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BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 344, de 15/10/2021
cve: BOCG-14-D-344
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BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
XIV LEGISLATURA
Serie D: GENERAL
15 de octubre de 2021
Núm. 344
ÍNDICE
Composición y organización de la Cámara
PLENO
059/000016 Calendario de sesiones plenarias para el período septiembre-diciembre de 2021. Modificación... (Página2)
DIPUTADOS
Declaración de bienes y rentas de los señores Diputados... (Página3)
Declaración de intereses económicos... (Página14)
Control de la acción del Gobierno
PROPOSICIONES NO DE LEY
Pleno
162/000843 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre el impulso de la energía renovable... (Página17)
162/000844 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa a la utilización de criptomonedas... (Página20)
162/000845 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu, relativa a la conversión en permanentes de las medidas relativas a vivienda y suministros contempladas en el 'escudo social'...
162/000846 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a impulsar la sostenibilidad en el sector del transporte... (Página22)
162/000847 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a impulsar el transporte de mercancías por ferrocarril... (Página24)
162/000848 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre impulso de la conectividad y de la tecnología 5G en zonas afectadas por la despoblación... (Página25)
COMPOSICIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA CÁMARA
PLENO
059/000016
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de la fecha, oída la Junta de Portavoces, ha acordado modificar el calendario de sesiones plenarias para el período septiembre-diciembre de 2021, en los términos del Anexo que se adjunta.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de octubre de 2021.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
MODIFICACIÓN DEL CALENDARIO DE SESIONES PLENARIAS SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2021
IV PERÍODO DE SESIONES
Semana;con/sin Pleno;Observaciones
Del 7 al 9 de septiembre;sin Pleno;
Del 13 al 16 de septiembre;con Pleno;
Del 21 al 23 de septiembre;con Pleno;
Del 28 al 30 de septiembre;con Pleno;
Del 5 al 7 de octubre;sin Pleno;
Del 13 al 14 de octubre;con Pleno;Festivo el día 12 de octubre
Del 19 al 21 de octubre;con Pleno;
Del 26 al 28 de octubre;sin Pleno;Comparecencias P.L. Presupuestos
Del 2 al 4 de noviembre;con Pleno;Festivo el día 1 de noviembre
Debate Totalidad P.L. Presupuestos
Del 10 al 11 de noviembre;con Pleno;Festivo el día 9 de noviembre
Del 16 al 18 de noviembre;sin Pleno;Debate en Comisión Dictamen P.L. Presupuestos
Del 22 al 25 de noviembre;con Pleno;Debate en Pleno Dictamen P.L. Presupuestos
Del 30 de noviembre al 2 de diciembre;con Pleno;
Del 7 al 9 de diciembre;sin Pleno;Festivo los días 6 y 8 de diciembre
Del 14 al 16 de diciembre;con Pleno;
Del 21 al 23 de diciembre;con Pleno;
Del 28 al 30 de diciembre;sin Pleno;
DIPUTADOS
De conformidad con lo dispuesto en la Norma 5 del Acuerdo de las Mesas del Congreso de los Diputados y del Senado, de 21 de diciembre de 2009, por el que se aprueban las Normas en materia de registro de intereses, en los términos de la
redacción dada por la modificación acordada por las Mesas de ambas Cámaras, en su reunión del día 19 de julio de 2011, para dar cumplimiento a lo establecido en la reforma del artículo 160.2 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, se
ordena la publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales de las siguientes declaraciones de bienes y rentas presentadas, una vez calificadas.
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de octubre de 2021.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
ÍNDICE
MATEU ISTÚRIZ, Jaime Miguel (GP) (núm. expte. 005/000125/0001) 1... (Página9)
VERA RUÍZ-HERRERA, Noelia (GCUP-EC-GC) (núm. expte. 005/000328/0002) 2... (Página4)
0 Declaración inicial.
1 Modificación de la declaración.
2 Declaración final.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 4.4 del Código de Conducta de las Cortes Generales, aprobado por Acuerdo de las Mesas del Congreso de los Diputados y del Senado de 1 de octubre de 2020, se ordena la publicación en el Boletín
Oficial de las Cortes Generales de la siguiente declaración de intereses económicos presentada, una vez calificada.
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de octubre de 2021.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
ÍNDICE
VERA RUÍZ-HERRERA, Noelia (GCUP-EC-GC) (núm. expte. 007/000189/0001) 2... (Página15)
1 Declaración inicial.
2 Modificación de la declaración de intereses económicos.
CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PROPOSICIONES NO DE LEY
Pleno
La Mesa de la Cámara en su reunión del día de hoy ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 194 del Reglamento, las siguientes Proposiciones no de Ley y considerando que solicitan el debate de las iniciativas ante el Pleno de la
Cámara, disponer su conocimiento por éste, dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de octubre de 2021.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
162/000843
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para el impulso de la energía renovable, para su
debate en el Pleno.
Exposición de motivos
En eI marco de la descarbonización de la economía, las energías renovables juegan un papel clave para que la generación y uso de energía, en particular de electricidad, sea sostenible. En este sentido, la aprobación del Pacto Verde Europeo
y el paquete legislativo Fit for 55, con sus objetivos concretos y metas definidas, han supuesto un importante impulso para el desarrollo de estas tecnologías. Sin embargo, España aún puede hacer mucho más por impulsar la penetración de las
energías renovables. Ello es especialmente importante dada la situación de escalada de precios en el mercado eléctrico, que se vería notablemente reducida si se maximizara el despliegue masivo de tecnologías renovables.
Este despliegue, para tener la máxima eficiencia en la penetración, deberá cubrir todas las tecnologías renovables disponibles, tanto consolidadas como en fase de maduración, y siempre desde la base de la neutralidad tecnológica. En España
hay voluntad y ambición para invertir en tecnologías renovables y los proyectos abundan, pero no acaban de tomar cuerpo. El impulso renovable se ve lastrado por una administración pública que no es capaz de tramitar en tiempo y forma el enorme
volumen de expedientes actualmente en sus manos, retrasando de forma innecesaria inversiones que podrían ser ya una realidad sin no fuera por la dejadez administrativa.
La generación renovable puede tener la forma de grandes instalaciones de generación eléctrica, pero tiene, además, el potencial adicional en muchos casos de poder tomar forma de generación distribuida a través de pequeñas instalaciones
repartidas por el territorio. Dos modelos no en lucha, sino complementarios para dar una mayor seguridad de suministro. Para desarrollar la generación distribuida y maximizar la penetración de energías renovables, su instalación aprovechando el
espacio disponible edificios públicos y privados deviene fundamental. En particular, la tecnología fotovoltaica es la que tiene un mayor potencial en este sentido, dadas las favorables condiciones de insolación en nuestro país. A pesar del rápido
proceso de maduración y abaratamiento de esta tecnología, en el mix energético español sigue suponiendo tan sólo un 7,5 % del total de la generación, muy por detrás de otras renovables, lo que indica que el potencial de progreso es considerable.
Además de las inversiones que pueda acometer el sector público y las grandes empresas generadoras, se debe facilitar también la instalación de generación renovable y la eficiencia energética de hogares y pequeños negocios. Para facilitar
estas inversiones, varios ayuntamientos han ido eliminando el requisito
de licencia de obra para su instalación por suponer una barrera innecesaria. La sencillez y utilidad de la medida hacen conveniente su ampliación a todo el territorio nacional.
Este tipo de inversiones, no obstante, tienen un conste que no siempre se puede asumir. Con el objetivo de incentivarlas, proponemos reducir la base imponible del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), cuya regulación es competencia
estatal, para que en todo el territorio nacional se premien fiscalmente las inversiones en materia energética en inmuebles, sin perjuicio de las bonificaciones que fijen las corporaciones locales. Adicionalmente, proponemos que aquellas promociones
de obra nueva o renovaciones integrales de edificios que incorporen inversiones en generación eléctrica que las haga energéticamente autosuficientes se vean bonificadas con edificabilidad adicional, lo que además redundaría en una mayor densidad
edificatoria, ya de por sí de naturaleza más sostenible.
No obstante, la particular naturaleza volátil de la generación renovable, debido a su dependencia de las condiciones meteorológicas, hace que tener una gran potencia de generación instalada no sea suficiente para garantizar la seguridad de
suministro. Mientras que España ha avanzado mucho en el aumento del uso de tecnologías renovables, ha dejado de lado, sin embargo, la paralelamente imprescindible inversión en almacenamiento energético. En este contexto, es necesario ampliar el
abanico tecnológico dedicado al almacenamiento energético y no limitarnos exclusivamente al empleo de baterías que, tal vez, no sean la solución óptima para todas las situaciones. Con este ánimo, proponemos incluir expresamente el hidrógeno verde o
renovable entre las tecnologías de almacenamiento de energía previstas en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), así como reforzar el peso de las hidroeléctricas como herramienta de almacenamiento energético a gran escala y el
refuerzo de las interconexiones internacionales. Todo ello redundará en una mayor firmeza y fiabilidad del suministro de energía renovable, así como en oportunidades de compensación de las diferencias en generación que pueda haber en distintos
países según las diferentes condiciones climáticas.
En materia de seguridad de suministro y eficiencia en la generación de energía, la hibridación en los parques renovables es especialmente interesante, dado que permitiría aumentar la capacidad de generación de los mismos con un mejor
aprovechamiento del terreno y de una misma conexión a la red eléctrica. Si un parque eólico instala también placas fotovoltaicas en sus terrenos, conectadas a la misma red, el output de energía renovable aumentaría y la transmisión de la misma
podría cubrir horas o días en los que, por ejemplo, no hiciera viento. A la inversa, en días con menor insolación u horas nocturnas, la instalación eólica generaría energía mientras la fotovoltaica permanece inactiva. Esta perspectiva es también
aplicable a los parques renovables marinos, una tecnología aún en fase de maduración y especialmente prometedora para países como España. Además, en este caso a las tecnologías eólica y fotovoltaica se le podría añadir el enorme potencial de las
tecnologías de energía marina. El PNIEC prevé, por ejemplo, la redacción de una estrategia nacional para el desarrollo de dichas tecnologías marinas, pero no recoge previsión alguna para los parques híbridos.
La transición a una economía carbonizada y, más en general, la lucha y adaptación al cambio climático, no será posible sin un enorme esfuerzo en innovación que permita a las sociedades seguir creciendo económicamente y aumentando su
bienestar sin que este crecimiento ponga en riesgo nuestro planeta. La inversión en investigación y desarrollo es, de por sí, fundamental para el desarrollo de cualquier economía. En el caso de la investigación en sostenibilidad energética, además
de fundamental, es urgente. Es por ello que proponemos fijarnos el objetivo como país de que al menos el 20 % de la inversión en l+D hasta 2030 se destine a mejorar las tecnologías de generación de energías no emisoras de CO2, de almacenamiento y
de eficiencia energética.
De forma complementaria, y en la misma línea, proponemos también la inclusión, de forma generalizada, del principio de adicionalidad en la producción de hidrógeno renovable en España. Este principio se traduce en no destinar a la producción
de hidrógeno verde instalaciones de energía renovable ya existentes, sustrayéndolas de su uso, sino en que las nuevas instalaciones de hidrógeno verde incluyan su propio parque renovable para la producción de este gas. Esto unido a las medidas de
creación de demanda multiplicará la inversión en hidrógeno verde y las correspondientes instalaciones de energía renovable necesaria para su producción.
Con todas estas medidas, nos proponemos 'aterrizar' las ambiciones de España y del conjunto de la UE en nuestro sistema energético en materia de energía renovable, haciendo el aprovechamiento más eficiente posible de sus posibilidades, y
favoreciendo la innovación e inversiones en el sector. El objetivo
final es que los españoles puedan hacer uso de un sistema energético más sostenible, limpio, fiable y asequible.
Por este motivo, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados, con el fin de acelerar el desarrollo de fuentes de energía renovable en España, insta al Gobierno a:
1. Poner en marcha un Plan Nacional de Aprovechamiento Solar para edificios públicos y privados, en colaboración con Comunidades Autónomas y Corporaciones Locales, con el objetivo de promover y facilitar la instalación de placas
fotovoltaicas en todas las superficies que lo permitan y resulte eficiente. Entre otras medidas, el Plan comprenderá:
a) La eliminación del requisito de licencia de obra para la instalación renovable en edificios residenciales.
b) La extensión de la obligación de aprovechamiento solar de los edificios públicos de la Administración General del Estado a todo el Sector Público.
c) La renovación de los edificios destinados a servicios públicos, priorizando la eficiencia energética de colegios e institutos.
d) La reducción de la base imponible del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) para aquellos inmuebles en los que se invierta en instalaciones de generación renovable de energía.
e) La bonificación con edificabilidad adicional a aquellas renovaciones integrales de edificios y promociones de obra nueva que sean autosuficientes energéticamente.
2. Reforzar el personal dedicado a la tramitación de todos los expedientes administrativos relativos a la instalación de energías renovables para reducir el atasco existente que retrasa las inversiones, mediante la contratación de servicios
para atajar el incremento puntual del número de expedientes y, en su caso, el aumento de la oferta de empleo público para aquellas tareas que se prevean permanentes.
3. Garantizar la seguridad jurídica de las inversiones en materia energética, mediante:
a) La reducción de la imprevisibilidad de las subastas de energía renovable, fijándose por ley cupos plurianuales o, en su defecto, la publicación de un calendario claro y vinculante de subastas.
b) La exclusión de cualquier mecanismo de minoración de la retribución del mercado eléctrico -incluyendo los derivados del elevado precio del gas y el CO2 no emitido- de la contratación a plazo.
4. Aumentar la capacidad de almacenamiento energético en España mediante, entre otras medidas:
a) La inclusión del hidrógeno renovable como tecnología de almacenamiento en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima.
b) La elaboración, en el plazo de seis meses, de un estudio de análisis de la situación hídrica en la Península Ibérica que incluya la identificación de nuevos aprovechamientos hidroeléctricos no explotados con potencial como almacenamiento
energético.
5. Establecer como objetivo de país que al menos el 20 % de la inversión en l+D hasta 2030 se destine a mejorar las tecnologías de generación de energías no emisoras de CO2, de almacenamiento y de eficiencia energética.
6. Impulsar la penetración del hidrógeno renovable con la implantación generalizada del principio de adicionalidad en su producción.
7. Impulsar la hibridación de parques renovables para que combinen más de una tecnología y maximicen la eficiencia en el aprovechamiento de las instalaciones de transmisión. En particular, poner en marcha, en el plazo de seis meses, una
Hoja de Ruta nacional para el desarrollo de parques renovables híbridos en tierra y en el mar.
8. Aumentar la ratio de interconexiones eléctricas internacionales hasta un mínimo del 15 % respecto a la potencia instalada de generación eléctrica.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de octubre de 2021.-Edmundo Bal Francés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
162/000844
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la utilización de criptomonedas, para
su debate en el Pleno.
Exposición de motivos
Una criptomoneda es un activo digital que emplea un cifrado criptográfico para ofrecer información fidedigna sobre su titularidad y asegurar la integridad de las transacciones que se realizan con ella, así como controlar la creación de
unidades adicionales, es decir, evitar que alguien pueda hacer copias como haríamos, por ejemplo, con un archivo o una fotografía. Estos activos, o monedas, no existen sin embargo en forma física, sino que se almacenan en una cartera o monedero
digital.
Estas criptomonedas cuentan con diversas características diferenciadoras respecto a los sistemas tradicionales: no están reguladas ni controladas por ninguna institución y no requieren de intermediares en las transacciones. Se usa una base
de datos descentralizada, la tecnología blockchain o un registro contable compartido, para el control de estas transacciones. Las criptomonedas no tienen la consideración de medio de pago, no cuentan con el respaldo de un banco central u otras
autoridades públicas y no están cubiertas por mecanismos de protección al cliente como el Fondo de Garantía de Depósitos o el Fondo de Garantía de Inversores. Además, no son universalmente aceptada ni constituyen un buen depósito de valor a largo
plazo.
Por ello, es necesario también asegurar que los usuarios de criptomonedas están adecuadamente informados sobre la naturaleza de estos activos, sobre su funcionamiento, y también sobre los riesgos que pueden encerrar para las finanzas
personales. El propio funcionamiento de las criptomonedas es distinto al de otros instrumentos financieros con los que la población está más familiarizada, ya que cuando se compra o vende un activo digital no es posible cancelar la operación porque
el blockchain es un registro que no permite borrar datos. Esta situación ha provocado que se multipliquen los casos de fraude o utilización ilícita de estos activos digitales.
En España, el mayor presunto fraude por volumen defraudado es el que implica a la empresa de inversión en bitcoin Algorithms Group, con sede en Londres, que podría haber defraudado más de 280 millones de euros a cerca de 3000 inversores y
que ya investiga la Audiencia Nacional. Esta empresa está siendo acusada de estafa, intrusismo, blanqueo de capitales, delitos societarios o apropiación indebida. Otro de los casos que ya están siendo investigados por la justicia es el que afecta
a Nimbus, que habría estafado en torno a 136 millones de euros, tras haber dejado de hacer frente a sus compromisos con los cerca de 4000 inversores. Según los datos preliminares de estas investigaciones, Nimbus habría seguido un esquema de estafa
piramidal, mediante el cual la empresa en realidad no desarrolló ningún tipo de actividad financiera en criptoactivos, sino que abonaba los intereses de los primeros inversores con el capital ofertado por los siguientes.
En definitiva, en un contexto en el que la inversión en criptomonedas está cada vez más naturalizada y ha recibido los apoyos de figuras mediáticas y relevantes del mundo del espectáculo, el cine o la empresa, es más necesario que nunca
garantizar un uso racional y seguro de las criptomonedas, evitando, en la medida de lo posible, crear falsas expectativas en los usuarios o casos de fraude. Desde el Grupo Parlamentario Ciudadanos siempre estaremos del lado de las innovaciones
tecnológicas y facilitar y hacer más seguro su uso, proporcionando al ciudadano información transparente para que pueda tomar una decisión informada, en lugar de restringirlo, siempre y cuando ese uso sea compatible con la legislación vigente.
Teniendo esto en cuenta, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Establecer campañas de información, en colaboración con el sector privado y la sociedad civil, sobre la naturaleza de las criptomonedas y los posibles riesgos asociados su uso, con especial atención a los jóvenes y personas con
trastornos asociados al juego.
2. Acordar con los grupos parlamentarios de las Cortes Generales una Estrategia Española de Criptomonedas, que aspire a ofrecer un marco de información y estándares de seguridad claros y accesibles para toda la ciudadanía.
3. Impulsar a nivel comunitario, en estrecha colaboración con la Comisión Europea y el Sistema Europeo de Bancos Centrales, una regulación coordinada de las criptomonedas.
4. Crear un Foro de Alto Nivel en el que participen los representantes de empresas de criptomonedas, así como las asociaciones de usuarios y expertos académicos sobre ética de las nuevas tecnologías para acordar medidas para garantizar un
uso seguro de activos digitales.
5. Reforzar las capacidades de prevención y lucha contra el fraude y de ciberseguridad para evitar posibles estafas a inversores utilizando las criptomonedas como cebo o que tengan como objetivo el minado fraudulento de estos activos
digitales.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de octubre de 2021.-María Muñoz Vidal, Diputada.-Edmundo Bal Francés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
162/000845
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Oskar Matute García de Jalón, Diputado del Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu, de conformidad con lo previsto en el vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la conversión
en permanentes las medidas relativas a vivienda y suministros contempladas en el 'escudo social', para su debate en el Pleno.
Exposición de motivos
El 14 de marzo se declaraba el estado de alarma para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. Esta declaración iría acompañada de un confinamiento domiciliario que se extendería finalmente más de dos meses. El estado
de alarma permanecería en vigor hasta el 21 de junio, volviéndose a decretar el 25 de octubre de 2020, finalizando el 9 de mayo de 2021.
Aparejada a la crisis sanitaria, estalla la crisis social y económica derivada de las medidas restrictivas y la situación de excepcionalidad. La destrucción de empleo se dispara y, a pesar del mecanismo de los ERTEs puesto en marcha para
mitigar el impacto, las consecuencias sociales para familias y personas dejan en situación de vulnerabilidad a miles de ellas.
Con la finalidad de proteger a todas las personas que quedan desprotegidas a raíz del golpe económico, se activa el denominado 'Escudo Social', una batería de medidas de protección social que pretenden ayudar a quienes han perdido el
sustento económico y se enfrentan a situaciones sociales de vulnerabilidad con consecuencias en los ámbitos del empleo, la vivienda o los suministros básicos. Medidas que se establecen como extraordinarias y temporales mientras dure el estado de
alarma y, por tanto, circunscritas a la finalización de la situación de emergencia sanitaria.
Estas medidas, cuya aplicación finalizará el 31 de octubre de 2021, han demostrado ser eficaces a la hora de salvaguardar los derechos básicos de personas y familias vulnerables. Aun siendo insuficientes, ha permitido a miles de familias y
personas seguir contando con los sustentos materiales mínimos como son una vivienda y suministros básicos.
Pese a que la situación económica viene recuperándose lentamente, la crisis sanitaria, económica y social provocada por la pandemia, unida a los problemas sociales estructurales que se arrastraban desde la anterior crisis económica, ha
supuesto que las situaciones de desprotección hayan aumentado drásticamente. Por tanto, las principales medidas recogidas en el escudo social siguen siendo necesarias a día de hoy y lo serán en el futuro.
La aplicación de estas medidas, pese a su carácter temporal, han supuesto una clara constatación: proteger a las personas y familias frente a los desahucios o los cortes de suministros era y es posible, y únicamente depende de la voluntad
política del Gobierno.
Durante décadas, los sucesivos Gobiernos españoles han permitido, cuando no respaldado, desahucios y cortes de suministros, sin tomar las medidas efectivas que numerosos agentes sociales,
sindicales y políticos reclamaban para acabar con estas situaciones. Derechos básicos que el Gobierno se negaba a proteger por falta de voluntad política.
Ahora, no podemos permitir que la finalización de estas medidas extraordinarias y temporales amenace la vida de la ciudadanía. Con la finalización de la prohibición de los desahucios, se producirán alrededor de 80 000 desahucios. Un
auténtico escándalo que se debe impedir.
Por todo ello, es la hora de que las principales y más efectivas medidas extraordinarias y temporales contempladas en el escudo social, pasen de ser coyunturales a convertirse en estructurales, otorgándoles rango de derechos permanentes
adquiridos. Una asunción de derechos que protejan a la ciudadanía y a las personas más vulnerables de los intereses económicos y especulativos alrededor del mercado inmobiliario y las empresas proveedoras de suministros básicos. Más aún en pleno
aumento del precio de suministros que estamos viviendo.
Además, las sucesivas prórrogas de estas medidas, muchas de ellas prolongadas 'in extremis', han generado miedo e incertidumbre en las familias que se enfrentan a situaciones extremas como son los desahucios o los cortes de suministros. Es
hora también de ofrecer seguridad y estabilidad a todas ellas asegurando la defensa de los derechos básicos como el acceso a una vivienda digna y el suministro de luz, gas y agua.
Si durante más de año y medio estas medidas han sido posibles y han protegido a los más vulnerables, es necesario y urgente que así siga siendo, sin plazos, sin parches, de una forma estructural y permanente.
Por todo ello, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Convertir en derechos sociales permanentes, eliminando el carácter extraordinario y temporal en su aplicación, las medidas de protección social relativas a vivienda y suministros básicos contempladas en el RDL 16/2021, de 6 de agosto,
por el que se adoptan medidas de protección social para hacer frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica. Específicamente se decretará la permanencia indefinida de las siguientes medidas:
- No podrá suspenderse el suministro de energía eléctrica, gas natural y agua a aquellos consumidores en los que concurra la condición de consumidor vulnerable, vulnerable severo o en riesgo de exclusión social.
- Suspensión del procedimiento de desahucio y de los lanzamientos para hogares vulnerables o personas económicamente vulnerables sin alternativa habitacional.
- Aplazamiento temporal en el pago de la renta del alquiler destinada a personas que se encuentren en situación de vulnerabilidad económica, cuando la persona o entidad arrendadora sea una empresa o entidad pública de vivienda o un gran
tenedor.
2. Las medidas serán aprobadas y aplicadas mediante Real Decreto-ley antes de la finalización de las medidas extraordinarias contempladas en el RDL 16/2021, prevista para el 31 de octubre de 2021.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de octubre de 2021.-Oskar Matute García de Jalón, Portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu.
162/000846
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley
para impulsar la sostenibilidad en el sector del transporte, para su debate en Pleno.
Exposición de motivos
La movilidad representa la capacidad y el potencial de las personas y los bienes para moverse o ser transportados. Constituye la base de los intercambios sociales, económicos y culturales de personas, empresas y sociedades. Para ser
sostenible, la movilidad debe ser eficiente, segura. equitativa, integrada en el medio ambiente y compatible con la salud humana y los ecosistemas. La movilidad sostenible limita el consumo de espacio y recursos, proporciona y facilita el acceso,
promueve el dinamismo económico, es socialmente responsable y respeta la integridad del medio ambiente.
El sector del transporte tiene un peso muy considerable en el marco del desarrollo sostenible debido a las presiones ambientales, los efectos sociales y económicos asociados y las interrelaciones con otros sectores. El crecimiento continúo
que lleva experimentando este sector a lo largo de los últimos años y su previsible aumento, hacen que el reto del transporte sostenible deba ser una prioridad estratégica. Según datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto
Demográfico, el sector con más peso en el global de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) en 2018 fue el del transporte (27 %).
Como señala la Estrategia europea hacia la movilidad de bajas emisiones, la movilidad de bajas emisiones es un elemento fundamental en la transición más global hacia la economía circular hipocarbónica que necesita Europa para mantener su
competitividad y satisfacer las necesidades de movilidad de personas y mercancías.
Las políticas de movilidad e infraestructuras de transporte deben adaptarse a las exigencias de la lucha contra el cambio climático. Reducir la contaminación atmosférica y acústica contribuye a la protección de la salud y el bienestar de
las personas. El proceso de descarbonización de la economía española sólo tendrá éxito a partir de una política responsable con un transporte sostenible debido, como antes se señalaba, a su peso en las emisiones de GEI y porque las infraestructuras
tienen impactos ambientales que van más allá del cambio climático sobre los que la sociedad es cada vez más consciente y sensible, como son: otras emisiones contaminantes, el ruido, la fragmentación de ecosistemas, la intrusión visual o la
ocupación del espacio, cada vez más escaso y frágil.
Como señala la Comunicación de la Comisión Europea: Estrategia de movilidad sostenible e inteligente: encauzar el transporte europeo de cara al futuro; el éxito del Pacto Verde Europeo depende de nuestra capacidad para conseguir que el
sistema de transporte en su conjunto sea sostenible. La movilidad en Europa debe basarse en un sistema de transporte multimodal, tanto de pasajeros como de mercancías, eficiente e interconectado, que esté reforzado por una red de trenes de alta
velocidad asequibles, por abundantes infraestructuras de recarga y repostaje para vehículos de emisión cero y oferta de combustibles renovables e hipocarbónicos y por una movilidad más limpia y activa en ciudades más ecológicas que contribuyan al
buen estado de salud y el bienestar de sus ciudadanos.
En el Acuerdo de París, adoptado en 2015, los gobiernos se comprometieron a trabajar para mantener el aumento de la temperatura media mundial muy por debajo de 2 ºC con respecto a los niveles preindustriales y promover medidas para limitarlo
a 1,5 ºC.
La UE, además, se ha comprometido a alcanzar una economía climáticamente neutra para el año 2050, reduciendo las emisiones de GEI al menos un 90 % respecto al año de referencia 1990. Para contribuir a alcanzar este objetivo, la Estrategia
Europea de Movilidad Sostenible e Inteligente, prevé reducir el 90 % de las emisiones del sector transporte para 2050, guiada por principios como: 1) hacer el sistema de transporte más sostenible en su conjunto, 2) poner soluciones alternativas
sostenibles a disposición de ciudadanos y empresas de la UE, 3) respetar el principio de quien contamina paga en todos los modos de transporte, y 4) fomentar la conectividad y el acceso al transporte para todos.
Por otra parte, la Estrategia de Movilidad Segura, Sostenible y Conectada 2030, puesta en marcha por España, trabaja para alcanzar la sostenibilidad en todos los modos de transporte, priorizando la movilidad cotidiana, la equidad
económico-social, la eficiencia energética, y la lucha contra el cambio climático; minimizando la contribución del transporte a las emisiones contaminantes, tanto de viajeros como de mercancías; fomentando los modos limpios, la 'economía
circular', la 'resiliencia climática' y la movilidad universal.
En la actualidad, para implementar esta Estrategia, los nuevos instrumentos comunitarios de financiación, como el 'Next Generation EU', que fomentará inversiones públicas clave que estén alineadas con las prioridades estratégicas europeas
del Pacto Verde y la Digitalización, constituyen una oportunidad histórica para facilitar la progresiva descarbonización de la movilidad y dar respuesta al cambio climático. Los recursos que la Unión Europea ha movilizado, bien invertidos en
proyectos
solventes, allanarán el camino para una implementación acelerada de las tecnologías verdes en el sector del transporte.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno, en el marco de la Estrategia de Movilidad Segura, Sostenible y Conectada 2030, a:
1. Contribuir a la descarbonización de la economía apoyando el desarrollo de fuentes de energías alternativas y sostenibles para el transporte y el estímulo de los medios de transporte de bajas emisiones.
2. Incrementar la eficacia y eficiencia del sistema de transporte, promoviendo la comodalidad e intermodalidad a través de la priorización de terminales intermodales eficientes estratégicas y adaptadas a las necesidades de los clientes, así
como la adaptación de un nuevo Marco Estratégico del Sistema Portuario Estatal de Interés General y actuaciones de mejora de eficiencia en la intermodalidad de las infraestructuras de carga aérea, para fomentar el transporte internacional y el
mercado único de carga.
3. Reducir el consumo de energía, mejorar la eficiencia energética y limitar las externalidades ambientales por unidad transportada mediante ayudas a los proyectos de inversión que favorezcan el paso a una economía baja en carbono.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de octubre de 2021.-César Joaquín Ramos Esteban, Diputado.-José Zaragoza Alonso y Rafaela Crespín Rubio, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.
162/000847
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley
para impulsar el transporte de mercancías por ferrocarril, para su debate en Pleno.
Exposición de motivos
El Tribunal de Cuentas Europeo, en su informe especial de 2016 'Transporte de mercancías por ferrocarril en la UE: todavía no avanza por la buena vía', señala que la movilidad de las mercancías es un componente esencial del mercado interior
de la UE, que contribuye significativamente a la competitividad de la industria y los servicios europeos, con una importante repercusión en el crecimiento económico y en la creación de empleo; que el fomento de métodos de transporte eficientes y
sostenibles, como el ferrocarril y las vías navegables interiores en lugar de las carreteras, podría contribuir a rebajar la dependencia que Europa tiene del petróleo importado y a reducir la contaminación; y que unos medios de transporte más
sostenible podrían también contribuir a reducir los costes asociados a la congestión de las carreteras y reducir el número de víctimas mortales en accidentes en el transporte.
Como señala el citado informe, el fomento de unos medios de transporte más eficientes y sostenibles, y en particular del transporte por ferrocarril, ha sido un aspecto clave de la política de la UE durante los últimos veinticinco años. Ya
en 1992, la Comisión Europea fijó como uno de sus principales objetivos corregir el desequilibrio de los modos de transporte; posteriormente, en 2001, confirmó la importancia de revitalizar el ferrocarril mediante el establecimiento del objetivo de
mantener la cuota de mercado del transporte de mercancías por ferrocarril en los Estados miembros de Europa Central y Oriental en un 35 % hasta el año 2010. Por último, en 2011 estableció el objetivo de intentar transferir a otros modos, como el
ferrocarril o la navegación fluvial, desde 2011 hasta 2030, el 30 % del transporte de mercancías por carretera a una distancia superior a 300 km, y para 2050, más del 50 %.
El Tribunal de Cuentas Europeo formula una serie de recomendaciones centradas en dos cuestiones principales: en primer lugar, las mejoras necesarias en el marco estratégico y normativo que rige el transporte de mercancías por ferrocarril y,
en segundo lugar, que se haga un mejor uso de los fondos europeos disponibles y se destinen a las necesidades del sector del transporte de mercancías por ferrocarril.
En la Recomendación del Consejo de 13 de julio de 2018 relativa al Programa Nacional de Reformas de 2018 de España y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Estabilidad de 2018 de España, se invita a España a que se
lleven a cabo inversiones en el transporte de mercancías por ferrocarril. Su análisis parte de que hay un déficit de inversiones y que se podría mejorar el uso de las infraestructuras. Uno de los obstáculos cruciales que apunta la citada
Recomendación es el de los diferentes anchos de vía que coexisten en España, Portugal y Francia, que dificultan la conectividad ferroviaria, y las deficiencias en el transporte ferroviario de mercancías entre los principales puertos de las costas
atlántica y mediterránea y las zonas industriales del interior. Las mejoras en el transporte de mercancías por ferrocarril aportarían a España importantes beneficios medioambientales, económicos y sociales.
Como se señala en la Estrategia de Movilidad Segura, Sostenible y Conectada 2030, el transporte ferroviario de mercancías tiene en España cuotas significativamente inferiores a la media europea. La cuota del ferrocarril en la movilidad
interna de mercancías (en t-km) en España, no llega al 5 %, alejada del 17 % de media europea, lo que sitúa a nuestro país a la cola de los países con una mínima tradición ferroviaria en Europa. Para revertir esta situación se contempla como uno de
los objetivos de esta estrategia potenciar el transporte ferroviario como eje vertebrador de las cadenas logísticas y como elemento que contribuye a la recuperación económica y a la consecución de los objetivos de descarbonización y sostenibilidad
del transporte.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a impulsar el transporte de mercancías por ferrocarril en el marco de la Estrategia de movilidad segura, sostenible y conectada y de la iniciativa Mercancías 2030, con objeto de incrementar
significativamente el transporte de mercancías por ferrocarril en España, en línea con los objetivos de la Unión Europea, mejorando la infraestructura y la capacidad de la red y terminales e impulsando el desarrollo de Cadenas Logísticas
lntermodales Inteligentes y de las autopistas ferroviarias, garantizando la competitividad y desarrollo de todos los territorios e impulsando nuestro sector industrial mediante costes logísticos más competitivos.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de octubre de 2021.-César Joaquín Ramos Esteban, Diputado.-José Zaragoza Alonso y Rafaela Crespín Rubio, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.
162/000848
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre impulso de la conectividad y de la tecnología 5G en zonas afectadas por la
despoblación, para su debate en Pleno.
Exposición de motivos
Las medidas de apoyo a las empresas y a las familias que ha desarrollado el Gobierno para responder a los efectos de la pandemia necesitan ser acompañadas por otras que impulsen un necesario proceso de transformación estructural. Un proceso
que debe orientarse a lograr un desarrollo más sostenible y resiliente desde el punto de vista económico-financiero, social, territorial y medioambiental, acorde con el sentido de la Agenda 2030 y el cumplimiento de los ODS.
Por ello, el Gobierno ha puesto en marcha el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que incorpora una importante agenda de inversiones y reformas estructurales, enfocadas a alcanzar cuatro objetivos transversales: avanzar hacia
una España más verde, más digital, más cohesionada desde el punto de vista social y territorial, y más igualitaria. El Plan se estructura en torno a diez políticas tractoras que se desarrollan en 30 componentes. Uno de ellos, el número 15, aborda
la conectividad digital, impulso de la ciberseguridad y despliegue del 5G.
Los proyectos del componente 15 se corresponden con parte de dos de los Planes adoptados por el gobierno de España en diciembre de 2020 para desplegar la agenda España Digital 2025: el Plan de Conectividad y la Estrategia para el impulso de
la tecnología 5G.
En materia de conectividad digital, a través del 'Plan para la Conectividad' se busca sentar las bases para que en la próxima década las infraestructuras de telecomunicaciones en España tengan la asequibilidad, disponibilidad, capacidad y
resiliencia adecuada para favorecer el desarrollo económico de todas las personas y colectivos, y de cualquier zona geográfica.
En cuanto a 5G, por medio de la 'Estrategia para el impulso de la tecnología 5G' se pretende contribuir decididamente a la transformación económica y social de España mediante el impulso y aceleración del despliegue y uso de redes seguras 5G
en España.
El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia servirá para impulsar todas estas políticas, reforzando, además, su orientación hacia la resolución del reto demográfíco.
Para alcanzar este objetivo es de crucial importancia llevar la cobertura de redes fijas ultrarrápidas a más de 100 Mbps/s a todo el territorio y, en particular, a zonas rurales.
Dotando de la mejor conectividad posible a empresas (en especial PYMES) y a la ciudadanía del medio rural se conseguirá aumentar su competitividad. Entre los puntos con margen de mejora en el despliegue de infraestructuras de red se
encuentran polígonos industriales y centros logísticos, especialmente en ámbitos rurales y zonas afectadas por el reto demográfico. Son necesarias también medidas orientadas a la digitalización de la economía y sociedad en proyectos tractores de
que tengan un impacto sectorial y gran capacidad de arrastre.
Además, el refuerzo de conectividad en centros de referencia y servicios públicos es esencial para permitir el acceso a servicios esenciales, asistenciales y sociales tales como hospitales, centros de salud, centros educativos y de formación
y otros centros de referencia y servicios públicos.
Por todo ello el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno, en coordinación con las Comunidades Autónomas y entidades locales en el ámbito de sus competencias, a impulsar, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, medidas
encaminadas al impulso de la conectividad y de la tecnología 5G.
Para ello, se definirán programas de apoyo público para el despliegue de redes, alineados con las orientaciones de la Estrategia Nacional frente al Reto Demográfico, que contribuyan a frenar la despoblación en áreas rurales. Dichos
programas se orientarán a los siguientes objetivos:
- Profundizar en la cobertura de las redes de acceso de banda ancha ultrarrápida en las zonas que presentan carencias de ella, buscando alcanzar el 100 % de la población.
- Potenciar la conectividad y equipamiento de centros que permiten acceder a servicios esenciales, asistenciales y sociales tales como hospitales, centros de salud, centros educativos y de formación y otros centros de referencia y servicios
públicos.
- Facilitar el acceso a la sociedad del Gigabit en polígonos industriales y centros logísticos de ámbitos rurales y zonas afectadas por el reto demográfico.
- Facilitar la conectividad necesaria para la puesta en marcha de proyectos tractores de digitalización que tengan un impacto sectorial y gran capacidad de arrastre.
- Afrontar nuevas inversiones para mejorar y extender mediante soluciones tecnológicas neutras la conectividad de los emplazamientos 5G, así como sustituir enlaces radio y otros elementos que supongan estrangulamiento y posibles cuellos de
botella para el tráfico 5G.
- Habilitar un marco de convocatorias de ayudas en el período 2021-2023 con el objetivo de impulsar la instalación de las infraestructuras y redes 5G en las partes del territorio a las que no llegaría el despliegue tradicional de los
operadores.
- Impulsar y acelerar el despliegue de cobertura 5G en los corredores de transporte, tanto nacionales como transfronterizos, mediante un programa de apoyo público.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de octubre de 2021.-Antidio Fagúndez Campo, Helena Caballero Gutiérrez, Eva Patricia Bueno Campanario, Germán Renau Martínez, José Luis Aceves Galindo, María Montserrat García Chavarría, María
Inmaculada Oria López, Esther Padilla Ruiz, Javier Antón Cacho, Daniel Vicente Viondi, Manuel Gabriel González Ramos, Herminio Sancho Íñiguez y Diego Taibo Monelos, Diputados.-José Zaragoza Alonso y Rafaela Crespín Rubio, Portavoces del Grupo
Parlamentario Socialista.