para recopilar, analizar y gestionar los datos que generan los usuarios de internet, de forma que se obtiene información masiva para identificar patrones o
comportamientos colectivos que puedan ayudar a determinados sectores a afinar sus actividades de acuerdo a los mismos. Es decir, el Big Data no busca obtener información concreta de usuarios únicos, sino que se interesa más por la información
agregada de comportamientos y de patrones de grupo en una plataforma o servicio.
Durante casi un año, la Oficina del Dato no ha contado con estructura organizativa efectiva hasta el pasado mes de julio, cuando nombró al doctor Alberto Palomo Lozano, especialista en Física Teórica y experto en Data Analytics, como Chief
Data Officer. Su labor al frente de esta Oficina es poner en marcha las medidas necesarias para asegurar que los datos fluyen de forma correcta en nuestro país, especialmente entre la Administración, el sector privado y la academia. Además, se ha
creado una División de Planificación y Ejecución de Programas como órgano administrativo dentro de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial para, precisamente, ayudar en la puesta en marcha de esas medidas que hagan
posible la fluidez del ecosistema de datos de nuestro país.
Estas actuaciones derivan de los avances ocurridos a nivel europeo, teniendo en cuenta que en febrero de 2020 la Comisión Europea presentó su nueva Estrategia Europea de Datos. El objetivo de esta estrategia es fomentar la creación de un
mercado único de datos, en el que tanto los datos personales como los anonimizados puedan circular de forma segura y sin barreras geográficas en la Unión Europea, de forma que tanto las administraciones como las empresas y los investigadores puedan
acceder a ellos para poder mejorar las políticas públicas, innovar, mejorar modelos de negocio y fomentar el crecimiento sostenible y la creación de empleo de calidad. De este modo, la Comisión Europea se fijó el objetivo de consolidar ese espacio
de intercambio que permita, además, fomentar la autonomía estratégica de la industria europea y la soberanía tecnológica de nuestros sistemas de recopilación, tratamiento y gestión de datos.
La Comisión Europea, además, ha establecido cuatro prioridades de actuación para hacer realidad esta Estrategia Europea de Datos. En primer lugar, la creación de un marco legislativo que refuerce las
estructuras y mecanismos de gobernanza de datos para su reutilización, siempre de acuerdo con la legislación vigente en materia de protección de datos y de protección de la propiedad industrial, que permita asegurar cantidades importantes de
datos de alto valor social y económico, que facilite el intercambio de datos entre administraciones y empresas y que facilite el acceso de investigadores a los mismos.
En segundo lugar, la Comisión Europea identifica como prioritaria la inversión en arquitecturas para albergar, tratar y utilizar datos, que tienen como objetivo ofrecer datos ligados a sectores estratégicos como la industria, la energía, la
salud, la movilidad, la agricultura o la ciencia. Posteriormente, la necesidad de apostar por la formación y capacitación de personas en competencias digitales, especialmente en lo referente a las asociadas al manejo de los datos, así como
formación en materia de derechos digitales y portabilidad de los mismos. Por último, la Comisión Europea considera prioritaria la creación de un marco adecuado para poder medir los flujos de datos y la estimulación del valor económico de los
mismos, ya sea dentro de la Unión Europea como de cara al exterior. Además, la Comisión Europea también ha puesto sobre la mesa una hoja de ruta que incluye la aprobación de una Estrategia Europea sobre Software de Código Abierto 2020-2025, la
Estrategia de Ciberseguridad 2020-2027 y el Plan de Acción de Educación Digital 2021-2027.
Sin embargo, a nivel nacional el Gobierno aún no ha puesto en marcha ninguna iniciativa al respecto. El Gobierno de España podría aprovechar que la Comisión Europea ya ha fijado el rumbo a seguir a nivel europeo, así como el parón que
desgraciadamente han sufrido estos asuntos a causa de la pandemia de COVID-19, para posicionar nuestro país a la vanguardia del manejo seguro, flexible y ágil de Big Data en la Unión Europea. Pese a ello, la tardanza del Gobierno en poner en marcha
la Oficina del Dato no augura un buen futuro para ese potencial. Desde el GP Ciudadanos, tenemos claro que la digitalización es una de las grandes transformaciones que están cambiando profundamente nuestro presente y que, además, sentarán las bases
del crecimiento, de la igualdad de oportunidades y del empleo en el futuro. Por desgracia, la pandemia de COVID-19 también nos ha enseñado lo importante que es tener nuestras economías y sociedades listas para esa transformación y evitar posibles
impactos negativos que deriven de la misma.
Teniendo esto en cuenta, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Aprobar, en colaboración con las Cortes Generales, una Estrategia Española de Datos que recoja las directrices establecidas por la Comisión Europea en los últimos dos años y que permita posicionar a España a la vanguardia de la
utilización segura, fluida y sencilla de Big Data en la Unión Europea.
2. Adoptar las modificaciones legales necesarias para asegurar una aplicación correcta del Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la gobernanza europea de datos, en especial en lo referente a cesión de datos por parte
del sector público, de transparencia sobre mecanismos de recopilación, tratamiento y transmisión de datos y de interoperabilidad de los mismos para los usos contemplados en la legislación para los mismos.
3. Impulsar la colaboración público-privada en materia de datos, capacidades e infraestructuras, eliminando barreras a la inversión privada, y apostando de forma clara por sistemas seguros de almacenamiento de datos, de sistemas de nube, de
conexiones 5G y de mecanismos de interoperabilidad, en especial para fomentar el crecimiento sostenible y la creación de empleo de calidad.
4. Reforzar la apuesta por capacitación de personas y la formación en competencias digitales y de tratamiento de datos, tanto en la educación como en el mundo empresarial, para asegurar un tratamiento ético, seguro y acorde a la legalidad
de los datos y los recursos de aprendizaje en estas competencias disponibles en centros educativos y en centros de formación.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de octubre de 2021.-María Muñoz Vidal, Diputada.-Edmundo Bal Francés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
162/000858
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Los Grupos Parlamentarios abajo firmantes, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presentan la siguiente Proposición no de Ley para la reconsideración de la ampliación norte del Puerto de València para
su debate en instancia en el Pleno.
Exposición de motivos
La ampliación norte del puerto de València que impulsa en la actualidad la Autoridad Portuaria de Valencia (APV), nace de un sustancial cambio de criterio plasmado en un anteproyecto de julio de 2018 promovido unilateralmente por la APV, que
se encuentra en abierta contradicción con la Declaración de Impacto Ambiental dictada el 30 de julio de 2007 (DIA-2007), mediante Resolución de la Secretaría General para la Prevención de la Contaminación y el Cambio Climático (BOE de 16 de agosto
de 2007), tras la evaluación ambiental realizada con base en los datos y análisis elaborados a partir de información ambiental recogida entre 2005 y 2006, esto es, con más de quince años de antigüedad y por fuerza, absolutamente obsoletos ya en
tiempos de Emergencia Climática declarada.
En aquella DIA fue elegida la alternativa 4 de las 5 estudiadas para la realización del proyecto originario, precisamente por considerarse '... menores los efectos negativos sobre el medio, destacando que implica un menor volumen de dragado
que el resto de alternativas, así como una menor superficie de explanada y movimiento de tierras.'
Contrariamente a ello, el actual proyecto, incrementa el volumen de dragados y el movimiento de tierras, cambia de ubicación y amplía la explanada de operaciones y reubica la terminal de cruceros actualmente existente, cuestión adicional que
no estaba en modo alguno prevista en el proyecto originario, basado en la ya referida alternativa 4 seleccionada en la DIA-2007.
Desde diversas instancias ciudadanas y académicas se cuestiona una macroampliación sobre la cual no solo existen graves objeciones ambientales sino también fundadas dudas de legalidad, incluida la referida a la pura y simple caducidad de la
DIA por haberse licitado y ejecutado como obra separada, tan solo una fase de la ampliación (concluida en octubre de 2012), y no abordarse nunca la licitación ni la ejecución de la segunda fase, objeto ahora del sustancial cambio de criterio
referido, en contradicción con lo dispuesto en la disposición transitoria primera de Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental.
A estos cuestionamientos, se añade ahora la investigación del Tribunal de Cuentas, instada mediante denuncia de la plataforma ciudadana Comissió Ciutat-Port, precisamente respecto de los términos del rescate realizado sobre una histórica
concesión, caducada de facto por cese de la actividad y de la concesionaria originaria, para la reubicación de la actual terminal de cruceros otorgando a cambio una nueva concesión administrativa a una empresa tercera del mismo grupo empresarial,
cuyo principal accionista forma parte además del consejo de Administración de la APV, sin someterse a un proceso de pública concurrencia. Una denuncia cuyos argumentos ha venido a confirmar la Intervención General del Estado y la Asesoría Jurídica
del Estado, mediante sendos informes, que han llevado a la APV a acordar, en su sesión de 29 de junio de 2021, la declaración de lesividad de su acuerdo inicial, adoptado a finales de 2018.
Ante este conjunto de hechos, la Plataforma ciudadana Comissió Ciutat-Port, compuesta por colectivos vecinales, sociales, ecologistas y académicos, llevan tiempo advirtiendo de las consecuencias ambientales, para el modelo de ciudad, para la
salud y también económicas que, de llevarse a cabo la ampliación norte, tendrían lugar.
No se trata tan solo de que el proyecto actual carezca de una DIA en condiciones puesto que el proyecto ha cambiado sustancialmente como se ha descrito anteriormente y de que además la DIA del proyecto original haya caducado. La Comissió
Ciutat-Port Se opone frontalmente a la ampliación por los siguientes motivos:
- Por ser un proyecto que compromete una gran cantidad de presupuesto público sin tener una evaluación ni ambiental ni económica acorde a la amplitud que supone, habiéndose efectuado tan solo la correspondiente al propio recinto portuario
obviando la evaluación tanto ambiental como económica de las inevitables grandes infraestructuras que habrán de hacerse para hacer viable la ampliación, estimando estas inversiones en más de 3000 millones de euros.
- Por no tener, el proyecto de ampliación, una evaluación de riesgo económico en un triple escenario de escasez de materias primas, de petróleo barato y de cambio climático y, en consecuencia, de posible
cambio radical de las cadenas de suministro y del comercio mundial en las próximas décadas, así como el posible cambio de rutas una vez abierto el paso del Ártico. Puede, así, acabar el proyecto como otro Castor más u otras autovías
radiales de Madrid, que indefectiblemente acabará pagando el contribuyente.
- Por poner en peligro los activos que hacen de Valencia una ciudad diferente y privilegiada entre las ciudades europeas. Es decir, poner en peligro l'Albufera, l'Horta, las playas y la calidad de vida urbana y afectar a la línea de costa
de la Devesa que ya padece una regresión evidente (10 m en tan solo cinco años).
- Por poner en riesgo la salud de la población que supondría la duplicación de la capacidad operativa del puerto, doblando en consecuencia el número de camiones que afluyen al mismo diariamente. De esta manera se empeorará la calidad del
aire con niveles ya muy elevados de óxidos de nitrógeno en ciertas zonas del área de influencia del puerto.
- Por no haber evaluado el coste de oportunidad. Es decir, por desviar unos recursos económicos, técnicos, administrativos y humanos que es urgente destinar a otros fines, en particular a la adaptación de las ciudades al cambio climático y
la resiliencia territorial, de los que sí sabemos (su propio gobierno lo proclama) que son verdaderamente necesarios y urgentes.
- Por no haber evaluado económicamente los costes externos que la ampliación del puerto supondría para su hinterland (contaminación del aire y acústica, accidentes, fragmentación de los hábitats, contribución al cambio climático, deterioro
del paisaje, impacto sobre el turismo, etc.), pudiendo ser los costes económicos superiores a los beneficios de tal ampliación.
- Por ser contrario a las políticas que este mismo gobierno preconiza en materia de cambio climático, que deben ser ahora las prioritarias.
Así pues, teniendo en cuenta los aspectos mencionados, los grupos parlamentarios firmantes, presentan la siguiente
Proposición no de Ley
'Primero. El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que la Autoridad Portuaria de València, bajo la supervisión del ente público Puertos del Estado, en tanto que promotor de las actuaciones de ampliación del puerto de València:
- Desista del proyecto actual de ampliación Norte del Puerto.
- Renuncie a la construcción de una nueva terminal de cruceros junto a los poblados marítimos.
- Renuncie a los planes y proyectos de ampliación de infraestructuras de transporte terrestre que se presentan como asociadas e imprescindibles para hacer 'viable' esta ampliación como son, entre otras, la duplicación de carriles de la A-7
(by-pass), de la V-30 o la de la V-31, y, en particular, el de acceso norte al puerto (que figura como compromiso de la administración en el pliego de concesión de la futura terminal norte).
Segundo. Se insta al Gobierno para que el Ministerio de Fomento proceda al desmantelamiento del dique norte de abrigo, en tanto en cuanto se haya desistido del proyecto de ampliación del puerto y este es parte de la primera fase de la
misma. Desmantelamiento que paliaría el lamentable estado de las playas del sur (Pinedo y el Saler) así como la amenaza para el parque natural de l'Albufera.
Del mismo modo, se insta a la remoción de cualquiera otras actuaciones o infraestructuras ya ejecutadas de la primera fase de la ampliación.
Tercero. Se insta al Gobierno a paralizar y desistir del proyecto de la ZAL en La Punta (Zona de Actividades Logísticas del puerto) y buscar un nuevo destino a los actuales terrenos sobre los que se asienta la misma. Unos terrenos que
fueron expropiados por vía de urgencia para otra ampliación del recinto portuario y que tras más de veinte años siguen desocupados. Tales terrenos son propiedad del Estado y son claves en la conectividad del sistema de infraestructura verde de la
ciudad de valencia y comarcal puesto que son el nexo de unión entre los dos grandes activos de la ciudad de València: el Jardí del Túria y el Parque Natural de l'Albufera.
Su uso como parte de una potente infraestructura verde de ámbito supracomarcal tiene mucho mayor retorno social, económico y ambiental como pieza clave en la estrategia de resiliencia territorial en un escenario de cambio climático, que como
un polígono industrial que, de ser necesario, puede encontrar ubicaciones más adecuadas.
Cuarto. Se insta al Gobierno a garantizar que, bajo la supervisión del ente público Puertos del Estado, la APV, no solo facilite la investigación que lleva a cabo el Tribunal de Cuentas sobre el irregular
rescate de concesiones portuarias y la compensación pactada con una mercantil cuyo principal accionista es miembro del consejo de administración de la APV, sino que proceda a la depuración interna de responsabilidades en que se hubiera
podido incurrir en la aprobación de dicha operación y que, en base a las irregularidades confirmadas por la Intervención General y la Asesoría Jurídica del Estado, han llevado a la declaración de lesividad adoptada por el referido consejo en su
sesión de 29 de junio de 2021.
Deberá garantizarse, a su vez, la debida transparencia pública de tales actuaciones.
Quinto. Se insta también al Gobierno a trabajar decididamente y mediante directrices e iniciativas claras por una economía para las personas y el bien común. En esa dirección, el Congreso de los Diputados insta al Gobierno a la
reasignación de las inversiones previstas para la ampliación del Puerto para otros fines de mayor beneficio social, económico y ambiental como:
- Paliar todos los impactos y daños que ya ha causado a los barrios y los ecosistemas valencianos la actividad portuaria en los últimos cincuenta años. Especialmente en los barrios de Natzaret, La Punta y Pinedo. Así como sobre l'Albufera
y la Devesa y sus playas.
- Proteger la salud de las personas que habitamos en las comarcas de influencia del puerto, para lo que debe extremarse la definición y aplicación inmediata de planes de control y reducción efectiva de emisiones de contaminación atmosférica
y acústica, de acuerdo con los niveles seguros de contaminación para las personas admitidos per la Organización Mundial de la Salud. Planes capaces de alcanzar la reducción de emisiones de C02 del 7,6 % anual necesaria para cumplir con los
objetivos climáticos en 2030, que, además, se deben acompañar del impulso de modelos de producción-consumo de proximidad, para eliminar la huella de carbono de los productos.
- Invertir en sectores y necesidades verdaderamente urgentes en un escenario de emergencia climática: repensar el planeamiento para crear proximidad, transporte público y transporte no motorizado, adaptación de núcleos urbanos al cambio
climático, ecoagricultura de proximidad, salud pública, resiliencia territorial (preservar las masas de agua y su función eco-climática, desfragmentar los hábitats, adoptar soluciones basadas en la naturaleza, etcétera).
Sexto. Se insta al Gobierno a aplicar criterios de responsabilidad eco-climática, promoviendo el impulso e implantación de un nuevo modelo de gobernanza de los puertos y cualquier iniciativa derivada de ellos, que dé más voz y voto a los
territorios afectados y que contextualice la gestión y la toma de decisiones a la situación eco-climática, económica y social actual, y abandonar definitivamente cualquier ampliación del puerto, tanto para mercancías como pasajeros, incluyendo Zonas
Logísticas (ZAL).
Séptimo. El Congreso insta, por último, al Gobierno a abordar una reforma en profundidad de la actual Ley de Puertos para adaptarla a los objetivos de desarrollo sostenible en un contexto de emergencia climática y la lógica de
descentralización territorial en la toma de decisiones.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de octubre de 2021.-El Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común.-Marta Rosique i Saltor, Diputada.-Gabriel Rufián Romero, Portavoz del Grupo
Parlamentario Republicano.-Inés Sabanés Nadal, Diputada.-Joan Baldoví Roda, Portavoz del Grupo Parlamentario Plural.-Albert Botran Pahissa, Diputado.-Pedro Quevedo Iturbe, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
162/000859
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Plural, a instancia del Diputado del Bloque Nacionalista Galego (BNG), Néstor Rego Candamil, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente
Proposición no de Ley sobre la implantación del pago de peajes en las autovías de titularidad estatal, para su debate en Pleno.
Exposición de motivos
Después de ser anunciada hace meses por el entonces ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luís Ábalos, y motivo de posterior rectificación, en los últimos días tres responsables del
Ministerio de Transportes, incluida la actual Ministra, Raquel Sánchez, anunciaron la intención del Gobierno de implantar peajes en las autovías que entrarían en vigor a más tardar en el año 2024.
Para justificar esta medida, además de razones económicas (costes de mantenimiento) se esgrimen criterios ambientales, que tienen que ver con la transición energética y la 'desincentivación' del uso del vehículo privado.
No vamos a entrar en las razones de tipo económico; simplemente señalar que ese es un argumento que puede ser aplicado al conjunto de los servicios públicos y que en ellos el 'pago por uso' supondría una deriva hacia el neoliberalismo
extremo con consecuencias desastrosas para las mayorías sociales y los sectores más vulnerables.
En todo caso, en relación con las pretendidas razones ambientales, es evidente que no es posible 'desincentivar' el uso del vehículo privado si no existen alternativas adecuadas de transporte público que cubran las necesidades diarias de la
población y de la actividad económica, especialmente con medios eficaces y sostenibles como el ferrocarril.
Ese es el caso de Galiza, de forma que la implantación de peajes en las autovías representará una losa desde el punto de vista social y económico en un país con gran dependencia del vehículo particular y del transporte por carretera por no
poseer transportes públicos adecuados ni una red ferroviaria a la altura de las necesidades del siglo XXI, especialmente para el transporte de mercancías.
En esas condiciones, el pago por uso en todas las autovías tendría graves consecuencias negativas para nuestro país, sobre todo para las clases populares y para los costes de las actividades económicas, especialmente en un País que tiene una
ubicación geográfica periférica en la península y en Europa.
Más grave aún si tenemos en cuenta que, desde que el pasado 1 de setiembre se liberasen de peaje más de 500 km en Cataluña y Aragón, Galiza es la comunidad autónoma del Estado español con más kilómetros de autopistas de peaje (331) y dos de
las 3 autopistas estatales con concesiones de larga duración (AP-9 y AP-53) están en nuestro país.
Además, tendrían el efecto de aumentar el tránsito en las vías convencionales, ya en muchos casos colapsadas y donde se producen la mayoría de los accidentes con resultado de muerte. Esto es especialmente preocupante en Galiza por las
características de nuestro hábitat y la configuración de nuestra red viaria convencional mayoritariamente rodeada de viviendas y actividades.
Entendemos que es fundamental evaluar las consecuencias del desplazamiento de la movilidad de las autovías a la red convencional, particularmente en relación con los costes sociales que puede implicar. Reducir el número de accidentes y de
fallecimientos por violencia viaria debe ser un objetivo prioritario. Los peajes en las autovías tendrían sin duda el efecto contrario: mayor coste en vidas humanas y también mayor coste en gasto sanitario y social.
Por lo tanto, está claro que, sin alternativas previas de movilidad eficiente y sostenible, implantar peajes en las autovías no es una medida ecológica, es simplemente antisocial y antigalega. Los ricos siempre podrán pagar las autovías.
Los peajes van a grabar a las clases populares e implicar un sobrecoste para las empresas gallegas que continuarían perdiendo competitividad.
Por todo lo expuesto anteriormente, el BNG presenta la siguiente Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno del Estado a:
1. Abandonar el proyecto anunciado por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana de implantar el cobro de peajes en las autovías de titularidad estatal.
2. Incrementar los recursos e inversiones para la mejora de la red ferroviaria y demás transportes públicos que sirvan de verdadera alternativa de movilidad y permitan desincentivar el uso del vehículo privado.
3. Impulsar una red de transporte ferroviario de mercancías moderna y competitiva.
4. Implantar el servicio de cercanías ferroviarias en todas las áreas metropolitanas de Galiza y en todas las comunidades autónomas que aún carezcan del mismo.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de octubre de 2021.-Néstor Rego Candamil, Diputado. -Míriam Nogueras i Camero, Portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Plural.
162/000860
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para la elaboración de una Ley de Enseñanzas Artísticas, para su
debate ante el Pleno.
Exposición de motivos
La disposición adicional novena de la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, prevé que en el plazo de dos años desde la entrada en vigor de la misma, el Gobierno,
previa consulta a las comunidades autónomas, al Consejo Superior de Enseñanzas Artísticas y oído el Consejo de Universidades, presentará una propuesta normativa para la regulación de las condiciones básicas para la organización de las enseñanzas
artísticas superiores previstas en el artículo 58, además de las que se refieren a las titulaciones y requisitos del profesorado derivados de las condiciones de inserción de estas enseñanzas en el marco de la educación superior. Además, el Gobierno
incluirá en dicha propuesta la organización y equivalencias de las enseñanzas artísticas profesionales y su relación con el Catálogo Nacional de las Cualificaciones Profesionales.
En la LOMLOE, no obstante, no se especifica en ningún momento si la normativa de regulación deberá ser de carácter reglamentario o un proyecto legislativo. Aunque por el tenor de la disposición se pudiera entender que se refiere a un
desarrollo reglamentario, lo cierto es que la propia ministra de Educación, Pilar Alegría, informó en septiembre de la intención de su departamento de desarrollar una Ley de Enseñanzas Artísticas, de la que se llega a afirmar que existe ya un
borrador.
Sin embargo, el contenido de ese borrador, de existir, no ha trascendido al público. Dado que el plazo para dar cumplimiento al mandato de la disposición adicional novena de la LOMLOE finaliza en enero de 2023, y teniendo en cuenta de que
no consta el contenido de borrador alguno, ni mucho menos anteproyecto de Ley que se pueda someter a información pública, nos hace temer que no se pueda presentar a tiempo dicha norma.
Es innegable el papel fundamental que tienen las enseñanzas artísticas en nuestra sociedad. Por desgracia, también es innegable que su regulación adolece de infinidad de carencias que impiden que estudiantes y profesionales puedan
desarrollar unas carreras dignas y competir en igualdad de condiciones con el resto de países de nuestro entorno. España puede y debe convertirse en un país de referencia en enseñanzas artísticas y, para ello, es necesario una reforma ambiciosa del
sistema que reconozca su enorme valor social, tanto por el intrínseco valor cultural del arte como por la actividad económica que en torno a él se genera, y que siente las bases adecuadas para la captación de talento nacional y extranjero y
garantice a los estudiantes de enseñanzas artísticas una formación de calidad en igualdad de condiciones que el resto de estudiantes de enseñanzas superiores.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a acelerar los trabajos en el seno del Ministerio de Educación y Formación profesional para, en colaboración con el Ministerio de Universidades y el Ministerio de Cultura y Deporte, presenten
ante las Cortes Generales a la mayor brevedad, y en cualquier caso antes de enero de 2023, un proyecto de Ley de Enseñanzas Artísticas.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de octubre de 2021.-Sara Giménez Giménez, Diputada. -Edmundo Bal Francés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
162/000861
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre medidas frente al Reto Demográfico, para su debate en el Pleno.
Exposición de motivos
El desarrollo económico de la última mitad del siglo XX se centró en el desarrollo y crecimiento de las grandes urbes. Se impulsó su capacidad de absorber grandes incrementos de población, la conectividad entre grandes ciudades y la
concentración de los grandes sectores productivos. Este modelo, al mismo tiempo, generaba el estancamiento de las regiones con menos población.
Las 23 provincias más afectadas por la despoblación representaban en 1950 el 34,1 % de la población española, y generaban el 26,7 % del VAB, con un 33,5 % del empleo total del país. Con los últimos datos disponibles, hasta 2019, esas mismas
provincias ya solamente albergan el 18,1 % de la población, producen el 16,1 % del VAB y proporcionan el 17,0 % del empleo. En términos muy generales, puede decirse que desde 1950 estas 23 provincias han visto reducido su peso demográfico, laboral
y económico en el país a casi la mitad.
La crisis pandémica que ha golpeado a la sociedad, se ha convertido al mismo tiempo en una oportunidad. El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia representa una oportunidad no solo de superar la crisis y hacer crecer el país,
sino también de cohesionarlo, reequilibrarlo, garantizando oportunidades de crecimiento en todas las regiones españolas, también, y sobre todo, en las regiones necesitadas de impulso económico que permita compensar décadas de ralentización.
El Plan de 130 Medidas frente al Reto Demográfico, aprobado en la Comisión Delegada para el Reto Demográfico el 16 de marzo de 2021, recoge el esfuerzo realizado desde todos los departamentos ministeriales para impulsar una fuerte acción
coordinada orientada a impulsar nuestra cohesión territorial.
Un trabajo que incorpora los cuatro ejes prioritarios del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia: la transición verde, la transformación digital, la eliminación de las brechas de género y la cohesión social y territorial, para
avanzar hacia dos grandes objetivos: la igualdad de derechos, y la generación de oportunidades.
Un Plan que se sintetiza en 10 ejes de actuación y 130 medidas, que movilizan una inversión estimada para el periodo 2021-2023 de más de 10.000 millones de euros, y que suponen el mayor esfuerzo realizado nunca para abordar la igualdad de
derechos y oportunidades en nuestros pequeños municipios.
Con la elaboración y presentación de este plan de 130 medidas se avanza para alcanzar los objetivos establecidos en la Estrategia Nacional frente al Reto Demográfico, porque son dos instrumentos complementarios. Este plan es la bisagra que
conecta los objetivos generales y las líneas de acción de la Estrategia Nacional frente al Reto Demográfico, y los ejes transversales y palancas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Es un plan para eliminar las brechas de desigualdad, en todos los ámbitos: entre áreas urbanas y rurales, para las mujeres, para la juventud. Para transformar nuestro modelo socioeconómico y abordar uno más cohesionado, sostenible y
resiliente, en línea con los objetivos del Plan de Recuperación.
El despliegue de todas sus acciones exige tanto la acción directa de todos los departamentos del Gobierno, como la concertación y colaboración con las comunidades autónomas y con las entidades locales.
Es la hora de abordar, con hechos, la igualdad y la cohesión territorial. Con este Plan, el Gobierno está asumiendo su responsabilidad. Con la colaboración de las comunidades autónomas y los gobiernos locales, se impulsará la atención a
nuestros pequeños municipios y a las personas que cuidan y viven en el medio rural. Ellas son, sin duda, las verdaderas protagonistas de esta lucha por la igualdad y la vertebración territorial.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a impulsar el desarrollo del Plan 130 medidas frente al Reto Demográfico como instrumento para abordar la cohesión territorial y el desarrollo de los pequeños municipios y las áreas rurales.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de octubre de 2021.-Antidio Fagúndez Campo, Helena Caballero Gutiérrez, Eva Patricia Bueno Campanario, Germán Renau Martínez, José Luis Aceves Galindo, María Montserrat García Chavarría, María
Inmaculada Oria López, Esther Padilla Ruiz, Javier Antón Cacho, Daniel Vicente Viondi, Manuel Gabriel González Ramos, Herminio Sancho Íñiguez y Diego Taibo Monelos, Diputados.-José Zaragoza Alonso y Rafaela Crespín Rubio, Portavoces del Grupo
Parlamentario Socialista.
162/000862
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre rehabilitación de edificios en zonas de baja población, para su debate en
Pleno.
Exposición de motivos
La Ley de Cambio Climático y Transición Energética establece unos objetivos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, energías renovables y eficiencia energética para el año 2030. La obligación de limitar las emisiones
condiciona las políticas sectoriales e implica cambios en los patrones de consumo, afectando a numerosas áreas de actividad. Una de las más implicadas en este necesario proceso de transformación es el de la rehabilitación de viviendas.
Por otra parte, el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia incorpora una importante agenda de inversiones y reformas estructurales. La cohesión social y la lucha contra la despoblación, son algunos de los ejes vertebradores del
mismo, y estarán presentes en todas las políticas del Plan. Se han articulado un conjunto de 130 medidas para el reto demográfico orientadas a zonas rurales y pequeños municipios.
El Plan se estructura en torno a diez políticas tractoras que se desarrollan en 30 componentes. Uno de ellos, el número 2, se dedica específicamente a la 'Implementación de la Agenda Urbana española: Plan de rehabilitación y regeneración
urbana'.
A través del componente 2 se programan una serie de reformas e inversiones que ofrecen un marco de apoyo a diferentes escalas y en diferentes entornos. Con ello se da respuesta a los desafíos de cambio climático, a la mitigación de la
pobreza energética, a las necesidades de vivienda social para los grupos más vulnerables. De manera significativa, se responde también con estas reformas e inversiones al problema de la despoblación. De hecho, se aborda de forma específica el reto
demográfico, al incluir una inversión dirigida específicamente a la regeneración en zonas de baja población. En concreto, el Programa de regeneración y reto demográfico está dotado con 1.000 millones de euros, que se distribuirán en diferentes
convocatorias y que permitirán movilizar una inversión total de al menos 1.250.000.000 euros, en función del reparto público-privado de las actuaciones en cada caso.
Se estima que el Programa de regeneración y reto demográfico proporcionará en municipios y núcleos de baja población un ahorro en energía primaria de alrededor de 900 GWh/año (77 ktep/año) y una reducción de emisiones de 232.800 tCO2/año
mediante actuaciones de rehabilitación energética; inversiones en renovables, eficiencia y movilidad sostenible en infraestructuras municipales y proyectos singulares.
El Plan se centra en el fomento de las inversiones verdes, de mejora de la eficiencia energética de los edificios, equipamiento e infraestructuras públicas, de generación y consumo de energías renovables en general y, en particular, del
autoconsumo y las comunidades locales de energía, y de movilidad sostenible, garantizando la participación de los pequeños municipios y núcleos en el despliegue de la infraestructura de recarga e impulso del vehículo eléctrico.
Las actuaciones de este componente se apoyan en la acción concertada y en la colaboración interadministrativa. Por otra parte, existe un sesgo de género en las zonas de declive demográfico, lo que hace necesario que se incorpore la
perspectiva de género en las actuaciones objeto de esta inversión.
Todo ello sin perjuicio de que estas zonas puedan recibir financiación a través de otras inversiones de las previstas en este componente del Plan de Recuperación, así como de inversiones previstas en otros componentes (especialmente C1, C7 y
C11, relativos a movilidad, renovables y mejora energética de la Administración).
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a poner en marcha, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, programas de ayudas a la rehabilitación de edificios, dirigidas a las entidades locales, municipios y
núcleos de menos de 5.000 habitantes, empresas públicas y privadas y ciudadanos localizados en estos territorios, así como empresas o iniciativas que puedan asentarse en los mismos a raíz de las nuevas medidas.
Las convocatorias tendrán en cuenta la perspectiva de género y se orientarán a los siguientes objetivos:
1. Rehabilitación energética para edificios existentes.
2. Ayudas a proyectos de desarrollo urbano sostenible para el impulso de iniciativas públicas de mejora de la eficiencia energética, movilidad sostenible e integración de renovables en edificios e infraestructuras públicas.
3. Ayudas a proyectos singulares e innovadores, para la selección de proyectos e iniciativas públicas y privadas que faciliten el paso a una economía baja en carbono que conlleven una reactivación económica.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de octubre de 2021.-Antidio Fagúndez Campo, Helena Caballero Gutiérrez, Eva Patricia Bueno Campanario, Germán Renau Martínez, José Luis Aceves Galindo, María Montserrat García Chavarría, María
Inmaculada Oria López, Esther Padilla Ruiz, Javier Antón Cacho, Daniel Vicente Viondi, Manuel Gabriel González Ramos, Herminio Sancho Íñiguez y Diego Taibo Monelos, Diputados.-José Zaragoza Alonso y Rafaela Crespín Rubio, Portavoces del Grupo
Parlamentario Socialista.
162/000863
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley, para incentivar la contratación de
los empleados y empleadas del hogar, para su debate en Pleno.
Exposición de motivos
El salario mínimo interprofesional ha subido más de un 30 % en tres años. El año 2019 se incrementó un 22,3 % para fijarlo en 900 euros, en 2020 subió un 5,5 % hasta alcanzar los 950 euros mensuales y en septiembre de 2021 se ha
incrementado hasta los 965 euros en 14 pagas.
Estos incrementos suscitan una reflexión en lo que respecta a cómo ha afectado este incremento del salario mínimo interprofesional a las empleadas del hogar (en su inmensa mayoría son mujeres) y a las familias.
Muchas familias para poder trabajar y conciliar necesitan contratar a una tercera persona que les ayude con la casa o con el cuidado de niños, mayores o personas dependientes. De lo contrario, no podrían trabajar por no poder compaginarlo
con sus responsabilidades familiares.
No se puede pasar por alto, que la relación laboral que une a las empleadas domésticas y a las familias es una relación especial, con muchas peculiaridades. Una de las características más relevantes y diferenciadoras radica en que quien
contrata no es una empresa, sino la familia, el padre, la madre o una persona física adulta que es quien requiere de los servicios de la trabajadora del hogar. Es decir, quien paga a este colectivo son las familias, personas físicas, a quienes ni
mucho menos les han subido el sueldo más de un 30 % en los tres últimos años.
El INE, en la última Encuesta de Población Activa (EPA) publicada, referente al segundo trimestre de 2021, reflejaba la existencia de 584.700 personas en la rama de actividad de hogares como empleadores. Asimismo, los últimos datos de
afiliación publicados referentes a septiembre de 2021 establecen que hay 380.102 personas de alta en el Sistema Especial de Seguridad Social de empleadas del hogar. Esto significa que al menos, uno de cada tres contratos está al margen de la
legalidad. Si bien, la realidad es todavía más alarmarte ya que de estas trabajadoras dadas de alta existe un porcentaje que lo está pero por menos horas de las que realmente trabaja, y es de lógica pensar, en cuanto a los datos de la Encuesta de
Población Activa a los que hacemos referencia, que la parte empleadora que tiene en casa una persona sin autorización de trabajo, o la trabajadora que no está de alta en la Seguridad Social, no van a manifestarse tan fácilmente cuando le encuestan,
con lo cual previsiblemente las cifras de economía sumergida del sector son bastante superiores.
En febrero de 2021 -dos años después de haber subido el SMI un 22,3 %, es decir, con dos años de retraso- la Inspección de Trabajo y Seguridad Social inició una campaña de regularización de las personas trabajadoras del hogar y remitió
45.000 cartas a personas que emplean a trabajadores en sus
hogares, informándoles sobre la necesidad de regularizar su situación antes de finalizar el mes de marzo y de ajustar sus obligaciones conforme al salario mínimo vigente y las cotizaciones.
El Ministerio, lejos de facilitar el trámite para la regularización, implementó un mecanismo arduo y complejo en la web de la Tesorería de la Seguridad Social haciendo a los hogares más difícil el cumplimiento del requerimiento y derivando
en un nuevo colapso de esta web. Además, esta campaña ha puesto en evidencia cómo la subida del salario mínimo ha hecho que muchas familias no puedan afrontar el coste de contratar a una empleada doméstica a jornada completa, puesto que el 15 % de
los contratos revisados ha recortado las horas de trabajo a su empleada.
Según datos del Ministerio, la Inspección de Trabajo ha regularizado la situación laboral de 28.904 empleadas del hogar, que han dado como resultado un incremento de 6,5 millones de euros al mes en salarios y de 5,5 millones de euros al mes
en bases de cotización impagadas. Sobra decir que desde el Partido Popular siempre hemos luchado contra el fraude laboral en toda su extensión, hecho que quedó patente con la puesta en marcha del Plan de lucha contra el empleo irregular y el fraude
a la Seguridad Social en 2012 y los resultados obtenidos con la implementación del mismo.
En 2018 el salario mínimo era de 10.302,60 euros anuales y en 2021 de 13.510 euros. Esto supone un coste adicional para las familias de más de 3.200 euros anuales para pagar el sueldo de su empleada doméstica. A esta cantidad hay que
añadirle las cotizaciones sociales: (i) por contingencias comunes un 28,30 % (siendo el 23,60 % a cargo del empleador y el 4,70 % a cargo del empleado) y (ii) por contingencias profesionales un 1,5 % a cargo del empleador.
Es un hecho indiscutible que el alza del salario mínimo ha afectado negativamente al trabajo doméstico: desde diciembre de 2018 se han destruido más de 30.500 empleos. Muchas familias se han visto en la obligación de despedir a sus
trabajadoras o se han visto obligadas a reducirles las horas contratadas. También ha supuesto una pérdida de derechos para las empleadas del hogar puesto que ha acentuado más aún la economía sumergida en un colectivo que ya con anterioridad pecaba
de un alto porcentaje de trabajadores ejerciendo al margen de la legalidad. Además, choca frontalmente con la conciliación familiar y laboral, perjudicando especialmente a las mujeres: a muchas familias no les compensa económicamente contratar a
una tercera persona por el coste que supone y un miembro de la familia tiene que renunciar a su trabajo -remunerado- para quedarse en casa realizando las tareas del hogar, siendo normalmente la mujer, por tener un sueldo menor, quien renuncia a su
puesto.
Es responsabilidad del Gobierno reaccionar ante una realidad que está afectando a cientos de miles de trabajadoras del hogar que, por necesidad, se ven obligadas a aceptar trabajos sin contrato formal en los que carecen de derechos y
garantías. La única manera de aflorar la economía sumergida del sector es incentivar la contratación de estas empleadas y esto solo se puede conseguir ayudando a las familias y atenuando la carga económica que supone para ellas contratar a una
empleada o empleado doméstico. Es cierto que existe una reducción del 20 % sobre las contingencias comunes a cargo del empleador, una bonificación para familias numerosas y que en determinadas Comunidades Autónomas se han implementado deducciones
fiscales si se cumplen determinados requisitos, pero estas medidas son a todas luces insuficientes.
El colectivo de trabajadores domésticos, en su gran mayoría mujeres, merece que se adopten medidas que incentiven su contratación legal. La ayuda doméstica y la conciliación no pueden convertirse en un producto de lujo al que solo unos
pocos afortunados pueden acceder, esto supondría dar un paso hacia atrás que perjudica tanto a las empleadas como a las familias. Hay que adoptar medidas urgentes para ayudar a las familias a hacer frente a los costes laborales que supone la
contratación de una persona que les ayude en el ámbito doméstico, es imprescindible incentivar la contratación de las empleadas del hogar, para que trabajen con derechos y con garantías y para aflorar la economía sumergida que tanto abunda entre
este colectivo.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
- Adoptar las medidas pertinentes para que los empleadores persona física que contraten a un trabajador o trabajadora doméstica dándole de alta en el Sistema Especial para Empleados de Hogar, puedan desgravarse en el IRPF las cotizaciones
sociales (tanto por contingencias comunes como por contingencias profesionales) que le corresponda asumir por esta contratación, reduciéndose el importe de dichas aportaciones de la base imponible general del impuesto.
- La cuantía máxima con derecho a desgravación en cada ejercicio será el equivalente al importe de las cotizaciones sociales anuales (tanto por contingencias comunes como por contingencias profesionales) a cargo del empleador por la
contratación de un único empleado doméstico cuya retribución sea el salario mínimo interprofesional (actualmente 13.510 euros/año).
- Estas cantidades se actualizarán de conformidad con la subida del salario mínimo interprofesional establecido para cada periodo.
- Todo ello, con la finalidad de incentivar la contratación de los trabajadores domésticos ayudando a las familias a hacer frente a los costes laborales que supone la contratación de un empleado del hogar, para que trabajen con derechos y
con garantías así como para aflorar la economía sumergida existente en este colectivo.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de octubre de 2021.-José Ignacio Echániz Delgado, Diego Movellán Lombilla y Tomás Cabezón Casas, Diputados.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
COMPETENCIAS EN RELACIÓN CON OTROS ÓRGANOS E INSTITUCIONES
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
234/000003
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:
(234) Recurso de amparo.
Autor: Tribunal Constitucional.
Sentencia dictada por el citado Tribunal en el recurso de amparo número 2109/2020, promovido por diputados del Grupo Parlamentario VOX contra los acuerdos de la Mesa del Congreso de los Diputados de 19 de marzo de 2020 y 21 de abril de 2020,
así como votos particulares formulados a la misma.
Acuerdo:
Tomar conocimiento y trasladar a la Dirección de Estudios, Análisis y Publicaciones y a la Asesoría Jurídica de la Secretaría General, así como publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales el encabezamiento y el fallo de la
sentencia.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de octubre de 2021.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
El Pleno del Tribunal Constitucional, compuesto por el magistrado don Juan José González Rivas, presidente; la magistrada doña Encamación Roca Trías; los magistrados don Andrés Ollero Tassara, don Santiago Martínez-Vares García, don Juan
Antonio Xiol Ríos, don Pedro José González-Trevijano Sánchez, don Antonio Narváez Rodríguez, don Ricardo Enríquez Sancho, don Cándido Conde-Pumpido Tourón, y la magistrada doña María Luisa Balaguer Callejón, ha pronunciado
EN NOMBRE DEL REY
la siguiente
SENTENCIA
En el recurso de amparo avocado núm. 2109-2020, promovido por don D. Santiago Abascal Conde, D. Javier Ortega-Smith Molina, D. Iván Espinosa de los Monteros y de Simón, D.ª María de la Cabeza Ruiz
Solás, D.ª Carla Toscano de Balbín, D. Pedro Fernández Hernández, D. Pablo Sáez Alonso-Muñumer, D.ª Cristina Esteban Calonje, D. Ignacio Gil Lázaro, D. Manuel Mestre Barea, D. Manuel Mariscal Zabala, D.ª María de los Reyes Romero Vilches,
D.ª Rocío de Méer Méndez, D. José María Figaredo Álvarez-Sala, D.ª Lourdes Méndez Monasterio, D. Joaquín Robles López, D. Ignacio Garriga Vaz de Concicao, D.ª Patricia Rueda Perello, D. José Ramírez del Río, D. Agustín Rosety Fernández de Castro,
D.ª Macarena Olona Choclán, D. Rodrigo Jiménez Revuelta, D. Ricardo Chamorro Delmo, D. Víctor Sánchez del Real, D. Tomás Fernández de los Ríos, D. Francisco José Contreras Peláez, D. Francisco José Alcaraz Marios, D. Carlos José Zambrano
García-Ráez, D. Carlos Hugo Femández-Roca Suarez, D. Rubén Silvano Manso Olivar, D. Andrés Alberto Rodríguez Almeida, D. Rubén Darío Vega Arias, D. Emilio Jesús del Valle Rodríguez, D. Rafael Femández-Lomana Gutiérrez, D. Ángel López Maraver, D.ª
Inés María Cañizares Pacheco, D. Pablo Juan Calvo Liste, D. Víctor Guido González Coello de Portugal, D.ª Georgina Trías Gil, D. Pedro Requejo Novoa, D. Juan José Aizcorbe Torra, D.ª María Teresa López Álvarez, D. Juan Luis Steegmann Olmedillas, D.ª
Mireia Borrás Pabón, D. Julio Utrilla Cano, D. José María Sánchez García, D. Eduardo Luis Ruiz Navarro, D. Alberto Asarta Cuevas, D.ª María Magdalena Nevado del Campo, D. Antonio Salvá Verd, D.ª Patricia de las Heras Fernández y D. Luis Gestoso de
Miguel, todos ellos diputados y diputadas del Grupo Parlamentario de VOX en el Congreso de los Diputados, contra la Decisión de la Mesa de aquella Cámara parlamentaria de 19 de marzo de 2020, que acordó la suspensión, desde la citada fecha, del
cómputo de los plazos reglamentarios que afectaban a las iniciativas que se encontraran en tramitación en la citada Cámara hasta que la Mesa levantara dicha suspensión, así como de los plazos administrativos y de prescripción y caducidad de los
procedimientos administrativos del Congreso de los Diputados, desde el día de la entrada en vigor del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que fue declarado el estado de alarma para la gestión de la crisis sanitaria ocasionada por el
COVID-19, en los términos establecidos por las disposiciones adicionales tercera y cuarta de esta última disposición; así como contra el Acuerdo de 21 de abril de 2020 de la misma Mesa parlamentaria, que desestimó la solicitud de reconsideración
formulada por el citado Grupo Parlamentario VOX contra la anterior Decisión. Ha comparecido y formulado alegaciones el Congreso de los Diputados e intervenido el Ministerio Fiscal. Ha sido ponente el magistrado don Antonio Narváez Rodríguez.
[...]
FALLO
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, por la autoridad que le confiere la Constitución de la Nación española,
Ha decidido:
Estimar el presente recurso de amparo núm. 2109-2020, promovido por don Santiago Abascal Conde y cincuenta y un diputados más del GPVOX en el Congreso de los Diputados y, en su virtud:
1. Declarar que ha sido vulnerado su derecho fundamental de participación política (artículo 23 CE).
2. Restablecerles en su derecho y, a tal fin, declarar la nulidad del primero de los Acuerdos de la Mesa del Congreso de los Diputados de 19 de marzo de 2020, que disponía: 'La Mesa del Congreso de los Diputados, el día 19 de marzo de
2020, ha acordado suspender desde el día 19 de marzo el cómputo de los plazos reglamentarios que afectan a las iniciativas que se encuentren en tramitación en la Cámara hasta que la Mesa levante la suspensión'. Asimismo, declarar la nulidad del
Acuerdo de la Mesa del Congreso de los Diputados de 21 de abril de 2020, que desestimó la solicitud de reconsideración presentada por el Grupo Parlamentario de VOX en el Congreso de los Diputados contra el anterior.
Publíquese esta Sentencia en el 'Boletín Oficial del Estado'.
Dada en Madrid, a 5 de octubre de 2021.